Paloma García Varela, politóloga experta en Derechos Humanos

Sonia Olea Ferreras, jurista experta en Derechos Humanos

Desde la propuesta de diseñar e implementar nuestra intervención social utilizando el enfoque basado en derechos humanos (Parte I[1]), y su reflejo práctico en el caso-ejemplo concreto de la vulneración del derecho a una vivienda adecuada para las personas extranjeras en situación administrativa irregular (Parte II[2]); llegamos a la parte final de nuestro análisis y propuesta: la evaluación de transformación en DDHH de nuestras acciones y dimensiones.

La única reparación que deseo es que ninguna mujer vuelva a vivir lo que yo he vivido, que no se permita, que se haga todo lo posible para evitar que suceda tanto dolor.

Mujer maya q´eqchi´

Foro de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas 2019

1. INTRODUCCIÓN

Hemos ido viendo en las dos primeras partes de este análisis y propuesta metodológica que incorporar el enfoque basado en derechos humanos (de ahora en adelante EBDH) en la intervención social implica, muy significativamente, una forma determinada de interpretar, analizar, abordar, comprender y trasformar la realidad en la que las entidades y organizaciones sociales vivimos; y donde cientos de miles de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social tienen sus cotidianos.

También, como hemos ido viendo, ya no se trata entonces de preguntarnos qué necesidades tienen esas personas y familias que acompañamos para así poder cubrirlas, sino que conocer qué derechos humanos (DDHH a partir de ahora) se vulneran, por qué y con qué consecuencias, qué quieren y nos demandan las personas vulneradas y cómo podemos contribuir a transformar la desigualdad, la discriminación y la injusticia; serán las preguntas que de forma permanente pueden contribuir al objetivo final: terminar o, al menos, modificar, la situación de vulneración del/de los DDHH de dichas personas y familias. Es importante, en este inicio de la III Parte, volver a tener presente en qué consiste esencialmente el EBDH en la acción social.

      Cuadro 1 – El EBDH en la acción social

Introducir los valores, principios y normas de los derechos humanos en la acción social implica:

• Abordar las formas de discriminación/exclusión que son causa y efecto de la vulneración de DDHH.
• Para lograr el pleno ejercicio de los mismos (universalidad, interdependencia, indivisibilidad e integralidad).
• Exigiendo el cumplimiento de las obligaciones a los poderes públicos de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos (estándares internacionales de los DDHH).
• Fortaleciendo así las capacidades de las personas para que ejerzan sus derechos como sujeto político que respeta los derechos de las demás personas, los promueve en su entorno, los exige, reivindica y denuncia cuando existe una vulneración de estos (personas sujetos-titulares de DDHH).

Debemos hacernos preguntas de forma constante en nuestras acciones y en nuestra intervención social. Pero no solo con un fin meramente reflexivo o socializador de percepciones, sentimientos o ideas; sino siempre colocando en medio la meta planteada (que no es fácil): transformar en derechos humanos nuestras acciones. Y para ello es para lo que es imprescindible evaluar. Cuando estamos planificando, formulando o diseñando (evaluación ex ante), durante la ejecución de las acciones (evaluación intermedia) y al final (evaluación ex post) de cada una de ellas.

2. ¿POR QUÉ EVALUAR?

Hace muy pocos días ha sido aprobada[3] la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado. Todo un hito histórico, ya que es la primera vez que se normativiza a nivel estatal la práctica imprescindible – junto con el diagnóstico, diseño e implementación de una política pública-, de la evaluación en dichas fases y, especialmente, del impacto (en sus múltiples dimensiones) que ha producido en la realidad que ha pretendido abordar.

Esta Ley tiene los siguientes objetivos:

• Optimizar el proceso de toma de decisiones públicas, incluyendo la institucionalización la evaluación como herramienta de aprendizaje colectivo y organizativo,
  • En el nivel estratégico de formulación de las políticas.
  • En el nivel gerencial de la acción pública.
• Hacer más eficaz la asignación y utilización de los recursos públicos.
• Impulsar la innovación en las actuaciones del sector público, encaminadas hacia una gestión moderna y útil para solucionar los problemas y retos sociales, y ser un mecanismo de lucha contra la inequidad social.
• Permitir el control de responsabilidades y la rendición de cuentas a la sociedad, utilizando mecanismos de recogida, valoración y difusión de la información.

Cumpliría así el fundamento de lo que surge de inmediato como primera respuesta a la pregunta que nos hacemos de ¿por qué evaluar?:

• Para conocer lo que ha pasado con lo que planificamos como acción.
• Para aprender de lo que ha pasado
  • y entonces repetirlo
  • y por ello, mejorarlo
  • o no volverlo a implementar.

Compartamos diversas rutas habituales en nuestro quehacer en la intervención social donde la evaluación es:

Cuadro 2 – Acción Social Católica

Cuadro 3 – Ayuda Oficial al Desarrollo

Cuadro 4 – Administración General del Estado

Todas ellas nos llevan a evaluar como parte no final, sino repetida (la imagen del muelle que gira y gira es habitual en nuestros procesos de acompañamiento – ya sean emocionales, jurídicos, sociales, laborales…-) en diversos momentos de nuestras acciones.

Y los aprendizajes también son comunes:

• Evaluar nos es útil[4]: porque damos voz a todas las personas que han participado en la acción; conocemos si hemos cumplido lo programado y las dificultades para ello o, en caso de ser positiva y necesaria, seguir repitiendo la acción; ayuda a ser transparentes e implica rendir cuentas; porque proporciona información para hacer análisis de la realidad y/o sensibilizar, formar…
• Evaluar para ser eficaces: analizar y sistematizar los logros obtenidos en paralelo a los objetivos marcados en el tiempo programado.
• Evaluar para ser eficientes: investigando si los recursos utilizados han contribuido en los logros obtenidos, no lo han hecho, han sido excesivos o insuficientes.
• Evaluar para medir nuestro impacto: analizar las consecuencias previstas e imprevistas, positivas y negativas de nuestra acción.
• Evaluar para ser sostenibles: intentar determinar cómo van a poder permanecer en el tiempo los resultados que hemos considerado positivos.

3. ¿CÓMO INCORPORAMOS EL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS EN LA EVALUACIÓN?

El EBDH considera la evaluación como una fase esencial para el aprendizaje y la mejora continua, vinculado a la de la rendición de cuentas y la mejora de los procesos de transparencia e intercambio de información entre todos los agentes implicados.

Al igual que en las otras fases del proceso de planificación, incorporar el EBDH en la evaluación supone un cambio de orientación, de forma que se incorporen plenamente los principios, valores y normas de los derechos humanos en la metodología y diseño del propio proceso evaluativo. Implica, además, situarse dentro de un entorno participativo, inclusivo y transparente en el que todas las personas que han formado parte de la intervención y todas aquellas que se han visto afectada por esta, deben formar parte de dicho proceso.

El objetivo último de una evaluación con EBDH es indagar en qué medida una determinada acción ha contribuido a la transformación de las relaciones de poder, corrigiendo las desigualdades, las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder. Para lograr este fin tendremos que incorporar nuevos elementos en la evaluación que detallamos en el siguiente epígrafe.

3.1 ¿Qué implica realizar una evaluación con EBDH?

Incorporar el EBDH en la evaluación implica fundamentalmente abordar nuevas áreas de indagación que nos permitan introducir los distintos componentes del EBDH. Estas áreas de indagación son:

• Situación de los derechos humanos. En la fase del diagnóstico analizamos la situación vulneración de los derechos humanos, las personas afectadas por esta vulneración e identificamos un problema central relacionado con la situación de estos derechos. En la evaluación se investigará sobre si la intervención realizada ha contribuido a mejorar el ejercicio de los derechos humanos. Esto implica que la evaluación se pregunte en qué medida las acciones realizadas a lo largo de la intervención han logrado cambios en las causas estructurales y subyacentes del árbol de problemas diseñado al inicio en la fase de diagnóstico.
• Principio de igualdad de trato y no discriminación. La reivindicación de la igualdad de trato y la no discriminación es uno de los motores hacia la construcción de una sociedad más justa donde todas las personas tengan garantizados sus derechos y puedan ejercerlos como parte de una ciudadanía plena, en igualdad de condiciones. Se convierte así en uno de los pilares fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, siendo un principio transversal en todos los tratados internacionales.

De forma general, incorporar este principio en la evaluación supone indagar sobre:

• Si se han tenido en cuenta en la intervención a todas las personas en situación de vulnerabilidad en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna.
• Si la intervención que hemos realizado ha contribuido a modificar situaciones de discriminación existentes o ha promovido la igualdad de trato.
• Si la intervención realizada ha tenido algún impacto no esperado generando discriminaciones o un trato desigual.
• Se han incorporado titulares de derechos, de responsabilidades y de obligaciones en todas las fases del proyecto.

• Principio de interdependencia e indivisibilidad. Estos principios están ligados a la mirada holística sobre la realidad donde se ha realizado la intervención y, por tanto, sobre la que se realizará la evaluación. Es importante a la hora de realizar una evaluación que se tenga en cuenta que los procesos no se encuentran aislados de los contextos que rodean la intervención ni de los otros procesos que están presentes en esa misma realidad e influyen y provocan cambios en el propio proyecto.

También es relevante indagar sobre si la intervención realizada ha tenido algún impacto negativo o positivo en algún derecho que no estaba contemplado. En este sentido podemos darnos cuenta de que en el diagnóstico inicial no habíamos tenido en cuenta la interdependencia entre algunos derechos y esto haya tenido algún impacto durante la ejecución.

Finamente, es interesante que la evaluación se pregunte por los procesos de coordinación con otros agentes de cara a conseguir los objetivos y resultados previstos buscando la complementariedad entre ellos desde la mirada de interdependencia e indivisibilidad de los derechos.

• Principio de participación. La participación es un medio y un fin en sí mismo. Desde el EBDH se propone tanto incorporar la participación de todos los agentes implicados en la intervención como promover la participación de las personas titulares de derechos para que conozcan sus derechos, se apropien de ellos y los ejerzan.

Así, en la evaluación se preguntará sobre si se ha incluido a lo largo de todas las fases de la intervención a los diferentes agentes y si la intervención ha favorecido la participación social, política y/o comunitaria de las personas titulares de derechos.

Además, es fundamental introducir en la metodología de la propia evaluación técnicas que garanticen la participación de todas las personas que han estado implicadas en la intervención y en el proceso de evaluación.

• Rendición de cuentas. La evaluación debe incorporar mecanismos de rendición de cuentas que garanticen que los distintos titulares que han participado en la intervención conocen los resultados obtenidos, así como los aprendizajes y recomendaciones que hayan salido de la evaluación. Para esto, es necesario incrementar los niveles de transparencia y acceso a la información y garantizar que la información sea asequible a quien se dirige y en formato y forma adecuada para su comprensión y asimilación.
• Fortalecimiento de las capacidades de los titulares de derechos, de los titulares de obligaciones y de los titulares de responsabilidades. Teniendo en cuenta que el foco de las intervenciones con EBDH es lograr el fortalecimiento de las capacidades de los diferentes titulares para que cumplan con su rol, en la evaluación tendremos que indagar sobre en qué medida la intervención ha contribuido a fortalecer las capacidades de los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades.

Entendemos por capacidades como aptitudes, cualidades y medios de que disponen cada uno de los titulares para poder ejercer su rol. En este sentido, en el caso de los titulares de derechos, la evaluación se preguntará en qué medida se ha logrado avanzar en el proceso de construcción de una ciudadanía activa, participativa, consciente de sus derechos. Por otro lado, en el caso de los titulares de obligaciones, la evaluación se preguntará en qué medida se ha avanzado en el proceso de construcción de voluntad política y se cuenta con una instituciones fuertes y transparentes, unas políticas públicas inclusivas y participativas y una legislación acorde con los estándares internacionales de derechos humanos. Finalmente, en el caso de los titulares de responsabilidad se indagará en qué media la intervención a contribuido a que conozcan sus responsabilidades, las asuman y decidan ejercerlas.

De esta forma, la evaluación se preguntará sobre en qué medida la intervención ha contribuido a reducir la brecha de capacidades los titulares de derechos para que ejerzan sus derechos (respeto, promoción, participación y exigibilidad); de los titulares de obligaciones para que puedan respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; y de los titulares de responsabilidades para que cumplan con sus responsabilidades.

• Los procesos. El EBDH pone un especial énfasis en conocer los procesos, por lo que su aplicación en una evaluación hará necesario revisar los temas de gestión, procedimientos, capacidad de los organismos, la propia organización, los fallos, los cambios y los recursos desde la mirada que nos proporciona este enfoque, así como la comunicación y capacidad interna de la organización.

3.2 ¿Es posible evaluar con este enfoque cuando no hemos organizado la acción social desde él?

La respuesta es sí. Sí podemos evaluar una intervención desde el EBDH, aunque no haya sido formulada en diseño y ejecución desde este enfoque.

Inicialmente, teniendo en cuenta el proceso de planificación de una intervención, si en la fase de diagnóstico y formulación hemos incorporado los componentes del EBDH, de forma natural, la evaluación incorporará este enfoque ya que evaluará los cambios planteados al inicio desde esta perspectiva. Sin embargo, si en las fases iniciales no hemos incorporados el EBDH no tendremos indicadores en los diferentes ámbitos de indagación de una evaluación con EBDH que nos permitan medir si la situación ha mejorado.

Por ejemplo, si en la fase del diagnóstico hemos incorporado el análisis de la brecha de capacidades de los diferentes titulares, en la formulación hemos definido resultados específicos para cada uno de ellos con indicadores objetivamente verificables para medir la mejora de sus capacidades, en la fase de evaluación, lógicamente, indagaremos sobre la mejora en estos ámbitos. Sin embargo, si esto no lo hemos hecho, será más difícil saber en qué medida la intervención realizada ha contribuido a esto.

No obstante, esto no significa que no podamos evaluar con este enfoque cuando no lo hayamos incorporado desde el inicio, lo que cambia es la utilidad o el objetivo final de la evaluación. Si el EBDH lo he incorporado desde el inicio, evaluaré en qué medida he logrado los objetivos, resultados y el impacto previsto. Si no lo he incorporado, la evaluación me puede servir fundamentalmente para dos cosas:

• Evaluar en qué medida el logro de los objetivos y resultados conseguidos en la intervención se relacionan con la situación de derechos humanos.
• Facilitar información y la base de formación necesarias para comenzar a trabajar en siguientes intervenciones o en las que ya venimos trabajando con EBDH.

En este sentido, evaluar una intervención con este enfoque, si no ha sido formulada desde él, tiene el sentido de aportarnos recomendaciones y elementos que debemos tener en cuenta para comenzar a trabajar e integrar el EBDH en nuestras próximas intervenciones. Este proceso facilitará la futura incorporación del EBDH en ellas, ya que todos los titulares estarán implicados desde el inicio en su incorporación. Así pues, es importante introducir el EBHD en nuestras evaluaciones para promover su propia incorporación.

4. ¿QUÉ NOS APORTA EVALUAR NUESTRA INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE EL EBDH?

Introducir el EBDH en nuestra intervención social conlleva, como decíamos en la introducción de esta III Parte y como ya desarrollamos en los diversos apartados del primer artículo publicado por Documentación Social; sobre todo y de forma sustantiva un cambio estratégico, organizacional que nacerá de situar en el medio de nuestras acciones las vulneraciones de DDHH que viven cada día las personas y familias que acompañamos y las respuestas que deben darse desde los obligados a garantizar su dignidad (sujetos de obligaciones en cumplimiento de los estándares internacionales, regionales, nacionales y territoriales de DDHH) y desde las entidades y organizaciones sociales que formamos parte de los sujetos de responsabilidad ante dichas vulneraciones.

Evaluar nuestra intervención social desde el EBDH se torna, por tanto, imprescindible para el logro del objetivo final de nuestras acciones: ser transformadoras en DDHH. Para la vida y los futuros posibles de las personas y familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social objeto de nuestra acción social. Para el ejercicio de su dignidad intrínseca, inalienable e irrenunciable.

¿Y qué suma, qué facilita, qué aporta en lo concreto a nuestra acción social evaluar con EBDH?:

Y no nos cansaremos de repetirlo: en un proceso permanente y en constante ejecución. Hasta que tengamos la certeza de que no volverá a repetirse la vulneración de DDHH.

[1] GARCIA, P. y OLEA, S. (2022) “Enfoque de DDHH en la intervención social (Parte I)”. A fondo. Documentación Social https://documentacionsocial.es/contenidos/a-fondo/enfoque-de-derechos-humanos-en-la-intervencion-social-parte-i/

[2] GARCIA, P. y OLEA, S. (2022) “Indicadores de DDHH para la identificación y realización de nuestras acciones. Enfoque de derechos humanos en la intervención social (Parte II)”. A fondo. Documentación Social. https://documentacionsocial.es/contenidos/a-fondo/indicadores-de-ddhh-para-la-identificacion-y-realizacion-de-nuestras-acciones-enfoque-de-derechos-humanos-en-la-intervencion-social-parte-ii

[3] BOE (2022) “Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado” https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21677 Acceso el 22 de diciembre de 2022

[4] Red en Derechos (2011) “El enfoque basado en derechos humanos: Evaluación e indicadores” Red en Derechos pág. 11 y ss (en línea) https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Evaluaci%C3%B3n/EvaluacionEBDH%20+%20NIPO+%20logo.pdf Acceso el 6 de diciembre de 2022

Enero 2023

Marta Lara Rodríguez. Estudiante: Vrije Universiteit Brussel. Master en Integración Europea con especialización en Migración y Medio Ambiente.

Puedes encontrar a Marta en Linkedin.

El acceso a la justicia de las personas migrantes en situación administrativa irregular está limitado debido al enfoque punitivo de la migración en Europa que prioriza la situación administrativa de estas personas frente a su seguridad. Para superar este enfoque, es clave establecer mecanismos de denuncia segura que garanticen los derechos de todas las personas migrantes con independencia de su situación administrativa.

Numerosas organizaciones de la sociedad civil europea que trabajan en la defensa y promoción de los derechos de los migrantes vienen denunciando que el acceso a la justicia para las personas en situación administrativa irregular se ve limitado debido al enfoque punitivo de la migración en Europa. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes afirma que el acceso efectivo a la justicia es el derecho que tiene toda persona de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos… La población migrante sufre frecuentemente discriminación y suele ser víctima de numerosos delitos tanto en esferas públicas como privadas. Sin embargo, estos delitos no suelen ser denunciados (PICUM, 2020). Esta situación se agrava si nos centramos en la población migrante en situación administrativa irregular. Según el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Sin embargo, los Estados tiene la facultad de establecer normas en las que se contemplan los criterios de admisión y expulsión de las personas extranjeras y los requisitos para la concesión las autorizaciones de residencia y trabajo en el país. Encontrarse en una situación administrativa irregular quiere decir que no se cuenta con la autorización para residir y/o trabajar en el país al que se ha migrado y suelen sufrirla las personas migrantes que, debido a la escasez de vías de entrada legales y seguras a los países europeos, en muchas ocasiones se ven en la obligación de optar por otras vías. También se dan casos en los que las personas migrantes llegan al país de destino con las autorizaciones necesarias, pero las pierden quizás debido a una solicitud infructuosa de protección internacional, a la caducidad o a la pérdida de un permiso que depende de un trabajo concreto o de una relación personal (PICUM, 2022).

Las entrevistas con funcionarios policiales y ONG del proyecto de denuncias seguras del Centro de Migración, Política y Sociedad (COMPAS) de la Universidad de Oxford, revelaron que las personas inmigrantes en situación administrativa irregular tienden a ser víctimas, en particular, de robos, abusos sexuales, agresiones violentas, atracos, fraudes, chantaje, acoso y pequeños delitos. Sin embargo, este grupo es más reacio a denunciar, debido al miedo a revelar su situación irregular y a ser expulsados, lo que sugiere inevitablemente un gran riesgo de infra denuncia de los delitos. De esta manera, al tener limitado el acceso a la justicia y el recurso a la protección y el apoyo, las personas en situación administrativa irregular se exponen a un mayor riesgo de ser víctimas de delitos. Además, los autores de los abusos, la explotación, la violación de derechos y la violencia no son juzgados quedando estos delitos en total impunidad.

La política migratoria europea

Como se ha destacado al inicio del artículo, una de las causas principales de la limitación del acceso a la justicia para las personas migrantes en situación administrativa irregular es el enfoque punitivo de la legislación europea sobre la inmigración.

Uno de los rasgos que han caracterizado la política comunitaria en materia migratoria es el hecho de que esta ha constituido uno de los puntos de resistencia en el que se ha manifestado en gran medida la tendencia de los Estados a defender su propia soberanía. Por consiguiente, la radicalización de los posicionamientos políticos contra la migración de algunos países ha llevado a la creación de varios bloques de países con orientaciones diferentes, los dos más notorios son el bloque de países frontera como España, Italia, Grecia y Malta, que son los primeros receptores de inmigrantes y el bloque de países como Hungría, Polonia y Austria que son contrarios a cualquier mínima apertura. Esta situación impide avanzar hacia una política migratoria común centrada en la corresponsabilidad entre los países europeos y en la apertura de vías de entrada seguras para las personas que se ven forzadas a migrar de sus países (Regi, n.d).

Actualmente, el foco de la política europea común en migración está en las negociaciones del Pacto Europeo de Migración y Asilo presentado por la Comisión el 23 de septiembre de 2020. A grandes rasgos, este recoge 4 propuestas legislativas: la primera, se basa en una propuesta de reglamento que introduce el control de personas nacionales de terceros países en las fronteras exteriores y un mecanismo de control de fronteras independiente; la segunda, consiste en la propuesta de reforma del reglamento por el que se establece un procedimiento común de protección internacional; la tercera, se basaba en la propuesta de reforma del Reglamento de Dublín (cuyo propósito es determinar qué Estado es responsable de examinar una solicitud de asilo y asegurar que todas las solicitudes son objeto de una evaluación justa en un Estado miembro); y la cuarta es la propuesta de reforma del establecimiento del sistema europeo de comparación de impresiones dactilares de las personas solicitantes de asilo (La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, 2021).

Diversas organizaciones de la sociedad civil denuncian que, aunque dicho Pacto se presenta como un nuevo comienzo, en realidad, está concebido para elevar los muros y reforzar las vallas. En lugar de ofrecer un nuevo enfoque para facilitar que las personas migrantes y refugiadas lleguen a un lugar seguro, parece ser un intento de cambiarle el nombre al sistema que lleva años existiendo y causando terribles consecuencias para las vidas y los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Además, las vías legales y seguras consideradas en el Pacto siguen teniendo un alcance muy limitado, este propone un conjunto de procedimientos cuya finalidad es la de bloquear el acceso de las personas extranjeras a los países europeos y agilizar la devolución o expulsión de aquellas que consiguen llegar a sus fronteras (La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, 2021).

Por lo tanto, el contexto actual de la política migratoria europea se resume en que no existe una política comunitaria real y como consecuencia de ello no se consigue adoptar medidas comunes en cuanto a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Este contexto se lo pone muy difícil a las víctimas que se encuentran en situación administrativa irregular, ya que, en vistas de esta situación, este grupo no acuden a denunciar por el miedo a ser deportados. Asimismo, este enfoque punitivo restringe el acceso a la justicia de la población migrante que no cuenta con autorizaciones de residencia y trabajo al priorizar su situación administrativa sobre su posición de víctima de un delito. La orientación punitiva de la Unión Europea frente a las personas que se ven obligadas a llegar a los países europeos sin las autorizaciones necesarias permite que se normalice la incapacidad de los Estados para reconocer, investigar y remediar los abusos cometidos contra estas personas (COMPAS, 2019).

Marco normativo europeo que da respuesta a esta situación

Es necesario destacar que, en este contexto, el Derecho Internacional de los derechos humanos aboga por una gobernanza de las migraciones que respete proteja y garantice los derechos de las personas migrantes. La misma Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) considera los conceptos de acceso a la justicia y tutela judicial un derecho fundamental (Naciones Unidas, 2018). Consecuentemente, los Estados europeos se enfrentan al complejo desafío de lograr una gobernanza de las migraciones que respete, proteja y garantice los derechos de las personas migrantes en virtud del Derecho Internacional de los derechos humanos.

En este sentido, la Unión Europea cuenta con medidas de protección a las víctimas de delitos que se encuentran en situación administrativa irregular. La principal referencia de estas medidas es la Directiva 2021/29 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. La Directiva prioriza claramente su seguridad y protección por encima de las medidas de control basadas en los permisos de residencia. Aunque no garantiza una solución relativa a su situación legal, la Directiva reconoce que las víctimas que no son nacionales corren un riesgo de daño particularmente elevado y, por lo tanto, podrían necesitar apoyo especializado y protección legal. Además, establece el derecho de todas las víctimas a acceder a servicios de apoyo gratuitos y confidenciales, incluso si optan por no presentar una denuncia penal. (PICUM, 2021) En el artículo 1.1, de manera expresa se dispone lo siguiente:

Los Estados miembros velarán por que se reconozca a las víctimas su condición como tales y porque sean tratadas de manera respetuosa y sensible, individualizada, profesional y no discriminatoria, en todos sus contactos con servicios de apoyo a las víctimas o de justicia reparadora, o con cualquier autoridad competente que actúe en el contexto de un procedimiento penal. Los derechos establecidos en la presente Directiva se aplicarán a las víctimas de manera no discriminatoria, también en relación con su estatuto de residencia (Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo)

De esta manera, la Directiva incluye específicamente a las víctimas en situación administrativa irregular considerando que estas se encuentran en una posición aún más vulnerable y también señala que se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que los derechos establecidos no estén condicionados a la situación administrativa y residencia de la víctima:

Los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para que los derechos establecidos en la presente Directiva no se condicionen al estatuto de residencia de la víctima en su territorio o a la ciudadanía o nacionalidad de la víctima (Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo)

Entre los derechos reconocidos a las víctimas en esta Directiva destacan: el Derecho a entender y a ser entendido, el Derecho a recibir información desde el primer contacto con una autoridad competente, el Derecho a traducción e interpretación, el Derecho de acceso a los servicios de apoyo a las víctimas, el Derecho a ser oído en el proceso penal, el Derecho a garantías en el contexto de los servicios de justicia reparadora, el Derecho a justicia gratuita, el Derecho a la protección, el Derecho a la protección de la intimidad… Todos ellos deberán ser incorporados por los Estados miembros en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva. Además, se presta especial atención al riesgo de victimización secundaria o reiterada y de intimidación y represalias y se específica que las víctimas han de recibir apoyo adecuado para facilitar su recuperación.

De esta forma, desde la Unión Europea se ha tratado de dar respuesta al problema al que se enfrentan las personas en situación administrativa irregular, no obstante, trasladar esta política a la práctica y lograr una seguridad y justicia legítimas para las víctimas en situación irregular es muy complejo, al depender de la voluntad política de los Estados.

Los mecanismos de denuncia segura

Para llegar a superar el enfoque punitivo de la política migratoria europea y garantizar los derechos de todas las personas migrantes con independencia de su situación administrativa, es necesario establecer mecanismos de denuncia segura que, independientemente de la situación administrativa de las víctimas, priorizan su justicia y seguridad (PICUM, 2021). La denuncia segura tiene como principal finalidad permitir el acceso a la justicia a las personas migrantes en situación administrativa irregular, para así disminuir los niveles de infradenuncia de delitos que se da entre este grupo social y garantizar sus derechos. Los tres fundamentos de la denuncia segura son los siguientes:

• El acceso incondicional a servicios de apoyo y protección integrales. Es decir, garantizar que todas las víctimas indocumentadas de delitos puedan acceder a los servicios de apoyo y protección disponibles (incluidos los permisos especiales para víctimas de delitos) sin limitación alguna en función del tipo de delito cometido o de su voluntad de cooperar con las autoridades en una investigación penal. (Smith, 2021)
• La responsabilidad y reconocimiento del daño. Esta se basa en adoptar un enfoque del acceso a la justicia que promueva la rendición de cuentas y el reconocimiento del daño a través del sistema de justicia penal u otros procesos, incluyendo los enfoques centrados en los intereses de la persona que ha sido víctima (Smith, 2021).
• Por último, la protección contra la deportación. Esta consiste en el establecimiento de medidas (cortafuegos) que reduzcan el riesgo de que las víctimas indocumentadas se enfrenten a la deportación si interactúan con las fuerzas de seguridad u otros actores del sistema de justicia penal, mediante cambios estructurales y trabajando con organizaciones de confianza e independientes que puedan actuar como intermediarias y cuyo interés sea exclusivamente el bienestar de la víctima (Smith, 2021).

Estos objetivos se pretenden alcanzar a través de unos mecanismos que dan prioridad a la justicia, la seguridad y la protección de las víctimas en situación de inseguridad (Smith, 2021). Los mecanismos de denuncia segura son diversos y pueden ser implementados de diferentes formas según el contexto, la disposición o la organización de cada país o región. Por un lado, podemos encontrar diferentes formas de exención de la aplicación de la ley de inmigración concedida por la legislación nacional a víctimas de determinados delitos. Estas medidas suelen aplicarse mediante la expedición de visados especiales o permisos de residencia, o a través de la suspensión de los procedimientos de ejecución de la ley de inmigración para las víctimas que reúnen los requisitos. Sin embargo, estas medidas suelen funcionar en casos aislados y como excepciones a las normas ordinarias que, de otro modo, no protegerían a las víctimas de la expulsión. Por otro lado, los cortafuegos son medidas que separan estrictamente las actividades de control de la inmigración, de la prestación de servicios públicos, la justicia penal o la aplicación de la legislación laboral, para garantizar que las personas migrantes en situación administrativa irregular no se vean disuadidas de acceder a los servicios esenciales o de denunciar los delitos (COMPAS, 2019). Estas medidas pretenden impedir que la policía local y los proveedores de servicios compartan información sobre la situación migratoria de estas personas con las autoridades de inmigración cuando prestan servicios esenciales. Su objetivo es garantizar la protección de las esferas de los «servicios sociales» de la interacción con u obligaciones con las autoridades de inmigración y policiales en lo que respecta a identificar, documentar o informar sobre la situación de la inmigración (Timmerman, R. I., Leerkes, A., Staring, R, 2019). Por lo tanto, las tres reglas sobre las que se fundamenta la protección a través de cortafuegos son: no preguntar, no decir y no aplicar. De esta manera un cortafuegos en la justicia garantiza que todos los casos se investiguen adecuadamente y que la policía pueda hacer su trabajo eficazmente garantizando la seguridad de las comunidades (PICUM, 2022).

Obstáculos para la implementación de la denuncia segura

Como hemos destacado previamente, trasladar esta teoría a la práctica y lograr una seguridad y justicia legítimas para las víctimas en situación irregular es muy complejo A pesar del despliegue normativo de la Unión Europea relativo a la protección de las víctimas en situación administrativa irregular, en la mayoría de los países europeos, las leyes y reglamentaciones en materia de inmigración a menudo restringen considerablemente el acceso de las personas migrantes a los recursos y vías de reparación efectivos, lo que limita su acceso a la justicia y favorece que los autores de los abusos, la explotación, la violación de derechos y la violencia de que son objeto disfruten a menudo de impunidad en la práctica (Red Acoge, Andalucía Acoge y Cepaim, 2022). Por lo tanto, uno de los obstáculos con el que se encuentra la Unión Europea para implementar mecanismo de denuncia segura en sus Estados miembros es la orientación de su propia política migratoria.

Como se ha expuesto anteriormente, la legislación europea en materia migratoria está centrada en el cierre de frontera y criminaliza, obligando a las personas migrantes a llegar a los países europeos de manera irregular. Asimismo, las políticas migratorias y las prácticas llevadas a cabo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de los Estados priorizan la situación administrativa de la persona frente a su condición de víctima, lo que se convierte en otro obstáculo para la puesta en práctica de mecanismos de denuncia segura (Red Acoge, Andalucía Acoge y Cepaim, 2022).

Además, existen otros ejemplos donde se observa claramente esta contradicción existente en el seno de legislativo de la Unión Europea. En virtud de la Directiva de Retorno de la Unión Europea, los Estados miembros están obligados a emitir una decisión de retorno a todas las personas de fuera de la UE que no estén legalmente autorizados a estar en su territorio, y a hacer cumplir esa decisión expulsando a la persona en cuestión. Podría decirse que esta obligación de retorno impide a los Estados miembros limitar a sus autoridades nacionales la emisión de decisiones de retorno a los inmigrantes irregulares (detectados). Sin embargo, la Directiva de Retorno establece algunas excepciones para las víctimas de la trata de seres humanos. No está claro si la Directiva permite o no la no ejecución genérica de una decisión de retorno en situaciones en las que un migrante irregular es víctima de un delito, pero como se ha expuesto en el marco normativo europeo la Directiva sí abre las puertas a una posible regularización a las víctimas de delitos por razones humanitarias o de otro tipo (Timmerman, R et al., 2020: 427-455).

Por lo tanto, la prevalencia de la situación administrativa de la persona frente a su condición de víctima y el choque legislativo entre la orientación punitiva de la migración y la Directiva de Víctimas analizada previamente, la cual sí que constituye una protección para las víctimas de delitos en situación administrativa irregular son los principales obstáculos que presenta la Unión Europea para la implementación de mecanismos de denuncia segura en sus Estados miembros.

Como conclusión, garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva de las personas en situación administrativa irregular pasa por superar el enfoque punitivo de la política migratoria europea y avanzar en la apertura de vías legales, seguras y efectivas de entrada a los países europeos. Asimismo, es necesario implementar medidas vinculantes que protejan los derechos de las personas migrantes independientemente de su situación administrativa.

Referencias bibliográficas

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Diario Oficial de las Comunidades. Niza: 2000.

Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Disponible en: https://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (2021): Propuestas de la sociedad civil al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Disponible en: https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2021/10/Pacto_Europeo_de_Migraciones_y_Asilo_Propuestas_de_la_sociedad_civil.pdf

Naciones Unidas (2018): Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/a77189-report-special-rapporteur-human-rights-migrants

Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, PICUM (2022): Firewall ¿Por qué un firewall? Disponible en: https://picum.org/es/firewall-3/

Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, PICUM (2021): Prever el daño, promover derechos: conseguir seguridad, protección y justicia para personas con un permiso de residencia y trabajo restringido en la UE, Bruselas.

Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, PICUM (2020): Resumen Ejecutivo ¿Justicia insegura? Permisos de residencia para víctimas de delitos en Europa, Bruselas.

RedAcoge, Andalucía Acoge y Cepaim (2022): MIGRACIÓN Y DENUNCIA SEGURA. Experiencias europeas y retos para el desarrollo de mecanismos de denuncia segura para víctimas de delitos en situación administrativa irregular en España. PICUM.

Regi, J (n.d.) “Las políticas de migración y asilo en la Unión Europea y sus problemas de aplicación en los Estados miembros”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 6, No. 1, 2020 pp. 57-77. Disponible en: https://seguridadinternacional.es/resi/html/las-politicas-de-migracion-y-asilo-en-la-union-europea-y-sus-problemas-de-aplicacion-en-los-estados-miembros/

Smith, A (2021): “Migration and Safe Reporting: Overview of Policies & Practices in the EU”. Jornada sobre Denuncia Segura. Celebrada el 29 de Septiembre 2021. PICUM.

The University of Oxford’s Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) (2019): Safe reporting of crime for victims and witnesses with irregular migration status in the United States and Europe, Research highlights and learnings for the EU Victims Strategy. Disponible en: https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/Safe-reporting-project-Research-Highlights-and-Learnings-for-the-EU-Victims-Strategy-Final.pdf

Timmerman, R. I., Leerkes, A., Staring, R, (2019): Safe Reporting of Crime for Victims and Witnesses with Irregular Migration Status in the Netherlands. The University of Oxford’s Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS). Disponible en: https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/SR19-Netherlands-country-report.pdf

Timmerman, R. I., Leerkes, A., Staring, R., and Delvino, N. ‘Free In, Free Out’: Exploring Dutch Firewall Protections for Irregular Migrant Victims of Crime. European Journal of Migration and Law Vol.22(3), 2020; pp. 427-455, Disponible en: https://doi-org.proxy.library.uu.nl/10.1163/15718166-12340082

Diciembre 2023

Sonia Olea Ferreras

Jurista experta en Derechos Humanos

Cáritas Española ha llevado a cabo múltiples procesos de incidencia política para situar sus propuestas en el ámbito ejecutivo y legislativo. Por primera vez en el ámbito estatal, este proceso comienza y se sustenta en la reflexión de las personas y familias afectadas sobre sus derechos humanos vulnerados. Y desde ese escenario, se construye el análisis posterior que ha dado lugar a propuestas concretas de políticas públicas y legislación que prevengan, afronten y terminen con las situaciones de sin techo y sin vivienda en nuestro Estado.

“La participación es esencial para reducir las desigualdades y los conflictos sociales. También es importante para empoderar a las personas y los grupos, y es uno de los elementos fundamentales de los enfoques basados en los derechos humanos orientados a eliminar la marginación y la discriminación”.

Directrices de Naciones Unidas[1], 2018

Introducción

En los últimos cinco años, Cáritas ha implementado procesos de incidencia a nivel territorial e internacional (Huelva y Amazonía) sustentados en la detección de la vulneración de derechos humanos por las personas que lo están viviendo cotidianamente. Y no sólo, sino que, además, han sido también protagonistas en la priorización del ámbito sobre el que construir las propuestas políticas que llevar al ejecutivo/legislativo para terminar con dichas vulneraciones. Sólo así se puede diseñar una política pública con enfoque de derechos humanos.

Suponía todo un reto impulsar un proceso similar a nivel estatal (70 Cáritas Diocesanas, de las que la gran mayoría acompaña situaciones de personas y familias sin techo y sin vivienda). Multiplicado por tener que hacerlo en mitad de una pandemia mundial, que limitaba, incluso excluía, la posibilidad de llevar a cabo encuentros y reuniones asamblearias como hubiera sido deseable.

Pero era el momento. No sólo porque podíamos ser propositivos ante una estrategia de política pública aún sin desarrollar, sino porque teníamos la certeza de que el trabajo y el esfuerzo llevado a cabo por tantas personas, tendría el fruto de sentirnos todos y todas protagonistas, en especial tantas personas invisibilizadas, fragilizadas, criminalizadas, y ninguneadas cada día por su situación de pobreza y exclusión social y residencial.

¿Cuál era el objetivo principal?: hacer propuestas políticas al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para que fueran incluidas en la futura 2ª Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar 2022-2026 y pudiera afrontarse la situación de las personas y familias sin techo[2] (ETHOS 1) y sin vivienda (ETHOS 2) que acompaña Cáritas.

¿Desde dónde?: desde la detección de la vulneración de derechos humanos por las propias personas y familias vulneradas y por las personas que les acompañamos en Cáritas (voluntariado y personal contratado).

Y ¿qué meta esencial tenía este proceso?: poner en práctica, por primera vez en Cáritas a nivel estatal, un modelo participativo en la construcción de propuestas políticas a la Administración, su seguimiento y posterior evaluación donde las personas y familias vulneradas fueran el centro de todo el proceso.

Desde enero a junio de 2021 hemos llevado a cabo la fase de detección, análisis y propuestas:

En junio fue presentado nuestro documento de propuestas ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda Urbana, y el día 23 del mismo mes, celebramos una jornada virtual con cientos de personas y familias vulneradas y agentes de Cáritas, donde desde nuestra Secretaría General se hizo la devolución del proceso. Una vez sea publicada la 2ª Estrategia, tenemos el compromiso de la Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales de presentarla igualmente en otra jornada de las mismas características. Igualmente haremos el contraste entre nuestras propuestas y el documento final, junto con una evaluación intermedia (todo ello desde la continuidad con el modelo participativo llevado en todo el proceso 2021-2024).

Vulneración de derechos humanos de personas y familias acompañadas por Cáritas en situación de sin techo y sin vivienda

Entre el 9 de febrero y el 10 de marzo de 2021 se llevaron a cabo dos consultas a nivel confederal por el Equipo de Estudios de Cáritas Española:  a personas en situación de sin techo y sin vivienda (ETHOS) acompañadas por Cáritas y a agentes de Cáritas que acompañan esas realidades. Con dos objetivos:

• Recoger las vulneraciones de Derechos Humanos-Discriminación detectadas por las propias personas que las están viviendo.
• Recoger las causas más urgentes, importantes, prioritarias o que consideran esenciales para plantear y promover ante la Administración Estatal.

En otras circunstancias hubiéramos utilizado la metodología habitual[3] de reuniones presenciales asamblearias y participativas donde llevar a cabo dinámicas grupales de contraste, debate y acuerdos.

Hemos contado con la participación de 916 personas en situación de sin techo y sin vivienda y 579 agentes (contratados y voluntarios) en 44 Cáritas Diocesanas cumplimentando un breve cuestionario sobre los derechos humanos que se consideraban vulnerados y su priorización respecto al derecho que de forma más urgentes necesitaba ser afrontado por la Administración en sus políticas públicas. Además, en el caso de las personas y familias vulneradas, se les consultó también por su propia experiencia de discriminación.

Percepción de las personas sin vivienda y sin techo de posibles causas de discriminación sentidas. Equipo de Estudios. Cáritas Española. 2021

Este cuestionario fue completado desde dos vías, en el intento de facilitar la mayor participación posible:

• Físicamente y envío por correo postal (con la posterior sistematización del Equipo de Estudios).
• Encuesta online (a través de teléfono móvil y ordenador).

En el caso de las personas y familias afectadas, los derechos humanos que consideran vulnerados son:

Principales derechos humanos que pueden verse afectadas las personas sin vivienda y sin techo. Equipo de Estudios. Cáritas Española. 2021

Y en su priorización para diseñar políticas públicas por parte de la Administración, los cuatro primeros han sido: derecho humano al trabajo, a una vivienda adecuada, a la salud y a la educación.

Para el personal voluntario y contratado que acompaña estas realidades los derechos humanos vulnerados son el derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud-sanidad, a la vida, libertad y seguridad y a vivir en condiciones dignas. En su priorización sobre el ámbito más urgente para la intervención de las políticas públicas sería: vivienda, salud, trabajo y educación.

Una vez más, la pandemia hizo que tuviéramos que adaptarnos, y en los siguientes pasos del proceso de incidencia contamos con representantes de 13 Cáritas Diocesanas[4] que trabajaron arduamente durante 3 jornadas de trabajo virtual, de 4 horas cada una de ellas. Se trataba de construir las propuestas políticas de Cáritas desde el análisis y reflexión sobre las causas, factores y consecuencias que daban lugar a la vulneración de cada uno de los cuatro derechos humanos priorizados, entre los cuales, después de una primera reflexión sobre los ámbitos sobre los que se iba a sustentar el posicionamiento de Cáritas y sus propuestas políticas; se introdujo también el derecho humano a la protección social, unificando empleo decente y formación en un solo derecho, y tomando el siguiente que salía como priorizado en las encuestas realizadas.

Construcción de propuestas de políticas públicas con enfoque de derechos humanos

En el análisis de cada uno de los derechos humanos vulnerados priorizados hemos ido profundizando en sus diferentes dimensiones:

• En primer lugar, qué causas dan lugar a la vulneración.
• En segundo, qué consecuencias tiene dicha vulneración en las personas y familias en situación de sin techo y sin vivienda acompañadas por Cáritas.
• En tercero, hemos debatido y contrastado hasta seleccionar la causa que nos parecía más urgente, prioritaria e importante por las consecuencias directas que tiene en dichas personas y familias.
• Y, por último, hemos analizado qué factores son los que dan lugar a dicha causa seleccionada.

Y así con cada una de las vulneraciones a los derechos humanos a una vivienda adecuada, al empleo decente y la formación, a la salud y a la protección social. Desde luego, un trabajo grupal de mucha envergadura técnica, más aún al tener que llevarlo a cabo en formato online dificultando en mucho el debate y los acuerdos.

La propuesta política, ya fuera relacionada con una normativa (a modificar, crear, o suprimir) o una política pública (plan, proyecto, programa…) se iba a sustentar – se ha sustentado-; sobre la reflexión y acuerdo llevado a cabo por este grupo motor de 13 Cáritas Diocesanas y miembros del Equipo de Inclusión y del Equipo de Incidencia de los Servicios Generales de Cáritas Española respecto a qué factor, de los que daban lugar a la causa considerada como urgente, prioritaria e importante, era, a su vez, el que más contribuía a su existencia y, por tanto, a la vulneración.

Pudiendo así focalizar la propuesta política de forma concreta y directa ante las administraciones públicas: ¿cómo afrontar, suprimir, prevenir, acabar con dicho factor?

Proceso genérico llevado a cabo en la reflexión grupal y participativa:

Sólo un breve apunte tomando como ejemplo el análisis de la vulneración del derecho a la protección social y así facilitar la compresión de la metodología empleada:

Consensuado como el factor que de forma más clara contribuye a la falta de coordinación entre las diferentes administraciones (territorialmente y por ámbitos: vivienda, salud, servicios sociales, empleo…) el que no se desarrolle por los Servicios Sociales el derecho a la protección social, quedando su actuar en la gestión y organización del reparto de prestaciones económicas.

Una vez determinados los cuatro factores que más contribuyen a las causas consensuadas por el grupo como urgentes, prioritarias e importantes, porque dan lugar a la vulneración de los derechos humanos seleccionados; ha sido posible diseñar las propuestas políticas que para Cáritas han de ser contenidas en la futura 2ª Estrategia y que constan en su documento Análisis y propuestas de Cáritas para la 2ª Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2021-2026[5].

Al igual que en líneas anteriores, tomaremos a modo de ejemplo el desarrollo de las propuestas políticas de Cáritas para afrontar y terminar con el factor seleccionado como de mayor contribución a la vulneración del derecho humano a la salud para las personas y familias sin techo y sin vivienda que acompañamos en Cáritas:

Ante la carencia de unidades/equipos socio-sanitarias de salud mental de calle y la poca coordinación socio-sanitaria en los diferentes niveles de la administración pública, proponemos:

• Que se impulse y promueva la creación de unidades de calle socio sanitarias de salud mental al menos en las poblaciones de más de 20.000 habitantes.
• Que se promocione el aumento de esta ratio, según nº de habitantes y kilómetros incluidos por municipio/comarcas.
• Que se promueva que cada unidad de calle esté formada por personal del ámbito mental (psiquiatría/psicología), físico (enfermería) y social (trabajo/educación social).

Que se impulse y promocione que la coordinación de las unidades se lleve a cabo desde Servicios Sociales.

Participación de las personas y familias vulneradas en el seguimiento y evaluación del proceso de incidencia política

En la jornada confederal online que celebramos para devolver a las personas y familias vulneradas el resultado de la reunión mantenida con la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales por nuestra Secretaria General, Natalia Peiro, muy pocas horas antes; éramos conscientes de varias cosas:

• Que, como todo el proceso de consecución de las propuestas políticas presentadas a la Administración, esta jornada/asamblea también era un momento histórico en la Confederación y abría una puerta de no retorno a la participación de las personas vulneradas en los procesos de incidencia a nivel estatal.

Centro Amigo, Cáritas Diocesana de Sevilla. Jornada confederal online.

Intervención de persona acompañada por la Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

• Que una de las mayores riquezas que tenemos en Cáritas es la posibilidad de compartir procesos desde las diferentes miradas de las personas y familias vulneradas, las personas contratadas y voluntarias y los equipos directivos. Y ello se torna en el mayor recurso intangible para todas nuestras áreas de intervención: social, económica, política, jurídica, sociológica, formativa, de sensibilización y comunicación.
• Que las personas y familias vulneradas tienen que ser receptoras directas, sin intermediarios, del contenido de la futura 2ª Estrategia (y ese es el compromiso adquirido por la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el próximo 2022).

Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante. Jornada confederal online. Intervención de la Secretaria General de Cáritas Española.

• Y, finalmente, que el seguimiento y la evaluación de dicha 2ª Estrategia iba a hacerse con la participación directa, ojalá presencial, de las personas y familias vulneradas, en situación de sin techo y sin vivienda, acompañadas por Cáritas.

Desde todas estas premisas, y formando parte del proceso de incidencia que iniciamos en enero de este año, seguirán el próximo año las fases de seguimiento y de evaluación intermedia de la 2ª Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar, una vez que concluya el propio diseño de la misma por la Administración pública responsable y podamos dar inicio a las acciones programadas.

Fase de seguimiento (2022-2023) con cuatro objetivos:

• Participación horizontal y grupal de las personas y familias en situación de sin techo y sin vivienda acompañadas por Cáritas, voluntarias y contratadas, y equipos directivos.
• Conocer el contenido de las políticas públicas propuestas en la 2ª Estrategia.
• Contrastar las políticas públicas contenidas en la 2ª Estrategia con las de Cáritas.
• Hacer llegar a la Administración el resultado de nuestro contraste.

Y con las siguientes actividades:

• Espacios grupales específicos del voluntariado, el personal contratado, los equipos directivos y las personas y familias de forma independiente (por determinar en cada Cáritas Diocesana según posibilidades internas de organización).
  • Apoyo del Grupo Motor del Proceso de Incidencia en el diseño de dinámicas participativas según organización interna de la Cáritas Diocesana.
• Espacio asambleario/jornada compartido por todos los grupos específicos en cada Cáritas Diocesana.
  • Acuerdo diocesano sobre el resultado del contraste para compartir a nivel confederal con el Grupo Motor del Proceso de Incidencia.

Para poder llevar a cabo esos espacios de reflexión, debate y toma de acuerdos, se elaborarían dos documentos soporte junto con uno tercero, conclusivo de los pasos anteriores y “producto” para poner en común con las administraciones públicas en el seguimiento de nuestras propuestas ante la vulneración de los derechos humanos a la vivienda adecuada, empleo decente y formación, salud y protección social.

• Presentación del documento de contraste ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por la Secretaria General de Cáritas Española y personas/familias vulneradas acompañadas por Cáritas.
• Jornada confederal online de seguimiento de la presentación del contraste con las propuestas de Cáritas ante el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Este documento final de contraste de Cáritas entre las políticas públicas contenidas en la 2ª Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar 2022-2027 y las propuestas planteadas por Cáritas será también nuestra guía en la fase de evaluación intermedia que llevaremos a cabo en 2024 y, desde luego, en los diversos espacios de incidencia con la Administración estatal y de red/plataformas en los que como Cáritas estamos presentes.

Desarrollo de los espacios grupales específicos, diocesanos y confederal:

FASE DE EVALUACIÓN INTERMEDIA (2024) con dos objetivos:

• Contrastar la efectiva aplicación de las políticas públicas contenidas en la 2ª Estrategia.
• Hacer seguimiento de las propuestas de Cáritas.

Todavía en fase de diseño, la propuesta para implementar esta evaluación intermedia sería llevar a cabo un Encuentro Confederal sobre el Proceso de Incidencia para la Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar, con la participación horizontal de todas las personas y familias agentes de Cáritas (vulneradas sin techo y sin vivienda, voluntarias, contratadas y equipos directivos. Tanto de las Cáritas Diocesanas, como de las Cáritas Regionales y todos los equipos que quieran participar de Servicios Generales de Cáritas Española).

El Grupo Motor del Proceso de Incidencia incorporaría representación de todas ellas para diseñarlo y llevarlo a cabo. Con cuatro áreas de trabajo y reflexión:

• derecho a una vivienda adecuada
• empleo decente y formación
• salud
• protección social

Incorporando diversas dinámicas personales y grupales que nos puedan llevar a dar respuesta a los interrogantes que nos preocupan y ocupan sobre la efectividad de la 2ª Estrategia para prevenir y/o terminar con las vulneraciones de derechos humanos detectadas desde la primera fase de nuestro proceso.

Sin duda, y de forma clave[6] la participación de las personas vulneradas en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas hace que las mismas sean más adecuadas y efectivas; se profundice en la prevención y se encuentren caminos más adecuados para su realización.

Desde esa revisión y constatación de la realidad, en un espacio participativo, horizontal, que representa todas las miradas de las personas agentes de Cáritas,

• poder hacer hincapié en nuestras propuestas para los años restantes de la propia 2ª Estrategia
• presentar los resultados de la reflexión confederal en los espacios internos de Cáritas y externos (plataformas y Administraciones Públicas).

Y, por supuesto, comenzar con el diseño de la tercera estrategia, habiendo compartido, actualizado y acordado las líneas esenciales de unas políticas públicas necesarias y urgentes para que todas las personas, en especial las más vulneradas, puedan vivir en plenitud su dignidad universal, intrínseca e irrenunciable.

[1] NACIONES UNIDAS (2018) “Directrices para los Estados sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública” https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web_SP.pdf

[2] FEANTSA (2010) “Tipología europea de sinhogarismo y exclusión residencial” https://www.feantsa.org/download/ethos_spain-24518105836657575492.pdf

[3] WOLA y CEDPA (2005) “Manual para la facilitación de procesos de incidencia política” Ed. Centro para el Desarrollo de Actividades de Población (CEDPA) y Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Pp. 55-78

[4] Cáritas Diocesanas que forman parte del Grupo Motor del Proceso de Incidencia: Asidonia-Jerez, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Getafe, Girona, Madrid, Murcia, Orihuela-Alicante, San Sebastián, Santiago, Sevilla y Tenerife.

[5] N.d.a. Probablemente, dadas las fechas que estamos, la 2ª Estrategia pasará a ser programada para el período 2022-2027.

[6] NACIONES UNIDAS (2018)  “Directrices para los Estados sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública” https://www.ohchr.org/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web_SP.pdf)

Noviembre 2021

Sara Arribas Leal, socióloga. Investigadora

Rocío Herrero Sanz, socióloga. Investigadora

Catalina Martínez Miguélez, socióloga. Investigadora.
Paola Miranda Medina, socióloga. Investigadora.
Alicia Gómez-Chacón Áviles, socióloga. Investigadora.

Puedes encontrar a Sara en Twitter y a Rocío en Instagram.

Las tasas de suicidio juvenil han alcanzado unas cifras alarmantes en los años de pandemia. A través de 20 entrevistas a jóvenes conocemos su experiencia con la ideación e intento de suicidio. Se exploran los factores causantes, los correctores, las diferencias de género, la influencia de la pandemia, las fallas estructurales y la relevancia de la familia.

El incremento de las tasas de suicidio en estos años de pandemia ha generado una gran preocupación social que hemos visto reflejada en los medios de comunicación, la pandemia silenciosa es como muchos diarios han calificado este fenómeno.

Se ha puesto especial atención en los jóvenes y no es para menos: según datos de 2020 del Instituto Nacional de Estadística, cerca de la mitad del total de muertes entre los jóvenes de 15 a 29 años es debido a causas externas (accidentes, caídas, agresiones, suicidios, homicidios), siendo el suicidio la que se posiciona en el primer lugar (34,2%). Esto significa que el suicidio es la segunda causa de muerte general (16,6%) para este grupo de edad, después de las muertes por tumores (18,2%), lo que evidencia la magnitud del problema.

Además, se observa una gran diferencia entre las tasas de suicidio de hombres y mujeres en la población general siendo las tasas masculinas más elevadas, tendencia que se mantiene en el grupo de edad de entre 15 y 29 años. Según los mismos datos del INE de 2020, se registraron en este rango de edad 227 suicidios de hombres frente a 73 de mujeres, lo que quiere decir que entre la población de 15 a 29 años el 75,6% de los suicidios son realizados por hombres. Sin duda, estos datos resultan alarmantes y se debe abordar el tema desde una perspectiva social, pues cuando las cifras son tan elevadas resulta evidente que no estamos ante un problema individual sino colectivo.

Los objetivos de la presente investigación son localizar los factores sociales que inciden en los jóvenes y llevan al acto del suicidio, y determinar en qué medida la pandemia ha afectado al suicidio juvenil, para corroborar o desmentir que sea la principal causa del aumento de estas tasas.

Para realizar la investigación de la que aquí se exponen algunas conclusiones, se ha optado por una metodología cualitativa llevada a cabo a través de entrevistas en profundidad. Se han realizado un total de 20 entrevistas a jóvenes residentes en Madrid entre los 17 y 29 años, de los cuales 11 han sido mujeres.

A través de Instagram y Twitter todas las autoras publicaron un anuncio llamando a participar en esta investigación a personas que hubiesen experimentado el intento de suicidio o ideación suicida, y a compartir dicho anuncio entre sus redes. En pocas horas contábamos con más de 30 personas dispuestas a colaborar. Tras controlar nuestras variables de edad y residencia, seleccionamos y obtuvimos la muestra final.

Factores sociales causantes del suicidio juvenil

Tras haber realizado las entrevistas, se ha elaborado un listado de los factores que han influido en la ideación suicida de los jóvenes, observando aquellos que la mayoría tenían en común, y posteriormente se han clasificado según su naturaleza.

Los principales factores sociales causantes de la ideación suicida se pueden clasificar en cuatro dimensiones: factores interpersonales, factores experienciales traumáticos, factores cognitivos y factores psicológicos.

Los conflictos interpersonales hacen referencia a familias con una dinámica disfuncional y conflictiva, familias desestructuradas, relaciones afectivas y sociales tóxicas, acoso y bullying, carencia de inteligencia social^[1] (esto sólo se ha observado en hombres), y, en ocasiones, estar en una situación de aislamiento social en la que el individuo carece de contactos sociales y consiguientemente tendrá pocas personas con las que relacionarse o, por el contrario, puede encontrarse acompañado y sentir soledad.

Los factores experienciales traumáticos son aquellos que implican haber vivido eventos traumáticos. Engloban toda vivencia referida a haber sufrido agresiones sexuales, violencia de género, enfermedades, muertes de familiares cercanos, o tener en el entorno personas con enfermedades mentales.

En los factores cognitivos se enmarcan las expectativas negativas sobre el futuro, motivación autodestructiva, baja autoestima, excesiva autoexigencia y presión social hacia el éxito. En general, es una percepción de la realidad desesperanzadora y que conlleva una relación insana con uno mismo, con tal nivel de exigencia que su propia salud y bienestar se ven gravemente perjudicados.

Por último, los factores psicológicos se refieren a padecer enfermedades mentales, sufrir trastornos de ansiedad y/o depresión. Estas enfermedades han sido diagnosticadas en todos los sujetos que en algún momento han acudido a un profesional médico. A estos factores les acompaña el experimentar un profundo y constante sentimiento de soledad, característico de este tipo de enfermedades mentales.

Todos los entrevistados presentan un conjunto de estos factores, cada joven reúne un conjunto diferente. En algunas ocasiones, los entrevistados no han experimentado un evento traumático, pero los otros tres tipos de factores son constantes en todos los sujetos.

^[1] Es una habilidad humana, que permite comprender, entender y percibir los pensamientos y acciones de otras personas. Esta se puede aplicar en diferentes contextos de la vida, gestionando de manera positiva los estímulos y relacionándose con los demás. (Ramírez Molina et al., 2021).

Factores que ejercen una función correctora y protectora

Asimismo, existen correctores sociales que actúan como freno a la ideación suicida, es decir, evitan que se lleve a cabo el acto del suicidio.

Se preguntó a los jóvenes qué les frenaba a cometer este acto en los momentos más críticos y de nuevo se procedió a hacer una clasificación de las respuestas.

Cabe destacar que estos correctores son distintos según los factores determinantes en el caso de cada individuo. Esto significa que los factores que influyen en la decisión de no realizar el acto suicida (correctores) dependen de aquellos que la provocan (causantes), por lo que un corrector puede ser un incentivo en otro caso distinto.

Tal es el caso de la familia. La familia es un elemento central y posee una doble vertiente.

Si bien puede ejercer como causante en determinadas situaciones, cuando la circunstancia que provoca el intento suicida es externa a ella, el núcleo familiar actúa entonces como un potente elemento corrector. El sufrimiento que su muerte causaría en padres, hermanos/as, abuelos/as y demás familiares es lo que evita que estos jóvenes cometan el suicidio.

Siempre ha sido por la familia. A mí la frase Mr. Wonderful que dice ‘lo importante no es el destino, es el camino’ pues bien, pero déjame en paz. Esas mierdas no van a hacer que no hagas cosas. La gente que se suicida es porque pierde completamente a lo que aferrarse, aunque esté ahí dejan de verlo

La esperanza por el futuro es otro aspecto que ejerce presión para frenar la ideación suicida. La posibilidad de que su situación mejore, de que aquellos aspectos que les producen tanto sufrimiento y desesperación se transformen o puedan escapar de ellos; la idea de un futuro esperanzador al que no quieren renunciar. Cualquier ápice de esperanza e ilusión por lo que pueda ser en un futuro resulta un elemento clave en la disuasión del intento suicida.

¿Y si pasa algo bueno? Esa curiosidad por saber que va a pasar, es lo que me frena. Es un pulso constante con la vida.

La idea de poder tener la vida que yo quiero en algún momento, esa pizquita de luz que me hacía decir quiero intentarlo.

Otro corrector central son las terceras personas del entorno del individuo, similar al factor corrector de la familia, pero referido a amigos o parejas. En estas personas encuentran redes de apoyo. Todos ellos son elementos que ejercen una función positiva y ayudan a disminuir la ideación suicida.

La soledad es un sentimiento constante que experimentan las personas con ideación suicida, de manera que sentirse acompañadas y aceptadas por cualquier tipo de relación puede marcar una enorme diferencia.

Hice una promesa con mi novia de que ninguno podía llegar a suicidarse. Esta promesa de que ninguno se autolesione es lo que hace que me mantenga limpio.

Yo ya lo venía pensando, pero un día me desperté y el pensamiento no paraba y me metí al baño con la intención, pero mi compañero de piso me ayudó mucho y finalmente no lo intenté.

Por último, el miedo al dolor físico y a las posibles secuelas del intento de suicidio si este fracasara.

El miedo al acto en sí, a la decisión tan rotunda que supone elegir si uno vive o deja de hacerlo. Además de a los riesgos físicos que entraña el acto del suicidio, pues si este fallara la persona puede tener graves consecuencias, como lesiones físicas y cerebrales que pueden resultar en daños irreversibles.

El miedo a estos riesgos actúa también como freno a la ideación suicida.

No lo llevaba a cabo por si sobrevivía y me quedaba con daños en vez de muerto. Tenía pensamientos intrusivos para hacerme daño, pero no los llevaba a cabo por si no lograba conseguirlo.

Creo que es porque me da miedo. Pasaría a un nivel muy diferente, de tomar decisiones cotidianas paso a decidir si estoy viva o no.

Diferencias de género

Se ha podido observar cierta diferencia entre los factores causantes más determinantes según el género.

En las mujeres se ha visto más reiterada la autoexigencia por alcanzar el éxito y la perfección. Una gran presión derivada de las expectativas sociales puestas sobre ellas, según las cuales deben ser excelentes en todos los aspectos de sus vidas: familiar, social, académico, laboral, físico-estético, intelectual… incluso los hobbies, como un deporte, se pueden convertir en un elemento estresante al sentirse obligadas a ser brillantes en él, aun cuando el objetivo de realizar esa actividad sea el mero entretenimiento.

La presión social a la que están sometidos los individuos, y especialmente las mujeres, se interioriza como autoexigencia. Esta presión social nos insta a adaptarnos a un modelo centrado en el éxito y la productividad, el cual resulta perjudicial para los individuos y conlleva consecuencias psicológicas negativas cuando no se consigue adaptarse a él u obtener los resultados esperados. En las mujeres, la autoexigencia por cumplir con las expectativas sociales es mayor y el peso psicológico que esto supone puede convertirse en detonante de la ideación suicida.

En los hombres, por otro lado, se alude más a problemáticas relacionadas con la baja integración social, aislamiento y sensaciones de no ser necesarios en su entorno social.

Los hombres se identifican en una de estas tres categorías ya que, de antemano, se han visto involucrados en acontecimientos como lo son el bullying, el carecer de apoyo familiar, el sufrir soledad o el tener dificultad para mantener relaciones sociales. Todos estos acontecimientos dificultan las formas de relación e interacción social en estos individuos, una baja sociabilidad que conlleva aislamiento y sentirse innecesarios. Esta situación es la que impulsa, en la gran mayoría de hombres, a tener ideaciones suicidas.

Fallas estructurales

Los entrevistados, por otro lado, hacen importante alusión a las carencias existentes en nuestra sociedad, principalmente en las instituciones sanitarias y educativas.

Algunos entrevistados aluden a que no todos disponen de los suficientes recursos económicos como para poder hacer uso de los servicios que la sanidad privada proporciona. Así, en relación con la sanidad pública afirman que los recursos disponibles no cubren la demanda y que la especialidad psiquiátrica termina siendo la más recurrente, proporcionando ésta consecuencias como la dependencia a medicamentos, en vez de proporcionar una buena atención desde la especialidad de la psicología.

Del mismo modo, los centros educativos se evidencian con ineficiencia en sus protocolos de prevención, detección e intervención en problemas que afectan a la salud mental. También se señala el desconocimiento ante la gravedad del problema al no disponer de profesionales cualificados o que, cuando se dispone de estos profesionales, no realizan un seguimiento adecuado, según la percepción de nuestros entrevistados. Estos consideran que cuando han solicitado ayuda se ha infravalorado la gravedad de su situación y no se les ha proporcionado la atención que necesitaban.

La influencia de la familia

La familia es un elemento central y transversal a toda la investigación. La totalidad de las personas entrevistadas identifican que su familia ha jugado un papel influyente en su experiencia con la ideación o intento suicida.

Por ello, para el posterior análisis se han clasificado los factores causantes en dos: por un lado, las relaciones familiares; y, por otro lado, el resto de factores sociales mencionados anteriormente, refiriéndonos a ellos como factores externos (siendo estos los factores psicológicos, cognitivos, experienciales traumáticos, y los conflictos interpersonales excluyendo la familia).

De esta forma, se puede observar la gran diferencia entre los casos de ideación suicida cuando los factores causantes principales son externos o familiares.

Se observa que, si el principal factor que afecta a los individuos son las relaciones familiares, los afectados son más vulnerables frente a la ideación suicida al no contar con una red de seguridad primaria.

Si, por el contrario, el principal factor que les afecta es externo, la gestión que hace la familia de la situación resulta decisiva: cuando es adecuada (intervención, apoyo, gestión emocional…) la familia reduce el efecto negativo externo actuando como red de seguridad salvavidas; por el contrario, cuando la gestión familiar es inadecuada (infravalorar, ignorar, invalidar emociones) los afectados tienen mayor vulnerabilidad y riesgo de llegar al intento de suicidio.

El papel de la pandemia

Por otro lado, no existe una tendencia uniforme entre las personas entrevistadas en nuestro trabajo de campo realizado del 12 de noviembre al 23 de noviembre de 2021, para identificar la pandemia como un elemento clave y central a la hora de llevar a cabo el acto del suicidio. Si bien algunos afirman que la pandemia ha sido determinante en sus ideas de suicidio, para otros es un elemento que no les ha influido. Así pues, y desde una perspectiva cualitativa como la desarrollada en este estudio, no podemos afirmar que la pandemia sea el único motivo que esté detrás del incremento de suicidios entre la juventud.

Entre los jóvenes que sí sienten una repercusión de la pandemia en su ideación suicida, observamos que según los factores más determinantes (siguiendo la anterior clasificación de factores externos o relaciones familiares negativas) la influencia es diferente para el sujeto y la síntesis de dicha diferencia viene dada por el espacio que tienen que habitar:

Para los afectados cuyo factor principal es externo, su espacio seguro está en el hogar por lo que el confinamiento les permitió alejarse de los espacios y relaciones perjudiciales, lo cual resultó muy beneficioso para su salud mental. Como expresan algunos de ellos:

Osea a mí la pandemia, pónganme tres. Que me confinen otra vez por favor. Yo pandemias las que quieras.

Para mi realmente el confinamiento fue una bendición, fue un regalo del cielo.

Sin embargo, el desconfinamiento y regreso a espacios que les resultaban inseguros repercutió en ellos de manera negativa:

Volver a hacer vida normal fue incluso peor que antes.

En el confinamiento, me encerré en mi habitación, aprendí a quererme, el problema fue el shock que vino después. Me dio mucha ansiedad social y acabé con una fuerte depresión.

Para los afectados cuyo factor principal es la familia, su espacio seguro se encuentra fuera del hogar, de manera que al tener que compartir espacios comunes constantemente con la familia cuya relación con esta es disfuncional o conflictiva, el confinamiento agravó su situación.

 Para mí la pandemia fue clave, la convivencia en mi casa no se podía soportar y me creó muchísimo estrés y toda la ansiedad aumentó.

Tantos meses de cuarentena casi me matan, me daba ansiedad convivir con mi familia.

A diferencia de los anteriores, el periodo de desconfinamiento les permitió alejarse de estas relaciones conflictivas, por lo que la salida para estos fue positiva.

Gracias al desconfinamiento pude acudir a centros donde conocí́ a gente que había pasado por situaciones como yo.

Conclusiones

Tanto en la sociedad como en el modo de vida actual existe una fuerte presión social, un patrón a seguir, que afecta directamente a los más jóvenes cuando el modelo del individuo no se corresponde con el esperado. Este desajuste entre expectativa y realidad les hace más proclives a la tenencia de ideaciones suicidas.

Para poder corregir la exclusión que experimentan estas personas es necesario visibilizar esta problemática y hablar abiertamente sobre salud mental. La estigmatización del suicidio y de todo problema de salud mental resulta fatal para las personas que viven con estos pensamientos pues intensifica la sensación de aislamiento y soledad. La empatía es clave para la gestión de estos casos y el apoyo por parte del entorno resulta crucial para que la persona salga adelante.

Previamente, en el ámbito de la prevención, es preciso señalar la importancia de la socialización primaria en los individuos, es decir, la estructura familiar, ya que cuando esta presenta fisuras, se desencadena falta de integración y comprensión en la persona.

Del mismo modo, los entrevistados han expresado que los grupos de apoyo tienen un impacto muy positivo al tratarse de espacios seguros con grupos de iguales en los que se crean redes de apoyo. Asimismo, el teléfono de la esperanza ha resultado de gran ayuda en algunos casos.

Escuchar y hablar de salud mental sin tabúes, del suicidio y especialmente de los motivos que lo causan, es la mejor manera de acompañar a los jóvenes que están experimentando estos pensamientos, según han expresado ellos mismos.

Solamente necesito que estén ahí y me pregunten qué tal estoy

Bibliografía

Ramírez Molina, R.I., Villalobos Antúnez, J.V., Lay Raby, N.D., Del Valle Marcano, M. Inteligencia social y liderazgo resonante. Editorial Corporación CIMTED, 2021.

Febrero 2023

Pedro Uceda Navas

Profesor del departamento de Sociología Aplicada de la UCM. Director del grupo de investigación GISMAT y miembro de Instituto TRANSOC. Universidad Complutense de Madrid

El aumento del precio de los alquileres se ha posicionado como uno de los debates más relevantes en los últimos meses, especialmente a raíz de la aprobación de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda que, resumiendo, trata de crear un marco normativo que asegure una vivienda digna y asequible para la población española. En complicado contexto residencial, con un aumento desmesurado de los precios de los alquileres en la última década, el presente texto tiene por finalidad determinar el esfuerzo económico medio que los hogares realizan para afrontar los pagos del alquiler, ilustrándolo con la comparativa autonómica, así como a nivel inframunicipal en cuatro ciudades españolas que más han visto encarecerse este tipo de régimen de tenencia.

En los últimos meses los medios de comunicación del estado español se han hecho eco del debate político sobre el problema de la vivienda y, muy especialmente, sobre la relación que las familias españolas tienen con el mercado de la vivienda, especialmente debido al aumento del precio de los alquileres. Según datos del Encuesta de Condiciones de Vida del INE (en adelante, ECV) únicamente puede ahorrar el 26% de los hogares que residen en alquiler y un 18% de los mismos debe pedir dinero prestado, frente al mayor ahorro (46% de los hogares) y menos necesidad de préstamos (4%) de los que son propietarios de la vivienda (INE, 2020); mientras que los datos de la Encuesta de características esenciales de la vivienda (INE), revelan que el 55% de los hogares alquilados tienen ingresos por debajo de 1.500€ mensuales, dato que representa el 30% de los hogares con hipoteca de vivienda (INE, 2021). La vivienda revela entonces las dos caras de una misma moneda: por un lado, la del espacio físico y de socialización, elemento necesario para el denominado buen vivir; y, de manera complementaria y especialmente relevante en este debate, la vivienda como un bien mercantilizado con una elevada rentabilidad en el corto-medio plazo. (Méndez, 2019), lo que genera que, dentro de estas relaciones de los hogares españoles con el mercado inmobiliario del alquiler, hay vencedores y, en mayor medida, vencidos. Este texto trata, en esta línea, de demostrar las diferencias socioespaciales existentes en el esfuerzo económico medio que los hogares realizan para afrontar los pagos del alquiler, ilustrándolo con el ejemplo autonómico e inframunicipal, con la finalidad de recoger el impacto que el problema de los alquileres tiene en las ciudades (Palomera, 2019). La problemática que trata de poner de relieve este artículo, como se señala anteriormente, reside en la tensión que se genera en los hogares a la hora de afrontar los gastos de la vivienda en alquiler, en un contexto de mercado basado en la subida continua de precios y estancamiento de los ingresos de los hogares; lo que determina que el endeudamiento en materia de vivienda supere el 30% del gasto de los hogares que diferentes entidades y autores determinan como frontera natural del gasto del hogar (Echaves, 2017, Rodriguez, 2010) ampliamente superado por los hogares con niveles de renta inferiores.

La comparativa europea y autonómica: impactos desiguales

España, según los datos de la ECV, sigue siendo un país de propietarios en la medida que, en los últimos veinte años, el porcentaje de hogares españoles que tiene una vivienda en propiedad ha pasado del 80 al 75%; mientras que los hogares en régimen de alquiler han sufrido un leve aumento, pasando del 13,5% al 18% en el mismo periodo de tiempo. Este cambio se produce principalmente en el incremento del número de alquileres a precio de mercado, dada la escasa oferta pública de vivienda en general y de alquileres de iniciativa pública en particular. Como muestra de ello, y como se refleja en la figura 1 basada en los datos de Eurostat, nuestro país se sitúa a la cabeza de aquellos sistemas residenciales en los que un mayor número de personas han de dedicar un mayor número de recursos económicos: un 20% de la población española reside en alquiler y dentro de ese colectivo, más del 40% dedica más del 40% de sus ingresos al pago de la renta mensual. Este dato nos demuestra que no solo duplicamos el valor de la media de los países de la UE27, sino que nos situamos muy lejos de modelos de países centroeuropeos como Alemania o Austria con una fuerte presencia de la vivienda en alquiler social y una menor tensión económica en las familias (López y Matea, 2020)

Figura 1. Relación entre el porcentaje de hogares en alquiler según país y porcentaje de hogares en alquiler que sufren un sobrecoste en el pago de las cuotas. Año 2021 – Fuente: EU-SILC. Eurostat.

En este contexto de divergencia europea en el que casi la mitad de los arrendatarios españoles dedican más de la mitad de sus ingresos al pago de alquileres, la comparativa autonómica define diversas trayectorias en esta relación entre los hogares y la vivienda, definiendo una amalgama de trayectorias en la elación entre la población que reside en régimen de alquiler, los ingresos de los hogares y, sobre todo, la evolución acelerada de los precios del alquiler.

Esta relación del porcentaje de hogares en régimen de alquiler y el precio medio de los mismos para el año 2021 (ver figura 2) demuestran precisamente el impacto desigual del peso de los alquileres por comunidades, estableciendo un gran grupo conformado por Madrid, Cataluña, Canarias y Baleares que superan en 20% del parque de viviendas bajo este régimen, seguido de cerca por Comunidades como Aragón y Murcia, en los que rondan valores del 15%. Este clúster de comunidades en los que mayor porcentaje de alquileres se da, dista bastante de la realidad de Extremadura, Castilla-La Mancha o Castilla y León, con un porcentaje bajo de alquileres situadas en valores alrededor del 10%. Esta situación del peso desigual de las viviendas en alquiler para cada comunidad autónoma está íntimamente ligada con el precio de la misma, ya que se demuestra que es precisamente en aquellas comunidades donde el peso es mayor, el precio del metro cuadrado medio también es mayor[1], siendo especialmente relevantes los casos, de nuevo, de Madrid (13,5 €/m²), Cataluña (13 €/m²), Illes Balears (11,5 €/m²) y Canarias (9,9 €/m²).

Figura 2. Porcentaje de hogares en régimen de alquiler y valor medio del precio del alquiler (€/m²) según CC.AA. 2021. – Fuente: Censo de población y viviendas 2021 (INE) e Idealista

La imagen estática del año 2021 se complementa con la información de la evolución del peso de los hogares en alquiler y precio de los mismos en el periodo 2011-2021; resaltando, más si cabe, la realidad diferenciada de las autonomías españolas. La figura 3 ilustra el desarrollo de ambas variables y permite la comparación de las tendencias con la media del estado español. Este análisis señala un primer grupo que ha crecido en ambas cuestiones desmesuradamente como son la Comunitat Valenciana y las Islas Canarias, principalmente, con un crecimiento relevante de los alquileres y de los precios de manera desmesurada. Un segundo grupo de comunidades representa a aquellas cuyo crecimiento en el número de hogares no se sitúa por encima de la media española, pero sí la evolución de los precios, como son Illes Baleares y Cataluña. Es reseñable el caso de País Vasco, Cantabria y Aragón que ven incrementado el peso de los hogares que residen en alquiler, pero con una contención en el aumento de los precios; y, por último, la existencia de un grupo que ha crecido por debajo de la media en ambas cuestiones y estaría formado por Galicia, Asturias, Castilla y León, y Castilla-La Mancha.

Figura 3. Evolución de los hogares en régimen de alquiler y de los precios del alquiler según CC.AA. 2011-2021 (en rojo, media española). –

Fuente: Censo de población y viviendas 2011 y 2021 (INE) e Idealista.

Para concluir este apartado que pretende radiografiar la realidad del mercado del alquiler en las comunidades autónomas españolas, es necesario entender el impacto que tiene sobre los hogares españoles el recibo mensual del alquiler y la distribución de los mismos en base a las horquillas de coste mensual, ya que, como demuestra la figura 4, las diferencias autonómicas son relevantes. En primer lugar, destacan la Comunidad de Madrid, Cataluña, Illes Balears y País Vasco, con una fuerte presencia de hogares que pagan más de 700 euros mensuales de alquiler; siendo especialmente relevante dentro de este grupo, el porcentaje de hogares que destina más de 1.000 euros mensuales en Madrid (17% de los hogares), Cataluña (11%) o Illes Balears (9%).

En la antítesis de estos valores, un amplio grupo de comunidades autónomas agrupan alrededor del 80% de sus hogares en régimen de alquiler en valores inferiores a 700 euros; siendo especialmente relevantes casos como los de Extremadura, con un 30% de los hogares pagando menos de 200 euros al mes de alquiler; Castilla-La Mancha; Castilla y León o Murcia en las que, alrededor del 80% de los hogares alquilados, paga menos de 500 euros al mes. Por último, se deja entrever un grupo intermedio, formado por Canarias, Andalucía o la Comunitat Valenciana, en los cuales se evidencia la existencia de un porcentaje importante de hogares dentro de las horquillas de precios inferiores, pero con presencia relevante a su vez, en las horquillas superiores a 700 euros al mes; efecto que muy probablemente tenga que ver, entre otros motivos, con la presencia de grandes ciudades y el impacto que estas tienen sobre el mercado del alquiler, como veremos a continuación.

Figura 4. Porcentaje de hogares en régimen de alquiler según coste de la cuota mensual, 2021 – Fuente: Encuesta de características esenciales de vivienda, 2021 (INE).

Los alquileres y las rentas de los hogares: la arista urbana del poliedro residencial

Hasta ahora se ha podido apreciar la heterogeneidad de las situaciones de los hogares que residen en viviendas de alquiler en las distintas comunidades autónomas, entre las cuales se dan situaciones de expansión del mercado del alquiler en virtud al mayor número de hogares residiendo de este modo, así como en términos de explosión, dada la evolución dramática de los precios de los mismos. Como se señalaba en el apartado anterior y de manera necesariamente complementario a este análisis autonómico, se debe emprender aquí un análisis urbano que determine la presión diferenciada que soportan los hogares en las grandes ciudades en materia de vivienda en alquiler por cuestiones como la concentración del empleo y las diversas actividades económicas, la presencia de fondos buitre e inversiones especulativas, la oferta casi inexistente de vivienda pública y especialmente alquileres públicos, etc. (Gil, 2019; López y Matea, 2020) elementos que claramente están relacionados con la arista urbana del poliedro que es la vivienda en España.

Esta evolución de precios y de hogares en régimen de alquiler se presenta de manera notoria en las principales ciudades españolas, determinando el importante impacto que ha sufrido el mercado del alquiler en estas. La figura 5, basada en datos censales y de la ECV para la variable hogares y el índice de precios de Idealista, demuestra el crecimiento desmesurado del precio del metro cuadrado en alquiler en la última década, especialmente en el caso de ciudades como Valencia (87%), Málaga y Palma, con un crecimiento de 75% desde 2011 a 2023; seguidas de Barcelona (56%), Las Palmas de Gran Canaria (45%) y Madrid (39%); cifras nada desdeñables que apuntan a un crecimiento generalizado del precio de los mismos. En términos del valor actual del alquiler, Barcelona (20€/m²) y Madrid (17,7€/m²) y Palma (14,4€/m²) son los municipios cuyos precios son más elevados en 2023 y lo eran a su vez, atendiendo a los datos de diez años atrás.

Figura 5. Evolución de los precios de alquileres y hogares en régimen de alquiler para una selección de ciudades, 2011-2023. Fuente: Censo de Población y Viviendas 2021 (INE) e Idealista

Pero lo realmente curioso es el valor que han desarrollado en ciudades intermedias como son Valencia, Palma o Málaga, cuyo precio unitario es menor, pero el desarrollo en la última década ha sido, cuanto menos, dramático; especialmente en el caso de la capital del Turia, con una subida del 88% entre 2011 y 2023. Y todo ello, como se menciona anteriormente, en un contexto de crecimiento del número de hogares que deciden alquilar una vivienda, con crecimientos del 25% en las tres primeras ciudades citadas por tener el valor del metro cuadrado en alquiler más elevado en 2023. Llegados a este punto y como se resalta en el inicio de este texto, se ha creído oportuno realizar una estimación del impacto que supone el precio del alquiler medio en la economía de los hogares de los diferentes distritos de diferentes ciudades españolas. Con la finalidad de establecer el esfuerzo que deben realizar los hogares para poder afrontar los gastos en materia de alquileres, se ha puesto en relación los ingresos medios netos disponibles de los hogares según los diversos distritos de las cuatro ciudades españolas que tienen el valor medio más elevado de precio de alquiler: Barcelona, Madrid, Palma y Málaga; a través de la creación del valor de un “alquiler tipo anual”[2] para cada uno de los distritos de estos cuatro municipios.

El análisis de los datos agregados de los 47 distritos de las cuatro ciudades analizadas determina la existencia de una correlación negativa (-0.664) entre los niveles de renta de los hogares y el esfuerzo anual en el pago del alquiler, determinando que en aquellos distritos donde el nivel de renta disponible es menor, el esfuerzo de los hogares, medido en porcentaje dedicado al gasto en alquileres, aumenta (ver figura 6). Este hecho es muy interesante de recalcar pues no solamente se da el hecho de una menor renta disponible de los hogares, sino de una subida de precios de los alquileres en todas las áreas de la ciudad. En 31 de los 47 distritos analizados, se supera el límite teórico del 30% de gasto recomendado en vivienda, y en el caso de 8 distritos, se alcanzan valores muy superiores del 40% de los ingresos de las familias.

Figura 6. Análisis de dispersión entre renta media de los hogares y esfuerzo medio en el pago de las cuotas del alquiler. Distritos de Barcelona, Madrid, Palma y Málaga. 2020. Fuente: Atlas de distribución de la renta de los hogares (INE) e Idealista.

Si se centra la atención en los distritos de los diferentes municipios analizados (figura 7) se observa esta diferenciación del esfuerzo de los hogares en términos espaciales. En el caso de la ciudad de Madrid, es el arco sureste de la ciudad donde se encuentran los distritos que representan un mayor esfuerzo por parte de las familias, principalmente los distritos de Usera y Villaverde junto con el distrito Centro, con valores por encima del 40%. Este esfuerzo en materia de vivienda es menor en la zona del ensanche madrileño (Distritos de Salamanca, Retiro, Chamberí, Chamartín) así como en áreas del norte de la ciudad. En el caso de Barcelona, ciudad con una fuerte presencia de porcentajes cercanos al 40% de dedicación en sus distritos, especialmente en el caso de Ciutat Vella con una estimación del 50% de dedicación de la renta disponible; Sants-Montjuic (38%), Nou Barris y el distrito de Sant Martí (36%). Las zonas de Sarrià (22%) y Les Corts (26%) así como Eixample y Gracia (alrededor del 31%) se sitúan precisamente en los espacios en los que el esfuerzo dedicado a vivienda es menor.

