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A fondo

Distintas miradas sobre un mismo tema.

A fondo

Enfoque de Derechos Humanos en la intervención social (Parte I)

Paloma García Varela, politóloga experta en Derechos Humanos

Sonia Olea Ferreras, jurista experta en Derechos Humanos

 

Propuesta para diseñar, llevar a cabo y evaluar permanentemente las múltiples acciones y dimensiones de la intervención social en nuestras entidades y organizaciones desde el marco del enfoque basado en derechos humanos (Parte I) y con un caso práctico de implementación (Parte II – Documentación Social de septiembre de 2022-).

 

¿Dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en pequeños lugares, cerca de nosotros; en lugares tan próximos y pequeños que no aparecen en los mapas. Pero esos son los lugares que conforman el mundo del individuo: el barrio en que vive; la escuela o la universidad en que estudia; la fábrica, el campo o la oficina en que trabaja. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca ser igual ante la ley, en las oportunidades, en la dignidad sin discriminación. Si esos derechos no significan nada en esos lugares tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción decidida de los ciudadanos para defender esos derechos a su alrededor, no se harán progresos en el resto del mundo

 Eleanor Roosevelt

 

1. Introducción. El enfoque de Derechos Humanos en las organizaciones sociales

1.1. ¿Qué es el enfoque basado en Derechos Humanos?

Como organizaciones sociales con una larga trayectoria, estamos muy acostumbradas a utilizar los derechos humanos (DDHH) en nuestras acciones y en nuestro discurso. Nos consideramos organizaciones que defendemos los derechos de las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad o exclusión. Sin embargo, no siempre es fácil pasar del discurso y del papel a incorporar todo lo que implican los DDHH en la intervención social y más difícil aún, ser capaces de medir el impacto de esta intervención en términos de derechos.

Para comprender qué es en enfoque basado en derechos humanos (EBDH) y qué implica incorporarlo en la intervención social es necesario comprender qué son los DDHH en toda su dimensión.

Los DDHH se relacionan con las necesidades del ser humano, pero no se confunden con ellas.

La parte de “humanos”, hace referencia al conjunto de necesidades (alimentación, agua, vivienda) y de capacidades humanas (elegir, expresarse, participar) que son comunes a todas las personas, con independencia de su lugar de origen o de sus diferencias culturales, y que están vinculadas a la dignidad de la persona.

Cuando estas necesidades y/o capacidades se ven amenazadas, se establecen unos mecanismos para su protección y pasan a ser derechos, creándose normas jurídicas; estableciendo que el Estado es responsable de hacer cumplir esa norma; y creando unos mecanismos para poder exigir jurídicamente la vulneración de ese derecho y sancionar su incumplimiento.

Las normas jurídicas son el conjunto de tratados y convenciones que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Los Estados se obligan a respetar, proteger y garantizar los DDHH cuando las ratifican, lo que implica que deben adaptar su legislación nacional y sus políticas públicas. Esto conlleva que las personas y los pueblos tienen la capacidad de exigir jurídicamente al Estado una respuesta a sus demandas.

Los DDHH no nacen de la norma, pero deben convertirse en ella. Estas normas son el resultado de la lucha de los pueblos y de luchas sociales en el camino hacia una sociedad más justa. Muchos movimientos sociales surgen motivados por las violaciones de DDHH, exigen el fin de su vulneración y reclaman instrumentos jurídicos que protejan a la ciudadanía para el futuro.

Desde esta perspectiva, incorporar el EBDH en la intervención social implica una forma determinada de interpretar, analizar, abordar, comprender el mundo. No nos preguntaremos por las necesidades que tienen las personas para poder cubrirlas. Nos preguntaremos qué derechos se están vulnerando, quién se ve afectado, cuáles son las causas de esa vulneración, qué demandas tienen las personas que se ven afectadas y cómo podemos contribuir a transformar las relaciones de poder corrigiendo las desigualdades, las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder.

Cuadro 1. El EBDH en la acción social

 

1.2. ¿Cuáles son sus principales componentes?

Teniendo en cuenta la definición de DDHH y de EBDH, podemos identificar 5 componentes que nos permiten aterrizar en la práctica estos conceptos.

  • Estándares internacionales de los derechos humanos. El conjunto de tratados y convenciones internacionales que conforman el Derecho Internacional de los DDHH nos marcan la hoja de ruta para su defensa y promoción. Nos permiten conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son las obligaciones de los Estados y cuáles son las responsabilidades de los diferentes actores. Si no conocemos y trabajamos desde estos tratados y convenciones, difícilmente podremos exigir su cumplimiento.
  • Visión integral de los derechos humanos. Los DDHH tienen un contenido mínimo que deben tener garantizadas todas las personas. Los Comités de Naciones Unidas (UN) que se encargan del seguimiento de cada uno de los tratados y convenciones internacionales, elaboran documentos donde detallan este contenido mínimo incluyendo todos los aspectos relacionados con el acceso, la disponibilidad, la calidad, la aceptabilidad, la sostenibilidad y la participación. Son las llamadas Observaciones Generales de los órganos de los tratados. Es imprescindible conocer el contenido de los derechos porque nos servirá de guía en nuestras intervenciones.
  • Universalidad. Todas las personas tienen estos derechos simplemente por su condición de ser humanos, independientemente de donde vivan y quienes sean, así como de su situación o características particulares. En nuestras intervenciones debemos incorporar a todas las personas que se encuentran con los derechos vulnerados. No podemos decidir que unas personas por unas características particulares o por su lugar de origen cuentan con esos derechos y otras personas no los tienen.
  • Interdependencia y la indivisibilidad. Es un principio básico por el cual los derechos no se pueden separar, categorizar, clasificar o priorizar. Todos los derechos están interconectados y la vulneración de uno de ellos implica la vulneración de los otros. En la intervención social la tendencia es trabajar por sectores estancos que no facilitan una visión holística ni un abordaje desde estos dos principios. Es necesario romper con esta categorización y avanzar hacia un trabajo intersectorial e interdisciplinar. Defender un derecho significa defenderlos todos.
  • Asignación de roles. El EBDH incorpora una mirada diferente a las personas estableciendo unos roles determinados.
  • Las personas son titulares de derechos con las capacidades necesarias para ejercer sus derechos. El ejercicio de los derechos es un acto de responsabilidad individual y colectiva que supone: defender nuestros derechos y los derechos de todas las demás personas, denunciando cualquier vulneración de los mismos y exigiendo a los poderes públicos su garantía; respetar los derechos de todas las personas, siendo consciente de la necesidad de aprender del otro, del enriquecimiento mutuo como camino para lograr un mundo donde todas las personas puedan ejercer sus derechos; promover los derechos desde nuestro círculo más cercano a cualquier otro lugar; participar en la vida pública pensando en el bien común y no en los intereses individuales.
  • Las personas que forman parte de los gobiernos y las instituciones públicas son titulares de obligaciones. Tiene la obligación de respetar los DDHH de forma que no pueden establecer normas, políticas ni llevar a cabo acciones que vulneren los derechos de la población; de proteger a toda la población frente a posibles acciones de actores externos; de hacer efectivos estos derechos adoptando todas las medidas necesarias para dar respuesta a las demandas y, especialmente las de aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad.
  • Los actores sociales como las ONG, las empresas, los sindicatos, las universidades, etc. son titulares de responsabilidad y son un puente entre la población y las instituciones públicas. Cada uno de ellos juegan un rol diferente y a todos hay que tenerlos en cuenta.

 

Esta mirada nos permite avanzar hacia relaciones más horizontales donde consideramos a las personas desde sus capacidades y no desde sus necesidades o debilidades.

 

  • Participación. La participación no es un fin en sí mismo sino un medio para lograr la transformación social y el pleno ejercicio de los DDHH.

 

1.3. ¿Qué implica su incorporación en las organizaciones sociales?

Desde el EBDH, las organizaciones sociales son un puente necesario entre la ciudadanía y los poderes públicos, en la búsqueda del equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta ejecutiva de los poderes públicos a dichas demandas.

La incorporación del EBDH en nuestras organizaciones y en la intervención social tiene importantes beneficios que mejoran nuestro impacto en cuanto a la transformación de la realidad social, política, económica y medioambiental.

En primer lugar, nos permite evolucionar en nuestras intervenciones pasando de un enfoque de cubrir necesidades al de defender derechos, centrándonos en la transformación de las relaciones de poder desiguales y discriminatorias, empoderando a las personas para que reclamen sus derechos e incidiendo en los poderes públicos para que cumplan con sus obligaciones.

Además, facilita ofrecer respuestas integrales a partir de la participación de las personas que se ven afectadas y de todos los actores; y da mayor fuerza a nuestros argumentos al basarnos en el DIDH.

Las entidades sociales pueden y deben incorporar el EBH en 3 niveles:

 

  • Nivel estratégico

El nivel estratégico hace referencia a la visión que mueve la acción de la organización. El siguiente cuadro refleja los cambios que supone la incorporación del EBDH.

 

  • Nivel organizativo

Este nivel hace referencia a los cambios necesarios para incorporarlo en los procesos internos de

la organización, como por ejemplo en los procesos de toma de decisiones, los protocolos de actuación, la política de personal, los derechos laborales, los códigos éticos. En definitiva, las normas, principios y valores de gobernanza de la organización y de gestión interna del personal y del trabajo. Este es uno de los grandes retos para las organizaciones que, en ocasiones, incorporan antes los componentes del EBDH en sus acciones que en su gestión y organización interna.

  • Nivel de intervención

El nivel operativo supone la incorporación de los componentes del EBDH en los programas, proyectos, servicios, materiales, comunicación, campañas y todos aquellos aspectos de la propia acción de la organización.

Las intervenciones tienen que ir dirigidas al fortalecimiento de las capacidades de los titulares de derechos para que puedan ejercer sus derechos, de los titulares de obligaciones para que cumplan con sus obligaciones y de los titulares de responsabilidades para que cumplan con sus responsabilidades.

 

2. Utilización del marco de indicadores de Derechos Humanos en la intervención social

2.1. ¿Qué son los indicadores?

De forma general, los indicadores son herramientas que sirven para mostrar características específicas, observables y medibles de un objeto concreto de estudio y que nos permiten describir, medir o conocer tanto acciones como procesos y situaciones.

Cuando analizamos la realidad social, política, económica o medioambiental utilizamos un conjunto de indicadores que seleccionamos a partir de las características que queremos destacar del objeto de estudio. En este sentido, una misma realidad puede mostrarse de muy diferentes formas dependiendo de los indicadores que seleccionemos y esta selección nunca es neutra.

Por ejemplo, no se muestra la misma realidad cuando medimos el desarrollo de una comunidad utilizando indicadores económicos como el crecimiento del PIB, que cuando utilizamos indicadores de desarrollo humano o cuando utilizamos indicadores de DDHH.

De esta forma, los indicadores sociales nos ayudan a traducir conceptos teóricos y abstractos de la realidad social a medidas tangibles. Desde la perspectiva académica, un indicador sería el vínculo entre los modelos explicativos de las teorías sociales y la evidencia empírica. Desde la perspectiva programática, el indicador es una herramienta operacional para monitorear la realidad social a fin de formular o reformular políticas[i].

 

2.2 ¿Qué pasos hay que seguir para la construcción de indicadores?

El proceso de construcción de indicadores nos permite traducir los conceptos abstractos en elementos medibles a través de las dimensiones relevantes, específicas y dinámicas del objeto de estudio que estemos analizando. En este proceso debemos dar respuestas a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué problema queremos abordar? El primer paso es concretar el problema o área de estudio delimitando su alcance.

2. ¿Cuáles son las características qué queremos destacar del problema de estudio? Este paso supone desagregar el problema de estudio en las principales dimensiones de análisis y en las variables de cada dimensión que queramos destacar.

3. ¿Cómo puedo medir esas dimensiones del problema de estudio? Este paso supone operativizar las dimensiones a través de expresiones medibles, es decir, a través de indicadores.

 

2.3. ¿Qué son indicadores de Derechos Humanos?

Los indicadores de DDHH nos permiten medir tanto el avance de los poderes públicos en el cumplimiento de sus obligaciones como el impacto de la legislación, políticas públicas y actuaciones en los DDHH de la ciudadanía. De esta forma, el objeto de estudio es el contenido mínimo de los DDHH marcado por el DIDH y las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y garantizar estos derechos.

Las principales características de estos indicadores son:

  • Tienen un asidero en el contenido normativo de ese derecho.
  • Facilitan información que permite medir el compromiso, el resultado y la consolidación de esfuerzos, de los titulares de obligaciones para cumplir con sus obligaciones respetar, proteger y garantizar.
  • Hacen transversal los principios de los DDHH: no discriminación e igualdad, indivisibilidad, rendición de cuentas, participación y empoderamiento.
  • Tienen capacidad de medir a través del tiempo la realización progresiva, las mejoras en los estándares y la no regresión de los DDHH.
  • Tienen capacidad de desagregación.

Teniendo en cuenta estas características podremos diferenciar los tres tipos de indicadores. Por un lado, indicadores estructurales que reflejan el compromiso o la intención del Estado de adoptar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, los indicadores de proceso que reflejan la calidad y la magnitud del esfuerzo realizado por el Estado para hacer efectivos los derechos. Finalmente, los indicadores de resultado que reflejan el impacto de las medidas adoptadas por los poderes públicos en cuanto al respeto, protección y garantías de los derechos.

 

2.4. ¿Para qué utilizan las organizaciones los indicadores? ¿Qué quieren medir?

La mayor dificultad que las organizaciones sociales encuentran no está, como podría parecer al ser un cambio de paradigma en la misión-plan estratégico de las mismas, en la adopción del EBDH en su intervención (social, jurídica, emocional, comunicativa, de incidencia social y política); sino en consensuar y apropiarse de la decisión sobre qué se quiere medir y cómo para conseguir un aprobado con nota alta en ese examen de incorporación.

Los indicadores de DDHH aparecen entonces como las herramientas concretas que deberían poder medir, abarcar, sistematizar, ordenar, evaluar… si la vida diaria de las entidades tiene imbricado el enfoque de DDHH. ¿En qué se traduce esta medición?:

  • ¿En si la comunicación y la presencia en las redes sociales tiene EBDH?
  • ¿Si la forma de organizar, priorizar, agendar, evaluar a lo interno de la organización tiene EBDH?
  • ¿Si lo tiene el acompañamiento social, jurídico, emocional a las personas vulneradas?
  • ¿Si se hace denuncia y/o incidencia política con EBDH?
  • ¿Si se analiza y estudia la realidad, las políticas públicas o la normativa vigente con dicho enfoque?
  • ¿En si las personas vulneradas viven un cambio en la realidad de vulneración de sus DDHH?
  • ¿Todo lo anterior?

Contestar negativa o afirmativamente las anteriores preguntas sigue sin dar respuesta al planteamiento fundamental, como decíamos al comienzo de este capítulo, de pactar y acordar qué queremos medir (dimensiones); previo al cómo vamos a hacerlo (herramientas de medición- indicadores). Porque en ese ejercicio y proceso las organizaciones deberían encontrar dimensiones transversales (contenidas en los tratados y convenciones de DDHH) a todo tipo de intervención/acción que llevan a cabo las mismas (no discriminación e igualdad, indivisibilidad, rendición de cuentas, participación y empoderamiento) y otras que tendrían que diseñar y hacer propias respecto a lo concreto de cada una, en este caso de la intervención social.

 

Como vemos, la pregunta habitual de ¿estamos trabajando con EBDH en nuestro proyecto de vivienda para personas en situación de sin techo de…? tiene muchas más aristas y consecuencias internas y externas de las que podría parecer en un comienzo.

El camino que proponemos conlleva tres ejercicios:

  • Definir qué dimensiones vamos a medir en el ámbito de la intervención social.
  • Conjugar con los indicadores de DDHH que realizan su medición.
  • Incorporarlo en la elaboración del diagnóstico, alineamiento con las acciones y seguimiento/evaluación de las mismas.

 

2.5. ¿Qué dimensiones se miden en la intervención social?

Nuestra propuesta es concreta: medir las dimensiones de promoción, protección y defensa de los DDHH que se abordan desde el ámbito de la intervención social (en el cumplimiento de los tratados y convenciones internacionales de los DDHH). O, dicho de otra forma, cómo desde la intervención social podemos operar para la consecución de los objetivos planteados más arriba de fortalecer las capacidades de los titulares de derechos para que los ejerzan, las capacidades de los titulares de obligaciones para que cumplan con ellas, y las capacidades de los titulares de responsabilidades para que las cumplan a su vez.

 

Las dimensiones que, a nuestro modo de ver, se tendrían que medir desde la intervención social para el logro y consecución del pleno ejercicio de los DDHH por todas las personas[ii], serían las siguientes[iii]:

  • La situación de DDHH de las personas y familias con las que se está llevando a cabo la intervención social por parte de la organización. Utilizando como indicadores de medición:
    • Grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado (ámbitos estatales, territoriales y locales + legislativo-ejecutivo-judicial).
    • Grado de vulneración del derecho o derechos.
      • Revisión de las dimensiones del derecho/derechos: Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
      • Espacio del análisis socio-económico.
      • Integralidad: gestión de la diversidad, género, factores medioambientales, discapacidad,
      • Partiendo del principio de interdependencia, definir los distintos derechos interrelacionados vinculados entre sí.
  • Las capacidades de los titulares de derechos, (personas vulneradas sobre las que se está llevando a cabo la intervención social) responsabilidades (donde se encuentra la organización social) y obligaciones (administraciones públicas). Utilizando como indicadores de medición las capacidades de cada uno de ellos en cuanto a las siguientes variables:
    • Grado de responsabilidad / motivación /compromiso / liderazgo.
    • Capacidad de comunicación y acceso a sistemas de información de estas.
    • Acceso y control de los recursos.
    • Su capacidad de tomar decisiones.

Fuente: Fundación ONCE[iv]

 

  • Los principios de los DDHH en el diseño, ejecución y seguimiento de los programas o proyectos de intervención social que está llevando a cabo, o quiere llevar a cabo la organización social. Utilizando como indicadores de medición:
    • Participación (de todos los actores).
    • Igualdad y no discriminación.
    • Rendición de cuentas.

 

2.6. ¿Cómo incorporamos los indicadores de DDHH para:

  • Elaborar diagnósticos

Previo al desarrollo de las acciones de intervención social, el diagnóstico de la realidad en la que se pretender intervenir ha de sustentarse en dos objetivos principales:

  • Terminar con las vulneraciones de DDHH de las personas vulneradas (ámbito de intervención).
  • Partir de las necesidades e intereses de dichas personas.

Y desde ahí, hacer un análisis de la situación de los derechos de las personas a las que queremos acompañar desde nuestro proyecto/acción de intervención social. ¿Cómo[v]?, lo hemos ido viendo en las líneas anteriores:

  • Conociendo el marco legal internacional.
  • Conociendo las obligaciones que tiene el Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos enunciados.
  • Revisando su grado de cumplimiento.
  • Priorizando los derechos que mayor dificultad y más complejos retos tienen para las personas vulneradas que queremos sean (o ya lo son) destinatarias de nuestra intervención social.
  • Alinear nuestras acciones con el EBDH

Volviendo de forma constante y sistematizada a lo que estamos queriendo medir en cada parte de la propia acción social de la organización, es decir, recuperando las tres dimensiones del objeto del derecho, los actores intervinientes y los principios de los DDHH. Y utilizándolas de forma transversal en cada producto, herramienta, intervención (planes estratégicos, proyectos, jornadas, escuelas formativas, encuentros internos y externos…).

Esa alineación de nuestras acciones supone llevar de la teoría a la práctica el logro y consecución del pleno ejercicio de los DDHH y, como consecuencia directa, pasar de la habitual función en la intervención social de acompañamiento de las necesidades de las personas vulneradas a la defensa jurídica, denuncia y sensibilización (incidencia social) y estrategias de incidencia política que enfrenten las vulneraciones de dichos derechos.

  • Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de nuestras acciones

La realización del seguimiento y de la evaluación con EBDH supone incorporar los principios, valores y normas de los DDHH. ¿Cómo se han transformado las relaciones de poder?, ¿cómo es la situación de los DDHH en el momento actual y después de una intervención?, ¿Cómo es la participación de los diferentes actores?…

 

Evaluamos para…

  • Conocer en qué medida las intervenciones han conseguido cambiar las relaciones de poder.
  • Mejorar los procesos de rendición de cuentas y transparencia.
  • Coordinarnos entre actores.
  • Asegurar la participación como elemento fundamental.
  • Reforzar el papel de los sujetos de derechos.

 

La premisa incumplida para una intervención social con EBDH, y el talón de Aquiles sigue siendo la participación de las personas vulneradas en cada fase del proceso: diagnóstico, planificación, seguimiento y evaluación de las acciones en la intervención social. Sin duda la dimensión esencial para el logro y consecución del pleno ejercicio de los DDHH proclamado y normativizado en los tratados y convenciones de derecho internacional.

 

 

[i] Construcción de indicadores en materia de derechos humano, económicos, sociales, culturales y ambientales. Documento base sobre el estado de la discusión a nivel mundial. Ciudad de México, septiembre de 2007. (pág. 24)

[ii] Equipo de ISI Argonauta (2011) “El enfoque basado en derechos humanos. Evaluación e Indicadores”. Ed. Red en Derechos. Revisado el 6 de marzo de 2022 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Evaluaci%C3%B3n/EvaluacionEBDH%20+%20NIPO+%20logo.pdf

[iii] N. de A.: En la Parte II de este artículo (Documentación Social- Nº septiembre de 2022) desarrollaremos todos los indicadores, ahora enunciados, con el correspondiente caso práctico de implementación.

[iv] PELAEZ NARVAEZ. A. et al (2017) “Guía para la incorporación de la perspectiva de género y discapacidad en la programación del Fondo Social Europeo”. Colección Generosidad nº6. Fundación Once https://www.cermi.es/es/colecciones/gu%C3%ADa-para-la-incorporaci%C3%B3n-de-la-perspectiva-de-g%C3%A9nero-y-discapacidad-en-la-programaci%C3%B3n

[v] OFICINA REGIONAL PARA AMERICA CENTRAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (2011) “Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en América Central” Ed. OACNUDH-Oficina Regional para América Central.

A fondo

Acceso al derecho humano a una vivienda adecuada en el Estado español durante la emergencia humanitaria y sanitaria de la COVID-19

Sonia Lacalle Álvarez, jurista experta en derecho a la energía y vivienda

Sonia Olea Ferreras, jurista experta en derechos humanos

 

Los Estados se han comprometido ante la comunidad internacional a invertir el máximo de sus recursos disponibles en el desarrollo progresivo e ininterrumpido de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por ellos mismos. La pandemia COVID-19 ha sido una oportunidad para demostrar que es posible.

 

1.- INTRODUCCIÓN

En marzo de 2019, justo un año antes del inicio del estado de alarma provocado por la pandemia COVID-19, se publicaba la última gran reforma relativa a vivienda que, en palabras del Ministro de Fomento[1] contenía medidas ineludibles para afrontar urgentemente las siguientes realidades:

(i) la situación de vulnerabilidad económica de familias y hogares que destinan más del 40 por 100 de sus ingresos al pago del alquiler; (ii) el incremento de los precios del alquiler motivado, entre otros factores, por el fenómeno del alquiler turístico de viviendas, especialmente sensible en determinadas zonas del territorio nacional; (iii) la escasez del parque de vivienda social; (iv) el aumento del número de desahucios vinculados a los contratos de alquiler, que contrasta con la reducción progresiva de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias; y (v) deficiencias en materia de accesibilidad que sufren personas discapacitadas y mayores.

El Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler[2] fue recurrido por el Grupo Parlamentario Popular ante el Tribunal Constitucional, al considerar que no se acreditaba la “extraordinaria y urgente necesidad” de los cinco motivos dados por el Gobierno para su aprobación (por cierto, ratificada posteriormente in extremis el 3 de abril de ese mismo año por la Diputación Permanente del Congreso y con la memoria en el recuerdo del voto en contra tres meses antes del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, que provocó una nueva tramitación de la misma norma):

  • la dificultad de acceso a la vivienda en régimen de alquiler; (2) el desigual y heterogéneo comportamiento del mercado de alquiler de viviendas como consecuencia de los alquileres turísticos; (3) la escasez de vivienda social; (4) el aumento del número de desahucios vinculados a contratos de alquiler; y finalmente (5) la existencia de deficiencias en las viviendas en materia de discapacidad y movilidad reducida.

La STC 14/2020[3] estableció que no se había negado la existencia de dichas realidades, sino que el cuestionamiento estaba en apreciar su importancia y la necesidad de una urgente intervención o no. Siendo esto último una valoración política que el TC no podía enjuiciar; dictaminó por tanto que el Gobierno no creó una situación artificial o ad hoc de urgencia.

Así, como venía sucediéndose desde 2008[4], una nueva normativa intentaba dar respuesta a la situación de crisis residencial o emergencia habitacional que azotaba a cientos de miles de familias y personas en nuestro Estado. Evidenciado también para la sociedad entera días antes del comienzo de la terrible crisis sanitaria, social y económica de la COVID-19. Crisis ante la que, casi la totalidad de países, respondieron de la misma forma: ordenando el confinamiento en los lugares de residencia. La vivienda, como se repitió durante días en todos los foros (parlamento, hogares, redes sociales, televisiones…) se convertía en la primera línea de defensa ante una enfermedad pandémica, nueva y sin previsión alguna de tratamiento o confrontación. Leilani Farha, ex relatora de Naciones Unidas para una vivienda adecuada ya lo puso de máxima relevancia[5] el 18 de marzo: Housing, the front line defence against the COVID-19 outbreak.

2.- MARCO LEGISLATIVO SOBRE VIVIENDA Y DERECHO A LA ENERGÍA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

Desde la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, la primera norma que articuló medidas de apoyo a familias y colectivos vulnerables en materia de vivienda fue el Real Decreto-ley[6] 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En la exposición de motivos de dicha norma se establecía que la misma se dictaba partiendo de la experiencia acumulada tras la crisis financiera de 2008 y por ello, los únicos mecanismos que se regularon en ese primer momento para evitar la exclusión residencial se centraron en la en la protección de los deudores hipotecarios.

El mencionado Real Decreto-ley 8/2020 reguló la protección a los deudores hipotecarios mediante la posibilidad de solicitar moratorias en el pago de la hipoteca por un plazo de 3 meses a contar desde su entrada en vigor, plazo que se amplió posteriormente hasta el 29 de septiembre de 2020. La moratoria conllevaba la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado y la inaplicación de la cláusula de vencimiento anticipado, del devengo de intereses y de la aplicación de intereses de demora.

Cuatro meses después de finalizar el plazo para acogerse a la moratoria hipotecaria y ante la persistencia de la crisis sanitaria del COVID-19, en fecha 3 de febrero de 2021 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley[7] 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. Dicha norma, con la finalidad de garantizar la suficiencia de recursos de familias y autónomos, ha ampliado el plazo para solicitar moratoria en el pago de la financiación hipotecaria hasta el 30 de marzo de 2021.

En materia de alquiler, con fecha 1 de abril de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley[8] 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 que regulaba un nuevo paquete de medidas para apoyar a las familias y colectivos más vulnerables que habían visto afectados sus ingresos y su capacidad para hacer frente a los gastos necesarios para el mantenimiento de sus hogares en los supuestos de alquiler de vivienda habitual. Por un lado, se reguló una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual cuyo plazo finalizara en el periodo de pandemia y a la que se podían acoger todas las personas con independencia de su situación económica. Durante el plazo de prórroga extraordinaria, fijado en 6 meses, se seguían aplicando los mismo términos y condiciones que los establecidos en el contrato originario. El plazo para solicitar la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler se ha ampliado posteriormente hasta el 9 de mayo de 2021.

En segundo lugar, la otra medida relacionada con el alquiler y a la que solo podían acogerse las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida era el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta de alquiler. A este respecto, el arrendatario en situación vulnerable podía solicitar a la propietaria de la vivienda alquilada, siempre que esta fuera empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor de vivienda (entendiendo como tal a las personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 inmuebles o de una superficie construida de más de 1.500 m2), un aplazamiento temporal del pago de la renta o una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que durase el estado de alarma.

Diferente solución se daba en los supuestos en los que la propietaria de la vivienda arrendada fuera un pequeño tenedor. En ese caso, la arrendataria podía solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta y si las partes no llegaban a ningún acuerdo podía acceder a las ayudas transitorias de financiación aprobadas en virtud de la Orden TMA[9]/378/2020, de 30 de abril. Esas ayudas, que eran concedidas por entidades de crédito, y contaban con total cobertura mediante aval del Estado tenían un carácter finalista y debían destinare al pago del alquiler. El importe del préstamo era el correspondiente al pago de 6 mensualidades y no devengaban gastos ni intereses para el solicitante.

Pero pese a las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 11/2020, que en algunos casos pudieron suponer una ayuda para aliviar la carga de algunas familias, en muchos otros casos no han servido para evitar generar deudas por impagos relacionados con la vivienda. En esos casos, la mencionada norma introducía un periodo de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos por impago de rentas o finalización de contrato hasta la finalización del estado de alarma cuando esos procedimientos afectaban a arrendatarios vulnerables que carecían de alternativa habitacional.

El más reciente Real Decreto-ley[10] 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes ha introducido importantes mejoras de carácter jurídico y social en los procedimientos de desahucio de vivienda habitual. Por un lado, regula la posibilidad de que la persona arrendataria pueda instar un incidente de suspensión extraordinaria de desahucio o lanzamiento por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional. Esa vulnerabilidad económica puede derivar o no de los efectos de la COVID-19.

Por primera vez desde el estallido de la pandemia dejan de vincularse las situaciones de vulnerabilidad sobrevenida como requisito para poder acogerse a las medidas protectoras de los Reales Decretos leyes mencionados, extendiendo sus efectos a todas las situaciones de vulnerabilidad económica, con independencia del origen de esa vulnerabilidad.

Por otro lado, la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos de personas y familias en situación de vulnerabilidad económica sin alternativa habitacional, se extiende a los supuestos de vivienda cedida en precario y de vivienda ocupadas sin título habilitante. Esta medida supone una auténtica novedad en la legislación española. Tanto en los supuestos de impago de rentas o finalización del plazo del arrendamiento como en el caso de ocupación de vivienda en precario o sin título habilitante, la suspensión del desahucio o lanzamiento se extiende hasta el 9 de mayo de 2021, fecha de finalización actual del estado de alarma.

En cuanto al derecho a la energía, al agua y a internet, el Real Decreto ley 8/2020 introdujo por primera vez en la normativa española la calificación del sistema de comunicaciones como un servicio universal; la apuesta por el teletrabajo configurado como un instrumento para poder conjugar las necesarias medidas de aislamiento y contención en la propagación del virus y al mismo tiempo, para poder garantizar la continuidad en el ejercicio de numerosas actividades empresariales y económicas, dio lugar a la prohibición de la suspensión del servicio de comunicaciones electrónicas.

Las medidas de confinamiento y restricciones a la movilidad han supuesto la estancia ininterrumpida en el domicilio por parte de toda la población. A este respecto, el primer Real Decreto ley 8/2020, reguló la prohibición del corte de los suministros de agua, luz y gas cuando el titular del suministro tuviera la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. Pero atendiendo a la dimensión del problema, el Real Decreto-ley 11/2020, dictado con posterioridad reguló de forma excepcional y mientras estuviera en vigor el estado de alarma la prohibición universal de la suspensión del suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a todos los consumidores personas físicas en su vivienda habitual. Esa prohibición se amplió hasta el 30 de septiembre de 2020. Entre esa fecha y el 24 de diciembre de 2020, fecha de publicación y entrada en vigor del Real Decreto ley 37/2020, en pleno invierno, se produjeron cortes de suministros a personas y familias vulnerables. Desde ese 24 de diciembre de 2020 y hasta el 9 de mayo de 2021, fecha de finalización del estado de alarma se vuelve a limitar la suspensión del suministro de agua, gas natural y electricidad a los consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social.

Pese a la prohibición del corte de suministros básicos de agua, energía eléctrica y gas natural a consumidores vulnerables, no hay regulación ni previsión alguna sobre qué pasará con las deudas generadas por el consumo domésticos de esos suministros básicos durante los meses de confinamiento para los consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social.

También ha sido objeto de nueva regulación el bono social eléctrico, una rebaja del 25% o del 40% de la factura de la luz de la que pueden beneficiarse consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social cuya duración, de 2 años ha sido prorrogada de forma automática y los requisitos subjetivos para solicitarlo se han ampliado a aquellas personas que han sufrido directamente las consecuencias de la crisis del coronavirus.

3.- ¿Y PARA LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN?

Como hemos visto en el apartado anterior, desde la aprobación (el 10 de marzo de 2020) de las primeras medidas sociales ante la crisis sanitaria y humanitaria que aún hoy está viviendo nuestro Estado por la COVID-19, fueron incluidas entre ellas las relacionadas con la prevención de la pérdida y el mantenimiento del hogar, de la vivienda.

Tanto en propiedad como alquilada, y siempre con el requisito de vulnerabilidad-precariedad económica y social sobrevenida por causa de la pandemia. Incluyendo, en el caso de aquellos desahucios donde se cumplieran ambos requisitos, el que, además la parte propietaria no se encontrara en situación también de vulnerabilidad social o económica sobrevenida. En caso de ser así, el juzgador debía ponderar la oportunidad o no de la suspensión del desalojo (cuestión distinta fue que, en la práctica, la suspensión de la actividad judicial provocó la paralización de todos los desahucios de hecho).

Solo dos de las medidas han llegado a ser universales, independientemente de la situación sobrevenida de vulnerabilidad social o económica: la prórroga automática del contrato de alquiler que vencía de forma inmediata y la suspensión de los cortes de energía, agua e internet.

Desde marzo y hasta diciembre de 2020, la sociedad civil y las entidades sociales, apelando a la situación de grave crisis residencial previa a la COVID-19, no cesaron en su labor de incidencia política, presentando de forma continua propuestas legislativas en dos sentidos:

  • La inclusión, como beneficiarias de las medidas sociales y económicas, de las personas y familias que podían acreditar una vulnerabilidad estructural (existente de forma previa a la pandemia y profundizada y elevada exponencialmente durante la misma).
  • La inclusión de otras formas de uso y disfrute de la vivienda, no solo la propiedad y el alquiler (habitaciones, cesiones, uso sin título legal…).

Se trataba, como ya fundamentaban los primeros Reales Decreto-ley 8/2020 y 11/2020, de dar respuesta a las situaciones de posible pérdida de vivienda y de protección en el ámbito energético y de suministro de agua; muy especialmente, en evitar que las personas tuvieran que dejar su vivienda o que vivieran en las mismas sin las adecuadas condiciones de dignidad humana.

Hasta diciembre de 2020 y enero de 2021, con los Reales Decreto-ley 37/2020 y 2/2021, no se introdujeron dichas modificaciones: tanto la consideración como posibles beneficiarias de las medidas sociales y económicas las personas y familias que acreditaran su situación de vulnerabilidad independientemente de si había sido causada durante la pandemia; como la de suspender los desalojos forzosos en los supuestos, además de la condición estructural de vulnerabilidad, de disfrute de una vivienda sin título legal de alquiler o propiedad.

Los factores considerados por el Gobierno para incluir estas nuevas situaciones (entre las medidas sociales y económicas de sostenimiento de la vivienda y el derecho a la energía durante el estado de alarma) son, fundamentalmente, de dos tipos (lo que nos sirve de soporte también para el último capítulo de este artículo):

  • La situación económica, social y sanitaria del Estado provocada por la pandemia a la que se suma que el parque de vivienda social en España es particularmente escaso, ofreciendo cobertura a menos del 2,5 % de los hogares, un porcentaje claramente insuficiente para que tenga capacidad de ofrecer soluciones rápidas a las situaciones de vulnerabilidad y tratándose de una realidad que se agrava en el actual contexto de crisis sanitaria y la constante terrible realidad de desalojos forzosos de cientos de familias de sus hogares.
  • El cumplimiento de las obligaciones de estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos.

En el primero, ya en la fundamentación de la norma se incluye que existe una situación estructural de carencia de vivienda social, junto con

el mantenimiento en los últimos años, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, de un número de desahucios y lanzamientos ante el que es preciso adoptar medidas inmediatas con objeto de reforzar la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes, de modo que se asegure la protección de las personas más vulnerables desde el punto de vista social y económico, a las que deben ofrecerse medidas de apoyo para superar su situación.

En el segundo, tras años de dictámenes condenatorios, recomendaciones, observaciones y comunicaciones por parte de diversos espacios[11] de Naciones Unidas ( Comité DESC, Examen Periódico Universal del Consejo de DDHH, relatorías de vivienda adecuada y extrema pobreza y Derechos Humanos, Comité de los Derechos del Niños…) se introducen dos medidas:

  • Procedimiento para asegurar la valoración por parte de los servicios sociales competentes de la situación de vulnerabilidad en la que pueda encontrarse el arrendatario, con objeto de que puedan aplicar de la forma más ágil y efectiva las medidas y acciones que sean más adecuadas para asegurar una solución habitacional a aquellos hogares vulnerables que no tengan una alternativa de vivienda digna, pero asegurando en el trámite la debida ponderación de la situación en que pueda encontrarse el arrendador (aplicación de la Observación General nº 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas).
  • Atribución al Juez, en los casos de desahucio, de la facultad de suspender el lanzamiento, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto y las circunstancias, hasta que los servicios sociales competentes puedan ofrecer las soluciones más adecuadas que hagan frente a la carencia de una vivienda digna, en el contexto de la excepcionalidad del estado de alarma (Dictámenes del Comité DESC condenando a España E/C.12/61/D/5/2015; E/C.12/66/D/37/2018; E/C.12/67/D/52/2018).

Como sabemos, estas medidas dejarán de estar en vigor el 9 de mayo de este año, con el fin del estado de alarma. La mayoría de ellas se han incluido como propuestas para ser legisladas de forma permanente en la futura ley por el derecho a la vivienda para la que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana abrió periodo de alegaciones[12] el pasado mes de octubre.

Aunque no como medida social directa aprobada durante la pandemia, pero sí durante los meses de confinamiento y en seguimiento de algunos de los objetivos de las ya aprobadas por el Gobierno, la Orden[13] TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19  ha abierto la posibilidad, por primera vez[14] en un plan estatal de vivienda, de desarrollar por las comunidades autónomas[15] un programa con ayudas directas para facilitar el acceso a vivienda y alojamiento, además de a personas y familias en situación de posible desahucio (vigente desde 2018, Capítulo IV), también a personas en situación de especial vulnerabilidad, sin techo y víctimas de violencia de género.

Cuestión muy diferente está siendo el acceso a agua y energía en los asentamientos urbanos y rurales. Durante la pandemia no se han incluido medidas sociales y económicas a nivel estatal a este respecto.

4.- EL DILEMA ANTE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN VIVIENDA IMPLEMENTADAS DURANTE LA PANDEMIA

Podemos verlo como una oportunidad, o solo como un sobre-esfuerzo para ser llevado a cabo durante una situación extrema, como está siendo la pandemia COVID-19.

Creemos, sin duda, que no ha de darse ningún dilema. En Cáritas, muy especialmente desde los últimos doce años, hemos constatado que la vulneración del derecho humano a una vivienda adecuada que viven cientos de miles de personas en nuestro Estado urge el tomar medidas sociales y económicas sobre las que estos últimos meses se ha legislado como políticas públicas estructurales; con presupuestos económicos suficientes y desde la participación de todas las personas y ámbitos implicados.

La futura ley por el derecho a la vivienda es, sin duda, una herramienta fundamental, pero no solo. Lo es también el futuro Plan Estatal de Vivienda 2021-2026 (dando seguimiento a la novedad incorporada por la reforma en abril de 2020 del Plan; incluyendo un programa específico para diversas situaciones de vulnerabilidad, como ya vimos en el apartado anterior); las estrategias para personas sin hogar de calle y para barrios vulnerables y asentamientos, las nuevas modificaciones de la normativa civil que incluyan la posibilidad del juicio de proporcionalidad ante situaciones de desalojo forzoso o la suspensión sine die de los mismos mientras no haya alojamiento alternativo (y no con plazos imposibles ante la inexistencia de parque público social de vivienda); la aplicación sin dilaciones ni reservas de la normativa respecto al empadronamiento o al abastecimiento de agua potable a las personas que habitan los municipios…

Unas políticas públicas basadas en el derecho humano a una vivienda adecuada. En pandemia y de forma permanente y estructural.

 

[1] CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2019) Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Núm. 185, págs. 44 y ss.

[2] JEFATURA DEL ESTADO (2019)  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3108

[3] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2020) https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2941

[4] ALGUACIL, A. et al (2013) La vivienda en España en el siglo XXI: Diagnóstico del modelo residencial y propuestas para otra política de vivienda, Madrid: Cáritas Española; Fundación Foessa y OLEA, S. et al (2019) El sistema público de vivienda en el Estado español. Sin estrategia ni fundamentación en los Derechos humanos, Documento de Trabajo 4.13 VIII Informe FOESSA Madrid: FOESSA

[5] NACIONES UNIDAS (2020) N.d.P. Alto Comisionado de Naciones Unidas https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25727&LangID=E

[6] BOE (2020) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824

[7] BOE (2021) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1529

[8] BOE (2020) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208#:~:text=Real%20Decreto-ley%2011%2F2020,de%2001%2F04%2F2020.

[9] BOE (2020) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4759

[10] BOE (2020) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16824

[11] HOUSING RIGHTS WATCH (2020) Cuadro Recomendaciones de Naciones Unidas a España. Grupo Confederal de Cáritas de Políticas Públicas en Vivienda https://www.housingrightswatch.org/sites/default/files/Recomendaciones%20UN%20a%20Espa%c3%b1a%20Derecho%20Vivienda.pdf

[12] MINISTERO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (2020) Consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/consulta-publica-previa-sobre-el-anteproyecto-de-ley-por-el-derecho-la-vivienda

[13] BOE (2020) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4412

[14] NACIONES UNIDAS (2020) “Report: COVID-19 and the right to housing: impacts and way forward” Inputs Received: Civil Society Organizations: Caritas Spain Pág. 7 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/callCovid19.aspx

[15] Andalucía (2020) https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/174/2, Aragón (2020) https://www.elnotario.es/images/pdf/LAUT-N94-03.pdf Extremadura (2021) http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/80o/21060104.pdf

A fondo

Impacto de la COVID-19 en los profesionales del Tercer Sector que trabajan con población con discapacidades intelectuales y del desarrollo

Patricia Navas. Profesora Titular en la Universidad de Salamanca. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.

Miguel Ángel Verdugo. Catedrático en la Universidad de Salamanca. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.

Antonio M. Amor. Profesor Ayudante Doctor en la Universidad de Salamanca. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.

Manuela Crespo. Técnico Superior en el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.

Sergio Martínez. Sociólogo.

Puedes encontrar al Instituto Universitario de Integración en la Comunidad en Twitter.

 

El presente artículo refleja el impacto que la emergencia sanitaria y el periodo de confinamiento tuvieron en los profesionales del tercer sector que trabajan con población con discapacidad intelectual y del desarrollo. Se presentan los resultados de una encuesta que exploró sus condiciones de trabajo durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2020.

 

Introducción

Durante el año 2020, el mundo, tal y como muchos de nosotros lo conocíamos, se transformó debido al virus SARS-COV-2 y la infección que provoca, la COVID-19. Las medidas adoptadas por el Gobierno de España para contener la pandemia dieron lugar al cierre de muchos servicios del tercer sector que, pese a ser necesarios para aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad, adquirieron la condición de ‘no esenciales’. Entre estos servicios se encontraron recursos dirigidos a población con discapacidades intelectuales y del desarrollo (DID), tales como los centros de día. El cierre de los mismos, o su necesaria adaptación a una realidad hasta el momento completamente desconocida, dio lugar a que muchos profesionales tuvieran que adaptar sus formas de trabajo a un escenario online de prestación de apoyos, y a que las organizaciones tuvieran que dar en muchos de sus servicios, como los residenciales, una respuesta sanitaria a una situación excepcional para la que no se les dotó de recursos específicos.

El presente artículo pretende reflejar el impacto que la emergencia sanitaria y, de manera especial, el periodo de confinamiento, tuvo en los profesionales del tercer sector que trabajan con población con DID. Para ello, se presentan, de manera resumida, los resultados de una encuesta aplicada en línea a nivel nacional que exploró las condiciones de trabajo de los profesionales de atención directa y la gestión realizada por las entidades del tercer sector durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2020. El lector interesado puede consultar el estudio en su totalidad (en el que también se recoge la realidad de las personas con DID y sus familias) en Navas, Verdugo, Amor, Crespo y Martínez (2020) y en Crespo, Verdugo, Navas, Amor y Martínez (en prensa).

La elaboración del cuestionario se realizó a partir de la revisión de la literatura científica sobre coronavirus y su impacto en la salud y en las condiciones de vida de las personas con discapacidad y las organizaciones que les prestan apoyo (la búsqueda arrojó más de 100 documentos publicados entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2020). Las encuestas, creadas a partir de la aplicación LimeSurvey, se alojaron en el servidor de la Universidad de Salamanca con el objetivo de maximizar la privacidad de los datos[1].

Participantes

Fueron 495 las encuestas dirigidas a profesionales que se cumplimentaron en su totalidad. El 84,6% de los trabajadores encuestados desempeñaba su actividad profesional en alguna organización vinculada a Plena inclusión España (n=419), mayor proveedor de apoyos a personas con DID en nuestro país. Ocho de cada diez de estos profesionales eran mujeres (79,4%). Su edad osciló entre los 20 y 64 años (M=39,3; DT=9,7), presentando el 62,1% edades comprendidas entre los 31 y 50 años. Casi todos los profesionales que participaron en el estudio (98,5%; n=488) pudieron ofrecer información precisa sobre el número de personas con DID con las que habitualmente trabajaban. Estos 488 trabajadores prestaban apoyo a un total de 19.267 personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Cada profesional, de media, trabajaba con un total de 39 personas con DID (DT=42,8). Los servicios en los que habitualmente trabajaban eran, mayoritariamente, servicios dirigidos a población adulta, como centros ocupacionales (33,9%), residenciales (28,8%) o de día (21,1%).

Resultados

Impacto del confinamiento en la situación y condiciones laborales de los profesionales

Como se refleja en la Tabla 1, sólo una cuarta parte de los profesionales encuestados (n=121) permaneció en su puesto de trabajo o servicio habitual, siendo mayoritariamente (70,2%) personal vinculado a centros residenciales. La mitad de los profesionales tuvo que dejar su puesto de trabajo presencial para teletrabajar (52,9%). Además, un 7,7% se vio afectado por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Por último, un 13,5% (n=67) experimentó cambios significativos en su puesto de trabajo habitual debido a necesidades emergentes en la organización o restricciones sanitarias, debiendo cambiar de servicio o realizar otras funciones. Teniendo en cuenta que los profesionales que participaron en el estudio prestaban apoyo a un total de 19.267 personas con DID, los cambios en la situación laboral de los profesionales dieron lugar a que: (a) solo el 31,5% de las personas con DID siguiera recibiendo sus apoyos de manera presencial durante el confinamiento; (b) el 60,0% lo hiciera de forma telemática; y (c) el 8,5% se viera afectado por el despido o ERTE de sus profesionales.

 

Tabla 1. Consecuencias del confinamiento en las condiciones laborales de los trabajadores y en la recepción de servicios por parte de personas con DID y sus familias

 

Valoración de los apoyos y recursos con los que han contado los profesionales en activo para el desarrollo de su actividad

Los cambios acaecidos a raíz del confinamiento dibujaron un escenario que puso a prueba la capacidad de las organizaciones para realizar adaptaciones y desarrollar una planificación estratégica que permitiera garantizar los apoyos a las personas con DID y sus familias y, al mismo tiempo, facilitar la labor de los trabajadores. En este sentido, los profesionales que durante el confinamiento siguieron trabajando, ya sea de manera presencial o telemática (N=450) consideraron, en un 87,8% de los casos, que sí contaron con apoyo de su centro o servicio durante el estado de alarma para desarrollar su labor. A pesar de esta valoración positiva, el 36,0% de los profesionales (n=162) afirma que necesitó recursos, instrumentales o emocionales, con los que no contó.

La valoración positiva que los profesionales realizaron, en general, sobre la respuesta de su centro o servicio, contrasta con la que emiten sobre la actuación del gobierno y las comunidades autónomas para proteger a las personas con DID. Así, más del 60% de los profesionales que siguieron en activo consideró que esta gestión podría haber sido mejor.

Muchos destacaron que hubiera sido necesario dotar a los centros y servicios de mayores medidas de protección y desarrollar protocolos más específicos para garantizar la seguridad de las personas en los servicios sociales, los cuales, según la opinión de algunos profesionales, han recibido respuestas tardías:

 Se han tomado pocas medidas, y las que se han tomado, o indicado que había que tomar, muy abiertas. Toda la información ha estado un poco en el aire para que cada centro la gestionase de la manera que considerase, dejando así a elección y riesgo de los centros cometer algún error y la toma final de decisiones. Ha sido poco concreto (Profesional)

Esta planificación y respuesta tardía, responde, según la opinión de algunos profesionales, al olvido del tercer sector de acción social y a la falta de sensibilización con respecto a las necesidades de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo frente a otros colectivos:

Se ha obviado completamente a los servicios residenciales de personas con discapacidad y eso que han tenido la misma incidencia con el virus que en las residencias de las personas mayores. Se han tenido en cuenta a los adolescentes y niños y sus necesidades, pero no las de las personas con discapacidad. De hecho, ni se nos ha informado propiamente de cuándo se pueden reincorporar a los servicios de forma presencial (Profesional)

Por último, los profesionales consideran que la legislación y recursos disponibles en materia de discapacidad han generado situaciones de mayor exclusión frente a la población general:

Una vez llegado a las fases en que se podía salir de casa, algunas personas (personas que no son de riesgo) no han elegido si pueden o no salir, sino que ha sido su familia o la administración (caso de las viviendas tuteladas) quien les ha prohibido salir o indicado que deben salir siempre acompañados de un profesional, aunque ellos demandan poder salir solos o con algún amigo tal y como lo hacemos el resto de población (Profesional)

Impacto de la COVID-19 en la salud de los profesionales que estuvieron en activo durante el periodo de confinamiento y emergencia sanitaria

Los datos aportados por los trabajadores encuestados que siguieron desarrollando su actividad durante el confinamiento (N=450) revelan que la prevalencia de la COVID-19 en este grupo de profesionales fue similar a la observada en la población general, de acuerdo con los estudios sobre seroprevalencia realizados durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2020. Así, un 2,9% de los profesionales padecieron la enfermedad y un 2,7% fueron considerados como caso probable o posible de infección. Es preciso destacar, no obstante, que el porcentaje de positivos fue mayor entre aquellos que desarrollaron su trabajo de manera presencial frente a los que teletrabajaron (4,8% frente a 1,5%).

Si bien la prevalencia de la COVID-19 parece haber sido similar a la de la población general entre quienes siguieron desarrollaron su actividad durante el confinamiento, uno de cada tres profesionales temió por su salud en su puesto de trabajo (34,7%). Estos datos aumentan en el momento en que tomamos como referencia a los profesionales que trabajaron de manera presencial (55,3% frente al 19,8% de quienes teletrabajaron) y a quienes desempeñaron su actividad en un entorno residencial (50,0% frente al 27,6% de trabajadores en otro tipo de servicios).

Un tercio de los profesionales que experimentaron miedo lo hicieron debido a la incertidumbre generada por la situación de alarma sanitaria o la posibilidad de contagio (35,9%). El segundo motivo que explica el temor experimentado por los profesionales es el tipo de trabajo realizado, con intervenciones que requieren un contacto más directo con las personas (19,9%). La falta de equipos de protección, en tercer lugar, explica la sensación de inseguridad de los profesionales (14,1%), seguida del hecho de estar o haber estado en contacto con personas con COVID-19 (12,8%).

Además de esta sensación de temor por la propia salud en el puesto de trabajo, tres cuartas partes de los profesionales vieron incrementados sus niveles de estrés y ansiedad durante el periodo de confinamiento (73,3%). Este desgaste emocional se observa tanto en profesionales que trabajaron en centros y servicios presencialmente como en quienes desempeñaron su actividad de manera telemática. El motivo que quizá explica el que no se observaran diferencias en función de la modalidad de trabajo reside en que la principal causa de este estrés se relaciona, no con características del propio puesto, sino con la sensación de impotencia experimentada por muchos profesionales al no poder ofrecer todos los apoyos que las personas con DID y sus familias necesitaban. Así, el 58,2% de quienes refirieron mayores niveles de estrés y ansiedad señaló, como motivo principal de este incremento, el no haber podido desarrollar su trabajo como desearía.

Reflexión de los profesionales sobre el futuro de los servicios dirigidos a personas con DID

La situación vivida ha dado lugar a que el 63,6% de los trabajadores que siguieron en activo considerara necesario realizar modificaciones en los servicios y centros actuales para prestar mejores apoyos a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en un futuro.

Merece la pena señalar que los cambios que los profesionales perciben como necesarios no están relacionados con la mejora de las estructuras y espacios existentes (aspecto mencionado sólo por 17 participantes), sino con la necesidad de ofrecer apoyos en un contexto más natural, de modo que la calidad y cantidad de los apoyos ofrecidos a las personas ante un escenario de cierre ‘físico’ de los servicios no se vea mermada.

Así, un 24,1% señala que se debe priorizar la implementación de procesos que faciliten la prestación de apoyos en la comunidad, en cualquier contexto en el que la persona participe. En otras palabras, avanzar hacia la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, y no solo en lo que a vivienda se refiere, sino transformando también la excesiva dependencia del colectivo de las instituciones existentes para recibir los apoyos que sean necesarios. La emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 ha visibilizado los riesgos de una atención masiva en centros con una elevada concentración de personas; centros que pueden verse desbordados, y, consecuentemente, dejar de prestar apoyos individualizados en una situación límite como la vivida:

El cierre abrupto de los centros no residenciales y la falta de preparación para la teleasistencia han supuesto un obstáculo. Creo que ha habido que organizarse sin conocimientos ni recursos. Eso sí, el compromiso ha sido enorme por parte de los profesionales de los centros, y no creo que se les pueda reprochar nada. Las carencias se deben a características estructurales de nuestro sector, en el que la institucionalización (también en servicios no residenciales) es el paradigma dominante (Profesional)

En segundo lugar (23,7%), la situación de confinamiento ha puesto de manifiesto, según la opinión de los profesionales, la necesidad de continuar trabajando en la transformación tecnológica de las organizaciones y la mejora del acceso a posibles apoyos telemáticos. Si bien las nuevas tecnologías se han convertido en aliado de los profesionales durante el confinamiento, también ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir formando no solo a los profesionales en el uso de la tecnología, sino también a las personas con DID y sus familias, reduciendo así su brecha tecnológica. La dependencia de estas herramientas durante el confinamiento ha dejado fuera a una parte importante de las personas con DID, provocando una exclusión de mayor calado sobre quienes mayores necesidades pudieran presentar.

 A pesar de la cantidad de cursos de nuevas tecnologías que han recibido las personas con DID se ha visto cómo la brecha digital ha hecho mella en ellos.  No se han realizado aprendizajes significativos para poderlos llevar a sus espacios cotidianos (Profesional)

En tercer lugar, a causa del cierre de centros y servicios, muchos profesionales han tenido que reforzar los lazos de colaboración con las familias, otorgando a éstas un papel mucho más activo. Asimismo, debido a la necesidad de apoyar a aquellos que residían en su hogar de una forma individualizada, los profesionales manifiestan la necesidad de adoptar modelos centrados en la persona y su familia (y no exclusivamente en los servicios) a la hora de trabajar.

Darnos cuenta de que tenemos que involucrar más en el trabajo diario a las familias también les ha hecho darse cuenta a las familias de la importancia de que participen más del desarrollo de sus hijos. Hasta ahora muchos delegaban demasiado en el centro, y nos hemos propuesto que esta situación nos sirva para cambiar esto (Profesional)

Las necesidades generadas por la pandemia se evidencian, por último, en cómo los trabajadores perciben como necesarios cambios que implican reforzar y mejorar la ratio de profesionales-usuarios (14,1%):

 Valorar más al personal de atención directa de residencia, con formación y otros turnos de trabajo. Apenas tienes tiempo de desconectar, son turnos muy difíciles para conciliar con la vida personal, ha sido muy duro para algunos (Profesional)

Conclusiones

La situación de precariedad que desde hace años experimenta el tercer sector ha sido visibilizada por la pandemia, pues la prestación de apoyos ha requerido de un importante esfuerzo por parte de los profesionales dados los deficitarios recursos con que se cuenta. Así, tres cuartas partes de los trabajadores que siguieron en activo durante el confinamiento han visto incrementados sus niveles de estrés y ansiedad por la emergencia sanitaria, debido sobre todo a la sensación de impotencia al no poder desarrollar su trabajo como desearían. Estos datos, junto con los arrojados por personas con DID y sus familias que el lector interesado puede consultar en Navas et al. (2020), nos llevan a subrayar la necesidad de contar con medidas que, durante el periodo de recuperación de esta crisis sanitaria, no solo refuercen el tercer sector, sino que también lo curen, garantizando a familias, profesionales, personas con DID y organizaciones, adecuados recursos. En este sentido, quisiéramos señalar, además, que los datos que se presentan en este estudio reflejan la situación de profesionales que, mayoritariamente, trabajaban en servicios dirigidos a población adulta. Los datos que se recogen en el informe completo ponen de manifiesto que las personas con DID menores de edad que acudían a centros de educación, especiales y ordinarios, han visto aún más mermados los apoyos con los que habitualmente contaban, siendo especialmente urgente revisar el modo en que el sistema educativo garantiza el acceso a la educación de alumnos con necesidades educativas especiales en momentos como el vivido.

El esfuerzo realizado por los profesionales contrasta con el realizado desde las administraciones públicas, quienes, según un 60% de los trabajadores encuestados, no han tomado medidas suficientes para proteger a las personas con DID durante la emergencia sanitaria. Esta valoración negativa se debe, en la mayor parte de los casos, a la carencia de recursos económicos y material de protección, y a la ausencia de protocolos y políticas enfocadas al sector de la discapacidad, sector que se ha sentido olvidado durante esta crisis.

En último lugar, quisiéramos destacar que la situación provocada por la COVID-19 ha dejado al descubierto las carencias y fragilidad de nuestra política social, excesivamente anclada en una estructura de centros y servicios en detrimento de una provisión de apoyos más personalizada, estructura sin la cual muchos apoyos no llegan a las personas. Y así lo perciben también los profesionales, señalando la necesidad de avanzar hacia modelos de prestación de apoyos centrados en la persona y su familia, independientemente de que acudan o no a un centro o servicio específico. La situación actual debe llevarnos a reclamar el cambio de nuestro modelo de apoyos hacia un modelo comunitario inclusivo, que contribuya a mejorar la calidad de vida de todas las personas. Debemos aprovechar la visibilización que ha provocado la COVID-19 de las carencias de nuestro sistema de atención, muchas veces segregador y con escasos apoyos naturales, para construir hogares en los que todos quisiéramos vivir y desarrollar un proyecto personal a cualquier edad y en cualquier condición vital.

Referencias

Crespo, M., Verdugo, M. A., Navas, P., Martínez, S. y Amor, A. M. Impacto de la COVID-19 en las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, sus familiares, y los profesionales y organizaciones de apoyo. Siglo Cero, Anejo 1, junio 2021 (en prensa)

Navas, P., Verdugo, M. A., Amor, A. M., Crespo, M. y Martínez, S. COVID-19 y discapacidades intelectuales y del desarrollo. Impacto del confinamiento desde la perspectiva de las personas, sus familiares y los profesionales y organizaciones que prestan apoyo. 2020. Publicación online disponible en: https://sid-inico.usal.es/documentacion/covid-19-y-discapacidades-intelectuales-y-del-desarrollo/

 

[1]El lector interesado puede consultar las encuestas dirigidas a todos los grupos de interés en: https://inico.usal.es/analisis-del-impacto-y-seguimiento-de-la-emergencia-covid-19-en-poblacion-con-discapacidad-intelectual-y-del-desarrollo-en-espana/

A fondo

El modelo de intervención en Trabajo Social empático-emocional desde una mirada senti-pensante

Emiliano A. Curbelo

Doctor en Trabajo Social y Máster Oficial en Intervención Social y Comunitaria, con experiencia universitaria docente e investigadora.

 

Tomemos como punto de partida que, respecto del modelo de intervención en Trabajo Social que propongo, entiendo que constituye un viaje compartido entre almas que, de manera colaborativa, promueve una adecuada capacidad resolutiva del sufrimiento psicosocial de las personas, familias, grupos y colectividades, para la prosecución de la transformación personal, espiritual, moral y social de éstas.

 

  1. Introducción

Numerosas cuestiones de la disciplina del Trabajo Social, entre otras, suelen dimanar de la sistematización de la práctica profesional de los trabajadores/as sociales que, como suele decirse, están todos los días en contacto directo con las personas, poseyendo una mochila cargada de multitud de experiencias y vivencias emocionales y afectivas, así como infinidad de experiencias técnicas que, por una u otra razón, no suelen ser concretizadas en nuevas teorías y/o modelos.

Francamente, pienso que los argumentos encontrados, la pluralidad de los múltiples matices filosóficos, el no pensar bajo los mismos parámetros y criterios, debe ser también aceptado, asumido y reconocido, no debiendo favorecerse la perpetuación entre tener la razón o carecer de ella, habida cuenta que, retóricamente, existen múltiples maneras de justificar la realidad. Como ya lo hice notar, todo este repertorio no trata de sumergirnos en un debate sobre la tolerancia o la intolerancia, sobre la transigencia o la intransigencia, sino que va más allá de los puros convencionalismos, intento que abramos los ojos y no nos dejemos dormir en el sueño de la habitualidad, puesto que, la evolución o la revolución, desde los orígenes de la historia, ha provenido de aquellos y aquellas que, aunque sea en solitario, han sido valientes y han sabido transformar el mundo, la realidad y la cotidianeidad, desde el corazón, teniendo como bandera el coraje de sustentar argumentos sólidos contra lo tradicionalmente aceptado.

Ahora se comprende por qué pretendo respetuosamente que nos alejemos de la corriente única, entendiendo lo diferente desde el dogmatismo, la pluralidad y la sublime libertad. Intentar ser plural y abierto a otras disyuntivas, no debe enmarcarse como un acto de rebeldía, es más, constituye un derecho, una demostración de suma inteligencia y crecimiento personal. Falta por decir que debemos empoderarnos como trabajadores/as sociales, dado que, los miles de colegas que ejercen la disciplina en cada uno de los rincones más inhóspitos del mundo – a los que no se les suele valorar por el simple hecho de no ser formalmente académicos e investigadores/as – al tratar directamente con la/s persona/s y sus problemáticas sociales, poseen una riqueza holística inconmensurable, dimanada de toda esa experiencia acumulada que cargan en sus mochilas. De esta forma, una cuestión es lo que se escribe y otra muy diferente lo que se vive, habida cuenta que, nadie toma conciencia realmente de las circunstancias, sin conocer la realidad palpable directamente del escenario en la que esta se produce.

 

  1. El modelo de intervención en Trabajo Social empático-emocional desde una mirada senti-pensante [1]

Dentro de este marco ha de considerarse que los modelos de intervención en Trabajo Social han orientado y dirigido nuestra práctica profesional desde los albores de nuestros orígenes, más o menos institucionalizados, transitando de rudimentarias bases empíricas a postulados más complejos que han ido evolucionando progresivamente. Entiendo, pues, que, actualmente, los trabajadores/as sociales intervienen sobre la base de los principios rectores de una perspectiva ecléctica, sobre las bases de fundamentos propios del Trabajo Social y de las Ciencias Sociales y Humanas. En pocas palabras, esto nos lleva a caer en la cuenta que el modelo que nos ocupa se nutre de la complejidad y la transformación, de la esfera afectiva y emocional, así como de los derechos consustanciales de las personas. Ello supone que, desde el Trabajo Social, se debe hacer necesariamente uso de esa mirada sentí-pensante basada en la lógica-racional y empática-emocional para resolver las situaciones de sufrimiento psicosocial o las diversas multiproblemáticas.

Desde este punto de vista, seguidamente, se expondrá con mayor detalle, cada uno de los elementos y características que configuran el modelo propuesto:

2.1 Objeto del modelo

Empezaré por considerar el poder compartido del trabajador/a social para cambiar la vida de la/s persona/s, donde las palabras juegan un papel transcendental en todo el entramado, puesto que, los cambios se producen por los mensajes que enviamos y recibimos, verbalizados o explicitados bajo las luces de un amor[2] que relaciona a dos seres humanos en constante interacción, mediante un proceso colaborativo de la igualdad, intentando proponer alternativas y soluciones conjuntas a las problemáticas, a los sufrimientos psicosociales y a los desafíos. Por ello, debemos enseñar y educar a trasmutar la angustia, la tristeza, la ansiedad, la pesadumbre y la amargura, eso que la/s persona/s tienen secretamente guardado en lo más profundo de su corazón y que son incapaces de modificar adecuadamente, a sentimientos de fe, esperanza, e ilusión.

Es necesario aclarar que, aunque se sostiene en el amor desde un semblante positivo, natural y sin exigencias o contraprestaciones, igualmente, reconoce las miserias y dificultades de la/s persona/s, aunque como se ha venido insinuando, el amor debe constituir el eje o fundamento piramidal en la intervención cuyo objeto es empoderar, construir humanidad y ciudadanía. No obstante, pudiera pensarse que, asignando mayor prevalencia a éste, se pierde cientificidad, aunque, hay que discurrir que, paralelamente a lo emocional, el profesional despliega sus conocimientos teóricos y prácticos basados en el Trabajo Social y en las Ciencias Sociales y Humanas desde el necesario rigor científico.

Esta brevísima exposición basta para comprender que, ese amor del que hablamos, se contempla como un hecho consustancial a la propia naturaleza del ser humano, encuadrándose en la moldura de las naturalezas psicosociales que constituyen una manera de observar e interpretar el mundo. Atiende con especial preferencia a lo emocional, categorizándonos como defensores/as de lo afectivo, sembrando las semillas de una conducta asertiva, por encima de la pasiva u agresiva, que favorezca un comportamiento socialmente adaptado para confrontar aquellas situaciones de desigualdad. Así, de todo esto, nace la imperiosidad de originar un arcoíris de argumentos que fomenten el empoderamiento y propicien la positivización y las fortalezas para la prosecución de un recuadro, donde se tenga en cuenta la esencia del ser humano como un todo, ayudándole y acompañándole, a través de un proceso interactivo, a disgregar las creencias erróneas, haciéndoles comprender y asumir la realidad.

2.2 Contenido y acciones

Llegados a este punto, es oportuno mencionar que, se debe hablar de una intervención social participativa o representativa, entendiendo que las situaciones de malestar social deben ser dirimidas conjuntamente, si bien, la/s persona/s siempre deben disponer de la última palabra, al ser estas las principales actrices de sus propias vidas, conviniendo existir un proceso de retroalimentación constante, donde la/s persona/s y el trabajador/a social, conformen un equipo de trabajo y desarrollen un trabajo en equipo.

Acertadamente, produce una transferencia interpersonal que sirve para sacudir el corazón fuertemente, desvelar los misterios del alma, sin artificios, sin prejuicios preconcebidos, sin secretos, desde esa huella dejada en el camino recorrido sembrado de momentos, donde las cuestiones verbales, pero también la comunicación no verbal y gestual, promuevan esa escucha activa que nos hace ser importantes, convirtiendo a su vez importantes a los/as demás.

En este todo complejo, debemos preservar la pertinente confidencialidad y el secreto profesional de toda la información que fluya durante el proceso comunicativo, sin entrometernos en cuestiones que superan nuestro marco funcional y competencial. Obstinadamente, se invierten esfuerzos para lograr cambios conductuales, comportamentales, emocionales, sentimentales y situacionales que permitan desafiar las dificultades y vulnerabilidades, siempre bajo criterios que dignifiquen a la persona, transmutando los aspectos negativos a lo positivos para el logro de una compleja transformación.

Lo que nos lleva a decir que la asepsia es total, no emitimos juicios valorativos o prejuiciosos o estigmatizadores, únicamente el trabajador/a social acompaña, honestando las decisiones o deseos de la/s persona/s aunque se encuadren en la irracionalidad o estén sesgados por alguna otra circunstancia. La finalidad, por tanto, es hacerles ver las repercusiones de sus decisiones en función de sus realidades, a través del diálogo apreciativo y la confrontación de ideas, posturas, criterios. En suma, se blinda el respeto por el libre albedrio, la igualdad y la libertad desde un saber, ser y estar, considerando a los individuos como seres únicos capacitados para solucionar autónomamente sus problemáticas.

Quisiera añadir que, el modelo, se especifica por presentar las siguientes etapas metodológicas o momentos procesuales que, no responden a la linealidad, sino más bien a la circularidad:

2.2.1 Fase de exploración o indagatoria

Se trata del primer contacto entre el trabajador/a social y la/s persona/s, familia, grupo o comunidad. Todo el tiempo hemos hablado del amor sustentado en la intimidad, no obstante, este no puede nacer de un día para el otro, no atiende a la inmediatez, más bien, consiste en un sentimiento que se forja con el transcurso del tiempo y dentro de un sello de confianza. Sentadas las anteriores premisas y tras este examen de causa, en esta etapa, la/s persona/s trasmitirá su demanda: personal, social, mental, espiritual y/o moral al trabajador/a social, instituyendo este una primera radiografía y aproximación panorámica sobre sus condiciones personales, familiares, sociales, humanas, afectivas y emocionales, iniciando por ende, un primer acercamiento desde la distancia a sus problemas y necesidades generales en el marco de esa naturaleza afectiva y sentimental que, ineludiblemente, rodea a cualquier ser humano.

2.2.2 Fase de intercambio empático-emocional

Con la información obtenida y originaria de otras fuentes secundarias, debemos ordenar, categorizar y clarificar los problemas, erigiendo conjuntamente un relato y una narrativa dialógica que permita adentrarnos en el conocimiento de situaciones ocultas desde la confianza entre las partes. Esta sencilla observación nos indica que la empatía debe ser la bandera que alce nuestro compromiso en el cumplimiento de los derechos sociales y humanos, a la vez que permita anclar un proceso comunicativo para futuros encuentros, produciéndose un mayor acercamiento afectivo. Todo lo cual conduce a que debemos transmitir a la persona que hemos entendido su situación, comprometiéndonos a responder conjuntamente a ella.

2.2.3 Fase de concretización o comprensión emocional

Tras una serie de encuentros sucesivos, se transita paulatinamente de la mera empatía al amor compartido, donde fluye un lago de emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, mostrando ambas partes sus ángeles y demonios abriéndonos completamente a un encuentro espiritual que, más allá de una relación de poder, se convierta en un espacio de sensatez, sin perder de vista el lugar que ocupa cada uno en el puzle, desarrollando acciones conjuntas que sirvan para transmitir una enseñanza y aprendizaje que ayuden a la elección de las opciones y soluciones más acertadas. Si lo que acabo de decir es cierto, se trata de empoderar a la persona desde la perspectiva de las potencialidades y fortalezas, desde la positivización como seres humanos mutidimensionales, interdependientes e interconectados entre sí. De estas circunstancias, nace el hecho de que, se premie y reconozca esa valentía espiritual y moral, que permita que afloren conductas y comportamientos basados en el ímpetu. Redondeada así la noción, la salida pasa por el afrontamiento de los problemas de forma adulta, autocrítica y autónoma, expandiendo un adecuado repertorio de valores, mediante la combinación del razonamiento y el sentimiento, usando los recursos, servicios, ayudas y prestaciones solamente para intentar paliar o resolver la situación problemática.

2.2.4 Fase final o de circularidad

Atendiendo a la complejidad, en este punto, más que profesionales somos seres humanos que transitamos conjuntamente por un espacio común que, desde y con nuestras diferencias, somos fuertes y débiles, sorteando obstáculos, integrando emociones positivas y negativas, intentando transmutar estas últimas al marco de la felicidad, siendo conscientes de que no existe un inicio sin un final, ni un final sin un inicio. A la luz de lo sobredicho, es posible haber abordado adecuadamente un terminante problema, pero podrán surgir paralelamente otros nuevos o incluso se pueden reproducir los mismos. Tras esta digresión, la/s persona/s pueden exteriorizar cierta autonomía o quizá haya que retornar las estrategias afectivas y emocionales que les permitan abordar las condiciones desfavorables autónomamente en los entornos donde se socializan, habida cuenta que, como hemos sugerido hasta la saciedad, los procesos en Trabajo Social no responden a la inmediatez, sino más bien, son prolongados y perdurables en el espacio y en el tiempo.

2.3 Valores inspiradores

Pero antes de seguir adelante consideremos que, evidentemente como se ha ido nombrando, aquí invocamos el valor de la empatía y la emocionalidad en el proceso interventor, junto al amor por uno mismo y por los demás. De lo anterior, se desprende que deben germinar valores consustanciales al ser humano en el marco de las relaciones interpersonales como la cercanía, la intimidad, la voluntad, el compromiso, el cuidado, la sinceridad, la responsabilidad, el respeto, la valentía, la compasión, la sabiduría, la confianza y la lealtad.

Todo lo puntualizado, supone un alto grado de preocupación por los problemas de los demás, de cara a aportar y recibir un certero apoyo sentimental y un acompañamiento psicosocial desde las desiguales situaciones que se producen, permitiendo con mayor profundidad analizar las fragilidades y vulnerabilidades. Y esto necesita de ese compromiso mutuo que examine que ambas partes están en disposición de compartir un tiempo y un espacio común de camaradería en el que, a su vez, ese amor sea alimentado con y desde la lógica-racional que emana de los principios y postulados generales del Trabajo Social.

2.4 Contexto de aplicabilidad

Antes de pasar adelante es de conciencia aclarar que, sin ningún género de dudas, se puede aplicar en los diferentes niveles de intervención del Trabajo Social (individual, familiar, grupal y comunitario) y en los diversos escenarios, ámbitos y contextos de la acción social, tanto institucionales, como del tercer sector, como en la esfera privada o en el ejercicio libre de la profesión, considerándose que, el modelo esbozado, puede y debe coexistir junto a otros modelos al mismo tiempo, pudiendo ser extrapolado a otras disciplinas más allá del Trabajo Social, a otras realidades y a otros lugares.

2.5 Fundamentación y justificación teórica

Creo haber sugerido antes que el modelo propuesto, aparte de conformarse sobre la base mayoritaria de reflexiones propias, derivadas de la sistematización de la práctica profesional, se impregna de consideraciones, características, postulados y principios de otras teorías – como sucede con y en la mayor parte de los modelos de intervención en Trabajo Social – con el objeto de construir una tendencia ecléctica que enriquezca el sentido y alcance del mismo. Terminaré diciendo que, las teorías de referencia de este modelo, básicamente son las siguientes: teoría centrada en la persona, teoría constructivista, teoría de la comunicación, teoría humanista y existencialista, teoría de una ética no paternalista y de la ética del cuidado y teorías sobre modelos cognitivos.

 

  1. A modo de cierre

En síntesis, a modo de resumen, se exponen los aspectos más sugerentes abordados en el texto:

Lo primero que podemos observar es que, aunque, a priori, pudiera parecerlo, este modelo de intervención psicosocial no se basa en ningún planteamiento clínico en sentido estricto, al menos, eso no es lo que se ha pretendido, aunque este cree un efecto terapéutico, transformador y multiplicador, personal y social. En consecuencia, está más bien orientado a los procesos sociales, empáticos y comunicativos, así, desde las relaciones interpersonales, intenta propagar conductas habilidosamente asertivas en detrimento de las pasivas y las agresivas, todo ello, desde y bajo el paraguas del amor. Aún con eso y con todo, se trata de una mera propuesta de modelo que puede y debe mejorarse con nuevas aportaciones, con críticas constructivas, con un mayor soporte epistémico, experiencial y vivencial.

De lo anterior, se desprende que, todas estas observaciones se relacionan con dos dimensiones: la dimensión transformadora y la dimensión humanista. Ya lo veis: se ha obviado profundizar en la dimensión asistencial al no ser aconsejable su aplicabilidad en el modelo que nos ocupa. De estas circunstancias, nace el hecho de que el trabajador/a social se sitúa en los diferentes niveles de intervención, en y desde el mismo plano de igualdad, buscando una salida que permita resolver los procesos resolutivos con una mirada afectiva y emocional, conjunta y coparticipativa.

Ya tenemos aquí el contraste claro: el trabajador/a social debe transfigurarse en un artista y escultor del amor (mirada emocional) que ayude a progresar, no simplemente mediante la explicitación de sus erudiciones teórico-prácticas (mirada pensante). Yo no sé si con esto he logrado hacer ver que, más bien, debemos constituirnos en ese clavo al que puedan agarrarse cuando sientan que el barco de su vida está naufragando en medio de una tormenta, convirtiéndonos en esa ancla que sirva para alejar los sentimientos negativos, animando en momentos de tristeza y desesperación. Se comprueba, de este modo, que nos instituimos como el referente que sirve de guía para ver la luz al final del túnel, desde esa ilusión de esperanza donde en la vida todo tiene solución, mientras nos quede vida.

Bien pareciera por todo lo anterior que el modelo refuerza la negación de los prejuicios y la evitación de los juicios de valor, agrupando los esfuerzos en la colaboración para tomar decisiones, donde la libertad de elección de las personas y la simétrica deben estar por encima de cualquier superioridad o poder que establezcan las normas de la institución u asociación de la que dependamos. Aquí, podemos percibir por qué intenta buscar un equilibrio madurativo en los procesos de ayuda profesionalizada, entendiendo que, más allá de los recursos, servicios, ayudas y prestaciones sociales, se encuentra el empoderamiento dentro de una complejidad distópica que hemos de superar conjuntamente, situando nuestras lentes en las potencialidades transformadoras.

Planteada así la cuestión, se asume que las decisiones que se adopten en el presente, en considerables casos, condicionarán y definirán el recorrido futuro. Por lo tanto, el modelo presentado intenta prepararnos frente a las calamidades, permitiendo que mantengamos nuestra dignidad e integridad ante los avatares y exigencias de la vida, enseñándonos a superar las derrotas, creando oportunidades de las dificultades, siendo el deber de la/s persona/s sobreponerse a toda angustia, tristeza, depresión y malestar, sirviendo todos estos conflictos como un trampolín que asienta el fortalecimiento para salir airosos y victoriosos.

 

[1] Para mayor abundamiento, se aconseja consultar la fuente original en: Curbelo, E. (2021). O modelo de intervención en traballo social empático-emocional desde unha mirada sentí-pensante. Revista Galega de Traballo Social-Fervenzas, 23, 55-78.

[2] El concepto de amor, en dicho contexto, se debe entender como un amor fraterno, un sentimiento afectivo muy fuerte de complicidad, dedicación e interés por el otro/a que genera una emocionalidad y sentimientos positivos, así como soluciones asertivas y afectivas conjuntas, con el objeto que, su descripción, no nos derive a una comprensión “amarillista” carente de cientificidad y alejada de lo que se pretende transmitir.

 

A fondo

¿De una democracia precaria a un estado de “excepción democrática”?

Sebastián Mora Rosado

Universidad Pontificia Comillas

 

El riesgo que algunas características de los estados de excepción se conviertan en permanentes pueden convertirse en una técnica habitual de los gobiernos. Visibilizar la voz articulada de las personas en exclusión es levantar la excepción democrática de los ámbitos de mayor vulnerabilidad.

 

Estamos viviendo una situación singular como humanidad. Una situación excepcional que se ha convertido en un fenómeno totalizante. Afecta a nuestra salud; a las relaciones sociales; a la economía y la política; a la vida familiar; a nuestra forma de relacionarnos con Dios… Singularidad, excepcionalidad y totalidad que perturban nuestra condición existencial.

Es tan profunda la incertidumbre, que como sociedad estamos dispuestos a soportar pirámides de sacrificio, como contrapartida de un futuro inmune al virus. La lucha contra la pandemia, escenificada bajo una simbólica bélica, promete ganar la guerra al virus. El objetivo es vencer lo antes posible reconociendo, que como en todo contexto bélico, habrá enormes sacrificios. En un marco de guerra los gobiernos deciden que vidas merecen ser lloradas y cuales pueden caer en el olvido (Butler, 2010). Como el Angelus Novus de Klee, que Walter Benjamín simboliza como ángel de la historia, caminamos empujados hacia un futuro prometedor pasando por encima de las víctimas de la historia. El empuje hacia el porvenir nos hace inmunes al sufrimiento de las víctimas, que acaban siendo un precio necesario para llegar a la victoria final.

En este contexto, el establecimiento de un Leviatán sanitario, como sugiere Svampa (https://www.nuso.org/articulo/reflexiones-para-un-mundo-post-coronavirus/) puede hacernos temer la pérdida de músculo democrático, para caer en las manos de una nueva sociedad tecnodisciplinaria. Este fundado temor, nos hace olvidar que el pasado democrático ya poseía síntomas de una precariedad intensa. Además, si esta precariedad democrática la analizamos desde las personas en proceso de exclusión, sin temor a equivocarnos, podemos hablar de una auténtica excepción democrática. Si volveremos a regímenes totalitarios, con otras tecnologías de lo político, o profundizaremos en una democracia social está por ver. Ahora bien, desde la situación de las personas en proceso de exclusión, la excepción se hace permanente. Las personas en exclusión vivían en un estado de excepción democrática, antes de la pandemia, y todos los pronósticos dibujan una profundización de este escenario.