Figura 7. Estimación del esfuerzo de los hogares dedicada al pago de la cuota del alquiler en los distritos de Madrid, Barcelona, Palma y Málaga (%). 2020 – Fuente: Atlas de distribución de la renta de los hogares (INE) e Idealista.

En el caso malagueño, los distritos de Carretera de Cádiz (37,5%), Ciudad jardín (36%) y Cruz del Humilladero (36%) representan los distritos con un mayor esfuerzo en materia de vivienda, seguido de Bailén y Palma Palmilla (ambos con valores alrededor del 34%) Por debajo del 30% se sitúan Teatinos (26%) y el distrito de Málaga Este (21%), espacios en los cuales la relación entre ingresos y precio del alquiler conlleva menor presión. Por último, el caso de la ciudad de Palma, el distrito de Playa de Palma (41%) representa el mayor esfuerzo para los hogares en materia de vivienda, seguidos de los distritos de Poniente (35%) y Levante (34%), mientras que Centro (28%) y, especialmente, Norte (26%) sufren en menor medida la presión del precio elevado del alquiler.

Conclusiones

Los datos revelan que nos encontramos en una situación en la que es necesario tomar medidas con respecto a los alquileres y, más aún, dado el modelo actual en el cual el acceso a una vivienda en propiedad se complica, especialmente para el colectivo de jóvenes. El perfil de las personas alquiladas define una menor capacidad de ahorro y mayor necesidad de pedir dinero a fin de mes que las familias con hipoteca (INE, 2020; 2021) y, dentro del marco europeo, casi la mitad de los hogares que viven de alquiler (40%) destina el 40% de sus ingresos al pago mensual, datos muy alejados de la media europea. España es un país de propietarios, bien por adquisición de vivienda, bien por herencia familiar, pero lo que nos concierne aquí se centra en la situación del 20% de los hogares españoles que reside en alquiler y su situación ante un mercado que no deja de aumentar los precios, lo que limita las opciones residenciales en gran medida. El contexto actual está marcado por un mercado que fija precios al alza, con un aumento desmedido en los últimos diez años y que afecta, aunque de manera desigual, a todas las CC.AA. Atendiendo, pues, a la realidad del parque de alquiler español, se observa que en aquellas áreas urbanas en las cuales residen los hogares con menor nivel de ingresos y los centros de las ciudades, se da una mayor dedicación de los ingresos en materia de alquileres, dado a que la subida de los precios de los mismos repercute en todos los distritos analizados, alcanzando en 31 de los 47 distritos analizados valores superiores al 30% como límite teórico de gasto recomendado en vivienda, incluso en el caso de 8 distritos, valores muy superiores del 40% de los ingresos netos de las familias.

Bibliografía

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Gil, J. (2019). La subida de los alquileres: ¿falta de oferta o fondos buitre? Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, (148), 85-95. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7258203.pdf  Consultado el 7 de octubre de 2023

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INE (2020) Encuesta de condiciones de vida. Módulo 2020. Sobreendeudamiento y ahorro https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=7990&capsel=8040 Consultado el 12 de octubre de 2023

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López Rodríguez, D., y Matea Rosa, M. D. L. L. (2020). La intervención pública en el mercado del alquiler de vivienda: una revisión de la experiencia internacional. Documentos ocasionales/Banco de España, nº 2002. https://repositorio.bde.es/handle/123456789/10448 Consultado el 27 de octubre de 2023

Méndez Del Valle, R. (2021) Financiarización urbana y burbuja del alquiler en España: tendencias y contrastes en perspectiva multiescalar. Documents d’anàlisi geogràfica, Vol. 67 Núm. 3. p. 441-463. DOI 10.5565/rev/dag.664. https://ddd.uab.cat/record/240225 Consultado el 10 de octubre de 2023

Palomera, J. (2019) De la estafa inmobiliaria a la estafa del alquiler. Barcelona Metrópolis, nº 112. Jul 19. https://www.barcelona.cat/metropolis/es/contenidos/de-la-estafa-hipotecaria-la-estafa-del-alquiler Consultado el 14 de octubre de 2023

Pareja-Eastaway, M., y Sánchez-Martínez, M. T. (2011). El alquiler: una asignatura pendiente de la Política de Vivienda en España. Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 53-70. https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/76034  Consultado el 6 de octubre de 2023

Rodríguez, J. (2010b). Demanda de vivienda y esfuerzo económico, en Leal Maldonado, J. (coord.) La Política de vivienda es España. Madrid: Fundación Pablo Iglesias, págs. 38-65.

[1] El modelo de regresión lineal devuelve valores estadísticamente significativos (<0.005) con R2 ajustado de 0.567 y una correlación positiva de 0.771, lo que indica que, a mayor valor medio de los alquileres, mayor porcentaje de hogares en ese régimen de tenencia.

[2] Para la estimación del esfuerzo, se extrae el valor medio de alquileres según distrito y se recrea el valor anual (12 mensualidades) de una vivienda de 80m² para cada uno de los distritos según datos de Idealista para el mes de junio del año 2020. Este valor, que supone el coste anual en vivienda sin suministros y se pone en relación con los ingresos medios netos disponibles del hogar según distrito extraídos de la ECV; lo que determina el esfuerzo dedicado por los hogares de cada distrito en materia de alquileres.

Enero 2024

Víctor Renes Ayala, Sociólogo

La desigualdad, la pobreza y la exclusión social no son algo que solo padecen determinados grupos humanos, sino que es algo que revierte sobre la propia sociedad. En beneficio del bien común de todos y todas necesitamos erradicarla.

I

Hace poco me preguntaron por qué debe erradicarse la pobreza y la exclusión social[1]. Y después de un momento de duda pensé que me lo estaban preguntando por considerar que las personas en esa situación eran personas en situación de injusticia, debido a que la pobreza y la exclusión social es negación de derechos dado que en ella la dignidad humana queda negada y, por lo tanto, es injusto. Pero me decidí por pensar que me lo estaban preguntando desde otro punto de vista, el de una sociedad que conoce y sabe que la pobreza y la exclusión existe y, sin embargo, no acomete su erradicación. ¿No lo acomete porque no lo considera posible, rentable, beneficioso?, ¿porque considera que no es de su responsabilidad, o por un sin número de explicaciones que demoran el asunto para cuando se pueda? Sin olvidar que todo ello queda aderezado por la duda de si la sociedad tiene alguna responsabilidad, no sea que, si es cuestión de la responsabilidad, quede remitida a la competencia o incompetencia, a la responsabilidad o irresponsabilidad de los individuos, y, en concreto, de quienes están en esas situaciones.

La pobreza, por tanto, es un hecho que, como tal, oscila entre la paradoja de su realidad y de su invisibilidad; entre ser reconocido como un hecho existente, y ser considerado como un fenómeno social secundario a la hora de la toma de decisiones, especialmente en las decisiones que estructuran la sociedad. No cabe duda de que nuestra sociedad sabe que tiene un problema histórico en este tema, no en vano somos la 4ª economía del euro con una de las tasas de pobreza más altas. Pero la sociedad ha ido deglutiendo que la pobreza no tiene por qué estar en la primera página de la agenda, preocupada como está por salir de dos crisis sistémicas y prácticamente seguidas, la del 2008 y la de la pandemia. ¡Ahora lo que debe primar es el crecimiento! Cuestión en la que nunca se para nadie a pensar más en ello, porque se considera evidente y porque nunca se hace una retrospectiva de cómo, después de la crisis y con un nuevo crecimiento en expansión, se está haciendo frente a la desigualdad, a la pobreza, a la exclusión. ¿Es que una vez retomado el crecimiento se absorbe algo más que determinados efectos surgidos por tal crisis? ¿Todos? ¿Y la pobreza y la exclusión ya existente ante-crisis? ¿Y la estructura de la propia realidad de pobreza, y su dimensiones y condiciones, y su reproducción, y su permanencia, y su futuro dadas las decisiones que organizan y estructuran la propia sociedad?

Hubo una expectativa, allá por la década de los 80 y 90 en la que la pobreza estuvo en la agenda de la sociedad, de modo que la pobreza tenía toda una serie de retos que el propio modelo social tenía que afrontar. La pobreza estaba en el debate público, el famoso debate de los ocho millones de pobres, y eso ponía encima de la mesa que la problemática social tenía que contemplar este aspecto. Podíamos decir que ello nos llevaba a hacernos cargo de la pobreza en la construcción del Estado del bienestar. Y eso nos debía llevar a encargarnos de la pobreza ante la sociedad del crecimiento. Pero esto empezó a pesar cada vez más, y a lo más que llegamos fue a cargar con la pobreza en un modelo de desarrollo social precario. En definitiva, la pobreza siguió siendo un reto estructural.

Porque, a partir de la puesta en la primera página de la agenda, pronto las aguas volvieron a su cauce, y en el desarrollo de la Agenda Lisboa 2000, volvió a ser puesto todo bajo el paradigma del crecimiento. De modo que la propia actuación por la inclusión social, la propia política contra la pobreza, quedaba bajo el signo de lo que contribuía al crecimiento económico, que es lo que sancionaba las decisiones como acertadas o no. Cierto que se puede decir que esto es demasiado simple. Sí, si no se considera que una realidad compleja no se puede reducir a uno solo de sus elementos. Pero no, si se tiene presente cuál es el parámetro que articula esa complejidad. No se trata de olvidar las políticas por la inclusión social, como elemento significativo más elocuente de la complejidad. Pero tampoco se puede olvidar que esa misma estrategia se definía desde el parámetro del crecimiento. La inclusión lo debía ser en la sociedad del crecimiento, y eso en todos los ámbitos, empleo, formación, protección social, actividad de la economía verde, incluso inteligente, con todo lo que eso supone de gestión y construcción de sociedad desde las NTI.

Y cuando la respuesta se enfrenta con este proceso de pérdida de vigencia de la pobreza en la sociedad como cuestión sustantiva, la respuesta ante la pregunta formulada apunta a ponerlo de nuevo en valor. Dicho esto, debo reconocer que la pregunta que me formularon ha quedado sin responder. Porque para mí, la pobreza y la exclusión social hay que erradicarla por el Bien Común. Soy consciente de que esta respuesta se enfrenta con el muro que la ha dejado fuera de la agenda. Por otra parte, parecería lógico que la erradicación de la pobreza deba ser en beneficio de quienes la padecen. Y no es ilógico proponerlo así. ¿Por qué entonces focalizarlo sobre el Bien Común?

En primer lugar, precisar que en este enfoque no solo no están ausentes quienes se encuentran en estas situaciones, sino que están incluidos. Y, en segundo lugar y más importante, porque es un enfoque que no invisibiliza la responsabilidad de la sociedad, sino todo lo contrario. La cuestión es: si la pobreza es un hecho que hay que analizar como fenómeno social, es decir, como una relación social estructurada y estructurante de la sociedad, tenemos que contemplar los dos polos de esa relación, la pobreza y la sociedad en la que la pobreza existe, y la relación que se establece entre los dos. Análisis en el que ahora no podemos entrar, pero en el que me parece muy importante insistir en la conexión que se produce entre los dos polos.

Sin vida en común no hay sociedad. Por ello son decisivos los principios y valores que se tomen como los referentes que estructuran las grandes decisiones. Para ser sociedad deben girar en el sentido de construir vinculación social. Por ello, las formas de sociedad, las relaciones societales, en todos los ámbitos, no pueden quedar vinculadas a una sola, como está sucediendo en nuestra sociedad que están centradas en la relación de intercambio, guiada por el mercado. Así se trasmutan las relaciones de sociabilidad y societalidad que se generan desde las relaciones de reciprocidad y de redistribución.

Si tomamos como paradigma lo que es una red, sabemos que una red tienes conexión con todos los puntos. La red no tiene un principio y un final, sino que es la conexión entre todos; cualquier cosa que afecta a un punto, afecta a toda la red. Esa imagen de red sirve para analizar el conjunto de la sociedad, que es sistémica. Cada elemento tiene un gran valor, pero sus objetivos y fines están interrelacionados e interconectados; como en la sociedad. Hay que tener una visión holística y retroactiva, integral y global para desvelar todas sus potencialidades.

Esto es básico para poder plantear el tema del Bien Común como condicionante de lo que supone y exige la perspectiva de la erradicación de la pobreza. Y lo primero que constatamos es que el Bien Común es un referente que en nuestra sociedad ha quedado para el discurso, y este en muy contadas ocasiones. Y con ello no nos referimos solo a la pérdida de derechos, sino de la pérdida de las condiciones de acceso a los bienes necesarios para la satisfacción de necesidades básicas basadas en los derechos. Porque sin ello ni la dignidad de las personas ni lo que supone y exige una sociedad digna, son viables. Pero hoy constatamos que, cada vez más, todo gira en torno al individuo con olvido y menos aprecio de lo colectivo, de lo público. En esta lógica, aparece la culpabilidad individual ante la pobreza y la exclusión ocultando así que es un fracaso colectivo, e invisibiliza la responsabilidad colectiva.

Como una derivada, hoy no existe un concepto compartido (consenso) de lo que es el Bien Común. Su lugar lo ocupa el crecimiento económico, en el que la competitividad y la meritocracia ocupan los valores centrales. En una sociedad así, las estructuras generadoras de desigualdad quedan sin cuestionamientos, intocadas; ¿absueltas? Porque cuando se plantea el tema de la distribución, no es el Bien Común el eje del debate, sino la tributación. Y, junto con ella, la sospecha. No la sospecha de si así se puede mantener lo que con la tributación queríamos obtener, como la salud, la educación, la protección social, etc. La sospecha es que se da por entendido que es algo que le corresponde al individuo, y que eso está en la naturaleza de las cosas. ¿Qué espacio le queda al Bien Común? Y, desde ahí, ¿a la erradicación de la pobreza?

Si queremos una sociedad pacificada, donde sea posible la convivencia en la diferencia, necesariamente tenemos que generar condiciones para que todos puedan disfrutar de lo que significa ser sociedad, donde todos los seres humanos se puedan desarrollar. Justamente eso es lo que pretende la erradicación de la pobreza. Conviene señalar que lo contrario genera sociedades agresivas, muy agresivas. Y lo estamos viendo a nivel mundial con las guerras continuas, con los millones de refugiados y de inmigrantes económicos que hay hoy en el mundo. Y no nos damos cuenta de que la pobreza y la exclusión social no son algo que solo padecen determinados grupos humanos, sino que son algo que revierte sobre la propia sociedad. Por ello, decimos que en beneficio del Bien Común de todos necesitamos erradicarla.

Lo que, entre otras cosas implica que los recursos necesarios para ello no deben ser considerados como un gasto, sino como una inversión. Y es una inversión social que genera beneficios de todo orden: todos los seres humanos pueden contribuir a la sociedad y esto genera incluso crecimiento económico. Las crisis que estamos sufriendo no pueden ser superadas simplemente con recortes de gasto, exigen, necesitan inversión. ¿No es la pobreza y la exclusión una crisis estructural, sistémica, permanente? Para salir de una crisis hay que invertir en generar oportunidades de todo tipo.

II

¿Focalizar la erradicación de la pobreza y la exclusión social desde el Bien Común hace olvidar a las personas? Nada más lejos de la realidad. La cuestión es, ¿desde dónde se plantea y se construye el Bien Común? Recordemos que estamos hablando de la dignidad humana como fundamento del orden político y social, según el art. 10 de la Constitución, que es lo que anda en juego en la erradicación de estas situaciones. De esto trata el Bien Común, de la dignidad de la persona, especialmente en las situaciones que está más negada. Esto es lo que debe demandar la máxima atención de la sociedad, de los poderes públicos y de la propia ciudadanía, pues en ello definimos qué sociedad somos y queremos ser.

El art. 9.2. de la Constitución dice: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. ¿Por qué no está en la primera página de la agenda, social, económica, política y cívica, cuando se trata de la pobreza y la exclusión social? El Bien Común se la juega cuando pretendemos hacer frente a las desigualdades, a la pobreza y a la exclusión social. Y ello solo se consigue promoviendo las condiciones de la libertad e igualdad, y removiendo los obstáculos que impiden el bienestar de todos. Llama la atención que eso no aparezca cuando se está tratando de personas y grupos que no tienen tales condiciones, pues su propia pobreza y exclusión social se convierte en obstáculo para su erradicación.

¿Cómo afrontarlo? Depende del lugar social desde donde nos situemos, pues desde ahí veremos los obstáculos y las condiciones imprescindibles. Y para ello solo hay una respuesta: El bienestar social implica que hay que mirar desde los últimos y desde ahí ver a toda la sociedad. Y al ver toda la sociedad ver todo lo que necesita para que realmente todos podamos seguir siendo sociedad en plenitud y en dignidad.

La cuestión, pues, hay que llevarla a este lugar. ¿Qué ocurre cuando se hace la pregunta desde el lugar social de los últimos? ¿Qué se escucha ahí? ¿Alguien les está oyendo? Cuando se comparten estas preguntas con ellos mismos, la visión resultante responde a la cosmología social que está gobernando la intervención social en las situaciones de pobreza y exclusión, pues la intervención social es la concreción de la relación entre los dos polos de la relación pobreza-sociedad. ¿Una cosmología social? [2] La antropología dice que nunca quedamos al margen de una comprensión de la realidad, de unos valores a los que da cuerpo en su facticidad, de la suma acabada de representaciones del mundo y de la sociedad. Esto es, de una cosmología del espacio, tiempo, cuerpo (ser corpóreo), mundo. Así pues, ¿qué cosmología está sucediendo en el abordaje de la pobreza y la exclusión social?

En una cosmología social el espacio es un espacio existencial, lugar de experiencia de relación con el mundo de un ser esencialmente situado en relación con un medio. Pero lo que constatamos es que se está produciendo un no-lugar. No hay espacio, no hay lugar de relación con el mundo institucional que está cerrado, no abierto incluso físicamente, pero también relacionalmente, del que el mundo de la pobreza y la exclusión está EX-pulsado y no puede plantear sus condiciones de vida. Se ha cerrado lo presencial especialmente para quien necesita acompañamiento y asistencia incluso en la propia comprensión de su situación; o sea, para la relación persona (en pobreza y exclusión) y sociedad (la institución de la sociedad que debe hacerse cargo y encargarse de ello). Quien carga con la realidad no es el compromiso entre institución y persona, sino la persona sola, fuera de y abajo, ante unas instituciones que se han cerrado incluso a la propia reclamación, pues cuando se logra conectar, es muy habitual escuchar: no hay citas disponibles. Está perdida en ese no-lugar.

Pero ni las relaciones de las personas con quienes tienen la legitimidad, autoridad, capacidad para la intervención social, quedan enclaustradas en ese espacio, porque los procesos ni se paran ni se detienen. Por lo que la lógica de esa cosmo-logía, es también la del tiempo, del tiempo de los procesos que recorren la vida de los EX-pulsados. Por una parte, el tiempo de la urgencia ante los obstáculos para la supervivencia, con el que no se conectado ni se ha comprendido. Se trata de hechos que acaecen, no de los discursos o explicaciones. Por otra, del tiempo del proceso, largo y complejo, de ejercer su libertad y dignidad; su proceso de desarrollo humano. Pue si el espacio se clausura en el propio marco institucional, el proceso del tiempo de afrontar su realidad, ni es considerado ni es reclamable.

Qué corporeidad, como dimensión de esa cosmo-logía, qué concreción, qué comprensión, tienen sus necesidades. Prácticamente se puede resumir en la i-lógica de las carencias. ¿Y todo lo que las necesidades implican de desarrollo de capacidades y potencialidades? En estas situaciones ni son consideradas, ni se relacionan con los sujetos. Desde esta cosmo-logía no aparece este real y determinante cambio de concepción de la necesidad. Los sujetos, comprendidos como carentes, quedan igualmente comprendidos como no activos, y, por tanto, como no-actores. Vale preguntar en qué queda remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Quedan sin presencia, sin ser sujetos, sin ser sociedad. O sea, son los fuera de, los EX.

En esta cosmo-logía, ¿qué relación hay con el otro, con el mundo de los otros? Los otros no están ni en la agenda, ni en la comprensión de la relación pobreza-sociedad. Hay una relación abstracta derivada del distanciamiento entre el polo institucional (sociedad), y el polo personal (situación de pobreza y exclusión) que hace imposible el diálogo del encuentro. Se ha producido la pérdida de los vínculos sociales. No es extraño, pues, que nos cueste pensar en la alteridad. Se cierra la capacidad de comprender el sentido, o sea, la relación sujetos-medio social y sociedad. Con ello nos referimos al sentido que los seres humanos pueden dar a sus relaciones recíprocas; el sentido social. Y es precisamente de ese sentido del que hablan también los individuos cuando se preguntan o se inquietan por el sentido de su vida.

Pudiera parecer esta cosmología algo abstracto y desconectado del mundo de las personas, de los últimos de la sociedad. No es así. ¿Por qué? Lo que se escucha cuando se “está con y en” sus situaciones, espacios, tiempos, necesidades, y se oyen sus expresiones y vivencias, todo empieza por “SIN”: sin ingresos; sin RMI/IMV (y encima con requerimiento de una devolución imposible por la incongruencia entre esas tibias prestaciones); sin atención; sin posibilidad de que alguien presencialmente les ayude, oriente, acompañe; sin información: sin informática, cuestión dada por supuesto pues se impone como la única vía de intentar hacer algo; sin saber por qué  (o sea, por qué se ha creado este laberinto en el que se pierden, por qué no te oyen, por qué no te cogen el teléfono, por qué no te escuchan ni te contestan, por qué no te dan cita; por qué se dilatan hasta …); sin tiempo de respuesta, …..

Perdidos en un laberinto en el que se han visto instalados, sin que nadie explique por qué. Sin el acompañamiento que cualquier otra situación, aun menos grave, exige. Sin retornar a la atención presencial que en otros ámbitos sociales es real hace tiempo, pero que en este sector brilla por su ausencia. Sin que ni siquiera los servicios sociales comunitarios puedan resolverlo, encontrándose ellos mismos con el cuello del embudo que impide realizar su función. Sin dudar en exigir que las personas sean expertas telemáticas como quienes realizan este trabajo. Pero, eso sí, sin abordar ni la brecha digital, ni sus deudas, ni su desempleo, ni los fracasos escolares, formativos, laborales de los que siempre son acusados, ocultando así el fracaso de la sociedad en estos ámbitos, etc.

En resumen, ¿quiénes son? Ya ni siquiera son el grupo de pobres y excluidos. Son simplemente el grupo ‘sin’; o sea, el grupo de los nadie y los nada, de los que quedan invisibilizados; los sin grupo. Y, de remate, a su costa, porque resulta que la cuestión acaba siendo que no han resuelto ni afrontado su inexperiencia, incluso su incapacidad para ser los expertos tecnológicos que se exige como una evidencia indiscutible. Y se oculta el propio sentido de la pobreza y la exclusión. Y se niegan sus potencialidades y capacidades. Y se inutiliza su capacidad de actor de su propia realidad.

¡¡Paradójico, si no fuera sangrante!! ¡¡Cómo es posible que, en los momentos de máxima necesidad, se coloquen las máximas dificultades para los máximos necesitados!! ¿Que esto suena tremebundo? Hagamos comunidad, al menos de vivir en sociedad, de vivir en común las condiciones que no existen y los obstáculos que sí existen. Hagamos la comunicación de experiencia de vida para que cuenten, relaten, narren su realidad, lo que les dicen y lo que no les dicen, … Y luego vemos si esto es exagerado, o simplemente sangrante.

El Bien Común dice que para poder saber de qué estamos hablando, debemos ponernos en el final de la sociedad para poder ver los obstáculos a la justicia, la igualdad, la solidaridad, la libertad, la participación, el bienestar y la dignidad de todos y todas, para así poder erradicar la pobreza y la exclusión en beneficio de toda la sociedad. ¿No será que es esto lo que está en cuestión?

[1]  EAPN-ES (2021). «La pobreza y la exclusión social deben erradicarse en beneficio del bien común» Entrevista a Víctor Renes Ayala. Recuperado de: https://www.eapn.es/noticias/1460/%2522la-pobreza-y-la-exclusion-social-deben-erradicarse-en-beneficio-del-bien-comun%2522 [04 de enero de 2022].

[2] Hemos tratado este tema en Renes, V.: “Una nueva cosmología social”. En Documentación Social, nº 187. Madrid, 2017.

Enero 2022

Álvaro Mazorra

Investigador posdoctoral de la UNED y miembro del Grupo de Investigación de Estudios Urbanos (GECU) y del Grupo de Investigación de Estudios sobre Sociedad y Política (GESP)

Puedes encontrar a Álvaro en X (anteriormente Twitter) y en Linkedin

La crisis de la vivienda se ha convertido en un problema estructural de la sociedad española. En este contexto, es necesario establecer un diálogo inclusivo que implique a toda la sociedad en la búsqueda de soluciones sostenibles y equitativas que promuevan la justicia social, el bienestar colectivo y el acceso a un bien esencial en la vida de cualquier ser humano.

Introducción

Resulta difícil recordar una crisis de vivienda tan aguda como la que enfrentamos en la actualidad. Solo han transcurrido algunos años desde la crisis hipotecaria que hundió a millones de hogares, y ahora nos enfrentamos a una nueva oleada de especulación inmobiliaria que se extiende a nivel global (Madden y Marcuse, 2018). Esta coyuntura plantea desafíos significativos para la estabilidad y cohesión social de las sociedades contemporáneas, ya que la mercantilización de la vivienda, más allá de la transformación de la vivienda en activos económicos, emerge como un vector fundamental de las tendencias de desigualdad, exclusión y segregación residencial de las sociedades contemporáneas.

En España, a pesar de que la Constitución Española de 1978 declara en su Artículo 47 el derecho de todos los españoles al disfrute de una vivienda digna y adecuada, la realidad ha convertido en papel mojado el mandato constitucional, ya que los síntomas de la crisis de la vivienda son cada vez más evidentes en todas partes: la carestía de la vivienda no ha dejado de incrementarse, el sinhogarismo se ha generalizado, los desahucios y ejecuciones hipotecarias han aumentado exponencialmente, la gentrificación y la turistificación se han convertido en fenómenos inherentes a la dinámica de las grandes ciudades y la expansión de la segregación está generando la conformación de territorios cada vez más polarizados y desiguales. Todo ello ha provocado que los problemas de acceso a la vivienda y la inseguridad residencial se sitúen entre las principales preocupaciones de la sociedad española (CIS, 2022), especialmente en las grandes ciudades, ya que los precios, sobre todo en lo concerniente a la vivienda de alquiler, han experimentado un incremento continuo en los últimos años (Observatorio de Vivienda y Suelo, 2022).

El concepto de vivienda digna se utiliza para indicar a aquella vivienda donde los ciudadanos o las familias pueden vivir con seguridad, paz y dignidad (ONU, 1991). El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera que una vivienda es digna cuando reúne los siguientes elementos: que sea fija y habitable, de calidad, asequible ―tanto en el precio de la vivienda como en alquiler―, accesible, ubicada en entornos adecuadamente equipados ―empleo, servicios sanitarios, escuelas etc.― y con seguridad jurídica sobre la tenencia. Es decir, nos plantea que es digna cuando cumple unos requisitos mínimos de habitabilidad, accesibilidad y seguridad jurídica. Se puede considerar, por tanto, que una vivienda es digna cuando tiene la superficie, las condiciones ambientales ―calidades, aislamiento térmico y sonoro, etc.― y las instalaciones y los servicios mínimos ―electricidad, agua y gas― que la hacen apta para cumplir su función residencial.

Esta definición debe ser entendida en el marco de lo que es actualmente una vivienda y ha sido conceptualizada, básicamente, en dos dimensiones analíticas. Aguinaga (2015), como muchos otros, la conceptualiza por cómo la utilizamos; por su utilidad o función. Es el “lugar donde las personas tienen cubiertas sus necesidades primarias, como son el descanso, la alimentación y la higiene”. La estructura que llamamos vivienda lo es por la función que cumple, por el uso que necesitamos hacer de ella, por la necesidad social que cubre. Sin embargo, la vivienda en nuestra sociedad es también un producto, una mercancía producida a fin de ser vendida o alquilada a aquel que pueda pagarla y la necesite (Harvey, 2014). Ha adquirido un valor de cambio. Se ha convertido en una propiedad mercantil.

Ambas son dos dimensiones distintas que evolucionan según factores diferentes y que afectan a cómo son las viviendas en cada momento histórico. Pero, en un sistema social cualquiera puede llegar a ser más relevante el valor de uso, y en otros el valor de cambio, a la hora de definir como son las viviendas y quienes las habitan. El proceso de mercantilización de la vivienda supone sistemas sociales en los que se aliena el valor de uso de la vivienda para transformarla en un valor de cambio regido por las dinámicas del mercado. Cuando ello ocurre, una vivienda digna comienza a hacerse difícil de alcanzar para todos. La historia de la vivienda en España en las últimas décadas es la historia de su persistente mercantilización (López y Rodríguez, 2010).

El problema de la vivienda en España. Una panorámica de la situación actual

En estas circunstancias, son muchas las personas, las organizaciones e incluso los organismos oficiales que han realizado análisis y estudios sobre el problema de la vivienda que emerge en la sociedad actual y que, aunque ha existido siempre, no alcanzaba los niveles de dramatismo de hoy. No solo por la visibilidad e impacto del gran número de expulsiones y desahucios de personas de sus domicilios, sino por la diversidad de situaciones que se han dado en los casos en los que se ha terminado con el lanzamiento de la vivienda a sus habitantes.

Cuando hablamos del problema de la vivienda en España nos referimos a la enorme dificultad que encuentra una proporción significativa de la población para acceder a una vivienda digna. ¿Cómo se manifiesta está problemática? Sin duda, el desahucio es la representación más explícita de este fenómeno y su elevada prevalencia desde el inicio de la crisis económica de 2008 da cuenta de la enorme gravedad que reviste esta contingencia. Según los datos de Observatori DESC (2020), entre 2008 y 2019 hubo en España más de 600.000 desahucios, sobre una población aproximada de 47 millones de habitantes. Esta tendencia presenta dos fases muy diferenciadas: la primera, de 2008 a 2014, tuvo lugar durante los años de crisis y se concentró en torno a la vivienda en propiedad; por su parte, la segunda fase se inició en 2014 y se caracteriza por la creciente prevalencia del número de lanzamientos derivados del impago de vivienda arrendada (Consejo General del Poder Judicial, 2020). Ello remarca que lo que en principio fue una situación de emergencia habitacional se ha convertido finalmente en un problema social estructural de la sociedad española.

Sin embargo, el conflicto adopta muchas más expresiones y también se encuentra reflejado en la tardía emancipación de los jóvenes españoles, en la elevada proporción de ingresos que conlleva para los trabajadores precarios, en la discriminación residencial de los grupos minoritarios, en la falta de viviendas adaptadas para personas en situación de discapacidad o en el hacinamiento al que se ven empujados los colectivos desfavorecidos (Provivienda, 2023). Todos estos grupos de población padecen una situación de precariedad habitacional, un contexto de inestabilidad vital provocado por los problemas derivados de la falta de recursos para acceder o mantenerse en una vivienda en condiciones dignas.

A pesar de que el perfil sociológico de estas situaciones es diverso y heterogéneo, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2023, el problema de la vivienda afecta especialmente las personas no propietarias y los hipotecados, especialmente aquellos empleados en trabajos precarios y/o en situación de desempleo. Asimismo, hay que destacar también el fuerte componente de clase y género que caracteriza a estos perfiles, concentrándose principalmente entre las clases populares y en los hogares monoparentales encabezados por una mujer trabajadora que son, entre todos, los que padecen una mayor situación de inestabilidad (Bosch, 2020).

Covid-19, crisis sociosanitaria y (re)centralidad de la vivienda

En diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de origen todavía desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. Unas semanas después, las autoridades chinas informaron de que el patógeno causante de esa enfermedad era un nuevo tipo de virus: el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2. Este virus provoca una enfermedad infecciosa, denominada COVID-19 por la OMS, que afecta principalmente el sistema respiratorio. Aunque los síntomas de esta patología son habitualmente leves o moderados, el virus también puede producir efectos graves, incluso la muerte, en especial en personas que anteriormente ya padecían alguna enfermedad crónica. La rápida expansión de la enfermedad a nivel mundial provocó que el 11 de marzo de 2020 la OMS categorizara el brote epidémico como pandemia.

En España, el primer caso de la COVID-19 se detectó el 31 de enero de 2020 en La Gomera. La rapidez con la que se sucedieron los contagios, su elevada letalidad ―sobre todo entre las personas mayores― y la falta de conocimiento sobre las vías de propagación hicieron que el Gobierno central decretase, como principal medida para la contención de la enfermedad, un estado de alarma que implantó el confinamiento domiciliario estricto durante tres meses a partir del 14 de marzo de 2020.

La pandemia de la COVID-19 interrumpió la dinámica de crecimiento económico de años anteriores, incitando el inicio de un nuevo período de crisis económica y social que afectó especialmente a las personas mayores, los jóvenes, los inmigrantes y los hogares monoparentales con menores a cargo (Fernández-Carro et al., 2022). En estas circunstancias, el contexto de pandemia visibilizó las insuficientes condiciones residenciales de una parte significativa de la sociedad española (Fundación FOESSA, 2022), especialmente de aquella que habitaba en grandes ciudades (Domínguez et al., 2021). A nivel mundial, los patrones de desigualdad, caracterizados por la falta y dificultad de acceso a los servicios básicos, la pobreza y precariedad laboral y las condiciones de hacinamiento, fueron factores desestabilizadores clave que acentuaron la escala y el impacto de la COVID-19 en el mundo (UN-Habitat, 2020).

La crisis sociosanitaria lleva a repensar el valor de uso de bienes esenciales como el espacio público o la vivienda. Una mayor densidad poblacional, la prevalencia de situaciones de infravivienda y/o hacinamiento, así como una menor disponibilidad y calidad de espacios públicos de proximidad para usos no comerciales, tuvieron un impacto negativo sobre los propios procesos vinculados a la pandemia, pero también sobre la salud física, social y mental de las personas. En este contexto, la pandemia puso de manifiesto la tremenda importancia que supone disponer de una vivienda digna en la que desarrollar la vida. En última instancia, la vivienda aparece como un elemento protector frente a las inseguridades e incertezas de las sociedades contemporáneas, en un mundo globalizado, rápidamente cambiante y crecientemente mercantilizado.

Reflexiones finales y propuestas políticas para una asignatura pendiente de la sociedad española

Ante este panorama, es imprescindible, en primer lugar, recuperar y fortalecer una política estructural de vivienda pública. En este sentido, Pareja-Eastaway y Sánchez (2015) señalan que la política de vivienda, entendida como política social ―no con objetivos económicos de crecimiento y de creación de empleo―, ha sido siempre contracíclica: en los momentos de mayor necesidad es cuando menos vivienda pública se ha construido. La precariedad de las políticas de bienestar en el ámbito residencial ha provocado que el gasto público de España en vivienda fuera del 0,45% del PIB en 2022, muy por debajo de los valores registrados por la mayoría de los países de la Unión Europea (Díaz y Marín, 2023).

Es esencial, por tanto, promover y reforzar una política estructural de vivienda pública. Sin embargo, esta medida es, por sí sola, insuficiente. Las políticas de promoción y adquisición de viviendas son lentas y caras, difíciles de sostener con los recursos limitados y precarios del sector público. Cuando se plantea desde determinados espacios que la solución al problema pasa exclusivamente por incrementar el parque público de vivienda, o bien se desconocen los datos reales o bien se ignoran premeditadamente. Tomar como modelo ciudades como Viena o Berlín, donde los ayuntamientos poseen desde hace más de cien años aproximadamente el 20% del parque total de viviendas, es una falacia que distorsiona la comprensión del problema en la España actual, donde en ciudades como Madrid y Barcelona el porcentaje de vivienda pública no alcanza el 1%. La respuesta al desafío de la vivienda requiere soluciones concretas y adecuadas, no discursos superficiales y efectistas que desvían la atención del problema real. Así, si bien es imprescindible impulsar una política estructural de vivienda pública, también es necesario combinar esta política con otras acciones específicas y estructurales para abordar el problema de forma integral.

En primer lugar, es fundamental mantener la vivienda pública exclusivamente para el mercado de alquiler y bajo el control de la Administración, ya que es el medio de acceso más común para los grupos sociales vulnerables. En España, a menudo ha ocurrido lo contrario, y muchas de las viviendas promovidas por las administraciones han terminado siendo vendidas a sus inquilinos y, en algunos casos más graves, a fondos de inversión internacionales. Como resultado, ese parque de viviendas ha pasado al mercado inmobiliario privado y se ha vuelto inaccesible para los grupos económicos más desfavorecidos.

En una situación de escasez de vivienda pública, esa vivienda debe ser destinada fundamentalmente a quienes más lo necesitan en cada momento. Y, probablemente, quién más lo necesita no sea quién más lo vaya a necesitar durante toda su vida. Entonces, la vivienda pública debe tener una cierta rotación, y eso implica que no se debe vender. Preservar la vivienda pública para el mercado de vivienda de alquiler aparece, por tanto, como una primera medida con la que mitigar algunas de las situaciones de exclusión residencial más extremas y acuciantes.

Además, la vivienda pública debe distribuirse equitativamente en las distintas zonas del territorio, a fin de prevenir la posible formación de comunidades marginadas y entornos vulnerables y desfavorecidos. Esta distribución geográfica equitativa no solo contribuye a garantizar el acceso igualitario a oportunidades y servicios, sino que también promueve la diversidad y la integración social. Al evitar la concentración de vivienda pública en áreas específicas, se fomenta un tejido social más cohesionado y se reducen las posibilidades de exclusión y estigmatización de determinadas comunidades. Esta estrategia no solo busca abordar las necesidades inmediatas de vivienda, sino también construir un entorno urbano más inclusivo y sostenible a largo plazo.

Sin embargo, es en el mercado privado de vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, donde se generan las tendencias especulativas y de inflación del mercado inmobiliario y, por ende, es ahí donde hay que actuar con mayor contundencia, desarrollando mecanismos de control que permitan atenuar los procesos negativos que se generan en el mercado. Junto a las medidas estructurales, también se defiende, por ende, la necesidad de implementar algunas medidas concretas que han demostrado ser efectivas en la regulación del mercado inmobiliario en el corto y medio plazo: la regulación del precio de la vivienda en alquiler y las políticas de control y restricción de las viviendas y alojamientos de uso turístico y de alquiler temporal.

Con cada vez más personas con dificultades para pagar sus viviendas, garantizar el acceso a viviendas dignas y asequibles requiere regular el mercado inmobiliario privado. De hecho, ya está parcialmente regulado, como es el caso de las viviendas protegidas que se desarrollan para el mercado de propiedad, pero lo que se propone aquí es extender la regulación también al mercado de alquiler. Algo que ya sucede con otro tipo de bienes que ni siquiera son de primera necesidad, como sí sucede en el caso específico de la vivienda. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas indica que el costo de la vivienda no debería superar el 30% de los ingresos familiares para garantizar una vida digna. Sin embargo, en el caso de hogares que habitan viviendas de alquiler en las grandes ciudades españolas, este porcentaje puede ser mucho mayor que los estándares recomendados por los organismos internacionales.

A excepción de la Ley 11/2020, aprobada en Cataluña, actualmente el mercado de arrendamientos continúa sin ser regulado en España. Aunque la nueva Ley de Vivienda aprobada en 2023 pretende dar pasos adelante en este sentido, los interrogantes sobre los efectos y límites de su aplicación real son aún grandes. Este cambio se ha producido ya en países de nuestro entorno como Portugal, Francia o Alemania, e incluso en algunos estados norteamericanos ―California, Nueva York, etc. ― se han aprobado normativas dirigidas al control de las subidas desmesuradas de los alquileres. Si en el centro de la economía mundial se están habilitando mecanismos para controlar el incremento de los precios de los alquileres, no parece descabellado que medidas similares puedan aplicarse en las áreas más tensionadas contexto español.

La rápida expansión de viviendas y alojamientos de uso turístico en las grandes ciudades, así como su fuerte impacto en los precios de la vivienda en las áreas más afectadas, han desencadenado un importante debate social y político sobre la necesidad de controlar su crecimiento. El Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) aprobado en Barcelona en 2017 marcó un avance significativo en este sentido. Aunque su impacto real ha sido limitado, ya que se esperaba reducir el número de alojamientos turísticos y esto no ha ocurrido de manera significativa, su aprobación por parte del ayuntamiento evidenció un cambio en la percepción pública sobre los efectos socioeconómicos del turismo masivo. Desde entonces, otros ayuntamientos municipales, como los de Palma de Mallorca, Bilbao, Madrid o Valencia, han implementado medidas restrictivas para abordar el desafío de armonizar los alojamientos turísticos con el avance hacia modelos urbanos más sostenibles e integradores.

En definitiva, el debate surgido en torno a la cuestión residencial es sumamente complejo y el reto es monumental. La amalgama de actores, intereses, demandas y conflictos que giran en torno al fenómeno dan buena cuenta del gran reto que supone regular la cuestión residencial en España. En este contexto, es esencial promover un diálogo inclusivo que involucre a la sociedad en su conjunto, incorporando perspectivas diversas para encontrar soluciones sostenibles y equitativas. La colaboración entre los sectores público y privado, así como la participación activa de la ciudadanía, serán elementos clave para abordar de manera integral este desafío y construir un sistema de vivienda que promueva la justicia social y el bienestar colectivo.

Referencias

Aguinaga, M.J. Vivienda: de necesidades humanas y de altas finanzas. En A, Lucas, M.D, Cáceres y E., Morales (Eds.), Madrid ante los desafíos sociales actuales: La realidad social de Madrid (pp. 83-110). Madrid: Fragua, 2015.

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Centro de Investigaciones Sociológicas [CIS] Barómetro de Julio 2023. Estudio nº 3413, 2023. Disponible en https://www.cis.es/documents/d/cis/es3413marpdf

Consejo General del Poder Judicial. Las ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 36,5 por ciento en 2019 y, con un total de 17.411, alcanzaron la cifra más baja de los últimos doce años, 2020. Disponible en https://bit.ly/477Ikc1

Díaz, M. y Marín, C. Evolución del gasto público por funciones en España y en la UE (2015-2021). Estudios sobre la Economía Española 2023/10, 2023. Disponible en https://bit.ly/3RrvArq

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Fernández-Carro, C., Seiz, M., García-González, J.M. & Torrado, J.M. Dinámicas demográficas durante la pandemia, de la COVID-19: ¿Qué sabemos dos años después? En A. Blanco, A. Chueca, J.A. López-Ruiz & S. Mora (Eds.) Informe España 2022 (pp. 303–372). Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2022.

Foessa. Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España. Madrid: Fundación Foessa, 2022.

Harvey, D. Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Madrid: Traficantes de Sueños, 2014

López, I. y Rodríguez, E. Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo tardío (1959-2010). Madrid: Traficantes de Sueños, 2010.

Madden, D. J. y Marcuse, P. (2018). En defensa de la vivienda. Madrid: Capitán Swing.

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Febrero 2024

Diego Isabel La Moneda, co-fundador y Director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social.

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Vivimos un momento único en el que crear una Nueva Economía más humana y consciente es más necesario que nunca. En España ya existen múltiples ejemplos exitosos de organizaciones que aplican diversos modelos de Nueva Economía, lo que sitúa al país en una situación perfecta para convertirse en referente de esa economía que el mundo necesita.

LOS GRANDES CAMBIOS EN EL SIGLO XX

Tras las dos guerras mundiales y la Gran Depresión, o crisis de 1929, políticos, economistas y una gran variedad de pensadores fueron capaces de visionar una nueva sociedad que, dejando atrás todo lo malo que habían vivido en las décadas pasadas y los odios generados por las guerras, sirviera de horizonte común hacia el que caminar.

¿Qué fuerza les motivó a crear una visión de futuro compartida? En su caso, fue la fuerza de la urgencia. La crisis de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial habían destrozado las economías domésticas de muchos países y habían dejado atrás ciudades arrasadas, industrias destruidas, hambre y, sobre todo, la pérdida de millones de vidas humanas. En los años posteriores a la guerra, el rencor, la tristeza y la incertidumbre sobre el futuro eran las emociones compartidas por la mayoría de los habitantes del planeta.

La necesidad de actuar fue lo que llevó a los líderes de las grandes potencias mundiales, tanto las ganadoras como las perdedoras, a poner en marcha nuevas visiones de futuro, planes de acción e inversiones que devolvieran la ilusión y contribuyeran a caminar hacia un mundo mejor. Así, los Estados Unidos se centró en fortalecer su economía e industria local a la vez que lanzaba el European Recovery Program (ERP) conocido como Plan Marshall¹, un ambicioso plan de inversiones por valor de 13.000 millones de dólares para reconstruir la economía europea en base al modelo capitalista. Por su parte, la Unión Soviética apostó por la economía comunista, modelo que expandió hacia sus países limítrofes, en especial los denominados Países del Este, como muro de contención ante los países occidentales.

Durante las décadas posteriores, las dos visiones económicas se expandieron por todo el planeta hasta la caída del Muro de Berlín² en 1989, momento en el que la economía capitalista quedó como modelo predominante. La influencia del capitalismo ha sido tal que incluso países de base comunista, como China, se han abierto al comercio global como modo de crecimiento a través del denominado capitalismo de Estado³.

EL MUNDO HOY 

En la actualidad vivimos un momento similar al vivido tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque no hemos tenido la pérdida de vidas y las desgracias que una guerra mundial genera, las mismas emociones de aquella época, rencor, tristeza e incertidumbre sobre el futuro, están presentes en el día a día de las personas.

Tras la crisis financiera del 2008 no se tomaron medidas para regenerar la economía, por lo que ya antes de la pandemia del COVID 19 y la guerra de Ucrania periódicos de todo el mundo y revistas como The Economist⁴ hablaban de la siguiente gran recesión. La falta de reformas nos ha traído a una segunda década del siglo XXI en la que en los países desarrollados se asume que las nuevas generaciones vivirán peor que las anteriores. El cambio climático es algo comúnmente aceptado y también lo es la incapacidad de los países para afrontarlo. Muchos de los límites planetarios, metodología desarrollada en 2009 por el Stockholm Resilience Centre⁵, han sido superados, lo cual genera cambios irreversibles en muchos ecosistemas. Según el World Inequality Report 2022⁶ las desigualdades siguen creciendo a nivel global. Además, la guerra de Ucrania nos ha devuelto a una especie de nueva guerra fría, vinculada a la economía y la energía, vivimos el auge de populismos y extremismos y la polarización y crispación crecientes hacen peligrar las democracias y muchos de los logros sociales alcanzados.

LA NUEVA ECONOMÍA YA ESTÁ ENTRE NOSOTROS

En medio de este mundo convulso, durante las últimas décadas hemos vivido el emerger de diferentes propuestas económicas que se postulan como alternativas al actual modelo. Frente a las visiones más neoliberales, seguidoras de la doctrina de Milton Friedman centrada en satisfacer a los accionistas mediante la maximización de los beneficios, surgen modelos que abogan por una economía que esté al servicio de las personas y el planeta, la denominada Nueva Economía definida en la Carta NESI⁷ en 2017.

Esa Nueva Economía resulta de la suma de las propuestas de diferentes modelos. Algunos con una componente más humana y centradas en el propósito social, como la Economía Social y Solidaria, el Comercio Justo, la Economía de los Cuidados, la Economía de Francisco, liderada por el propio papa Francisco, la Economía del Bien Común o las empresas B Corp. Otras propuestas están más orientadas a conservar el planeta, como la Economía Verde, la Economía Rosquilla o Donought Economics de Kate Raworth, la Economía Circular o la Economía Regenerativa, e incluso algunos modelos que buscan transformar la banca y las finanzas, como la Banca Ética y la Inversión de Impacto.

UNA GRAN OPORTUNIDAD. ESPAÑA COMO REFERENTE DE UNA NUEVA ECONOMÍA MÁS JUSTA, SOSTENIBLE Y CONSCIENTE

España es un país en el que las principales problemáticas globales son especialmente palpables. A nivel medioambiental, los efectos del cambio climático los percibimos a través del aumento de las temperaturas extremas y de episodios de lluvias torrenciales o sequías. Estos cambios en el clima ya están afectando directamente a la economía, como por ejemplo a la producción agrícola, en especial en el sur de la península a causa una creciente escasez de agua y el avance de la desertificación. En cuanto a las desigualdades sociales, según el informe FOESSA 2022, en España las desigualdades siguen creciendo y se intensifican en los casos de exclusión social más severas, pasando del 8,6% de la población, en su última medición en 2018, al 12,7% en 2022⁸. Además, la polarización política e ideológica está creando un creciente estado de crispación que hace que escenarios de enfrentamiento social, hasta hace solo unos años impensables, ahora pueden visualizarse como escenarios posibles en un futuro cercano.

Ante esta compleja realidad, las propuestas de la Nueva Economía siguen avanzando en el ámbito empresarial, financiero y social. El crecimiento y la solidez de los ejemplos existentes en España hacen que nuestro país tenga la oportunidad de transformar su languideciente economía en base a las experiencias prácticas y las evidencias de éxito que las diferentes nuevas economías nos presentan.

A continuación, se presentan ejemplos reales de diferentes modelos de Nueva Economía presentes en España y el resto del mundo, y también ejemplos de experiencias que integran las mejores propuestas de diferentes modelos.

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS. LAS PERSONAS LO PRIMERO

La Economía Social y Solidaria es un modelo ya consolidado en España, según CIRIEC⁹ engloba a 47.511 empresas y 37.183 entidades sin fines de lucro de acción social y fundaciones que emplean de forma directa a 1,35 millones de personas y suponen el 8,47% del PIB. Su carácter diferencial es el situar a la persona en el centro de la actividad empresarial, tanto a la hora de ser parte de la toma de decisiones – como en las cooperativas, dónde las personas trabajadoras son las propietarias de la empresa -, como a la de facilitar el acceso al mercado laboral a aquellas personas con más dificultades. De este modo, en España, en la economía social se incluyen formas jurídicas pioneras en la democratización de las organizaciones, como las cooperativas, las sociedades laborales y las asociaciones, figuras que trabajan por la inserción laboral de personas con discapacidad, como los centros especiales de empleo, y fórmulas sin ánimo de lucro como las fundaciones, en las que el interés social prevalece sobre el económico y donde todos los ingresos se reinvierten en su fin fundacional¹⁰. Además, la Economía Social está vinculada a la Economía de los Cuidados¹¹, aquellas actividades que generan empleo a la vez que cuidan de personas.

En el año 2021, en España existían 23.584 cooperativas¹² y entre ellas una de las mayores y más reconocidas a nivel internacional, Mondragón, que ese mismo año contaba con 80.821 cooperativistas¹³. Entre las organizaciones que trabajan por insertar en el mercado de trabajo a aquellas personas que lo tienen algo más difícil, destaca el Grupo Social ONCE¹⁴, también referente internacional por su labor de inclusión social de las personas ciegas y con otras discapacidades. Este grupo emplea a más de 71.000 personas, el 58% con discapacidad, a través de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y el Grupo Ilunion.

También existen múltiples ejemplos de otras organizaciones de tamaño pequeño y mediano que, con formas jurídicas diversas, desarrollan una labor ingente en cuanto a inserción social. Por nombrar algunos ejemplos, la Fundación San Cebrián¹⁵ que trabaja con personas con discapacidad psíquica en la provincia de Palencia o el restaurante Universo Santi¹⁶ en Jerez de la Frontera que, a partir del legado culinario del prestigioso chef Santi Santamaría, emplea a personas con discapacidad demostrando que cualquier empresa de alto nivel puede llegar al éxito contando con estos colectivos.

Otro modelo que suele vincularse a la economía solidaria es el Comercio Justo¹⁷, cuya Coordinadora en España agrupa a 30 organizaciones, que funciona con el principio de que los productores primarios reciban un precio justo por sus productos.

B CORP. EMPRESAS CON PRÓPOSITO B

El movimiento B Corp¹⁸ comenzó en los Estados Unidos en 2006 con el fin de crear una red de empresas que antepusieran su propósito social al ánimo de lucro y, además, lo reflejaran en sus estatutos. El movimiento se ha expandido por los cinco continentes como red de empresas B Corp y en Latinoamérica con el nombre Empresas B, dentro del movimiento Sistema B¹⁹. En España, el movimiento B Corp no deja de crecer contando, al inicio de 2023, con más de 200 empresas pertenecientes a diferentes sectores. Sector agroalimentario, como el Grupo CAPSAFOOD²⁰ o la propia Danone²¹, hoteles como el grupo Artiem²² o SLEEPN Atocha²³, empresas energéticas como Holaluz²⁴ o de consultoría como Almanatura²⁵, primera empresa B Corp en España, o Bikonsulting²⁶, que además es también una cooperativa.

ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN

En su libro La Economía del Bien Común²⁷ el austriaco Christian Felber propone un nuevo modelo económico en el que el fin último de cada actividad económica sea contribuir al bien común, sustituyendo este al crecimiento económico y a la maximización de los beneficios como principales objetivos. Además, propone medir dicha contribución al bien común mediante un Balance del Bien Común²⁸, que complementa a los tradicionales balances económicos. Este modelo se ha extendido principalmente en Alemania y Austria teniendo presencia en casi todos los países europeos, incluyendo a España con empresas como Oceanográfica²⁹ o Action Waterscapes³⁰, y también en Latinoamérica.

ECONOMÍA DE FRANCISCO

Una nueva economía, inspirada en Francisco de Asís, hoy puede y debe ser una economía amiga de la tierra, una economía de paz. Se trata de transformar una economía que mata en una economía de la vida, en todas sus dimensiones. Con este mensaje, su Santidad el papa Francisco define este modelo que incluye tanto la variable social como la medioambiental, que el propio Papa ya incluyó como pilar central en su carta encíclica Laudato si‘³¹ en el año 2015.

DE LA ECONOMÍA VERDE A LA ECONOMÍA CIRCULAR. APRENDIENDO DE LA NATURALEZA

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) define Economía Verde³² como aquella economía que resulta en un mejor bienestar humano y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. Además, el concepto incluye el uso adecuado de los servicios ecosistémicos, tanto para la generación presente como para las generaciones futuras³³.

En los últimos años se oye hablar cada vez más de la Economía Circular, como un paso más allá de la mera conservación propugnada por la Economía Verde. Frente a un modelo lineal extractivo y contaminante, la economía circular aprende de la naturaleza, en la que no existe el concepto de residuo ya que todo se reutiliza como entrada de otro proceso. La economía circular se aplica a todo tipo de ámbitos y ha generado innovadores modelos de negocio en diferentes sectores. A continuación, se presentan algunos ejemplos.

Con el propósito de eliminar el desperdicio alimentario y contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, Hambre Cero, la empresa de origen danés To Good To Go³⁴ conecta a comercios y restaurantes que tienen productos que caducarán en un tiempo limitado con consumidores que consiguen esos productos a mejor precio a través de un pack sorpresa. De este modo, se elimina el desperdicio, se genera un ingreso extra para el vendedor y los consumidores consiguen un producto de calidad a precio reducido.

La empresa murciana Agrosingularity³⁵, creada en 2019, es otro ejemplo de economía circular aplicada al sector alimentario. A partir de la merma de la producción de las industrias agroalimentarias, elaboran ingredientes en polvo que pasan a ser la entrada de otros procesos.

Cada vez más empresas aplican la economía circular en el sector de la moda, siendo uno de sus referentes Ecoalf³⁶. Nacida con el propósito de eliminar los residuos de plástico de los mares, su fundador Javier Goyeneche desarrolló un modelo de negocio por el cual colabora con pescadores para limpiar los mares y, con los residuos de plástico y redes de pesca obtenidos, se elaboran prendas de alta calidad que incluyen desde chalecos y abrigos hasta zapatillas deportivas.

La economía circular no es nueva en el sector textil, negocios de reparación como los sastres, modistas o zapateros alargan la vida de las prendas y, de este modo, disminuyen los residuos. La venta de segunda mano, en textil, pero también de cualquier otro producto como muebles, decoración o juguetes, por fin está despegando en nuestro país gracias a iniciativas como Wallapop³⁷, que permite, a través de una plataforma digital, la venta directa entre personas o Cash Converters³⁸, que compra los productos a las personas para, tras repararlos y/o someterlos a un control de calidad, venderlos a otras personas que los necesitan a un precio mucho más asequible que un producto nuevo.

ECONOMÍA ROSQUILLA. BIENESTAR SOCIAL RESPETANDO LOS LÍMITES PLANETARIOS

La economista británica Kate Raworth ha desarrollado el modelo Economía Rosquilla (Donought Economics³⁹) que está siendo aplicado por ciudades como Amsterdam y también por diferentes compañías en todo el mundo. El modelo se plasma gráficamente en una rosquilla, en la que el círculo interior representa las necesidades básicas que los humanos necesitamos para desarrollarnos y el círculo exterior los límites planetarios que no deben ser superados por la actividad económica. De este modo, en el centro de la rosquilla queda el espacio para una economía sostenible, distributiva y regenerativa.

LA BANCA ÉTICA Y LA INVERSIÓN DE IMPACTO

El sector financiero ha sido el causante de muchos de los males de la economía y, a consecuencia de ello, de las crisis vividas en los últimos tiempos. A pesar de ello, desde hace décadas existen propuestas de banca y finanzas que se enmarcan dentro de la Nueva Economía. La Alianza Global de Banca con Valores⁴⁰ agrupa a más de setenta entidades en los cinco continentes que comparten una manera de hacer banca en la que las personas y la conservación del planeta son lo más importante. En España operan dos entidades de esta alianza, Triodos Bank⁴¹, referente en el sector a nivel internacional, y Fiare Banca Ética⁴² que funciona como entidad cooperativa.

La denominada inversión de impacto es aquella que busca un triple retorno social, ambiental y económico. Más allá de las tradicionales finanzas sostenibles, que en general solo buscan evitar los impactos negativos, la inversión de impacto se mide por indicadores de resultados en los que las componentes social y ambiental son tan importantes como la económica. A nivel global, los inversores de impacto se agrupan en el Global Steering Group for Impact Investment⁴³ (GSG), siendo SpainNAB⁴⁴ su representante en España con entidades innovadoras como Open Value Foundation⁴⁵, Gawa Capital⁴⁶ o La Bolsa Social⁴⁷.

ECONOMÍA REGENERATIVA

La economía regenerativa parte de la idea de que necesitamos no solo conservar el planeta sino regenerar – regresar al origen o génesis – ecosistemas naturales y también la forma en la que los humanos nos relacionamos. Se puede aplicar como agricultura y ganadería regenerativa, a actividades turísticas- en las que el turista contribuye a regenerar un ecosistema – y a otros muchos sectores. Por ejemplo, la empresa argentina Guayaki⁴⁸ tiene como propósito regenerar la Amazonía y, para alcanzarlo, produce yerba mate apoyando a comunidades locales que regeneran zonas deforestadas. Este modelo recoge lo mejor de todos los anteriores y, probablemente, será uno de los que más relevancia tome en las próximas décadas.

EJEMPLO QUE INTEGRAN DIVERSOS MODELOS DE NUEVA ECONOMÍA

Ya se han visto algunos ejemplos que integran más de un modelo de Nueva Economía, lo que hace que la iniciativa empresarial sea más innovadora y consiga un mayor impacto positivo. Algunos ejemplos españoles relevantes son La Fagueda, Trabensol y Moda-Re. La Fagueda⁴⁹ es una empresa social que nace con el propósito de integrar a personas con discapacidad y, para ello, elabora productos lácteos aplicando economía circular y produciendo su propia energía a través de energías renovables. Trabensol⁵⁰ es uno de los referentes en cohousing senior y, además, tiene sus propios huertos urbanos y también disponen de energías renovables. Por su parte, Moda re-⁵¹, empresa de reciclaje de ropa de segunda mano impulsada desde Cáritas⁵², cumple la doble función de generar empleo para personas que tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral a la vez que aplica la economía circular en su modelo de negocio.

¿CÓMO ACELERAR LA TRANSICIÓN HACIA ESA NUEVA ECONOMÍA MÁS HUMANA Y CONSCIENTE?

Vivimos un momento único para reorientar el rumbo de la economía y de la historia, mejorando la vida de millones de personas a la vez que respetamos los límites planetarios. La alternativa, seguir haciendo lo mismo, nos llevaría a escenarios distópicos.

Hemos visto cómo España posee una situación privilegiada al tener múltiples ejemplos reales de las diversas nuevas economías sobre los que construir una transición hacia una economía más humana y consciente. Tenemos todo lo necesario para ponernos manos a la obra, desde la necesidad y urgencia por transformar nuestra economía para evitar más polarización, pobreza y ruptura social, hasta la oportunidad de poner en valor nuestro talento, la diversidad y riqueza de nuestro país y la creatividad y capacidad innovadora de las personas emprendedoras. Además, el Pacto Verde Europeo⁵³ nos marca una hoja de ruta a seguir junto con nuestros aliados europeos.

Entonces, ¿cómo acelerar esta transición? Cada vez más personas, a través de su rol como consumidoras conscientes, ya están haciendo su parte, y también cada vez más empresas están aplicando una o varias de las propuestas de la Nueva Economía. Sin embargo, falta un tercer agente que activar, la parte política. En primer lugar, es necesario que los partidos políticos abandonen sus antiguos y obsoletos paradigmas económicos y entiendan que es necesario hacer cambios y que esos cambios ya son una realidad a través de las propuestas de la Nueva Economía. Segundo, los gobernantes, los agentes sociales y los agentes económicos deben colaborar en la puesta en marcha de políticas públicas que penalicen a las empresas que generan impactos negativos y, sobre todo, que premien a aquellas que, con su labor, además de generar riqueza económica, generan bienestar social y beneficios medioambientales. Esto puede hacerse a través de la compra pública, que en España representa cerca del 20% del PIB⁵⁴, con programas de innovación social, con la transformación de nuestras ciudades y pueblos con modelos más sociales, ecológicos y vertebradores como el de Ciudad de los 15 minutos y Territorios de los 45 minutos y, por supuesto, dirigiendo las inversiones públicas hacia aquellas organizaciones que son el motor de la creación de esa Nueva Economía más humana y consciente.

Por último, es necesario situar en el centro del debate público la necesidad de transformar nuestra economía y construir una visión país conjunta que nos ayude a eliminar polarizaciones y a trabajar por un proyecto común. El proyecto de construir una Nueva Economía con visión de medio y largo plazo pero que funcione también en el corto plazo. Una Nueva Economía en la que las personas y el planeta están en el centro del modelo.

1. Steil, B. The Marshall Plan. Dawn of the Cold War. Simon & Schuster Ltd. 2018
2. Martín de la Guardia, R. La Caída del Muro de Berlín: El final de la guerra fría y el auge de un nuevo mundo. La Esfera de los Libros. 2019.
3. Gonzalez, C. El gran sueño de China. Tecno-Socialismo y capitalismo de Estado. Tecnos, 2021.
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6. Chancel, L et al. World Inequality Report 2022. World Inequality Lab. 2022
7. Fundación Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social. Carta NESI. 2017. [online] URL: https://nesi.es/la-carta-de-nesi/
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9. CIRIEC, La Economía Social en España en cifras
10. Gobierno de España. Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. BOE núm. 310, de 27/12/2002.Capítulo V.
11. Galvez, L. La Economía de los Cuidados. Deulturas Ediciones. 2016
12. Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA).
13. Mondragón Corporación. 2021. [online] URL: https://www.mondragon-corporation.com/
14. Grupo Social ONCE. 2023.  [online] URL:  https://www.once.es/
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19. Sistema B.   [online] URL: https://www.sistemab.org/
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22. Artiem Hoteles.  [online] URL: https://www.artiemhotels.com/
23. Hotel SLEEPN Atocha  [online] URL: https://www.sleepnatocha.com/es/
24. Holaluz.  [online] URL: https://www.holaluz.com/
25. Almanatura.  [online] URL: https://almanatura.com/
26. Bikonsulting.  [online] URL: https://bikonsulting.com/
27. Felber, C. La Economía del Bien Común. Deusto, 2012.
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29. Oceanográfica.  [online] URL   https://www.oceanografica.com/
30. Action Waterscapes.  [online] URL  https://www.actionws.es/
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33. Vargas, O. et al. La economía verde: un cambio ambiental y social necesario en el mundo actual. Revista de Investigación Agraria y Ambiental. 2017.
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39. Raworth, K. Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Random House Uk; N.º 1 edición 2017.
40.  Alianza Global de Banca con Valores.  [online] URL:    https://www.gabv.org/
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53. Unión Europea. Pacto Verde Europeo.  [online] URL: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/
54. Observatorio de Contratación Pública.  [online] URL:   https://obcp.es/

Abril 2023

Paloma García Varela, politóloga experta en Derechos Humanos

Sonia Olea Ferreras, jurista experta en Derechos Humanos

Propuesta para diseñar, llevar a cabo y evaluar permanentemente las múltiples acciones y dimensiones de la intervención social en nuestras entidades y organizaciones desde el marco del enfoque basado en derechos humanos (Parte I) y con un caso práctico de implementación (Parte II – Documentación Social de septiembre de 2022-).

¿Dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en pequeños lugares, cerca de nosotros; en lugares tan próximos y pequeños que no aparecen en los mapas. Pero esos son los lugares que conforman el mundo del individuo: el barrio en que vive; la escuela o la universidad en que estudia; la fábrica, el campo o la oficina en que trabaja. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca ser igual ante la ley, en las oportunidades, en la dignidad sin discriminación. Si esos derechos no significan nada en esos lugares tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción decidida de los ciudadanos para defender esos derechos a su alrededor, no se harán progresos en el resto del mundo

 Eleanor Roosevelt

1. Introducción. El enfoque de Derechos Humanos en las organizaciones sociales

1.1. ¿Qué es el enfoque basado en Derechos Humanos?

Como organizaciones sociales con una larga trayectoria, estamos muy acostumbradas a utilizar los derechos humanos (DDHH) en nuestras acciones y en nuestro discurso. Nos consideramos organizaciones que defendemos los derechos de las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad o exclusión. Sin embargo, no siempre es fácil pasar del discurso y del papel a incorporar todo lo que implican los DDHH en la intervención social y más difícil aún, ser capaces de medir el impacto de esta intervención en términos de derechos.

Para comprender qué es en enfoque basado en derechos humanos (EBDH) y qué implica incorporarlo en la intervención social es necesario comprender qué son los DDHH en toda su dimensión.

Los DDHH se relacionan con las necesidades del ser humano, pero no se confunden con ellas.

La parte de “humanos”, hace referencia al conjunto de necesidades (alimentación, agua, vivienda) y de capacidades humanas (elegir, expresarse, participar) que son comunes a todas las personas, con independencia de su lugar de origen o de sus diferencias culturales, y que están vinculadas a la dignidad de la persona.

Cuando estas necesidades y/o capacidades se ven amenazadas, se establecen unos mecanismos para su protección y pasan a ser derechos, creándose normas jurídicas; estableciendo que el Estado es responsable de hacer cumplir esa norma; y creando unos mecanismos para poder exigir jurídicamente la vulneración de ese derecho y sancionar su incumplimiento.

Las normas jurídicas son el conjunto de tratados y convenciones que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Los Estados se obligan a respetar, proteger y garantizar los DDHH cuando las ratifican, lo que implica que deben adaptar su legislación nacional y sus políticas públicas. Esto conlleva que las personas y los pueblos tienen la capacidad de exigir jurídicamente al Estado una respuesta a sus demandas.

Los DDHH no nacen de la norma, pero deben convertirse en ella. Estas normas son el resultado de la lucha de los pueblos y de luchas sociales en el camino hacia una sociedad más justa. Muchos movimientos sociales surgen motivados por las violaciones de DDHH, exigen el fin de su vulneración y reclaman instrumentos jurídicos que protejan a la ciudadanía para el futuro.

Desde esta perspectiva, incorporar el EBDH en la intervención social implica una forma determinada de interpretar, analizar, abordar, comprender el mundo. No nos preguntaremos por las necesidades que tienen las personas para poder cubrirlas. Nos preguntaremos qué derechos se están vulnerando, quién se ve afectado, cuáles son las causas de esa vulneración, qué demandas tienen las personas que se ven afectadas y cómo podemos contribuir a transformar las relaciones de poder corrigiendo las desigualdades, las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder.

Cuadro 1. El EBDH en la acción social

1.2. ¿Cuáles son sus principales componentes?

Teniendo en cuenta la definición de DDHH y de EBDH, podemos identificar 5 componentes que nos permiten aterrizar en la práctica estos conceptos.

• Estándares internacionales de los derechos humanos. El conjunto de tratados y convenciones internacionales que conforman el Derecho Internacional de los DDHH nos marcan la hoja de ruta para su defensa y promoción. Nos permiten conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son las obligaciones de los Estados y cuáles son las responsabilidades de los diferentes actores. Si no conocemos y trabajamos desde estos tratados y convenciones, difícilmente podremos exigir su cumplimiento.
• Visión integral de los derechos humanos. Los DDHH tienen un contenido mínimo que deben tener garantizadas todas las personas. Los Comités de Naciones Unidas (UN) que se encargan del seguimiento de cada uno de los tratados y convenciones internacionales, elaboran documentos donde detallan este contenido mínimo incluyendo todos los aspectos relacionados con el acceso, la disponibilidad, la calidad, la aceptabilidad, la sostenibilidad y la participación. Son las llamadas Observaciones Generales de los órganos de los tratados. Es imprescindible conocer el contenido de los derechos porque nos servirá de guía en nuestras intervenciones.
• Universalidad. Todas las personas tienen estos derechos simplemente por su condición de ser humanos, independientemente de donde vivan y quienes sean, así como de su situación o características particulares. En nuestras intervenciones debemos incorporar a todas las personas que se encuentran con los derechos vulnerados. No podemos decidir que unas personas por unas características particulares o por su lugar de origen cuentan con esos derechos y otras personas no los tienen.
• Interdependencia y la indivisibilidad. Es un principio básico por el cual los derechos no se pueden separar, categorizar, clasificar o priorizar. Todos los derechos están interconectados y la vulneración de uno de ellos implica la vulneración de los otros. En la intervención social la tendencia es trabajar por sectores estancos que no facilitan una visión holística ni un abordaje desde estos dos principios. Es necesario romper con esta categorización y avanzar hacia un trabajo intersectorial e interdisciplinar. Defender un derecho significa defenderlos todos.
• Asignación de roles. El EBDH incorpora una mirada diferente a las personas estableciendo unos roles determinados.
• Las personas son titulares de derechos con las capacidades necesarias para ejercer sus derechos. El ejercicio de los derechos es un acto de responsabilidad individual y colectiva que supone: defender nuestros derechos y los derechos de todas las demás personas, denunciando cualquier vulneración de los mismos y exigiendo a los poderes públicos su garantía; respetar los derechos de todas las personas, siendo consciente de la necesidad de aprender del otro, del enriquecimiento mutuo como camino para lograr un mundo donde todas las personas puedan ejercer sus derechos; promover los derechos desde nuestro círculo más cercano a cualquier otro lugar; participar en la vida pública pensando en el bien común y no en los intereses individuales.
• Las personas que forman parte de los gobiernos y las instituciones públicas son titulares de obligaciones. Tiene la obligación de respetar los DDHH de forma que no pueden establecer normas, políticas ni llevar a cabo acciones que vulneren los derechos de la población; de proteger a toda la población frente a posibles acciones de actores externos; de hacer efectivos estos derechos adoptando todas las medidas necesarias para dar respuesta a las demandas y, especialmente las de aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad.
• Los actores sociales como las ONG, las empresas, los sindicatos, las universidades, etc. son titulares de responsabilidad y son un puente entre la población y las instituciones públicas. Cada uno de ellos juegan un rol diferente y a todos hay que tenerlos en cuenta.

Esta mirada nos permite avanzar hacia relaciones más horizontales donde consideramos a las personas desde sus capacidades y no desde sus necesidades o debilidades.

• Participación. La participación no es un fin en sí mismo sino un medio para lograr la transformación social y el pleno ejercicio de los DDHH.

1.3. ¿Qué implica su incorporación en las organizaciones sociales?

Desde el EBDH, las organizaciones sociales son un puente necesario entre la ciudadanía y los poderes públicos, en la búsqueda del equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta ejecutiva de los poderes públicos a dichas demandas.

La incorporación del EBDH en nuestras organizaciones y en la intervención social tiene importantes beneficios que mejoran nuestro impacto en cuanto a la transformación de la realidad social, política, económica y medioambiental.

En primer lugar, nos permite evolucionar en nuestras intervenciones pasando de un enfoque de cubrir necesidades al de defender derechos, centrándonos en la transformación de las relaciones de poder desiguales y discriminatorias, empoderando a las personas para que reclamen sus derechos e incidiendo en los poderes públicos para que cumplan con sus obligaciones.

Además, facilita ofrecer respuestas integrales a partir de la participación de las personas que se ven afectadas y de todos los actores; y da mayor fuerza a nuestros argumentos al basarnos en el DIDH.

Las entidades sociales pueden y deben incorporar el EBH en 3 niveles:

• Nivel estratégico

El nivel estratégico hace referencia a la visión que mueve la acción de la organización. El siguiente cuadro refleja los cambios que supone la incorporación del EBDH.

• Nivel organizativo

Este nivel hace referencia a los cambios necesarios para incorporarlo en los procesos internos de

la organización, como por ejemplo en los procesos de toma de decisiones, los protocolos de actuación, la política de personal, los derechos laborales, los códigos éticos. En definitiva, las normas, principios y valores de gobernanza de la organización y de gestión interna del personal y del trabajo. Este es uno de los grandes retos para las organizaciones que, en ocasiones, incorporan antes los componentes del EBDH en sus acciones que en su gestión y organización interna.

• Nivel de intervención

El nivel operativo supone la incorporación de los componentes del EBDH en los programas, proyectos, servicios, materiales, comunicación, campañas y todos aquellos aspectos de la propia acción de la organización.

Las intervenciones tienen que ir dirigidas al fortalecimiento de las capacidades de los titulares de derechos para que puedan ejercer sus derechos, de los titulares de obligaciones para que cumplan con sus obligaciones y de los titulares de responsabilidades para que cumplan con sus responsabilidades.

2. Utilización del marco de indicadores de Derechos Humanos en la intervención social

2.1. ¿Qué son los indicadores?

De forma general, los indicadores son herramientas que sirven para mostrar características específicas, observables y medibles de un objeto concreto de estudio y que nos permiten describir, medir o conocer tanto acciones como procesos y situaciones.

Cuando analizamos la realidad social, política, económica o medioambiental utilizamos un conjunto de indicadores que seleccionamos a partir de las características que queremos destacar del objeto de estudio. En este sentido, una misma realidad puede mostrarse de muy diferentes formas dependiendo de los indicadores que seleccionemos y esta selección nunca es neutra.

Por ejemplo, no se muestra la misma realidad cuando medimos el desarrollo de una comunidad utilizando indicadores económicos como el crecimiento del PIB, que cuando utilizamos indicadores de desarrollo humano o cuando utilizamos indicadores de DDHH.

De esta forma, los indicadores sociales nos ayudan a traducir conceptos teóricos y abstractos de la realidad social a medidas tangibles. Desde la perspectiva académica, un indicador sería el vínculo entre los modelos explicativos de las teorías sociales y la evidencia empírica. Desde la perspectiva programática, el indicador es una herramienta operacional para monitorear la realidad social a fin de formular o reformular políticas[i].

2.2 ¿Qué pasos hay que seguir para la construcción de indicadores?

El proceso de construcción de indicadores nos permite traducir los conceptos abstractos en elementos medibles a través de las dimensiones relevantes, específicas y dinámicas del objeto de estudio que estemos analizando. En este proceso debemos dar respuestas a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué problema queremos abordar? El primer paso es concretar el problema o área de estudio delimitando su alcance.

2. ¿Cuáles son las características qué queremos destacar del problema de estudio? Este paso supone desagregar el problema de estudio en las principales dimensiones de análisis y en las variables de cada dimensión que queramos destacar.

3. ¿Cómo puedo medir esas dimensiones del problema de estudio? Este paso supone operativizar las dimensiones a través de expresiones medibles, es decir, a través de indicadores.

2.3. ¿Qué son indicadores de Derechos Humanos?

Los indicadores de DDHH nos permiten medir tanto el avance de los poderes públicos en el cumplimiento de sus obligaciones como el impacto de la legislación, políticas públicas y actuaciones en los DDHH de la ciudadanía. De esta forma, el objeto de estudio es el contenido mínimo de los DDHH marcado por el DIDH y las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y garantizar estos derechos.

Las principales características de estos indicadores son:

• Tienen un asidero en el contenido normativo de ese derecho.
• Facilitan información que permite medir el compromiso, el resultado y la consolidación de esfuerzos, de los titulares de obligaciones para cumplir con sus obligaciones respetar, proteger y garantizar.
• Hacen transversal los principios de los DDHH: no discriminación e igualdad, indivisibilidad, rendición de cuentas, participación y empoderamiento.
• Tienen capacidad de medir a través del tiempo la realización progresiva, las mejoras en los estándares y la no regresión de los DDHH.
• Tienen capacidad de desagregación.

Teniendo en cuenta estas características podremos diferenciar los tres tipos de indicadores. Por un lado, indicadores estructurales que reflejan el compromiso o la intención del Estado de adoptar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, los indicadores de proceso que reflejan la calidad y la magnitud del esfuerzo realizado por el Estado para hacer efectivos los derechos. Finalmente, los indicadores de resultado que reflejan el impacto de las medidas adoptadas por los poderes públicos en cuanto al respeto, protección y garantías de los derechos.

2.4. ¿Para qué utilizan las organizaciones los indicadores? ¿Qué quieren medir?

La mayor dificultad que las organizaciones sociales encuentran no está, como podría parecer al ser un cambio de paradigma en la misión-plan estratégico de las mismas, en la adopción del EBDH en su intervención (social, jurídica, emocional, comunicativa, de incidencia social y política); sino en consensuar y apropiarse de la decisión sobre qué se quiere medir y cómo para conseguir un aprobado con nota alta en ese examen de incorporación.

Los indicadores de DDHH aparecen entonces como las herramientas concretas que deberían poder medir, abarcar, sistematizar, ordenar, evaluar… si la vida diaria de las entidades tiene imbricado el enfoque de DDHH. ¿En qué se traduce esta medición?:

• ¿En si la comunicación y la presencia en las redes sociales tiene EBDH?
• ¿Si la forma de organizar, priorizar, agendar, evaluar a lo interno de la organización tiene EBDH?
• ¿Si lo tiene el acompañamiento social, jurídico, emocional a las personas vulneradas?
• ¿Si se hace denuncia y/o incidencia política con EBDH?
• ¿Si se analiza y estudia la realidad, las políticas públicas o la normativa vigente con dicho enfoque?
• ¿En si las personas vulneradas viven un cambio en la realidad de vulneración de sus DDHH?
• ¿Todo lo anterior?

Contestar negativa o afirmativamente las anteriores preguntas sigue sin dar respuesta al planteamiento fundamental, como decíamos al comienzo de este capítulo, de pactar y acordar qué queremos medir (dimensiones); previo al cómo vamos a hacerlo (herramientas de medición- indicadores). Porque en ese ejercicio y proceso las organizaciones deberían encontrar dimensiones transversales (contenidas en los tratados y convenciones de DDHH) a todo tipo de intervención/acción que llevan a cabo las mismas (no discriminación e igualdad, indivisibilidad, rendición de cuentas, participación y empoderamiento) y otras que tendrían que diseñar y hacer propias respecto a lo concreto de cada una, en este caso de la intervención social.

Como vemos, la pregunta habitual de ¿estamos trabajando con EBDH en nuestro proyecto de vivienda para personas en situación de sin techo de…? tiene muchas más aristas y consecuencias internas y externas de las que podría parecer en un comienzo.

El camino que proponemos conlleva tres ejercicios:

• Definir qué dimensiones vamos a medir en el ámbito de la intervención social.
• Conjugar con los indicadores de DDHH que realizan su medición.
• Incorporarlo en la elaboración del diagnóstico, alineamiento con las acciones y seguimiento/evaluación de las mismas.

2.5. ¿Qué dimensiones se miden en la intervención social?

Nuestra propuesta es concreta: medir las dimensiones de promoción, protección y defensa de los DDHH que se abordan desde el ámbito de la intervención social (en el cumplimiento de los tratados y convenciones internacionales de los DDHH). O, dicho de otra forma, cómo desde la intervención social podemos operar para la consecución de los objetivos planteados más arriba de fortalecer las capacidades de los titulares de derechos para que los ejerzan, las capacidades de los titulares de obligaciones para que cumplan con ellas, y las capacidades de los titulares de responsabilidades para que las cumplan a su vez.

Las dimensiones que, a nuestro modo de ver, se tendrían que medir desde la intervención social para el logro y consecución del pleno ejercicio de los DDHH por todas las personas[ii], serían las siguientes[iii]:

• La situación de DDHH de las personas y familias con las que se está llevando a cabo la intervención social por parte de la organización. Utilizando como indicadores de medición:
  • Grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado (ámbitos estatales, territoriales y locales + legislativo-ejecutivo-judicial).
  • Grado de vulneración del derecho o derechos.
    • Revisión de las dimensiones del derecho/derechos: Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
    • Espacio del análisis socio-económico.
    • Integralidad: gestión de la diversidad, género, factores medioambientales, discapacidad,
    • Partiendo del principio de interdependencia, definir los distintos derechos interrelacionados vinculados entre sí.
• Las capacidades de los titulares de derechos, (personas vulneradas sobre las que se está llevando a cabo la intervención social) responsabilidades (donde se encuentra la organización social) y obligaciones (administraciones públicas). Utilizando como indicadores de medición las capacidades de cada uno de ellos en cuanto a las siguientes variables:
  • Grado de responsabilidad / motivación /compromiso / liderazgo.
  • Capacidad de comunicación y acceso a sistemas de información de estas.
  • Acceso y control de los recursos.
  • Su capacidad de tomar decisiones.

Fuente: Fundación ONCE[iv]

• Los principios de los DDHH en el diseño, ejecución y seguimiento de los programas o proyectos de intervención social que está llevando a cabo, o quiere llevar a cabo la organización social. Utilizando como indicadores de medición:
  • Participación (de todos los actores).
  • Igualdad y no discriminación.
  • Rendición de cuentas.

2.6. ¿Cómo incorporamos los indicadores de DDHH para:

• Elaborar diagnósticos

Previo al desarrollo de las acciones de intervención social, el diagnóstico de la realidad en la que se pretender intervenir ha de sustentarse en dos objetivos principales:

• Terminar con las vulneraciones de DDHH de las personas vulneradas (ámbito de intervención).
• Partir de las necesidades e intereses de dichas personas.

Y desde ahí, hacer un análisis de la situación de los derechos de las personas a las que queremos acompañar desde nuestro proyecto/acción de intervención social. ¿Cómo[v]?, lo hemos ido viendo en las líneas anteriores:

• Conociendo el marco legal internacional.
• Conociendo las obligaciones que tiene el Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos enunciados.
• Revisando su grado de cumplimiento.
• Priorizando los derechos que mayor dificultad y más complejos retos tienen para las personas vulneradas que queremos sean (o ya lo son) destinatarias de nuestra intervención social.
• Alinear nuestras acciones con el EBDH

Volviendo de forma constante y sistematizada a lo que estamos queriendo medir en cada parte de la propia acción social de la organización, es decir, recuperando las tres dimensiones del objeto del derecho, los actores intervinientes y los principios de los DDHH. Y utilizándolas de forma transversal en cada producto, herramienta, intervención (planes estratégicos, proyectos, jornadas, escuelas formativas, encuentros internos y externos…).

Esa alineación de nuestras acciones supone llevar de la teoría a la práctica el logro y consecución del pleno ejercicio de los DDHH y, como consecuencia directa, pasar de la habitual función en la intervención social de acompañamiento de las necesidades de las personas vulneradas a la defensa jurídica, denuncia y sensibilización (incidencia social) y estrategias de incidencia política que enfrenten las vulneraciones de dichos derechos.

• Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de nuestras acciones

La realización del seguimiento y de la evaluación con EBDH supone incorporar los principios, valores y normas de los DDHH. ¿Cómo se han transformado las relaciones de poder?, ¿cómo es la situación de los DDHH en el momento actual y después de una intervención?, ¿Cómo es la participación de los diferentes actores?…

Evaluamos para…

• Conocer en qué medida las intervenciones han conseguido cambiar las relaciones de poder.
• Mejorar los procesos de rendición de cuentas y transparencia.
• Coordinarnos entre actores.
• Asegurar la participación como elemento fundamental.
• Reforzar el papel de los sujetos de derechos.

La premisa incumplida para una intervención social con EBDH, y el talón de Aquiles sigue siendo la participación de las personas vulneradas en cada fase del proceso: diagnóstico, planificación, seguimiento y evaluación de las acciones en la intervención social. Sin duda la dimensión esencial para el logro y consecución del pleno ejercicio de los DDHH proclamado y normativizado en los tratados y convenciones de derecho internacional.

[i] Construcción de indicadores en materia de derechos humano, económicos, sociales, culturales y ambientales. Documento base sobre el estado de la discusión a nivel mundial. Ciudad de México, septiembre de 2007. (pág. 24)

[ii] Equipo de ISI Argonauta (2011) “El enfoque basado en derechos humanos. Evaluación e Indicadores”. Ed. Red en Derechos. Revisado el 6 de marzo de 2022 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Evaluaci%C3%B3n/EvaluacionEBDH%20+%20NIPO+%20logo.pdf

[iii] N. de A.: En la Parte II de este artículo (Documentación Social- Nº septiembre de 2022) desarrollaremos todos los indicadores, ahora enunciados, con el correspondiente caso práctico de implementación.

[iv] PELAEZ NARVAEZ. A. et al (2017) “Guía para la incorporación de la perspectiva de género y discapacidad en la programación del Fondo Social Europeo”. Colección Generosidad nº6. Fundación Once https://www.cermi.es/es/colecciones/gu%C3%ADa-para-la-incorporaci%C3%B3n-de-la-perspectiva-de-g%C3%A9nero-y-discapacidad-en-la-programaci%C3%B3n

[v] OFICINA REGIONAL PARA AMERICA CENTRAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (2011) “Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en América Central” Ed. OACNUDH-Oficina Regional para América Central.

Abril 2022

Úrsula Martín Peñate, Trabajadora Social, Coordinadora del Departamento de Acción Social de Cáritas Diocesana de Tenerife.

Daniel Buraschi, investigador de la Red de Acción e Investigación Social.

José Antonio Díez Dávila, Coordinador del proyecto de investigación-acción UMAC de Cáritas Diocesana de Tenerife.

Análisis comparativo de la información obtenida durante los años 2020 y 2021, con una metodología de acción-participativa, sobre las personas en situación de exclusión extrema en la isla de Tenerife.

INTRODUCCIÓN

La vivienda es un derecho humano, necesario para preservar la dignidad de todas las personas. Las circunstancias sobrevenidas a raíz de la pandemia mundial provocada por la Covid-19 nos han resituado en un nuevo mapa histórico en el que emerge una sociedad mucho más frágil y vulnerable, manifestando la realidad de muchas personas en situación de exclusión residencial extrema, sobreviviendo en lugares poco salubres y dignos para una vida con cierta seguridad y para quienes es una utopía poder adoptar las medidas de prevención decretadas por las administraciones. Cáritas Diocesana de Tenerife lleva más de 50 años acompañando a este colectivo en la provincia y, desde el año 2020, está llevando a cabo un sistemático trabajo de Investigación Acción. En este marco se han publicado dos monografías (Cáritas Tenerife, 2021 y 2022) que están aportando importante información y análisis para diseñar políticas de inclusión social y una adecuada planificación de estrategias eficaces de acción.

En este artículo presentamos algunos de los resultados del último informe publicado por Cáritas Diocesana de Tenerife (2022), con la información recopilada por los equipos de sus UMAC (Unidades Móviles de Atención en Calle): “Exclusión residencial extrema en Tenerife en tiempos de Covid”. El objetivo es presentar, de forma resumida, algunas de las consecuencias de la pandemia en relación al sinhogarismo en Tenerife.

Cuando hablamos de personas en situación de sinhogarismo (PSSH) incluimos a todas aquellas personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma (Avranov, 1995, p. 23).

A nivel europeo los diferentes perfiles de personas que sufren el sinhogarismo han sido reagrupados a través de la denominada clasificación ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion) que identifica trece perfiles de personas sin hogar distribuidos en 4 tipologías generales. A. Sin techo (roofless) B. Sin vivienda (houseless) C. Vivienda insegura (insecure housing) D. Vivienda inadecuada (inadequate housing).

Sin embargo, en este trabajo nos hemos centrado en cinco de los trece perfiles existentes en la clasificación ETHOS, que denominamos Personas en situación de exclusión residencial extrema (PSERE), porque además de tener vulnerado el derecho humano a la vivienda, se encuentran con grandes dificultades de acceso al resto de derechos por obstáculos mayoritariamente estructurales o por dejación de las responsabilidades inherentes a los poderes públicos como garantes de estos derechos. Toda esta problemática acaba desembocando en la pérdida de seguridad y dignidad de la persona y en la cronificación de su situación.

METODOLOGÍA

Los datos analizados se han obtenido a través de un amplio estudio de campo con una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa) estructurado en tres fases:

En la primera se ha llevado a cabo un censo de las personas en situación de exclusión residencial extrema en Tenerife en la cual se han identificado a 2.738 personas.

En la segunda fase, los equipos de la UMAC han recogido 883 cuestionarios sobre las condiciones de vida de las personas en situación de exclusión residencial severa. La información cuantitativa y cualitativa de estas personas, se ha ido recogiendo a lo largo de diferentes sesiones de acompañamiento, donde se ha tenido en cuenta y se ha aplicado un principio metodológico clave como es la construcción de espacios seguros y de confianza, basados en la escucha y en el apoyo. El personal técnico de las UMAC no se ha limitado a recoger los datos, sino que ha participado activamente en todas y cada una de las fases de investigación, funcionando como un equipo reflexivo de investigación-acción, además de llevar a cabo un trabajo de acompañamiento para el acceso a derechos de las PSERE de la isla de Tenerife. Los cuestionarios incluían ítems relacionados con diferentes aspectos de las condiciones de vida de las personas en situación de exclusión residencial extrema: datos sociodemográficos, condiciones de salud, vulneración de derechos, y experiencias de violencia, entre otros.

Además, en la tercera fase, se han realizado 339 entrevistas semiestructuradas que nos permitieron ahondar en las vivencias personales de estas personas, vinculadas con su red de apoyo y/o familiar, las experiencias de violencia y discriminación, y la repercusión que la secuela de la situación COVID19 ha representado para ellos en este año.

Posteriormente, los datos se han analizado con el software SPSS y las entrevistas se han analizado a través de un análisis temático del discurso.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EXTREMA EN TENERIFE 

El análisis del perfil sociodemográfico de las PSERE evidencia que, si bien los hombres representan la mayoría (73,9%), existe una importante proporción de mujeres (25,6%) y una representación del 0,46% de personas trans. Las PSERE se concentran, sobre todo, en la zona urbana de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna) y en la zona turística del sur de la isla (Arona, Adeje y Granadilla). Respecto a la nacionalidad, hay que destacar que la mayoría de las personas son de nacionalidad española (57,5%), mientras que las personas extranjeras son, sobre todo, de Marruecos, Senegal, Venezuela e Italia.

La edad media de las personas identificadas en el presente estudio es de 45,3 años, en el caso de los hombres y de 35,1 en mujeres. Este dato nos indica que, como un rasgo característico de las PSERE, las mujeres que están en situación de sin hogar se encuentran representadas en rangos de edad más jóvenes que los varones.

AUMENTO DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EXTREMA Y CRONIFICACIÓN DE SU SITUACIÓN 

El primer aspecto que hay que considerar cuando se habla del impacto del COVID -19 es que, en Tenerife, el 42,8% de las PSERE identificadas coincide su situación de sinhogarismo con el periodo COVID, vinculando directamente el aumento del sinhogarismo a las consecuencias ocasionadas por el COVID-19, aumentando en un 53,4% pasando de las 1.784 personas identificadas en 2020 a las 2.738.

Este aumento de PSERE a nivel insular y especialmente en algunos municipios, se vincula directamente con los fallos estructurales del sistema de protección social, que ante la situación actual económica, causada por la crisis sociosanitaria del COVID-19 y la ausencia de una mirada con enfoque de derechos humanos por parte de las administraciones públicas como garante del acceso a estos derechos, unido a la invisibilidad de estas personas por parte de la ciudadanía, provoca el aumento y la cronificación de estas situaciones, no generando estrategias que favorezcan la inclusión plena de las PSERE.

Gráfico 1. Tiempo en Situación de exclusión Residencial Extrema (SERE)

Al abordar la temporalidad de la situación de exclusión residencial extrema de las personas identificadas, se observa que un 22,3% lleva menos de un año en esta situación. Respecto al año 2020, se vislumbra una disminución de la proporción de las personas que en los últimos seis meses y un año se vieron abocadas al sinhogarismo.

Este dato refleja la tendencia a la cronificación de la situación de la exclusión residencial extrema. De esta forma, quienes llevaban menos de seis meses y un año en esta situación en 2020 han pasado a engrosar la categoría de 12 a 36 meses en situación de sinhogarismo.

Así, se observa un aumento de las personas que en el año 2021 llevan más de un año en situación de exclusión residencial extrema, representando una proporción del 62,9%. En este grupo las personas que se encuentran en esta situación por más de 3 años constituyen un considerable 32,5%.

Cabe señalar el impacto de la crisis socioeconómica y sanitaria en la que hemos estado inmersos en los últimos años, que, unido a la falta de políticas públicas reales de acceso a una vivienda como derecho humano, y a un sistema de protección garantista y preventivo ante posibles situaciones de vulnerabilidad, hace que se generen nuevas situaciones de sinhogarismo y la cronificación de las ya existentes.  Y por estas mismas causas no resueltas, se prevé que se continúen intensificando sus efectos, ante la amenaza del fin de las ayudas vinculadas a la situación COVID.

La falta de apoyo institucional y de compromiso público para revertir estas situaciones de exclusión llaman especialmente la atención al tener en cuenta que, tal y como se ha visto anteriormente reflejado, la mayoría de las personas en situación de exclusión residencial extrema mantienen una permanencia estable en el territorio municipal.

Cuestiones estructurales como el desempleo y la precariedad laboral, la elevada presión de los precios del mercado de alquiler inmobiliario y su escasa regulación, así como los mínimos ingresos económicos derivados del sistema de prestaciones y pensiones sociales, imposibilitan el acceso y la permanencia en viviendas dignas a cada vez más personas. A esto se añade la baja oferta de alquileres sociales y viviendas de protección oficial.

La cronificación en el tiempo de la situación de exclusión residencial extrema aboca a la mayor dificultad de revertirla, debido a las secuelas físicas, psicológicas y anímicas de las personas que padecen la merma de sus condiciones de vida y de salud, al no tener garantizada una necesidad básica como es la seguridad de una vivienda digna y adecuada. Así mismo, la tendencia al mayor aislamiento y desvinculación de la red comunitaria, que invisibiliza su situación, unido a la ineficiente respuesta institucional, condena a la inviabilidad de trascender la situación a medida que se alarga en el tiempo.

Los proyectos de acogimiento temporales pueden ser una medida para minimizar daños, pero no una garantía para salir de la situación de sinhogarismo, por todo lo anteriormente comentado, convirtiéndose muchas veces en puertas giratorias. Si la Administración pública no cambia su mirada de prestación de servicios por una mirada con enfoque de garantía de los derechos humanos y genera estrategias políticas reales de acceso a una vivienda, el sinhogarismo en Tenerife va a seguir creciendo como así lo demuestran los datos.

DIFICULTADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Uno de los aspectos claves del impacto de la pandemia en la condición de vida de las PSERE es la mayor dificultad de acceso a los servicios públicos. En nuestra encuesta hemos planteado la siguiente pregunta: ¿La situación del COVID-19 ha limitado su acceso a los Servicios administrativos, Sociales y Sanitarios?

Gráfico 2: Acceso a administraciones y servicios públicos durante el COVID-19

Claramente, las personas entrevistadas afirmaban en un 74,2% que la crisis del COVID-19 y las medidas asumidas por las administraciones para mantener sus servicios, mostraron en su metodología y acceso a la ciudadanía, con especial dificultad para el colectivo de PSERE, graves deficiencias en su atención en los Servicios Sociales, administraciones estatales, Servicio Canario de Salud, etc.… ya que todos los servicios públicos requerían de un sistema online digitalizado para solicitar cita o consulta, realizar solicitudes y reclamaciones, o se comunicaban con la ciudadanía a través de medios telemáticos.

Del análisis posterior vivido en los distintos periodos de la crisis sanitaria, de todos es conocido el colapso de las agendas y plataformas de acceso digital de muchas administraciones, y la reducción del nivel de atención ofrecida a la ciudadanía en general. Esto demostró las carencias de un sistema de protección social que dificulta el ejercicio de la ciudadanía donde, a parte de las dificultades burocráticas ya existentes, se suma la ralentización de la atención y un nuevo sistema de discriminación, la brecha digital, asociada a la falta de recursos económicos y la ausencia de una alfabetización digital, padecido substancialmente por las PSERE, que carecen generalmente de medios para poder acceder a dispositivos móviles, contratación de líneas telefónicas y acceso a internet, condiciones imprescindibles que les facilitaría el mantener o establecer por primera vez el vínculo con las administraciones y  servicios públicos, como garantes de los derechos de estas personas.

Debemos recordar que estas carencias del sistema no cogen de sorpresa a las administraciones. La digitalización de la sociedad implica asumir un nuevo modelo social, de relaciones personales, laborales, económicas, sociales y de participación. Que viene para instaurarse, y que no es viable descartarlo ya que viene para quedarse. Por lo tanto, un uso inadecuado y mal gestionado favorece nuevas formas de discriminación, y afecta a las vidas de aquellas personas que ya en situación de vulnerabilidad, se encuentran en una doble invisibilidad, la ya existente ante la ausencia de planes y estrategias de atención del colectivo, a las que se suma la invisibilidad digital (como nuevo sistema de participación ciudadana y ejercicio de los derechos fundamentales).

También debemos señalar que a estas dificultades asociadas a la gestión de la crisis, se añaden las importantes consecuencias negativas de la pandemia en el ámbito laboral y en el acceso a la vivienda. Sumado a los datos recopilados en este estudio, donde a 1.027 PSERE les coincidía la fecha de inicio de su situación de exclusión residencial extrema, con su nueva situación residencial en el municipio donde se encontraban, es decir, el 37,5% de los casos localizados tuvieron que reubicarse para poder disponer de los recursos mínimos para sobrevivir en su situación, desvinculándose de los Servicios Sociales de referencia. Y las consiguientes barreras para un empadronamiento efectivo por parte de los ayuntamientos y, por lo tanto, poder acceder de nuevo a la red de protección a los servicios sociales municipales, que en la mayoría de los municipios exigen un empadronamiento de entre 6 meses y un año para poder ser atendido por una trabajadora social.

Esta estadística lo que nos devuelve es la ausencia de políticas sociales de prevención de la exclusión residencial severa y extrema (ámbito que nos atañe), a nivel de las administraciones locales, autonómicas y estatales. Sin ofrecer apoyos para evitar la pérdida del alojamiento u ofrecer alternativas alojativas temporales a estas personas y unidades familiares, obligando a las mismas a realizar desplazamientos apoyándose en la poca red de apoyo con la que cuentan y/o acudiendo a recursos específicos de atención de sin hogar, en municipios que dispongan de los mismos, forzando una desvinculación con los servicios sociales de referencia, que deberían garantizar el acceso en urgencia del cumplimiento de sus derechos, con su comunidad, despojando a estas personas de su identidad y arraigo y, en muchos casos, rompiendo con su historia vital.

Desde un enfoque de derechos humanos, el escrutinio de estas situaciones nos devuelve la ausencia del respeto al fundamento del desarrollo integral de la persona como individuo y como miembro de la comunidad social, de una manera igualitaria y libre, para constituirse desde la dignidad humana.

CONDICIONES DE VIDA AFECTADAS POR LA PANDEMIA

La segunda pregunta realizada, define una reflexión personal de cada persona entrevistada sobre cómo le ha afectado personalmente esta crisis sanitaria, permitiendo elegir múltiples respuestas en la misma:

Gráfica 3. Percepción del impacto del COVID-19 en las condiciones de vida

Partiendo de una mirada restitutiva de derechos humanos, la crisis del COVID-19 ha explicitado las carencias abismales que existen en las propuestas de políticas sociales y planificaciones ejecutivas de lo ya establecido, donde la crisis sanitaria ha servido de acelerante de un incendio anunciado sobre la grave situación en Canarias sobre la población en exclusión severa y en riesgo de exclusión extrema, vinculada a apartados como el acceso a la vivienda, o el acceso al empleo, que se reafirman en el informe de Fundación FOESSA de 2022 que señalan: La exclusión de la vivienda afecta en 2021 al 30,7% de los hogares en Canarias y al 30,8% de la población, frente al 20,6% y el 24% en el conjunto de España (FOESSA, 2022, p. 98).

O con respecto al eje de acceso a recursos económicos (generalmente vinculado al empleo), donde se señala que en 2021: Canarias la proporción de personas que experimentan exclusión en este eje pasa del 33,6% al 39,6% (…) la prevalencia de estas situaciones carenciales sigue siendo en 2021 notablemente más alta en Canarias que en el resto de España, concretamente, un 20% más (FOESSA, 2022, p. 22).

CONCLUSIONES

Para que disminuya la exclusión residencial extrema en Tenerife es esencial que la Administración pública cambie su mirada de prestación de servicios y asuma la responsabilidad que tiene asignada como garante de derechos, facilitando el acceso a los mismos. El empadronamiento y, por lo tanto, el acceso al sistema de protección, más que una carrera de obstáculos debería ser un trámite sencillo, según establece la legislación vigente, y una oportunidad para el diseño de políticas públicas coherentes que se basen en una realidad estadística y no en una foto que excluye a un porcentaje de población que la Administración se empeña en invisibilizar y vulnerar su acceso a derechos. Nos encontramos ante un sistema de protección no garantista que provoca que el acceso al trabajo se convierta, en ocasiones, en la única llave de acceso a otros derechos humanos, como puede ser el de la vivienda. Mostrándose también como el principal motivo desencadenante de las situaciones de exclusión residencial extrema en tiempos de COVID con el aumento del desempleo, la pérdida del mismo, el empleo precario, etc.

Para acabar con el sinhogarismo, es urgente la implementación de políticas públicas reales de acceso a una vivienda digna con perspectiva de género desde una estrategia integral para abordar las amenazas del sistema –acaparamiento de suelos e inmuebles, especulación, préstamos abusivos, alquileres vacacionales, degradación ambiental, generación de guetos, etc., que posibilite la recuperación y rehabilitación de vivienda pública vacía y la negociación y compra de vivienda a los grandes tenedores para evitar la especulación a través de fondos de inversión extranjeros, así como reclamar a los ayuntamientos la puesta a disposición de su Patrimonio Público del Suelo, como instrumento de intervención en el mercado inmobiliario que sirva para regular los precios del suelo, la construcción y, el alquiler de vivienda.

Bibliografía

Avramov, D. Homelessness in the European Union: Social and Legal Context of Housing Exclusion in the 1990s. Fourth Research Report of the European Observatory on Homelessness. Bruselas: FEANTSA, 1995.

Cáritas Tenerife. Exclusión residencial extrema en Tenerife en tiempos de COVID. Tenerife: Cáritas Diocesana de Tenerife, 2022.

Cáritas Tenerife. Las personas en situación de exclusión residencial extrema en Tenerife. Tenerife: Cáritas Diocesana de Tenerife, 2022.

Fundación Foessa. Informe sobre exclusión y desarrollo social en Canarias. Resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2021. Madrid: Fundación Foessa, 2022.

Mayo 2023

Teresa de Jesús González Barbero, Universidad Complutense de Madrid

El aumento de la esperanza de vida es un logro de nuestro siglo en los países industrializados: cada vez vivimos más. A este hito han contribuido de forma específica los avances médicos y de investigación y el incremento de bienes y servicios en las últimas etapas de la vida. Esta mejoría alcanza a todos los sectores de la sociedad y por ello también a las personas con diversidad funcional.

Así mismo y como complemento y marco esencial para muchas de las acciones propuestas hemos incluido las principales novedades que aporta la Ley 8/2021 en relación a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

Observación general

Aunque habla de las personas con diversidad funcional en la etapa de envejecimiento, concretamente el envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual, no explica suficientemente la problemática que viven estas personas en dicha etapa del ciclo vital.

Sería interesante añadir experiencias de investigación que se vienen desarrollando de forma paralela para explicar la demanda urgente de las familias por hacer frente a una realidad no vivida con tanta intensidad como en la actualidad por el aumento de la esperanza de vida de las personas con discapacidad, concretamente las personas con discapacidad intelectual. Actualmente se trabaja con más énfasis el envejecimiento activo de las personas con discapacidad, qué supone y qué servicios o recursos de apoyo les permiten vivir una vida autónoma e independiente en esta etapa de la vida. Muy ligado a este enfoque está el enfoque bio-psico-social y el enfoque en la calidad de vida muy desarrollado por Miguel Verdugo. Hablar del envejecimiento de las personas con discapacidad desde un plano jurídico implica también la lucha actual por prevenir una incapacidad jurídica limitadora que les impide tomar decisiones y disfrutar de una vida independiente. También se está revisando todo el sistema de protección social para las personas mayores que tengan alguna discapacidad. En este sentido, entraría en juego también la ley de autonomía personal e independencia.

Introducción

Vivir más años es un anhelo de muchas personas, pero cuando arañamos un poco más en el concepto, se añade un matiz diferenciador: la calidad de vida. Esa calidad presenta tintes diferentes siguiendo coordenadas espacio-temporales y culturales, pero en todas ellas se aprecia un denominador común: la autonomía personal.

Este proyecto que presentamos ahora quiere partir de las propias demandas de las personas con diversidad funcional y sus familiares, para permitir desarrollar en el contexto de las instituciones propuestas y mejoras que conduzcan a favorecer esa autonomía en los últimos años de la vida. De ahí el nombre del proyecto: “buena vejez”. Previamente a describirlo vamos a contextualizarlo desde los paradigmas teóricos que lo sustentan.

Con el fin de ofrecer una información lo más completa posible, dedicaremos un pequeño apartado a describir los cambios legales sobrevenidos con la Ley 8/2021 que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Esta importante reforma viene a sustituir las figuras de patria potestad y tutela y reforzar la autonomía y la voluntad de la persona en la toma de sus propias decisiones. Para facilitar este proceso se establecen una serie de apoyos y figuras como la guardia de hecho, la curatela o el defensor judicial, que describiremos más adelante.

A pesar de estar aún pendientes varias áreas de desarrollo, creemos que las oportunidades que ofrece contribuirán a favorecer la independencia y la calidad de vida de este colectivo.

I.- Consideraciones generales y teorías explicativas

El envejecimiento en el contexto general

Modelo del ciclo vital

Hasta finales de los años setenta, el mecanicista y el organísmico eran los dos modelos explicativos fundamentales existentes en Psicología Evolutiva, con una fuerte predominancia del organísmico, dada la escasa sensibilidad a lo evolutivo del modelo mecanicista. Pero a finales de la década de los setenta hay un grupo de estudiosos del desarrollo que reaccionan contra ciertas limitaciones de estos modelos y, engarzando con una tradición que venía del siglo XIX, formulan una propuesta conocida con el nombre de modelo del ciclo vital, también llamada por la expresión inglesa life-span, que significa algo equivalente a ciclo de la vida de una persona, denominación con la que se resalta precisamente una de las críticas a la Psicología Evolutiva tradicional, especialmente la de corte organísmico, crítica según la cual dicha Psicología Evolutiva tradicional se había ocupado solo del desarrollo psicológico de niños y adolescentes, olvidando que los procesos de cambio psicológico son un hecho en cualquier momento del ciclo vital humano, desde el nacimiento hasta la muerte (Baltes, 1979).

Tras un periodo de ajustes, el modelo del ciclo vital toma como referencia el modelo de adaptación selectiva por compensación que ayuda a un envejecimiento con éxito

En las tablas siguientes podemos observar los tres elementos que lo configuran: condiciones antecedentes, procesos y resultados (Pinazo Hernández y Sánchez Martínez, 2006). En el apartado de antecedentes se hace especial hincapié en el principio psicológico del desarrollo y su capacidad de adaptación, que en el contexto social viene mediatizada por la cantidad y calidad de recursos tanto internos como externos a la persona.

Tabla 1 – Pinazo Hernández y Sánchez Martínez, 2006. Condiciones y antecedentes del ciclo vital

Tabla 2: Pinazo Hernández y Sánchez Martínez, 2006. Procesos del ciclo vital

Tabla 3: Pinazo Hernández y Sánchez Martínez, 2006. Resultados del ciclo vital

Este ciclo volvería a repetirse y a partir de los resultados retornaríamos a las condiciones antecedentes.

El énfasis en la adaptación que pone el ciclo vital para hablar de un envejecimiento con éxito se mantiene cuando nos referimos a este proceso en las personas con diversidad funcional.

Haciendo un intento de fusionar los principios de la teoría del ciclo vital y los principales indicadores de las personas mayores en España según el Informe de mayores del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014), podríamos llegar a las siguientes reflexiones:

• Las personas mayores comparten con las personas con discapacidad una serie de prejuicios que se incrementan cuando llegan a cierta edad.
• Disfrutar de una vida autónoma y plena es una aspiración legítima y presente en ambos colectivos y las asociaciones que trabajan con ellos deben tenerla como objetivo prioritario.
• En lo tocante a los hogares de mayores españoles son de tamaño reducido y predominan respecto al estado civil, los formados por viudos.
• En relación con los contactos y apoyos familiares, la mayoría tiende a ayudar a los hijos en el cuidado de los nietos, lo que les permite además estar en contacto con la familia. Sin embargo, tiende a abandonar la red de amistades, aumentando su soledad.
• En cuanto a las actitudes hacia el envejecimiento, en muchos casos predominan las negativas sobre las positivas. Se hace necesario por ello, proponer nuevas iniciativas que permitan disfrutar de una vida plena y ajustada en lo personal y social.

Hasta aquí nos hemos referido a las personas mayores en general, pero a partir de ahora vamos a centrarnos en el colectivo de personas con diversidad funcional, ya que en muchos casos manifiestan características propias de los mayores, pero a ellas tienen que añadir otras más específicas de su situación.

El envejecimiento en personas con discapacidad intelectual

Antes de referirnos al envejecimiento de las personas con discapacidad, queremos hacer un breve inciso del nuevo concepto de discapacidad, para utilizarlo como referencia al hablar de la situación de envejecimiento.

Verdugo (2022) define la discapacidad de acuerdo a los siguientes indicadores:

– Las limitaciones en el funcionamiento intelectual. Es decir, le cuesta comprender o razonar

– Es una limitación de la conducta adaptativa, en temas como los conceptos, las relaciones sociales o las prácticas

– Todos estos cambios suceden antes de los 22 años.

Esta nueva manera de entender el concepto nos aporta un punto de partida más claro a la hora de entender el proceso de envejecimiento y la necesidad de apoyos.

En lo referente al envejecimiento, en algunas personas con discapacidad, este proceso comienza en torno a los 45 años, produciéndose un deterioro de las AVDs (Habilidades para la vida diaria) como son la salud, la movilidad, el ocio, o las situaciones de dependencia.

Es por ello, por lo que se hace necesario intervenir en procesos preventivos que mejoren su calidad de vida, que incluye en otros aspectos el bienestar emocional, la inclusión y las relaciones personales, el desarrollo personal y la autodeterminación y el bienestar físico, material y de derechos.

En la figura adjunta se recogen todos ellos:

Figura 1: Calidad de vida en personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento. (Verdugo, 2002)

Los programas de mejora del envejecimiento deberán, por tanto, incidir en estas necesidades detectadas.

Esta nueva situación la vamos a abordar desde dos escenarios: el primero, de carácter legal referenciando la ley 8/2021 que nos diseña el marco para los nuevos tipos de apoyos y el segundo uno de los programas de Plena Inclusión: el proyecto Buena Vejez.

II.- Modificaciones legales: ley 8/2021

Por la que se reforma la Legislación Civil y Procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica

Dicha ley se aprobó en junio de 2021 y entro en vigor el 3 de septiembre del mismo año.

A continuación, recogemos aquellos aspectos más relevantes:

Antecedentes

El año 2008 supuso el punto de inflexión fundamental al aprobarse la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad.

En España el código civil regulaba la capacidad de obrar de este colectivo y el papel de los tutores al respecto. A partir de 2008, y de forma especial de lo establecido en su artículo 12, este derecho se restituye y supone una adaptación del código civil.

Cambios más significativos

La principal novedad es la sustitución del Modelo de Tutela por el Modelo de Apoyos

Las personas con discapacidad y el juez podrán definir los apoyos, que serán de tres tipos:

– El Guardador de hecho, que apoya a quienes necesiten menos ayuda. Casi siempre será un familiar o alguien cercano. El juez lo nombrará para temas específicos.

– El Curador, que apoyará a quienes necesitan más ayuda de forma continua. El juez dictará quien da los apoyos y en qué temas.

– El Defensor Judicial, nombrado por el juez cuando la persona con discapacidad y el guardador de hecho y el curador no estén de acuerdo.

Retomando lo establecido en el apartado anterior sobre el nuevo concepto de discapacidad, al hablar ahora de los apoyos, debemos hacer especial hincapié en su finalidad y escenarios destacando que (Verdugo, 2022) deben ser:

• Centrados en la persona, es decir pensados para ella y contando con su opinión
• Globales: sobre todas las necesidades percibidas
• Coordinados: entre todos actores que rodean a la persona
• Orientados a resultados
• Que sirvan para tomar decisiones y construir proyectos de vida
• Basados en la evidencia, que permitan ajustes

Situación transitoria y modificaciones principales

Los cambios propuestos por la nueva ley son muchos y algunos de enorme calado. No obstante, importa resaltar que se realizarán de forma paulatina. Aquellas personas que actualmente tengan asignado un tutor, podrán seguir con el mismo régimen y en el momento de revisar la tutela se efectuará el cambio al nuevo modelo.

Dentro de las modificaciones previstas, además de las reguladas por el código civil. destaca la modificación del Código de Comercio (artículo octavo).

En cuanto a su puesta en práctica, se establece la colaboración entre la Administración de Justicia y las entidades del Tercer Sector de Acción Social (disposición adicional primera) y la Formación en medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica (disposición adicional segunda).

Como podemos observar se han sentado nuevas bases legales que regulan la situación de las personas con discapacidad, pero aún hay que esperar para la aplicación total de las mismas.

A continuación, vamos a exponer otro de los hitos significativos que esperamos que contribuya a mejorar su calidad de vida.

III.- Programa para mejorar la calidad de vida: el proyecto buena vejez

El proyecto Buena Vejez se enmarca dentro de las acciones llevadas a cabo dentro del Programa de Apoyo al Envejecimiento de las Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps.

En él se recogen aquellos aspectos que enumeramos en el apartado anterior como calidad de vida en personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento.

Con el fin de tener una imagen gráfica del mismo, recogemos en el siguiente cuadro sus principales características:

Para proceder a evaluar lo que entendemos por calidad de vida se ha utilizado una escala desarrollada en un proyecto de trabajo liderado por la Universidad Ramón Llull (Escala de Calidad de Vida Familiar para familias con hijos/as con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de mayores de 18 años (CdVF + 18)

De acuerdo a los datos recogidos, las dimensiones que las familias españolas han indicado como necesarias para tener una vida de calidad son las siguientes: (Manual de procedimiento pp 3 y ss.)

• Bienestar emocional. Se centra en el impacto de la discapacidad en el contexto familiar
• Interacción familiar. Se refiere a la calidad de las relaciones existentes entre los diferentes miembros de la familia
• Explora el estado de salud física y mental de los miembros
• Bienestar económico. Explora el grado de acuerdo de las familias en relación a qué recursos económicos y materiales necesitan y de cuáles disponen
• Organización y habilidades parentales. Se refiere a las funciones y responsabilidades de los padres
• Acomodación de la familia. Se refiere a aquellos aspectos relacionados con la

aceptación y adaptación de la familia a la discapacidad de su familiar

• Inclusión y participación. Hace referencia a las relaciones sociales que mantienen la familia y el familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo

Está construida en forma de respuesta múltiple de tipo Likert con cinco opciones y distribuye las dimensiones en torno a 67 ítems según podemos observar en esta tabla.

(Tomada del manual de procedimiento, pág.4)

Dentro de las acciones de mejora para trabajar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y tomando como referencia los datos sobre el gran porcentaje de personas que están en centros residenciales, se vio la necesidad ir proponiendo modificaciones en las instituciones y centros ocupacionales (Tamariz, J. 2014)

Los datos que ahora ofrecemos forman parte de la apuesta de una de las nueve asociaciones que forman parte de Plena Inclusión Castilla y León (PRONISA, C.E.E. SANTA TERESA, ASPANIAS, ASPRONA-LEÓN, ASPRONA-BIERZO, FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN, FUNDACION PERSONAS, CENTRO VILLA SAN JOSÉ, ASPRODES, ASPAR-LA BESANA, ASPACE-SALAMANCA, CENTRO SAN JUAN DE DIOS, CENTRO PADRE ZEGRI, FUNDACIÓN SIMON RUIZ Y ASPROSUB BENAVENTE).

La metodología utilizada comparte unas bases comunes a todas ellas y sus hitos más significativos son los siguientes:

• Fase de preparación: formación de grupos de trabajo en cada institución en los que estén representados los colectivos de profesionales, familias y usuarios.
• Fase de desarrollo: cada uno de los grupos de interés recogerá información de ese colectivo y cumplimentará la “escala para valorar la calidad de los centros ocupacionales” elaborada por el mismo grupo de trabajo de la Universidad Ramón Llull. Es opcional, si el grupo así lo valora utilizar otras fuentes de recogida de información. En esta fase nosotros aconsejamos trabajar mediante análisis DAFO para cumplimentar aquellos aspectos que la Escala no referencia específicamente, pero que pudieran resultar significativos.

Recogemos a continuación las dimensiones expresadas en dicha escala:

• Fase de análisis de la información: una vez cumplimentadas las escalas por todos los colectivos se ponen en común los datos obtenidos y para tener una idea más de cuál es la realidad se vierten en una web creada al respecto por Plena Inclusión. En este momento los grupos de trabajo se encuentran en esta fase.
• Fase de propuestas de mejora: una vez analizadas las propuestas de evalúan y priorizan obteniendo de esta tarea un listado final con la asignación de las instancias o responsables competentes para implementar cada una.
• Fase de evaluación: por último, se realizará una evaluación de los resultados de las acciones de mejora implementadas.

La situación de pandemia ha impedido desarrollar todas las propuestas realizadas, pero esperamos que en un futuro inmediato se puedan ver los resultados y aquellos proyectos que se hayan podido generar a partir de este.

IV.- Conclusiones

Queremos apuntar como reflexión final algunos aspectos que nos han parecido significativos

• En relación con las diferentes teorías que explican la situación de envejecimiento, la teoría del ciclo vital es seguramente la que lo hace de una forma más coherente al devenir humano y además más adaptada a la realidad de este fenómeno en nuestro país, siendo la base de muchas propuestas de los servicios sociales, ya que se alinea con el principio psicológico del desarrollo y la nueva visión del envejecimiento tanto en la población general como en las personas con discapacidad intelectual.
• Nuestro país ha iniciado un periodo de envejecimiento significativo desde la década de los sesenta a la actualidad, siendo el colectivo de tercera edad muy numeroso respecto a la población general.
• En lo referente a las personas con diversidad funcional, su esperanza de vida se ha visto incrementada notoriamente en las últimas décadas, hasta el punto de que muchos sobreviven a sus progenitores o hermanos. Este dato ha traído consigo la necesidad de un nuevo análisis de la realidad social en la que conviven estas personas.
• Hace unas décadas la discapacidad y el envejecimiento se contemplaba en un escenario familiar y con carencia de apoyos en muchos casos. Pero el nuevo modelo ofrece la posibilidad de disfrutar de un entorno donde la salud, la autonomía y el acceso a nuevas experiencias le permitan una mejor calidad de vida.
• Proyectos de carácter preventivo como el de Plena Inclusión suponen una respuesta adaptada y oportuna a esta demanda social, destacando no obstante la necesidad de implicar a partes iguales a las familias, los usuarios en la medida de sus capacidades y los profesionales, pues las tres son parte del problema y la solución.
• Por último, esperamos que las modificaciones legales que se han promulgado ayuden a mejorar la calidad de vida y hacer más visible a este colectivo.

Referencias bibliográficas

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Mayo 2022

Sonia Lacalle Álvarez, jurista experta en derecho a la energía y vivienda

Sonia Olea Ferreras, jurista experta en derechos humanos

Los Estados se han comprometido ante la comunidad internacional a invertir el máximo de sus recursos disponibles en el desarrollo progresivo e ininterrumpido de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por ellos mismos. La pandemia COVID-19 ha sido una oportunidad para demostrar que es posible.

1.- INTRODUCCIÓN

En marzo de 2019, justo un año antes del inicio del estado de alarma provocado por la pandemia COVID-19, se publicaba la última gran reforma relativa a vivienda que, en palabras del Ministro de Fomento[1] contenía medidas ineludibles para afrontar urgentemente las siguientes realidades:

(i) la situación de vulnerabilidad económica de familias y hogares que destinan más del 40 por 100 de sus ingresos al pago del alquiler; (ii) el incremento de los precios del alquiler motivado, entre otros factores, por el fenómeno del alquiler turístico de viviendas, especialmente sensible en determinadas zonas del territorio nacional; (iii) la escasez del parque de vivienda social; (iv) el aumento del número de desahucios vinculados a los contratos de alquiler, que contrasta con la reducción progresiva de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias; y (v) deficiencias en materia de accesibilidad que sufren personas discapacitadas y mayores.

El Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler[2] fue recurrido por el Grupo Parlamentario Popular ante el Tribunal Constitucional, al considerar que no se acreditaba la “extraordinaria y urgente necesidad” de los cinco motivos dados por el Gobierno para su aprobación (por cierto, ratificada posteriormente in extremis el 3 de abril de ese mismo año por la Diputación Permanente del Congreso y con la memoria en el recuerdo del voto en contra tres meses antes del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, que provocó una nueva tramitación de la misma norma):

• la dificultad de acceso a la vivienda en régimen de alquiler; (2) el desigual y heterogéneo comportamiento del mercado de alquiler de viviendas como consecuencia de los alquileres turísticos; (3) la escasez de vivienda social; (4) el aumento del número de desahucios vinculados a contratos de alquiler; y finalmente (5) la existencia de deficiencias en las viviendas en materia de discapacidad y movilidad reducida.

La STC 14/2020[3] estableció que no se había negado la existencia de dichas realidades, sino que el cuestionamiento estaba en apreciar su importancia y la necesidad de una urgente intervención o no. Siendo esto último una valoración política que el TC no podía enjuiciar; dictaminó por tanto que el Gobierno no creó una situación artificial o ad hoc de urgencia.

Así, como venía sucediéndose desde 2008[4], una nueva normativa intentaba dar respuesta a la situación de crisis residencial o emergencia habitacional que azotaba a cientos de miles de familias y personas en nuestro Estado. Evidenciado también para la sociedad entera días antes del comienzo de la terrible crisis sanitaria, social y económica de la COVID-19. Crisis ante la que, casi la totalidad de países, respondieron de la misma forma: ordenando el confinamiento en los lugares de residencia. La vivienda, como se repitió durante días en todos los foros (parlamento, hogares, redes sociales, televisiones…) se convertía en la primera línea de defensa ante una enfermedad pandémica, nueva y sin previsión alguna de tratamiento o confrontación. Leilani Farha, ex relatora de Naciones Unidas para una vivienda adecuada ya lo puso de máxima relevancia[5] el 18 de marzo: Housing, the front line defence against the COVID-19 outbreak.

2.- MARCO LEGISLATIVO SOBRE VIVIENDA Y DERECHO A LA ENERGÍA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

Desde la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, la primera norma que articuló medidas de apoyo a familias y colectivos vulnerables en materia de vivienda fue el Real Decreto-ley[6] 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En la exposición de motivos de dicha norma se establecía que la misma se dictaba partiendo de la experiencia acumulada tras la crisis financiera de 2008 y por ello, los únicos mecanismos que se regularon en ese primer momento para evitar la exclusión residencial se centraron en la en la protección de los deudores hipotecarios.

El mencionado Real Decreto-ley 8/2020 reguló la protección a los deudores hipotecarios mediante la posibilidad de solicitar moratorias en el pago de la hipoteca por un plazo de 3 meses a contar desde su entrada en vigor, plazo que se amplió posteriormente hasta el 29 de septiembre de 2020. La moratoria conllevaba la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado y la inaplicación de la cláusula de vencimiento anticipado, del devengo de intereses y de la aplicación de intereses de demora.

Cuatro meses después de finalizar el plazo para acogerse a la moratoria hipotecaria y ante la persistencia de la crisis sanitaria del COVID-19, en fecha 3 de febrero de 2021 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley[7] 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. Dicha norma, con la finalidad de garantizar la suficiencia de recursos de familias y autónomos, ha ampliado el plazo para solicitar moratoria en el pago de la financiación hipotecaria hasta el 30 de marzo de 2021.

En materia de alquiler, con fecha 1 de abril de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley[8] 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 que regulaba un nuevo paquete de medidas para apoyar a las familias y colectivos más vulnerables que habían visto afectados sus ingresos y su capacidad para hacer frente a los gastos necesarios para el mantenimiento de sus hogares en los supuestos de alquiler de vivienda habitual. Por un lado, se reguló una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual cuyo plazo finalizara en el periodo de pandemia y a la que se podían acoger todas las personas con independencia de su situación económica. Durante el plazo de prórroga extraordinaria, fijado en 6 meses, se seguían aplicando los mismo términos y condiciones que los establecidos en el contrato originario. El plazo para solicitar la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler se ha ampliado posteriormente hasta el 9 de mayo de 2021.

En segundo lugar, la otra medida relacionada con el alquiler y a la que solo podían acogerse las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida era el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta de alquiler. A este respecto, el arrendatario en situación vulnerable podía solicitar a la propietaria de la vivienda alquilada, siempre que esta fuera empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor de vivienda (entendiendo como tal a las personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 inmuebles o de una superficie construida de más de 1.500 m2), un aplazamiento temporal del pago de la renta o una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que durase el estado de alarma.

Diferente solución se daba en los supuestos en los que la propietaria de la vivienda arrendada fuera un pequeño tenedor. En ese caso, la arrendataria podía solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta y si las partes no llegaban a ningún acuerdo podía acceder a las ayudas transitorias de financiación aprobadas en virtud de la Orden TMA[9]/378/2020, de 30 de abril. Esas ayudas, que eran concedidas por entidades de crédito, y contaban con total cobertura mediante aval del Estado tenían un carácter finalista y debían destinare al pago del alquiler. El importe del préstamo era el correspondiente al pago de 6 mensualidades y no devengaban gastos ni intereses para el solicitante.

Pero pese a las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 11/2020, que en algunos casos pudieron suponer una ayuda para aliviar la carga de algunas familias, en muchos otros casos no han servido para evitar generar deudas por impagos relacionados con la vivienda. En esos casos, la mencionada norma introducía un periodo de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos por impago de rentas o finalización de contrato hasta la finalización del estado de alarma cuando esos procedimientos afectaban a arrendatarios vulnerables que carecían de alternativa habitacional.

El más reciente Real Decreto-ley[10] 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes ha introducido importantes mejoras de carácter jurídico y social en los procedimientos de desahucio de vivienda habitual. Por un lado, regula la posibilidad de que la persona arrendataria pueda instar un incidente de suspensión extraordinaria de desahucio o lanzamiento por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional. Esa vulnerabilidad económica puede derivar o no de los efectos de la COVID-19.

Por primera vez desde el estallido de la pandemia dejan de vincularse las situaciones de vulnerabilidad sobrevenida como requisito para poder acogerse a las medidas protectoras de los Reales Decretos leyes mencionados, extendiendo sus efectos a todas las situaciones de vulnerabilidad económica, con independencia del origen de esa vulnerabilidad.

Por otro lado, la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos de personas y familias en situación de vulnerabilidad económica sin alternativa habitacional, se extiende a los supuestos de vivienda cedida en precario y de vivienda ocupadas sin título habilitante. Esta medida supone una auténtica novedad en la legislación española. Tanto en los supuestos de impago de rentas o finalización del plazo del arrendamiento como en el caso de ocupación de vivienda en precario o sin título habilitante, la suspensión del desahucio o lanzamiento se extiende hasta el 9 de mayo de 2021, fecha de finalización actual del estado de alarma.

En cuanto al derecho a la energía, al agua y a internet, el Real Decreto ley 8/2020 introdujo por primera vez en la normativa española la calificación del sistema de comunicaciones como un servicio universal; la apuesta por el teletrabajo configurado como un instrumento para poder conjugar las necesarias medidas de aislamiento y contención en la propagación del virus y al mismo tiempo, para poder garantizar la continuidad en el ejercicio de numerosas actividades empresariales y económicas, dio lugar a la prohibición de la suspensión del servicio de comunicaciones electrónicas.

Las medidas de confinamiento y restricciones a la movilidad han supuesto la estancia ininterrumpida en el domicilio por parte de toda la población. A este respecto, el primer Real Decreto ley 8/2020, reguló la prohibición del corte de los suministros de agua, luz y gas cuando el titular del suministro tuviera la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. Pero atendiendo a la dimensión del problema, el Real Decreto-ley 11/2020, dictado con posterioridad reguló de forma excepcional y mientras estuviera en vigor el estado de alarma la prohibición universal de la suspensión del suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a todos los consumidores personas físicas en su vivienda habitual. Esa prohibición se amplió hasta el 30 de septiembre de 2020. Entre esa fecha y el 24 de diciembre de 2020, fecha de publicación y entrada en vigor del Real Decreto ley 37/2020, en pleno invierno, se produjeron cortes de suministros a personas y familias vulnerables. Desde ese 24 de diciembre de 2020 y hasta el 9 de mayo de 2021, fecha de finalización del estado de alarma se vuelve a limitar la suspensión del suministro de agua, gas natural y electricidad a los consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social.

Pese a la prohibición del corte de suministros básicos de agua, energía eléctrica y gas natural a consumidores vulnerables, no hay regulación ni previsión alguna sobre qué pasará con las deudas generadas por el consumo domésticos de esos suministros básicos durante los meses de confinamiento para los consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social.

También ha sido objeto de nueva regulación el bono social eléctrico, una rebaja del 25% o del 40% de la factura de la luz de la que pueden beneficiarse consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social cuya duración, de 2 años ha sido prorrogada de forma automática y los requisitos subjetivos para solicitarlo se han ampliado a aquellas personas que han sufrido directamente las consecuencias de la crisis del coronavirus.

3.- ¿Y PARA LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN?

Como hemos visto en el apartado anterior, desde la aprobación (el 10 de marzo de 2020) de las primeras medidas sociales ante la crisis sanitaria y humanitaria que aún hoy está viviendo nuestro Estado por la COVID-19, fueron incluidas entre ellas las relacionadas con la prevención de la pérdida y el mantenimiento del hogar, de la vivienda.

Tanto en propiedad como alquilada, y siempre con el requisito de vulnerabilidad-precariedad económica y social sobrevenida por causa de la pandemia. Incluyendo, en el caso de aquellos desahucios donde se cumplieran ambos requisitos, el que, además la parte propietaria no se encontrara en situación también de vulnerabilidad social o económica sobrevenida. En caso de ser así, el juzgador debía ponderar la oportunidad o no de la suspensión del desalojo (cuestión distinta fue que, en la práctica, la suspensión de la actividad judicial provocó la paralización de todos los desahucios de hecho).

Solo dos de las medidas han llegado a ser universales, independientemente de la situación sobrevenida de vulnerabilidad social o económica: la prórroga automática del contrato de alquiler que vencía de forma inmediata y la suspensión de los cortes de energía, agua e internet.

Desde marzo y hasta diciembre de 2020, la sociedad civil y las entidades sociales, apelando a la situación de grave crisis residencial previa a la COVID-19, no cesaron en su labor de incidencia política, presentando de forma continua propuestas legislativas en dos sentidos:

• La inclusión, como beneficiarias de las medidas sociales y económicas, de las personas y familias que podían acreditar una vulnerabilidad estructural (existente de forma previa a la pandemia y profundizada y elevada exponencialmente durante la misma).
• La inclusión de otras formas de uso y disfrute de la vivienda, no solo la propiedad y el alquiler (habitaciones, cesiones, uso sin título legal…).

Se trataba, como ya fundamentaban los primeros Reales Decreto-ley 8/2020 y 11/2020, de dar respuesta a las situaciones de posible pérdida de vivienda y de protección en el ámbito energético y de suministro de agua; muy especialmente, en evitar que las personas tuvieran que dejar su vivienda o que vivieran en las mismas sin las adecuadas condiciones de dignidad humana.

Hasta diciembre de 2020 y enero de 2021, con los Reales Decreto-ley 37/2020 y 2/2021, no se introdujeron dichas modificaciones: tanto la consideración como posibles beneficiarias de las medidas sociales y económicas las personas y familias que acreditaran su situación de vulnerabilidad independientemente de si había sido causada durante la pandemia; como la de suspender los desalojos forzosos en los supuestos, además de la condición estructural de vulnerabilidad, de disfrute de una vivienda sin título legal de alquiler o propiedad.

Los factores considerados por el Gobierno para incluir estas nuevas situaciones (entre las medidas sociales y económicas de sostenimiento de la vivienda y el derecho a la energía durante el estado de alarma) son, fundamentalmente, de dos tipos (lo que nos sirve de soporte también para el último capítulo de este artículo):

• La situación económica, social y sanitaria del Estado provocada por la pandemia a la que se suma que el parque de vivienda social en España es particularmente escaso, ofreciendo cobertura a menos del 2,5 % de los hogares, un porcentaje claramente insuficiente para que tenga capacidad de ofrecer soluciones rápidas a las situaciones de vulnerabilidad y tratándose de una realidad que se agrava en el actual contexto de crisis sanitaria y la constante terrible realidad de desalojos forzosos de cientos de familias de sus hogares.
• El cumplimiento de las obligaciones de estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos.

En el primero, ya en la fundamentación de la norma se incluye que existe una situación estructural de carencia de vivienda social, junto con

el mantenimiento en los últimos años, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, de un número de desahucios y lanzamientos ante el que es preciso adoptar medidas inmediatas con objeto de reforzar la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes, de modo que se asegure la protección de las personas más vulnerables desde el punto de vista social y económico, a las que deben ofrecerse medidas de apoyo para superar su situación.

En el segundo, tras años de dictámenes condenatorios, recomendaciones, observaciones y comunicaciones por parte de diversos espacios[11] de Naciones Unidas ( Comité DESC, Examen Periódico Universal del Consejo de DDHH, relatorías de vivienda adecuada y extrema pobreza y Derechos Humanos, Comité de los Derechos del Niños…) se introducen dos medidas:

• Procedimiento para asegurar la valoración por parte de los servicios sociales competentes de la situación de vulnerabilidad en la que pueda encontrarse el arrendatario, con objeto de que puedan aplicar de la forma más ágil y efectiva las medidas y acciones que sean más adecuadas para asegurar una solución habitacional a aquellos hogares vulnerables que no tengan una alternativa de vivienda digna, pero asegurando en el trámite la debida ponderación de la situación en que pueda encontrarse el arrendador (aplicación de la Observación General nº 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas).
• Atribución al Juez, en los casos de desahucio, de la facultad de suspender el lanzamiento, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto y las circunstancias, hasta que los servicios sociales competentes puedan ofrecer las soluciones más adecuadas que hagan frente a la carencia de una vivienda digna, en el contexto de la excepcionalidad del estado de alarma (Dictámenes del Comité DESC condenando a España E/C.12/61/D/5/2015; E/C.12/66/D/37/2018; E/C.12/67/D/52/2018).

Como sabemos, estas medidas dejarán de estar en vigor el 9 de mayo de este año, con el fin del estado de alarma. La mayoría de ellas se han incluido como propuestas para ser legisladas de forma permanente en la futura ley por el derecho a la vivienda para la que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana abrió periodo de alegaciones[12] el pasado mes de octubre.

Aunque no como medida social directa aprobada durante la pandemia, pero sí durante los meses de confinamiento y en seguimiento de algunos de los objetivos de las ya aprobadas por el Gobierno, la Orden[13] TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19  ha abierto la posibilidad, por primera vez[14] en un plan estatal de vivienda, de desarrollar por las comunidades autónomas[15] un programa con ayudas directas para facilitar el acceso a vivienda y alojamiento, además de a personas y familias en situación de posible desahucio (vigente desde 2018, Capítulo IV), también a personas en situación de especial vulnerabilidad, sin techo y víctimas de violencia de género.

Cuestión muy diferente está siendo el acceso a agua y energía en los asentamientos urbanos y rurales. Durante la pandemia no se han incluido medidas sociales y económicas a nivel estatal a este respecto.

4.- EL DILEMA ANTE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN VIVIENDA IMPLEMENTADAS DURANTE LA PANDEMIA

Podemos verlo como una oportunidad, o solo como un sobre-esfuerzo para ser llevado a cabo durante una situación extrema, como está siendo la pandemia COVID-19.

Creemos, sin duda, que no ha de darse ningún dilema. En Cáritas, muy especialmente desde los últimos doce años, hemos constatado que la vulneración del derecho humano a una vivienda adecuada que viven cientos de miles de personas en nuestro Estado urge el tomar medidas sociales y económicas sobre las que estos últimos meses se ha legislado como políticas públicas estructurales; con presupuestos económicos suficientes y desde la participación de todas las personas y ámbitos implicados.

La futura ley por el derecho a la vivienda es, sin duda, una herramienta fundamental, pero no solo. Lo es también el futuro Plan Estatal de Vivienda 2021-2026 (dando seguimiento a la novedad incorporada por la reforma en abril de 2020 del Plan; incluyendo un programa específico para diversas situaciones de vulnerabilidad, como ya vimos en el apartado anterior); las estrategias para personas sin hogar de calle y para barrios vulnerables y asentamientos, las nuevas modificaciones de la normativa civil que incluyan la posibilidad del juicio de proporcionalidad ante situaciones de desalojo forzoso o la suspensión sine die de los mismos mientras no haya alojamiento alternativo (y no con plazos imposibles ante la inexistencia de parque público social de vivienda); la aplicación sin dilaciones ni reservas de la normativa respecto al empadronamiento o al abastecimiento de agua potable a las personas que habitan los municipios…

Unas políticas públicas basadas en el derecho humano a una vivienda adecuada. En pandemia y de forma permanente y estructural.

[1] CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2019) Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Núm. 185, págs. 44 y ss.

[2] JEFATURA DEL ESTADO (2019)  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3108

[3] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2020) https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2941

[4] ALGUACIL, A. et al (2013) La vivienda en España en el siglo XXI: Diagnóstico del modelo residencial y propuestas para otra política de vivienda, Madrid: Cáritas Española; Fundación Foessa y OLEA, S. et al (2019) El sistema público de vivienda en el Estado español. Sin estrategia ni fundamentación en los Derechos humanos, Documento de Trabajo 4.13 VIII Informe FOESSA Madrid: FOESSA

[5] NACIONES UNIDAS (2020) N.d.P. Alto Comisionado de Naciones Unidas https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25727&LangID=E

[6] BOE (2020) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824

[7] BOE (2021) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1529

[8] BOE (2020) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208#:~:text=Real%20Decreto-ley%2011%2F2020,de%2001%2F04%2F2020.

[9] BOE (2020) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4759

[10] BOE (2020) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16824

[11] HOUSING RIGHTS WATCH (2020) Cuadro Recomendaciones de Naciones Unidas a España. Grupo Confederal de Cáritas de Políticas Públicas en Vivienda https://www.housingrightswatch.org/sites/default/files/Recomendaciones%20UN%20a%20Espa%c3%b1a%20Derecho%20Vivienda.pdf

[12] MINISTERO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (2020) Consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/consulta-publica-previa-sobre-el-anteproyecto-de-ley-por-el-derecho-la-vivienda

[13] BOE (2020) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4412

[14] NACIONES UNIDAS (2020) “Report: COVID-19 and the right to housing: impacts and way forward” Inputs Received: Civil Society Organizations: Caritas Spain Pág. 7 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/callCovid19.aspx

[15] Andalucía (2020) https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/174/2, Aragón (2020) https://www.elnotario.es/images/pdf/LAUT-N94-03.pdf Extremadura (2021) http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/80o/21060104.pdf

Patricia Navas. Profesora Titular en la Universidad de Salamanca. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.

Miguel Ángel Verdugo. Catedrático en la Universidad de Salamanca. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.

Antonio M. Amor. Profesor Ayudante Doctor en la Universidad de Salamanca. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.

Manuela Crespo. Técnico Superior en el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.

Sergio Martínez. Sociólogo.

Puedes encontrar al Instituto Universitario de Integración en la Comunidad en Twitter.

El presente artículo refleja el impacto que la emergencia sanitaria y el periodo de confinamiento tuvieron en los profesionales del tercer sector que trabajan con población con discapacidad intelectual y del desarrollo. Se presentan los resultados de una encuesta que exploró sus condiciones de trabajo durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2020.

Introducción

Durante el año 2020, el mundo, tal y como muchos de nosotros lo conocíamos, se transformó debido al virus SARS-COV-2 y la infección que provoca, la COVID-19. Las medidas adoptadas por el Gobierno de España para contener la pandemia dieron lugar al cierre de muchos servicios del tercer sector que, pese a ser necesarios para aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad, adquirieron la condición de ‘no esenciales’. Entre estos servicios se encontraron recursos dirigidos a población con discapacidades intelectuales y del desarrollo (DID), tales como los centros de día. El cierre de los mismos, o su necesaria adaptación a una realidad hasta el momento completamente desconocida, dio lugar a que muchos profesionales tuvieran que adaptar sus formas de trabajo a un escenario online de prestación de apoyos, y a que las organizaciones tuvieran que dar en muchos de sus servicios, como los residenciales, una respuesta sanitaria a una situación excepcional para la que no se les dotó de recursos específicos.

El presente artículo pretende reflejar el impacto que la emergencia sanitaria y, de manera especial, el periodo de confinamiento, tuvo en los profesionales del tercer sector que trabajan con población con DID. Para ello, se presentan, de manera resumida, los resultados de una encuesta aplicada en línea a nivel nacional que exploró las condiciones de trabajo de los profesionales de atención directa y la gestión realizada por las entidades del tercer sector durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2020. El lector interesado puede consultar el estudio en su totalidad (en el que también se recoge la realidad de las personas con DID y sus familias) en Navas, Verdugo, Amor, Crespo y Martínez (2020) y en Crespo, Verdugo, Navas, Amor y Martínez (en prensa).

La elaboración del cuestionario se realizó a partir de la revisión de la literatura científica sobre coronavirus y su impacto en la salud y en las condiciones de vida de las personas con discapacidad y las organizaciones que les prestan apoyo (la búsqueda arrojó más de 100 documentos publicados entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2020). Las encuestas, creadas a partir de la aplicación LimeSurvey, se alojaron en el servidor de la Universidad de Salamanca con el objetivo de maximizar la privacidad de los datos[1].

Participantes

Fueron 495 las encuestas dirigidas a profesionales que se cumplimentaron en su totalidad. El 84,6% de los trabajadores encuestados desempeñaba su actividad profesional en alguna organización vinculada a Plena inclusión España (n=419), mayor proveedor de apoyos a personas con DID en nuestro país. Ocho de cada diez de estos profesionales eran mujeres (79,4%). Su edad osciló entre los 20 y 64 años (M=39,3; DT=9,7), presentando el 62,1% edades comprendidas entre los 31 y 50 años. Casi todos los profesionales que participaron en el estudio (98,5%; n=488) pudieron ofrecer información precisa sobre el número de personas con DID con las que habitualmente trabajaban. Estos 488 trabajadores prestaban apoyo a un total de 19.267 personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Cada profesional, de media, trabajaba con un total de 39 personas con DID (DT=42,8). Los servicios en los que habitualmente trabajaban eran, mayoritariamente, servicios dirigidos a población adulta, como centros ocupacionales (33,9%), residenciales (28,8%) o de día (21,1%).

Resultados

Impacto del confinamiento en la situación y condiciones laborales de los profesionales

Como se refleja en la Tabla 1, sólo una cuarta parte de los profesionales encuestados (n=121) permaneció en su puesto de trabajo o servicio habitual, siendo mayoritariamente (70,2%) personal vinculado a centros residenciales. La mitad de los profesionales tuvo que dejar su puesto de trabajo presencial para teletrabajar (52,9%). Además, un 7,7% se vio afectado por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Por último, un 13,5% (n=67) experimentó cambios significativos en su puesto de trabajo habitual debido a necesidades emergentes en la organización o restricciones sanitarias, debiendo cambiar de servicio o realizar otras funciones. Teniendo en cuenta que los profesionales que participaron en el estudio prestaban apoyo a un total de 19.267 personas con DID, los cambios en la situación laboral de los profesionales dieron lugar a que: (a) solo el 31,5% de las personas con DID siguiera recibiendo sus apoyos de manera presencial durante el confinamiento; (b) el 60,0% lo hiciera de forma telemática; y (c) el 8,5% se viera afectado por el despido o ERTE de sus profesionales.

Tabla 1. Consecuencias del confinamiento en las condiciones laborales de los trabajadores y en la recepción de servicios por parte de personas con DID y sus familias

Valoración de los apoyos y recursos con los que han contado los profesionales en activo para el desarrollo de su actividad

Los cambios acaecidos a raíz del confinamiento dibujaron un escenario que puso a prueba la capacidad de las organizaciones para realizar adaptaciones y desarrollar una planificación estratégica que permitiera garantizar los apoyos a las personas con DID y sus familias y, al mismo tiempo, facilitar la labor de los trabajadores. En este sentido, los profesionales que durante el confinamiento siguieron trabajando, ya sea de manera presencial o telemática (N=450) consideraron, en un 87,8% de los casos, que sí contaron con apoyo de su centro o servicio durante el estado de alarma para desarrollar su labor. A pesar de esta valoración positiva, el 36,0% de los profesionales (n=162) afirma que necesitó recursos, instrumentales o emocionales, con los que no contó.

La valoración positiva que los profesionales realizaron, en general, sobre la respuesta de su centro o servicio, contrasta con la que emiten sobre la actuación del gobierno y las comunidades autónomas para proteger a las personas con DID. Así, más del 60% de los profesionales que siguieron en activo consideró que esta gestión podría haber sido mejor.

Muchos destacaron que hubiera sido necesario dotar a los centros y servicios de mayores medidas de protección y desarrollar protocolos más específicos para garantizar la seguridad de las personas en los servicios sociales, los cuales, según la opinión de algunos profesionales, han recibido respuestas tardías:

 Se han tomado pocas medidas, y las que se han tomado, o indicado que había que tomar, muy abiertas. Toda la información ha estado un poco en el aire para que cada centro la gestionase de la manera que considerase, dejando así a elección y riesgo de los centros cometer algún error y la toma final de decisiones. Ha sido poco concreto (Profesional)

Esta planificación y respuesta tardía, responde, según la opinión de algunos profesionales, al olvido del tercer sector de acción social y a la falta de sensibilización con respecto a las necesidades de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo frente a otros colectivos:

Se ha obviado completamente a los servicios residenciales de personas con discapacidad y eso que han tenido la misma incidencia con el virus que en las residencias de las personas mayores. Se han tenido en cuenta a los adolescentes y niños y sus necesidades, pero no las de las personas con discapacidad. De hecho, ni se nos ha informado propiamente de cuándo se pueden reincorporar a los servicios de forma presencial (Profesional)

Por último, los profesionales consideran que la legislación y recursos disponibles en materia de discapacidad han generado situaciones de mayor exclusión frente a la población general:

Una vez llegado a las fases en que se podía salir de casa, algunas personas (personas que no son de riesgo) no han elegido si pueden o no salir, sino que ha sido su familia o la administración (caso de las viviendas tuteladas) quien les ha prohibido salir o indicado que deben salir siempre acompañados de un profesional, aunque ellos demandan poder salir solos o con algún amigo tal y como lo hacemos el resto de población (Profesional)

Impacto de la COVID-19 en la salud de los profesionales que estuvieron en activo durante el periodo de confinamiento y emergencia sanitaria

Los datos aportados por los trabajadores encuestados que siguieron desarrollando su actividad durante el confinamiento (N=450) revelan que la prevalencia de la COVID-19 en este grupo de profesionales fue similar a la observada en la población general, de acuerdo con los estudios sobre seroprevalencia realizados durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2020. Así, un 2,9% de los profesionales padecieron la enfermedad y un 2,7% fueron considerados como caso probable o posible de infección. Es preciso destacar, no obstante, que el porcentaje de positivos fue mayor entre aquellos que desarrollaron su trabajo de manera presencial frente a los que teletrabajaron (4,8% frente a 1,5%).

Si bien la prevalencia de la COVID-19 parece haber sido similar a la de la población general entre quienes siguieron desarrollaron su actividad durante el confinamiento, uno de cada tres profesionales temió por su salud en su puesto de trabajo (34,7%). Estos datos aumentan en el momento en que tomamos como referencia a los profesionales que trabajaron de manera presencial (55,3% frente al 19,8% de quienes teletrabajaron) y a quienes desempeñaron su actividad en un entorno residencial (50,0% frente al 27,6% de trabajadores en otro tipo de servicios).

Un tercio de los profesionales que experimentaron miedo lo hicieron debido a la incertidumbre generada por la situación de alarma sanitaria o la posibilidad de contagio (35,9%). El segundo motivo que explica el temor experimentado por los profesionales es el tipo de trabajo realizado, con intervenciones que requieren un contacto más directo con las personas (19,9%). La falta de equipos de protección, en tercer lugar, explica la sensación de inseguridad de los profesionales (14,1%), seguida del hecho de estar o haber estado en contacto con personas con COVID-19 (12,8%).

Además de esta sensación de temor por la propia salud en el puesto de trabajo, tres cuartas partes de los profesionales vieron incrementados sus niveles de estrés y ansiedad durante el periodo de confinamiento (73,3%). Este desgaste emocional se observa tanto en profesionales que trabajaron en centros y servicios presencialmente como en quienes desempeñaron su actividad de manera telemática. El motivo que quizá explica el que no se observaran diferencias en función de la modalidad de trabajo reside en que la principal causa de este estrés se relaciona, no con características del propio puesto, sino con la sensación de impotencia experimentada por muchos profesionales al no poder ofrecer todos los apoyos que las personas con DID y sus familias necesitaban. Así, el 58,2% de quienes refirieron mayores niveles de estrés y ansiedad señaló, como motivo principal de este incremento, el no haber podido desarrollar su trabajo como desearía.

Reflexión de los profesionales sobre el futuro de los servicios dirigidos a personas con DID

La situación vivida ha dado lugar a que el 63,6% de los trabajadores que siguieron en activo considerara necesario realizar modificaciones en los servicios y centros actuales para prestar mejores apoyos a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en un futuro.

Merece la pena señalar que los cambios que los profesionales perciben como necesarios no están relacionados con la mejora de las estructuras y espacios existentes (aspecto mencionado sólo por 17 participantes), sino con la necesidad de ofrecer apoyos en un contexto más natural, de modo que la calidad y cantidad de los apoyos ofrecidos a las personas ante un escenario de cierre ‘físico’ de los servicios no se vea mermada.

Así, un 24,1% señala que se debe priorizar la implementación de procesos que faciliten la prestación de apoyos en la comunidad, en cualquier contexto en el que la persona participe. En otras palabras, avanzar hacia la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, y no solo en lo que a vivienda se refiere, sino transformando también la excesiva dependencia del colectivo de las instituciones existentes para recibir los apoyos que sean necesarios. La emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 ha visibilizado los riesgos de una atención masiva en centros con una elevada concentración de personas; centros que pueden verse desbordados, y, consecuentemente, dejar de prestar apoyos individualizados en una situación límite como la vivida:

El cierre abrupto de los centros no residenciales y la falta de preparación para la teleasistencia han supuesto un obstáculo. Creo que ha habido que organizarse sin conocimientos ni recursos. Eso sí, el compromiso ha sido enorme por parte de los profesionales de los centros, y no creo que se les pueda reprochar nada. Las carencias se deben a características estructurales de nuestro sector, en el que la institucionalización (también en servicios no residenciales) es el paradigma dominante (Profesional)

En segundo lugar (23,7%), la situación de confinamiento ha puesto de manifiesto, según la opinión de los profesionales, la necesidad de continuar trabajando en la transformación tecnológica de las organizaciones y la mejora del acceso a posibles apoyos telemáticos. Si bien las nuevas tecnologías se han convertido en aliado de los profesionales durante el confinamiento, también ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir formando no solo a los profesionales en el uso de la tecnología, sino también a las personas con DID y sus familias, reduciendo así su brecha tecnológica. La dependencia de estas herramientas durante el confinamiento ha dejado fuera a una parte importante de las personas con DID, provocando una exclusión de mayor calado sobre quienes mayores necesidades pudieran presentar.

 A pesar de la cantidad de cursos de nuevas tecnologías que han recibido las personas con DID se ha visto cómo la brecha digital ha hecho mella en ellos.  No se han realizado aprendizajes significativos para poderlos llevar a sus espacios cotidianos (Profesional)

En tercer lugar, a causa del cierre de centros y servicios, muchos profesionales han tenido que reforzar los lazos de colaboración con las familias, otorgando a éstas un papel mucho más activo. Asimismo, debido a la necesidad de apoyar a aquellos que residían en su hogar de una forma individualizada, los profesionales manifiestan la necesidad de adoptar modelos centrados en la persona y su familia (y no exclusivamente en los servicios) a la hora de trabajar.

Darnos cuenta de que tenemos que involucrar más en el trabajo diario a las familias también les ha hecho darse cuenta a las familias de la importancia de que participen más del desarrollo de sus hijos. Hasta ahora muchos delegaban demasiado en el centro, y nos hemos propuesto que esta situación nos sirva para cambiar esto (Profesional)

Las necesidades generadas por la pandemia se evidencian, por último, en cómo los trabajadores perciben como necesarios cambios que implican reforzar y mejorar la ratio de profesionales-usuarios (14,1%):

 Valorar más al personal de atención directa de residencia, con formación y otros turnos de trabajo. Apenas tienes tiempo de desconectar, son turnos muy difíciles para conciliar con la vida personal, ha sido muy duro para algunos (Profesional)

Conclusiones

La situación de precariedad que desde hace años experimenta el tercer sector ha sido visibilizada por la pandemia, pues la prestación de apoyos ha requerido de un importante esfuerzo por parte de los profesionales dados los deficitarios recursos con que se cuenta. Así, tres cuartas partes de los trabajadores que siguieron en activo durante el confinamiento han visto incrementados sus niveles de estrés y ansiedad por la emergencia sanitaria, debido sobre todo a la sensación de impotencia al no poder desarrollar su trabajo como desearían. Estos datos, junto con los arrojados por personas con DID y sus familias que el lector interesado puede consultar en Navas et al. (2020), nos llevan a subrayar la necesidad de contar con medidas que, durante el periodo de recuperación de esta crisis sanitaria, no solo refuercen el tercer sector, sino que también lo curen, garantizando a familias, profesionales, personas con DID y organizaciones, adecuados recursos. En este sentido, quisiéramos señalar, además, que los datos que se presentan en este estudio reflejan la situación de profesionales que, mayoritariamente, trabajaban en servicios dirigidos a población adulta. Los datos que se recogen en el informe completo ponen de manifiesto que las personas con DID menores de edad que acudían a centros de educación, especiales y ordinarios, han visto aún más mermados los apoyos con los que habitualmente contaban, siendo especialmente urgente revisar el modo en que el sistema educativo garantiza el acceso a la educación de alumnos con necesidades educativas especiales en momentos como el vivido.

El esfuerzo realizado por los profesionales contrasta con el realizado desde las administraciones públicas, quienes, según un 60% de los trabajadores encuestados, no han tomado medidas suficientes para proteger a las personas con DID durante la emergencia sanitaria. Esta valoración negativa se debe, en la mayor parte de los casos, a la carencia de recursos económicos y material de protección, y a la ausencia de protocolos y políticas enfocadas al sector de la discapacidad, sector que se ha sentido olvidado durante esta crisis.

En último lugar, quisiéramos destacar que la situación provocada por la COVID-19 ha dejado al descubierto las carencias y fragilidad de nuestra política social, excesivamente anclada en una estructura de centros y servicios en detrimento de una provisión de apoyos más personalizada, estructura sin la cual muchos apoyos no llegan a las personas. Y así lo perciben también los profesionales, señalando la necesidad de avanzar hacia modelos de prestación de apoyos centrados en la persona y su familia, independientemente de que acudan o no a un centro o servicio específico. La situación actual debe llevarnos a reclamar el cambio de nuestro modelo de apoyos hacia un modelo comunitario inclusivo, que contribuya a mejorar la calidad de vida de todas las personas. Debemos aprovechar la visibilización que ha provocado la COVID-19 de las carencias de nuestro sistema de atención, muchas veces segregador y con escasos apoyos naturales, para construir hogares en los que todos quisiéramos vivir y desarrollar un proyecto personal a cualquier edad y en cualquier condición vital.

Referencias

Crespo, M., Verdugo, M. A., Navas, P., Martínez, S. y Amor, A. M. Impacto de la COVID-19 en las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, sus familiares, y los profesionales y organizaciones de apoyo. Siglo Cero, Anejo 1, junio 2021 (en prensa)

Navas, P., Verdugo, M. A., Amor, A. M., Crespo, M. y Martínez, S. COVID-19 y discapacidades intelectuales y del desarrollo. Impacto del confinamiento desde la perspectiva de las personas, sus familiares y los profesionales y organizaciones que prestan apoyo. 2020. Publicación online disponible en: https://sid-inico.usal.es/documentacion/covid-19-y-discapacidades-intelectuales-y-del-desarrollo/

[1]El lector interesado puede consultar las encuestas dirigidas a todos los grupos de interés en: https://inico.usal.es/analisis-del-impacto-y-seguimiento-de-la-emergencia-covid-19-en-poblacion-con-discapacidad-intelectual-y-del-desarrollo-en-espana/

Mayo 2021

Teresa de Jesús González Barbero.

Departamento de Sociología Aplicada. Universidad Complutense de Madrid.

La escolarización obligatoria regulada en el sistema educativo abarca hasta los dieciséis años y en la intencionalidad del legislador estaba que fuera asequible para toda la población. Sin embargo, las cifras posteriores a la LOGSE nos devuelven una realidad más amarga: cada vez hay un mayor número de jóvenes que abandona o fracasa en esa etapa. En nuestro país los datos de abandono tras la secundaria llegan al 13,3% en 2021 siendo el porcentaje mayor en los hombres que en las mujeres.

En un escenario tan incierto y con pocas posibilidades de continuar formándose aparece el proyecto de Escuelas de Segunda Oportunidad. A lo largo del texto hablaremos de su organización y funcionamiento y nos centraremos en la experiencia de una de ellas llevada a cabo en la Scampia, un barrio excluido de Nápoles.

Introducción

Las cifras sobre abandono y fracaso escolar se han convertido en la espada de Damocles de muchos países, entre ellos el nuestro.

Durante los últimos años se han desarrollado algunas reformas estructurales que han ayudado a mitigar en alguna medida el problema, ofreciendo otras alternativas al alumnado que no superaba la etapa de secundaria obligatoria, como la formación básica, o más adelante los ciclos formativos de grado medio y los de grado superior.

Las cifras del sistema educativo han dado la razón a los que apostaban por estas modalidades, que a la vuelta de los años se han incrementado en número de alumnos alcanzando al colectivo que optaba por el bachillerato.

En el presente artículo queremos añadir otra propuesta, más reciente aún (el 3 de marzo se creó la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad), las Escuelas de Segunda Oportunidad, con las siglas E20.

En el séptimo aniversario de su creación, y tras ver la evolución de su trayectoria queremos recoger sus propuestas y centrarnos en una experiencia de las mismas llevada a cabo en una de las zonas más conflictivas de Italia: la Scampia napolitana.

Tuvimos oportunidad de conocer de primera mano esta experiencia y creemos necesario darla a conocer más allá de sus fronteras, porque este es el camino para que otros puedan ver sus bondades y animarse con experiencias como esta.

Desde aquí queremos agradecer a los responsables de la misma su generosa acogida y la oportunidad de compartir sus experiencias.

I.- Consideraciones generales en torno al éxito y al fracaso escolar

Con el fin de tener una imagen lo más precisa posible de nuestro sistema educativo, vamos a hacer uso de los datos que la administración educativa tiene publicados para el actual curso escolar 2022-23.

En la primera gráfica, podemos observar las variaciones de alumnos en lo tocante a las enseñanzas no universitarias. Como podemos observar el incremento se produce en las enseñanzas medias obligatorias y post-obligatorias, siendo también en estos tramos donde más se acentúa el fracaso escolar.

Mención especial merece la disminución de alumnos en las primeras etapas, debido sobre todo al descenso de la natalidad.

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos y cifras 2022-2023

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos y cifras 2022-2023

Si miramos al entorno de los países de la Unión Europea, podremos constatar como ya los datos del curso 2018 sitúan a España a la cabeza del número de alumnos repetidores en la etapa de secundaria (véase tabla adjunta)

Este dato ha estado presente en todos estos años y de ahí la importancia de desarrollar programas y estrategias encaminadas a paliar esta situación.

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos y cifras 2022-2023

Realizando un análisis un poco más pormenorizado de acuerdo al criterio cronológico vemos la evolución del abandono educativo temprano por sexos. Destacan porcentualmente los hombres; ese dato se mantiene constante hasta el año 2021, último que ofrece la serie histórica. Destacar especialmente como un agravante de la situación del colectivo que abandona el sistema educativo y no sigue ningún tipo de educación-formación.

Aquí encontraríamos un segundo argumento potente para fundamentar proyectos como es el de las Escuelas de Segunda Oportunidad.

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos y cifras 2022-2023

Por último y para completar esta foto fija queremos hacer dos matizaciones más: la primera es la diferencia del abandono educativo temprano por comunidades autónomas, destacando Andalucía y Murcia sobre el resto. Este dato complementa también el recogido en los informes PISA que sitúan a estas comunidades autónomas entre las de peores resultados.

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos y cifras 2022-2023

La última tabla que queremos traer a este apartado es la comparativa del abandono escolar del último año en los países de la Unión Europea. España se sitúa en el segundo lugar, inmediatamente por detrás de Rumanía, que respecto a los datos ofrecidos de 2018 ha empeorado su posición.

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos y cifras 2022-2023

Sin ánimo de ser exhaustivos, queremos incluir algunas reflexiones al respecto de estos datos:

• El aumento en el volumen de alumnos en el curso actual se concentra en las etapas obligatorias y postobligatorias.
• El abandono escolar sigue en España una escalada creciente en los últimos años.
• El perfil de abandono es mayoritariamente masculino, aunque está creciendo el femenino.
• En relación con los países de nuestro entorno, ocupamos una posición destacada en las tasas de abandono escolar y también una posición lejana a los primeros puestos en los resultados de las pruebas PISA.

Se han desarrollado algunas propuestas en los últimos años destinadas a este colectivo. Entre ellas queremos destacar la regulación y ampliación de las familias de ciclos formativos, incluyendo la formación básica que han resultado atractivas para un colectivo de alumnos cada vez mayor.

Y otra de ellas, a la que vamos a dedicar el siguiente epígrafe son las Escuelas de Segunda Oportunidad.

II.- Las escuelas de segunda oportunidad

Aunque su crecimiento ha sido exponencial en los últimos años, probablemente no sean tan conocidas en todos los foros profesionales. Por eso vamos a hacer una breve reseña de su origen en nuestro país y de los principios por los que se rigen.

En el año 1995, la Comisión Europea desarrolló el Libro Blanco sobre Educación y Formación: “Enseñar y Aprender-Hacia una sociedad del conocimiento” (Bruselas, 29 de noviembre de 1995).

A partir de ahí se creó un movimiento en los países de la Unión, que cristalizó en España con la firma de la Carta de los Principios Fundamentales de las E20 en España el 11 de noviembre de 2015 en la ciudad de Barcelona. Este hito permitió que el movimiento se extendiera a otras partes del país y a día de hoy los datos son que la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) agrupa a 36 entidades, 750 profesionales y 7.500 jóvenes.

Su programa se basa en el Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España y recoge los siguientes principios (https://mye2o.org/quienes-somos/):

1. Reconocimiento de la Administración local y autonómica:

• Trabaja en programas financiados y supervisados por la Administración local, regional y estatal correspondiente, destinados a mejorar las aptitudes y competencias profesionales y personales de los jóvenes.
• Dispone de los medios financieros, estructurales y humanos necesarios, para garantizar la continuidad de la intervención con dichos jóvenes.
• Desea disponer de un marco legal que propicie el reconocimiento y la homologación de este modelo y sus acciones educativas y formativas.

2. Objetivo: favorecer la integración profesional y social duradera de aquellos jóvenes desempleados que se encuentran fuera del sistema educativo:

• Requiere del compromiso voluntario del joven a participar.
• Propicia iniciar la intervención con menores desde los 15 años.
• Ofrece a los jóvenes un marco educativo mediante la puesta en marcha de itinerarios educativos personalizados con fórmulas pedagógicas atractivas, innovadoras, participativas e inclusivas que alternen la formación y el trabajo.
• Proporciona experiencias motivadoras y entornos de aprendizaje flexible, modular y adaptado a sus necesidades específicas.
• Promueve el éxito de estos jóvenes en programas formativos alternativos a los que el sistema educativo les ha proporcionado durante sus años de escolarización ordinaria.
• Favorece el retorno al sistema educativo reglado y/o la transición de los jóvenes al mundo laboral, desarrollando competencias transversales necesarias para el empleo, así como habilidades y destrezas propias de la formación profesional impartida.
• Considera la formación profesional asociada al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SNCP) como un elemento clave en la integración social de los jóvenes.
• Ofrece a los jóvenes recursos de orientación y acompañamiento antes, durante y después de su paso por la E2O.
• Propicia las mismas oportunidades para los y las jóvenes.
• Origina una intervención educativa acompañada de iniciativas integrales que mejoren la situación de las familias y de ellos mismos (caso de menores no acompañados e inmigrantes en general, por ejemplo).

3. Desarrollo de competencias sociales y profesionales:

• Promueve la obtención de las habilidades sociales y laborales necesarias para conseguir una inserción de calidad en nuestra sociedad. Esta formación ha de ir adaptándose a las necesidades de cada joven y a las del mercado laboral y las que la sociedad demanda en cada momento.
• Desarrolla planes de trabajo individualizados abiertos y flexibles de educación-formación-inserción.
• Diseña y realiza propuestas pedagógicas para la adquisición de competencias clave.
• Trabaja las competencias relacionadas con oficios a partir de las cualificaciones y unidades de competencia del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, en consonancia con las necesidades del mercado de trabajo.
• Trabaja, partiendo de la particularidad de cada joven y mediante el vínculo educativo, su responsabilización con su situación y futuro personal.
• Promueve la formación de personas autónomas, justas, tolerantes y solidarias, transmitiendo valores tales como la igualdad de género, la sensibilidad medioambiental, la participación comunitaria y la inclusión social.

4. Colaboración con las empresas:

• Entiende a la empresa como parte fundamental y necesaria, invitándola a participar e involucrarse en todas las fases y/o procesos, con el fin de hacerla co-partícipe en la búsqueda de resultados exitosos para los jóvenes.
• Debe contribuir a la adecuación continua entre los intereses de los jóvenes y las necesidades del mercado de trabajo concreto.
• La E2O debe trabajar en la sensibilización de las empresas, facilitándoles fórmulas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y promoviendo el voluntariado corporativo.
• Pretende que la empresa participe en el diseño y desarrollo de las propuestas educativas y formativas de los jóvenes.
• Configura la realización de prácticas no laborales y la Formación Profesional en colaboración con las empresas (dual o en alternancia) como elementos esenciales en el itinerario de formación de aquellos alumnos y alumnas que carecen de experiencia profesional.

5. Trabajo en Red:

• Coordina la intervención de su alumnado con otros agentes sociales, educativos y de salud del territorio.
• Trabaja con un enfoque comunitario compartiendo con el resto de entidades y administraciones de su entorno, especialmente con los servicios sociales comunitarios, la intervención con los jóvenes, sus avances, inquietudes, proyectos futuros, etc., de manera que la acción colectiva contribuya a un trabajo más fructífero.
• Comparte con el resto de E2O de la Red Nacional sus experiencias, diseñando estrategias de futuro y estableciendo planes de trabajo en cooperación.

Su modelo pedagógico se base en dos claves significativas:

• La identificación de la utilidad del aprendizaje en la vida de los usuarios y
• La relación docente-discente.

Además, se configuran en torno a itinerarios flexibles e individualizados orientados a las demandas sociales.