1. Los confines de la política

Esta guerra exige medidas excepcionales en todos los ámbitos: sanitarios, sociales, económicos, culturales y, como no, políticos. De hecho, vivimos bajo el estado de alarma desde hace semanas. Esta situación significa, de manera sintética, la concentración excepcional de poderes en el gobierno de la nación. Incluso, la primera declaración de estado de alarma es una prerrogativa del presidente del gobierno, que en sucesivas prórrogas ha de contar con la aprobación del Congreso de los diputados. En definitiva, el estado de alarma es una figura política que suspende la normalidad democrática para lograr el orden perdido. Es una figura político-legal de aquello que es muy difícil que tenga forma jurídico-política. Suspender el orden para restablecer el orden.

Carl Schmitt, en su Teología Política, acuña una definición, que se ha hecho punto central de la discusión en filosofía política, del soberano afirmando: es quien decide sobre el estado de excepción (2009:13). En el estado de excepción el soberano concentra toda la soberanía, que podía residir en otros ámbitos en situación de normalidad política. La pregunta que brota en esta situación es: ¿puede prolongar el estado de excepción sus tentáculos más allá de este tiempo interrumpido por la pandemia? Aquello que se nos presenta como excepcional y provisorio, ¿acabará convirtiéndose en una técnica habitual de gestión de los gobiernos?; ¿podríamos hablar de una suerte de estado de excepción permanente? Para algunos autores el estado de excepción viene siendo paradigma de gobierno desde hace años (Agamben, 2003) y se hace especialmente preocupante en la actualidad.

Esta realidad no es nueva. En el año 2016 escribían Julio Díaz y Carolina Meloni un texto, que parece un análisis sociológico de la actualidad más que una reflexión filosófica abstracta:

El fantasma de la enfermedad se hace presente y, con él, los dispositivos inmunitarios invaden todos los planos de lo social. Cuando el flagelo azota, las barreras profilácticas se vuelven imprescindibles: fronteras, cuarentenas, guetos, estado de excepción, militarización de la zona y control policial extremo son algunos de los dispositivos que van configurando el imaginario de nuestra nueva civilización y de la gestión que hacemos del peligro. La peste, recordaba Foucault, trajo consigo la creación del aparato policial para mantener el orden y la salud del tejido social. Las amenazas de las nuevas epidemias han originado una nueva policía más capilar y porosa. Se trata de combatir el contagio tanto del cuerpo individual como del social. Se vigila, observa, controla y aísla la amenaza interna a través del cercamiento y la compartimentalización de lo real (Díaz & Meloni, 2016:83).

En el imaginario ciudadano parece asentarse, con cierta naturalidad, la idea de que en tanto más cedamos nuestra libertad, más ágil y eficiente será la batalla contra el coronavirus. Ponemos a los gobiernos asiáticos como ejemplo de gestión eficiente, aunque puedan estar en duda ciertos criterios democráticos, como afirma Chul Han. La monitorización digital y analógica se presenta como modelo de gestión en tiempos de excepción. Medidas de vigilancia antiterrorista son aprobadas en algunos estados para hacer seguimiento a los pacientes de coronavirus aduciendo el estado de excepción. Vigilancia que ya no se modula únicamente sobre comportamientos, sino sobre emociones también. La prioridad es salvar vidas y, para conseguir dicho fin, es necesario desprenderse de ciertos ámbitos de protección de nuestra libertad.

Pero no solo cedemos nuestra libertad. También consentimos, en nombre de la vida, la expulsión y el desprecio por algunas vidas que no merecen ser preservadas. En el momento en que la vida se convierte en el valor por excelencia, el valor absoluto, al cual cualquier otro debe estar subordinado, se puede pensar que también el sacrificio de una porción de vida pueda ser necesaria para el desarrollo de este valor (Esposito, 2009:136). En nuestro Estado, hemos conocido como bajo el precepto de salvaguardar la vida, hemos despreciado la vida de muchas personas mayores que no han merecido ser lloradas.

La política se está encontrado con sus límites en los confines de la pandemia. El confín nos sitúa en el límite, la frontera y la ambigüedad. Sin embargo, es en esta tierra de nadie dónde podemos resignificar la política en estos tiempos de incertidumbre. El horizonte de la pandemia nos impulsa a la necesidad de preguntarnos por ese ámbito del nosotros que llamamos política.

Este nosotros, no acabamos de resolver si se ha consolidado en estos tiempos excepcionales o, más bien se ha debilitado. Para algunos autores, el miedo disuelve el nosotros. El estado de excepción difumina el nosotros gravemente.

El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa (Chul Han).

Sin embargo, para otros autores la epidemia nos hace vivir como un solo organismo en su dinámica de defensa contra el virus. En tiempos de contagio somos parte de un único organismo; en tiempos de contagio volvemos a ser una comunidad (Paolo Giordano).

Sea cual sea la inclinación que demos a nuestros pensamientos es clara la apelación a repensarnos políticamente. Podemos decir con Balza, aludiendo a Foucault y su interpretación de Aristóteles, que no debemos olvidar que la política no es un mero artificio de un ser viviente que requiere de una existencia política. Más bien podemos decir que la persona, en el momento actual, es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente (Balza, 2013). En tiempos de excepción hay un extremo poder sobre la vida, que se oculta bajo discursos persuasivos de defensa de la vida. Como se han puesto en entredicho nuestras vidas, es urgente rescatar la política de las tentaciones totalitarias. Las epidemias acaban con el demos, como bien sabemos desde los griegos, y conforman una interrupción democrática tras la búsqueda de una inmunidad anhelada. La inmunidad exacerbada acaba convirtiéndose en un impulso de antidisolución que parece encontrar su réplica más que metafórica en esas enfermedades, llamadas precisamente autoinmunes, en las que el potencial bélico del sistema inmunitario se eleva a tal extremo que en determinado momento se vuelve sobre sí mismo en una catástrofe, simbólica y real, que determina la implosión de todo el organismo (Esposito, 2005:29). Y no podemos olvidar que las enfermedades autoinmunes también matan.

2. El retorno de la vulnerabilidad

Vivimos tiempos de tecnoutopía posthumana. Los avances del mundo digital y de la tecnociencia prometen un mundo feliz. Mundo que no descansa en ninguna de las utopías del progreso de la humanidad que habitan en el pensamiento político desde la Ilustración. Más bien, proclaman un cambio de paradigma que sustituye el Progreso como motor invisible de la historia por el modelo de Innovación, que promete un salto al futuro permanente de manera disruptiva y no progresiva (Coenen, 2016). Estábamos a un salto de liberarnos de este costoso mundo de la fragilidad, gracias a los permanentes avances innovadores, pero llegó el coronavirus.

Los diferentes transhumanismos o posthumanismos se presentan como una propuesta de revolución silenciosa y pacífica que nos iba a llevar a un mundo sin dolor, sufrimiento o enfermedad (Ferry, 2018).

Esta huida de la realidad hacia otras naturalezas sin mundanidad, se convierten en una aventura mítica en mucha de sus formulaciones. Como dice Riechmann el transhumanismo se convierte en un mito gnóstico que destruye toda posibilidad de construir mundo y, por tanto, de construir un nosotros. La tecnociencia parece prometernos una liberación de nuestra materia biológica y de nuestro devenir histórico para poder escapar de nuestra frágil condición humana. La búsqueda de un humano desencarnado convertido en pura información y codificación ciberbiológica se convierte en una utopía alcanzable. En este contexto, la pandemia llega para humanizar nuestra existencia. Somos más humanos de lo que pretendíamos: frágiles, interdependientes, necesitados de afecto y sentido existencial. En este tiempo interrumpido, irrumpe la condición humana mostrando su paradójica vulnerabilidad.

Para nuestro propósito político, en el marco de la pandemia, podemos valernos de dos conceptos de la filosofía política de Butler: precariedad (precariousness) y precaridad (precarity) (Butler, 2006). El primero alude a la universal vulnerabilidad que sufrimos los humanos. La esencia de lo humano está caracterizada por la fragilidad y debilidad. El segundo concepto expresa la condición vulnerable que sufren personas y colectivos que son excluidos y expulsados.

La precariedad es expresión de vulnerabilidad radical y en ella reside la condición humana (Butler, 2016). Si no aceptamos esta constitutiva precariedad, los humanos acabamos conformando entornos idealizados que excluyen a los más débiles (Nussbaum, 2007), negando las verdaderas capacidades que tenemos las personas. La vulnerabilidad (de vulnus, «herida») implica fragilidad biológica, dependencia y rela­ción. Ser vulnerable es estar expuesto a ser herido y no ser capaz de sobrevivir al margen de la hospitalidad de los otros (bien lejos de la utopía trasnhumanista). La condición humana, desde una antropología de la vulnerabilidad, no puede escapar a esta fragilidad e interdependencia.

La tecnoutopía posthumana que promete la liberación de la condición humana (Human Enhancement), destruye la vulnerabilidad que es condición sine qua non de un nosotros. La política es articulación transitoria de un nosotros precario que requiere de hospitalidad.

Esta constitutiva vulnerabilidad (precariousness) queda desbordada desde la perspectiva social y cultural cuando se vive como precaridad (precarity). Las condiciones de vida que sufren algunos colectivos, pueblos o personas expresan la absoluta inhumanidad de nuestro mundo. Personas al margen del bienestar mínimo, recluidas en círculos de explotación y exclusión, expropiadas de presente y de futuro llegando a convertirse en población expulsada y sobrante (Sassen, 2015). Son personas convertidas en cuerpos abyectos (Butler) y, por tanto, eliminables impunemente. Para estos seres abyectos, no hay promesa de felicidad. En la eugenesia de nuevo cuño (Ferry, 2018) se vislumbra una enorme preocupación por deshacerse de la precariedad, en tanto que vulnerabilidad esencial de lo humano, y pocas pretensiones de afrontar la precaridad como forma inhumana de convivencia.

Esta promesa de una vida alejada de la condición vulnerable, defendida por el transhumanismo, retorna en tiempos de pandemia como utopía de un mundo sin COVID-19. Una lucha contra la condición vulnerable. Lucha por la que nos desprendemos de nuestras esferas de libertad y busca inmunizarse contra todo peligro potencial. Ahora bien, lucha que sigue despojando a los más vulnerables y excluidos del derecho a la vida. Hay vidas que no merecen ser lloradas. Se presentan como seres eliminables (Homo Sacer). Como dice el papa Francisco hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos, «sobrantes» (Francisco, 2013. nº 53).

Precariedad y precaridad (Butler) van siempre de la mano en la vida singular histórica. En los laboratorios del pensamiento podemos diseccionarlas, pero en los laberintos de la historia se despliegan hermanadas en la existencia concreta.

Sin duda, el COVID-19 nos afecta a todas las personas, pero de manera desigual. Todas las personas estamos expuestas al contagio, estamos aguantando el confinamiento y, además, las consecuencias sociales y económicas nos afectarán a todas las personas. Sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico, el virus afecta más intensamente a algunos colectivos por edad o por patologías previas. La incidencia sobre las personas mayores está siendo de una violencia extraordinaria. La condición humana vulnerable tiene grados dependiendo del agente que incide sobre ella.

Además, la pandemia sanitaria es también una pandemia social (Mora, 2020), como es regla en todas las crisis independientemente de su origen. Tomando como ejemplo la dinámica de la llamada Gran recesión (2008) -que a tenor de los escenarios que se dibujan rebajará su calificativo- decíamos: la crisis nos afecta a todas las personas independientemente de su posición social. Es cierto, que el primer impacto fue bastante generalizado, pero inmediatamente empezó a concentrar sus efectos en las personas más vulnerables. Al comienzo de la crisis, en el año 2007, la población integrada era del 49%. Es decir, las personas que tenían una vida estable en lo social rondaban el 50% de la población. En el otro polo de la estructura social, el 6% de la población vivía en condiciones de exclusión severa. Si observamos los datos de 2018 vemos como las personas que viven en situación de integración plena están casi en el 49%, dato previo a la crisis, pero las personas en exclusión severa están dos puntos y medio por encima (8,8%). El orden llegó para los integrados, pero para los más vulnerables la exclusión se amplió. La exclusión se forjó más extensa, más intensa y crónica. Revelando, como siempre, que un lugar social desigual tiene consecuencias desiguales en el desarrollo de cualquier proceso social, económico o sanitario. Vivimos tiempos donde el riesgo a una excepción democrática es notoria. Pero, al igual que en otras crisis, podemos idealizar el punto de partida. En tiempos de excepción la vuelta a la normalidad parece como una vuelta al paraíso. Como si ansiáramos la vuelta a una sociedad que desplegaba un edén democrático permanente. Antes del COVID-19 nuestra democracia era un sistema político frágil y complejo.

3. Democracia precaria

En la última década del siglo XX aplaudíamos la llamada tercera ola de democratización (Huntington, 1993) y, sin embargo, estamos empezando el siglo XXI con una vuelta al puño de hierro[1]. La subida de la extrema derecha en países muy diversos entre sí (desde Noruega a Brasil, pasando por Alemania o España); los gobiernos impolíticos de países modelos de democracia liberal (Gran Bretaña o EEUU); la permanencia y extensión de países fallidos especialmente en África, muestran la compleja realidad política que vivíamos antes del coronavirus.

Son tiempos de una política frágil, precaria y compleja (Innerarity, 2015; 2020) a pesar de los giros autoritarios. En primer lugar, porque la gobernanza está atravesada por una complejidad aguda (Fernández-Albertos, 2017). La política pretende, con poco éxito, ser política territorial del Estado-nación. Sin embargo, los procesos sociales fundamentales, las grandes transformaciones digitales, los impactos medioambientales y las pandemias no conocen fronteras. Tenemos procesos globales bajo el control de gobernanzas estatales, problemas internacionales afrontados con leyes estatales y riesgos mundiales abordados desde instituciones regionales. Esta complejidad, por ámbito de gobernanza, se ve intensificada cuando atendemos al entramado decisional requerido. Las decisiones se despliegan en una trama multinivel de difícil comprensibilidad.

En segundo lugar, no podemos pasar por alto, la desafección política profunda y severa de nuestras sociedades. La fatiga civil nos acompaña en nuestras sociedades occidentales. Hemos edificado una democracia sin demos (Camps, 2010), una democracia sin pueblo, un modelo de gobernanza sin ciudadanos.

En este contexto, va ganando terreno de manera cautelosa un modelo de democracia elitista que desde diferentes variaciones va conquistando legitimidad. Los diversos planteamientos del gobierno de los expertos o de instituciones expertas están calando en la ciudadanía. En estos momentos de pandemia es claro y evidente. Hacemos lo que nos dicen los expertos repite incansablemente nuestro presidente del gobierno. Se valoran positivamente los procesos gestionados por los expertos, antes que los procedimientos propuestos desde el ámbito político formal (Fernández-Albertos, 2018:90) estableciendo una democracia sigilosa (Fernández-Albertos, 2018:91) con una legitimidad borrosa desde el punto de vista político.

Esta cosmovisión democrática ha adquirido mucho relieve en la actualidad desde el llamado ascenso de los populismos. En este contexto parece urgente reivindicar la epistocracia como modelo democrático. La epistocracia tiene diversas modalidades y gradaciones, pero todas basadas en un punto común. Es necesario el gobierno de los pocos (informados y capaces) sobre el gobierno de la mayoría. Estas mayorías, dicen los defensores de este modelo, se comportan de manera sesgada, irracional y emocional (Brennan, 2018).

En este trasfondo, expresado de manera esquemática y sintética, emerge la crisis del coronavirus. Los escenarios están abiertos: ¿saldremos democráticamente reforzados?, ¿dominarán las tendencias autoritarias legitimadas por la búsqueda de inmunidad y posibilitadas por la tecnociencia?; ¿el espíritu comunitario logrará vencer al aislamiento inmunitario?

4. Para los excluidos el estado de excepción es la regla

La historia es un dinamismo abierto a diversos escenarios posibles. La historia es creación humana abierta a la esperanza. Sin embargo, como reza la Tesis VIII Sobre el concepto de historia de Walter Benjamin: la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos es la regla. Debemos llegar a una concepción de la historia que se corresponda con esta situación.

El VIII Informe Foessa, presentado hace unos meses, lo dibuja con una nitidez clara. Las personas excluidas están al margen de la democracia. Por ejemplo, hay barrios populares con una abstención mayor al 70%. Esto significa que sus demandas no son escuchadas, son silenciadas, o más bien, son absolutamente ignoradas porque no ejercen presión sobre las estructuras políticas. Precariado político y precariado social, en sociedades frágiles, se dan la mano construyendo un escenario de expulsión profunda. El estado de excepción, desde la tradición de las personas en proceso de exclusión, es la norma. Han vivido y viven en la excepción democrática.

Desde cualquier análisis de participación política se revela, con suma claridad, que las personas en situación de exclusión padecen un enorme gap democrático. Es decir, las personas en situación de exclusión están también expulsadas del ámbito de lo político.

En las condiciones actuales, muy determinado por las condiciones de desigualdad y exclusión, está surgiendo no solo un precariado social, sino también un precariado político que siente cada vez de manera más notoria que su voz no cuenta para los asuntos públicos. Fernández-Albertos (2018), argumenta que la complejidad en los procesos de gobernanza y los procesos de intensificación de la desigualdad están generando la aparición de este precariado político que se siente al margen del espacio público.

Existe una segregación social clara con respecto a la participación electoral. Este comportamiento lleva a una conclusión directa. Si las personas en situación de exclusión no votan, acaban siendo políticamente irrelevantes. Que sean olvidados y silenciados significa que desaparecen de la agenda política. Y, al desaparecer de la agenda política, también desaparecen las políticas que pueden luchar contra la situación de exclusión que padecen. Por ejemplo, parece demostrado que en los países con mayor participación de las personas vulnerables los niveles de desigualdad son menores. Es decir, su voz es tenida en cuenta y se implementan políticas para, al menos, disminuir la desigualdad (Mahler, Jesuitz, & Paradowski, 2014).

Podemos pensar, que este absentismo electoral se ve compensado por una mayor participación de las personas en exclusión en los cauces no convencionales. Sin embargo, esto no parece ser así. La participación en las formas no convencionales mantiene la desigualdad en las personas con menores capacidades educativas (que podemos correlacionar con bajos ingresos) sin embargo disminuye en los grupos de jóvenes y desde una perspectiva de género (Marien, Hooghe, & Quintelier, 2010; Stolle & Hooghe, 2009; Urdánoz, 2013). Es decir, sí que logran minimizar la brecha generacional y de género, pero no la de las personas en procesos de exclusión.

En España la participación por canales no convencionales de las personas en situación de exclusión ha sido muy bajo. Incluso ausentes del dinamismo de los movimientos sociales alrededor del 15 M. El grueso de los activistas, tenían en común un nivel de formación medio-alto, eran relativamente jóvenes y pertenecían a las clases medias (Calvo, Gómez-Pastrana, & Mena, 2011). La Plataforma Antidesahucios (PAH) fue una excepción en la que las víctimas y los activistas formaban una sola agrupación.

Hemos edificado una democracia con ausencias significativas. Ausencias que no son debidas a un estado de excepción temporal, sino que para las personas en situación de exclusión es la regla. Parece que de manera recurrente la voz de los excluidos es a su vez excluida incluso en la teoría de los modelos de democracia (y, paradójicamente, también de los modelos que aspiran a la plena inclusión política de los excluidos) (Palano, 2018:149).

Como bien dice Zubero, las personas en exclusión no cuentan, son invisibles e invisibilizados:

Los excluidos son seres sin voz, seres solitarios, agrupados sólo estadísticamente cuando las administraciones o alguna organización social los cuentan. Pero los excluidos no se movilizan, no protestan, no se manifiestan, no se juntan ni se organizan. Son invisibles. Y si se muestran, lo hacen como asaltantes de la cotidianidad en una esquina o en un semáforo; pocas veces ya, como ocurría antes en los pueblos y barrios, alcanzan siquiera a mendigar puerta por puerta. Y como todo lo que rompe con nuestra normalidad, molestan: en nuestras sociedades el pobre -como el enfermo, como el viejo, como el muerto- debe ser apartado de nuestra vista (Zubero, 2014:74).

Las personas en exclusión, en su dimensión pública, se vuelven irrelevantes como sujetos en actos comunicativos. Aunque comunicativamente sean el centro de atención, es desde un punto de vista de objeto de esta (Herzog, 2009). Las personas en proceso de exclusión parecen no ser interlocutores válidos (Cortina, 2007:236-237) para defender sus propuestas e intereses.

En el juego democrático no hay espacio para las personas en exclusión. No se les tiene en cuenta al negociar las reglas y difícilmente pueden reclamar sus derechos. No sólo son perdedores en el juego sino superfluos para el juego (Bude & Willisch, 2008:25. Citado por Herzog, 2009). Son superfluos y sobrantes.

5. La excepción democrática

Para las personas en exclusión la excepción democrática es la regla. Para ellos, la estructura jurídico-política va transformándose en campo (Agamben, 2001; 2016), en espacio de excepción donde, en palabras de Arendt, todo es posible.

Visibilizar la voz articulada de las personas en exclusión es levantar la excepción democrática de los ámbitos de exclusión. Necesitamos espaciar el espacio público (Rancière) para que nuestra democracia no siga incrementando una masa de residentes estables no ciudadanos (Agamben, 2001:28), que acabe convirtiendo la vida para los expulsados en supervivencia impolítica.

6. Bibliografía

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[1] Los informes Freedom in the world comenzaban el siglo con el título Discarding Democracy: A Return to the Iron Fist (2015)

A fondo

La participación de las personas y familias vulneradas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos: propuestas de Cáritas para la 2ª Estrategia Nacional Integral para Personas sin hogar

Sonia Olea Ferreras

Jurista experta en Derechos Humanos

 

Cáritas Española ha llevado a cabo múltiples procesos de incidencia política para situar sus propuestas en el ámbito ejecutivo y legislativo. Por primera vez en el ámbito estatal, este proceso comienza y se sustenta en la reflexión de las personas y familias afectadas sobre sus derechos humanos vulnerados. Y desde ese escenario, se construye el análisis posterior que ha dado lugar a propuestas concretas de políticas públicas y legislación que prevengan, afronten y terminen con las situaciones de sin techo y sin vivienda en nuestro Estado.

 

“La participación es esencial para reducir las desigualdades y los conflictos sociales. También es importante para empoderar a las personas y los grupos, y es uno de los elementos fundamentales de los enfoques basados en los derechos humanos orientados a eliminar la marginación y la discriminación”.

Directrices de Naciones Unidas[1], 2018

 

Introducción

En los últimos cinco años, Cáritas ha implementado procesos de incidencia a nivel territorial e internacional (Huelva y Amazonía) sustentados en la detección de la vulneración de derechos humanos por las personas que lo están viviendo cotidianamente. Y no sólo, sino que, además, han sido también protagonistas en la priorización del ámbito sobre el que construir las propuestas políticas que llevar al ejecutivo/legislativo para terminar con dichas vulneraciones. Sólo así se puede diseñar una política pública con enfoque de derechos humanos.

Suponía todo un reto impulsar un proceso similar a nivel estatal (70 Cáritas Diocesanas, de las que la gran mayoría acompaña situaciones de personas y familias sin techo y sin vivienda). Multiplicado por tener que hacerlo en mitad de una pandemia mundial, que limitaba, incluso excluía, la posibilidad de llevar a cabo encuentros y reuniones asamblearias como hubiera sido deseable.

Pero era el momento. No sólo porque podíamos ser propositivos ante una estrategia de política pública aún sin desarrollar, sino porque teníamos la certeza de que el trabajo y el esfuerzo llevado a cabo por tantas personas, tendría el fruto de sentirnos todos y todas protagonistas, en especial tantas personas invisibilizadas, fragilizadas, criminalizadas, y ninguneadas cada día por su situación de pobreza y exclusión social y residencial.

¿Cuál era el objetivo principal?: hacer propuestas políticas al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para que fueran incluidas en la futura 2ª Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar 2022-2026 y pudiera afrontarse la situación de las personas y familias sin techo[2] (ETHOS 1) y sin vivienda (ETHOS 2) que acompaña Cáritas.

¿Desde dónde?: desde la detección de la vulneración de derechos humanos por las propias personas y familias vulneradas y por las personas que les acompañamos en Cáritas (voluntariado y personal contratado).

Y ¿qué meta esencial tenía este proceso?: poner en práctica, por primera vez en Cáritas a nivel estatal, un modelo participativo en la construcción de propuestas políticas a la Administración, su seguimiento y posterior evaluación donde las personas y familias vulneradas fueran el centro de todo el proceso.

Desde enero a junio de 2021 hemos llevado a cabo la fase de detección, análisis y propuestas:

 

En junio fue presentado nuestro documento de propuestas ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda Urbana, y el día 23 del mismo mes, celebramos una jornada virtual con cientos de personas y familias vulneradas y agentes de Cáritas, donde desde nuestra Secretaría General se hizo la devolución del proceso. Una vez sea publicada la 2ª Estrategia, tenemos el compromiso de la Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales de presentarla igualmente en otra jornada de las mismas características. Igualmente haremos el contraste entre nuestras propuestas y el documento final, junto con una evaluación intermedia (todo ello desde la continuidad con el modelo participativo llevado en todo el proceso 2021-2024).

 

 

Vulneración de derechos humanos de personas y familias acompañadas por Cáritas en situación de sin techo y sin vivienda

Entre el 9 de febrero y el 10 de marzo de 2021 se llevaron a cabo dos consultas a nivel confederal por el Equipo de Estudios de Cáritas Española:  a personas en situación de sin techo y sin vivienda (ETHOS) acompañadas por Cáritas y a agentes de Cáritas que acompañan esas realidades. Con dos objetivos:

  • Recoger las vulneraciones de Derechos Humanos-Discriminación detectadas por las propias personas que las están viviendo.
  • Recoger las causas más urgentes, importantes, prioritarias o que consideran esenciales para plantear y promover ante la Administración Estatal.

En otras circunstancias hubiéramos utilizado la metodología habitual[3] de reuniones presenciales asamblearias y participativas donde llevar a cabo dinámicas grupales de contraste, debate y acuerdos.

Hemos contado con la participación de 916 personas en situación de sin techo y sin vivienda y 579 agentes (contratados y voluntarios) en 44 Cáritas Diocesanas cumplimentando un breve cuestionario sobre los derechos humanos que se consideraban vulnerados y su priorización respecto al derecho que de forma más urgentes necesitaba ser afrontado por la Administración en sus políticas públicas. Además, en el caso de las personas y familias vulneradas, se les consultó también por su propia experiencia de discriminación.

 

Percepción de las personas sin vivienda y sin techo de posibles causas de discriminación sentidas. Equipo de Estudios. Cáritas Española. 2021

 

Este cuestionario fue completado desde dos vías, en el intento de facilitar la mayor participación posible:

  • Físicamente y envío por correo postal (con la posterior sistematización del Equipo de Estudios).
  • Encuesta online (a través de teléfono móvil y ordenador).

En el caso de las personas y familias afectadas, los derechos humanos que consideran vulnerados son:

 

Principales derechos humanos que pueden verse afectadas las personas sin vivienda y sin techo. Equipo de Estudios. Cáritas Española. 2021

 

Y en su priorización para diseñar políticas públicas por parte de la Administración, los cuatro primeros han sido: derecho humano al trabajo, a una vivienda adecuada, a la salud y a la educación.

Para el personal voluntario y contratado que acompaña estas realidades los derechos humanos vulnerados son el derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud-sanidad, a la vida, libertad y seguridad y a vivir en condiciones dignas. En su priorización sobre el ámbito más urgente para la intervención de las políticas públicas sería: vivienda, salud, trabajo y educación.

Una vez más, la pandemia hizo que tuviéramos que adaptarnos, y en los siguientes pasos del proceso de incidencia contamos con representantes de 13 Cáritas Diocesanas[4] que trabajaron arduamente durante 3 jornadas de trabajo virtual, de 4 horas cada una de ellas. Se trataba de construir las propuestas políticas de Cáritas desde el análisis y reflexión sobre las causas, factores y consecuencias que daban lugar a la vulneración de cada uno de los cuatro derechos humanos priorizados, entre los cuales, después de una primera reflexión sobre los ámbitos sobre los que se iba a sustentar el posicionamiento de Cáritas y sus propuestas políticas; se introdujo también el derecho humano a la protección social, unificando empleo decente y formación en un solo derecho, y tomando el siguiente que salía como priorizado en las encuestas realizadas.

 

Construcción de propuestas de políticas públicas con enfoque de derechos humanos

En el análisis de cada uno de los derechos humanos vulnerados priorizados hemos ido profundizando en sus diferentes dimensiones:

  • En primer lugar, qué causas dan lugar a la vulneración.
  • En segundo, qué consecuencias tiene dicha vulneración en las personas y familias en situación de sin techo y sin vivienda acompañadas por Cáritas.
  • En tercero, hemos debatido y contrastado hasta seleccionar la causa que nos parecía más urgente, prioritaria e importante por las consecuencias directas que tiene en dichas personas y familias.
  • Y, por último, hemos analizado qué factores son los que dan lugar a dicha causa seleccionada.

Y así con cada una de las vulneraciones a los derechos humanos a una vivienda adecuada, al empleo decente y la formación, a la salud y a la protección social. Desde luego, un trabajo grupal de mucha envergadura técnica, más aún al tener que llevarlo a cabo en formato online dificultando en mucho el debate y los acuerdos.

La propuesta política, ya fuera relacionada con una normativa (a modificar, crear, o suprimir) o una política pública (plan, proyecto, programa…) se iba a sustentar – se ha sustentado-; sobre la reflexión y acuerdo llevado a cabo por este grupo motor de 13 Cáritas Diocesanas y miembros del Equipo de Inclusión y del Equipo de Incidencia de los Servicios Generales de Cáritas Española respecto a qué factor, de los que daban lugar a la causa considerada como urgente, prioritaria e importante, era, a su vez, el que más contribuía a su existencia y, por tanto, a la vulneración.

Pudiendo así focalizar la propuesta política de forma concreta y directa ante las administraciones públicas: ¿cómo afrontar, suprimir, prevenir, acabar con dicho factor?

Proceso genérico llevado a cabo en la reflexión grupal y participativa:

 

Sólo un breve apunte tomando como ejemplo el análisis de la vulneración del derecho a la protección social y así facilitar la compresión de la metodología empleada:

 

 

Consensuado como el factor que de forma más clara contribuye a la falta de coordinación entre las diferentes administraciones (territorialmente y por ámbitos: vivienda, salud, servicios sociales, empleo…) el que no se desarrolle por los Servicios Sociales el derecho a la protección social, quedando su actuar en la gestión y organización del reparto de prestaciones económicas.

Una vez determinados los cuatro factores que más contribuyen a las causas consensuadas por el grupo como urgentes, prioritarias e importantes, porque dan lugar a la vulneración de los derechos humanos seleccionados; ha sido posible diseñar las propuestas políticas que para Cáritas han de ser contenidas en la futura 2ª Estrategia y que constan en su documento Análisis y propuestas de Cáritas para la 2ª Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2021-2026[5].

Al igual que en líneas anteriores, tomaremos a modo de ejemplo el desarrollo de las propuestas políticas de Cáritas para afrontar y terminar con el factor seleccionado como de mayor contribución a la vulneración del derecho humano a la salud para las personas y familias sin techo y sin vivienda que acompañamos en Cáritas:

 

Ante la carencia de unidades/equipos socio-sanitarias de salud mental de calle y la poca coordinación socio-sanitaria en los diferentes niveles de la administración pública, proponemos:

  • Que se impulse y promueva la creación de unidades de calle socio sanitarias de salud mental al menos en las poblaciones de más de 20.000 habitantes.
  • Que se promocione el aumento de esta ratio, según nº de habitantes y kilómetros incluidos por municipio/comarcas.
  • Que se promueva que cada unidad de calle esté formada por personal del ámbito mental (psiquiatría/psicología), físico (enfermería) y social (trabajo/educación social).

Que se impulse y promocione que la coordinación de las unidades se lleve a cabo desde Servicios Sociales.

 

Participación de las personas y familias vulneradas en el seguimiento y evaluación del proceso de incidencia política

En la jornada confederal online que celebramos para devolver a las personas y familias vulneradas el resultado de la reunión mantenida con la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales por nuestra Secretaria General, Natalia Peiro, muy pocas horas antes; éramos conscientes de varias cosas:

  • Que, como todo el proceso de consecución de las propuestas políticas presentadas a la Administración, esta jornada/asamblea también era un momento histórico en la Confederación y abría una puerta de no retorno a la participación de las personas vulneradas en los procesos de incidencia a nivel estatal.

Centro Amigo, Cáritas Diocesana de Sevilla. Jornada confederal online.
Intervención de persona acompañada por la Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

 

  • Que una de las mayores riquezas que tenemos en Cáritas es la posibilidad de compartir procesos desde las diferentes miradas de las personas y familias vulneradas, las personas contratadas y voluntarias y los equipos directivos. Y ello se torna en el mayor recurso intangible para todas nuestras áreas de intervención: social, económica, política, jurídica, sociológica, formativa, de sensibilización y comunicación.
  • Que las personas y familias vulneradas tienen que ser receptoras directas, sin intermediarios, del contenido de la futura 2ª Estrategia (y ese es el compromiso adquirido por la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el próximo 2022).

Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante. Jornada confederal online. Intervención de la Secretaria General de Cáritas Española.

 

  • Y, finalmente, que el seguimiento y la evaluación de dicha 2ª Estrategia iba a hacerse con la participación directa, ojalá presencial, de las personas y familias vulneradas, en situación de sin techo y sin vivienda, acompañadas por Cáritas.

Desde todas estas premisas, y formando parte del proceso de incidencia que iniciamos en enero de este año, seguirán el próximo año las fases de seguimiento y de evaluación intermedia de la 2ª Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar, una vez que concluya el propio diseño de la misma por la Administración pública responsable y podamos dar inicio a las acciones programadas.

 

Fase de seguimiento (2022-2023) con cuatro objetivos:

  • Participación horizontal y grupal de las personas y familias en situación de sin techo y sin vivienda acompañadas por Cáritas, voluntarias y contratadas, y equipos directivos.
  • Conocer el contenido de las políticas públicas propuestas en la 2ª Estrategia.
  • Contrastar las políticas públicas contenidas en la 2ª Estrategia con las de Cáritas.
  • Hacer llegar a la Administración el resultado de nuestro contraste.

Y con las siguientes actividades:

  • Espacios grupales específicos del voluntariado, el personal contratado, los equipos directivos y las personas y familias de forma independiente (por determinar en cada Cáritas Diocesana según posibilidades internas de organización).
    • Apoyo del Grupo Motor del Proceso de Incidencia en el diseño de dinámicas participativas según organización interna de la Cáritas Diocesana.
  • Espacio asambleario/jornada compartido por todos los grupos específicos en cada Cáritas Diocesana.
    • Acuerdo diocesano sobre el resultado del contraste para compartir a nivel confederal con el Grupo Motor del Proceso de Incidencia.

Para poder llevar a cabo esos espacios de reflexión, debate y toma de acuerdos, se elaborarían dos documentos soporte junto con uno tercero, conclusivo de los pasos anteriores y “producto” para poner en común con las administraciones públicas en el seguimiento de nuestras propuestas ante la vulneración de los derechos humanos a la vivienda adecuada, empleo decente y formación, salud y protección social.

  • Presentación del documento de contraste ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por la Secretaria General de Cáritas Española y personas/familias vulneradas acompañadas por Cáritas.
  • Jornada confederal online de seguimiento de la presentación del contraste con las propuestas de Cáritas ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Este documento final de contraste de Cáritas entre las políticas públicas contenidas en la 2ª Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar 2022-2027 y las propuestas planteadas por Cáritas será también nuestra guía en la fase de evaluación intermedia que llevaremos a cabo en 2024 y, desde luego, en los diversos espacios de incidencia con la Administración estatal y de red/plataformas en los que como Cáritas estamos presentes.

 

Desarrollo de los espacios grupales específicos, diocesanos y confederal:

 

FASE DE EVALUACIÓN INTERMEDIA (2024) con dos objetivos:

  • Contrastar la efectiva aplicación de las políticas públicas contenidas en la 2ª Estrategia.
  • Hacer seguimiento de las propuestas de Cáritas.

Todavía en fase de diseño, la propuesta para implementar esta evaluación intermedia sería llevar a cabo un Encuentro Confederal sobre el Proceso de Incidencia para la Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar, con la participación horizontal de todas las personas y familias agentes de Cáritas (vulneradas sin techo y sin vivienda, voluntarias, contratadas y equipos directivos. Tanto de las Cáritas Diocesanas, como de las Cáritas Regionales y todos los equipos que quieran participar de Servicios Generales de Cáritas Española).

 

El Grupo Motor del Proceso de Incidencia incorporaría representación de todas ellas para diseñarlo y llevarlo a cabo. Con cuatro áreas de trabajo y reflexión:

  • derecho a una vivienda adecuada
  • empleo decente y formación
  • salud
  • protección social

 

Incorporando diversas dinámicas personales y grupales que nos puedan llevar a dar respuesta a los interrogantes que nos preocupan y ocupan sobre la efectividad de la 2ª Estrategia para prevenir y/o terminar con las vulneraciones de derechos humanos detectadas desde la primera fase de nuestro proceso.

 

Sin duda, y de forma clave[6] la participación de las personas vulneradas en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas hace que las mismas sean más adecuadas y efectivas; se profundice en la prevención y se encuentren caminos más adecuados para su realización.

Desde esa revisión y constatación de la realidad, en un espacio participativo, horizontal, que representa todas las miradas de las personas agentes de Cáritas,

  • poder hacer hincapié en nuestras propuestas para los años restantes de la propia 2ª Estrategia
  • presentar los resultados de la reflexión confederal en los espacios internos de Cáritas y externos (plataformas y Administraciones Públicas).

Y, por supuesto, comenzar con el diseño de la tercera estrategia, habiendo compartido, actualizado y acordado las líneas esenciales de unas políticas públicas necesarias y urgentes para que todas las personas, en especial las más vulneradas, puedan vivir en plenitud su dignidad universal, intrínseca e irrenunciable.

 

[1] NACIONES UNIDAS (2018) “Directrices para los Estados sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública” https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web_SP.pdf

[2] FEANTSA (2010) “Tipología europea de sinhogarismo y exclusión residencial” https://www.feantsa.org/download/ethos_spain-24518105836657575492.pdf

[3] WOLA y CEDPA (2005) “Manual para la facilitación de procesos de incidencia política” Ed. Centro para el Desarrollo de Actividades de Población (CEDPA) y Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Pp. 55-78

[4] Cáritas Diocesanas que forman parte del Grupo Motor del Proceso de Incidencia: Asidonia-Jerez, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Getafe, Girona, Madrid, Murcia, Orihuela-Alicante, San Sebastián, Santiago, Sevilla y Tenerife.

[5] N.d.a. Probablemente, dadas las fechas que estamos, la 2ª Estrategia pasará a ser programada para el período 2022-2027.

[6] NACIONES UNIDAS (2018)  “Directrices para los Estados sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública” https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web_SP.pdf)

A fondo

La pobreza y la exclusión social deben erradicarse en beneficio del bien común

Víctor Renes Ayala, Sociólogo

 

La desigualdad, la pobreza y la exclusión social no son algo que solo padecen determinados grupos humanos, sino que es algo que revierte sobre la propia sociedad. En beneficio del bien común de todos y todas necesitamos erradicarla.

 

I

Hace poco me preguntaron por qué debe erradicarse la pobreza y la exclusión social[1]. Y después de un momento de duda pensé que me lo estaban preguntando por considerar que las personas en esa situación eran personas en situación de injusticia, debido a que la pobreza y la exclusión social es negación de derechos dado que en ella la dignidad humana queda negada y, por lo tanto, es injusto. Pero me decidí por pensar que me lo estaban preguntando desde otro punto de vista, el de una sociedad que conoce y sabe que la pobreza y la exclusión existe y, sin embargo, no acomete su erradicación. ¿No lo acomete porque no lo considera posible, rentable, beneficioso?, ¿porque considera que no es de su responsabilidad, o por un sin número de explicaciones que demoran el asunto para cuando se pueda? Sin olvidar que todo ello queda aderezado por la duda de si la sociedad tiene alguna responsabilidad, no sea que, si es cuestión de la responsabilidad, quede remitida a la competencia o incompetencia, a la responsabilidad o irresponsabilidad de los individuos, y, en concreto, de quienes están en esas situaciones.

La pobreza, por tanto, es un hecho que, como tal, oscila entre la paradoja de su realidad y de su invisibilidad; entre ser reconocido como un hecho existente, y ser considerado como un fenómeno social secundario a la hora de la toma de decisiones, especialmente en las decisiones que estructuran la sociedad. No cabe duda de que nuestra sociedad sabe que tiene un problema histórico en este tema, no en vano somos la 4ª economía del euro con una de las tasas de pobreza más altas. Pero la sociedad ha ido deglutiendo que la pobreza no tiene por qué estar en la primera página de la agenda, preocupada como está por salir de dos crisis sistémicas y prácticamente seguidas, la del 2008 y la de la pandemia. ¡Ahora lo que debe primar es el crecimiento! Cuestión en la que nunca se para nadie a pensar más en ello, porque se considera evidente y porque nunca se hace una retrospectiva de cómo, después de la crisis y con un nuevo crecimiento en expansión, se está haciendo frente a la desigualdad, a la pobreza, a la exclusión. ¿Es que una vez retomado el crecimiento se absorbe algo más que determinados efectos surgidos por tal crisis? ¿Todos? ¿Y la pobreza y la exclusión ya existente ante-crisis? ¿Y la estructura de la propia realidad de pobreza, y su dimensiones y condiciones, y su reproducción, y su permanencia, y su futuro dadas las decisiones que organizan y estructuran la propia sociedad?

Hubo una expectativa, allá por la década de los 80 y 90 en la que la pobreza estuvo en la agenda de la sociedad, de modo que la pobreza tenía toda una serie de retos que el propio modelo social tenía que afrontar. La pobreza estaba en el debate público, el famoso debate de los ocho millones de pobres, y eso ponía encima de la mesa que la problemática social tenía que contemplar este aspecto. Podíamos decir que ello nos llevaba a hacernos cargo de la pobreza en la construcción del Estado del bienestar. Y eso nos debía llevar a encargarnos de la pobreza ante la sociedad del crecimiento. Pero esto empezó a pesar cada vez más, y a lo más que llegamos fue a cargar con la pobreza en un modelo de desarrollo social precario. En definitiva, la pobreza siguió siendo un reto estructural.

Porque, a partir de la puesta en la primera página de la agenda, pronto las aguas volvieron a su cauce, y en el desarrollo de la Agenda Lisboa 2000, volvió a ser puesto todo bajo el paradigma del crecimiento. De modo que la propia actuación por la inclusión social, la propia política contra la pobreza, quedaba bajo el signo de lo que contribuía al crecimiento económico, que es lo que sancionaba las decisiones como acertadas o no. Cierto que se puede decir que esto es demasiado simple. Sí, si no se considera que una realidad compleja no se puede reducir a uno solo de sus elementos. Pero no, si se tiene presente cuál es el parámetro que articula esa complejidad. No se trata de olvidar las políticas por la inclusión social, como elemento significativo más elocuente de la complejidad. Pero tampoco se puede olvidar que esa misma estrategia se definía desde el parámetro del crecimiento. La inclusión lo debía ser en la sociedad del crecimiento, y eso en todos los ámbitos, empleo, formación, protección social, actividad de la economía verde, incluso inteligente, con todo lo que eso supone de gestión y construcción de sociedad desde las NTI.

Y cuando la respuesta se enfrenta con este proceso de pérdida de vigencia de la pobreza en la sociedad como cuestión sustantiva, la respuesta ante la pregunta formulada apunta a ponerlo de nuevo en valor. Dicho esto, debo reconocer que la pregunta que me formularon ha quedado sin responder. Porque para mí, la pobreza y la exclusión social hay que erradicarla por el Bien Común. Soy consciente de que esta respuesta se enfrenta con el muro que la ha dejado fuera de la agenda. Por otra parte, parecería lógico que la erradicación de la pobreza deba ser en beneficio de quienes la padecen. Y no es ilógico proponerlo así. ¿Por qué entonces focalizarlo sobre el Bien Común?

En primer lugar, precisar que en este enfoque no solo no están ausentes quienes se encuentran en estas situaciones, sino que están incluidos. Y, en segundo lugar y más importante, porque es un enfoque que no invisibiliza la responsabilidad de la sociedad, sino todo lo contrario. La cuestión es: si la pobreza es un hecho que hay que analizar como fenómeno social, es decir, como una relación social estructurada y estructurante de la sociedad, tenemos que contemplar los dos polos de esa relación, la pobreza y la sociedad en la que la pobreza existe, y la relación que se establece entre los dos. Análisis en el que ahora no podemos entrar, pero en el que me parece muy importante insistir en la conexión que se produce entre los dos polos.

Sin vida en común no hay sociedad. Por ello son decisivos los principios y valores que se tomen como los referentes que estructuran las grandes decisiones. Para ser sociedad deben girar en el sentido de construir vinculación social. Por ello, las formas de sociedad, las relaciones societales, en todos los ámbitos, no pueden quedar vinculadas a una sola, como está sucediendo en nuestra sociedad que están centradas en la relación de intercambio, guiada por el mercado. Así se trasmutan las relaciones de sociabilidad y societalidad que se generan desde las relaciones de reciprocidad y de redistribución.

Si tomamos como paradigma lo que es una red, sabemos que una red tienes conexión con todos los puntos. La red no tiene un principio y un final, sino que es la conexión entre todos; cualquier cosa que afecta a un punto, afecta a toda la red. Esa imagen de red sirve para analizar el conjunto de la sociedad, que es sistémica. Cada elemento tiene un gran valor, pero sus objetivos y fines están interrelacionados e interconectados; como en la sociedad. Hay que tener una visión holística y retroactiva, integral y global para desvelar todas sus potencialidades.

Esto es básico para poder plantear el tema del Bien Común como condicionante de lo que supone y exige la perspectiva de la erradicación de la pobreza. Y lo primero que constatamos es que el Bien Común es un referente que en nuestra sociedad ha quedado para el discurso, y este en muy contadas ocasiones. Y con ello no nos referimos solo a la pérdida de derechos, sino de la pérdida de las condiciones de acceso a los bienes necesarios para la satisfacción de necesidades básicas basadas en los derechos. Porque sin ello ni la dignidad de las personas ni lo que supone y exige una sociedad digna, son viables. Pero hoy constatamos que, cada vez más, todo gira en torno al individuo con olvido y menos aprecio de lo colectivo, de lo público. En esta lógica, aparece la culpabilidad individual ante la pobreza y la exclusión ocultando así que es un fracaso colectivo, e invisibiliza la responsabilidad colectiva.

Como una derivada, hoy no existe un concepto compartido (consenso) de lo que es el Bien Común. Su lugar lo ocupa el crecimiento económico, en el que la competitividad y la meritocracia ocupan los valores centrales. En una sociedad así, las estructuras generadoras de desigualdad quedan sin cuestionamientos, intocadas; ¿absueltas? Porque cuando se plantea el tema de la distribución, no es el Bien Común el eje del debate, sino la tributación. Y, junto con ella, la sospecha. No la sospecha de si así se puede mantener lo que con la tributación queríamos obtener, como la salud, la educación, la protección social, etc. La sospecha es que se da por entendido que es algo que le corresponde al individuo, y que eso está en la naturaleza de las cosas. ¿Qué espacio le queda al Bien Común? Y, desde ahí, ¿a la erradicación de la pobreza?

Si queremos una sociedad pacificada, donde sea posible la convivencia en la diferencia, necesariamente tenemos que generar condiciones para que todos puedan disfrutar de lo que significa ser sociedad, donde todos los seres humanos se puedan desarrollar. Justamente eso es lo que pretende la erradicación de la pobreza. Conviene señalar que lo contrario genera sociedades agresivas, muy agresivas. Y lo estamos viendo a nivel mundial con las guerras continuas, con los millones de refugiados y de inmigrantes económicos que hay hoy en el mundo. Y no nos damos cuenta de que la pobreza y la exclusión social no son algo que solo padecen determinados grupos humanos, sino que son algo que revierte sobre la propia sociedad. Por ello, decimos que en beneficio del Bien Común de todos necesitamos erradicarla.

Lo que, entre otras cosas implica que los recursos necesarios para ello no deben ser considerados como un gasto, sino como una inversión. Y es una inversión social que genera beneficios de todo orden: todos los seres humanos pueden contribuir a la sociedad y esto genera incluso crecimiento económico. Las crisis que estamos sufriendo no pueden ser superadas simplemente con recortes de gasto, exigen, necesitan inversión. ¿No es la pobreza y la exclusión una crisis estructural, sistémica, permanente? Para salir de una crisis hay que invertir en generar oportunidades de todo tipo.

 

II

¿Focalizar la erradicación de la pobreza y la exclusión social desde el Bien Común hace olvidar a las personas? Nada más lejos de la realidad. La cuestión es, ¿desde dónde se plantea y se construye el Bien Común? Recordemos que estamos hablando de la dignidad humana como fundamento del orden político y social, según el art. 10 de la Constitución, que es lo que anda en juego en la erradicación de estas situaciones. De esto trata el Bien Común, de la dignidad de la persona, especialmente en las situaciones que está más negada. Esto es lo que debe demandar la máxima atención de la sociedad, de los poderes públicos y de la propia ciudadanía, pues en ello definimos qué sociedad somos y queremos ser.

El art. 9.2. de la Constitución dice: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. ¿Por qué no está en la primera página de la agenda, social, económica, política y cívica, cuando se trata de la pobreza y la exclusión social? El Bien Común se la juega cuando pretendemos hacer frente a las desigualdades, a la pobreza y a la exclusión social. Y ello solo se consigue promoviendo las condiciones de la libertad e igualdad, y removiendo los obstáculos que impiden el bienestar de todos. Llama la atención que eso no aparezca cuando se está tratando de personas y grupos que no tienen tales condiciones, pues su propia pobreza y exclusión social se convierte en obstáculo para su erradicación.

¿Cómo afrontarlo? Depende del lugar social desde donde nos situemos, pues desde ahí veremos los obstáculos y las condiciones imprescindibles. Y para ello solo hay una respuesta: El bienestar social implica que hay que mirar desde los últimos y desde ahí ver a toda la sociedad. Y al ver toda la sociedad ver todo lo que necesita para que realmente todos podamos seguir siendo sociedad en plenitud y en dignidad.

La cuestión, pues, hay que llevarla a este lugar. ¿Qué ocurre cuando se hace la pregunta desde el lugar social de los últimos? ¿Qué se escucha ahí? ¿Alguien les está oyendo? Cuando se comparten estas preguntas con ellos mismos, la visión resultante responde a la cosmología social que está gobernando la intervención social en las situaciones de pobreza y exclusión, pues la intervención social es la concreción de la relación entre los dos polos de la relación pobreza-sociedad. ¿Una cosmología social? [2] La antropología dice que nunca quedamos al margen de una comprensión de la realidad, de unos valores a los que da cuerpo en su facticidad, de la suma acabada de representaciones del mundo y de la sociedad. Esto es, de una cosmología del espacio, tiempo, cuerpo (ser corpóreo), mundo. Así pues, ¿qué cosmología está sucediendo en el abordaje de la pobreza y la exclusión social?

En una cosmología social el espacio es un espacio existencial, lugar de experiencia de relación con el mundo de un ser esencialmente situado en relación con un medio. Pero lo que constatamos es que se está produciendo un no-lugar. No hay espacio, no hay lugar de relación con el mundo institucional que está cerrado, no abierto incluso físicamente, pero también relacionalmente, del que el mundo de la pobreza y la exclusión está EX-pulsado y no puede plantear sus condiciones de vida. Se ha cerrado lo presencial especialmente para quien necesita acompañamiento y asistencia incluso en la propia comprensión de su situación; o sea, para la relación persona (en pobreza y exclusión) y sociedad (la institución de la sociedad que debe hacerse cargo y encargarse de ello). Quien carga con la realidad no es el compromiso entre institución y persona, sino la persona sola, fuera de y abajo, ante unas instituciones que se han cerrado incluso a la propia reclamación, pues cuando se logra conectar, es muy habitual escuchar: no hay citas disponibles. Está perdida en ese no-lugar.

Pero ni las relaciones de las personas con quienes tienen la legitimidad, autoridad, capacidad para la intervención social, quedan enclaustradas en ese espacio, porque los procesos ni se paran ni se detienen. Por lo que la lógica de esa cosmo-logía, es también la del tiempo, del tiempo de los procesos que recorren la vida de los EX-pulsados. Por una parte, el tiempo de la urgencia ante los obstáculos para la supervivencia, con el que no se conectado ni se ha comprendido. Se trata de hechos que acaecen, no de los discursos o explicaciones. Por otra, del tiempo del proceso, largo y complejo, de ejercer su libertad y dignidad; su proceso de desarrollo humano. Pue si el espacio se clausura en el propio marco institucional, el proceso del tiempo de afrontar su realidad, ni es considerado ni es reclamable.

Qué corporeidad, como dimensión de esa cosmo-logía, qué concreción, qué comprensión, tienen sus necesidades. Prácticamente se puede resumir en la i-lógica de las carencias. ¿Y todo lo que las necesidades implican de desarrollo de capacidades y potencialidades? En estas situaciones ni son consideradas, ni se relacionan con los sujetos. Desde esta cosmo-logía no aparece este real y determinante cambio de concepción de la necesidad. Los sujetos, comprendidos como carentes, quedan igualmente comprendidos como no activos, y, por tanto, como no-actores. Vale preguntar en qué queda remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Quedan sin presencia, sin ser sujetos, sin ser sociedad. O sea, son los fuera de, los EX.

En esta cosmo-logía, ¿qué relación hay con el otro, con el mundo de los otros? Los otros no están ni en la agenda, ni en la comprensión de la relación pobreza-sociedad. Hay una relación abstracta derivada del distanciamiento entre el polo institucional (sociedad), y el polo personal (situación de pobreza y exclusión) que hace imposible el diálogo del encuentro. Se ha producido la pérdida de los vínculos sociales. No es extraño, pues, que nos cueste pensar en la alteridad. Se cierra la capacidad de comprender el sentido, o sea, la relación sujetos-medio social y sociedad. Con ello nos referimos al sentido que los seres humanos pueden dar a sus relaciones recíprocas; el sentido social. Y es precisamente de ese sentido del que hablan también los individuos cuando se preguntan o se inquietan por el sentido de su vida.

Pudiera parecer esta cosmología algo abstracto y desconectado del mundo de las personas, de los últimos de la sociedad. No es así. ¿Por qué? Lo que se escucha cuando se “está con y en” sus situaciones, espacios, tiempos, necesidades, y se oyen sus expresiones y vivencias, todo empieza por “SIN”: sin ingresos; sin RMI/IMV (y encima con requerimiento de una devolución imposible por la incongruencia entre esas tibias prestaciones); sin atención; sin posibilidad de que alguien presencialmente les ayude, oriente, acompañe; sin información: sin informática, cuestión dada por supuesto pues se impone como la única vía de intentar hacer algo; sin saber por qué  (o sea, por qué se ha creado este laberinto en el que se pierden, por qué no te oyen, por qué no te cogen el teléfono, por qué no te escuchan ni te contestan, por qué no te dan cita; por qué se dilatan hasta …); sin tiempo de respuesta, …..

Perdidos en un laberinto en el que se han visto instalados, sin que nadie explique por qué. Sin el acompañamiento que cualquier otra situación, aun menos grave, exige. Sin retornar a la atención presencial que en otros ámbitos sociales es real hace tiempo, pero que en este sector brilla por su ausencia. Sin que ni siquiera los servicios sociales comunitarios puedan resolverlo, encontrándose ellos mismos con el cuello del embudo que impide realizar su función. Sin dudar en exigir que las personas sean expertas telemáticas como quienes realizan este trabajo. Pero, eso sí, sin abordar ni la brecha digital, ni sus deudas, ni su desempleo, ni los fracasos escolares, formativos, laborales de los que siempre son acusados, ocultando así el fracaso de la sociedad en estos ámbitos, etc.

En resumen, ¿quiénes son? Ya ni siquiera son el grupo de pobres y excluidos. Son simplemente el grupo ‘sin’; o sea, el grupo de los nadie y los nada, de los que quedan invisibilizados; los sin grupo. Y, de remate, a su costa, porque resulta que la cuestión acaba siendo que no han resuelto ni afrontado su inexperiencia, incluso su incapacidad para ser los expertos tecnológicos que se exige como una evidencia indiscutible. Y se oculta el propio sentido de la pobreza y la exclusión. Y se niegan sus potencialidades y capacidades. Y se inutiliza su capacidad de actor de su propia realidad.

¡¡Paradójico, si no fuera sangrante!! ¡¡Cómo es posible que, en los momentos de máxima necesidad, se coloquen las máximas dificultades para los máximos necesitados!! ¿Que esto suena tremebundo? Hagamos comunidad, al menos de vivir en sociedad, de vivir en común las condiciones que no existen y los obstáculos que sí existen. Hagamos la comunicación de experiencia de vida para que cuenten, relaten, narren su realidad, lo que les dicen y lo que no les dicen, … Y luego vemos si esto es exagerado, o simplemente sangrante.

El Bien Común dice que para poder saber de qué estamos hablando, debemos ponernos en el final de la sociedad para poder ver los obstáculos a la justicia, la igualdad, la solidaridad, la libertad, la participación, el bienestar y la dignidad de todos y todas, para así poder erradicar la pobreza y la exclusión en beneficio de toda la sociedad. ¿No será que es esto lo que está en cuestión?

 

[1]  EAPN-ES (2021). «La pobreza y la exclusión social deben erradicarse en beneficio del bien común» Entrevista a Víctor Renes Ayala. Recuperado de: https://www.eapn.es/noticias/1460/%2522la-pobreza-y-la-exclusion-social-deben-erradicarse-en-beneficio-del-bien-comun%2522 [04 de enero de 2022].

[2] Hemos tratado este tema en Renes, V.: “Una nueva cosmología social”. En Documentación Social, nº 187. Madrid, 2017.

A fondo

El reto de la participación en los procesos de inclusión social

Minerva Saura Fausto

Coordinadora del Área de Inclusión de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón

 

El Diccionario de la Real Academia respecto al verbo participar dice que es tomar parte en algo, tener parte en una sociedad, o recibir una parte de algo. En la definición se conjugan tres verbos en infinitivo: tomar, tener y recibir.

  • Tomar parte tiene que ver con la intensidad y con el compromiso hacia la parte que tomas.
  • Tener parte, tiene que ver con asumir un rol determinado en el escenario de la participación.
  • Recibir una parte, hay una parte que es para ti, estás invitada a participar… tiene que ver con las oportunidades/elementos facilitadores para la participación.

Pero el modo verbal debería ser el gerundio, que es la forma no personal del verbo que expresa la duración de la acción verbal. Participar no tiene sentido si no lo entendemos como participando, es decir como un proceso continuado de participación para la construcción social.

En los procesos de inclusión social acompañar la participación deviene como una premisa imprescindible. Dos conceptos que van unidos, que están íntimamente vinculados: Acompañamiento y participación. No podemos hablar de acompañar procesos de desarrollo sin tener en cuenta la participación. Si revisamos los procesos de exclusión social las rupturas de redes familiares, del enraizamiento comunitario, es decir, la no participación familiar, social, comunitaria aleja a las personas de la inclusión social. En ese sentido, la exclusión es un concepto multidimensional que hace referencia a un proceso de pérdida de integración o participación del individuo en la sociedad. Empoderar a las personas para que sean las protagonistas de su vida y tomen las decisiones que les atañen en lo más estrictamente personal es una de las claves del trabajo de las organizaciones sociales con las personas en situación de exclusión social, y darles también el protagonismo y las herramientas para que puedan participar de la construcción social es reconocerles como ciudadanos sujetos de derechos.

La participación se explica desde la asunción de unos supuestos previos que son necesarios para poder comprender el fenómeno en su complejidad.

1. Participar es inevitable

Uno de los principios de la participación es entender que ésta es inevitable, que no es posible no participar. Tenemos muchas experiencias como usuarios (nótese que no digo participantes) de diferentes tipos de organizaciones en las que nos quejamos de que no se permite la participación, y al mismo tiempo somos capaces de boicotear los resultados que se persiguen con nuestros comentarios, actitudes, acciones a favor o en contra. Es lo que se ha venido denominando comunidades de práctica. Etienne Wenger ha estudiado las Comunidades de práctica y las ha definido como grupo de personas que comparten un interés, un conjunto de problemas, o una pasión sobre un tema, y quienes profundizan su conocimiento y experiencia en el área a través de una interacción continua que fortalece sus relaciones. El ejemplo más evidente de estas comunidades de práctica lo encontramos en el sistema penitenciario. Aun siendo la cárcel un sistema totalitario donde todo está regulado y normativizado, metafóricamente podemos encontrar lugares liberados donde entran en juego determinado códigos y prácticas en las que se produce la participación de los internos, con toda probabilidad en el sentido contrario a los objetivos de la institución: consumo de sustancias, grupos de presión, ajustes de cuentas, boicot de actividades… La participación es inevitable y se abre paso como la vida misma, pero con matices: puede ser positiva si coincide con los objetivos de la institución/organización o negativa si no coincide con ellos. Si en una institución como la penitenciaria podemos encontrar la participación de los internos (seguramente en sentido contrario a los intereses de la misma) razón de más para encontrarla discurriendo por los cauces no formales en otro tipo de organizaciones. En las organizaciones sociales, en los espacios donde acompañamos a personas, difícilmente nos encontremos sin la participación de las mismas en la organización de la vida diaria y en la gestión de los elementos cotidianos. Posiblemente esta participación no se dé de una manera formal en los espacios que tenemos habilitados para la pseudoparticipación (asambleas, reuniones, comisiones…) pero seguramente se dará en los espacios informales de relación: en la terraza de fumar, en la puerta del centro o recurso, en cualquier espacio donde haya comunicación entre participantes. Canalizar esta participación de forma positiva es sin duda uno de los retos con los que nos encontramos quienes acompañamos estos procesos. Es importante no auto-confundirnos y asumir que la participación implica la posibilidad real de participar del proceso de toma de decisiones.

2. Vacunas contra la participación

Una exposición a experiencias de participación frustradas puede acabar siendo una vacuna contra la participación y generar la idea de que realmente la participación no es posible. Algunos ejemplos de este tipo de prácticas en nuestros espacios de intervención social:

  • Asambleas de grupo que no son más que espacios para la comunicación de normas, informaciones varias.
  • Buzones de sugerencias donde la sugerencia queda a la deriva.
  • Tablones de propuestas que nunca terminan de formalizarse.
  • Encuestas con respuestas cerradas.
  • Invitaciones a participantes a actividades de la organización. En este caso estamos confundiendo algo tan prosaico como la asistencia de cuerpo presente con la participación. Es valioso que las actividades de las organizaciones se abran a todos los miembros de las mismas, pero sin caer en el auto-engaño de que hacerlo fomenta la participación.

3. Claves para la participación

Este último aspecto está relacionado con otros elementos importantes para comprender y definir la participación, como el conocimiento y el compromiso. Si invitamos a los participantes de nuestros recursos a una conferencia sobre la filosofía escolástica de Santo Tomás de Aquino, posiblemente no se sientan nada vinculados con la actividad porque no tienen ni conocimientos filosóficos para entender el contenido de la conferencia, ni son miembros de la Asociación para la Veneración de Santo Tomás, con lo que el compromiso con este tema es ninguno. Por tanto, su participación quedará reducida a la presencia física y la experiencia que acumularán las personas que asistan a esta actividad será seguramente negativa y poco satisfactoria. La comunicación es también un elemento clave para facilitar la participación, entendida como la herramienta que posibilita que todos los participantes puedan dialogar desde un conocimiento compartido y lleguen a un acuerdo basado en requisitos de validez. En referencia a la sinergia que somos capaces de crear en el proceso comunicativo mediante el diálogo, Jorge Luis Borges, en 1985, pensaba de esta manera: Yo he tratado de pensar, al conversar, que es indiferente que yo tenga razón o que tenga razón usted; lo importante es llegar a una conclusión, y de qué lado de la mesa llega eso, o de qué boca, o de qué rostro, o desde qué nombre, es lo de menos.

4. La escalera de la participación

Otro elemento importante para explicar la participación es visualizarla como una gradación, como una escalera donde los escalones van desde la información, pasan por la consulta y finalmente pueden llegar (o no) a la participación real. Solo podemos hablar de participación cuando se está en igualdad de condiciones para tomar una decisión. A participar se aprende participando (recordemos: gerundio), es un proceso continuo y la verdadera participación está en el último escalón, aquel que me permite formar parte del proceso de toma de decisiones.

Informar a las personas de un recurso que el horario de invierno empieza el 1 de octubre y que por tanto la hora máxima de entrada por la noche son las 21:00 h no es participación. Consultar a las personas de un recurso sobre si prefieren llegar en horario de invierno a las 20:30h o a las 21:00h, no es participación. Es participación el proceso de decidir entre todas las partes implicadas cual es la hora apropiada de entrada en invierno para facilitar el funcionamiento del recurso y atender las diferentes necesidades personales. Estamos hablando de consenso, esto quiere decir que hay que ir con cuidado con no polarizar los planteamientos: aceptar como válidas las propuestas del otro por el simple hecho de atribuirle que tiene razón por que es más débil (romanticismo) y no aceptarlas por el hecho de que el otro no tiene capacidades para hacerlo y decido yo (paternalismo) negándoles el poder para cambiar la realidad. Trabajar con las personas desde el enfoque de participación ralentiza el proceso, la toma de decisiones, hay que explicar, negociar, argumentar, en definitiva, buscar consensos. Sin duda es mucho más complicada de gestionar para los agentes de la organización, pero facilita que las personas que acompañamos formen parte activa de los espacios, centros y recursos que transitan. Y les empodera para ejercer el derecho a la participación en otros espacios de participación social: el bloque de vecinos, la asociación, el barrio… La Participación es mucho más que votar una película, una excursión, un horario… es tomar una decisión a partir del conocimiento de determinados elementos que entran a formar parte del proceso de decisión y comprometerse en su puesta en práctica para transformar esa realidad.

5. Elementos que bloquean la participación

En el sentido contrario a la búsqueda de la participación, encontramos elementos que la dificultan o que directamente la bloquean. En los procesos de toma de decisiones la participación en los mismos implica una manera de comprender el poder. Si el poder lo tomamos de la misma manera que un juego de suma cero, es decir un juego en el que la ganancia o pérdida de un participante se equilibra con exactitud con las pérdidas o ganancias de los otros participantes, se necesita un ganador y un perdedor. Es decir, para conseguir más poder tengo que quitárselo a otros. Y el que tiene más poder sin duda es el que toma las decisiones bloqueando toda posibilidad de participación del resto del grupo. Al final todos perdemos porque no conseguimos aumentar nuestro potencial de acción como grupo. Los procesos de participación deben explicarse desde el concepto de potencia, que es la cualidad que permite que el trabajo colectivo fructifique incrementando sus posibilidades y superando el juego de suma cero, donde no se aumentan las ganancias solo se acumula el poder hacia un lado. Este concepto de potencia está relacionado con el de sinergia, cuando juntamos nuestras capacidades tenemos algo más que un sumatorio de cosas que sabemos hacer, el resultado es algo nuevo y diferente pero que contiene a la vez la esencia de cada uno de los participantes.

Si apostamos por los procesos de participación en nuestros centros y recursos tenemos que estar dispuestos a renunciar a una manera de entender el poder, por otra que tiene que ver con poner en común lo que tenemos, lo que somos, lo que sabemos y lo que valemos al servicio de la construcción conjunta. Para esto será necesario que revisemos también nuestra relación con la idea de autoridad, para desterrar de nuestro imaginario que la autoridad se consigue a base de acumular poder. De esta manera no conseguimos autoridad, la estamos imponiendo y todos sabemos dónde nos pueden llevar las cosas impuestas, posiblemente donde no queríamos llegar. La autoridad te la conceden las personas a través de la relación y del vínculo que entablas con ellas, cuando queda demostrado que existe la confianza, entendida como fiarnos juntos (con -fiare) de un proyecto común. Parece por todo lo que vamos desgranando respecto a la participación que la única fuerza (poder) que debe prevalecer en un proceso realmente participado de construcción es la del mejor argumento.

6. Retos que nos plantean la participación en nuestra intervención con las personas

Si la participación es inevitable, incorporemos lo cotidiano como instrumento de trabajo. Salgamos de los despachos y acompañemos la vida y la participación que transcurre en los espacios informales delante nuestra. No esperemos resultados espectaculares, conformémonos con pequeños avances, es lo que tiene apostar por la forma verbal del gerundio «vamos participando…» Abrámonos al diálogo auténtico con las personas, la participación requiere de sujetos que dialogan y tienen capacidad para tomar decisiones consensuadas. Para ello:

  • Transformemos la distancia terapéutica en implicación responsable, seguramente es el camino para que nos reconozcan la autoridad que brota de un proceso basado en la con-fianza.
  • Repensemos el correlato norma/sanción. Necesitamos normativas de mínimos en nuestros espacios para la intervención social, normativas de sentido común que simplemente faciliten la convivencia y que sean construidas desde la participación conjunta con las personas.
  • Descubramos la delicada línea entre la propuesta y el chantaje. En nuestras intervenciones con personas en situación de exclusión hemos de revisar con autenticidad el tema del poder y la manera de ponerlo en práctica. Si no lo acumulamos todo del mismo lado ganaremos en potencia participativa.
  • Todo esto no será posible si no hay un reconocimiento mutuo de las capacidades de todos los participantes para poder concluir que JUNTOS PODEMOS.

7. Bibliografía

Cáritas Española. Marco de Intervención con personas en grave situación de exclusión social. Madrid, 2009

Cáritas Española. Modelo de Acción Social de Cáritas. Madrid, 2009.

Elizalde, A. Reflexiones acerca de la sinergia social: Aproximación a una utopía de la abundancia. Debate para un proyecto de integración sudamericano, 1994.

Habermas, J. Teoría y práctica; Teoría y praxis. Estudios de filosofía social. Barcelona: Tecnos, 1987.

Wenger, E. Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad. Buenos Aires: Paidós, 2001.

A fondo

La participación en clave de derecho humano

Paloma García Varela

Activista en Derechos Humanos y consultora de ISI Argonauta

 

La participación es un derecho reconocido en los principales instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y un principio básico y requisito imprescindible para el logro de todos los demás derechos humanos.

El derecho a la participación en los asuntos públicos se encuentra reconocido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ampliado en la Observación nº 25 sobre Participación en los Asuntos Públicos y Derecho al Voto del Comité de Derechos Humanos. También está recogido como derecho fundamental en la Constitución española en su artículo 23.

En ellos se establece que todas las personas, sin discriminación alguna, tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, justas y auténticas y tener acceso a la función pública, en el marco de procesos democráticos basados en el consentimiento del pueblo que garanticen su goce efectivo junto a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, cualquiera que sea la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado.

Como derecho humano obliga a los Estados a respetar, proteger y garantizar que todas las personas puedan participar en los asuntos públicos y establece un deber en la ciudadanía en cuanto que forma parte del propio ejercicio de los derechos.

La participación ciudadana en los asuntos públicos está en el centro de la sociedad y es el eje central de la gobernabilidad democrática, al establecer las relaciones entre una ciudadanía y los poderes públicos. Por un lado, la ciudadanía ejerce sus derechos y demanda, a su vez, a los poderes públicos que cumplan con sus obligaciones, y por otro, unos poderes públicos que deben adoptar las medidas necesarias para que todas las personas puedan gozar de sus derechos.

Para comprender la implicación del pleno ejercicio del derecho a la participación debemos profundidar sobre algunas cuestiones que vamos a desarrollar a lo largo del artículo como por ejemplo: ¿sobre qué asuntos públicos se puede participar?; ¿quién puede participar en estos asuntos?; ¿para qué participa?; ¿qué condiciones se tiene que dar para poder participar?; ¿cómo podemos participar?

1. ¿Cuáles son los asuntos públicos de interés de la ciudadanía?

Los asuntos públicos son el conjunto de demandas de la población que reflejan sus preocupaciones y necesidades y que exigen de un proceso de toma de decisiones en las diferentes instancias gubernamentales para generar soluciones basadas en el bien común. Desde esta perceptiva, la agenda sobre los asuntos públicos y la priorización de los mismos la define la ciudadanía, no los representantes políticos.

¿Cuáles son entonces esos asuntos públicos de interés para la ciudadanía? En un mundo interconectado y global, como en el que vivimos hoy en día, no podemos limitar el ámbito de los asuntos públicos a lo estrictamente local o a las fronteras de los Estados.

Nos enfrentamos a retos globales como las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a la protección de los derechos humanos o la protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Retos que influyen en nuestro día a día y que pocas veces pensamos en ellos.

Desde el ámbito local, nuestras preocupaciones más cercanas y que forman parte de los asuntos públicos son aquellas que están relacionadas con las acciones que realizamos de forma cotidiana y que afectan a nuestras condiciones de vida. El precio o el alquiler de una vivienda, el coste y el acceso al agua, la luz, la electricidad, la educación de los niños y niñas, el transporte público, la recogida de basuras, los sistemas de producción y de consumo, la existencia de parques y zonas verdes y/o los transportes públicos. Todas estas y muchas más son preocupaciones o demandas que traslada la ciudadanía a los poderes públicos y a los gobernantes elegidos.

Pero también las políticas comerciales internacionales o la política exterior forman parte de los asuntos públicos que nos interpelan como ciudadanía en tanto en cuanto, hemos elegido a unos representantes políticos cuyas decisiones influyen en los derechos humanos de miles de personas en otros países.

De esta forma, la agenda de los asuntos públicos incluirá demandas sobre el crecimiento económico sostenible, el acceso a la justicia, la erradicación de la pobreza, el cambio climático, la explotación de los recursos naturales, las políticas comerciales, el acceso al agua y la energía, el fin de la discriminación y/o a apertura de las fronteras a la movilidad humana.

Por este motivo, todas las personas tienen derecho a participar en todas estas decisiones que organizan la vida social, económica y política de la sociedad en su conjunto y que influyen en lo local y en lo global, transcendiendo las fronteras de los Estados. Tienen, por tanto, derecho a participar en los asuntos públicos en su sentido más amplio que incluye el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y administrativo y abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y aplicación de políticas internacionales, nacionales, regionales y locales [1].

2. ¿Quién puede participar?

Todas las personas sin discriminación alguna tienen derecho a participar en los asuntos públicos. Sin embargo, en la práctica esta participación se ve limitada por la propia definición tradicional de ciudadanía y los mecanismos establecidos para la participación.

Respecto al concepto de ciudadanía ha ido cambiando según el contexto histórico y se ha ido afianzando con el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. Son muchas las definiciones que podemos encontrar de este concepto desde una visión política, social, sociológica, filosófica, e incluso teológica.

Pero todas ellas parten de la idea de que la ciudadanía es una forma de interpretar y entender las relaciones sociales basadas en derechos y deberes. A través de la ciudadanía se establecen unas relaciones sociales que asignan obligaciones y responsabilidades a los distintos actores sociales.

Tradicionalmente, la ciudadanía es una cualidad de las personas adquirida por el hecho de convivir con otras personas en un lugar determinado, una comunidad, un pueblo, una ciudad o un Estado. Esta cualidad confiere derechos a los ciudadanos para gestionar ese lugar, lo que implica que los derechos adquiridos y su ejercicio se limitan a ese espacio determinado, tradicionalmente el Estado. Además, la ciudadanía no es pasiva, sino que se ejerce y viene acompañada de una serie de responsabilidades.

Desde esta perspectiva, el Estado es el que determina quién es ciudadano y ciudadana y cuáles son sus derechos. En la práctica, no todas las personas que conviven en un mismo país son consideradas ciudadanos/as con los mismos derechos. Por ejemplo, grupos étnicos, indígenas, inmigrantes, incluso las mujeres, en muchos países no son considerados parte de la ciudadanía y no tienen los mismos derechos.

En este sentido, la interpretación tradicional de ciudadano o ciudadana según la cual el Estado define y delimita quién tiene derechos restringe en gran medida la participación y el ejercicio de los derechos humanos.

Por todo lo anterior, se hace necesaria una interpretación más amplia donde la ciudadanía transciende los límites impuestos por los poderes públicos e incorpora plenamente el derecho a la igualdad y no discriminación. Una ciudadanía en la cual se establecen los derechos y deberes en función del sentimiento de pertenencia individual de la persona a una sociedad y el reconocimiento de esta sociedad como parte de la misma.

Sólo desde esta perspectiva se incorpora plenamente el principio de igualdad y no discriminación de forma que todas las personas forman parte de esa sociedad de la que deben participar en los asuntos públicos como uno de sus derechos y deberes.

3. ¿Para qué participa la ciudadanía?

Desde el propio concepto de participación ciudadana, el fin último que se pretende es influir en los procesos de toma de decisiones de los poderes públicos haciendo llegar sus demandas y propuestas, vigilando que los poderes públicos cumplan con sus obligaciones y estableciendo un diálogo constructivo para la construcción de una sociedad donde todas las personas puedan gozar de sus derechos.

Por otro lado, la participación es un principio fundamental y básico de los derechos humanos ya que es un medio necesario para conseguir su pleno ejercicio.

Los derechos humanos son un conjunto de valores, principios y normas universales, propios de la dignidad de la persona humana y se refieren a la vida, libertad, igualdad, seguridad, participación política, bienestar social y cualquier otro aspecto ligado al desarrollo integral de la persona, que permiten orientar el comportamiento de la persona en sociedad.

Los principios son los atributos o características propias de los derechos humanos. En este sentido los principios de los derechos humanos como la igualdad y no discriminación, la interdependencia, la indivisibilidad, la universalidad, la solidaridad y la participación, son la vía para su realización. Todos estos principios son comunes y están presentes en todos los derechos humanos. En este sentido, la participación en los asuntos públicos se convierte en un mecanismo imprescindible para lograr el ejercicio de todos los derechos humanos. La participación es imprescindible para lograr la igualdad, luchar contra la discriminación, superar los diferentes obstáculos que bloquean el ejercicio de nuestros derechos.

Desde esta perspectiva, el derecho a la participación permite ejercer a la ciudadanía su poder político para influir en los asuntos públicos, para:

  • Garantizar y dar legitimidad a las decisiones sobre los asuntos públicos, teniendo en cuenta que las políticas públicas, las leyes y las decisiones judiciales deben responder a las demandas de la sociedad en su conjunto.
  • Hacer llegar sus demandas y preocupaciones para que se formulen políticas públicas y leyes que den respuestas a estas demandas.
  • Vigilar el cumplimiento de las decisiones adoptadas.
  • Denunciar el incumplimiento de las obligaciones por parte de los poderes públicos de las decisiones adoptadas a través del diálogo y los mecanismos de partición establecidos.
  • Denunciar situaciones injustas y vulneraciones de derechos.

Además, la participación conlleva en sí misma unos principios básicos para su ejercicio. Todas las personas deben estar informadas de cómo y por qué se toman las decisiones antes y después; debe escucharse e incorporar las ideas, sugerencias y propuestas de las organizaciones que participan; debe incorporarse la diversidad como un valor añadido a la participación; debe respetarse la diferencia ya que toda persona está en su derecho de disentir de las decisiones tomadas; todas las personas deben ser integradas en los procesos de participación en igualdad de condiciones.

De esta forma, cuando la participación en los asuntos públicos tiene estas características se convierte en un potente mecanismo de transformación social hacia el logro del pleno ejercicio de todos los derechos humanos.

4. ¿Cuáles son las obligaciones de los poderes públicos?

Los Estados tienen la obligación de crear las condiciones necesarias para que todas las personas puedan ejercer el derecho a la participación en los asuntos públicos, específicamente tienen tres obligaciones fundamentales: respetar el derecho a la participación de forma que se abstenga de adoptar medidas que restrinjan la participación ciudadana, proteger el derecho a la participación para asegurar que terceros no vulneran este derecho y garantizar el derecho a la participación adoptando todas las medidas necesarias para que todas las personas puedan ejercerlo.

Para cumplir con estas obligaciones y poder ejercer plenamente el derecho a la participación en los asuntos públicos, el sistema de gobernabilidad debe establecer y respetar los principios democráticos de un Estado de derecho:

  • El poder público debe estar subordinado a la soberanía popular.
  • El poder ejecutivo, legislativo y judicial deben estar separados y ser independientes.
  • Los representantes de los órganos ejecutivos y legislativos deben ser elegidos libremente de forma periódica, por sufragio universal, directo y secreto.
  • La rendición de cuentas debe ser obligatoria para asegurar la transparencia en la gestión pública y luchar contra la corrupción y la impunidad.

Además, los Estados deben establecer los espacios y los mecanismos de participación necesarios para que la participación funcione de forma democrática y la ciudadanía pueda concurrir libremente, sin discriminación alguna. Debe facilitarse la información necesaria para que las decisiones se tomen de manera informada y disponer de espacios de debate, diálogo, denuncia y examen para las quejas y denuncias de la ciudadanía.

El pleno ejercicio del derecho a la participación está ligado a la garantía por parte de los Estados de tres derechos:

  • El derecho a la igualdad y no discriminación de forma que no se permite hacer distinción alguna entre los ciudadanos en lo concerniente al goce de esos derechos por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
  • El derecho a la libertad de asociación, en particular el derecho a fundar organizaciones y asociaciones interesadas en cuestiones políticas y públicas y a adherirse a ellas es un complemento esencial del pleno ejercicio del derecho a la participación.
  • La libertad de expresión, de reunión y de asociación son condiciones esenciales para el ejercicio efectivo el derecho a la participación.