En relación con Europa, la red de Escuelas de Segunda Oportunidad alcanza a todos los países de nuestro entorno: Francia (de donde surgió el primer modelo), Italia, Alemania, Noruega, Austria, Polonia, etc.

Nosotros, en el apartado siguiente queremos comentar la experiencia en primera persona en una de ellas, en Italia.

III. Una experiencia en el barrio de la Scampia napolitana

Scampia es un barrio de 80.000 personas, situado en la periferia de Nápoles creado tras el terremoto de 1980. En pocos años aquella zona de la ciudad se llenó de grandes construcciones, de casas populares destinadas a acoger a los que se habían quedado sin vivienda.

El contexto gobernado años atrás por la mafia y la camorra napolitanas, creció en la década de los años 80 motivado por la búsqueda de vivienda de gran parte de la población que huía del terremoto. Se caracteriza por construcciones altas y de tonos grises y es allí donde los Hermanos de la Salle Enrico Muller y Raffaele Lievore apostaron en el año 2007 por acompañar esta comunidad. Su proyecto Casa Arcobaleno, “Hogar Arco Iris” en su traducción al castellano, pone color y esperanza en la vida de muchos jóvenes y adolescentes que la habían perdido.

La esencia del mismo es una Escuela de Segunda Oportunidad para todos aquellos que se sintieron excluidos de la escuela ordinaria poniendo en el eje central las capacidades diversas de cada uno, bajo el lema “Yo Valgo”. Junto al mismo se desarrollan iniciativas socio-educativas y programas de ayuda a las comunidades de gitanos, la mayoría rumanos que se asientan en el entorno.

A continuación, recogemos los datos generales del proyecto:

Fuente: elaboración propia

Además de las actividades ordinarias, una vez al año, coincidiendo con el final de curso, se invita a artistas de otros países que durante una semana dan seminarios a los jóvenes y con la producción realizada se hace una exposición en el centro cultural.

Casa Arcobaleno es una comunidad abierta e internacional: cada año la visitan voluntarios de otras partes de Italia, Francia, California o España y el mensaje siempre es el mismo: la vida y la esperanza laten entre estas paredes que recogen de forma actualizada el legado de San Juan Bautista de la Salle.

González, T. (Julio, 2021). Excursión de fin de curso. [fotografía]. Colección particular

González, T. (Julio, 2021). Entrada y fotografía de los Hermanos. [fotografía]. Colección particular

González, T. (Julio, 2021). Imagen del salón de usos múltiples. [fotografía]. Colección particular

Actualmente esta Escuela recibe además estudiantes Erasmus de otros países que desarrollan allí su periodo de practicum durante una parte del curso escolar.

A pesar de que las instalaciones son en general modestas, cuando uno la visita se respira solidaridad por todos los poros.

González, T. (Julio, 2021). Mural de la pared principal [fotografía]. Colección particular

Esperamos que ese Arco Iris que se encendió en el año 2007 ilumine durante muchos años la realidad gris de la Scampia.

IV.- Conclusiones

No queremos finalizar sin hacer unas breves reflexiones finales sobre el tema:

• Un sistema educativo adaptado a las necesidades de su entorno y de su tiempo es aquel que sabe dar respuesta a los retos que en cada momento se plantean y el problema del fracaso y abandono escolar temprano es uno de los más significativos actualmente en nuestro país.
• El proyecto de Escuelas de Segunda Oportunidad es relativamente reciente, pero los datos en los que se mueve en la actualidad: 36 entidades, 750 profesionales y 7.500 jóvenes son suficientemente significativos como para poder afirmar que la medida está dentro de las expectativas del contexto.
• Así mismo la Asociación Europea de Escuelas de Segunda Oportunidad se ha desarrollado como una red potente y de carácter transversal que permite sumar experiencia de éxito e innovación.
• El proyecto que hemos descrito La Escuela de Segunda Oportunidad Casa Arcobaleno de la Scampia, con un título tan significativo “Yo Valgo”, es una experiencia incardinada en un contexto de exclusión y con una historia reciente de sufrimiento y dolor y a día de hoy ha conseguido poner esperanza y futuro a un grupo significativo de jóvenes.
• Creemos que experiencias como estas se deben dar a conocer en todos los foros sociales y educativos para crear sinergias y animar a otros grupos a seguir por esta senda.

V.- Bibliografía

Aparici, J; Marhuenda, F; Martinez, I; Mopeceres,M.A. y Zacarés, J.J. (1998). El desarrollo psicosocial en el contexto educativo de los Programas de Garantía Social. Valencia. Servicio de Publicaciones de la Universitat de Valencia.

Comisión Europea (2001): Second Chance Schools. The Results of a European pilot Project. Luxembuourg. Office for Official Publications of the European Communities.

García-Montero, R. (2018): “Las Escuelas de Segunda oportunidad en España”. Educar (nos)nº 81, pp7-10.

Marhuenda, F y García, J. (2017). La educación de la juventud, ¿es posible superar los límites de la escolarización obligatoria? Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado. Vol.19, Nº 3, 210-225.

Ministerio de Educación y Formación Profesional (2023). Datos y cifras. Curso escolar 2022-2023.Madrid. Edita: Secretaria general técnica del MEFP.

Thureau, G. (2018): “La Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad. La segunda oportunidad del sistema educativo”. Educar (nos)nº 81, pp. 11-13.

Julio 2023

Paloma García Varela, politóloga experta en Derechos Humanos

Sonia Olea Ferreras, jurista experta en Derechos Humanos

Tomando como ejemplo la vulneración del derecho a una vivienda adecuada para las personas extranjeras en situación administrativa irregular, implementaremos metodológicamente el EBDH desarrollado en la Parte I[1] haciendo una propuesta de elaboración de diagnóstico y definición de objetivos y resultados ante dicha vulneración; que nos llevará a unos indicadores y metas de DDHH posibilitadores de la medición de nuestra intervención social. La evaluación de transformación en DDHH de nuestras acciones será la protagonista de la Parte III y última de este estudio (Documentación Social de enero de 2023).

Si las personas vulneradas son portadoras de capacidades, el encuentro es siembre bidireccional – se da y se recibe- y es productor de esperanza. En lo vulnerado puede haber verdad, puede haber belleza y bondad. De modo que no es suficiente la intermediación, que supone realidades constituidas autónomamente, sino inmersión en proximidad que conlleva la mediación que acoge, acompaña y defiende.

Ximo García Roca, 2021

1. Introducción

Los indicadores de DDHH son herramientas que nos ayudan a incorporar el enfoque de derechos humanos de forma práctica en las acciones que llevamos a cabo desde nuestras organizaciones. Estos indicadores los utilizamos de diferente forma en todas las fases de la gestión de nuestras intervenciones, tanto en la fase de identificación y formulación como en la de ejecución y evaluación.

En la Parte I del artículo, clarificamos los conceptos básicos necesarios para incorporar el EBDH en los diferentes niveles de las organizaciones y reflexionamos sobre la importancia de los indicadores para medir las dimensiones de la gestión del ciclo de las intervenciones. Ahora vamos a aplicar estos conceptos a un caso práctico abarcando la utilización de los indicadores de DDHH en las fases de identificación y análisis de la realidad, y de selección y diseño de la intervención.

Aunque nosotras nos vamos a centrar en una situación determinada de un colectivo y en el diseño de una intervención de acción social, la propuesta metodológica que hacemos puede ser aplicada a diferentes situaciones de vulneraciones de derechos, a distintos colectivos de personas en situación de especial vulnerabilidad y a diversos tipos de intervenciones realizadas por nuestra organización. De forma general, en todos los casos las preguntas claves que nos hacemos son:

• ¿Qué está pasando y por qué? Fase de identificación y diagnóstico.
• ¿Qué podemos hacer para transformar esta situación? Fase de selección y formulación.
• ¿Estamos cumpliendo con lo que habíamos previsto? Fase de ejecución y seguimiento.
• ¿Hemos logrado lo que esperábamos? Fase de evaluación.

Teniendo en cuenta estas preguntas, vamos a desarrollar un ejemplo que nos permita visibilizar la utilización de los indicadores de DDHH para la realización de un diagnóstico de situación, la alineación de nuestras acciones con los tratados internacionales de DDHH y la medición de los efectos de nuestras acciones en la transformación social (ejercicio de los DDHH). Para esto partiremos de una situación real de vulneración de derechos: la vulneración del derecho a una vivienda adecuada de las personas extranjeras en situación administrativa irregular (VDVESAI).

2. Elaboración de diagnóstico desde el EBDH

El primer paso para el diseño de una intervención con EBDH será la identificación del problema y su relación con los derechos humanos que se encuentran vulnerados. Normalmente, cuando preguntamos a las personas qué les está pasando o en qué situación se encuentran, sus contestaciones no suelen hacer referencia a la vulneración de derechos, sino a los problemas que tienen y que deben afrontar. Es parte de nuestra tarea, relacionar estos problemas con los derechos humanos y analizar por qué se están vulnerando. Esto conllevará tener en cuenta unos determinados elementos de análisis para los cuales utilizaremos determinados indicadores que nos ayudarán a conocer la situación de partida.

2.1. Elemento de análisis

Desde el EBDH nos haremos las siguientes preguntas que nos faciliten profundizar en el conocimiento de la realidad que queremos transformar desde la mirada de los derechos humanos:

• ¿Qué está pasando y qué derechos se ven afectados?
• ¿Quién tiene vulnerados esos derechos?
• ¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen para el ejercicio de esos derechos?

La contestación a estas preguntas nos facilitará la identificación del problema central sobre el que definiremos nuestra intervención.

Comenzando con nuestro ejemplo, si miramos desde la situación del derecho a una vivienda digna en España nos encontramos con que uno de los colectivos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad son las personas extranjeras en situación administrativa irregular. También si miramos desde la situación de los derechos de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, nos encontramos que uno de los principales derechos que tienen vulnerado estas personas es el derecho a una vivienda adecuada y digna.

De esta forma nuestro problema central será la situación de vulneración del derecho a una vivienda adecuada para las personas extranjeras en situación administrativa irregular (en adelante VDVESAI). Competencialmente optamos en este ejemplo por el ámbito estatal (encontraremos vulneraciones en el ámbito local, autonómico, estatal; en los tres a la vez, en varios de ellos…).

A partir de la definición de este problema central vamos a profundizar en el análisis preguntándonos por qué está pasando y ayudándonos de los indicadores de DDHH y del “Árbol de problemas” será la herramienta concreta que nos permita sistematizar los pasos dados, el propio diagnóstico.

Desde el EBDH, las causas de la vulneración del derecho las encontramos analizando los siguientes elementos:

• Marco internacional del derecho. ¿En qué tratados internacionales de DDHH se recoge y cuál es el significado del derecho?
• Marco nacional del derecho. ¿En qué leyes se recoge este derecho?, ¿está recogido según los estándares internacionales de DDHH?
• Marco de política pública ¿Qué medidas se han adoptado para implementar el derecho?, ¿recoge a los estándares internacionales de DDHH?, ¿incorporan los principios de los derechos humanos?, ¿tienen presupuesto adecuado asignado para su desarrollo?
• Vulneración del derecho. ¿Cuál es el impacto de la legislación y de las políticas en las personas?, ¿Qué personas se ven más afectadas y cuáles se quedan excluidas?
• Capacidades de los titulares. ¿Cuentan los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones con las capacidades necesarias para cumplir con su rol?, ¿Cuál es la brecha de capacidades de cada uno de ellos?

2.2 Indicadores

Para dar respuesta a las anteriores preguntas, utilizamos indicadores de DDHH y socio económicos que nos permitan hacer un diagnóstico sobre la realidad del acceso, disfrute y garantía en el derecho humano a una vivienda adecuada en nuestro Estado. Como indicábamos más arriba, plantearemos solo algunos ejemplos para facilitar el aprendizaje de la metodología:

• Estructurales:
  • Ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos de referencia en el acceso al derecho a una vivienda adecuada:
    • Sistema internacional de Naciones Unidas: España ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y su Protocolo Facultativo (2013), pero, por el contrario, no lo ha hecho con el Pacto Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Además, es de máxima relevancia el incumplimiento de las recomendaciones individuales y generales de los Dictámenes condenatorios por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a España por vulnerar el derecho humano a una vivienda adecuada (E/C.12/55/D/2/2014; E/C.12/61/D/5/2015; E/C.12/66/D/37/2018; E/C.12/67/D/52/2018; EC/12/69/D/54/2018; EC/12/69/D/85/2018; E/C.12/71/D/127/2019
    • Sistema regional europeo: desde el año pasado, ratificada la Carta Social Europea Revisada y el Protocolo de Reclamaciones Colectivas que permite exigirlo.
  • Legislativo:
    • En curso la tramitación del primer proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda[2] con propuestas que incluyen la posibilidad de la vivienda de emergencia como necesidad básica (también para personas extranjeras en situación irregular administrativa).
    • Artículo 13 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social: solo tienen acceso a los sistemas públicos de vivienda las personas regulares administrativamente.
    • La Ley de Arrendamientos Urbanos no contiene (ni ha contenido) exigencia alguna respecto a la situación administrativa de las personas extranjeras que arriendan o son arrendatarias de un inmueble urbano.
• Indicadores de proceso (algunos ejemplos):
  • Políticas públicas y medidas adoptadas: tendríamos que revisar si las mismas incluyen los principios de los DDHH (universalidad, igualdad de trato y no discriminación, participación). Por ejemplo, en una de las herramientas clave para el acceso al derecho a la vivienda en nuestro Estado a personas en situación de sinhogarismo:
    • Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025[3]: ninguno de sus 13 programas contiene la posibilidad de ayudas a personas extranjeras en situación administrativa irregular. Por tanto, se estarían vulnerando los principios de universalidad, igualdad de trato y no discriminación.
• Indicadores de resultado:
  • Impacto de las medidas adoptadas y de la legislación: analizamos el impacto socio económico de las políticas públicas y la legislación producido en cada una de las cuatro categorías del derecho vulnerado (en este ejemplo, la VDVESAI)
    • Un ejemplo (tendríamos que hacerlo con las cuatro categorías): DISPONIBILIDAD: las personas extranjeras en situación irregular administrativa no pueden disfrutar de vivienda social de alquiler, teniendo que optar por arriendos de vivienda o subarriendos de habitaciones en condiciones de mercado libre.

Terminamos este apartado identificando el problema central que puede ser más o menos amplio. En este ejemplo, hemos optado por hacerlo lo más amplio posible para incluir todas las categorías del derecho vulnerado. Pero podría hacerse solo con una o con varias, dependiendo del resultado del diagnóstico. La situación de vulneración del derecho a una vivienda adecuada para las personas extranjeras en situación administrativa irregular (VDVESAI) es el problema central, y queremos por tanto medir el efecto de nuestra intervención social en la consecución de su transformación (modificación, finalización, disminución…)

2.3. Árbol de problemas

Una forma sencilla, participativa y visual de sistematizar nuestro diagnóstico. Una herramienta que nos sitúa frente a las consecuencias que produce la vulneración del derecho humano (en este caso, la VDVESAI) y el análisis las causas que lo provocan y los factores que contribuyen a ese resultado en un encadenamiento constantemente de por qués. En esta cadena causal nos encontraremos con tres tipos de causas:

• Causas inmediatas son las causas más visibles y más fácilmente percibidas que se relacionan con la situación la vulneración del derecho.
• Las causas subyacentes son las que se ocultan detrás de las causas inmediatas y que se relacionan normalmente con la brecha de capacidades de los diferentes titulares.
• Las causas estructurales se encuentran en las raíces del árbol y están relacionadas con obstáculos profundamente integrados en la sociedad, en las políticas y en los recursos.

Estos tres tipos de causas están relacionadas entre sí y se encuentran en diferentes niveles del árbol. Así, obtendremos información precisa de la naturaleza y el contexto de la propia vulneración. El árbol nos ofrece una lectura de la interrelación entre las diferentes causas con una mirada holística que incorpora a los diferentes actores que intervienen: sujetos de derecho, garantes y responsables. Esto también nos permite ir centrando poco a poco lo que después podrá proporcionar asideros para plantearnos las acciones y estrategias de nuestra intervención social. Como en líneas anteriores, reflejaremos solo algunos ejemplos para su aprendizaje:

Árbol de problemas

3. Identificación de cambios deseados y selección de la intervención

3.1. Árbol de objetivos

Una vez sistematizado el diagnóstico en el árbol de problemas estaremos en disposición de identificar los cambios necesarios que deben darse en la situación actual para llegar a la situación deseada. Desde el EBDH se busca promover cambios necesarios para que los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones puedan cumplir con su rol.

Para la identificación de estos cambios transformamos el árbol de problemas en un árbol de objetivos, de forma que revertimos la situación de cada una de las causas.

Siguiendo con el ejemplo anterior el árbol de objetivos respecto a nuestro caso de estudio sería el siguiente (en naranja, nuestro objetivo; en verde, los logros/fines a conseguir y en azul, los resultados).

Árbol de objetivos

3.2. Criterios de selección desde el EBDH

Este árbol de objetivos nos permitirá visibilizar las diferentes líneas posibles de actuación para valorar su impacto. Así, a partir del árbol de objetivo evaluaremos nuestras opciones de intervención y seleccionaremos una de ellas. Además de la experiencia y los criterios de la organización, de forma general, desde el EBDH hay unos criterios determinados para la selección de las intervenciones:

• Nuestras acciones tienen que abordar fundamentalmente las causas subyacentes relacionadas con las capacidades de los diferentes titulares y las causas estructurales ya que son las que tienen un mayor impacto de una forma sostenible. Solo cubro una necesidad inmediata.
• Nuestras acciones han de ir dirigidas al fortalecimiento de las capacidades de todos los titulares (de derechos, responsabilidades y obligaciones).
• Nuestras acciones deben incorporar las 4 patas de intervención (acompañamiento, participación de las personas, y una parte de incidencia política y de movilización social).

Además, debemos tener en cuenta la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos. Es decir, que, aunque estemos abordando en el ejemplo solo el derecho a una vivienda digna y adecuada, este se encuentra interrelacionado con el derecho al trabajo, el derecho a la familia y otros muchos derechos que se ven afectados por esta vulneración. Esto implica que, en muchas ocasiones nuestra intervención tenga que ser integral articulando acciones que afectan a varios derechos. Observación General nº 4[4]:

Como se señaló anteriormente, el derecho a una vivienda adecuada no puede considerarse aisladamente de los demás derechos que figuran en los dos Pactos Internacionales y otros instrumentos internacionales aplicables.  Ya se ha hecho referencia a este respecto al concepto de la dignidad humana y al principio de no discriminación.  Además, el pleno disfrute de otros derechos tales como el derecho a la libertad de expresión y de asociación (como para los inquilinos y otros grupos basados en la comunidad), de elegir la residencia, y de participar en la adopción de decisiones, son indispensables si se ha de realizar y mantener el derecho a una vivienda adecuada para todos los grupos de la sociedad.

3.3. Definición de objetivos y resultados

Una vez definida la línea de intervención pasamos a formular el objetivo general, el objetivo específico y los resultados que se relacionan con los diferentes niveles del árbol de objetivos.

De forma general y teniendo en cuenta la diversidad de situación que pueden darse, tendríamos:

• Un objetivo general para los 3 titulares (que querría cambiar uno o varios efectos).
• Un objetivo específico para los 3 titulares (impacta directamente con el problema principal identificado en el árbol).
• Un resultado para cada uno de los titulares (que impacta en las causas que hemos identificado para cada uno de ellos).

Esto variará en función del problema central que tengamos y de la línea de intervención que hayamos decidido. Pueden darse casos en los que se formulen intervenciones separadas pero complementarias y articuladas entre sí para cada uno de los titulares.

Ejemplo concreto: El eje central de nuestra intervención es garantizar el principio de igualdad y no discriminación para que las personas extranjeras en situación administrativa irregular puedan ejercer el derecho a la vivienda en igualdad de condiciones.

4. Medición de los efectos de nuestras acciones en la transformación social

4.1. Definición de indicadores y metas

Nuestro objetivo ahora es consensuar cómo medir la transformación que queremos lograr en cada uno de los resultados que también queremos obtener. Para ello, tenemos que definir qué dimensiones queremos medir de nuestra acción. Por ejemplo, podemos querer medir si hemos cumplido con los resultados acordados para los tres titulares, si las actividades que he previsto en mi acción han servido para cumplir los resultados que nos habíamos planteado; podemos medir si habiendo conseguido los resultados hemos logrado las metas previstas en el objetivo específico. Y podemos mirar si habiendo cumplido las metas del objetivo específico, hemos logrado alguna transformación del objetivo final.

Vamos entonces a acordar las metas (el alcance de mi actuación) que queremos lograr. Ese alcance tiene que ser medible, y realista. Y también tenemos que acordar los conceptos que utilizamos, que hablamos y escribimos sobre qué es mejorar, sobre qué es un espacio o un canal, o qué queremos decir con sensibilizar, porque tenemos que poder medirlo. Lo que no se pueda medir, no nos vale. Así, con estas premisas, vamos a facilitar el aterrizar mejor los conceptos.

Un ejemplo:

• Sensibilización: ¿qué me indica que un arrendador está sensibilizado?, podría ser
  • Que pregunte a la entidad sobre una campaña para arrendar que estamos haciendo (solicitud de información).
  • Que ponga su vivienda en alquiler.

Utilicemos como guía el siguiente cuadro con un ejemplo de uno de los resultados que querríamos obtener en referencia a transformar

• la causa del desconocimiento de sus derechos por parte de los sujetos/titulares
• provocada por la falta de canales y espacios de información adaptados y confiables.

[1] GARCIA, P. y OLEA, S. (2022) Enfoque de DDHH en la intervención social (Parte I). Documentación Social https://documentacionsocial.es/contenidos/a-fondo/enfoque-de-derechos-humanos-en-la-intervencion-social-parte-i/

[2] CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2022) Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-89-1.PDF

[3] MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (2022) Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-802.pdf

[4] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (1991) Observación General nº 4 “El Derecho a una vivienda adecuada (párrafo I del artículo 11 del pacto)” https://conf-dts1.unog.ch/1%20spa/tradutek/derechos_hum_base/cescr/00_1_obs_grales_cte%20dchos%20ec%20soc%20cult.html

Septiembre 2022

Sonia Olea Ferreras, jurista experta en Derechos Humanos

Pedro Carceller Icardo, doctorando por la Alma Mater Studiorum Università di Bologna y Universitat de València

De manera habitual encontramos cuestionamientos a la forma de abordar el alojamiento en situaciones de emergencia humanitaria (terremoto de Haití de 2010, campos de refugiados en Turquía, Tinduf, Kenia, Sudán, erupción volcánica en La Palma…); pero no sólo. Durante la pandemia, y con el requisito legal de permanecer en casa, han surgido también diversos planteamientos respecto a cuáles han de ser los mínimos aceptables en nuestras ciudades y barrios para entender qué es “adecuado” o qué es “digno” en el diario vivir y, sobre todo, a quién le corresponde garantizarlo. Hacemos en estas páginas una propuesta de alertas a las entidades y organizaciones sociales para que sus acciones humanitarias y de emergencia procuren el respeto, protección y promoción del derecho humano a una vivienda adecuada para las personas a las que se dirigen las mismas.

“Hogar, donde me siento yo misma, donde no tengo miedo. Donde puedo soñar”.

(Mujer en situación de calle, Hogar Santa Clara, Jaén 2010)

I. Introducción

Pocos días antes del inicio de la pandemia de COVID-19 y de la medida de confinamiento en nuestras viviendas en marzo de 2020, el Relator Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos de Naciones Unidas visitaba un asentamiento de la provincia de Huelva en su “visita país” a España. Sus palabras supusieron un tremendo jarro de agua fría, no sólo para las administraciones públicas implicadas, sino para la sociedad en general; y fueron recogidas en múltiples titulares de prensa: «El relator de la ONU queda “pasmado” tras ver a los jornaleros de la fresa viviendo “como animales”»[1]; «Me he encontrado con trabajadores migrantes viviendo en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en todo el mundo»[2]; «He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país»[3].

Ante esta terrible e “inhumana” situación, la recomendación[4] que la Relatoría le hacía a España, ante el Consejo de Derechos Humanos era referida en su totalidad al derecho humano a una vivienda adecuada y no, como pudiera pensarse, a medidas coyunturales y referidas a las necesidades básicas. Tomar en serio el derecho a la vivienda era la consigna lanzada al Estado español desde Naciones Unidas (en adelante NNUU). Y para ello, convertía en propuestas legislativas y de políticas públicas concretas, el propio (gran parte) del contenido mínimo de ese derecho humano que, en nuestro Estado, y por la definición contenida en el artículo 47 de nuestra Carta Magna y en el artículo 1 b) de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, consideramos además vivienda digna: para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Desde tres presupuestos esenciales:

• No discriminación.
• Interrelación de los derechos humanos.
• La vivienda como derecho humano, no solo como provisión material. 

Desde el análisis del contenido de dicho derecho humano y de los estándares internacionales en situaciones de crisis y emergencia, queremos llegar a una propuesta sencilla y aplicable en las acciones que las entidades y organizaciones sociales llevamos a cabo para poder ir evaluando cuánto nos acercamos a la protección del derecho humano a una vivienda adecuada o, por el contrario, qué parámetros pueden alejarnos de la consecución de dicho objetivo.

II. Estándares de derechos humanos en situaciones de crisis humanitarias

Históricamente, ante situaciones de crisis humanitarias, la respuesta predominante llevada a cabo ha estado basada en un enfoque de necesidades. La satisfacción de las necesidades básicas, siguiendo una perspectiva tradicionalista, ha dejado en un segundo lugar la garantía y protección de los derechos humanos de las víctimas. Sin embargo, desde los años noventa, se ha comenzado a incorporar un Enfoque basado en Derechos Humanos (EBDH) como guía de actuación ante situaciones donde la respuesta humanitaria se muestra como la única reacción (Francisco Rey, 2013)[5] y ya no sólo se dan las repuestas desde el Derecho Internacional Humanitario (DIH), sino también desde, y fundamentalmente, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), y el Derecho Internacional de los Refugiados (DIR) (Francisco Rey, 2011)[6].

En ese avance, la protección viene definida como: todas aquellas actividades destinadas a salvaguardar el pleno respeto de los derechos de cada persona de conformidad con la letra y el espíritu de los organismos jurídicos pertinentes (es decir, el DIDH, el DIH y el DIR) (Comisión Europea 2017)[7]. Por consiguiente, la promoción de los derechos humanos, como elemento integrador de la protección, no se podrá desvincular de la propia respuesta humanitaria al estar contenida en uno de sus principales elementos constitutivos.

El surgimiento de instrumentos como la Carta Humanitaria del Proyecto Esfera, fundamentan la propuesta de EBDH, que acaba de romper el doble camino paralelo entre la respuesta humanitaria (basada en enfoque de necesidades) y los derechos humanos. Desde la creencia esencial de que las personas que se ven sometidas a un desastre o a un conflicto armado[8] tienen derecho a vivir con dignidad y, por tanto, a un reconocimiento de derechos igual al resto de las poblaciones, debiendo recibir asistencia y protección; y, en segundo lugar, la respuesta debe tener el mandato de aliviar el sufrimiento generado en las crisis humanitarias (Proyecto Esfera, 2011)[9]:

• El derecho a vivir con dignidad, correspondiendo a los derechos humanos relativos a la vida, al derecho a un nivel de vida adecuado y al derecho a no ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
• El derecho a la asistencia humanitaria, siendo una dimensión esencial del derecho a vivir con dignidad. Aquí se incluye, de nuevo, el derecho a un nivel de vida adecuado, emanando de este el derecho a una alimentación adecuada, el derecho al agua y el derecho a una vivienda adecuada. Este derecho a la asistencia debe realizarse siguiendo los principios humanitarios (humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa)[10].
• El derecho a la protección y a la seguridad, recogido en las disposiciones del derecho internacional, resoluciones de NNUU y en el mandato de los Estados de proteger a toda aquella persona que se encuentra bajo su jurisdicción.

Además, toda respuesta generada ante una crisis o emergencia humanitaria deberá garantizar a la población afectada, estos derechos (y sus elementos constitutivos) reconociendo su participación activa, siendo esencial para poder prestar la asistencia que mejor se adapte a sus necesidades (Proyecto Esfera, 2011).[11]

La cuestión que nos plantearemos en los siguientes epígrafes será, si, ante una situación de crisis humanitaria, con una respuesta basada en enfoque de derechos humanos[12], se podrá exigir la satisfacción plena del derecho a la vivienda adecuada. ¿Se debe trabajar en pro de la satisfacción plena del derecho en su integridad?

O, sin embargo, ¿es admisible una reducción del derecho al núcleo del mismo debido a la situación de emergencia y urgencia?

III. El derecho humano a una vivienda adecuada

Que tener un techo donde vivir forma parte de las necesidades básicas de la persona ha sido, y sigue siendo, indiscutible para cualquier cultura y forma de organización política en todos los rincones de la tierra. La Declaración Universal de los Derechos Humanos[13] lo incluye en su artículo 25.1 al definir las condiciones básicas que dan lugar a un nivel de vida adecuado, siendo el resultante del sumatorio: comida, vestido, salud, vivienda y protección social y el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[14] (PIDESC) normativiza, para los Estados que lo ratifican[15], el derecho humano a una vivienda adecuada (en adelante, DHVA).

Son las Observaciones Generales (OG) nº4[16] y nº7[17] del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) las que desarrollan el contenido mínimo de la definición de vivienda adecuada:

No siendo habitual (a día de hoy el Comité DESC sólo ha duplicado una vez el desarrollo de un derecho humano contenido en el PIDESC) que una de las condiciones-aspectos del DHVA tenga su propia OG: los desalojos forzosos. Donde encontramos cuatro claves dirigidas a los Estados en su deber de protección a los sujetos de derecho en estas situaciones, siendo indiferente la condición del alojamiento (público/privado, personal/familiar/colectivo, casa/tierra/territorio, vivienda insegura, vivienda inadecuada, situación de sin techo o sin vivienda[18]):

• Prohibición de desalojos forzosos o derribo de vivienda sin alojamiento alternativo.
• Garantía del derecho de acceso a la justicia.
• Participación de las víctimas en el procedimiento.
• Consideración del alojamiento alternativo como otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas.

III.1 Categorías del DHVA

En las Observaciones Generales nº4 y nº7, las categorías generales de derechos humanos se entrelazan de forma indirecta en la propia definición de adecuación de la vivienda:

Cuadro nº 2: Categorías del derecho humano a una vivienda adecuada. Elaboración propia

Accesibilidad: los mecanismos, procedimientos, herramientas que procuren el acceso al DHVA deben ser transitables para todas las personas, sin discriminación alguna (en sentido físico, de alcance cultural, geográfico, económico, religioso, edadismo etc.).

Adaptabilidad: dichos mecanismos, herramientas, procedimientos… han de ser flexibles y ajustables a todas las personas y comunidades (capacidad en el sostenimiento de gastos – coste soportable-, en la comprensión y tiempos de los trámites administrativos, sin barreras arquitectónicas, de salud mental, lingüísticas…).

Aceptabilidad: las personas y los diversos grupos humanos tienen diversas necesidades. Desde ese reconocimiento de la especificidad se han de desarrollar los medios utilizados para garantizar el DHVA. Con una adecuación al contexto/situación social, cultural, emocional, mental, familiar y personal.

Disponibilidad: para el acceso, disfrute y garantía del DHVA han de estar habilitados, de forma eficaz, los diversos servicios, mecanismos, instalaciones, procedimientos que hacen efectivo ese derecho. Cuando se cuenta de forma efectiva con una vivienda digna y adecuada, cuando el estado dispone de los mecanismos y procedimientos para que el acceso sea real (agencias de vivienda, servicios de mediación, observatorios, estrategias y planes, recuentos de personas viviendo en calle, acompañamiento interdisciplinar para la prevención, legislación prohibiendo el desalojo sin alojamiento alternativo…).

III.2 Máximo de recursos y garantía de no regresividad

El artículo 2.1 del PIDESC así lo establece, y, por tanto, forma parte de nuestro derecho positivo: el compromiso de la utilización del máximo de nuestros recursos y la progresividad (garantía de no regresividad) en la implementación y desarrollo de los derechos humanos que componen dicho pacto a nivel legislativo y de políticas públicas.

III.3 Justiciabilidad

La Relatoría Especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación a este respecto presentó ante al Consejo de Derechos Humanos en 2018 una guía[19] para los Estados Miembro donde, desarrollando el contenido de las OG nº4 y nº7, proponía diez fundamentos o principios que toda política pública debía utilizar como soporte y guía de cumplimiento del contenido mínimo o esencial del DHVA. En el nº8, velar por el acceso a la justicia, la posibilidad de reclamación directa, libre e informada de las personas vulneradas, es sostenedor del propio disfrute del DHVA.

La justiciabilidad se torna, por tanto, en parte de ese contenido mínimo o esencial del propio derecho humano: desde el reconocimiento de la propia vulneración, la reparación a la víctima, su necesaria participación y protagonismo en el procedimiento y la garantía de no repetición que contará con esa misma participación en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas que lo puedan hacer posible.

III.4 Derecho humano a la energía, el agua potable y saneamiento e internet

El DHVA contiene en su realización, disfrute y garantía la interrelación con el resto de DDHH. Así también, en su condición-aspecto referido a la HABITABILIDAD, los derechos

• A la energía: OG nº4 y Objetivo de Desarrollo Sostenible[20] nº7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.
• Al agua y al saneamiento: OG nº15.
• A Internet: Declaración[21] del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

IV. Actores intervinientes en situaciones de crisis humanitaria

Tras conocer las dimensiones que integran el DHVA, en el presente epígrafe analizaremos los distintos actores intervinientes en la satisfacción del derecho, teniendo en cuenta que la respuesta será distinta atendiendo a si nos encontramos en una situación de paz o normalidad institucional, o en un contexto de respuesta humanitaria a una crisis o una emergencia. Dependiendo de estas, el papel de los actores será distinto.

Somos conocedores de que la satisfacción del DHVA es un factor fundamental para la supervivencia de las poblaciones en las distintas fases de una crisis. Como hemos estado analizando, las respuestas relacionadas con el alojamiento deben estar dirigidas a superar la situación de crisis o de emergencia y a promocionar la autosuficiencia y la gestión individualizada desde la resiliencia de la comunidad, interviniendo (o debiendo hacerlo) con un papel fundamental otros actores como son las instituciones públicas de los estados, las agencias internacionales y las entidades humanitarias y de derechos humanos (Proyecto Esfera, 2011)[22].

IV.1 Sujetos de derechos

Cada persona en su individualidad es sujeto de derechos. En nuestro caso concreto, los sujetos de derechos pertenecerán a una comunidad que se encuentra sufriendo una crisis humanitaria originada por un conflicto armado, un desastre natural o sanitario, una emergencia social y/o económica, y que da lugar a una carencia en el disfrute del DHVA (ya sea por desplazamiento interno o internacional, por desaparición de la vivienda habitual, por desalojos masivos etc.).

Ante la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentra la persona y volviendo al mandato de protección estudiado en el segundo epígrafe, todo ser humano víctima de una crisis humanitaria es sujeto pleno de derechos de forma en la que no se deberán producir discriminaciones conforme al derecho nacional e internacional. Estas personas, ante todo, son sujetos de una protección que no se limita a la mera supervivencia y seguridad física, sino que le debe cubrir todo el catálogo de derechos, incluidos los civiles y políticos.

IV.2 Garantes de los derechos

Debido a las características propias de las crisis humanitarias y de las situaciones de emergencia, los garantes de los derechos de las víctimas (personas, familias, colectivos y comunidades), pueden tener distintas naturalezas:

• El Estado en cuyo territorio se produce la crisis.
• El Estado que haya decidido provocar la crisis, generalmente en el caso de que se trate de un conflicto bélico (el ejemplo más actual sería la actual agresión de Rusia a Ucrania).
• El Estado que haya decidido participar, ya sea como colaborador o coparticipe de una agresión a otro Estado.
• El Estado o Agencia de derecho internacional público que por inexistencia de la estructura institucional del Estado donde se produzca la crisis garantiza la protección y asistencia humanitaria.
• El Estado que recibe en su territorio población desplazada forzosa de otro Estado.

Debemos tener en cuenta que el DIDH, el DIH, el DIR y otros, comprometen directamente a los Estados[23].

Pero volviendo al estudio concreto que nos atañe y por lo analizado en el epígrafe anterior, el derecho humano a la vivienda adecuada no corresponde únicamente a un techo sobre el que resguardarse de las inclemencias meteorológicas, estando ligado a otros derechos como el del agua, salud, alimentación… Por tanto, la respuesta adecuada de un Estado a la crisis humanitaria a la que se enfrenta deberá contener las múltiples aristas, adecuando a los perfiles y características de los sujetos de derechos analizados anteriormente. Entre ellas podrían darse las siguientes respuestas:

• Alojamiento colectivo en una instalación o estructura ya existente (pabellones deportivos y otros edificios públicos). Esta asistencia deberá ser temporal y de tránsito a otros recursos.
• Asentamientos planificados, construidos ad hoc. El ejemplo paradigmático son los campos de desplazados o refugiados. A pesar de que en su naturaleza se constituyen como temporales la permeabilidad en el tiempo demuestra la incapacidad para hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada.
• Asentamientos informales no planificados, cuando comunidades de desplazados se asientan en un terreno público o privado y generan campamentos. La administración deberá ofrecer alternativa habitacional o garantizar el acceso a todos los componentes constitutivos del derecho a la vivienda adecuada.

Ante ellos, la coordinación con las distintas administraciones públicas (estatales, regionales y locales), que a su vez también son garantes como Estado que conforman, y con otros organismos y actores responsables, será necesaria para evitar duplicidades en esfuerzos, mejorar la respuesta y asegurar el seguimiento y evaluación de la respuesta llevada a cabo.

IV.3. Sujetos de responsabilidades

Este grupo estará formado por las organizaciones humanitarias, de derechos humanos, civiles, sociales, medios de comunicación, la empresa privada… y cada una de las personas en su individualidad. La responsabilidad de exigir a los poderes públicos el asistir y proteger a las víctimas de crisis humanitarias es de toda la comunidad (en su concepto amplio).

Sin embargo, debemos reconocer el papel que juegan las organizaciones humanitarias. Aunque en muchas situaciones, ante la imposibilidad o falta de voluntad de los Estados parezca que se asimilan más a sujetos de garantías, en lugar de sujetos de responsabilidades, no debemos olvidar que tienen funciones secundarias frente a la acción del Estado. El Estado u otras administraciones pública son las vinculadas legalmente como garantes del bienestar de la población en el ámbito de su territorio o su control y de su seguridad. En definitiva, dichas autoridades son las que tienen el deber de asistir y proteger, conllevando la satisfacción de los derechos humanos de la población. La función de las entidades humanitarias y de derechos humanos consistirá en alentar y persuadir a las autoridades para que ejerzan su mandato y, si no lo hacen, ayudar a las personas a superar la crisis.

V. Algunas alertas del derecho humano a una vivienda adecuada en situaciones de crisis humanitarias

Nuestra reflexión quiere tratar de dar respuesta a los siguientes cuestionamientos: ¿Dónde está el límite razonable del contenido mínimo del DHVA sin que pueda verse vulnerado el propio derecho humano? ¿es eso posible? ¿se puede producir una lesión grave del propio derecho en una actuación humanitaria de emergencia? ¿qué alertas pueden contenerse en las acciones humanitarias que procuren el respeto, protección y promoción del derecho humano a una vivienda adecuada para las personas a las que se dirige dicha acción?…

El nº 7 de la OG nº 4 (ya citado en parte) establece lo que podríamos llamar “líneas rojas” para el desarrollo del DHVA en cualquier lugar, ante cualquier circunstancia y para toda persona sin discriminación alguna (características de los DDHH: universalidad, inalienabilidad, interrelación, interdependencia e indivisibilidad): seguridad, paz y dignidad.

Esas tres palabras, junto con las transversales de la no discriminación y de la participación de las personas vulneradas (en este caso las víctimas de una crisis humanitaria – ya sea allende nuestras fronteras, o por causa de la COVID-19, guerra de Ucrania o la ya enquistada y permanente crisis habitacional que vive nuestro país desde 2008[24]); dificultan en gran medida dar una respuesta de la gama de grises a las cuestiones iniciales de este apartado. Porque finalmente, tendremos que medir porcentajes de seguridad, de paz y de dignidad, y esa es una ecuación muy complicada, pero no imposible.

No olvidemos, además, el compromiso de los Estados a invertir el máximo de sus recursos y no aprobar legislación o adoptar políticas públicas que conlleven pérdida (regresividad) para los sujetos de derecho. ¿Con algún límite?, seguramente sí (regla de proporcionalidad, razonabilidad, justificación en la imposibilidad de recursos por situación de guerra, desastre natural, epidemia mundial…) pero, la doctrina del Comité DESC establece que el daño a ese contenido mínimo (contenido esencial de derecho) no sólo conlleva la presunción de un incumplimiento de la obligación de no regresividad, sino que constituye directamente una violación del Pacto no susceptible de justificación (María José Añón, 2016)[25].

Tendríamos entonces que hacer un análisis en tres sentidos:

• Sobre la justificación dada por el Estado para llevar a cabo una medida de regresividad.
• Sobre el uso de todos los recursos disponibles (OG nº 7[26] nº 9, 10, 11 y 12).
• Sobre la afectación de dicha medida al contenido mínimo/esencial del DHVA desarrollado (¿existente?) en la legislación y las políticas públicas del Estado en cuestión.

Una justificación coherente y proporcionada (por ejemplo, el ajuste presupuestario) junto con un daño del contenido mínimo, se torna contraria y por tanto vulneradora de los derechos contenidos en el PIDESC.

Quizás, de una forma más sencilla y aterrizada en las acciones cotidianas, podríamos entonces plantear que incluso en situaciones concretas de acogida de corta, media y larga estancia en alojamientos particulares – pisos-, colectivos, campamentos, asentamientos, recursos privados temporales – pensiones, hoteles, albergues, hostales…- etc.:

• Se estaría llevando a cabo una provisión material de vivienda/alojamiento.
• No se estaría garantizando el contenido mínimo o esencial del DHVA.

Retomemos finalmente las alertas que pueden ayudarnos, con la participación de los garantes, responsables y sujetos de derecho, a afrontar la situación de emergencia (seguramente alejada del contenido mínimo o esencial del DHVA) con la mirada puesta en el logro estructural del acceso, disfrute y garantía de dicho derecho humano y desde el derecho a vivir con seguridad, paz y dignidad en alguna parte y no solo el contar con una provisión de un espacio físico. Completar el siguiente cuadro y reflexionar sobre los pasos a dar para la mejora de los baremos alcanzados formarían parte de nuestra estrategia de intervención y acompañamiento.

Cuadro nº 3. Alertas del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada en situación de crisis humanitaria

Elaboración propia basada en las OG nº 4 y nº 7 del Comité DESC

[1] DIARIO DE HUELVA (2020). (en línea) https://www.diariodehuelva.es/articulo/provincia/relator-onu-fresa-huelva/20200207180215189281.html Acceso el 1 de marzo de 2023

[2] LA MAREA (2020) (en línea) https://www.lamarea.com/2020/02/07/onu-condiciones-migrantes-huelva-fresa/ Acceso el 1 de marzo de 2023

[3] NOTICIAS ONU (2020) (en línea) https://news.un.org/es/story/2020/02/1469232 Acceso el 1 de marzo de 2023

[4] RELATORÍA ESPECIAL SOBRE LA EXTREMA POBREZA Y LOS DERECHOS HUMANOS (2021) “Informe Visita a España”. A/HRC/44/40/Add.2 Pág.20

[5] REY, F. (2013) “¿Es posible una ayuda humanitaria basada en derechos? Reflexiones sobre el enfoque basado en derechos humanos en la acción humanitaria”. Documento. IECAH. nº 16 p.4

[6] REY, F. (2011) “El enfoque basado en derechos humanos en la acción humanitaria. Reto de futuro” en Exigibilidad y realización de derechos. Impacto sobre Política Pública. VV.AA. Centro Henry Dunant. Santiago de Chile. p.3

[7] COMISIÓN EUROPEA (2017), Protección humanitaria. Políticas Temáticas. (en línea) p.7. https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/policy_guidelines_humanitarian_protection_es.pdf Acceso el 2 de marzo de 2023

[8] N. de los A.: Entendemos que totalmente aplicable a situaciones de emergencia social, económica, habitacional, sanitaria…

[9] PROYECTO ESFERA (2011) Proyecto Esfera, Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, Manual (en línea) https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/8206.pdf Acceso el 2 de marzo de 2023

[10]ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS (1991), Resolución 46/182 sobre el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de Naciones Unidas.

[11] PROYECTO ESFERA (2011) Op. Cit.

[12] N. de los A.: Descartamos la respuesta humanitaria basada en otros enfoques porque no da lugar a una satisfacción plena de derechos sino de puras necesidades.

[13] ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS (1948) “Declaración Universal de los Derechos Humanos” (en línea) https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights Acceso el 2 de marzo de 2023

[14] GENERAL ASSEMBLY (1966) “ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” (en línea) https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights Acceso el 2 de marzo de 2023

[15] BOE (1973) “Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966” (en línea) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-10734 Acceso el 2 de marzo de 2023

[16] COMITÉ DESC (1991) “El Derecho a una vivienda adecuada” E/1992/23 Observación General nº 4

[17] COMITÉ DESC (2005) “El derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos” Observación General nº 7 (en línea) https://conf-dts1.unog.ch/1%20spa/tradutek/derechos_hum_base/cescr/00_1_obs_grales_cte%20dchos%20ec%20soc%20cult.html Acceso el 2 de marzo de 2023

[18] N. de los A.: en la clave de la Clasificación Europea ETHOS en referencia a la Exclusión residencial-Sinhogarismo contenida en el Dictamen del Comité de las Regiones de la Unión Europea COR 2021/03911

[19] RELATORIA ESPECIAL VIVIENDA ADECUADA (2018) “Human rights-based national housing strategies” A/HRC/37/53 p.18

[20] ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS (2015) “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” A/RES/70/1

[21] CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS (2016) Promoción, protección y disfrute de los DDHH en Internet” A/HRC/32/L.20

[22] PROYECTO ESFERA (2011) Op. Cit. p.278

[23] N. de los A.: El derecho internacional de los derechos humanos no dejará de aplicarse a cualquier situación vinculando a los Estados, excepto cuando determinados derechos civiles y políticos pueden quedar suspendidos durante situaciones de emergencia declaradas (Art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); y en los conflictos armados declarados, el derecho internacional humanitario prima en caso de incompatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

[24] FOESSA (2019) “El sistema público de vivienda en el Estado español. Sin estrategia ni fundamentación en los Derechos humanos” Documento de Trabajo nº 13. Capítulo IV. Pág. 10 y ss.

[25] AÑÓN ROIG, M.J. (2016) “¿Hay límites a la regresividad de derechos sociales?”. Revista Derechos y Libertades nº 34, Época II, enero, pp.57-90

[26] COMITÉ DESC (1990) “La índole de las obligaciones de los Estados parte” OG nº 3 (en línea) https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1452.pdf Acceso el 2 de marzo de 2023.

Septiembre 2023

Alberto Martínez Serrano. Psicólogo. Centro de Acogida para Persona sin Hogar de Cáritas Interparroquial de Elche.

Paco Pardo García. Psicólogo. Programa Acogida y Acompañamiento de Cáritas Diocesana de Girona.

Ambos autores forman parte de Grupo Confederal de Salud Mental y Emocional de Cáritas.

Puedes encontrar a Paco Pardo en Twitter.

La edad, el sexo o las condiciones físicas y genéticas, no son los únicos factores que pueden condicionar o impactar en nuestra salud mental. Nuestros estilos de vida, el tipo de red social y comunitaria, las condiciones de vida y trabajo o las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales de un país, pueden tener un papel muy relevante en el malestar psicológico de las personas, haciendo que en algunos casos se llegue a un trastorno mental y/o emocional, mostrando la fragilidad humana en estado puro.

Actualmente si alguien presenta algún tipo de manifestación psicopatológica, la sociedad ofrece, siguiendo los planteamientos ideológicos dominantes, una solución individual a un problema que resulta colectivo: enviamos al psicólogo o al psiquiatra a la persona, porque el problema lo tiene el individuo. Deformamos aquella afirmación de Ortega y Gasset de: Yo soy yo y mis circunstancias. Subrayamos el yo y nos olvidamos de las circunstancias. Sin embargo, bien podríamos aseverar que es en las circunstancias donde hallamos los determinantes sociales que están en el origen de la neurosis individual.

En el siguiente artículo pretendemos poner en valor la importancia del contexto que rodea a la persona como posible potenciador de problemáticas de salud mental y emocional. La carencia o ausencia de necesidades básicas para el ser humano, puede perfectamente derivar a toda una serie de dificultades psicológicas que condicionen el proyecto de vida de una persona o de una sociedad en general.

Javier Padilla y Marta Carmona en su libro MALESTAMOS, Cuando estar mal es un problema colectivo, nos avisan que:Estamos mal, porque mal y porque estamos, porque la existencia de unas condiciones estructurales, sociales y políticas deja una impronta sobre nuestras biografías que hace que esto no sea una cosa que me pasa aislada del contexto, sino que el contexto forma parte no solo de las causas sino del problema en sí mismo. ^[1]

A continuación, presentamos tres apartados que exploran el papel generador de malestar psicológico de los determinantes sociales de la salud, haciendo hincapié en la importancia de no individualizar el problema cuando este es colectivo y tiene solución colectiva.  

1. Origen de los determinantes sociales de la salud, marco teórico.

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. OMS (Organización Mundial de la Salud)^[2].

En el año 1974, Marc Lalonde, ministro de Salud del Gobierno Canadiense, irrumpe con un nuevo paradigma que revolucionará la idea que se tenía del concepto de salud y que a día de hoy continúa vigente. Lalonde presentará en un informe que llevaba por título: A new perspective on the health of the canadians-a working document ^[3] ,que sería conocido como el Informe Lalonde, un modelo de salud pública explicativo de los determinantes sociales de la salud, en el cual, por primera vez, se reconoce que factores como el estilo de vida, el ambiente tanto individual como social en un sentido más amplio, junto a los factores biológicos y de organización social, determinan nuestro estado de salud o mejor dicho tienen un impacto en el origen de vulnerabilidades tanto físicas como psicológicas.

Se dice que la innovación tiene como característica principal hacer un bien a la humanidad, aportar un cambio significativo en la vida de las personas, ayudar a prosperar, probablemente Lalonde, en esa década de los 70 no se imaginaría el gran impacto que tendría esa visión global de la salud, y que, como vamos a comentar a continuación, tendría una evolución y un estudio constante de mejora.

El nuevo modelo obligaba a comprender la salud desde una mirada más global, en el que la ausencia de enfermedad ya no era únicamente lo importante para determinar si una persona presentaba un buen estado de salud, nuestro estilo de vida, el número de amistades y amigos que teníamos o el barrio en el que nuestro proyecto de vida se había desarrollado entre otros determinantes, empezaban a formar parte de eso que llamamos estado global de salud. No es baladí que esa nueva perspectiva sobre la salud tuviera un fuerte impacto en la sociedad, pero debieron pasar años como a continuación describiremos, en los que finalmente la OMS, adoptará esta nueva idea, esta nueva mirada de la salud.

Años antes que la OMS definiera los determinantes sociales de la salud (DSS) como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana, otros investigadores iniciaban sus estudios y aportaciones a esta nueva visión.

En los años 90, Dahlgren y Whitehead introducen su modelo que, a la luz del concepto de Lalonde, abre las puertas a entender cómo las inequidades en salud son el resultado de las interacciones entre distintos niveles de condiciones causales, el que corresponde al individuo y la comunidad donde vive, hasta el nivel de condiciones generales, socioeconómicas, culturales y medioambientales^[4].

No sólo lo biológico o lo individual, la carencia de una red social y comunitaria, los estragos del desempleo precario, la falta de unos servicios de agua o sanitarios o el sistema político establecido y su organización, pueden y determinan la salud de sus ciudadanos. Este modelo ya nos muestra el camino hacia una lucha de derechos para la persona: el derecho a un trabajo digno, a unos servicios sanitarios adecuados, a una vivienda digna, a no estar sólo y verse arropado por el barrio, por la comunidad, el derecho a vivir con dignidad entre otras peticiones de derecho con una fuerte connotación colectiva y comunitaria.

A partir de 1998, se incorpora a estos estudios el modelo de Diderichsen, un modelo de estratificación social y producción de enfermedades. En este modelo, la manera como se organiza la sociedad crea un gradiente de estratificación social y asigna a las personas una posición social. Es esa posición social la que determinará las oportunidades de salud que tenga una persona a lo largo de su vida.

Siguiendo con los diferentes modelos que van surgiendo influenciados para el nuevo paradigma que en 1974 presenta el Informe Lalonde, se haya también el modelo de Brunner, Marmot y Wilkinson que da énfasis a las influencias a lo largo de la vida. Este modelo vincula la estructura social con la salud y la enfermedad a través de vías materiales, psicosociales y conductuales.

Pero llegamos al año 2005 en el que finalmente la Organización Mundial de la Salud, crea la comisión DSS (Determinantes Sociales de la Salud). Será concretamente en la 62ª Asamblea Mundial de la Salud del 16 de marzo de 2009, cuando se hace oficial la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. En el punto 2 del Informe de Secretaría^[5] se puede leer el siguiente anunciado que marcará a partir de ese momento el trabajo de la comisión:

2. 2. Por determinantes sociales de la salud se entienden los determinantes estructurales y las condiciones de vida que son causa de buena parte de las inequidades sanitarias entre los países y dentro de cada país. Se trata en particular de: la distribución del poder, los ingresos y los bienes y servicios; las circunstancias que rodean la vida de las personas, tales como su acceso a la atención sanitaria, la escolarización y la educación; sus condiciones de trabajo y ocio; y el estado de su vivienda y entorno físico. La expresión “determinantes sociales” resume pues el conjunto de factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales que ejercen gran influencia en el estado de salud.

A partir de 2009 la OMS proyecta un marco conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud^[6]:

Fuente: https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud

En este modelo la OMS dejará claro que el derecho a la salud no va a depender únicamente de factores individuales; las políticas sociales, el modelo de gobernanza, la política económica, lo cultural, lo social, pasan a jugar un papel esencial en la salud de las personas y cómo estas lo viven. La lucha individual pasa a ser colectiva.

Los determinantes sociales de la salud van a tener un papel muy relevante en el origen del malestar psicológico que viven nuestras sociedades. A la salud física le sigue la salud mental, término que muchas veces asusta, estigmatiza y también aleja a las personas de las verdaderas causas por las cuales sufrimos psíquicamente. Los diferentes modelos que hemos detallado anteriormente nos muestran cómo las desigualdades sociales que conforman la estructura social, determinan nuestro bienestar, nuestra salud global.

Queremos afirmar que el sufrimiento psíquico tiene que ver con las condiciones de vida, pero allá donde no nos sentimos capaces de cambiar las condiciones de vida aparece el determinismo biológico. Con la dopamina y la serotonina hemos topado. Como siempre^[7].

2. Condicionantes sociales de la Salud Mental

Teniendo en cuenta el marco teórico de los determinantes sociales de la salud consideramos necesario recuperar una psicología contextual-crítica que analice las influencias socio-políticas del sufrimiento psíquico, con especial énfasis en el modo en que la infraestructura económica origina construcciones ideológicas favorables al engranaje y supervivencia del propio sistema, pero en detrimento de la salud mental de la población.

La OMS considera que la salud se ve influenciada por las condiciones biopsicosociales en las que las personas viven y trabajan, la salud mental también se ve condicionada por los determinantes sociales de la salud, a más de una manera que muchas veces viene enmascarada y que la propia persona no es capaz de situar en la ecuación.

El orden económico en el que vivimos precisa erigir una representación colectiva de felicidad definida, esencialmente, por la capacidad de adquisición de bienes de consumo. Para ello, modela las aspiraciones y necesidades de la población, ejerciendo una fuerte presión hacia un pensamiento único que, evidentemente, no cuestiona la estructura social existente, acepta la desigualdad social y la inequidad en la división del poder o la riqueza como parte del orden natural de las cosas y, sobre todo, desvincula del análisis racional, cualquier elemento colectivo que no haga recaer sobre el individuo toda la responsabilidad de sus éxitos y fracasos, como si su capacidad de agencia sobre la realidad fuera ilimitada… como si su ejercicio de la libertad fuera infinito… como si no existiesen condicionantes sociales de ningún tipo. De este modo, hacemos al pobre responsable de su pobreza, al rico merecedor exclusivo de su riqueza y al fracasado, único agente de su fracaso. Pero la realidad es otra: en la carrera de la vida no todos parten de la misma posición en la línea de salida.

La depresión, la ansiedad y la soledad, mucho tienen de relación con los determinantes sociales de la salud, sin embargo muchas veces pensamos que surgen de manera espontánea sin ser conscientes que el hecho de no tener una vivienda, el estar desempleado, no disponer de una red de contacto al que apoyarse, el estar viviendo en un país con unas normas de relación muy concretas, entre otras variables, pueden provocar una situación de malestar psicológico, estrés físico y mental, provocando un desgaste en la persona y lo peor, le haga pensar que la culpa es suya, sólo suya. Es el caso de las situaciones que tienen que ver con los problemas de vivienda, concretamente con los desahucios. Si pensamos por ejemplo en Fátima, mujer casada, con hijos, con una situación de vulnerabilidad económica acuciante, que la obliga a tomar ansiolíticos para dormir y que ante la situación que vive con su marido y sus hijas, se siente culpable de haber llegado a al límite de exponer a su familia a la dura realidad de estar sin hogar. En el informe anual del año 2022 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), España ya es el primer país del mundo en consumo de Diazepam, disparándose un 110% su uso^[8]. Importante saber cómo inciden los determinantes sociales de la salud en este aspecto del consumo de benzodiacepinas. Hoy día las desigualdades sociales que padecen muchas personas, obligan a muchas de ellas a medicarse para continuar y no ahondar en las causas de su malestar. Los condicionantes sociales, económicos, culturales y medioambientales empujan a muchas sociedades occidentales a vivir NON STOP y continuar con el sufrimiento emocional hasta quebrarse.

Por otra parte, tenemos otras dos situaciones muy relevantes e interrelacionadas: la soledad y la depresión. Uno de los determinantes sociales de la salud más relacionados con estas dos situaciones es la falta de redes sociales y comunitarias. Sentirse sólo puede llevar a la depresión, según estudios realizados, la relación entre soledad y depresión se da en ambos sentidos, pero en mayor magnitud es la soledad la que provoca la depresión y no tanto al revés^[9]. En las personas en situación de vulnerabilidad, sentirse deprimidos, sin ganas de continuar nos debe obligar a plantear los proyectos desde una visión más comunitaria, fomentando el acercamiento de las personas, el apoyo social, la cohesión, el vínculo, la participación, la inclusión o para ser más claros, que nuestro vecino y vecina de al lado nos importe. Es el caso por ejemplo de Helen, que acude a un grupo de atención psicológica de Cáritas y que manifiesta que hablar de lo que uno siente, sentirse escuchada, compartir con otras personas, le hace ver la realidad de la situación que vive cada una, “ver lo que no sabemos ver”.

Y por último y para acabar esta segunda parte, es la soledad un tema que preocupa de manera acuciante en muchas de las sociedades occidentales supuestamente avanzadas, donde las personas viven felices y sin problemas. Sentirse solo se está convirtiendo en un problema, en una auténtica pandemia. Norena Hertz, en su libro, El siglo de la soledad^[10] habla de que los factores como la discriminación estructural e institucional aumentan las probabilidades de que ciertas personas se sientan solas, también la emigración masiva a las ciudades, la reorganización radical del lugar de trabajo y determinados cambios en la forma de vivir, potencian situaciones de soledad, una soledad no siempre buscada, que aumentará el riesgo de padecer depresión y en su forma más extrema la tentativa de suicidio.

3. Cáritas y su influencia en los determinantes sociales de la salud ¿qué papel juegan nuestros proyectos a la hora de neutralizar su impacto en la salud mental y emocional?

En Cáritas, somos testigos del estrés físico, mental y emocional que provoca la desigualdad social y las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Hablamos de los determinantes sociales de la salud y es muy posible que no seamos conscientes entre todos y todas, incluidos los participantes, que ese contexto adverso, esas políticas sociales, esa organización del trabajo entre otros determinantes, forman parte de una ecuación que puede llevarnos a enfermar física y emocionalmente. Es muy probable que hayamos normalizado que el derecho a una vivienda digna es ciencia ficción, que el derecho a la educación no lo es, o que el derecho a un trabajo no existe. Una sociedad que a nivel de organización produce vulnerabilidad socioeconómica, pobreza, desigualdad, brecha digital, entre otras barreras y obstáculos, no es buen hogar para nadie y seguro generará malestar físico y emocional.

Durante la situación excepcional de confinamiento causada por la pandemia de la COVID, desde Cáritas, nuestros equipos pudieron ser testigos de esos determinantes sociales y su efecto en la salud mental y emocional de las personas en situación de vulnerabilidad. Podemos decir que todas y todos nos sentimos vulnerables, pero sería un error quedarnos en esa afirmación y no tener presente que las personas con más dificultades de acceso a derechos básicos y situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, manifestaron mucho más malestar psicológico. ¿De ahí a la consulta psicológica? Esto hace irnos a lo colectivo y a una mirada de derechos para entender que no siempre el origen del malestar es uno mismo.

En los cuatro informes que se realizaron desde el equipo de estudios de Cáritas Española en tiempos de COVID^[11], en todos ellos se habla  y de manera muy clara, del impacto en la salud mental y emocional de los participantes ante un acontecimiento vital como fue una pandemia global y su confinamiento. ¿Qué papel tuvieron los determinantes sociales de la salud en hacer más complicada una situación de confinamiento duro, como la que se vivió en España durante el mes de marzo a junio de 2020?

Es cierto que las cifras sobre malestar psicológico de la sociedad española subieron como la espuma durante el periodo pandémico y post pandémico, se hablaba en ese momento de la pandemia de salud mental presente en la población^[12]pero sabemos desde hace años que la vulnerabilidad que viven y verbalizan las personas atendidas en Cáritas, se siente, se palpa, se experimenta con auténtico dolor y fragilidad emocional. Las personas que se ven forzadas a vivir en las calles de nuestros municipios, las personas migrantes que son consideradas siempre el chivo expiatorio de todos los problemas que suceden en la sociedad, o las dificultades telemáticas para poder acceder a una ayuda social entre otros trámites con las administraciones “más cercanas”, atentan directamente a la salud mental de la persona, haciendo sentirla mal, frágil, estresada, depresiva, sin esperanza en el futuro.

Nuestra acción diaria es un ataque directo y neutralizador de esos determinantes sociales que provocan ataques de ansiedad, depresión, brotes psicóticos, duelos recurrentes o desánimo y falta de confianza en el futuro.

Nuestras acogidas, nuestros grupos de apoyo, los proyectos de ámbito psicosocial, la recepción de una Cáritas, los espacios de participación, las asambleas con participantes, con voluntariado, ese café con el compañero o compañera y sobre todo la sensibilización a la ciudadanía de la situaciones de pobreza, exclusión y marginalidad, son elementos que van y pueden neutralizar el push de los determinantes sociales de la salud, evitando por una parte una sobre medicalización  de los problemas sociales/colectivos, y evitando la banalización del sufrimiento psicológico y mental de las personas, haciendo de ellas meros instrumentos o indicadores de estadísticas y estudios varios.

En una situación de vulnerabilidad socioeconómica, cuanto mejor analicemos el contexto y sepamos identificar qué determinantes sociales están participando en el mantenimiento de una situación de malestar psicológico y/o trastornos mentales, mejor podremos ayudar a las personas analizar qué les pasa y qué soluciones o alternativas hay para aliviar o neutralizar los efectos y sus síntomas.

Para finalizar esta aproximación al impacto y relación de los determinantes sociales en la salud mental de las personas en situación socioeconómica, queremos recordar la importancia que tiene potenciar proyectos de atención psicosocial en nuestras Caritas o simplemente que los proyectos que llevemos a cabo en nuestras parroquias tengan presente que la vulnerabilidad se siente y se canaliza a través de un malestar psicológico que dificulta a las personas en su consolidación de una vida digna. Trabajar lo psicosocial de manera concreta o transversal ayudará a neutralizar en los participantes, los efectos de los determinantes sociales de la salud, haciendo más llevadero el proceso que ha de llevar de la exclusión a la inclusión, haciendo hincapié en los aspectos mentales y emocionales, pero sin olvidar el enfoque de derechos y mirada comunitaria, que deben tener todos y cada uno de las acciones que se llevan a cabo para y con las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza.

Nuestra apuesta en este artículo es una perspectiva más amplia de salud mental, que busca, también en lo colectivo, las raíces del dolor emocional. Que politiza el sufrimiento psíquico y que entiende lo político como el ámbito más abarcador de la existencia humana. Que especula acerca de una especie de mente social gestada por el sistema económico y sus élites y que tiene consecuencias iatrogénicas en la población, entre otras, haber inoculado en la sociedad la desesperanza de que no existe posibilidad de otro futuro que no sea una reedición del presente. Para luchar contra la desesperanza y recuperar el sentido comunitario o de agencia colectiva, debemos recuperar nuestros sueños de transformación de un nuevo orden social que genere bienestar social y psíquico.

^[1] Padilla, J; Carmona, M. MALESTAMOS Cuando estar mal es un problema colectivo. Madrid: Ediciones Capitán Swing Libros S.L, 2022. Pág. 13.

^[2] https://www.who.int/es/about/governance/constitution

^[3] Lalonde.M; A new perspective on the health of the canadians-a working document. Ottawa April 1974

^[4] Cárdenas, E; Juárez, C; Moscoso, R; Vivas, J. Determinantes Sociales en Salud. Gerencia para el desarrollo 61. ESAN Ediciones. 2017. Pág. 16.

^[5] Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud. Informe de Secretaría. 62ª Asamblea Mundial de la Salud, 16 de marzo de 2009.

^[6] https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud

^[7] Padilla, J; Carmona, M. MALESTAMOS Cuando estar mal es un problema colectivo. Madrid: Ediciones Capitán Swing Libros S.L, 2022. Pág. 12.

^[8] https://www.publico.es/sociedad/espana-pais-mundo-diazepam-consume-dispararse-110.html

^[9] https://depresion.som360.org/es/articulo/condicionantes-sociales-depresion

^[10] Hertz, N. El siglo de la soledad. Recuperar los vínculos humanos en un mundo dividido. Barcelona. Paidós. 2021.

^[11] Equipo de Estudios de Cáritas Española. El primer impacto de las familias acompañadas por Cáritas. OBSERVATORIO DE LA REALIDAD/La crisis de la covid-19. Nº1. 2020

Equipo de Estudios de Cáritas Española. Un impacto sostenido tras el confinamiento. La realidad de las familias acompañadas por Cáritas en septiembre de 2020.OBSERVATORIO DE LA REALIDAD/La crisis de la covid-19. Nº2.2020

Equipo de Estudios de Cáritas Española. Un año acumulando crisis. La realidad de las familias acompañadas por Cáritas en enero de 2021.OBSERVATORIO DE LA REALIDAD/La crisis de la covid-19. Nº3. 2021

Equipo de Estudios de Cáritas Española. Del tsunami al mar de fondo: salud mental y protección social. La realidad de las familias acompañadas por Cáritas en abril de 2021.OBSERVATORIO DE LA REALIDAD/La crisis de la covid-19. Nº4. 2021

^[12] Buitrago Ramírez, F; Ciurana Misol, R; Fernández Alonso, M; Tizón García, JL. “Repercusiones de la pandemia de la COVID-19 en la salud mental de la población en general. Reflexiones y propuestas”. Grupo de Salud Mental del PAPPS. Atención Primaria 53 (2021) 102143.

Octubre 2023

Emiliano A. Curbelo

Doctor en Trabajo Social y Máster Oficial en Intervención Social y Comunitaria, con experiencia universitaria docente e investigadora.

Tomemos como punto de partida que, respecto del modelo de intervención en Trabajo Social que propongo, entiendo que constituye un viaje compartido entre almas que, de manera colaborativa, promueve una adecuada capacidad resolutiva del sufrimiento psicosocial de las personas, familias, grupos y colectividades, para la prosecución de la transformación personal, espiritual, moral y social de éstas.

1. Introducción

Numerosas cuestiones de la disciplina del Trabajo Social, entre otras, suelen dimanar de la sistematización de la práctica profesional de los trabajadores/as sociales que, como suele decirse, están todos los días en contacto directo con las personas, poseyendo una mochila cargada de multitud de experiencias y vivencias emocionales y afectivas, así como infinidad de experiencias técnicas que, por una u otra razón, no suelen ser concretizadas en nuevas teorías y/o modelos.

Francamente, pienso que los argumentos encontrados, la pluralidad de los múltiples matices filosóficos, el no pensar bajo los mismos parámetros y criterios, debe ser también aceptado, asumido y reconocido, no debiendo favorecerse la perpetuación entre tener la razón o carecer de ella, habida cuenta que, retóricamente, existen múltiples maneras de justificar la realidad. Como ya lo hice notar, todo este repertorio no trata de sumergirnos en un debate sobre la tolerancia o la intolerancia, sobre la transigencia o la intransigencia, sino que va más allá de los puros convencionalismos, intento que abramos los ojos y no nos dejemos dormir en el sueño de la habitualidad, puesto que, la evolución o la revolución, desde los orígenes de la historia, ha provenido de aquellos y aquellas que, aunque sea en solitario, han sido valientes y han sabido transformar el mundo, la realidad y la cotidianeidad, desde el corazón, teniendo como bandera el coraje de sustentar argumentos sólidos contra lo tradicionalmente aceptado.

Ahora se comprende por qué pretendo respetuosamente que nos alejemos de la corriente única, entendiendo lo diferente desde el dogmatismo, la pluralidad y la sublime libertad. Intentar ser plural y abierto a otras disyuntivas, no debe enmarcarse como un acto de rebeldía, es más, constituye un derecho, una demostración de suma inteligencia y crecimiento personal. Falta por decir que debemos empoderarnos como trabajadores/as sociales, dado que, los miles de colegas que ejercen la disciplina en cada uno de los rincones más inhóspitos del mundo – a los que no se les suele valorar por el simple hecho de no ser formalmente académicos e investigadores/as – al tratar directamente con la/s persona/s y sus problemáticas sociales, poseen una riqueza holística inconmensurable, dimanada de toda esa experiencia acumulada que cargan en sus mochilas. De esta forma, una cuestión es lo que se escribe y otra muy diferente lo que se vive, habida cuenta que, nadie toma conciencia realmente de las circunstancias, sin conocer la realidad palpable directamente del escenario en la que esta se produce.

2. El modelo de intervención en Trabajo Social empático-emocional desde una mirada senti-pensante [1]

Dentro de este marco ha de considerarse que los modelos de intervención en Trabajo Social han orientado y dirigido nuestra práctica profesional desde los albores de nuestros orígenes, más o menos institucionalizados, transitando de rudimentarias bases empíricas a postulados más complejos que han ido evolucionando progresivamente. Entiendo, pues, que, actualmente, los trabajadores/as sociales intervienen sobre la base de los principios rectores de una perspectiva ecléctica, sobre las bases de fundamentos propios del Trabajo Social y de las Ciencias Sociales y Humanas. En pocas palabras, esto nos lleva a caer en la cuenta que el modelo que nos ocupa se nutre de la complejidad y la transformación, de la esfera afectiva y emocional, así como de los derechos consustanciales de las personas. Ello supone que, desde el Trabajo Social, se debe hacer necesariamente uso de esa mirada sentí-pensante basada en la lógica-racional y empática-emocional para resolver las situaciones de sufrimiento psicosocial o las diversas multiproblemáticas.

Desde este punto de vista, seguidamente, se expondrá con mayor detalle, cada uno de los elementos y características que configuran el modelo propuesto:

2.1 Objeto del modelo

Empezaré por considerar el poder compartido del trabajador/a social para cambiar la vida de la/s persona/s, donde las palabras juegan un papel transcendental en todo el entramado, puesto que, los cambios se producen por los mensajes que enviamos y recibimos, verbalizados o explicitados bajo las luces de un amor[2] que relaciona a dos seres humanos en constante interacción, mediante un proceso colaborativo de la igualdad, intentando proponer alternativas y soluciones conjuntas a las problemáticas, a los sufrimientos psicosociales y a los desafíos. Por ello, debemos enseñar y educar a trasmutar la angustia, la tristeza, la ansiedad, la pesadumbre y la amargura, eso que la/s persona/s tienen secretamente guardado en lo más profundo de su corazón y que son incapaces de modificar adecuadamente, a sentimientos de fe, esperanza, e ilusión.

Es necesario aclarar que, aunque se sostiene en el amor desde un semblante positivo, natural y sin exigencias o contraprestaciones, igualmente, reconoce las miserias y dificultades de la/s persona/s, aunque como se ha venido insinuando, el amor debe constituir el eje o fundamento piramidal en la intervención cuyo objeto es empoderar, construir humanidad y ciudadanía. No obstante, pudiera pensarse que, asignando mayor prevalencia a éste, se pierde cientificidad, aunque, hay que discurrir que, paralelamente a lo emocional, el profesional despliega sus conocimientos teóricos y prácticos basados en el Trabajo Social y en las Ciencias Sociales y Humanas desde el necesario rigor científico.

Esta brevísima exposición basta para comprender que, ese amor del que hablamos, se contempla como un hecho consustancial a la propia naturaleza del ser humano, encuadrándose en la moldura de las naturalezas psicosociales que constituyen una manera de observar e interpretar el mundo. Atiende con especial preferencia a lo emocional, categorizándonos como defensores/as de lo afectivo, sembrando las semillas de una conducta asertiva, por encima de la pasiva u agresiva, que favorezca un comportamiento socialmente adaptado para confrontar aquellas situaciones de desigualdad. Así, de todo esto, nace la imperiosidad de originar un arcoíris de argumentos que fomenten el empoderamiento y propicien la positivización y las fortalezas para la prosecución de un recuadro, donde se tenga en cuenta la esencia del ser humano como un todo, ayudándole y acompañándole, a través de un proceso interactivo, a disgregar las creencias erróneas, haciéndoles comprender y asumir la realidad.

2.2 Contenido y acciones

Llegados a este punto, es oportuno mencionar que, se debe hablar de una intervención social participativa o representativa, entendiendo que las situaciones de malestar social deben ser dirimidas conjuntamente, si bien, la/s persona/s siempre deben disponer de la última palabra, al ser estas las principales actrices de sus propias vidas, conviniendo existir un proceso de retroalimentación constante, donde la/s persona/s y el trabajador/a social, conformen un equipo de trabajo y desarrollen un trabajo en equipo.

Acertadamente, produce una transferencia interpersonal que sirve para sacudir el corazón fuertemente, desvelar los misterios del alma, sin artificios, sin prejuicios preconcebidos, sin secretos, desde esa huella dejada en el camino recorrido sembrado de momentos, donde las cuestiones verbales, pero también la comunicación no verbal y gestual, promuevan esa escucha activa que nos hace ser importantes, convirtiendo a su vez importantes a los/as demás.

En este todo complejo, debemos preservar la pertinente confidencialidad y el secreto profesional de toda la información que fluya durante el proceso comunicativo, sin entrometernos en cuestiones que superan nuestro marco funcional y competencial. Obstinadamente, se invierten esfuerzos para lograr cambios conductuales, comportamentales, emocionales, sentimentales y situacionales que permitan desafiar las dificultades y vulnerabilidades, siempre bajo criterios que dignifiquen a la persona, transmutando los aspectos negativos a lo positivos para el logro de una compleja transformación.

Lo que nos lleva a decir que la asepsia es total, no emitimos juicios valorativos o prejuiciosos o estigmatizadores, únicamente el trabajador/a social acompaña, honestando las decisiones o deseos de la/s persona/s aunque se encuadren en la irracionalidad o estén sesgados por alguna otra circunstancia. La finalidad, por tanto, es hacerles ver las repercusiones de sus decisiones en función de sus realidades, a través del diálogo apreciativo y la confrontación de ideas, posturas, criterios. En suma, se blinda el respeto por el libre albedrio, la igualdad y la libertad desde un saber, ser y estar, considerando a los individuos como seres únicos capacitados para solucionar autónomamente sus problemáticas.

Quisiera añadir que, el modelo, se especifica por presentar las siguientes etapas metodológicas o momentos procesuales que, no responden a la linealidad, sino más bien a la circularidad:

2.2.1 Fase de exploración o indagatoria

Se trata del primer contacto entre el trabajador/a social y la/s persona/s, familia, grupo o comunidad. Todo el tiempo hemos hablado del amor sustentado en la intimidad, no obstante, este no puede nacer de un día para el otro, no atiende a la inmediatez, más bien, consiste en un sentimiento que se forja con el transcurso del tiempo y dentro de un sello de confianza. Sentadas las anteriores premisas y tras este examen de causa, en esta etapa, la/s persona/s trasmitirá su demanda: personal, social, mental, espiritual y/o moral al trabajador/a social, instituyendo este una primera radiografía y aproximación panorámica sobre sus condiciones personales, familiares, sociales, humanas, afectivas y emocionales, iniciando por ende, un primer acercamiento desde la distancia a sus problemas y necesidades generales en el marco de esa naturaleza afectiva y sentimental que, ineludiblemente, rodea a cualquier ser humano.

2.2.2 Fase de intercambio empático-emocional

Con la información obtenida y originaria de otras fuentes secundarias, debemos ordenar, categorizar y clarificar los problemas, erigiendo conjuntamente un relato y una narrativa dialógica que permita adentrarnos en el conocimiento de situaciones ocultas desde la confianza entre las partes. Esta sencilla observación nos indica que la empatía debe ser la bandera que alce nuestro compromiso en el cumplimiento de los derechos sociales y humanos, a la vez que permita anclar un proceso comunicativo para futuros encuentros, produciéndose un mayor acercamiento afectivo. Todo lo cual conduce a que debemos transmitir a la persona que hemos entendido su situación, comprometiéndonos a responder conjuntamente a ella.

2.2.3 Fase de concretización o comprensión emocional

Tras una serie de encuentros sucesivos, se transita paulatinamente de la mera empatía al amor compartido, donde fluye un lago de emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, mostrando ambas partes sus ángeles y demonios abriéndonos completamente a un encuentro espiritual que, más allá de una relación de poder, se convierta en un espacio de sensatez, sin perder de vista el lugar que ocupa cada uno en el puzle, desarrollando acciones conjuntas que sirvan para transmitir una enseñanza y aprendizaje que ayuden a la elección de las opciones y soluciones más acertadas. Si lo que acabo de decir es cierto, se trata de empoderar a la persona desde la perspectiva de las potencialidades y fortalezas, desde la positivización como seres humanos mutidimensionales, interdependientes e interconectados entre sí. De estas circunstancias, nace el hecho de que, se premie y reconozca esa valentía espiritual y moral, que permita que afloren conductas y comportamientos basados en el ímpetu. Redondeada así la noción, la salida pasa por el afrontamiento de los problemas de forma adulta, autocrítica y autónoma, expandiendo un adecuado repertorio de valores, mediante la combinación del razonamiento y el sentimiento, usando los recursos, servicios, ayudas y prestaciones solamente para intentar paliar o resolver la situación problemática.

2.2.4 Fase final o de circularidad

Atendiendo a la complejidad, en este punto, más que profesionales somos seres humanos que transitamos conjuntamente por un espacio común que, desde y con nuestras diferencias, somos fuertes y débiles, sorteando obstáculos, integrando emociones positivas y negativas, intentando transmutar estas últimas al marco de la felicidad, siendo conscientes de que no existe un inicio sin un final, ni un final sin un inicio. A la luz de lo sobredicho, es posible haber abordado adecuadamente un terminante problema, pero podrán surgir paralelamente otros nuevos o incluso se pueden reproducir los mismos. Tras esta digresión, la/s persona/s pueden exteriorizar cierta autonomía o quizá haya que retornar las estrategias afectivas y emocionales que les permitan abordar las condiciones desfavorables autónomamente en los entornos donde se socializan, habida cuenta que, como hemos sugerido hasta la saciedad, los procesos en Trabajo Social no responden a la inmediatez, sino más bien, son prolongados y perdurables en el espacio y en el tiempo.

2.3 Valores inspiradores

Pero antes de seguir adelante consideremos que, evidentemente como se ha ido nombrando, aquí invocamos el valor de la empatía y la emocionalidad en el proceso interventor, junto al amor por uno mismo y por los demás. De lo anterior, se desprende que deben germinar valores consustanciales al ser humano en el marco de las relaciones interpersonales como la cercanía, la intimidad, la voluntad, el compromiso, el cuidado, la sinceridad, la responsabilidad, el respeto, la valentía, la compasión, la sabiduría, la confianza y la lealtad.

Todo lo puntualizado, supone un alto grado de preocupación por los problemas de los demás, de cara a aportar y recibir un certero apoyo sentimental y un acompañamiento psicosocial desde las desiguales situaciones que se producen, permitiendo con mayor profundidad analizar las fragilidades y vulnerabilidades. Y esto necesita de ese compromiso mutuo que examine que ambas partes están en disposición de compartir un tiempo y un espacio común de camaradería en el que, a su vez, ese amor sea alimentado con y desde la lógica-racional que emana de los principios y postulados generales del Trabajo Social.

2.4 Contexto de aplicabilidad

Antes de pasar adelante es de conciencia aclarar que, sin ningún género de dudas, se puede aplicar en los diferentes niveles de intervención del Trabajo Social (individual, familiar, grupal y comunitario) y en los diversos escenarios, ámbitos y contextos de la acción social, tanto institucionales, como del tercer sector, como en la esfera privada o en el ejercicio libre de la profesión, considerándose que, el modelo esbozado, puede y debe coexistir junto a otros modelos al mismo tiempo, pudiendo ser extrapolado a otras disciplinas más allá del Trabajo Social, a otras realidades y a otros lugares.

2.5 Fundamentación y justificación teórica

Creo haber sugerido antes que el modelo propuesto, aparte de conformarse sobre la base mayoritaria de reflexiones propias, derivadas de la sistematización de la práctica profesional, se impregna de consideraciones, características, postulados y principios de otras teorías – como sucede con y en la mayor parte de los modelos de intervención en Trabajo Social – con el objeto de construir una tendencia ecléctica que enriquezca el sentido y alcance del mismo. Terminaré diciendo que, las teorías de referencia de este modelo, básicamente son las siguientes: teoría centrada en la persona, teoría constructivista, teoría de la comunicación, teoría humanista y existencialista, teoría de una ética no paternalista y de la ética del cuidado y teorías sobre modelos cognitivos.

3. A modo de cierre

En síntesis, a modo de resumen, se exponen los aspectos más sugerentes abordados en el texto:

Lo primero que podemos observar es que, aunque, a priori, pudiera parecerlo, este modelo de intervención psicosocial no se basa en ningún planteamiento clínico en sentido estricto, al menos, eso no es lo que se ha pretendido, aunque este cree un efecto terapéutico, transformador y multiplicador, personal y social. En consecuencia, está más bien orientado a los procesos sociales, empáticos y comunicativos, así, desde las relaciones interpersonales, intenta propagar conductas habilidosamente asertivas en detrimento de las pasivas y las agresivas, todo ello, desde y bajo el paraguas del amor. Aún con eso y con todo, se trata de una mera propuesta de modelo que puede y debe mejorarse con nuevas aportaciones, con críticas constructivas, con un mayor soporte epistémico, experiencial y vivencial.

De lo anterior, se desprende que, todas estas observaciones se relacionan con dos dimensiones: la dimensión transformadora y la dimensión humanista. Ya lo veis: se ha obviado profundizar en la dimensión asistencial al no ser aconsejable su aplicabilidad en el modelo que nos ocupa. De estas circunstancias, nace el hecho de que el trabajador/a social se sitúa en los diferentes niveles de intervención, en y desde el mismo plano de igualdad, buscando una salida que permita resolver los procesos resolutivos con una mirada afectiva y emocional, conjunta y coparticipativa.

Ya tenemos aquí el contraste claro: el trabajador/a social debe transfigurarse en un artista y escultor del amor (mirada emocional) que ayude a progresar, no simplemente mediante la explicitación de sus erudiciones teórico-prácticas (mirada pensante). Yo no sé si con esto he logrado hacer ver que, más bien, debemos constituirnos en ese clavo al que puedan agarrarse cuando sientan que el barco de su vida está naufragando en medio de una tormenta, convirtiéndonos en esa ancla que sirva para alejar los sentimientos negativos, animando en momentos de tristeza y desesperación. Se comprueba, de este modo, que nos instituimos como el referente que sirve de guía para ver la luz al final del túnel, desde esa ilusión de esperanza donde en la vida todo tiene solución, mientras nos quede vida.

Bien pareciera por todo lo anterior que el modelo refuerza la negación de los prejuicios y la evitación de los juicios de valor, agrupando los esfuerzos en la colaboración para tomar decisiones, donde la libertad de elección de las personas y la simétrica deben estar por encima de cualquier superioridad o poder que establezcan las normas de la institución u asociación de la que dependamos. Aquí, podemos percibir por qué intenta buscar un equilibrio madurativo en los procesos de ayuda profesionalizada, entendiendo que, más allá de los recursos, servicios, ayudas y prestaciones sociales, se encuentra el empoderamiento dentro de una complejidad distópica que hemos de superar conjuntamente, situando nuestras lentes en las potencialidades transformadoras.

Planteada así la cuestión, se asume que las decisiones que se adopten en el presente, en considerables casos, condicionarán y definirán el recorrido futuro. Por lo tanto, el modelo presentado intenta prepararnos frente a las calamidades, permitiendo que mantengamos nuestra dignidad e integridad ante los avatares y exigencias de la vida, enseñándonos a superar las derrotas, creando oportunidades de las dificultades, siendo el deber de la/s persona/s sobreponerse a toda angustia, tristeza, depresión y malestar, sirviendo todos estos conflictos como un trampolín que asienta el fortalecimiento para salir airosos y victoriosos.

[1] Para mayor abundamiento, se aconseja consultar la fuente original en: Curbelo, E. (2021). O modelo de intervención en traballo social empático-emocional desde unha mirada sentí-pensante. Revista Galega de Traballo Social-Fervenzas, 23, 55-78.

[2] El concepto de amor, en dicho contexto, se debe entender como un amor fraterno, un sentimiento afectivo muy fuerte de complicidad, dedicación e interés por el otro/a que genera una emocionalidad y sentimientos positivos, así como soluciones asertivas y afectivas conjuntas, con el objeto que, su descripción, no nos derive a una comprensión “amarillista” carente de cientificidad y alejada de lo que se pretende transmitir.

Julio 2021

Sebastián Mora Rosado

Universidad Pontificia Comillas

El riesgo que algunas características de los estados de excepción se conviertan en permanentes pueden convertirse en una técnica habitual de los gobiernos. Visibilizar la voz articulada de las personas en exclusión es levantar la excepción democrática de los ámbitos de mayor vulnerabilidad.

Estamos viviendo una situación singular como humanidad. Una situación excepcional que se ha convertido en un fenómeno totalizante. Afecta a nuestra salud; a las relaciones sociales; a la economía y la política; a la vida familiar; a nuestra forma de relacionarnos con Dios… Singularidad, excepcionalidad y totalidad que perturban nuestra condición existencial.

Es tan profunda la incertidumbre, que como sociedad estamos dispuestos a soportar pirámides de sacrificio, como contrapartida de un futuro inmune al virus. La lucha contra la pandemia, escenificada bajo una simbólica bélica, promete ganar la guerra al virus. El objetivo es vencer lo antes posible reconociendo, que como en todo contexto bélico, habrá enormes sacrificios. En un marco de guerra los gobiernos deciden que vidas merecen ser lloradas y cuales pueden caer en el olvido (Butler, 2010). Como el Angelus Novus de Klee, que Walter Benjamín simboliza como ángel de la historia, caminamos empujados hacia un futuro prometedor pasando por encima de las víctimas de la historia. El empuje hacia el porvenir nos hace inmunes al sufrimiento de las víctimas, que acaban siendo un precio necesario para llegar a la victoria final.

En este contexto, el establecimiento de un Leviatán sanitario, como sugiere Svampa (https://www.nuso.org/articulo/reflexiones-para-un-mundo-post-coronavirus/) puede hacernos temer la pérdida de músculo democrático, para caer en las manos de una nueva sociedad tecnodisciplinaria. Este fundado temor, nos hace olvidar que el pasado democrático ya poseía síntomas de una precariedad intensa. Además, si esta precariedad democrática la analizamos desde las personas en proceso de exclusión, sin temor a equivocarnos, podemos hablar de una auténtica excepción democrática. Si volveremos a regímenes totalitarios, con otras tecnologías de lo político, o profundizaremos en una democracia social está por ver. Ahora bien, desde la situación de las personas en proceso de exclusión, la excepción se hace permanente. Las personas en exclusión vivían en un estado de excepción democrática, antes de la pandemia, y todos los pronósticos dibujan una profundización de este escenario.

1. Los confines de la política

Esta guerra exige medidas excepcionales en todos los ámbitos: sanitarios, sociales, económicos, culturales y, como no, políticos. De hecho, vivimos bajo el estado de alarma desde hace semanas. Esta situación significa, de manera sintética, la concentración excepcional de poderes en el gobierno de la nación. Incluso, la primera declaración de estado de alarma es una prerrogativa del presidente del gobierno, que en sucesivas prórrogas ha de contar con la aprobación del Congreso de los diputados. En definitiva, el estado de alarma es una figura política que suspende la normalidad democrática para lograr el orden perdido. Es una figura político-legal de aquello que es muy difícil que tenga forma jurídico-política. Suspender el orden para restablecer el orden.

Carl Schmitt, en su Teología Política, acuña una definición, que se ha hecho punto central de la discusión en filosofía política, del soberano afirmando: es quien decide sobre el estado de excepción (2009:13). En el estado de excepción el soberano concentra toda la soberanía, que podía residir en otros ámbitos en situación de normalidad política. La pregunta que brota en esta situación es: ¿puede prolongar el estado de excepción sus tentáculos más allá de este tiempo interrumpido por la pandemia? Aquello que se nos presenta como excepcional y provisorio, ¿acabará convirtiéndose en una técnica habitual de gestión de los gobiernos?; ¿podríamos hablar de una suerte de estado de excepción permanente? Para algunos autores el estado de excepción viene siendo paradigma de gobierno desde hace años (Agamben, 2003) y se hace especialmente preocupante en la actualidad.

Esta realidad no es nueva. En el año 2016 escribían Julio Díaz y Carolina Meloni un texto, que parece un análisis sociológico de la actualidad más que una reflexión filosófica abstracta:

El fantasma de la enfermedad se hace presente y, con él, los dispositivos inmunitarios invaden todos los planos de lo social. Cuando el flagelo azota, las barreras profilácticas se vuelven imprescindibles: fronteras, cuarentenas, guetos, estado de excepción, militarización de la zona y control policial extremo son algunos de los dispositivos que van configurando el imaginario de nuestra nueva civilización y de la gestión que hacemos del peligro. La peste, recordaba Foucault, trajo consigo la creación del aparato policial para mantener el orden y la salud del tejido social. Las amenazas de las nuevas epidemias han originado una nueva policía más capilar y porosa. Se trata de combatir el contagio tanto del cuerpo individual como del social. Se vigila, observa, controla y aísla la amenaza interna a través del cercamiento y la compartimentalización de lo real (Díaz & Meloni, 2016:83).

En el imaginario ciudadano parece asentarse, con cierta naturalidad, la idea de que en tanto más cedamos nuestra libertad, más ágil y eficiente será la batalla contra el coronavirus. Ponemos a los gobiernos asiáticos como ejemplo de gestión eficiente, aunque puedan estar en duda ciertos criterios democráticos, como afirma Chul Han. La monitorización digital y analógica se presenta como modelo de gestión en tiempos de excepción. Medidas de vigilancia antiterrorista son aprobadas en algunos estados para hacer seguimiento a los pacientes de coronavirus aduciendo el estado de excepción. Vigilancia que ya no se modula únicamente sobre comportamientos, sino sobre emociones también. La prioridad es salvar vidas y, para conseguir dicho fin, es necesario desprenderse de ciertos ámbitos de protección de nuestra libertad.

Pero no solo cedemos nuestra libertad. También consentimos, en nombre de la vida, la expulsión y el desprecio por algunas vidas que no merecen ser preservadas. En el momento en que la vida se convierte en el valor por excelencia, el valor absoluto, al cual cualquier otro debe estar subordinado, se puede pensar que también el sacrificio de una porción de vida pueda ser necesaria para el desarrollo de este valor (Esposito, 2009:136). En nuestro Estado, hemos conocido como bajo el precepto de salvaguardar la vida, hemos despreciado la vida de muchas personas mayores que no han merecido ser lloradas.

La política se está encontrado con sus límites en los confines de la pandemia. El confín nos sitúa en el límite, la frontera y la ambigüedad. Sin embargo, es en esta tierra de nadie dónde podemos resignificar la política en estos tiempos de incertidumbre. El horizonte de la pandemia nos impulsa a la necesidad de preguntarnos por ese ámbito del nosotros que llamamos política.

Este nosotros, no acabamos de resolver si se ha consolidado en estos tiempos excepcionales o, más bien se ha debilitado. Para algunos autores, el miedo disuelve el nosotros. El estado de excepción difumina el nosotros gravemente.

El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa (Chul Han).

Sin embargo, para otros autores la epidemia nos hace vivir como un solo organismo en su dinámica de defensa contra el virus. En tiempos de contagio somos parte de un único organismo; en tiempos de contagio volvemos a ser una comunidad (Paolo Giordano).

Sea cual sea la inclinación que demos a nuestros pensamientos es clara la apelación a repensarnos políticamente. Podemos decir con Balza, aludiendo a Foucault y su interpretación de Aristóteles, que no debemos olvidar que la política no es un mero artificio de un ser viviente que requiere de una existencia política. Más bien podemos decir que la persona, en el momento actual, es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente (Balza, 2013). En tiempos de excepción hay un extremo poder sobre la vida, que se oculta bajo discursos persuasivos de defensa de la vida. Como se han puesto en entredicho nuestras vidas, es urgente rescatar la política de las tentaciones totalitarias. Las epidemias acaban con el demos, como bien sabemos desde los griegos, y conforman una interrupción democrática tras la búsqueda de una inmunidad anhelada. La inmunidad exacerbada acaba convirtiéndose en un impulso de antidisolución que parece encontrar su réplica más que metafórica en esas enfermedades, llamadas precisamente autoinmunes, en las que el potencial bélico del sistema inmunitario se eleva a tal extremo que en determinado momento se vuelve sobre sí mismo en una catástrofe, simbólica y real, que determina la implosión de todo el organismo (Esposito, 2005:29). Y no podemos olvidar que las enfermedades autoinmunes también matan.

2. El retorno de la vulnerabilidad

Vivimos tiempos de tecnoutopía posthumana. Los avances del mundo digital y de la tecnociencia prometen un mundo feliz. Mundo que no descansa en ninguna de las utopías del progreso de la humanidad que habitan en el pensamiento político desde la Ilustración. Más bien, proclaman un cambio de paradigma que sustituye el Progreso como motor invisible de la historia por el modelo de Innovación, que promete un salto al futuro permanente de manera disruptiva y no progresiva (Coenen, 2016). Estábamos a un salto de liberarnos de este costoso mundo de la fragilidad, gracias a los permanentes avances innovadores, pero llegó el coronavirus.

Los diferentes transhumanismos o posthumanismos se presentan como una propuesta de revolución silenciosa y pacífica que nos iba a llevar a un mundo sin dolor, sufrimiento o enfermedad (Ferry, 2018).

Esta huida de la realidad hacia otras naturalezas sin mundanidad, se convierten en una aventura mítica en mucha de sus formulaciones. Como dice Riechmann el transhumanismo se convierte en un mito gnóstico que destruye toda posibilidad de construir mundo y, por tanto, de construir un nosotros. La tecnociencia parece prometernos una liberación de nuestra materia biológica y de nuestro devenir histórico para poder escapar de nuestra frágil condición humana. La búsqueda de un humano desencarnado convertido en pura información y codificación ciberbiológica se convierte en una utopía alcanzable. En este contexto, la pandemia llega para humanizar nuestra existencia. Somos más humanos de lo que pretendíamos: frágiles, interdependientes, necesitados de afecto y sentido existencial. En este tiempo interrumpido, irrumpe la condición humana mostrando su paradójica vulnerabilidad.

Para nuestro propósito político, en el marco de la pandemia, podemos valernos de dos conceptos de la filosofía política de Butler: precariedad (precariousness) y precaridad (precarity) (Butler, 2006). El primero alude a la universal vulnerabilidad que sufrimos los humanos. La esencia de lo humano está caracterizada por la fragilidad y debilidad. El segundo concepto expresa la condición vulnerable que sufren personas y colectivos que son excluidos y expulsados.

La precariedad es expresión de vulnerabilidad radical y en ella reside la condición humana (Butler, 2016). Si no aceptamos esta constitutiva precariedad, los humanos acabamos conformando entornos idealizados que excluyen a los más débiles (Nussbaum, 2007), negando las verdaderas capacidades que tenemos las personas. La vulnerabilidad (de vulnus, «herida») implica fragilidad biológica, dependencia y rela­ción. Ser vulnerable es estar expuesto a ser herido y no ser capaz de sobrevivir al margen de la hospitalidad de los otros (bien lejos de la utopía trasnhumanista). La condición humana, desde una antropología de la vulnerabilidad, no puede escapar a esta fragilidad e interdependencia.

La tecnoutopía posthumana que promete la liberación de la condición humana (Human Enhancement), destruye la vulnerabilidad que es condición sine qua non de un nosotros. La política es articulación transitoria de un nosotros precario que requiere de hospitalidad.

Esta constitutiva vulnerabilidad (precariousness) queda desbordada desde la perspectiva social y cultural cuando se vive como precaridad (precarity). Las condiciones de vida que sufren algunos colectivos, pueblos o personas expresan la absoluta inhumanidad de nuestro mundo. Personas al margen del bienestar mínimo, recluidas en círculos de explotación y exclusión, expropiadas de presente y de futuro llegando a convertirse en población expulsada y sobrante (Sassen, 2015). Son personas convertidas en cuerpos abyectos (Butler) y, por tanto, eliminables impunemente. Para estos seres abyectos, no hay promesa de felicidad. En la eugenesia de nuevo cuño (Ferry, 2018) se vislumbra una enorme preocupación por deshacerse de la precariedad, en tanto que vulnerabilidad esencial de lo humano, y pocas pretensiones de afrontar la precaridad como forma inhumana de convivencia.

Esta promesa de una vida alejada de la condición vulnerable, defendida por el transhumanismo, retorna en tiempos de pandemia como utopía de un mundo sin COVID-19. Una lucha contra la condición vulnerable. Lucha por la que nos desprendemos de nuestras esferas de libertad y busca inmunizarse contra todo peligro potencial. Ahora bien, lucha que sigue despojando a los más vulnerables y excluidos del derecho a la vida. Hay vidas que no merecen ser lloradas. Se presentan como seres eliminables (Homo Sacer). Como dice el papa Francisco hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos, «sobrantes» (Francisco, 2013. nº 53).

Precariedad y precaridad (Butler) van siempre de la mano en la vida singular histórica. En los laboratorios del pensamiento podemos diseccionarlas, pero en los laberintos de la historia se despliegan hermanadas en la existencia concreta.

Sin duda, el COVID-19 nos afecta a todas las personas, pero de manera desigual. Todas las personas estamos expuestas al contagio, estamos aguantando el confinamiento y, además, las consecuencias sociales y económicas nos afectarán a todas las personas. Sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico, el virus afecta más intensamente a algunos colectivos por edad o por patologías previas. La incidencia sobre las personas mayores está siendo de una violencia extraordinaria. La condición humana vulnerable tiene grados dependiendo del agente que incide sobre ella.

Además, la pandemia sanitaria es también una pandemia social (Mora, 2020), como es regla en todas las crisis independientemente de su origen. Tomando como ejemplo la dinámica de la llamada Gran recesión (2008) -que a tenor de los escenarios que se dibujan rebajará su calificativo- decíamos: la crisis nos afecta a todas las personas independientemente de su posición social. Es cierto, que el primer impacto fue bastante generalizado, pero inmediatamente empezó a concentrar sus efectos en las personas más vulnerables. Al comienzo de la crisis, en el año 2007, la población integrada era del 49%. Es decir, las personas que tenían una vida estable en lo social rondaban el 50% de la población. En el otro polo de la estructura social, el 6% de la población vivía en condiciones de exclusión severa. Si observamos los datos de 2018 vemos como las personas que viven en situación de integración plena están casi en el 49%, dato previo a la crisis, pero las personas en exclusión severa están dos puntos y medio por encima (8,8%). El orden llegó para los integrados, pero para los más vulnerables la exclusión se amplió. La exclusión se forjó más extensa, más intensa y crónica. Revelando, como siempre, que un lugar social desigual tiene consecuencias desiguales en el desarrollo de cualquier proceso social, económico o sanitario. Vivimos tiempos donde el riesgo a una excepción democrática es notoria. Pero, al igual que en otras crisis, podemos idealizar el punto de partida. En tiempos de excepción la vuelta a la normalidad parece como una vuelta al paraíso. Como si ansiáramos la vuelta a una sociedad que desplegaba un edén democrático permanente. Antes del COVID-19 nuestra democracia era un sistema político frágil y complejo.

3. Democracia precaria

En la última década del siglo XX aplaudíamos la llamada tercera ola de democratización (Huntington, 1993) y, sin embargo, estamos empezando el siglo XXI con una vuelta al puño de hierro^[1]. La subida de la extrema derecha en países muy diversos entre sí (desde Noruega a Brasil, pasando por Alemania o España); los gobiernos impolíticos de países modelos de democracia liberal (Gran Bretaña o EEUU); la permanencia y extensión de países fallidos especialmente en África, muestran la compleja realidad política que vivíamos antes del coronavirus.

Son tiempos de una política frágil, precaria y compleja (Innerarity, 2015; 2020) a pesar de los giros autoritarios. En primer lugar, porque la gobernanza está atravesada por una complejidad aguda (Fernández-Albertos, 2017). La política pretende, con poco éxito, ser política territorial del Estado-nación. Sin embargo, los procesos sociales fundamentales, las grandes transformaciones digitales, los impactos medioambientales y las pandemias no conocen fronteras. Tenemos procesos globales bajo el control de gobernanzas estatales, problemas internacionales afrontados con leyes estatales y riesgos mundiales abordados desde instituciones regionales. Esta complejidad, por ámbito de gobernanza, se ve intensificada cuando atendemos al entramado decisional requerido. Las decisiones se despliegan en una trama multinivel de difícil comprensibilidad.

En segundo lugar, no podemos pasar por alto, la desafección política profunda y severa de nuestras sociedades. La fatiga civil nos acompaña en nuestras sociedades occidentales. Hemos edificado una democracia sin demos (Camps, 2010), una democracia sin pueblo, un modelo de gobernanza sin ciudadanos.

En este contexto, va ganando terreno de manera cautelosa un modelo de democracia elitista que desde diferentes variaciones va conquistando legitimidad. Los diversos planteamientos del gobierno de los expertos o de instituciones expertas están calando en la ciudadanía. En estos momentos de pandemia es claro y evidente. Hacemos lo que nos dicen los expertos repite incansablemente nuestro presidente del gobierno. Se valoran positivamente los procesos gestionados por los expertos, antes que los procedimientos propuestos desde el ámbito político formal (Fernández-Albertos, 2018:90) estableciendo una democracia sigilosa (Fernández-Albertos, 2018:91) con una legitimidad borrosa desde el punto de vista político.

Esta cosmovisión democrática ha adquirido mucho relieve en la actualidad desde el llamado ascenso de los populismos. En este contexto parece urgente reivindicar la epistocracia como modelo democrático. La epistocracia tiene diversas modalidades y gradaciones, pero todas basadas en un punto común. Es necesario el gobierno de los pocos (informados y capaces) sobre el gobierno de la mayoría. Estas mayorías, dicen los defensores de este modelo, se comportan de manera sesgada, irracional y emocional (Brennan, 2018).

En este trasfondo, expresado de manera esquemática y sintética, emerge la crisis del coronavirus. Los escenarios están abiertos: ¿saldremos democráticamente reforzados?, ¿dominarán las tendencias autoritarias legitimadas por la búsqueda de inmunidad y posibilitadas por la tecnociencia?; ¿el espíritu comunitario logrará vencer al aislamiento inmunitario?

4. Para los excluidos el estado de excepción es la regla

La historia es un dinamismo abierto a diversos escenarios posibles. La historia es creación humana abierta a la esperanza. Sin embargo, como reza la Tesis VIII Sobre el concepto de historia de Walter Benjamin: la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos es la regla. Debemos llegar a una concepción de la historia que se corresponda con esta situación.

El VIII Informe Foessa, presentado hace unos meses, lo dibuja con una nitidez clara. Las personas excluidas están al margen de la democracia. Por ejemplo, hay barrios populares con una abstención mayor al 70%. Esto significa que sus demandas no son escuchadas, son silenciadas, o más bien, son absolutamente ignoradas porque no ejercen presión sobre las estructuras políticas. Precariado político y precariado social, en sociedades frágiles, se dan la mano construyendo un escenario de expulsión profunda. El estado de excepción, desde la tradición de las personas en proceso de exclusión, es la norma. Han vivido y viven en la excepción democrática.

Desde cualquier análisis de participación política se revela, con suma claridad, que las personas en situación de exclusión padecen un enorme gap democrático. Es decir, las personas en situación de exclusión están también expulsadas del ámbito de lo político.

En las condiciones actuales, muy determinado por las condiciones de desigualdad y exclusión, está surgiendo no solo un precariado social, sino también un precariado político que siente cada vez de manera más notoria que su voz no cuenta para los asuntos públicos. Fernández-Albertos (2018), argumenta que la complejidad en los procesos de gobernanza y los procesos de intensificación de la desigualdad están generando la aparición de este precariado político que se siente al margen del espacio público.

Existe una segregación social clara con respecto a la participación electoral. Este comportamiento lleva a una conclusión directa. Si las personas en situación de exclusión no votan, acaban siendo políticamente irrelevantes. Que sean olvidados y silenciados significa que desaparecen de la agenda política. Y, al desaparecer de la agenda política, también desaparecen las políticas que pueden luchar contra la situación de exclusión que padecen. Por ejemplo, parece demostrado que en los países con mayor participación de las personas vulnerables los niveles de desigualdad son menores. Es decir, su voz es tenida en cuenta y se implementan políticas para, al menos, disminuir la desigualdad (Mahler, Jesuitz, & Paradowski, 2014).

Podemos pensar, que este absentismo electoral se ve compensado por una mayor participación de las personas en exclusión en los cauces no convencionales. Sin embargo, esto no parece ser así. La participación en las formas no convencionales mantiene la desigualdad en las personas con menores capacidades educativas (que podemos correlacionar con bajos ingresos) sin embargo disminuye en los grupos de jóvenes y desde una perspectiva de género (Marien, Hooghe, & Quintelier, 2010; Stolle & Hooghe, 2009; Urdánoz, 2013). Es decir, sí que logran minimizar la brecha generacional y de género, pero no la de las personas en procesos de exclusión.

En España la participación por canales no convencionales de las personas en situación de exclusión ha sido muy bajo. Incluso ausentes del dinamismo de los movimientos sociales alrededor del 15 M. El grueso de los activistas, tenían en común un nivel de formación medio-alto, eran relativamente jóvenes y pertenecían a las clases medias (Calvo, Gómez-Pastrana, & Mena, 2011). La Plataforma Antidesahucios (PAH) fue una excepción en la que las víctimas y los activistas formaban una sola agrupación.

Hemos edificado una democracia con ausencias significativas. Ausencias que no son debidas a un estado de excepción temporal, sino que para las personas en situación de exclusión es la regla. Parece que de manera recurrente la voz de los excluidos es a su vez excluida incluso en la teoría de los modelos de democracia (y, paradójicamente, también de los modelos que aspiran a la plena inclusión política de los excluidos) (Palano, 2018:149).

Como bien dice Zubero, las personas en exclusión no cuentan, son invisibles e invisibilizados:

Los excluidos son seres sin voz, seres solitarios, agrupados sólo estadísticamente cuando las administraciones o alguna organización social los cuentan. Pero los excluidos no se movilizan, no protestan, no se manifiestan, no se juntan ni se organizan. Son invisibles. Y si se muestran, lo hacen como asaltantes de la cotidianidad en una esquina o en un semáforo; pocas veces ya, como ocurría antes en los pueblos y barrios, alcanzan siquiera a mendigar puerta por puerta. Y como todo lo que rompe con nuestra normalidad, molestan: en nuestras sociedades el pobre -como el enfermo, como el viejo, como el muerto- debe ser apartado de nuestra vista (Zubero, 2014:74).

Las personas en exclusión, en su dimensión pública, se vuelven irrelevantes como sujetos en actos comunicativos. Aunque comunicativamente sean el centro de atención, es desde un punto de vista de objeto de esta (Herzog, 2009). Las personas en proceso de exclusión parecen no ser interlocutores válidos (Cortina, 2007:236-237) para defender sus propuestas e intereses.

En el juego democrático no hay espacio para las personas en exclusión. No se les tiene en cuenta al negociar las reglas y difícilmente pueden reclamar sus derechos. No sólo son perdedores en el juego sino superfluos para el juego (Bude & Willisch, 2008:25. Citado por Herzog, 2009). Son superfluos y sobrantes.

5. La excepción democrática

Para las personas en exclusión la excepción democrática es la regla. Para ellos, la estructura jurídico-política va transformándose en campo (Agamben, 2001; 2016), en espacio de excepción donde, en palabras de Arendt, todo es posible.

Visibilizar la voz articulada de las personas en exclusión es levantar la excepción democrática de los ámbitos de exclusión. Necesitamos espaciar el espacio público (Rancière) para que nuestra democracia no siga incrementando una masa de residentes estables no ciudadanos (Agamben, 2001:28), que acabe convirtiendo la vida para los expulsados en supervivencia impolítica.

6. Bibliografía

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[1] Los informes Freedom in the world comenzaban el siglo con el título Discarding Democracy: A Return to the Iron Fist (2015)

Mayo 2020

Mireia Milian. Responsable del Programa de familia e infancia de Càritas Diocesana de Barcelona

Miriam Feu. Responsable del Departamento de análisis social e incidencia de Càritas Diocesana de Barcelona

Carmen García. Responsable del Programa de familia e infancia de Cáritas Española

Puedes encontrar a Mireia y a Miriam en Twitter.

El artículo recoge los principales retos que se desprenden de los resultados de este informe publicado por Foessa y realizado por Càritas Diocesana de Barcelona en el acompañamiento a familias, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Incluye retos para la administración, siempre desde una mirada integral centrada en el ejercicio de la parentalidad positiva, recogiendo elementos estructurales socioeconómicos así como elementos psicosociales y relacionales.

La familia es la primera comunidad de referencia de las personas y es donde se dan y se reciben los primeros cuidados. Es el espacio en el que se aprenden las normas básicas de convivencia y se desarrollan las capacidades y habilidades necesarias en la vida. Aprendemos en familia a relacionarnos, a dialogar, a ceder y a sentirnos escuchados. Construimos nuestra personalidad y recibimos valores que nos van a guiar en nuestra vida. Y, sobre todo, es donde nos sentimos queridos y seguros, donde cuidamos y nos sentimos cuidados. Sin embargo, existe en nuestro país un déficit estructural en las condiciones de vida de las familias con niñas, niños y adolescentes en comparación con las del resto de países europeos, y, a pesar de que desempeñan un papel central e insustituible en nuestra sociedad, todavía no hemos sido capaces de ponerle freno a la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Con la intención de conocer los factores que influyen en el ejercicio de la parentalidad positiva[1] de las familias que acompañamos en Cáritas, el pasado 19 de octubre se presentaba en Barcelona el informe “Cuidar y crecer en fragilidad: familias, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad” elaborado por el Programa de familia e infancia y el Observatorio de la realidad social de la diocesana de Barcelona, bajo el asesoramiento del Programa de familia de Cáritas Española y de FOESSA. Se trata de un estudio muy amplio que nos muestra el ejercicio de la parentalidad en condiciones socioeconómicas adversas, con escasos apoyos y con una responsabilidad que se carga y se vive en soledad en muchos casos. Sin embargo, las competencias parentales son ejemplares, con una puntuación de 8 sobre 10. ¿Cómo se puede ejercer la parentalidad cuando no puedes pagar la habitación de realquiler, no encuentras trabajo y no tienes ningún familiar o amigo que te eche una mano? Además del sobresfuerzo que deben realizar los padres y madres y sus hijos e hijas para poder superar las condiciones adversas en las que viven, las elevadas competencias parentales se sustentan también en elevados niveles de resiliencia, que superan la media de la población. Nos encontramos, por tanto, con familias que viven unas condiciones marcadas por la precariedad laboral, exclusión residencial, pobreza severa, situación administrativa irregular y estudios sin homologar, así como con redes sociales escasas y un mayor riesgo de sufrimiento psicoemocional, que sustentan el ejercicio de la parentalidad en su resiliencia y en un sobresfuerzo titánico. Un precio muy alto que deben pagar para seguir siendo el padre y la madre que les gusta ser, a pesar de todo. Y un atentado contra el derecho de las familias de poder ejercer la crianza en unas condiciones mínimas, así como contra el derecho de los niños, niñas y adolescentes de recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, tal y como establece el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño. Además, estas situaciones presentes de desigualdad tienen una elevada probabilidad de materializarse en situaciones futuras de pobreza y exclusión si no se hace alguna cosa para frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza.

A pesar del contexto de mayores dificultades estructurales, los padres y madres acompañados por Cáritas siguen ejerciendo la parentalidad positiva con sus hijos e hijas lo mejor que pueden y saben, realizando un sobresfuerzo y, recibiendo, en muchos casos pocos o ningún apoyo

Ante esta realidad, y a la luz de los resultados del informe, nos surgen algunos elementos de reflexión, tanto desde el papel de las administraciones como desde la intervención social que realizamos en Cáritas. En primer lugar, no es solo cuestión de prestaciones, pero sí es necesario reforzar la protección y la transferencia material, a partir de una prestación universal por crianza, durante los años más intensos de la misma (aunque no solo) y, por importe suficiente para garantizar la estabilidad familiar que logre reducir las desigualdades, de forma que al actuar sobre la desigualdad presente, se actúe de forma preventiva sobre las desigualdades futuras. Sabemos también que debemos abordar la pobreza infantil desde una perspectiva amplia e integral, y no solo como privación material. Es decir, combinando la garantía de unos ingresos familiares con la garantía de derechos fundamentales, como el derecho a una vivienda digna o el derecho a la educación de calidad e inclusiva, así como el derecho a disponer de una situación administrativa regular, cuyas vulneraciones limitan gravemente las oportunidades de niños, niñas y adolescentes de salir del ciclo de la pobreza y la exclusión.

Es esencial que los cuidados, y el ejercicio de la parentalidad positiva, no recaigan únicamente en las posibilidades económicas o de capital social disponible por parte de las familias, sino que sea el Estado quien asuma la responsabilidad de cuidador de las personas dependientes, estableciendo medidas y políticas que faciliten que las personas puedan tener el derecho de cuidar y sentirse cuidadas

En segundo lugar, y atendiendo a los resultados del estudio, la importancia de tener redes sociales suficientes y satisfactorias va más allá del beneficio que ya supone disponer de redes informales que faciliten los cuidados y la conciliación familiar, y se encuentra en el hecho de que son esenciales también para el bienestar y la calidad de vida de las familias. En concreto, se refuerza la idea de que es clave disponer de redes sociales adecuadas y satisfactorias sobre el bienestar psicoemocional y la resiliencia de los adultos, así como también de los niños, niñas y adolescentes, y un mecanismo para fortalecer las relaciones de parentalidad. Por lo tanto, además de insistir en que las políticas públicas pongan el foco en garantizar derechos fundamentales, es importante que tanto las políticas públicas como nuestro acompañamiento se centren en fortalecer las redes sociales y comunitarias de las familias y de los niños/as y adolescentes en situación de vulnerabilidad, de tal forma que faciliten los cuidados y la conciliación familiar, y mejoren la calidad de vida de las familias. Nuestros proyectos de intervención deben preguntarse por el cómo se realiza nuestra acción, garantizando la participación y la construcción de comunidad desde espacios de escucha, y quizá en estos casos dejar en un segundo plano el qué, puesto que, al fin y al cabo, sea lo que sea, si se realiza en un espacio participativo y donde las personas se sienten una parte integrante, va a ser beneficioso para ellas, puesto que los estudios demuestran que la vinculación a la comunidad de referencia aumenta la capacidad de resiliencia. Sin embargo, no debemos centrarnos solamente en aumentar la resiliencia, sino que precisamos de mecanismos colectivos que protejan tanto a las personas en momentos resilientes como a las personas en momentos con menor capacidad de resiliencia. Además, desde una mirada más amplia, también el ocio compartido en familia, el tiempo libre saludable y el acompañamiento de la educación potencian el ejercicio de la parentalidad positiva. Así pues, estos espacios participativos y generadores de comunidad en nuestros barrios, como los casales, bibliotecas, asociaciones culturales o centros cívicos deberían ser tan educativos como la escuela.

Es importante generar espacios de participación y de vínculo con la comunidad de referencia que repercutan positivamente en el aumento de las redes sociales de las familias y en consecuencia en su bienestar emocional y capacidad de resiliencia

Ya que entramos en el ámbito educativo, el estudio muestra que los padres y madres en situación de vulnerabilidad acompañados por Cáritas provienen de entornos en los que no había recursos socioeducativos en sus infancias o no pudieron participar en ellos, mientras que sus hijos e hijas viven en un contexto mucho más rico en oferta, y participan de ellos en mucha mayor proporción, aunque sea insuficiente, sobre todo, comparativamente con NNA que no se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social. En concreto, a pesar de que prácticamente todos los padres y madres han podido escolarizarse, la mayoría tuvo que dejar prematuramente los estudios, principalmente por dificultades económicas y de apoyo familiar, mientras que no esperan esto les vaya a pasar a sus hijos e hijas. Además, más allá de la escuela, dos de cada cinco padres y madres no pudieron participar en recursos socioeducativos, mientras que la participación de sus hijos e hijas es más elevada (dos de cada tres participan). Sin embargo, si bien los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad participan mucho más en esplais[2] y grupos scout y en centros abiertos que el conjunto de la población infantil y adolescente de la ciudad, se da lo contrario en las actividades extraescolares, donde participan en una menor proporción. Esta menor participación se vincula de nuevo a las dificultades económicas del hogar y representa una situación de desventaja para los niños, niñas y adolescentes de estas familias. Cabe destacar que no solo es importante la participación, sino también el hecho de que la población en situación de exclusión social pueda participar en los mismos espacios en los que participe la población integrada, puesto que de lo contrario no se conseguirían los objetivos deseados. Es decir, si los niños, niñas y adolescentes en situación de exclusión social participan solo en espacios específicos para la población sin recursos, se seguiría reforzando la desigualdad de oportunidades, la segregación y la falta de generación de redes sociales diversas y localizadas. Así, aunque los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad tienen mayores oportunidades socioeducativas que sus padres y madres, la barrera económica sigue siendo un freno a su participación, y su acceso a los diferentes recursos es desigual con respecto al resto de niños y niñas. Por lo tanto, se nos plantea un doble reto desde lo público y desde nuestro acompañamiento: garantizar el acceso en equidad a las actividades extraescolares (promoviendo su gratuidad o facilidades en el acceso a todas las familias) y asegurar que se desarrollan en los mismos espacios para todos, con independencia del nivel socioeconómico de las familias, puesto que el ocio y el tiempo libre saludable refuerzan los espacios de inclusión para conseguir la igualdad de oportunidades. Esto implica, entonces, repensar nuestros espacios de atención exclusiva a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, de manera que sean espacios abiertos a todas las familias.

Se debe seguir trabajando en conseguir la igualdad de oportunidades a través del acceso a la educación desde una mirada integral

El estudio constata también que los progenitores que han participado en el pasado en recursos socioeducativos tienen mayores competencias parentales: compartir ocio y tiempo libre, asesoramiento y orientación y comunicación de las emociones y el afecto y momentos compartidos de juego y de risas mejoran nuestra calidad de vida al tiempo que nuestras competencias parentales. Por lo tanto, la aportación del ocio y del tiempo libre saludable en la calidad relacional y en el refuerzo de las funciones afectivas y de protección a la infancia y adolescencia es un elemento clave, como también lo es la mirada integral en la educación, más allá del ámbito escolar. Como sociedad seguimos teniendo el reto de incorporar una mirada integral en la crianza y educación de los niños, niñas y adolescentes, entendiendo todo el espacio de acompañamiento. Debería preocuparnos que estos espacios sean a base de esfuerzos económicos y de tiempo por parte de los progenitores y que, se considere como algo extra en lugar de integrarlas dentro del sistema educativo y sean parte del mismo. Desde Cáritas entendemos que todo es aprendizaje y educación (formal y no formal) y el ocio y tiempo libre además de aportar aprendizajes esenciales, son al mismo tiempo un derecho, el de educarse desde la integralidad, sin olvidar tampoco el derecho a un aburrimiento consciente por parte de los niños, niñas y adolescentes, en donde no todo tenga que ser estructurado y agendado. Por lo tanto, es importante también facilitar espacios físicos comunitarios de proximidad, parques adaptados y accesibles en todos los barrios, en los que se les permita a las familias disfrutar de tranquilidad y de tiempo compartido con sus hijos e hijas. Es decir, espacios en los que haya encuentro con otras familias y ocio sin actividades preestablecidas.

Una infancia rica en oportunidades socioeducativas refuerza la calidad relacional y por ende la parentalidad, por lo que se debe reconocer la aportación del ocio y del tiempo libre saludable en la calidad relacional de la sociedad, y como un elemento vital en la inclusión social

En lo que respecta al mayor riesgo de sufrimiento psicoemocional que encontramos en las familias acompañadas por Cáritas, y además del fomento de proyectos generadores de vínculos con el entorno y de pertenencia a la comunidad, como ya se ha comentado, se debería asumir, desde las administraciones públicas, la responsabilidad de garantizar e invertir en políticas de prevención, diagnóstico y cuidado de la salud mental, tanto de adultos como de sus hijos e hijas. Se trata de promover políticas públicas que amplíen los recursos de salud mental sin estigmatizar. Y esta responsabilidad se une a políticas sociales de garantía de derechos fundamentales, que, recordemos, también son esenciales para garantizar el bienestar emocional. Entre ellas, cabe destacar una política pública en vivienda que garantice el acceso y el mantenimiento de una vivienda adecuada y segura como núcleo esencial de la vida y como necesidad básica para el desarrollo de las personas en entornos seguros y protectores, lo que posibilita la generación de proyectos vitales. La vivienda es el espacio donde construir un hogar, más allá de lo arquitectónico y físico, un espacio en el que tener intimidad, tanto individual como familiar, que permite crear y fortalecer lazos entre las personas convivientes. Por lo tanto, una vez más, la vivienda emerge como tema clave que impacta directamente en el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes y sus familias.

Finalmente, dos reflexiones finales. Por un lado, se debe tener en cuenta tanto desde la intervención como desde los planteamientos legislativos, el valor de los cuidados, y, sobre todo, los de las personas más vulnerables y dependientes. Actualmente, el foco de los cuidados, si aparece, se centra únicamente en la mirada de lo laboral y de la conciliación. Sin embargo, si queremos que se desarrollen cuidados saludables y en condiciones adecuadas, es importante tener en cuenta también la gestión del tiempo como un derecho. Es decir, el derecho a que los niños, niñas y adolescentes dispongan de más tiempo para un ocio y tiempo libre saludable y en familia, y donde los adultos puedan ver también reducida y con mayor flexibilidad su jornada laboral en función de los horarios de la infancia. Porque si los cuidados no están resueltos satisfactoriamente, no permiten seguir con la vida personal ni profesional.

Y la segunda reflexión final se centra en nuestro papel de ser redes para la intervención social, puesto que actualmente las diversas acciones y abordajes por parte de los diversos organismos públicos dirigidos hacia las familias con clara incidencia en los niños, niñas y adolescentes no tienen una coordinación real y efectiva, ni una visión multidimensional, y se pierde la calidad de las intervenciones, duplicándose esfuerzos y recursos. Por lo tanto, se trata de generar procesos y unificación de criterios de recogida de datos que posibiliten la evaluación y mejora de las diferentes intervenciones realizadas, por parte de la administración pública y de las entidades sociales. No es solo cuestión de servicios y prestaciones, sino que se trata también de la calidad de las prestaciones articulada con la calidad de la intervención. Es necesario, por tanto, trabajar desde la colaboración con la comunidad, tercer sector y administraciones públicas para generar una sociedad más integradora y cohesionada.

En conclusión, debemos:

1. Ser frenos y no aceleradores de la transmisión intergeneracional de las pobrezas: entre todos y de manera coordinada, con la clara responsabilidad por parte de las administraciones públicas y desde la subsidiaridad del tercer sector. Para lo cual son fundamentales la calidad de las intervenciones, la especificidad de los recursos especialmente dirigidos hacia las infancias y las familias, así como políticas con un claro carácter paliativo, y no sólo curativo.
2. Potenciar la participación comunitaria y espacios de escucha que amplíen y refuercen las redes sociales y afectivas.
3. Liberar tiempo y espacios para la infancia y las familias. En función de los tiempos de las infancias (que son urgentes: pasan y ya no vuelven) y no tanto de los horarios laborales de los adultos. Por lo tanto, facilitarles el derecho a gestionar los tiempos de las familias es fundamental a partir de políticas preventivas y flexibles.
4. Invertir y diversificar en recursos de salud mental. Tanto dirigidos hacia los adultos como, fundamental, hacia los niños, niñas y adolescentes, sin juzgar ni estigmatizar. Porque, está demostrado que, la mayor parte de las enfermedades mentales, comienzan desde nuestras infancias y adolescencias. Muchas veces comienzan manifestándose con procesos en donde partimos de situaciones en donde emocionalmente no sabemos identificar, pero no estamos bien, por cuestiones coyunturales que, claramente se refuerzan con las estructurales y que, terminan llegando para quedarse y prorrogarse en nuestra edad adulta.
5. Focalizar en políticas públicas de vivienda accesible y asequible. Que genere espacios de estar en familia con ciertos márgenes de seguridad.
6. Generar una igualdad de oportunidades real, que parta desde un sistema educativo basado en una mirada integral (educación como aprendizaje en donde el ocio y tiempo libre sea relevante) y en la gratuidad y fácil acceso por parte de todos los NNA y sus familias.
7. Y contando para todo ello con el Estado como garante del derecho a los cuidados.

Es importante ser conscientes de los factores que aumentan las probabilidades de que niños/as y adolescentes inmersos en las circunstancias descritas de déficit estructural en sus condiciones de vida sufran pobreza, vulnerabilidad o exclusión social en el futuro. Y es importante actuar para garantizar sus derechos. Porque es un problema que afecta al presente de las familias con niños, niñas y adolescentes, y también a la generación futura de pobreza y exclusión social. Y dice poco de nuestra valía como sociedad si no somos capaces de desarrollar políticas públicas que reviertan esta situación, que apoyen la protección de las familias y donde los cuidados ocupen un espacio central. Porque cuidar es amar.

Conclusiones y retos

[1] En 2006 el Consejo de Europa recomienda la promoción de la parentalidad positiva definida como un comportamiento parental que asegura la satisfacción de las principales necesidades de los niños, niñas y adolescentes (NNA), es decir, su desarrollo y capacitación sin violencia y proporcionándoles el reconocimiento y la orientación necesaria, que lleva consigo la fijación de límites a su comportamiento para posibilitar su pleno desarrollo. A esta definición del consejo, en Cáritas le añadimos que para poder acompañar a los hijos e hijas en la fijación de límites y la satisfacción de sus necesidades hay que hacerlo inevitablemente a través del cariño y del amor.

[2] Se trata de espacios de tiempo libre, generalmente en fin de semana, donde los niños, niñas y adolescentes participan en actividades al aire libre de juegos en grupo, monitorizados por jóvenes voluntarios.

Diciembre 2022

Minerva Saura Fausto

Coordinadora del Área de Inclusión de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón

El Diccionario de la Real Academia respecto al verbo participar dice que es tomar parte en algo, tener parte en una sociedad, o recibir una parte de algo. En la definición se conjugan tres verbos en infinitivo: tomar, tener y recibir.

• Tomar parte tiene que ver con la intensidad y con el compromiso hacia la parte que tomas.
• Tener parte, tiene que ver con asumir un rol determinado en el escenario de la participación.
• Recibir una parte, hay una parte que es para ti, estás invitada a participar… tiene que ver con las oportunidades/elementos facilitadores para la participación.

Pero el modo verbal debería ser el gerundio, que es la forma no personal del verbo que expresa la duración de la acción verbal. Participar no tiene sentido si no lo entendemos como participando, es decir como un proceso continuado de participación para la construcción social.

En los procesos de inclusión social acompañar la participación deviene como una premisa imprescindible. Dos conceptos que van unidos, que están íntimamente vinculados: Acompañamiento y participación. No podemos hablar de acompañar procesos de desarrollo sin tener en cuenta la participación. Si revisamos los procesos de exclusión social las rupturas de redes familiares, del enraizamiento comunitario, es decir, la no participación familiar, social, comunitaria aleja a las personas de la inclusión social. En ese sentido, la exclusión es un concepto multidimensional que hace referencia a un proceso de pérdida de integración o participación del individuo en la sociedad. Empoderar a las personas para que sean las protagonistas de su vida y tomen las decisiones que les atañen en lo más estrictamente personal es una de las claves del trabajo de las organizaciones sociales con las personas en situación de exclusión social, y darles también el protagonismo y las herramientas para que puedan participar de la construcción social es reconocerles como ciudadanos sujetos de derechos.

La participación se explica desde la asunción de unos supuestos previos que son necesarios para poder comprender el fenómeno en su complejidad.

1. Participar es inevitable

Uno de los principios de la participación es entender que ésta es inevitable, que no es posible no participar. Tenemos muchas experiencias como usuarios (nótese que no digo participantes) de diferentes tipos de organizaciones en las que nos quejamos de que no se permite la participación, y al mismo tiempo somos capaces de boicotear los resultados que se persiguen con nuestros comentarios, actitudes, acciones a favor o en contra. Es lo que se ha venido denominando comunidades de práctica. Etienne Wenger ha estudiado las Comunidades de práctica y las ha definido como grupo de personas que comparten un interés, un conjunto de problemas, o una pasión sobre un tema, y quienes profundizan su conocimiento y experiencia en el área a través de una interacción continua que fortalece sus relaciones. El ejemplo más evidente de estas comunidades de práctica lo encontramos en el sistema penitenciario. Aun siendo la cárcel un sistema totalitario donde todo está regulado y normativizado, metafóricamente podemos encontrar lugares liberados donde entran en juego determinado códigos y prácticas en las que se produce la participación de los internos, con toda probabilidad en el sentido contrario a los objetivos de la institución: consumo de sustancias, grupos de presión, ajustes de cuentas, boicot de actividades… La participación es inevitable y se abre paso como la vida misma, pero con matices: puede ser positiva si coincide con los objetivos de la institución/organización o negativa si no coincide con ellos. Si en una institución como la penitenciaria podemos encontrar la participación de los internos (seguramente en sentido contrario a los intereses de la misma) razón de más para encontrarla discurriendo por los cauces no formales en otro tipo de organizaciones. En las organizaciones sociales, en los espacios donde acompañamos a personas, difícilmente nos encontremos sin la participación de las mismas en la organización de la vida diaria y en la gestión de los elementos cotidianos. Posiblemente esta participación no se dé de una manera formal en los espacios que tenemos habilitados para la pseudoparticipación (asambleas, reuniones, comisiones…) pero seguramente se dará en los espacios informales de relación: en la terraza de fumar, en la puerta del centro o recurso, en cualquier espacio donde haya comunicación entre participantes. Canalizar esta participación de forma positiva es sin duda uno de los retos con los que nos encontramos quienes acompañamos estos procesos. Es importante no auto-confundirnos y asumir que la participación implica la posibilidad real de participar del proceso de toma de decisiones.

2. Vacunas contra la participación

Una exposición a experiencias de participación frustradas puede acabar siendo una vacuna contra la participación y generar la idea de que realmente la participación no es posible. Algunos ejemplos de este tipo de prácticas en nuestros espacios de intervención social:

• Asambleas de grupo que no son más que espacios para la comunicación de normas, informaciones varias.
• Buzones de sugerencias donde la sugerencia queda a la deriva.
• Tablones de propuestas que nunca terminan de formalizarse.
• Encuestas con respuestas cerradas.
• Invitaciones a participantes a actividades de la organización. En este caso estamos confundiendo algo tan prosaico como la asistencia de cuerpo presente con la participación. Es valioso que las actividades de las organizaciones se abran a todos los miembros de las mismas, pero sin caer en el auto-engaño de que hacerlo fomenta la participación.

3. Claves para la participación

Este último aspecto está relacionado con otros elementos importantes para comprender y definir la participación, como el conocimiento y el compromiso. Si invitamos a los participantes de nuestros recursos a una conferencia sobre la filosofía escolástica de Santo Tomás de Aquino, posiblemente no se sientan nada vinculados con la actividad porque no tienen ni conocimientos filosóficos para entender el contenido de la conferencia, ni son miembros de la Asociación para la Veneración de Santo Tomás, con lo que el compromiso con este tema es ninguno. Por tanto, su participación quedará reducida a la presencia física y la experiencia que acumularán las personas que asistan a esta actividad será seguramente negativa y poco satisfactoria. La comunicación es también un elemento clave para facilitar la participación, entendida como la herramienta que posibilita que todos los participantes puedan dialogar desde un conocimiento compartido y lleguen a un acuerdo basado en requisitos de validez. En referencia a la sinergia que somos capaces de crear en el proceso comunicativo mediante el diálogo, Jorge Luis Borges, en 1985, pensaba de esta manera: Yo he tratado de pensar, al conversar, que es indiferente que yo tenga razón o que tenga razón usted; lo importante es llegar a una conclusión, y de qué lado de la mesa llega eso, o de qué boca, o de qué rostro, o desde qué nombre, es lo de menos.

4. La escalera de la participación

Otro elemento importante para explicar la participación es visualizarla como una gradación, como una escalera donde los escalones van desde la información, pasan por la consulta y finalmente pueden llegar (o no) a la participación real. Solo podemos hablar de participación cuando se está en igualdad de condiciones para tomar una decisión. A participar se aprende participando (recordemos: gerundio), es un proceso continuo y la verdadera participación está en el último escalón, aquel que me permite formar parte del proceso de toma de decisiones.

Informar a las personas de un recurso que el horario de invierno empieza el 1 de octubre y que por tanto la hora máxima de entrada por la noche son las 21:00 h no es participación. Consultar a las personas de un recurso sobre si prefieren llegar en horario de invierno a las 20:30h o a las 21:00h, no es participación. Es participación el proceso de decidir entre todas las partes implicadas cual es la hora apropiada de entrada en invierno para facilitar el funcionamiento del recurso y atender las diferentes necesidades personales. Estamos hablando de consenso, esto quiere decir que hay que ir con cuidado con no polarizar los planteamientos: aceptar como válidas las propuestas del otro por el simple hecho de atribuirle que tiene razón por que es más débil (romanticismo) y no aceptarlas por el hecho de que el otro no tiene capacidades para hacerlo y decido yo (paternalismo) negándoles el poder para cambiar la realidad. Trabajar con las personas desde el enfoque de participación ralentiza el proceso, la toma de decisiones, hay que explicar, negociar, argumentar, en definitiva, buscar consensos. Sin duda es mucho más complicada de gestionar para los agentes de la organización, pero facilita que las personas que acompañamos formen parte activa de los espacios, centros y recursos que transitan. Y les empodera para ejercer el derecho a la participación en otros espacios de participación social: el bloque de vecinos, la asociación, el barrio… La Participación es mucho más que votar una película, una excursión, un horario… es tomar una decisión a partir del conocimiento de determinados elementos que entran a formar parte del proceso de decisión y comprometerse en su puesta en práctica para transformar esa realidad.

5. Elementos que bloquean la participación

En el sentido contrario a la búsqueda de la participación, encontramos elementos que la dificultan o que directamente la bloquean. En los procesos de toma de decisiones la participación en los mismos implica una manera de comprender el poder. Si el poder lo tomamos de la misma manera que un juego de suma cero, es decir un juego en el que la ganancia o pérdida de un participante se equilibra con exactitud con las pérdidas o ganancias de los otros participantes, se necesita un ganador y un perdedor. Es decir, para conseguir más poder tengo que quitárselo a otros. Y el que tiene más poder sin duda es el que toma las decisiones bloqueando toda posibilidad de participación del resto del grupo. Al final todos perdemos porque no conseguimos aumentar nuestro potencial de acción como grupo. Los procesos de participación deben explicarse desde el concepto de potencia, que es la cualidad que permite que el trabajo colectivo fructifique incrementando sus posibilidades y superando el juego de suma cero, donde no se aumentan las ganancias solo se acumula el poder hacia un lado. Este concepto de potencia está relacionado con el de sinergia, cuando juntamos nuestras capacidades tenemos algo más que un sumatorio de cosas que sabemos hacer, el resultado es algo nuevo y diferente pero que contiene a la vez la esencia de cada uno de los participantes.

Si apostamos por los procesos de participación en nuestros centros y recursos tenemos que estar dispuestos a renunciar a una manera de entender el poder, por otra que tiene que ver con poner en común lo que tenemos, lo que somos, lo que sabemos y lo que valemos al servicio de la construcción conjunta. Para esto será necesario que revisemos también nuestra relación con la idea de autoridad, para desterrar de nuestro imaginario que la autoridad se consigue a base de acumular poder. De esta manera no conseguimos autoridad, la estamos imponiendo y todos sabemos dónde nos pueden llevar las cosas impuestas, posiblemente donde no queríamos llegar. La autoridad te la conceden las personas a través de la relación y del vínculo que entablas con ellas, cuando queda demostrado que existe la confianza, entendida como fiarnos juntos (con -fiare) de un proyecto común. Parece por todo lo que vamos desgranando respecto a la participación que la única fuerza (poder) que debe prevalecer en un proceso realmente participado de construcción es la del mejor argumento.

6. Retos que nos plantean la participación en nuestra intervención con las personas

Si la participación es inevitable, incorporemos lo cotidiano como instrumento de trabajo. Salgamos de los despachos y acompañemos la vida y la participación que transcurre en los espacios informales delante nuestra. No esperemos resultados espectaculares, conformémonos con pequeños avances, es lo que tiene apostar por la forma verbal del gerundio «vamos participando…» Abrámonos al diálogo auténtico con las personas, la participación requiere de sujetos que dialogan y tienen capacidad para tomar decisiones consensuadas. Para ello:

• Transformemos la distancia terapéutica en implicación responsable, seguramente es el camino para que nos reconozcan la autoridad que brota de un proceso basado en la con-fianza.
• Repensemos el correlato norma/sanción. Necesitamos normativas de mínimos en nuestros espacios para la intervención social, normativas de sentido común que simplemente faciliten la convivencia y que sean construidas desde la participación conjunta con las personas.
• Descubramos la delicada línea entre la propuesta y el chantaje. En nuestras intervenciones con personas en situación de exclusión hemos de revisar con autenticidad el tema del poder y la manera de ponerlo en práctica. Si no lo acumulamos todo del mismo lado ganaremos en potencia participativa.
• Todo esto no será posible si no hay un reconocimiento mutuo de las capacidades de todos los participantes para poder concluir que JUNTOS PODEMOS.

7. Bibliografía

Cáritas Española. Marco de Intervención con personas en grave situación de exclusión social. Madrid, 2009

Cáritas Española. Modelo de Acción Social de Cáritas. Madrid, 2009.

Elizalde, A. Reflexiones acerca de la sinergia social: Aproximación a una utopía de la abundancia. Debate para un proyecto de integración sudamericano, 1994.

Habermas, J. Teoría y práctica; Teoría y praxis. Estudios de filosofía social. Barcelona: Tecnos, 1987.

Wenger, E. Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad. Buenos Aires: Paidós, 2001.

Paloma García Varela

Activista en Derechos Humanos y consultora de ISI Argonauta

La participación es un derecho reconocido en los principales instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y un principio básico y requisito imprescindible para el logro de todos los demás derechos humanos.

El derecho a la participación en los asuntos públicos se encuentra reconocido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ampliado en la Observación nº 25 sobre Participación en los Asuntos Públicos y Derecho al Voto del Comité de Derechos Humanos. También está recogido como derecho fundamental en la Constitución española en su artículo 23.

En ellos se establece que todas las personas, sin discriminación alguna, tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, justas y auténticas y tener acceso a la función pública, en el marco de procesos democráticos basados en el consentimiento del pueblo que garanticen su goce efectivo junto a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, cualquiera que sea la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado.

Como derecho humano obliga a los Estados a respetar, proteger y garantizar que todas las personas puedan participar en los asuntos públicos y establece un deber en la ciudadanía en cuanto que forma parte del propio ejercicio de los derechos.

La participación ciudadana en los asuntos públicos está en el centro de la sociedad y es el eje central de la gobernabilidad democrática, al establecer las relaciones entre una ciudadanía y los poderes públicos. Por un lado, la ciudadanía ejerce sus derechos y demanda, a su vez, a los poderes públicos que cumplan con sus obligaciones, y por otro, unos poderes públicos que deben adoptar las medidas necesarias para que todas las personas puedan gozar de sus derechos.

Para comprender la implicación del pleno ejercicio del derecho a la participación debemos profundidar sobre algunas cuestiones que vamos a desarrollar a lo largo del artículo como por ejemplo: ¿sobre qué asuntos públicos se puede participar?; ¿quién puede participar en estos asuntos?; ¿para qué participa?; ¿qué condiciones se tiene que dar para poder participar?; ¿cómo podemos participar?

1. ¿Cuáles son los asuntos públicos de interés de la ciudadanía?

Los asuntos públicos son el conjunto de demandas de la población que reflejan sus preocupaciones y necesidades y que exigen de un proceso de toma de decisiones en las diferentes instancias gubernamentales para generar soluciones basadas en el bien común. Desde esta perceptiva, la agenda sobre los asuntos públicos y la priorización de los mismos la define la ciudadanía, no los representantes políticos.

¿Cuáles son entonces esos asuntos públicos de interés para la ciudadanía? En un mundo interconectado y global, como en el que vivimos hoy en día, no podemos limitar el ámbito de los asuntos públicos a lo estrictamente local o a las fronteras de los Estados.

Nos enfrentamos a retos globales como las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a la protección de los derechos humanos o la protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Retos que influyen en nuestro día a día y que pocas veces pensamos en ellos.

Desde el ámbito local, nuestras preocupaciones más cercanas y que forman parte de los asuntos públicos son aquellas que están relacionadas con las acciones que realizamos de forma cotidiana y que afectan a nuestras condiciones de vida. El precio o el alquiler de una vivienda, el coste y el acceso al agua, la luz, la electricidad, la educación de los niños y niñas, el transporte público, la recogida de basuras, los sistemas de producción y de consumo, la existencia de parques y zonas verdes y/o los transportes públicos. Todas estas y muchas más son preocupaciones o demandas que traslada la ciudadanía a los poderes públicos y a los gobernantes elegidos.

Pero también las políticas comerciales internacionales o la política exterior forman parte de los asuntos públicos que nos interpelan como ciudadanía en tanto en cuanto, hemos elegido a unos representantes políticos cuyas decisiones influyen en los derechos humanos de miles de personas en otros países.

De esta forma, la agenda de los asuntos públicos incluirá demandas sobre el crecimiento económico sostenible, el acceso a la justicia, la erradicación de la pobreza, el cambio climático, la explotación de los recursos naturales, las políticas comerciales, el acceso al agua y la energía, el fin de la discriminación y/o a apertura de las fronteras a la movilidad humana.

Por este motivo, todas las personas tienen derecho a participar en todas estas decisiones que organizan la vida social, económica y política de la sociedad en su conjunto y que influyen en lo local y en lo global, transcendiendo las fronteras de los Estados. Tienen, por tanto, derecho a participar en los asuntos públicos en su sentido más amplio que incluye el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y administrativo y abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y aplicación de políticas internacionales, nacionales, regionales y locales [1].

2. ¿Quién puede participar?

Todas las personas sin discriminación alguna tienen derecho a participar en los asuntos públicos. Sin embargo, en la práctica esta participación se ve limitada por la propia definición tradicional de ciudadanía y los mecanismos establecidos para la participación.

Respecto al concepto de ciudadanía ha ido cambiando según el contexto histórico y se ha ido afianzando con el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. Son muchas las definiciones que podemos encontrar de este concepto desde una visión política, social, sociológica, filosófica, e incluso teológica.

Pero todas ellas parten de la idea de que la ciudadanía es una forma de interpretar y entender las relaciones sociales basadas en derechos y deberes. A través de la ciudadanía se establecen unas relaciones sociales que asignan obligaciones y responsabilidades a los distintos actores sociales.

Tradicionalmente, la ciudadanía es una cualidad de las personas adquirida por el hecho de convivir con otras personas en un lugar determinado, una comunidad, un pueblo, una ciudad o un Estado. Esta cualidad confiere derechos a los ciudadanos para gestionar ese lugar, lo que implica que los derechos adquiridos y su ejercicio se limitan a ese espacio determinado, tradicionalmente el Estado. Además, la ciudadanía no es pasiva, sino que se ejerce y viene acompañada de una serie de responsabilidades.

Desde esta perspectiva, el Estado es el que determina quién es ciudadano y ciudadana y cuáles son sus derechos. En la práctica, no todas las personas que conviven en un mismo país son consideradas ciudadanos/as con los mismos derechos. Por ejemplo, grupos étnicos, indígenas, inmigrantes, incluso las mujeres, en muchos países no son considerados parte de la ciudadanía y no tienen los mismos derechos.

En este sentido, la interpretación tradicional de ciudadano o ciudadana según la cual el Estado define y delimita quién tiene derechos restringe en gran medida la participación y el ejercicio de los derechos humanos.

Por todo lo anterior, se hace necesaria una interpretación más amplia donde la ciudadanía transciende los límites impuestos por los poderes públicos e incorpora plenamente el derecho a la igualdad y no discriminación. Una ciudadanía en la cual se establecen los derechos y deberes en función del sentimiento de pertenencia individual de la persona a una sociedad y el reconocimiento de esta sociedad como parte de la misma.

Sólo desde esta perspectiva se incorpora plenamente el principio de igualdad y no discriminación de forma que todas las personas forman parte de esa sociedad de la que deben participar en los asuntos públicos como uno de sus derechos y deberes.

3. ¿Para qué participa la ciudadanía?

Desde el propio concepto de participación ciudadana, el fin último que se pretende es influir en los procesos de toma de decisiones de los poderes públicos haciendo llegar sus demandas y propuestas, vigilando que los poderes públicos cumplan con sus obligaciones y estableciendo un diálogo constructivo para la construcción de una sociedad donde todas las personas puedan gozar de sus derechos.

Por otro lado, la participación es un principio fundamental y básico de los derechos humanos ya que es un medio necesario para conseguir su pleno ejercicio.

Los derechos humanos son un conjunto de valores, principios y normas universales, propios de la dignidad de la persona humana y se refieren a la vida, libertad, igualdad, seguridad, participación política, bienestar social y cualquier otro aspecto ligado al desarrollo integral de la persona, que permiten orientar el comportamiento de la persona en sociedad.

Los principios son los atributos o características propias de los derechos humanos. En este sentido los principios de los derechos humanos como la igualdad y no discriminación, la interdependencia, la indivisibilidad, la universalidad, la solidaridad y la participación, son la vía para su realización. Todos estos principios son comunes y están presentes en todos los derechos humanos. En este sentido, la participación en los asuntos públicos se convierte en un mecanismo imprescindible para lograr el ejercicio de todos los derechos humanos. La participación es imprescindible para lograr la igualdad, luchar contra la discriminación, superar los diferentes obstáculos que bloquean el ejercicio de nuestros derechos.

Desde esta perspectiva, el derecho a la participación permite ejercer a la ciudadanía su poder político para influir en los asuntos públicos, para:

• Garantizar y dar legitimidad a las decisiones sobre los asuntos públicos, teniendo en cuenta que las políticas públicas, las leyes y las decisiones judiciales deben responder a las demandas de la sociedad en su conjunto.
• Hacer llegar sus demandas y preocupaciones para que se formulen políticas públicas y leyes que den respuestas a estas demandas.
• Vigilar el cumplimiento de las decisiones adoptadas.
• Denunciar el incumplimiento de las obligaciones por parte de los poderes públicos de las decisiones adoptadas a través del diálogo y los mecanismos de partición establecidos.
• Denunciar situaciones injustas y vulneraciones de derechos.

Además, la participación conlleva en sí misma unos principios básicos para su ejercicio. Todas las personas deben estar informadas de cómo y por qué se toman las decisiones antes y después; debe escucharse e incorporar las ideas, sugerencias y propuestas de las organizaciones que participan; debe incorporarse la diversidad como un valor añadido a la participación; debe respetarse la diferencia ya que toda persona está en su derecho de disentir de las decisiones tomadas; todas las personas deben ser integradas en los procesos de participación en igualdad de condiciones.

De esta forma, cuando la participación en los asuntos públicos tiene estas características se convierte en un potente mecanismo de transformación social hacia el logro del pleno ejercicio de todos los derechos humanos.

4. ¿Cuáles son las obligaciones de los poderes públicos?

Los Estados tienen la obligación de crear las condiciones necesarias para que todas las personas puedan ejercer el derecho a la participación en los asuntos públicos, específicamente tienen tres obligaciones fundamentales: respetar el derecho a la participación de forma que se abstenga de adoptar medidas que restrinjan la participación ciudadana, proteger el derecho a la participación para asegurar que terceros no vulneran este derecho y garantizar el derecho a la participación adoptando todas las medidas necesarias para que todas las personas puedan ejercerlo.

Para cumplir con estas obligaciones y poder ejercer plenamente el derecho a la participación en los asuntos públicos, el sistema de gobernabilidad debe establecer y respetar los principios democráticos de un Estado de derecho:

• El poder público debe estar subordinado a la soberanía popular.
• El poder ejecutivo, legislativo y judicial deben estar separados y ser independientes.
• Los representantes de los órganos ejecutivos y legislativos deben ser elegidos libremente de forma periódica, por sufragio universal, directo y secreto.
• La rendición de cuentas debe ser obligatoria para asegurar la transparencia en la gestión pública y luchar contra la corrupción y la impunidad.

Además, los Estados deben establecer los espacios y los mecanismos de participación necesarios para que la participación funcione de forma democrática y la ciudadanía pueda concurrir libremente, sin discriminación alguna. Debe facilitarse la información necesaria para que las decisiones se tomen de manera informada y disponer de espacios de debate, diálogo, denuncia y examen para las quejas y denuncias de la ciudadanía.

El pleno ejercicio del derecho a la participación está ligado a la garantía por parte de los Estados de tres derechos:

• El derecho a la igualdad y no discriminación de forma que no se permite hacer distinción alguna entre los ciudadanos en lo concerniente al goce de esos derechos por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
• El derecho a la libertad de asociación, en particular el derecho a fundar organizaciones y asociaciones interesadas en cuestiones políticas y públicas y a adherirse a ellas es un complemento esencial del pleno ejercicio del derecho a la participación.
• La libertad de expresión, de reunión y de asociación son condiciones esenciales para el ejercicio efectivo el derecho a la participación.

De esta forma, los poderes públicos de los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias que permitan a toda la ciudadanía participar en los asuntos públicos a través de consultas, referéndum, procesos electorales, espacios de debate y mecanismos de control de los poderes públicos por parte de la ciudadanía.

El derecho a la participación exige a los Estados de unas instituciones trasparentes, conscientes de sus obligaciones y respetuosas con los derechos humanos, las cuales desarrollen la legislación necesaria para proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía y establecer políticas públicas inclusivas, participativas y no corruptas que hagan efectiva la legislación.

5. ¿Cuáles son los deberes de la ciudadanía?

El derecho a la participación en los asuntos públicos es a su vez un deber de la ciudadanía que no puede ni debe eludirse, al formar parte del propio ejercicio de los derechos humanos.

De forma general, se tiende a pensar que ejercer nuestros derechos consiste en que el Estado como benefactor nos provea de unos servicios que cubran nuestras necesidades de educación, salud, trabajo, etc. Nos han transmitido que el derecho a participar en la vida pública se limita a votar cada cuatro años a las personas que queremos que nos representen. Que ejercer nuestros derechos es una acción pasiva en la que la ciudadanía es mera receptora de servicios que nos facilitan los gobernantes elegidos. Sin embargo, esto no es así.

Ejercer nuestros derechos es un acto de responsabilidad individual y colectiva. Ejercer nuestros derechos supone defender nuestros derechos y los derechos de todas las demás personas, denunciando cualquier vulneración de los mismos y exigiendo a los poderes públicos su garantía. Supone respetar los derechos de todas las personas, siendo consciente de la necesidad de aprender del otro, del enriquecimiento mutuo como camino para lograr un mundo donde todas las personas puedan ejercer sus derechos. Supone promover los derechos desde nuestro círculo más cercano a cualquier otro lugar. Supone participar en la vida pública pensando en el bien común y no en los intereses individuales.

Desde esta perspectiva, la participación forma parte del ejercicio de nuestros derechos en cuanto a ciudadanos y ciudadanas con capacidad de transformación social, con capacidad de influir en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Pero la participación no podemos ejercerla en solitario. La participación es una acción colectiva donde el bien común está por encima de intereses individuales, asociativos o partidistas. Donde la escucha, la generosidad y la solidaridad son la base para el diálogo y la construcción conjunta.

Esta base nos permitirá ejercer nuestro poder como ciudadanía para, a través de la movilización social, las diferentes entidades de la sociedad civil, los movimientos sociales, las redes de personas o las plataformas de organizaciones, puedan denunciar, exigir, hacer llegar propuestas, demandar y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones a los poderes públicos.

Para esto necesitamos la construcción de una ciudadanía activa, participativa y consciente de sus derechos. Personas con los conocimientos, aptitudes, valores y actitudes que son necesarios para ejercer la ciudadanía global “para llevar vidas productivas, tomar decisiones fundamentadas y asumir papeles activos en los planos local y mundial para hacer frente a los desafíos mundiales y resolverlos” [2].

6. ¿Cómo podemos participar?

Cuando se recogen 500.000 firmas acreditadas de personas y se registra una iniciativa popular en el Congreso de los Diputados estamos ejerciendo nuestro derecho a la participación proponiendo que una ley sea tramitada en el Parlamento español. Cuando miles de personas se manifiestan ante el Ministerio de Justicia contra una sentencia de los tribunales españoles, estamos participando en los asuntos públicos denunciando el incumplimiento, por parte del poder judicial, de sus funciones más básicas. Cuando nos organizamos y creamos redes que dialogan directamente con los poderes públicos para trasladar las demandas sociales e incidir en la toma de decisiones, estamos participando en los asuntos públicos construyendo conjuntamente con los representantes políticos.

En la actualidad existen múltiples formas y manifestaciones de participación ciudadana en diferentes niveles que van más allá de la participación en los procesos electorales.

Encontramos asociaciones de barrio, organizaciones no gubernamentales de desarrollo o de acción social, plataformas de sociedad civil o movimientos sociales formados por personas que les mueve un mismo interés, redes de entidades, personas que se juntan y hacen vida pública, debaten sobre las problemáticas que les preocupan y hacen propuestas para hacer llegar a los gobernantes.

También, son muy diversas las formas de hacer llegar sus demandas desde las manifestaciones y concentraciones, huelgas, foros de diálogo, espacio de trabajo conjunto, elaboración de informes y propuestas, campañas mediáticas, teatro y otras muchas formas de expresión para incidir en la toma de decisiones.

A pesar de todos estos espacios, son muchas las ocasiones en que el desánimo, la falta de confianza en las instituciones públicas, la falta de confianza en que nuestra voz va a ser escuchada, que nuestras propuestas son válidas y van a ser incluidas, nos paraliza y bloquea la participación.

Sin embargo, sólo si nos unimos, si generamos una confianza colectiva, si nos hacemos fuertes, si tomamos una acción decidida por cambiar podremos transformar el mundo. En definitiva, sólo si ejercemos nuestro derecho a participar en los asuntos públicos poniendo por encima el bien común y la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna, sólo así, lograremos un mundo más justo, libre y democrático donde todas las personas gocen plenamente de sus derechos.

[1] Comité de Derechos Humanos. Observación general nº 25, 1996.

[2] Declaración de Incheon para la educación 2030 y Marco de acción para la realización del ODS 4.

Inma Mora Sánchez

Periodista y experta en estudios de género. Responsable de Comunicación de HelpAge International España

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Introducción

En los últimos meses, ha llegado a los medios de comunicación una palabra que aún era desconocida para muchas personas: edadismo. Este concepto hace referencia a los estereotipos, los prejuicios y la discriminación que existe en nuestra sociedad hacia las personas mayores. No se trata de un fenómeno nuevo, pero la actual crisis sanitaria, económica y humanitaria ha hecho más evidente que nunca que las personas mayores son ignoradas y excluidas en muchos ámbitos de nuestra realidad y que es necesario contar con normativas sólidas para proteger sus derechos y dignidad como personas.

Si bien hoy se considera que todas las personas tienen los mismos derechos, las primeras teorías sobre los derechos humanos eran muy distintas. De hecho, ni la Declaración de Derechos de Virginia, en el contexto de la Independencia de Estados Unidos (1776) ni la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa (1789) consideraron a las mujeres como titulares de derechos. Es decir, el concepto de ser humano excluía a más de la mitad de la población. El concepto de ser humano como titular de derechos se basaba en la capacidad para ser individuos autónomos. Desde esta perspectiva, no solo se excluía a gran parte la población que no era considerada autosuficiente, sino que además se justificaba su exclusión social a través de estereotipos y creencias que aún siguen presentes en nuestro imaginario colectivo.

Hoy, las teorías relativas al concepto de ser humano, así como todo lo relacionado sobre los derechos, han evolucionado. La autonomía no se considera un requisito para ser titular de derechos, sino el objetivo mismo de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son una herramienta para garantizar que las personas puedan vivir de forma autónoma, gozando de una vida segura, saludable y libre de violencia, independientemente de las condiciones o características de cada individuo. Sin embargo, en nuestra realidad aún siguen presentes muchas creencias y estereotipos que justifican la discriminación hacia grupos o colectivos de personas por motivos de género, origen, orientación sexual, discapacidad o edad, entre otros. Así, los estereotipos que existen sobre qué significa ser una persona mayor siguen siendo la base de la discriminación social durante la vejez, lo que limita a las personas de edad avanzada el pleno ejercicio de sus derechos, especialmente, en momentos de crisis como la que estamos viviendo.

Edadismo y violencia contra las personas mayores

Podemos definir el edadismo como los estereotipos (¿qué pensamos de las personas mayores?), prejuicios (¿qué sentimos hacia las personas mayores?) y discriminación (¿cómo nos comportamos con las personas mayores?) hacia las personas mayores. El edadismo se manifiesta de múltiples formas, que pueden ir desde el lenguaje despectivo a la vulneración de derechos, como la salud o el derecho a una vida independiente. Existen multitud de actitudes edadistas que están socialmente aceptadas y que pasan totalmente desapercibidas al basarse en muchas creencias y estereotipos sobre la vejez. Al igual que hace unos años nos costaba más detectar los llamados micromachismos, hoy nos sigue costando reconocer nuestro propio edadismo.

Vivimos en una sociedad donde prima lo nuevo, la juventud, la belleza sin arrugas ni canas. Mientras que la juventud se asocia a belleza, fuerza y vitalidad, la vejez se asocia a fealdad, fragilidad y dependencia. Por ello, a veces, es muy difícil detectar conductas edadistas que, incluso, pueden nacer sin ninguna mala intención. Por ejemplo, es habitual escuchar expresiones como abuelitos o nuestros mayores para referirnos a personas adultas mayores. ¿Qué reflejan estas expresiones? A pesar de que puedan parecer formas de hablar inofensivas e, incluso, afectuosas, son un claro ejemplo de la actitud paternalista que existe hacia las personas de más edad. Este tipo de expresiones infantilizan a mujeres y hombres en edad adulta, con capacidad (y derecho) para decidir sobre sí mismas y que son mucho más que abuelos o abuelas.

Podemos encontrar múltiples ejemplos donde se niega a las personas mayores su capacidad para decidir sobre la propia vida, lo que supone una vulneración de sus derechos, y lo que, además, puede llegar a provocar graves situaciones de violencia y abusos. A pesar de que aún es un problema muy desconocido por gran parte de la población, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis personas mayores de 60 años sufre violencia o abusos. Además, se estima que el porcentaje es mucho más alto, ya que se trata de un problema muy invisibilizado y muchas personas mayores no denuncian o no tienen la posibilidad de hacerlo.

La violencia contra las personas mayores puede definirse como todas las acciones u omisiones únicas o repetidas que, bien de forma intencionada o por negligencia, se comenten contra personas mayores y vulneran su integridad física, sexual, psicológica o atentando contra su dignidad, autonomía o derechos fundamentales. Algunas definiciones añaden que esta violencia se ejerce dentro de una relación de confianza, cuidado, convivencia o dependencia[1]. Si bien es cierto que las personas dependientes o con algún tipo de discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir violencia -y, además, mayor dificultad para poder denunciarla-, el abuso y maltrato hacia las personas mayores no solo se da en relaciones de cuidado o dependencia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Red Internacional para la Prevención del Maltrato de las personas mayores también señalan el maltrato estructural y social que existe hacia las personas de edad avanzada y que se refleja en la discriminación en las políticas gubernamentales, en la asignación de recursos económicos y en los prejuicios y estereotipos que existen sobre la vejez y las personas mayores. Este tipo de violencia estructural tiene unas consecuencias muy graves en la vida de las personas mayores y en el pleno disfrute de sus derechos humanos.

Al igual que en otros tipos de violencia o discriminación, como la violencia machista o el racismo, encontramos distintas formas de maltrato o abuso por motivos de edad: desde el maltrato físico o la violencia sexual a la negación de alimentos, refugio o asistencia. Se trata de una forma de violencia que tiene su origen en una cultura basada en relaciones de poder y en estereotipos y creencias sociales y culturales. Por ello, para poder eliminar la violencia y la discriminación hacia las personas mayores, es necesario eliminar el edadismo y cambiar la percepción que tenemos de la vejez y de las personas mayores.

Debemos tener en cuenta, además, que al hablar de personas mayores no nos referimos a un grupo homogéneo y que la discriminación estructural a la que se enfrentan depende también de otros factores sociales, lo que puede provocar situaciones de discriminación múltiple. En este sentido, hombres y mujeres no envejecen de la misma forma y se enfrentan a realidades muy distintas. Según los datos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), a nivel global, hay 84 hombres por cada 100 mujeres de 60 años o más y solo hay 61 hombres por cada 100 mujeres de 80 años o más. Sin embargo, la mayor esperanza de vida de las mujeres no se corresponde con una mayor calidad de vida, ya que las desigualdades de género que sufren las mujeres de todas las edades limitan su acceso a los recursos, al empleo, a las pensiones y, en definitiva, a sus derechos. Por ello, las mujeres mayores se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza, discriminación y violencia. Asimismo, tampoco podemos olvidarnos de otros tipos de discriminación (como los basados en el origen, la orientación sexual o la discapacidad) que pueden agravar las situaciones de violencia y abusos, así como otras situaciones en las que existen menos herramientas y posibilidades para denunciar la violencia o la discriminación (como vivir en áreas aisladas, en zonas de conflicto o no tener acceso a medios de comunicación o transporte).

El impacto de la pandemia en las personas mayores

Sin duda, las personas mayores han sido las más afectadas por la crisis sanitaria y humanitaria provocada por la Covid-19. Desde los primeros meses de esta pandemia, hemos visto que los problemas a los que se están enfrentando las personas mayores no son consecuencia exclusiva de una mayor tasa de mortalidad en edades avanzadas, sino también de la discriminación que sufren y de las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. Ya en el mes de mayo, António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, presentó el informe “Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older persons” donde se señalaban algunos de los derechos de las personas mayores que se han visto afectados por la respuesta a la crisis, como el derecho a la vida, a la salud, a la autonomía personal, a la atención sanitaria, a los cuidados paliativos, a la seguridad y a disfrutar de una vida libre de violencias, abusos o negligencias. Por ello, desde muchas organizaciones que trabajan por los derechos de las personas mayores, se ha reclamado a los Estados que respondan a la crisis teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas mayores y las barreras adicionales a las que se enfrentan.

Es muy frecuente encontrarnos con medidas, programas o leyes que ignoran las necesidades de las personas de edad avanzada e, incluso, son excluidas de datos y estadísticas oficiales. Las medidas tomadas de forma urgente ante situaciones de grave crisis o en contextos humanitarios, a menudo, no incluyen una perspectiva de edad y, por ello, las consecuencias de cualquier emergencia pueden ser aún más graves. Por ello, es fundamental contar con normas que protejan los derechos de las personas mayores y crear medidas específicas que ayuden a eliminar la discriminación por razón de edad.

En el documento “Time For A U Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age”, elaborado por un grupo de personas expertas y representantes de distintas organizaciones civiles, se analiza el impacto que ha tenido la pandemia en los derechos de las personas mayores y cómo una Convención por los derechos de las personas mayores podría ser un gran paso hacia la igualdad y la inclusión. En este informe se muestra cómo la crisis ha demostrado que es necesario actuar de forma urgente para proteger los derechos de las personas mayores y se centra en seis aspectos fundamentales: la igualdad y no discriminación, la autonomía, el cuidado, la salud el derecho a una vida libre de violencia y la seguridad social.

Siguiendo este informe, la pandemia ha demostrado que la discriminación por razón de edad no se trata de la misma forma que otras formas de discriminación. Si bien ante situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo, algunos derechos humanos pueden verse limitados (como el derecho a la libertad de movimiento), estas restricciones no pueden ser discriminatorias y basarse en la edad. A pesar de que el riesgo de padecer problemas de salud graves ante un contagio de Covid-19 puede aumentar con la edad, algunas medidas no han tenido en cuenta la diversidad que existe entre las personas mayores y, en muchas ocasiones, se ha ignorado el impacto negativo que tienen los largos periodos de aislamiento en su bienestar físico, mental y cognitivo. De hecho, cuando en julio se empezaron a flexibilizar las medidas restrictivas tomadas al inicio de la pandemia, HelpAge International detectó medidas basadas en la edad en al menos 48 países.[2] Según los datos recogidos por la organización, a medida que los países iban superando el pico de la pandemia y los gobiernos empezaban a flexibilizar las medidas de contención del virus, las personas mayores tuvieron que seguir normas más restrictivas que el resto de la población. Así, por ejemplo, durante el desconfinamiento en diversos países no se ha permitido a las personas mayores abandonar sus casas o entrar en centros comerciales, mientras que sí podían hacerlo personas más jóvenes.

Es muy importante que todas las medidas que limitan la libertad de movimientos y que afectan a derechos tan básicos, no se basen en aspectos como la edad, sino en evidencias científicas y médicas que tengan en cuenta la diversidad que existe entre las personas mayores. Todas las medidas que se pongan en marcha en este sentido, además, deben ser temporales y revisarse de forma periódica y estar pensadas para causar los mínimos daños colaterales. Si bien es esencial crear estrategias para contener la propagación del virus, no podemos olvidarnos del resto de problemas de salud y de las consecuencias que pueden tener los largos periodos de aislamiento. A pesar de que existen multitud de medidas y programas que se basan en la edad (inicio de la escuela, prestaciones, ayudas para personas desempleadas, etc.), las medidas que restringen los derechos humanos no pueden basarse en aspectos como la edad, el sexo o la procedencia. Además, las medidas basadas en la edad pueden aumentar la estigmatización de las personas mayores y refuerzan los estereotipos que existen en el imaginario colectivo.

Volviendo al informe “Time For A Un Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age”, vemos que estas medidas han implicado también que las personas mayores vieran mermado su derecho a la autonomía y a la libertad de elección. Según los expertos, se ha negado el derecho de las personas mayores a recibir información y tomar sus propias decisiones sobre los tratamientos médicos y se han establecido límites de edad en los protocolos de triaje. A pesar de que esta no era una práctica nueva, se ha hecho visible durante la pandemia cuando los hospitales de todo el mundo se han visto colapsados. En este caso, no solo se está negando el derecho a la autonomía de las personas mayores, sino que también se ha violado su derecho a la vida y a la salud. Además, tal y como se ha denunciado desde múltiples organizaciones, durante la pandemia, se ha negado el derecho a la salud a muchas personas mayores de distintas formas, como el acceso a tratamientos y pruebas médicas. En España, el “Estudio del impacto de la COVID-19 en las personas con enfermedad crónica», realizado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), afirma que casi siete de cada diez consultas de pacientes con patologías crónicas fueron canceladas como consecuencia de la pandemia de coronavirus y, de las que no sufrieron anulaciones, el 66% fueron aplazadas.