De esta forma, los poderes públicos de los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias que permitan a toda la ciudadanía participar en los asuntos públicos a través de consultas, referéndum, procesos electorales, espacios de debate y mecanismos de control de los poderes públicos por parte de la ciudadanía.

El derecho a la participación exige a los Estados de unas instituciones trasparentes, conscientes de sus obligaciones y respetuosas con los derechos humanos, las cuales desarrollen la legislación necesaria para proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía y establecer políticas públicas inclusivas, participativas y no corruptas que hagan efectiva la legislación.

5. ¿Cuáles son los deberes de la ciudadanía?

El derecho a la participación en los asuntos públicos es a su vez un deber de la ciudadanía que no puede ni debe eludirse, al formar parte del propio ejercicio de los derechos humanos.

De forma general, se tiende a pensar que ejercer nuestros derechos consiste en que el Estado como benefactor nos provea de unos servicios que cubran nuestras necesidades de educación, salud, trabajo, etc. Nos han transmitido que el derecho a participar en la vida pública se limita a votar cada cuatro años a las personas que queremos que nos representen. Que ejercer nuestros derechos es una acción pasiva en la que la ciudadanía es mera receptora de servicios que nos facilitan los gobernantes elegidos. Sin embargo, esto no es así.

Ejercer nuestros derechos es un acto de responsabilidad individual y colectiva. Ejercer nuestros derechos supone defender nuestros derechos y los derechos de todas las demás personas, denunciando cualquier vulneración de los mismos y exigiendo a los poderes públicos su garantía. Supone respetar los derechos de todas las personas, siendo consciente de la necesidad de aprender del otro, del enriquecimiento mutuo como camino para lograr un mundo donde todas las personas puedan ejercer sus derechos. Supone promover los derechos desde nuestro círculo más cercano a cualquier otro lugar. Supone participar en la vida pública pensando en el bien común y no en los intereses individuales.

Desde esta perspectiva, la participación forma parte del ejercicio de nuestros derechos en cuanto a ciudadanos y ciudadanas con capacidad de transformación social, con capacidad de influir en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Pero la participación no podemos ejercerla en solitario. La participación es una acción colectiva donde el bien común está por encima de intereses individuales, asociativos o partidistas. Donde la escucha, la generosidad y la solidaridad son la base para el diálogo y la construcción conjunta.

Esta base nos permitirá ejercer nuestro poder como ciudadanía para, a través de la movilización social, las diferentes entidades de la sociedad civil, los movimientos sociales, las redes de personas o las plataformas de organizaciones, puedan denunciar, exigir, hacer llegar propuestas, demandar y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones a los poderes públicos.

Para esto necesitamos la construcción de una ciudadanía activa, participativa y consciente de sus derechos. Personas con los conocimientos, aptitudes, valores y actitudes que son necesarios para ejercer la ciudadanía global “para llevar vidas productivas, tomar decisiones fundamentadas y asumir papeles activos en los planos local y mundial para hacer frente a los desafíos mundiales y resolverlos” [2].

6. ¿Cómo podemos participar?

Cuando se recogen 500.000 firmas acreditadas de personas y se registra una iniciativa popular en el Congreso de los Diputados estamos ejerciendo nuestro derecho a la participación proponiendo que una ley sea tramitada en el Parlamento español. Cuando miles de personas se manifiestan ante el Ministerio de Justicia contra una sentencia de los tribunales españoles, estamos participando en los asuntos públicos denunciando el incumplimiento, por parte del poder judicial, de sus funciones más básicas. Cuando nos organizamos y creamos redes que dialogan directamente con los poderes públicos para trasladar las demandas sociales e incidir en la toma de decisiones, estamos participando en los asuntos públicos construyendo conjuntamente con los representantes políticos.

En la actualidad existen múltiples formas y manifestaciones de participación ciudadana en diferentes niveles que van más allá de la participación en los procesos electorales.

Encontramos asociaciones de barrio, organizaciones no gubernamentales de desarrollo o de acción social, plataformas de sociedad civil o movimientos sociales formados por personas que les mueve un mismo interés, redes de entidades, personas que se juntan y hacen vida pública, debaten sobre las problemáticas que les preocupan y hacen propuestas para hacer llegar a los gobernantes.

También, son muy diversas las formas de hacer llegar sus demandas desde las manifestaciones y concentraciones, huelgas, foros de diálogo, espacio de trabajo conjunto, elaboración de informes y propuestas, campañas mediáticas, teatro y otras muchas formas de expresión para incidir en la toma de decisiones.

A pesar de todos estos espacios, son muchas las ocasiones en que el desánimo, la falta de confianza en las instituciones públicas, la falta de confianza en que nuestra voz va a ser escuchada, que nuestras propuestas son válidas y van a ser incluidas, nos paraliza y bloquea la participación.

Sin embargo, sólo si nos unimos, si generamos una confianza colectiva, si nos hacemos fuertes, si tomamos una acción decidida por cambiar podremos transformar el mundo. En definitiva, sólo si ejercemos nuestro derecho a participar en los asuntos públicos poniendo por encima el bien común y la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna, sólo así, lograremos un mundo más justo, libre y democrático donde todas las personas gocen plenamente de sus derechos.

[1] Comité de Derechos Humanos. Observación general nº 25, 1996.

[2] Declaración de Incheon para la educación 2030 y Marco de acción para la realización del ODS 4.

A fondo

Desplazamiento: la gentrificación como proceso de expulsión en Madrid

Daniel Sorando, sociólogo. Profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

Álvaro Ardura, arquitecto. Profesor en la Universidad Politécnica de Madrid.

Puedes encontrar a Daniel Sorando y a Álvaro Ardura en Twitter.

 

1. La gentrificación es un proceso de expulsión

Las dificultades de acceso a una vivienda adecuada y segura son, junto con la baja calidad del empleo, los principales caminos hacia la exclusión social en España (FOESSA, 2019). Sumemos que la debilidad de la política de vivienda y la continua promoción del mercado inmobiliario son una seña de identidad de la economía política española (Méndez, 2019). El resultado es la polarización entre grupos enriquecidos y empobrecidos por este sistema de provisión residencial. Entre los grupos sociales más golpeados por este modelo las consecuencias son múltiples: sobrecarga financiera del coste de la vivienda, inseguridad vital, pautas de hacinamiento y efectos sobre la salud física y mental. Asimismo, la fragilidad residencial genera consecuencias en términos del arraigo territorial vinculado a la vivienda, en la medida en que el lugar de residencia da acceso a una red única de relaciones sociales y accesos a equipamientos y servicios de todo tipo (educativos, sanitarios, culturales, etc.) (Logan y Molotch, 1987). Por tanto, la incapacidad para mantener el lugar de residencia ligada a los procesos de gentrificación da lugar a desarraigos con importantes consecuencias en cada una de las esferas de la vida cotidiana (Elliot-Cooper et al., 2020).

Los procesos de gentrificación consisten en la sustitución de los usuarios y residentes de un territorio (un barrio, por ejemplo), de tal modo que los nuevos son de una clase social con más recursos que los desplazados por el proceso. Esta dinámica responde a un complejo conjunto de acciones económicas, políticas y sociales que incluyen la inversión en la mejora de las condiciones del territorio considerado (Clark, 2005). Al respecto, Franquesa (2007) sostiene que la gentrificación es una estrategia del urbanismo neoliberal que consiste en la lógica de vaciar el territorio de la población previa (definida como portadora de degradación e insolvente económicamente) para llenarlo de nuevos usuarios y residentes (con un muy superior capital económico). Allá donde este proceso es viable, el interés del capital no se limita a la vivienda, sino que, además, incluye otras estrategias de atracción de capitales vinculadas al ocio y los servicios, así como los flujos turísticos. En España y el resto de los países del sur de Europa tiene especial peso la estrategia turística, dado que el turismo suple la falta de demanda local suficiente que el capital inmobiliario necesita para generar plusvalías (Cocola Gant, 2016). En cada caso, los habitantes que no pueden afrontar el coste del barrio una vez gentrificado son desplazados.

2. El desplazamiento tiene diferentes manifestaciones

La principal consecuencia de la gentrificación en términos de (in)justicia social es el desplazamiento de los habitantes previos, habitualmente caracterizados por disponer de bajos ingresos y residir en viviendas en régimen de alquiler (Slater, 2006). Dentro de esta población la diversidad es muy importante e incluye hogares envejecidos, a menudo unipersonales; hogares monoparentales; y/o inmigrantes extranjeros fuertemente precarizados. Marcuse (1985) establece tres tipos de desplazamiento: el desplazamiento directo, el desplazamiento excluyente y la presión del desplazamiento. En primer lugar, y según sus causas, el desplazamiento directo puede ser económico o físico. Se trata de un desplazamiento económico cuando es el efecto de la revalorización del barrio de residencia, mientras que es físico cuando es consecuencia del abandono del mantenimiento de la vivienda por parte de sus propietarios. Adicionalmente, y según su posición temporal, el desplazamiento directo puede serlo del último residente desplazado o incluir a los hogares previos también desplazados en el proceso (desplazamiento directo en cadena). Este último tipo de desplazamiento dificulta la cuantificación del proceso (Elliot-Cooper et al., 2020).

En segundo lugar, el desplazamiento excluyente ocurre cuando la gentrificación de un barrio impide su elección a una serie de grupos sociales que lo hubieran escogido en otras condiciones y que, de esta manera, observa cómo sus opciones en el mercado residencial disminuyen. Finalmente, la presión del desplazamiento ocurre cuando el contexto residencial de los hogares residentes en un barrio en proceso de gentrificación se transforma de tal modo que propicia su abandono por parte de los hogares más precarizados: cuando sus redes de apoyo abandonan el lugar, las tiendas que dirigen o consumen han de liquidar por la llegada de nuevos comercios para otra clientela, y/o cuando declinan los servicios públicos (Atkinson, 2015; Elliot-Cooper et al., 2020).

3. El desplazamiento en una sociedad de propietarios: el caso español

En España, el desplazamiento ha encontrado un obstáculo en el régimen de tenencia, mayoritariamente en propiedad, que protege a los hogares ante el desplazamiento directo. Sin embargo, el porcentaje de alquiler privado en sus principales ciudades es equivalente al registrado en otras ciudades europeas y, además, está espacialmente concentrado en los barrios gentrificados. Por otra parte, la metamorfosis del ciclo inmobiliario desde las hipotecas hacia los alquileres ha dado lugar a una incipiente ola de desplazamientos en la segunda década del siglo XXI. Desde la crisis financiera de 2008, la vía española habitual de acceso residencial ha comenzado a cambiar, con un trasvase desde la propiedad hacia el alquiler privado mientras el porcentaje de vivienda social en alquiler permanece en valores irrelevantes. Este giro es más abrupto en las grandes áreas metropolitanas como la Comunidad de Madrid, donde las viviendas en régimen de alquiler de mercado pasaron del 12,9% al 21,0% entre 2004 y 2017, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE). El caso español participa de una dinámica internacional de financiarización del alquiler promotora de la más reciente ola de gentrificación (Hyra et al., 2020). Esta tendencia es particularmente relevante en España por el enorme esfuerzo económico que implica. De media, el 15% de los ciudadanos de la OCDE se ve obligado a dedicar el 40% o más de sus ingresos disponibles a la vivienda. En España ese porcentaje se dispara hasta el 37% para la población que vive de alquiler, según los datos de la OCDE.

4. Cómo medir el desplazamiento: el gran desafío.

A pesar de ser la principal consecuencia de la gentrificación, el desplazamiento apenas ha sido estudiado debido a las dificultades que entraña su medición (Easton et al., 2020). Este artículo aborda dichas dificultades y se suma a otros esfuerzos en la misma dirección (López-Gay et al., 2020). Con este fin se emplea una fuente de gran valor: la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) a escala inframunicipal, ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid. La base de datos obtenida contiene los movimientos residenciales con origen y/o destino en el municipio de Madrid entre 2011 y 2018. No obstante, en esta investigación la base se ha restringido al conjunto de los movimientos residenciales cuyo distrito de destino difiere del de origen. La razón es que los movimientos en el interior del mismo distrito no tienen un impacto potencial sobre las actividades cotidianas semejante a la mudanza hacia otros distritos. Por ejemplo, la permanencia en el mismo distrito no tiene por qué impedir el mantenimiento del centro escolar, la asociación vecinal o las redes de apoyo mutuo informales.

Con estos datos se ha calculado un indicador de desplazamiento definido del siguiente modo: el porcentaje que los movimientos residenciales de baja de una categoría de población suponen sobre el total de personas residentes de dicha categoría al principio del período considerado. Este indicador permite comparar la intensidad de bajas residenciales entre distritos muy dispares en su composición social, dado que se contrasta el porcentaje de residentes de cada categoría que ha abandonado un distrito, independientemente de su peso poblacional en el mismo. De lo contrario sólo podríamos informar del hecho evidente de que es en los distritos donde más población hay de cada categoría (por ejemplo, de personas con estudios primarios) donde más bajas de dicha categoría se registran. En cambio, el indicador presentado aquí permite observar la intensidad de las bajas residenciales como si en todos los distritos hubiera el mismo número de residentes de cada categoría. Para no perder información, junto con el indicador de bajas residenciales se ofrece, para cada distrito y variable, la distribución de cada variable (esto es, su estructura).

Las variables analizadas son aquellas ofrecidas por la EVR con mayor capacidad para diferenciar entre grupos sociales desiguales en los recursos que permiten el acceso a una vivienda: el nivel educativo y el lugar de nacimiento. En el caso del nivel educativo, diferentes investigaciones han probado la sólida correlación entre esta variable y el nivel socioeconómico (Tammaru et al., 2016). Las categorías en que se divide el nivel educativo son estudios primarios (1G), secundarios (2G) y superiores (3G). En cambio, en el caso del lugar de nacimiento la relación no es directa, dada la heterogeneidad interna a las categorías de personas nacidas en España y en el extranjero. Desafortunadamente, no disponemos de datos sobre el país de nacimiento de las personas nacidas en el extranjero, lo cual no permite diferenciar entre orígenes desiguales. No obstante, la alta proporción de personas nacidas en países no pertenecientes a la OCDE sobre el total de nacidos en el extranjero (un 75,4% en el municipio de Madrid en 2011, según el Censo de 2011 del INE) permite utilizar a este grupo como aproximación a la intersección entre desventaja socioeconómica y discriminación étnica. Por último, es preciso señalar que estos indicadores albergan cierto error de observación porque parte de las bajas registradas entre 2011 y 2018 en cada distrito las realizan personas que podrían no residir allí en 2011.

Por último, tan sólo se toman los movimientos realizados por personas mayores de 15 años, con el fin de excluir a niños/as que no han tenido ocasión de completar la ESO (y, por tanto, sólo pueden figurar en la categoría de estudios primarios). Al respecto, los datos reflejan una elevada cantidad de movimientos residenciales de las personas con estudios primarios por una deficiencia importante de los datos de estudios: su no actualización. Esto implica que muchas personas pueden figurar dentro de la categoría de estudios primarios o secundarios por haberse empadronado en edad infantil o adolescente. Dado que este registro no se actualiza sino con cada nuevo empadronamiento, incluso si han obtenido estudios superiores permanecerán en la categoría en la que fueron empadronados. No obstante, este sesgo no tiene por qué ser diferencial entre distritos, de modo que sus efectos se asumen constantes entre estos y, por tanto, no impiden el análisis comparativo entre los mismos.

5. Gentrificación y desplazamiento en la ciudad de Madrid

Los distritos con mayor intensidad de bajas residenciales entre las personas con estudios primarios y secundarios coinciden con aquellos donde estos grupos tenían un peso menor ya en 2011 (ver tabla 1). Por tanto, se confirma el carácter excluyente de estos distritos, los cuales se localizan fundamentalmente en la conocida como almendra central de Madrid (el interior de la M30)[1]. En este contexto, el caso más pronunciado es Centro, donde se registra la intensidad mayor de bajas entre todas las categorías de nivel educativo (como consecuencia de la alta movilidad residencial que permite su importante mercado de vivienda en alquiler). No obstante, la intensidad más alta se da entre las personas con estudios primarios, las cuales constituían un porcentaje notablemente inferior a la media del municipio en 2011. Esta pauta se repite (con menor intensidad) en el resto de los distritos de la almendra central madrileña, si bien destacan dos casos atípicos al respecto: Tetuán y Usera. En primer lugar, en Tetuán se observa que en 2011 la población con menor nivel de estudios tenía un peso igual a la media del municipio (y no por debajo, como en el resto de los distritos de la almendra central). Esto significa que la alta intensidad de bajas de este grupo entre 2011 y 2018 ha supuesto su desplazamiento de un distrito todavía no gentrificado al inicio del proceso. Mientras que, en segundo lugar, en Usera (y, hasta cierto punto, Carabanchel) se observa una alta intensidad de bajas en las personas con estudios primarios a pesar de no encontrarse en la almendra central y de contar con un elevado peso de este grupo en 2011, lo cual podría estar indicando un proceso incipiente de gentrificación.

Tabla 1. Estructura en 2011 e indicador de desplazamiento entre 2011 y 2018 según distrito y nivel educativo. Población mayor de 15 años.  Fuente: elaboración propia a partir de la EVR (Ayuntamiento de Madrid) y el Censo de 2011 (INE).

 

Las dinámicas anteriores, descritas para las personas sin estudios superiores, se repiten de forma parcialmente análoga entre las personas nacidas en el extranjero, cuyas pautas de movilidad residencial son más intensas a las de las personas nacidas en España en todos los distritos (ver tabla 2). De nuevo, los distritos con mayor intensidad de bajas entre las personas nacidas en el extranjero son aquellos que componen la almendra central de Madrid y, una vez más, con la notable excepción de Usera (distrito exterior a la almendra central que, no obstante, registra una sobresaliente intensidad de bajas entre esta población, lo cual también se observa con intensidad menor en Moratalaz y San Blas). En cambio, en este caso la estructura en 2011 de los distritos centrales de Madrid no es homogénea, sino que al comienzo de la década había una importante presencia de personas nacidas en el extranjero en algunos de sus distritos como Centro y Tetuán.

Tabla 2. Estructura en 2011 e indicador de desplazamiento entre 2011 y 2018 según distrito y lugar de nacimiento. Población mayor de 15 años. Fuente: elaboración propia a partir de la EVR (Ayuntamiento de Madrid) y el Padrón continuo (INE).

 

El conjunto de estas pautas es coherente con los procesos de gentrificación empíricamente contrastados durante las últimas décadas en la almendra central de Madrid (García, 2014; Sorando y Ardura, 2018; Sorando y Leal, 2019; López-Gay et al, 2020; Porcel y Antón, 2020). En concreto, el indicador de intensidad de bajas residenciales revela una mayor intensidad del desplazamiento entre los grupos más precarizados en los distritos con mayor llegada de personas en el polo opuesto (con estudios superiores, fundamentalmente). Estos procesos de gentrificación suponen un desplazamiento a menudo involuntario, como consecuencia del encarecimiento del coste de la vida en los distritos del centro de Madrid. Entre estas dinámicas destaca la inflación de las rentas del alquiler, tal como se observa en la tabla 3, dado que es en tales distritos donde se concentra el mayor porcentaje de población en alquiler, un mayor incremento de las rentas (al cual se suma el caso de Usera, lo cual permite explicar sus pautas intensas de desplazamiento) y un precio más alto del metro cuadrado.

Tabla 3. Porcentaje de población residente en alquiler en 2011, porcentaje de incremento del alquiler desde 2011 hasta 2018 y precio medio de la renta por metro cuadrado de las viviendas en alquiler en 2018 según distrito.  Fuente: elaboración propia a partir del Censo de 2011 (INE) y los datos del portal inmobiliario Fotocasa.

6. Conclusiones: no es ciudad para pobres

Madrid ha sido objeto de sucesivas olas especulativas que, en la última década, han escogido el alquiler como principal estrategia de enriquecimiento a costa de las condiciones de vida de los hogares más precarizados. En esta dinámica, los actores con más recursos han afianzado el carácter exclusivo y excluyente de los distritos centrales del municipio de Madrid, de modo que los hogares más desfavorecidos (con menor nivel socioeconómico y mayor discriminación étnica) siguen siendo desplazados de su territorio. Además, este proceso parece estar ampliándose hacia algunos distritos del Sur, como Usera y Carabanchel, sugiriendo un avance del frente de la gentrificación que expulsa a las clases populares hacia periferias cada vez más distantes donde la vulneración de sus derechos sociales permanece cada vez más invisible.

7. Referencias

Atkinson, R. “Losing one’s place: Narratives of neighbourhood change, market injustice and symbolic displacement”. Housing, Theory and Society, 32(4), 2015; pp. 373-388.

Clark, E. “The order and simplicity of gentrification: a political challenge”, en Atkinson, R. y Bridge, G. (eds.), Gentrification in a Global Context: The New Urban Colonialism. Londres: Routledge, 2005; pp. 256–264.

Cocola-Gant, A. “Tourism gentrification”, en Lees, L. y Phillips, M. (eds), Handbook of Gentrification Studies. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 2018; pp. 281–293.

Easton, S., Lees, L., Hubbard, P. y Tate, N. “Measuring and mapping displacement: The problem of quantification in the battle against gentrification”. Urban studies, 57(2), 2020; pp. 286-306.

Elliott-Cooper, A., Hubbard, P. y Lees, L. “Moving beyond Marcuse: Gentrification, displacement and the violence of un-homing”. Progress in Human Geography, 44(3), 2020; pp. 492-509.

FOESSA. VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: FOESSA, 2019.

Franquesa, J. “Vaciar y llenar, o la lógica espacial de la neoliberalización”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 118, 2007; pp. 123-150.

García, E. “Gentrificación en Madrid: de la burbuja a la crisis”. Revista de Geografía Norte Grande, 58, 2014; pp. 71-91.

Hyra, D., Fullilove, M., Moulden, D. y Silva, K. Contextualizing Gentrification Chaos: The Rise of the Fifth Wave (draft version, 2020). Disponible en: https://www.american.edu/spa/metro-policy/upload/contextualizing-gentrification-chaos.pdf

Logan, J. y Molotch, H. Urban Fortunes. The Political Economy of Place. Berkeley: University of California Press, 1987.

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Marcuse, P. “Gentrification, abandonment and displacement: connections, causes and policy responses in New York City”. Journal of Urban and Contemporary Law, 28, 1985; pp. 195–240.

Méndez, R. Ciudades en venta. Estrategias financieras y nuevo ciclo inmobiliario en España. Valencia: Universitat de Valencia, 2019

Porcel, S. y Antón, F. “Ciudad postindustrial y dinámicas socio-residenciales en España: un análisis comparativo de cinco metrópolis”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 24, 2020.

Slater, T. “The eviction of critical perspectives from gentrification research”. International Journal of Urban and Regional Research, 30(4), 2006; pp. 737-757.

Sorando, D. y Ardura, Á. “Procesos y dinámicas de gentrificación en las ciudades españolas”. Papers: Regió Metropolitana de Barcelona, 60, 2018; pp. 34-47.

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Tammaru, T., Marcińczak, S., Van Ham, M. y Musterd, S. Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. Oxford: Routledge, 2016.

 

[1] Estos distritos son Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí y Moncloa.

 

 

Número 7, 2021
A fondo

El reto de la participación en las organizaciones del tercer sector

Paco Aperador

Equipo de Inclusión de Cáritas Española

 

1. Consideraciones previas

Las siguientes líneas deben entenderse como el resultado de ordenar una serie de aprendizajes y reflexiones amasadas colectivamente, surgidas a partir de la experiencia de agentes valientes que se deciden a aprender desde la praxis. Por otra parte, esta reflexión se circunscribe a la experiencia vivida dentro de la dinámica institucional de Cáritas. Intentaremos formular las ideas con la intención de que sean lo más extrapolables, útiles, aplicables y compatibles que sea posible, pero siempre con la humildad y realismo de que no son afirmaciones universales ni axiomas indiscutibles.

Además, quien redacta en esta ocasión es apenas un facilitador que no habla en primera persona porque no tiene el pie en la calle; su función precisamente es acompañar experiencias, ponerlas en relación, catalizar procesos de reflexión colectivos induciendo pensamiento desde el trabajo que hacen otros [1].

Habida cuenta que otras compañeras están escribiendo artículos que confluyen en su temática con éste, intentaré centrarme en la idea que expresa el título que me han propuesto; el sentido de reto: ¿qué nos estamos jugando las organizaciones del tercer sector cuando hablamos de participación?, ¿se trata de una moda?, ¿más bien es una estética, unas formas o estilos a incorporar? Hacernos estas preguntas y responderlas con honestidad de manera continuada puede resultar trascendente para nuestros equipos e instituciones. De lo contrario, probablemente nos estemos perdiendo algo que no es nada secundario.

2. No hemos terminado con los previos: a veces nos ponemos trampas

La primera reacción inconsciente ante un reto suele ser intentar evitarlo, disimularlo, obviarlo, ningunearlo o mirar para otro lado. Y esto no expresa necesariamente miedo o inmovilismo; puede ser también pragmatismo, inercia, predominio de lo urgente sobre lo importante.

Pero, en cualquier caso, vale la pena detenernos un poco a describir aquellas trampas que curiosamente nos ponemos nosotros mismos y detienen u obstaculizan nuestros pasos decididos hacia la participación. Son respuestas o excusas fáciles que nos ahorran complicaciones. Estas auto-trampas las podemos reconocer porque empiezan con la frase: Eso de la participación está muy bien, pero

  • No tenemos tiempo; Bastante tengo con lo que tengo como para meterme en… Axioma difícilmente contestable con argumentos porque tiene una naturaleza fundamentalmente emocional. En algún momento, nuestra actividad requiere preguntarnos hacia dónde vamos. Es el momento. Y si no lo hay, está ocurriendo algo en nuestra organización que merecería otro artículo diferente a éste.
  • Sería un caos, un desorden, todo el mundo dando su opinión,…poco eficiente. ¿Nos hemos preguntado por ese otro tipo de desorden que produce trabajar con personas de las que no recibimos eco, contestación, implicación en unas acciones que son marcadas por mí, pero de las que ellas forman parte? Hay orden en un primer momento, porque hay instrucciones claras, pero… ¿seguro que caminamos todos decididamente en la misma dirección?
  • No somos un movimiento asambleario, en el que se haga todo por votación. Desde luego que no. Al igual que no todas las decisiones en una organización son de igual naturaleza, ni todas las personas tenemos las mismas responsabilidades y roles. Tampoco la asamblea es el único espacio donde desembocan los procesos de participación. Pero todo ello no resta un ápice de urgencia en la necesidad de abordar una apuesta institucional que avance en la dirección de mayor protagonismo de las personas.

3. No es lo mismo participación que participando

En un taller, Emilia decía: Cuando me preguntan ¿tú eres participante?, yo respondo: No lo sé. Lo que sé es que ahora estoy participando. Cuando me preguntan en el barrio ¿tú estás en Cáritas? Yo les respondo: No, yo participo en Cáritas.

Es un verbo, no un sustantivo. No es lo mismo hablar de participación, que hablar de yo participo, tú participas, él participa, nosotras estamos participando. En las organizaciones sociales, en ocasiones, tenemos un tic consistente en considerar que el primer paso para cualquier cosa que emprendamos conjuntamente es aclararnos qué entiende cada uno por el tema en cuestión. Nos remitimos inicialmente al concepto, a la construcción abstracta, y si es preciso debatir, invertimos el tiempo que haga falta, porque el para mí, no es exactamente igual que el para ti. Y desde ahí, ya aplicamos y medimos la vida con esa vara que nos aporta criterio y seguridad. Creo que esta secuencia no siempre funciona.

Intentemos en estas líneas adoptar otro método. Tomemos como punto de partida, no el concepto, sino la acción que se da en la realidad. De entrada esto nos lleva a diferenciar dos preguntas o puntos:

  • ¿Cómo están participando las personas con las que trabajamos, a las que acompañamos, a las que atendemos?
  • ¿Cómo estamos participando los diferentes agentes que conformamos las organizaciones al interno de ellas?

Por motivos de extensión y en orden de priorizar contenidos, dejaríamos para otra ocasión el abordaje de esta segunda pregunta.

4. ¿Cómo están participando las personas con las que trabajamos?

Para que no nos deslumbre el palabro, el concepto, entremos a la casa dando un rodeo.

Utilicemos indicadores que nos hablen acerca del proceso, de lo que estamos logrando o no.

No encallemos dilucidando si esta práctica o aquella son real y auténticamente participativas, luego de someterlas a un modelo teórico o conceptual.

En las organizaciones de intervención social hacemos muchas cosas, pero si tuviéramos que resumir o concentrar en una frase nuestra misión sería la de acompañar a las personas en situación de pobreza y exclusión en sus procesos de construirse como sujetos para el acceso a derechos que les son vulnerados.

Es cierto que los derechos nos corresponden por el hecho de ser persona. Pero, a la vez, diríamos que ser sujeto de derechos contiene también un sentido procesual. Vamos ejerciendo como sujetos de derechos.

Soy sujeto o, mejor, me voy construyendo como sujeto, contestando preguntas similares a estas:

  • ¿En qué medida tengo conocimiento, dispongo de la información necesaria?
  • ¿En qué medida puedo discernir entre diferentes opciones?
  • ¿En qué medida puedo tomar decisiones respecto de mi vida o aportar en la toma de decisiones colectivas?
  • ¿En qué medida puedo actuar de acuerdo a las decisiones que he tomado o hemos tomado?
  • ¿En qué medida puedo comprometerme, implicarme en relación con las decisiones adoptadas?

Y estas preguntas, o similares, aplican no solo en el plano personal, sino también en el social-comunitario y en el vecinal-ciudadano.

Nuestro acompañamiento, con nuestras actuaciones, decisiones, relaciones, tendrá siempre consecuencias que ganen terreno hacia la autonomía o bien, en sentido contrario, hacia la dependencia. La participación es el camino por el que transitamos en una dirección o en otra.

4.1. Hacia unos indicadores de participación

A lo largo de estos años, en diferentes espacios de encuentro, diálogo y reflexión compartida realizados entre personas participantes hemos recogido como resultados de los diálogos, diferentes expresiones de vivencias que constituyen guías, elementos que muestran por dónde. Podríamos señalarlos como indicadores, señales en el camino, aquellas expresiones compartidas, en las que coincidimos, marcan el territorio en donde podemos hablar de participación.

Formulado de otra manera, en nuestra organización de intervención social, podemos saber en qué medida las personas que acompañamos están participando si…

  • En lo personal:

– Nos hace felices. Nos aporta una sensación agradable que podemos nombrar como reconocimiento, valoración, respeto, empoderamiento,…

– Nos hace crecer. Aumenta mi autoestima, mi confianza, el autocontrol y la seguridad en uno mismo.

Nos situamos de manera diferente. Facilita el “sentirse parte”, el sentido de pertenencia al grupo. También facilita el sentirse uno más en la sociedad.

  • En nuestras acciones:

Descubrimos que la gente tiene ganas de participar.

Vemos más clara la diferencia de trabajar “CON” y no “PARA”.

Hay que crear vínculos. Solo así descubrimos las capacidades y las potencialidades que todos y todas tenemos.

Hemos redescubierto valores como el respeto, la empatía, la responsabilidad, la dignidad propia y de los demás.

4.2 ¿Cuáles son los nudos, los puntos sensibles que pueden determinar si avanzamos o retrocedemos?

  • En nuestra predisposición. Conviene abordar previamente y preguntarnos cosas:

– Ayuda el tener una mente abierta: flexibilidad. No ayuda la resistencia a los cambios.

– Ayuda la convicción, el entusiasmo, la ilusión; el compromiso con pasión: una actitud de pensar en positivo. No ayuda la comodidad o el conformismo.

– Ayuda preguntarnos por nuestros miedos; miedos por sentimiento de fracaso, desconfianza por alguna experiencia pasada, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto de la participación?, ¿y si el grupo no responde?

  • En las actitudes personales que configuran la manera de situarnos ante los demás:

– Ayuda una actitud de soltar el control; ceder poder; ver al otro como un igual. No ayuda una actitud protectora, cargar con las mochilas que no son mías, que son de otros; ese paternalismo, ese asistencialismo.

– Ayuda saber ver las capacidades del otro, conocerlas y reconocerlas, respetar y acercarnos a la diversidad de culturas, costumbres y creencias.

– Ayuda la paciencia, respetar el ritmo de los procesos de los otros. No ayuda el exceso de ganas de hacerlo yo; la costumbre de marcar pautas; las prisas; una acción unidireccional.

  • En el tipo de relaciones que vamos tejiendo

– Ayuda una relación bidireccional, la proactividad que genera vínculos, crear puentes, el ejercicio de la escucha, el respeto, la empatía, la humildad.

– Ayuda celebrar juntos, la ayuda mutua, contagiarnos la motivación.

– Ayuda sentirse miembro activo, tener un objetivo común y construir entre todos, con corresponsabilidad.

Una lectura de este punto, desde una actitud dispuesta a remangarse, puede encontrar en los diferentes epígrafes, todo un check-list listo para confrontar con nuestra experiencia o práctica de promover la participación de las personas a las que atendemos.

Pero cabe añadir una reflexión más, partiendo de las aportaciones/conclusiones literales de las personas participantes. Un indicador más a tener en cuenta que nos refiere a una dimensión un poco más globalizadora, integradora de todo lo anterior.

La inseguridad nos lleva a la impotencia, y la impotencia nos impide participar. Pero hemos descubierto que los problemas que surgen los podemos superar, juntos y juntas.

Todos tenemos autoridad, que se reconoce cuando existe confianza, dignidad y respeto.

  • Es la pregunta por la CONFIANZA: ¿Sabemos dar confianza? Para dar confianza, ¿nos sentimos con confianza en nosotros mismos? No siempre esto es compatible con depositar la confianza en una metodología, en un marco teórico, en una programación, etc.

PARA TRANSFORMAR HAY QUE PARTICIPAR

4.3. Y ¿qué pasa con la apuesta que debe hacer la institución, la estructura, la organización?

Avanzar o retroceder en cuanto a la participación de las personas a las que acompañamos, requiere de apuestas institucionales. Aquí se juega la diferencia entre lograr transformaciones en nuestros modelos de intervención social o simplemente buenas, pero exóticas prácticas que merecerán el aplauso y la admiración, pero que no podrán replicarse.

Para participar es preciso crear espacios y oportunidades para la escucha: somos y nos hemos sentido parte, por eso es importante generar espacios de participación.

  • No ayuda el lastre con el que partimos de inicio que es nuestra falta de cultura de participación. En ocasiones, prima la burocracia, en vez de lo humano. Nos cerramos en nuestra entidad, en nosotros mismos. A veces, los órganos de decisión tienen inseguridades y desconfianza hacia nuevas iniciativas. Tampoco ayudan la abundancia de tareas administrativas, a veces extraordinarias.
  • Ayuda romper con la dependencia y la costumbre, la comunicación entre programas, facilitar espacios físicos, recursos, técnicos, líderes que apuesten por un nuevo método, la formación.

Las organizaciones de acción social caeríamos en un grave error si entendiéramos el reto de la participación como algo parecido a alcanzar niveles de excelencia en nuestra intervención. No es algo opcional, un estándar de calidad tan deseable como alejado de la cotidianeidad. Las personas en situación de pobreza y exclusión a las que atendemos, viven y luchan cada día por superar sus situaciones. Nuestro reto consiste en que nuestra interacción con ellas signifique pasos hacia una mayor dependencia o hacia mayor autonomía; carne de exclusión o sujetos de derechos conscientes y protagonistas. No es un reto. Nos lo jugamos todo.

[1] Por cierto, flujo diferente al de trazar líneas de pensamiento para que otros deduzcan y apliquen en su trabajo. La función primigenia de los Servicios Generales de Cáritas Española es la del servicio y, por tanto, aquél flujo inductivo parece ser el más adecuado a su naturaleza.

A fondo

Gran Recesión y salud en España

Esteban Sánchez Moreno

Facultad de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid

 

La crisis económica que comienza en 2008, conocida como la Gran Recesión, constituyó un eje de inflexión a nivel global. En efecto, la fase de crecimiento previa desembocó en una recesión económica solo comparable, por su gravedad y la de sus efectos, con la Gran Depresión de comienzos del siglo XX. Se trata, por tanto, de un periodo central para comprender las sociedades contemporáneas, siendo sus efectos un elemento fundamental para la comprensión de dichas sociedades en el momento de escribir estas líneas. El presente artículo tiene como objetivo abordar, precisamente, algunas de dichas consecuencias. En concreto, en los párrafos que siguen se abordará el impacto de la Gran Recesión en la salud y en la calidad de vida, con especial referencia a la población residiendo en España. Se trata de dilucidar la medida en la cual el bienestar en nuestro país se vio afectado por el impacto de las crisis. Pero no solo se busca determinar el posible efecto de la crisis en la salud, sino también de comprender los mecanismos a través de los cuales se produce dicha relación. Y para ello, la hipótesis que se defenderá es que el impacto negativo de la recesión de 2008 en España solo puede comprenderse adecuadamente en el marco de la organización social de las desigualdades y el impacto de la crisis en nuestros esquemas de estratificación social.

1. La salud va por barrios

Se ha hecho ya popular esta frase: “El código postal es más importante para predecir tu salud que el código genético”. En un principio, esta afirmación puede parecer exagerada. Y de hecho lo es o, cuanto menos, se trata de una sobreactuación premeditada para poner sobre la mesa el debate en torno a la influencia de los procesos sociales en la salud y la enfermedad de las personas. Porque lo cierto es que la pobreza mata. Y en este caso no estamos ante una exageración. No solo porque existen contextos geopolíticos y sociales en los cuales la pobreza es pobreza entendida absoluta, causa de muerte prematura de forma evidente (por ejemplo, en muchos países del conteniente africano); no solo porque en determinadas sociedades la pobreza está inexorablemente ligada a una violencia estructural que es causa de muerte (piénsese en ciudades Latinoamericanas como San Salvador, Ciudad Juárez o los sectores de favelas en Río de Janeiro). En nuestro entorno más cercano, en las sociedades del bienestar, también la pobreza está vinculada a una mayor tasa de mortalidad. Esta es la conclusión de la investigación que en 2017 publicó la célebre revista The Lancet, que analizó los determinantes de la muerte prematura en un estudio multicohorte con 1,7 millones de personas. Los resultados mostraron que un estatus socioeconómico bajo estaba asociado con una reducción de 2,1 años en la esperanza de vida entre los 40 y los 85 años. Este resultado se obtuvo con una muestra procedente de siete países diferentes; ninguno de ellos era africano, ni latinoamericano, la lista no incluye La India, o países asolados por la guerra. Eran el Reino Unido, Francia, Suiza, Portugal, Italia, Estados Unidos y Australia.

La salud no se distribuye de manera aleatoria, las enfermedades no responden únicamente al azar, ni siquiera exclusivamente al azar genético. De hecho, existe una ingente evidencia empírica que pone de manifiesto que existe una conexión directa entre desigualdades sociales y desigualdades en salud, un gradiente que sugiere que la estratificación en nuestras sociedades incluye una estratificación socioeconómica de la salud y una desigual prevalencia (e incidencia) de las enfermedades en función de factores como los ingresos, el nivel educativo, el estatus de empleo o el capital social.

2. Estratificación social, salud y Gran Recesión en España

La crisis de 2008 tuvo una dimensión global, pero lo cierto es que sus efectos fueron tanto cuantitativa como cualitativamente específicos en los diferentes países que la sufrieron. En el caso de España, uno de dichos efectos consistió en una reconfiguración de la estratificación social, en la consolidación de un modelo de desigualdad basado en la exclusión social. Esta consolidación implica tanto un incremento de las desigualdades (y una cierta polarización de la población en términos socioeconómicos) como una redefinición del riesgo socioeconómico, que se ha convertido en una realidad transversal en nuestra sociedad. Lo cierto es que el incremento de las desigualdades socioeconómicas en España durante la Gran Recesión está sobradamente documentado (véase el Informe Foessa de 2014). No es este el momento de analizar este proceso ni sus causas (la profunda segmentación de nuestro mercado de trabajo, la elección de políticas de austeridad para abordar las consecuencias macroeconómicas de la crisis, un mercado de vivienda afectado por un gran riesgo financiero, etc.).

Lo importante para los objetivos de este artículo consiste en vincular este incremento de las desigualdades sociales en España durante la crisis, por un lado, y la evidencia en torno a la existencia de un gradiente social en la salud y la enfermedad, por otro. La Gran Recesión afectó de manera importante en la salud de la población europea, y España no es una excepción a un proceso que supuso un riesgo claro para la población en un amplio número de indicadores de salud y calidad de vida. La evidencia empírica al respecto es clara: la crisis de 2008 tuvo un impacto negativo en la salud de la población española.

Para comprender los procesos que explican dicho impacto es preciso mirar en diversas direcciones. En primer lugar, una crisis como la que nos ocupa genera necesariamente una situación de incertidumbre y vulnerabilidad que puede poner en riesgo el bienestar psicológico y la salud mental de la población. Más aún cuando la profundidad y gravedad de la crisis viene acompañada de un desarrollo temporal especialmente dilatado, como ocurrió en el caso español. En segundo lugar, la crisis llevó a un número creciente al deterioro de su situación económica, situando a millones de personas, incluidos menores, por debajo del umbral de la pobreza. Los ajustes familiares necesarios para afrontar la pobreza cobran diversas formas, siendo una de las más importantes un ajuste del presupuesto del hogar que puede implicar decisiones potencialmente negativas para la salud: reducción del presupuesto en alimentación, en medicinas y en cuidados de la salud, en hábitos saludables, en mantenimiento de las condiciones de habitabilidad del hogar (calefacción, suministros), etc. En tercer lugar, la situación de estrés psicosocial generada típicamente en los periodos de recesión económica se asocia con conductas de afrontamiento que suponen un riesgo para la salud, como por ejemplo el consumo de tabaco, drogas y alcohol. En cuarto lugar, las políticas utilizadas para afrontar los efectos macroeconómicos de la Gran Recesión se basaron por entero el concepto de austeridad, dando lugar a un retroceso sobresaliente en las políticas de bienestar y protección social. En España estos recortes no solo afectaron a la cobertura sanitaria y al copago en medicinas, sino también a las políticas de dependencia, familiares, por citar tan solo dos de ellas. Este retroceso del Estado de Bienestar constituye igualmente una causa potencial del deterioro de la salud de las personas.

Como puede apreciarse, todos estos elementos giran en torno –en mayor o en menor medida– al crecimiento de las desigualdades sociales. Dicho de otra forma, tenemos sobre la mesa un puzle con tres elementos: sabemos que existen un gradiente socioeconómico en la distribución social de la salud y las enfermedades; sabemos además que las desigualdades socioeconómicas aumentaron en España de manera profunda y sostenida desde 2008 y que solo muy recientemente esta progresión se ha revertido; sabemos que la Gran Recesión tuvo un impacto negativo sobre la salud de la población, en términos generales. En este puzle, todas las piezas encajan, siempre y cuando seamos capaces de establecer un vínculo que implique una conexión entre crisis y salud a través de las desigualdades sociales.

Esta hipótesis articula el estudio, recientemente publicado bajo el título Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España, editado por la Fundación FOESSA. Este estudio abordó la conexión entre crisis y salud situando en el centro de esta conexión las desigualdades socioeconómicas. Para ello, dichas desigualdades se definieron a dos niveles. En primer lugar, se incorporó un indicador de desigualdad económica “clásico”, los ingresos y, en concreto, la distribución de la población en quintiles según sus ingresos. Se trata de una forma ampliamente utilizada de medir la desigualdad, ya que refleja la forma en la cual un individuo (o un hogar) se diferencia con respecto a otro individuo (u otro hogar) en cuanto al presupuesto disponible.

En segundo lugar, se incorporaron indicadores de desigualdades a nivel agregado, es decir, no interindividuales, sino desigualdades sociales en sentido estricto. Nos referimos aquí a la medida en la cual las sociedades son más o menos igualitarias, más o menos desigualitarias. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de la población que se encuentra en situación de exclusión social? ¿Y cuál es el porcentaje en situación de pobreza? ¿Cuál es la tasa poblacional de desempleo de larga duración? La hipótesis que subyace es que el desempleo, o la pobreza, o la exclusión, no solo tienen un efecto sobre la persona en situación de desempleo, de pobreza o de exclusión, sino que también tienen un efecto especialmente relevante sobre todas las personas en dicha situación y sobre toda la población en general. En el estudio citado se consideró a la población según su comunidad autónoma de residencia, y se realizaron análisis que incluían indicadores agregados para cada comunidad. En concreto, las variables utilizadas fueron los porcentajes de la población de las comunidades autónomas en situación de privación material, pobreza y baja intensidad laboral (es decir, tres dimensiones de la exclusión social) y la tasa de desempleo de larga duración. Además, para asegurar la validez de los resultados, se introdujeron dos variables de control, el PIB per cápita y el gasto sanitario (como porcentaje de PIB de cada comunidad autónoma).

Es importante recordar que nuestra hipótesis establece que el impacto de la Gran Recesión en la salud podría comprenderse, parcialmente, a través de la desigualdad socioeconómica. Por ello, para contrastar dicha hipótesis era vital contar con datos longitudinales, es decir, con medidas repetidas en el tiempo. Afortunadamente, la Encuesta de Calidad de Vida del Instituto Nacional de Estadística proporciona dichos datos, en oleadas de cuatro años. Se eligió aquella que medía los años 2008, 2009, 2010 y 2011, para poder analizar adecuadamente el papel de la desigualdad en una medida de salud general durante los primeros años de la recesión.

Pues bien, nuestros resultados mostraron que el quintil de ingresos en el cual se encuentran los individuos tiene un efecto en la evolución de la salud durante la crisis, en el sentido esperado: a menos ingresos mayor es el deterioro de la salud. Pero, además, y tal vez más importante, los resultados mostraron que la distribución social de la desigualdad también tuvo un impacto en la salud, de manera que las poblaciones con mayores porcentajes de población en situación de privación material y que viven en un hogar con baja intensidad laboral. Más aún, la tasa de desempleo de larga duración también mostró un efecto negativo en la salud de la población.

3. Así pues, la salud va por barrios

Lo explicábamos recientemente en la entrevista: “La salud va por barrios”.

Estos resultados no debieran ser sorprendentes. Richard Wilkinson y su equipo de investigación han mostrado reiteradamente que las sociedades más desigualitarias son –comparadas con sociedades más igualitarias– peores para el bienestar de su población en un amplio rango de indicadores: mortalidad, salud, incidencia de enfermedades, felicidad, violencia, comisión de delitos. Se trata de una hipótesis y de una línea de investigación que se muestra especialmente relevante para explicar los efectos perversos de los procesos macrosociales en el bienestar de las sociedades.

En nuestro caso, los resultados descritos y los argumentos esgrimidos apuntan a una realidad preocupante: la sociedad española contemporánea (y, con probabilidad razonable, las sociedades europeas en general) ha experimentado cambios tan profundos que el bienestar y el acceso al mismo se ha visto también modificado. Siendo más precisos, podríamos señalar que en España la crisis de 2008 supuso la consolidación de un nuevo modelo de desigualdad –basado en procesos de exclusión– que ha problematizado, deteriorado, el bienestar de una proporción creciente de su población. Los resultados anteriormente expuestos son evidentes: cada vez más, la salud va por barrios. Y más aún: seguramente cada vez son más los barrios donde la salud comienza a ser un problema social. El deterioro de las condiciones de vida de las clases medias –diseccionado recientemente en un estudio realizado para la OCDE bajo el revelador título Bajo presión: la clase social exprimida– coincide con el incremento del protagonismo de los procesos descritos.

Es un deterioro que en España se asocia claramente a un mercado de trabajo cada vez más segmentado, cada vez más flexible, cada vez menos caracterizado por la estabilidad biográfica y cada vez más afectado por la precariedad. En la investigación Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España, analizando datos de las ediciones de 2006 y 2012 de la Encuesta Nacional de Salud, se comprobó que la relación de los diferentes estatus de empleo (empleo estable, temporal, desempleo, desempleo de larga duración, trabajo autónomo y jubilación) prácticamente se invirtió después de la crisis de 2008. Así, por ejemplo, en 2006 las dos situaciones que en mayor medida se relacionaban con un deterioro de la salud mental eran el desempleo y la jubilación; además, tener un trabajo temporal se relacionaba con peor salud mental y se empresario o autónomo no tenía un impacto significativo. Pues bien, en 2012 esta última relación se invierte (son los autónomos los que muestran mala salud mental) y la asociación con el deterioro psicológico ser reduce de manera sobresaliente en el caso de las personas jubiladas. Este último grupo, de hecho, se convirtió en uno de los ejes familiares para afrontar el deterioro en indicadores como los ingresos, o la baja intensidad y participación laboral. Si se permite la exageración, se trata del mundo al revés: nuestros/as pensionistas como soporte económico de la población activa.

4. Actuamos o enfermamos: los retos para la acción social

Como puede apreciarse, la Gran Recesión no puede definirse únicamente como una coyuntura de deterioro de la economía, sino más bien como la consolidación de una transición hacia una fase productiva asociada a un sistema de estratificación social basado en el concepto de exclusión. Este modelo ha problematizado de manera sobresaliente, especialmente en España, la comprensión del bienestar, hasta el punto de que las clases medias aparecen como protagonistas de un deterioro socioeconómico que puede describirse como un incremento de las desigualdades en los ingresos y una profunda segmentación del mercado de trabajo que resulta en un incremento de la precariedad y una ampliación de las ocupaciones afectadas por dicha precarización.

Es innegable que una década después de que estallara la crisis la coyuntura económica ha mejorado, lo que ha tenido un efecto positivo en las tasas de desempleo y en los presupuestos de los hogares. Pero es igualmente innegable que esta recuperación tiene un semblante muy diferente al del periodo de crecimiento económico previo a la crisis. El modelo ha cambiado, la exclusión social, la ampliación de las desigualdades y la problematización del mercado de trabajo son procesos característicos de nuestra sociedad. En conclusión, es razonable pensar que también persisten los riesgos relacionados con la salud descritos en este artículo. Este es, tal vez, uno de los retos de futuro para la sociedad española, un reto que consiste en diseñar acciones que redunden en una mejora de la salud y de la calidad de vida de nuestra población. En el diseño de estas acciones es absolutamente indispensable incorporar una dimensión colectiva. Si, tal y como hemos visto, procesos agregados están en el origen del deterioro de la salud, también es posible incidir en acciones que mejoren la calidad de vida. La dimensión comunitaria es vital en este punto, como también lo es una acción transformadora que contribuya a reducir las desigualdades sociales y que permita cimentar la mejora del bienestar de nuestra sociedad en criterios de justicia social.

5. Bibliografía

OCDE (2019) Under Pressure: The Squeezed Middle Class. París: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/689afed1-en

Sánchez Moreno, Esteban; de la Fuente Roldán, Iria-Noa; y Gallardo Peralta, Lorena (2019). Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España. Madrid: Fundación FOESSA.

Stringhini, S., Carmeli, S., Jokela, M., Avendaño, M., Muennig, P., Guida, F., Kivimäki, M. (2017). Socioeconomic status and the 25 × 25 risk factors as determinants of premature mortality: a multicohort study and meta-analysis of 1·7 million men and women. The Lancet, 389, 1229-1237.

Wilkinson, R. G. y Pickett, K. E. (2018). Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo. Madrid: Capitán Swing.

 

Número 2, 2019

 

A fondo

Los servicios sociales en España: ¿reforzamiento, perfeccionamiento, transformación o reinvención?

Fernando Fantova, consultor social

Puedes encontrar Fernando Fantova en Twitter.

 

En este artículo se desarrolla una breve reflexión sobre la situación y perspectivas de los servicios sociales en España, intentando dilucidar en qué medida lo que se requiere, a partir de dicha situación, es un aumento de recursos, un mayor desarrollo y mejora de la calidad de sus procesos, un cambio de rumbo o giro estratégico o, más bien, una reconfiguración radical.

 

Introducción

En este artículo se desarrolla una breve reflexión sobre la situación y perspectivas de los servicios sociales en España, intentando dilucidar en qué medida lo que se requiere, a partir de dicha situación, es un aumento de recursos, un mayor desarrollo y mejora de la calidad de sus procesos, un cambio de rumbo o giro estratégico o, más bien, una reconfiguración radical.

El autor se basará en su conocimiento directo del mundo de los servicios sociales a través del trabajo de consultoría y del indirecto a través de la bibliografía. Partiendo de una mirada sobre la trayectoria de los servicios sociales en España y pasando por una lectura del cambio social en el que estaríamos inmersas en este país y su entorno, analizaríamos la encrucijada en la que se encuentran inmersos nuestros servicios sociales para desembocar en un intento de respuesta a la pregunta que da título al artículo.

 

La trayectoria de los servicios sociales españoles

En España los servicios sociales son configurados como ámbito de actividad, fundamentalmente, por el sector público. Ello no quiere decir que no haya servicios sociales privados o solidarios, pero normalmente son identificados como servicios sociales por su similitud y conexión con servicios sociales públicos. En este artículo, por tanto, hablaremos de los servicios sociales entendiéndolos como un ámbito de actividad (unos servicios sociales, por tanto, que pueden ser o no ser públicos) pero siendo conscientes de la centralidad o relevancia del sector público en dicho ámbito de actividad (en su configuración a lo largo de la historia y en su actual funcionamiento en nuestro país).

La referencia fundamental, hoy y aquí, para identificar el ámbito o delimitar el perímetro de los servicios sociales es, sin duda, la de las leyes de servicios sociales (como denominación predominante) de las comunidades autónomas y las estructuras previstas en ellas y en su normativa de desarrollo. Hay que notar, sin embargo, que las comunidades autónomas legislan sobre servicios sociales apoyándose, fundamentalmente, en la competencia exclusiva sobre asistencia social que les reconoce la Constitución Española, materia que quedó así nombrada tras la aprobación de la enmienda que evitó que se incorporara el término beneficencia (Casado y Fantova, 2018).

Resumiendo mucho la trayectoria de los servicios sociales españoles, diríamos que, en general, se configuraron y se configuran como dispositivos para dar respuesta a situaciones excepcionales de afectación o deterioro de un bien que hoy llamaríamos inclusión social. Es decir, básicamente, los servicios sociales (y recordemos que hablamos, sobre todo, de servicios de responsabilidad pública) son servicios que atienden a las personas que se encuentran en (o se aproximan a) una zona de exclusión social o, dicho de otra manera, de limitada participación en las transacciones de todo tipo que permiten a las personas dar satisfacción a sus necesidades (en su caso, ejercer sus derechos).

Así planteados, lógicamente, los servicios sociales se formatean en función del modelo de inclusión social existente en la sociedad de referencia. ¿Por qué en la configuración de nuestros servicios sociales ha sido y es tan importante la identificación de determinados colectivos poblacionales destinatarios? Pues sencillamente porque esos segmentos de población son identificados en función de características o situaciones que los excluyen de los mecanismos predominantes mediante los que se produce o verifica la inclusión social en un determinado modelo de inclusión social (Laparra, 2022).

A pesar de que, en principio, podrían haberse producido trayectorias diferentes en las distintas comunidades autónomas españolas desde que éstas tomaron la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, hay dos opciones estructurantes de los entramados de servicios sociales de responsabilidad pública que son bastante comunes en todo el país. Una es la división de los servicios, básicamente, en dos niveles, con atribución de responsabilidades a distintas instituciones públicas, de suerte que, en los servicios sociales se mantiene una fuerte responsabilidad tanto de las entidades locales como de las comunidades autónomas (sin que podamos entrar ahora en más detalles o matices). La otra es la de que la mayor parte de los servicios que reciben finalmente las personas usuarias o destinatarias se prestan por parte de organizaciones solidarias o empresas privadas, aunque una parte importante de la financiación y otras funciones que los sostienen sean realizadas por instituciones públicas. (Mora y De Lorenzo, 2022).

Este posicionamiento y estructuración de los servicios sociales en España ha convertido a esta rama de actividad en una buena candidata para hacerse cargo de problemas sociales emergentes, pero, a la vez, ha facilitado y sigue facilitando las situaciones de ambigüedad y confusión en relación con la identificación del objeto y perímetro de los servicios sociales. Diríamos que ha resultado característica de los servicios sociales una tensión estructural entre su versatilidad vocacional para hacerse cargo de nuevas realidades o situaciones que pudieran conducir a determinadas personas a la exclusión social y la voluntad técnica y política de construir unos servicios sociales universales, es decir, unos servicios sociales públicos que lleguen a ser considerados por parte de una mayoría de la población como el mecanismo de referencia para la satisfacción de determinadas necesidades (como ya sucede en España, al menos, en áreas de necesidad y ámbitos de actividad importantes relacionados con la salud, la educación o la garantía de ingresos para la subsistencia material).

Se diría que el producto estrella (el más reconocible) que ofrecen los servicios sociales más próximos o locales es el de un kit de recursos o prestaciones dentro del cual el ingrediente más relevante, demandado y reconocido es el dinero para cubrir gastos de subsistencia material. En cuanto a los servicios sociales denominados especializados, que se estructuran más bien en función de perfiles, segmentos o colectivos poblacionales preestablecidos, el producto estrella (el más posicionado y el que consume más recursos) sería el de una atención integral (institución total) que tiende a incluir el ingrediente del alojamiento colectivo (Burns y otras, 2016).

 

El cambio social que estamos viviendo y los nuevos perfiles de la exclusión social

No resulta fácil para las gentes que viven un momento histórico determinado en un preciso lugar desvelar y comprender las situaciones y acontecimientos que protagonizan o en las que están inmersas. Hay procesos que pasan desapercibidos y que posteriormente son identificados como relevantes (Polanyi, 2016). Resulta más fácil listar tendencias que sopesar la fuerza de cada una y la manera en la que se entrelazan. Y es notablemente difícil establecer relaciones causales entre fenómenos (Hirschman, 2020).

El relato (la selección y articulación de circunstancias o devenires) por el que se opta aquí sería por el que estaríamos viviendo una situación en la que se cuartea un determinado modelo de inclusión social sin que se vea con claridad hacia dónde nos dirigimos. Elementos vertebradores o fundamentales de ese modelo que vemos agrietarse (y a veces desmoronarse) serían el empleo estable con relaciones laborales mediadas por los agentes sociales, la familia patriarcal y relativamente extensa embebida en comunidades homogéneas y operativas y una protección social notablemente contributiva que cubre grandes contingencias relativamente previsibles. Se diría que, tanto por sus éxitos como por sus fracasos, tanto por sus consecuencias buscadas como por las no deseadas, ese modelo de inclusión social parece presentar y generar crecientes disfunciones en un contexto (Nel.lo, 2021) en el que se presentan y entremezclan situaciones de extralimitación, escasez, globalización, profesionalización, financiarización, digitalización, longevidad, diversidad, individualización, desvinculación, movilidad, precariedad, segregación, alienación y polarización (sin que resulte posible extenderse en este momento sobre cada uno de estos fenómenos y la manera en que interactúan) (Pérez Orozco y Lopez Gil, 2011).

Estos procesos de cambio social son también procesos de cambio en las situaciones y dinámicas de exclusión social. Se percibe una diversificación de perfiles de exclusión social y la creciente dificultad para abordarla y no digamos para prevenirla. En España en estos momentos, en números redondos, un 25% de la población se encuentra en una situación de exclusión social (según el indicador denominado AROPE), pudiendo cifrarse en un 5% las situaciones de severidad y gravedad, y, por los estudios hechos en este siglo, sabemos que en este período se enquista la exclusión social y la desigualdad aumenta, sobre todo porque las personas pobres se hacen más pobres. Por el lado de arriba, solo un tercio de la población, aproximadamente, estaría por encima de la renta media, de modo que se percibe la hace tiempo descrita sociedad de los tres tercios, en la que las franjas que no están en exclusión social pero que están cerca se sienten (con razón) inseguras, saben que no están tan lejos de esa situación, se saben poco protegidas frente al riesgo de caer en una situación de exclusión social (Wright, 2018). Lo que se está observando en nuestra economía (en buena medida, directa o indirectamente, por la digitalización) es que las rentas del capital crecen más que las rentas del trabajo. Es el denominado efecto Mateo: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. En esta economía se incrementa la probabilidad de que quien disfruta de bienes (vivienda, papeles, empleo, ahorros, relaciones, pensión, conocimiento, Internet u otros) obtenga todavía más y, sin embargo, quien carece de ellos, lo tenga todavía más difícil. Por eso se dice que en nuestra sociedad se ha averiado el ascensor social (Gómez y Vidal, 2019).

Además es una sociedad más compleja, en la que se incrementan los mecanismos de inclusión y exclusión, las oportunidades y las amenazas. Esa es una de las razones por las que hablamos de la diversificación (e incluso sofisticación) de los perfiles de la exclusión social y la mayor aparición de factores de exclusión relacionados con la situación administrativa, con la vivienda, con los cuidados, con las competencias y recursos digitales, con la soledad u otros (además de los más tradicionales como el dinero, el empleo o la familia). Sigue siendo claro, en todo caso, el sesgo de género y de origen. En este tipo de sociedad que estamos construyendo, la fragmentación o desvinculación social (incluyendo la segregación territorial) dificulta formas anteriores de generación de comunidad o solidaridad y más bien se facilitan comportamientos del tipo sálvese quien pueda, por rechazo hacia las personas excluidas de las que otras se sienten distantes o precisamente por el miedo que se mete a que puedan acabar como ellas (Buesa y Cantero,2022).

Por último, la pandemia que se inicia en 2020 ha representado una disrupción global de la vida y ha generado respuestas excepcionales desde diferentes ámbitos (y, todo ello, consecuencias de diversa índole) y no es fácil saber en qué medida forma parte de una cadena de acontecimientos junto a otros anteriores y posteriores de carácter financiero, ambiental, económico, militar u otros que pueden considerarse convulsiones sistémicas o, dicho de otro modo, manifestaciones del agotamiento de equilibrios o fórmulas de funcionamiento social o colapsos de mayor o menor alcance de unos determinados modos de vida (Aguilar y Fantova, 2022).

 

La encrucijada en la que se encuentran nuestros servicios sociales: manifestaciones y lecturas

En estas complejas y turbulentas circunstancias el posicionamiento tradicional de los servicios sociales se torna mortal de necesidad, puesto que el número creciente de las personas que acuden a ellos en busca de alguna o varias de las prestaciones o apoyos incluidos en su oferta (desde alimentos a cuidados, desde dinero a alojamiento) ya no conforman aquellos contingentes limitados y perfilados previstos en su momento, sino que presentan una creciente multiplicidad mucho más compleja de situaciones y expectativas. Cantidad, intensidad, complejidad y diversidad que tensa los servicios sociales, inmersos en un intento cada día más baldío y frustrante de diseñar, desarrollar, combinar y escalar las especializaciones requeridas por la realidad y la integración que necesita cualquier sistema funcional. Es más, se diría que las que en otro momento fueron soluciones se convierten en problemas:

  • La polivalencia y capacidad de combinar diferentes recursos hace que muchas personas acudan a los servicios sociales esperando prestaciones y apoyos que estos son incapaces de proporcionarles, incluso aunque se aumente el personal y la financiación (o precisamente por eso, en la medida en que los incrementos de recursos pueden generar más expectativas y más demanda, sin necesariamente aumentar tanto la capacidad de respuesta).
  • Las reglas de funcionamiento y normas jurídicas previstas para aportar garantías y eficiencia en la atención a las personas parecen adentrarnos cada vez más en laberintos burocráticos más densos y opacos.
  • La informatización y digitalización llamada a simplificar las tareas administrativas y hacer transparente la información parecen convertirse en una nueva barrera generadora de exclusión y amenazadora fuente de control.
  • La proximidad a las personas destinatarias, seña de identidad fundamental en los servicios sociales, genera fricciones y malestares crecientes en ambas partes (incluso maltrato y violencia), en un contexto en el que vulnerabilidades, precariedades, recursos y capacidades se reparten de forma más amenazante y aleatoria en los dos lados de la mesa.
  • El trabajo en red, la coordinación e integración entre diferentes agentes, tantas veces reclamada y alabada, parece hacer cada vez más intrincados e impracticables los itinerarios para las personas trabajadoras y usuarias. La multiplicación de agentes y aproximaciones, de responsabilidades y conocimientos parece tornarse inmanejable y fragmentadora (Subirats, 2020).

En comunidades económicas, políticas, morales y sociales relativamente estables y delimitadas en las que resultasen ser pocos, sencillos y manejables los colectivos que se acercaban a (o se instalaban en) la zona de exclusión social, podía tener ciertos visos de eficacia y eficiencia un dispositivo como los servicios sociales que hemos descrito. Sin embargo, en la sociedad que estamos describiendo el encargo tradicional de los servicios sociales se convierte en una misión imposible y los intentos de cumplirla en un mecanismo de más de lo mismo que, paradójicamente agrava la situación más que arreglarla. Ello parece suceder por una combinación de tres fenómenos, situaciones o tendencias:

  • El incremento de la cantidad, intensidad y complejidad de las situaciones de exclusión social que desborda la capacidad instalada en los servicios sociales.
  • El hecho de que personas de más capas sociales acudan a los servicios sociales con demandas específicas entendidas como derechos (a los cuidados, al alojamiento, a la subsistencia y más), que añade más presión.
  • El hecho de que factores de protección que anteriormente se daban por supuestos o naturales (en la familia, la comunidad, el territorio, por ejemplo) se están fragilizando, lo que genera de nuevo más demanda y más acuciante.

¿Qué hacer?

En una situación como la que hemos analizado, es posible que puedan tener efectos beneficiosos incrementos de recursos (reforzamiento), mejoras de la calidad (perfeccionamiento) o cambios estratégicos (transformación), pero no sería descartable que tuviéramos delante un reto de reinvención de los servicios sociales, es decir, no podemos descartar que los servicios sociales se encuentren ante una disyuntiva existencial que puede llevarlos a su desintegración como ámbito de actividad o a una mutación en su naturaleza (deliberada, voluntaria y conducida o no). Esta perspectiva es plausible si hacemos un repaso de asignaturas claramente pendientes en relación con el diseño y despliegue de nuestros servicios sociales (como se verá, interconectadas entre sí):

  • La cuestión del objeto de los servicios sociales, es decir, de su finalidad definitoria, de la parcela de necesidades de las personas a las que dan respuesta, del perímetro de las actividades características, de su finalidad. Si se mantiene, bajo la denominación que sea, la prevención y abordaje de la exclusión social o se opta por otro objeto (como podría ser la interacción, entendida como el ajuste dinámico entre la autonomía funcional de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria o sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario).
  • El debate sobre si, dentro del ámbito sectorial de los servicios sociales, se opta por la centralidad de un sistema público universal y (básicamente) gratuito, tal como se ha hecho en nuestro entorno en otras ramas de actividad.
  • La identificación, diseño, desarrollo y acotación del contenido prestacional (cuidados, apoyos, tecnologías e intervenciones) de los servicios sociales y su grado de profesionalización, estandarización e industrialización.
  • Las decisiones estratégicas y procedimentales sobre qué hacer con encargos, cometidos, prestaciones o estructuras que podría ser conveniente dejar de tener en los servicios sociales (por ejemplo, el fragmento residual de la política de garantía de ingresos para la subsistencia material que sigue bajo la responsabilidad de los servicios sociales).
  • El desafío de la integración vertical de los servicios sociales, es decir, de una mayor unidad de gestión y continuidad de la atención de la oferta (masa crítica) de servicios sociales ahora escindida entre los dos niveles antes mencionados.
  • La ineludible digitalización de los procesos operativos, de gestión y de gobierno, ahora muy incipiente.
  • El diseño, implementación y evaluación de los procesos y estructuras de integración horizontal intersectorial entre los servicios sociales y otras ramas de actividad, tales como los servicios de salud, educación, vivienda, empleo, garantía de ingresos y otras, con el fin de hacer más eficientes los itinerarios de las personas y los flujos de información entre ámbitos de actividad.
  • El debate acerca de si estructurar las políticas referidas a colectivos poblacionales (por señas de identidad de género, generacional, funcional o cultural) o a la relación entre colectivos poblacionales (intergeneracional, intercultural u otras) como políticas transversales que, en la proximidad territorial, pudieran encontrar su incardinación en la acción comunitaria, entendida como instrumento para la convivencia en diversidad, la coproducción solidaria y la gobernanza participativa (Maino, 2021).
  • Definir la naturaleza, finalidades y fórmulas de relación entre el sector público y las organizaciones solidarias de base comunitaria y la posibilidad de sinergias entre el sistema de políticas profesionalizadas e institucionalizadas y el mundo de la ayuda mutua y voluntaria entre personas en la vida diaria y cotidiana en los vecindarios y el espacio público, de modo que el ejercicio de la autoridad pública y la intervención técnica no socave sino que fortalezca los apoyos que las personas nos proporcionamos en claves de solidaridad y en las economías del procomún colaborativo (Fernández de Casadevante y otras, 2022).
  • La posibilidad de ensamblar las políticas sectoriales y transversales en un modelo integrado, ligero, flexible y homogéneo (similar en los diferentes niveles) de gobernanza multinivel intersectorial e interseccional de las políticas sociales, de modo que las instituciones públicas y el conjunto de agentes puedan ofrecer respuestas más ágiles y pertinentes.

Los retos y planteamientos de diseño, reforzamiento, desarrollo, evaluación, mejora, reorientación y escalado de políticas de servicios sociales basados en el conocimiento y la innovación, en la medida en que se realizan en contextos de riesgo o situación de saturación y colapso de diferentes subsistemas de la vida social, parecen, finalmente, dejarnos ante disyuntivas existenciales y, eventualmente, oportunidades de reinvención más radical. No parecen de recibo (en lo técnico, en lo económico y en lo político) meras estrategias de crecimiento inercial y acumulativo, sino que es el momento de impulsar el emprendimiento, la experimentación, la deliberación y, finalmente, el riesgo de la reinvención.

La reinvención de esta rama de actividad, en todo caso, se apoyaría en la existencia de áreas de conocimiento, actividades profesionales y organizaciones de servicios realmente existentes que llenan de contenido los derechos que se garantizan y las estructuras públicas que se configuran, estructuras que seguramente, hoy y aquí, han de impulsar, precisa y especialmente, la gestión del conocimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo profesional en los servicios sociales.

La propuesta de reinvención no es fácil y la situación actual, aunque dura para muchas personas trabajadoras y usuarias de los servicios sociales, genera sus propios mecanismos de justificación, legitimación y perpetuación. La atención paternalista, patriarcal y total sigue teniendo personas que la practican y la defienden. Todo proceso de cambio (y más si es más radical) genera oposición, muchas veces prudente y justificada. Sin embargo, en la situación de pandemia, ha habido lugares donde se han operado cambios ambiciosos en aspectos fundamentales del funcionamiento de los servicios sociales, demostrando que son posibles.

 

Bibliografía

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BUESA, Sara y CANTERO, Boni (2022): “La demanda de la ciudadanía a los servicios sociales” en FUNDACIÓN EGUÍA CAREAGA (edición): Servicios sociales y vulnerabilidad frente a la pandemia. Donostia, páginas 49-69.

BURNS, Diana y otras (2016): Where does the money go? Financialised chains and the crisis in residential care. Manchester, CRESC.

CASADO, Demetrio y FANTOVA, Fernando (2018): “Los sistemas de bienestar en España: evolución y naturaleza” en Documentación Social, número 186, páginas 55-80.

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LAPARRA, Miguel (2022): “Un análisis para orientar las políticas de inclusión/activación a partir del conocimiento de los sectores excluidos” en AYALA, Luis y otros (coordinación): Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España. Madrid, Fundación FOESSA, páginas 165-186.

MAINO, Franca (2021): “Mercato, terzo settore e comunitá per il ritorno di lo stato soziale. ” en MAINO, Franca (cuidado): Il ritorno dello stato soziale? Mercato, terzo settore e comunità oltre la pandemia. Torino, Giappiccelli páginas 345-353.

MORA, Sebastián y DE LORENZO, Francisco (2022): “Hibridación relacional del tercer sector de acción social en la última década. Entre la movilización y las redes vecinales-comunitarias” en CIRIEC, número 103, páginas 171-196.

NEL.LO, Oriol (2021): “Acción colectiva y políticas públicas frente a la segregación y sus efectos” en NEL.LO, Oriol (edición): Efecto barrio. Segregación residencial, desigualdad social y políticas urbanas en las grandes ciudades ibéricas. Valencia, Tirant Humanidades, páginas 385-395.

PÉREZ OROZCO, Amaia y LÓPEZ GIL, Silvia (2011): Desigualdades a flor de piel: cadenas globales de cuidados. Madrid, ONU Mujeres.

POLANY, Karl (2016): La gran transformación. Crítica del liberalismo económico. Barcelona, Virus.

SUBIRATS, Joan (2020): “Dilemas y conflictos del cambio de época. Politizar el cambio tecnológico” en GOMÀ, Ricard y UBASART, Gemma (coordinación): Vidas en transición. (Re)construir la ciudadanía social. Madrid, Tecnos, páginas 42-57.

WRIGHT, Eric Olin (2018): Comprender las clases sociales. Barcelona, Akal.

 

Número 11, 2022
A fondo

Pobreza energética en España: aproximación jurídica y económica a sus causas y causantes

Pablo Sanz Bayón

Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Pontificia Comillas. Miembro propio de la Cátedra de Energía y Pobreza.

1. Introducción

La pobreza energética es un concepto que ha entrado de lleno en nuestra realidad sociopolítica y también jurídico-económica. Su utilidad semántica es la de expresar una manifestación de la pobreza que se da en torno al acceso a un suministro tan básico como la energía. Es un concepto que ya no es una moda. Ha venido para quedarse.

El presente trabajo se centra sobre todo en el examen de los factores del mercado energético español que condicionan e incluso determinan que un creciente sector de la sociedad esté o pueda estar próxima a una situación de pobreza energética. Por tanto, la discusión que se ofrece en este artículo no se hace desde la perspectiva de las medidas puramente paliativas, como el bono social eléctrico. Los mecanismos prestacionales (bonos sociales, ayudas al pago de suministros) deben articularse como instrumentos de transición que paulatinamente vayan dejando paso a medidas institucionales y estructurales que busquen afrontar el problema de raíz y a largo plazo, meta que exige observar y reformar los condicionantes mercantiles y regulatorios que hacen que el precio de la electricidad sea inasumible para amplios y crecientes grupos sociales.

En este sentido, este artículo busca sentar algunas bases y premisas para un examen crítico y propositivo de política legislativa sobre el mercado eléctrico y la regulación y supervisión de sus actores a fin de contrarrestar las causas directas de la pobreza energética, comenzando por la moderación económica y transparencia del precio de la electricidad y la tutela jurídica de los consumidores vulnerables.

 2. Concepto y contexto de la pobreza energética en España 

La Estrategia Nacional para la Pobreza Energética ha definido la pobreza energética como la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente energéticamente[1].

La pobreza energética podrá manifestarse a través de factores como la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de las facturas, un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos que es desproporcionado sobre el nivel de ingresos. Por su parte, el concepto de consumidor vulnerable se refiere al consumidor de energía eléctrica o de usos térmicos que se encuentra en situación de pobreza energética, pudiendo ser beneficiario de las medidas de apoyo establecidas por las administraciones públicas.

La pobreza energética compromete la dignidad de la persona porque menoscaba la calidad de vida y puede afectar a la salud de los habitantes de la vivienda, especialmente menores y ancianos[2]. La recesión económica iniciada en 2008 y sus efectos sobre la población han ocasionado que, en líneas generales, los indicadores principales del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV) reflejen un significativo avance de la pobreza energética en España entre el año 2008 y el 2014[3]. Sin embargo, desde el año 2014 se ha constatado una mejora relativa en algunos de ellos como consecuencia de la recuperación económica.

A las puertas de un incipiente contexto de desaceleración y posible recesión de las economías europea y española, resulta preocupante que entre el 7,4% y el 17,3% de la población española se encuentre en situación de pobreza energética. En base a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2017, 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos; 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida; unos 3,7 millones de personas pasan el invierno a temperaturas inadecuadas y 3,5 millones de personas han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas[4].

La pobreza energética tiene una naturaleza multifactorial y compleja. En primer lugar, es evidente que la pobreza energética está conectada con situaciones de pobreza general y de exclusión social, que pueden deberse a situaciones de desempleo, precariedad laboral y marginación con una multiplicidad y heterogeneidad de formas, o por ejemplo, a situaciones vinculadas a la demanda térmica de determinados hogares o con la edificación de viviendas antiguas con poca eficiencia energética. Cualquiera de estas circunstancias o su concurrencia pueden dificultar a muchos ciudadanos el poder calentar sus viviendas adecuadamente en invierno o cubrir sus necesidades básicas para una habitabilidad digna. También hay un factor geográfico condicionado por la ubicación de las viviendas y las zonas climáticas dentro del territorio español, lo cual incide en que ciertos colectivos puedan ser más propensos a sufrir una situación de pobreza energética. Caracterizar a los colectivos con vulnerabilidad de pobreza energética exige, por tanto, recabar múltiples datos de distintas variables y manejar un conjunto de indicadores estadísticos actualizados periódicamente, en función de los ingresos, el precio de la energía o las propias temperaturas de una geografía específica.

En los últimos años ha habido un gran avance para la conceptualización jurídica y la medición de la pobreza energética, con indicadores subjetivos y objetivos que permiten clasificar como vulnerables en materia energética a determinadas personas y hogares, como los establecidos por el Observatorio Europeo de Pobreza Energética.

3. ¿Un derecho universal a la energía?

La pobreza energética plantea una dificultad conceptual que es la que establecer qué energía es necesaria para la climatización de una vivienda habitual en condiciones de confort. Es decir, requiere consensuar legalmente un derecho a la energía en virtud de un gasto teórico normal para un hogar medio, lo cual puede depender de múltiples factores sociales, individuales, familiares o medioambientales.

El derecho a la energía no es nuevo ni ajeno al derecho español. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 profundiza en este aspecto en su artículo 11 al reconocer el derecho a una vivienda adecuada y el derecho al acceso a energía para la cocina, la iluminación y la calefacción en el que los gastos derivados del uso del hogar deberían ser de un nivel que no impida ni comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas. Ello conforma un parámetro jurídico esencial para informar los ordenamientos de los Estados en el ámbito de la pobreza energética. Resulta interesante, asimismo, traer a colación la Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad (Resolución 3384 de la Asamblea General 72 de la Organización de Naciones Unidas, de 10 de noviembre de 1975) que establece el derecho de uso de la electricidad, debiendo los Estados garantizar el disfrute de la energía eléctrica como avance científico y técnico, a través de las medidas normativas correspondientes.

Más recientemente, la ONU aprobó en 2015 la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible cuyo Objetivo nº 7 se dedica a Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos[5]. En la Constitución Española de 1978 no hay una referencia expresa al derecho a la energía como derecho fundamental ni tampoco en la categoría de derecho de los ciudadanos. No obstante, en el capítulo III del Título I, De los principios rectores de la política social y económica se reconoce el derecho a la energía de forma implícita en el artículo 47, que reconoce el derecho a gozar de una vivienda digna y adecuada, o en el artículo 43.1 que establece el derecho a la protección de la salud.

Más allá de otras actuaciones públicas, el reconocimiento de un derecho universal a la energía nos sitúa en el compromiso político de regular el mercado eléctrico para que sus precios finales sean acordes a la capacidad de pago de la mayoría de los habitantes y no sólo el de procurar medidas paliativas de bonificación de precios. Este segundo haz de medidas puede tener una justificación a corto plazo, pero cualquier visión a largo plazo que pretenda la sostenibilidad de las cuentas públicas y un bienestar social duradero debería enfocarse en la primera línea de actuación, que pasa por una reforma en profundidad de la ordenación y supervisión del mercado eléctrico, la regulación y transparencia de la formación de los precios oficiales y el fortalecimiento de la tutela del consumidor eléctrico. A este objetivo va dirigido precisamente la reflexión que se ofrece en este artículo.

4. Más allá de las medidas paliativas contra la pobreza energética

Las medidas de intervención social propuestas para combatir la pobreza energética, comenzando por los organismos públicos competentes, se han centrado sobre todo en medidas de índole paliativa, como el bono social eléctrico. Esto es, en medidas de política legislativa encaminadas a subsidiar o subvencionar la factura energética de unos concretos colectivos sociales cuya vulnerabilidad e incapacidad de pago, debidamente parametrizada, les hace beneficiarios de dicha bonificación (descuento sobre la factura)[6].

El bono social eléctrico y ahora también el bono térmico, regulados actualmente por el Real Decreto Ley 15/2018 son el paradigma de esta concepción reduccionista y limitada, tanto en su alcance como en su efectividad práctica, a pesar de los notables avances conseguidos desde su implantación en 2009[7]. Al mismo tiempo que la factura eléctrica se ha ido encareciendo para todos los ciudadanos en los últimos años, la bonificación se ha tenido que ir ampliando y mejorando. Ahora bien, los mecanismos de gestión del bono social, aunque han sido mejorados en la última reforma, siguen dependiendo de una burocracia vinculada a la solicitud individual del bono social a las empresas comercializadoras. Ello hace que se siga dificultado de facto el ejercicio de los derechos legalmente reconocidos a los clientes vulnerables, quienes deben gastar tiempo y recursos en su tramitación. La creación de un sistema de bonificación reconocido automáticamente por vía de una concesión directa al beneficiario e interoperable entre las administraciones públicas es el siguiente paso pendiente, a efectos de no condicionar la solicitud individual del derecho a la tramitación y plazos de las empresas comercializadoras, lo cual además supone actualmente una carga administrativa para el solicitante que se encuentra en situación de vulnerabilidad, máxime cuando se producen discrepancias o se obstaculiza la concesión del bono social[8].