También las carencias que existen en los servicios de atención y cuidados se han puesto de manifiesto con esta crisis. A nivel global, se han suspendido muchos servicios de atención durante el confinamiento, lo que ha implicado que las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas dependientes no tuvieran el apoyo necesario. Además, distintas investigaciones apuntan que el personal de asistencia y cuidados no ha contado con la protección necesaria para realizar su trabajo y, en todo el mundo, se han detectado multitud de errores en la gestión de centros residenciales. En España, el duro informe de Médicos del Mundo “Poco, tarde y mal”, publicado en agosto, expone cómo la excesiva mortalidad de las personas mayores es consecuencia de los problemas estructurales y sistémicos del modelo de residencias.

Por último, es importante señalar que algunas de las medidas que se han adoptado para hacer frente a la crisis sanitaria han aumentado también el riesgo de sufrir violencia, abandono, discriminación o pobreza. El aislamiento ha implicado un mayor riesgo de violencia machista y ha dificultado la posibilidad de pedir ayuda y denunciar situaciones de violencia. Además, el cierre de algunos servicios básicos, como bancos, ha dejado a muchas personas mayores sin acceso a sus ingresos o prestaciones en algunas partes del mundo.

Estrategias para acabar con el edadismo y la violencia en la vejez

Como hemos visto a lo largo de este artículo, la violencia hacia las personas mayores se basa en unas creencias culturales y sociales aprendidas a lo largo de nuestra vida. Por ello, lo primero que debemos hacer para acabar con el abuso y el maltrato en la vejez es promover una actitud positiva hacia las personas mayores y cambiar la percepción que tenemos sobre ellas. Las personas mayores, al igual que cualquier grupo de edad, está formado por personas muy diversas y debemos huir de estereotipos que no se corresponden con la realidad. Es fundamental que tengamos en cuenta que estamos hablando de personas adultas, con capacidad de decisión y que tienen el derecho a decidir sobre su propia vida -también en situaciones de dependencia o discapacidad-. Debemos considerarlas parte activa de la población y reconocer su gran potencial económico, cultural y social.

Por ello, desde las instituciones públicas y las organizaciones sociales, se debe promover su participación en la sociedad y en la toma de decisiones y fomentar iniciativas que promuevan el envejecimiento activo, ya sea desde el fomento del empleo o la formación, como programas de actividades lúdicas y deportivas.

Asimismo, para que las personas mayores puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos, se debe fomentar el conocimiento sobre discriminación y maltrato hacia las personas mayores y los recursos existentes. Como hemos visto, el edadismo y la violencia hacia las personas mayores aún son problemas muy invisibilizados y, por ello, ante situaciones de violencia, abusos o discriminación puede que muchas personas no sepan reconocer dicha violencia o no sepan cómo actuar ni dónde denunciarla. Es muy importante que las personas mayores conozcan cuáles son sus derechos y poner a su disposición asistencia legal. Además, debemos tener en cuenta otros tipos de discriminación, especialmente la discriminación y violencia machista y crear recursos específicos para las mujeres mayores.

En el contexto de esta crisis, todas las instituciones públicas y organizaciones civiles deben trabajar para dar una respuesta inclusiva. Entre otras cosas, es importante asegurar que las personas mayores tengan acceso a la información sobre los riesgos a los que se enfrentan y cómo pueden protegerse de ellos para que puedan tomar sus propias decisiones de forma consciente y respetando las indicaciones de las instituciones competentes. Por otro lado, las estadísticas oficiales deben recopilar información y datos de calidad sobre el impacto que está teniendo la Covid-19 en las personas mayores, así como los efectos que está teniendo la pandemia en otros aspectos de su vida. Por último, es de vital importancia que los sistemas de salud garanticen a las personas mayores el acceso a los servicios médicos en igualdad de condiciones y prestar especial atención a las personas refugiadas o que viven en contextos especialmente graves.

Aún es difícil saber el impacto real que tendrá la pandemia de Covid-19 en las personas mayores a nivel global, pero sí sabemos que cualquier respuesta a la crisis debe basarse en la defensa de los derechos fundamentales. Para ello, es importante contar con las herramientas y estrategias necesarias a nivel nacional e internacional. Una convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores ayudaría a incorporar la perspectiva de edad en la toma de decisiones y sentaría las bases para futuras normativas nacionales que fomentaran la calidad de vida durante la vejez y un cambio en el modelo de cuidados y de asistencia sanitaria.

Bibliografía

• Sleap,B.; Allen, R.; Byrnes, A.;  Doron, I.; Georgantzi, N.; Mitchell, B. (2020). Time For A Un Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age.

[https://www.age-platform.eu/sites/default/files/Discussion_Paper_COVID-19_Time_for_a_UN_Convention-Aug2020.pdf]

• Sleap, B. (2020). Easing of COVID-19 lockdown strategies discriminates against older people around the world. HelpAge International.

[https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/easing-of-covid19-lockdown-strategies-discriminates-against-older-people-around-the-world/]

• Barranco Avilés, M.C.; Vicente Echevarría,I. (2020). La discriminación por razón de edad en España. Conclusiones y recomendaciones para el contexto español desde un enfoque basado en derechos. HelpAge International España.[ http://helpage.es/download/5e2ade8f1b4a5]
• Médicos Sin Fronteras.(2020). Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de las personas mayores en las residencias durante la COVID-19 en España. Agosto 2020. [https://www.msf.es/sites/default/files/attachments/medicossinfronteras-informe-covid19-residencias.pdf].
• Plataforma de Pacientes.(2020). Estudio del impacto de la COVID-19 en las personas con enfermedad crónica.

[https://www.plataformadepacientes.org/sites/default/files/informe_covid19_final_web_ok.pdf]

• United Nations Coordinated Appeal. (2020). Global Humanitarian Response Plan Covid-19. April – December 2020 Global [https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHRP-COVID19_May_Update.pdf]
• United Nations. (2020). Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older persons. Mayo 2020. [https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_covid-19_and_older_persons_1_may_2020.pdf].

[1] Barranco Avilés, M.C.;  Vicente Echevarría, I. (2020). La discriminación por razón de edad en España. Conclusiones y recomendaciones para el contexto español desde un enfoque basado en derechos. HelpAge International España.

[2] Sleap,B.;  Allen, R.; Byrnes, A..; Doron, I.; Georgantzi, N.;  Mitchell, B. (2020). Time For A Un Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age [https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/easing-of-covid19-lockdown-strategies-discriminates-against-older-people-around-the-world/]

Número 6, 2020

Christian Felber, autor, docente, ponente, bailarín contemporáneo. Iniciador de la Economía del Bien Común.

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Los problemas ecológicos y sociales actuales muestran claramente que el modelo económico es inviable en el futuro. La Economía del Bien Común (EBC) es un modelo alternativo holístico y sostenible que se basa en valores democráticos y en las necesidades básicas de las personas.

Existe una conciencia cada vez mayor dentro de la comunidad científica que la mayoría de los problemas más apremiantes de nuestros tiempos no se pueden resolver con el modelo económico existente. Sin embargo, cuando se habla de alternativas, se dispone de muy pocos modelos integrales. La Economía del Bien Común (EBC) ofrece un replanteamiento holístico de la economía que incluye:

1 – Una definición de economía (diferente de los principales libros de texto, que no suelen ofrecer una definición del todo; sólo suelen definir mercado).

2 – Una aclaración de los objetivos y los medios de la actividad económica.

3 – Una metodología coherente para la medición del éxito a nivel macro, meso y micro.

4 – La regulación del uso final de los beneficios.

5 – La cooperación en lugar de competencia como nuevo paradigma.

6 – Un enfoque diferenciado de la propiedad, presentando una amplia variedad de tipos de propiedad, otorgando límites constitucionales y condiciones a todos los tipos.

7 – Un concepto claro de la limitación de la desigualdad (y la concentración de poder).

8 – Una noción del dinero como un bien público y el sistema monetario y financiero como una infraestructura pública.

9 – Un orden comercial ético que constituye una alternativa al libre comercio y al proteccionismo.

10 – Una propuesta para seguir desarrollando, profundizando y fortaleciendo las democracias liberales involucrando a los ciudadanos más activamente: democracia soberana.

Sobre la base de las propuestas teóricas y procedimentales, la EBC es un movimiento que se vive día a día, impulsado por unos 5.000 ciudadanos, empresarios, banqueros, consultores, auditores, oradores, científicos y docentes activamente involucrados. Juntos, han desarrollado casi una docena de prototipos de la vida real que son aplicados por diversos actores de la sociedad.

1. Definición de economía

Curiosamente, los libros de texto de economía apenas contienen una definición clara de su objeto de estudio. Pero, si no sabemos qué significa economía, ¿cómo podemos estudiarla? ¿Cómo podemos evaluar su éxito? Un trío de autores del movimiento EBC propone la siguiente definición de economía: La ciencia de la satisfacción de las necesidades de las generaciones humanas vivas y futuras, en consonancia con los valores democráticos y los límites ecológicos planetarios.1 Ciertamente, este es solo un punto de partida que necesita mucho más debate. Sin embargo, proporciona una base para la discusión de los objetivos potenciales de la economía y, especialmente, de la política económica; así como para la medición del éxito económico en todos los niveles.

2.  Objetivos y valores

El bienestar de los miembros del hogar (oikos) era el objetivo original de la oikonomia griega. Aristóteles diferenció este concepto epónimo de la palabra moderna economía de su opuesto chrematistiké, que se caracterizaba por convertir los medios dinero y capital en fines. Mientras chrematistiké puede traducirse al lenguaje moderno como capitalismo, oikonomia era por definición una economía para el bien común. Esta distinción no fue una excepción en la historia del pensamiento, sino la regla. Claus Dierksmeier concluye: Desde Aristóteles, pasando por Tomás de Aquino, hasta Adam Smith incluido, hubo un consenso en que tanto la teoría como la práctica económicas debían ser legitimadas y limitadas por un determinado objetivo general (del griego: telos) como el bien común.2 Mientras que la economía como ciencia tomó un camino diferente con el surgimiento de la escuela neoclásica desde la década de 1870 hasta hoy, las constituciones de las naciones democráticas aún contienen el imperativo del bien común para la economía. Por ejemplo, la Constitución bávara dice: La actividad económica en su totalidad sirve al bien común (Art. 151). La Constitución de Columbia establece: La actividad económica y la iniciativa privada no deben ser obstaculizadas dentro de los límites del bien común.

3. Éxito redefinido: Producto y Balance del Bien Común

En una Economía del Bien Común, el éxito se redefiniría y realinearía con el bien común, tal como lo prevén las constituciones. Enla economía nacional, un Producto del Bien Común (PBC) podría reemplazar al PIB monetario, midiendo metas definidas democráticamente y alineadas con valores universales. Según la experiencia, los ciudadanos incluirían bienes como la salud, la felicidad, las relaciones prósperas, la cohesión social, la distribución justa, los derechos fundamentales, los ecosistemas estables o la paz. Esto seguiría una tendencia actual: las métricas alternativas al PIB emergen por todas partes, desde el Índice del planeta feliz hasta el Índice para una vida mejor (OCDE), la Felicidad nacional bruta (Bután) o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU).3

En lo micro, el Balance del Bien Común (BBC) muestra cuánto contribuye una empresa al bien común. Una vez que el Producto del Bien Común ha sido compuesto y anclado en las constituciones, el BBC simplemente mediría cuánto contribuye una organización a sus 20 subobjetivos. La (pre)versión actual del BBC mide hasta qué punto estas entidades económicas viven la dignidad humana, la solidaridad, la justicia, la sostenibilidad y la democracia. Las preguntas de los informes del bien común de las empresas incluyen, por ejemplo:

– ¿Los productos y servicios satisfacen las necesidades humanas?

– ¿Qué tan humanas son las condiciones de trabajo?

– ¿Qué tan amigables con el medio ambiente son los procesos de producción?

– ¿Qué tan ética es la política de ventas y compras?

– ¿Qué tan involucradas están las partes interesadas en la toma de decisiones estratégicas?

– ¿Cómo se distribuyen las ganancias?

Los Informes del Bien Común son examinados por auditores independientes. Se publica un resultado cuantificado y comparable (hasta 1.000 puntos de bien común). Para evitar el lavado de imagen verde o ecopostureo (greenwashing), los aspectos negativos, como las violaciones de los derechos humanos, el traslado de beneficios a paraísos fiscales o la destrucción medioambiental directa, dan lugar a la deducción de puntos, hasta un mínimo de menos 3.600 puntos negativos. El núcleo de la propuesta es recompensar a las empresas con  alta puntuación en su balance con beneficios fiscales, tarifas más bajas, mejores condiciones para los préstamos y prioridad en la contratación pública. Estas medidas harían que los productos y servicios éticos y amigables con el medio ambiente fueran más baratos que los éticamente cuestionables, en lugar de sufrir una desventaja competitiva debido a costos y precios más altos, como es el caso hoy en día. El error de sistema de las economías de mercado capitalistas se arreglaría.

Gráfico 1: Matriz del Bien Común para empresas (Movimiento EBC, https://www.ecogood.org/)

4. Regulación del uso de los beneficios

Las ganancias, como el dinero o las rentas de capital, son medios económicos. La sociedad regula la actividad comercial e individual de múltiples maneras, el uso de las ganancias no debería ser una excepción. Una empresa debe tener la libertad de utilizar sus ganancias para inversiones en el negocio, reservas para pérdidas futuras, pagos de dividendos a los empleados o préstamos solidarios a otras empresas. El uso de los excedentes financieros de una empresa debe restringirse para inversiones en servicios financieros o pagos de dividendos a propietarios y accionistas que no trabajan en la empresa. Finalmente, algunas prácticas podrían prohibirse, incluidas las adquisiciones hostiles o las donaciones a partidos políticos.

5. De la contrapetición a la cooperación

Una piedra angular de la economía de mercado capitalista es la idea de que la competencia impulsa la economía. El ganador del Premio Reichsbank4, Friedrich August von Hayek, escribió que la competencia es en la mayoría de los casos el método más eficiente.5 Empíricamente, esto no se ha confirmado. Contrariamente a la opinión del hombre de la economía neoclásica, existen amplias pruebas científicas de que la cooperación motiva más que la competencia.6 La razón es que la cooperación anima a través de las relaciones satisfactorias, mientras que la competencia lo hace principalmente a través del miedo.

La palabra competición deriva del término latino cum-petere que significa buscar juntos. La economía del bien común promueve una auténtica competencia en su significado original de correr juntos (con-currere). La competencia no desaparecería. Pero sus inconvenientes se harían visibles en el balance del bien común de una empresa y podrían verse estimulados negativamente. Por el contrario, los comportamientos cooperativos y solidarios se pueden incentivar positivamente.

Tabla 1: De «contra-petición» a «com-petición» = cooperación

6. Pluralidad de tipos de propiedad

Las teorías económicas socialistas valoran mucho la propiedad pública y colectiva, mientras que el capitalismo hace de la propiedad privada la forma suprema de propiedad. La Economía del Bien Común no clasifica los tipos de propiedad, sino que tiene como objetivo (a través de límites y condiciones) evitar el dominio de cualquier tipo de propiedad. Además, incluye todos los ámbitos en los que se desenvuelven actividades económicas: mercados, bienes comunes, servicios públicos y hogares (una característica compartida con el enfoque de la Economía rosquilla7).

Tabla 2: Tipos de propiedades, campos de aplicación, límites y condiciones

7. Limitación de la desigualdad

El experto en salud pública Richard Wilkinson y su equipo demostraron en un amplio abanico de factores cómo la igualdad en la sociedad está directamente relacionada con una mejor calidad de vida para todos.8 En muchos países, una gran mayoría de los ciudadanos apoyaría un menor grado de desigualdad. Se pueden poner límites a los ingresos, la propiedad, la herencia o el tamaño de una empresa. Para determinar cómo establecer límites, el movimiento internacional Economía del Bien Común utiliza el consenso sistémico. En este método, se presentan y se someten a voto varias propuestas, midiendo la oposición frente a cada una de ellas. La propuesta con menor oposición gana. Según las primeras experiencias prácticas desde Suecia hasta Chile, las propuestas para los ingresos máximos suelen ser tres, cinco, siete, diez, doce, quince, veinte o cincuenta veces la remuneración más baja. El ganador suele ser el factor 10, mientras que los extremos propuestos de desigualdad ilimitada, así como de igualdad total, encuentran una fuerte resistencia. Hoy en día, los altos ejecutivos austriacos ganan 1.150 veces más que los trabajadores peor pagados. En Alemania, es 6.000 veces más, y en los EE. UU., a algunos altos ejecutivos se les paga una increíble cantidad de 350.000 veces más.9

8. Comercio mundial ético

La dimensión internacional de una economía de mercado orientada al bien común sería el comercio mundial ético. Los acuerdos de libre comercio encarnan la premisa de que más comercio siempre es mejor. Sin embargo, al igual que el dinero o los préstamos, el comercio debería ser simplemente un medio para promover los objetivos: derechos humanos y laborales, justicia distributiva, cohesión social, sostenibilidad a largo plazo y democracia. En consecuencia, se propone reemplazar el sistema actual de acuerdos de libre comercio multi, pluri y bilaterales por una única zona multilateral de comercio ético dentro de las Naciones Unidas (UNETZ, por sus siglas en inglés).10 UNETZ se basaría en seis pilares:

1 – El paraguas general es el compromiso de equilibrar las balanzas comerciales, una idea originalmente pronunciada por John Maynard Keynes.11

2 – Bajo esta premisa, todos los países podrían ser tan abiertos o tan protegidos como deseen (un verdadero orden de libre comercio). A esta nueva libertad, la llamo vestido de baile en lugar de camisa de fuerza12, permitiría a los países de bajos ingresos desplegar su propia estrategia industrial, tecnológica y de desarrollo, como defiende el economista de Cambridge Ha-Joon Chang.13 En consecuencia, los países más pobres disfrutarían de las mismas oportunidades para apoyar a sus industrias nacientes, que los países desarrollados aprovecharon en su historia.

3 – A los países de bajos ingresos se les permite cierto superávit hasta cerrar la brecha con los países más ricos. En lugar de arrancarles la escalera del desarrollo, por la cual escalaron en el pasado los países hoy industrializados con aranceles, subsidios y otras medidas de protección (Friedrich List), esta escalera se pondría explícitamente al servicio de los países más pobres.

4 – Los países que se comprometen más con la paz, los derechos humanos, la estabilidad climática, la protección de la biodiversidad, la justicia fiscal y la diversidad cultural deberían comerciar más libremente entre sí que con los países que se no se comprometen con estos objetivos o lo hacen en menor medida, a través de aranceles éticos. Rechazar la cooperación estas áreas se convertiría en una desventaja estructural.

5 – Asimismo, las empresas que se comprometan más con los valores y objetivos de la comunidad internacional, publicados en su informe de sostenibilidad comparable como el BBC, deberían acceder a la zona de comercio ético con mayor libertad que las empresas que se presenten una menor ambición en estos aspectos. UNETZ favorecerá las empresas responsables y sostenibles.

6 – Finalmente, se agregarían nuevos elementos a la arquitectura de gobernanza global existente: un control de fusión global, una Autoridad Fiscal Global y una Autoridad Financiera Global14 o una Corte Mundial de Derechos Humanos.15

Gráfica 2: Comercio mundial ético

9. Democracia soberana

Algunas de estas propuestas pueden parecer poco realistas a algunos porque los gobiernos y los parlamentos no están dispuestos a abordar tales reformas, ni hoy ni mañana, aunque una mayoría de la población estuviera a favor de ellas. Este estado de las democracias contemporáneas ha sido calificado de postdemocracia por el politólogo británico Colin Crouch. Pero, ¿no vivimos más bien en una predemocracia, sobre todo porque nunca ha existido una forma más profunda de democracia? En una verdadera democracia, el pueblo soberano sería la máxima autoridad. Soberano deriva del término latino superanus y significa estar por encima de todo. Este papel se otorgaría a la población en forma de derechos soberanos, sin cuestionar los poderes existentes del legislativo, ejecutivo y judicial. Estos derechos soberanos podrían incluir, entre otros:

1 – Redactar una constitución (eligiendo una convención constitucional y votando los resultados).

2 – Modificar la constitución.

3 – Elegir un gobierno concreto (constelación).

4 – Expulsar al gobierno.

5 – Detener un proyecto de ley parlamentaria o un decreto gubernamental.

6 – Iniciar una ley y votarla.

7 – Iniciar una asamblea ciudadana.

8 – Regular y controlar los servicios esenciales de interés general.

9 – Crear y emitir dinero.

10 – Votar nuevos tratados internacionales.

Gracias a estos derechos, los ciudadanos podrían tomar decisiones directas sobre cuestiones fundamentales como:

– ¿Queremos chrematistiké u oikonomía, capitalismo o una economía del bien común?

– ¿El dinero como medio de pago debe ser emitido por bancos centrales o por bancos privados?

– ¿El referente central de la política económica debe ser el PIB o un Producto del Bien Común?

La mayoría de la gente parece preferir un Producto del Bien Común al PIB. En una encuesta representativa ordenada por el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania, solo el 18% de los alemanes querían que el PIB siguiera siendo el principal punto de referencia para la política económica y social en igualdad de condiciones; casi dos tercios preferían un indicador de calidad de vida más completo.16 Ejerciendo sus derechos soberanos, el pueblo podría hacer una gran diferencia.

10. Prototipos escalables de la vida real

Desde su origen en 2010, el movimiento internacional EBC ha creado una variedad creciente de herramientas prácticas que son aplicadas por compañías, start-ups, bancos, ciudades, regiones, escuelas y universidades. Cualquiera de estos prototipos puede ser aplicado y refinado en cualquier región.

a) Empresas

Más de 1.000 empresas han implementado el Balance del Bien Común. Provienen de todas las ramas: agricultura, alimentación, turismo, productores, proveedores de servicios de todo tipo, o bancos. Una panadería, por ejemplo, pregunta a los agricultores qué precio necesitan que tenga su maíz para poder vivir bien. Una cervecería decidió abastecerse de todo dentro de un perímetro de 100 kilómetros. La aseguradora de salud Pro Vita en Bavaria fue galardonada con el Global Challenge Award en la COP24 en Polonia por alentar a sus clientes a comer menos carne. Varias empresas familiares medianas han cambiado su figura jurídica a fundación o cooperativa, con el fin de distribuir más ampliamente la propiedad. Por lo general, las empresas pioneras colaboran entre sí y eligen los suministradores según su comportamiento ético.

b) Empresas emergentes

Para las empresas emergentes, el movimiento EBC ha desarrollado un Canvas Empresarial del Bien Común. Esta herramienta les ayuda a formular preguntas éticas esenciales, a encontrar un propósito significativo e integrarse con empatía en la sociedad democrática. Las ciudades EBC pueden otorgar una subvención a las incubadoras y aceleradoras con la condición de que las nuevas empresas apliquen el Canvas Empresarial del Bien Común o una herramienta similar.

c) Ciudades

Cada vez son más los municipios que aplican el BBC ya sea en toda su administración, como Mertzig (Luxemburgo), Eschlikon (Suiza), Mäder (Austria), Steinheim (Alemania) o el distrito de Horta de Guinardò de Barcelona (España)).17 Otras ciudades y gobiernos locales deciden aplicar el BBC en empresas públicas, por ejemplo. Zaragoza, Stuttgart, Marburgo, Münster o Hamburgo. Algunas ciudades están buscando formas de utilizar los valores e indicadores de la EBC en las decisiones de contratación pública y promoción económica. Para eso, es útil que una herramienta de informes de sostenibilidad ofrezca una puntuación comparable.

d) Índice del Bien Común

Las primeras regiones y ciudades actualmente se encaminan a desarrollar un Índice de Bien Común (IBC) regional/local. El movimiento EBC desarrolló un proceso participativo que permite a los ciudadanos diseñar directamente su IBC. Una convención podría estar compuesta de manera aleatoria pero representativa en materia de edad, sexo, profesiones, grupos según ingresos y antecedentes migratorios. Los miembros de la convención podrían recopilar sus propias propuestas más las de la población (a través de la democracia líquida) y filtrar las 20 submetas que gocen del mayor apoyo. Operacionalizado con indicadores, el progreso del IBC puede medirse de un año a otro y compararse entre regiones. Los primeros pasos hacia un IBC se han dado en Guarromán, Benifaró de la Valldigna y Salamanca (España), en la ciudad de Münster y en Baden-Württemberg (Alemania).

f) Colegios

El Nodo Educación dentro del movimiento ha desarrollado material didáctico para incluir el modelo EBC en economía, sociología, geografía, ética y educación política. Más de 200 escuelas han invitado a los instructores a talleres prácticos y charlas. Actualmente, se está desarrollando un plan de estudios para colegios. Además, algunas escuelas han hecho el BBC.

g) Universidades

Las universidades de Flensburg y Kiel en Alemania han concluido un proyecto de investigación de tres años sobre la implementación del Balance del bien común en grandes corporaciones.18 La Universidad de Valencia en España estableció una Cátedra de la EBC en 2017 y concluyó un primer estudio empírico sobre 206 empresas con Balance del Bien Común (BBC).19 La Universidad de Ciencias Aplicadas de Burgenland ofrece una Maestría en Economía del Bien Común Aplicada. La Universidad de Córdoba en Argentina ha lanzado un Programa Introductorio a las Nuevas Economías (PINE)20 para presentar modelos económicos alternativos a una audiencia más amplia. Cualquier universidad puede ofrecer un curso, un estudio o establecer una cátedra para nuevos modelos económicos sostenibles.

h) Bancos

Cualquier banco puede abrir un Centro del Bien Común con cuentas de bien común (cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuenta de negocios) y préstamos éticos tras haber completado su balance. La Cooperativa para el Bien Común, con sede en Viena, que ha comercializado la primera cuenta corriente del bien común en Austria21, está dispuesta a ayudar a los bancos interesados a dar sus primeros pasos en la en la Banca del Bien Común.

Bibliografía

1     Dolderer J, Felber C, Teitscheid P. From Neoclassical Economics to Common Good Economics [Desde la Economía Neoclásica a la Economía del Bien Común]. Sustainability, 2021; 13(4):2093; pág. 7.

2     Dierksmeier, C. Reframing Economic Ethics. The Philosophical Foundations of Humanistic Management [Reformulación de la ética económica. Los fundamentos filosóficos de la gestión humanista]. Palgrave macmillan, 2016; pág. 35.

3     ECOGOOD. Common Good Product, Policy Paper Nr. 1 [Producto del Bien Común, Documento de Políticas No. 1], 2022. https://cgp.ecogood.org/ y Hoekstra, R. This is the moment to go beyond GDP [Este es el momento para ir más allá del PIB]. WeALL, WWF y EEB, 2022.

4     Felber, C. The Gold Medal [La medulla de oro]. The Mint Magazine, 2019.

5     Hayek, F. A. The Road to Serfdom [El Camino a la Servidumbre]. The Institute of Economic Affairs, 2005; pág. 45.

6     Kohn, A. No Contest. The Case against Competition. Why we lose in our race to win [Sin competencia. El Caso contra la Competencia. Por qué perdemos en nuestra carrera para ganar]. Houghton Mifflin, 1992; pág 205.

7     Raworth, K. Doughnut Economics. Seven Ways to Think Like a 21st-Century-Economist [Economía rosquilla. Siete formas de pensar como un economista del siglo XXI]. Random House Business Books, 2017.

8     Wilkinson R, Pickett K. The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better [El nivel del espíritu. Por qué las sociedades más igualitarias casi siempre lo hacen mejor.]. Penguin, 2010.

9     Ahmed A, Creswell J. Bet on Gold Nets Paulson $5 Billion [Apostar al oro le genera a Paulson 5$ billones]. The New York Times, 2011.

10   Felber, C. Por un comercio mundial ético. Deusto, 2018. https://www.comerciomundialetico.info/

11   Keynes, J. M. Proposals for an International Clearing Union [Propuestas para una Unión Internacional de Compensación], pág 17-63 en: Horsefield, J. K. (ed.). The International Monetary Fund 1945–1965. Twenty Years of International Monetary Cooperation, Vol. 3 [Fondo Monetario Internacional: El Fondo Monetario Internacional 1945–1965. Veinte años de cooperación monetaria internacional, vol. 3]. International Monetary Fund, 1969.

12   Friedman, T. The Golden Straitjacket [La camisa de fuerza dorada] en: The Lexus and the Olive Tree [El Lexus y el olivo], Anchor Books; pág. 101–11.

13   Chang, H. J. Kicking Away the Ladder. Development Strategy in Historical Perspective [Apartando la escalera. Estrategia de desarrollo en perspectiva histórica]. Anthem Press, 2003.

14   Stiglitz et al. Report of the Commission of Experts of the President of the United Nations General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial Systems [Informe de la Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Reformas de los Sistemas Monetario y Financiero Internacional], Naciones Unidas, 2009; pág 96.

15   Kozma J, Nowak M, Scheinin M. A World Court of Human Rights – Consolidated Statute and Commentary [Una Corte Mundial de Derechos Humanos – Estatuto y Comentario Consolidados]. Estudios del Instituto Ludwig Boltzmann para los Derechos Humanos, vol. 22. Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2010.

16   Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit/Umweltbundesamt. Umweltbewusstsein in Deutschland 2014. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage [Conciencia medioambiental en Alemania 2014. Resultados de una encuesta popular representativa]. 2015, pág. 22 y 35.

17   https://economiadelbiencomun.org/somos/municipio-region/

18   Heidbrink L, Kny J, Köhne R, Sommer B, Stumpf K, Welzer H, Wiefek J. Schlussbericht für das Verbundprojekt Gemeinwohl-Ökonomie im Vergleich unternehmerischer Nachhaltigkeitsstrategien (GIVUN) [Informe final del proyecto conjunto Economía del Bien Común en Comparación de Estrategias de Sostenibilidad Empresarial (GIVUN)]. Universidad de Flensburg y Universidad de Kiel, 2018.

19   Sanchis, JR, Campos V, Ejarque A. Analyzing the Economy for the Common Good Model. Statistical Validation of its Metrics and Impacts in the Business Sphere [Analizando el Modelo de Economía del Bien Común. Validación Estadística de sus Métricas e Impactos en el Ámbito Empresarial]. Cátedra Economía del bien común, Universidad de Valencia 2019.

20   https://nuevaseconomias.org/

21   https://www.gemeinwohlkonto.at/

Número 13, 2023

Marta Llobet Estany

Paula Durán Monfort

Claudia Rocío Magaña- González

Araceli Muñoz García

Eugenia Piola Simioli

Profesoras y integrantes del Equipo de Investigación sobre la alimentación en contextos vulnerables. Escuela de Trabajo social – Universidad de Barcelona

El artículo aborda los efectos de la precarización alimentaria en el bienestar de las personas y por las respuestas que están abriendo brechas en el modelo hegemónico de ayuda alimentaria. Es una investigación de carácter exploratorio sobre la precarización alimentaria y su incidencia en el bienestar en el contexto de la crisis económica del 2008. El trabajo de campo se ha realizado en dos barrios de Barcelona, entre el 2015 hasta 2020. Se empleó una metodología cualitativa, pasando de métodos más convencionales a metodologías participativas en las etapas finales.  A partir de los resultados se reflexiona sobre la necesidad de transformar el actual modelo de ayuda alimentaria para avanzar en el cumplimiento del derecho a la alimentación en el marco de una mayor igualdad y justicia social.

Introducción

Asegurar el alimento y la subsistencia diarios aparece en el imaginario colectivo como un problema de los países del Sur. Sin embargo, en los países del Norte global se está lejos de erradicar la privación y precariedad alimentaria de una parte importante de la población. En el contexto de las últimas crisis económica y sanitaria, la respuesta [1]basada en el incremento de dispositivos de ayuda alimentaria, amortigua la situación, pero no la resuelve y repercute negativamente en el bienestar de las personas.

La pandemia pone de relieve que el tema de la precarización alimentaria no es un problema coyuntural, sino que requiere de medidas estructurales y políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación y que no consideren la inseguridad alimentaria como una dimensión más de pobreza, sino como un hecho social en sí mismo.

El objetivo de este texto es compartir algunas reflexiones en torno a los resultados de una investigación realizada en dos barrios de la ciudad de Barcelona, desde el 2015 hasta el 2020. El trabajo de campo incluyó la participación de residentes de los barrios (personas mayores, familias migrantes y familias monoparentales); profesionales de los servicios sociales y de salud y de entidades de acción social y activistas vinculados a diferentes iniciativas comunitarias. La metodología cualitativa consistió en entrevistas y grupos focales en las primeras etapas y a partir de la tercera etapa, en la que las propias personas interpelaron el proceso, se incorporaron métodos más participativos.

El texto se estructura en cuatro apartados. El primero analiza la precarización alimentaria y sus impactos en el bienestar de las personas; el segundo presenta las estrategias adoptadas por las personas para afrontar las situaciones de precariedad alimentaria y los impactos que genera la solicitud de ayuda alimentaria; el tercero aborda las diferentes concepciones de la alimentación y el tipo de respuestas que se articulan en torno a ellas; el cuarto presenta una reflexión final acerca de la necesidad de transitar hacia otro modelo de intervención e investigación (Muñoz, et al. 2021) que sitúe el derecho a la alimentación en el centro, desde una perspectiva de igualdad y justicia social.

1. La precarización alimentaria y sus impactos en el bienestar

El aumento del desempleo y la precariedad generados a partir de la crisis económica del 2008[2] en España, y concretamente en Barcelona, han incidido en el agravamiento de los procesos de vulnerabilidad y de exclusión social (Laparra y Pérez Eransus, 2012). Los efectos de estos procesos van más allá de la dimensión económica y afectan múltiples esferas de la vida social de las personas (Zurdo y López, 2013). Estos itinerarios de descalificación y exclusión impactan en las diferentes dimensiones del bienestar de las personas: material, corporal, relacional, decisional y temporal (Fournier, Godrie y McAll, 2014)[3].

La dimensión material se ve afectada por la situación económica, laboral y habitacional, lo que afecta también a la dimensión corporal repercutiendo en la salud física y mental de las personas. La falta de control sobre el acceso a los alimentos debilita la autonomía de los sujetos y su poder decisional, lo que puede generar estrés y depresión, así como diferentes enfermedades crónicas (Garthwaite, Collins y Bambra, 2015). Este escenario afecta a la vida cotidiana de las personas, a sus tiempos y a sus formas de organización doméstica (Durán et al., 2021). También, repercute en la dimensión relacional ya que puede modificar tanto la dinámica familiar como las interacciones sociales. Impacta en la dimensión decisional, al producir el debilitamiento en la capacidad de tomar decisiones. En cuanto a la dimensión temporal, se afectan las rutinas cotidianas y los tiempos de vida (Fournier, Godrie y McAll, 2014).

Estos procesos afectan todas las dimensiones del bienestar e inciden también en la alimentación (Llobet et al., 2020b) favoreciendo, la emergencia de situaciones de inseguridad alimentaria (Heflin, London y Scott, 2011). También limitan el acceso físico, social y económico de las personas a los alimentos y su disponibilidad en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades y particularidades alimentarias de las personas (Pollard y Booth, 2019). De esta manera, las familias tienen que adaptarse al hacer la cesta de la compra o en el consumo, ante la escasez de recursos económicos y la situación de privación material (Díaz Méndez, García Espejo y Otero Estévez, 2018). Por otro lado, los procesos también tienen efectos en la dimensión sociocultural, ya que puede generar cambios en las formas de vida habituales (Medina, Aguilar y Fornons, 2015). Se produce, por tanto, una transformación de los procesos y prácticas alimentarias, en los cuales las personas tienen que desarrollar diversas estrategias de afrontamiento (Gracia, 2015).

2. Estrategias de afrontamiento y la visibilización pública de la demanda de ayuda alimentaria

Las personas con las que se ha reflexionado sobre los impactos que causa la precarización alimentaria ponen en marcha estrategias cotidianas para hacer frente a los diversos impactos de las crisis, eligiendo diferentes opciones diferenciadas a lo largo de las etapas del proceso alimentario (obtención, elaboración y consumo) (Llobet, et al. 2019). La pérdida de la capacidad adquisitiva afecta negativamente tanto al volumen de alimentos consumidos como su variedad. Por ello, en la fase de obtención de alimentos se ven afectadas las rutinas, la periodicidad y organización de los tiempos dedicados a comprarlos. Esto es visible en los espacios a los que acuden las personas, sobre todo en busca de ofertas. En muchas ocasiones se prioriza el precio como criterio de elección y compra de alimentos. A su vez, se realizan ajustes entre lo que se consume y compra con la finalidad de minimizar el gasto y evitar el desaprovechamiento, por ejemplo, adquirir marcas blancas u ofertas en alimentos frescos.

En la fase de elaboración de alimentos el modelo de comida se desestructura, sobre todo simplificando la comida ternaria. Se elabora un solo plato para que todas las personas puedan alimentarse. Es decir que se privilegia el consumo de todos los miembros de la unidad familiar y se prioriza el no desperdicio de alimentos, provocando que ese mismo plato se termine o se desarrolle la cocina de aprovechamiento. Otra estrategia es la adopción de un patrón alimentario basado en alimentos de bajo coste que se caracteriza por alimentos altamente calóricos y grasas que genere sensación de saciedad. Otra estrategia es la sustitución de alimentos frescos por congelados, el cual reduce el coste del presupuesto familiar. Estas estrategias producen la reducción de la calidad de productos consumidos y de la cantidad ingerida en cada comida, lo que obliga a la creatividad para diversificar las maneras de preparar comidas.

Un efecto en el consumo de alimentos es la disminución del número y/o frecuencia de las comidas realizadas a lo largo del día. En muchas ocasiones se suprimen comidas, como el desayuno o se simplifican. A su vez, aparecen diferencias en el consumo: por ejemplo, en muchas ocasiones las mujeres dejan de consumir alimentos para amortiguar el impacto de la escasez alimentaria en los más jóvenes.

Todas estas estrategias tienen efectos a nivel físico y psicológico de las personas, en muchas ocasiones provocan malnutrición (desnutrición o sobrepeso) y también genera ansiedad alimentaria. Esta última hace referencia a que las personas muchas veces están preocupadas por resolver una necesidad básica que impacta en el estado mental dada la incertidumbre alimentaria.

La solicitud de la ayuda para la alimentación afecta de maneras muy diversas y negativas a las personas. El modelo de ayuda benéfico-asistencial hegemónico concibe su función como una concesión o un don alimentario. Al enmarcar la solicitud de ayuda como un acto caritativo, que no sólo reproduce la idea de la superioridad moral de la persona o entidad que realiza este acto, sino que implica un gesto de poder que produce la humillación de las personas que son beneficiarias de dicha ayuda (Cary y Roi, 2013). Esto a su vez conlleva el desarrollo de estigma y vergüenza social para las personas que solicitan ayuda. Si bien las ayudas pueden proporcionar alivio inmediato, pero no resuelven la demanda, no aseguran una buena nutrición, ni garantizan el uso de alimentos adecuados a la cultura (Riches, 2011). La caridad alimentaria ofrece una respuesta ineficaz a la pobreza alimentaria (Riches y Tarasuk, 2014),

Otro efecto de este tipo de repuestas es la individualización de la pobreza y su vivencia en el espacio privado. Este proceso refuerza la visión del hambre como un problema circunscrito a la familia o al individuo y que se atiende mediante soluciones individuales, obviando la perspectiva estructural y macrosocial de las relaciones de poder que existen entre individuos y grupos sociales (Riches, 2011). Las personas se convierten, desde esta perspectiva, en responsables de la situación de desigualdad social que viven (McAll, 2017) y la perpetuación de esta situación se presenta como consecuencia del éxito o fracaso personal de los mismos individuos y de sus acciones (Berti et al., 2017). Eso tiene un impacto importante en las personas, que se sienten culpables, infantilizadas y maltratadas por mensajes las culpabilizan de su situación (Rouillé d’Orfeuil, 2018).

3. Concepciones de la alimentación y respuestas a la precarización alimentaria

En el trabajo de campo realizado se identificaron tres tipos de respuestas para hacer frente a la situación de precarización alimentaria, llevadas a cabo por instituciones públicas, tercer sector, sector privado e iniciativas de tipo ciudadano (Llobet et al., 2020a). Para establecer esta clasificación, se tuvieron en cuenta las concepciones de la alimentación asociadas a cada tipo de práctica y su efecto sobre el bienestar de las personas.

El primer tipo lo componen las prácticas tradicionales, que son aquellas que ya se venían realizando antes del inicio de la crisis económica del 2008, y constituyen el modelo hegemónico de la ayuda alimentaria. En el contexto de crisis, este tipo de prácticas se ha planteado como una solución de emergencia para las personas que se encuentran en una situación de precarización o exclusión social (Gómez Garrido, Carbonero Gamundí y Viladrich, 2019).

Estas prácticas se asientan en una perspectiva asistencialista que supone la concesión de un don que no implica reciprocidad (Berti et al., 2017), ya suelen consistir en la distribución de un pack de alimentos. Se trata de una medida lejana de la idea de la alimentación debe ser un derecho reconocido que permita transformar las desigualdades en materia alimentaria (Riches, 2011).

Este tipo de prácticas se fundamenta en una concepción de la alimentación como una necesidad exclusivamente biológica, desvinculada de otros aspectos de la vida de las personas (McAll et al., 2015). La seguridad alimentaria se entiende, desde esta visión, como el simple acceso de las personas a los productos alimentarios. Esta perspectiva reduce a los individuos a bocas que deben ser alimentadas, y oculta la complejidad de este hecho social y los diferentes elementos que rodean la alimentación y la definen, como el género, la edad, la posición social y la salud (McAll, 2017).

El segundo tipo de prácticas son las denominamos nuevas, que emergen en el contexto de crisis como respuestas para mejorar algunos aspectos de las prácticas de ayuda alimentaria tradicionales, pero sin cuestionar en profundidad el modelo. Este tipo de prácticas incorpora aspectos que pretenden mejorar el circuito y las formas de distribución de la ayuda alimentaria, como es el caso de la tarjeta monedero. Este recurso facilita el que las familias vayan a comprar directamente a los comercios, incrementen su capacidad de elección y de compra (Baquero, 2015) y tengan acceso a una mayor diversidad alimentaria.

Estas prácticas buscan efectos más amplios en las diferentes dimensiones del bienestar. En la dimensión material favorecen el acceso al alimento; en la dimensión decisional, toman en cuenta las particularidades alimentarias de las personas; en la dimensión corporal, contemplan la importancia de que los alimentos respondan a las necesidades nutricionales y en la dimensión relacional, reconocen la alimentación como acto social.

Estas prácticas pretenden ofrecer una respuesta más global, desde una concepción de la alimentación biopsicosocial -biológico, social y cultural- (Contreras y Gracia, 2005). La dimensión cultural que atraviesa la alimentación es un elemento fundamental, reconocido por los profesionales y activistas que trabajan desde las iniciativas ciudadanas, que señalan que la reducción de la pobreza alimentaria tiene que contemplar el acceso a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente aceptable (Pomar y Tendero, 2015).

El cuestionamiento de las prácticas tradicionales o de estas nuevas prácticas da origen a las respuestas alternativas que se construyen desde un enfoque de derecho, de autonomía y de soberanía alimentaria. Son iniciativas que abordan la inseguridad alimentaria desde una perspectiva comunitaria y social. Por un lado, subrayan que las desigualdades en materia alimentaria constituyen una responsabilidad colectiva y, al mismo tiempo, reivindican que las prácticas consideren todas las partes del sistema alimentario (producción, procesamiento, distribución y consumo) (Jacobson, 2007) y contemplen los aspectos económicos, políticos y ambientales (Kaiser et al., 2015).

Estas prácticas conciben la alimentación de manera holística y complejizada y promueven un impacto global en las cinco dimensiones del bienestar de las personas a medio y largo plazo. Los huertos comunitarios o las cocinas colectivas constituyen ejemplos de este tipo de prácticas, que plantean no sólo humanizar la experiencia de las personas, sino reconocer los procesos de autonomía en torno a la alimentación (Booth et al., 2018). Estas prácticas se alejan de la concepción tradicional de la ayuda como una forma de caridad y plantean que la inseguridad alimentaria y los procesos de precarización que la producen constituyen una cuestión política que debe tener cabida en el debate público y la acción democrática (Riches, 1999).

4. El reto colectivo de avanzar hacia otras respuestas

Las desigualdades sociales en materia alimentaria se han agudizado en las últimas décadas, especialmente a partir de la crisis económica de 2008 y de la crisis sanitaria de 2020. Las denominadas colas del hambre son apenas el emergente visible de la injusticia social consolidada en nuestra sociedad. En este sentido, es necesario analizar las respuestas tanto en su capacidad de romper con la persistencia y agudización de las desigualdades como en su posible participación de la reproducción de la estructura social desigual.

Como hemos señalado, consideramos necesario transformar el enfoque con que se piensan y se llevan a cabo las respuestas. En primer lugar, se trata de frenar los efectos de la precarización alimentaria mantenida a lo largo del tiempo genera no sólo en las cinco dimensiones del bienestar global de las personas, sino también en el deterioro de la autoestima y la identidad generando un desempoderamiento. De este modo, la fragilización, vulnerabilización, culpabilización e invisibilización de las personas que se encuentran en situación de precarización alimentaria refuerza los procesos de discriminación, estigmatización y reducción identitaria.

En segundo lugar, la forma en que se organizan las respuestas debe ser repensada. Existen evidencias (Heck, y Socquet-Juglard, 2020; Payant-Hébert, 2013; Duchemin, et al., 2010.) acerca de los beneficios que suponen las respuestas que contemplan la participación y organización de las comunidades como una forma de pasar de una concepción individualizada de la alimentación a la colectivización y politización del hecho alimentario. Si bien este tipo de respuestas no inciden en todas las dimensiones del bienestar, es importante ahondar en el estudio de las prácticas nuevas y las alternativas desde una mirada microlocal situada en los barrios tanto para conocer los factores que favorecen este tipo de procesos, como su alcance en cuanto a solventar adecuadamente las necesidades existentes en el territorio.

En tercer lugar, actualmente se considera que el derecho a la alimentación de las poblaciones más desfavorecidas se resuelve a través del sistema de ayuda alimentaria. Este sistema, al depender en gran medida del actual sistema agroindustrial, facilita el acceso a los productos alimenticios, pero lo hace de forma insuficiente en términos de cantidad, calidad, diversidad y duración en el tiempo. Si lo que se busca es avanzar hacia una alimentación justa y sostenible, tal como propone la Agenda Global 2030, será necesario revisar los sistemas de ayuda alimentaria que tal como están estructurados no garantizan un cumplimiento digno del derecho a la alimentación.

En cuarto lugar, en relación al tema de las alianzas y sinergias que pueden establecerse entre el sector público y el tercer sector para avanzar hacia esta transición, la transformación del Programa Europeo FEAD (Fondo Europeo de Ayuda a la población más desfavorecida), puede ser una oportunidad para orientar esos fondos al apoyo de la transformación de las respuestas favoreciendo las iniciativas colectivas y comunitarias que eviten los procesos de individualización de la precarización alimentaria, teniendo en cuenta las experiencias a escala local que puedan ser extrapolables a contextos más amplios.

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[1] Muñoz, A., Durán, P., Magaña, C.R., Llobet, M., y Piola, E. (2021). “Otras formas de co-producir conocimientos: experiencias metodológicas para transformar la desigualdad con personas en precariedad alimentaria”. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, 37(1), 109-134.

[2] El artículo ha sido elaborado en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19. No obstante, cuando hacemos referencia a la crisis, nos referimos a la iniciada en el año 2008, ya que no podemos contemplar las consecuencias que esta emergencia sanitaria y social ha producido en la población, cuestión que pretendemos abordar en el futuro.

[3] McAll, Fournier y Godrie (2014) identifican cinco dimensiones del bienestar: la material, la relacional, la corporal, la decisional y la temporal, como quedan reflejadas en el texto. Estas dimensiones han sido exploradas en: Llobet, Durán, Magaña et al. (2019).

Número 10, 2022

Begoña Elizalde San Miguel, profesora titular de la Universidad Pública de Navarra

Vicente Díaz Gandasegui, profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid

María Teresa Sanz García, profesora titular de la Universidad de Valencia

El artículo presenta el Índice de Políticas Familiares, una herramienta analítica diseñada para medir y comparar los diferentes modelos de provisión de servicios educativos, bajas parentales y transferencias monetarias que se ofrecen a las familias con niños de 0 a 3 años.

1. Contextualizando la caída de la natalidad: las transformaciones sociales detrás de los números en descenso

La preparación de este artículo coincide en el tiempo con la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística del número de nacimientos registrados en España en 2023. Una vez más, se acumulan en los medios de comunicación las noticias y reportajes que analizan los mínimos históricos, la caída en picado o el hundimiento de la natalidad, interpretando este descenso de los nacimientos en clave de preocupación colectiva. En efecto, en el año 2023 se contabilizaron en este país 322.075 nacimientos, continuando la tendencia de descenso que se viene observando en España desde hace décadas (Castro-Martín et al., 2021) y en la que intervienen factores muy diversos. La transformación del marco de valores tradicionales relativos a la formación de una familia, los avances en igualdad de género y el consecuente mayor control de la reproducción por parte de las mujeres o la falta de escuelas infantiles públicas son solo algunos de elementos que se entrelazan en las explicaciones al descenso de la natalidad. El fenómeno se ubica dentro de un proceso de transformación amplio y complejo sobre el que resulta pertinente detenerse ya que, en efecto, a lo largo del siglo XXI los nacimientos se han reducido en un 20,7% (figura 1).

Figura 1. Evolución del número de nacimientos. España, 2001-2023.

Fuente: Estadísticas de Nacimientos. Instituto Nacional de Estadística.

Más allá de la natalidad, la demografía utiliza el Índice Sintético de Fecundidad (ISF) para medir el número medio de hijos e hijas que tienen las mujeres a lo largo de su vida. El caso español es paradigmático por ser uno de los países con un ISF más bajo del mundo (1,16 hijos por mujer) y donde el primer hijo se tiene más tarde (31,6 años), en coherencia con la también tardía salida de las personas jóvenes del hogar familiar de origen (30,6 años) (Indicadores demográficos, INE, 2023). Para poder entender las razones que están detrás de estos bajos niveles de fecundidad es necesario utilizar una perspectiva analítica multidimensional, ya que las claves explicativas son diversas.

Si analizamos el fenómeno desde una perspectiva de género, resulta claro que los progresos en materia de igualdad han permitido disociar la arraigada asociación entre mujer y maternidad, lo cual explica, al menos en parte, la disminución de la fecundidad. La idea de formar una familia en el sentido tradicional del término ya no constituye una meta para todas las personas. Las nuevas normas y valores sociales han generado expectativas distintas, tanto en el ámbito personal como en el profesional, que no siempre incluyen la paternidad o la maternidad como prioridad (Seiz et al., 2022). Sin embargo, existe un segmento de la población para quienes tener hijos resulta imposible, y esto no se debe a que tengan otros proyectos vitales sino a la acumulación de situaciones precarias durante su vida adulta. Se trata de una generación engañada por un mensaje que les invitaba a prolongar sus etapas formativas con la promesa de alcanzar un status laboral estable y exitoso. Lejos de alcanzar esa meta, han sufrido una precariedad laboral que se explicaba como una situación temporal, pero que se ha alargado durante décadas, provocando el retraso en una decisión, la de tener hijos, que se ha tomado cuando ya era demasiado tarde (Elizalde-San Miguel, 2020).

Ateniendo a estas situaciones, otra parte del descenso de la fecundidad se atribuye a la existencia de barreras estructurales y dificultades sociales colectivas que impiden o cuando menos dificultan este proyecto vital. Estas barreras deben constituir objeto de reflexión y acción política ya que la imposibilidad de cumplir con la expectativa de tener hijos genera lo que se conoce como brecha de fecundidad, definida como la diferencia entre el número de hijos e hijas que las personas desearían tener (un valor que de forma persistente los estudios ubican en torno a 2) y los que finalmente tienen, que en el caso español se acerca a 1. Este trabajo parte de la premisa de que la brecha de fecundidad constituye un importante déficit de bienestar que afecta tanto a nivel individual como colectivo y que por lo tanto debe ser abordada desde las instituciones públicas como una prioridad (Elizalde-San Miguel, Díaz Gandasegui y Sanz García, 2023; Castro-Martín et al., 2021).

2. Las políticas familiares, una herramienta de potencial transformación social

Desde esa mirada estructural y colectiva, este artículo propone explorar el papel que juegan las políticas familiares en los niveles de fecundidad de un país. Empezaremos destacando que el concepto de política familiar se utiliza con interpretaciones distintas, pero de manera general se define como los recursos que las administraciones públicas ofrecen a las familias para mitigar el impacto económico asociado con la crianza, así como facilitar la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Autores como Coltrane (2000) y Kalwij (2010) han apuntado a la incidencia que pueden tener las políticas familiares en el comportamiento de los individuos, llegando a influir en la decisión de tener hijos e hijas, el número que se tiene y/o el momento de tenerlos.

Si las políticas públicas son una potencial herramienta de transformación social, las políticas familiares representan un recurso fundamental para las administraciones públicas para apoyar a quienes deciden ser padres y madres así como para hacerlo desde una perspectiva de igualdad de género ya que, más allá de influir en los niveles de fecundidad, el infradesarrollo de políticas familiares adecuadas constituye, además, una barrera estructural para este objetivo (Ruppaner, 2011). La persistencia de arraigadas normas sociales que ubican a las mujeres en el rol de cuidadoras tiene un impacto negativo en las tasas de empleo femenino y reduce la participación de los padres en el cuidado de los hijos, por lo que el diseño de las políticas familiares debe considerar tanto su capacidad para incidir positivamente en la fecundidad como el efecto que pueden tener estas medidas en términos de igualdad.

En el caso español, la falta de una política de estado sobre la familia ha sido una constante desde la llegada de la democracia (Ayuso y Bascón, 2021; Moreno, 2008), lo que ha dado lugar a iniciativas fragmentadas e incoherentes y a unos recursos de conciliación y cuidado insuficientes que no han conseguido transmitir a la ciudadanía un mensaje de compromiso con estos objetivos. Esto, evidentemente, ha limitado significativamente su capacidad para revertir el descenso de la fecundidad. A pesar de que en los últimos años sí se ha observado un mayor compromiso con algunas medidas, la literatura coincide en calificar el conjunto de políticas familiares existentes en España en las últimas décadas como inconsistentes, insuficientes y desarticuladas (Elizalde-San Miguel, Díaz Gandasegui y Sanz García, 2018; Moreno Mínguez, 2013 y Moreno, 2008).

3. La evolución de las políticas familiares en España durante el siglo XXI

El Índice de Políticas Familiares (IPF) es una herramienta interesante para medir el compromiso político de un Estado en cuanto al apoyo y la atención que proporciona a las familias. Este índice compuesto representa el total de políticas familiares garantizadas en cada momento por el Estado y las operacionaliza a través de elementos fundamentales: la existencia o no de una política frecuente en el ámbito europeo, su cobertura, su intencionalidad en términos de igualdad de género, su grado de utilización por parte de la ciudadanía o su duración (Elizalde-San Miguel, Díaz Gandasegui y Sanz García, 2019). El Índice sintetiza el apoyo global en un rango de 0 a 1, donde 1 representa el máximo grado de desarrollo. Su evolución a lo largo del siglo XXI puede verse en la figura 2.

Figura 2. Evolución del Índice de Políticas Familiares. España, 1999-2020.

Fuente: elaboración propia

En el caso de España, las políticas familiares han mostrado una tendencia positiva de crecimiento durante las dos últimas décadas, aunque con avances muy lentos hasta el año 2018. España entró en el siglo XXI con un notorio infradesarrollo en este ámbito con respecto a otros países europeos, de forma que el aumento de la inversión pública era inevitable. Las instituciones europeas han instado de manera reiterada durante estas dos décadas a los países miembros, incluido España, a mejorar la provisión de recursos de apoyo a las familias dentro de sus estrategias de promoción de la igualdad de género y prevención de la pobreza infantil. El margen de mejora era tan amplio en el caso español que el crecimiento de estos recursos era inevitable, a pesar de lo cual todavía queda un amplio camino que recorrer. Pese al crecimiento observado recientemente, el índice apenas superaba el 0,5 (0,540) en el año 2020.

El IPF se compone de tres sub-índices que representan los tipos más comunes de recursos de apoyo a las familias: los servicios educativos (escuelas infantiles), los permisos por parentalidad (de maternidad y paternidad) y las transferencias monetarias. Analizar la evolución de cada una de estas dimensiones proporciona información detallada sobre cómo han cambiado y qué significado tiene dicha evolución (figura 3).

Figura 3. Evolución de los sub-índices del IPF: subíndice educativo, subíndice de permisos parentales y subíndice de transferencias monetarias. España, 1999-2020.

Fuente: elaboración propia

El subíndice de servicios educativos, centrado en las escuelas infantiles públicas, es esencial para promover la igualdad de oportunidades y facilitar la conciliación laboral y familiar. Estas instituciones educativas ofrecen una alternativa formal al cuidado familiar y fomentan la participación equitativa de ambos progenitores en el mercado laboral, lo que contribuye a la igualdad de género (Campillo Poza, 2010; Thévenon y Gauthier, 2011).

En España, la cobertura de plazas públicas en escuelas infantiles ha experimentado un crecimiento significativo en las dos últimas décadas, pasando del 5 al 23%. Aunque el aumento es considerable, sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda de plazas públicas. Las diferencias territoriales son notorias, pero el valor medio estatal del 23% en 2020 refleja claramente la deficiencia del servicio a nivel general. Esta escasez de plazas públicas obliga a las familias a buscar alternativas para el cuidado de sus menores una vez que termina el permiso parental. Las escuelas infantiles privadas son una alternativa común pero que no está al alcance de todas al suponer un coste muy elevado. Como resultado, las excedencias o las reducciones de jornada de las madres resultan un mecanismo de conciliación muy frecuente, en una suerte de perpetuación de unas relaciones de género tradicionales y desiguales que ponen de manifiesto hasta qué punto las generaciones más jóvenes siguen interiorizando roles de género diferenciados y unas responsabilidades respecto de los cuidados muy distintas para ellos y ellas. El otro gran recurso de conciliación ante la falta de garantía de plaza en las escuelas infantiles es la familia extensa, generalmente las abuelas, que asumen el rol de cuidadoras de los nietos, activando las redes de solidaridad intergeneracional familiares. De esta forma, nos encontramos en un escenario en el que la insuficiencia de recursos públicos contribuye a perpetuar dinámicas de desigualdad y segmentación de la población que son perjudiciales para una gran proporción de la ciudadanía.

Por su parte, el subíndice de permisos parentales abarca los permisos por paternidad y maternidad, y es crucial para promover la igualdad de género y la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas. En este subíndice se incluye la duración total del permiso, la distribución del tiempo asignado a padres y madres, la existencia de una parte divisible o transferible y la distribución del tiempo real que realizan padres y madres. La literatura científica ha demostrado que las bajas parentales individuales e intransferibles, con cuotas explícitas tanto para padres como para madres, constituyen un mecanismo efectivo para promover la igualdad de género (Kvande y Brandth, 2017). Por el contrario, cuando los permisos incluyen días denominados transferibles, opcionales o divisibles, estos suelen ser mayoritariamente utilizados por mujeres. Esta opción es frecuente en muchos países, especialmente en el entorno escandinavo, en los que se traslada la decisión o negociación sobre quién utiliza esos días (padre o madre) al ámbito familiar. El hecho de que su aplicación real esté mayoritariamente feminizada alerta sobre la dificultad de trasladar la corresponsabilidad al plano individual, así como las consecuencias que tiene sobre los avances de las mujeres en el mercado laboral (Meil y Rogero-García, 2014).

En España, los permisos por nacimiento han experimento un crecimiento significativo en comparación a la oferta de escuelas infantiles, si bien es cierto que los avances se han producido únicamente con respecto al número de días asignados al padre (los días asignados a la madre –16 semanas– no se han modificado desde el año 1989). En 2017 se produjo el primer cambio relevante en el permiso por paternidad, que pasó de 15 a 28 días. Este incremento ha continuado hasta 2021, cuando se alcanzó la equiparación del tiempo dedicado a padres y madres en 16 semanas. Esta equiparación pretendía contribuir a transmitir la idea de que la responsabilidad del cuidado es la misma para padres y madres y a pesar de que la reforma ha generado controversias (relativas a si el disfrute del permiso puede o no ser simultáneo entre los miembros de la pareja), la mirada retrospectiva del índice de permisos parentales permite identificar una evolución positiva.

Por último, el índice de transferencias monetarias se refiere a la cantidad de dinero que reciben las familias o los y las menores con el objetivo de aliviar el coste que supone su crianza. El índice mide la existencia de la medida, su cuantía (estandarizada en PPP), cobertura y duración. La conocida como child benefit es una transferencia mensual que buscar compensar la carga económica que supone tener hijos. En principio, se trata de una ayuda que es considerada positiva para incentivar la fecundidad y que podría ser relevante en su objetivo, pero el importe está estancado en 100 euros mensuales desde hace años y se limita a los tres primeros años de vida del menor, por lo que no consigue transmitir un mensaje de apoyo a las familias a largo plazo. Por su parte, el cheque-bebé es una transferencia que se proporcionó a las familias tras el nacimiento de sus hijos entre los años 2007 y 2012, y constituye un buen ejemplo de la volatilidad con la que se diseñan las políticas de apoyo a las familias en España (Elizalde-San Miguel, Díaz Gandasegui y Díaz Gorfinkiel, 2015).

La relevancia de las transferencias monetarias para generar un modelo igualitario de cuidados no está exenta de debate en la literatura especializada. Las transferencias son habitualmente interpretadas como un recurso con una incidencia limitada en la transformación de las desigualdades ya que habitualmente son utilizadas por las mujeres de los colectivos más desfavorecidos. Este uso diferencial de las transferencias tiene como resultado la perpetuación de desigualdades de género y clase social, pero al mismo tiempo son consideradas como recursos importantes para revertir la pobreza infantil. Teniendo en cuenta que España cuenta con unos bajísimos índices de fecundidad, una creciente brecha de fecundidad y unas preocupantes tasas de pobreza infantil, no cabe duda de que es necesario revisar el actual escenario de erráticas trasferencias monetarias que se observa en la figura 3 y reflexionar sobre cómo implantar unas políticas de transferencias que sean cohesionadoras y reviertan estas desigualdades (Bongaarts, 2001; Esping-Andersen et al, 2013).

4. Conclusiones

La incertidumbre, como señala Thévenon y Gauthier (2011), suele tener efectos negativos sobre la fecundidad. En España, la improvisación y la falta de compromiso a largo plazo han sido constantes en términos de política familiar. Aunque se han producido puntualmente avances en algunas medidas, estos han sido limitados debido a la falta de un desarrollo integral en todas las dimensiones (permisos, escuelas y transferencias). Por ejemplo, si bien ha habido mejoras significativas en el permiso por nacimiento otorgado a los padres, la duración sigue estando limitada a 16 semanas y la escasez de plazas públicas en escuelas infantiles sigue siendo preocupante. Esta falta de compromiso en el apoyo público a la fecundidad y la conciliación afecta inevitablemente a los niveles de fecundidad.

La inversión pública constituye un elemento clave para reducir la brecha de fecundidad. Todas las proyecciones coinciden en apuntar a un escenario futuro en el que la fecundidad en España seguirá disminuyendo (Elizalde-San Miguel, Díaz Gandasegui y Sanz García, 2023), por lo que es urgente revisar el compromiso que existe desde las administraciones públicas en este ámbito. Es importante, no obstante, recordar la importancia de diseñar un modelo de políticas familiares con perspectiva de igualdad de género y clase social para que éstas puedan ser eficaces. Las evidencias científicas muestran que solo las políticas que incorporan esta perspectiva han logrado reducir el descenso actual de la fecundidad. Por lo tanto, cualquier revisión del modelo actual debe tener en cuenta el impacto en términos de género y cohesión social. Esto implica no solo aumentar la inversión en políticas familiares, sino también asegurar que sean inclusivas y equitativas para todas las personas y familias en la sociedad.

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Seiz, Marta, Castro, Teresa, Cordero, Julia, y Martín, Teresa. “La evolución de las normas sociales relativas a las transiciones familiares en España”. Revista Española de Sociología, 31 (2). 2022.

Thévenon, Olivier, y Gauthier, Anne H. “Family policies in developed countries: A “fertility-booster” with side-effects”. Community, Work and Family, 14(2). 2011; pp: 197–216.

Número 16, 2024

Daniel Sorando, sociólogo. Profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

Álvaro Ardura, arquitecto. Profesor en la Universidad Politécnica de Madrid.

Puedes encontrar a Daniel Sorando y a Álvaro Ardura en Twitter.

1. La gentrificación es un proceso de expulsión

Las dificultades de acceso a una vivienda adecuada y segura son, junto con la baja calidad del empleo, los principales caminos hacia la exclusión social en España (FOESSA, 2019). Sumemos que la debilidad de la política de vivienda y la continua promoción del mercado inmobiliario son una seña de identidad de la economía política española (Méndez, 2019). El resultado es la polarización entre grupos enriquecidos y empobrecidos por este sistema de provisión residencial. Entre los grupos sociales más golpeados por este modelo las consecuencias son múltiples: sobrecarga financiera del coste de la vivienda, inseguridad vital, pautas de hacinamiento y efectos sobre la salud física y mental. Asimismo, la fragilidad residencial genera consecuencias en términos del arraigo territorial vinculado a la vivienda, en la medida en que el lugar de residencia da acceso a una red única de relaciones sociales y accesos a equipamientos y servicios de todo tipo (educativos, sanitarios, culturales, etc.) (Logan y Molotch, 1987). Por tanto, la incapacidad para mantener el lugar de residencia ligada a los procesos de gentrificación da lugar a desarraigos con importantes consecuencias en cada una de las esferas de la vida cotidiana (Elliot-Cooper et al., 2020).

Los procesos de gentrificación consisten en la sustitución de los usuarios y residentes de un territorio (un barrio, por ejemplo), de tal modo que los nuevos son de una clase social con más recursos que los desplazados por el proceso. Esta dinámica responde a un complejo conjunto de acciones económicas, políticas y sociales que incluyen la inversión en la mejora de las condiciones del territorio considerado (Clark, 2005). Al respecto, Franquesa (2007) sostiene que la gentrificación es una estrategia del urbanismo neoliberal que consiste en la lógica de vaciar el territorio de la población previa (definida como portadora de degradación e insolvente económicamente) para llenarlo de nuevos usuarios y residentes (con un muy superior capital económico). Allá donde este proceso es viable, el interés del capital no se limita a la vivienda, sino que, además, incluye otras estrategias de atracción de capitales vinculadas al ocio y los servicios, así como los flujos turísticos. En España y el resto de los países del sur de Europa tiene especial peso la estrategia turística, dado que el turismo suple la falta de demanda local suficiente que el capital inmobiliario necesita para generar plusvalías (Cocola Gant, 2016). En cada caso, los habitantes que no pueden afrontar el coste del barrio una vez gentrificado son desplazados.

2. El desplazamiento tiene diferentes manifestaciones

La principal consecuencia de la gentrificación en términos de (in)justicia social es el desplazamiento de los habitantes previos, habitualmente caracterizados por disponer de bajos ingresos y residir en viviendas en régimen de alquiler (Slater, 2006). Dentro de esta población la diversidad es muy importante e incluye hogares envejecidos, a menudo unipersonales; hogares monoparentales; y/o inmigrantes extranjeros fuertemente precarizados. Marcuse (1985) establece tres tipos de desplazamiento: el desplazamiento directo, el desplazamiento excluyente y la presión del desplazamiento. En primer lugar, y según sus causas, el desplazamiento directo puede ser económico o físico. Se trata de un desplazamiento económico cuando es el efecto de la revalorización del barrio de residencia, mientras que es físico cuando es consecuencia del abandono del mantenimiento de la vivienda por parte de sus propietarios. Adicionalmente, y según su posición temporal, el desplazamiento directo puede serlo del último residente desplazado o incluir a los hogares previos también desplazados en el proceso (desplazamiento directo en cadena). Este último tipo de desplazamiento dificulta la cuantificación del proceso (Elliot-Cooper et al., 2020).

En segundo lugar, el desplazamiento excluyente ocurre cuando la gentrificación de un barrio impide su elección a una serie de grupos sociales que lo hubieran escogido en otras condiciones y que, de esta manera, observa cómo sus opciones en el mercado residencial disminuyen. Finalmente, la presión del desplazamiento ocurre cuando el contexto residencial de los hogares residentes en un barrio en proceso de gentrificación se transforma de tal modo que propicia su abandono por parte de los hogares más precarizados: cuando sus redes de apoyo abandonan el lugar, las tiendas que dirigen o consumen han de liquidar por la llegada de nuevos comercios para otra clientela, y/o cuando declinan los servicios públicos (Atkinson, 2015; Elliot-Cooper et al., 2020).

3. El desplazamiento en una sociedad de propietarios: el caso español

En España, el desplazamiento ha encontrado un obstáculo en el régimen de tenencia, mayoritariamente en propiedad, que protege a los hogares ante el desplazamiento directo. Sin embargo, el porcentaje de alquiler privado en sus principales ciudades es equivalente al registrado en otras ciudades europeas y, además, está espacialmente concentrado en los barrios gentrificados. Por otra parte, la metamorfosis del ciclo inmobiliario desde las hipotecas hacia los alquileres ha dado lugar a una incipiente ola de desplazamientos en la segunda década del siglo XXI. Desde la crisis financiera de 2008, la vía española habitual de acceso residencial ha comenzado a cambiar, con un trasvase desde la propiedad hacia el alquiler privado mientras el porcentaje de vivienda social en alquiler permanece en valores irrelevantes. Este giro es más abrupto en las grandes áreas metropolitanas como la Comunidad de Madrid, donde las viviendas en régimen de alquiler de mercado pasaron del 12,9% al 21,0% entre 2004 y 2017, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE). El caso español participa de una dinámica internacional de financiarización del alquiler promotora de la más reciente ola de gentrificación (Hyra et al., 2020). Esta tendencia es particularmente relevante en España por el enorme esfuerzo económico que implica. De media, el 15% de los ciudadanos de la OCDE se ve obligado a dedicar el 40% o más de sus ingresos disponibles a la vivienda. En España ese porcentaje se dispara hasta el 37% para la población que vive de alquiler, según los datos de la OCDE.

4. Cómo medir el desplazamiento: el gran desafío.

A pesar de ser la principal consecuencia de la gentrificación, el desplazamiento apenas ha sido estudiado debido a las dificultades que entraña su medición (Easton et al., 2020). Este artículo aborda dichas dificultades y se suma a otros esfuerzos en la misma dirección (López-Gay et al., 2020). Con este fin se emplea una fuente de gran valor: la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) a escala inframunicipal, ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid. La base de datos obtenida contiene los movimientos residenciales con origen y/o destino en el municipio de Madrid entre 2011 y 2018. No obstante, en esta investigación la base se ha restringido al conjunto de los movimientos residenciales cuyo distrito de destino difiere del de origen. La razón es que los movimientos en el interior del mismo distrito no tienen un impacto potencial sobre las actividades cotidianas semejante a la mudanza hacia otros distritos. Por ejemplo, la permanencia en el mismo distrito no tiene por qué impedir el mantenimiento del centro escolar, la asociación vecinal o las redes de apoyo mutuo informales.

Con estos datos se ha calculado un indicador de desplazamiento definido del siguiente modo: el porcentaje que los movimientos residenciales de baja de una categoría de población suponen sobre el total de personas residentes de dicha categoría al principio del período considerado. Este indicador permite comparar la intensidad de bajas residenciales entre distritos muy dispares en su composición social, dado que se contrasta el porcentaje de residentes de cada categoría que ha abandonado un distrito, independientemente de su peso poblacional en el mismo. De lo contrario sólo podríamos informar del hecho evidente de que es en los distritos donde más población hay de cada categoría (por ejemplo, de personas con estudios primarios) donde más bajas de dicha categoría se registran. En cambio, el indicador presentado aquí permite observar la intensidad de las bajas residenciales como si en todos los distritos hubiera el mismo número de residentes de cada categoría. Para no perder información, junto con el indicador de bajas residenciales se ofrece, para cada distrito y variable, la distribución de cada variable (esto es, su estructura).

Las variables analizadas son aquellas ofrecidas por la EVR con mayor capacidad para diferenciar entre grupos sociales desiguales en los recursos que permiten el acceso a una vivienda: el nivel educativo y el lugar de nacimiento. En el caso del nivel educativo, diferentes investigaciones han probado la sólida correlación entre esta variable y el nivel socioeconómico (Tammaru et al., 2016). Las categorías en que se divide el nivel educativo son estudios primarios (1G), secundarios (2G) y superiores (3G). En cambio, en el caso del lugar de nacimiento la relación no es directa, dada la heterogeneidad interna a las categorías de personas nacidas en España y en el extranjero. Desafortunadamente, no disponemos de datos sobre el país de nacimiento de las personas nacidas en el extranjero, lo cual no permite diferenciar entre orígenes desiguales. No obstante, la alta proporción de personas nacidas en países no pertenecientes a la OCDE sobre el total de nacidos en el extranjero (un 75,4% en el municipio de Madrid en 2011, según el Censo de 2011 del INE) permite utilizar a este grupo como aproximación a la intersección entre desventaja socioeconómica y discriminación étnica. Por último, es preciso señalar que estos indicadores albergan cierto error de observación porque parte de las bajas registradas entre 2011 y 2018 en cada distrito las realizan personas que podrían no residir allí en 2011.

Por último, tan sólo se toman los movimientos realizados por personas mayores de 15 años, con el fin de excluir a niños/as que no han tenido ocasión de completar la ESO (y, por tanto, sólo pueden figurar en la categoría de estudios primarios). Al respecto, los datos reflejan una elevada cantidad de movimientos residenciales de las personas con estudios primarios por una deficiencia importante de los datos de estudios: su no actualización. Esto implica que muchas personas pueden figurar dentro de la categoría de estudios primarios o secundarios por haberse empadronado en edad infantil o adolescente. Dado que este registro no se actualiza sino con cada nuevo empadronamiento, incluso si han obtenido estudios superiores permanecerán en la categoría en la que fueron empadronados. No obstante, este sesgo no tiene por qué ser diferencial entre distritos, de modo que sus efectos se asumen constantes entre estos y, por tanto, no impiden el análisis comparativo entre los mismos.

5. Gentrificación y desplazamiento en la ciudad de Madrid

Los distritos con mayor intensidad de bajas residenciales entre las personas con estudios primarios y secundarios coinciden con aquellos donde estos grupos tenían un peso menor ya en 2011 (ver tabla 1). Por tanto, se confirma el carácter excluyente de estos distritos, los cuales se localizan fundamentalmente en la conocida como almendra central de Madrid (el interior de la M30)[1]. En este contexto, el caso más pronunciado es Centro, donde se registra la intensidad mayor de bajas entre todas las categorías de nivel educativo (como consecuencia de la alta movilidad residencial que permite su importante mercado de vivienda en alquiler). No obstante, la intensidad más alta se da entre las personas con estudios primarios, las cuales constituían un porcentaje notablemente inferior a la media del municipio en 2011. Esta pauta se repite (con menor intensidad) en el resto de los distritos de la almendra central madrileña, si bien destacan dos casos atípicos al respecto: Tetuán y Usera. En primer lugar, en Tetuán se observa que en 2011 la población con menor nivel de estudios tenía un peso igual a la media del municipio (y no por debajo, como en el resto de los distritos de la almendra central). Esto significa que la alta intensidad de bajas de este grupo entre 2011 y 2018 ha supuesto su desplazamiento de un distrito todavía no gentrificado al inicio del proceso. Mientras que, en segundo lugar, en Usera (y, hasta cierto punto, Carabanchel) se observa una alta intensidad de bajas en las personas con estudios primarios a pesar de no encontrarse en la almendra central y de contar con un elevado peso de este grupo en 2011, lo cual podría estar indicando un proceso incipiente de gentrificación.

Tabla 1. Estructura en 2011 e indicador de desplazamiento entre 2011 y 2018 según distrito y nivel educativo. Población mayor de 15 años.  Fuente: elaboración propia a partir de la EVR (Ayuntamiento de Madrid) y el Censo de 2011 (INE).

Las dinámicas anteriores, descritas para las personas sin estudios superiores, se repiten de forma parcialmente análoga entre las personas nacidas en el extranjero, cuyas pautas de movilidad residencial son más intensas a las de las personas nacidas en España en todos los distritos (ver tabla 2). De nuevo, los distritos con mayor intensidad de bajas entre las personas nacidas en el extranjero son aquellos que componen la almendra central de Madrid y, una vez más, con la notable excepción de Usera (distrito exterior a la almendra central que, no obstante, registra una sobresaliente intensidad de bajas entre esta población, lo cual también se observa con intensidad menor en Moratalaz y San Blas). En cambio, en este caso la estructura en 2011 de los distritos centrales de Madrid no es homogénea, sino que al comienzo de la década había una importante presencia de personas nacidas en el extranjero en algunos de sus distritos como Centro y Tetuán.

Tabla 2. Estructura en 2011 e indicador de desplazamiento entre 2011 y 2018 según distrito y lugar de nacimiento. Población mayor de 15 años. Fuente: elaboración propia a partir de la EVR (Ayuntamiento de Madrid) y el Padrón continuo (INE).

El conjunto de estas pautas es coherente con los procesos de gentrificación empíricamente contrastados durante las últimas décadas en la almendra central de Madrid (García, 2014; Sorando y Ardura, 2018; Sorando y Leal, 2019; López-Gay et al, 2020; Porcel y Antón, 2020). En concreto, el indicador de intensidad de bajas residenciales revela una mayor intensidad del desplazamiento entre los grupos más precarizados en los distritos con mayor llegada de personas en el polo opuesto (con estudios superiores, fundamentalmente). Estos procesos de gentrificación suponen un desplazamiento a menudo involuntario, como consecuencia del encarecimiento del coste de la vida en los distritos del centro de Madrid. Entre estas dinámicas destaca la inflación de las rentas del alquiler, tal como se observa en la tabla 3, dado que es en tales distritos donde se concentra el mayor porcentaje de población en alquiler, un mayor incremento de las rentas (al cual se suma el caso de Usera, lo cual permite explicar sus pautas intensas de desplazamiento) y un precio más alto del metro cuadrado.

Tabla 3. Porcentaje de población residente en alquiler en 2011, porcentaje de incremento del alquiler desde 2011 hasta 2018 y precio medio de la renta por metro cuadrado de las viviendas en alquiler en 2018 según distrito.  Fuente: elaboración propia a partir del Censo de 2011 (INE) y los datos del portal inmobiliario Fotocasa.

6. Conclusiones: no es ciudad para pobres

Madrid ha sido objeto de sucesivas olas especulativas que, en la última década, han escogido el alquiler como principal estrategia de enriquecimiento a costa de las condiciones de vida de los hogares más precarizados. En esta dinámica, los actores con más recursos han afianzado el carácter exclusivo y excluyente de los distritos centrales del municipio de Madrid, de modo que los hogares más desfavorecidos (con menor nivel socioeconómico y mayor discriminación étnica) siguen siendo desplazados de su territorio. Además, este proceso parece estar ampliándose hacia algunos distritos del Sur, como Usera y Carabanchel, sugiriendo un avance del frente de la gentrificación que expulsa a las clases populares hacia periferias cada vez más distantes donde la vulneración de sus derechos sociales permanece cada vez más invisible.

7. Referencias

Atkinson, R. “Losing one’s place: Narratives of neighbourhood change, market injustice and symbolic displacement”. Housing, Theory and Society, 32(4), 2015; pp. 373-388.

Clark, E. “The order and simplicity of gentrification: a political challenge”, en Atkinson, R. y Bridge, G. (eds.), Gentrification in a Global Context: The New Urban Colonialism. Londres: Routledge, 2005; pp. 256–264.

Cocola-Gant, A. “Tourism gentrification”, en Lees, L. y Phillips, M. (eds), Handbook of Gentrification Studies. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 2018; pp. 281–293.

Easton, S., Lees, L., Hubbard, P. y Tate, N. “Measuring and mapping displacement: The problem of quantification in the battle against gentrification”. Urban studies, 57(2), 2020; pp. 286-306.

Elliott-Cooper, A., Hubbard, P. y Lees, L. “Moving beyond Marcuse: Gentrification, displacement and the violence of un-homing”. Progress in Human Geography, 44(3), 2020; pp. 492-509.

FOESSA. VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: FOESSA, 2019.

Franquesa, J. “Vaciar y llenar, o la lógica espacial de la neoliberalización”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 118, 2007; pp. 123-150.

García, E. “Gentrificación en Madrid: de la burbuja a la crisis”. Revista de Geografía Norte Grande, 58, 2014; pp. 71-91.

Hyra, D., Fullilove, M., Moulden, D. y Silva, K. Contextualizing Gentrification Chaos: The Rise of the Fifth Wave (draft version, 2020). Disponible en: https://www.american.edu/spa/metro-policy/upload/contextualizing-gentrification-chaos.pdf

Logan, J. y Molotch, H. Urban Fortunes. The Political Economy of Place. Berkeley: University of California Press, 1987.

López-Gay, A., Andújar-Llosa, A. y Salvati, L. “Residential Mobility, Gentrification and Neighborhood Change in Spanish Cities: A Post-Crisis Perspective”. Spatial Demography, 2020.

Marcuse, P. “Gentrification, abandonment and displacement: connections, causes and policy responses in New York City”. Journal of Urban and Contemporary Law, 28, 1985; pp. 195–240.

Méndez, R. Ciudades en venta. Estrategias financieras y nuevo ciclo inmobiliario en España. Valencia: Universitat de Valencia, 2019

Porcel, S. y Antón, F. “Ciudad postindustrial y dinámicas socio-residenciales en España: un análisis comparativo de cinco metrópolis”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 24, 2020.

Slater, T. “The eviction of critical perspectives from gentrification research”. International Journal of Urban and Regional Research, 30(4), 2006; pp. 737-757.

Sorando, D. y Ardura, Á. “Procesos y dinámicas de gentrificación en las ciudades españolas”. Papers: Regió Metropolitana de Barcelona, 60, 2018; pp. 34-47.

Sorando, D. y Leal, J. “Distantes y desiguales: el declive de la mezcla social en Barcelona y Madrid”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 167, 2019; pp. 125-148.

Tammaru, T., Marcińczak, S., Van Ham, M. y Musterd, S. Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. Oxford: Routledge, 2016.

[1] Estos distritos son Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí y Moncloa.

Número 7, 2021

Paco Aperador

Equipo de Inclusión de Cáritas Española

1. Consideraciones previas

Las siguientes líneas deben entenderse como el resultado de ordenar una serie de aprendizajes y reflexiones amasadas colectivamente, surgidas a partir de la experiencia de agentes valientes que se deciden a aprender desde la praxis. Por otra parte, esta reflexión se circunscribe a la experiencia vivida dentro de la dinámica institucional de Cáritas. Intentaremos formular las ideas con la intención de que sean lo más extrapolables, útiles, aplicables y compatibles que sea posible, pero siempre con la humildad y realismo de que no son afirmaciones universales ni axiomas indiscutibles.

Además, quien redacta en esta ocasión es apenas un facilitador que no habla en primera persona porque no tiene el pie en la calle; su función precisamente es acompañar experiencias, ponerlas en relación, catalizar procesos de reflexión colectivos induciendo pensamiento desde el trabajo que hacen otros [1].

Habida cuenta que otras compañeras están escribiendo artículos que confluyen en su temática con éste, intentaré centrarme en la idea que expresa el título que me han propuesto; el sentido de reto: ¿qué nos estamos jugando las organizaciones del tercer sector cuando hablamos de participación?, ¿se trata de una moda?, ¿más bien es una estética, unas formas o estilos a incorporar? Hacernos estas preguntas y responderlas con honestidad de manera continuada puede resultar trascendente para nuestros equipos e instituciones. De lo contrario, probablemente nos estemos perdiendo algo que no es nada secundario.

2. No hemos terminado con los previos: a veces nos ponemos trampas

La primera reacción inconsciente ante un reto suele ser intentar evitarlo, disimularlo, obviarlo, ningunearlo o mirar para otro lado. Y esto no expresa necesariamente miedo o inmovilismo; puede ser también pragmatismo, inercia, predominio de lo urgente sobre lo importante.