Desde un punto de vista general, las medidas prestacionales de carácter paliativo pueden tener una relativa utilidad social para los actores involucrados. Sin embargo, no debería ser ni la única ni la principal medida para afrontar la realidad de fondo del fenómeno de la pobreza energética. 2018 cerró como el segundo año con el precio medio del mercado eléctrico más caro desde 1998. En concreto, el segundo semestre de 2018 fue el más caro desde que Eurostat realiza sus estadísticas. Las oscilaciones creadas por el sistema de subasta y las cargas impositivas que contiene la factura hacen que el precio de la electricidad sea cada vez más inasumible para varios millones de habitantes. ¿Tiene sentido una medida paliativa basada en bonificar unos precios cada vez más altos? ¿Será sostenible en el tiempo como siga esta tendencia alcista?

En este sentido, los servicios y los trabajadores sociales que intervienen en la gestión de soluciones a la pobreza energética con colectivos vulnerables deberían no sólo enfocarse en las medidas paliativas, es decir, en la gestión de los efectos o consecuencias del problema. Antes bien, deberían centrarse en las causas, en los factores que determinan esa alza del precio de la electricidad que provoca que bastantes consumidores no puedan pagarlo. Un cambio de perspectiva a este respecto implica necesariamente orientar algunos esfuerzos en observar y analizar la configuración del mercado eléctrico y exigir la adopción de medidas estructurales que favorezcan una mayor competitividad y transparencia de las empresas eléctricas y una efectiva apertura del mercado, para garantizar una factura eléctrica más barata, más estable y fácil de comprender y pagar.

Los agentes sociales deberían pues introducirse en los aspectos regulatorios y examinar qué puede hacerse desde la defensa del consumir eléctrico, en orden a instar que los poderes públicos competentes adopten las reformas del mercado eléctrico que coadyuven a la rebaja de la factura eléctrica, no sólo a su bonificación. La bonificación es una socialización del precio cuya alza es causada por una estructura del mercado oligopólica derivada de una política energética que no ha previsto los efectos antisociales de su configuración y dinámica. Es pues necesario que los trabajadores que están en la intervención social contribuyan de forma efectiva al empoderamiento de los colectivos sociales en el orden político y jurídico, para la consecución de un mercado eléctrico nacional justo y orientado a la defensa y bienestar de todos los consumidores eléctricos[9].

Un ejemplo de lo anterior está en el hecho de que en España se han incumplido reiteradamente las Directivas de la Unión Europea de Electricidad y Gas de 2009 (Directivas 72/2009 y 73/2009), en las que se establece que los Estados deben garantizar el suministro necesario para los colectivos vulnerables, y en las que se establece la prohibición de desconexión en periodos críticos[10]. Hace falta una mayor supervisión que garantice la eficacia de lo recogido en el art. 53.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que excluye en el caso de impago la posibilidad de suspender el suministro a los clientes acogidos a la tarifa de último recurso[11].

A este respecto, donde más sentido puede tener la intervención social en materia de pobreza energética, más allá de las medidas paliativas, es en el ámbito autonómico, promoviendo una regulación que permita a las agencias autonómicas de consumo exigir a las empresas eléctricas unas medidas estables y estrictas para garantizar el suministro, como así se ha conseguido en Cataluña, con la Ley 24/2015 o en la Comunidad Valenciana, con la Ley 3/2017. Sendas leyes recogen el principio y las obligaciones jurídicas que la legislación nacional general debería haber transpuesto hace diez años, dando eficacia al mandato de las Directivas Europeas. En Cataluña, por ejemplo, se evitaron 39.000 cortes de luz entre julio de 2015 y diciembre de 2016. El derecho administrativo autonómico y municipal está en posición de hacer lo que no se ha hecho a nivel estatal, que es obligar a las empresas eléctricas a consultar a los servicios sociales antes de efectuar cortes de suministro para evitar que se realicen desconexiones a personas vulnerables. El siguiente paso ha de ser el establecimiento de tarifas sociales mínimas que prácticamente garanticen un acceso universal a este suministro básico.

Ciertamente, la recién aprobada Estrategia Nacional ha introducido unas medidas muy positivas como la prohibición de cortar el suministro en situaciones climatológicas extremas, como puede ser una ola de frío o de calor. Esta restricción se suma a las ya existentes: no es posible cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social y beneficiarios del bono social en los que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III.  Además, la Estrategia Nacional ha ampliado el periodo previo al corte de suministro en caso de impago. Hasta ahora, para los consumidores vulnerables acogidos al bono social, la normativa habilitaba un plazo de cuatro meses antes de que el suministrador pudiera interrumpir el servicio. La Estrategia ha aumentado el plazo otros cuatro meses, durante los cuales el consumidor recibirá un suministro mínimo vital que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad. Desde el nivel municipal o local, los servicios sociales deberían extremar la supervisión de los convenios entre los ayuntamientos y las empresas eléctricas para asegurar el verdadero cumplimiento y la efectividad de la garantía de suministro y evitar los cortes ilegales y las situaciones de abuso contra los consumidores vulnerables de su municipio.

5. Pobreza energética y mercado eléctrico español

La política energética de los últimos gobiernos ha incidido terminantemente en el encarecimiento de la electricidad en España. Cuando nos referimos a la pobreza energética no puede desconocerse que hay una correlación bastante estrecha entre el precio final que no puede asumir el consumidor y las causas estructurales, mercantiles, regulatorias y políticas que hicieron que ese alto precio final acabe siendo inasumible de facto para extensos grupos sociales. A este respecto, es preciso apuntar que una de las grandes dificultades en la comprensión de la pobreza energética, y por tanto en la imposibilidad de pago de la factura eléctrica por parte de dichos colectivos sociales, es la complejidad intrínseca que presenta el funcionamiento del propio mercado eléctrico, un mercado muy regulado pero al mismo tiempo muy opaco.

  •  Situación oligopólica

El funcionamiento del mercado eléctrico exige conocer la estructura interna del mismo. El mercado eléctrico se organiza en grupos societarios integrados verticalmente (generación-distribución-comercialización) donde las barreras de entrada a nuevos competidores son muy altas. La distribución es la que más beneficios ofrece y es la que de facto presenta una situación oligopólica, porque sólo hay cinco grandes empresas a nivel nacional. Las tres mayores compañías eléctricas en España, Endesa, Iberdrola y Naturgy, mantienen su dominio en el negocio de comercialización de luz, con una cuota de mercado (libre y regulado) que alcanzó a cierre de 2018 el 85,4%, equivalente a 25,12 millones de clientes[12]. El mercado presenta un problema de concentración, con riesgo de conductas colusorias entre sus escasos competidores o de posiciones de dominio que pueden conllevar a ciertos abusos de mercado. Fortalecer la actividad supervisora e inspectora de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) es más necesario que nunca para detectar y sancionar situaciones de manipulación de precios en el mercado eléctrico, como sucedió en 2014 con Iberdrola y que llevó a la Fiscalía a abrir diligencias[13].

En primer lugar, es preciso partir del hecho de la situación oligopólica que se da actualmente en el mercado español de la energía, que cuenta con aproximadamente 28,2 millones de contratos. Como ha expuesto la CNMC, el 82% de los consumidores del sector eléctrico pertenece al mismo grupo empresarial que las distribuidoras de la zona, exactamente, 23 millones de los 28,2 millones de consumidores conectados a redes de las principales empresas de distribución, las comercializadoras (libres o reguladas). Estas cifras apenas han variado en los últimos cinco años, cuando este porcentaje se situaba en el 88%. En el sector gasista, Gas Natural Fenosa suministra al 73% de los consumidores conectados a las redes de distribución del grupo. Esto es, 4 millones de los 5,4 millones de puntos conectados a sus redes de distribución en 2017. La variación ha sido aún menor que en la electricidad, dado que hace cinco años representaba el 79,4%.  Durante el periodo 2013-2017 se han producido 2,7 millones de altas, el 90% de las cuales (2,4 millones) se han producido en las comercializadoras del grupo industrial de la zona. Durante el último año este porcentaje se situó en el 83%. Por lo que se refiere al sector gasista, las comercializadoras de Gas Natural Fenosa suministraron el 63% de las nuevas altas en su zona de distribución.

Otro dato a tener en cuenta es que, durante el año pasado, el 70% de los consumidores dejó el precio regulado para cambiar a la comercializadora del mercado libre del mismo grupo empresarial (857.459 personas). En los últimos cinco años han cambiado del comercializador de referencia al mercado libre casi 7 millones de consumidores (6,94 millones), de los cuales el 77% ha pasado a la comercializadora perteneciente al mismo grupo empresarial (5,3 millones). En el sector gasista, el 47% eligió a la comercializadora libre del mismo grupo empresarial (79.777 consumidores). En los últimos cinco años 590.675 consumidores han dejado el precio regulado y han pasado al mercado libre, el 55% de ellos (323.506) ha elegido a las comercializadoras libres del mismo grupo empresarial.

Los pasos en la corrección de esta tendencia problemática han sido mínimos pero muy significativos. Entre ellos destaca la aprobación por parte de la CNMC de una Decisión Jurídicamente Vinculante (DJV/DE/001/18) por la que obliga a varias sociedades de los principales grupos energéticos integrados a que cambien su imagen de marca para que los consumidores puedan identificar claramente a su compañía. Esta medida va dirigida a las empresas distribuidoras de gas y electricidad (en el sector eléctrico las de más de 100.000 clientes) y comercializadores de referencia y/o de último recurso. El objetivo es evitar la confusión a los consumidores. Para ello, ahora están obligadas a realizar cambios en la información, presentación de marca e imagen de marca respecto a la filial del mismo grupo empresarial que comercializa en el mercado libre.  De esta forma, los consumidores podrán identificar correctamente en sus facturas qué comercializadora le ofrece el servicio y saber si están en el mercado libre o regulado, como exige la normativa europea[14].

  • Precio de la electricidad y poder adquisitivo en España

De acuerdo con Eurostat, España es el quinto país europeo con la electricidad más cara, detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda. Pero si se tiene en cuenta el poder adquisitivo de cada país, los datos de Eurostat reflejan una situación aún peor, pues España queda como el tercer país en el que los hogares más sufren para poder pagar su factura de electricidad, por detrás de Portugal y Alemania. De hecho, España se ha revelado como el país europeo con la electricidad más cara en el supuesto de viviendas con consumos inferiores a 1000 kWh, penalizados por los elevados costes fijos de la factura eléctrica[15].

En 2017 y 2018 la factura eléctrica subió un 12% mientras que la renta de los hogares se ha ido reduciendo desde la irrupción de la crisis de 2008. En aquel año un 5,9% de las familias reconocían su incapacidad para mantener la temperatura de su hogar en invierno, mientras que en 2016, esta cifra ascendía al 10,1%. Este dato, de por sí elocuente, resalta aún más si conocemos la rentabilidad del sector eléctrico, que pasó del 6,5% en 2013 al 8,16% en 2016[16]. El 88% de este beneficio se distribuye vía dividendo a los accionistas de las empresas eléctricas. El fenómeno de la pobreza energética tiene un reverso que es el enriquecimiento monetario de algunos actores del mercado gracias a una regulación que ampara y cronifica esta situación de desigualdad y asimetría de poderes e información. La realización de una auditoría rigurosa e independiente del sector eléctrico español debería ser el punto de arranque de cualquier reforma.

La formación de los precios finales y la extracción de los crecientes beneficios por parte del oligopolio de las empresas eléctricas es una materia extraordinariamente compleja que implica examinar la conformación de los ingresos de la distribución, unos ingresos que dependen de una tasa de retribución financiera (6,5%) a la que se suma la amortización de los activos de la red. Dicha tasa se calcula con la suma de los rendimientos de los bonos del Estado a 10 años más 200 puntos básicos (2%). En cuanto al precio final de la electricidad, el 55% de la factura son costes regulados y el 10% depende en gran medida del mercado gasista, cuya producción es cara y España tiene una alta dependencia del exterior, sujeto a unas variables internacionales y exógenas que no se pueden controlar. Ambos costes, el regulado y el del gas, han dependido mayormente de la política energética establecida por nuestros gobernantes, están suponiendo un encarecimiento determinante de la factura y se han trasladado directamente al consumidor final. De hecho, el grueso del beneficio de las empresas eléctricas está en la parte regulada del precio (el 55%), que es lo que permite a dicho oligopolio extraer un rendimiento seguro, con poco riesgo. Esto a su vez les permite atraer inversores internacionales y realizar operaciones lucrativas vinculadas a sus recursos e infraestructuras con fondos de inversión internacionales.

  • Abusos en la comercialización de la electricidad

Otro punto de obligada referencia al tratar los problemas acuciantes del mercado eléctrico español es la de los abusos en la comercialización de la electricidad, que han sido sistemáticos, como lo atestigua la reiteración de resoluciones sancionadoras de la CNMC. Hay que recordar que en febrero de 2019 la CNMC sancionó con un total de 70.000 euros a las compañías Iberdrola Clientes S.A.U y EDP Energía S.A.U por incumplir los procedimientos de contratación que deben seguir las compañías de gas y electricidad cuando captan un nuevo cliente. La CNMC también multó a Endesa Energía, S.A con 260.000 euros, al no poder acreditar el consentimiento expreso de 17 clientes para cambiar de compañía; y por haber formalizado un cambio de comercializador de electricidad sin el consentimiento de un particular. Además, en enero de este año le impuso una sanción de 30.000 euros por incumplir los requisitos de contratación con sus clientes y en diciembre de 2018, otra de 120.000 euros, por dar de alta a clientes sin contar con su consentimiento. Meses antes, esta compañía también fue multada con 30.000 euros por una práctica similar. Adicionalmente, en 2017 el mismo organismo multó a cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural (Endesa Energía, S.A.U., Iberdrola Clientes, S.A.U., Gas Natural Servicios, SDG, S.A. y Viesgo Energía, S.L.) con un total de 155.000 euros por formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes.

Lo anterior hace aconsejable una reforma de la tipificación establecida en el artículo 66.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico para que las prácticas de incumplimiento de los requisitos de contratación con clientes no se consideren infracciones leves sino graves y supongan una mayor multa.

  • La privatización del mercado eléctrico y sus efectos antisociales

 En España la entidad titular de las infraestructuras de transmisión (alta tensión) y de administrar el sistema, en el sentido de coordinar la producción al instante de todas las centrales e instalaciones generadoras, es la empresa Red Eléctrica Española, SA, que originariamente era una empresa pública y posteriormente se privatizó, aunque el Estado sigue teniendo una parte de las acciones (20% es de la SEPI[17]).  La entidad que administra o gestiona el mercado eléctrico es la Operadora del Mercado de Electricidad Español, SA (OMEL) que organiza jurídica y físicamente el que los agentes contratadores (generadoras y comercializadoras) lleven a cabo sus compraventas, actuando como cámara de compensación entre ellos. Se creó también como empresa pública, como parte del desarrollo de la ley que ordenó el sector y estableció el primer marco regulador (Ley 54/1997) y posteriormente se privatizó.

España ha construido en las últimas décadas un mercado energético nacional con una alta dependencia financiera al dejar un sector tan estratégico sujeto a las influencias, injerencias e intereses de otras potencias y poderes corporativos extranjeros. La liberalización y privatización del sector eléctrico, con la retrospectiva de más de dos décadas, ha sido un error y es uno de los puntos centrales del problema de la pobreza energética, al haber contribuido al encarecimiento del precio de la energía gracias a una regulación muy favorable para la extracción de riqueza por parte de un oligopolio de empresas en cuyos consejos de administración han tenido y siguen teniendo cabida numerosos políticos, algunos de los cuales habían ostentado el cargo de ministros. Las denominadas “puertas giratorias” entre política y empresas eléctricas demuestran que la gestión pública de la energía ha estado no infrecuentemente alejada de los fines e intereses generales que se la presumen[18].

En un estudio de 2007 titulado La competencia en los mercados energéticos, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la Competencia de Naciones Unidas ya afirmaba que la liberalización del sector eléctrico puede redundar en un aumento de los precios y asimismo que la privatización no suele contribuir a alcanzar los objetivos de electrificación rural. Además, el aumento de la eficiencia de las antiguas empresas estatales de servicios públicos puede entrañar la pérdida de muchos puestos de trabajo, concluyendo que la experiencia acumulada en materia de liberalización de los mercados energéticos demuestra que no existe un único modelo de mercado adecuado para introducir una competencia efectiva en esos mercados[19].

En efecto, la privatización del sector eléctrico español a finales de los años 90 disparó el precio de la electricidad, creando un mercado que pronto se orientó hacia unos intereses alejados y no alineados con el bien común de la sociedad española. La mera proposición de una (re)nacionalización total o incluso parcial del sector eléctrico español parece hoy en día un tema tabú dentro del debate sobre las políticas públicas en materia energética. Lo mismo puede decirse del impulso a las cooperativas de energía y a la regulación del fenómeno de la micro-cogeneración y del autoconsumo con energías libres y renovables, que supondría una verdadera revolución del mercado y que abriría múltiples posibilidades para la autogestión y soberanía social de la energía.

No obstante, a lo anterior, caben medidas intermedias, como la constitución de una empresa pública de electricidad que ofreciera servicios de suministro básico asequible contribuyendo a desconcentrar el mercado y estimular la competitividad. Otra propuesta podría ser la de recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada vayan caducando. Esta medida permitiría complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan valles, sin que interfieran intereses económicos privados, así como compensar a los territorios que soportan las centrales y sufren las consecuencias de la desigualdad territorial.

6. Hacia unos nuevos horizontes de reflexión y actuación sobre la pobreza energética

 La creciente y alarmante pobreza energética en España nos pone de relieve la necesidad de una mayor audacia en la comprensión y orientación de las políticas públicas al respecto, en numerosas ocasiones afectadas por un cortoplacismo y reduccionismo que ha impedido la obtención de resultados notables hasta la fecha. La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, ya en marcha, cubre algunas lagunas que existían y facilita nuevos escenarios para la intervención y solución, pero no contiene un horizonte realmente transformador ni integral que permita terminar eficazmente con la pobreza energética.

Es necesario un enfoque más omnicomprensivo y transversal, que se principie desde las causas mercantiles y no sólo desde los efectos sociales del fenómeno de la pobreza energética. Las diversas organizaciones sociales que trabajan en este ámbito están en posición de jugar un papel clave y directo en la intervención y solución de este problema. Ello implica necesariamente ir más allá de las medidas meramente paliativas. Las políticas de bonificación de la factura eléctrica o de eficiencia energética en hogares vulnerables pueden ser, ciertamente, medidas oportunas, pero no suficientes ni centrales para la resolución de esta problemática socioeconómica. Examinar más profundamente el fenómeno de la pobreza energética implica replantear las bases estructurales del mercado eléctrico, sobre todo la formación y transparencia de los precios, así como los fines de la política energética actual, cuya operatividad impide aún la garantía de un suministro asequible para muchos hogares españoles en situación de vulnerabilidad.

Hablar de pobreza energética implica reconocer jurídicamente un derecho universal a la energía, es decir, una garantía de suministro mínimo vital y una prohibición de desconexión. La dignidad humana, afectada por la pobreza energética, presupone, antes de ello, reconocer un pleno derecho a la vivienda, porque éste quedaría ineficaz si en la vivienda no hay un suministro eléctrico mínimo asegurado. De poco sirve que se reconozca constitucionalmente un derecho a la vivienda si la vivienda carece de energía. De la misma forma, de nada sirve el reconocimiento legal de un derecho a la energía si una parte de la población no tiene acceso real a la vivienda, por motivo del encarecimiento del mercado de venta y alquiler de las primeras viviendas. Es preciso tener en cuenta el alto grado de endeudamiento que afrontan las familias españolas para el acceso a la primera vivienda, así como los grupos de población que habitan en hogares sin título de propiedad o con arrendamientos irregulares.

En este sentido, se hace inaplazable el fomento de un potente parque de vivienda pública en alquiler social con subvención para los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables. Lo mismo puede afirmarse del derecho al trabajo, habida cuenta de que España, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, tiene una cifra total de parados registrados de 3.065.804. Energía, vivienda y empleo están interrelacionados, y cualquier medida de política social debería contemplar la coordinación territorial y administrativa de todas ellas.

La situación oligopólica del mercado eléctrico y la política energética desde la privatización del sector en los 90 hasta las recientes medidas gubernamentales han agravado las desigualdades sociales en este aspecto, impactando de lleno en colectivos de por sí vulnerables, por tratarse la pobreza energética de un tipo pobreza que se suele yuxtaponer a la pobreza general monetaria y a situaciones de desempleo, bajas rentas y exclusión social. El precio de la energía en España es de los más caros de la UE y la opacidad y regulación de dicho precio es uno de los núcleos centrales del problema de la pobreza energética, que no sólo afecta a los colectivos vulnerables sino indirectamente a la competitividad y productividad de las empresas españolas, encareciendo las exportaciones. La política energética de los últimos gobiernos ha sido errática por haber estimulado con ayudas de Estado el sector de las renovables, ayudas que posteriormente fueron anuladas por las autoridades europeas, recibiendo el Estado español numerosas sanciones y multas al respecto.

Luchar contra la pobreza energética sin tener en cuenta la estructura actual del mercado eléctrico y las consecuencias prácticas que se arrastran en perjuicio del bienestar de la población es no abordar el problema en sus términos adecuados. De ahí que mientras siga subiendo el precio de la electricidad y persista el actual esquema asistencialista en torno al fenómeno de la pobreza energética, la vía será la de aumentar los fondos presupuestarios, porque se irán sumando más ciudadanos a los colectivos vulnerables con incapacidad de pago.

Una regulación realmente orientada a las causas y no sólo a los efectos debería contemplar una desconcentración del mercado eléctrico y un endurecimiento del régimen de sanciones por infracción del derecho de la competencia. También debería incluir incentivos fiscales para la incorporación de tecnologías de autogeneración, autoconsumo y de eficiencia energética (como los contadores inteligentes), así como mecanismos de tutela judicial para empoderar a los consumidores energéticos, mejorar la claridad del lenguaje administrativo y de los contratos de suministro energético con supervisión y prevención de clausulados abusivos predispuestos por las empresas eléctricas. A ello habría que sumar decididamente la exención del IVA a los colectivos vulnerables y la aplicación del tipo superreducido del 4% y no del general del 21% al resto de la facturación eléctrica. Tampoco deberían contemplarse en las facturas sobrecostes derivados de las ayudas al carbón y las primas a las renovables[20]. Estos sobrecostes no deberían figurar en la factura a pagar por el consumidor sino introducirse en los presupuestos generales del Estado.  Existen varias palancas (de política tributaria y presupuestaria) con las que reducir materialmente los importes de la factura eléctrica en beneficio de todos los consumidores eléctricos. Repensar la factura eléctrica requiere voluntad política y ésta puede activarse con reivindicaciones sociales y sectoriales concretas en dicha dirección.

Junto al replanteamiento de la factura eléctrica se encuentra la cuestión del pago. La energía se paga más por la potencia contratada que por el consumo efectivo. El término fijo no debería ser superior al 25 % de la factura y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) deberían tener un precio bastante más bajo, que aumentaría en los siguientes hasta penalizar el despilfarro. Debería instarse una reforma normativa para evitar que esto fuera así, porque ello desincentiva el ahorro energético. Y lo que es peor, se desincentiva el I+D+i en tecnología de ahorro energético, como la micro-cogeneración mediante energías verdes y renovables como el biogás y la biomasa, o en materia de educación y climatización de viviendas nuevas o usadas, estimulando la rehabilitación energética para mejorar el aislamiento de las mismas. La rehabilitación de viviendas para promover la eficiencia energética debería ser una prioridad política, incluyendo el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Las subvenciones deberían ser prioritarias para los hogares y zonas más vulnerables, conforme a las garantías de justicia social y territorial. En definitiva, las soluciones a la pobreza energética podrían servir como acicate para el impulso de una economía más justa pero también más descarbonizada.

7. Bibliografía

[1] La Estrategia da cumplimiento al mandato establecido en el artículo 1 del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que encomienda al Gobierno la aprobación de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

[2] La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las condiciones del ambiente interior de la vivienda influyen directamente en nuestra salud. Como se afirma en las Directrices de la OMS sobre vivienda y salud de 2018, las malas condiciones de habitabilidad pueden exponer a las personas a una serie de riesgos para la salud, y la dificultad o el coste elevado de calentar el hogar afectan a la salud respiratoria y cardiovascular, mientras que las altas temperaturas interiores pueden causar enfermedades y aumentar la mortalidad por causas cardiovasculares.

[3] https://www.energypoverty.eu/

[4] Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017, este indicador ha sufrido un importante aumento en el período 2008-2014, desde el 4,6% de 2008 al 9,2% de 2014, compensado parcialmente en los últimos años hasta situarse en el 7,4% en 2017. Este porcentaje de la población es equivalente a 3,5 millones de personas.http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608

[5] https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

[6] Según el Ministerio para la Transición Ecológica, los últimos datos disponibles sobre los bonos sociales eléctricos arrojan la cifra de 1.436.268 solicitudes completas recibidas, de las cuales 1.041.612 son bonos sociales activos. De esta última cifra, 544.570 bonos corresponden a consumidores en situación de vulnerabilidad, 494.372 a consumidores en situación de vulnerabilidad severa y 2.670 a personas en riesgo de exclusión social. Para el año 2018, el coste del bono social eléctrico fue de unos 200 millones de euros según datos de la CNMC. Para el año 2019, han sido destinados a la financiación del bono social término 80 millones de euros.

[7] El bono térmico es una ayuda -una única cantidad- que concede el Ministerio para la Transición Ecológica a los beneficiarios del bono social eléctrico, para ayudarles a pagar los gastos del combustible que utilicen para calefacción, agua caliente sanitaria o cocina en la época invernal. Los beneficiarios del bono social eléctrico reciben una única aportación en metálico según su nivel de renta y de la zona climática donde esté la vivienda.

[8] La condición de entidad privada de la comercializadora de referencia conlleva la aportación de documentación inicial por parte del consumidor para acreditar que solicita el bono social para su vivienda habitual (certificado de empadronamiento) y que forma parte, si es el caso, de una unidad familiar (libro de familia o documento que certifique el estado civil del solicitante). Este aspecto se vería simplificado en el caso de que la solicitud fuese presentada ante una administración pública habilitada para la consulta de determinados registros y bases de datos obrantes en otras administraciones, previa suscripción de los correspondientes acuerdos y convenios entre las administraciones. Por otro lado, sería aconsejable un endurecimiento del régimen sancionador de las infracciones relacionadas con las conductas de las comercializadora que supongan un entorpecimiento de la operativa prevista, sobre todo en lo relativo a la resolución de discrepancias regulado por el artículo 8.2. párrafo 3º del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

[9] Debería replantearse la forma en que se presta el apoyo voluntario a los colectivos afectados por la pobreza energética. La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado, exige que los voluntarios de las entidades de voluntariado (empresas, ONG, entidades sin ánimo de lucro, etc.) tengan que estar asegurados (artículo 10). Esta obligación de aseguramiento supone a dichas organizaciones sociales incurrir en un coste fijo y operativo que puede hacer inasumible el servicio social que prestan.

[10] Artículo 3.3: Member States shall take appropriate measures to protect final customers, and shall, in particular, ensure that there are adequate safeguards to protect vulnerable consumers. In this context, each Member State shall define the concept of vulnerable customers which may refer to energy poverty and, inter alia, to the prohibition of disconnection of electricity (gas) to such customers in critical times.

[11] En relación con la imposibilidad de suspender el suministro de los consumidores de gas natural, el artículo 88 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece la imposibilidad de suspender el suministro a los consumidores de combustibles gaseosos por canalización que reglamentariamente se hayan declarado como esenciales, incluso en el caso de impago.

[12] https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/cambio-de-comercializador

[13] https://www.eleconomista.es/energia/noticias/8352315/05/17/Como-Iberdrola-presuntamente-manipulo-los-precios-de-la-electricidad.html

[14] https://www.cnmc.es/expedientes/djvde00118

[15] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics/es

[16]https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/estragos-falso-mercado-electrico_6_735686444.html

[17] https://www.ree.es/es/accionistas-e-inversores/la-accion/accionariado

[18]https://www.yoibextigo.lamarea.com/wpcontent/uploads/2018/09/YOIBEXTIGOPUERTASGIRATORIAS.pdf

[19] https://unctad.org/es/Docs/c2clpd60_sp.pdf

[20] Véase a este respecto, el interesante trabajo de Mastropietro, P., “Who should pay to support renewable electricity? Exploring regressive impacts, energy poverty and tariff equity”, Energy Research & Social Science, Volume 56, October 2019.

 

Número 3, 2019
A fondo

Salud mental en tiempo de crisis: aportaciones desde el Trabajo Social Sanitario en el ámbito de la salud mental

Agustina Crespo Valencia

Trabajadora Social sanitaria en Centros de Salud Mental de Puente Vallecas. Hospital Universitario Infanta Leonor–Hospital Virgen de la Torre. Madrid.

Vocal de la Junta de Gobierno y Presidenta de la Comisión de Trabajo Social Sanitario del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid. Colegiada 957.

 

Introducción

La aparición en nuestras vidas del virus del SARS-CoV-2 ha generado una emergencia sanitaria con consecuencias en todas las dimensiones holísticas de la vida de las personas que ha hecho tambalear nuestras rutinas personales, los modos y maneras de vivir, los valores personales, las costumbres y ritos culturales y espirituales, las condiciones del medio ambiente… dando lugar a una crisis global.

Esta situación ha puesto sobre la mesa la identidad que tenemos como persona que necesita cuidarse, que la cuiden y poder cuidar de otros, donde la comunidad se postula como agente cuidador y las instituciones necesitan de reinventarse para cumplir su objetivo de protección y garantía de derechos de la ciudadanía.

La emergencia sanitaria creó un nuevo escenario en nuestras vidas, nunca antes vivido. En un primer momento se paralizó toda la actividad educativa, administrativa, económica, etc.

Se tomaron medidas políticas en salud pública y socio-económicas para evitar el contagio y la propagación del virus. Se instauró el confinamiento domiciliario, la distancia física, el cierre de empresas no esenciales.

Estas medidas conllevaron la (re)organización y (re)construcción de la vida de las personas, familias, comunidades, entidades e instituciones públicas y privadas.

La imprevisibilidad de la situación ha generado una incertidumbre en la sociedad, provocando efectos sanitarios, sociales y económicos dando lugar a un sufrimiento psíquico y una fractura emocional con importantes efectos en la salud mental donde las poblaciones con vulnerabilidad social han sido especialmente más afectadas.

La necesidad de abordar, lo que en pocas semanas se identificó como una pandemia, hace resurgir recomendaciones sobre la intervención en situación de emergencia sanitaria y social a nivel macro de instituciones internacionales y nacionales que apostaban por reorganizar la atención sanitaria, la salud mental y el apoyo psicosocial, como forma de prevención, atención y promoción, para mitigar los efectos de la misma y prevenir el riesgo de enfermar física y mentalmente.

Las tragedias personales y familiares, perdidas/duelos inesperados, repercusiones en salud física (con posibles secuelas aún por determinar), dificultades para cubrir cuidados, mantener el confinamiento y aislamiento social, cambios en las relaciones convivenciales familiares y sociales, la sobrecarga de cuidadores de menores y mayores dependientes (en especial en las mujeres), problemáticas para poder cubrir las necesidades sociales, laborales, habitacionales, educativas, relacionales y espirituales han sido elementos que han afectado en mayor o menor medida a la salud mental de toda la ciudadanía.

Por la magnitud de la población afectada y por el sufrimiento colectivo se podría calificar como trauma colectivo, donde la aparición de problemáticas de salud mental va a estar mediatizadas por determinantes sociales, por la capacidad de resiliencia personal y familiar, por la disponibilidad de las redes de apoyo y recursos de protección social que puedan estar disponibles y accesibles.

 

1.- Escenario de la pandemia

Una vez instaurada la normativa del estado de alarma, como medida política ante la crisis sanitaria, empiezan a dictarse normas que afectaban a los derechos y al desempeño diario de la ciudadanía tanto en lo sanitario como en lo social.

El impacto de la pandemia ha puesto sobre la mesa, de nuevo, las desigualdades en salud que tienen que ver con los contextos socioeconómicos y políticos donde se vive (políticas económicas, mercado de trabajo y estado de bienestar) y de determinantes como: condiciones del empleo y el trabajo, el trabajo doméstico y de los cuidados, situación económica de las personas, vivienda y entorno residencial; entre los que pueden presentar desigualdades según la clase social, el género, la edad y el territorio donde se viva)[1]; todas estas circunstancias han creado una mayor o menor prevalencia e incidencia en la demanda de atención a la salud mental, con más efectos en la población que ya presentaba situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad social.

A nivel social aparecen nuevas situaciones vitales que afectan a grupos de población más vulnerable:

  • Género: mujeres solas, trabajadoras de los cuidados, víctimas de violencia de género y trata.
  • Mayores e infancia.
  • Personas con diversidad funcional o enfermedad mental,
  • Inmigrantes con irregularidad administrativa, asentamientos temporeros, menores no acompañados.
  • Bajo nivel de rentas, situación laboral precaria.
  • Minorías étnicas[2]

Colectivos más afectados:

  • Niños con situaciones de vulnerabilidad social y emocional.
  • Población con multipatologías crónicas tanto físicas como mentales.
  • Población con dificultades de adaptación a la nueva situación.
  • Profesionales del ámbito de la salud[3].

La multitud de realidades vividas han tenido mayor incidencia en las siguientes áreas:

  • Físicas: secuelas por el covid-19 y/o por el agravamiento de las enfermedades padecidas con anterioridad, por los cambios en rutinas diarias (obesidad, falta de movilidad física…).
  • Emocionales: causadas en primera persona por el covid-19, por los fallecimientos inesperados de familiares y allegados que han afectado a los modos y maneras de vivir, el distanciamiento físico en las relaciones interpersonales tanto familiares como de allegados, el impacto personal y social por las noticias a nivel mundial y posibles descompensaciones de enfermedades mentales padecidas con anterioridad.
  • Económicas: disminución de ingresos económicos por la paralización del desempeño laboral tanto de trabajos legales como de economía sumergida, paralización de la búsqueda de empleo, cambios en los modos y las formas de tramitación de gestiones administrativas con dificultades por la brecha digital de la población y lentitud de las instituciones para dar respuesta a las mismas, despidos laborales, gestión de los ERTE,… circunstancias que incidieron de forma directa en la sostenibilidad de las necesidades básicas de las personas afectadas y en especial de los grupos de población con vulnerabilidad o riesgo social para afrontar necesidades de alimentación, suministros de las viviendas, hipotecas… donde tampoco fue posible el apoyo de la red familiar extensa y allegados por encontrarse en la misma situación.
  • Residenciales: problemas de acceso a una vivienda, de pagos habitacionales (alquiler, hipotecas), espacios físicos con hacinamiento que afecta a la seguridad personal frente a la propagación del virus, viviendas con falta de suministros básicos (impagos), acceso a la educación por falta de medios telemáticos disponibles en las viviendas.
  • Educativas: accesibilidad a las nuevas formas de acceso a la educación, con mayor afectación a las familias con carencia de medios y herramientas digitales y de conectividad para el acceso a redes.

El malestar psíquico en las diferentes situaciones de emergencia sanitaria o social puede ocasionar un aumento de demandas de tratamiento en salud mental, pero no todo el malestar y el estrés de la vida cotidiana genera un sufrimiento emocional que requiere de ser tratado ni de dar una respuesta sanitaria desde la salud mental sino de tener una visión psicosocial para llevar a cabo abordajes comunitarios desde instituciones de primera línea de atención, que permitan intervenir desde equipos multiprofesionales e intersectoriales (donde el trabajo social será fundamental), con premura ante situaciones de necesidades sociales a la población con situaciones de vulnerabilidad y/o riesgo social, para lo que se necesitan mejoras en políticas sociales.

Las situaciones creadas por la pandemia han visibilizado las debilidades y la fragilidad de los contextos sociales y familiares para dar respuesta a las necesidades, requiriendo de apoyo de los sistemas de protección social (sanidad, ss.ss, educación, empleo…), que también han tenido dificultades de accesibilidad, atención y respuesta a las necesidades de la ciudadanía, dando lugar a una mayor polaridad social, haciendo visible y necesario políticas que aborden las desigualdades sociales en salud.

Los barrios de Madrid capital con mayor incidencia de casos de Covid-19: Puente Vallecas, Carabanchel, Latina y Ciudad Lineal y entre los municipios: Fuenlabrada, Móstoles, Getafe y Leganés[4], donde también existen zonas de mayor vulnerabilidad social.

 

2.- Red de salud mental en Comunidad de Madrid

Las instituciones nacionales e internacionales vienen desde el inicio de la emergencia sanitaria, señalando la previsión de un aumento de consultas en salud mental por la afectación emocional, la situación y las repercusiones a futuro de la situación sociosanitaria y económica, con sospecha de aumento de consumo de sustancias, riesgo autolítico, violencia de género y descompensaciones en población con tratamiento de salud mental previos que van a necesitar de intervenciones desde un prisma biopsicosocial enfocado a la recuperación.

La atención a la salud mental en la Comunidad de Madrid está planificada y organizada a través de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Sanidad, que dispone de centros de salud mental dependientes de los distintos servicios de psiquiatría de cada gerencia hospitalaria y se trabaja de forma colaborativa y en corresponsabilidad con la Red de Rehabilitación dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad.

Ambas consejerías asumen las recomendaciones a nivel macro del Comité Permanente Interinstitucional para llevar a cabo una asistencia humanitaria con acciones centradas en salud pública, salud mental y apoyo psicosocial que permita formalizar estrategias de prevención para salvar vidas y minimizar efectos.

Teniendo en cuenta la diversidad de la gestión de la organización de la atención a la salud mental en los distintos centros de salud mental, la diferencia en la incidencia y la frecuentación asistencial y así como los determinantes sociales y contextuales de los distritos o barrios de Madrid, existió la necesidad de dar una respuesta equitativa y eficaz centradas en las necesidades de la población dentro de su marco territorial de referencia, continuando y potenciando aún más, un modelo de trabajo en red, colaborativo entre ambas consejerías enfocado en el seguimiento de los pacientes y familias para el apoyo a necesidades de carácter biopsicosocial y la recuperación.

Desde ese prisma, la Oficina Regional de Coordinación de las Salud Mental y Adicciones establece líneas de acción y desarrollo operativo:

  1. Medidas de carácter organizativo teniendo presente la seguridad de los profesionales y de la ciudadanía dentro de un contexto de crisis priorizando la atención a las personas con trastornos mentales graves, la detección de situaciones de riesgo de suicidio, potenciar la atención psicológica a personas afectadas por covid-19 y favorecer y promover mecanismos de autoayuda y apoyo mutuo respetando la distancia social, a través de redes sociales, asociaciones de usuarios, familias y otros miembros de la comunidad.
  2. Actuaciones de promoción y prevención de la salud mental y atención a población vulnerables: grupos de riesgo (TMG, población general y profesionales). Garantizar el seguimiento y la seguridad en los centros de salud mental de la red y en los programas de específicos de ESACAM, PAIPSE…[5]

En los centros de salud mental de la Comunidad de Madrid se dio prioridad a tres grupos de población para facilitar la organización de la atención:

  • personas/familias que ya estaban en intervención en los centros de salud mental en especial a pacientes con Trastornos Mentales Graves y Crónicos.
  • nuevas demandas derivadas de Atención Primaria de Salud con sintomatología de alto riesgo (intentos autolíticos, brotes psicóticos, alteración conductual de riesgo, depresiones) especialmente en: población infanto-juvenil, personas con secuelas psicopatológicas del Covid-19 y/o con consecuencias de la situación socioeconómicas de la pandemia.
  • Otro colectivo que ha requerido especial atención ha sido la población en situación de sinhogarismo con enfermedades mentales graves al no poder seguir viviendo en la calle por la situación de salud pública que ha generado el covid-19 y no disponer a nivel regional de recursos adaptados para este tipo de población.

El colectivo de trabajadores/as sociales de los centros de salud mental, han organizado un sistema de comunicación en red para poder intercambiar noticias, recursos, normativas, programas de tipo social, procedimientos digitales… para poder estar informados en tiempo real y poder ofrecer a la ciudadanía un servicio de mayor calidad y eficiencia.

 

3.- Demandas de intervención social en los centros de salud mental

Los profesionales del Trabajo Social tenemos un compromiso ético recogido en nuestro código deontológico, donde nos marca nuestros principios y nuestras funciones para con la ciudadanía.

En el ámbito de la salud mental, los/as trabajadores/as sociales sanitarias somos los/as referentes para la evaluación y el diagnóstico de la situación de las personas que están en tratamiento en el centro y necesitan de un abordaje psicosocial y social, formamos parte del equipo multiprofesional e interdisciplinar de los centros de salud mental en la Comunidad de Madrid, desde donde se trabaja con un modelo de atención comunitaria y gestión de casos.

Los profesionales del trabajo social, en este ámbito, somos el nexo con los distintos sistemas de protección social y tenemos competencias para llevar a cabo la operatividad de la coordinación y colaboración entre los distintos sistemas, las entidades sociales del Tercer Sector y las redes comunitarias de apoyo que pudieran estar implicadas en el proceso de tratamiento de las personas con problemas de salud mental.

Áreas de necesidades evaluadas desde el trabajo social en el ámbito de la salud mental son los problemas psicosociales y ambientales generados que necesitan intervención por tener con el grupo primario de apoyo, el ambiente social, lo relativo a la enseñanza, nivel de formación y ocupación, problemas laborales, de vivienda, económicos, de acceso a servicios de asistencia sanitaria, relacionados con la situación legal (civil/penal), entre otros[6] y que pueden generar diferentes niveles minusvalía, discapacidad o dependencia. Centrando, siempre la atención en la génesis sociocultural, en sus potencialidades personales y vivenciales, su capacidad de resiliencia y de apoyo familiar y social; como elementos fundamentales para establecer los apoyos y acompañamiento social, recursos sociocomunitarios y económicos a los que se pueda tener acceso.

Con el inicio de la pandemia, nos enfrentamos al reto de (re)organizar y (re)construir nuestra forma de intervención para mantener los cuidados y el acompañamiento social a pesar de las dificultades de la distancia física, la accesibilidad, la disponibilidad de la conectividad y la brecha digital de las propias instituciones y de la ciudadanía. Otra área de intervención ha sido la potencialización colaboración, coordinación y la cooperación entre todos los recursos de la red de salud planificar y modular canales de supervisión de pacientes y familias sin duplicar esfuerzos.

Centramos la intervención en tres grupos para facilitar los procedimientos de apoyo, acompañamiento social e intervención social desde el trabajo social sanitario en el ámbito de la salud mental:

  1. Personas afectadas por trastornos mentales graves y crónicos previamente atendidos en el centro de salud mental en los Programas de Continuidad de Cuidados y Rehabilitación Social, desde donde se trabaja la intervención centrada en la persona, siendo fundamental trabajar el vínculo con el paciente para poder establecer una relación que permita una intervención para mejorar su vida diaria.

Se ha trabajado desde la consulta telefónica y/o presencial, con aumento en la frecuencia de contactos telefónicos para supervisar necesidades y organizar posibilidades de apoyo; haciendo especial hincapié en el perfil de personas con vulnerabilidad social: vivan solas y/o contagiados por virus, con convivientes mayores dependientes, con menos capacidad para los autocuidados y limitaciones económicas; con el objetivo de poder detectar situaciones de riesgo social y posibles descompensaciones de su enfermedad.

La intervención ha estado enfocada a trabajar con los pacientes el mantenimiento y promoción de rutinas y hábitos saludables, (aseo, alimentación, sueño, ocio, ejercicio físico..), disponibilidad de alimentos y suministros de la vivienda, medicación, mantenimiento de su red de apoyo,  soporte en la gestión administrativa y derivación  a otros recursos sociocomunitarios, se ha potenciado a pesar de las dificultades la coordinación sociosanitaria (correo electrónico, video llamadas, reuniones por algún sistema operativo digital, instituciones sin actividad).

La dificultad de accesibilidad a los pacientes ha generado un cambio en la forma de atender a los recursos de la red de salud mental, tanto diurnos como residenciales, pero también ha permitido poner en funcionamiento otros sistemas de atención telefónico/digital para poder mantener los contactos, los cuidados y hacer una acción de prevención y promoción sobre los temas de seguridad personal y familiar por la situación del covid-19.

  1. Personas con nuevas demandas de tratamiento:

Personas con estrés y traumas con afectación emocional y sufrimiento psíquico, en ocasiones con indicadores de riesgo importante en salud mental debido a la situación  social y económica generada por la pandemia que necesitan de intervención social, por el desconocimiento y las dificultades de accesibilidad a los sistemas de protección social (SS.SS. SEPE, INSS, Dependencia,….) y necesidad  orientación e información sobre de derechos de la ciudadanía y búsqueda de recursos comunitarios de la redes de apoyo del Tercer Sector y  las  creadas por iniciativa vecinal y comunitaria, donde ha destacado Somos Tribu.

  1. Población infanto-juvenil:

Colectivo especialmente afectado por la pandemia y la crisis económica y social. Han aparecido un aumento de trastornos disfuncionales por las situaciones vividas en sus familias que han generados situaciones de alto riesgo y necesidades de intervención desde diferentes áreas de su vida: alimentación, vivienda (hacinamiento, falta de enseres), educación, socialización; con necesidades de intervención desde salud mental que a pesar de la puesta en marcha de servicios y aumento de plantillas por parte de la Comunidad de Madrid, no han sido suficientes.

 

En los tres perfiles de población se ha visto aumentada la demanda en atención en salud mental desde el trabajo social, con un aumento porcentual importante, (pendiente de medición). Se han realizado intervenciones presenciales y telefónicas más allá de la agenda programada. Ha sido un trabajo en ocasiones, adelantándose a las demandas para intentar supervisar, acompañar y gestionar recursos que pudieran necesitar los pacientes y familiares para prever y disminuir descompensaciones, paliar necesidades básicas y realizar gestiones por carecer la ciudadanía de medios telemáticos y conocimiento digital adecuado para llevarlas a cabo. Haciendo especial hincapié en el respeto los principios de autonomía e independencia del paciente.

También se han llevado a cabo evaluaciones e intervenciones sociales para facilitar la accesibilidad y la equidad de trato con los diferentes sistemas de protección social (Atención Social Primaria, Atención Primaria de Salud, Educación, Justicia).

Hay otro perfil de personas atendidas en el centro de salud mental, con menos incidencia y que diferencio de los perfiles anteriores por la situación estratégica que tienen en esta pandemia, serían los profesionales de diferentes categorías sanitarias y no sanitarias que realizan su trabajo en el sistema sanitario que en menor proporción han necesitado apoyo para trámites y gestiones de tipo social por parte de los/as trabajadores/as sociales de los CSM.

 

4.-  Consideraciones finales

Los/as profesionales del trabajo sociales del ámbito de la salud mental siempre trabajamos desde situaciones de doble crisis la sanitaria y la social.

Para seguir avanzando en el trabajo social sanitario en el ámbito de la salud mental debemos tener presente que hay determinantes sociales que afectan directamente a los procesos de salud versus salud mental, necesitamos dar respuestas rápidas a las necesidades articulando diferentes elementos:

  • Gestión coordinada y colaborativa centrada en la persona entre sanidad y el resto de los sistemas de protección social, incluyendo a las entidades y organizaciones de carácter comunitario, con especial insistencia en la gestión de casos que presenten mayor situación de vulnerabilidad social que permita la recuperación en todos los ámbitos de la vida.
  • Establecer protocolos de riesgo social en pacientes con problemas de salud mental que permita hacer un abordaje más integral, efectivo y equitativo a las necesidades de la población en momentos de emergencia.
  • Definir tipologías de diagnósticos sociales sanitarios en salud mental supondría un avance en el diagnóstico epidemiológico, fundamental para el registro de casos, gestión de los mismos y para la investigación social en salud mental.
  • Mejorar la praxis profesional mediante formación sobre temas relacionados con la mejora de las competencias profesionales del trabajo social.
  • Aumento de ratios profesionales del trabajo social sanitarios en los CSM para poder ofrecer un acompañamiento y una intervención social más integral e integradora tanto a nivel familiar, social o comunitario.
  • Políticas transversales entre los sistemas de protección social que tengan como objetivo principal proteger y cuidar a la ciudadanía.

Todos los procesos de salud mental necesitan de la presencia y voz de las personas y familias afectadas. El objetivo de todos, profesionales y ciudadanía afectada, es la recuperación con acciones que respeten la humanización en el trato y el respeto a los derechos humanos.

 

Bibliografía

Asociación Española de Trabajo Social y Salud (2017). Cartera de Servicios de trabajo social sanitario

Código Deontológico de Trabajo Social. Consejo General de Trabajo Social. 2012

Comisión para reducir las desigualdades sociales en salud en España (2021). Propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades en salud en España (internet).

Documento equidad en salud y covid-19. Editado por el Ministerio de Sanidad. 2020.

Fernández Ruíz, Sergio. Sánchez Bayle, Marciano. Sánchez Fernández, Carlos. Salud, pandemia y sistema sanitario. Ed: Foca. 2021

Howe, David (1997). La teoría del vínculo afectivo para la práctica del trabajo social. Ed: Paidos Trabajo Social 3.

Munárriz Ferrandis, Mikel (2020). Sobre salud mental, covid-19 y normalidad. Revista de la AEN, v. 40, nº 37.

Plan de Respuesta Asistencial Prioritaria en Salud Mental en la postcrisis por COVID19. Línea 3 de acción de la Guía de Actuaciones en Psiquiatría, Salud Mental y Apoyo Psicosocial en la pandemia por COVID19. Oficina Regional de Coordinación de la Salud Mental y Adicciones. Consejería de Sanidad. Mayo de 2020.

Redes comunitarias en la crisis de Covid-19.  https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/ImplementacionLocal/Redes_comunitarias_en_la_crisis_de_COVID-19.pdf  (30/04/2020)

https://covid19liburuzuria.eus/media/LibroBlancoCOVID19.pdf

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/informe_epidemiologico_semanal_covid.pdf

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050142.pdf

DSM  IV-TR. Breviario Criterios diagnósticos. Ed: Masson

Boletín 47, invierno de 2021. Asociación Madrileña de Salud Mental- Asociación Española Neuropsiquiatría. (AMSM-AEN).

[1] Comisión para reducir las desigualdades sociales en salud en España. Propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades en salud en España (internet).2012.

[2] Redes comunitarias en la crisis de Covid-19https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/ImplementacionLocal/Redes_comunitarias_en_la_crisis_de_COVID-19.pdf  (30/04/2020)

[3] https://covid19liburuzuria.eus/media/LibroBlancoCOVID19.pdf

[4] https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/informe_epidemiologico_semanal_covid.pdf

[5] http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050142.pdf

[6] DSM  IV-TR. Breviario. Criterios Diagnósticos. ED: Masson

 

Número 8, 2021
A fondo

Vidas de mujeres: comprender su exclusión para avanzar hacia un nuevo espacio de inclusión social

Alicia Suso Mendaza

Equipo de coordinación territorial de Cáritas Bizkaia

Ana Sofía Telletxea Bustinza

Licenciada en Sociología. Responsable del departamento de análisis y desarrollo de Cáritas Bizkaia

 

1. Introducción

El conocido y constatado fenómeno de la feminización de la pobreza ha puesto de manifiesto, hace ya algunas décadas, que la exclusión no es neutra, que opera de forma distinta en los procesos vitales de hombres y mujeres.  Así, hoy casi nadie discute que los elementos a partir de los que medimos la pobreza y la exclusión también están atravesados por el sistema sexo-género, generando para las mujeres dificultades específicas que, en interacción con otras, pueden desembocar en situaciones de exclusión social que no se explican sin esa mirada de género.

Dicho de otra forma, la anteriormente citada elocuencia de los datos, debería servirnos para abrir la mirada: no se trataría de constatar que las mujeres son pobres, sino de entender que la pobreza y la exclusión están condicionadas por el género.

Esta afirmación nos lleva a plantear que los mecanismos de inclusión social tampoco son ajenos a la desigualdad de género. Para superar o al menos paliar la llamada feminización de la pobreza, es necesario generar procesos de inclusión que corrijan las desigualdades entre hombres y mujeres, que avancen hacia la equidad. De otra forma, sólo estaremos aplicando respuestas válidas para algunos, y perpetuando las dificultades específicas para la inclusión social de las mujeres, así como la imagen estereotipada de las mujeres pobres.

En resumen, comprender la exclusión a través de la mirada de género nos lleva, necesariamente, a cuestionar y modificar nuestros modelos de inclusión.

2. La contundencia del análisis

Para acercarnos a comprender la realidad de pobreza y exclusión social de las mujeres nos centraremos en indicadores relacionados con el empleo, el riesgo de pobreza y la exclusión tanto desde una perspectiva multidimensional, como reflejando la importancia de algunos indicadores específicos que están operando en esta realidad.

2.1. La cuestión del empleo

El empleo y la protección económica que genera a través del sistema contributivo son considerados factor clave en nuestro actual modelo de inclusión social y protección ante la pobreza. Pero constatamos diferencias significativas de género tanto en el acceso el empleo como al tipo de empleo al que se accede.  Esta desigualdad de género en relación al empleo es uno de los factores que explican la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión en las mujeres.

La tasa de paro ha evolucionado de manera muy distinta entre hombres y mujeres. Tradicionalmente el paro es superior en las mujeres que en los hombres. Como efecto de la crisis, la diferencia se redujo considerablemente llegando a porcentajes entre el 25% y 26% de paro en ambos grupos. Sin embargo, cuando se ha reiniciado la recuperación y la tasa de paro ha comenzado a reducirse, la diferencia ha vuelto a aparecer. La mejora en la reducción de la tasa de paro ha impactado principalmente en la población masculina y apenas lo ha hecho en las mujeres.

 

 

La Tasa de inactividad laboral: En 2019 la población inactiva en España fue de más de 16 millones de personas. De ellas el 58% (cerca de 9 millones y medio) fueron mujeres. Esto supone un diferencial de más de 2 millones y medio de mujeres inactivas respecto a hombres. Fijándonos en los motivos principales de esta inactividad laboral también identificamos diferencias considerables. La realización de labores del hogar y percibir una pensión distinta a la jubilación o prejubilación son los motivos de inactividad mayoritarios para las mujeres. Es decir, se trata de motivos desconectados del mundo del empleo. Las mujeres superan en 2,8 millones a los hombres en el caso de la inactividad laboral por dedicarse a las labores del hogar y en 1,3 millones por percibir una pensión no contributiva.

En el caso de la inactividad por incapacidad permanente la diferencia entre hombres y mujeres es de 29.000 mujeres más en esta situación respecto a hombres en todo el Estado. En el caso de los estudios la diferencia es de 96.000 mujeres más respecto a hombres. Y la inactividad por dedicarse a actividades benéficas también se reparte de forma igualitaria entre hombres y mujeres.

La jubilación/prejubilación es el motivo de inactividad principal en el caso de los hombres y es significativamente mayor que en el de las mujeres: más de 1 millón y medio de hombres más que mujeres inactivas por este motivo. En este caso también se observa una gran desigualdad entre ambos grupos.

 

 

 

Jornadas parciales: Las jornadas laborales a tiempo parcial se concentran en mayor medida en las mujeres. El 74% de las jornadas a tiempo parcial las realizan las mujeres. Esto supone más de 2 millones de mujeres trabajando a jornada parcial frente a 748.000 hombres. Analizando los motivos de dichas jornadas parciales también observamos diferencias de género.  En general se trata de jornadas a tiempo parcial no deseadas, fruto de no haber podido lograr un empleo a jornada completa. Esta opción es superior en el caso de los hombres (57%) que en del de las mujeres (50%). También es superior en el caso de los hombres los motivos relacionados con la formación, 14% frente a un 6% en las mujeres. En cambio, una vez más, las cuestiones relacionadas con el cuidado se distribuyen de manera desigual entre hombres y mujeres. El 14% de las mujeres optan por la jornada parcial por dedicar tiempo a los cuidados y otro 8% por dedicar tiempo a otras cuestiones familiares, frente a un 2% de los hombres en ambos casos.

 

 

En definitiva, las situaciones de paro, inactividad y contratación a tiempo parcial impactan más en las mujeres y en éstas están más presentes las cuestiones relacionadas con los cuidados y las tareas domésticas. Estas dificultades son indicadores que nos muestras un mayor alejamiento de las mujeres del modelo de la inclusión por el empleo y los derechos que éste genera.

A todo ello cabe añadir la brecha salarial, que para 2017 se situaba en 5.899€.

 

 

2.2. Riesgo de pobreza

Se constatan mayores niveles de pobreza en las mujeres, especialmente en aquellas situaciones en las que constituyen hogares monoparentales.

Individualmente consideradas, el riesgo de pobreza en las mujeres se sitúa en el 22,2% mientras que en los hombres es del 20,9%. La evolución de este indicador ha sido distinta para unos y otras. En el caso de los hombres, éstos se han visto más afectados por la crisis, partían de un riesgo de pobreza del 18% antes de la crisis, alcanzando un 22,6% en 2016 e iniciando una tendencia descendente desde entonces hasta llegar al 20,9% actual.  En cambio, las tasas de riesgo de pobreza en las mujeres vienen situándose desde el 2008 en torno al 21-22%. Esta tendencia nos lleva a plantear que la pobreza en las mujeres parece estar más vinculada estructuralmente al género  y  en los hombres podría  estar más vinculada a acontecimientos sociales de carácter económico.

 

 

En los últimos años se ha visibilizado de forma clara que el riesgo de pobreza es mayor en los hogares donde hay menores. El riesgo de pobreza afecta al 21,5% del conjunto de la población, pero cuando centramos la mirada en los hogares con hijos/hijas a su cargo, se sitúa en el 23,2% de los hogares con 2 adultos con hijos/hijas a su cargo y se duplica en el caso de los hogares monoparentales (43%). Este dato es muy significativo desde la perspectiva de la pobreza en las mujeres, puesto que el 81% de los hogares monoparentales están encabezados por una mujer.

Si miramos el impacto de la pobreza en las condiciones materiales de vida, descubrimos una vez más, que los hogares donde la sustentadora principal es una mujer sufren en mayor medida este impacto. En todos los indicadores AROPE que miden la carencia material severa, el porcentaje de hogares en los que la sustentadora principal es una mujer es superior al de los hogares encabezados por un hombre. Destacan las situaciones relacionadas con haber tenido que reducir gastos en suministros de la vivienda (agua, calefacción, etc.…) en el que la diferencia entre los hogares encabezados por una mujer se encuentran  9,5 puntos por encima de los hogares encabezados por un hombre, haberse visto en la obligación de reducir gastos en comunicación (internet, TV, telefonía) que afectan en 5 puntos más a los hogares encabezados por una mujer, y haber sufrido retrasos en el pago de recibos en los suministros del hogar (agua, gas..) afecta en 6,4 puntos más a los hogares dependientes de una mujer (FOESSA 2018).

 

 

2.3. La realidad de la exclusión en las mujeres. Una mirada multidimensional

En la intersección producida entre el desempleo o el empleo precario, la monoparentalidad y la pobreza se genera una realidad compleja. Las situaciones de bajos ingresos siendo la única sustentadora económica de la unidad familiar, las dificultades para acceder al mercado de trabajo o a procesos de formación que puedan mejorar las oportunidades de acceso al empleo, las dificultades de conciliación de los cuidados y el empleo (cuando lo hay), interactúan entre sí generando una gran presión e incertidumbre en estas mujeres. En estas situaciones, disponer de una red de apoyo familiar o del entorno resulta clave y no siempre se produce. También resulta difícil acceder a políticas de conciliación adaptadas a las circunstancias de estas mujeres y la contratación de servicios privados de cuidado no es posible (Cáritas Bizkaia, 2017). Son este tipo de realidades complejas y multidimensionales las que generan los procesos de exclusión social.

Si observamos la situación de las mujeres desde la perspectiva multidimensional de la exclusión, descubrimos que esta afecta más a los hogares en los que la persona sustentadora principal es mujer. Un 20% de los hogares cuyo sustentador principal es mujer se encuentra en situación de exclusión social, y en el caso de los hombres la exclusión afecta al 16% de los hogares. También la exclusión severa afecta más a los hogares sustentados principalmente por una mujer (9,4%) que a los sustentados principalmente por un hombre (7,5%) (FOESSA, 2018). Si tenemos en cuenta el tipo de hogar, una vez más los hogares monoparentales aparecen en una posición destacada. No solo la pobreza, también la exclusión afecta con mayor intensidad a los hogares monoparentales: un 29% de los mismos se encuentran en situación de exclusión. Prácticamente un tercio. Hogares monoparentales que en un 86% el progenitor es una mujer (FOESSA 2018).

Si detallamos los indicadores que configuran la exclusión social más allá del empleo o los ingresos, adquieren importancia cuestiones vinculadas al eje de la salud y al relacional.

Teniendo en cuenta el sexo de la persona sustentadora principal del hogar, descubrimos que donde se dan las mayores diferencias entre hombres y mujeres son en este orden, en la existencia de situaciones de dependencia, la ausencia de una red de relaciones de apoyo (aislamiento social) y el haber sufrido situaciones de malos tratos en el hogar.

 

 

En definitiva, la pobreza y la exclusión impactan de manera especialmente significativa en la población de mujeres que son las sustentadoras principales de los hogares especialmente cuando son  las únicas sustentadoras. La cuestión de las necesidades de apoyo para las actividades cotidianas de la vida, la falta de relaciones o de ayuda para situaciones de enfermedad o necesidad y el sufrir malos tratos son los principales indicadores diferenciales de exclusión entres los hogares sustentados principalmente por una mujer o por un hombre, y las labores domésticas y de cuidado son los motivos de inactividad laboral en los que se da la mayor diferencia entre hombres y mujeres. En la descripción que acabamos de realizar subyace una cuestión que atraviesa toda la mirada: el papel de las mujeres en al ámbito de los cuidados y en el espacio doméstico.

Nos encontramos en la necesidad de introducir en nuestros paradigmas de inclusión la perspectiva de los cuidados y la dimensión relacional, superando un modelo de inclusión centrado principalmente en el acceso al empleo y a los ingresos.

3. Claves en la construcción de nuevos modelos de inclusión social

3.1. La importancia del binomio público-privado

Asegurábamos anteriormente que el sistema sexo-género impregna los procesos de exclusión social, reproduciéndose a través de algunos binomios que asignan distinto valor a aquello que ha estado tradicionalmente ligado a las mujeres, y lo que se ha considerado «propio» de los hombres. El binomio espacio público-espacio privado explica, en gran medida, las dificultades de las mujeres para el acceso al empleo y a los derechos sociales que este genera, a los ingresos y al mundo de las relaciones que se producen en ese espacio público.

Abordar los procesos de exclusión e inclusión social de forma neutral, puede constituir un obstáculo para la mejora de la calidad de vida de algunos colectivos. Si no incorporamos una mirada de género al diseño, la puesta en marcha y la evaluación de los procesos y los mecanismos de inclusión, así como a las políticas que los enmarcan, estaremos corriendo el riesgo de perpetuar situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres.

Los datos muestran cómo la división público-privado sigue reproduciendo el sistema sexo-género, entendiendo el espacio público (productivo, remunerado, moderno, técnico, político…) como el espacio natural de los hombres y el privado (reproductivo, estático, tradicional, conservador, ligado a los cuidados, no remunerado…) como el propio de las mujeres. Esta dicotomía es una consecuencia de la división sexual del trabajo, que va acompañada de unos determinados roles asignados a cada género.  Sobre lo productivo, además, ha recaído el prestigio, el valor y la toma de decisiones y en cambio, sobre lo reproductivo, se ha configurado una imagen de rutina, de algo poco importante o accesorio. A pesar de que las cosas van cambiando, son especialmente llamativos algunos datos, como por ejemplo el del número de mujeres que se encuentran en situación de inactividad laboral con respecto a los hombres por dedicarse a las labores del hogar. Así, el trabajo reproductivo y de cuidado, como actividades propias del sexo femenino, han sido subvaloradas y subordinadas, al igual que las personas que las han desempeñado (Carrasco; Borderías; Torns, 2011).

Desde la economía convencional, no hay más trabajo que el mercantil, y esta visión invisibiliza a las mujeres y/o a otros colectivos que han quedado fuera de ese tipo de trabajo. De esa forma, observamos como vuelven a ser las mujeres las que más sufren el desempleo, la inactividad, la contratación a tiempo parcial, etc.  Podríamos deducir, de acuerdo con muchas aproximaciones teóricas, que las mujeres se encuentran con obstáculos para acceder al empleo, y a menudo, a través de la intervención social siguen siendo orientadas (de forma más o menos sutil) al espacio privado o, de manera cada vez más acusada, hacia ese ámbito precarizado que se ha venido llamando la mercantilización de los cuidados.

El diseño de los procesos de inclusión, así como su implementación y su evaluación, tendrían que incorporar una mirada que ayude a romper con la dicotomía esfera pública- esfera privada, transformando las lógicas relacionales que operan en cada uno de esas espacios, entendiendo que el trabajo es más que el empleo, dotando de valor a todas esas tareas invisibilizadas y esas relaciones que sostienen la vida y que inspiran la economía social y solidaria. No se trataría simplemente de cambiar las personas que ocupan esos espacios, sino de transformar los mismos, otorgándoles valor. Este valor será el que permita que estos espacios configuren también lo que entendemos por inclusión social y por lo tanto sean objeto de protección, fomento y desarrollo.

3.2. La perspectiva interseccional y su importancia en los procesos de inclusión

El enfoque multidimensional de la exclusión social nos ha permitido descubrir los diferentes factores, elementos y circunstancias que construyen este fenómeno. Esto está suponiendo un avance respecto a una mirada centrada exclusivamente en la cuestión de la pobreza y los ingresos. Resulta sugerente completar este enfoque con la perspectiva interseccional que, colocando a la persona en el centro, permite reconocer la interrelación entre género y otras categorías de diferenciación sobre las que se construyen las discriminaciones (raza, clase social, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, origen rural…) Esta mirada contribuye a mejorar los procesos de inclusión, teniendo en cuenta los rostros y poniendo la persona, y no su problemática, en el centro.

Nuestro reto no sólo es descubrir las problemáticas que afectan a hombres y mujeres de manera diferenciada, sino seguir interrogándonos sobre las causas, y avanzar hacia propuestas de solución que corrijan las desigualdades. Para ello, debemos fijarnos no sólo en los problemas que generan la exclusión, sino en los diversos rostros de las personas que la sufren. En este camino, nuestra propuesta es avanzar hacia una noción de inclusión que ponga la vida en el centro.

4. Bibliografía

Carrasco, Cristina; Borderías, Cristina; Torns, Teresa (2011). El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. Madrid: Catarata.

Mouffe, Chantal (1984): «Por una teoría para fundamentar la acción política de las feministas»: Jornadas de Feminismo Socialista, Madrid: Mariarsa.

Hill Collins, Patricia; Sirma, Bilge (2019) Interseccionalidad. Madrid: Morata

FOESSA (2019) VIII Informe Sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Madrid: Fundación Foessa

Cáritas Bizkaia (2017). Dimensión Relacional en Familias Frágiles. Una mirada desde el acompañamiento realizado por Cáritas. https://www.caritasbi.org/cas/informes/estudios/

 

Número 4, 2020
A fondo

La fiscalidad y la responsabilidad social de las empresas

Manuel Gutiérrez Lousa. Licenciado en Derecho

 

Se pretende analizar la compatibilidad entre la responsabilidad social de las empresas y la planificación fiscal lícita de las empresas.

 

  1. La responsabilidad social de las empresas

La responsabilidad social de las empresas (RSE) es un nuevo enfoque sobre la actividad de la empresa. La empresa como organización desempeña un papel clave en la sociedad no solo como creadora de riqueza y empleo. El viejo modelo de gestión basado en la maximización del beneficio a corto plazo se ha visto superado por una concepción que requiere que la empresa también atienda y minimice los impactos sociales, ambientales y que afectan a los derechos humanos de su actividad[1].

La empresa es un agente social articulado mediante un nexo de relaciones de confianza mantenidas a largo plazo. Ello supone que la dirección de la empresa además de obtener beneficios debe preservar e incrementar el valor de los activos bajo su control. Los activos no son solo los tangibles sino el capital humano, las expectativas de los clientes y proveedores y la reputación e imagen de la empresa en la sociedad[2].

La Comisión Europea definió en 2001[3] la RSE como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. La Comisión Europea en 2011[4] presentó una nueva definición, más ambiciosa y amplia, de la RSE: la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad.

De una definición preocupada al principio  por la sostenibilidad medioambiental, tal vez influida por el Protocolo de Kioto de 1997, hemos pasado a un enfoque más amplio, tras la crisis financiera de 2007, que incorpora un elemento ético. La ética no solo se exige a los individuos que componen las empresas sino a éstas como agentes económicos. Cuando existen planteamientos y códigos éticos adecuados, los objetivos empresariales son perfectamente compatibles con el interés de los trabajadores, clientes, proveedores o del conjunto de la sociedad[5].

Esta compatibilidad de intereses pretende maximizar la creación de valor compartido y animar a las empresas a adoptar un planteamiento estratégico a largo plazo que persigue estudiar las oportunidades de desarrollar productos, servicios y modelos empresariales innovadores, que contribuyan al bienestar social y  a la creación de empleos de mayor calidad y más productivos. Asimismo, animar a las empresas a desarrollar los mecanismos precisos para prevenir y mitigar los riesgos de los efectos adversos o externalidades negativas que su actividad puede producir a la sociedad. Siendo estos impactos negativos pluridimensionales en la medida que afectan a los derechos de las personas, a través de diversos aspectos económicos, sociales y ambientales[6].

Estas exigencias, no solo benefician a la sociedad en su conjunto sino también se proyectan positivamente para las empresas: evitan las sanciones, dan confianza a los inversores y accionistas, facilitan la financiación, mejoran la competitividad, mejoran la imagen de marca y reputación y, finalmente, reducen los riesgos y generan oportunidades[7].

Se evitan sanciones pues la RSE se guía por el principio de legalidad que pretende cumplir la normativa en todo momento. Para ello, la empresa debe hacer el esfuerzo de conocer permanentemente qué requisitos debe aplicar y organizar su gestión de modo que se asegure su cumplimiento.

Se da confianza a inversores y accionistas a través del principio de transparencia que constituye un diálogo abierto y sincero con los grupos de interés, sus inversores y accionistas, sobre la gestión de la empresa, sus riesgos operativos y las medidas tomadas para evitarlos o atenuarlos en el presente y futuro. La teoría de los stakeholders[8] defiende que si se tienen en cuenta de forma equilibrada las demandas de los diferentes grupos de interés, las empresas pueden incrementar la eficiencia de la adaptación de su organización a las demandas externas[9].

Se facilita la financiación pues existe cada vez un mayor volumen de capital gestionado por gestores de fondos, fondos de pensiones y entidades que siguen los principios de Inversión Socialmente Responsable. Además, cada vez más se aplican criterios de rating ambientales y sociales a la hora de evaluar los riesgos en la financiación de empresas y proyectos.

Mejora la competitividad pues la RSE responde a una estrategia continuada y sistemática para mejorar el impacto en la sociedad. El cumplimiento del principio de legalidad redundará en la reducción de los costes medioambientales, de suministro, laborales y litigiosos.

Por lo que se refiere a los trabajadores, éstos buscan en la empresa algo más que la obtención de un salario que les permita una vida digna. También buscan que el desarrollo de su trabajo cumpla sus expectativas de satisfacción con la actividad que desempeñan en la empresa, sentirse valorados dentro de la organización, y estar orgullosos de que se les identifique como parte integrante de la misma[10]. Los trabajadores han pasado a ser protagonistas en dos ámbitos: en primer lugar, como factor productivo que genera valor dentro de la empresa si sus intereses se ven satisfechos y en segundo lugar, como consumidor final del producto. Todo esto ha provocado que la opinión de los trabajadores tenga un peso decisivo en las decisiones tomadas por la empresa, ya que de ellas depende en buena parte la reputación de la misma, elemento sustancial en las relaciones de mercado actuales; aumento de la productividad de los empleados al encontrarse en un entorno con buenas condiciones de trabajo y donde existe conciliación con la vida personal, la igualdad y no discriminación, el fomento y recompensa de la creatividad; promoción de nuevos productos, derivados del mejor conocimiento de los grupos de interés y sus materias relevantes, de una actitud más creativa de los empleados y de la innovación social; aumento de la fidelidad del cliente y atracción de nuevos clientes, por esos nuevos productos o simplemente por la actitud de la empresa ante las materias relevantes para el cliente.

Mejora la imagen de marca y la reputación redundando en un mayor valor económico de la empresa lo que le granjeará la confianza de su cliente, ya que éste muy probablemente querrá la mayor tranquilidad y cumplimiento dentro de su cadena de suministro y evitar escándalos, costes de supervisión o auditoría y por supuesto la interrupción en el suministro. Si además la empresa produce productos y servicios sostenibles y lo comunica adecuadamente a la sociedad resaltando por qué, bajo criterios de RSE, es mejor su producto frente al de la competencia, cuáles son los costes sociales y ambientales de uno frente a otros, la empresa puede estar empezando a crear un nuevo mercado y atraer a nuevos clientes, aumentando proporcionalmente su cifra de negocio. Desde esta perspectiva, la presión de los consumidores es muy grande y en un mercado fuertemente competitivo optan por aquellos productos o servicios que no solo satisfacen sus necesidades materiales, sino también las morales[11].

 

  1. La responsabilidad social de las empresas y la fiscalidad

La RSE tiene una perspectiva relacionada con la fiscalidad. Por una parte, la Comisión Europea[12] promueve los tres principios de buena gobernanza fiscal en las relaciones entre los Estados, a saber, transparencia, intercambio de información y competencia leal en materia fiscal, lo que debería coadyuvar a luchar eficazmente contra la planificación fiscal agresiva.

Por otra, la Comisión anima a las empresas a trabajar en su puesta en práctica. Concretamente, anima a divulgar la información relativa a la aplicación de normas sobre buena gobernanza fiscal, que permita desarrollar las capacidades de los inversores sobre la forma de integrar información no financiera en las decisiones de inversión, en línea con los Principios de las Naciones Unidas para la inversión responsable o la Iniciativa Global de Presentación de Informes. Asimismo, los poderes públicos tienen la responsabilidad particular de fomentar la RSE en las empresas que son de su propiedad o en las empresas en las que invierten[13].

En la actualidad, se considera que una de las responsabilidades inexcusables de los diversos actores sociales, entre ellos las empresas, es contribuir a los recursos públicos y, a su vez, es un derecho de los mismos el beneficiarse de los servicios o aportaciones públicas para una mejor calidad de vida. Por tanto, la empresa tendría las mismas obligaciones y derechos que el resto de los ciudadanos, si bien como agente económico su actividad debería impactar positivamente en el desarrollo y cohesión social de las sociedades donde se opera[14].

La clave de este enfoque es reflexionar cómo la licitud de buscar la disminución de la carga tributaria a través de la planificación fiscal, entendida como economía de opción, es compatible con los principios de la RSE.

Se puede argüir, desde la perspectiva de la RSE, que un mayor pago de tributos manifiesta un mayor compromiso con el proyecto común que articula un Estado. Evidencia una solidaridad con las necesidades colectivas de su población. Así, el mayor pago de tributos se considera una actuación positiva y valiosa para la comunidad, por lo que ahondar en el mismo es beneficioso socialmente. En tal acción se manifiesta la solidaridad ciudadana; más que un deber de contribuir se construye una teoría relacionada con la redistribución de la renta, a través de los ingresos públicos que, como es sabido, provoca graves distorsiones económicas y no siempre garantiza la redistribución pretendida. Sin embargo, esta perspectiva choca con la esencia de la empresa como agente económico: maximizar el beneficio. La actividad empresarial no puede confundirse ni con la beneficencia ni con la actuación de los poderes públicos que desarrollan potentes programas de gasto público para el bienestar de los ciudadanos.

Las empresas responden ante accionistas que esperan el retorno de su inversión a través de dividendos y el aumento de valor de la empresa, si aumentamos arbitrariamente la tributación de la empresa perjudicamos a millones de accionistas que perderán capacidad económica y podemos perturbar las fuentes de financiación de la empresa.

La planificación fiscal, compatible con la RSE, no implica necesariamente una opción por la mayor tributación. En efecto, tal afirmación resulta un presupuesto excesivamente reduccionista y poco definidor que podría dar lugar a usos inadecuados. Así, en un entorno económico global donde el beneficio se genera en distintas jurisdicciones fiscales, si se tributa en un Estado se dejaría de tributar en otro, con lo que sería una acción responsable socialmente respecto del primero pero no respecto del segundo. La RSE se caracteriza por la intervención directa de la ciudadanía en satisfacer las necesidades sociales y no necesariamente en la búsqueda de vinculaciones jurídicas más gravosas. Tal vez pudiera entenderse que, desde la perspectiva ética, fuera exigible una mayor tributación que la legal. Pero tal exigencia podría conducir a un sistema fiscal incierto y arbitrario[15].

La fiscalidad compatible con la RSE persigue la minimización de la carga tributaria dentro del deber de todos a contribuir al gasto público en condiciones de igualdad y conforme a la ley. En este sentido, la búsqueda de la minimización de la carga tributaria no puede resultar una estrategia para eludir o defraudar los tributos pues vulneraría las normas, atentaría a la libre competencia, distorsionaría los mercados y provocaría un impacto negativo en la sociedad. Por tanto, la RSE se manifiesta en la adecuación a la norma jurídica. La planificación fiscal compatible con la RSE solo puede ser lícita. Lo que resulta inadmisible, desde la perspectiva de la RSE, es contemplar el concepto de planificación fiscal como un momento de ejercicio de un derecho, interés legítimo o expectativa de derecho a la minimización del propio impuesto de forma ilegal o artificiosa. El impuesto mínimo perseguible por el contribuyente no equivale a la minimización del impuesto, como medio de circunvenir objetiva y/o intencionalmente la actuación de la ley tributaria[16].

 

Referencias bibliográficas

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (AECA) (2004): “Marco conceptual de la responsabilidad social corporativa”, Documentos AECA, Serie responsabilidad social corporativa, nº1.

Calderón Carrero, J. M. y  Quintas Seara, A. (2015): Cumplimiento tributario cooperativo y buena gobernanza fiscal en la era BEPS, Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra).

Cuesta González, M. de la (2004): “El porqué de la responsabilidad social corporativa”, Boletín Económico de ICE, nº 2813.

García Polo, R. (2012): Responsabilidad Social Corporativa o por qué cada vez más empresas abordan estratégicamente el impacto ambiental y social de su empresa, http://garrigues.com/es/publicaciones/artículos.

Grau Ruiz, M. A. (2013): “Una medida todavía insuficientemente explorada en la lucha contra el fraude fiscal en su dimensión internacional: la transparencia en el cumplimiento de obligaciones tributarias a través de la responsabilidad social empresarial” Boletín de Actualidad de Crónica Tributaria, nº 1.

Guzmán Cuevas, J. (2005): “El rol de la ética en la ciencia económica”, Información Comercial Española, nº 823.

Méndez Picazo, M. T. (2005): “Ética y Responsabilidad Social Corporativa”, Información Comercial Española, nº 823.

OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (2014): Obligaciones fiscales de las empresas y responsabilidad social corporativa, http://observatoriorsc.org/obligaciones-fiscales-de-las-empresas-y-rsc/

Rosembuj, T. (2009): Minimización del impuesto y responsabilidad Social Corporativa, El Fisco, Barcelona.

Sánchez Huete, M. A. (2010): “Hacia una planificación fiscal socialmente responsable. La planificación ultrafiscal”, Quincena Fiscal, nº 7.

 

[1] Calderón Carrero y Quintas Seara (2015) señalan que recientes estudios han revelado como los accionistas consideran las obligaciones fiscales de las empresas como parte de la responsabilidad social empresarial y en tal sentido no desean que el consejo de administración y la dirección de las compañías adopten posiciones que impliquen esquemas de planificación fiscal agresiva.

[2] Véase Cuesta González (2004).

[3] Véase Documento COM (2001) 366 final de 18 de julio de 2001 Libro Verde: fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas.

[4] Véase Documento COM (2011) 681 final de 25 de octubre de 2011Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas.

[5] Véase Guzmán Cuevas (2005).

[6]Véase OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (2014) Para la Comisión Europea, la RSE tiene una naturaleza pluridimensional que abarca, como mínimo, los derechos humanos, las prácticas de trabajo y de empleo (como la formación, la diversidad, la igualdad de género y la salud y el bienestar de los trabajadores), las cuestiones medioambientales (como la biodiversidad, el cambio climático, el uso eficiente de los recursos, la evaluación del ciclo de vida y la prevención de la contaminación) y la lucha contra el fraude y la corrupción.

[7] Véase García Polo (2012).