Pero, en cualquier caso, vale la pena detenernos un poco a describir aquellas trampas que curiosamente nos ponemos nosotros mismos y detienen u obstaculizan nuestros pasos decididos hacia la participación. Son respuestas o excusas fáciles que nos ahorran complicaciones. Estas auto-trampas las podemos reconocer porque empiezan con la frase: Eso de la participación está muy bien, pero…

• No tenemos tiempo; Bastante tengo con lo que tengo como para meterme en… Axioma difícilmente contestable con argumentos porque tiene una naturaleza fundamentalmente emocional. En algún momento, nuestra actividad requiere preguntarnos hacia dónde vamos. Es el momento. Y si no lo hay, está ocurriendo algo en nuestra organización que merecería otro artículo diferente a éste.
• Sería un caos, un desorden, todo el mundo dando su opinión,…poco eficiente. ¿Nos hemos preguntado por ese otro tipo de desorden que produce trabajar con personas de las que no recibimos eco, contestación, implicación en unas acciones que son marcadas por mí, pero de las que ellas forman parte? Hay orden en un primer momento, porque hay instrucciones claras, pero… ¿seguro que caminamos todos decididamente en la misma dirección?
• No somos un movimiento asambleario, en el que se haga todo por votación. Desde luego que no. Al igual que no todas las decisiones en una organización son de igual naturaleza, ni todas las personas tenemos las mismas responsabilidades y roles. Tampoco la asamblea es el único espacio donde desembocan los procesos de participación. Pero todo ello no resta un ápice de urgencia en la necesidad de abordar una apuesta institucional que avance en la dirección de mayor protagonismo de las personas.

3. No es lo mismo participación que participando

En un taller, Emilia decía: Cuando me preguntan ¿tú eres participante?, yo respondo: No lo sé. Lo que sé es que ahora estoy participando. Cuando me preguntan en el barrio ¿tú estás en Cáritas? Yo les respondo: No, yo participo en Cáritas.

Es un verbo, no un sustantivo. No es lo mismo hablar de participación, que hablar de yo participo, tú participas, él participa, nosotras estamos participando. En las organizaciones sociales, en ocasiones, tenemos un tic consistente en considerar que el primer paso para cualquier cosa que emprendamos conjuntamente es aclararnos qué entiende cada uno por el tema en cuestión. Nos remitimos inicialmente al concepto, a la construcción abstracta, y si es preciso debatir, invertimos el tiempo que haga falta, porque el para mí, no es exactamente igual que el para ti. Y desde ahí, ya aplicamos y medimos la vida con esa vara que nos aporta criterio y seguridad. Creo que esta secuencia no siempre funciona.

Intentemos en estas líneas adoptar otro método. Tomemos como punto de partida, no el concepto, sino la acción que se da en la realidad. De entrada esto nos lleva a diferenciar dos preguntas o puntos:

• ¿Cómo están participando las personas con las que trabajamos, a las que acompañamos, a las que atendemos?
• ¿Cómo estamos participando los diferentes agentes que conformamos las organizaciones al interno de ellas?

Por motivos de extensión y en orden de priorizar contenidos, dejaríamos para otra ocasión el abordaje de esta segunda pregunta.

4. ¿Cómo están participando las personas con las que trabajamos?

Para que no nos deslumbre el palabro, el concepto, entremos a la casa dando un rodeo.

Utilicemos indicadores que nos hablen acerca del proceso, de lo que estamos logrando o no.

No encallemos dilucidando si esta práctica o aquella son real y auténticamente participativas, luego de someterlas a un modelo teórico o conceptual.

En las organizaciones de intervención social hacemos muchas cosas, pero si tuviéramos que resumir o concentrar en una frase nuestra misión sería la de acompañar a las personas en situación de pobreza y exclusión en sus procesos de construirse como sujetos para el acceso a derechos que les son vulnerados.

Es cierto que los derechos nos corresponden por el hecho de ser persona. Pero, a la vez, diríamos que ser sujeto de derechos contiene también un sentido procesual. Vamos ejerciendo como sujetos de derechos.

Soy sujeto o, mejor, me voy construyendo como sujeto, contestando preguntas similares a estas:

• ¿En qué medida tengo conocimiento, dispongo de la información necesaria?
• ¿En qué medida puedo discernir entre diferentes opciones?
• ¿En qué medida puedo tomar decisiones respecto de mi vida o aportar en la toma de decisiones colectivas?
• ¿En qué medida puedo actuar de acuerdo a las decisiones que he tomado o hemos tomado?
• ¿En qué medida puedo comprometerme, implicarme en relación con las decisiones adoptadas?

Y estas preguntas, o similares, aplican no solo en el plano personal, sino también en el social-comunitario y en el vecinal-ciudadano.

Nuestro acompañamiento, con nuestras actuaciones, decisiones, relaciones, tendrá siempre consecuencias que ganen terreno hacia la autonomía o bien, en sentido contrario, hacia la dependencia. La participación es el camino por el que transitamos en una dirección o en otra.

4.1. Hacia unos indicadores de participación

A lo largo de estos años, en diferentes espacios de encuentro, diálogo y reflexión compartida realizados entre personas participantes hemos recogido como resultados de los diálogos, diferentes expresiones de vivencias que constituyen guías, elementos que muestran por dónde. Podríamos señalarlos como indicadores, señales en el camino, aquellas expresiones compartidas, en las que coincidimos, marcan el territorio en donde podemos hablar de participación.

Formulado de otra manera, en nuestra organización de intervención social, podemos saber en qué medida las personas que acompañamos están participando si…

• En lo personal:

– Nos hace felices. Nos aporta una sensación agradable que podemos nombrar como reconocimiento, valoración, respeto, empoderamiento,…

– Nos hace crecer. Aumenta mi autoestima, mi confianza, el autocontrol y la seguridad en uno mismo.

– Nos situamos de manera diferente. Facilita el “sentirse parte”, el sentido de pertenencia al grupo. También facilita el sentirse uno más en la sociedad.

• En nuestras acciones:

– Descubrimos que la gente tiene ganas de participar.

– Vemos más clara la diferencia de trabajar “CON” y no “PARA”.

– Hay que crear vínculos. Solo así descubrimos las capacidades y las potencialidades que todos y todas tenemos.

– Hemos redescubierto valores como el respeto, la empatía, la responsabilidad, la dignidad propia y de los demás.

4.2 ¿Cuáles son los nudos, los puntos sensibles que pueden determinar si avanzamos o retrocedemos?

• En nuestra predisposición. Conviene abordar previamente y preguntarnos cosas:

– Ayuda el tener una mente abierta: flexibilidad. No ayuda la resistencia a los cambios.

– Ayuda la convicción, el entusiasmo, la ilusión; el compromiso con pasión: una actitud de pensar en positivo. No ayuda la comodidad o el conformismo.

– Ayuda preguntarnos por nuestros miedos; miedos por sentimiento de fracaso, desconfianza por alguna experiencia pasada, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto de la participación?, ¿y si el grupo no responde?

• En las actitudes personales que configuran la manera de situarnos ante los demás:

– Ayuda una actitud de soltar el control; ceder poder; ver al otro como un igual. No ayuda una actitud protectora, cargar con las mochilas que no son mías, que son de otros; ese paternalismo, ese asistencialismo.

– Ayuda saber ver las capacidades del otro, conocerlas y reconocerlas, respetar y acercarnos a la diversidad de culturas, costumbres y creencias.

– Ayuda la paciencia, respetar el ritmo de los procesos de los otros. No ayuda el exceso de ganas de hacerlo yo; la costumbre de marcar pautas; las prisas; una acción unidireccional.

• En el tipo de relaciones que vamos tejiendo

– Ayuda una relación bidireccional, la proactividad que genera vínculos, crear puentes, el ejercicio de la escucha, el respeto, la empatía, la humildad.

– Ayuda celebrar juntos, la ayuda mutua, contagiarnos la motivación.

– Ayuda sentirse miembro activo, tener un objetivo común y construir entre todos, con corresponsabilidad.

Una lectura de este punto, desde una actitud dispuesta a remangarse, puede encontrar en los diferentes epígrafes, todo un check-list listo para confrontar con nuestra experiencia o práctica de promover la participación de las personas a las que atendemos.

Pero cabe añadir una reflexión más, partiendo de las aportaciones/conclusiones literales de las personas participantes. Un indicador más a tener en cuenta que nos refiere a una dimensión un poco más globalizadora, integradora de todo lo anterior.

La inseguridad nos lleva a la impotencia, y la impotencia nos impide participar. Pero hemos descubierto que los problemas que surgen los podemos superar, juntos y juntas.

Todos tenemos autoridad, que se reconoce cuando existe confianza, dignidad y respeto.

• Es la pregunta por la CONFIANZA: ¿Sabemos dar confianza? Para dar confianza, ¿nos sentimos con confianza en nosotros mismos? No siempre esto es compatible con depositar la confianza en una metodología, en un marco teórico, en una programación, etc.

PARA TRANSFORMAR HAY QUE PARTICIPAR

4.3. Y ¿qué pasa con la apuesta que debe hacer la institución, la estructura, la organización?

Avanzar o retroceder en cuanto a la participación de las personas a las que acompañamos, requiere de apuestas institucionales. Aquí se juega la diferencia entre lograr transformaciones en nuestros modelos de intervención social o simplemente buenas, pero exóticas prácticas que merecerán el aplauso y la admiración, pero que no podrán replicarse.

Para participar es preciso crear espacios y oportunidades para la escucha: somos y nos hemos sentido parte, por eso es importante generar espacios de participación.

• No ayuda el lastre con el que partimos de inicio que es nuestra falta de cultura de participación. En ocasiones, prima la burocracia, en vez de lo humano. Nos cerramos en nuestra entidad, en nosotros mismos. A veces, los órganos de decisión tienen inseguridades y desconfianza hacia nuevas iniciativas. Tampoco ayudan la abundancia de tareas administrativas, a veces extraordinarias.
• Ayuda romper con la dependencia y la costumbre, la comunicación entre programas, facilitar espacios físicos, recursos, técnicos, líderes que apuesten por un nuevo método, la formación.

Las organizaciones de acción social caeríamos en un grave error si entendiéramos el reto de la participación como algo parecido a alcanzar niveles de excelencia en nuestra intervención. No es algo opcional, un estándar de calidad tan deseable como alejado de la cotidianeidad. Las personas en situación de pobreza y exclusión a las que atendemos, viven y luchan cada día por superar sus situaciones. Nuestro reto consiste en que nuestra interacción con ellas signifique pasos hacia una mayor dependencia o hacia mayor autonomía; carne de exclusión o sujetos de derechos conscientes y protagonistas. No es un reto. Nos lo jugamos todo.

[1] Por cierto, flujo diferente al de trazar líneas de pensamiento para que otros deduzcan y apliquen en su trabajo. La función primigenia de los Servicios Generales de Cáritas Española es la del servicio y, por tanto, aquél flujo inductivo parece ser el más adecuado a su naturaleza.

Esteban Sánchez Moreno

Facultad de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid

La crisis económica que comienza en 2008, conocida como la Gran Recesión, constituyó un eje de inflexión a nivel global. En efecto, la fase de crecimiento previa desembocó en una recesión económica solo comparable, por su gravedad y la de sus efectos, con la Gran Depresión de comienzos del siglo XX. Se trata, por tanto, de un periodo central para comprender las sociedades contemporáneas, siendo sus efectos un elemento fundamental para la comprensión de dichas sociedades en el momento de escribir estas líneas. El presente artículo tiene como objetivo abordar, precisamente, algunas de dichas consecuencias. En concreto, en los párrafos que siguen se abordará el impacto de la Gran Recesión en la salud y en la calidad de vida, con especial referencia a la población residiendo en España. Se trata de dilucidar la medida en la cual el bienestar en nuestro país se vio afectado por el impacto de las crisis. Pero no solo se busca determinar el posible efecto de la crisis en la salud, sino también de comprender los mecanismos a través de los cuales se produce dicha relación. Y para ello, la hipótesis que se defenderá es que el impacto negativo de la recesión de 2008 en España solo puede comprenderse adecuadamente en el marco de la organización social de las desigualdades y el impacto de la crisis en nuestros esquemas de estratificación social.

1. La salud va por barrios

Se ha hecho ya popular esta frase: “El código postal es más importante para predecir tu salud que el código genético”. En un principio, esta afirmación puede parecer exagerada. Y de hecho lo es o, cuanto menos, se trata de una sobreactuación premeditada para poner sobre la mesa el debate en torno a la influencia de los procesos sociales en la salud y la enfermedad de las personas. Porque lo cierto es que la pobreza mata. Y en este caso no estamos ante una exageración. No solo porque existen contextos geopolíticos y sociales en los cuales la pobreza es pobreza entendida absoluta, causa de muerte prematura de forma evidente (por ejemplo, en muchos países del conteniente africano); no solo porque en determinadas sociedades la pobreza está inexorablemente ligada a una violencia estructural que es causa de muerte (piénsese en ciudades Latinoamericanas como San Salvador, Ciudad Juárez o los sectores de favelas en Río de Janeiro). En nuestro entorno más cercano, en las sociedades del bienestar, también la pobreza está vinculada a una mayor tasa de mortalidad. Esta es la conclusión de la investigación que en 2017 publicó la célebre revista The Lancet, que analizó los determinantes de la muerte prematura en un estudio multicohorte con 1,7 millones de personas. Los resultados mostraron que un estatus socioeconómico bajo estaba asociado con una reducción de 2,1 años en la esperanza de vida entre los 40 y los 85 años. Este resultado se obtuvo con una muestra procedente de siete países diferentes; ninguno de ellos era africano, ni latinoamericano, la lista no incluye La India, o países asolados por la guerra. Eran el Reino Unido, Francia, Suiza, Portugal, Italia, Estados Unidos y Australia.

La salud no se distribuye de manera aleatoria, las enfermedades no responden únicamente al azar, ni siquiera exclusivamente al azar genético. De hecho, existe una ingente evidencia empírica que pone de manifiesto que existe una conexión directa entre desigualdades sociales y desigualdades en salud, un gradiente que sugiere que la estratificación en nuestras sociedades incluye una estratificación socioeconómica de la salud y una desigual prevalencia (e incidencia) de las enfermedades en función de factores como los ingresos, el nivel educativo, el estatus de empleo o el capital social.

2. Estratificación social, salud y Gran Recesión en España

La crisis de 2008 tuvo una dimensión global, pero lo cierto es que sus efectos fueron tanto cuantitativa como cualitativamente específicos en los diferentes países que la sufrieron. En el caso de España, uno de dichos efectos consistió en una reconfiguración de la estratificación social, en la consolidación de un modelo de desigualdad basado en la exclusión social. Esta consolidación implica tanto un incremento de las desigualdades (y una cierta polarización de la población en términos socioeconómicos) como una redefinición del riesgo socioeconómico, que se ha convertido en una realidad transversal en nuestra sociedad. Lo cierto es que el incremento de las desigualdades socioeconómicas en España durante la Gran Recesión está sobradamente documentado (véase el Informe Foessa de 2014). No es este el momento de analizar este proceso ni sus causas (la profunda segmentación de nuestro mercado de trabajo, la elección de políticas de austeridad para abordar las consecuencias macroeconómicas de la crisis, un mercado de vivienda afectado por un gran riesgo financiero, etc.).

Lo importante para los objetivos de este artículo consiste en vincular este incremento de las desigualdades sociales en España durante la crisis, por un lado, y la evidencia en torno a la existencia de un gradiente social en la salud y la enfermedad, por otro. La Gran Recesión afectó de manera importante en la salud de la población europea, y España no es una excepción a un proceso que supuso un riesgo claro para la población en un amplio número de indicadores de salud y calidad de vida. La evidencia empírica al respecto es clara: la crisis de 2008 tuvo un impacto negativo en la salud de la población española.

Para comprender los procesos que explican dicho impacto es preciso mirar en diversas direcciones. En primer lugar, una crisis como la que nos ocupa genera necesariamente una situación de incertidumbre y vulnerabilidad que puede poner en riesgo el bienestar psicológico y la salud mental de la población. Más aún cuando la profundidad y gravedad de la crisis viene acompañada de un desarrollo temporal especialmente dilatado, como ocurrió en el caso español. En segundo lugar, la crisis llevó a un número creciente al deterioro de su situación económica, situando a millones de personas, incluidos menores, por debajo del umbral de la pobreza. Los ajustes familiares necesarios para afrontar la pobreza cobran diversas formas, siendo una de las más importantes un ajuste del presupuesto del hogar que puede implicar decisiones potencialmente negativas para la salud: reducción del presupuesto en alimentación, en medicinas y en cuidados de la salud, en hábitos saludables, en mantenimiento de las condiciones de habitabilidad del hogar (calefacción, suministros), etc. En tercer lugar, la situación de estrés psicosocial generada típicamente en los periodos de recesión económica se asocia con conductas de afrontamiento que suponen un riesgo para la salud, como por ejemplo el consumo de tabaco, drogas y alcohol. En cuarto lugar, las políticas utilizadas para afrontar los efectos macroeconómicos de la Gran Recesión se basaron por entero el concepto de austeridad, dando lugar a un retroceso sobresaliente en las políticas de bienestar y protección social. En España estos recortes no solo afectaron a la cobertura sanitaria y al copago en medicinas, sino también a las políticas de dependencia, familiares, por citar tan solo dos de ellas. Este retroceso del Estado de Bienestar constituye igualmente una causa potencial del deterioro de la salud de las personas.

Como puede apreciarse, todos estos elementos giran en torno –en mayor o en menor medida– al crecimiento de las desigualdades sociales. Dicho de otra forma, tenemos sobre la mesa un puzle con tres elementos: sabemos que existen un gradiente socioeconómico en la distribución social de la salud y las enfermedades; sabemos además que las desigualdades socioeconómicas aumentaron en España de manera profunda y sostenida desde 2008 y que solo muy recientemente esta progresión se ha revertido; sabemos que la Gran Recesión tuvo un impacto negativo sobre la salud de la población, en términos generales. En este puzle, todas las piezas encajan, siempre y cuando seamos capaces de establecer un vínculo que implique una conexión entre crisis y salud a través de las desigualdades sociales.

Esta hipótesis articula el estudio, recientemente publicado bajo el título Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España, editado por la Fundación FOESSA. Este estudio abordó la conexión entre crisis y salud situando en el centro de esta conexión las desigualdades socioeconómicas. Para ello, dichas desigualdades se definieron a dos niveles. En primer lugar, se incorporó un indicador de desigualdad económica “clásico”, los ingresos y, en concreto, la distribución de la población en quintiles según sus ingresos. Se trata de una forma ampliamente utilizada de medir la desigualdad, ya que refleja la forma en la cual un individuo (o un hogar) se diferencia con respecto a otro individuo (u otro hogar) en cuanto al presupuesto disponible.

En segundo lugar, se incorporaron indicadores de desigualdades a nivel agregado, es decir, no interindividuales, sino desigualdades sociales en sentido estricto. Nos referimos aquí a la medida en la cual las sociedades son más o menos igualitarias, más o menos desigualitarias. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de la población que se encuentra en situación de exclusión social? ¿Y cuál es el porcentaje en situación de pobreza? ¿Cuál es la tasa poblacional de desempleo de larga duración? La hipótesis que subyace es que el desempleo, o la pobreza, o la exclusión, no solo tienen un efecto sobre la persona en situación de desempleo, de pobreza o de exclusión, sino que también tienen un efecto especialmente relevante sobre todas las personas en dicha situación y sobre toda la población en general. En el estudio citado se consideró a la población según su comunidad autónoma de residencia, y se realizaron análisis que incluían indicadores agregados para cada comunidad. En concreto, las variables utilizadas fueron los porcentajes de la población de las comunidades autónomas en situación de privación material, pobreza y baja intensidad laboral (es decir, tres dimensiones de la exclusión social) y la tasa de desempleo de larga duración. Además, para asegurar la validez de los resultados, se introdujeron dos variables de control, el PIB per cápita y el gasto sanitario (como porcentaje de PIB de cada comunidad autónoma).

Es importante recordar que nuestra hipótesis establece que el impacto de la Gran Recesión en la salud podría comprenderse, parcialmente, a través de la desigualdad socioeconómica. Por ello, para contrastar dicha hipótesis era vital contar con datos longitudinales, es decir, con medidas repetidas en el tiempo. Afortunadamente, la Encuesta de Calidad de Vida del Instituto Nacional de Estadística proporciona dichos datos, en oleadas de cuatro años. Se eligió aquella que medía los años 2008, 2009, 2010 y 2011, para poder analizar adecuadamente el papel de la desigualdad en una medida de salud general durante los primeros años de la recesión.

Pues bien, nuestros resultados mostraron que el quintil de ingresos en el cual se encuentran los individuos tiene un efecto en la evolución de la salud durante la crisis, en el sentido esperado: a menos ingresos mayor es el deterioro de la salud. Pero, además, y tal vez más importante, los resultados mostraron que la distribución social de la desigualdad también tuvo un impacto en la salud, de manera que las poblaciones con mayores porcentajes de población en situación de privación material y que viven en un hogar con baja intensidad laboral. Más aún, la tasa de desempleo de larga duración también mostró un efecto negativo en la salud de la población.

3. Así pues, la salud va por barrios

Lo explicábamos recientemente en la entrevista: “La salud va por barrios”.

Estos resultados no debieran ser sorprendentes. Richard Wilkinson y su equipo de investigación han mostrado reiteradamente que las sociedades más desigualitarias son –comparadas con sociedades más igualitarias– peores para el bienestar de su población en un amplio rango de indicadores: mortalidad, salud, incidencia de enfermedades, felicidad, violencia, comisión de delitos. Se trata de una hipótesis y de una línea de investigación que se muestra especialmente relevante para explicar los efectos perversos de los procesos macrosociales en el bienestar de las sociedades.

En nuestro caso, los resultados descritos y los argumentos esgrimidos apuntan a una realidad preocupante: la sociedad española contemporánea (y, con probabilidad razonable, las sociedades europeas en general) ha experimentado cambios tan profundos que el bienestar y el acceso al mismo se ha visto también modificado. Siendo más precisos, podríamos señalar que en España la crisis de 2008 supuso la consolidación de un nuevo modelo de desigualdad –basado en procesos de exclusión– que ha problematizado, deteriorado, el bienestar de una proporción creciente de su población. Los resultados anteriormente expuestos son evidentes: cada vez más, la salud va por barrios. Y más aún: seguramente cada vez son más los barrios donde la salud comienza a ser un problema social. El deterioro de las condiciones de vida de las clases medias –diseccionado recientemente en un estudio realizado para la OCDE bajo el revelador título Bajo presión: la clase social exprimida– coincide con el incremento del protagonismo de los procesos descritos.

Es un deterioro que en España se asocia claramente a un mercado de trabajo cada vez más segmentado, cada vez más flexible, cada vez menos caracterizado por la estabilidad biográfica y cada vez más afectado por la precariedad. En la investigación Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España, analizando datos de las ediciones de 2006 y 2012 de la Encuesta Nacional de Salud, se comprobó que la relación de los diferentes estatus de empleo (empleo estable, temporal, desempleo, desempleo de larga duración, trabajo autónomo y jubilación) prácticamente se invirtió después de la crisis de 2008. Así, por ejemplo, en 2006 las dos situaciones que en mayor medida se relacionaban con un deterioro de la salud mental eran el desempleo y la jubilación; además, tener un trabajo temporal se relacionaba con peor salud mental y se empresario o autónomo no tenía un impacto significativo. Pues bien, en 2012 esta última relación se invierte (son los autónomos los que muestran mala salud mental) y la asociación con el deterioro psicológico ser reduce de manera sobresaliente en el caso de las personas jubiladas. Este último grupo, de hecho, se convirtió en uno de los ejes familiares para afrontar el deterioro en indicadores como los ingresos, o la baja intensidad y participación laboral. Si se permite la exageración, se trata del mundo al revés: nuestros/as pensionistas como soporte económico de la población activa.

4. Actuamos o enfermamos: los retos para la acción social

Como puede apreciarse, la Gran Recesión no puede definirse únicamente como una coyuntura de deterioro de la economía, sino más bien como la consolidación de una transición hacia una fase productiva asociada a un sistema de estratificación social basado en el concepto de exclusión. Este modelo ha problematizado de manera sobresaliente, especialmente en España, la comprensión del bienestar, hasta el punto de que las clases medias aparecen como protagonistas de un deterioro socioeconómico que puede describirse como un incremento de las desigualdades en los ingresos y una profunda segmentación del mercado de trabajo que resulta en un incremento de la precariedad y una ampliación de las ocupaciones afectadas por dicha precarización.

Es innegable que una década después de que estallara la crisis la coyuntura económica ha mejorado, lo que ha tenido un efecto positivo en las tasas de desempleo y en los presupuestos de los hogares. Pero es igualmente innegable que esta recuperación tiene un semblante muy diferente al del periodo de crecimiento económico previo a la crisis. El modelo ha cambiado, la exclusión social, la ampliación de las desigualdades y la problematización del mercado de trabajo son procesos característicos de nuestra sociedad. En conclusión, es razonable pensar que también persisten los riesgos relacionados con la salud descritos en este artículo. Este es, tal vez, uno de los retos de futuro para la sociedad española, un reto que consiste en diseñar acciones que redunden en una mejora de la salud y de la calidad de vida de nuestra población. En el diseño de estas acciones es absolutamente indispensable incorporar una dimensión colectiva. Si, tal y como hemos visto, procesos agregados están en el origen del deterioro de la salud, también es posible incidir en acciones que mejoren la calidad de vida. La dimensión comunitaria es vital en este punto, como también lo es una acción transformadora que contribuya a reducir las desigualdades sociales y que permita cimentar la mejora del bienestar de nuestra sociedad en criterios de justicia social.

5. Bibliografía

OCDE (2019) Under Pressure: The Squeezed Middle Class. París: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/689afed1-en

Sánchez Moreno, Esteban; de la Fuente Roldán, Iria-Noa; y Gallardo Peralta, Lorena (2019). Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España. Madrid: Fundación FOESSA.

Stringhini, S., Carmeli, S., Jokela, M., Avendaño, M., Muennig, P., Guida, F., Kivimäki, M. (2017). Socioeconomic status and the 25 × 25 risk factors as determinants of premature mortality: a multicohort study and meta-analysis of 1·7 million men and women. The Lancet, 389, 1229-1237.

Wilkinson, R. G. y Pickett, K. E. (2018). Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo. Madrid: Capitán Swing.

Número 2, 2019

Imanol Zubero. Sociólogo

En nuestra sociedad mantenemos vigente una cultura del trabajo en la que identificamos el trabajo con el empleo, pero donde lo no remunerado no es trabajo. Sin embargo, nos encontramos en un contexto económico que no necesita del empleo para todos; ni dibuja trayectorias profesionales estables y con capacidad de dar identidad; tampoco garantiza la integración social ni la situación de no pobreza material. En suma, hay un choque frontal entre la cultura y la realidad que conviene explorar probablemente para apostar por otra cultura del trabajo que posibilite un desarrollo social justo y solidario.

La pesadilla de una sociedad de trabajo sin trabajo (decente)

La Edad Moderna trajo consigo la glorificación teórica del trabajo, cuya consecuencia ha sido la transformación de toda la sociedad en una sociedad de trabajo. […] Nos enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Está claro que nada podría ser peor. Esta reflexión de Hannah Arendt en las primeras páginas de su obra de 1958 La condición humana (Arendt, 1993: 17) es citada a menudo como anticipación de una realidad que hoy sufren millones de personas en todo el mundo.

En su informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2023 la OIT prevé que el desempleo a escala mundial alcance en 2023 a 208 millones de personas, lo que vendría a suponer una tasa de desempleo mundial del 5,8 por ciento. La situación es mucho peor si hablamos no de ausencia de trabajo sino de ausencia de trabajo decente, es decir, de una actividad laboral que se realiza al amparo del diálogo social tripartito, a cambio de una retribución suficiente para garantizar una vida digna, que da acceso a derechos laborales fundamentales, sin discriminaciones de género ni de ningún otro tipo y que es experimentada por la persona trabajadora como una actividad con sentido. Si a todo esto añadimos el factor de utilidad social y sostenibilidad ecológica hemos de concluir que, sin duda, nos encontramos en la situación arendtiana de una sociedad de personas trabajadoras sin trabajo decente.

Nuestro problema con el trabajo (sí, sé que en realidad debería decir empleo) no es que una nueva ola de automatización sustituya a millones de vendedoras y vendedores, contables, minoristas, supervisoras y supervisores, agentes inmobiliarios o de viajes, mecanógrafos y mecanógrafas, almacenistas, etc. Nuestro auténtico problema es que sigamos impulsando trabajos de mierda (Graeber, 2018), actividades carentes de sentido, innecesarias y perniciosas: turismo internacional masivo, reparto de comida basura a domicilio, megaeventos deportivos y culturales, difusión a través de las redes sociales de estilos de vida idiotas y productos audiovisuales inanes, consumismo low-cost recreativo y hasta terapéutico, construcción de más y más edificios y carreteras… Actividades todas ellas que comparten las mismas alarmantes características: exigen un alto y continuo suministro de energía, mercantilizan cada vez más ámbitos de nuestra vida, agreden a los ecosistemas y se sostienen solo por la explotación y la degradación de otras personas.

Junto al ya citado de Hannah Arendt, hay otro texto clásico sobre el futuro del trabajo que nos resultará familiar: me refiero a la famosa conferencia de Keynes en 1930 titulada Las posibilidades económicas de nuestros nietos (Keynes, 1988), en la que el destacado economista nos anunciaba dos noticias relativas al futuro del trabajo, una buena y otra mala. La buena, que gracias al progreso técnico la humanidad está resolviendo su problema económico de manera que llegará un momento en que tendremos que trabajar mucho menos para satisfacer todas nuestras necesidades materiales: En unos pocos años –quiero decir en el curso de nuestra vida- podemos ser capaces de realizar todas las operaciones de la agricultura, minoría e industria con la cuarta parte del esfuerzo al que estamos acostumbrados, afirmaba Keynes. Como consecuencia de esta victoria sobre la necesidad por primera vez, desde su creación, el hombre se enfrentará con su problema real y permanente: cómo usar su libertad respecto de los afanes económicos acuciantes, cómo conseguir ocupar el ocio que la ciencia y el interés compuesto le habrán ganado, para vivir sabia y agradablemente bien (1988: 327 y 329).

Pero esta buena, excelente noticia, venía acompañada de otra no tan buena: que aún no había llegado ese tiempo de vernos liberadas de la necesidad económica, que al menos durante todo un siglo tendríamos que seguir habitando un mundo guiado por la lógica economicista: Por lo menos durante otros cien años debemos fingir nosotros y todos los demás que lo justo es malo y lo malo es justo; porque lo malo es útil y lo justo no lo es. La avaricia, la usura y la cautela deben ser nuestros dioses durante todavía un poco más de tiempo, pues sólo ellos pueden sacarnos del túnel de la necesidad económica y llevarnos a la luz del día (Ibid.: 332-333).

¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la pesadilla de un mundo-de-trabajo sin trabajo o hacia el sueño de una sociedad liberada de la necesidad de trabajar? ¿Qué futuro queremos construir? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir guiándonos por la avaricia y la usura?

Sobra empleo, falta trabajo

En primer lugar, es necesario reflexionar sobre el propio concepto de trabajo. De forma generalizada tendemos a reducir el trabajo al empleo, excluyendo de esta manera todas aquellas actividades imprescindibles para la supervivencia social y material de las sociedades y los individuos que no pasen por el estrecho espacio del mercado y el precio. Actividades y tareas tan esenciales como son el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, las actividades de voluntariado, la participación cívica, la ayuda mutua, los intercambios solidarios… Porque un empleo no es, en principio, nada más que un trabajo a cambio del cual recibimos un pago monetario en el mercado. La única diferencia entre cocinar para mí, para mi familia y mis amistades, o para un comedor solidario, y hacerlo para un restaurante está en la obligación o no de pagar a cambio de la comida consumida: sólo en caso de que medie el pago hablamos de empleo.

La economía y la sociología feministas han sido pioneras en la denuncia de esta reducción de todos los trabajos socialmente necesarios a la categoría de empleo, operación mediante la cual se han invisibilizado (siempre con sesgo de género y de clase) ciertas tareas (des)calificadas por su ubicación en el ámbito de lo reproductivo, de lo doméstico, de lo privado, de lo relacional o de lo no-mercantil. ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, inquiere provocadoramente Katrine Marçal (2016). Si la pregunta fundamental de la economía es, según esta autora, ¿cómo llegamos a tener nuestra comida en la mesa?, Adam Smith ha pasado a la historia como la persona que (supuestamente) halló la explicación definitiva: en sociedades complejas como la nuestra, los procesos de producción, elaboración, distribución y apropiación de los bienes y servicios que consumimos a diario constituyen una intrincada red de acciones coordinadas que abarca todo el planeta. ¿Qué es lo que cohesiona todos estos procesos? La respuesta de Smith es bien conocida: No es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad sino a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas (Smith, 2014: 46). Es el interés de todas y cada una de las personas que participan de tales procesos el que hace que el conjunto funcione correctamente, sin necesidad de que nadie tenga que planificar el conjunto.

Pero resulta que Smith pasó toda su vida cuidado por su madre viuda, Margaret Douglas, y su prima soltera, Janet Douglas, de manera que este pudiera dedicarse en cuerpo y alma a desarrollar su muy influyente obra. Cuando Adam Smith se sentaba a cenar –escribe Marçal-, pensaba que si tenía la comida en la mesa no era porque les cayera bien al carnicero y al panadero, sino porque estos perseguían sus propios intereses por medio del comercio. […] Sin embargo, ¿era así realmente? ¿Quién le preparaba, a la hora de la verdad, ese filete a Adam Smith?.  Si Smith tenía asegurada la comida no era sólo porque los comerciantes sirvieran a sus intereses comerciales sino porque su madre y su prima se encargaban de ponérsela en la mesa todos los días. La mirada a la que nos invita Marçal actúa como marco que desnaturaliza el paradigma económico dominante y desvela sus fundamentos en última instancia imposibles, por reduccionistas, si no es mediante la ocultación de esa segunda economía que, al igual que ocurre con el segundo sexo, existe y actúa siempre a la sombra de esa primera economía -realmente única economía- productiva, mercantil y patriarcal. Se mire por donde se mire –concluye Marçal-, el mercado se basa siempre en otro tipo de economía. Una economía que rara vez tenemos en cuenta.

De este modo hemos acabado por entronizar como las únicas actividades realmente valiosas aquellas que se desarrollan no sólo en sino para el mercado, para su lógica abstracta, guiada exclusivamente por el criterio del beneficio económico incluso cuando este beneficio se logra socavando los fundamentos mismos de la vida.

En 2009 la New Economics Foundation (NEF) analizó el valor social, ambiental y económico de diversos empleos, mirando más allá del salario recibido por las diferentes profesiones para preguntar qué aportan a la sociedad. Los resultados fueron alarmantes: en el extremo más alto de ingresos los banqueros de inversión de la City de Londres, con salarios de 500.000 a 10 millones de libras esterlinas, destruían 7 libras de valor social por cada libra en valor monetario que generaban; por el contrario, en uno de los sectores con salarios más bajos, el de las cuidadoras infantiles, con ingresos de 10.000 a 13.000 libras esterlinas, cada libra pagada generaba entre 7 y 9,50 libras esterlinas en beneficios para la sociedad. La conclusión de la NEF es clara: Los empleos peor retribuidos son a menudo los que se encuentran entre los más valiosos socialmente: empleos que mantienen unidas a nuestras comunidades y familias.

Hoy Adam Smith se encontraría en una situación en la que, tras dedicar todo su tiempo a trabajar para poder pagarse la cena, al regresar a casa se la encontraría vacía, con su madre y su prima empleadas fuera del hogar para poder completar la maltrecha economía familiar.

¿Ha perdido el empleo su capacidad integradora?

El siglo XVIII fue el siglo de las grandes revoluciones que dieron lugar al mundo tal como lo conocemos en la actualidad. Es el momento en el que nacerán la democracia y el capitalismo. La Revolución francesa y su ambiciosa declaración de los derechos del ciudadano se convertirá en símbolo de un novedoso proyecto de vinculación social mediante el reconocimiento político: las sociedades modernas son concebidas como constituidas por la asociación de todos los ciudadanos que componen la nación, todos iguales, libres y fraternos. La Revolución industrial y la generalización de las relaciones sociales capitalistas va a proponer una forma de vinculación social mucho más prosaica y, tal vez por eso, más exitosa: la asociación de individuos que persiguen su propio interés, que necesitan a otros y son necesitados por otros. El modelo Adam Smith.

De este modo se desarrolló una ética del trabajo convertida en una norma de vida basada en un principio fundamental: el trabajo es la vía normalizada para participar en esta sociedad basada en el quid pro quo al incorporarnos a esta inmensa red de intercambios que es la sociedad moderna. Eso sí, como recuerda Bauman (2000: 18), sólo el trabajo cuyo valor es reconocido por los demás (trabajo por el que hay que pagar salarios o jornales, que puede venderse y está en condiciones de ser comprado) tiene el valor moral consagrado por la ética del trabajo. El vínculo ciudadano, el vínculo de los derechos y las responsabilidades, desarrollado entre todos los miembros de una comunidad moral, fue sustituido por el vínculo de las actividades productivas, por el trabajo para el mercado, por el empleo.

Aunque reconozcamos la función histórica que ha cumplido (y sigue cumpliendo para una mayoría de personas) el empleo como herramienta de integración social, innovación y creatividad, desarrollo económico, creación y redistribución de la riqueza, debemos constatar la deriva que desde hace años experimenta el llamado mercado de trabajo, en la dirección de una creciente precarización de las condiciones de trabajo que debilita, y en muchas ocasiones anula, la capacidad integradora del empleo. A partir de los años Ochenta del pasado siglo se han producido cambios fundamentales que han tenido como consecuencia la ruptura de la norma social de empleo que ha servido como elemento básico de integración social: un empleo estable y regulado, continuo y prolongado a lo largo de toda la vida activa hasta configurar una carrera profesional. Es esta norma social la que ha cambiado profundamente en las últimas tres décadas: si hasta los años setenta la norma aspiraba a la estabilidad, a partir de los ochenta la tendencia es hacia la precarización. Hoy lo normal empieza a ser la precariedad, al menos, para las nuevas generaciones de trabajadoras y de trabajadores –mujeres, jóvenes e inmigrantes, principalmente- incorporadas al mercado de trabajo desde los años Noventa.

El reciente informe Precariedad laboral y salud mental, promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, identifica seis situaciones de trabajo susceptibles de ser consideradas como precariedad: (1) la relación laboral temporal, (2) el trabajo a tiempo parcial involuntario, (3) la subocupación funcional (aquella que requiere estudios por debajo del nivel alcanzado por la persona trabajadora), (4) el trabajo autónomo en situación de precariedad (horarios de trabajo muy reducidos o muy extensos, trabajo a tiempo parcial involuntario y subocupación funcional o por insuficiencia de horas), (5) el subempleo por insuficiencia de horas y (6) el desempleo de quienes han trabajado previamente. En el segundo trimestre de 2022 algo más de la mitad (50,8%) del mercado laboral en España (23,4 millones de personas) sufría alguna de estas situaciones de precariedad. Precariedad que no solo tiene graves consecuencias para una efectiva integración material o socioeconómica de todas esas personas, que acaban habitando el espacio de la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social. La precariedad laboral precariza el conjunto de la existencia de las personas en esa situación. Sin ninguna pretensión de enmendar la plana a mi admirada Hannah Arendt, tal vez sea peor esta sociedad de trabajo con trabajadoras y trabajadores precarizadas que aquella sociedad de trabajadoras y trabajadores sin trabajo en la que pensaba con desasosiego la filósofa alemana.

La en otros tiempos clara frontera entre trabajo y exclusión se ha convertido en un espacio borroso y poroso: hoy es posible tener un empleo y, al tiempo, encontrarse en situación de precariedad. La ascensión de la vulnerabilidad, el ensanchamiento de esa zona de frontera entre la integración y la exclusión provocado fundamentalmente por la precarización del trabajo, provoca la inestabilización de determinadas categorías sociales, como las personas jóvenes, las migradas y las mujeres, pero también la desestabilización de las y los estables, de una parte importante de las personas que habían estado perfectamente integradas en el orden del empleo (Castel, 1997: 413-414).

En el marco de una creciente economía política de la inseguridad (Beck) cada vez más personas viven preocupadas por el futuro de sus derechos en el trabajo y en la sociedad, sintiéndose expuestas a una evolución económica y social que parece haber escapado a su control y que Martin Carnoy y Manuel Castells caracterizaron así en 1997, al concluir su informe para la OCDE sobre el futuro del trabajo, la familia y la sociedad en la Era de la Información: Lo que emerge de nuestro análisis es la visión de una economía extraordinariamente dinámica, flexible y productiva, junto con una sociedad inestable y frágil, y una creciente inseguridad individual.

Sin embargo, a pesar de que el paradigma dominante del trabajo hace aguas por todos los lados seguimos operando bajo su dominio. Aún hoy denominamos población ocupada exclusivamente a aquellas personas que están empleadas, y llamamos parada a la persona que simplemente carece de empleo, aunque no pare en todo el día de formarse, buscar empleo, cuidar a otras personas, hacer voluntariado o participar en iniciativas políticas.

El empleo sigue siendo el principal mecanismo de inclusión en las sociedades de mercado. En la exposición de motivos de la Ley contra la Exclusión Social aprobada por el Parlamento Vasco en mayo de 1998 se podía leer: En nuestra sociedad moderna el trabajo constituye el medio por excelencia de adquirir derechos y deberes respecto a la sociedad y de que ésta los adquiera respecto al individuo. Así entendido, el derecho al trabajo se convierte en condición «sine qua non» de la plena ciudadanía, y adquiere todo su significado como derecho político. No será fácil encontrar a día de hoy formulaciones que vinculen de manera tan explícita (y acrítica) empleo y ciudadanía, pero lo cierto es que el vínculo sigue operando. En el documento que recoge la vigente Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, leemos lo siguiente: La situación del empleo constituye uno de los factores clave en la prevención de la pobreza y la exclusión social; su importancia, de hecho, se ha visto reconocida ampliamente en el enfoque de inclusión activa. Las rentas del trabajo, cuya obtención está vinculada con el empleo estable, constituyen la principal fuente de ingresos de las familias y, por tanto, es uno de los elementos cruciales a tener en cuenta a la hora de considerar a aquellos hogares que están en riesgo de pobreza y exclusión social.

Pero, ¿acaso hay que ganarse la condición de ciudadanía plena?, ¿no es tal cosa un horror propio de sociedades totalitarias? Si el derecho a la vida digna pasa por el derecho a trabajar, ¿qué ocurre cuándo millones de personas se ven imposibilitadas de cumplir con dicho deber, no por su culpa, sino por razones estructurales? ¿y qué ocurre cuando miles de personas se ven expuestas a la enfermedad y la muerte por las condiciones de su trabajo? ¿y cuando la competencia por el empleo no es ya fuente de autonomía sino mecanismo de humillación?

En este sistema –advierte Viviane Forrester- sobrenada una pregunta esencial, jamás formulada: “¿Es necesario ‘merecer’ el derecho a vivir?” (1996: 15). Este mérito, ya lo hemos dicho, exige el deber de trabajar. ¿Pero qué ocurre cuando una de cada dos personas trabajadoras se enfrenta a situaciones de precariedad? ¿Y cuando este incremento de la precariedad -en ausencia de medidas de protección social como las que afortunadamente aún disfrutamos en Europa- explica en gran parte la epidemia de muertes por desesperación que está asolando a la clase blanca trabajadora con menos estudios en Estados Unidos (Case y Deaton, 2020: 215)?

Del empleo para el mercado al trabajo para la vida

El sueño de Keynes en 1930 era que en el plazo de un siglo nos viéramos libres de dedicar al empleo más de tres horas diarias o quince semanales, disponiendo del resto del tiempo para nosotras y para nuestras comunidades. ¿Y si ya estuviéramos en esa situación, y si ya tuviéramos lo suficiente para poder llevar una buena vida? Esta es la tesis que defienden con razón y pasión Robert y Edward Skidelsky (2012), padre economista experto en Keynes e hijo filósofo.

Debemos generar sistemas de aseguramiento colectivo que permitan que todas las personas, por el hecho de ser personas, vivan libres de la necesidad. Existen alternativas que tienen que ver con intervenciones directas e inmediatas: reducción del tiempo de trabajo, reparto del empleo, propuestas de trabajo garantizado, renta básica universal, fiscalizar la riqueza oligárquica; existen también propuestas que tienen que ver con la defensa de la economía local, de la economía rural y de la economía social y solidaria, con des-mercantilizar los trabajos mediante redes locales de mutualidad, gestión comunal… Esto en el corto y medio plazo.

Pero en el medio-largo plazo, aunque empezando a plantearlo desde ya mismo, debemos asumir que nuestros modos de producción, consumo, transporte, nuestro modo de vida en su conjunto, es insostenible. Necesitamos recuperar la cuestión de la suficiencia: ¿cuánto es suficiente? En lugar de seguir entrampadas en la perspectiva de la escasez (en realidad se trata de injusticia, de un juego de acumulación y expropiación) preguntarnos con los Skidelsky (2012: 242): ¿cómo puede una sociedad que ya tiene “suficiente” pensar acerca de la organización de su vida colectiva?. En los países del Norte estamos ya en el escenario de la (sobre)abundancia, lo que debemos hacer es plantearnos cómo redistribuimos lo que tenemos creando suficiencia para todo el mundo. ¿Y si el debate no está en cómo crear más empleo, sino en cómo imaginamos y construimos otra ética de la vida desde la austeridad solidaria?

Bibliografía

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Bauman, Z. Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa, 2000.

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Marçal, Katrine. ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Una historia de las mujeres y la economía. Barcelona: Debate, 2016.

Skidelsky, R. y E. ¿Cuánto es suficiente? Barcelona: Crítica, 2012.

Número 14, 2023

Fernando Fantova, consultor social

Puedes encontrar Fernando Fantova en Twitter.

En este artículo se desarrolla una breve reflexión sobre la situación y perspectivas de los servicios sociales en España, intentando dilucidar en qué medida lo que se requiere, a partir de dicha situación, es un aumento de recursos, un mayor desarrollo y mejora de la calidad de sus procesos, un cambio de rumbo o giro estratégico o, más bien, una reconfiguración radical.

Introducción

En este artículo se desarrolla una breve reflexión sobre la situación y perspectivas de los servicios sociales en España, intentando dilucidar en qué medida lo que se requiere, a partir de dicha situación, es un aumento de recursos, un mayor desarrollo y mejora de la calidad de sus procesos, un cambio de rumbo o giro estratégico o, más bien, una reconfiguración radical.

El autor se basará en su conocimiento directo del mundo de los servicios sociales a través del trabajo de consultoría y del indirecto a través de la bibliografía. Partiendo de una mirada sobre la trayectoria de los servicios sociales en España y pasando por una lectura del cambio social en el que estaríamos inmersas en este país y su entorno, analizaríamos la encrucijada en la que se encuentran inmersos nuestros servicios sociales para desembocar en un intento de respuesta a la pregunta que da título al artículo.

La trayectoria de los servicios sociales españoles

En España los servicios sociales son configurados como ámbito de actividad, fundamentalmente, por el sector público. Ello no quiere decir que no haya servicios sociales privados o solidarios, pero normalmente son identificados como servicios sociales por su similitud y conexión con servicios sociales públicos. En este artículo, por tanto, hablaremos de los servicios sociales entendiéndolos como un ámbito de actividad (unos servicios sociales, por tanto, que pueden ser o no ser públicos) pero siendo conscientes de la centralidad o relevancia del sector público en dicho ámbito de actividad (en su configuración a lo largo de la historia y en su actual funcionamiento en nuestro país).

La referencia fundamental, hoy y aquí, para identificar el ámbito o delimitar el perímetro de los servicios sociales es, sin duda, la de las leyes de servicios sociales (como denominación predominante) de las comunidades autónomas y las estructuras previstas en ellas y en su normativa de desarrollo. Hay que notar, sin embargo, que las comunidades autónomas legislan sobre servicios sociales apoyándose, fundamentalmente, en la competencia exclusiva sobre asistencia social que les reconoce la Constitución Española, materia que quedó así nombrada tras la aprobación de la enmienda que evitó que se incorporara el término beneficencia (Casado y Fantova, 2018).

Resumiendo mucho la trayectoria de los servicios sociales españoles, diríamos que, en general, se configuraron y se configuran como dispositivos para dar respuesta a situaciones excepcionales de afectación o deterioro de un bien que hoy llamaríamos inclusión social. Es decir, básicamente, los servicios sociales (y recordemos que hablamos, sobre todo, de servicios de responsabilidad pública) son servicios que atienden a las personas que se encuentran en (o se aproximan a) una zona de exclusión social o, dicho de otra manera, de limitada participación en las transacciones de todo tipo que permiten a las personas dar satisfacción a sus necesidades (en su caso, ejercer sus derechos).

Así planteados, lógicamente, los servicios sociales se formatean en función del modelo de inclusión social existente en la sociedad de referencia. ¿Por qué en la configuración de nuestros servicios sociales ha sido y es tan importante la identificación de determinados colectivos poblacionales destinatarios? Pues sencillamente porque esos segmentos de población son identificados en función de características o situaciones que los excluyen de los mecanismos predominantes mediante los que se produce o verifica la inclusión social en un determinado modelo de inclusión social (Laparra, 2022).

A pesar de que, en principio, podrían haberse producido trayectorias diferentes en las distintas comunidades autónomas españolas desde que éstas tomaron la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, hay dos opciones estructurantes de los entramados de servicios sociales de responsabilidad pública que son bastante comunes en todo el país. Una es la división de los servicios, básicamente, en dos niveles, con atribución de responsabilidades a distintas instituciones públicas, de suerte que, en los servicios sociales se mantiene una fuerte responsabilidad tanto de las entidades locales como de las comunidades autónomas (sin que podamos entrar ahora en más detalles o matices). La otra es la de que la mayor parte de los servicios que reciben finalmente las personas usuarias o destinatarias se prestan por parte de organizaciones solidarias o empresas privadas, aunque una parte importante de la financiación y otras funciones que los sostienen sean realizadas por instituciones públicas. (Mora y De Lorenzo, 2022).

Este posicionamiento y estructuración de los servicios sociales en España ha convertido a esta rama de actividad en una buena candidata para hacerse cargo de problemas sociales emergentes, pero, a la vez, ha facilitado y sigue facilitando las situaciones de ambigüedad y confusión en relación con la identificación del objeto y perímetro de los servicios sociales. Diríamos que ha resultado característica de los servicios sociales una tensión estructural entre su versatilidad vocacional para hacerse cargo de nuevas realidades o situaciones que pudieran conducir a determinadas personas a la exclusión social y la voluntad técnica y política de construir unos servicios sociales universales, es decir, unos servicios sociales públicos que lleguen a ser considerados por parte de una mayoría de la población como el mecanismo de referencia para la satisfacción de determinadas necesidades (como ya sucede en España, al menos, en áreas de necesidad y ámbitos de actividad importantes relacionados con la salud, la educación o la garantía de ingresos para la subsistencia material).

Se diría que el producto estrella (el más reconocible) que ofrecen los servicios sociales más próximos o locales es el de un kit de recursos o prestaciones dentro del cual el ingrediente más relevante, demandado y reconocido es el dinero para cubrir gastos de subsistencia material. En cuanto a los servicios sociales denominados especializados, que se estructuran más bien en función de perfiles, segmentos o colectivos poblacionales preestablecidos, el producto estrella (el más posicionado y el que consume más recursos) sería el de una atención integral (institución total) que tiende a incluir el ingrediente del alojamiento colectivo (Burns y otras, 2016).

El cambio social que estamos viviendo y los nuevos perfiles de la exclusión social

No resulta fácil para las gentes que viven un momento histórico determinado en un preciso lugar desvelar y comprender las situaciones y acontecimientos que protagonizan o en las que están inmersas. Hay procesos que pasan desapercibidos y que posteriormente son identificados como relevantes (Polanyi, 2016). Resulta más fácil listar tendencias que sopesar la fuerza de cada una y la manera en la que se entrelazan. Y es notablemente difícil establecer relaciones causales entre fenómenos (Hirschman, 2020).

El relato (la selección y articulación de circunstancias o devenires) por el que se opta aquí sería por el que estaríamos viviendo una situación en la que se cuartea un determinado modelo de inclusión social sin que se vea con claridad hacia dónde nos dirigimos. Elementos vertebradores o fundamentales de ese modelo que vemos agrietarse (y a veces desmoronarse) serían el empleo estable con relaciones laborales mediadas por los agentes sociales, la familia patriarcal y relativamente extensa embebida en comunidades homogéneas y operativas y una protección social notablemente contributiva que cubre grandes contingencias relativamente previsibles. Se diría que, tanto por sus éxitos como por sus fracasos, tanto por sus consecuencias buscadas como por las no deseadas, ese modelo de inclusión social parece presentar y generar crecientes disfunciones en un contexto (Nel.lo, 2021) en el que se presentan y entremezclan situaciones de extralimitación, escasez, globalización, profesionalización, financiarización, digitalización, longevidad, diversidad, individualización, desvinculación, movilidad, precariedad, segregación, alienación y polarización (sin que resulte posible extenderse en este momento sobre cada uno de estos fenómenos y la manera en que interactúan) (Pérez Orozco y Lopez Gil, 2011).

Estos procesos de cambio social son también procesos de cambio en las situaciones y dinámicas de exclusión social. Se percibe una diversificación de perfiles de exclusión social y la creciente dificultad para abordarla y no digamos para prevenirla. En España en estos momentos, en números redondos, un 25% de la población se encuentra en una situación de exclusión social (según el indicador denominado AROPE), pudiendo cifrarse en un 5% las situaciones de severidad y gravedad, y, por los estudios hechos en este siglo, sabemos que en este período se enquista la exclusión social y la desigualdad aumenta, sobre todo porque las personas pobres se hacen más pobres. Por el lado de arriba, solo un tercio de la población, aproximadamente, estaría por encima de la renta media, de modo que se percibe la hace tiempo descrita sociedad de los tres tercios, en la que las franjas que no están en exclusión social pero que están cerca se sienten (con razón) inseguras, saben que no están tan lejos de esa situación, se saben poco protegidas frente al riesgo de caer en una situación de exclusión social (Wright, 2018). Lo que se está observando en nuestra economía (en buena medida, directa o indirectamente, por la digitalización) es que las rentas del capital crecen más que las rentas del trabajo. Es el denominado efecto Mateo: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. En esta economía se incrementa la probabilidad de que quien disfruta de bienes (vivienda, papeles, empleo, ahorros, relaciones, pensión, conocimiento, Internet u otros) obtenga todavía más y, sin embargo, quien carece de ellos, lo tenga todavía más difícil. Por eso se dice que en nuestra sociedad se ha averiado el ascensor social (Gómez y Vidal, 2019).

Además es una sociedad más compleja, en la que se incrementan los mecanismos de inclusión y exclusión, las oportunidades y las amenazas. Esa es una de las razones por las que hablamos de la diversificación (e incluso sofisticación) de los perfiles de la exclusión social y la mayor aparición de factores de exclusión relacionados con la situación administrativa, con la vivienda, con los cuidados, con las competencias y recursos digitales, con la soledad u otros (además de los más tradicionales como el dinero, el empleo o la familia). Sigue siendo claro, en todo caso, el sesgo de género y de origen. En este tipo de sociedad que estamos construyendo, la fragmentación o desvinculación social (incluyendo la segregación territorial) dificulta formas anteriores de generación de comunidad o solidaridad y más bien se facilitan comportamientos del tipo sálvese quien pueda, por rechazo hacia las personas excluidas de las que otras se sienten distantes o precisamente por el miedo que se mete a que puedan acabar como ellas (Buesa y Cantero,2022).

Por último, la pandemia que se inicia en 2020 ha representado una disrupción global de la vida y ha generado respuestas excepcionales desde diferentes ámbitos (y, todo ello, consecuencias de diversa índole) y no es fácil saber en qué medida forma parte de una cadena de acontecimientos junto a otros anteriores y posteriores de carácter financiero, ambiental, económico, militar u otros que pueden considerarse convulsiones sistémicas o, dicho de otro modo, manifestaciones del agotamiento de equilibrios o fórmulas de funcionamiento social o colapsos de mayor o menor alcance de unos determinados modos de vida (Aguilar y Fantova, 2022).

La encrucijada en la que se encuentran nuestros servicios sociales: manifestaciones y lecturas

En estas complejas y turbulentas circunstancias el posicionamiento tradicional de los servicios sociales se torna mortal de necesidad, puesto que el número creciente de las personas que acuden a ellos en busca de alguna o varias de las prestaciones o apoyos incluidos en su oferta (desde alimentos a cuidados, desde dinero a alojamiento) ya no conforman aquellos contingentes limitados y perfilados previstos en su momento, sino que presentan una creciente multiplicidad mucho más compleja de situaciones y expectativas. Cantidad, intensidad, complejidad y diversidad que tensa los servicios sociales, inmersos en un intento cada día más baldío y frustrante de diseñar, desarrollar, combinar y escalar las especializaciones requeridas por la realidad y la integración que necesita cualquier sistema funcional. Es más, se diría que las que en otro momento fueron soluciones se convierten en problemas:

• La polivalencia y capacidad de combinar diferentes recursos hace que muchas personas acudan a los servicios sociales esperando prestaciones y apoyos que estos son incapaces de proporcionarles, incluso aunque se aumente el personal y la financiación (o precisamente por eso, en la medida en que los incrementos de recursos pueden generar más expectativas y más demanda, sin necesariamente aumentar tanto la capacidad de respuesta).
• Las reglas de funcionamiento y normas jurídicas previstas para aportar garantías y eficiencia en la atención a las personas parecen adentrarnos cada vez más en laberintos burocráticos más densos y opacos.
• La informatización y digitalización llamada a simplificar las tareas administrativas y hacer transparente la información parecen convertirse en una nueva barrera generadora de exclusión y amenazadora fuente de control.
• La proximidad a las personas destinatarias, seña de identidad fundamental en los servicios sociales, genera fricciones y malestares crecientes en ambas partes (incluso maltrato y violencia), en un contexto en el que vulnerabilidades, precariedades, recursos y capacidades se reparten de forma más amenazante y aleatoria en los dos lados de la mesa.
• El trabajo en red, la coordinación e integración entre diferentes agentes, tantas veces reclamada y alabada, parece hacer cada vez más intrincados e impracticables los itinerarios para las personas trabajadoras y usuarias. La multiplicación de agentes y aproximaciones, de responsabilidades y conocimientos parece tornarse inmanejable y fragmentadora (Subirats, 2020).

En comunidades económicas, políticas, morales y sociales relativamente estables y delimitadas en las que resultasen ser pocos, sencillos y manejables los colectivos que se acercaban a (o se instalaban en) la zona de exclusión social, podía tener ciertos visos de eficacia y eficiencia un dispositivo como los servicios sociales que hemos descrito. Sin embargo, en la sociedad que estamos describiendo el encargo tradicional de los servicios sociales se convierte en una misión imposible y los intentos de cumplirla en un mecanismo de más de lo mismo que, paradójicamente agrava la situación más que arreglarla. Ello parece suceder por una combinación de tres fenómenos, situaciones o tendencias:

• El incremento de la cantidad, intensidad y complejidad de las situaciones de exclusión social que desborda la capacidad instalada en los servicios sociales.
• El hecho de que personas de más capas sociales acudan a los servicios sociales con demandas específicas entendidas como derechos (a los cuidados, al alojamiento, a la subsistencia y más), que añade más presión.
• El hecho de que factores de protección que anteriormente se daban por supuestos o naturales (en la familia, la comunidad, el territorio, por ejemplo) se están fragilizando, lo que genera de nuevo más demanda y más acuciante.

¿Qué hacer?

En una situación como la que hemos analizado, es posible que puedan tener efectos beneficiosos incrementos de recursos (reforzamiento), mejoras de la calidad (perfeccionamiento) o cambios estratégicos (transformación), pero no sería descartable que tuviéramos delante un reto de reinvención de los servicios sociales, es decir, no podemos descartar que los servicios sociales se encuentren ante una disyuntiva existencial que puede llevarlos a su desintegración como ámbito de actividad o a una mutación en su naturaleza (deliberada, voluntaria y conducida o no). Esta perspectiva es plausible si hacemos un repaso de asignaturas claramente pendientes en relación con el diseño y despliegue de nuestros servicios sociales (como se verá, interconectadas entre sí):

• La cuestión del objeto de los servicios sociales, es decir, de su finalidad definitoria, de la parcela de necesidades de las personas a las que dan respuesta, del perímetro de las actividades características, de su finalidad. Si se mantiene, bajo la denominación que sea, la prevención y abordaje de la exclusión social o se opta por otro objeto (como podría ser la interacción, entendida como el ajuste dinámico entre la autonomía funcional de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria o sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario).
• El debate sobre si, dentro del ámbito sectorial de los servicios sociales, se opta por la centralidad de un sistema público universal y (básicamente) gratuito, tal como se ha hecho en nuestro entorno en otras ramas de actividad.
• La identificación, diseño, desarrollo y acotación del contenido prestacional (cuidados, apoyos, tecnologías e intervenciones) de los servicios sociales y su grado de profesionalización, estandarización e industrialización.
• Las decisiones estratégicas y procedimentales sobre qué hacer con encargos, cometidos, prestaciones o estructuras que podría ser conveniente dejar de tener en los servicios sociales (por ejemplo, el fragmento residual de la política de garantía de ingresos para la subsistencia material que sigue bajo la responsabilidad de los servicios sociales).
• El desafío de la integración vertical de los servicios sociales, es decir, de una mayor unidad de gestión y continuidad de la atención de la oferta (masa crítica) de servicios sociales ahora escindida entre los dos niveles antes mencionados.
• La ineludible digitalización de los procesos operativos, de gestión y de gobierno, ahora muy incipiente.
• El diseño, implementación y evaluación de los procesos y estructuras de integración horizontal intersectorial entre los servicios sociales y otras ramas de actividad, tales como los servicios de salud, educación, vivienda, empleo, garantía de ingresos y otras, con el fin de hacer más eficientes los itinerarios de las personas y los flujos de información entre ámbitos de actividad.
• El debate acerca de si estructurar las políticas referidas a colectivos poblacionales (por señas de identidad de género, generacional, funcional o cultural) o a la relación entre colectivos poblacionales (intergeneracional, intercultural u otras) como políticas transversales que, en la proximidad territorial, pudieran encontrar su incardinación en la acción comunitaria, entendida como instrumento para la convivencia en diversidad, la coproducción solidaria y la gobernanza participativa (Maino, 2021).
• Definir la naturaleza, finalidades y fórmulas de relación entre el sector público y las organizaciones solidarias de base comunitaria y la posibilidad de sinergias entre el sistema de políticas profesionalizadas e institucionalizadas y el mundo de la ayuda mutua y voluntaria entre personas en la vida diaria y cotidiana en los vecindarios y el espacio público, de modo que el ejercicio de la autoridad pública y la intervención técnica no socave sino que fortalezca los apoyos que las personas nos proporcionamos en claves de solidaridad y en las economías del procomún colaborativo (Fernández de Casadevante y otras, 2022).
• La posibilidad de ensamblar las políticas sectoriales y transversales en un modelo integrado, ligero, flexible y homogéneo (similar en los diferentes niveles) de gobernanza multinivel intersectorial e interseccional de las políticas sociales, de modo que las instituciones públicas y el conjunto de agentes puedan ofrecer respuestas más ágiles y pertinentes.

Los retos y planteamientos de diseño, reforzamiento, desarrollo, evaluación, mejora, reorientación y escalado de políticas de servicios sociales basados en el conocimiento y la innovación, en la medida en que se realizan en contextos de riesgo o situación de saturación y colapso de diferentes subsistemas de la vida social, parecen, finalmente, dejarnos ante disyuntivas existenciales y, eventualmente, oportunidades de reinvención más radical. No parecen de recibo (en lo técnico, en lo económico y en lo político) meras estrategias de crecimiento inercial y acumulativo, sino que es el momento de impulsar el emprendimiento, la experimentación, la deliberación y, finalmente, el riesgo de la reinvención.

La reinvención de esta rama de actividad, en todo caso, se apoyaría en la existencia de áreas de conocimiento, actividades profesionales y organizaciones de servicios realmente existentes que llenan de contenido los derechos que se garantizan y las estructuras públicas que se configuran, estructuras que seguramente, hoy y aquí, han de impulsar, precisa y especialmente, la gestión del conocimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo profesional en los servicios sociales.

La propuesta de reinvención no es fácil y la situación actual, aunque dura para muchas personas trabajadoras y usuarias de los servicios sociales, genera sus propios mecanismos de justificación, legitimación y perpetuación. La atención paternalista, patriarcal y total sigue teniendo personas que la practican y la defienden. Todo proceso de cambio (y más si es más radical) genera oposición, muchas veces prudente y justificada. Sin embargo, en la situación de pandemia, ha habido lugares donde se han operado cambios ambiciosos en aspectos fundamentales del funcionamiento de los servicios sociales, demostrando que son posibles.

Bibliografía

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POLANY, Karl (2016): La gran transformación. Crítica del liberalismo económico. Barcelona, Virus.

SUBIRATS, Joan (2020): “Dilemas y conflictos del cambio de época. Politizar el cambio tecnológico” en GOMÀ, Ricard y UBASART, Gemma (coordinación): Vidas en transición. (Re)construir la ciudadanía social. Madrid, Tecnos, páginas 42-57.

WRIGHT, Eric Olin (2018): Comprender las clases sociales. Barcelona, Akal.

Número 11, 2022

Pablo Sanz Bayón

Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Pontificia Comillas. Miembro propio de la Cátedra de Energía y Pobreza.

1. Introducción

La pobreza energética es un concepto que ha entrado de lleno en nuestra realidad sociopolítica y también jurídico-económica. Su utilidad semántica es la de expresar una manifestación de la pobreza que se da en torno al acceso a un suministro tan básico como la energía. Es un concepto que ya no es una moda. Ha venido para quedarse.

El presente trabajo se centra sobre todo en el examen de los factores del mercado energético español que condicionan e incluso determinan que un creciente sector de la sociedad esté o pueda estar próxima a una situación de pobreza energética. Por tanto, la discusión que se ofrece en este artículo no se hace desde la perspectiva de las medidas puramente paliativas, como el bono social eléctrico. Los mecanismos prestacionales (bonos sociales, ayudas al pago de suministros) deben articularse como instrumentos de transición que paulatinamente vayan dejando paso a medidas institucionales y estructurales que busquen afrontar el problema de raíz y a largo plazo, meta que exige observar y reformar los condicionantes mercantiles y regulatorios que hacen que el precio de la electricidad sea inasumible para amplios y crecientes grupos sociales.

En este sentido, este artículo busca sentar algunas bases y premisas para un examen crítico y propositivo de política legislativa sobre el mercado eléctrico y la regulación y supervisión de sus actores a fin de contrarrestar las causas directas de la pobreza energética, comenzando por la moderación económica y transparencia del precio de la electricidad y la tutela jurídica de los consumidores vulnerables.

 2. Concepto y contexto de la pobreza energética en España 

La Estrategia Nacional para la Pobreza Energética ha definido la pobreza energética como la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente energéticamente[1].

La pobreza energética podrá manifestarse a través de factores como la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de las facturas, un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos que es desproporcionado sobre el nivel de ingresos. Por su parte, el concepto de consumidor vulnerable se refiere al consumidor de energía eléctrica o de usos térmicos que se encuentra en situación de pobreza energética, pudiendo ser beneficiario de las medidas de apoyo establecidas por las administraciones públicas.

La pobreza energética compromete la dignidad de la persona porque menoscaba la calidad de vida y puede afectar a la salud de los habitantes de la vivienda, especialmente menores y ancianos[2]. La recesión económica iniciada en 2008 y sus efectos sobre la población han ocasionado que, en líneas generales, los indicadores principales del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV) reflejen un significativo avance de la pobreza energética en España entre el año 2008 y el 2014[3]. Sin embargo, desde el año 2014 se ha constatado una mejora relativa en algunos de ellos como consecuencia de la recuperación económica.

A las puertas de un incipiente contexto de desaceleración y posible recesión de las economías europea y española, resulta preocupante que entre el 7,4% y el 17,3% de la población española se encuentre en situación de pobreza energética. En base a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2017, 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos; 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida; unos 3,7 millones de personas pasan el invierno a temperaturas inadecuadas y 3,5 millones de personas han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas[4].

La pobreza energética tiene una naturaleza multifactorial y compleja. En primer lugar, es evidente que la pobreza energética está conectada con situaciones de pobreza general y de exclusión social, que pueden deberse a situaciones de desempleo, precariedad laboral y marginación con una multiplicidad y heterogeneidad de formas, o por ejemplo, a situaciones vinculadas a la demanda térmica de determinados hogares o con la edificación de viviendas antiguas con poca eficiencia energética. Cualquiera de estas circunstancias o su concurrencia pueden dificultar a muchos ciudadanos el poder calentar sus viviendas adecuadamente en invierno o cubrir sus necesidades básicas para una habitabilidad digna. También hay un factor geográfico condicionado por la ubicación de las viviendas y las zonas climáticas dentro del territorio español, lo cual incide en que ciertos colectivos puedan ser más propensos a sufrir una situación de pobreza energética. Caracterizar a los colectivos con vulnerabilidad de pobreza energética exige, por tanto, recabar múltiples datos de distintas variables y manejar un conjunto de indicadores estadísticos actualizados periódicamente, en función de los ingresos, el precio de la energía o las propias temperaturas de una geografía específica.

En los últimos años ha habido un gran avance para la conceptualización jurídica y la medición de la pobreza energética, con indicadores subjetivos y objetivos que permiten clasificar como vulnerables en materia energética a determinadas personas y hogares, como los establecidos por el Observatorio Europeo de Pobreza Energética.

3. ¿Un derecho universal a la energía?

La pobreza energética plantea una dificultad conceptual que es la que establecer qué energía es necesaria para la climatización de una vivienda habitual en condiciones de confort. Es decir, requiere consensuar legalmente un derecho a la energía en virtud de un gasto teórico normal para un hogar medio, lo cual puede depender de múltiples factores sociales, individuales, familiares o medioambientales.

El derecho a la energía no es nuevo ni ajeno al derecho español. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 profundiza en este aspecto en su artículo 11 al reconocer el derecho a una vivienda adecuada y el derecho al acceso a energía para la cocina, la iluminación y la calefacción en el que los gastos derivados del uso del hogar deberían ser de un nivel que no impida ni comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas. Ello conforma un parámetro jurídico esencial para informar los ordenamientos de los Estados en el ámbito de la pobreza energética. Resulta interesante, asimismo, traer a colación la Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad (Resolución 3384 de la Asamblea General 72 de la Organización de Naciones Unidas, de 10 de noviembre de 1975) que establece el derecho de uso de la electricidad, debiendo los Estados garantizar el disfrute de la energía eléctrica como avance científico y técnico, a través de las medidas normativas correspondientes.

Más recientemente, la ONU aprobó en 2015 la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible cuyo Objetivo nº 7 se dedica a Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos[5]. En la Constitución Española de 1978 no hay una referencia expresa al derecho a la energía como derecho fundamental ni tampoco en la categoría de derecho de los ciudadanos. No obstante, en el capítulo III del Título I, De los principios rectores de la política social y económica se reconoce el derecho a la energía de forma implícita en el artículo 47, que reconoce el derecho a gozar de una vivienda digna y adecuada, o en el artículo 43.1 que establece el derecho a la protección de la salud.

Más allá de otras actuaciones públicas, el reconocimiento de un derecho universal a la energía nos sitúa en el compromiso político de regular el mercado eléctrico para que sus precios finales sean acordes a la capacidad de pago de la mayoría de los habitantes y no sólo el de procurar medidas paliativas de bonificación de precios. Este segundo haz de medidas puede tener una justificación a corto plazo, pero cualquier visión a largo plazo que pretenda la sostenibilidad de las cuentas públicas y un bienestar social duradero debería enfocarse en la primera línea de actuación, que pasa por una reforma en profundidad de la ordenación y supervisión del mercado eléctrico, la regulación y transparencia de la formación de los precios oficiales y el fortalecimiento de la tutela del consumidor eléctrico. A este objetivo va dirigido precisamente la reflexión que se ofrece en este artículo.

4. Más allá de las medidas paliativas contra la pobreza energética

Las medidas de intervención social propuestas para combatir la pobreza energética, comenzando por los organismos públicos competentes, se han centrado sobre todo en medidas de índole paliativa, como el bono social eléctrico. Esto es, en medidas de política legislativa encaminadas a subsidiar o subvencionar la factura energética de unos concretos colectivos sociales cuya vulnerabilidad e incapacidad de pago, debidamente parametrizada, les hace beneficiarios de dicha bonificación (descuento sobre la factura)[6].

El bono social eléctrico y ahora también el bono térmico, regulados actualmente por el Real Decreto Ley 15/2018 son el paradigma de esta concepción reduccionista y limitada, tanto en su alcance como en su efectividad práctica, a pesar de los notables avances conseguidos desde su implantación en 2009[7]. Al mismo tiempo que la factura eléctrica se ha ido encareciendo para todos los ciudadanos en los últimos años, la bonificación se ha tenido que ir ampliando y mejorando. Ahora bien, los mecanismos de gestión del bono social, aunque han sido mejorados en la última reforma, siguen dependiendo de una burocracia vinculada a la solicitud individual del bono social a las empresas comercializadoras. Ello hace que se siga dificultado de facto el ejercicio de los derechos legalmente reconocidos a los clientes vulnerables, quienes deben gastar tiempo y recursos en su tramitación. La creación de un sistema de bonificación reconocido automáticamente por vía de una concesión directa al beneficiario e interoperable entre las administraciones públicas es el siguiente paso pendiente, a efectos de no condicionar la solicitud individual del derecho a la tramitación y plazos de las empresas comercializadoras, lo cual además supone actualmente una carga administrativa para el solicitante que se encuentra en situación de vulnerabilidad, máxime cuando se producen discrepancias o se obstaculiza la concesión del bono social[8].

Desde un punto de vista general, las medidas prestacionales de carácter paliativo pueden tener una relativa utilidad social para los actores involucrados. Sin embargo, no debería ser ni la única ni la principal medida para afrontar la realidad de fondo del fenómeno de la pobreza energética. 2018 cerró como el segundo año con el precio medio del mercado eléctrico más caro desde 1998. En concreto, el segundo semestre de 2018 fue el más caro desde que Eurostat realiza sus estadísticas. Las oscilaciones creadas por el sistema de subasta y las cargas impositivas que contiene la factura hacen que el precio de la electricidad sea cada vez más inasumible para varios millones de habitantes. ¿Tiene sentido una medida paliativa basada en bonificar unos precios cada vez más altos? ¿Será sostenible en el tiempo como siga esta tendencia alcista?

En este sentido, los servicios y los trabajadores sociales que intervienen en la gestión de soluciones a la pobreza energética con colectivos vulnerables deberían no sólo enfocarse en las medidas paliativas, es decir, en la gestión de los efectos o consecuencias del problema. Antes bien, deberían centrarse en las causas, en los factores que determinan esa alza del precio de la electricidad que provoca que bastantes consumidores no puedan pagarlo. Un cambio de perspectiva a este respecto implica necesariamente orientar algunos esfuerzos en observar y analizar la configuración del mercado eléctrico y exigir la adopción de medidas estructurales que favorezcan una mayor competitividad y transparencia de las empresas eléctricas y una efectiva apertura del mercado, para garantizar una factura eléctrica más barata, más estable y fácil de comprender y pagar.

Los agentes sociales deberían pues introducirse en los aspectos regulatorios y examinar qué puede hacerse desde la defensa del consumir eléctrico, en orden a instar que los poderes públicos competentes adopten las reformas del mercado eléctrico que coadyuven a la rebaja de la factura eléctrica, no sólo a su bonificación. La bonificación es una socialización del precio cuya alza es causada por una estructura del mercado oligopólica derivada de una política energética que no ha previsto los efectos antisociales de su configuración y dinámica. Es pues necesario que los trabajadores que están en la intervención social contribuyan de forma efectiva al empoderamiento de los colectivos sociales en el orden político y jurídico, para la consecución de un mercado eléctrico nacional justo y orientado a la defensa y bienestar de todos los consumidores eléctricos[9].

Un ejemplo de lo anterior está en el hecho de que en España se han incumplido reiteradamente las Directivas de la Unión Europea de Electricidad y Gas de 2009 (Directivas 72/2009 y 73/2009), en las que se establece que los Estados deben garantizar el suministro necesario para los colectivos vulnerables, y en las que se establece la prohibición de desconexión en periodos críticos[10]. Hace falta una mayor supervisión que garantice la eficacia de lo recogido en el art. 53.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que excluye en el caso de impago la posibilidad de suspender el suministro a los clientes acogidos a la tarifa de último recurso[11].

A este respecto, donde más sentido puede tener la intervención social en materia de pobreza energética, más allá de las medidas paliativas, es en el ámbito autonómico, promoviendo una regulación que permita a las agencias autonómicas de consumo exigir a las empresas eléctricas unas medidas estables y estrictas para garantizar el suministro, como así se ha conseguido en Cataluña, con la Ley 24/2015 o en la Comunidad Valenciana, con la Ley 3/2017. Sendas leyes recogen el principio y las obligaciones jurídicas que la legislación nacional general debería haber transpuesto hace diez años, dando eficacia al mandato de las Directivas Europeas. En Cataluña, por ejemplo, se evitaron 39.000 cortes de luz entre julio de 2015 y diciembre de 2016. El derecho administrativo autonómico y municipal está en posición de hacer lo que no se ha hecho a nivel estatal, que es obligar a las empresas eléctricas a consultar a los servicios sociales antes de efectuar cortes de suministro para evitar que se realicen desconexiones a personas vulnerables. El siguiente paso ha de ser el establecimiento de tarifas sociales mínimas que prácticamente garanticen un acceso universal a este suministro básico.

Ciertamente, la recién aprobada Estrategia Nacional ha introducido unas medidas muy positivas como la prohibición de cortar el suministro en situaciones climatológicas extremas, como puede ser una ola de frío o de calor. Esta restricción se suma a las ya existentes: no es posible cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social y beneficiarios del bono social en los que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III.  Además, la Estrategia Nacional ha ampliado el periodo previo al corte de suministro en caso de impago. Hasta ahora, para los consumidores vulnerables acogidos al bono social, la normativa habilitaba un plazo de cuatro meses antes de que el suministrador pudiera interrumpir el servicio. La Estrategia ha aumentado el plazo otros cuatro meses, durante los cuales el consumidor recibirá un suministro mínimo vital que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad. Desde el nivel municipal o local, los servicios sociales deberían extremar la supervisión de los convenios entre los ayuntamientos y las empresas eléctricas para asegurar el verdadero cumplimiento y la efectividad de la garantía de suministro y evitar los cortes ilegales y las situaciones de abuso contra los consumidores vulnerables de su municipio.

5. Pobreza energética y mercado eléctrico español

La política energética de los últimos gobiernos ha incidido terminantemente en el encarecimiento de la electricidad en España. Cuando nos referimos a la pobreza energética no puede desconocerse que hay una correlación bastante estrecha entre el precio final que no puede asumir el consumidor y las causas estructurales, mercantiles, regulatorias y políticas que hicieron que ese alto precio final acabe siendo inasumible de facto para extensos grupos sociales. A este respecto, es preciso apuntar que una de las grandes dificultades en la comprensión de la pobreza energética, y por tanto en la imposibilidad de pago de la factura eléctrica por parte de dichos colectivos sociales, es la complejidad intrínseca que presenta el funcionamiento del propio mercado eléctrico, un mercado muy regulado pero al mismo tiempo muy opaco.

•  Situación oligopólica

El funcionamiento del mercado eléctrico exige conocer la estructura interna del mismo. El mercado eléctrico se organiza en grupos societarios integrados verticalmente (generación-distribución-comercialización) donde las barreras de entrada a nuevos competidores son muy altas. La distribución es la que más beneficios ofrece y es la que de facto presenta una situación oligopólica, porque sólo hay cinco grandes empresas a nivel nacional. Las tres mayores compañías eléctricas en España, Endesa, Iberdrola y Naturgy, mantienen su dominio en el negocio de comercialización de luz, con una cuota de mercado (libre y regulado) que alcanzó a cierre de 2018 el 85,4%, equivalente a 25,12 millones de clientes[12]. El mercado presenta un problema de concentración, con riesgo de conductas colusorias entre sus escasos competidores o de posiciones de dominio que pueden conllevar a ciertos abusos de mercado. Fortalecer la actividad supervisora e inspectora de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) es más necesario que nunca para detectar y sancionar situaciones de manipulación de precios en el mercado eléctrico, como sucedió en 2014 con Iberdrola y que llevó a la Fiscalía a abrir diligencias[13].

En primer lugar, es preciso partir del hecho de la situación oligopólica que se da actualmente en el mercado español de la energía, que cuenta con aproximadamente 28,2 millones de contratos. Como ha expuesto la CNMC, el 82% de los consumidores del sector eléctrico pertenece al mismo grupo empresarial que las distribuidoras de la zona, exactamente, 23 millones de los 28,2 millones de consumidores conectados a redes de las principales empresas de distribución, las comercializadoras (libres o reguladas). Estas cifras apenas han variado en los últimos cinco años, cuando este porcentaje se situaba en el 88%. En el sector gasista, Gas Natural Fenosa suministra al 73% de los consumidores conectados a las redes de distribución del grupo. Esto es, 4 millones de los 5,4 millones de puntos conectados a sus redes de distribución en 2017. La variación ha sido aún menor que en la electricidad, dado que hace cinco años representaba el 79,4%.  Durante el periodo 2013-2017 se han producido 2,7 millones de altas, el 90% de las cuales (2,4 millones) se han producido en las comercializadoras del grupo industrial de la zona. Durante el último año este porcentaje se situó en el 83%. Por lo que se refiere al sector gasista, las comercializadoras de Gas Natural Fenosa suministraron el 63% de las nuevas altas en su zona de distribución.

Otro dato a tener en cuenta es que, durante el año pasado, el 70% de los consumidores dejó el precio regulado para cambiar a la comercializadora del mercado libre del mismo grupo empresarial (857.459 personas). En los últimos cinco años han cambiado del comercializador de referencia al mercado libre casi 7 millones de consumidores (6,94 millones), de los cuales el 77% ha pasado a la comercializadora perteneciente al mismo grupo empresarial (5,3 millones). En el sector gasista, el 47% eligió a la comercializadora libre del mismo grupo empresarial (79.777 consumidores). En los últimos cinco años 590.675 consumidores han dejado el precio regulado y han pasado al mercado libre, el 55% de ellos (323.506) ha elegido a las comercializadoras libres del mismo grupo empresarial.

Los pasos en la corrección de esta tendencia problemática han sido mínimos pero muy significativos. Entre ellos destaca la aprobación por parte de la CNMC de una Decisión Jurídicamente Vinculante (DJV/DE/001/18) por la que obliga a varias sociedades de los principales grupos energéticos integrados a que cambien su imagen de marca para que los consumidores puedan identificar claramente a su compañía. Esta medida va dirigida a las empresas distribuidoras de gas y electricidad (en el sector eléctrico las de más de 100.000 clientes) y comercializadores de referencia y/o de último recurso. El objetivo es evitar la confusión a los consumidores. Para ello, ahora están obligadas a realizar cambios en la información, presentación de marca e imagen de marca respecto a la filial del mismo grupo empresarial que comercializa en el mercado libre.  De esta forma, los consumidores podrán identificar correctamente en sus facturas qué comercializadora le ofrece el servicio y saber si están en el mercado libre o regulado, como exige la normativa europea[14].

• Precio de la electricidad y poder adquisitivo en España

De acuerdo con Eurostat, España es el quinto país europeo con la electricidad más cara, detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda. Pero si se tiene en cuenta el poder adquisitivo de cada país, los datos de Eurostat reflejan una situación aún peor, pues España queda como el tercer país en el que los hogares más sufren para poder pagar su factura de electricidad, por detrás de Portugal y Alemania. De hecho, España se ha revelado como el país europeo con la electricidad más cara en el supuesto de viviendas con consumos inferiores a 1000 kWh, penalizados por los elevados costes fijos de la factura eléctrica[15].

En 2017 y 2018 la factura eléctrica subió un 12% mientras que la renta de los hogares se ha ido reduciendo desde la irrupción de la crisis de 2008. En aquel año un 5,9% de las familias reconocían su incapacidad para mantener la temperatura de su hogar en invierno, mientras que en 2016, esta cifra ascendía al 10,1%. Este dato, de por sí elocuente, resalta aún más si conocemos la rentabilidad del sector eléctrico, que pasó del 6,5% en 2013 al 8,16% en 2016[16]. El 88% de este beneficio se distribuye vía dividendo a los accionistas de las empresas eléctricas. El fenómeno de la pobreza energética tiene un reverso que es el enriquecimiento monetario de algunos actores del mercado gracias a una regulación que ampara y cronifica esta situación de desigualdad y asimetría de poderes e información. La realización de una auditoría rigurosa e independiente del sector eléctrico español debería ser el punto de arranque de cualquier reforma.