[8] AECA (2004) define los grupos de interés, partes interesadas o stakeholders como aquellos grupos sociales e individuos afectados de una u otra forma por la existencia y acción de la empresa, con un interés legítimo, directo o indirecto, por la marcha de ésta, que influyen a su vez en la consecución de los objetivos marcados y su supervivencia. Pueden también identificarse como grupo de interés las generaciones venideras. Para PICAZO Méndez Picazo (2005) se encuentran en este grupo los empleados, los accionistas/propietarios, los clientes, los proveedores, los competidores, los agentes sociales (como sindicatos de trabajadores, asociaciones de consumidores, cámaras de comercio, organismos normalizadores, medios de comunicación, analistas, lobbies y organizaciones no gubernamentales, entre otros), las administraciones públicas, la comunidad local, la sociedad y el público en general, así como el medio ambiente y las generaciones futuras.

[9] Véase  Cuesta González (2004).

[10] Véase  Méndez Picazo (2005).

[11] Véase   Méndez Picazo (2005).

[12] Véase Documento COM (2011) 681 final de 25 de octubre de 2011 Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas.

[13] Véase Grau Ruiz (2013).

[14] Véase OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (2014). Como señalan  Calderón Carrero y  Quintas Seara (2015) para las ONG los impuestos no constituyen un coste sino una distribución de beneficios a los stakeholders y a la propia sociedad, en la medida que las empresas no obtienen beneficios solo utilizando el capital de los inversores sino sirviéndose de la infraestructura jurídico-económica sobre la que operan, utilizando las infraestructuras físicas creadas por el Estado hasta los empleados que han sido educados a través de o con contribución relevante del sector público. Así, el impuesto constituiría el necesario retorno sobre la inversión realizada por la sociedad.

[15] Véase  Sánchez Huete (2010).

[16] Véase  Rosembuj (2009).

 

Número 9, 2021
A fondo

El reto de la cooperación internacional ante la crisis del coronavirus, o cómo los países en desarrollo tienen mucho que enseñar al resto del mundo

Soledad Gutiérrez Pastor

Cooperante Cáritas Española

 

Introducción

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el COVID-19 pandemia global. Ríos de tinta han corrido desde entonces, sin embargo, cada día se nos presentan más dudas que certezas.  La evolución de la enfermedad está siendo tan desigual en Asia, África, Europa o América que lo único cierto es que los modelos de contención y mitigación no son replicables en todos los contextos.

Lo singular de este virus, en relación con epidemias anteriores, es que ha traspasado todas las fronteras y se ha propagado mucho más rápido de lo que los gobiernos de todo el mundo han podido prever. Como consecuencia, los sistemas de salud pública de medio planeta se han colapsado y los recursos de protección individual se han agotado al mismo tiempo que la psicosis social estallaba. Y es ese componente universal lo que hace que el coronavirus sobrepase la dimensión sanitaria. Una vez que el virus se ha propagado libremente por todo el mundo, el impacto se empieza a notar también en el modelo de desarrollo económico capitalista, en un notable cambio en nuestras relaciones interpersonales y cómo nos afecta a nivel psicosocial. Y es que, por primera vez en nuestra historia reciente estamos asistiendo a un fenómeno global de pánico e incertidumbre del que nadie está a salvo, ni siquiera la población de los países occidentales, factor que ha aumentado su trascendencia a nivel planetario.

En este escenario, que muchos calificarían como apocalíptico, no debemos perder de vista que no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a un reto semejante. Si echamos la vista atrás, la peste negra, una de las peores epidemias de la historia, causó entre 50 y 200 millones de muertes en el siglo XIV. La viruela acabó con la vida de entre 25 y 50 millones a partir del siglo XVI y el cólera durante los siglos XIX y XX mató a entre 50 y 100 millones de personas. La gripe española, muy recordada estos días, se saldó con entre 20 y 50 millones de fallecidos. Sin olvidarnos del VIH Sida que a día de hoy ya ha matado a 32 millones de personas y sigue siendo una de las grandes amenazas junto a la tuberculosis y la malaria.

Si estos casos ya habían caído en el olvido, también encontramos buenos ejemplos en nuestra historia más reciente. La gripe A (H1N1) ha sido considerada la primera (y única hasta el COVID-19) pandemia de nuestro siglo. Se registraron casos en más de 200 países y provocó la muerte de 284.000 personas en 2009. Por su parte, más de 11.000 personas perdieron la vida a causa del ébola de 2014 a 2016[1] y un nuevo brote resurgió en África Occidental y en la República Democrática del Congo en 2019.  El zika se detectó en Sudamérica, América Central y el Caribe entre 2015 y 2016 y actualmente se ha extendido fuera del continente. Y por extraño que parezca, el sarampión, que tiene vacuna desde hace casi 60 años, amenaza en 2020 a más de 117 millones de niños en 37 países al haberse paralizado las campañas de inmunización desde la irrupción del coronavirus.

Cómo el COVID-19 afecta a los países más vulnerables

Si hay un denominador común al rápido repaso de epidemias que acabamos de hacer es que la mayor parte de afectados durante el siglo XXI se encuentra en países del sur. Y no es casualidad. La debilidad de sus sistemas sanitarios no permite hacer frente a la explosión de casos. Desde la falta de medios para la detección temprana de contagios, pasando por la escasez de camas hospitalarias, equipos de protección individual y respiradores, el lento y costoso desarrollo de soluciones farmacológicas y la dificultad de los estados para implementar medidas de confinamiento.

Contrario al caso asiático, donde se registraron los primeros contagios de COVID-19 y que parece haber contenido el virus con más éxito que en Europa, existe bastante incertidumbre entre la comunidad científica sobre el impacto y la propagación de la pandemia en África. En este continente la reflexión es, si cabe, aún más pesimista y el dilema se plantea entre sobrevivir al coronavirus o morir de hambre. La población más vulnerable de los países en desarrollo vive al día, dependientes de una economía de subsistencia que les impide aprovisionarse de víveres[2] y con la dificultad añadida del aumento de la inflación, la reducción de las remesas y la escasez de productos básicos. Especialmente vulnerables son las zonas rurales, donde el aislamiento es mayor y la gente no tiene un acceso fácil a la comida o el agua. En estos contextos, donde la inseguridad alimentaria ya afecta a millones de personas, medidas como el confinamiento total resultan impensables. Estas familias no podrán sobrevivir si permanecen encerradas en sus hogares, más aun teniendo en cuenta que muchas viven en condiciones de hacinamiento, por lo que encerrarlos en espacios pequeños y sin medidas de higiene puede incluso aumentar el número de contagios.

La crisis alimentaria y nutricional que ya sufren la mayor parte de los países del sur se verá, sin duda, agravada por los efectos de la pandemia, que impactará en los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: la disponibilidad, el acceso, el control y la estabilidad de los alimentos. Las familias pobres y muy pobres tendrán más dificultad para aprovisionarse de alimentos de primera necesidad y las personas desnutridas, con un sistema inmunológico debilitado, serán más vulnerables al COVID-19. Las restricciones de movimiento también limitarán el pastoreo, obligando a concentrar el rebaño en ciertas zonas y provocando conflictos entre pastores y agricultores.

Por tanto, una de las principales medidas de contención puestas en marcha por los países desarrollados, el confinamiento, solo podrá ser aplicada en aquellas zonas en las que se cuente con más reservas económicas, con mayor autosuficiencia alimentaria y menos dependientes del turismo. O por los estados menos democráticos que imponen medidas autoritarias. Países como Sierra Leona han decretado el estado de emergencia durante un año tras haber registrado un único caso positivo y en Uganda se instauró el confinamiento total e inmediato en un plazo de 24 horas cuando aún sólo habían contabilizado 44 contagios. Medidas de urgencia también han sido aplicadas en Perú y El Salvador. En el extremo contrario se encuentran países como Brasil y México, que siguen cuestionando la gravedad de la crisis. Mención especial merece Burundi, donde sus dirigentes han declarado que el país se mantiene a salvo por la gracia de Dios y que no se necesitan medidas especiales de protección. Y Nicaragua, donde se sigue dando la bienvenida al turismo y donde incluso se ha organizado la conocida marcha amor en tiempos del COVID-19. Estos ejemplos muestran el riesgo hacia una deriva autoritaria de algunos gobiernos y hace temer la imposición de medidas especialmente duras para una población ya de por sí castigada.

Si esto no fuera suficiente, nuevas informaciones[3] revelan que la contaminación aumenta la potencia de las epidemias. Y una vez más, muchos de los países en desarrollo se caracterizan por una elevada presión poblacional que vive en las regiones del planeta más afectadas por las consecuencias del cambio climático. La sequía, inundaciones y desaparición de los ecosistemas no van a frenar su ritmo devastador durante esta crisis. Así que, si a la ecuación sumamos la amenaza climática, tenemos como resultado una tormenta perfecta de previsiones catastróficas en estos contextos.

Lecciones aprendidas en la gestión de otras crisis sanitarias

Si el coronavirus ya plantea un escenario desconcertante en las zonas más prósperas del planeta, las previsiones para los países en desarrollo auguran un desastre casi total. Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA) la pandemia podría dejar en la región un saldo de 300.000 muertos, colapsando los sistemas sanitarios de varios países y provocando la extrema pobreza de 27 millones de personas[4]. Todo ello en uno de los continentes con menor incidencia de la enfermedad.

A pesar de que la amenaza para África es inminente desde hace varias semanas, la catástrofe, sin embargo, no termina de llegar. Aunque unos estados lo viven con más intensidad que otros, desde el continente se desconfía de las previsiones y comienzan a elevarse voces contra esa visión derrotista. Algunas de ellas podemos encontrarlas en el manifiesto firmado por medio centenar de intelectuales africanos de diversas disciplinas que hacen un llamamiento a la unidad para poner en valor la inteligencia, la creatividad, los recursos endógenos, las tradiciones, la identidad diaspórica y los conocimientos científicos en la lucha contra el COVID-19[5]. Denuncian que los países occidentales están aprovechando la oportunidad para relanzar el afropesimismo propio de épocas pasadas. Según el documento, la respuesta no debe ser exagerada ni minimizada, sino racionalizada y recuerda las inversiones que muchos países han realizado para adaptar sus sistemas de salud a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Aunque muchos de ellos siguen siendo insatisfactorios y necesitan una renovación en profundidad, ponen de relieve que la atención sanitaria es a menudo social y comunitaria y se basa en vínculos culturales que requieren solidaridad y el tratamiento de la enfermedad en el ámbito familiar.

Si bien esta postura podría parecer excesivamente optimista, conviene recordar que una buena parte de los países del sur ha reaccionado ante la amenaza de la pandemia de forma mucho más rápida y coordinada de lo que lo ha hecho Europa. El cierre de fronteras, la suspensión de reuniones de carácter religioso, la cancelación de clases en todos los niveles de la educación, el toque de queda en unos casos y el confinamiento total en otros, el control de carreteras y el aislamiento y seguimiento de casos sospechosos han sido algunas de las medidas adoptadas cuando apenas se habían registrado unos pocos casos.

Algunos de los ejemplos más representativos los han protagonizado países como Sudáfrica, que unos días después de conocerse su primer caso ya había organizado un comité de expertos en salud pública y responsables médicos de los países que integran la Comunidad de Desarrollo de África Austral para ofrecer una respuesta coordinada y compartir información. O la movilización de equipos de respuesta rápida en Senegal[6] para detectar a los contagiados y aislarlos, así como hacer un seguimiento cercano de todos sus contactos. Sin olvidar el reparto de víveres en zonas rurales de numerosos países para evitar la desnutrición de la población[7].

Efectivamente, no es la primera vez que África se enfrenta a una amenaza sanitaria. Su historia reciente ha estado marcada por el ébola, el VIH, la malaria e incluso el sarampión. La gestión de estas crisis ha dejado valiosas lecciones que bien pueden suponer una ventaja en la lucha contra el COVID-19. Una veintena de países africanos ha rescatado esas prácticas y ha establecido un plan de centros de aislamiento separados de las clínicas de salud habituales para evitar el colapso sanitario y poder seguir atendiendo al resto de enfermos.

La experiencia con el ébola en África Occidental y República Democrática del Congo ya puso de manifiesto las consecuencias de recluir a las poblaciones en el medio rural, totalmente dependiente de la agricultura y la ganadería tanto para autoabastecerse como para suministrar al resto del país. Para evitar el declive de la producción agropecuaria, se optó por un confinamiento a nivel comunitario de modo que todo un pueblo se puede mantener aislado de manera conjunta y así sus habitantes puedan seguir atendiendo sus responsabilidades en los huertos y con los animales.

Aún sin certezas absolutas, se presupone que otro factor que podría tener el continente africano a su favor para frenar la incidencia de la pandemia es su demografía. Una población más joven[8], la práctica ausencia de instituciones de acogida de personas mayores (los más afectados por el COVID-19) y una eventual inmunidad de grupo podrían ser algunos de los factores que expliquen una propagación más lenta del virus en el continente.

América Latina también cuenta con sobrada experiencia en la gestión de recientes epidemias[9]. La inversión técnica y en capacitación para llevar a cabo desde 2016 la detección temprana del rotavirus del zika, así como los análisis serológicos para detectar anticuerpos en la sangre han permitido el desarrollo de modelos que comienzan a realizarse en México para identificar casos de COVID-19. La comunidad científica se ha puesto al servicio de la epidemiología para extender la tecnología a las instituciones y aumentar su fuerza de trabajo.

En Argentina se trabaja en crear un test molecular simple, sólido, económico y rápido y que tenga en cuenta la realidad de la sanidad en Latinoamérica. Este reto ya fue asumido en la lucha contra el dengue, cuando se diseñó un dispositivo que ha resultado ser muy útil en el brote epidémico que actualmente sufre la región.

Por su parte, una tecnología desarrollada entre universidades de México y EEUU en el diagnóstico de la influenza H1N1 está siendo aprovechada para reconducir el análisis hacia la evolución de los virus. Predecir las posibles mutaciones e identificar patrones ayudará en el desarrollo de una vacuna más eficaz contra el coronavirus.

Por tanto, son numerosos los ejemplos que demuestran que los países del sur global no navegan a la deriva en esta crisis sanitaria. Si bien se enfrentan a una serie de debilidades que representan un agravio comparativo con respecto a los países desarrollados, su disposición a la adopción de medidas de protección y su experiencia previa no deben ser tomadas a la ligera. Sin olvidar el importante trabajo que las ONG de desarrollo y de acción humanitaria llevan décadas desarrollando y que constituyen un extenso compendio de buenas prácticas (y otras a evitar) no sólo en el sector de la salud, sino también en el de alimentación y nutrición, acceso al agua y al saneamiento, medios de vida, promoción económica, protección de la población vulnerable y gestión de las crisis humanitarias.

Qué puede y debe hacer la cooperación internacional

Aunque la pandemia sigue aún una progresión incontrolable y cada país está centrando los esfuerzos en encontrar una solución sostenible a la salida de la crisis, el mundo no puede permitirse paralizar la acción humanitaria. Hoy más que nunca resulta imprescindible la adopción de medidas que favorezcan el desarrollo de los países con menos recursos y repensar un nuevo orden mundial. Dos ideas principales subyacen en la reflexión sobre la era post COVID-19: por un lado, están los que creen que nada será como antes y abogan por la búsqueda de nuevas alternativas y el fin del feroz sistema capitalista y, por otro, los que opinan que nada va a cambiar.

Sea cual sea el futuro a medio plazo de la humanidad, no debemos olvidar que contamos con la herramienta que nos puede permitir equilibrar la balanza. La cooperación internacional al desarrollo lleva décadas desarrollando e implementando modelos de ayuda que pueden y deben ponerse al servicio de la búsqueda de soluciones ante esta crisis. Si bien es cierto que el coronavirus está poniendo a prueba la solidaridad internacional y que la capacidad de los donantes se ha visto fuertemente golpeada, el sistema de ayuda humanitaria y al desarrollo se está reorganizando para poder atender la creciente demanda internacional.

La respuesta debe estar a la altura del reto, pero no se trata únicamente de recaudar fondos. Tanto organismos internacionales como ONG están aprobando programas especiales para la lucha contra el COVID-19. Y si bien resultan imprescindibles, también es cierto que corremos el riesgo de centrar los esfuerzos exclusivamente en la lucha contra la pandemia y dejar de lado el resto de amenazas que afrontan los países en desarrollo. En muchos de ellos la incidencia no es, al menos de momento, tan significativa, y pueden sentir la presión para reorientar su labor en este sentido. Las organizaciones no especializadas en salud corren el riesgo de quedarse fuera del circuito del nuevo modelo de ayuda y de no encontrar las fuentes de financiación necesarias para atender la creciente demanda de la población vulnerable y de las continuas crisis humanitarias.

Una de las primeras medidas que se han adoptado ha sido la paralización de los procesos administrativos en los países emisores de ayuda. Esto implica que, al menos durante el tiempo que duren los estados de alerta, la imputación de gastos a los proyectos en curso se verá condicionada. Esta medida afecta tanto al mantenimiento de sedes y personal en los países receptores como al funcionamiento de las organizaciones en los países donantes.

Para reducir el impacto de la pandemia en los grandes sectores en los que interviene la cooperación internacional se debe garantizar la continuidad de las acciones ya iniciadas y que, a su vez, contribuyen a reforzar la capacidad de resiliencia de la población vulnerable. Entre las líneas prioritarias destaca la lucha contra la desnutrición y la malnutrición mediante programas de seguridad alimentaria y desarrollo rural, así como a través del reparto de víveres, garantizando una gestión transparente en los procesos de licitación impulsados por los gobiernos. Una alternativa a ello son las transferencias de efectivo, que permiten a las familias con menos recursos contar con liquidez para adquirir los alimentos y productos de primera necesidad en función de sus necesidades.

Garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento es otro de los ejes esenciales en la lucha contra cualquier enfermedad. Evitar las aglomeraciones en los pozos comunitarios y proveer a la población de estos recursos esenciales en cantidad y calidad suficientes resulta imprescindible tanto para la salud individual como para la prevención comunitaria.

Los programas educativos tampoco deben descuidarse. Las medidas especiales adoptadas por los diferentes estados han promulgado el cierre inmediato y por tiempo indefinido de los centros formativos. Poner en suspenso la educación o dar por perdido el curso escolar provocará, sin duda, un considerable retroceso en los avances alcanzados hasta la fecha y futuros abandonos escolares precisamente del grupo de población con menos opciones de capacitación.

Otro de los sectores con más riesgo de sufrir un retroceso es el relativo a la igualdad de género y contra el maltrato femenino. Si bien es cierto que son los hombres los más afectados por el virus, el mayor porcentaje de personas que trabajan en primera línea (servicios de limpieza, supermercados, atención sanitaria primaria, etc.) son mujeres, por lo que están más expuestas al contagio. Y en el caso de las que deben quedarse en casa, están sufriendo un aumento de la violencia de género. Permanecer encerradas con su agresor las hace aún más vulnerables y limita sus posibilidades de pedir ayuda.

El impacto de la pandemia sobre las mujeres también es perceptible en los sectores formales e informales de la economía por la destrucción de empleo. Son ellas las más dependientes de la economía sumergida, por lo que resulta imprescindible seguir implementando planes de creación de empleo y promoción del autoempleo para que el conjunto de la población vulnerable cuente con las herramientas que les permitan afrontar el periodo de recesión económica que ya ha comenzado.

Y, por supuesto, seguir invirtiendo en la promoción del acceso a la salud para todos los sectores de la población. El trabajo que las ONG especializadas vienen realizando en mejorar los sistemas de salud pública no se puede frenar. El intercambio de conocimientos, la dotación de equipos médicos, la investigación de ésta y del resto de enfermedades, la movilización de recursos y una gestión eficaz y transparente de los mismos son algunos de los ejes en los que se debe seguir apostando.

La estrategia debe estar clara, pero no es sencilla. Acompañar a los más vulnerables es éticamente necesario, pero también nos ayudará a conseguir un mayor equilibrio global que nos permita estar más preparados para hacer frente a ésta y a las amenazas que vendrán.

[1] Cifras recogidas en la infografía elaborada por Junior Report y publicada en https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200330/48114789119/infografia-epidemias-pandemias.html. Consulta realizada el 23/04/2020.

[2] En África Subsahariana el 89,2% de la población se desempeña en el sector informal según datos de la OIT publicados en el informe The impact of the COVID-19 on the informal economy in Africa and the related policy responses, publicado el 14/04/2020.

[3] Para más información al respecto se puede consultar la comunicación Assessing nitrogen dioxide (NO2) levels as a contributing factor to coronavirus (COVID-19) fatality, publicada en el sitio web https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720321215?via%3Dihub

[4] Resumen del informe recogido en el sitio web https://www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/eca-report-covid-19-africa-protecting-lives-and-economies. Consulta realizada el 26/04/2020.

[5] Manifiesto traducido al español y publicado en el blog de Casa África. http://blog.africavive.es/2020/04/coronavirus-juntos-podemos-salir-mas-fuertes-y-unidos/. Consulta realizada el 18/04/2020.

[6] Precisamente Senegal está colaborando con Reino Unido en la fabricación de kits portátiles rápidos que permitan detectar en tan sólo 10 minutos la presencia del virus.

[7] Ejemplos recogidos en el artículo publicado en el sitio web https://www.lavanguardia.com/internacional/20200420/48618698038/africa-rechaza-alarmismo-oms-coronavirus.html. Consulta realizada el 21/04/2020.

[8] Según datos publicados por Epdata, África es el continente con la mayor proporción de personas jóvenes. La edad media de la población africana es de 19,7 años, frente a los 42,5 años de medida de los europeos. https://www.epdata.es/datos/tendencias-poblacion-mundo-datos-graficos/411. Consulta realizada el 27/04/2020.

[9] Ejemplos extraídos del artículo https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52154158. Consulta realizada el 20/04/2020.

 

Número 5, 2020
A fondo

La discriminación por edad en tiempos de crisis

Inma Mora Sánchez

Periodista y experta en estudios de género. Responsable de Comunicación de HelpAge International España

Puedes encontrar a HelpAge International España en Twitter, Facebook, Instagram y Linkedin; y a Inma Mora en Twitter, Facebook, Instagram y Linkedin.

 

Introducción

En los últimos meses, ha llegado a los medios de comunicación una palabra que aún era desconocida para muchas personas: edadismo. Este concepto hace referencia a los estereotipos, los prejuicios y la discriminación que existe en nuestra sociedad hacia las personas mayores. No se trata de un fenómeno nuevo, pero la actual crisis sanitaria, económica y humanitaria ha hecho más evidente que nunca que las personas mayores son ignoradas y excluidas en muchos ámbitos de nuestra realidad y que es necesario contar con normativas sólidas para proteger sus derechos y dignidad como personas.

Si bien hoy se considera que todas las personas tienen los mismos derechos, las primeras teorías sobre los derechos humanos eran muy distintas. De hecho, ni la Declaración de Derechos de Virginia, en el contexto de la Independencia de Estados Unidos (1776) ni la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa (1789) consideraron a las mujeres como titulares de derechos. Es decir, el concepto de ser humano excluía a más de la mitad de la población. El concepto de ser humano como titular de derechos se basaba en la capacidad para ser individuos autónomos. Desde esta perspectiva, no solo se excluía a gran parte la población que no era considerada autosuficiente, sino que además se justificaba su exclusión social a través de estereotipos y creencias que aún siguen presentes en nuestro imaginario colectivo.

Hoy, las teorías relativas al concepto de ser humano, así como todo lo relacionado sobre los derechos, han evolucionado. La autonomía no se considera un requisito para ser titular de derechos, sino el objetivo mismo de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son una herramienta para garantizar que las personas puedan vivir de forma autónoma, gozando de una vida segura, saludable y libre de violencia, independientemente de las condiciones o características de cada individuo. Sin embargo, en nuestra realidad aún siguen presentes muchas creencias y estereotipos que justifican la discriminación hacia grupos o colectivos de personas por motivos de género, origen, orientación sexual, discapacidad o edad, entre otros. Así, los estereotipos que existen sobre qué significa ser una persona mayor siguen siendo la base de la discriminación social durante la vejez, lo que limita a las personas de edad avanzada el pleno ejercicio de sus derechos, especialmente, en momentos de crisis como la que estamos viviendo.

Edadismo y violencia contra las personas mayores

Podemos definir el edadismo como los estereotipos (¿qué pensamos de las personas mayores?), prejuicios (¿qué sentimos hacia las personas mayores?) y discriminación (¿cómo nos comportamos con las personas mayores?) hacia las personas mayores. El edadismo se manifiesta de múltiples formas, que pueden ir desde el lenguaje despectivo a la vulneración de derechos, como la salud o el derecho a una vida independiente. Existen multitud de actitudes edadistas que están socialmente aceptadas y que pasan totalmente desapercibidas al basarse en muchas creencias y estereotipos sobre la vejez. Al igual que hace unos años nos costaba más detectar los llamados micromachismos, hoy nos sigue costando reconocer nuestro propio edadismo.

Vivimos en una sociedad donde prima lo nuevo, la juventud, la belleza sin arrugas ni canas. Mientras que la juventud se asocia a belleza, fuerza y vitalidad, la vejez se asocia a fealdad, fragilidad y dependencia. Por ello, a veces, es muy difícil detectar conductas edadistas que, incluso, pueden nacer sin ninguna mala intención. Por ejemplo, es habitual escuchar expresiones como abuelitos o nuestros mayores para referirnos a personas adultas mayores. ¿Qué reflejan estas expresiones? A pesar de que puedan parecer formas de hablar inofensivas e, incluso, afectuosas, son un claro ejemplo de la actitud paternalista que existe hacia las personas de más edad. Este tipo de expresiones infantilizan a mujeres y hombres en edad adulta, con capacidad (y derecho) para decidir sobre sí mismas y que son mucho más que abuelos o abuelas.

Podemos encontrar múltiples ejemplos donde se niega a las personas mayores su capacidad para decidir sobre la propia vida, lo que supone una vulneración de sus derechos, y lo que, además, puede llegar a provocar graves situaciones de violencia y abusos. A pesar de que aún es un problema muy desconocido por gran parte de la población, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis personas mayores de 60 años sufre violencia o abusos. Además, se estima que el porcentaje es mucho más alto, ya que se trata de un problema muy invisibilizado y muchas personas mayores no denuncian o no tienen la posibilidad de hacerlo.

La violencia contra las personas mayores puede definirse como todas las acciones u omisiones únicas o repetidas que, bien de forma intencionada o por negligencia, se comenten contra personas mayores y vulneran su integridad física, sexual, psicológica o atentando contra su dignidad, autonomía o derechos fundamentales. Algunas definiciones añaden que esta violencia se ejerce dentro de una relación de confianza, cuidado, convivencia o dependencia[1]. Si bien es cierto que las personas dependientes o con algún tipo de discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir violencia -y, además, mayor dificultad para poder denunciarla-, el abuso y maltrato hacia las personas mayores no solo se da en relaciones de cuidado o dependencia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Red Internacional para la Prevención del Maltrato de las personas mayores también señalan el maltrato estructural y social que existe hacia las personas de edad avanzada y que se refleja en la discriminación en las políticas gubernamentales, en la asignación de recursos económicos y en los prejuicios y estereotipos que existen sobre la vejez y las personas mayores. Este tipo de violencia estructural tiene unas consecuencias muy graves en la vida de las personas mayores y en el pleno disfrute de sus derechos humanos.

Al igual que en otros tipos de violencia o discriminación, como la violencia machista o el racismo, encontramos distintas formas de maltrato o abuso por motivos de edad: desde el maltrato físico o la violencia sexual a la negación de alimentos, refugio o asistencia. Se trata de una forma de violencia que tiene su origen en una cultura basada en relaciones de poder y en estereotipos y creencias sociales y culturales. Por ello, para poder eliminar la violencia y la discriminación hacia las personas mayores, es necesario eliminar el edadismo y cambiar la percepción que tenemos de la vejez y de las personas mayores.

Debemos tener en cuenta, además, que al hablar de personas mayores no nos referimos a un grupo homogéneo y que la discriminación estructural a la que se enfrentan depende también de otros factores sociales, lo que puede provocar situaciones de discriminación múltiple. En este sentido, hombres y mujeres no envejecen de la misma forma y se enfrentan a realidades muy distintas. Según los datos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), a nivel global, hay 84 hombres por cada 100 mujeres de 60 años o más y solo hay 61 hombres por cada 100 mujeres de 80 años o más. Sin embargo, la mayor esperanza de vida de las mujeres no se corresponde con una mayor calidad de vida, ya que las desigualdades de género que sufren las mujeres de todas las edades limitan su acceso a los recursos, al empleo, a las pensiones y, en definitiva, a sus derechos. Por ello, las mujeres mayores se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza, discriminación y violencia. Asimismo, tampoco podemos olvidarnos de otros tipos de discriminación (como los basados en el origen, la orientación sexual o la discapacidad) que pueden agravar las situaciones de violencia y abusos, así como otras situaciones en las que existen menos herramientas y posibilidades para denunciar la violencia o la discriminación (como vivir en áreas aisladas, en zonas de conflicto o no tener acceso a medios de comunicación o transporte).

El impacto de la pandemia en las personas mayores

Sin duda, las personas mayores han sido las más afectadas por la crisis sanitaria y humanitaria provocada por la Covid-19. Desde los primeros meses de esta pandemia, hemos visto que los problemas a los que se están enfrentando las personas mayores no son consecuencia exclusiva de una mayor tasa de mortalidad en edades avanzadas, sino también de la discriminación que sufren y de las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. Ya en el mes de mayo, António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, presentó el informe “Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older persons” donde se señalaban algunos de los derechos de las personas mayores que se han visto afectados por la respuesta a la crisis, como el derecho a la vida, a la salud, a la autonomía personal, a la atención sanitaria, a los cuidados paliativos, a la seguridad y a disfrutar de una vida libre de violencias, abusos o negligencias. Por ello, desde muchas organizaciones que trabajan por los derechos de las personas mayores, se ha reclamado a los Estados que respondan a la crisis teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas mayores y las barreras adicionales a las que se enfrentan.

Es muy frecuente encontrarnos con medidas, programas o leyes que ignoran las necesidades de las personas de edad avanzada e, incluso, son excluidas de datos y estadísticas oficiales. Las medidas tomadas de forma urgente ante situaciones de grave crisis o en contextos humanitarios, a menudo, no incluyen una perspectiva de edad y, por ello, las consecuencias de cualquier emergencia pueden ser aún más graves. Por ello, es fundamental contar con normas que protejan los derechos de las personas mayores y crear medidas específicas que ayuden a eliminar la discriminación por razón de edad.

En el documento “Time For A U Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age”, elaborado por un grupo de personas expertas y representantes de distintas organizaciones civiles, se analiza el impacto que ha tenido la pandemia en los derechos de las personas mayores y cómo una Convención por los derechos de las personas mayores podría ser un gran paso hacia la igualdad y la inclusión. En este informe se muestra cómo la crisis ha demostrado que es necesario actuar de forma urgente para proteger los derechos de las personas mayores y se centra en seis aspectos fundamentales: la igualdad y no discriminación, la autonomía, el cuidado, la salud el derecho a una vida libre de violencia y la seguridad social.

Siguiendo este informe, la pandemia ha demostrado que la discriminación por razón de edad no se trata de la misma forma que otras formas de discriminación. Si bien ante situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo, algunos derechos humanos pueden verse limitados (como el derecho a la libertad de movimiento), estas restricciones no pueden ser discriminatorias y basarse en la edad. A pesar de que el riesgo de padecer problemas de salud graves ante un contagio de Covid-19 puede aumentar con la edad, algunas medidas no han tenido en cuenta la diversidad que existe entre las personas mayores y, en muchas ocasiones, se ha ignorado el impacto negativo que tienen los largos periodos de aislamiento en su bienestar físico, mental y cognitivo. De hecho, cuando en julio se empezaron a flexibilizar las medidas restrictivas tomadas al inicio de la pandemia, HelpAge International detectó medidas basadas en la edad en al menos 48 países.[2] Según los datos recogidos por la organización, a medida que los países iban superando el pico de la pandemia y los gobiernos empezaban a flexibilizar las medidas de contención del virus, las personas mayores tuvieron que seguir normas más restrictivas que el resto de la población. Así, por ejemplo, durante el desconfinamiento en diversos países no se ha permitido a las personas mayores abandonar sus casas o entrar en centros comerciales, mientras que sí podían hacerlo personas más jóvenes.

Es muy importante que todas las medidas que limitan la libertad de movimientos y que afectan a derechos tan básicos, no se basen en aspectos como la edad, sino en evidencias científicas y médicas que tengan en cuenta la diversidad que existe entre las personas mayores. Todas las medidas que se pongan en marcha en este sentido, además, deben ser temporales y revisarse de forma periódica y estar pensadas para causar los mínimos daños colaterales. Si bien es esencial crear estrategias para contener la propagación del virus, no podemos olvidarnos del resto de problemas de salud y de las consecuencias que pueden tener los largos periodos de aislamiento. A pesar de que existen multitud de medidas y programas que se basan en la edad (inicio de la escuela, prestaciones, ayudas para personas desempleadas, etc.), las medidas que restringen los derechos humanos no pueden basarse en aspectos como la edad, el sexo o la procedencia. Además, las medidas basadas en la edad pueden aumentar la estigmatización de las personas mayores y refuerzan los estereotipos que existen en el imaginario colectivo.

Volviendo al informe “Time For A Un Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age”, vemos que estas medidas han implicado también que las personas mayores vieran mermado su derecho a la autonomía y a la libertad de elección. Según los expertos, se ha negado el derecho de las personas mayores a recibir información y tomar sus propias decisiones sobre los tratamientos médicos y se han establecido límites de edad en los protocolos de triaje. A pesar de que esta no era una práctica nueva, se ha hecho visible durante la pandemia cuando los hospitales de todo el mundo se han visto colapsados. En este caso, no solo se está negando el derecho a la autonomía de las personas mayores, sino que también se ha violado su derecho a la vida y a la salud. Además, tal y como se ha denunciado desde múltiples organizaciones, durante la pandemia, se ha negado el derecho a la salud a muchas personas mayores de distintas formas, como el acceso a tratamientos y pruebas médicas. En España, el “Estudio del impacto de la COVID-19 en las personas con enfermedad crónica», realizado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), afirma que casi siete de cada diez consultas de pacientes con patologías crónicas fueron canceladas como consecuencia de la pandemia de coronavirus y, de las que no sufrieron anulaciones, el 66% fueron aplazadas.

También las carencias que existen en los servicios de atención y cuidados se han puesto de manifiesto con esta crisis. A nivel global, se han suspendido muchos servicios de atención durante el confinamiento, lo que ha implicado que las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas dependientes no tuvieran el apoyo necesario. Además, distintas investigaciones apuntan que el personal de asistencia y cuidados no ha contado con la protección necesaria para realizar su trabajo y, en todo el mundo, se han detectado multitud de errores en la gestión de centros residenciales. En España, el duro informe de Médicos del Mundo “Poco, tarde y mal”, publicado en agosto, expone cómo la excesiva mortalidad de las personas mayores es consecuencia de los problemas estructurales y sistémicos del modelo de residencias.

Por último, es importante señalar que algunas de las medidas que se han adoptado para hacer frente a la crisis sanitaria han aumentado también el riesgo de sufrir violencia, abandono, discriminación o pobreza. El aislamiento ha implicado un mayor riesgo de violencia machista y ha dificultado la posibilidad de pedir ayuda y denunciar situaciones de violencia. Además, el cierre de algunos servicios básicos, como bancos, ha dejado a muchas personas mayores sin acceso a sus ingresos o prestaciones en algunas partes del mundo.

Estrategias para acabar con el edadismo y la violencia en la vejez

Como hemos visto a lo largo de este artículo, la violencia hacia las personas mayores se basa en unas creencias culturales y sociales aprendidas a lo largo de nuestra vida. Por ello, lo primero que debemos hacer para acabar con el abuso y el maltrato en la vejez es promover una actitud positiva hacia las personas mayores y cambiar la percepción que tenemos sobre ellas. Las personas mayores, al igual que cualquier grupo de edad, está formado por personas muy diversas y debemos huir de estereotipos que no se corresponden con la realidad. Es fundamental que tengamos en cuenta que estamos hablando de personas adultas, con capacidad de decisión y que tienen el derecho a decidir sobre su propia vida -también en situaciones de dependencia o discapacidad-. Debemos considerarlas parte activa de la población y reconocer su gran potencial económico, cultural y social.

Por ello, desde las instituciones públicas y las organizaciones sociales, se debe promover su participación en la sociedad y en la toma de decisiones y fomentar iniciativas que promuevan el envejecimiento activo, ya sea desde el fomento del empleo o la formación, como programas de actividades lúdicas y deportivas.

Asimismo, para que las personas mayores puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos, se debe fomentar el conocimiento sobre discriminación y maltrato hacia las personas mayores y los recursos existentes. Como hemos visto, el edadismo y la violencia hacia las personas mayores aún son problemas muy invisibilizados y, por ello, ante situaciones de violencia, abusos o discriminación puede que muchas personas no sepan reconocer dicha violencia o no sepan cómo actuar ni dónde denunciarla. Es muy importante que las personas mayores conozcan cuáles son sus derechos y poner a su disposición asistencia legal. Además, debemos tener en cuenta otros tipos de discriminación, especialmente la discriminación y violencia machista y crear recursos específicos para las mujeres mayores.

En el contexto de esta crisis, todas las instituciones públicas y organizaciones civiles deben trabajar para dar una respuesta inclusiva. Entre otras cosas, es importante asegurar que las personas mayores tengan acceso a la información sobre los riesgos a los que se enfrentan y cómo pueden protegerse de ellos para que puedan tomar sus propias decisiones de forma consciente y respetando las indicaciones de las instituciones competentes. Por otro lado, las estadísticas oficiales deben recopilar información y datos de calidad sobre el impacto que está teniendo la Covid-19 en las personas mayores, así como los efectos que está teniendo la pandemia en otros aspectos de su vida. Por último, es de vital importancia que los sistemas de salud garanticen a las personas mayores el acceso a los servicios médicos en igualdad de condiciones y prestar especial atención a las personas refugiadas o que viven en contextos especialmente graves.

Aún es difícil saber el impacto real que tendrá la pandemia de Covid-19 en las personas mayores a nivel global, pero sí sabemos que cualquier respuesta a la crisis debe basarse en la defensa de los derechos fundamentales. Para ello, es importante contar con las herramientas y estrategias necesarias a nivel nacional e internacional. Una convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores ayudaría a incorporar la perspectiva de edad en la toma de decisiones y sentaría las bases para futuras normativas nacionales que fomentaran la calidad de vida durante la vejez y un cambio en el modelo de cuidados y de asistencia sanitaria.

Bibliografía

  • Sleap,B.; Allen, R.; Byrnes, A.;  Doron, I.; Georgantzi, N.; Mitchell, B. (2020). Time For A Un Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age.

[https://www.age-platform.eu/sites/default/files/Discussion_Paper_COVID-19_Time_for_a_UN_Convention-Aug2020.pdf]

  • Sleap, B. (2020). Easing of COVID-19 lockdown strategies discriminates against older people around the world. HelpAge International.

[https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/easing-of-covid19-lockdown-strategies-discriminates-against-older-people-around-the-world/]

  • Barranco Avilés, M.C.; Vicente Echevarría,I. (2020). La discriminación por razón de edad en España. Conclusiones y recomendaciones para el contexto español desde un enfoque basado en derechos. HelpAge International España.[ http://helpage.es/download/5e2ade8f1b4a5]
  • Médicos Sin Fronteras.(2020). Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de las personas mayores en las residencias durante la COVID-19 en España. Agosto 2020. [https://www.msf.es/sites/default/files/attachments/medicossinfronteras-informe-covid19-residencias.pdf].
  • Plataforma de Pacientes.(2020). Estudio del impacto de la COVID-19 en las personas con enfermedad crónica.

[https://www.plataformadepacientes.org/sites/default/files/informe_covid19_final_web_ok.pdf]

  • United Nations Coordinated Appeal. (2020). Global Humanitarian Response Plan Covid-19. April – December 2020 Global [https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHRP-COVID19_May_Update.pdf]
  • United Nations. (2020). Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older persons. Mayo 2020. [https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_covid-19_and_older_persons_1_may_2020.pdf].

[1] Barranco Avilés, M.C.;  Vicente Echevarría, I. (2020). La discriminación por razón de edad en España. Conclusiones y recomendaciones para el contexto español desde un enfoque basado en derechos. HelpAge International España.

[2] Sleap,B.;  Allen, R.; Byrnes, A..; Doron, I.; Georgantzi, N.;  Mitchell, B. (2020). Time For A Un Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age [https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/easing-of-covid19-lockdown-strategies-discriminates-against-older-people-around-the-world/]

 

 

Número 6, 2020

 

A fondo

Efectos de la precarización alimentaria en el bienestar de las personas. Otras respuestas para la transformación de la ayuda alimentaria

Marta Llobet Estany

Paula Durán Monfort

Claudia Rocío Magaña- González

Araceli Muñoz García

Eugenia Piola Simioli

Profesoras y integrantes del Equipo de Investigación sobre la alimentación en contextos vulnerables. Escuela de Trabajo social – Universidad de Barcelona

 

El artículo aborda los efectos de la precarización alimentaria en el bienestar de las personas y por las respuestas que están abriendo brechas en el modelo hegemónico de ayuda alimentaria. Es una investigación de carácter exploratorio sobre la precarización alimentaria y su incidencia en el bienestar en el contexto de la crisis económica del 2008. El trabajo de campo se ha realizado en dos barrios de Barcelona, entre el 2015 hasta 2020. Se empleó una metodología cualitativa, pasando de métodos más convencionales a metodologías participativas en las etapas finales.  A partir de los resultados se reflexiona sobre la necesidad de transformar el actual modelo de ayuda alimentaria para avanzar en el cumplimiento del derecho a la alimentación en el marco de una mayor igualdad y justicia social.

 

Introducción

Asegurar el alimento y la subsistencia diarios aparece en el imaginario colectivo como un problema de los países del Sur. Sin embargo, en los países del Norte global se está lejos de erradicar la privación y precariedad alimentaria de una parte importante de la población. En el contexto de las últimas crisis económica y sanitaria, la respuesta [1]basada en el incremento de dispositivos de ayuda alimentaria, amortigua la situación, pero no la resuelve y repercute negativamente en el bienestar de las personas.

La pandemia pone de relieve que el tema de la precarización alimentaria no es un problema coyuntural, sino que requiere de medidas estructurales y políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación y que no consideren la inseguridad alimentaria como una dimensión más de pobreza, sino como un hecho social en sí mismo.

El objetivo de este texto es compartir algunas reflexiones en torno a los resultados de una investigación realizada en dos barrios de la ciudad de Barcelona, desde el 2015 hasta el 2020. El trabajo de campo incluyó la participación de residentes de los barrios (personas mayores, familias migrantes y familias monoparentales); profesionales de los servicios sociales y de salud y de entidades de acción social y activistas vinculados a diferentes iniciativas comunitarias. La metodología cualitativa consistió en entrevistas y grupos focales en las primeras etapas y a partir de la tercera etapa, en la que las propias personas interpelaron el proceso, se incorporaron métodos más participativos.

El texto se estructura en cuatro apartados. El primero analiza la precarización alimentaria y sus impactos en el bienestar de las personas; el segundo presenta las estrategias adoptadas por las personas para afrontar las situaciones de precariedad alimentaria y los impactos que genera la solicitud de ayuda alimentaria; el tercero aborda las diferentes concepciones de la alimentación y el tipo de respuestas que se articulan en torno a ellas; el cuarto presenta una reflexión final acerca de la necesidad de transitar hacia otro modelo de intervención e investigación (Muñoz, et al. 2021) que sitúe el derecho a la alimentación en el centro, desde una perspectiva de igualdad y justicia social.

1. La precarización alimentaria y sus impactos en el bienestar

El aumento del desempleo y la precariedad generados a partir de la crisis económica del 2008[2] en España, y concretamente en Barcelona, han incidido en el agravamiento de los procesos de vulnerabilidad y de exclusión social (Laparra y Pérez Eransus, 2012). Los efectos de estos procesos van más allá de la dimensión económica y afectan múltiples esferas de la vida social de las personas (Zurdo y López, 2013). Estos itinerarios de descalificación y exclusión impactan en las diferentes dimensiones del bienestar de las personas: material, corporal, relacional, decisional y temporal (Fournier, Godrie y McAll, 2014)[3].

La dimensión material se ve afectada por la situación económica, laboral y habitacional, lo que afecta también a la dimensión corporal repercutiendo en la salud física y mental de las personas. La falta de control sobre el acceso a los alimentos debilita la autonomía de los sujetos y su poder decisional, lo que puede generar estrés y depresión, así como diferentes enfermedades crónicas (Garthwaite, Collins y Bambra, 2015). Este escenario afecta a la vida cotidiana de las personas, a sus tiempos y a sus formas de organización doméstica (Durán et al., 2021). También, repercute en la dimensión relacional ya que puede modificar tanto la dinámica familiar como las interacciones sociales. Impacta en la dimensión decisional, al producir el debilitamiento en la capacidad de tomar decisiones. En cuanto a la dimensión temporal, se afectan las rutinas cotidianas y los tiempos de vida (Fournier, Godrie y McAll, 2014).

Estos procesos afectan todas las dimensiones del bienestar e inciden también en la alimentación (Llobet et al., 2020b) favoreciendo, la emergencia de situaciones de inseguridad alimentaria (Heflin, London y Scott, 2011). También limitan el acceso físico, social y económico de las personas a los alimentos y su disponibilidad en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades y particularidades alimentarias de las personas (Pollard y Booth, 2019). De esta manera, las familias tienen que adaptarse al hacer la cesta de la compra o en el consumo, ante la escasez de recursos económicos y la situación de privación material (Díaz Méndez, García Espejo y Otero Estévez, 2018). Por otro lado, los procesos también tienen efectos en la dimensión sociocultural, ya que puede generar cambios en las formas de vida habituales (Medina, Aguilar y Fornons, 2015). Se produce, por tanto, una transformación de los procesos y prácticas alimentarias, en los cuales las personas tienen que desarrollar diversas estrategias de afrontamiento (Gracia, 2015).

2. Estrategias de afrontamiento y la visibilización pública de la demanda de ayuda alimentaria

Las personas con las que se ha reflexionado sobre los impactos que causa la precarización alimentaria ponen en marcha estrategias cotidianas para hacer frente a los diversos impactos de las crisis, eligiendo diferentes opciones diferenciadas a lo largo de las etapas del proceso alimentario (obtención, elaboración y consumo) (Llobet, et al. 2019). La pérdida de la capacidad adquisitiva afecta negativamente tanto al volumen de alimentos consumidos como su variedad. Por ello, en la fase de obtención de alimentos se ven afectadas las rutinas, la periodicidad y organización de los tiempos dedicados a comprarlos. Esto es visible en los espacios a los que acuden las personas, sobre todo en busca de ofertas. En muchas ocasiones se prioriza el precio como criterio de elección y compra de alimentos. A su vez, se realizan ajustes entre lo que se consume y compra con la finalidad de minimizar el gasto y evitar el desaprovechamiento, por ejemplo, adquirir marcas blancas u ofertas en alimentos frescos.

En la fase de elaboración de alimentos el modelo de comida se desestructura, sobre todo simplificando la comida ternaria. Se elabora un solo plato para que todas las personas puedan alimentarse. Es decir que se privilegia el consumo de todos los miembros de la unidad familiar y se prioriza el no desperdicio de alimentos, provocando que ese mismo plato se termine o se desarrolle la cocina de aprovechamiento. Otra estrategia es la adopción de un patrón alimentario basado en alimentos de bajo coste que se caracteriza por alimentos altamente calóricos y grasas que genere sensación de saciedad. Otra estrategia es la sustitución de alimentos frescos por congelados, el cual reduce el coste del presupuesto familiar. Estas estrategias producen la reducción de la calidad de productos consumidos y de la cantidad ingerida en cada comida, lo que obliga a la creatividad para diversificar las maneras de preparar comidas.

Un efecto en el consumo de alimentos es la disminución del número y/o frecuencia de las comidas realizadas a lo largo del día. En muchas ocasiones se suprimen comidas, como el desayuno o se simplifican. A su vez, aparecen diferencias en el consumo: por ejemplo, en muchas ocasiones las mujeres dejan de consumir alimentos para amortiguar el impacto de la escasez alimentaria en los más jóvenes.

Todas estas estrategias tienen efectos a nivel físico y psicológico de las personas, en muchas ocasiones provocan malnutrición (desnutrición o sobrepeso) y también genera ansiedad alimentaria. Esta última hace referencia a que las personas muchas veces están preocupadas por resolver una necesidad básica que impacta en el estado mental dada la incertidumbre alimentaria.

La solicitud de la ayuda para la alimentación afecta de maneras muy diversas y negativas a las personas. El modelo de ayuda benéfico-asistencial hegemónico concibe su función como una concesión o un don alimentario. Al enmarcar la solicitud de ayuda como un acto caritativo, que no sólo reproduce la idea de la superioridad moral de la persona o entidad que realiza este acto, sino que implica un gesto de poder que produce la humillación de las personas que son beneficiarias de dicha ayuda (Cary y Roi, 2013). Esto a su vez conlleva el desarrollo de estigma y vergüenza social para las personas que solicitan ayuda. Si bien las ayudas pueden proporcionar alivio inmediato, pero no resuelven la demanda, no aseguran una buena nutrición, ni garantizan el uso de alimentos adecuados a la cultura (Riches, 2011). La caridad alimentaria ofrece una respuesta ineficaz a la pobreza alimentaria (Riches y Tarasuk, 2014),

Otro efecto de este tipo de repuestas es la individualización de la pobreza y su vivencia en el espacio privado. Este proceso refuerza la visión del hambre como un problema circunscrito a la familia o al individuo y que se atiende mediante soluciones individuales, obviando la perspectiva estructural y macrosocial de las relaciones de poder que existen entre individuos y grupos sociales (Riches, 2011). Las personas se convierten, desde esta perspectiva, en responsables de la situación de desigualdad social que viven (McAll, 2017) y la perpetuación de esta situación se presenta como consecuencia del éxito o fracaso personal de los mismos individuos y de sus acciones (Berti et al., 2017). Eso tiene un impacto importante en las personas, que se sienten culpables, infantilizadas y maltratadas por mensajes las culpabilizan de su situación (Rouillé d’Orfeuil, 2018).

3. Concepciones de la alimentación y respuestas a la precarización alimentaria

En el trabajo de campo realizado se identificaron tres tipos de respuestas para hacer frente a la situación de precarización alimentaria, llevadas a cabo por instituciones públicas, tercer sector, sector privado e iniciativas de tipo ciudadano (Llobet et al., 2020a). Para establecer esta clasificación, se tuvieron en cuenta las concepciones de la alimentación asociadas a cada tipo de práctica y su efecto sobre el bienestar de las personas.

El primer tipo lo componen las prácticas tradicionales, que son aquellas que ya se venían realizando antes del inicio de la crisis económica del 2008, y constituyen el modelo hegemónico de la ayuda alimentaria. En el contexto de crisis, este tipo de prácticas se ha planteado como una solución de emergencia para las personas que se encuentran en una situación de precarización o exclusión social (Gómez Garrido, Carbonero Gamundí y Viladrich, 2019).

Estas prácticas se asientan en una perspectiva asistencialista que supone la concesión de un don que no implica reciprocidad (Berti et al., 2017), ya suelen consistir en la distribución de un pack de alimentos. Se trata de una medida lejana de la idea de la alimentación debe ser un derecho reconocido que permita transformar las desigualdades en materia alimentaria (Riches, 2011).

Este tipo de prácticas se fundamenta en una concepción de la alimentación como una necesidad exclusivamente biológica, desvinculada de otros aspectos de la vida de las personas (McAll et al., 2015). La seguridad alimentaria se entiende, desde esta visión, como el simple acceso de las personas a los productos alimentarios. Esta perspectiva reduce a los individuos a bocas que deben ser alimentadas, y oculta la complejidad de este hecho social y los diferentes elementos que rodean la alimentación y la definen, como el género, la edad, la posición social y la salud (McAll, 2017).

El segundo tipo de prácticas son las denominamos nuevas, que emergen en el contexto de crisis como respuestas para mejorar algunos aspectos de las prácticas de ayuda alimentaria tradicionales, pero sin cuestionar en profundidad el modelo. Este tipo de prácticas incorpora aspectos que pretenden mejorar el circuito y las formas de distribución de la ayuda alimentaria, como es el caso de la tarjeta monedero. Este recurso facilita el que las familias vayan a comprar directamente a los comercios, incrementen su capacidad de elección y de compra (Baquero, 2015) y tengan acceso a una mayor diversidad alimentaria.

Estas prácticas buscan efectos más amplios en las diferentes dimensiones del bienestar. En la dimensión material favorecen el acceso al alimento; en la dimensión decisional, toman en cuenta las particularidades alimentarias de las personas; en la dimensión corporal, contemplan la importancia de que los alimentos respondan a las necesidades nutricionales y en la dimensión relacional, reconocen la alimentación como acto social.

Estas prácticas pretenden ofrecer una respuesta más global, desde una concepción de la alimentación biopsicosocial -biológico, social y cultural- (Contreras y Gracia, 2005). La dimensión cultural que atraviesa la alimentación es un elemento fundamental, reconocido por los profesionales y activistas que trabajan desde las iniciativas ciudadanas, que señalan que la reducción de la pobreza alimentaria tiene que contemplar el acceso a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente aceptable (Pomar y Tendero, 2015).

El cuestionamiento de las prácticas tradicionales o de estas nuevas prácticas da origen a las respuestas alternativas que se construyen desde un enfoque de derecho, de autonomía y de soberanía alimentaria. Son iniciativas que abordan la inseguridad alimentaria desde una perspectiva comunitaria y social. Por un lado, subrayan que las desigualdades en materia alimentaria constituyen una responsabilidad colectiva y, al mismo tiempo, reivindican que las prácticas consideren todas las partes del sistema alimentario (producción, procesamiento, distribución y consumo) (Jacobson, 2007) y contemplen los aspectos económicos, políticos y ambientales (Kaiser et al., 2015).

Estas prácticas conciben la alimentación de manera holística y complejizada y promueven un impacto global en las cinco dimensiones del bienestar de las personas a medio y largo plazo. Los huertos comunitarios o las cocinas colectivas constituyen ejemplos de este tipo de prácticas, que plantean no sólo humanizar la experiencia de las personas, sino reconocer los procesos de autonomía en torno a la alimentación (Booth et al., 2018). Estas prácticas se alejan de la concepción tradicional de la ayuda como una forma de caridad y plantean que la inseguridad alimentaria y los procesos de precarización que la producen constituyen una cuestión política que debe tener cabida en el debate público y la acción democrática (Riches, 1999).

4. El reto colectivo de avanzar hacia otras respuestas

Las desigualdades sociales en materia alimentaria se han agudizado en las últimas décadas, especialmente a partir de la crisis económica de 2008 y de la crisis sanitaria de 2020. Las denominadas colas del hambre son apenas el emergente visible de la injusticia social consolidada en nuestra sociedad. En este sentido, es necesario analizar las respuestas tanto en su capacidad de romper con la persistencia y agudización de las desigualdades como en su posible participación de la reproducción de la estructura social desigual.

Como hemos señalado, consideramos necesario transformar el enfoque con que se piensan y se llevan a cabo las respuestas. En primer lugar, se trata de frenar los efectos de la precarización alimentaria mantenida a lo largo del tiempo genera no sólo en las cinco dimensiones del bienestar global de las personas, sino también en el deterioro de la autoestima y la identidad generando un desempoderamiento. De este modo, la fragilización, vulnerabilización, culpabilización e invisibilización de las personas que se encuentran en situación de precarización alimentaria refuerza los procesos de discriminación, estigmatización y reducción identitaria.

En segundo lugar, la forma en que se organizan las respuestas debe ser repensada. Existen evidencias (Heck, y Socquet-Juglard, 2020; Payant-Hébert, 2013; Duchemin, et al., 2010.) acerca de los beneficios que suponen las respuestas que contemplan la participación y organización de las comunidades como una forma de pasar de una concepción individualizada de la alimentación a la colectivización y politización del hecho alimentario. Si bien este tipo de respuestas no inciden en todas las dimensiones del bienestar, es importante ahondar en el estudio de las prácticas nuevas y las alternativas desde una mirada microlocal situada en los barrios tanto para conocer los factores que favorecen este tipo de procesos, como su alcance en cuanto a solventar adecuadamente las necesidades existentes en el territorio.

En tercer lugar, actualmente se considera que el derecho a la alimentación de las poblaciones más desfavorecidas se resuelve a través del sistema de ayuda alimentaria. Este sistema, al depender en gran medida del actual sistema agroindustrial, facilita el acceso a los productos alimenticios, pero lo hace de forma insuficiente en términos de cantidad, calidad, diversidad y duración en el tiempo. Si lo que se busca es avanzar hacia una alimentación justa y sostenible, tal como propone la Agenda Global 2030, será necesario revisar los sistemas de ayuda alimentaria que tal como están estructurados no garantizan un cumplimiento digno del derecho a la alimentación.

En cuarto lugar, en relación al tema de las alianzas y sinergias que pueden establecerse entre el sector público y el tercer sector para avanzar hacia esta transición, la transformación del Programa Europeo FEAD (Fondo Europeo de Ayuda a la población más desfavorecida), puede ser una oportunidad para orientar esos fondos al apoyo de la transformación de las respuestas favoreciendo las iniciativas colectivas y comunitarias que eviten los procesos de individualización de la precarización alimentaria, teniendo en cuenta las experiencias a escala local que puedan ser extrapolables a contextos más amplios.

Bibliografía

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[1] Muñoz, A., Durán, P., Magaña, C.R., Llobet, M., y Piola, E. (2021). “Otras formas de co-producir conocimientos: experiencias metodológicas para transformar la desigualdad con personas en precariedad alimentaria”. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, 37(1), 109-134.

[2] El artículo ha sido elaborado en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19. No obstante, cuando hacemos referencia a la crisis, nos referimos a la iniciada en el año 2008, ya que no podemos contemplar las consecuencias que esta emergencia sanitaria y social ha producido en la población, cuestión que pretendemos abordar en el futuro.

[3] McAll, Fournier y Godrie (2014) identifican cinco dimensiones del bienestar: la material, la relacional, la corporal, la decisional y la temporal, como quedan reflejadas en el texto. Estas dimensiones han sido exploradas en: Llobet, Durán, Magaña et al. (2019).

 

Número 10, 2022
A fondo

El acceso al derecho a una alimentación saludable en Cáritas. Cuestión de justicia, dignidad, inclusión y sostenibilidad

María Martínez Rupérez, responsable del programa Acción Socio Educativa de Base en Cáritas Española.

 

Con este artículo pretendemos compartir el modelo de trabajo que estamos impulsando en Cáritas para dignificar el acceso al derecho a la alimentación y la estrategia confederal que hemos desarrollado para facilitar estos tránsitos.

 

Estoy convencida, que no nos es ajena esta imagen que tanto se ha repetido en nuestros barrios y pueblos, y ciertamente se ha multiplicado con motivo de la pandemia provocada por la COVID-19, de encontrarnos con personas esperando en una larga cola para recoger alguna bolsa de alimentos que poder llevar a sus hogares y mitigar así la angustia del hambre.

Y es posible, que, este escenario os haya provocado una variedad de emociones que pueden ir desde la tristeza a la ansiedad, imaginando qué mochila llevará cada persona que está esperando su turno, con menores de edad a su cargo, o personas mayores, o acaso alguna persona con movilidad reducida, o pasando por alguna enfermedad… Y además es posible, que en ese hogar no haya una figura sustentadora porque no hay trabajo, o acaso el empleo está precarizado, trabajando por horas, a turnos, sin saber cuál será la duración. O que se sienta la perdida del cordón umbilical al tener que dejar la familia cercana en el país de origen, o ante tanta tensión se esté produciendo algún tipo de violencia doméstica, machista…. Y a todo ello, le agregamos el ingrediente de la angustia del hambre.

Es bueno no olvidar que las situaciones de pobreza, lamentablemente están presentes desde tiempos pretéritos, que están unidas a un sistema injusto de reparto de bienes, recursos y riquezas, pero en tiempos de crisis, se visibiliza con toda su crudeza, una realidad que interesadamente permanece velada.

¿Por qué este título tan largo…?

Como bien sabemos el lenguaje no es neutro, está impregnado de significados, por esto la elección de estos conceptos no son arbitrarios, están cargados de intenciones, aquellas que nos proponemos en Cáritas. Hablamos de la alimentación, en el marco de estas claves innegociables. En primer lugar, es un derecho humano unido a la vida y universal, para todas las personas.

Y un derecho en el marco de la justicia social, donde nadie se puede quedar atrás, en una carrera de obstáculos que supone este mundo meritocrático para una parte importante de la población, donde haya un reparto equitativo de los bienes, recursos y riquezas del planeta.

Como señaló el exrelator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier Schutter, y actual relator especial de las naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos:

El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativa adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.

La primera parte de esta frase que expresa Schutter, podríamos resumirla, en una palabra, el reconocimiento a la dignidad de cada ser humano, con la descripción de adjetivos como, regular, cotidiana y libre. Para que cada quien pueda elegir aquello que desea comer, en función de sus gustos, hábitos, cultura o teniendo en cuenta su salud -situaciones de intolerancia, dietas médicas, etc.-. El papa Francisco, con la claridad y coraje con la que expresa sus convicciones, nos recuerda que hablamos de dignidad no de limosna, así lo recoge en la visita en 2014 a la sede de la FAO con motivo de la II Conferencia internacional sobre nutrición:

Y mientras se habla de nuevos derechos, el hambriento está ahí, en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, ser considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana. Nos pide dignidad, no limosna.

Así queda recogido otro concepto importante, una alimentación sana, no podemos conformarnos con cualquier producto alimenticio, recordemos que, para mantener una buena salud física y psíquica, un elemento fundamental es una dieta variada y nutritiva con productos de calidad.

Por último, con el cambio de modelo que estamos proponiendo estamos facilitando también la inclusión. Permitidme haceros “spoiler”. Tratamos de dejar de dar alimentos en especie para utilizar otras estrategias que permitan a las personas hacer la compra en tiendas y comercios, como lo hace el resto de la ciudadanía, de una manera normalizada, sin ningún tipo de estigma.

Pero, además, la persona compra aquello que necesita con lo cual también promovemos la sostenibilidad. Las entidades sociales no tienen que realizar una compra masiva de alimentos o productos básicos de higiene -favoreciendo a determinadas multinacionales agroalimentarias-, que posteriormente se entrega a las personas sin conocer realmente cuáles son sus necesidades reales. Con esta estrategia minimizamos nuestra huella ecológica, al evitar transportes innecesarios, sostenimiento de almacenes, etc. Con todo, cuidamos a las personas y también al planeta.

Lamentablemente, en Cáritas vamos a tener que seguir haciendo el qué, pero tenemos que replantearnos los cómos

Según el último Informe que la fundación FOESSA que ha realizado para medir el impacto que ha tenido la crisis social derivada de la Covid-19 en las condiciones de vida, señala algunos datos que no podemos pasar por alto:

  • Un tercio de los hogares tienen a todas las personas integrantes en situación de desempleo -600 mil familias-, careciendo de algún tipo de ingreso periódico que permita una cierta estabilidad.
  • La pandemia ha aumentado la brecha de género: la exclusión social ha crecido más del doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer.
  • Hay 2,7 millones de personas jóvenes entre 16 y 34 años afectadas por procesos de exclusión social intensa.
  • La exclusión social en hogares con población inmigrante es casi tres veces mayor que en los hogares españoles.
  • Tres de cada diez familias se han visto obligadas a reducir los gastos habituales en alimentación, ropa y calzado.
  • Las tasas más elevadas de exclusión social se dan en el Sur y el Este del país, junto con Canarias.

Estas cifras no nos dejan indiferentes, sabiendo que detrás de cada una hay una historia con rostro, llena de vida y matices, pero también con el peso que conlleva saberse señalado por el estigma de la pobreza.

Queremos estar cerca para conocer, y conocer para comprender y respetar cada misterio que es, cada una de las vidas con quienes nos encontramos.

Así, las personas que trabajamos en Cáritas, seamos voluntarias o contratadas, estamos llamadas a minimizar este sufrimiento social, ofreciendo nuestro mayor potencial y recursos, símbolo de nuestro logo: el amor.

Un amor con co-razón al servicio de las personas, esto es, un amor impregnado de sensibilidad y ternura que nos invita a dar un paso más en nuestros modos de hacer, e introducir la investigación y el conocimiento generado en este tiempo, y que nos lleva a replantearnos y repensar otras estrategias, más humanas y eficaces.

Por ello debemos continuar con el qué hacemos -facilitar este acceso a derecho-, pero es cuestión ineludible superar aquellas formas que han dañado, estigmatizado. No puede ser que sigamos dando las mismas respuestas del siglo pasado con la comprensión del problema que tenemos en la actualidad.

Y como luciérnagas, tenemos algunas referencias importantes que ya han transitado por este camino, como el programa desarrollado por parte del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en los campos de personas refugiadas, proponiendo la utilización de tarjetas para que las personas puedan realizar sus compras directamente en las tiendas locales, iniciativa que recibió el premio NOBEL en 2020.

También esta misma acción desarrollada en diversos países de la Unión Europea, como Rumania o Francia ante la realidad de la pandemia Covid-19. Estrategia que motivó la modificación del reglamento europeo.

Y estábamos tardando en dejar espacio, en hacer círculo, en compartir saberes, intuiciones, experiencias

Aleida es una compañera de camino, madre de familia, que durante un tiempo recibió ayuda de alimentos por parte de Cáritas. Y tuvo la suerte de encontrarse con Sonsoles, una voluntaria de Cáritas parroquial, con quien pudo conectar en una relación humana y horizontal. Ante la propuesta que compartiera que estaba sintiendo, surgió este regalo que nos hace Aleida.

Solo es necesario leer con atención, para recoger la vivencia de tantas personas que pasan por esta experiencia.

Querida Sonsoles: siempre he pensado que lo más importante son las personas. No hay sentimiento más perturbador que no sentirte persona, con toda la dignidad que eso implica. Cuando no eres autosuficiente porque las circunstancias adversas no te lo permiten y no puedes abastecerte ni a ti, ni a tu familia en las necesidades más básicas como son los alimentos, te sientes poquita cosa y te vas haciendo más pequeña cuando recurres a ciertas ayudas.

Quiero decirte Sonsoles que la mayoría de mis conocidas y amigas que reciben esta cesta, que más que de comida está llena de buenas intenciones, pensamos que nos hacen un flaco favor. Pero no lo decimos de voz en cuello, no queremos ofender. Por eso lo comentamos bajito, con esa voz apagada y avergonzada que tiene el que pide.

La realidad, amiga mía, es que en esa cesta no hay nada que me pueda servir en el momento para prepararme una buena comida. Me faltan los ajos, la cebolla y las zanahorias para dar alegría al plato. Mi nevera sigue vacía; nada de lo que viene en la cesta solidaria puedo meter en ella. ¡Un yogur es un lujo en tiempos de coronavirus!

Pedir te silencia y te hace opaco, tal vez por eso los que están llenos de buenas intenciones no te ven como ellos, no ven que eres persona.

Es surrealista que en pleno siglo XXI, en un país extraordinario como éste aún hallamos personas que necesitamos que alguien nos ayude, nos llene una cesta con lo que ellos consideran que necesitamos…

Me he encontrado con personas que te hacen contar tu vida, y luego para nada. Me he encontrado con ojos fríos porque eso se puede sentir, se puede ver, te puedes encontrar con miradas de impaciencia, gente que agacha la mirada, que no le interesas, que no te mira. Porque entiendo que muchas personas van allí como yo a pedir ayuda y tienen que cumplir la norma que dice que tienen que preguntarle cosas para ver si es digno de ser ayudado o no.

He vivido la situación más fea de tener que pedir, pero también he tenido la oportunidad de conocer en medio de todo ello a gente maravillosa que sí te ve, que sí te mira, que sí te escucha, que sí le importas, que van más allá de lo que tienen que hacer que es entregar una bolsa de comida a las personas para que puedan sentirse ellos que ayudan y otros puedan sentirse que son ayudados.

A mí lo que me ha ayudado es encontrar una persona que te tome de la mano, que te abrace que te diga “todo va a mejorar, tranquila”, “puedes venir cuando quieras” si necesitas algo, aunque luego ni le llames, ni vayas, pero te dice “si necesitas algo llámame, si algo pasa ven, aquí estoy. Yo sí he encontrado gente así en mi parroquia.

En Cáritas estamos en la búsqueda de la mejor respuesta

Llegados a este punto, es bueno recordarnos que es el Estado el garante de este derecho al acceso a una alimentación sana y equilibrada, y que, en un estado democrático, entidades como Cáritas estamos complementando una acción allí donde los servicios públicos no llegan o lo hacen de manera insuficiente.

Y siempre es un gusto cuando un ayuntamiento es conocedor de su realidad y se hace cargo de las necesidades de su comunidad, como tenemos ejemplos de ello, siendo los servicios sociales municipales quienes facilitan este acceso a la alimentación a través de la gestión de tarjetas prepago donde las personas van a comprar a los comercios que deseen. En estos casos, los equipos de Cáritas tienen la disponibilidad para hacer otro tipo de tareas, que están en relación con acompañamientos, con proyectos de desarrollo y empoderamiento personal y otras acciones comunitarias.

Pero volvamos a nuestro análisis, y pongámonos en la piel de la persona que recibe una cesta de alimentos, como nos señalaba Aleida, la persona no puede elegir, tiene que ajustar su alimentación a los productos disponibles, sin la posibilidad de adaptar el menú según los gustos, culturales o necesidades de salud. Y en relación a la salud, es difícil mantener una dieta variada y equilibrada, ya que suelen faltar productos frescos.

En este escenario, se corre el riesgo de pérdida de autonomía personal y de autoestima, y de desaprender elementos básicos como son el manejo del dinero, o la gestión y manejo de la economía familiar… Sin darnos cuenta, lejos de posibilitar procesos de inclusión social podemos estar contribuyendo a mantener desde el asistencialismo la institucionalización.

Pero, además, como apuntábamos con anterioridad, es un método poco eficiente, ya que se contribuye con el despilfarro alimentario. Por lo que vamos en contra también, de la salud del planeta.

Por todo ello, planteamos los tránsitos hacia un modelo inclusivo y sostenible, donde las personas puedan comprar en los comercios de proximidad los productos que se ajusten a sus gustos y necesidades. La pandemia, en este sentido, ha sido una palanca para el cambio. En los momentos de máxima incertidumbre, donde desconocíamos la forma de contagio de este virus, el uso de estas herramientas como las tarjetas monedero -conocidas por distintos nombres solidarias, prepago…-, se han extendido. E inclusive, apareciendo en escena otra nueva estrategia: ayudas económicas a través de telefonía móvil.

Pero también debemos reconocer la existencia de equipos de Cáritas, que, desde hace tiempo, destinan parte de su presupuesto a ofrecer este acceso a la alimentación evitando cualquier tipo de estigma, a través de ayudas en metálico, cheques o transferencias bancarias.

Gracias a este modelo, estamos facilitando que:

  • La persona sienta nuestro respeto, reconocimiento y la confianza depositada en ella.
  • Se evite el estigma, garantizando en todo momento del proceso el anonimato.
  • Se fomente la autonomía personal, que las personas salgan del círculo de la dependencia. Cada quien elige qué quiere consumir y dónde adquirirlo.
  • Se active el comercio de proximidad y el consumo de productos agrícolas de kilómetro cero.
  • Se llegue a una alimentación sana y equilibrada, con la adquisición de productos propios de cada estación.
  • Se haga la compra y se cocine en familia, como espacio educativo y relacional.
  • Se mantenga la responsabilidad y el hábito de administrar el presupuesto y la gestión familiar.
  • Y además de cuidar a las personas, cuidamos al planeta, comprometiéndonos con un sistema eficiente y sostenible.

Para quien tenga interés en conocer un poquito más, podéis acudir al libro digital que editamos en el año 2019  . Este documento recoge el análisis, posicionamiento y propuestas de Cáritas.

Y a partir de este libro desarrollamos una “Estrategia confederal por el derecho a una alimentación saludable y sostenible 2020/2023”. Esbozamos un resumen de los 7 ejes que impulsamos y seguimos trabajando:

  1. Apoyo en los tránsitos hacia nuevas iniciativas y proyectos. Además de ir dejando de dar alimentos en especie para pasar a estas modalidades que hemos detallado, otro de los retos tiene que ver con el aprovechamiento alimentario, por ejemplo, reconvertir nuestros economatos en tiendas abiertas al público, a través de iniciativas de economía social donde se promueva la incorporación sociolaboral y donde poder comprar alimentos o productos de higiene personal o del hogar, que de otro modo se despilfarrarían siguiendo la estela de ofrecer una segunda oportunidad como en el caso del textil, en las tiendas de ModaRE. O, también, la realización de menús o platos cocinados con productos que se desecharían.
  2. Espacios de encuentro y formación presenciales y en formato en línea con el objetivo de dar a conocer este modelo a los equipos de Cáritas -con especial atención de Cáritas parroquiales-. Y también participando en foros organizados por otras entidades.
  3. Facilitar la toma de conciencia en centros educativos y en espacios de ocio y tiempo libre. El objetivo es, que, desde los más peques hasta los más mayores, puedan contribuir en mejorar el planeta y sustituir la donación tipo operación kilo.
  4. Recogida de experiencias que ya se están desarrollando en diferentes Cáritas con el objetivo de facilitar el camino a otros equipos, de aquí ha surgido el libro digital: Derecho a una alimentación saludable. transiciones hacia un modelo inclusivo y sostenible.
  5. Trabajo colaborativo con las empresas. Queremos hacer llegar este modelo inclusivo y sostenible, apelando a su compromiso a través de RSC -responsabilidad social corporativa- y hacerles partícipes, presentando otras formas de colaboración. Con su aportación sea económica, va directamente al sostenimiento de las tarjetas. Y cuando se producen donaciones de excedentes, la propuesta es canalizarla a nuestros centros donde tenemos condiciones para conservar los productos y realizar menús rápidos.
  6. Colaboración con banca ética para la emisión de las tarjetas solidarias.
  7. Trabajo colaborativo al interno y con otras entidades: Cáritas Europa, administraciones entidades del tercer sector, universidades, etc.

Referencias bibliográficas

Libro digital: Derecho a una alimentación saludable. transiciones hacia un modelo inclusivo y sostenible. Cáritas Española. 2020

Libro digital: Alimentación y vestido como derecho. Cuestión de dignidad, autonomía e inclusión”. Cáritas Española. 2019

Ayala Cañon; L. Laparra Navarro, M.; Rodríguez Cabrero, G. (coords.) ( 2022). Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España. Madrid: Cáritas Española y Fundación FOESSA.

 

Número 10, 2022
A fondo

Colaboración público-comunitaria: una nueva solución para generar más vivienda asequible

Javier Burón, Gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona

Eduardo González de Molina, Investigador de la Gerencia de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona y Doctorando por la Universidad Pompeu Fabra

Puedes encontrar a Javier Burón en Twitter y en Linkedin; y a Eduardo González de Molina en Twitter y en Linkedin.

 

La temática de la presente publicación, llamada Una ciudad más humana y más justa, viene como anillo al dedo con la iniciativa que vamos a exponer en este artículo: el Convenio con Entidades Sin Ánimo de Lucro, una novedosa política pública de vivienda basada en la colaboración público-comunitaria. Siendo esta medida no sólo una solución innovadora para aumentar el parque de vivienda asequible, sino también una fórmula para coadyuvar a ciudades más humanas y justas. Para ello, este artículo pretende abordar cuatro objetivos: primero, exponer el cooperativismo de cesión de uso como un modelo alternativo de convivencia habitacional más humano; segundo, explicar la vivienda asequible como modelo de acceso a la vivienda más justo que otras alternativas; tercero, exponer la colaboración público-comunitaria como la política pública de vivienda que garantiza la viabilidad de estos modelos; y cuarto, analizar como esta política permite consolidar a futuro un ecosistema de promotores de vivienda asequible profesional y diversificado.

1. Una ciudad más humana: el rol de la vivienda cooperativa en cesión de uso

El proceso de urbanización neoliberal lleva configurando nuestras ciudades desde hace más de cuarenta años (Harvey, 2019). En esa configuración, las ciudades se han rediseñado más como espacios para invertir que como espacios para vivir. Ciudades que pierden sus espacios comunes, que introducen su lógica mercantil por doquier, donde los procesos de concentración y acumulación son el anverso de los procesos de exclusión y expulsión (Sassen, 2015). Este modelo de ciudad deviene en un lugar frío, individualizado, solitario, atomizado y con débiles lazos sociales. En otras palabras, una ciudad deshumanizada.

En este contexto, la vivienda se muestra como centro neurálgico de estos procesos. En las grandes ciudades, cerca de dos tercios del suelo urbano está destinado a uso residencial. El edificio residencial es diseñado arquitectónicamente por los promotores inmobiliarios bajo la lógica de maximización de beneficio: minimización de los espacios comunes y maximización de los espacios privados. Un edificio de propiedad horizontal u vertical, habitado por propietarios o inquilinos de su vivienda, está diseñado para no producir ningún tipo de lazo social ni de comunidad. El edificio se fragmenta como una colmena y los espacios comunes son auténticos no-lugares (Auge, 2009), espacios pensados exclusivamente para el tránsito. El vecino es un auténtico extraño. Hecho que no se pretende solucionar, sino que está normalizado e incluso se considera deseable. La comunidad de vecinos no es más que una comunidad de intereses, donde la participación es muy débil y los conflictos se terminan resolviendo, en ocasiones, vía demanda judicial.

Si queremos construir una ciudad más humana, donde sus habitantes se sienten con-ciudadanos y existen espacios que fomentan y profundizan vínculos sociales, el modelo de convivencia residencial actual debe cambiar. Existen muchos modelos alternativos, pero uno de los más prometedores es la vivienda cooperativa en cesión de uso.

A diferencia del anterior modelo, el edifico residencial es diseñado desde el principio por sus futuros habitantes. Ese diseño se hace desde la participación y la co-decisión, donde la lógica de organización espacial se equilibra: conviven en armonía espacios comunes y espacios privados. Los espacios comunes se diseñan para satisfacer necesidades comunes y para fomentar relaciones sociales: comedor comunitario, coworking, sala multiusos, lavandería, taller, huerto urbano, etc. Todo ello sin eliminar la imprescindible privacidad de la vivienda. Un modelo en donde, en lugar de perder, se gana libertad. Libertad tanto para quedarte en tu hogar como para socializar con tus vecinos. Un modelo que permite mantener las virtudes de lo privado mientras potencia las posibilidades de lo común. Aquí los vecinos no son extraños. La democracia no es una palabra hueca. Los conflictos se dirimen bajo otra lógica.  Un modelo que además crea barrio, al aprovechar los bajos del edificio para dinamizar actividades conectadas con el entorno. El edificio residencial ya no es una colmena, sino un pueblo en miniatura. En lugar de un mosaico de individuos aislados, aparece una comunidad articulada: una de las materias primas para producir ciudades más humanas.

2. Una ciudad más justa: derecho de uso y alquiler asequible

Una ciudad más justa se garantiza a través del derecho a la ciudad: una ciudad entendida como bien común (Lefebvre, 1975). El derecho a la ciudad es definido internacionalmente en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social (2004: 2). Es un derecho colectivo, complejo e interdependiente con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, que pretende fomentar la igualdad de oportunidades y el equitativo acceso a los derechos sociales y a la vida urbana. Una pieza clave del derecho a la ciudad es el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada (Ponce Solé, 2008). En nuestro país el derecho a la vivienda (Art. 47, C.E.), si bien no es un derecho fundamental exigible ante un tribunal, es un principio rector que mandata a los poderes públicos a que definan y ejecuten las políticas públicas imprescindibles para hacer efectivo tal derecho (Pisarello, 2009). Por lo tanto, el despliegue de unas políticas públicas de vivienda que, a través de diversas fórmulas, provea de acceso asequible a una vivienda digna y adecuada a todos los ciudadanos es una obligación por parte de la administración pública.

Pensamos que hay que armar un auténtico servicio público de vivienda basado en el principio del universalismo proporcional (Francis-Oliviero, et al., 2020), que, aplicado al campo de la vivienda, significa organizar un sistema donde todos, según su nivel de ingresos, tengan acceso a una vivienda digna. En la práctica, significa tener tres modalidades de vivienda: vivienda social para hogares en situación de vulnerabilidad, vivienda asequible para aquellos con cierto nivel de ingresos, pero con dificultades para pagar precios de mercado, y vivienda libre, para aquellos que puedan y quieran pagar precios de mercado.

El proveedor habitual de vivienda social es el sector público, aunque en ocasiones también los proveen entidades sociales, como Cáritas, Habitat3 o la Fundación Arrels, entre otras. El proveedor habitual de vivienda libre es el sector privado mercantil con ánimo de lucro. ¿Y la vivienda asequible? La vivienda asequible no la puede proveer el sector privado por si solo porque no es suficientemente rentable, mientras que el sector público tiene limitaciones presupuestarias para cubrir toda la demanda presente y futura. Para ello, existen distintas fórmulas, bien a través de la colaboración público-privada con empresas con ánimo de lucro limitado o bien a través de la colaboración público-comunitaria con entidades sin ánimo de lucro, como cooperativas de vivienda y fundaciones. Esta última fórmula es la que expondremos más adelante.

No solo es importante designar quién será el proveedor de la vivienda asequible, sino que también es importante resaltar que hay diferentes servicios de vivienda asequible: primero, el acceso a la compra de la vivienda de protección oficial (VPO), a través de su régimen general; segundo, el alquiler de vivienda de protección oficial, también con un precio de régimen general; y hay una tercera vía, que no es ni la compra ni el alquiler, sino la adquisición del derecho de uso de una vivienda durante 99 años, donde se paga un capital inicial y una cuota mensual asequible por el derecho de uso, pero no se adquiere la propiedad ni se puede alquilar.

De estas tres fórmulas, la compra de VPO ha sido la habitual en el caso en España, el problema de esta fórmula ha sido que se ha descalificado después de un determinado periodo y eso ha hecho que España no disponga de un parque de vivienda social y asequible similar al de los países europeos. Mientras que el alquiler asequible, una fórmula importante porque cubre necesidades habitacionales de diferentes grupos poblacionales, no se ha apostado hasta el último quinquenio, donde desde el Estado Central, algunas comunidades autónomas y algunos entes locales están optando por recorrer este camino. Por último, la fórmula de adquisición del derecho de uso asequible está en fase embrionaria, siendo Cataluña y Euskadi y particularmente Barcelona y Vitoria-Gasteiz las administraciones pioneras que están apostando decididamente por este modelo.

Como veremos ahora, Barcelona acaba de firmar un Convenio con Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)[1], con las asociaciones representativas de cooperativas y fundaciones de la ciudad, para promover alquiler asequible y vivienda asequible en cesión de uso. Ambas modalidades alternativas de acceso a la vivienda que permiten el cumpliendo progresivo del derecho a la vivienda y, por tanto, del derecho a la ciudad. Soluciones habitacionales que promueven una ciudad justa, buscando que nadie se quede atrás.

3. La colaboración público-comunitaria: una nueva solución para generar más vivienda asequible [2]

Si hacemos un recorrido histórico del despliegue de las políticas públicas de vivienda en nuestro país, podremos observar como el cumplimiento del derecho a la vivienda ha estado lejos de lograrse. Una muestra de ello es el parque de vivienda social y asequible de nuestro país: menos del 2% del stock según datos recientes de la OCDE (2020), posición que nos sitúa a la cola de Europa. Esta escasez de vivienda asequible es un evidente fallo de mercado: frente a un aumento de la demanda la oferta no está reaccionando. Mientras que esta creciente demanda insatisfecha obliga al sector público a aumentar la oferta a escala y ritmo necesario, ese mismo sector público dispone de recursos limitados para poder satisfacer toda esa demanda. Por eso, entre otros motivos, debe colaborar con terceros para maximizar la productividad de sus recursos públicos. Colaborar para aumentar la oferta de vivienda asequible, compartiendo recursos, riesgos y beneficios.

Para ello, el Ayuntamiento de Barcelona ha decido apostar por una doble vía: la colaboración público-privada con empresas mercantiles para construir viviendas destinadas al alquiler asequible, a través de Habitatge Metrópolis Barcelona, un operador público-privado metropolitano inspirado en las Housing Associations europeas (Mullins, 2010). Y la colaboración público-comunitaria, con fundaciones y cooperativas para construir viviendas destinadas al alquiler asequible y a la vivienda en cesión de uso a través del Convenio ESAL inspirado en los modelos europeos y anglosajones de Community Land Trust (Meehan, 2014).

La colaboración público-comunitaria para la promoción de vivienda asequible en cesión de uso es una alternativa que garantiza el acceso a una vivienda asequible, el mantenimiento de la titularidad pública del suelo, la imposibilidad de la especulación inmobiliaria, la estabilidad de los usuarios, y la democracia y gestión comunitaria del edificio. Mientras que la colaboración para la promoción de alquiler asequible genera alto impacto social en la medida que las fundaciones que se encargan de gestionar los alquileres tienen un largo recorrido y ponen al inquilino en el centro de su servicio.

En este sentido, en el mes de noviembre el Ayuntamiento de Barcelona y las asociaciones más representativas de la promoción social (XES, FCHC, Cohabitac y GHS) firmaron un convenio para construir o rehabilitar, al menos, 1.000 viviendas asequibles en solares y edificios municipales. De las 1.000 viviendas en torno al 60% serán destinadas a alquiler y 40% a cesión de uso. Un asunto clave es la selección de los usuarios de las viviendas: en el caso de las viviendas de alquiler asequible, la selección la realizará el Ayuntamiento entre los demandantes de VPO y habrá reservas para facilitar el acceso a jóvenes y personas con discapacidad física. Mientras que, en el caso de la cesión de uso, por respeto a la propia esencia del hecho cooperativo, serán los futuros usuarios los que se agrupen en proyectos, aunque las personas deberán también estar inscritas en el registro de demandantes de VPO. Por otra parte, se reservan suelos específicamente destinados a proyectos para personas mayores y personas con discapacidad intelectual.

El modelo funciona de la siguiente manera: el Ayuntamiento pone a disposición de fundaciones y cooperativas suelo o edificios de propiedad municipal en régimen de cesión de uso durante 99 años (el suelo es siempre público). Finalizado este periodo, suelo y viviendas se consolidan en el patrimonio municipal, sin perjuicio de que el derecho de superficie se puede volver a constituir. Además, la asignación del suelo o los edificios a concretas cooperativas o fundaciones la realizarán consensuadamente las organizaciones firmantes, como permite la ley 18/2007 de Derecho a la Vivienda, siempre garantizando la concurrencia, aunque no a través de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Los criterios de asignación del suelo o edificio a concretos proyectos, fijados en el convenio, garantizan robustamente el interés general: celeridad e industrialización en la construcción o rehabilitación, capacidad técnica-económica, eficiencia energética y reducción del precio de cuotas y alquileres, todo ello evitando la concentración de proyectos en pocos gestores.

El convenio permite ganar eficiencia al acortar notablemente el periodo de construcción/rehabilitación, al reducir el gasto público (se pasa de un 100% de financiación pública a, excluido el suelo, a menos de un 25%) y al generar sinergias entre proyectos que facilitarán el acceso conjunto a financiación nacional (ICF, ICO, etc.) y europea (BEI, NGE, etc.). Pero la auténtica clave de bóveda del funcionamiento de esta colaboración es el suelo. El suelo representa entre el 20% de los costes de promoción en suelos protegidos, el 30% en suelo libre y hasta 50% en suelo de zonas urbanas altamente demandadas.  El suelo es, además, un recurso escaso, susceptible de usos alternativos y que debe ser utilizado estratégicamente por el sector público para maximizar su rendimiento social presente y sobre todo futuro. Por eso, las administraciones públicas de todos los niveles pueden aportar y reservar suelos disponibles para promocionar este modelo. No obstante, para promover la mixtura social y evitar crear guetos, el suelo debe estar situado en lugares demandados.

4. Hacia un ecosistema de promotores de vivienda profesional y diversificado[3]

Este camino tiene que ser leído como un proceso de consolidación y profesionalización de un sector de proveedores sociales que puede aportar mucho valor a la solución de la crisis de vivienda. Y no solo a corto plazo, produciendo vivienda asequible. Sino que a medio y largo plazo generando un operador público-comunitario, que beba de la tradición occidental de los Community Land Trusts, y sea capaz de apoyar los nuevos proyectos usando parte de los excedentes de los proyectos más consolidados.

En este sentido, las entidades firmantes de este convenio se comprometen junto con el Ayuntamiento a trabajar por constituir dicho operador. Y, como primera muestra, las cooperativas y fundaciones que sean beneficiarias de los suelos, edificios y subvenciones públicas se comprometen a dedicar, una vez amortizados sus créditos, el 50% de sus beneficios a dotar el operador público-social de Barcelona.

Sin un ecosistema de vivienda solvente y diversificado (entidades públicas y privados con y sin ánimo de lucro) y metropolitano no seremos capaces de generar soluciones a la escala y con las exigencias que la crisis habitacional nos demanda. Y en el caso de la ciudad Barcelona, se estructura ya con claridad un sistema de promoción de la vivienda social y asequible de tres vías: la promoción pública de alquiler social por parte de la empresa municipal de vivienda (IMHAB) como recurso central, la promoción delegada con la colaboración con empresas con ánimo de lucro para generar y gestionar alquiler asequible (HMB) y con entidades sociales sin ánimo de lucro (Convenio ESAL) en la generación y gestión de vivienda social y asequible.

En definitiva, las políticas públicas de impulso del cooperativismo de cesión de uso y del alquiler asequible a través de la colaboración público-comunitaria están todavía en una fase de infancia. Si queremos institucionalizar esta política, es crítico el alineamiento de todos los niveles de la administración, aportando un modelo jurídico estable y detallado, facilitando financiación, ayudas, crédito y avales, y aportando suelo público en lugares demandados. Construir una ciudad más humana y justa requiere de paso corto y mirada larga. Experimentar y escalar soluciones alternativas que conjuguen comunidad con asequibilidad.

5. Bibliografía

  • Auge, M. Los no lugares: espacios del anonimato: antropología sobre modernidad. Barcelona: Gedisa, 2009.
  • Francis-Oliviero, F., Cambon, L., Wittwer, J., Marmot M. F. A. “Theoretical and practical challenges of proportionate universalism: A review”.Rev Panam Salud Publica, 44,
  • Habitat International Coalition. Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Disponible en: http://www.hlrn.org/img/documents/World+Charter+Right+to+City+May+05.pdf
  • Harvey, D. David Harvey. La lógica geográfica del capitalismo. Barcelona: Icaria, 2019.
  • Lefebvre, H. El derecho a la ciudad. Barcelona: Península, 1975.
  • Mullins, D. “Housing associations”.Working Paper. University of Birmingham, Birmingham, UK, 2010. Disponible en:
    http://www.tsrc.ac.uk/LinkClick.aspx?fileticket=qyS3AvWvt%2bk%3d&tabid=500
  • Meehan J. “Reinventing Real Estate: The Community Land Trust As a Social Invention in Affordable Housing”. Journal of Applied Social Science. 2014;8(2):113-133. Disponible en: 1177/1936724413497480
  • “Social housing: A key part of past and future housing policy”, Employment, Labour and Social Affairs Policy Briefs, OECD, Paris, 2020. Disponible en: http://oe.cd/social-housing-2020.
  • Pisarello, G. “El derecho a la vivienda como derecho social: implicaciones constitucionales”. Revista catalana de dret públic, núm, 38, 2009.
  • Ponce Solé, J., (coord.)., (con D. Sibina). El Derecho de la Vivienda en el Siglo XXI: sus relaciones con la ordenación del territorio y el urbanismo. Con análisis específico de la Ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, en su contexto español, europeo e internacional. Madrid: Marcial Pons. 2008.
  • Saskia S. Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global. Buenos Aires: Katz Editores, 2015.

 

[1] Este apartado se basa y expande el artículo que publicamos en La Vanguardia (08/12/2020). Disponible aquí: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201208/6102144/alianza-publico-comunitaria-vivienda-asequible.html

[2] Texto del convenio firmado consultable (de momento en catalán) en:              https://habitatge.barcelona/es/noticia/alianza-con-promotores-sociales-y-cooperativos-para-construir-un-millar-de-viviendas-asequibles_1007223

[3] Este apartado se basa y expande el artículo que publicamos en La Vanguardia (08/12/2020). Disponible aquí: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201208/6102144/alianza-publico-comunitaria-vivienda-asequible.html

 

 

Número 7, 2021
A fondo

Calidad de vida en el contexto de la Gran Recesión: desigualdades sociales y su impacto en la “salud social”

Iria Noa de la Fuente Roldán

Doctora en Trabajo Social. Jefa de Proyectos de Investigación Social de la Asociación Provivienda

 

1. Introducción

La crisis financiera iniciada en Estados Unidos llegó a Europa en el año 2008, dando lugar a una Gran Recesión con consecuencias especialmente severas en el contexto español. En efecto, en España, la crisis ha generado una verdadera convulsión de las estructuras sociales y económicas. En este sentido, no parece exagerado afirmar que en las sociedades en general, y en la española en particular, la cuestión social que se ha impuesto en la última década gira en torno al aumento y transformación de los procesos de exclusión social. Por ello, en el ámbito específico de las desigualdades sociales, el impacto de la crisis se presenta como un elemento de la máxima importancia pues está dirigiendo a un nuevo escenario que implica la necesidad de profundizar en las nuevas formas de desigualdad social y, sobre todo, en su efecto sobre la ciudadanía.

Precisamente, este texto pretende abordar algunos de los efectos que los procesos de cambio social generados desde el inicio de la crisis han tenido en las personas y familias residentes en España y que, de manera más amplia, han sido abordados en profundidad mediante un trabajo que analiza el efecto de la crisis en la salud y calidad de vida (Sánchez Moreno, de la Fuente Roldán y Gallardo Peralta 2019). Aquí rescataremos el discurso desarrollado en torno a la calidad de vida y algunas de sus dimensiones fundamentales para la acción social.

Los datos existentes no dejan lugar a dudas. La crisis ha generado un aumento de las desigualdades sociales, exacerbando los procesos de exclusión social que ya existían en España y asentándose en las diferentes esferas de la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora bien, más allá de lo que las estadísticas señalan, ¿qué efectos concretos ha tenido la crisis en la ciudadanía? ¿Qué esferas de la vida de las personas se han visto afectadas?

El desempleo, y con ello las dificultades socioeconómicas, aparecen como una de las principales problemáticas a las que la ciudadanía se refiere. Sin embargo, es preciso avanzar un paso más para centrarse en cómo la reducción drástica de los recursos económicos afecta en su día a día a los hogares. En palabras de Rocío,

«sin trabajo no hay dinero, sin dinero no hay comida, y sin comida… y sin comida pues te mueres. Así de simple. Desde que Fernando empezó a perder trabajos por… por la crisis hemos ido reduciendo compra. Bueno, la nuestra. Yo he perdido no sé cuantos kilos y arrastro una anemia de caballo, o sea… del caballo que no como, que carne no entra en esta casa si no es para los niños» [Rocío, mujer de 40 años hablando sobre la realidad que su familia atraviesa desde que la Gran Recesión se impuso en su hogar].

Es decir, parece evidente que la escasez de recursos económicos, y con ello la imposibilidad de poder cubrir las necesidades básicas –como las alimentarias–, afectan de manera directa a la salud física de las personas. Sin embargo, más allá del estado de salud físico, ¿qué hay del concepto más amplio de calidad de vida? Más concretamente, ¿cuáles son las consecuencias que la Gran Recesión ha impuesto en la “salud social” de las personas y familias residentes en España?

2. Calidad de vida en el contexto de la Gran Recesión

De la misma manera que ocurre con tantos otros fenómenos de la realidad social, definir qué se entiende por calidad de vida resulta complejo. Las referencias a la calidad de vida se han asentado tanto en el discurso informal, como en el profesional, político, administrativo y académico. Esta situación plantea dificultades. Por un lado, supone considerar que el concepto adquirió popularidad antes de desarrollarse una teoría analítica al respecto. Por otro lado, como concepto objeto de explicación continua, se llega a pensar que no se usa con la precisión necesaria y que sigue siendo complejo acotarlo con rigor. Pese a estas dificultades, existe un cierto consenso que precisamente tiene que ver con su amplio reconocimiento, siendo usado frecuentemente para analizar los cambios que tienen lugar en el bienestar de las personas y para valorar las desigualdades existentes en el reparto del bienestar de una sociedad (Noll 2002).

La calidad de vida hace referencia a las percepciones que las personas tienen de su posición en la vida, considerando el contexto cultural y de valores en el que viven, así como sus metas, expectativas y preocupaciones (WHOQOL Group 1995). En este sentido, es un concepto compuesto por diferentes dominios e indicadores que la Organización Mundial de la Salud resume de la siguiente manera (WHOQOL Group 1995)

  • Dominio físico: dolor, malestar, energía, cansancio, sueño, descanso.
  • Dominio psicológico: sentimientos positivos y negativos; capacidad de reflexión, aprendizaje, memoria y concentración; autoestima, imagen y apariencia personal.
  • Grado de independencia: movilidad, actividades de la vida diaria, dependencia respecto a medicamento o tratamiento, capacidad de trabajo.
  • Espiritualidad: religión y creencias personales.
  • Entorno/ambiente: seguridad física, entorno doméstico, recursos financieros, atención sanitaria y social, oportunidades para adquirir información y aptitudes nuevas, actividades recreativas, entorno físico (contaminación, ruido, tráfico y clima), transporte.
  • Relaciones sociales: relaciones personales, apoyo social y actividad sexual.

En base a estos dominios, los diferentes trabajos existentes como, sobre todo, las numerosas horas de entrevistas recogidas para dar voz a las experiencias y vivencias de las personas y familias que se han visto afectadas en primera persona por la crisis, apuntan a que el impacto de la Gran Recesión puede ser igual o incluso más relevante en la calidad de vida de lo que pueda serlo en la salud. Algunas de las dimensiones mencionadas se han visto especialmente afectadas, como es el caso de las cuestiones vinculadas al entorno y a las relaciones sociales.

2.1. La problematización de las relaciones sociales en el contexto de la crisis

Las relaciones sociales se constituyen como una referencia constante a la hora de evaluar nuestra calidad de vida. La frecuencia con la que nos relacionamos con amistades o con la familia, el tiempo compartido con otras personas o el acceso al apoyo social tienen un efecto fundamental en nuestra calidad de vida, algo que se ha visto mermado desde el inicio de la crisis porque «al final la gente deja de llamarte porque… porque siempre es “no”. Nunca puedes salir que… que no tienes para salir toda la familia» [Fernando, hombre de 42 años con cuatro menores de edad a su cargo].

Por un lado, la crisis ha limitado las posibilidades de muchas personas para mantener o establecer nuevas relaciones sociales. Por otro lado, las situaciones de estrés generadas por el desempleo y la privación material tienden a complicar y precarizar las relaciones existentes ya que «el paro no solo se llevaba pues… el dinero, o sea, que se lo llevaba todo, todo. Mi relación con mi mujer y mis niños (…)» [Fernando, hombre de 42 años con cuatro menores de edad a su cargo].

Aunque el deterioro de las relaciones sociales en el contexto de la crisis es una realidad, también es cierto que la calidad de vida es un constructo subjetivo que depende de los contextos en los que nos desarrollamos. Por ello, también existen discursos en los que el bienestar se ve mejorado, sobre todo cuando en el contexto de la crisis ha tenido lugar el escape de relaciones sociales de tipo opresivo o violento, o cuando las dificultades abren oportunidades a nuevos espacios de apoyo social, donde el apoyo de tipo emocional consigue mitigar los efectos negativos de las situaciones desfavorables. Como expresaba Saray,

«me he dado cuenta de que en muchos sentidos tengo suerte (…). Descubres que hay gente que te falla, pero… pero que mucha otra que no esperabas te ayuda y… por ejemplo yo… tengo una vecina con la que jamás había hablado y… ahora se ha convertido en una de mis mejores amigas y… solo por pedirle desesperada un brick de leche para el desayuno de Abigail» [Saray, mujer de 37 años con una niña de 10 años a su cargo. Encabeza una familia monoparental].

Discursos como el de Saray no son únicos y muestran que, en determinadas situaciones, la realidad social de las personas y familias que se ven afectadas por las desigualdades sociales puede mejorar. En este sentido, otros dominios como el vinculado al bienestar psicológico se ha visto incrementado para determinados grupos de población, como es el caso de las personas mayores. Tal y como expresaba Pepe:

«Yo lo siento mucho por mi hija, claro (…). Yo quiero una casa para la niña y los niños, con su espacio… pero la verdad, me encanta ir al cole a por ellos y darles la merienda es… es el momento feliz del día» [Pepe, hombre de 88 años y padre de Ramona. Su pensión de jubilación supone el sustento principal para su mujer, su hija, su nieto y su nieta].

Esto tiene que ver con el hecho de que la población jubilada se ha constituido, como en el caso de Pepe, como elemento central para garantizar el bienestar de sus familias. Es decir, se vincula al hecho de que las situaciones de necesidad generadas por la crisis han dirigido a una reagrupación y/o acercamiento con respecto a la familia cercana (principalmente hijos, hijas, nietos y nietas). En realidad, las palabras de Pepe ilustran que España sigue teniendo un Estado de Bienestar subdesarrollado y familista donde la familia constituye la institución principal para dar respuesta a las necesidades de sus miembros, incrementando su papel protector ante la erosión de los derechos sociales. Un ejemplo paradigmático de esto se encontraría en la pensión de jubilación en torno a la cual (sobre)viven varias generaciones de una misma familia, como es el caso de Ramona, agrupada junto a su hijo, su hija y su madre bajo la pensión de 700 euros de su padre.

2.2. Entornos que impulsan las desigualdades sociales

Desde el punto de vista del dominio ambiental de la calidad de vida, el entorno en el cual las personas desarrollan su vida se convierte en un elemento fundamental. Ya lo señalaba Wacquant (2007), la población que se encuentra en situación de pobreza y exclusión social tiende a vivir en espacios menos adecuados para la satisfacción de sus necesidades personales, sociales, económicas y emocionales. Dicho de otra manera, las políticas de las grandes ciudades tienden a segregar a la población en zonas determinadas. Así, la pobreza y la exclusión social se concentra y limita ante los ojos de una ciudadanía que ve deprimirse sus viviendas y el entorno en el que se encuentran.

La vivienda no solo tiene una dimensión física. Es decir, no constituye solo un techo bajo el cual vivir. A través de la vivienda se satisfacen otro tipo de necesidades que dirigen de manera directa a garantizar la calidad de vida de las personas. La vivienda es el punto de anclaje para la participación social y el acceso a los derechos sociales. O, al menos, así debería ser. Por ello, la participación social constituye una dimensión fundamental en la definición la calidad de vida, pero también de las desigualdades sociales. No se trata solo de la existencia de personas y familias residiendo en viviendas con humedades, sin equipamientos básicos o que carezcan de suministros, sino que se trata también de viviendas situadas en entornos deteriorados, con servicios públicos limitados o inexistentes, transporte público precario o escasez de zonas verdes.

Esta realidad vinculada a los entornos en los que las personas viven limita las posibilidades de participación social de la ciudadanía y, además, dificulta otro aspecto generalmente poco atendido que tiene que ver con el acceso de las personas y familias al disfrute de su ocio y tiempo libre. En este sentido, las cuestiones de carácter inmaterial vinculadas a la participación social adquieren una relevancia fundamental, articulándose como elementos centrales a la hora de comprender el efecto que la Gran Recesión ha tenido en la calidad de vida de cada vez más personas y familias residentes en España. Las palabras de Roberto permiten resumir de este planteamiento: «¿sabes lo que echo muchísimo de menos? La cervecita que me tomaba de vez en cuando con los compis después de currar» [Roberto, hombre de 47 en situación de desempleo. Vive con su mujer y su hijo menor de edad en una vivienda que ocuparon y en la que consiguieron negociar un alquiler social].

Esta dificultad de acceso a actividades recreativas es aún más compleja si se tiene en cuenta las necesidades de ocio, juego y, en definitiva, diversión, de los niños y niñas. Manuela señalaba:

«Lo que más me duele es lo de los cumpleaños. O sea… como los niños no van que no podemos pagar regalos pues… ya les dejan de invitar… ¡que son niños! ¿Qué culpa tienen ellos?» [Manuela, mujer de 31 años en situación de desempleo que mantiene con una prestación social a sus tres hijos menores de edad].

Lo cierto es que a lo largo de las horas de entrevista que se realizaron, las referencias a las preocupaciones de los padres y madres por estar privando a sus hijos e hijas de determinadas actividades y espacios en los que participar fue constante. La imposibilidad de acudir a excursiones escolares o de ir a un cumpleaños por no tener recursos suficientes para hacer un regalo era igual o más repetido que la imposibilidad de realizar una compra con la que poder subsistir el resto del mes.

Esta situación tiene implicaciones fundamentales. Por un lado, habrá que ver los efectos en la salud, calidad de vida y bienestar que a lo largo del tiempo tiene para los niños y niñas las limitaciones de su participación social. Por otro lado, considerando el contexto consumista en el que nos encontramos, la carencia de recursos económicos dirige también al alejamiento de la condición ciudadana a través de la imposibilidad de acceder a bienes de consumo. No se puede negar que, en las sociedades actuales, la acumulación de bienes consumidos y consumibles no es solo una seña de identidad y posición social, sino que el acto de compra es en sí mismo se convierte en una «una papeleta de voto directa» (Beck 1998).

3. Y, ¿qué hacemos con esta información?

Como se ha tratado de reflexionar, la crisis económica ha generado un impacto negativo en la calidad de vida de la ciudadanía en España no solo en los aspectos más evidentes de la salud física, sino también en otras dimensiones fundamentales que vinculan con la necesidad del ser humano de relacionarse en espacios y entornos adecuados. Si esto es así, no es de extrañar que el deterioro de las dimensiones sociales y ambientales en las cuales tienen lugar las interacciones cotidianas surja en todas las entrevistas realizadas como un eje central del deterioro de la calidad de vida desde el inicio de la crisis.

Entre los múltiples factores que caracterizan los procesos de exclusión social, destaca su carácter politizable y, por ello, resoluble desde el punto de vista de las políticas públicas. Así, la exclusión social debería hacer diana en acciones que permitan abordarla, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, resulta fundamental el desarrollo de políticas sociales que permitan abarcar más que los mínimos vitales. Si algo han dejado claro las diferentes entrevistas realizadas es que las personas, para tener bienestar necesitan –además de alimento, vestimenta y un techo bajo el cual vivir– espacios en los que compartir, participar y establecer relaciones recíprocas que alejen de la soledad y permitan tejer redes, pues «vivir no solo es pagar facturas. Que para estar bien hay que distraerse y salir… salir y tener cosas que hacer» [Ramona, mujer de 42 años que encabeza una familia monoparental con dos menores de edad. Con la pérdida de su último trabajo, junto a su hijo y a su hija, ha vuelto a convivir con su padre y su madre en el hogar en el que creció].

Ahora bien, ¿qué pueden hacer las políticas sociales para abordar el deterioro de la calidad de vida de la ciudadanía en lo que se refiere a los aspectos sociales y ambientales?

En primer lugar, aprehender de la realidad social y, sobre todo, de la experiencia práctica de multitud de profesionales que, desde diferentes espacios de carácter público y privado, abordan y denuncian diariamente estas situaciones, elaborando recomendaciones y propuestas de acción que dirigen a una nueva reconstrucción de las instituciones de bienestar. En este sentido, tanto el Sistema Sanitario como los Servicios Sociales Públicos deben estar dotados de mejores mecanismos de coordinación que permitan detectar y compartir las intervenciones en las situaciones de exclusión social que aborden en sus quehaceres diarios.

En segundo lugar, de manera mucho más concreta, se precisa desarrollar en profundidad programas y acciones de carácter comunitario. Tanto el Trabajo Social como la salud tienen una dimensión comunitaria fundamental, que además de permitir abordar las dificultades ya existentes, dirigen al desarrollo de acciones y actuaciones preventivas que permitan detectar las situaciones de vulnerabilidad de donde emergen la soledad, la carencia de apoyo social, el deterioro de las relaciones sociales y, en definitiva, realidades particulares en las que es preciso intervenir para ayudar a tejer redes dentro del contexto en el cual las personas (con)viven.

4. Bibliografía

Beck, U. (1998a). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: Paidós.

Noll, H. H. (2002). Towards a European System of Social Indicators: Theoretical Framework and System Architecture. Social Indicators Research, 58(1-3), 47-87.

Sánchez Moreno, E.; de la Fuente Roldán, I. N.; Gallardo Peralta, L. P. (2019). Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España. Madrid: Fundación FOESSA.

Wacquant, L. (2007). Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado. Buenos Aires: Siglo XXI.

WHOQOL Group (1995). The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL). Social Science and Medicine, 41, 1403-1409.

 

Número 2, 2019

 

A fondo

¿Qué servicios sociales para el s.XXI?

Pedro Fuentes Rey, equipo de Estudios de Cáritas Española

 

El artículo plantea una reflexión sobre la realidad de los servicios sociales contextualizada en la teoría del Estado del bienestar. Señala los retos para convertir los servicios sociales en el pilar de bienestar que la realidad reclama, y propone caminos para avanzar en la construcción del mismo.

 

1. Los servicios sociales en el marco del Estado del bienestar

En la tradición política europea se habla de los pilares del Estado del bienestar, entendiendo por tales un conjunto de sistemas que tienen por misión la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Cada uno de los pilares constituyen un sistema, es decir cuenta con unos recursos humanos y materiales reconocibles y coordinados entre sí, con un objeto claro y unos procedimientos de funcionamiento; que resultan accesibles de manera gratuita al conjunto de la población con independencia de su nivel de renta. De esta comprensión surge el siguiente esquema:

 

Pero conviene no confundir lo diseñado con lo realmente construido. En España, la realidad de este modelo se parece más a este otro esquema,

 

 

En él vemos cómo, con todo lo de mejorables que puedan tener, solamente podemos hablar de sistema si lo hacemos en el pilar de la salud y en el de la educación. En el resto hay actuaciones más o menos deslavazadas y más o menos contundentes, pero en todo caso lejos de constituir un sistema.

Centrándonos en el pilar de los servicios sociales (SS), y de manera muy sintética, hoy está gestionando el subsistema de dependencia; la parte del pilar de garantía de rentas que tiene que ver con la población más vulnerable (rentas autonómicas y ayudas de emergencia) y una serie de programas de intervención que se subdividen entre lo que se articula desde los servicios de base, que son puerta de entrada al sistema y triaje,  gestores de programas poblacionales (juventud, personas mayores, infancia, familias…) gestionados desde los municipios. Y los servicios sociales especializados que abordan otro tipo de situaciones que requieren mayor especialización (personas con situaciones de drogodependencia, personas sin hogar, personas con discapacidad…) generalmente gestionadas desde las comunidades autónomas.

Empezamos con esta contextualización en lo teórico y en lo real para que nuestro discurso posterior ni se quede en esbozar propuestas bonitas pero que de lejanas constituyan el proyecto de los servicios sociales del S.XXII, ni lo haga en proponer medidas de tan corta visión que solo retoquen lo construido en el S.XX.

2. ¿Hablamos de un pilar o de una viga?

Si miramos la realidad de lo construido, nos encontramos con la evidencia de que los SS son hoy más una viga que un pilar. Son el coche escoba que intenta paliar las peores consecuencias de las ineficiencias de los demás, y de las ausencias de acción de los pilares de existencia teórica.

La ciudadanía, que sabe ver lo que realmente está ocurriendo, tiene una imagen de los SS como un servicio especializado para pobres, y en tanto esto es así, no es algo que tenga que ver con la media, ni con el interés general.

Los diversos actores políticos, que también leen la realidad, no colocan el tema de los SS en las agendas de acción. La historia de las democracias liberales muestra con claridad que los pobres no votan, y que las propuestas dirigidas a ese sector de la población, en ocasiones restan votos.

Así, en principio, mantener los SS como servicio para pobres, es garantía de que estos continúen siendo un pobre servicio.

Apostar por construir los SS como pilar pasa necesariamente por dotarlos de contenido de carácter universal, cuestión esta que precisa de una definición de su objeto de acción. Este asunto ha generado abundante literatura especializada, con propuestas diversas, pero sin haber logrado un consenso lo suficientemente amplio como para constituir la base de un nuevo modelo.

La ley de dependencia, y su incardinación en el marco de los SS, abre una muy interesante posibilidad para dotar de ese carácter universal a los SS. Una sociedad envejecida precisa de desarrollo de servicios de atención a la dependencia para todas las personas, la vejez no entiende de clases sociales, si bien afecta de manera diferente según en la que estés.

Tirar de ese hilo y abrir el concepto de dependencia mucho más de lo que la actual legislación hace podría convertirse en un buen camino. La dependencia no es un asunto que tenga que ver solamente con las personas mayores, ni las situaciones que hacen a alguien dependiente tienen solo que ver con la salud o lo fisiológico.

 

3. La universal fragilidad de lo humano

Nada está aislado, nada es independiente de todo lo demás, todo está interrelacionado, es más depende de esas relaciones. Nacemos vulnerables y dependientes. A lo largo de la vida nadie está exento de riesgos vitales de mayor o menor severidad, y si todo transcurre según lo esperable, terminaremos nuestros días de nuevo vulnerables y dependientes. Somos seres con necesidad de cuidados y con la capacidad de procurarlos. Una imagen diametralmente opuesta a aquella que nos dibuja como seres autosuficientes, reflejada en aquel axioma de yo me he hecho a mí mismo, y no le debo nada a nadie.

Vivir debería significar desarrollarse de manera integral para ir siendo lo más importante que podemos llegar a ser: Personas. Ir transitando por las diversas etapas del crecer, disfrutando a tope de las posibilidades de cada una de ellas que incluyen, pero no se agotan en la preparación para la siguiente.

Así las capacidades para una adecuada autogestión del grado de libertad posible son diferentes y existen otras situaciones que requieren de ayuda. La pobreza es una de ellas, todo el entramado de circunstancias que provocan la exclusión social también.

Especialmente significativas son las realidades que tienen que ver con la ausencia o la escasez de vínculos relacionales, de carácter personal y comunitario. Caminamos hacia un modelo social que está debilitando los lazos comunitarios. Una sociedad colmena en la que los individuos son solo funcionales al conjunto. Zánganos reproductores (en nuestro caso zánganas) y abejas obreras dedicadas a la producción, que al perder su rol funcional pierden su razón de existir.

Una sociedad colmena no necesita comunidad, pero una sociedad humana no lo es sin ella. Permítasenos contar la historia de Benjamina, una niña que sufría craneosinotosis, una deformación congénita del cráneo que provoca, entre otras muchas cosas, graves dificultades motoras y cognitivas. Benjamina murió con 10 años de edad, cuidada hasta donde supieron por sus seres cercanos. Una historia, cuyo interés fundamental se centra en su fecha. Estos acontecimientos ocurrieron hace 530.000 años, en la sierra de Atapuerca.

Como esta, la paleontología ha encontrado numerosas evidencias de fósiles cuya supervivencia hubiera resultado imposible sin cuidados, por parte de su comunidad. Parece entonces que esto de los vínculos comunitarios no es ni más ni menos que uno de los elementos base del proceso de humanización, aún sin que el fin de estos cuidados fuera la reproducción funcional de mano de obra. Benjamina, y esto debía ser obvio para todos, nunca recolectaría ni cazaría.

Por estos lares de las vulnerabilidades humanas que dificultan o impiden la autogestión de la propia vida y la generación de los necesarios vínculos comunitario andan los mimbres con los que construir un sistema universal de servicios sociales.

 

4. ¿Es estable el edificio?

Una vez visto un esbozo de lo que sería una apuesta por hacer de los SS un pilar más del estado del bienestar, necesitamos dar un paso más. Hablar de un pilar de manera aislada puede ser practico, pero nos da una mirada insuficiente.

Cabe preguntarse si resulta posible hacer de los SS un nuevo pilar sin hablar de los demás. Y nos respondemos que claramente no. En una buena parte, la transversalización, o conversión en viga, que los SS han ido experimentando se debe a las deficiencias y a las inexistencias de los demás.

Lo que sostiene un determinado edificio son las relaciones adecuadas entre los elementos sustentadores y los sustentados. De poco sirve inspeccionar un solo pilar si el objetivo es vigilar la seguridad real de un edificio.

El sistema sanitario ha de eliminar las barreras reales que dificultan el acceso de determinadas personas a aquello que tiene desarrollado (por ejemplo, las zonas rurales) y ampliara su cartera de prestaciones en temas tan serios como la salud bucodental, la salud mental o lo relacionado con la visión. Y el sistema educativo debe ocuparse de compensar las dificultades de acceso al éxito académico de todos y cada uno de los participantes, y desarrollar, universalizándolas, las etapas tempranas de la educación.

La garantía de rentas ha de construirse como pilar, en primer lugar, formulándose como derecho subjetivo, que no lo está. Ha de intentar aglutinarse, y estructurarse como sistema pasando de la actual dispersión y yuxtaposición de prestaciones, a veces descoordinadas o en competencia a un modelo integral que responda al objetivo de garantizar el derecho a una renta protectora, con suficiencia e intensidad. A la par que libere a los agentes de otros pilares de las tareas de gestión de prestaciones.

De igual manera, pero con mucha más contundencia y urgencia, es necesario construir el pilar de la vivienda. El derecho a la misma es hoy una mera declaración de intenciones que exige sacar su satisfacción de la órbita del mercado mediante la creación de un parque público de viviendas en alquiler, suficiente para dejar al mercado lo que es del mercado, que resulta incapaz por si solo de garantizar este derecho.

Con estos elementos activados, y probablemente otros que faltan por enumerar, el rol de coche escoba que hoy tienen asignado de facto los SS deja de tener sentido y espacio. Pero sin ellos seguirá siendo precisa esa viga, que tan solo apuntala el edificio ayudando a que no se caiga, pero que se ubica al margen de la lógica de los derechos, que ha de ser imperante en una sociedad que se quiera llamar a si misma decente.

 

5. La transición necesaria

Terminamos con una reflexión de proximidad. Evidentemente todo lo relatado hasta ahora exige un proceso legislativo, de acción política e institucional imposible en el corto plazo, pero inviable si no se planifica y se comienza a dar los pasos necesarios. Es necesario saber dónde queremos llegar, para hacer que el camino tenga sentido y para orientar las acciones en el corto plazo. Para intentar evitar que lo posible para ya, profundice en las razones que impiden llegar a donde aspiramos.

Desarrollar lo que hay que hacer para emprender esta transición trasciende las posibilidades de este artículo. Nos conformamos con plantear una propuesta modesta que, no obstante, creemos tiene un potencial experimental del que tirar para ese camino más ambicioso.

Empecemos por los territorios concretos, por los barrios y pueblos donde hay, de una manera o de otra, un espacio de servicios sociales, un colegio y un centro de atención primaria. Asignemos a los primeros un rol transversal de coordinación de los tres espacios en los que se concreta la arquitectura real de los pilares que hoy tenemos, y construyamos un programa de coordinación de la acción, de detección de carencias y de prevención de situaciones de exclusión de los derechos.

Y empecemos a caminar.

 

Número 11, 2022
A fondo

Derecho a la energía y exclusión social

Daniel Rodríguez de Blas

Técnico del equipo de Estudios de Cáritas Española

 

El uso del concepto Pobreza Energética ha ido ganando terreno en los últimos años y ya no es extraño escucharlo en tertulias y medios de comunicación. Normalmente en los días de olas de frío, las familias que sufren Pobreza Energética ocupan páginas en periódicos y minutos en radios y televisiones. Tan común empieza a ser su uso que, al escuchar el concepto es sencillo deducir para cualquier oyente o lector de qué se está hablando y es fácil imaginarse qué tipo de circunstancias viven las familias que se encuentran en dicha situación.

Pero hablar de Pobreza Energética puede suponer una emboscada. Desde Foessa defendemos que la pobreza es sólo una y que los apellidos que se le agregan (pobreza energética, pobreza infantil, etc) no son sino representaciones de una realidad que afecta de forma íntegra a todos los miembros de un hogar. Y decimos que puede ser una emboscada porque, parcelando de esa forma un fenómeno tan integral y complejo como es la pobreza, se puede correr el riesgo, sobre todo desde los ámbitos que tienen la responsabilidad de liderar las políticas públicas y los procesos de intervención social, de ofrecer soluciones parceladas y paliativas que no aborden la integralidad de la situación familiar.

Una vez plasmada esta reflexión, entendiendo que el uso del concepto como tal puede tener un útil efecto comunicativo y que parcelar la realidad, siempre sin desconectarla, también puede ser ventajoso para profundizar en determinados análisis podemos abordar algunas reflexiones sobre la Pobreza Energética.

1. Definición del concepto

Se trata de un concepto de relativo corto recorrido, no es hasta los años 90 en el Reino Unido cuando se empieza a hablar de Pobreza Energética, la definición y medición del mismo se encuentra aún en fase de construcción y consenso académico. Así, por ejemplo, no existe una definición común en la Unión Europea y en nuestro país, el Ministerio de Transición Ecológica, en su documento de Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024[1], enunció la siguiente definición el pasado mes de abril:

La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía.

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de esta definición, llama la atención que se mencionen los ingresos insuficientes de las familias o aspectos de ineficiencia como elementos generadores de Pobreza Energética y en cambio no se haga ninguna referencia al mercado de la energía, que marca los precios de ésta, como un factor estructural y causante. Como bien explica Francisco Lorenzo en su artículo Los apellidos de la pobreza[2], definir o denominar sirve para comprender y comprender para actuar; si además tenemos en cuenta que, según el propio documento del Ministerio, esta definición lo que pretende es guiar la Estrategia en la lucha contra la Pobreza Energética nos parece aún más significativa y relevante esa ausencia de mención al mercado de la energía.

Este aspecto es aún más importante si, tal y como evidencia el siguiente gráfico, observamos que el precio de la energía y los ingresos de los hogares han seguido dinámicas radicalmente opuestas en los últimos años. Así, entre 2008 y 2018 el precio de la energía eléctrica para una familia media[3] subió un 77,9%, mientras que el gas también vio incrementado su precio un 17,9%. Por otro lado, los ingresos de los hogares en el mismo periodo de tiempo, lejos de subir, se redujeron en un 4,3%.

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat medido en unidades de paridad de poder de compra (PPS/kWh)[3] y la Encuesta de Condiciones de Vida del INE

2. Medición de la Pobreza Energética

Para facilitar la medición de la Pobreza Energética, la mencionada Estrategia establece cuatro indicadores, que toma a su vez del Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética, y que define del siguiente modo:

  1. Gasto desproporcionado: hogares cuyo gasto energético, en relación con sus ingresos, es más del doble de la mediana nacional. En el caso español se considera gasto desproporcionado cuando los gastos en energía están por encima del 8% de los ingresos totales familiares.
  2. Pobreza energética escondida: hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional. En este caso estamos hablando de hogares que gastan menos de 35 € al mes en energía.
  3. Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno: población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
  4. Retraso en el pago de las facturas: población que tiene retrasos en el pago de facturas de los suministros de la vivienda.

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética recaba datos en nuestro país para cada uno de los indicadores concluyendo que en 2017, último año del que se tiene información, si se analiza la evolución de cada indicador de manera independiente, sin interacción entre ellos, puede concluirse que entre el 7,4% y el 17,3% de la población española se encuentra en situación de pobreza energética, porcentajes que corresponden a entre 3,5 y 8,1 millones de personas.

Analizando el progreso de cada uno de los indicadores, vemos que tanto el de “Temperatura inadecuada” como el de “Retraso en pagos” ofrecen una evolución acorde con el ciclo económico. Es decir, desde 2008 sufrieron un incremento notable hasta 2014, pico de la crisis, y desde entonces una sostenida mejora hasta 2017.

Por otro lado, el indicador de “Gasto desproporcionado” no ha dejado de crecer desde 2008 y, a pesar de la recuperación económica, cada vez son más las familias que ven cómo la factura de energía supone un gasto excesivo en su economía doméstica. Indudablemente, el superlativo incremento del precio de la energía está detrás del crecimiento imparable de este indicador.

Por último, el indicador de “Pobreza energética escondida” muestra una reducción constante que, a partir de 2014, puede explicarse por el ciclo económico dado que, al haber pasado los años más críticos de la crisis, las estrategias de extrema reducción de gastos en las familias se han hecho cada vez menos presentes.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 del Ministerio para la Transición Ecológica

 

3. Pobreza Energética y Exclusión

La Encuesta de Integración y Necesidades Sociales de FOESSA (EINSFOESSA) nos permite calcular los cuatro indicadores propuestos por la estrategia y cruzarlos con muchas otras variables de tal forma que podamos conocer un poco más lo que les pasa a las familias que viven en situación de Pobreza Energética.

Como bien señalábamos al inicio, la Pobreza Energética no es un fenómeno aislado del resto de las vivencias de las familias. De hecho, al comparar cómo afecta este fenómeno a los hogares que se encuentran en situación de exclusión, vemos que entre las familias excluidas se multiplica por cinco la probabilidad de vivir situaciones de Pobreza Energética.

La Pobreza Energética es un fenómeno que afecta a hogares y dentro de éstos a personas. Por este motivo, para describir el perfil hablaremos de tipos de hogares y de sustentadores principales de los mismos, es decir, la persona que más ingresos aporta. Y, como era de esperar, no hay sorpresas en este punto, los hogares que más sufren la Pobreza Energética son los compuestos por familias numerosas y monoparentales. Tampoco debe extrañar que, al indagar en el perfil de los sustentadores principales de los hogares más afectados, nos encontremos colectivos históricamente castigados como la población de origen inmigrante, desempleados, mujeres o personas con bajo nivel formativo. Una evidencia más de que la Pobreza Energética no es más que una representación de la pobreza en general donde dominan los mismos perfiles mencionados.

Tan solo dos apuntes que nos ayudan a matizar lo expresado: las viviendas de alquiler, por un lado, y el empleo, por otro. Con respecto a lo primero, conviene señalar que las familias que residen en viviendas de alquiler sufren en mayor medida la Pobreza Energética. En este caso, a esa afectación diferencial que tiene la exclusión sobre las familias en régimen de alquiler hay que sumar las limitaciones para acometer mejoras de eficiencia en la vivienda bien por imposibilidad (por motivos económicos o de permisos de la propiedad), bien por falta de motivación (¿para qué voy a invertir un dinero en algo que no es mío?)

Con respecto al empleo, y tampoco es novedad, subrayar el hecho de que la Pobreza Energética es un fenómeno que afecta de forma preocupante también a hogares cuyo sustentador principal cuenta con un empleo (cerca del 14% de afectación en algunos indicadores). Es decir, se trata de una nueva constatación de que, en nuestros días, contar con un empleo no blinda necesariamente a una familia contra situaciones de pobreza.

4. Consecuencias de la Pobreza Energética

¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? ¿Qué significa para una familia vivir situaciones de Pobreza Energética?

Hay una primera y evidente consecuencia: el estado de salud. Así, por ejemplo, el porcentaje de personas que perciben su estado de salud como malo es más del doble entre las personas que no consiguen mantener una temperatura adecuada que entre aquellos que sí experimentan en su hogar una sensación de confort térmico. Un frágil estado de salud que no será un buen compañero de viaje en la lucha por salir de este contexto de pobreza, para conseguir un puesto de trabajo, por ejemplo, y que incidirá en la perpetuación de estas situaciones.

El elevado coste que las facturas de energía, recordemos y subrayemos la desigual evolución entre precios de la energía e ingresos familiares, ha llevado a un sobreendeudamiento de los hogares difícilmente sostenible. Entre las familias que están asumiendo un gasto desproporcionado en la factura energética, casi 6 de cada 10 se han visto además obligadas a reducir gastos en vestido y calzado y más de 2 de cada 10 aun así han tenido que recurrir a ahorros para cubrir gastos cotidianos.

Una vivienda en la que hace frío o en la que la factura de la luz obliga a moverse casi en penumbra no es un lugar que invite a recibir visitas, lo que en el medio o largo plazo termina generando situaciones de aislamiento social. Si la Pobreza Energética priva a las personas del calor y confort mínimo del hogar, el aislamiento aleja el calor humano y con ello una de las mejores vías para romper el círculo vicioso de la pobreza.

Consecuencias negativas sobre la salud, agravamiento de situaciones de pobreza, aislamiento…estas son algunas de las situaciones que viven hoy en día millones de personas en nuestro país y que se esconden tras el concepto de Pobreza Energética. Una realidad que es necesario abordar desde la integralidad, la definición de responsabilidades y el compromiso político porque, en estos tiempos que corren, no podemos dejar de tratar este asunto como lo que es, un Derecho… el Derecho a la Energía.

5. Bibliografía

[1] https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategianacionalcontralapobrezaenergetica2019-2024_tcm30-496282.pdf

[2] https://documentacionsocial.es/2/accion-social/los-apellidos-de-la-pobreza

[3] Considerando la potencia de consumo contratada entre 2 500 kWh y 5 000 kWh (electricidad) y entre 20 y 200 GJ (gas).

 

Número 3, 2019
A fondo

La salud mental colectiva en tiempos inciertos. Barreras y reto

Manuel Desviat

Psiquiatra, Consultor temporal de la Organización Panamericana de Salud/OMS; presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría; miembro de la Comisión Nacional de la especialidad.

 

Necesitamos cuidarnos y protegernos de manera colectiva. Más aún cuando la pandemia se encuentra inserta en otras dos grandes crisis que se cruzan: la crisis social y la emergencia ecológica. El apoyo mutuo, a través de iniciativas institucionales y/o comunitarias, tiene la oportunidad de ser la salvaguarda de las situaciones de desigualdad que se magnifican durante las crisis. Yayo Herrero (1)

 

A pocos meses del inicio de la pandemia del COVID-19 pudo verse que era un acontecimiento, una totalidad social, que iba más allá del cuidado sanitario, atravesando toda la sociedad, una sindemia que no se puede achacar a un azar imprevisible de la naturaleza, sino que está ocasionado por el hombre, por el modo civilizatorio en que vivimos. Un acontecimiento que ha mostrado la incapacidad del modelo hegemónico mundial de salud y de prestaciones sociales para hacer frente a una catástrofe que pone en peligro a toda la humanidad, por muy previsible que fuera. Un modelo ignorante, pretendidamente o no, de los conocimientos acumulados sobre acción comunitaria y salud pública, que desde las últimas décadas del siglo pasado viene traspasando la responsabilidad sanitaria pública a la empresa privada, convirtiendo la salud en un negocio. En función del beneficio, la salud privada privilegia las camas hospitalarias rentables — no las de alto coste tecnológico, las UCI, tan necesarias en casos como la pandemia de la covid-19 y elude o minimiza la atención primaria de salud, eliminando en cualquier caso su principal fundamento: la atención comunitaria, la atención de cercanía, de familia, de barrio, de casa. Solo así podemos entender como el esfuerzo sanitario se centró en los hospitales, vaciando en España la atención primaria (llevando parte de su personal a cubrir la dotación de hospitales de campaña) y cerrando los centros de atención social, cuando más necesarios eran. Lo que supuso el abandono de personas discapacitadas o desvalidas para la vida cotidiana durante el confinamiento, solo mínimamente paliado gracias a la pronta reacción de redes vecinales de apoyo, despensas solidarias y acompañamientos comunitarios. Acciones vecinales que surgieron en todo el mundo, llevando alimento, compañía, calor. Habrá que repetir que una vez más una catástrofe ha puesto de manifiesto como lo común, la solidaridad ciudadana de los más pobres, es capaz de organizarse y llegar allí donde las instituciones públicas han hecho dejación de sus funciones. Una ayuda movilizadora, desde las propias fortalezas, no asistencialista, demostrando, en un buen hacer comunitario, que la distancia de seguridad y el confinamiento no puede ser incompatible con la ayuda a nuestros vecinos más necesitados o hacerles saber que estamos allí para cuando la necesiten.

Hay una opinión generalizada entre los epidemiólogos y salubristas, denunciando que se hizo una epidemiologia simplista, ocupada tan solo en el contaje de casos y muertos, sin el análisis de las causas, situaciones, ámbitos del contagio y grupos poblacionales más afectados. Y, sobre todo, sin tener en cuenta cuáles son los determinantes que están favoreciendo la transmisión comunitaria de la Covid, ni localizar a los grupos vulnerables preexistentes al virus, los que se han producido durante la pandemia y sus causas. Las consecuencias pronto se reflejaron en el mayor contagio y mortalidad en residencias de ancianos, de antaño denunciadas por sus condiciones deficitarias, y en las barriadas más pobres.

Lo que nos lleva a la consideración de los determinantes sociales y la vulnerabilización, es decir, no solo a los grupos vulnerables, sino a las causas que los provocan, como elementos fundamentales de otra manera de entender la salud, frente al modelo hegemónico hoy preventivista de enfoque individual basado en el estilo de vida. “Sea responsable, viva saludablemente”, ignorando las condiciones insalubres de vida de una gran parte de la población. En la salud mental, el Programa de Acción en Salud Mental (mhGAP)[1] de la Organización Mundial de la Salud para hacer frente a la tremenda desigualdad, a las grandes brechas existentes en la atención a la salud mental entre países pobres y ricos y entre clases sociales en las naciones de renta alta, hace hincapié en la ausencia de recursos y cómo estos se concentran, en hospitales psiquiátricos y no en atención comunitaria, concluyendo que muchas de estas barreras están determinadas por la pobreza de pensamiento innovador en salud pública entre los expertos en salud mental (psiquiatras in primis)(2). Una concentración de recursos que se mantiene en los países que han desarrollado procesos de reforma psiquiátrica, pues aún cerrados buena parte de los hospitales psiquiátricos, los fondos van mayoritariamente a los hospitales generales, unidades de psiquiatría y consultas hospitalarias, y en menor medida a los centros ambulatorios de salud mental y aún menos a programas y dispositivos sociosanitarios en la comunidad. Además de un disparatado gasto farmacéutico de escaso o nulo control. Un gasto farmacéutico que forma parte de las barreras que nos vamos a encontrar en el desarrollo de una salud mental comunitaria.

Esa pobreza del modelo de intervención a la que se refieren las conclusiones de mhGap, es la que ha puesto de manifiesto la pandemia, desnudando la carencia teórica, clínico asistencial y de estrategias epidemiológicas de alarma y prevención de la sanidad hegemónica, unas carencias que han llegado a colapsar al sistema de salud y poner en peligro la economía (la acumulación financiera en la que descansa todo su ideario); lo que viene a plantear no ya qué sistema político-económico es el que puede permitir una sanidad más universal y eficiente, sino hasta qué punto aún dentro del modelo neoliberal, del sistema productivo actual, debería ser posible un modelo sociosanitario que pudiera garantizar una mayor protección, en general y específicamente en tiempos de catástrofes, un mayor equilibrio entre la protección de las fuerzas de trabajo y la extracción de beneficios, si se quiere su supervivencia sin grandes turbulencias.

De estas barreras es de lo que voy a tratar a continuación en un rápido esbozo, así como de los abecés de un modelo alternativo de salud mental colectiva, que bien pudiera impulsarse a la luz del precipicio que nos muestra la pandemia de la covid-19, por muy a contracorriente de la ideología financiera dominante que esté en estos momentos. Para ello, primero voy a señalar las principales barreras que nos vamos a encontrar 1) la reducción biológica y la medicalización; 2) la falsificación de las necesidades; y 3) la insuficiencia del discurso biopsicosocial.

 

1.- La reducción biológica y la medicalización indefinida

Un síntoma, un diagnóstico, un fármaco. Desde las últimas décadas del siglo pasado se puede resumir la enjundia de la asistencia psiquiátrica con estas tres palabras. A las que podríamos añadir un consejo o un adiestramiento conductual, cuando se cuenta, subalternamente, con la psicología. Según se cerraban hospitales psiquiátricos y se creaban redes de atención en la comunidad en los países más avanzados de la Reforma Psiquiátrica, crecía el peso de la psiquiatría biológica aupada por el desarrollo de las neurociencias y, sobre todo, por la prepotencia de la empresa farmacéutica que se fue adueñando de la investigación, la docencia y la clínica, con el apoyo de las autoridades sanitarias, en un universo técnico-científico donde enflaquecían las humanidades y las ciencias sociales, donde predomina el qué hacer y no el porqué de las cosas. El síntoma convertido en signo sustituye a la psicopatología, el protocolo a la escucha. La falla orgánica a la biografía. El delirio, pasa a ser solo ruido. La depresión, un traspié con la serotonina. Los psicofármacos, la bala de plata, pronta solución sin enredar en el conflicto singular, el medio y la sociedad en la que se vive. Quedan fuera los determinantes sociales y la producción de subjetividad. Solo cuerpo, una cartografía de órganos y fluidos, pero sin la implicación emocional que la medicina de la antigüedad les atribuía. La seducción de las imágenes de las regiones del cerebro fuertemente coloreadas electromagnéticamente[2], las inmensas posibilidades abiertas por la biología molecular y la compulsión por los datos, nublan los avances de la psicoterapia y la acción comunitaria, retrotrayéndonos al secular dilema cartesiano, cuerpo-mente, que debería ser hoy irrelevante, pues difícilmente se puede concebir el cuerpo sin la mente, ni entender la mente sin el cuerpo. Y, por otra parte, desconociendo que esos avances científicos no se han visto prácticamente reflejados aún en el campo de la salud mental, donde la psiquiatría biológica se reduce poco más que a la farmacología y el datismo de sus “evidencias”[3]. Más el avance tecnológico-empresarial avanza, en cuanto que la evidencia científica la establece el Poder, su colonización de la salud como mercancía, mientras la episteme reformista, anclada en la acción comunitaria y en la necesidad de una conceptualización psicopatológica, plural, dinámica, en continuo desarrollo, se va perdiendo acosada por la presión de una sociedad medicalizada que busca en las consultas de la salud mental soluciones prêt-à-porter y la falta de recursos en los dispositivos comunitarios de salud mental y en sus necesarios partenaires de la atención primaria.

En la pandemia de la Covid hemos visto pronto este efecto de psicologización del malestar, del miedo y el dolor por las pérdidas y la incertidumbre. Por mucho que se sabe que el estrés, la ansiedad, el insomnio, el desánimo son, la inmensa mayoría de las veces, emociones normales en situaciones anormales, se está propagando la idea de que estamos a las puertas o hemos entrado ya de lleno, en otra pandemia, la de la salud mental. Una vez más, algunos voceros de la psicología y la psiquiatría están convirtiendo reacciones normales en síntomas, patologizando el malestar. Será esta promoción irresponsable, esta creación de falsas enfermedades, lo que sí nos puede llevar a una pandemia de la salud mental, como acertadamente denuncia Lucy Johnston, pues bajo el imperativo de “tenemos que hablar de la salud mental” se fomenta cada vez más que todas las formas de sufrimiento sean vistas como problemas de salud mental, pues para esta autora este aserto ha penetrado de manera tan profunda en las mentes de los profesionales, los medios de comunicación y el público general que ni siquiera entienden que esto pueda ser problemático o sujeto a crítica(3)

 

2.- Comunidad y demanda: la falsificación de las necesidades

La comunidad y sus demandas están atravesadas por un imaginario lleno de prejuicios respecto a la “enfermedad mental”, lo que facilita que las necesidades que vehiculan como demandas, no se correspondan con las necesidades reales de la población, sino con los intereses de la clase dirigente. He ahí una de las razones por las que buena parte de la ciudadanía se deja llevar por programas electorales que propician la privatización sanitaria y la bajada de los impuestos que solo favorecen a las clases de renta alta.

La comunidad, mitificada en los primeros años de la reforma psiquiátrica, al convertirla en un sujeto social integrador, no es, cuando nos referimos al territorio o área de referencia de los cuidados de la salud, la que definía Ferdinand Tönnies como una comunidad de intereses, al contrario, encierra una realidad compleja, plural, diversa, que hay que resituar en el trabajo comunitario, creando vínculos con grupos y actores sociales, franqueando sus barreras, sus brechas y límites.

Hay que ganarla para que entienda y defienda una salud comunitaria, colectiva, propia. Sin exclusiones ni asistencialismos. El asistencialismo, uno de los principales riesgos en la atención psiquiátrica y de servicios sociales, heredero de la filantropía evangelizadora y de la beneficencia se convierte en un paliativo de situaciones de carencia y marginación, cubriendo la ausencia, o pervirtiendo, las obligaciones los servicios públicos. Sustituyendo el derecho de todo ciudadano a unas prestaciones públicas por una dádiva graciable. Para Paulo Freire el asistencialismo “es una forma de acción que roba al hombre condiciones para el logro de una de las necesidades fundamentales de su alma, la responsabilidad”(4).

En los términos de la relación terapéutica, Leonel Dazza de Mendonça, un psicólogo brasileño introductor del Acompañamiento Terapéutico en España, redacta un Manifiesto anti-asistencialista[4], donde se entiende por asistencialismo todas aquellas actitudes, intervenciones, acciones, formas de encuadrar y llevar a cabo determinadas actividades en las que los profesionales tienden a cuidar a los usuarios “incluso en detrimento de sus necesidades fundamentales de desarrollo personal (autonomía, auto estima, sentirse útil, que aporta algo”)… “Donde los usuarios quedan relegados a ocupar el lugar del sujeto pasivo y demandante, o sea el lugar del déficit y la dependencia”(5).

El caso es que la comunidad, o, mejor dicho, la ciudadanía, no se ha visto en España y en la mayoría de los países, involucrada en la planificación, gestión y desarrollo de los procesos terapéuticos en salud mental, por mucho que el termino adjetive el modelo, y esto le haya hecho muy vulnerable. Las comunidades no han asumido el modelo comunitario como algo esencial, al igual que hicieron con la vivienda digna o el trabajo, lo que ha facilitado su derribo o deterioro por conveniencias del poder político. Superar esta barrera es uno de los principales desafíos de la salud mental colectiva.

 

3.- De la insuficiencia de lo biopsicosocial

Por último, está la técnica, la necesidad de una nueva caja de herramientas, conceptuales y prácticas. La salud mental comunitaria no puede ser entendida por el simple hecho de pasar consulta fuera del hospital ni lo biopsicosocial por si solo o la recuperación “normalizante” bastan para sustentar el modelo. La urgencia desinstitucionalizadora impuso unas prioridades, pero ahora las prioridades son otras. La asistencia no puede gravitar entre la farmacología, el consejo y protocolos psicoeducacionales. Se precisa una clínica de la escucha y una formación de los profesionales que la haga posible. Una terapia, siempre negociada, contractual con el paciente, donde el diagnóstico no pase de ser una pieza administrativa, que no cierre la escucha. Una clínica que rompa con una práctica trabada entre la normalización y la disciplina. Lo que no supone una descalificación del conocimiento biomédico y conductual, sino una re-significación que vaya más allá de la hegemonía hospitalocentrista y organicista e incorpore no solo una visión plural del conocimiento psiquiátrico psicológico, sino también los saberes del propio sujeto enfermo y de la existencia de síntomas inusuales que no implican vivencias patologizadas. El trabajo comunitario coloca la necesidad de ampliar la caja de herramientas conceptuales e instrumentales y desarrollar nuevas estratégicas político-sanitarias. La atención va más allá de asistir al sujeto que se acerca a la consulta, la responsabilidad es el cuidado de la salud mental de la población que tengamos asignada. La atención es colaborar en la mudanza de sus instituciones para que puedan hacer frente a los factores que predisponen a la morbilidad. La tarea es ayudarles a descubrir sus propias fortalezas y habilidades, sus defensas frente a vulnerabilidades y contagios de todo tipo.

 

El reto: una clínica otra, la clínica (trato) participada.

Planteaba en Cohabitar la diferencia. Salud mental en lo común(6) que si hay un asunto a resolver, si queremos ir más allá de una mera reforma de la estructura de los servicios y de algunos avances relevantes pero puntuales en la práctica asistencial, es la cuestión de la acción terapéutica, de la clínica. Poderosos movimientos de usuarios, la cuestionan. Buena parte de los profesionales de la rehabilitación psicosocial plantean que no es cosa de ellos. La psiquiatría hegemónica la niega en su reduccionismo biológico al prescindir de la subjetividad, de la semiología y de la psicopatología. Al igual que hace el cognitivismo más duro. Autores del movimiento de la lucha antimanicomial y activistas de la salud mental plantean que todo es clínica, o que todo es política, pues ahora lo que hay que tratar es una sociedad enferma, donde predomina la alienación en todos los órdenes de la vida. Sin dudar de la alienación social como predisponente a la alienación patológica, estoy con la Princesa Inca cuando dice: “La locura es dolorosa, que nadie lo olvide”(7), o en todo caso, digamos que, en muchos momentos y persona, puede serlo. Negarlo, idealizar la locura, es ignorar el sufrimiento que conlleva, y por tanto su cuidado profesional y profano.

Y de eso se trata. Ese es el reto de la Salud Mental Colectiva, por muy a contracorriente que se situé en tiempos adversos. Un modelo de salud mental comunitaria que parte de la re-lectura del proceso de salud-enfermedad, que enmarca su praxis en la Salud Pública como salud colectiva fundamentada en los determinantes sociales, en los modos de vida y la producción de subjetividad frente a la corriente dominante hoy basada en el preventivismo del el estilo de vida y la consiguiente responsabilidad individual. Y que en su formulación conceptual-clínica parte de la subjetividad crítica (enfoque psicopatológico desarrollado por Fernando Colina y Laura Martin)(8), de una clínica ampliada (siguiendo a Campos y Rosana Onocko)(9) y de una clínica que llamo participada consistente en la incorporación del sufridor psíquico en todo el proceso terapéutico. Una clínica (trato) de la escucha y el diálogo horizontal, negociadora siempre en la prescripción de la terapia o el fármaco; un trato cómplice, no pastoral ni de maestro, donde el saber profesional se nutre dialógicamente de la psicopatología y de la experticia en primera persona; un trato donde la curación no lo es a cualquier precio y donde lo normal es la diversidad; una clínica que no sea patrimonio de psiquiatras y psicólogos; una clínica de-en-la-calle, de-en-el-mercado-, de-en-la-casa, del acompañamiento donde fuera necesario; un trato de respeto a la diversidad de género, étnica, cultural, donde predomina la prudencia, donde se establezcan límites, no normas, una clínica que trata de la estabilización del sujeto en crisis, lo que no implica necesariamente su normalización. Una clínica que avive la responsabilidad, la libertad de escoger y ser responsable, el desempeño frente a la pasividad, que avive el deseo como síntoma de estar vivo.

En esta clínica participada, siempre abierta a la experiencia y al conocimiento, se busca la reinvención como una construcción de posibilidades en la ayuda al sufridor psíquico o a la comunidad a reconocer sus propias fortalezas. Laura Martín y Fernando Colina, en su manual de psicopatología definen así el trato (la clínica):

Tratar con alguien no es enseñarle nada…Consiste fundamentalmente en no estorbar, asistir a las defensas del sujeto y ayudarle a reconocer las partes de sí mismo que debe calibrar para regular su angustia. Es acompañarle. Ser su cómplice por un tiempo, pues no es más que alguien que está solo y perdido en un mundo que a veces no significa nada y, otras, significa demasiado”(8).

En definitiva, la salud mental colectiva trabaja por la concienciación del sufridor psíquico de sí mismo, no para que asuma su “conciencia de enfermedad”, no para que se haga así mismo paciente enfermo como seña de identidad. Es un modelo asistencial empeñado en la emancipación y la cohabitación más que en la adaptación, en el trabajo en redes psicosociales, en la acción poblacional sin olvidar nunca lo singular; en la continuidad de cuidados individual pero imbricada en el medio social.

¿Qué aporta al cuidado de la pandemia vírica el enfoque comunitario, la salud mental colectiva?

La principal ventaja de la salud mental colectiva es el conocimiento del territorio, al trabajar con la vulnerabilidad y no solo con los síntomas puede apoyarse en las redes comunitarias ya creadas o favorecer la formación de otras ad hoc, puede involucrar a la sociedad facilitando la participación de múltiples sectores, evitando la fragmentación de esfuerzos y estableciendo nuevas alianzas. Si la salud mental comunitaria está implantada en el territorio cuenta con el conocimiento epidemiológico de la zona, sus grupos de riesgo, los barrios más vulnerables al contagio, rutinas, tipos de empleo, puntos de apoyo para la difusión de las medidas protectoras, líderes naturales, resistencias. Puede priorizar los servicios e identificar a quienes más lo necesitan. Puede, en suma, considerar los factores sociales y determinantes de la salud mental y el sufrimiento psíquico, considerando especialmente a los más pobres o desvalidos, los entornos más inseguros. Sabe que la respuesta no puede ser únicamente sanitaria. Qué hay que posibilitar el quédate en casa. Qué el dilema no puede ser: hambre o contagio. Y sabe, algo que las administraciones y las autoridades sanitarias parecen ignorar: que hay que cuidar al profesional. El personal sanitario y los agentes sociales y de salud, tiene que enfrentar el sufrimiento de los otros y el propio estrés y miedo por al contagio suyo y de sus allegados. Las instituciones públicas y la sociedad están obligadas a su cuidado, a la consideración pública de su labor más allá de los aplausos de los balcones o de los políticos en las asambleas y parlamentos. Un reconocimiento que pasa por fortalecer sus medios, por dotar de suficientes recursos sociales y sanitarios a los sistemas públicos de atención, por escuchar sus quejas y sus propuestas.

La pandemia vírica, como otras catástrofes, sobre todo las provocadas por el hombre, señalan, como decía al inicio, la urgencia de un cambio en las políticas sanitarias y sociales, un cambio en la forma de atender el malestar y el sufrimiento psíquico, si no queremos un mañana no ya precario, desigual y tremendamente injusto como es nuestro presente, sino claramente distópico. Hoy se habla mucho de cambio civilizatorio, como en 2008, en pleno desastre financiero, ante un sistema que no nos protege ni social ni sanitariamente y devasta el ecosistema del planeta y su futuro, pero “¿cuánto tardaremos en pasar página y acomodarnos a la supuesta “normalidad” que ha provocado estas catástrofes? ¿Cuántas catástrofes serán necesarias todavía para que reneguemos de un sistema que mira para otro lado mientras la gente muere por falta de medicamentos y vacunas en buena parte del mundo, se hacina o perece en las fronteras de la UE o EEUU, o duerme en las aceras aún en las ciudades de las naciones más ricas?

 

Bibliografía

  1. Herrero Y. Prólogo. En: Padilla, Javier; Gullon P. Epidemocracia. Madrid: Capitán Swing; 2020, pág.24
  2. Saraceno B. Sobre la pobreza de la psiquiatría. Barcelona, Herder; 2020; pág.100.
  3. Johnstone L.We’re all in This Together. Recuperado de:https://www.madintheuk.com/2020/03/covid-19-resources-were-all-in-this-together/
  4. Freire P. La educación como práctica de la libertad. Madrid, Siglo XXI España, 2019; pág. 2.
  5. Dazza de Mendonça L. Manifiesto anti-asistencialista.En Chévez Mandelstein, A (Coord.). Acompañamiento terapéutico en España. Madrid: Grupo 5, 2012; pp. 219-23
  6. Radio Nicosia. As. JOIA. Princesa Inca (Cristina Martín). El libro de Radio Nicosia: voces que hablan desde la locura. Barcelona: Gedisa, 2005, pág. 87.
  7. Desviat M. Cohabitar la diferencia. Salud mental en lo común. 2aed. Madrid: Síntesis; 2020.
  8. Martín, Laura; Colina F. Manual de psicopatología. Madrid, Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2018; pág. 228
  9. Onocko Campos R. Psicoanálise & saúde coletiva. São Paulo: Hucitec; 2013.

[1] El Programa de acción para superar las brechas en salud mental ofrece a los planificadores de salud, a las instancias normativas y a los donantes un conjunto claro y coherente de actividades y programas para ampliar y mejorar la atención de los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias https://www.who.int/mental_health/mhgap/es/

[2] El término SPECT es un acrónimo de “Single Photon Emission Computed Tomography” (Tomografía de emisión por fotón único), una técnica compleja que permite obtener imágenes sobre el funcionamiento de diferentes regiones cerebrales.

[3] La lectura común que se hace de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) considera la evidencia como una certeza algo que la aleja de la ciencia que no trabaja con certezas cerradas, quedando siempre abierta a nuevas probabilidades.

[4] Figuran como coautores: Teresa Abad, Sara Lafuente, Gema Ledo, Alicia Molina, Raquel del Olmo, Antonio Perdigón, Blanca Rodado, Marta Rodríguez, Sara Toledano, Raúl Gómez y Miguel Angel Castejón.

 

Número 8, 2021
A fondo

Mano a mano, por una sociedad más justa, libre y alegre

Nerea García Llorente

Abogada y formadora en Asociación Otro Tiempo

 

La historia de las mujeres y los feminismos han sido habitualmente invisibilizadas y, por ello, muchas personas desconocemos su recorrido, sus protagonistas o su contenido. No podemos hablar de un único feminismo, pues las propuestas son variadas con corrientes como el ecofeminismo, el feminismo decolonial, el comunitario o el radical. Actualmente, las propuestas feministas están en boca de muchas y muchos y los avances sociales, económicos y jurídicos de las últimas décadas son palpables e innegables.

En la historia occidental reciente resulta sintomático que la mujer que redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en respuesta a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 fuera guillotinada. Olympe de Gouges fue sentenciada a muerte por ello en 1793 y de ahí que debamos seguir insistiendo y recordando que los Derechos Humanos son también derechos de las mujeres.

 

 

Las dinámicas de transformación social de las últimas décadas en nuestro país son difíciles de explicar sin los imprescindibles aportes de los movimientos feministas. Estos avances se han producido en las instituciones, en las calles, en las casas y en los centros educativos. Se han desarrollado a nivel de barrios, de regiones y construyendo redes internacionales. Los nombramos en plural porque las luchas han sido numerosas y variadas, lideradas por mujeres con circunstancias variopintas. En ellas participan jóvenes, abuelas, mujeres de orígenes dispares, racializadas, en silla de ruedas, lesbianas, precarias, académicas y diversas. Nos nutrimos unas a otras, aprendemos de nuestras ancestras y nuestras vecinas.

Con los feminismos proponemos ampliar la mirada, poner el ojo en lo que no estábamos teniendo en cuenta, destapar opresiones y violencias y proponer un mundo más justo. Algunas hablamos de ponerse las gafas moradas para referirnos a esta nueva forma de mirar, de entender y de estar en el mundo. En el ámbito académico solemos referirnos a incluir la perspectiva de género o las acciones género-transformadoras.

Esta forma de mirar nos ayuda a entender que el mundo no es neutral. Que algunos sujetos tienen privilegios, y otros, menos derechos. Ello depende de varias circunstancias cruzadas, como son la clase, el género o la orientación sexual. Se presenta como “neutral” el modelo del BBVAH (blanco, burgués, varón, adulto, heterosexual) y todas las personas que no cumplan esos requisitos quedan jerárquicamente por debajo. Así, alguien negro, pobre, mujer, viejo y/o homosexual tendrá menos oportunidades o posibilidades de ejercer derechos o desarrollarse. Será, por tanto, “el otro, la otra”, el diferente, quien debe hacer un esfuerzo por “encajar”.

Somos diversas, no queremos ser desiguales. Por ello, una de las herramientas propuestas han sido las acciones positivas (anteriormente denominadas discriminaciones positivas), para favorecer la equidad y la igualdad de oportunidades, reconociendo que no todas partimos desde los mismos lugares y es necesario reconocer expresamente esas desigualdades y compensarlas temporalmente para facilitar que el lugar de llegada sea similar. La combinación de luchas contra el racismo, el machismo y la opresión heterosexual, que interseccionan y se entrecruzan, ha sido otra herramienta de los feminismos, principalmente fuera de Europa, y tiene a una de sus máximas exponentes en Audre Lorde, quien dijo: No hay jerarquías en la opresión.

Una forma de desigualdad es no estar representada, no aparecer, estar invisibilizada (que no es lo mismo que ser invisible). Esta omisión se produce en los libros de texto, en los deportes, en las investigaciones médicas. Un ejemplo muy visual de la infrarrepresentación de las mujeres en la historia puede ser una visita a cualquier museo. Es más habitual que las mujeres estén presentes como imagen desnuda que como pintoras. Como denunciaron las Guerrilla Girls en 1989: ¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Metropolitan Museum?. Menos del 5% de los artistas en las secciones de Arte Moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. Este colectivo de artistas diversas realizó una acción de desobediencia civil con máscaras de simios ante el MOMA, denunciando que en su última exposición solo 13 de los 169 autores eran mujeres. Así mostraron al público la discriminación de las mujeres en el arte y acusaron a las instituciones de mantener (por acción u omisión) esta discriminación.

En esta línea de denuncia de la discriminación, la cultura de la violación o la gordofobia en el mundo del arte, podemos encontrar otros colectivos nacionales, como son: Herstoricas, Liceu de dones y Xarxa pels bons tractes. Todas ellas proponen recorridos alternativos en las colecciones artísticas y en los paseos por las calles de nuestros barrios. El urbanismo feminista está realizando en las últimas décadas grandes aportes para hacer las ciudades más habitables para todos.

Otra de las principales contribuciones de los movimientos feministas de nuestro país, enredados con los saberes de otras latitudes, es haber reivindicado la importancia de los cuidados y exigir una vida digna de ser vivida. El concepto de la vida digna de ser vivida se nutre de la cosmovisión de los pueblos originarios indígenas, proviene de la palabra quechua “sumak kawasay” y la palabra aimara “suma qamaña”, que han sido traducidas como buen vivir o vida en plenitud en Ecuador, y vivir bien en Bolivia, respectivamente. Ambas cosmovisiones hacen referencia a la realización ideal, armoniosa y plena de la vida humana en relación con la Pachamama o Madre Tierra. En una visión actualizada, el concepto del buen vivir iría muy unido con satisfacer las necesidades tomando solo lo necesario, con la vocación de perdurar y estar en equilibrio con la tierra.

Las mujeres organizadas hemos sido capaces de poner en valor todo el trabajo necesario para que la vida siga, dando mucha importancia a los cuidados, que tradicionalmente se han realizado en espacios privados (los hogares) y que han tendido a darse por sentado y asignarse a las mujeres sin reconocimiento económico y con escaso valor social. De ahí que en las huelgas feministas del 8M de 2018 y 2019 se apelara a las huelgas de cuidados y no solo a las huelgas en los espacios de trabajo asalariado, que principalmente están copadas por hombres. Este nuevo concepto de huelga superaba la visión productiva de presionar a los empresarios y plantea una crítica completa al sistema, ampliando los espacios de denuncia también al consumo o a los lugres estudiantiles.

En estos espacios laborales se denuncia también el techo de cristal, el suelo pegajoso, las dobles y triples jornadas, la división sexual del trabajo o la brecha salarial. El techo de cristal hace referencia a los obstáculos, a menudo invisibilizados, a los que se ven expuestas las mujeres altamente cualificadas, y por los que es difícil que alcancen los niveles jerárquicos más altos, habitualmente por temas como la maternidad o el cuidado de otros familiares. El suelo pegajoso se refiere al fenómeno por el que las mujeres suelen estar relegadas a empleos más precarios, con mayor rotación y peores salarios como son las actividades de limpieza, cuidados y atenciones personales. Las dobles y triples jornadas denuncian que las mujeres incorporadas al mercado laboral formal no han dejado de asumir las tareas domésticas de limpieza y cuidado, por lo que deben optar a convertirse en súper-woman o quedarse fuera. De media, el sueldo bruto por hora de una mujer en la Unión Europea está un 16,2% por debajo del de un hombre. En España la brecha salarial es de 14,2% y aumenta con la edad llegando al 22,3% en mujeres mayores de 55 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Esto equivale a que en España las mujeres trabajan gratis 52 días al año. Cuando hablamos de la división sexual del trabajo nos referimos a la organización social y económica en la que tradicionalmente son los hombres quienes ocupan los puestos con mayor poder e influencia, en el espacio público y productivo, y las mujeres asumen las tareas de cuidados no remunerados, en el espacio privado.

Además de construir estos nuevos conceptos y denunciar la desigualdad que de ellos se deriva, se apoyan también reivindicaciones laborales concretas, como que el país suscriba el convenio 189 de la OIT para reconocer derechos a las empleadas domésticas, que se adopte un convenio colectivo para las futbolistas, que se tomen medidas de conciliación de la vida laboral y familiar así como políticas de corresponsabilidad.

 

 

Estas desigualdades laborales forman parte de la violencia estructural que, junto a la violencia cultural, permiten y sostienen la violencia directa, esa que sí somos capaces de ver. El triángulo de la violencia de Johan Galtung nos ayuda a profundizar en las causas de las violencias más visibles, como podrían ser los asesinatos machistas y entender que los micromachismos o la educación diferenciada por sexos son su base.

Los micromachismos, término acuñado por Luis Bonino, son las sutiles maniobras de ejercicio de poder que hacen los hombres, a diario, para mantener su dominio sobre las mujeres y limitar su autonomía. Son pequeños trucos, dispositivos mentales, actitudes corporales o bromas por los que se intenta imponer la visión androcéntrica que mantenga los lugares que la cultura tradicional asigna a hombres y mujeres. Los micromachismos no tienen por qué ser intencionales ni estar planificados deliberadamente, pueden ser inconscientes. Muchas feministas han denunciado esta realidad diaria, desde raperas como Sara Socas, periodistas de Pikara Magazine, la Psicowoman en canales de youtube e infinidad de colectivos feministas y ONG’s.

Las feministas queremos cambiar el sistema, promover la vida digna y saludable, denunciando desde los pequeños micromachismos hasta las grandes violencias, como las practicas que destruyen el planeta.

El acercamiento filosófico y práctico entre feminismo y ecología ha sido una realidad histórica, especialmente visible durante los siglos XX y XXI. Esta amistad y conexión ha dejado patente que muchas acciones de cuidado del planeta han estado protagonizadas por mujeres. Podemos recorrer la historia de lucha por la tierra con mujeres lideresas, con Dorothy Stang, Macarena Valdés o Berta Cáceres, todas ellas asesinadas por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la protección de su territorio. También destaca la Premio Nobel de la Paz, Wangari Mathai, que plantó más de 47 millones de árboles en Kenia. Otra referente esencial del movimiento ecofeminista es la india Vandana Shiva, que en 1993 recibió el Premio al sustento Bien Ganado, -también llamado Premio Nobel Alternativo- tras sus aportaciones académicas y su apoyo al movimiento Chipko del Himalaya, que sigue prácticas de acción noviolenta de Ghandi.

 

 

En el continente africano no podemos dejar de nombrar otros proyectos en esta línea: por ejemplo, la Rural Women’s Assembly, que facilita a las mujeres el acceso a semillas no transgénicas y a servicios como la venta de productos en los mercados sin intermediarios masculinos, y el proyecto mozambiqueño Fórum Mulher que es paraguas de varias asociaciones y que realiza, entre otras actividades, campañas feministas para garantizar el acceso a medicamentos, cuidados colectivos y alimentos a mujeres seropositivas. Actualmente, Fórum Mulher acoge el secretariado de la marcha mundial de las mujeres, que es un movimiento internacional de acciones feministas para eliminar la pobreza y la violencia contra las mujeres. Desde el año 2000 se han realizado acciones por la justicia económica, denuncia del cambio climático o la protección de los derechos sexuales y reproductivos. En 2005 esta marcha presentó: Cambiar de Rumbo. Los objetivos de desarrollo para el milenio vistos a través de la carta mundial de las mujeres para la humanidad en el que se denuncia la ausencia de metas e indicadores de empoderamiento, salvo el dato de la presencia de mujeres en los parlamentos nacionales.

Lejos de caer en el esencialismo o defender que las mujeres estamos más conectadas con la naturaleza, con el ecofeminismo se pretende relacionar la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres. El ecofeminismo toma de los movimientos verdes su preocupación por el impacto de las actividades humanas en el planeta, y del feminismo toma el enfoque de género, la explicación de las actitudes patriarcales que subordinan, explotan y oprimen a más de la mitad de la población. Como dice la profesora madrileña Yayo Herrero: “el ecofeminismo nos permite comprendernos mejor como especie y tomar conciencia de la inviabilidad de la vida humana desgajada de la tierra y desconectada del resto de las personas” pues nos ayuda a analizar las estructuras económicas de consumo basadas en el dominio del Norte sobre el Sur, de los hombres sobre las mujeres, y del frenético saqueo de un volumen creciente de recursos en busca de un beneficio económico cada vez más desigualmente distribuido y que genera cantidades ingentes de residuos.

El deterioro ambiental se debe a un desarrollo económico basado en el crecimiento ilimitado que coloca a los mercados, y no a la vida, en el epicentro del análisis. La corriente ecofeminista nos recuerda la importancia de cuidar de nuestro planeta, de pensar un sistema económico sostenible, de poner la vida en el centro, la humana y la del entorno. Muchas de estas ideas se han aglutinado bajo el lema Ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista.

Todos estos movimientos liderados por mujeres ponen en el centro la importancia de una igualdad efectiva y la necesidad de construir un mundo libre de violencias. Así, en los últimos años, las argentinas gritaban “ni una menos, vivas nos queremos”, las estadounidenses denunciaron los casos de violencia sexual con el movimiento Me too, las indias se aglutinaron como las Guerreras del Sari Rosa (Gulabi Gang) en contra de las violencias y la corrupción, o las nigerianas se unieron para denunciar el secuestro y esclavitud sexual de las adolescentes de Chibok.

En torno a las violencias en conflictos armados se gritaron en Colombia lemas como “no parimos hijos para la guerra”, o en Sudáfrica “mi cuerpo no es tu escena del crimen”. Fue noticia mundial y emocionante cuando las mujeres palestinas e israelíes marcharon juntas por la paz en Jerusalén, reivindicando un acuerdo de paz. En 2016, las mujeres de la etnia Q´eqchi, obtuvieron una resolución judicial histórica: una condena por desaparición forzada, delitos contra la humanidad y asesinato, en la base militar de Sepur Zarco. Guatemala fue así el primer país en condenar a militares por delitos sexuales, en la línea de lo que otros tribunales internacionales habían ya manifestado, y es que los cuerpos de las mujeres son un arma de guerra y las vulneraciones de derechos humanos una constante. Existen un sinfín de referentes feministas por todo el planeta, buscando un mundo más justo, más habitable, más humano y equitativo. Un mundo donde las violencias no sean el camino habitual.

Las mujeres estamos expuestas a violencias machistas con manifestaciones físicas, psicológicas o simbólicas que se muestran en todos los ámbitos de nuestra vida. La obra de teatro “No solo duelen los golpes” de la activista Pamela Palenciano, explica en primera persona esta multiplicidad de manifestaciones y el proceso de deterioro de la autoestima. Los movimientos feministas han sabido aliarse, presionar y denunciar en ámbitos institucionales, laborales, en los barrios y las academias para denunciarlos y construir resistencias. Podrían escribirse hermosas y potentes historias sobre estas resistencias. Son resistencias que amplían el marco de posibilidades y que transforman nuestra forma de estar  y entender el mundo, y por lo tanto, también regeneran la agenda política.

La agenda social en torno a las violencias machistas ha sido una constante, consiguiendo cambios en la mentalidad, la legislación y los recursos. Se han aprobado leyes para los casos de violencia contra las mujeres a manos de sus parejas o ex parejas (Ley Integral de Violencia de Género a nivel nacional y con desarrollos autonómicos) si bien aún faltan desarrollos normativos en otros tipos de violencia, como la violencia sexual o la trata de seres humanos. Existen además en todas las comunidades autónomas recursos específicos como son servicios de atención integral a mujeres, alojamientos protegidos y ayudas económicas como la Renta Activa de Inserción (RAI). También se han creado juzgados especializados (461 juzgados con competencia en violencia sobre la mujer, de los cuales 106 son juzgados de violencia exclusivos) y organismos encargados del seguimiento de esta materia, como es el Observatorio Estatal y la Delegación de Gobierno frente a la violencia de género. Todo ello convierte a nuestro país en un sistema modélico a nivel internacional, a pesar de que los recortes económicos, los avances de movimientos políticos neomachistas y los estereotipos arraigados en la sociedad, hacen necesario seguir trabajando para garantizar una vida libre de violencias. Los estereotipos de género siguen vivos en nuestra sociedad, como ya denunció Naciones Unidas en la condena a España por el caso de Ángela González.

Las mujeres queremos ser dueñas de nuestro cuerpo y para ello deben rechazarse todos los imaginarios culturales que normalizan el control del cuerpo por parte de los hombres. Una de las mayores manifestaciones de dominación sobre el cuerpo de las mujeres es la violencia sexual, que afecta a 1 de cada 2 mujeres en Europa, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA). Esta organización denuncia que más del 90% de las víctimas y supervivientes son mujeres, mientras que el 97% de los agresores siguen siendo hombres. La Macroencuesta sobre violencia contra las mujeres (Ministerio de Sanidad, 2015) calcula que 1,5 millones de mujeres han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja, lo que supone el 7,2% de las residentes mayores de 16 años.

La situación traumática después de sufrir violencia sexual incluso se agrava con los obstáculos judiciales (no creer a las víctimas, culparlas por no haberse protegido o haberse expuesto por ir solas, no escuchar, la falta de formación especializada de los operadores jurídicos, etc.) si se decide interponer denuncia, como ya documentó en 2019 Amnistía Internacional con su informe “Es hora de que me creas. Un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas».

Las mujeres sabemos esto y hemos gritado alto y claro: “hermana, yo sí te creo” cuando los juzgados desprotegen y revictimizan a las denunciantes, cuando se cuestionan sus testimonios o se nos culpabiliza por la ropa. Un buen resumen de ello se puede encontrar en el grupo chileno “Las Tesis” con la canción, que ya es un himno, ‘Un violador en tu camino’.

Hemos sostenido la necesidad de proteger a las supervivientes, sin poner el foco en la ampliación de las penas sino en la reparación del daño. Los tratados internacionales nos obligan a tomar medidas de protección, reparación y justicia y ahí queda aún mucho camino por recorrer. Por eso hemos tomado las calles y las instituciones, para que se garantice el buen trato.

El éxito de las movilizaciones feministas ha tenido que ver con el contenido de las propuestas, con la visibilización de las estructuras que discriminan, y también con la forma de llevarlas a cabo. Se han tomado los espacios públicos con prácticas de desobediencia civil noviolenta, de manera creativa y divertida. Bajo el lema “si no puedo bailar, esta no es mi revolución” se han creado estrategias artísticas, animadas, alegres y diversas.

 

 

Las puestas en escena, cuidadoras y cuidadosas, amenas e inclusivas, musicales, artísticas, han tenido en cuenta el trabajo en grupo y han cuestionado el patrón de la competitividad individual. Se han tejido redes de vecinas y se han intercambiado saberes, recursos y necesidades. Dar valor a la construcción de redes y dejar fluir la sororidad entre personas diversas ha sido otro componente fundamental para estos éxitos.

El trabajo colectivo con el objetivo de construir bien común ha sido lo que ha guiado estas propuestas sugerentes que buscan mejorar la vida de las mujeres, y por tanto, mejoran la sociedad al completo. Todos ganamos con una sociedad más justa y equitativa.

 

Número 4, 2020
A fondo

Aproximación a los beneficios fiscales y tipos impositivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF desde la perspectiva de género

Paloma de Villota Gil-Escoín. Profesora Titular de Universidad

 

Análisis en el que se pone de manifiesto cómo la utilización de los gastos fiscales favorece fundamentalmente a los varones. Se señala, igualmente, la importancia decisiva del diseño de la tarifa del IRPF, para evitar que una presión fiscal excesiva sobre las rentas laborales bajas (donde se concentran las mujeres) constituya un desincentivo para su permanencia en el empleo.

 

En este artículo se lleva a cabo un análisis a través del cual se pone de manifiesto cómo la utilización de los gastos fiscales, conocida herramienta de política social y económica, favorece fundamentalmente a los varones. Se señala, igualmente, la importancia decisiva que adquiere el diseño de los tramos de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF, para evitar que una presión fiscal excesiva sobre las rentas laborales bajas (donde se concentran las mujeres) constituya un desincentivo para su permanencia en el mercado de trabajo, sobre todo cuando se tiene que atender a menores dependientes.

 

Los gastos/beneficios fiscales

Los gastos [beneficios] fiscales son reducciones en los impuestos que disminuyen o posponen la recaudación a un grupo de contribuyentes en aras de la consecución de determinados objetivos de política económica y social. Para el sector público implica una pérdida de ingresos (es un gasto fiscal) que en 2018 mermaba en un 22% los ingresos tributarios estatales (Ministerio de Hacienda, 2018); mientras que para quienes se ven obligados a contribuir supone una reducción de su deuda tributaria, es decir, un beneficio fiscal.

Sin embargo, la línea que divide a los gastos fiscales de otros elementos básicos del sistema fiscal no queda claramente delimitada y, en consecuencia, la designación como gasto fiscal a cualquier reducción de la carga del impuesto muestra un cierto grado de arbitrariedad, debido a la ambigüedad existente en la definición de sus objetivos y por los múltiples conceptos fiscales que encierra: incentivos deducciones, reducciones, mínimos, exenciones, bonificaciones, traslaciones, etc. De hecho, en el régimen fiscal vigente en el Territorio fiscal común, al igual que en el caso de Euskadi y Navarra, existen minoraciones en los impuestos no registradas en el Presupuesto de Beneficios fiscales a pesar de cumplir con sus requisitos básicos, como ocurre en el caso de los mínimos familiares y minusvalía establecidos en el IRPF.

No obstante, es necesario subrayar que los gastos fiscales como herramienta de política económica y social han sido muy criticados por una serie de razones entre las que cabría enumerar, sin ningún afán de exhaustividad: 1) el ámbito restringido del/de la beneficiario/a con exclusión de quienes no declaran, por lo que favorece, especialmente, a quienes poseen capacidad económica para tributar, en detrimento de quienes carecen de ella (Lahey, 2015; Villota y Ferrari 2016); 2) su falta de eficacia y eficiencia en comparación con el gasto directo, ya que es  imposible confirmar que el aumento de la renta disponible garantice el logro del objetivo para el que fue creado; y 3) desde la perspectiva del sector público, la pérdida de ingresos supone una aminoración de los recursos económicos necesarios para mantener las transferencias sociales y servicios, imprescindibles para quienes solo disponen de escasos recursos; de ahí que en algunos países los gastos fiscales hayan sido considerados inapropiados para el mantenimiento del Estado de bienestar por reducir la financiación del sector público y poner en riesgo la adecuada provisión de servicios públicos de carácter universal (Knijn, 2004).

En un reciente estudio publicado por el Parlamento Europeo se enumeran algunos de los inconvenientes ocasionados por los gastos fiscales como consecuencia de su falta de efectividad: bien porque no producen el resultado para el que han sido creados, bien porque no proporcionan los efectos redistributivos que se suponen deberían alcanzar. Hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta las diferencias de género en su elaboración, puesto que su impacto depende crucialmente de realidades socioeconómicas, como el nivel y tipo de ingreso, de la forma de empleo o del reparto del trabajo no remunerado, que difiere entre los varones y las mujeres[1] (Gunnarsson, 2017: 33).

Pese a estos inconvenientes, muchos gobiernos de cariz conservador, apuestan por los gastos fiscales como herramienta de política económica y social. En este sentido, la OCDE reconoce que desde el punto de vista político [el beneficio fiscal] resulta popular entre ciertos votantes y puede ser un camino adecuado para ayudar a los gobiernos para mantener los límites del presupuesto al ser registrado como pérdida de recaudación en lugar de aumento del gasto (OECD, 1983:9).

 

Análisis de la distribución de los ingresos brutos laborales en el IRPF y liquidación del tributo

Al incorporar el enfoque de género, es preciso tener en cuenta que los impuestos por su delineación y/o aplicación producen efectos distintos en las mujeres y los varones, como consecuencia de su diferente situación socioeconómica; por consiguiente, puede existir una discriminación implícita que es necesario identificar. Siendo imprescindible recordar que, en determinadas ocasiones, se pueden  establecer medidas discriminatorias de carácter explícito que aumenten o disminuyan la carga fiscal de quienes tienen que contribuir; por ejemplo, la deducción por maternidad del artículo 81 de la Ley 35/2006 del IRPF constituiría un caso indiscutible de discriminación positiva (instituida en favor de las madres que permanecen en el empleo) y representa un caso característico de discriminación explícita (para más información sobre estos conceptos véase Stotsky, 1996).

En el mercado de trabajo, la representación gráfica de la función de densidad de los ingresos laborales[2] permite visualizar dónde se concentran las trabajadoras y los trabajadores dependientes y cómo afecta el diseño de la tarifa del tributo a sus percepciones.

Como consecuencia de la persistencia de la desigualdad laboral entre ambos sexos, se aprecia una clara concentración de las mujeres en los tramos inferiores que refleja, de manera fehaciente, la representación gráfica de la función de densidad del último ejercicio fiscal disponible (2018) para el Territorio fiscal común (que incluye a todas las comunidades autónomas, excepto el País Vasco y Navarra) (Villota y Ferrari, 2004; Villota 2016).

En el gráfico 1 se puede observar cómo la línea representativa de los ingresos declarados por las mujeres (trazo azul) se sitúa por encima de la línea naranja (representativa de los ingresos masculinos) para remuneraciones inferiores a 15.900€. A partir de aquí la línea naranja sobrepasa siempre a la azul, a excepción del punto situado entre 9.000€ y 9.300€ (ubicado en el entorno del Salario Mínimo Interprofesional). Superponiendo los distintos tipos marginales de la tarifa del IRPF, es posible observar el efecto de la escala de gravamen en los /las contribuyentes de ingresos íntegros del trabajo y se puede apreciar una importante concentración femenina en los tramos de renta inferiores mientras los varones predominan en los restantes.

Por consiguiente, cualquier modificación de la escala de gravamen tendente a ampliar el tramo exento (tipo 0) y a la disminución del primer tramo impactará en mayor medida sobre las mujeres, ocasionando una disminución de la presión fiscal soportada (aumento de su renta disponible) que, probablemente, incentivará su permanencia en el mercado de trabajo o el número de horas dedicadas al mercado de trabajo; por contra las modificaciones en los tramos siguientes (medios o altos) afectarán principalmente a los varones:

Gráfico 1

Fuente: elaboración propia a partir de Muestra IRPF 2018 IEF-AEAT, declarantes

 

El cuadro adjunto a continuación desglosa el número y proporción de varones y mujeres afectados por los diferentes tipos de la escala de gravamen.

 

 

De la tabla anterior se desprende que el 26,20% de las mujeres con rendimientos del trabajo dependiente no quedan sujetas al tributo[3]. Igualmente, se aprecia una mayor concentración femenina en el tramo siguiente de la tarifa, tipo mínimo del impuesto, 19%.; mientras que en los tramos restantes muestran una clara hegemonía los varones tanto en valores absolutos como relativos. Los datos recogidos en el cuadro anterior permiten observar que una proporción de 58,79% de mujeres declarantes se concentran en estos primeros tramos (58,79% = 26,20% + 32,77%). Lo que pone en evidencia una destacable brecha de género, superior en más de 15 puntos porcentuales (15,44) a la concentración masculina 43,35% (43,35% = 14,33% + 29,02%).

Como consecuencia de lo hasta aquí expuesto, cabe señalar que toda disminución del mínimo exento (tramo correspondiente al tipo 0)   de la tarifa del IRPF y/o aumento del tipo marginal mínimo (19%) perjudicará fundamentalmente a las mujeres al disminuir su renta laboral disponible y aumentará las probabilidades de abandono del mercado de trabajo; por el contrario, las modificaciones en los tipos marginales restantes influirán en mayor proporción sobre los varones.

A modo de conclusión se añade un esclarecedor párrafo extraído del informe Mirrlees sobre el diseño de la tarifa óptima:

consideremos el margen extensivo; es decir trabajar o no. La evidencia disponible sobre las reacciones de la oferta de trabajo es que, para ciertos grupos en particular, como los padres con bajos ingresos, este margen tiene muchísima importancia. Esta es una observación fundamental en el diseño de un sistema tributario, ya que puede significar el establecimiento de unos tipos de gravamen óptimos bajos, incluso negativos, para los perceptores de bajas rentas (Mirrlees, 2013:70).

 

 Liquidación del IRPF mediante la aplicación de los beneficios fiscales.

A través de la liquidación del IRPF presentada en este apartado se muestra la discriminación implícita soportada por las mujeres, como consecuencia de la aplicación en mayor proporción y cuantía por los varones de los gastos deducibles, las reducciones y deducciones salvo en casos puntuales como se examina a continuación.

Ingresos brutos y rendimientos netos de trabajo

En el primer paso a seguir para la liquidación del tributo es necesario reducir los ingresos brutos laborales obtenidos durante el ejercicio fiscal mediante el descuento de las cotizaciones abonadas por el/la contribuyente a la Seguridad Social y la reducción por trabajo dependiente. Ambas partidas muestran un sesgo de género favorable para las mujeres, como indica el desglose para ambos sexos llevado a cabo en el cuadro 2, donde aparecen tanto los ingresos brutos (o íntegros, en términos del IRPF) como los gastos deducibles compuestos, fundamentalmente, por las cotizaciones a la Seguridad Social del trabajador/a y las reducciones del trabajo dependiente; también contiene los rendimientos de trabajo (importe bruto resultante de la aplicación de los gastos deducibles y reducciones del ejercicio 2018 del IRPF para el Territorio Fiscal Común). La última columna registra la relación de los valores medios hallados para las mujeres respecto a los varones. (“M/H”).

Se puede observar que el valor medio de la reducción de trabajo de las mujeres es de 123,6% respecto a la masculina, lo que explicita la existencia de un sesgo de género favorable a las trabajadoras, consecuencia de la estructura de la reducción aplicable a los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas (artículos 20 y 32.2.a de la Ley del IRPF), cuya cuantía aumenta de manera inversamente proporcional al nivel de ingresos, hasta un tope máximo para su aplicación de 14.450 euros.

Pese a que el número de mujeres declarantes afectadas por esta reducción es inferior al de los varones (8.469.937 frente a 10.314.817), la cuantía media aplicada por las mujeres es superior a la de los varones 3.718€ y 3.009€, respectivamente.

 

 

En las cotizaciones a la Seguridad Social (que constituyen el 98% de los gastos deducibles) se observa una relación de las cuantías medias deducidas de 78,9%, ligeramente superior a la de los ingresos íntegros 76,9%, efecto de la estructura de las cotizaciones a cargo del/la empleado/a con dos tramos netamente diferenciados: el primero, donde se halla la mayoría de los/las declarantes de rendimientos de trabajo en el IRPF, queda determinado por una cuantía proporcional a los ingresos hasta llegar a la base de cotización máxima[4] y, el segundo, por una cuantía fija independiente del salario.

Recapitulando lo hasta aquí expuesto, cabe señalar que la aplicación de los gastos deducibles favorece en mayor medida a las mujeres pues de una media de Ingresos íntegros de 20.435€ pasa una media de rendimientos de trabajo de 17.768€; lo que muestra una aminoración del 13,1%, mientras que en el caso de los varones es del 10,7% al pasar de una media de ingresos íntegros de 26.559€ a una media de rendimientos de trabajo de 23.726€. Es preciso tener en cuenta que una mayor reducción porcentual implica, en el proceso de liquidación del tributo, una menor carga tributaria frente a la Hacienda Pública.

 

Aplicación de las reducciones a la base imponible

La Ley 35/2006 va a finalizar con el carácter sintético del tributo y a consagra su dualidad[5], mediante el establecimiento de la base imponible general y la base imponible de ahorro. La primera, compuesta por los ingresos del trabajo (dependiente y autónomo) y rentas inmobiliarias constituye el 97% de la base imponible total y, la segunda, integrada por las rentas del capital y los incrementos y disminuciones patrimoniales, el 3% restante. Pudiéndose aligerar cada una de estas partes mediante reducciones (tributación conjunta, aportaciones a sistemas de protección social y pensiones compensatorias al cónyuge) para la obtención de las bases liquidables general y de ahorro, aplicándose posteriormente a la base liquidable general una tarifa (progresiva del 19 al 45%) y, a la base liquidable de ahorro otra (solo ligeramente progresiva 19, 21 y 23% según la cuantía).

El cuadro 3 muestra para ambos sexos, el número de contribuyentes, el importe total de la partida y la media por persona de las bases imponibles totales (general y de ahorro) y de las bases liquidables totales (general y de ahorro). La columna “M/H” presenta la relación de los valores medios hallados para las mujeres respecto a los varones.

 

 

Los datos registrados en el cuadro 3 muestran que la base imponible media femenina supone el 73,1% de la masculina mientras que la base liquidable asciende al 74.5%. Lo que implica la aminoración de la distancia en 1,4 puntos porcentuales, originada por las bonificaciones fiscales que reducen en mayor proporción la renta gravable masculina (bases imponibles).

Descomponiendo las reducciones de la base imponible en sus tres componentes, se observa que las aportaciones masculinas a planes de pensiones y similares superan a las femeninas, lo que evidencia un fuerte sesgo de género a favor de los varones. En segundo lugar, las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las pensiones por alimentos (por decisión judicial) afectan, también, a una mayor proporción de varones (80.722 frente a 1.671), debido al escaso número de mujeres obligadas a pagar a sus excónyuges, por lo que se observa también que esta bonificación fiscal beneficia principalmente a los varones. Y, por último, la reducción por tributación conjunta que otorga a las declaraciones conjuntas de familias biparentales una reducción de 3.400€ frente a 2.150€ para las monoparentales, constatándose una mayor proporción de declaraciones conjuntas biparentales respecto a la monoparentales, con una cuantía media desgravada por los varones superior a la cuantía femenina. Siendo necesario señalar que las familias monoparentales están constituidas en su mayoría por mujeres con una diferencia abrumadora que explicita un caso flagrante de discriminación implícita de género muy grave que por falta de espacio me resulta imposible abordar en estas páginas[6].

Para la obtención de la cuota íntegra se aplica la tarifa a la base liquidable y a la cantidad obtenida se le resta la cantidad resultante de aplicar esta misma tarifa a la suma de los mínimos exentos del/de la contribuyente[7]; lo que  provoca un efecto muy similar al de deducciones en la cuota pues su cuantía no depende de la renta sino de las circunstancias personales (edad superior a 65 o 75 años, minusvalía, etc.) y familiares (número de descendientes y mayores a cargo, etc.) del/de la contribuyente.

La base imponible general y de ahorro media de los varones pasa de 25.742€ a una base sometida a gravamen media 24.924€ que supone una proporción del 96,8% mientras que en el caso de las mujeres esta proporción es  del  98,7% ( 18.824 y 18.581€, respectivamente). Lo que evidencia empíricamente cómo la aplicación de estas reducciones favorece a los varones al disminuir en mayor proporción su renta sujeta a gravamen.

La cuota íntegra media muestra una menor diferencia entre ambos sexos con respecto a la observada en las bases liquidables medias (78,1% y 74,5% respectivamente), lo que conlleva el aumento de la deuda tributaria para las mujeres y equipara su importe al masculino en 3,6 puntos porcentuales.

 

Aplicación de las deducciones en la cuota integra 

Una vez obtenida la cuota íntegra se aplican las deducciones generales (vivienda, actividades económicas, etc.) y las deducciones autonómicas, obteniéndose así la cuota resultante de la autoliquidación que, a su vez, puede reducirse mediante las deducciones por maternidad, familia numerosa y dependientes con discapacidad, dándose la particularidad que sí su cuantía resultara insuficiente, se pierde la parte no deducida.

En el cuadro 4 se observa que la relación entre los valores medios de mujeres y varones pasa del 78,1% en la cuota íntegra a 78,0% en la cuota resultante de la autoliquidación, lo que pone de manifiesto que el conjunto de las deducciones generales y autonómicas modifican en tan sólo 0,1 puntos porcentuales esta relación, lo que manifiesta la casi neutralidad de estas deducciones, aunque es menester señalar su escaso importe y que solo un reducido número de contribuyentes se beneficia.

Si se desglosan las deducciones generales en sus distintos componentes se constata que los importes medios resultan bastante similares para ambos sexos, con excepción de actividades económicas (compuesto principalmente por incentivos a la inversión empresarial) que presenta un claro sesgo de género, desfavorable para las mujeres tanto en su cuantía media (8.447€ y 6.828€) como en la asimétrica relación entre beneficiarios, 9.110 y beneficiarias, 3.903 de 70/30.

La hegemonía masculina se debe al elevado número de varones (respecto al de mujeres) al frente de actividades económicas de envergadura que, al efectuar inversiones y declarar en régimen de estimación directa, se beneficia de esta bonificación fiscal para disminuir su cuota íntegra. Por el contrario, en el caso de la deducción por alquiler de vivienda habitual y/o adquisición de vivienda habitual, el importe medio deducido por las mujeres supera ligeramente el de los varones (427€ frente a 403€ en la primera y 635€ frente a 634€ en la segunda). Aspecto que debería ser investigado en profundidad.

 

 

Tras la aplicación de las deducciones para la autoliquidación del tributo es preciso señalar que la deducción por maternidad, cuya cuantía máxima asciende a 1.200€ (ampliable a 2.200€ por gastos de escolaridad), no puede ser aplicada en parte o en su totalidad por muchas madres trabajadoras con descendientes menores de tres años, dado que la insuficiencia de sus remuneraciones laborales les impide beneficiarse parcial o íntegramente de este beneficio fiscal pues el valor medio deducido es bastante inferior al máximo legal, pues apenas supera los 900 euros (918). Sin duda su transformación en un crédito de impuestos reforzaría este incentivo laboral para evitar el abandono del mercado de trabajo. Siendo preciso recordar que la deducción por maternidad constituye un claro ejemplo de discriminación explicita, aunque en determinadas circunstancias los varones también pueden utilizarla en la declaración de la renta. En 2018 la utilizaron 89.112 varones[8].

Para concluir, solamente me gustaría insistir en que la política fiscal, a través del IRPF, en lugar de estimular la participación de las mujeres en la actividad económica, (como exige a los poderes públicos el artículo 9 de la Constitución apartado 2, y con ello facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica), en realidad la obstaculiza, por aumentar de manera constatable empíricamente su carga fiscal. Lo que constituye un ejemplo flagrante de discriminación implícita, que impide que las mujeres (como consecuencia de su situación socioeconómica) se beneficien del mismo modo que los varones de los gastos fiscales establecidos.


Bibliografía

AEAT, Agencia Estatal de Administración Tributaria (2019): Estadísticas de los declarantes del IRPF 2018. Accesible en https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Estadisticas.shtml

AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (2020). Evaluación del Gasto Público 2019. Estudio Beneficios Fiscales. Madrid. AIReF.

Hetus Eurostat (2019): Harmonised European Time Use Surveys

INE (2010): Encuesta de empleo del tiempo 2009-2010. Accesible en: : https://www.ine.es/prensa/np669.pdf

Knin, T. (2004): «Family Solidarity and Social Solidarity: Substitutes or Complementers?», en Knin T. y Komter, A (eds.): Solidarity Between the Sexes and the Generations. Chletelham/Norsthampton: Edward Elgar, pp. 18-33.

Lahey, K. (2015): Uncovering Women in Taxation: The Gender Impact Detaxation, Tax Expenditures and Joint Tax Benefits. Odgoode Hall Law Journal 52/2, 427-459.

Mirrlees, J. (20013): Diseño de un sistema tributario óptimo (Informe Mirrlees). Madrid. Centro de Estudios Ramón Areces.

Ministerio de Hacienda y Función Pública (2018), Presupuestos Generales del Estado para 2018. Serie Amarilla. Presupuesto de Beneficios Fiscales. Madrid

OECD (1983): Tax Expenditures: a review of the issues and countries practices. CFA (83) 1. Report bay Working Party no. 2. Paris

OECD (2016): Social Policy Division – Directorate of Employment, Labour and Social Affairs. F1.4: Neutrality of tax-benefit systems. Paris. Accesible en: www.oecd.org/els/soc/PF1_4_Neutrality_of_tax_benefit_systems.pdf

Perez López C. et alter (2020): La muestra del IRPF de 2018. Descripción general y principales magnitudes, Serie Documentos. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid.

Stotsky, J. G. (1996): Gender bias in the Tax System. WP 96/99. International Monetary Fund, IMF. Washington D.C.

Villota, P. y Ferrari, I. (2004): Reflexiones sobre el IRPF desde la perspectiva de género: la discriminación fiscal del/de la segundo/a perceptor/a. Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid

Villota, P. y Ferrari,I. (2016): Diferencia por razón de sexo en el tratamiento fiscal de las rentas: la discriminación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Serie Estudios nº 119. Instituto de la Mujer. Madrid

Villota, P. (2019): “Aproximación al análisis de los tributos y beneficios fiscales desde una perspectiva de género”. Zergak,, Gaceta Tributaria del País Vasco núm. 58 2-19, pp.131-158. ISSN – 2253 – 7805. ISSN edición papel: 1696-0866, ISSN edición digital: 2013-5254

 

 

 

[1] Traducción de la autora.

[2] Para su elaboración he utilizado los microdatos facilitados por la última muestra disponible del IRPF: Muestra IRPF 2018 IEF-AEAT, declarantes, con más de dos millones de registros y 500 variables (véase Pérez López et al., 2020). En cuanto al sexo del contribuyente se determina de manera automática en las declaraciones individuales y en las conjuntas por el sexo de la persona que figura como declarante.

[3]  Suponiendo que estos ingresos sean los únicos percibidos, pero si estas mujeres pudieran optar por la tributación conjunta, sus ingresos quedarían sometidos a un tipo marginal más elevado del 19% (siempre que su cónyuge obtuviera un salario superior a 9.900 euros euros) a lo que habría que añadir un 6,4% generado por el pago de la cotización a la Seguridad Social. Es preciso recordar que este tipo marginal del 25,4% supone afrontar el mayor salto en la escala de gravamen y un desincentivo laboral conocido con el nombre de trampa de la pobreza o inactividad por desalentar su permanencia en el mercado laboral. Trampa que ha venido afectando en mayor proporción a las mujeres con entradas y salidas constantes en el empleo a lo largo del ciclo vital al dedicar más tiempo al trabajo de cuidado no remunerado por causa del cuidado infantil, personas mayores y enfermas, etc., como ponen de relieve las estadísticas sobre el uso del tiempo (Villota y Ferrari, 2000; Hetus Eurostat, 2019).

[4] Bases de cotización máxima para 2018: hasta 31/08, 3.751,20 €/mes y desde 1/07, 3.803,70 €/mes

[5] iniciada ya en 1998 (Ley 40/1998)

[6]Para más información sobre este tema véase Villota y Ferrari, 2016

[7] En caso de que la base liquidable general no fuera suficiente para absorber la totalidad de los mínimos, la cantidad sobrante puede aplicarse a la base liquidable de ahorro.

[8] Por fallecimiento de la madre, patria potestad atribuida al padre o tutor, etc. Para más información véase artículo 81 de la Ley 35/2006 del IRPF

Número 9, 2021
A fondo

Apuntes para la mejora de los servicios sociales locales tras el COVID-19: impacto sobre algunos retos previos

Jose Ignacio Santás García

Trabajador Social

 

1. Introducción

El año 2020 comenzaba con grandes retos aún pendientes de resolver para el joven Sistema de Servicios Sociales, creado en la década prodigiosa para los mismos, que es la comprendida entre 1978 (aprobación de la Carta Magna) y 1988 (puesta en marcha del Plan Concertado para el desarrollo de las prestaciones básicas. Un sistema generado de manera desigual y fragmentada pero que había experimentado un crecimiento continuado y que presentaba grandes carencias y potencialidades.

A lo largo de marzo de 2020, la crisis generada por la propagación del COVID-19 ha evidenciado grandes oportunidades de mejora para los servicios sociales municipales.

Así, tras la crisis sanitaria, la crisis social en la que ya nos encontramos, se avecina con efectos mucho más prolongados. La cohesión social está en peligro, y en ello, los servicios sociales son fundamentales.

Si bien se desconoce aún el alcance e impacto de la crisis, es preciso ir reflexionando sobre las evidencias que se han puesto de manifiesto, con la finalidad de ir generando respuestas adecuadas ante el escenario en el que los servicios sociales se moverán en el futuro inmediato.

Es el objetivo del presente artículo.

2. Situación en 2020

Los Servicios Sociales nacen bajo el prisma de la asistencia social (así se denomina en la Carta Magna), lejos de una concepción de protección social y por tanto sin necesidad de un marco jurídico propio, siendo relegado éste al ámbito de cada comunidad autónoma.

La democracia española se estaba fraguando y ni la sociedad ni las comunidades autónomas dedicaron un esfuerzo especial a la construcción de unos servicios sociales que, en sí mismos, hoy, se reconocen como un garante democrático al facilitar la inclusión social de la ciudadanía.

Por ello, los servicios sociales crecieron de manera rápida y desordenada, con una provisión de recursos (materiales, técnicos y económicos) de carácter mixto y variable según sectores, entre lo público y lo privado (con y sin ánimo de lucro) y siempre fragmentados por la territorialización y la dispersión competencial entre estado, autonomías, y entidades locales, con el añadido de diputaciones y mancomunidades en algunos casos.

Así, durante los años 80, las CCAA fueron aprobando sus normativas, casi todas con escasa ambición y aún menos voluntad realmente ejecutiva, cuestión que la llegada de las llamadas Leyes de Tercera Generación, no han traducido en desarrollos prácticos, bien por la falta de concreción posterior, por la limitación de recursos, por la ausencia de carteras de servicios, etc. (Ayto Madrid, 2018)

A pesar de ello, la aprobación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, arrojó una esperanza ante tal fragmentación, aunque nació con las limitaciones propias de la implementación en plena crisis económica. Sin embargo, esta misma ley evidenció las dificultades de articulación entre los diferentes niveles administrativos, que con frecuencia perciben las ‘competencias’ más como recurso defensivo entre las administraciones, que como una llamada a la responsabilidad (Aguilar Hendrickson 2014).

En este escenario se desarrollaron unos servicios sociales atomizados, en un marco en el que las necesidades vitales de la población no son cubiertas suficientemente, existe una alta inestabilidad laboral, baja protección por desempleo (en comparación con el marco europeo), carencias en los sistemas sanitario y educativo y una desbocada situación inmobiliaria entre otros factores, que afectan principalmente a la población vulnerable.

Así, los servicios sociales, que tienen por objeto la protección y la adecuada cobertura de las necesidades sociales derivadas de la interacción de las personas con su entorno (Demetrio Casado, 1994), han ido centrando sus funciones en el ámbito de la autonomía personal, la protección de la infancia y de la población mayor y la inclusión social, alejándose cada vez más de aquella asistencia social de la que nacieron, pero sin dejar de practicarla. Nos guste o no, ante el escenario de inexistencia de un sistema de cobertura de necesidades (ingresos vitales) más amplio, la asistencia social sigue siendo un pilar fundamental dentro de los servicios sociales.

Por todo lo anterior, los servicios sociales entraron en la tercera década del siglo XXI sin una definición propia de su objeto, atomizados y anhelando alcanzar un ámbito universal centrado en la promoción de las personas, pero embarrados en la cobertura de necesidades básicas.

Muchos retos, entre otros que se describirán a continuación, para un joven sistema, que deberá afrontar una prueba de fuego con la llegada de la crisis por contagio del COVID-19.

3. Marzo 2020. Inicio de la crisis por el COVID-19 

A continuación, se abordan algunos de los mayores retos que tienen por delante los servicios sociales, incidiendo en el efecto de la crisis provocada por el COVID-19:

Reto 1: creación de un marco general de acción social

Como ya se ha detallado, la ausencia de un marco estatal y el bajo interés de las CCAA en organizar sus territorios (ya no digamos de establecer acuerdos de reciprocidad con otras CCAA), son las principales causas de que no exista a día de hoy algo que podamos llamar Sistema de Servicios Sociales en comparación con el educativo o el sanitario. Es más, ello contribuye a que cualquier intento de organización o elaboración de modelos de atención social a la ciudadanía por parte de las entidades locales, se vea continuamente frustrado debido a que las competencias en políticas de rentas o de dependencia son de ámbito superior.

Existen dos tendencias contrapuestas:

  • Por una parte, la descentralizadora, basada en el valor de la proximidad y la adaptación a las necesidades de la población de un territorio, que ahonda en la fragmentación de los servicios sociales.
  • Por otra parte, la centralizadora, que trata de minimizar la desigualdad existente entre los derechos de la ciudadanía, no sólo entre comunidades autónomas, sino entre municipios e incluso entre diferentes territorios dentro de las grandes ciudades del país.

El conflicto entre ambas tendencias se manifiesta de manera cada vez más frecuente en los servicios sociales, tanto a nivel estatal como dentro de cada autonomía e incluso de grandes municipios.

De hecho, la fragmentación de los servicios sociales se evidenció antes de la crisis del COVID-19 con la llegada de personas de origen extranjero, tanto en los territorios más próximos a África, como en aquellos que son entrada aérea principal, como es el caso de Madrid tras la entrada de población venezolana. Esto produjo el acercamiento de miles de personas a unos Servicios Sociales ya limitados con el consiguiente cruce de acusaciones (sobre la responsabilidad / competencia en la cobertura de las necesidades básicas) entre la administración responsable del estatus de refugio (Estado) o la localidad de residencia.

Solapándose con dicha problemática, estalla la crisis del COVID-19, cuyos efectos hacen especial daño en el empleo sumergido (que es en gran parte gracias al que sobrevive el colectivo anteriormente mencionado y otros que de manera amplia denominamos vulnerables). En dicha situación, se hace aún más necesaria una coordinación interadministrativa, así como la agilidad en la provisión de recursos, ya que comienza a plantearse nuevamente el conflicto entre el Gobierno Central, que anuncia líneas de ayudas, y los servicios sociales municipales, que son quienes están prestando el apoyo inmediato a las necesidades urgentes, junto con el Tercer Sector (en gran medida subvencionado desde los poderes públicos).

La resolución de problemáticas generales e incluso provenientes del exterior hace aún más necesario un acuerdo de mínimos para el conjunto del Estado, especialmente para la cobertura de las necesidades básicas de la población, al igual que alcanzar una adecuada gobernanza multinivel capaz de enfrentarse a las situaciones que puedan generarse en materia social.

Reto 2: ruptura de la vinculación entre los procesos de prestaciones y apoyos

Existen dos grandes bloques de prestaciones: el de las vinculadas a la autonomía personal/dependencia y el de aquellas relacionadas con la garantía de rentas/cobertura de necesidades básicas.

En cuanto a las prestaciones económico-materiales, los servicios sociales han estado funcionando en la inmensa mayoría de las CCAA bajo el paradigma de la vinculación entre prestaciones y apoyos, asumiendo una labor fiscalizadora o de control técnico no sólo para el acceso, sino para el mantenimiento de las mismas, a través de acuerdos donde se enmarcan de una u otra manera, contraprestaciones para el cobro de ayudas.

En este escenario, y mientras el debate sobre la necesidad de una Renta Básica (no condicionada) se pone sobre la mesa, llega la crisis por el COVID-19 y hace que miles de personas demanden ayudas económicas tras la pérdida fulgurante de puestos de trabajo, ya fuese en el mercado formal o en el empleo sumergido.

Ante dicha situación, los servicios sociales se han visto obligados a la dispensación de recursos con la máxima celeridad, eliminando la lógica imperante hasta la fecha del establecimiento de un diseño de intervención, debido a los siguientes factores:

  • No es posible contrastar datos: ni en caso de empleo sumergido ni en el empleo formal es posible una consulta a tiempo real. Tampoco en el caso del cobro de las nóminas correspondientes a las prestaciones por desempleo para quien tuviera derecho a ellas.
  • No es posible exigir la realización de actividades condicionantes previas (tales como asistencia a formación, entrevistas de trabajo, etc.) por el estado de confinamiento obligado.
  • No es posible recabar la suscripción de programas de intervención social, no sólo por el propio cierre de los centros de servicios sociales o el confinamiento de la población, sino porque, en todo caso, los servicios sociales no tienen recursos humanos suficientes para esta labor dado el aumento de población atendida.

Por tanto, el COVID-19 ha obligado a modificar de manera urgente un sistema de control previo, siendo sustituido por otro en el que la ciudadanía recibe ayudas sin necesidad de justificación previa, rompiéndose ese vínculo que hasta la fecha era el modus operandi de los servicios sociales, al menos en lo tocante a ayudas económicas.

A partir de ahora, los servicios sociales deberán revisar la necesidad de volver al modelo anterior o bien, como sería más adecuado en mi opinión, establecer un sistema de ayudas que traspase el peso del control o fiscalización previa, al seguimiento posterior que sea necesario.

Reto 3: consecución del universalismo proporcional

Los servicios sociales han continuado centrados en la focalización (es decir, prestar un mayor nivel de recursos a la población con mayor nivel de necesidad) sacrificando el principio de la universalidad.

A pesar del gran avance que supuso la Ley de Dependencia, que trajo cierta universalización de servicios para personas dependientes (en un momento en el que la necesidad emergente era el envejecimiento poblacional), la atención por parte de los servicios sociales generales para la población no cubierta por dicha ley, continúa siendo en gran medida centrada en personas en exclusión social. Por ejemplo, determinadas iniciativas de acceso directo (como centros de apoyo a las familias, donde se tratan situaciones de rupturas familiares, o centros de atención a la mujer) quedan frecuentemente fuera de la estructura de los servicios sociales generales, que nuevamente quedan relegados a un papel de atención a población marginal.

Fruto del propio paradigma de la intervención social sí o sí, (insisto, sin un marco de garantía de rentas), las prestaciones económicas terminan teniendo como beneficiarias, en gran medida, no a personas con una situación de necesidad puntual, sino a quienes viven situaciones muy complejas, donde la ayuda económica no sólo se reitera en el tiempo, sino que forma parte de diseños de intervención social que abordan dificultades multiproblemáticas.

Ello sería un ejercicio de focalización positiva si no fuese porque ha producido un déficit en la universalización, dado que, usualmente, la familia que únicamente precisa ayuda económica (pero en otros aspectos su vida familiar no tiene carencias) es expulsada del propio sistema, ya que no era objeto de la intervención social.

Sin embargo, el COVID-19 ha obligado a la apertura de los servicios sociales a población que tradicionalmente era expulsada, como se ha descrito anteriormente: personas que han sufrido un ERTE, la suspensión de empleo doméstico, etc.

Ello conllevará a la configuración de sistemas de acceso rápido, transparente, y abierto a población con dificultades puntuales exentas de otras problemáticas (lo que tradicionalmente se denominamos clases medias), para después establecer qué tipo de seguimiento (o no) deberá realizarse, pero que en todo caso no debe volver a seguir los patrones anteriores, de exceso de focalización, sino que debe alcanzar un universalismo proporcional.

Reto 4: desburocratización

La Administración ha evolucionado durante los últimos años facilitando ciertos trámites a la ciudadanía, pero aún existen demasiadas dificultades vinculadas a una deficiente interoperatividad entre diferentes administraciones y con la población destinataria.

La normativa existente, principalmente la de procedimiento administrativo (39/2015) continúa siendo similar a la anterior (30/92) ya que el cambio no aportó apenas novedades en lo que se refiere a la relación entre ciudadanía y administraciones.  La nueva norma tampoco introdujo avances en lo establecido en la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que ha demostrado ser insuficiente y que da un margen a las administraciones locales tan amplio que perjudica al conjunto de la ciudadanía.

En este escenario, estalla la crisis del COVID-19, evidenciando graves dificultades que, en parte, deberían haber estado previstas:

  • Los procedimientos de prestaciones sociales requieren solicitud, autorización en materia de consulta de datos, etc. y no pueden realizarse sin oficinas presenciales.
  • Los procesos de fiscalización y control son excesivos para las situaciones de necesidad social emergentes. Ello repercute en el bienestar de aquellas personas a las que irían dirigidas: no parece lógico que, para prestaciones sencillas como una ayuda a domicilio sea preciso un procedimiento similar al de una subvención.

Durante la crisis del COVID-19, los servicios sociales han establecido canales de solicitud telemáticos y telefónicos, han habilitado mecanismos de solicitud sin necesidad de traslados y se han modificado normas internas dando mayor capacidad de ejecución a lo prescrito por sus profesionales. Todo ello para poder facilitar servicios a la ciudadanía demandante. Era posible.

Así es preciso que, ante la remisión de crisis, no se vuelva a la hiperburocratización anterior, articulando procedimientos de ayuda excluidos de fiscalización /control jurídico previo, donde la prescripción facultativa sea suficiente para determinar la situación de necesidad, sin perjuicio de que los procesos garantistas sean ejecutados con posterioridad.

Reto 5: mejora de la colaboración público-privada

Los servicios sociales públicos se crean en la década de los 80. Los servicios sociales privados, principalmente al cargo de instituciones religiosas, ya existían varios siglos antes. En determinados sectores, como el de la discapacidad, la iniciativa social y familiar es preexistente a los servicios sociales públicos. Por ello, la población se encuentra en un escenario de cobertura mixto (público y privado) y que frecuentemente se solapan.

En el campo de los servicios sociales, el crecimiento en gasto ha encontrado sólo en los últimos años, una lógica racionalizadora, que se materializa actualmente a través del aumento del control en procesos de contratación, concierto y subvención. Un escenario en el que el tercer sector (en buena medida dependiente de fondos públicos) debe enfrentarse a mecanismos de competencia, la exigencia de resultados, y la paulatina eliminación de duplicidades.

La crisis del COVID-19 ha producido que diversas entidades e iniciativas sociales se hayan lanzado al apoyo a la población demandante de ayudas, pero, tras el shock de las primeras semanas, ya es evidente que es preciso una organización que permita llegar a toda la población en situación de necesidad sin perder el objetivo de la eficiencia evitando solapamientos.

Por tanto, se ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar espacios y criterios comunes, e incluso lugares de coordinación estables.

Teniendo en cuenta que la gestión de los servicios sociales responde a la preocupación por poder organizar los recursos sociales disponibles con la finalidad de poder efectuar una práctica profesional eficaz y eficiente (Fernandez, T. 2009), es preciso que, a nivel local, los servicios sociales asuman la coordinación de los recursos sociales prestados dentro de un territorio, facilitando a su vez el ejercicio de iniciativas de solidaridad mediante la cooperación con iniciativas sociales en marcos comunitarios.

Reto 6: revisión de los modelos de atención

El modelo de atención social, de manera general, y hasta la crisis del COVID-19, era principalmente presencialista. La sacralización del despacho como espacio idóneo para la intervención social, había relegado a un papel testimonial o cuanto menos no sistematizado, las intervenciones grupales, visitas domiciliarias o relación telemática o telefónica con la ciudadanía.

La entrevista en despacho, aparte de garantizar la confidencialidad, produce también una merma en cuanto a la transparencia, y refuerza la arbitrariedad y una dinámica donde la persona debe demostrar constantemente (incluso para el acceso a la información) determinados condicionantes y adquirir un compromiso enmarcado en un diseño de intervención. Sin embargo, la eliminación de tales trámites suele levantar rechazo profesional, bajo el temor a convertirse en meros dispensadores de recursos: un debate que debería trasladarse a la atmósfera política e institucional, y no a la ciudadanía, que es quien acaba sufriendo el conflicto.

La crisis actual pone sobre la mesa que deben establecerse respuestas diferentes: el COVID-19 ha producido una demanda de servicios que multiplica sobradamente la capacidad de respuesta en el modelo tradicional. Miles de personas y familias demandan apoyo urgente, sin necesidad alguna de intervención social propiamente dicha: únicamente necesitan un apoyo económico puntual.

Ello supone grandes oportunidades, no sólo para implementar sistemas de acceso y atención telemáticos (explorar vías como apps, whatsapp, chats, mailings masivos, sistemas de alertas, etc.), sino para el establecimiento de modelos que prevean qué tipo de seguimiento (indirecto, etc) debe realizarse con la población que ha accedido a los servicios sociales y que no precisa, a priori, intervención social.

Por otro lado, y dado el aumento poblacional (aún sin cuantificar), es urgente la provisión de recursos humanos suficientes, que, arrastrando un déficit de épocas anteriores, pueda responder a la ciudadanía de manera ágil. La revisión de los modelos no debe únicamente conllevar modificaciones en procesos y metodologías, sino que obligatoriamente debe contar con un aumento de las plantillas, así como realizar una apuesta por la diversificación de los perfiles profesionales en los centros de servicios sociales, una necesidad que ya existía. 

Reto 7: el reto tecnológico

Si la situación de partida ya era deficitaria en la materia, la crisis por el COVID-19 ha evidenciado que es necesario que los servicios sociales locales se apropien de las TIC, entendida como el dominio del objeto cultural -en este caso la tecnología (Carabaza 2013):

  • Sin registros abiertos, y en estado de obligado confinamiento, se ha demostrado la escasa cobertura de la modalidad de gestión telemática para la ciudadanía.
  • La población vulnerable está sufriendo en mayor medida la crisis, entre otras cosas por su incapacidad para las gestiones telemáticas, en elementos tan sencillos como tramitaciones de desempleo. Incluso entre quienes eran atendidos/as habitualmente, las carencias eran graves, poniendo en evidencia que no ha habido un esfuerzo suficiente por la inclusión digital desde los servicios sociales generales.
  • Los procedimientos digitales no estaban extendidos en los servicios sociales, usándose hasta la fecha expedientes en papel de manera habitual, tanto de manera interna como para aquellos que debían ser tratados por departamentos diferentes (ayudas económicas, etc).
  • Existe una escasa interconexión entre las diferentes plataformas destinadas a la gestión de prestaciones, la consulta de datos y la atención social.

Por otro lado, la necesidad del teletrabajo ha puesto sobre la mesa no sólo la ausencia de un planteamiento previo (el teletrabajo era concebido como algo totalmente imposible), sino que buena parte de las tareas cotidianas son factibles desde casa. Sin embargo, hay carencias técnicas como la calidad de las conexiones, la disponibilidad de dispositivos para llamadas, videollamadas, seguridad, etc.  Ello ha supuesto un escollo. Por supuesto, no se dispone de herramientas de medición /evaluación del trabajo en esta modalidad.

Es necesario que los servicios sociales asuman las TIC de una vez por todas: no sólo porque la alfabetización digital de la población es un camino para la inclusión social cada vez evidente, o por la agilidad que supone para las prestaciones y el contacto con profesionales de referencia, sino porque la tecnología ofrece enormes posibilidades.

El aumento de la cobertura poblacional atendida por los servicios sociales tras el COVID-19, debería conllevar el diseño de herramientas de diagnosis homogéneas que, haciendo uso de Big Data, puedan determinar actuaciones preventivas/ proactivas mediante algoritmos de cálculo de probabilidad de riesgo social, así como establecer la intensidad y tipología de las intervenciones sociales e incluso evaluar el impacto de aquellas.

Bibliografía

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Ayto de Madrid. Area de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Madrid: ¿qué modelo necesitamos para el futuro? (julio 2018) Acceso en : https://www.fresnoconsulting.es/upload/77/87/fresno_Modelo_SerSoc_draft_final__2jul2018_.pdf

CASADO PÉREZ, Demetrio. Introducción a los Servicios Sociales, Madrid: Ed. Popular, 1994. ISBN: 847884144X

CARABAZA GONZÁLEZ, Julieta Idaria. Apropiación de las TIC: apuntes para su operacionalizacion. Prisma Social: revista de Ciencias Sociales. 2013, n.9, pp. 352-390.

DE LAS HERAS, Patrocinio y CORTAJARENA, Elvira. Introducción al Bienestar Social. Madrid: Federación Española de asociaciones de Asistentes Sociales. Madrid, 1979.

FANTOVA AZCOAGA, Fernando. Manual para la Gestión de la Intervención Social. Madrid: Editorial CSS, 2005 ISBN 84-8316-921-5

FERNANDEZ GARCIA, TOMAS (Coord.) Fundamentos del Trabajo Social. Madrid: Alianza, 2009. ISBN 978-84-206-8884-8

GIL PAREJO, Manuel. Acceso en: Los inicios de la construcción del Sistema Público de Servicios Sociales desde la perspectiva del Trabajo Social. Marzo 2010. Acceso en https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/73465/retrieve

MANZANO RODRIGUEZ, Miguel Angel. Kaiser o la sombra oscura de los servicios sociales. Blog Llei d´Engel. Consulta en junio de 2018. Acceso en: http://lleiengel.cat/kaiser-o-ombra-fosca-serveis-socials/

 

Número 5, 2020
A fondo

El cuidado de las personas mayores dependientes en España: una necesidad social postergada

Mercedes Sastre, Universidad Complutense

Rosa Martínez y Susana Roldán, Universidad Rey Juan Carlos

 

1 – Introducción

El aumento de la esperanza de vida constituye un logro social histórico, pero plantea nuevas necesidades y retos. Uno de los principales es garantizar una atención adecuada a las personas dependientes. Para ello se requiere un sistema público de cuidados que permita afrontar situaciones que, por su naturaleza, no es fácil cubrir con recursos privados, incluso en familias con economías desahogadas. El buen funcionamiento del sistema de cuidados de larga duración (CLD) tiene un enorme impacto en el bienestar y la seguridad de las personas mayores, sus principales usuarios. Múltiples organismos internacionales han reconocido la importancia de desarrollar unas políticas que son parte crucial del llamado Cuarto Pilar del Estado de Bienestar.

España inició tardíamente la cobertura de esta necesidad social. Como en otros regímenes de bienestar familistas, el cuidado de las personas dependientes descansaba tradicionalmente en las familias, con una participación creciente de trabajadoras domésticas de origen extranjero contratadas generalmente en condiciones precarias. En suma, un cuidado básicamente informal y muy feminizado, con escasa presencia de la atención profesional y muy baja financiación pública. La aprobación en 2006 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD), puso en marcha un sistema público homologable al de otros países desarrollados, pero existe, tras trece años de andadura, una clara insatisfacción con los logros obtenidos.

Las deficiencias del sistema de cuidados han resultado más patentes tras la irrupción de la pandemia y los elevados índices de letalidad entre las personas mayores que viven en residencias, pero los problemas existían ya antes de la extensión del coronavirus. Este artículo hace un repaso del origen y desarrollo del sistema de atención a la dependencia en España, analizando la situación actual con un foco especial en los indicadores de los últimos meses, ya en plena era COVID. En la parte final se exponen las líneas de cambio que, a nuestro juicio, permitirían dotarnos en el futuro de un modelo mejor.

2 – La atención a la dependencia en España: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Tras décadas de práctica inexistencia de protección social en el ámbito de la atención a la dependencia, la aprobación de la Ley 39/2006 puso en marcha en España un sistema encaminado a garantizar, como derecho subjetivo, el cuidado de las personas que, por su edad y/o situaciones de enfermedad o discapacidad, necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria (alimentarse, vestirse, desplazarse, etc.). Hasta entonces, la atención a estas personas recaía en las familias, con un apoyo residual de los servicios sociales a las personas carentes de recursos. La financiación del cuidado en el nuevo sistema corre a cargo de la Administración Central, las comunidades autónomas y los propios usuarios a través de los copagos, que en ningún caso pueden suponer una barrera de acceso al sistema.

Los servicios previstos para atender a las personas dependientes incluyen la teleasistencia, la ayuda domiciliaria, los centros de día/ noche y la atención residencial, además de actuaciones preventivas y de refuerzo de la autonomía. Adicionalmente, existen tres tipos de ayudas económicas reguladas en la LAPAD: una para la contratación de un asistente personal (dirigida especialmente a los dependientes en edad activa), otra vinculada a la contratación de servicios de cuidado privados, para utilizar únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, y una última denominada prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF), diseñada en principio para un uso excepcional, pero que alcanzó finalmente un protagonismo excesivo y difícil de revertir en la práctica.

 

Gráfico 1. Número de personas dependientes con derecho reconocido atendidos y en lista de espera entre diciembre de 2008 y marzo de 2020

Notas: Datos a 31 de diciembre salvo para el año 2020 (datos a 31 de marzo).
Fuente: Elaboración propia con datos procedentes del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SISAAD).

 

El Gráfico 1 permite apreciar las distintas etapas de desarrollo del sistema a partir de 2008, primer año con datos. La fase inicial fue de puesta en marcha y expansión del sistema, llegando a superar en 2011 el millón de dependientes reconocidos y unos 740.000 atendidos. Las cifras globales ocultan importantes diferencias regionales, con comunidades más renuentes que otras a la implantación efectiva del SAAD. La evolución global positiva se trunca en el período 2012-2014, trienio que supone una auténtica paralización del sistema, con un recorte de recursos y reformas restrictivas encaminados a reducir el gasto. El número de dependientes con derecho reconocido a la espera de recibir atención (el llamado limbo de la dependencia), se redujo en estos años debido fundamentalmente al freno a las nuevas entradas (ADGSS, 2020).

A partir de 2015, el sistema se reactiva con el fin del (prorrogado) plazo de implantación y la incorporación de los dependientes de grado I al sistema, si bien la lista de espera alcanza su máximo histórico a finales de 2016, con casi 350.000 personas. En ese mismo año la mayoría de las fuerzas parlamentarias suscriben el Pacto de Estado por la Dependencia, en el que se acuerda un aumento de la financiación y la reversión de algunas de las medidas restrictivas aplicadas en 2012. Parece clara la necesidad de dotar de más recursos al sistema, cuya puesta en marcha estuvo lastrada por la crisis económica y los recortes sociales. Desde el año 2018, sin embargo, se aprecia una cierta ralentización, atribuida por los expertos a las sucesivas prórrogas presupuestarias, que han impedido cumplir los aumentos de financiación acordados. En ese contexto irrumpe la crisis sanitaria originada por la expansión de coronavirus desde principios del año 2020, cuyo impacto en las cifras de la dependencia se analizará más adelante. Antes de entrar en esa cuestión, se aportan unas breves pinceladas sobre la situación del sistema a finales de 2019.

Al terminar diciembre de 2019, el SAAD sumaba 1.385.037 de personas con algún grado de dependencia reconocido, un 34% el grado I (dependencia moderada), un 37% el Grado II (dependencia severa) y un 29% el grado III (gran dependencia). De esta cifra, 1.115.183 personas recibían algún servicio o prestación al finalizar 2019, pero para casi 270.000 personas las ayudas aún no se habían materializado. La persistencia de esta lista de espera, en la cual fallecen más de 30.000 personas al año sin llegar a recibir la ayuda reconocida, constituye una de las grandes debilidades del sistema y una clara violación de los principios inspiradores de la ley 39/2006, pero existen otros dependientes destendidos por el sistema. El grave retraso en la gestión de los expedientes, superior al año en muchas CCAA (ADGSS 2020), significa que hay en todo momento unas 150.000 solicitudes pendientes de dictamen. Además, existe evidencia indirecta de que un número importante de personas potencialmente dependientes no llegan a solicitar las ayudas, lo que rebaja aún más la cobertura real del sistema[1].

 

Tabla 1. Ayudas del sistema de atención a la dependencia a finales de 2019

 Número de ayudas vigentes a 31-12-2019(1)
Servicios directos
Ayuda a domicilio250.318
Teleasistencia246.617
Atención residencial170.785
Centro de día/noche96.748
Promoción autonomía y prevención dependencia60.438
Ayudas monetarias
Prestación cuidado familiar (PECEF)426.938
Prestación vinculada a servicio (PEVS)151.340
Prestación asistente personal (PEAP)7.837
TOTAL1.411.021

Notas: (1) Existen más ayudas que beneficiarios porque algunas ayudas como la teleasistencia son compatibles con otras.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISAAD.

 

La Tabla 1 muestra el tipo de ayudas vigentes al finalizar 2019, en la antesala de la pandemia. Señalemos que, del millón largo de beneficiarios que había en esa fecha, el 73% superaba los 65 años y un 41% eran mujeres de 80 o más años.

Como se refleja en los datos, la prestación más numerosa era la de cuidados en el entorno familiar, que, pese a su carácter teóricamente excepcional, aún recibían casi cuatro de cada diez beneficiarios. Este hecho constituye una de las principales disfunciones del sistema, ya que supone dejar en manos de las familias la responsabilidad del cuidado a cambio de una prestación muy exigua que, además, tiene un negativo impacto de género, pues la mayor parte del cuidado sigue siendo realizado por mujeres. Para las Administraciones Públicas constituye una solución de bajo coste, como muestra el dato que compara los porcentajes de beneficiarios y de coste total que suponen los cinco recursos principales del sistema: más del 38% de los beneficiarios son atendidos a través de la PECEF, pero estas ayudas, cuya cuantía media es de 247 euros/mes, solo suponen un 17% del coste total del sistema (ADGSS, 2020). Corregir esta situación requeriría una mayor inversión en servicios de proximidad (ayuda domiciliaria y centros de día), recursos actualmente infradotados y con baja intensidad horaria (la ayuda a domicilio proporcionada no supera las 12,5 horas semanales para un gran dependiente, la situación más extrema), así como ampliar la oferta de atención residencial para los casos más graves.

La atención residencial representa la situación opuesta a la PECEF: solo un 16% de los beneficiarios reciben cuidados en residencias públicas o concertadas, pero el coste de esas plazas representa casi la mitad del coste total del sistema (aunque las familias contribuyen al mismo con el copago). Las plazas disponibles en España por cada mil personas de 65 años son inferiores a las existentes en la mayoría de los países europeos (OCDE, 2019) y no cubren la demanda efectiva de atención residencial, por lo que algunas administraciones autonómicas han optado por potenciar (como situación transitoria o incluso definitiva) la prestación vinculada al servicio (PEVS), que fue concedida al 13% de los beneficiarios en 2019. Aunque el cheque-servicio puede cubrir también ayuda domiciliaria o centros de día, la ADGSS estima que entre el 70% y el 80% de las PEVS se utilizan como ayudas para financiar residencias privadas. Estas ayudas para residencias tienen una cuantía media de unos 550 euros al mes, por lo que las familias tienen que aportar de su bolsillo una parte sustancial del coste del cuidado (ADGSS, 2020).

La calidad de la atención residencial prestada a nuestros mayores ha estado en el punto de mira desde hace tiempo, cobrando un especial protagonismo durante la pandemia. Una debilidad clara del sistema es el tamaño excesivo de los centros, que dificulta la personalización del cuidado: más del 51% de las plazas se localiza en macro-residencias con más de 100 camas. Además, el modelo de atención no se ha renovado ni adaptado a las necesidades y preferencias de las personas mayores y sus familias, y existe un escaso control de la calidad de la atención prestada (comidas, espacios, atención sanitaria, ocio, etc.). Esto último resulta crucial si tenemos en cuenta que el sector público gestiona directamente solo una minoría de centros, pese a financiar (aunque de forma insuficiente) más de la mitad de las plazas disponibles, según los datos de la Estadística de Servicios Sociales dirigidos a las Personas Mayores elaborada por el IMSERSO.

3 – La atención a la dependencia en la era COVID: algunas cifras clave

La pandemia llego a España en un momento en el cual las cifras de la atención a la dependencia parecían mostrar una nueva ralentización, debido al retraso en la aprobación de los aumentos presupuestarios requeridos para agilizar y mejorar el sistema. En este contexto, resulta de interés analizar el efecto de la crisis del COVID sobre las grandes cifras del SAAD. Los datos de gestión más recientes del SAAD, aunque insuficientes para conocer a fondo el impacto real de la pandemia, sugieren ya algunos efectos importantes al menos en tres ámbitos: las solicitudes recibidas y resueltas, las prestaciones reconocidas y concedidas, y la estructura de las ayudas otorgadas.

a) Menos solicitudes y resoluciones

El Gráfico 2 muestra que se ha producido un importante retroceso en los ocho meses transcurridos desde finales de enero hasta finales de agosto, tanto en las solicitudes como en las resoluciones de expedientes de valoración. La disminución se concentra en los meses de abril, mayo y junio, cuando el número de expedientes de solicitud activos disminuyó en casi 50.000 personas. La cifra de expedientes resueltos, por su parte, siguió una tendencia similar (la tasa de resolución se mantuvo constante en un valor próximo al 92%).

 

Gráfico 2. Solicitudes y resoluciones del sistema de atención a la dependencia

Fuente: Elaboración propia con datos del SISAAD.

 

Existen varios factores que pueden explicar esta evolución. Por un lado, la reducción en el número de solicitudes podría reflejar una desconfianza en el sistema, especialmente acusada en el caso de la atención residencial, dadas las situaciones de precariedad puestas de manifiesto durante la primera ola de la pandemia. Por otro lado, el confinamiento pudo dificultar y retardar la presentación de solicitudes por parte de personas que querían hacerlo (aunque no se aprecia una clara recuperación de las cifras tras finalizar el estado de alarma). Por último, la reducción puede reflejar, en parte, el exceso de mortalidad de las personas ya registradas en el sistema al iniciarse la pandemia (ya que las cifras reflejan el número de expedientes activos, que cada mes se actualizan con las nuevas altas, pero descuentan las bajas).

b) Se reduce el “limbo” de la dependencia sin que aumenten los beneficiarios

A finales de agosto de 2020 había casi 1.350.000 personas en situación de dependencia reconocida, de las cuales 1.111.792 percibían alguna prestación o servicio. Las 234.577 restantes eran personas con derecho reconocido a la espera de recibir prestación. Ello implica una lista de espera del 17,4% de las personas con derecho a ayuda (Gráfico 3). Son tres puntos menos que en el mes de marzo, cuando casi el 20% de los dependientes se encontraban en el llamado limbo de la dependencia: unas 36.000 personas menos, por tanto.

 

Gráfico 3. Dependientes con derecho reconocido, dependientes atendidos y porcentaje de dependientes reconocidos en lista de espera para recibir servicios o prestaciones

Fuente: Elaboración propia con datos del SISAAD.

 

La valoración de este descenso en la lista de espera debe hacerse con cuidado en un contexto de caída en el número de solicitudes, que implica menos presión sobre el sistema. Además, la disminución del limbo se debe, en parte, a los numerosos fallecimientos ocurridos en el período considerado. La propia AGDSS alerta de que en los primeros ocho meses de 2020 han fallecido 35.277 personas que formaban parte de la lista de espera, 5.000 más que la cifra total registrada en el conjunto del año 2019. El número de personas beneficiarias de ayuda es actualmente inferior en unas 10.000 personas al existente a finales del mes de marzo, lo que implica que las personas fallecidas no han sido ni siquiera reemplazadas por las que están en lista de espera. Ello entraña, a juicio de José Manuel Ramírez, el director de la ADGSS (Remacha y Oliveres, 2020), un recorte encubierto de los servicios de atención a la dependencia. Madrid es, seguida de Cataluña, la región en la que más ha disminuido la cifra de beneficiarios.

c) Menos servicios públicos y más cuidado familiar

Desglosando por tipo de prestación o servicio se aprecia un claro retroceso de la atención residencial, con cerca de 15.000 usuarios menos en los meses considerados (una caída de casi un 9% sobre la cifra inicial), habiéndose reducido también en cierta medida el número de servicios de Ayuda a Domicilio y, sobre todo, la atención en Centros de Día. Paralelamente, ha aumentado en más de 15.000 el número de ayudas económicas para el cuidado en el entorno familiar y en más de 3.000 las ayudas para la contratación de servicios privados (Tabla 2).

 

Tabla 2. Número de prestaciones y servicios de atención a la dependencia por tipo (1)

Ayuda a DomicilioCentros Día/NocheAtención ResidencialPrestación vinculada al servicioPrestación cuidados entorno familiar
Enero 2020250.98296.501170.587150.982427.953
Febrero 2020251.81296.527171.119152.650429.060
Marzo 2020249.88396.171168.888153.361431.383
Abril 2020246.90495.401163.429153.889432.522
Mayo 2020243.50894.649157.045152.012434.964
Junio 2020243.91793.709154.924153.010439.579
Julio 2020245.39092.720155.405154.517443.200
Agosto 2020246.08091.978155.786154.279443.133
Variación enero/agosto-4.902-4.523-14.801+3.297+15.180

Notas: (1) Se excluyen las prestaciones por teleasistencia y prevención de la dependencia, que se otorgan casi siempre de forma complementarias a otras prestaciones, así como también la muy minoritaria prestación económica por asistente personal.

Fuente: Elaboración propia con datos del SISAAD.

 

En definitiva, en el actual contexto de crisis sanitaria se ha optado de nuevo por favorecer las PECEF en detrimento de los servicios profesionales. Como han señalado recientemente Navarro y Pazos (2020), durante el confinamiento no solo no se fortalecieron los servicios públicos de cuidado, sino que muchos se suspendieron. Así, se cerraron los centros de día para la atención a personas dependientes y se redujeron sustancialmente los servicios de ayuda a domicilio (en la Comunidad de Madrid se mantuvieron solo los servicios mínimos para los dependientes de grado III y para los de grado II sin apoyo familiar). Desde el lado de la demanda, cabe sospechar que la evolución de la mortalidad por COVID en las residencias de mayores, que agravó una situación que ya se venía denunciando como insostenible, hizo que muchas familias optaran por acoger en casa a sus dependientes.

4 – ¿Cómo podemos lograr un sistema mejor?

La actual emergencia social acentúa el déficit estructural en materia de atención a la dependencia en nuestro país. Según los datos de la OCDE (2019), España dedica solamente el 0,7% del PIB a cuidados de larga duración (frente al 3,2% de Suecia, el 1,9% de Francia o el 1,5% de Alemania) y la situación sanitaria ha puesto de manifiesto la urgencia de desarrollar estos servicios esenciales que constituyen el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar.

El sistema actual, pese a establecer el derecho de las personas dependientes a ser atendidas, no garantiza una atención suficiente y de calidad, vulnerando los derechos de las personas implicadas que, en buena medida, se ven obligadas a suplir de manera individual las deficiencias del sistema. Parece imprescindible una transformación radical del modelo actual y el diseño de un nuevo sistema que subsane las deficiencias del actual. Para ello resulta esencial que el sistema se base en servicios prestados directamente por el sector público y cuente con los recursos económicos necesarios.

Como se expone con detalle en Martínez, Roldán y Sastre (2018), consideramos que el sistema debe basarse en los principios básicos de: i) carácter público, ii) universalidad, iii) cobertura y atención suficiente, iv) prestación directa de servicios, v) empleo público, vi) gratuidad del cuidado, vii) equidad de género, y viii) equidad interterritorial[2]. Todo ello requiere aumentar la inversión social y modificar el uso de los recursos públicos, para garantizar la universalidad real, aumentar la intensidad protectora y financiar con cargo a impuestos, sin copagos excluyentes, los cuidados ofrecidos por el sistema, cubriendo la participación de los usuarios los costes de alojamiento y manutención que entrañan las soluciones institucionales (centros de día, residencias, etc.), siempre en función del nivel de renta de los beneficiarios.

Paralelamente, es preciso reforzar y diversificar la oferta pública de servicios. El sistema propuesto excluye los pagos monetarios directos a los dependientes y sus cuidadores informales, por tratarse de uno de los elementos del diseño actual que más ha distorsionado su funcionamiento.

Estimaciones recientes (Navarro y Pazos, 2020) muestran que mejorar la cobertura actual del sistema en la línea de lo expuesto requeriría, además de proporcionar servicios a las personas en lista de espera y con expedientes en proceso de valoración (unas 430.000 a finales del 2019) y mejorar la intensidad y calidad de la atención prestada, incluir en el sistema a unas 400.000 personas dependientes que se estima que no han solicitado la ayuda por diversas razones. La implantación de un sistema como el descrito requeriría una importante inyección de recursos, en torno a los 11.680 millones euros según las estimaciones de Navarro y Pazos (2020), de los que se recuperarían 4.719 millones por impuestos y cotizaciones derivados de los nuevos empleos (aproximadamente medio millón). El potencial del sistema de atención a la dependencia como nicho de empleo digno, no contaminante, no deslocalizable y esencial para el bienestar constituye en sí mismo un argumento importante en un país como España, con un problema crónico de elevado desempleo.

Una reforma fiscal que redujese sustancialmente las numerosas, inconexas y a menudo regresivas desgravaciones fiscales relacionadas con la edad, la dependencia y la discapacidad podría lograr un ahorro fiscal de unos 2.140 millones de euros, lo que, teniendo en cuenta los retornos, podría llegar a rebajar sustancialmente la necesidad de recursos adicionales. Son cifras, obviamente, difíciles de asumir a corto plazo, y menos aún en el incierto escenario económico generado por la pandemia, pero resulta razonable si el cambio de sistema se implementa en un plazo temporal de unos 10 años, con un plan de choque para las mejoras más prioritarias.

5 – Conclusiones

El cuidado de las personas mayores dependientes en España constituye una necesidad social postergada a la que el sistema implantado tras la ley de Dependencia del año 2006 no ha conseguido dar respuesta. La cobertura real es baja, el proceso para obtener las ayudas, largo y farragoso, y los servicios prestados son insuficientes y no garantizan una atención adecuada. Se ha primado el cuidado informal en el seno del hogar como alternativa de bajo coste al desarrollo de unos servicios públicos bien dotados, tanto en entornos de proximidad (ayuda a domicilio y centros de día) como en residencias. Existen, además, grandes desigualdades territoriales en el funcionamiento del sistema y la información es escasa y no siempre homogénea.

La mejora en la calidad de la atención residencial constituye una necesidad prioritaria, ya que es el recurso que cubre a los dependientes más vulnerables. La elevada letalidad en estos centros durante la pandemia del COVID-19 avala las tesis de quienes vienen reclamando hace tiempo una revisión a fondo del modelo residencial, para hacerlo más atractivo y seguro. La infradotación de recursos del sistema de atención a la dependencia ha contribuido a agravar el impacto negativo de la pandemia en la vida de las personas mayores, debido al cierre de recursos de proximidad y al retroceso de una atención residencial a la que las familias miran ahora aún con mayor desconfianza.

Para revertir la situación se necesitan recursos económicos, pero también prioridad política.  El coste de un buen sistema de atención a la dependencia es obviamente superior al del modelo actual, pero es asumible si se tienen en cuenta los importantes retornos en términos de empleo, económicos y financieros y se revisan los incentivos fiscales relacionados con la discapacidad y la dependencia. Es en último término la sociedad, a través del sistema político, la que debe decidir qué modelo de protección de la dependencia quiere y cuál es el precio que está dispuesta a pagar.

6 – Referencias

ADGSS (2020). XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia. Madrid: Asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Martínez, R., Roldán, S., & Sastre, M. (2018). La atención a la dependencia en España. Evaluación del Sistema actual y propuesta de implantación de un Sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, 5/2018.

Martínez, R., Roldán, S., & Sastre, M. (2020). “Dependencia, territorio y desigualdad”, en Ayala, L. & Ruiz-Huerta, J. [dirs.], Cuarto Informe sobre la Desigualdad en España (próxima publicación), Madrid: Fundación Alternativas.

Navarro, V., & Pazos, M. [coordinadores] (2020). El Cuarto Pilar del Estado del Bienestar: una propuesta para cubrir necesidades esenciales de cuidado, crear empleo y avanzar hacia la igualdad de género. Documento de Trabajo de la Universidad Pompeu Fabra. Recuperado de: https://www.upf.edu/documents/3943251/0/INFORME+-+4%C2%BA+Pilar+del+Estado+del+Bienestar/80828c07-ae14-8419-2225-f18c2744fb93

OCDE (2019). Health at a Glance 2019: OECD Indicators. París: OCDE. https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en.

Remacha, B. & Oliveres, V. (2020). “Las muertes de personas en espera de ayuda por dependencia durante la pandemia ya superan las de todo 2019”, elDiario.es, 15 septiembre 2020. https://www.eldiario.es/sociedad/muertes-personas-espera-ayuda-dependencia-durante-pandemia-superan_1_6223314.html

[1] Según estimaciones basadas en la Encuesta Nacional de Salud de 2017 (Martínez, Roldán y Sastre, 2020) en torno al 15% de la población mayor de 65 años estaría en condiciones de solicitar ayuda del sistema de dependencia, aproximadamente 1,4 millones de personas mayores dependientes. Extrapolando esta cifra a la población total obtendríamos una cifra global de dependientes potenciales de 1,9 millones de personas.

[2] Como se desarrolla con mayor detalle en Martínez, Roldán y Sastre (2020), la atención a la dependencia muestra grandes diferencias entre territorios, que generan situaciones contrarias al principio de igualdad.

 

 

Número 6, 2020
A fondo

Las dificultades para habitar en la vejez

Irene Lebrusán Murillo

Doctora en Sociología. Institute for Global Law and Policy (Harvard University) & Colaboradora Honorífica Instituto TRANSOC (Universidad Complutense de Madrid)

Puedes encontrar a Irene Lebrusán en Twitter, Facebook y Linkedin.

 

1 – Introducción

El aumento de la longevidad es uno de los mayores logros de nuestra sociedad: no solo tenemos una esperanza de vida -83 años- muy superior a la mayoría de países, sino que cada vez son más numerosas las cohortes que llegan a edades avanzadas. En 2020, más de 9,2 millones de personas en España han alcanzado, al menos, los 65 años, y más de 2,8 millones superan los 80 (datos INE). Además, la experiencia de la vejez de estas personas dista enormemente de la de las vejeces del pasado pues, en su mayoría, llegan a avanzadas edades con condiciones físicas y económicas que les permiten experimentar una vejez autónoma e independiente.

La manifestación de esta independencia no debemos buscarla en una disminución de la población en residencias, pues en nuestro país siempre ha tenido un peso menor en la resolución de las necesidades habitacionales de los mayores (alrededor del 3,2%), sino en la creciente preferencia por permanecer en el propio hogar de forma independiente. Así, no solo se han reducido los hogares intergeneracionales, sino que mucho más han aumentado los hogares unipersonales entre los 65+[i]. La permanencia en el propio hogar a medida que se envejece ha recibido gran atención en la literatura internacional, bajo el concepto ageing in place (envejecer en el lugar o en la vivienda) que ha demostrado tener múltiples beneficios para la persona mayor.

Sin embargo, la cuestión de la vivienda ocupada no ha recibido la atención necesaria. Lo cierto es que, aunque la calidad residencial ha mejorado entre los mayores en los últimos años, determinados problemas no han sido aún resueltos para todos los hogares, poniendo en riesgo los beneficios de la permanencia en el entorno conocido o, incluso, la misma permanencia. Tampoco se reflexiona lo suficiente sobre el hecho de que no solo cambian los hogares (su forma, sus necesidades, capacidades y deseos), sino que también lo hace el entorno residencial.

Este artículo reflexiona sobre la importancia que tiene la vivienda en el proceso de envejecimiento y los diferentes desajustes que aparecen en el proceso de envejecer en relación con la vivienda y el entorno en España. Se plantean las dos dimensiones principales (que no únicas) que ponen en riesgo la continuidad en el entorno conocido y deseado por las personas que tienen más de 65 años en España (umbral establecido convencionalmente de entrada en la vejez).

2 – La importancia de envejecer en la vivienda y en el espacio conocido

En consonancia con la mayor longevidad y la mayor autonomía referidas, las personas prefieren vivir de forma autónoma en su propia vivienda hasta edades muy avanzadas, y si pueden, hasta el momento de su muerte [ii].

La preferencia a permanecer en casa a medida que se envejece no solo es mayoritaria, sino que es positiva para la salud y para el bienestar, incluso para quienes se encuentran en situación de dependencia[iii]. Además, permanecer en el lugar conocido cumple una importante función psicosocial, pues se configura como parte de la representación social [iv] y resulta fundamental en la autodefinición[v] [vi], anclando las identidades de las personas y generando un sentido de pertenencia [vii]. Su trascendencia es aún mayor durante la vejez, pues no solo es un elemento clave en la calidad de vida y bienestar [viii] [ix], sino que contribuye a situar la identidad durante esta etapa vital para la que no solemos estar preparados.

La cuestión identitaria es especialmente relevante debido a que la ausencia de socialización de cara a la vejez[x] hace que envejecer se convierta en un desafío para la identidad [xi], siendo difícil de definir y, en ocasiones, de afrontar. De ahí que la continuidad en el entorno conocido (donde conozco y me conocen) cumpla una función fundamental de conexión entre la vejez y las etapas anteriores y, por lo tanto, con la propia identidad.

Por último, el envejecimiento en el hogar implica una decisión activa y la expresión fáctica de un deseo, simbolizando así control sobre la propia vida y permitiendo experimentar la vejez como una etapa de continuidad, añadida a las demás y no yuxtapuesta[xii]. En este sentido, se considera que la permanencia en la vivienda, continuar siendo independiente y evitar la ruptura con esa identidad espacial es clave en la redefinición y experiencia en positivo de esa nueva vejez referida. Por último, que las personas mayores permanezcan en sus casas es la opción más económica para el Estado [xiii].

No obstante, las características de las viviendas ocupadas pueden convertirse en un impedimento para dicha permanencia y sus beneficios, teniendo la vivienda deficiente un efecto extremadamente negativo sobre la salud en la vejez y asociándose a una mayor morbilidad [xiv].

3 – Poder continuar en el espacio conocido

El análisis estadístico y el trabajo cualitativo[xv], que incluyó entrevistas y visitas a las viviendas, reveló aspectos relacionados con la habitabilidad de la misma, el edificio y el entorno que podían poner en serio peligro la continuidad en el espacio conocido y el bienestar. La primera dimensión serían las propias características y el estado de la vivienda, que, como señala la OMS, condicionan no solo la equidad social sino la sanitaria. En segundo lugar, nos encontramos con lo que hemos denominado la asequibilidad económica, afectada por los condicionantes de contexto (dimensión económica o coste de habitar) y con formas de solidaridad familiar descendiente que pueden reducir los recursos destinados al bienestar residencial.

a) La dimensión imprescindible para continuar en el entorno conocido: las condiciones residenciales

A pesar de la mejora en materia de vivienda en el periodo 1991-2011[xvi], en investigaciones anteriores constatamos que, en España, 1.596.675 personas mayores de 65 años sufrían vulnerabilidad residencial extrema (el 20,1%)[xvii]. Esta situación de riesgo no venía determinada tanto por la acumulación de muchas carencias o categorías negativas de bajo impacto sino por la existencia de problemas muy graves de habitabilidad. Incluso cuando los problemas no se acumulaban, algunos mayores experimentaban problemas de gravedad que impediría cualquier bienestar en la vejez:

 

Tabla 1: Problemas detectados en las viviendas y número de personas mayores de 65 años a las que afectan (España, 2011)

Fuente: adaptación de Lebrusán Murillo, I. (2019: 140)[xviii].

 

Puesto que aún no tenemos un nuevo Censo, desconocemos si estos datos han mejorado. No obstante, es poco probable que hayan podido solucionar aquellos problemas de gravedad que no se solucionaron durante la vida laboral. Por otra parte, la consulta de otras estadísticas, y aun no existiendo variables comparables, ponen en duda esta posibilidad. Según la EU-SILC, en 2018, más de 55.000 personas mayores en España (el 0,6%) sufrían graves carencias en su vivienda, aumentado hasta el 1,8% de quienes vivían bajo el umbral de la pobreza. Además, más de 18.000 carecen tanto de inodoro como de bañera o ducha en el interior de su vivienda (el 0,4% de quienes sufrían más pobreza) y el 13,5% del total de personas mayores sufren goteras, humedades o podredumbre, y la cifra se eleva hasta los 20,6% para quienes están bajo el umbral de pobreza y tienen más de 65 años.

Las personas mayores que sufren estas condiciones tan extremas de privación residencial y no cuentan con mecanismos (o recursos) para solucionarlas, desarrollan a menudo diferentes mecanismos de autodefensa. El acercamiento cualitativo permitió constatar una fuerte disonancia con la percepción o dimensión subjetiva de la vivienda: las personas afectadas por condiciones residenciales que ponían en riesgo la continuidad en el entorno conocido minimizaban su impacto en la vida cotidiana e, incluso, consideraban las condiciones de la vivienda mejores de lo que eran desde un punto de vista objetivo. En ocasiones, esta percepción era el resultado del contraste o contraposición con la historia residencial previa. Por ejemplo, haber vivido situaciones de exclusión residencial (especialmente en el caso del chabolismo) se planteaba como una mejora inequívoca en la situación personal, minimizando así el impacto de situaciones residenciales objetivamente intolerables. En otras ocasiones, la negación del problema surgía para evitar el riesgo de perder la autonomía e incluso, como un mecanismo de defensa psicológica ante la situación de vulnerabilidad. Esta podía ser tan extrema que las personas que la sufrían no solicitaban ayudas públicas a las que hubieran podido acceder, entre otras cosas, por vergüenza o por reducir el riesgo a ser sacados de su hogar. Por último, se constató que, a mayor apego, mejor consideración subjetiva de la vivienda, pero especialmente, mayor rechazo a reconocer la mala situación objetiva de la vivienda.

b) La segunda dimensión: la asequibilidad económica y la capacidad de hacer frente a los gastos esperados e inesperados

Esta dimensión refiere los gastos relacionados con la vivienda y su mantenimiento, incluyendo tanto costes derivados de la propia tenencia (alquiler o pagos de hipoteca pendientes), el habitar (servicios como el agua, la luz…) como otro tipo de gastos planificables (IBI, gastos de comunidad) o inesperados (derramas o rehabilitación tanto de la vivienda como del edificio). Cabría pensar que la seguridad económica que potencialmente proporcionaría la pensión permite afrontar con soltura estas cuestiones al conjunto de los mayores, pero esto no es cierto para todos ellos: el 3,7% de los 65+ sufren sobrecarga del costo la vivienda, cifra que aumenta hasta el 16,5% entre aquellos bajo el umbral de la pobreza (Eurostat-SILC). Además, el 43,9% de los mayores experimenta al menos cierta dificultad para llegar a fin de mes (ECV, INE).

Más complejas de cuantificar resultan otras cuestiones. Concretamente, lo que denominaremos sobrecoste de la localización apareció en varios testimonios como una amenaza a la continuidad en el barrio. Este sobrecoste se presenta asociado al habitar en algunas ciudades, pudiendo aumentar en función de la localización concreta de la vivienda en la ciudad y como resultado de algunos procesos urbanos, como la gentrificación y la turistificación. Cuando un espacio sufre este cambio poblacional, es habitual que el tejido comercial pierda su carácter previo y se adecúe a las demandas de la nueva población, dejando de dar cobertura a las necesidades de los mayores que viven en el área. Ejemplo serían la sustitución de comercios tradicionales por comercios gourmet, poco asequibles, por comercios étnicos (económicamente accesibles, pero con una oferta que no da respuesta a la demanda de las personas mayores) o por comercio especializado y de grandes superficies que sustituye al comercio de proximidad. Esto provoca largos desplazamientos para la compra diaria o un encarecimiento de la cesta de la compra inasumible para ciertas economías. En definitiva, los mayores quedan aislados económicamente. Este tipo de aislamiento puede suponer, en el largo plazo, un inevitable abandono del barrio.

La dimensión más económica del habitar puede verse afectada por efectos derivados de la solidaridad familiar (rasgo característico estructural de la sociedad española) al reducir los recursos propios. Ante las necesidades de los descendientes (desempleo, un revés económico, una separación) la cantidad de recursos económicos disponibles para mejorar o rehabilitar la vivienda o dar respuesta a nuevas necesidades, queda reducida. En ocasiones, la manifestación de la solidaridad familiar va más allá de la transferencia económica puntual y puede producirse la vuelta al hogar de hijos ya emancipados, en ocasiones acompañados de sus propias familias, con la consiguiente reducción en los recursos del hogar mayor. Una última manifestación constatada entre personas de mejor situación socioeconómica sería la pérdida de recursos inmobiliarios al ceder la segunda residencia a los hijos en necesidad de vivienda, lo que supone dejar de contar con una posible forma de financiar necesidades que surgen en la vejez.

4 – Conclusiones

Las personas mayores desean y deciden permanecer independientes y, a poder ser, en su vivienda, frente a otras opciones o alternativas residenciales. Como hemos señalado, esta permanencia tiene numerosos aspectos positivos. Sin embargo, no todas las viviendas reúnen las características necesarias para que esta permanencia sea positiva o posible. Algunas viviendas no reúnen características adecuadas para un envejecimiento de calidad, y un número nada desdeñable incumple los parámetros mínimos para residir en ellas. Por otra parte, e incluso sin analizar las características urbanísticas del entorno y la accesibilidad, a veces la permanencia en el entorno no es posible debido a procesos ocultos de expulsión derivados de la lógica económica.

Cuando analizamos la situación residencial de las personas que tienen más de 65 años, estamos haciendo referencia al proceso vital de habitar. Esto significa que la referencia sincrónica contiene en realidad un proceso social y temporal de amplio alcance: es el resultado de una trayectoria residencial durante el ciclo del hogar que no siempre ha podido ser resuelta de forma efectiva. Obviar esta realidad supone dejar de lado las necesidades de un grupo amplio de población: en la heterogeneidad del grupo 65+, cada vez más numeroso, se esconden situaciones residenciales diversas, no siempre adecuadas y que ponen en riesgo el deseo de continuar en el espacio deseado, con las consecuencias que eso tendría en el bienestar de estas personas y en su identidad espacial y personal. El hecho de llevar toda una vida en el sistema residencial parece no ser una garantía para tener una vivienda adecuada y de calidad. Esta es una cuestión clave al reflexionar sobre la situación de las personas mayores y sobre su capacidad para continuar formando parte del entorno que conocen (y donde son reconocidos).

Las reflexiones que se han presentado invitan a repensar la forma en la que se deben abordar las necesidades residenciales en la vejez, en la importancia que tienen para la permanencia en la vivienda y el espacio conocido de las personas mayores y qué mecanismos, objetivos o subjetivos, pueden estar interviniendo en las relaciones disfuncionales que un grupo de personas experimenta con su vivienda durante la vejez.

5 – Referencias bibliográficas

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Lebrusán Murillo, I. (2019) “Mientras pueda, en mi casa”. Envejecer en Sociedad, CENIE (2019). https://cenie.eu/es/blogs/envejecer-en-sociedad/mientras-pueda-en-mi-casa

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[i] Zamora López, F., Barrios, L., Lebrusán, I., Parant, A., & Delgado, M. «Households of the elderly in Spain: Between solitude and family solidarities.» Ageing, Lifestyles and Economic Crises. Routledge, 2017. 135-148.

[ii] Fernández-Carro, C. (2014) ‘Ageing in Place’ in Europe a multidimensional approach to independent living in later life. Universitat Autònoma de Barcelona.

[iii] Pinzón-Pulido, S. A. (2016). Atención residencial vs. atención domiciliaria en la provisión de cuidados de larga duración a personas mayores en situación de dependencia. Tesis doctoral. Sevilla: Universidad de Sevilla

[iv] Milgram, S. (1984). Cities as social representations. Social representations, 289-309.

[v] Proshansky, H., Fabian A., & Kaminoff, R. (1983). Place identity: Physical world socialization of the self. Journal of Environmental Psychology 3. 57-83.

[vi] Valera, S., & Pol, E. (1994). El concepto de identidad social urbana: una aproximación entre la psicología social y la psicología ambiental. Anuario de psicología/The UB Journal of psychology, (62), 5-24.

[vii] Preece, J. (2020). Belonging in working-class neighbourhoods: dis-identification, territorialisation and biographies of people and place. Urban Studies, 57(4), 827-843.

[viii] Rowles, G. D. (1993). Evolving images of place in aging and ‘aging in place’. Generations, 17(2), 65-70.

[ix] Oswald, F., & Kaspar, R. (2012). On the quantitative assessment of perceived housing in later life. Journal of Housing for the Elderly, 26(1-3), 72-93.

[x] Rosow, I. (1974). Socialization to old age. Univ of California Press.

[xi] Caradec, V. (2012). Sociologie de la vieillesse et du vieillissement. París. Armand Colin.

[xii] Lebrusán Murillo, I.: La vivienda en la vejez: problemas y estrategias para envejecer en sociedad. Politeya: estudios de política y sociedad, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 243 p. ISBN: 978-84-00-10546-4

[xiii] Oldman, C. (2003). Devicing, theorizing and self-justification a critique of independent living. Critical Social Policy 23:44-62.

[xiv] Saiegh, B. (2012). Relación entre las condiciones de la vivienda y mortalidad en la población española mayor de 65 años. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos.

[xv] Se realizaron 41 entrevistas y un grupo de discusión.

[xvi] Lebrusán Murillo, I. (2015) «La inadecuación residencial después de los 65 años: carencias en viviendas que no se adaptan.» Documentación social 176: 37-54.

[xvii] Lebrusán Murillo, I.: La vivienda en la vejez: problemas y estrategias para envejecer en sociedad. Politeya: estudios de política y sociedad, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 243 p. ISBN: 978-84-00-10546-4

[xviii] Ibídem

 

 

Número 6, 2020
A fondo

Análisis crítico sobre el derecho a una alimentación sostenible en el Estado Español: Retos y posibilidades

Ana Moragues Faus, investigadora de la Universidad de Barcelona

Puedes encontrar a Ana en Twitter

 

Este artículo presenta el estado de la cuestión en relación a la inseguridad alimentaria y el derecho a la alimentación en España. Para ello muestra los datos dispersos e intermitentes que tenemos en relación a esta problemática, que apuntan que más de 6 millones de personas en España viven en esta situación. Tal y como explica este artículo, para atajar esta situación es necesario adoptar un enfoque sistémico, territorializado y centrado en las personas; que nos permita no sólo llenar estómagos sino garantizar el derecho a una alimentación sostenible, que sea buena para las personas, el planeta y los territorios; y permita a las generaciones futuras alimentarse a su vez de forma sostenible.

 

1. Introducción

El sistema alimentario actual – es decir, nuestra manera de producir, transformar, distribuir, cocinar, vender, consumir alimentos y gestionar su derroche – crea enfermedad, desigualdad social y degrada la base ecológica del planeta sobre el cual se sustenta la vida. El sistema alimentario produce un tercio de las emisiones totales de gases de efecto invernadero y, por tanto, sin un cambio en la alimentación será imposible frenar la situación de emergencia climática (Clark et al., 2020). Pero existen también otros impactos ambientales vinculados a nuestra alimentación, por ejemplo, varios estudios relacionan las prácticas agrarias intensivas con la degradación de suelos y la destrucción de hábitats naturales, así como con la disminución de la biodiversidad del planeta y con los procesos de extinción masiva de especies (Scherr y Mc Neely, 2012; IPBES, 2019). Cada vez más voces abogan por una transformación de estas prácticas agrarias hacia formas más sostenibles que regeneren nuestros recursos limitados y ecosistemas, como la agroecología (FAO,2018; Farm to Fork strategy European Commision, 2020). Sin embargo, el impacto de nuestra manera de alimentarnos no acaba en el campo ni en nuestros platos, sino que, además, desperdiciamos alrededor de una tercera parte de los alimentos producidos para el consumo humano, aproximadamente 1.300 millones de toneladas en el año, el equivalente a la producción del 28% de la tierra cultivada en el mundo (FAO, 2011).

El sistema alimentario es esencial para la vida, pero también para la economía, proporcionando sustento a más de un tercio de la población mundial (OECD et al. 2013). Por ejemplo, el gasto en alimentación de los hogares españoles es superior a 105.000 millones de euros en el año, de los cuales un tercio se realiza fuera del hogar (MAPA, 2020). A pesar de ello, los beneficios económicos del sistema alimentario cada vez están más concentrados en eslabones concretos de la cadena. Se calcula que diez comercializadoras de alimentos gestionan el 90% del transporte mundial, diez empresas son responsables del 90% de la transformación de alimentos y el 30% de las ventas (distribución) están controladas por diez corporaciones (IPES-Food, 2017).

Qué alimentos comemos y cómo los producimos. Transportamos, transformamos, adquirimos, consumimos y desechamos y todo esto tiene consecuencias directas sobre nuestra salud y la del planeta, así como la capacidad de las generaciones futuras de alimentarse de forma adecuada y disfrutar de un planeta vivible.

En la actualidad, alrededor de 3.000 millones de personas sufren problemas de malnutrición en el mundo, con cifras crecientes de personas que pasan hambre (FAO et al., 2019). Los niveles de obesidad y sobrepeso se están incrementando: se calcula que si la tendencia actual continúa, en 2050 el 45% de la población mundial sufrirá sobrepeso alcanzando la cifra de los 4.000 millones de personas (Bodirsky et al., 2020). Diferentes estudios muestran cómo la incidencia de la obesidad y el sobrepeso aumenta en poblaciones con una situación socioeconómica precaria donde la falta de recursos lleva a dietas más calóricas y menos nutritivas (Drewnowski, 2009; Mullie et al., 2010). Un ejemplo de esta realidad es Barcelona, donde 65,2% de los hombres con renta muy baja sufren esta enfermedad, así como el 70,2% de las mujeres sin estudios (Bartoll et al., 2018). Este coste es personal pero también colectivo, puesto que se calcula que en el estado español el coste directo de tratar el sobrepeso asciende a 1.950 millones de euros anuales (Hernáez et al., 2018).

Esta interrelación entre los impactos socioeconómicos, ambientales y en la salud que provoca el sistema alimentario global muestra la necesidad de una transformación integral hacia una alimentación sostenible, es decir, producir, transformar, distribuir, adquirir y consumir alimentos de forma que beneficie a las personas, al planeta y a los territorios; y, a su vez, asegurando que las generaciones futuras puedan alimentarse de esta manera (Moragues-Faus, 2021).

Esta definición de alimentación sostenible se traduce en 9 dimensiones. El primer elemento es garantizar el derecho a una alimentación sostenible y, por tanto, comienza por entender quién y por qué no puede acceder a alimentos suficientes y adecuados para llevar una vida saludable y digna. Este artículo aborda el estado de la cuestión en relación a la garantía del derecho a la alimentación en España y aporta un análisis sobre los retos y posibilidades para hacer posible una alimentación sostenible para todas las personas.

2. El derecho a la alimentación: Estado de la cuestión y medición en España

Según Olivier de Schutter (ex-relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación) el derecho a la alimentación consiste en tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativa adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna. Hay una serie de elementos clave en la realización del derecho a la alimentación, concretamente, el alimento debe estar disponible, y ser accesible física y económicamente, a la vez que sea adecuado en términos de satisfacer las necesidades de dieta y ser culturalmente aceptable; así como que estas condiciones se sostengan en el tiempo (OHCHR, 2010).

El derecho a la alimentación adecuada está recogido en la legislación internacional como un derecho humano, dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Tal y como establece la Observación general 12, artículo 11 del PIDESC, el derecho a la alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Este pacto es un tratado vinculante para los estados firmantes, entre los que se encuentra España, obligados a                                                                              respetar, proteger y realizar los derechos del pacto. Sin embargo, hay una falta de traducción al marco jurídico español tal y como señala el Observatorio del Derecho a la Alimentación en España (ODA-E y ODA-ALC, 2020). Es más, este compromiso también estrechamente vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible.

Un elemento clave es cómo medimos la garantía del derecho a la alimentación y también el cumplimento del ODS2. Para ello, la Organización de Naciones unidas para la Alimentación y la Agricultura propone medir los niveles de inseguridad alimentaria en la población, utilizando la escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES por sus siglas en inglés). La inseguridad alimentaria se define como la falta de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable (FAO,2021) y este instrumento permite una medición que determine la gravedad de la inseguridad alimentaria en función de las respuestas directas de la población. Esta escala incluye desde la preocupación por no tener suficientes alimentos, a comprometer la calidad de los mismos por falta de recursos y finalmente reducir la cantidad de alimentos y experimentar hambre (FAO, 2021). Esta medición la utilizan organismos internacionales y cada vez más agencias públicas para entender el estado de la inseguridad alimentaria de su población.

A nivel global, existía una tendencia clara a la baja en relación a la incidencia de la inseguridad alimentaria, tanto en términos absolutos como relativos, hasta mediados de la última década, cuando esta reducción se detuvo y empezó a aumentar ligeramente. En 2020 se calcula que 768 millones de personas sufrieron hambre, 118 millones más que en 2019 (FAO et al., 2021).

Estas estadísticas se realizan también en países de rentas medias y altas, pero con muestras limitadas, como es el caso de España donde también existe una sobrerrepresentación de clases altas en la muestra encuestada. Por ejemplo, en el caso de Canadá los datos de la FAO muestran que el país tiene un 5% de población afectada por inseguridad alimentaria mientras que las estadísticas nacionales usando la misma escala muestras un nivel del 12,5% (Tarasuk y Mitchell, 2020). En España, estos niveles no se miden de forma rutinaria por agencias púbicas como el Instituto Nacional de Estadística, por tanto, la información sobre los niveles de inseguridad alimentaria se basa en otras mediciones y experiencias que sólo nos permiten una aproximación parcial a la problemática (ver Moragues-Faus et al. 2022 para un análisis más detallado).

En este sentido, cabe destacar los estudios que utilizan la FIES. En primer lugar, la medición reciente de la incidencia de la inseguridad alimentaria en España, antes y durante la COVID-19, mediante una encuesta representativa a hogares que muestra que el 13,3% de la población tiene dificultades para acceder a una alimentación suficiente en calidad y/o calidad para disfrutar de un desarrollo normal y una vida digna (Moragues-Faus y Magañá-González, 2022). En otros niveles territoriales, como es el caso del País Vasco, también se ha utilizado esta escala, que han incorporado esta medida a sus estadísticas rutinarias o la medición puntual realizada en Barcelona, donde contrasta que, en 2016, el 8,6% de la población sufría esta condición, pero con enormes diferencias por barrios, donde por ejemplo en Ciutat Vella el 23,1% de la población no tiene acceso a una alimentación adecuada (Bartoll et al., 2018).

Es por tanto necesario incluir estas mediciones en estadísticas nacionales rutinarias que nos permitan monitorear el estado de la inseguridad alimentaria en España, mostrando grados de vulnerabilidad en diferentes grupos poblacionales y territorios. Estas mediciones nos ayudarían a diseñar medias efectivas, así como a entender el impacto de programas y acciones concretas. Lo que no se mide no se gestiona, y se mantiene invisibilizado en la agenda pública y política. Sin embargo, no solo es importante conocer las experiencias vinculadas a la inseguridad alimentaria sino también replantearnos qué medimos y por tanto cuáles son las necesidades de las personas, cómo se cubren y en última estancia, qué mundo deseamos. Por ejemplo, ¿un niño o niña debería poder tener una tarta de cumpleaños? ¿y una familia poder invitar un número determinado de veces al año a familiares o amigos a casa y ofrecer algo de comer? Estas son preguntas que nos emplazan a mirar no solo a nuestras necesidades biológicas, también a la alimentación como un hecho social y cultural central en nuestro bienestar psicológico y emocional.

3. Garantizar el derecho a la alimentación sostenible: un enfoque sistémico, territorial y centrado en las personas

En este contexto, es esencial garantizar no solo el derecho a una alimentación adecuada sino a una alimentación sostenible, que sea buena para las personas, el planeta y los territorios; y permita a las generaciones futuras alimentarse a su vez de forma sostenible. Para realizar esta transformación es necesario adoptar un enfoque sistémico, poniendo a las personas y sus derechos en el centro, así como reconociendo el carácter único de cada territorio. En primer lugar, un enfoque sistémico implica reconocer que el sistema alimentario está formado, por un lado, por actividades diversas de preproducción, producción, transformación, distribución, transporte, consumo, venta y gestión del desperdicio; y, por otro, involucra a varios sectores y competencias, como la salud, economía, medio ambiente, servicios sociales, planeamiento, agricultura, ganadería y pesca, consumo, mercados, etc. Es más, estas actividades y sectores se relacionan a través de diferentes territorios y niveles administrativos.

El enfoque sistémico nos ayuda a reconocer las relaciones e interdependencias entre diferentes eslabones de la cadena alimentaria, diferentes sectores, actores y escalas administrativas. Reconocer estas interdependencias es necesario para afrontar de manera efectiva las transformaciones del sistema alimentario, identificar conflictos, y cómo diferentes aspectos se ven afectados cuando aplicamos políticas y programas concretos (Haddad et al., 2016; Fanzo et al., 2020). Por ejemplo, la necesidad de transitar hacia formas de producción ecológicas y agroecológicas requiere de la remuneración justa de las personas productoras de estos alimentos ante la externalización de costes sociales y de salud actual ligados a la producción convencional, y requerirá de cambios en múltiples sectores, desde las empresas de agroquímicos a la cantidad de recursos que los hogares destinan a la alimentación, afectando por tanto a salarios en términos generales pero también otros gastos como el coste de la vivienda.

¿Cómo navegamos un sistema tan complejo? Empezamos por las personas, poniéndolas en el centro en la hora de entender los retos a los cuales nos enfrentamos y coproducir soluciones efectivas y empoderadoras. Poner a las personas en el centro significa reconocer el derecho a la alimentación sostenible como un derecho humano y garantizarlo como elemento necesario para vivir una vida sana, libre de angustia, satisfactoria y digna (Anderson, 2008). Poner a las personas en el centro nos permite reconocerlas como agentes de cambio, con capacidad de transformación y entender la diversidad de situaciones, necesidades y demandas que existen en nuestro sistema. Por ejemplo, las necesidades de una familia monomarental en el centro de una ciudad con un trabajo precario y poco tiempo disponible será muy diferente a las necesidades de una persona mayor sola en una zona rural.

Finalmente, es necesario realizar análisis situados en el territorio, puesto que cada lugar tiene un contexto ecológico, cultural, social, económico y político particular, el cual confiere una serie de recursos y oportunidades, pero también limitaciones y retos (Sonnino et al., 2016). Por ejemplo, algunas ciudades del área metropolitana no disponen de suelo agrícola y, por tanto, la producción de proximidad depende de otros territorios. Sin embargo, tienen una gran capacidad de incrementar la demanda de producto de proximidad, agroecológico y ecológico en sus numerosos comedores colectivos, pero también mercados y tiendas. Otros lugares tienen puertos de pesca desde donde promover la protección de flotas locales y artes de pesca más sostenibles. Hay municipios que tienen infraestructuras clave para el sistema alimentario metropolitano o incluso nacional como mercados de abastos de alcance internacional, mientras otras pueden experimentar con proyectos a pequeña escala donde involucrar directamente a las vecinas. Reconocer esta diversidad territorial y buscar sinergias sobre la misma es esencial para desarrollar políticas y acciones efectivas que garanticen el derecho a la alimentación sostenible.

4. Retos y posibilidades

A pesar de la necesidad y la importancia de garantizar el derecho a una alimentación sostenible nos enfrentamos a una serie de retos:

En primer lugar, es necesario un cambio discursivo alrededor de qué significa la inseguridad alimentaria, o como se expresa muchas veces, la pobreza alimentaria. Ésta no es simplemente un problema logístico de acceso a calorías, sino que está vinculada a procesos estructurales que generan desigualdad económica y en términos de salud, así como vulnerabilización social. Adoptar este enfoque sistémico, territorial y centrado en las personas a la hora de entender la diversidad de causas y consecuencias de la inseguridad alimentaria es esencial. Estos enfoques nos permiten además comprender la experiencia vivida de la inseguridad alimentaria y evitar la individualización de la misma, ya que existen discursos que culpan a las actitudes individuales de las personas por esta situación en vez de entender cómo diferentes procesos económicos, sociales, políticos y ecológicos son los causantes de la falta de acceso a una alimentación sostenible por parte de toda la población (Moragues-Faus, 2017).

En segundo reto está vinculado a la necesidad de establecer mediciones rutinarias para conocer este fenómeno, que nos permitan diseñar intervenciones efectivas. En este sentido, tal y como abogan diversas entidades y organizaciones, es importante incluir la FIES como herramienta validada internacionalmente en estadísticas nacionales que nos permitan retratar el problema y vincularlo con otros datos socioeconómicos y de salud, así como entender su diversidad territorial. Sin embargo, no es solo importante realizar estos estudios cuantitativos, también recabar diferentes tipos de datos cualitativos que nos ayuden a comprender las causas e implicaciones de la inseguridad alimentaria desde las perspectivas de diferentes grupos afectados, y contribuyan al codiseño de transiciones justas y dignas.

En tercer lugar, es importante transformar las iniciativas existentes, desde un enfoque de alimentación basado en el reparto de calorías a un enfoque de derecho a una alimentación sostenible, donde ponga la dignidad de las personas y su bienestar en el centro, conectado a la sostenibilidad del planeta y la prosperidad de nuestros territorios. Para ello es importante replantearse dónde invertimos nuestros recursos, si en compra de productos ultra procesados para bancos de alimentos o en iniciativas comunitarias agroecológicas. Este reto incluye la democratización de la alimentación sostenible que en muchas ocasiones se considera solo accesible a rentas altas. Sin embargo, todas las personas merecemos una alimentación digna que nos asegura una vida saludable y un planeta vivible para nosotras y las generaciones futuras. Por tanto, es importante que este derecho cale en la sociedad y su demanda se transversalice.

Por último, un elemento clave es qué hacemos en el mientras tanto. Es decir, tenemos una visión clara de dónde queremos ir, hacia una alimentación sostenible, pero cada día existe la demanda de personas que necesitan apoyo, en muchas ocasiones en forma de comida. Por tanto, un reto esencial es cómo construimos esta transición desde la situación actual de inseguridad alimentaria y red de ayuda existente hacia la garantía de la alimentación sostenible para todas las personas.

No todo son retos, también existen muchos aprendizajes y posibilidades para construir esta transición necesaria. Por un lado, se están creando alianzas entre diferentes entidades y espacios que contribuyen a un cambio discursivo alrededor del derecho a la alimentación. Ejemplos claros incluyen el trabajo del Observatorio del Derecho a la Alimentación en España que cada vez aglutina a más organizaciones, entidades y universidades para avanzar hacia la garantía de este derecho. De forma similar, el Observatorio de la Garantía del Derecho a la Alimentación en Madrid ha creado una petición y construido alianzas para incluir la medición de inseguridad alimentaria en las estadísticas nacionales. Por último, la Red de Ciudades por la Agroecología está creando espacios donde repensar la ayuda alimentaria y fomentar la garantía del derecho a la alimentación desde una perspectiva agroecológica que une sostenibilidad y salud. En relación al cambio discusivo, hay también muchas experiencias en otros países donde cabe destacar los esfuerzos por elevar las voces de las personas afectadas por la inseguridad alimentaria. Un ejemplo pionero es el proyecto de Food Power en Reino Unido y su programa de personas expertas por experiencia, que comparte la experiencia en primera persona de adolescentes viviendo en pobreza alimentaria y las acompaña para que sean agentes de cambio en su comunidad, así como en el impulso de programas y políticas efectivas.

Por otro lado, existen iniciativas concretas que ya están aplicando un enfoque de derechos y sostenibilidad en su trabajo, por ejemplo, mediante la cooperación de diferentes agentes como grupos vecinales, organizaciones comunitarias y personas productoras; o la gestión directa de estos espacios por personas experimentando vulneración alimentaria (ver casos concretos como Alterbanc o La botiga del Prat de Llobregat).

La Administración también juega un rol clave y puede, por ejemplo, incluir la garantía del derecho a la alimentación en sus leyes como hizo Belo Horizonte y desplegar programas para cumplirlas, desde comedores populares asequibles a mercados directos de productores/as a precios justos para ellas y las personas consumidoras. Otras iniciativas en este sentido incluyen el ofrecer, por ejemplo, la oferta de comidas escolares gratuitas todo el año con criterios de sostenibilidad. El inicio de la pandemia mostró muchas de las posibilidades e innovaciones que pueden llevarse a cabo y, por ejemplo, ha llevado a plantear la importancia de incorporar criterios como los de compra pública sostenible a la ayuda alimentaria o el uso de diferentes tipos de infraestructura como escuelas o bibliotecas como espacios colectivos de alimentación. Es importante apoyar y profundizar en estas iniciativas que abordan la crisis ecosocial y dignifican a las personas desde intervenciones sistémicas y transformadoras.

5. Conclusiones

Este artículo presenta el estado de la cuestión en relación a la inseguridad alimentaria y el derecho a la alimentación en España. Para ello muestra los datos dispersos e intermitentes que tenemos en relación a esta problemática, que apuntan que más de 6 millones de personas en España viven en esta situación. La falta de una medición rutinaria por parte de organismos públicos no nos permite conocer quiénes, por qué y dónde están las personas que no tienen garantizado el acceso a alimentos suficientes en cantidad y calidad para un desarrollo normal y disfrute de una vida digna.

Tal y como explica este artículo, para atajar esta situación es necesario adoptar un enfoque sistémico, territorializado y centrado en las personas; que nos permita no solo llenar estómagos sino garantizar el derecho a una alimentación sostenible, que sea buena para las personas, el planeta y los territorios; y permita a las generaciones futuras alimentarse a su vez de forma sostenible.

Existen una serie de retos a la hora de realizar este cambio relacionados con la necesidad de cambiar discursos e ideas preconcebidas, incrementar nuestro conocimiento sobre esta problemática y diseñar transiciones justas que puedan a su vez paliar las necesidades urgentes de ayuda alimentaria que se producen cada día. A pesar de estas limitaciones se están abriendo nuevas posibilidades y oportunidades de cambio, desde la creación de alianzas con un enfoque de derechos y sostenibilidad a el desarrollo de iniciativas sistémicas y empoderadoras por parte de la sociedad civil y entes públicos. El sistema alimentario puede por tanto ser un vehículo para mejorar el bienestar de la ciudadanía y crear economías y sociedades más ecológicas, prósperas e igualitarias. No podemos conformarnos con únicamente llenar estómagos si no que a través de nuestra alimentación debemos construir el planeta y las sociedades deseamos para nosotras y las generaciones futuras.

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Número 10, 2022
A fondo

Pandemia: la ciudad desvelada

Javier Segura del Pozo, médico salubrista y epidemiólogo

Puedes encontrar a Javier Segura del Pozo en Twitter

 

Las epidemias rompen la normalidad y crean situaciones extraordinarias. Como tal, aparentemente son lo más opuesto a lo cotidiano, a lo normal. Sin embargo, desde otro punto de vista, las epidemias (y las pandemias) dejan al descubierto elementos de nuestra normalidad y de nuestra sociedad, que están ocultos, pero muy presentes y activos, en los periodos interepidémicos. La epidemia sería la resultante de la ruptura de un equilibrio inestable y el consecuente surgimiento de casos más numerosos de los esperados de una enfermedad (o de una enfermedad nueva). Sería el resultado del desborde de una situación de riesgo y vulnerabilidad previa a la epidemia.

Un ejemplo son los brotes epidémicos de gastroenteritis víricas en las residencias de personas mayores, que investigué en mis primeros años de práctica epidemiológica, cuando merced a un modelo de externalización de las residencias de personas mayores, se optó por una reducción de la plantilla de las cuidadoras de los residentes no válidos[1] y una precarización de sus condiciones de contratación. Oficialmente el origen de los brotes eran los norovirus, pero en la realidad, las epidemias nos hablaban de la precariedad laboral y la búsqueda de la plusvalía en la gestión de estas instituciones. Los brotes, aunque eran percibidos como la ruptura de la vida cotidiana de las residencias, no dejaban de describirnos aspectos de esta. Por desgracia, las mismas causas han tenido un evidente protagonismo en las muertes en las residencias durante este año pandémico. El asesino no era tanto el coronavirus, sino la precariedad laboral en las residencias y cierto modelo de final de vida como negocio rentable.

Famosas epidemias y pandemias anteriores también nos dieron pistas de situaciones de nuestra estructura social, económica, política y urbanística, que estaban en el origen de estas alarmas epidémicas: el brote de las vacas locas nos puso sobre aviso sobre el sistema de alimentación caníbal del ganado, la epidemia de la gripe aviar sobre los riesgos de los métodos de ganadería intensiva, la de ébola sobre las políticas devastadoras de terrenos selváticos, donde viven animales salvajes portadores de virus, etc. Todas ellas nos advertían sobre las consecuencias de la progresiva sobreexplotación medioambiental, el crecimiento insostenible e irresponsable, la rapiña neocolonialista, la rápida globalización epidémica a través del comercio y los vuelos internacionales, las consecuencias ambientales y agropecuarias de un consumismo exacerbado,  además de la mayor vulnerabilidad al contagio de las poblaciones más depauperadas, como consecuencia de la creciente desigualdad social, entre otras amenazas a la vida. Se podría resumir, que las epidemias nos hablan de las consecuencias de tener en un sistema económico y político muy poco cuidadoso con las personas, sus derechos humanos y su medioambiente. Les dejo a ustedes que pongan el nombre a este sistema.

Me dirán que siempre han existido epidemias. Y es cierto. Pero también que siempre han retratado la sociedad donde han surgido. Y que es con el nacimiento de la industrialización, la urbanización y el proletariado (es decir, con el capitalismo), cuando estas epidemias adquieren las formas, la intensidad y la extensión que seguimos sufriendo en nuestras urbes. Por eso es la ciudad industrial la que dio el impulso definitivo al desarrollo de la salud pública y la epidemiologia, tal como la entendemos hoy en día. Precisamente, por la necesidad de afrontar el reto que supusieron las epidemias de cólera y otras enfermedades que asolaron las ciudades del novecientos. Las epidemias ponían el foco y el interés de la medicina y de los gobernantes en las miserables condiciones de vida de las clases populares en los barrios bajos de las grandes ciudades. La miseria de los pobres que también amenazaba la salud de los barrios burgueses y aristocráticos.

Así pues, desde el nacimiento de la medicina social y la cuestión social, las epidemias nos hablan paradójicamente del statu quo del periodo interepidémico. De la normalidad social escondida. Como estaban escondidas, bajo la monumentalidad de los centros de las ensanchadas ciudades liberales, las infraviviendas de estos barrios periféricos, las infrahumanas condiciones de trabajo en las industrias, la pertinaz malnutrición, la escandalosa mortalidad maternoinfantil y la muerte prematura del proletariado. No solo era un fenómeno urbano. Si médicos sociales como Rudolf Virchow, describían a mediados del siglo XIX la desigualdad social como origen de los brotes infecciosos en ciudades como Berlín, casi un siglo antes, otro médico, Johann Peter Frank, describía la miseria del campesinado, desposeído de sus tierras y esclavizado, como la madre de las enfermedades y epidemias[2].

Cuando escribo este texto, a finales del fatídico 2020, apenas tenemos información cierta sobre las causas que desencadenaron la pandemia de Covid-19, pero sí que tenemos muchas pistas de las dinámicas sociales, económicos y políticas que han favorecido la transmisión descontrolada del virus en nuestras ciudades y el impacto diferencial que ha tenido en términos de contagio, gravedad y muerte entre los grupos sociales que habitan nuestras ciudades.

Cuando llegó la pandemia, muchos y muchas estábamos poniendo en cuestión una sociedad urbana en la que hay una esquizofrenia entre el mundo productivo y el mundo reproductivo y en la que no se le da suficiente valor al mundo de los cuidados[3]. Estos siguen feminizados, precarizados y, sobre todo, escondidos a la mirada de la economía y la política, incluidas las políticas urbanas. Forman, junto a las desigualdades sociales en salud, esa parte oculta de la normalidad que antes mencionábamos. La llegada de la pandemia, y especialmente de ese confinamiento primaveral, supuso la parada del mundo productivo y el protagonismo del mundo reproductivo, del mundo de los cuidados. Creo que la pandemia nos ha hecho a las personas más conscientes de nuestra vulnerabilidad y de nuestra interdependencia. Ahora bien, ahora en diciembre de 2020, ya instalados en plena „nueva normalidad“, no se cuánto tiempo durará esa consciencia adquirida en la pasada primavera y qué consecuencias tendrá para la ciudad postcovid.

Hace unos nueve meses, la pandemia trajo a primer plano nuestra vulnerabilidad ante la enfermedad y la muerte. A los que somos sesentones, que creíamos que los 60 eran los nuevos 50, nos ha puesto ante el espejo de la fragilidad de nuestra esperanza de vida y de los proyectos aplazados para las últimas décadas de vida. La pandemia nos ha traído el miedo a la muerte prematura. También al miedo al mal final de vida y a la mala muerte. Nos ha recordado la necesidad de buscar una rápida alternativa al modelo de residencias de mayores y a encontrar, cuanto antes, la oportunidad de vivir en comunidades compasivas que sepan acompañar a la muerte y al duelo. También nos ha puesto frente a nuestra vulnerabilidad económica: de la perdida repentina del empleo y el empobrecimiento súbito.

Vulnerabilidad e interdependencia. Nuestra interdependencia se hizo más evidente que nunca durante el confinamiento. Éramos dependientes de los cuidados que nos podíamos proporcionar las personas allegadas. Por ello, también aumentó el riesgo al descuido, cuyas expresiones van desde la violencia de género que se disparó durante este periodo, a la soledad no deseada, multiplicada por esta decretada distancia social y el miedo al contacto humano. Las situaciones de soledad no deseada y desamparo identificadas durante estos meses han golpeado no solamente a las personas mayores, sino a los otros grupos sociales que ya identificamos en la encuesta que hicimos en Madrid Salud[4]. Tenían una mayor prevalencia de sensación frecuente de soledad: las personas con diagnósticos de enfermedad mental, discapacidad, en situación de calle, inmigrantes y familias monomarentales.

La dependencia económica también se visualizó por el frágil acceso a los bienes básicos. Por ejemplo, por nuestra dependencia de las cadenas de producción y distribución de alimentos. Asimismo, fuimos conscientes de la necesidad de una mayor autonomía del extranjero en la producción de material sanitario esencial (EPIS; ventiladores mecánicos, pruebas PCR, etc.) y de su valor estratégico (industria pública?).

El confinamiento nos hizo también valorar la proximidad, que venía siendo reivindicada por los que sosteníamos la bandera de lo comunitario (incluida la salud comunitaria): tener un vecindario bien dotado de infraestructuras, zonas verdes, carriles bicis o aceras, pero también de solidaridad vecinal. La ciudad de los 15 minutos popularizada por la alcaldía de Paris. Participé entonces en el diseño de modelos de desconfinamiento con arquitectos y urbanistas. Abogábamos por elegir las zonas o unidades geográficas de confinamiento más adecuadas, para minimizar el riesgo de contagio y maximizar la eficiencia para cubrir las necesidades de la vida cotidiana. Recomendábamos limitar los movimientos a la proximidad eficiente (área de movimiento para comprar, pasear, cuidar, trabajar, producir, etc.), e ir ampliándola a medida que disminuyera el riesgo de contagio y pudiera permitirse el flujo de movimientos con las zonas limítrofes. Usando otras palabras, recomendábamos configurar unidades locales integradas de trabajo productivo y reproductivo (actividades de cuidado y sostén de la vida).

Pero la pandemia también ha revalorizado el espacio público, como bien que compensa las diferencias de calidad de las viviendas (del espacio privado). Igual que la sanidad y la educación pública benefician especialmente a los que tienen menos acceso a la sanidad y educación privadas, la calle, el parque y la plaza son especialmente apreciados para quien tiene viviendas poco confortables. Por eso, el cierre de los parques y otros espacios públicos, perjudicó especialmente a las clases populares. La inequidad en la vivienda se hizo especialmente visible en el confinamiento, pero también durante la llamada segunda ola de transmisión del coronavirus, que en una ciudad como Madrid, se cebaba con mayor saña en los barrios populares del sur, donde las condiciones de habitabilidad y hacinamiento dificultaban el cumplimento eficaz de las cuarentenas y favorecían el contagio de todos los convivientes. Si ya antes de la pandemia era cada vez mas frecuente el hecho de que se viviera en habitaciones alquiladas, en vez de en pisos, el empobrecimiento pandémico aumentó el numero de viviendas donde habitaban varías familias. También hemos vuelto a considerar el espacio público como el espacio por excelencia de las relaciones comunitarias. La limitación de su acceso durante el confinamiento dificultó las acciones de los grupos vecinales de apoyo mutuo y fue fundamental para las acciones solidarias de las despensas comunitarias que se desarrollaron después del confinamiento.

La pandemia también descubrió el teletrabajo para una parte importante de la población. Sin embargo, el teletrabajo también desveló el gradiente social del mundo laboral. No todas las ocupaciones tuvieron acceso al teletrabajo. Para algunos era un privilegio. Según un estudio de los servicios sociales de Madrid[5] mientras que en los niveles más altos de renta había en torno a un 70% de trabajadores teletrabajando, por debajo de los 1.500€ de ingresos mensuales había menos de la mitad, y entre los de menos de 1.000€ la cifra solo llega al 13%. El teletrabajo también nos ha descubierto que se puede hacer desde casa casi las mismas cosas que desde la oficina, pero también que es un riesgo de mayor explotación, especialmente para las mujeres (doble jornada).

Más cosas desveladas por la pandemia: el valor de las y los trabajadores esenciales pero precarizados (cajeras y reponedoras de supermercados, limpiadoras, riders, agricultores/recolectores, transportistas, cuidadoras de personas mayores y discapacitadas, etc.). Ellos y ellas permitieron que pudiésemos estar confinados durante la primera ola, pero también fueron las que siguieron desarrollando sus trabajos precarios de forma presencial durante la segunda ola, mientras que el resto de los trabajadores de rentas medias y altas, seguían teletrabajando desde el refugio de sus casas. Esta mayor exposición al contagio no siempre se ha hecho evidente por las deficiencias de los sistemas de información en morbilidad y mortalidad que no recogen bien la variable ocupación. No tenemos todavía estudios finos sobre la mortalidad en la pandemia por clases sociales u ocupaciones.

Pero hay un interesante estudio en el Reino Unido[6] sobre la mortalidad entre marzo y junio por clases ocupacionales. Llegó a la conclusión que quien más había muerto eran las personas con ocupaciones más bajas, básicas y precarias. En el caso de los hombres, eran las personas que cuidaban, los conductores de taxi o autobús, los obreros de cadenas de producción, etc. En el caso de mujeres, eran las empleadas en tareas de cuidados domiciliarios o residenciales las que habían tendido mayores tasas de mortalidad. Probablemente se mezclaba el riesgo de la exposición en sus trabajos con los inherentes a la propia clase social, pues habia una clara sobremortalidad en aquellas personas que vivían en zonas con mayor privación social. Hay estudios parecidos en otros lugares europeos y americanos. Por otra parte, acaba de salir la cuarta ronda del estudio de seroprevalencia en España[7] que apunta a que estas profesionales mas precarizadas (cuidados, limpieza, etc.) han tenido un mayor contacto con el virus que la población general, así como las personas con menor renta.

No nos olvidemos tampoco como la pandemia ha confirmado el valor de la sanidad pública y de los servicios públicos en general, incluyendo la educación publica volcada en la teledocencia y preocupada por la brecha digital, o los servicios sociales. Así como el daño que sufrimos cuando estos servicios públicos se debilitan o se desmovilizan. Es en esas situaciones de merma de lo público cuando las redes comunitarias aparecen como un tesoro. Es decir, la pandemia nos ha vuelto a enseñar que debemos exigir servicios públicos fuertes, pero tenemos que estar preparados por si el estado nos deja tirados. En ese caso, la autoorganización previa de la ciudadanía es un activo. Lo Público puede reforzar lo Comunitario, pero lo Común no es sinónimo de lo Público.

La pandemia, como todos los test de estrés, hizo aflorar lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. En caso de amenaza, se desatan tanto las pulsiones más individualistas, autoritarias (el policía de balcón), xenófobas, sectarias y demagogas, como las más solidarias y altruistas, propias de la ética del cuidado. Entre lo peor incluyo la exacerbación de la polarización de la vida política, la imposibilidad de dialogo argumentado y consensos, la dificultad de ir más allá de las burbujas tribales informativas y de opinión, de las dos Españas

Pero si algo ha desvelado la pandemia es la ciudad desigual y segmentada en términos sociales y de salud. Las desigualdades sociales en salud acabaron dando su cara en las machaconas estadísticas diarias sobre la pandemia. Como saben, nos referimos a aquellas diferencias en salud que consideramos injustas por estar determinadas socialmente y, por tanto, ser evitables. Estas desigualdades también suelen estar escondidas en periodos interepidémicos y solo se desvelan con estudios, estadísticas y gráficos, por ejemplo los que muestra un gradiente en la prevalencia de las principales enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, artrosis, depresión…) según clase social. Pero también en mapas como los de esperanza de vida por barrios de Madrid, que muestran una diferencia de hasta 9 años de longevidad entre las personas que viven en barrios más ricos y más pobres (que se agrupan en un patrón espacial noroeste (más longevo y rico)/sureste (menos longevo y rico) y centro/periferia

España es uno de los países de Europa con mayor nivel de desigualdad social, muy incrementada tras las medidas de ajuste socioeconómico por la anterior crisis iniciada en el 2008. Esto se vio claramente cuando a finales de julio de 2020, recién estrenada la nueva normalidad,  empezó a preocupar la situación epidémica de territorios urbanos muy densos y socialmente muy segmentados, como Barcelona o Madrid. En el caso de la Comunidad de Madrid, que conozco mejor, los mapas de incidencia de coronavirus mostraban desde el inicio de la segunda ola ese claro y clásico patrón espacial noroeste/sureste, antes mencionado, que llevó a que los barrios obreros del sur de la capital y las ciudades del sur de su área metropolitana llegaran a alcanzar en septiembre tasas de incidencia en 14 dias por encima de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Las diferencias con el norte urbano más rico no podían ser atribuidas a un cierto modo de vida de sus habitantes, como sí que hizo Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sino al hecho de la mayor exposición al coronavirus de estas clases populares y a su mayor vulnerabilidad (gradiente social de obesidad, diabetes, hipertensión, cardiovasculares, etc.), que implicaban una mayor gravedad y mortalidad de los casos. La mayor exposición se ha dado tanto en el ámbito doméstico (dificultades para cumplir con los aislamientos domiciliarios en viviendas hacinadas), como en el laboral (bajísimo porcentaje de teletrabajo, obligado uso del transporte público masificado en horas punta, trabajo presencial en ocupaciones precarias, presentismo, etc.)

No solo se ha desvelado el clasismo en ciertas miradas y políticas públicas, sino el frio calculo y aceptación de la muerte evitable. Incluso en momentos de grave riesgo de contagio, se ha evidenciado una resistencia feroz a limitar cualquier tipo de actividad comercial o de ocio, invocando la muerte de la economía (aun a pesar de que el exceso de mortalidad, la muerte de verdad, era ya evidente en el mes de septiembre). Cuando escribo estas líneas, siguen vigentes las mismas invocaciones al consumo para salvar la navidad, a pesar del escandaloso número de muertes acumuladas en esta segunda ola. Creo que se ha conseguido que la sociedad normalice estas muertes y las considere asumibles para salvar la economía. Muertes que no nos olvidemos se ensañaban con el sector más anciano, económicamente más humilde y laboralmente menos activo, que ya sufrió una selección utilitarista de sus vidas en la primera ola. Entonces se dejó morir sin atención sanitaria a miles que vivían en residencias de personas mayores y discapacitadas, siguiendo un vergonzoso protocolo de selección para la derivación a hospitales. Es decir, se ha ejercido y asumido una necropolítica[8], que más que matar, ha dejado morir, invocando una macabra ecuación muerte vs economía, en la que no todas las clases sociales ponían el mismo número de muertos en ese altar del sacrificio, ni se beneficiaban igual de la segunda parte de la ecuación.

De nuevo la pandemia que desvela; en este caso: la naturalización de la muerte en nuestras ciudades. En periodos interpandémicos la ciudadanía no sabe (¿o no quiere saber?) que la mayoría de los muertos que tenemos son evitables y que esta etiqueta tambien depende de los cambios de la percepción social. Un ejemplo son las muertes por accidentes de tráfico. Cuando había 6.000 o 9.000 muertos anuales hace unos años, se tenía como algo normal. Tuvo que haber una campaña intensiva para que se tomara conciencia de que esos muertos no tenían por qué existir y que se podían evitar. Ahora mismo nos escandalizaríamos con aquellas cifras. Ocurrió lo mismo con la contaminación atmosférica. Los mismos lideres políticos (ahora en el gobierno municipal) que animan a salir al consumo, ponían en tela de juicio las medidas de limitación a la movilidad en vehículo privado por el centro de Madrid del anterior gobierno municipal. Aunque entonces no se decía explícitamente, parece que el mensaje era asumir esas muertes por contaminación. En salud pública tenemos muchos ejemplos en que se ha enfrentado truculentamente la salud colectiva a la economía o al empleo.

Termino señalando que la desigualdad social no solo ha influido en el mayor riesgo de los y las trabajadoras precarias, sino en los grupos más vulnerables que han perdido el empleo o que ya estaban en situación de exclusión social, a los que las prometidas ayudas estatales, sin dejar de ser importantes, están llegando lenta y tardíamente por la importantes barreras burocráticas (como ocurre con el Ingreso Mínimo Vital), por lo que muchas veces han dependido de la acción solidaria de los grupos vecinales de ayuda mutua, como antes hemos dicho. Necesitamos dejar pasar un tiempo, no solo para ver cómo se comporta esta segunda ola, sino para comprobar el impacto indirecto que ha tenido esta sobrecarga del sistema sanitario y estas desigualdades sociales en la salud colectiva de la ciudadanía española. Lo que me queda claro es que la ciudad postcovid volverá a una nueva normalidad en la que mucho de lo que se ha desvelado con toda la crudeza, volverá a pasar desapercibido. ¿O tal vez no?

 

[1]    Se llamaban así a las personas que no tenían la suficiente autonomía personal, incluido el control de esfínteres y, por lo tanto, eran una fuente y una víctima de este tipo de brotes epidémicos transmitidos por vía oral-fecal.

[2] Frank JP. „The People’s Misery: Mother of Diseases“. [Traducción del Latín e introducción de Henry Sigerist]. Bulletin of the History and Medicine. 1941;9:81-100. Pag 93. Accesible en: https://www.academia.edu/4027552/THE_PEOPLES_MISERY_MOTHER_OF_DISEASES

[3] Barbero Gutierrez, J „Experiencia 1. Plan Madrid Ciudad de los Cuidados“ Documentación social, Nº 187, 2017 (Ejemplar dedicado a: Hacia una sociedad que se cuida)-pp. 161-175

[4] Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid, 2018.“ Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid. Accesible en: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Salud/Publicaciones/Estudio-de-Salud-de-la-Ciudad-de-Madrid-2018/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f3ce3439ae292710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e6898fb9458fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

[5] Estudio sobre el impacto de la situación de confinamiento en la población de la ciudad de Madrid tras la declaración del estado de alarma por la pandemia COVID-19“. AG Familia, Igualdad y Bienestar Social, Ayuntamiento de Madrid, mayo 2020. Accesible en  https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2020/05/Informe-Encuesta-Impacto-Confinamiento-Ciudad-de-Madrid.pdf

[6]   “Coronavirus (COVID-19) related deaths by occupation, England and Wales: deaths registered between 9 March and 25 May 2020”  Office National Statistic. United Kingdom. June 2020. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeath/bulletins/coronaviruscovid19relateddeathsbyoccupationenglandandwales/deathsregisteredbetween9marchand25may2020

[7]    “Estudio ENE-COVID: Cuarta ronda estudio nacional de sero-epidemiologóa de la infección por SARS-CoV-2 en España”.  15 de diciembre de 2020. Instituto de Salud Carlos III: Accesible en: https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/15.12151220163348113.pdf

[8]             Mbembe, A. Necropolitica.  Barcelona:  Melusina, ,2011

 

 

Número 7, 2021
A fondo

La vivienda, clave para la salud

Thomas Ubrich

Investigación e Incidencia en Asociación Provivienda

 

La recuperación económica de España, tras cinco años de crecimiento, ha permitido recuperar o incluso superar el PIB previo a la crisis: así lo vuelve a resaltar el último informe semestral de la Comisión Europea. Sin embargo, resalta también la profundidad de las cicatrices que ha dejado la Gran Recesión en gran parte de la población. Por su parte, los indicadores sociales no se han recuperado de la misma manera; muchas familias, especialmente las más pobres, siguen atravesando importantes dificultades económicas. En la actualidad, España es uno de los pocos países de la UE en el que, pese a un fuerte crecimiento económico, la situación socioeconómica es menos favorable que antes de la crisis, con graves niveles de desigualdad y un alto riesgo de pobreza o exclusión, el 26,6% de la población según la última Encuesta de Condiciones de Vida 2017. El empleo se ha recuperado, pero ya no es un soporte de bienestar por la debilidad e inestabilidad del mercado laboral: el desempleo en España duplica la media europea, con malos datos tanto en el paro de larga duración como en el juvenil o en el infraempleo por la sobrerrepresentación de los contratos temporales de corta duración y baja remuneración.

A todo ello hay que sumar uno de los factores que más incide en el empobrecimiento de la población, y es el surgimiento de una nueva crisis de asequibilidad y estabilidad en la vivienda. El sistema de provisión de vivienda y bienestar social que se caracteriza por una profunda y endémica carencia de vivienda social y asequible no está garantizando la función social de la vivienda. La vivienda no se produce ni se distribuye para que todo el mundo tenga un lugar digno para vivir, sino como una mercancía altamente rentable para unos pocos inversores. En esta línea, el sociólogo de la London School of Economics David Madden ironiza que «no hay una crisis de la vivienda por un fallo del sistema, sino porque está funcionando perfectamente».

Pues bien, en las principales ciudades del Estado los precios del alquiler han aumentado de manera brusca y continua (un 18,3% en el último año), mientras que la actual renta de los hogares es claramente inferior a la de 2008 (más de 1.200 euros menos). Paralelamente, el gasto público destinado a vivienda no ha dejado de disminuir desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, alcanzando un mínimo histórico (0,13% del gasto público en 2018). El resultado es que los hogares tienen que dedicar un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos al pago del alquiler y, por tanto, se enfrentan a enormes dificultades para afrontar los gastos relacionados con la vivienda y su mantenimiento. El parque de vivienda es excluyente para un importante segmento de la población española; esto ha llevado y sigue llevando a miles de familias a perder su vivienda habitual de compra o alquiler. Solo en el año 2018 se han practicado más de 44.000 lanzamientos (casi 600.000 desde 2008); y seis de cada diez son lanzamientos por impagos de alquiler.

En el plano del derecho España es bastante avanzada, pero no respeta su puesta en marcha. Las recomendaciones del Comité DESC de Naciones Unidas reprenden al Estado español por la reiterada vulneración del derecho a la vivienda. Por ejemplo, cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías y alternativa habitacional, cuando existen situaciones de infravivienda, de precariedad energética, o cuando las familias se ven obligadas a ocupar una vivienda sin título legal porque no tienen alternativa habitacional.

Es en este contexto, y a través de nuestra intervención residencial directa, en Provivienda hemos detectado problemáticas que relacionan la vulnerabilidad social y residencial con la salud, y las hemos desarrollado en el Informe «Cuando la casa nos enferma». Nuestra hipótesis, que las malas condiciones en vivienda o la ausencia de la misma enferman a las personas, y en mayor medida a la infancia, puede parecer evidente. Pero resulta fundamental ilustrar y demostrar con evidencias cómo la existencia o no de un hogar, las condiciones físicas de la vivienda, su entorno físico y/o el entorno social del barrio pueden repercutir sobre la salud física, psicológica y mental y el bienestar socio-relacional de las personas, en particular entre las personas más vulnerables.

En palabras de Gaston Bachelard, «la casa es nuestro rincón del mundo. Es nuestro primer universo. Es realmente un cosmos» (Bachelard 1957). El hogar se constituye como la base sobre la cual construir el bienestar social, físico y psicológico de las personas, entendiendo este como factor clave para la integración social y la emancipación. Así, disponer de un alojamiento digno es un elemento transversal que afecta de manera directa a la calidad de vida de las personas, en cuanto la vivienda es el espacio donde se construye el hogar propiamente dicho, pero también su entorno social y urbano (el barrio y la comunidad), así como su lugar en el conjunto de la ciudad. En este sentido, la vulneración del derecho a la vivienda tiene consecuencias directas en el ejercicio de otros derechos, entre otros el derecho a la salud. Como señala la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando los requisitos mínimos que debe reunir una vivienda no se cumplen o son insuficientes, el derecho a la vivienda no se está garantizando y, por tanto, tampoco lo está siendo el derecho a la salud de las personas.

1. La salud no es un problema de genética, sino un problema de desigualdad social asociado a la vivienda

Aquí nos referimos a la salud no solo como ausencia de enfermedad, sino como un concepto multidimensional que está relacionado con «las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud». Desde la OMS se define la salud como «un estado de completo bienestar físico, mental y social».

En este sentido, cabe introducir el concepto de «desigualdades en salud», que hace referencia a las diferencias existentes en el estado de salud entre individuos o grupos; son medidas en términos como la esperanza de vida, la mortalidad o la morbilidad. Las desigualdades sociales en salud no son diferencias en salud derivadas del azar o de las decisiones individuales, sino que se basan en las diferencias evitables que se relacionan con variables sociales, económicas y ambientales sobre las cuales el individuo no ejerce control alguno y que pueden abordarse mediante políticas públicas (Rey del Castillo 2015).

En este marco conceptual, el acceso a una vivienda digna y asequible constituye un determinante social central de la salud. Por lo tanto, si las condiciones de vivienda son un factor determinante de las desigualdades sociales en materia de salud, las políticas de vivienda deberían, al igual que otros enfoques sectoriales, buscar reducirlas.

Si bien es muy difícil establecer una relación causal directa entre las dificultades de vivienda y los problemas de salud, ambos están muy entrelazados. Eso sí, podemos establecer que la vivienda es un factor, entre otros, que destaca de la precariedad social que hace crecer los riesgos de desarrollar problemas de salud, enfermedades o empeorar síntomas ya existentes. De hecho, no disponer de una vivienda independiente, dormir en la calle, vivir en viviendas precarias, demasiado caras o inseguras, crea estrés y aumenta el riesgo de enfrentar problemas de salud. Por el contrario, disfrutar de buenas condiciones de vivienda favorece la prevención y recuperación (Mikkonen y Raphael 2011). En otras palabras, la salud también es disponer de una vivienda en buenas condiciones, con áreas comunes en buenas condiciones, un buen aislamiento acústico y térmico, espacio suficiente, pagando un precio adecuado y tener buenas relaciones de vecindad versus aislamiento social. No obstante, las implicaciones sociales, físicas y psicológicas relacionadas con la salud no se limitan a las condiciones físicas de la vivienda.

2. Las fragilidades residenciales

A continuación nos centramos en diferentes casuísticas de la fragilidad residencial que afectan también al bienestar psicológico de los hogares entrevistados. Los obstáculos para acceder, las dificultades de asequibilidad de la vivienda o la inestabilidad en la misma, en especial la ocupación por necesidad, son situaciones que a su vez afectan claramente al ejercicio del derecho a la salud.

Zakia, beneficiaria de la Red de Viviendas Solidarias en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, destaca el cambio que ha supuesto acceder a la casa en la que vive ahora: «ahora estoy mucho mejor, muy contenta porque me han dado vida, (…) en esta casa estoy súper feliz con mis hijos (…). Los niños están viviendo la vida que tenían anteriormente. (…) Me preocupa la vivienda, quiero una vivienda estable, un alquiler social y un trabajo para salir adelante. (…) Estoy temporalmente en la vivienda, pero necesito un empujón, algo estable. (…) A mí me gusta estar aquí, el cambio influye mucho en los niños, ya me he cambiado tres veces de vivienda y los niños han cambiado de colegio también, es muy agobiante porque no hay estabilidad tampoco para ellos».

Como Zakia, muchas de las personas entrevistadas que actualmente se benefician de la ayuda de recursos de viviendas temporales, confiesan su inquietud o temor de que se termine su contrato o estancia en el recurso. Además, para otras que alquilan directamente en el mercado libre, pese a la reciente reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos[1], vivir en una casa de alquiler tiene una fecha de caducidad reducida de cinco años y no existen garantías de que el contrato de arrendamiento se renueve al finalizarse. Esta realidad es especialmente perjudicial para personas y familias en situación de vulnerabilidad social, con itinerarios personales a veces complejos que requieren de un proceso de reconstrucción largo, que tienen ingresos muy bajos, fruto de trabajos precarios o prestaciones sociales reducidas, la perspectiva de la finalización de su contrato de alquiler se convierte en una fuente de angustia que paraliza e incluso impide prácticamente vivir.

La incertidumbre y la incapacidad de controlar la situación de inestabilidad residencial en la que se encuentran las familias se relacionan con la percepción de «no controlar su vida». En estos casos la depresión es la enfermedad más habitual, así como cuadros de ansiedad, desánimo, trastornos del sueño y otros problemas de salud mental que, cuando no son atendidos, se amplifican y se enquistan con el tiempo. En este sentido son muy necesarias la prevención, detección y atención temprana de esas situaciones para evitar el desarrollo de trastornos y problemas futuros más graves.

En Arona, Tenerife, Juan y María cuentan que «la ayuda que hemos recibido para regularizar nuestra situación y acceder a un alquiler social nos ha permitido (…) tener un proyecto de vida, criar a nuestras hijas, trabajar, compartir con nuestra familia y amigos momentos buenos, sin renunciar a poder estar mejor en un futuro». Ofrecer estabilidad residencial, permite, en sus palabras, «empezar a caminar de vuelta». Otra prueba de la tranquilidad y sosiego que ha supuesto el acceder a una vivienda digna lo cuenta Sidra, en Barcelona: «Este piso para mí es el paraíso. Todo limpio, ordenado, amueblado, sin goteras, no cae ningún techo, no hay cucarachas, ni chinches, ni ratas, ni peligro para los niños. El otro piso era otro mundo. No tenía calefacción, pasábamos mucho frío, los niños enfermaban mucho». De hecho, el miedo a un futuro incierto se incrementa cuando aparecen otros problemas graves de salud en el ámbito intrafamiliar, momento en el que se dimensiona aún más el valor de la estabilidad en una vivienda como lugar de recuperación y reposo.

Por su parte, la falta de asequibilidad se vincula con la priorización de los gastos, apartando otras necesidades básicas para poder cubrir gastos de la casa. Lázaro, del Puente de Vallecas, Madrid, se avergüenza reconociendo que «no hay dinero para seguir cada día la dieta que necesita mi hijo por la diabetes». Además, el grave estrés que padece por culpa de su vivencia incide negativamente en su hipertensión. «No hay seguridad de vida. Evidentemente [tiene impacto en la salud]. Hoy aquí, pero mañana no sabes».

3. La pérdida de la vivienda, y su influencia en la salud psicológica

El problema de vivienda hace resurgir problemas de salud que en muchos casos ya estaban superados. En concreto, la pérdida de la vivienda influye fuertemente en la salud psicológica: estrés postraumático como alteraciones del sueño, nerviosismo, desconcentración o miedo. Así, las personas en proceso de desahucio tienen trece veces más probabilidades de percibir su salud como mala; el 57,3% de los hombres y el 80,9% de las mujeres informan de mala salud (Equipo de Investigación en Desahucios y Salud, 2014). Estos problemas psicológicos desencadenan, entre otras afecciones físicas, el aumento de la hipertensión y de los problemas cardiacos, el empeoramiento de hábitos no saludables como el consumo de tabaco y alcohol, una dieta no saludable, en muchos casos como mecanismos sustitutivos para aliviar la ansiedad.

La expectativa de pérdida de vivienda trae a su vez consigo la posibilidad del cambio de barrio o incluso de municipio de residencia. Ese cambio conlleva en muchos casos el cambio de profesionales de referencia, del centro de salud, de los centros educativos y de los centros de servicios sociales. Esto incide especialmente en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, obligados a abandonar su círculo social más cercano (el colegio, el vecindario…). Esa pérdida de redes, en muchos casos, implica la pérdida del arraigo en el barrio y el apoyo emocional, y también en forma de servicios no mercantilizados, a través de la solidaridad, como el cuidado de los hijos, etc., que muchas veces representa paras las familias, en particular para las monomarentales.

4. La ocupación por necesidad, un caso paradigmático de emergencia habitacional

La ocupación por necesidad responde a una emergencia habitacional de muchas familias con menores de edad a cargo, sin que para ello se haya seguido ningún tipo de organización o planificación previa. Es la situación a la que se ven abocadas familias que han perdido su vivienda y que no cuentan con alternativa habitacional digna. Las familias tienen que recurrir a estos “alquileres” de viviendas vacías, generalmente en malas condiciones y desestimadas por su baja rentabilidad; “comprar llaves” para poder disponer de un sitio en el que vivir. María, de Villaverde, cuenta cómo tuvo que comprar la suya: «Te dan la llave, te la venden por 1.500 euros; que te echen o no, eso no tiene que ver con ellos, no se hacen cargo. Es jugar a una carta».

Esa ocupación es pacífica y silenciosa, esconde un problema complejo y desconocido con muchos matices que requiere ser estudiado en profundidad para conocer todos los impactos que tiene en los diferentes ámbitos a los que afecta. Se trata de una flagrante vulneración de derechos a la que se ven sometidos estas familias y los vecinos que viven en estos bloques de viviendas y barrios, y, por tanto, que no puede ser reducida a una cuestión de conflictividad social ni ser criminalizada.

Por ejemplo, Ricardo incide con fuerza en que, como en su caso particular, la inmensa mayoría de las familias que están en situación de ocupación lo están por obligación y necesidad al no tener otra alternativa habitacional, y sobre todo no tienen nada que ver con algunas prácticas mafiosas y el tráfico de drogas: «el perfil que se tiene del ocupante está falseado por los medios de comunicación, entre otros. Los que trafican con los pisos son bancas, no trabaja ninguno, son delincuentes, venden drogas…».

Muchas personas relatan angustiadas su impotencia y frustración al enfrentarse a una situación inédita y sobrevenida en sus vidas. Johanna, en el distrito de Tetuán en Madrid: «yo nunca me había visto en éstas», o Lázaro: «nunca en mi vida he estado yo así». Gara, en Tenerife, insiste en que no es un privilegio: «Me metí en una vivienda ocupando, por necesidad, yo no la quería para nada más, la casa estaba bastante mal, destrozada, poco a poco la fui arreglando, más que nada por mis hijas, pero fue un paso esporádico, yo no quería la casa para quedármela ni nada, justo entré en mayo y en junio tenía trabajo, ya yo me iba a ir, a buscar un alquiler para mis hijas [se emociona]». Asimismo, Carolina, de Usera, también lo deja claro: «Vivir ocupando no es ningún privilegio, ocupar no es ningún lujo (…). Mi paz no la negocio con nadie».

Si no se dispone de un refugio donde estar, o si este está amenazado, se convierte en un lugar hostil que genera una inestabilidad muy grave para las personas. No poder ofrecer a tus hijos un espacio seguro convierte la casa en un infierno para todos. De hecho, la mayor parte de las personas entrevistadas expresan sensaciones de nerviosismo, ansiedad e intranquilidad, derivadas de su inestabilidad e informalidad en la vivienda. Viven con el miedo, estrés y angustia de que «tiren la puerta» en cualquier momento y tener que enfrentarse a un procedimiento legal en su contra. Estos trastornos de ansiedad cronificados se vinculan a problemas musculares y digestivos, cefaleas o cansancio. Lo relata Eliana, que se encontró ocupando sin su conocimiento: «Me estresé mucho cuando nos dijeron que estábamos ocupando la vivienda. Dijimos que habíamos pagado un alquiler y fianza. Denunciamos y empezamos a acondicionar la casa. (…) Con la ansiedad me daban ganas de comer, y a veces estaba deprimida y no sabía por qué. Hasta que llegó Esther [trabajadora de Provivienda] y nos dijo que estábamos ‟ocupando‟; es cuando nos dimos cuenta de que nos habían estafado».

Además, son situaciones que se prolongan y enquistan en el tiempo, sin que estas personas reciban siempre información suficiente sobre los pasos a seguir. Gema, en Villaverde, cuenta cómo le provoca mucho malestar, estrés y depresión: «Lo que voy a contar es la verdad, que estamos de ocupas, que antes teníamos trabajos, pero ahora solo tenemos la RMI. (…) Estoy muy cansada de esta vida, quiero salir adelante pero a veces caigo en depresión. A veces me encuentro contenta pero a veces me veo ahogada. (…) No queremos vivir por el morro, como dice la gente, queremos vivir con la conciencia tranquila pagando nuestros gastos y todo (…). Lo único que pido es tener una vivienda, poder pagar nuestras cosas, vivir tranquilos sin tener el ahogo de pensar todos los días que nos van a echar a la calle, y un trabajo y salud para poder seguir adelante».

5. ¿Qué se puede hacer?

Se trata de un estrés muy profundo que muchas veces requeriría de una intervención en consecuencia. El miedo, la vergüenza, la incertidumbre y las depresiones que se apoderan de estas personas dificultan gravemente su capacidad de llevar una vida normalizada y tomar decisiones adecuadas. Por otro lado, se ven inmersos en interminables gestiones administrativas para tratar de conseguir la regularización de su situación, mediante un alquiler social, a un precio asumible por los reducidos ingresos de la familia. A su vez, muchas veces se ven ahogados en procedimientos judiciales que generan, sobre todo, frustración.

Sin embargo, vivir en estado de permanente alerta y agobio provoca incluso que muchas personas desatiendan sus problemas de salud. Lázaro intuye también la posible presencia de problemas de salud asociados a su situación de incertidumbre vital: «Ignoro mis problemas de salud, los ignoro pero sé que están». Cuenta, en referencia a su decisión de permanecer en la vivienda pese a la ilegalidad de su situación, que: «La inseguridad y la incertidumbre te acompaña en el día a día, esto es lo más grave». Se podría equiparar los problemas de salud asociados a la vivienda con las enfermedades profesionales. Los casos de ansiedad pueden generar a largo plazo casos de enfermedades más graves causadas por los problemas actuales con la vivienda.

La mejor política de prevención de la salud es una política de vivienda inclusiva. Desde la acción pública es fundamental generar alternativas residenciales asequibles para garantizar el derecho a la vivienda y a la salud de todas las personas, y en particular de las más vulnerables, las que sufren procesos de desahucio, gran parte de estas con menores de edad a cargo, que dejan en un grave dilema a muchas de las familias afectadas: vivir en la calle o habitar una vivienda propiedad de una entidad bancaria.

Por su parte, desde la intervención social se debe acompañar a las personas para devolverles un hogar. Las paredes son importantes, pero solo en la medida que se convierten en un hogar seguro. En este proceso, los y las profesionales deben a su vez generar convivencia y socialización, fortalecer los lazos comunitarios perdidos.

Bibliografía

Bachelard, G. (1957). La poétique de l’espace. Paris: Les Presses Universitaires de France, 3e édition, 1961, 215 pp. Première édition, 1957. Collection: Bibliothèque de philosophie contemporaine.

Comisión Europea (2019). Informe sobre España 2019, con un examen exhaustivo en lo que respecta a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos.

Equipo de Investigación en Desahucios y Salud (2014). Estado de salud de la población afectada por un proceso de desahucio.

Mikkonen, J., & Raphael, D. (2010). Social Determinants of Health: The Canadian Facts. Toronto: York University School of Health Policy and Management.

Provivienda (2018). Cuando la casa nos enferma. La vivienda como cuestión de salud pública. Madrid, octubre de 2018.

Rey del Castillo, J. (2015). «Análisis y propuestas para la regeneración de la sanidad pública en España». Fundación Alternativas.

[1] En el BOE de 10 de abril de 2019 ha sido publicada la  Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

 

Número 2, 2019

 

Palabras clave:

A fondo

Trabajar con la comunidad desde los servicios sociales HOY

José Ignacio Santás García. Trabajador social, colegiado 4076

Consejero técnico – Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Puedes encontrar a José Ignacio Santás en Twitter y en la web www.pasionporeltrabajosocial.com

 

Los Servicios Sociales se encuentran en un momento histórico para el abordaje de lo comunitario, con un replanteamiento de su objeto y funciones: una oportunidad para liderar su papel vertebrador en cuanto a la acción social en los territorios.

 

1. Introducción

Los Servicios Sociales nacieron con el objetivo de superar el marco de la beneficencia del periodo predemocrático y, por tanto, de implementar un modelo de actuación preventiva y comunitaria. Sin embargo, el desarrollo incrementalista de recursos y prestaciones relegó el mandato de lo Comunitario a un segundo plano o, más bien, a ser un tema en continua procrastinación en muchos casos sin que éste haya desaparecido del encargo institucional ni de la narrativa de sus principios rectores.

El actual replanteamiento de los Servicios Sociales a lo largo y ancho de nuestro país exige una reflexión sobre el papel de los mismos en la sociedad y volver a poner sobre la mesa lo que podemos llamar trabajo comunitario.

Este es el objetivo del presente artículo, que abordará cuestiones, retos y propuestas de relevancia desde los Servicios Sociales locales en el contexto de un ya adentrado siglo XXI, postpandémico y global.

 

2. ¿Es lo comunitario COMPETENCIA de los Servicios Sociales?

Los Servicios Sociales son uno de los sectores que más ha evolucionado en los últimos 50 años.

Partiendo de un marco de beneficencia y protagonismo de la iniciativa privada, nacieron, prácticamente, con la Constitución de 1978, donde, si bien no son nombrados de manera expresa (salvo en el Art. 50, relacionándolos con la tercera edad), se deja entrever en un gran número de artículos la necesidad de la existencia de algo parecido a lo que hoy denominamos Servicios Sociales para conseguir el bienestar de determinados colectivos (Capítulo III, del Título I) como es el caso de la discapacidad o la familia.

El Art. 148.20 menciona, entre las competencias exclusivas que pueden asumir las Comunidades Autónomas, la Asistencia Social, dando pie a que éstas asuman, primero a través de sus Estatutos y después en las respectivas Leyes Autonómicas de Servicios Sociales (aprobadas a partir de 1982), el encargo de desarrollar los Servicios Sociales.

Es en este momento donde cada una contempló los principios, actuaciones y prestaciones, entre las cuales es prácticamente generalizada la asunción de funciones comunitarias a desarrollar por los Servicios Sociales con diversas descripciones, como el Desarrollo de programas comunitarios para la promoción social de individuos y grupos de población[1]en la Comunidad de Madrid o Promover la participación de la comunidad en la resolución de las necesidades sociales susceptibles de ser atendidas en el marco de los servicios sociales[2] en el caso del País Vasco.

Así, en la construcción de los Servicios Sociales, se impulsó durante un breve periodo de nuestra historia (los años 80), lo que se denominó Desarrollo Comunitario, definido como aquellos procesos de transformación social que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan un determinado territorio (barrio, distrito, municipio…) a través del empoderamiento de las mismas (Rubio J.A., 2016: 287), terminología que se irá dejando a un lado, por considerarse como una propuesta excesivamente politizada (…), siendo sustituida por un nuevo enunciado, más técnico y aséptico: la intervención comunitaria (Jaraiz A.G., 2012: 116).

Posteriormente, y a pesar de las definiciones sobre funciones comunitarias en las normativas correspondientes aprobadas en dicha década, su desarrollo, de manera general, no llegó a formalizarse mediante reglamentación y marcos normativos que garantizasen su ejecución.

La implementación de las diferentes leyes de Servicios Sociales (sin desarrollo normativo suficiente), y la fragmentación interadministrativa entre los tres niveles (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales), unida a un crecimiento rápido y desordenado (Santás G.J.I.,2020), produjeron que los Servicios Sociales se centraran en la cobertura de necesidades básicas y de cuidados, en detrimento de las funciones vinculadas a lo comunitario.

Sin embargo, nuestra sociedad, en el natural anhelo del cultivo de lo relacional, está asistiendo (de manera inversamente proporcional a este abandono de lo comunitario por parte de los Servicios Sociales) a un florecimiento de este campo en otros sectores, como el de la Cultura, Educación o Sanidad, que no solo realizan acciones aisladas de acción comunitaria, sino que también van adoptando esa función en sus normativas, y recogen, cada vez más, nomenclaturas como sociocomunitario, socioeducativo, o sociosanitario entre las denominaciones de sus dispositivos, lo cual no sólo evidencia el objeto de los mismos sino, también, una declaración de intenciones entre las que se encuentra la dedicación a la intervención comunitaria.

Por todo ello, podemos concluir que lo Comunitario SI es competencia de los Servicios Sociales, aunque de manera no exclusiva.

 

3. ¿Es lo comunitario OBJETO de los Servicios Sociales?

Como se ha mencionado, nuestros Servicios Sociales crecieron en un escasamente consolidado marco jurídico-constitucional, de manera rápida y desordenada, y siempre fragmentados por la territorialización y la dispersión competencial: en definitiva, el contexto ideal para una gran indefinición de los mismos.

Fruto de ello, el objeto de los Servicios Sociales nunca ha sido definido claramente y, tan solo desde hace unos pocos años, existe cierto consenso sobre todo en el sector profesional (no siempre correspondido por el encargo normativo o social -frecuentemente atribuido a la prestación de cobertura de subsistencia o de ciertos cuidados-) que vincula el mismo a favorecer la autonomía funcional y la integración relacional. De esta forma, la interacción pasa a ser central en lo que tiene que ver con los Servicios Sociales, siendo entendida como el desenvolvimiento autónomo de las personas en su vida diaria en el seno de relaciones familiares y comunitarias (Fantova 2017).

Por tanto, si adoptamos esta definición del objeto, los Servicios Sociales deberían regular, proporcionar y dirigir recursos para promover la autonomía funcional (capacidad interdependiente para el desenvolvimiento cotidiano) y la integración relacional de las personas (soporte recíproco y vinculación activa familiar y, en general, comunitaria, (Fantova 2016)), por lo que podemos indicar que lo comunitario SI forma parte del objeto de los Servicios Sociales.

 

4. La acción social comunitaria: el Tercer Sector y la iniciativa social

En el recorrido histórico ya realizado, se puede comprobar que los Servicios Sociales públicos nacen con la democracia, y por tanto con posterioridad a lo que hoy denominamos Tercer Sector e iniciativa social organizada, y con una provisión de recursos de carácter mixto y variable según sectores, entre lo público y lo privado (con y sin ánimo de lucro), es decir: de manera muy diferente al sanitario.

Por ello, la iniciativa social (en mayor o menor medida organizada), ha de