La formación de los precios finales y la extracción de los crecientes beneficios por parte del oligopolio de las empresas eléctricas es una materia extraordinariamente compleja que implica examinar la conformación de los ingresos de la distribución, unos ingresos que dependen de una tasa de retribución financiera (6,5%) a la que se suma la amortización de los activos de la red. Dicha tasa se calcula con la suma de los rendimientos de los bonos del Estado a 10 años más 200 puntos básicos (2%). En cuanto al precio final de la electricidad, el 55% de la factura son costes regulados y el 10% depende en gran medida del mercado gasista, cuya producción es cara y España tiene una alta dependencia del exterior, sujeto a unas variables internacionales y exógenas que no se pueden controlar. Ambos costes, el regulado y el del gas, han dependido mayormente de la política energética establecida por nuestros gobernantes, están suponiendo un encarecimiento determinante de la factura y se han trasladado directamente al consumidor final. De hecho, el grueso del beneficio de las empresas eléctricas está en la parte regulada del precio (el 55%), que es lo que permite a dicho oligopolio extraer un rendimiento seguro, con poco riesgo. Esto a su vez les permite atraer inversores internacionales y realizar operaciones lucrativas vinculadas a sus recursos e infraestructuras con fondos de inversión internacionales.

• Abusos en la comercialización de la electricidad

Otro punto de obligada referencia al tratar los problemas acuciantes del mercado eléctrico español es la de los abusos en la comercialización de la electricidad, que han sido sistemáticos, como lo atestigua la reiteración de resoluciones sancionadoras de la CNMC. Hay que recordar que en febrero de 2019 la CNMC sancionó con un total de 70.000 euros a las compañías Iberdrola Clientes S.A.U y EDP Energía S.A.U por incumplir los procedimientos de contratación que deben seguir las compañías de gas y electricidad cuando captan un nuevo cliente. La CNMC también multó a Endesa Energía, S.A con 260.000 euros, al no poder acreditar el consentimiento expreso de 17 clientes para cambiar de compañía; y por haber formalizado un cambio de comercializador de electricidad sin el consentimiento de un particular. Además, en enero de este año le impuso una sanción de 30.000 euros por incumplir los requisitos de contratación con sus clientes y en diciembre de 2018, otra de 120.000 euros, por dar de alta a clientes sin contar con su consentimiento. Meses antes, esta compañía también fue multada con 30.000 euros por una práctica similar. Adicionalmente, en 2017 el mismo organismo multó a cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural (Endesa Energía, S.A.U., Iberdrola Clientes, S.A.U., Gas Natural Servicios, SDG, S.A. y Viesgo Energía, S.L.) con un total de 155.000 euros por formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes.

Lo anterior hace aconsejable una reforma de la tipificación establecida en el artículo 66.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico para que las prácticas de incumplimiento de los requisitos de contratación con clientes no se consideren infracciones leves sino graves y supongan una mayor multa.

• La privatización del mercado eléctrico y sus efectos antisociales

 En España la entidad titular de las infraestructuras de transmisión (alta tensión) y de administrar el sistema, en el sentido de coordinar la producción al instante de todas las centrales e instalaciones generadoras, es la empresa Red Eléctrica Española, SA, que originariamente era una empresa pública y posteriormente se privatizó, aunque el Estado sigue teniendo una parte de las acciones (20% es de la SEPI[17]).  La entidad que administra o gestiona el mercado eléctrico es la Operadora del Mercado de Electricidad Español, SA (OMEL) que organiza jurídica y físicamente el que los agentes contratadores (generadoras y comercializadoras) lleven a cabo sus compraventas, actuando como cámara de compensación entre ellos. Se creó también como empresa pública, como parte del desarrollo de la ley que ordenó el sector y estableció el primer marco regulador (Ley 54/1997) y posteriormente se privatizó.

España ha construido en las últimas décadas un mercado energético nacional con una alta dependencia financiera al dejar un sector tan estratégico sujeto a las influencias, injerencias e intereses de otras potencias y poderes corporativos extranjeros. La liberalización y privatización del sector eléctrico, con la retrospectiva de más de dos décadas, ha sido un error y es uno de los puntos centrales del problema de la pobreza energética, al haber contribuido al encarecimiento del precio de la energía gracias a una regulación muy favorable para la extracción de riqueza por parte de un oligopolio de empresas en cuyos consejos de administración han tenido y siguen teniendo cabida numerosos políticos, algunos de los cuales habían ostentado el cargo de ministros. Las denominadas “puertas giratorias” entre política y empresas eléctricas demuestran que la gestión pública de la energía ha estado no infrecuentemente alejada de los fines e intereses generales que se la presumen[18].

En un estudio de 2007 titulado La competencia en los mercados energéticos, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la Competencia de Naciones Unidas ya afirmaba que la liberalización del sector eléctrico puede redundar en un aumento de los precios y asimismo que la privatización no suele contribuir a alcanzar los objetivos de electrificación rural. Además, el aumento de la eficiencia de las antiguas empresas estatales de servicios públicos puede entrañar la pérdida de muchos puestos de trabajo, concluyendo que la experiencia acumulada en materia de liberalización de los mercados energéticos demuestra que no existe un único modelo de mercado adecuado para introducir una competencia efectiva en esos mercados[19].

En efecto, la privatización del sector eléctrico español a finales de los años 90 disparó el precio de la electricidad, creando un mercado que pronto se orientó hacia unos intereses alejados y no alineados con el bien común de la sociedad española. La mera proposición de una (re)nacionalización total o incluso parcial del sector eléctrico español parece hoy en día un tema tabú dentro del debate sobre las políticas públicas en materia energética. Lo mismo puede decirse del impulso a las cooperativas de energía y a la regulación del fenómeno de la micro-cogeneración y del autoconsumo con energías libres y renovables, que supondría una verdadera revolución del mercado y que abriría múltiples posibilidades para la autogestión y soberanía social de la energía.

No obstante, a lo anterior, caben medidas intermedias, como la constitución de una empresa pública de electricidad que ofreciera servicios de suministro básico asequible contribuyendo a desconcentrar el mercado y estimular la competitividad. Otra propuesta podría ser la de recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada vayan caducando. Esta medida permitiría complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan valles, sin que interfieran intereses económicos privados, así como compensar a los territorios que soportan las centrales y sufren las consecuencias de la desigualdad territorial.

6. Hacia unos nuevos horizontes de reflexión y actuación sobre la pobreza energética

 La creciente y alarmante pobreza energética en España nos pone de relieve la necesidad de una mayor audacia en la comprensión y orientación de las políticas públicas al respecto, en numerosas ocasiones afectadas por un cortoplacismo y reduccionismo que ha impedido la obtención de resultados notables hasta la fecha. La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, ya en marcha, cubre algunas lagunas que existían y facilita nuevos escenarios para la intervención y solución, pero no contiene un horizonte realmente transformador ni integral que permita terminar eficazmente con la pobreza energética.

Es necesario un enfoque más omnicomprensivo y transversal, que se principie desde las causas mercantiles y no sólo desde los efectos sociales del fenómeno de la pobreza energética. Las diversas organizaciones sociales que trabajan en este ámbito están en posición de jugar un papel clave y directo en la intervención y solución de este problema. Ello implica necesariamente ir más allá de las medidas meramente paliativas. Las políticas de bonificación de la factura eléctrica o de eficiencia energética en hogares vulnerables pueden ser, ciertamente, medidas oportunas, pero no suficientes ni centrales para la resolución de esta problemática socioeconómica. Examinar más profundamente el fenómeno de la pobreza energética implica replantear las bases estructurales del mercado eléctrico, sobre todo la formación y transparencia de los precios, así como los fines de la política energética actual, cuya operatividad impide aún la garantía de un suministro asequible para muchos hogares españoles en situación de vulnerabilidad.

Hablar de pobreza energética implica reconocer jurídicamente un derecho universal a la energía, es decir, una garantía de suministro mínimo vital y una prohibición de desconexión. La dignidad humana, afectada por la pobreza energética, presupone, antes de ello, reconocer un pleno derecho a la vivienda, porque éste quedaría ineficaz si en la vivienda no hay un suministro eléctrico mínimo asegurado. De poco sirve que se reconozca constitucionalmente un derecho a la vivienda si la vivienda carece de energía. De la misma forma, de nada sirve el reconocimiento legal de un derecho a la energía si una parte de la población no tiene acceso real a la vivienda, por motivo del encarecimiento del mercado de venta y alquiler de las primeras viviendas. Es preciso tener en cuenta el alto grado de endeudamiento que afrontan las familias españolas para el acceso a la primera vivienda, así como los grupos de población que habitan en hogares sin título de propiedad o con arrendamientos irregulares.

En este sentido, se hace inaplazable el fomento de un potente parque de vivienda pública en alquiler social con subvención para los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables. Lo mismo puede afirmarse del derecho al trabajo, habida cuenta de que España, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, tiene una cifra total de parados registrados de 3.065.804. Energía, vivienda y empleo están interrelacionados, y cualquier medida de política social debería contemplar la coordinación territorial y administrativa de todas ellas.

La situación oligopólica del mercado eléctrico y la política energética desde la privatización del sector en los 90 hasta las recientes medidas gubernamentales han agravado las desigualdades sociales en este aspecto, impactando de lleno en colectivos de por sí vulnerables, por tratarse la pobreza energética de un tipo pobreza que se suele yuxtaponer a la pobreza general monetaria y a situaciones de desempleo, bajas rentas y exclusión social. El precio de la energía en España es de los más caros de la UE y la opacidad y regulación de dicho precio es uno de los núcleos centrales del problema de la pobreza energética, que no sólo afecta a los colectivos vulnerables sino indirectamente a la competitividad y productividad de las empresas españolas, encareciendo las exportaciones. La política energética de los últimos gobiernos ha sido errática por haber estimulado con ayudas de Estado el sector de las renovables, ayudas que posteriormente fueron anuladas por las autoridades europeas, recibiendo el Estado español numerosas sanciones y multas al respecto.

Luchar contra la pobreza energética sin tener en cuenta la estructura actual del mercado eléctrico y las consecuencias prácticas que se arrastran en perjuicio del bienestar de la población es no abordar el problema en sus términos adecuados. De ahí que mientras siga subiendo el precio de la electricidad y persista el actual esquema asistencialista en torno al fenómeno de la pobreza energética, la vía será la de aumentar los fondos presupuestarios, porque se irán sumando más ciudadanos a los colectivos vulnerables con incapacidad de pago.

Una regulación realmente orientada a las causas y no sólo a los efectos debería contemplar una desconcentración del mercado eléctrico y un endurecimiento del régimen de sanciones por infracción del derecho de la competencia. También debería incluir incentivos fiscales para la incorporación de tecnologías de autogeneración, autoconsumo y de eficiencia energética (como los contadores inteligentes), así como mecanismos de tutela judicial para empoderar a los consumidores energéticos, mejorar la claridad del lenguaje administrativo y de los contratos de suministro energético con supervisión y prevención de clausulados abusivos predispuestos por las empresas eléctricas. A ello habría que sumar decididamente la exención del IVA a los colectivos vulnerables y la aplicación del tipo superreducido del 4% y no del general del 21% al resto de la facturación eléctrica. Tampoco deberían contemplarse en las facturas sobrecostes derivados de las ayudas al carbón y las primas a las renovables[20]. Estos sobrecostes no deberían figurar en la factura a pagar por el consumidor sino introducirse en los presupuestos generales del Estado.  Existen varias palancas (de política tributaria y presupuestaria) con las que reducir materialmente los importes de la factura eléctrica en beneficio de todos los consumidores eléctricos. Repensar la factura eléctrica requiere voluntad política y ésta puede activarse con reivindicaciones sociales y sectoriales concretas en dicha dirección.

Junto al replanteamiento de la factura eléctrica se encuentra la cuestión del pago. La energía se paga más por la potencia contratada que por el consumo efectivo. El término fijo no debería ser superior al 25 % de la factura y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) deberían tener un precio bastante más bajo, que aumentaría en los siguientes hasta penalizar el despilfarro. Debería instarse una reforma normativa para evitar que esto fuera así, porque ello desincentiva el ahorro energético. Y lo que es peor, se desincentiva el I+D+i en tecnología de ahorro energético, como la micro-cogeneración mediante energías verdes y renovables como el biogás y la biomasa, o en materia de educación y climatización de viviendas nuevas o usadas, estimulando la rehabilitación energética para mejorar el aislamiento de las mismas. La rehabilitación de viviendas para promover la eficiencia energética debería ser una prioridad política, incluyendo el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Las subvenciones deberían ser prioritarias para los hogares y zonas más vulnerables, conforme a las garantías de justicia social y territorial. En definitiva, las soluciones a la pobreza energética podrían servir como acicate para el impulso de una economía más justa pero también más descarbonizada.

7. Bibliografía

[1] La Estrategia da cumplimiento al mandato establecido en el artículo 1 del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que encomienda al Gobierno la aprobación de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

[2] La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las condiciones del ambiente interior de la vivienda influyen directamente en nuestra salud. Como se afirma en las Directrices de la OMS sobre vivienda y salud de 2018, las malas condiciones de habitabilidad pueden exponer a las personas a una serie de riesgos para la salud, y la dificultad o el coste elevado de calentar el hogar afectan a la salud respiratoria y cardiovascular, mientras que las altas temperaturas interiores pueden causar enfermedades y aumentar la mortalidad por causas cardiovasculares.

[3] https://www.energypoverty.eu/

[4] Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017, este indicador ha sufrido un importante aumento en el período 2008-2014, desde el 4,6% de 2008 al 9,2% de 2014, compensado parcialmente en los últimos años hasta situarse en el 7,4% en 2017. Este porcentaje de la población es equivalente a 3,5 millones de personas.http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608

[5] https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

[6] Según el Ministerio para la Transición Ecológica, los últimos datos disponibles sobre los bonos sociales eléctricos arrojan la cifra de 1.436.268 solicitudes completas recibidas, de las cuales 1.041.612 son bonos sociales activos. De esta última cifra, 544.570 bonos corresponden a consumidores en situación de vulnerabilidad, 494.372 a consumidores en situación de vulnerabilidad severa y 2.670 a personas en riesgo de exclusión social. Para el año 2018, el coste del bono social eléctrico fue de unos 200 millones de euros según datos de la CNMC. Para el año 2019, han sido destinados a la financiación del bono social término 80 millones de euros.

[7] El bono térmico es una ayuda -una única cantidad- que concede el Ministerio para la Transición Ecológica a los beneficiarios del bono social eléctrico, para ayudarles a pagar los gastos del combustible que utilicen para calefacción, agua caliente sanitaria o cocina en la época invernal. Los beneficiarios del bono social eléctrico reciben una única aportación en metálico según su nivel de renta y de la zona climática donde esté la vivienda.

[8] La condición de entidad privada de la comercializadora de referencia conlleva la aportación de documentación inicial por parte del consumidor para acreditar que solicita el bono social para su vivienda habitual (certificado de empadronamiento) y que forma parte, si es el caso, de una unidad familiar (libro de familia o documento que certifique el estado civil del solicitante). Este aspecto se vería simplificado en el caso de que la solicitud fuese presentada ante una administración pública habilitada para la consulta de determinados registros y bases de datos obrantes en otras administraciones, previa suscripción de los correspondientes acuerdos y convenios entre las administraciones. Por otro lado, sería aconsejable un endurecimiento del régimen sancionador de las infracciones relacionadas con las conductas de las comercializadora que supongan un entorpecimiento de la operativa prevista, sobre todo en lo relativo a la resolución de discrepancias regulado por el artículo 8.2. párrafo 3º del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

[9] Debería replantearse la forma en que se presta el apoyo voluntario a los colectivos afectados por la pobreza energética. La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado, exige que los voluntarios de las entidades de voluntariado (empresas, ONG, entidades sin ánimo de lucro, etc.) tengan que estar asegurados (artículo 10). Esta obligación de aseguramiento supone a dichas organizaciones sociales incurrir en un coste fijo y operativo que puede hacer inasumible el servicio social que prestan.

[10] Artículo 3.3: Member States shall take appropriate measures to protect final customers, and shall, in particular, ensure that there are adequate safeguards to protect vulnerable consumers. In this context, each Member State shall define the concept of vulnerable customers which may refer to energy poverty and, inter alia, to the prohibition of disconnection of electricity (gas) to such customers in critical times.

[11] En relación con la imposibilidad de suspender el suministro de los consumidores de gas natural, el artículo 88 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece la imposibilidad de suspender el suministro a los consumidores de combustibles gaseosos por canalización que reglamentariamente se hayan declarado como esenciales, incluso en el caso de impago.

[12] https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/cambio-de-comercializador

[13] https://www.eleconomista.es/energia/noticias/8352315/05/17/Como-Iberdrola-presuntamente-manipulo-los-precios-de-la-electricidad.html

[14] https://www.cnmc.es/expedientes/djvde00118

[15] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics/es

[16]https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/estragos-falso-mercado-electrico_6_735686444.html

[17] https://www.ree.es/es/accionistas-e-inversores/la-accion/accionariado

[18]https://www.yoibextigo.lamarea.com/wpcontent/uploads/2018/09/YOIBEXTIGOPUERTASGIRATORIAS.pdf

[19] https://unctad.org/es/Docs/c2clpd60_sp.pdf

[20] Véase a este respecto, el interesante trabajo de Mastropietro, P., “Who should pay to support renewable electricity? Exploring regressive impacts, energy poverty and tariff equity”, Energy Research & Social Science, Volume 56, October 2019.

Número 3, 2019

Agustina Crespo Valencia

Trabajadora Social sanitaria en Centros de Salud Mental de Puente Vallecas. Hospital Universitario Infanta Leonor–Hospital Virgen de la Torre. Madrid.

Vocal de la Junta de Gobierno y Presidenta de la Comisión de Trabajo Social Sanitario del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid. Colegiada 957.

Introducción

La aparición en nuestras vidas del virus del SARS-CoV-2 ha generado una emergencia sanitaria con consecuencias en todas las dimensiones holísticas de la vida de las personas que ha hecho tambalear nuestras rutinas personales, los modos y maneras de vivir, los valores personales, las costumbres y ritos culturales y espirituales, las condiciones del medio ambiente… dando lugar a una crisis global.

Esta situación ha puesto sobre la mesa la identidad que tenemos como persona que necesita cuidarse, que la cuiden y poder cuidar de otros, donde la comunidad se postula como agente cuidador y las instituciones necesitan de reinventarse para cumplir su objetivo de protección y garantía de derechos de la ciudadanía.

La emergencia sanitaria creó un nuevo escenario en nuestras vidas, nunca antes vivido. En un primer momento se paralizó toda la actividad educativa, administrativa, económica, etc.

Se tomaron medidas políticas en salud pública y socio-económicas para evitar el contagio y la propagación del virus. Se instauró el confinamiento domiciliario, la distancia física, el cierre de empresas no esenciales.

Estas medidas conllevaron la (re)organización y (re)construcción de la vida de las personas, familias, comunidades, entidades e instituciones públicas y privadas.

La imprevisibilidad de la situación ha generado una incertidumbre en la sociedad, provocando efectos sanitarios, sociales y económicos dando lugar a un sufrimiento psíquico y una fractura emocional con importantes efectos en la salud mental donde las poblaciones con vulnerabilidad social han sido especialmente más afectadas.

La necesidad de abordar, lo que en pocas semanas se identificó como una pandemia, hace resurgir recomendaciones sobre la intervención en situación de emergencia sanitaria y social a nivel macro de instituciones internacionales y nacionales que apostaban por reorganizar la atención sanitaria, la salud mental y el apoyo psicosocial, como forma de prevención, atención y promoción, para mitigar los efectos de la misma y prevenir el riesgo de enfermar física y mentalmente.

Las tragedias personales y familiares, perdidas/duelos inesperados, repercusiones en salud física (con posibles secuelas aún por determinar), dificultades para cubrir cuidados, mantener el confinamiento y aislamiento social, cambios en las relaciones convivenciales familiares y sociales, la sobrecarga de cuidadores de menores y mayores dependientes (en especial en las mujeres), problemáticas para poder cubrir las necesidades sociales, laborales, habitacionales, educativas, relacionales y espirituales han sido elementos que han afectado en mayor o menor medida a la salud mental de toda la ciudadanía.

Por la magnitud de la población afectada y por el sufrimiento colectivo se podría calificar como trauma colectivo, donde la aparición de problemáticas de salud mental va a estar mediatizadas por determinantes sociales, por la capacidad de resiliencia personal y familiar, por la disponibilidad de las redes de apoyo y recursos de protección social que puedan estar disponibles y accesibles.

1.- Escenario de la pandemia

Una vez instaurada la normativa del estado de alarma, como medida política ante la crisis sanitaria, empiezan a dictarse normas que afectaban a los derechos y al desempeño diario de la ciudadanía tanto en lo sanitario como en lo social.

El impacto de la pandemia ha puesto sobre la mesa, de nuevo, las desigualdades en salud que tienen que ver con los contextos socioeconómicos y políticos donde se vive (políticas económicas, mercado de trabajo y estado de bienestar) y de determinantes como: condiciones del empleo y el trabajo, el trabajo doméstico y de los cuidados, situación económica de las personas, vivienda y entorno residencial; entre los que pueden presentar desigualdades según la clase social, el género, la edad y el territorio donde se viva)[1]; todas estas circunstancias han creado una mayor o menor prevalencia e incidencia en la demanda de atención a la salud mental, con más efectos en la población que ya presentaba situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad social.

A nivel social aparecen nuevas situaciones vitales que afectan a grupos de población más vulnerable:

• Género: mujeres solas, trabajadoras de los cuidados, víctimas de violencia de género y trata.
• Mayores e infancia.
• Personas con diversidad funcional o enfermedad mental,
• Inmigrantes con irregularidad administrativa, asentamientos temporeros, menores no acompañados.
• Bajo nivel de rentas, situación laboral precaria.
• Minorías étnicas[2]

Colectivos más afectados:

• Niños con situaciones de vulnerabilidad social y emocional.
• Población con multipatologías crónicas tanto físicas como mentales.
• Población con dificultades de adaptación a la nueva situación.
• Profesionales del ámbito de la salud[3].

La multitud de realidades vividas han tenido mayor incidencia en las siguientes áreas:

• Físicas: secuelas por el covid-19 y/o por el agravamiento de las enfermedades padecidas con anterioridad, por los cambios en rutinas diarias (obesidad, falta de movilidad física…).
• Emocionales: causadas en primera persona por el covid-19, por los fallecimientos inesperados de familiares y allegados que han afectado a los modos y maneras de vivir, el distanciamiento físico en las relaciones interpersonales tanto familiares como de allegados, el impacto personal y social por las noticias a nivel mundial y posibles descompensaciones de enfermedades mentales padecidas con anterioridad.
• Económicas: disminución de ingresos económicos por la paralización del desempeño laboral tanto de trabajos legales como de economía sumergida, paralización de la búsqueda de empleo, cambios en los modos y las formas de tramitación de gestiones administrativas con dificultades por la brecha digital de la población y lentitud de las instituciones para dar respuesta a las mismas, despidos laborales, gestión de los ERTE,… circunstancias que incidieron de forma directa en la sostenibilidad de las necesidades básicas de las personas afectadas y en especial de los grupos de población con vulnerabilidad o riesgo social para afrontar necesidades de alimentación, suministros de las viviendas, hipotecas… donde tampoco fue posible el apoyo de la red familiar extensa y allegados por encontrarse en la misma situación.
• Residenciales: problemas de acceso a una vivienda, de pagos habitacionales (alquiler, hipotecas), espacios físicos con hacinamiento que afecta a la seguridad personal frente a la propagación del virus, viviendas con falta de suministros básicos (impagos), acceso a la educación por falta de medios telemáticos disponibles en las viviendas.
• Educativas: accesibilidad a las nuevas formas de acceso a la educación, con mayor afectación a las familias con carencia de medios y herramientas digitales y de conectividad para el acceso a redes.

El malestar psíquico en las diferentes situaciones de emergencia sanitaria o social puede ocasionar un aumento de demandas de tratamiento en salud mental, pero no todo el malestar y el estrés de la vida cotidiana genera un sufrimiento emocional que requiere de ser tratado ni de dar una respuesta sanitaria desde la salud mental sino de tener una visión psicosocial para llevar a cabo abordajes comunitarios desde instituciones de primera línea de atención, que permitan intervenir desde equipos multiprofesionales e intersectoriales (donde el trabajo social será fundamental), con premura ante situaciones de necesidades sociales a la población con situaciones de vulnerabilidad y/o riesgo social, para lo que se necesitan mejoras en políticas sociales.

Las situaciones creadas por la pandemia han visibilizado las debilidades y la fragilidad de los contextos sociales y familiares para dar respuesta a las necesidades, requiriendo de apoyo de los sistemas de protección social (sanidad, ss.ss, educación, empleo…), que también han tenido dificultades de accesibilidad, atención y respuesta a las necesidades de la ciudadanía, dando lugar a una mayor polaridad social, haciendo visible y necesario políticas que aborden las desigualdades sociales en salud.

Los barrios de Madrid capital con mayor incidencia de casos de Covid-19: Puente Vallecas, Carabanchel, Latina y Ciudad Lineal y entre los municipios: Fuenlabrada, Móstoles, Getafe y Leganés[4], donde también existen zonas de mayor vulnerabilidad social.

2.- Red de salud mental en Comunidad de Madrid

Las instituciones nacionales e internacionales vienen desde el inicio de la emergencia sanitaria, señalando la previsión de un aumento de consultas en salud mental por la afectación emocional, la situación y las repercusiones a futuro de la situación sociosanitaria y económica, con sospecha de aumento de consumo de sustancias, riesgo autolítico, violencia de género y descompensaciones en población con tratamiento de salud mental previos que van a necesitar de intervenciones desde un prisma biopsicosocial enfocado a la recuperación.

La atención a la salud mental en la Comunidad de Madrid está planificada y organizada a través de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Sanidad, que dispone de centros de salud mental dependientes de los distintos servicios de psiquiatría de cada gerencia hospitalaria y se trabaja de forma colaborativa y en corresponsabilidad con la Red de Rehabilitación dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad.

Ambas consejerías asumen las recomendaciones a nivel macro del Comité Permanente Interinstitucional para llevar a cabo una asistencia humanitaria con acciones centradas en salud pública, salud mental y apoyo psicosocial que permita formalizar estrategias de prevención para salvar vidas y minimizar efectos.

Teniendo en cuenta la diversidad de la gestión de la organización de la atención a la salud mental en los distintos centros de salud mental, la diferencia en la incidencia y la frecuentación asistencial y así como los determinantes sociales y contextuales de los distritos o barrios de Madrid, existió la necesidad de dar una respuesta equitativa y eficaz centradas en las necesidades de la población dentro de su marco territorial de referencia, continuando y potenciando aún más, un modelo de trabajo en red, colaborativo entre ambas consejerías enfocado en el seguimiento de los pacientes y familias para el apoyo a necesidades de carácter biopsicosocial y la recuperación.

Desde ese prisma, la Oficina Regional de Coordinación de las Salud Mental y Adicciones establece líneas de acción y desarrollo operativo:

1. Medidas de carácter organizativo teniendo presente la seguridad de los profesionales y de la ciudadanía dentro de un contexto de crisis priorizando la atención a las personas con trastornos mentales graves, la detección de situaciones de riesgo de suicidio, potenciar la atención psicológica a personas afectadas por covid-19 y favorecer y promover mecanismos de autoayuda y apoyo mutuo respetando la distancia social, a través de redes sociales, asociaciones de usuarios, familias y otros miembros de la comunidad.
2. Actuaciones de promoción y prevención de la salud mental y atención a población vulnerables: grupos de riesgo (TMG, población general y profesionales). Garantizar el seguimiento y la seguridad en los centros de salud mental de la red y en los programas de específicos de ESACAM, PAIPSE…[5]

En los centros de salud mental de la Comunidad de Madrid se dio prioridad a tres grupos de población para facilitar la organización de la atención:

• personas/familias que ya estaban en intervención en los centros de salud mental en especial a pacientes con Trastornos Mentales Graves y Crónicos.
• nuevas demandas derivadas de Atención Primaria de Salud con sintomatología de alto riesgo (intentos autolíticos, brotes psicóticos, alteración conductual de riesgo, depresiones) especialmente en: población infanto-juvenil, personas con secuelas psicopatológicas del Covid-19 y/o con consecuencias de la situación socioeconómicas de la pandemia.
• Otro colectivo que ha requerido especial atención ha sido la población en situación de sinhogarismo con enfermedades mentales graves al no poder seguir viviendo en la calle por la situación de salud pública que ha generado el covid-19 y no disponer a nivel regional de recursos adaptados para este tipo de población.

El colectivo de trabajadores/as sociales de los centros de salud mental, han organizado un sistema de comunicación en red para poder intercambiar noticias, recursos, normativas, programas de tipo social, procedimientos digitales… para poder estar informados en tiempo real y poder ofrecer a la ciudadanía un servicio de mayor calidad y eficiencia.

3.- Demandas de intervención social en los centros de salud mental

Los profesionales del Trabajo Social tenemos un compromiso ético recogido en nuestro código deontológico, donde nos marca nuestros principios y nuestras funciones para con la ciudadanía.

En el ámbito de la salud mental, los/as trabajadores/as sociales sanitarias somos los/as referentes para la evaluación y el diagnóstico de la situación de las personas que están en tratamiento en el centro y necesitan de un abordaje psicosocial y social, formamos parte del equipo multiprofesional e interdisciplinar de los centros de salud mental en la Comunidad de Madrid, desde donde se trabaja con un modelo de atención comunitaria y gestión de casos.

Los profesionales del trabajo social, en este ámbito, somos el nexo con los distintos sistemas de protección social y tenemos competencias para llevar a cabo la operatividad de la coordinación y colaboración entre los distintos sistemas, las entidades sociales del Tercer Sector y las redes comunitarias de apoyo que pudieran estar implicadas en el proceso de tratamiento de las personas con problemas de salud mental.

Áreas de necesidades evaluadas desde el trabajo social en el ámbito de la salud mental son los problemas psicosociales y ambientales generados que necesitan intervención por tener con el grupo primario de apoyo, el ambiente social, lo relativo a la enseñanza, nivel de formación y ocupación, problemas laborales, de vivienda, económicos, de acceso a servicios de asistencia sanitaria, relacionados con la situación legal (civil/penal), entre otros[6] y que pueden generar diferentes niveles minusvalía, discapacidad o dependencia. Centrando, siempre la atención en la génesis sociocultural, en sus potencialidades personales y vivenciales, su capacidad de resiliencia y de apoyo familiar y social; como elementos fundamentales para establecer los apoyos y acompañamiento social, recursos sociocomunitarios y económicos a los que se pueda tener acceso.

Con el inicio de la pandemia, nos enfrentamos al reto de (re)organizar y (re)construir nuestra forma de intervención para mantener los cuidados y el acompañamiento social a pesar de las dificultades de la distancia física, la accesibilidad, la disponibilidad de la conectividad y la brecha digital de las propias instituciones y de la ciudadanía. Otra área de intervención ha sido la potencialización colaboración, coordinación y la cooperación entre todos los recursos de la red de salud planificar y modular canales de supervisión de pacientes y familias sin duplicar esfuerzos.

Centramos la intervención en tres grupos para facilitar los procedimientos de apoyo, acompañamiento social e intervención social desde el trabajo social sanitario en el ámbito de la salud mental:

1. Personas afectadas por trastornos mentales graves y crónicos previamente atendidos en el centro de salud mental en los Programas de Continuidad de Cuidados y Rehabilitación Social, desde donde se trabaja la intervención centrada en la persona, siendo fundamental trabajar el vínculo con el paciente para poder establecer una relación que permita una intervención para mejorar su vida diaria.

Se ha trabajado desde la consulta telefónica y/o presencial, con aumento en la frecuencia de contactos telefónicos para supervisar necesidades y organizar posibilidades de apoyo; haciendo especial hincapié en el perfil de personas con vulnerabilidad social: vivan solas y/o contagiados por virus, con convivientes mayores dependientes, con menos capacidad para los autocuidados y limitaciones económicas; con el objetivo de poder detectar situaciones de riesgo social y posibles descompensaciones de su enfermedad.

La intervención ha estado enfocada a trabajar con los pacientes el mantenimiento y promoción de rutinas y hábitos saludables, (aseo, alimentación, sueño, ocio, ejercicio físico..), disponibilidad de alimentos y suministros de la vivienda, medicación, mantenimiento de su red de apoyo,  soporte en la gestión administrativa y derivación  a otros recursos sociocomunitarios, se ha potenciado a pesar de las dificultades la coordinación sociosanitaria (correo electrónico, video llamadas, reuniones por algún sistema operativo digital, instituciones sin actividad).

La dificultad de accesibilidad a los pacientes ha generado un cambio en la forma de atender a los recursos de la red de salud mental, tanto diurnos como residenciales, pero también ha permitido poner en funcionamiento otros sistemas de atención telefónico/digital para poder mantener los contactos, los cuidados y hacer una acción de prevención y promoción sobre los temas de seguridad personal y familiar por la situación del covid-19.

2. Personas con nuevas demandas de tratamiento:

Personas con estrés y traumas con afectación emocional y sufrimiento psíquico, en ocasiones con indicadores de riesgo importante en salud mental debido a la situación  social y económica generada por la pandemia que necesitan de intervención social, por el desconocimiento y las dificultades de accesibilidad a los sistemas de protección social (SS.SS. SEPE, INSS, Dependencia,….) y necesidad  orientación e información sobre de derechos de la ciudadanía y búsqueda de recursos comunitarios de la redes de apoyo del Tercer Sector y  las  creadas por iniciativa vecinal y comunitaria, donde ha destacado Somos Tribu.

3. Población infanto-juvenil:

Colectivo especialmente afectado por la pandemia y la crisis económica y social. Han aparecido un aumento de trastornos disfuncionales por las situaciones vividas en sus familias que han generados situaciones de alto riesgo y necesidades de intervención desde diferentes áreas de su vida: alimentación, vivienda (hacinamiento, falta de enseres), educación, socialización; con necesidades de intervención desde salud mental que a pesar de la puesta en marcha de servicios y aumento de plantillas por parte de la Comunidad de Madrid, no han sido suficientes_.

En los tres perfiles de población se ha visto aumentada la demanda en atención en salud mental desde el trabajo social, con un aumento porcentual importante, (pendiente de medición). Se han realizado intervenciones presenciales y telefónicas más allá de la agenda programada. Ha sido un trabajo en ocasiones, adelantándose a las demandas para intentar supervisar, acompañar y gestionar recursos que pudieran necesitar los pacientes y familiares para prever y disminuir descompensaciones, paliar necesidades básicas y realizar gestiones por carecer la ciudadanía de medios telemáticos y conocimiento digital adecuado para llevarlas a cabo. Haciendo especial hincapié en el respeto los principios de autonomía e independencia del paciente.

También se han llevado a cabo evaluaciones e intervenciones sociales para facilitar la accesibilidad y la equidad de trato con los diferentes sistemas de protección social (Atención Social Primaria, Atención Primaria de Salud, Educación, Justicia).

Hay otro perfil de personas atendidas en el centro de salud mental, con menos incidencia y que diferencio de los perfiles anteriores por la situación estratégica que tienen en esta pandemia, serían los profesionales de diferentes categorías sanitarias y no sanitarias que realizan su trabajo en el sistema sanitario que en menor proporción han necesitado apoyo para trámites y gestiones de tipo social por parte de los/as trabajadores/as sociales de los CSM.

4.-  Consideraciones finales

Los/as profesionales del trabajo sociales del ámbito de la salud mental siempre trabajamos desde situaciones de doble crisis la sanitaria y la social.

Para seguir avanzando en el trabajo social sanitario en el ámbito de la salud mental debemos tener presente que hay determinantes sociales que afectan directamente a los procesos de salud versus salud mental, necesitamos dar respuestas rápidas a las necesidades articulando diferentes elementos:

• Gestión coordinada y colaborativa centrada en la persona entre sanidad y el resto de los sistemas de protección social, incluyendo a las entidades y organizaciones de carácter comunitario, con especial insistencia en la gestión de casos que presenten mayor situación de vulnerabilidad social que permita la recuperación en todos los ámbitos de la vida.
• Establecer protocolos de riesgo social en pacientes con problemas de salud mental que permita hacer un abordaje más integral, efectivo y equitativo a las necesidades de la población en momentos de emergencia.
• Definir tipologías de diagnósticos sociales sanitarios en salud mental supondría un avance en el diagnóstico epidemiológico, fundamental para el registro de casos, gestión de los mismos y para la investigación social en salud mental.
• Mejorar la praxis profesional mediante formación sobre temas relacionados con la mejora de las competencias profesionales del trabajo social.
• Aumento de ratios profesionales del trabajo social sanitarios en los CSM para poder ofrecer un acompañamiento y una intervención social más integral e integradora tanto a nivel familiar, social o comunitario.
• Políticas transversales entre los sistemas de protección social que tengan como objetivo principal proteger y cuidar a la ciudadanía.

Todos los procesos de salud mental necesitan de la presencia y voz de las personas y familias afectadas. El objetivo de todos, profesionales y ciudadanía afectada, es la recuperación con acciones que respeten la humanización en el trato y el respeto a los derechos humanos.

Bibliografía

Asociación Española de Trabajo Social y Salud (2017). Cartera de Servicios de trabajo social sanitario

Código Deontológico de Trabajo Social. Consejo General de Trabajo Social. 2012

Comisión para reducir las desigualdades sociales en salud en España (2021). Propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades en salud en España (internet).

Documento equidad en salud y covid-19. Editado por el Ministerio de Sanidad. 2020.

Fernández Ruíz, Sergio. Sánchez Bayle, Marciano. Sánchez Fernández, Carlos. Salud, pandemia y sistema sanitario. Ed: Foca. 2021

Howe, David (1997). La teoría del vínculo afectivo para la práctica del trabajo social. Ed: Paidos Trabajo Social 3.

Munárriz Ferrandis, Mikel (2020). Sobre salud mental, covid-19 y normalidad. Revista de la AEN, v. 40, nº 37.

Plan de Respuesta Asistencial Prioritaria en Salud Mental en la postcrisis por COVID19. Línea 3 de acción de la Guía de Actuaciones en Psiquiatría, Salud Mental y Apoyo Psicosocial en la pandemia por COVID19. Oficina Regional de Coordinación de la Salud Mental y Adicciones. Consejería de Sanidad. Mayo de 2020.

Redes comunitarias en la crisis de Covid-19.  https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/ImplementacionLocal/Redes_comunitarias_en_la_crisis_de_COVID-19.pdf  (30/04/2020)

https://covid19liburuzuria.eus/media/LibroBlancoCOVID19.pdf

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/informe_epidemiologico_semanal_covid.pdf

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050142.pdf

DSM  IV-TR. Breviario Criterios diagnósticos. Ed: Masson

Boletín 47, invierno de 2021. Asociación Madrileña de Salud Mental- Asociación Española Neuropsiquiatría. (AMSM-AEN).

[1] Comisión para reducir las desigualdades sociales en salud en España. Propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades en salud en España (internet).2012.

[2] Redes comunitarias en la crisis de Covid-19.  https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/ImplementacionLocal/Redes_comunitarias_en_la_crisis_de_COVID-19.pdf  (30/04/2020)

[3] https://covid19liburuzuria.eus/media/LibroBlancoCOVID19.pdf

[4] https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/informe_epidemiologico_semanal_covid.pdf

[5] http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050142.pdf

[6] DSM  IV-TR. Breviario. Criterios Diagnósticos. ED: Masson

Número 8, 2021

Alicia Suso Mendaza

Equipo de coordinación territorial de Cáritas Bizkaia

Ana Sofía Telletxea Bustinza

Licenciada en Sociología. Responsable del departamento de análisis y desarrollo de Cáritas Bizkaia

1. Introducción

El conocido y constatado fenómeno de la feminización de la pobreza ha puesto de manifiesto, hace ya algunas décadas, que la exclusión no es neutra, que opera de forma distinta en los procesos vitales de hombres y mujeres.  Así, hoy casi nadie discute que los elementos a partir de los que medimos la pobreza y la exclusión también están atravesados por el sistema sexo-género, generando para las mujeres dificultades específicas que, en interacción con otras, pueden desembocar en situaciones de exclusión social que no se explican sin esa mirada de género.

Dicho de otra forma, la anteriormente citada elocuencia de los datos, debería servirnos para abrir la mirada: no se trataría de constatar que las mujeres son pobres, sino de entender que la pobreza y la exclusión están condicionadas por el género.

Esta afirmación nos lleva a plantear que los mecanismos de inclusión social tampoco son ajenos a la desigualdad de género. Para superar o al menos paliar la llamada feminización de la pobreza, es necesario generar procesos de inclusión que corrijan las desigualdades entre hombres y mujeres, que avancen hacia la equidad. De otra forma, sólo estaremos aplicando respuestas válidas para algunos, y perpetuando las dificultades específicas para la inclusión social de las mujeres, así como la imagen estereotipada de las mujeres pobres.

En resumen, comprender la exclusión a través de la mirada de género nos lleva, necesariamente, a cuestionar y modificar nuestros modelos de inclusión.

2. La contundencia del análisis

Para acercarnos a comprender la realidad de pobreza y exclusión social de las mujeres nos centraremos en indicadores relacionados con el empleo, el riesgo de pobreza y la exclusión tanto desde una perspectiva multidimensional, como reflejando la importancia de algunos indicadores específicos que están operando en esta realidad.

2.1. La cuestión del empleo

El empleo y la protección económica que genera a través del sistema contributivo son considerados factor clave en nuestro actual modelo de inclusión social y protección ante la pobreza. Pero constatamos diferencias significativas de género tanto en el acceso el empleo como al tipo de empleo al que se accede.  Esta desigualdad de género en relación al empleo es uno de los factores que explican la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión en las mujeres.

La tasa de paro ha evolucionado de manera muy distinta entre hombres y mujeres. Tradicionalmente el paro es superior en las mujeres que en los hombres. Como efecto de la crisis, la diferencia se redujo considerablemente llegando a porcentajes entre el 25% y 26% de paro en ambos grupos. Sin embargo, cuando se ha reiniciado la recuperación y la tasa de paro ha comenzado a reducirse, la diferencia ha vuelto a aparecer. La mejora en la reducción de la tasa de paro ha impactado principalmente en la población masculina y apenas lo ha hecho en las mujeres.

La Tasa de inactividad laboral: En 2019 la población inactiva en España fue de más de 16 millones de personas. De ellas el 58% (cerca de 9 millones y medio) fueron mujeres. Esto supone un diferencial de más de 2 millones y medio de mujeres inactivas respecto a hombres. Fijándonos en los motivos principales de esta inactividad laboral también identificamos diferencias considerables. La realización de labores del hogar y percibir una pensión distinta a la jubilación o prejubilación son los motivos de inactividad mayoritarios para las mujeres. Es decir, se trata de motivos desconectados del mundo del empleo. Las mujeres superan en 2,8 millones a los hombres en el caso de la inactividad laboral por dedicarse a las labores del hogar y en 1,3 millones por percibir una pensión no contributiva.

En el caso de la inactividad por incapacidad permanente la diferencia entre hombres y mujeres es de 29.000 mujeres más en esta situación respecto a hombres en todo el Estado. En el caso de los estudios la diferencia es de 96.000 mujeres más respecto a hombres. Y la inactividad por dedicarse a actividades benéficas también se reparte de forma igualitaria entre hombres y mujeres.

La jubilación/prejubilación es el motivo de inactividad principal en el caso de los hombres y es significativamente mayor que en el de las mujeres: más de 1 millón y medio de hombres más que mujeres inactivas por este motivo. En este caso también se observa una gran desigualdad entre ambos grupos.

Jornadas parciales: Las jornadas laborales a tiempo parcial se concentran en mayor medida en las mujeres. El 74% de las jornadas a tiempo parcial las realizan las mujeres. Esto supone más de 2 millones de mujeres trabajando a jornada parcial frente a 748.000 hombres. Analizando los motivos de dichas jornadas parciales también observamos diferencias de género.  En general se trata de jornadas a tiempo parcial no deseadas, fruto de no haber podido lograr un empleo a jornada completa. Esta opción es superior en el caso de los hombres (57%) que en del de las mujeres (50%). También es superior en el caso de los hombres los motivos relacionados con la formación, 14% frente a un 6% en las mujeres. En cambio, una vez más, las cuestiones relacionadas con el cuidado se distribuyen de manera desigual entre hombres y mujeres. El 14% de las mujeres optan por la jornada parcial por dedicar tiempo a los cuidados y otro 8% por dedicar tiempo a otras cuestiones familiares, frente a un 2% de los hombres en ambos casos.

En definitiva, las situaciones de paro, inactividad y contratación a tiempo parcial impactan más en las mujeres y en éstas están más presentes las cuestiones relacionadas con los cuidados y las tareas domésticas. Estas dificultades son indicadores que nos muestras un mayor alejamiento de las mujeres del modelo de la inclusión por el empleo y los derechos que éste genera.

A todo ello cabe añadir la brecha salarial, que para 2017 se situaba en 5.899€.

2.2. Riesgo de pobreza

Se constatan mayores niveles de pobreza en las mujeres, especialmente en aquellas situaciones en las que constituyen hogares monoparentales.

Individualmente consideradas, el riesgo de pobreza en las mujeres se sitúa en el 22,2% mientras que en los hombres es del 20,9%. La evolución de este indicador ha sido distinta para unos y otras. En el caso de los hombres, éstos se han visto más afectados por la crisis, partían de un riesgo de pobreza del 18% antes de la crisis, alcanzando un 22,6% en 2016 e iniciando una tendencia descendente desde entonces hasta llegar al 20,9% actual.  En cambio, las tasas de riesgo de pobreza en las mujeres vienen situándose desde el 2008 en torno al 21-22%. Esta tendencia nos lleva a plantear que la pobreza en las mujeres parece estar más vinculada estructuralmente al género  y  en los hombres podría  estar más vinculada a acontecimientos sociales de carácter económico.

En los últimos años se ha visibilizado de forma clara que el riesgo de pobreza es mayor en los hogares donde hay menores. El riesgo de pobreza afecta al 21,5% del conjunto de la población, pero cuando centramos la mirada en los hogares con hijos/hijas a su cargo, se sitúa en el 23,2% de los hogares con 2 adultos con hijos/hijas a su cargo y se duplica en el caso de los hogares monoparentales (43%). Este dato es muy significativo desde la perspectiva de la pobreza en las mujeres, puesto que el 81% de los hogares monoparentales están encabezados por una mujer.

Si miramos el impacto de la pobreza en las condiciones materiales de vida, descubrimos una vez más, que los hogares donde la sustentadora principal es una mujer sufren en mayor medida este impacto. En todos los indicadores AROPE que miden la carencia material severa, el porcentaje de hogares en los que la sustentadora principal es una mujer es superior al de los hogares encabezados por un hombre. Destacan las situaciones relacionadas con haber tenido que reducir gastos en suministros de la vivienda (agua, calefacción, etc.…) en el que la diferencia entre los hogares encabezados por una mujer se encuentran  9,5 puntos por encima de los hogares encabezados por un hombre, haberse visto en la obligación de reducir gastos en comunicación (internet, TV, telefonía) que afectan en 5 puntos más a los hogares encabezados por una mujer, y haber sufrido retrasos en el pago de recibos en los suministros del hogar (agua, gas..) afecta en 6,4 puntos más a los hogares dependientes de una mujer (FOESSA 2018).

2.3. La realidad de la exclusión en las mujeres. Una mirada multidimensional

En la intersección producida entre el desempleo o el empleo precario, la monoparentalidad y la pobreza se genera una realidad compleja. Las situaciones de bajos ingresos siendo la única sustentadora económica de la unidad familiar, las dificultades para acceder al mercado de trabajo o a procesos de formación que puedan mejorar las oportunidades de acceso al empleo, las dificultades de conciliación de los cuidados y el empleo (cuando lo hay), interactúan entre sí generando una gran presión e incertidumbre en estas mujeres. En estas situaciones, disponer de una red de apoyo familiar o del entorno resulta clave y no siempre se produce. También resulta difícil acceder a políticas de conciliación adaptadas a las circunstancias de estas mujeres y la contratación de servicios privados de cuidado no es posible (Cáritas Bizkaia, 2017). Son este tipo de realidades complejas y multidimensionales las que generan los procesos de exclusión social.

Si observamos la situación de las mujeres desde la perspectiva multidimensional de la exclusión, descubrimos que esta afecta más a los hogares en los que la persona sustentadora principal es mujer. Un 20% de los hogares cuyo sustentador principal es mujer se encuentra en situación de exclusión social, y en el caso de los hombres la exclusión afecta al 16% de los hogares. También la exclusión severa afecta más a los hogares sustentados principalmente por una mujer (9,4%) que a los sustentados principalmente por un hombre (7,5%) (FOESSA, 2018). Si tenemos en cuenta el tipo de hogar, una vez más los hogares monoparentales aparecen en una posición destacada. No solo la pobreza, también la exclusión afecta con mayor intensidad a los hogares monoparentales: un 29% de los mismos se encuentran en situación de exclusión. Prácticamente un tercio. Hogares monoparentales que en un 86% el progenitor es una mujer (FOESSA 2018).

Si detallamos los indicadores que configuran la exclusión social más allá del empleo o los ingresos, adquieren importancia cuestiones vinculadas al eje de la salud y al relacional.

Teniendo en cuenta el sexo de la persona sustentadora principal del hogar, descubrimos que donde se dan las mayores diferencias entre hombres y mujeres son en este orden, en la existencia de situaciones de dependencia, la ausencia de una red de relaciones de apoyo (aislamiento social) y el haber sufrido situaciones de malos tratos en el hogar.

En definitiva, la pobreza y la exclusión impactan de manera especialmente significativa en la población de mujeres que son las sustentadoras principales de los hogares especialmente cuando son  las únicas sustentadoras. La cuestión de las necesidades de apoyo para las actividades cotidianas de la vida, la falta de relaciones o de ayuda para situaciones de enfermedad o necesidad y el sufrir malos tratos son los principales indicadores diferenciales de exclusión entres los hogares sustentados principalmente por una mujer o por un hombre, y las labores domésticas y de cuidado son los motivos de inactividad laboral en los que se da la mayor diferencia entre hombres y mujeres. En la descripción que acabamos de realizar subyace una cuestión que atraviesa toda la mirada: el papel de las mujeres en al ámbito de los cuidados y en el espacio doméstico.

Nos encontramos en la necesidad de introducir en nuestros paradigmas de inclusión la perspectiva de los cuidados y la dimensión relacional, superando un modelo de inclusión centrado principalmente en el acceso al empleo y a los ingresos.

3. Claves en la construcción de nuevos modelos de inclusión social

3.1. La importancia del binomio público-privado

Asegurábamos anteriormente que el sistema sexo-género impregna los procesos de exclusión social, reproduciéndose a través de algunos binomios que asignan distinto valor a aquello que ha estado tradicionalmente ligado a las mujeres, y lo que se ha considerado «propio» de los hombres. El binomio espacio público-espacio privado explica, en gran medida, las dificultades de las mujeres para el acceso al empleo y a los derechos sociales que este genera, a los ingresos y al mundo de las relaciones que se producen en ese espacio público.

Abordar los procesos de exclusión e inclusión social de forma neutral, puede constituir un obstáculo para la mejora de la calidad de vida de algunos colectivos. Si no incorporamos una mirada de género al diseño, la puesta en marcha y la evaluación de los procesos y los mecanismos de inclusión, así como a las políticas que los enmarcan, estaremos corriendo el riesgo de perpetuar situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres.

Los datos muestran cómo la división público-privado sigue reproduciendo el sistema sexo-género, entendiendo el espacio público (productivo, remunerado, moderno, técnico, político…) como el espacio natural de los hombres y el privado (reproductivo, estático, tradicional, conservador, ligado a los cuidados, no remunerado…) como el propio de las mujeres. Esta dicotomía es una consecuencia de la división sexual del trabajo, que va acompañada de unos determinados roles asignados a cada género.  Sobre lo productivo, además, ha recaído el prestigio, el valor y la toma de decisiones y en cambio, sobre lo reproductivo, se ha configurado una imagen de rutina, de algo poco importante o accesorio. A pesar de que las cosas van cambiando, son especialmente llamativos algunos datos, como por ejemplo el del número de mujeres que se encuentran en situación de inactividad laboral con respecto a los hombres por dedicarse a las labores del hogar. Así, el trabajo reproductivo y de cuidado, como actividades propias del sexo femenino, han sido subvaloradas y subordinadas, al igual que las personas que las han desempeñado (Carrasco; Borderías; Torns, 2011).

Desde la economía convencional, no hay más trabajo que el mercantil, y esta visión invisibiliza a las mujeres y/o a otros colectivos que han quedado fuera de ese tipo de trabajo. De esa forma, observamos como vuelven a ser las mujeres las que más sufren el desempleo, la inactividad, la contratación a tiempo parcial, etc.  Podríamos deducir, de acuerdo con muchas aproximaciones teóricas, que las mujeres se encuentran con obstáculos para acceder al empleo, y a menudo, a través de la intervención social siguen siendo orientadas (de forma más o menos sutil) al espacio privado o, de manera cada vez más acusada, hacia ese ámbito precarizado que se ha venido llamando la mercantilización de los cuidados.

El diseño de los procesos de inclusión, así como su implementación y su evaluación, tendrían que incorporar una mirada que ayude a romper con la dicotomía esfera pública- esfera privada, transformando las lógicas relacionales que operan en cada uno de esas espacios, entendiendo que el trabajo es más que el empleo, dotando de valor a todas esas tareas invisibilizadas y esas relaciones que sostienen la vida y que inspiran la economía social y solidaria. No se trataría simplemente de cambiar las personas que ocupan esos espacios, sino de transformar los mismos, otorgándoles valor. Este valor será el que permita que estos espacios configuren también lo que entendemos por inclusión social y por lo tanto sean objeto de protección, fomento y desarrollo.

3.2. La perspectiva interseccional y su importancia en los procesos de inclusión

El enfoque multidimensional de la exclusión social nos ha permitido descubrir los diferentes factores, elementos y circunstancias que construyen este fenómeno. Esto está suponiendo un avance respecto a una mirada centrada exclusivamente en la cuestión de la pobreza y los ingresos. Resulta sugerente completar este enfoque con la perspectiva interseccional que, colocando a la persona en el centro, permite reconocer la interrelación entre género y otras categorías de diferenciación sobre las que se construyen las discriminaciones (raza, clase social, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, origen rural…) Esta mirada contribuye a mejorar los procesos de inclusión, teniendo en cuenta los rostros y poniendo la persona, y no su problemática, en el centro.

Nuestro reto no sólo es descubrir las problemáticas que afectan a hombres y mujeres de manera diferenciada, sino seguir interrogándonos sobre las causas, y avanzar hacia propuestas de solución que corrijan las desigualdades. Para ello, debemos fijarnos no sólo en los problemas que generan la exclusión, sino en los diversos rostros de las personas que la sufren. En este camino, nuestra propuesta es avanzar hacia una noción de inclusión que ponga la vida en el centro.

4. Bibliografía

Carrasco, Cristina; Borderías, Cristina; Torns, Teresa (2011). El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. Madrid: Catarata.

Mouffe, Chantal (1984): «Por una teoría para fundamentar la acción política de las feministas»: Jornadas de Feminismo Socialista, Madrid: Mariarsa.

Hill Collins, Patricia; Sirma, Bilge (2019) Interseccionalidad. Madrid: Morata

FOESSA (2019) VIII Informe Sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Madrid: Fundación Foessa

Cáritas Bizkaia (2017). Dimensión Relacional en Familias Frágiles. Una mirada desde el acompañamiento realizado por Cáritas. https://www.caritasbi.org/cas/informes/estudios/

Número 4, 2020

Gonzalo Fanjul Suárez, director de investigaciones de la Fundación porCausa

Cristina Fuentes Lara, profesora ayudante doctora de la Universidad Rey Juan Carlos y coordinadora de investigaciones de la Fundación porCausa

Puedes encontrar en Twitter a Gonzalo Fanjul y a Cristina Fuentes

En las tres últimas décadas, España se ha convertido en uno de los principales países de destino de la inmigración en Europa. La definición de nuestro modelo ha estado marcada por la deriva del conjunto de la UE, con algunas particularidades. La gestión de la inmigración irregular ilustra bien las contradicciones del sistema y la necesidad de reforma.

Introducción

La migración es un hecho natural, la población mundial se ha ido moviendo desde su propia existencia y se ha perpetuado durante siglos. Centrándonos únicamente en el siglo XXI, estas primeras décadas se han caracterizado por una alta movilidad geográfica, en la que el punto diferencial respecto a otras épocas es la movilidad entre distintos continentes.

Las causas de la migración es una disciplina altamente investigada (Castles, 2010; Aruj, 2008; Abu-Warda, 2008; Micolta León, 2005). Sin embargo, para este artículo se van a destacar dos que resultan especialmente significativas. En primer lugar, los efectos de la globalización, como es: el desarrollo de las tecnologías, sobre todo, la generalización de las formas de comunicación -redes sociales y softwares de comunicación-; la reducción de los precios y de la duración de los vuelos internacionales; y el desarrollo económico desigual -aumento de las diferencias entre los países del Norte Global y del Sur Global-.

En segundo lugar, los factores intrínsecos de los países o de regiones concretas que incentivan movimientos de población. Estos factores pueden ser conflictos bélicos como la guerra en Afganistán (2001 y 2022), la guerra de Birmania (2005), el conflicto armado en Malí (2012 y 2019), la guerra de Sudán (2013), la guerra de Siria (2015), el conflicto de Yemen (desde 2015 hasta la actualidad), el conflicto bélico en Nigeria (2016) o la guerra de Somalia (desde 2016 hasta la actualidad). Existen otras circunstancias que, sin ser conflictos bélicos directos, generan desplazamientos de la población como las primaveras árabes (2010), la situación de Venezuela (desde 2017), y los migrantes climáticos que se desplazan a causa de la sequía y la hambruna.

El efecto que tienen los movimientos migratorios sobre los cambios sociales, jurídicos, económicos, culturales, demográficos y políticos son indudables, tanto es así que define a las migraciones internacionales como hecho social por excelencia (Soriano-Miras y Sobczyk, 2018). Sin embargo, si bien la movilidad de población es un fenómeno natural los derechos de las personas migrantes no están totalmente reconocidos al existir trabas para regularizar su situación administrativa; y es que, pese a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) reconoce la migración como derecho su aplicación práctica no lo garantiza como tal.

Un escenario legislativo cambiante en extranjería

La migración como hecho social se ha caracterizado en España por una legislación tardía y no exenta de polémica; tanto es así, que en multiplicidad de ocasiones se ha empleado como arma política y electoral. La primera ley de extranjería en España data de 1985, como un requisito obligatorio de la Unión Europea -anteriormente conocida como Comunidad Económica Europea (CEE)- para que España ingresará dentro de la UE. La lógica radica en que al convertirse España en un país de la UE las personas extranjeras que residían en España eran automáticamente europeos. De tal forma, que España creó una ley de extranjería que se adaptará al acervo comunitario y pasó a ser la Ley Orgánica 7/1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (Fuentes-Lara, 2019).

La problemática de esta ley vino de dos factores. Por un lado, la ley no tuvo en consideración que existía población residente e incluso que había nacido en Ceuta y Melilla que no tenían documentación española, y, por ende, no podían regularizar su situación administrativa y justificar la nacionalidad española; y pasaban a ser consideradas como personas extranjeras (Soddu, 2002). Este hecho provocó manifestaciones de gran calado en Ceuta y Melilla. Por otro lado, el movimiento asociativo calificó esta ley como la más dura de Europa en materia migratoria. El motivo no era otro que el hecho de que la Ley 7/1985 estaba enfocada hacia un tratamiento policial y de control de la migración restringiendo los derechos de las personas migrantes. Debido a que la ley contaba con deficiencias técnicas el Tribunal Constitucional señaló que la ley era inconstitucional. Eso sí, pasaron 13 años desde la sentencia hasta la nueva Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Soriano-Miras, 2011).

La Ley 4/2000 introduce el concepto de integración social regido por el acervo comunitario. El Consejo de Tampere (1999) y el Tratado de Ámsterdam (2000) fijaron la necesidad de promover la integración de las personas migrantes como ciudadanía dentro del tejido social europeo. Este imperativo europeo en materia de migración, unido al interés del gobierno español socialista, dio lugar a la Ley 4/2000, que fue considerada de las más progresistas de Europa en materia migratoria (Relaño, 2004).

Esta ley dotaba a las personas extranjeras de los mismos derechos que la población nacional sin necesidad de permisos de residencia o de trabajo, se flexibilizan los trámites administrativos para conseguir los permisos; y al considerar igualdad de derechos también las personas extranjeras podían acceder a las prestaciones sociales. La igualdad manifiesta de la Ley 4/2000 estaba verdaderamente enfocada a alcanzar la integración real de las personas migrantes en España. Como señala Solanes (2008) la adquisición de derechos y libertades no puede considerarse como el fin de la integración sino el origen de la misma (p. 209). La Ley 4/2000 no se llegó a aplicar, ni siquiera se elaboró el Reglamento de ejecución de la legislación. Antes de ello se inició la reforma de la ley ya que el Partido Popular ganó las elecciones.

La reforma de la Ley 4/2000, que se denominó Ley 8/2000 recupera el espíritu de la Ley de 1985 al poner el foco de atención en el control de los flujos migratorios y realizar la diferenciación a la hora de la concesión de derechos entre migrante irregular, es decir, aquel que no tiene la documentación administrativa para residir en España en vigor, y migrante regular, que es aquella persona que cuenta con permiso de residencia o de trabajo. La Ley 8/2000 no fue respaldada por ningún partido político -a excepción del PP-, y el tercer sector se movilizó bajo los lemas papeles para todos y todas y ningún ser humano es ilegal (Fuentes-Lara, 2021).

El movimiento social de rechazo a la Ley 8/2000 aglutinó a medio centenar de asociaciones, organizaciones religiosas de la Iglesia católica y sindicatos, en lo que era abiertamente un retroceso en la legislación migratoria. Este movimiento de ciudadanía puede considerarse como el antecedente del movimiento de Regularización Ya. Las movilizaciones del tercer sector y partidos políticos llevaron a un recurso de inconstitucionalidad que se resolvió dos años después, en la Sentencia del Tribunal Supremo del 20 de marzo de 2003, donde se señalaba la inconstitucionalidad de 13 apartados del Reglamento.

La influencia de los partidos políticos en la elaboración de la legislación migratoria ha sido una tónica en la gestión de la migración en España. En 2004, con la llegada al Gobierno del PSOE se articuló un nuevo Reglamento -no reforma de Ley- el RD 2393/2004, de 30 de diciembre. Este reglamento se centra en el ámbito laboral aportando la novedad de la contratación de recuperación del sistema general de contratación como vía para la inmigración legal y la consagración del arraigo social y laboral para la regulación (Solanes, 2010).

El nuevo marco social y migratorio de España unido a la nueva jurisprudencia europea demandaban una nueva reforma de la Ley 4/2004. La Ley 2/2009 presenta: a) cambio en los flujos migratorios laborales marcando el factor de la capacidad de acogida de trabajadores migrantes irregulares según las necesidades del mercado laboral; b) aumentar la lucha contra la migración irregular; c) fortalecer la integración; y d) adaptar la ley a las competencias laborales de las comunidades autónomas. La Ley 2/2009 no vuelve sobre la igualdad de la Ley 4/2000, en esta nueva reforma se marca la diferencia entre “ser” extranjero y “ser” nacional (Soriano-Miras, 2011) e introduce medidas a efectos prácticos como que las personas migrantes irregulares puedan empadronarse en los municipios, derechos de reunión y manifestación, concesión automática de la autorización de trabajo a las personas reagrupadas y protección del menor migrante.

Desde 2012 y hasta la actualidad no se ha emprendido ninguna reforma de la Ley Orgánica 4/2000. Es cierto que el actual Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha elaborado un Reglamento para facilitar la inclusión de los menores migrantes tutelados una vez hayan alcanzado la mayoría de edad. También ha aprobado una reforma del Reglamento que facilita las condiciones de arraigo y la contratación en origen, entre otras medidas. En virtud de las manifestaciones del Ministerio y lo obsoleta que está la Ley 4/2000 no se descarta una nueva reforma o una nueva ley de extranjería (Fuentes-Lara, 2021).

El fenómeno de la irregularidad en España

Como hemos indicado anteriormente, la migración es un proceso racional, sujeto a incentivos reconocibles y, hasta cierto punto, predecibles. Si el incremento de los conflictos, la persecución política o los desastres naturales han multiplicado las magnitudes del desplazamiento forzoso durante los últimos años, en el caso de las migraciones económicas las razones de la movilidad humana están relacionadas, primordialmente, con la expectativa de ingreso y con las oportunidades de empleo en destino. Otros factores –como la existencia de diásporas, la distancia, el idioma y, claro está, las facilidades legales– juegan un papel importante a la hora de determinar el destino de los flujos, pero no reemplazan nunca a los dos primeros como vectores fundamentales.

Lo que esto significa es que un sistema de puertas semi-cerradas –es decir, ausencia generalizada de oportunidades de migración legal– como el que impera en Europa puede llevar a encarecer, alargar o encanallar las rutas migratorias, pero difícilmente lograrán contener el grueso de los flujos. Porque la alternativa a un sistema con oportunidades de migración no es la ausencia de movilidad humana, sino la migración irregular.

España es un ejemplo ilustrativo de este proceso. Las etapas recientes de dinamismo económico y creación de empleo –sobre todo en sectores de cualificación baja y media– atrajeron a nuestro país a un número sin precedentes de trabajadores y trabajadoras, que llegaron en parte con sus familias. Aunque la inmensa mayoría de estas personas accedieron de manera regular –como trabajadores, turistas o solicitantes de asilo– una parte fue condenada a la irregularidad sobrevenida al carecer de permiso de residencia y trabajo.  Cuando la oportunidad de trabajar desaparecía, los flujos de migración económica se adaptaban de forma natural (ver gráfico adjunto).

El gráfico adjunto muestra la evolución de la inmigración irregular en nuestro país durante los últimos años. Esta sigue, en general, una tendencia similar a la de los flujos regulares. Los números absolutos crecieron durante los primeros años de la pasada década y cayeron de forma abrupta desde 2005: primero como consecuencia de la regulación extraordinaria que se produjo ese año, después debido a los efectos de la Gran Recesión en el mercado de trabajo y en el atractivo de nuestro país como destino de la inmigración. Los años 2013 y 2014 marcaron el suelo de ambas tendencias en las dos últimas décadas, con cifras absolutas de irregularidad entre las 10.000 y las 77.000 personas. (Gálvez Iniesta 2020)

Desde entonces hasta ahora, los números no han hecho más que crecer. De acuerdo con las estimaciones más recientes (Fanjul y Gálvez-Iniesta 2022), entre 475.000 y 514.000 migrantes residían sin papeles en España a finales de 2020. Esto significa que en torno al 13,4%-14,5% de los migrantes extracomunitarios (8,7%-9,5% sobre el total de inmigrantes) que viven en nuestro país están en situación irregular. La mayoría de estos migrantes (70%) procede de países de América Latina como Colombia y Honduras (los venezolanos se han beneficiado de un permiso de residencia temporal por razones humanitarias). África juega un papel menor en este fenómeno: solo el 11% de los migrantes irregulares son africanos, a pesar de que esta región aporta el 34% del total de extranjeros en España. Marruecos es el principal país de la región, con el 6% de las personas en situación administrativa irregular.

Las consecuencias de un fenómeno de esta magnitud son tanto éticas como prácticas. La carencia de papeles supone un grave factor de vulnerabilidad social, sobre todo considerando que una de cada cuatro personas en situación irregular tiene menos de 19 años y seis de cada diez son mujeres, la mayor parte empleadas en sectores donde abunda la explotación laboral, como el de los cuidados. Aunque carecemos de datos específicos de pobreza para los migrantes sin papeles, sabemos que el riesgo de exclusión severa en las personas extranjeras es tres veces más alto que el de los nacionales (FOESSA 2022), lo que sugiere una situación extremadamente delicada. Aunque el sistema español protege sobre el papel derechos fundamentales de todos los ciudadanos residentes en nuestro país, con independencia de su situación administrativa, la realidad es que existen todo tipo de barreras prácticas al acceso a la justicia, la salud o la educación.

Desde el punto de vista práctico, la irregularidad constituye lo más parecido a un disparo en el pie. Un trabajador informal (nacional o extranjero, con papeles o sin ellos) es un actor económico activo, pero incompleto. Su trabajo y su contribución al progreso de la economía son reales, como lo son sus contribuciones a través del consumo y los impuestos indirectos. Tienen el potencial de contribuir al crecimiento económico, la innovación y la productividad, y, si son jóvenes, apuntalan la pirámide demográfica por su base (Fanjul y Gálvez-Iniesta 2020).

Estos trabajadores, sin embargo, carecen de la oportunidad de realizar contribuciones fiscales directas a través del IRPF y de las aportaciones –propias y del empresario– a la Seguridad Social. La Fundación porCausa hizo en 2020 una estimación de este coste de oportunidad, que se elevaba, de media, a los 3.250 euros netos por trabajador y año (Gálvez-Iniesta 2020).

Todo este conjunto de razones éticas y prácticas, así como el hecho de que las regularizaciones han sido una herramienta habitual de la política de Estado en el pasado, conforman la base de la Iniciativa Legislativa Popular puesta en marcha a finales de 2021. La campaña Esenciales, una coalición de cerca de 800 organizaciones sociales entre las que destaca el movimiento migrante Regularización Ya, sustenta esta ILP con el propósito de entregar al Congreso al menos 500.000 firmas antes de final de 2022. En el momento de escribir estas líneas, el número de firmantes ya ha superado los 450.000.

Hasta ahora, la respuesta del Gobierno a esta demanda social ha sido ambigua. Por un lado, niegan la posibilidad de realizar una regularización extraordinaria –utilizando argumentos dudosos, como una supuesta prohibición europea–; por otro, han introducido una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería que flexibiliza las condiciones de arraigo e introduce una nueva forma de arraigo por formación. En la práctica, los expertos consideran que esta es una regularización encubierta que permitirá a decenas de miles de trabajadores obtener un permiso de residencia y trabajo. La medida, sin embargo, no solo resulta menos inmediata que una regularización extraordinaria, sino que deja fuera por ahora a un grupo tan significativo como el de los menores de edad no trabajadores.

Conclusión: Cómo romper la lógica bulímica del modelo

La situación de irregularidad a la que está condenada medio millón de personas en nuestro país constituye una constatación del fracaso del sistema. En una peligrosa lógica bulímica, el sistema de puerta semicerrada atrae a trabajadores y desplazados forzosos a los que no permite residir de manera legal, pero a los que eventualmente tendrá que regularizar. Esta lógica magnifica el sufrimiento de quienes la padecen y multiplica los costes para el conjunto de la sociedad.

El sistema debe ser reformado sin que eso signifique perder el control de nuestras fronteras. Entre la situación actual y una supuesta política de puertas abiertas existen numerosas posibilidades para hacer la regulación migratoria más justa y más inteligente. Estas alternativas comienzan por reforzar el compromiso de España con el marco legal internacional en materia de protección, pero pasa también por programas de movilidad laboral más abundantes, predecibles y garantistas con los derechos de las trabajadoras. Este es el camino que ha tomado, tímidamente, el Gobierno con su reforma más reciente, y es el camino que debe proponer a Europa y a los países que, como Alemania, comparten necesidades similares para los próximos años.

Bibliografía

Abu-Warda, Najib. «Las migraciones internacionales.» ‘Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones (2008): 33-50.

Aruj, Roberto S. «Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica.» Papeles de población 14.55 (2008): 95-116.

Castles, Sthephen. «Migración irregular: causas, tipos y dimensiones regionales.» Migración y desarrollo 8.15 (2010): 49-80.

Fanjul, Gonzalo e Ismael Gálvez-Iniesta. Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: Una fotografía de la inmigración irregular en España. Fundación porCausa (2020).

Fanjul, Gonzalo e Ismael Gálvez-Iniesta. “Cinco buenas razones para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles”. Fundación porCausa (2022).

Fuentes Lara, Cristina (2021). Intervención social con personas inmigrantes. En Martínez-López, J.A. y Caravaca-Llamas, C. “Protección e intervención social con colectivos específicos” (pp. 263-285). Valencia: Tirant-Humanidades.

Fuentes Lara, Cristina (2019). La situación de las mujeres españolas en la frontera sudeuropea. El caso de Ceuta. Madrid: CIS.

Fundación FOESSA. “Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid19 en España. Colección de estudios 50”. (2022)

Galvez-Iniesta, Ismael. “The size, socio-economic composition and fiscal implications of the irregular immigration in Spain”. Universidad Carlos III (2020).

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria [en línea]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2009/10/30/12

Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España [en línea]. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/1985/07/03/pdfs/A20824-20829.pdf

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Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social [en línea]. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2003/11/21/pdfs/A41193-41204.pdf

Micolta León, Amparo. «Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones internacionales.» Trabajo social 7 (2005): 59-76.

Relaño, Eugenia (2004). Los continuos cambios de la política de inmigración en España. Migraciones Internacionales, 2(3), 110-141..

Soddu, Pietro (2002). Inmigración extracomunitaria en Europa: el caso de Ceuta y Melilla. Ceuta: Ciudad Autónoma de Ceuta.

Solanes, Ángeles (2008). Vías ordinarias de regularización de extranjeros. En: Cabeza, Jaime y Mendoza, Natividad. Tratamiento Jurídico de la Inmigración (pp. 185-216). Albacete: Bomarzo.

Solanes, Ángeles (2010). Un balance tras 25 años de leyes de extranjería en España: 1985-2010. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 90, 77-101.

Soriano Miras, Rosa María (2011). Análisis sociológico de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de las personas extranjeras y su integración social. Sus reformas (8/2000, 11/2003, 14/2003, 2/2009), Papers, 96 (3), 683-705.

Soriano Miras, Rosa María y Sobczyk, Rita (2018). La migración internacional. En Iglesias de Ussel, Julio et al., (coord.). La sociedad desde la sociología. Una introducción a la sociología general (pp. 659-686). Madrid: Tecnos (segunda edición).

Número 12, 2022

Alfonso Apicella, Responsable de campañas mundiales, Caritas Internationalis

Mª José Pérez de La Romana, Técnico de sensibilización, responsable de la campaña Juntos, Cáritas Española

Este artículo analiza el impacto de la crisis medioambiental en poblaciones vulnerables en el mundo y España a través de la campaña de Cáritas: Juntos. Actuemos hoy por un mañana mejor. Se exploran los objetivos de la campaña, problemas específicos y experiencias concretas que destacan la desigualdad en la crisis medioambiental. En España, la campaña promueve la sensibilización social para el cambio y la adaptación, instando hacia la ecología integral y la acción comunitaria, así como la participación política.

1. Introducción

En un mundo cada vez más consciente de la crisis medioambiental y sus consecuencias para la vida en general, y de la salud de la humanidad en particular (OMS, 2021), ésta no puede considerarse aislada de las desigualdades sociales (UN DESA, 2016). En este contexto nace la campaña Juntos. Actuemos hoy por un mañana mejor de Cáritas Internationalis (confederación internacional de organizaciones caritativas católicas de ayuda humanitaria y desarrollo, presente en más de 160 países).

Es una campaña de sensibilización y movilización social sobre la crisis medioambiental, cuyo objetivo principal es promover la ecología integral. Exige, además, la democratización de los procesos de desarrollo, mediante la participación de las comunidades locales, especialmente, las más vulnerables (Manor, 2014; Arnstein, 1969) donde el impacto de la degradación medioambiental es mayor (Stern, 2007).

2. Causas y consecuencias de la crisis medioambiental y su impacto desigual

La crisis medioambiental es un problema global de impacto desigual. Los estudios científicos realizados durante décadas (Landsberg, 1970) demuestran que el origen de la crisis radica principalmente en la actividad humana, la era del Antropoceno, (Oreskes, 2004), que provoca problemas ambientales significativos, como el cambio climático. Sus consecuencias son la pérdida de bienestar humano en todas sus dimensiones (Adger, 2022; Menk et al., 2022; Tschakert et al., 2017), incluido el entorno natural habitable.

El cambio climático genera un aumento de las temperaturas globales con consecuencias extremas: sequías, inundaciones, tormentas más intensas… Esto afecta a comunidades enteras incidiendo, por ejemplo, en la escasez de agua, de alimentos, problemas de salud, pérdida de oportunidades educativas, laborales (por los daños en infraestructuras), y del patrimonio y la identidad cultural.

Además, la pérdida de biodiversidad debilita los ecosistemas y reduce la capacidad regenerativa de la Tierra, por ejemplo, se reduce la polinización de cultivos y la purificación del agua. Esto constata que todo está conectado (papa Francisco, 2015) a través de ecosistemas de vida que se cruzan y que, además de biológicos, también son genéticos, familiares, culturales, sociales, políticos y medioambientales. Este marco, postulado por Urie Bronfenbrenner (1994) a través del Modelo Ecológico del Desarrollo Humano (MEDH) se basa en los estudios de la relación entre la persona y el medioambiente de Hawley (1944). Para ellos, no hay áreas de desarrollo humano y medioambiental que no se vean afectadas de forma recíproca en tiempos de ebullición mundial (El País, 2023).

Las poblaciones más vulnerables se enfrentan, pues, a desafíos aún mayores que el resto, entendidos desde una perspectiva interseccional (Kaijser y Kronsell, 2014). Por ejemplo, las comunidades más pobres suelen residir en áreas propensas a desastres naturales, sin una buena capacidad de adaptación, por carecer de sistemas de alerta temprana y refugios seguros. Y todavía son más vulnerables las mujeres (Dimistrov, 2019) y las personas con discapacidades (Kosanic et al., 2022), debido a sus circunstancias socioeconómicas y a las desigualdades estructurales preexistentes.

El cambio climático agravará la inseguridad alimentaria, sobre todo de las poblaciones dependientes de la agricultura de subsistencia (Wheeler y Braun, 2013), porque la falta de agua o las inundaciones, así como patrones climáticos erráticos, harán imprevisibles los calendarios agrícolas. La disminución de las cosechas, producen el incremento de los precios de unos alimentos que también pierden calidad. Eso impacta en el acceso a los alimentos de las comunidades más vulnerables en el mundo.

El cambio climático influye también en el ámbito educativo mundial (Porter, 2021). La investigación Young Lives de la Universidad de Oxford revela cómo la exposición durante la infancia a impactos climáticos como sequías e inundaciones tiene un impacto desigual en su desarrollo porque afecta a la nutrición y obstaculiza el proceso educativo infantil. Además, estos eventos interrumpen a menudo el funcionamiento de las escuelas y ponen en riesgo la seguridad de todos.

Por otra parte, el cambio climático amenaza el patrimonio y la identidad cultural de las comunidades en todo el mundo (Steadman et al., 2022). Multitud de sitios históricos y culturales están en riesgo de erosión, inundaciones y daños irreparables. Estos lugares son fundamentales para la comprensión de la historia y la identidad de una comunidad, y su pérdida puede tener un impacto profundo en la cohesión social y el sentido de pertenencia. Además, la adaptación de las comunidades a nuevas realidades climáticas supone la alteración de patrones culturales, cambios en la arquitectura y las tradiciones locales, entre otras.

3. Problemáticas y experiencias concretas a nivel internacional

La escasez de recursos naturales, la inseguridad alimentaria, los desplazamientos forzados y las migraciones climáticas, las limitaciones crecientes de acceso al agua y saneamiento a causa de la crisis medioambiental, han hecho que ésta condicione el trabajo de Caritas Internationalis, convirtiéndose en una cuestión transversal. Esta fue la situación que llevó a la red mundial de Cáritas a lanzar una campaña mundial sobre ecología integral, es decir, sobre la conexión entre el respeto por el planeta y la justicia social. Veamos a continuación algunas realidades que la inspiraron.

En África, Cáritas ha implementado proyectos de agricultura sostenible en comunidades rurales, que promueven la agro-ecología. Los agricultores locales aprenden técnicas sostenibles que mejoran la producción y la adaptan a condiciones climáticas cambiantes. Por ejemplo, Cáritas Diocesana de Bulawayo, en Zimbabue trabaja contra la pobreza, la desigualdad y la inseguridad alimentaria en un proyecto integral: un huerto comunitario donde miembros de la comunidad trabajan y aprenden sobre agricultura (preparación de la tierra y formas de cultivo), obteniendo alimentos básicos e impulsando su crecimiento económico con la venta de los excedentes. Se han beneficiado 50 hogares directamente, pero toda la comunidad de forma indirecta, ya que se benefician de otras actividades como la cría de aves de corral y el comercio colectivo.

En América Latina, Cáritas desarrolla un programa sobre sinodalidad ecológica, que significa buscar formas más eficaces de abordar las cuestiones socioambientales, enfocándolas en el agua, mediante la participación de todas las partes interesadas, especialmente las comunidades indígenas. Un ejemplo es el caso de Cáritas Chile, en su trabajo sobre reducción de riesgos en desastres, principalmente terremotos y deslizamientos de tierra, en todo el país. Para ello, han desarrollado programas de capacitación y concienciación en comunidades vulnerables, formando a las personas en prevención y acción ante desastres naturales, creando comités locales de gestión de riesgos, y prestando asistencia humanitaria inmediata en situaciones de desastre (distribución de alimentos, agua y refugio a las comunidades afectadas).

En la región del Pacífico, la experiencia de Cáritas Australia llamada Catholic Earthcare Australia forma a los estudiantes de 120 escuelas para liderar la resiliencia en sus comunidades, y comprender la conexión entre el grito de la tierra y el grito de los pobres (Laudato sí, 49).

Y así, en todo el mundo hay experiencias de Cáritas relativas a la ecología integral.

4. La campaña Juntos: objetivos y alcance global

La campaña Juntos. Actuemos hoy por un mañana mejor fue lanzada por Caritas Internationalis en diciembre de 2021 y concluirá a finales de 2024. Pretende un cambio social y político mundial con el objetivo de alcanzar la justicia social y medioambiental para todos. La perspectiva para conseguirlo es la ecología integral, que implica cuidar de las personas y del planeta. Su fundamentación son las encíclicas Laudato sí y Fratelli tutti del papa Francisco, ahora reforzadas por la reciente exhortación apostólica, Laudate Deum.

Es una campaña de sensibilización y movilización pública para promover una mayor conciencia sobre la interconexión existente entre los seres humanos, la naturaleza y la sociedad, y buscar la armonía y el equilibrio en esta relación. Por eso es clave la transformación hacia sociedades y comunidades de cuidados. Y si bien el público objetivo al que se dirige la campaña es el de la iglesia católica, también se extiende a la sociedad en general, a entidades plurales. Un reto así, requiere de la implicación de toda la humanidad.

La campaña parte de experiencias comunitarias como las ya descritas para:

1. Concienciar, informando a la sociedad sobre la importancia de considerar todos los aspectos de la ecología, incluyendo la preservación del medioambiente, la equidad social y económica, y la responsabilidad ética hacia las generaciones futuras.
2. Promover cambios de comportamiento, fomentando acciones individuales y colectivas que reduzcan el impacto ambiental, como la reducción de desechos, la conservación de recursos naturales y la adopción de estilos de vida más sostenibles.
3. Abogar por políticas y prácticas sostenibles, presionando a los gobiernos y a las organizaciones a que actúen de forma más respetuosa y equitativa con el medioambiente y la sociedad.
4. Fomentar la solidaridad entre las comunidades locales y globales, reconociendo la corresponsabilidad en la protección del planeta y el bienestar de sus habitantes.

A escala mundial, se celebran seminarios web y actos anuales de movilización de la confederación de Cáritas, para reforzar los mensajes de justicia climática y social que sustentan la iniciativa, y visibilizar y animar su trabajo global.

A un año de que la campaña termine, el reto es haber puesto en el foco de la acción de Cáritas la ecología integral como un objetivo irrenunciable. Su consolidación se prolongará más allá de la campaña, ya que cambios tan profundos requieren tiempo y los resultados se verán en el medio y largo plazo.

5. Adaptación de la campaña Juntos. Actuemos hoy por un mañana mejor a la realidad española

5.1- La crisis socioambiental y su impacto desigual en España

No nos servirá describir los síntomas, si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. ¿Por qué no podemos detenernos a pensarlo? En esta reflexión propongo que nos concentremos en el paradigma tecnocrático dominante y en el lugar del ser humano y de su acción en el mundo (LS, 101).

Según los científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA en Nueva York, Julio de 2023 ha sido el mes más caluroso que cualquier otro en el registro de temperatura global. Y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) declara 2022 como el año más cálido en España.

En un artículo publicado por Greenpeace el 20 de diciembre de 2022, ya declaraba el año como horribilis para España con incendios, sequías, olas de calor e inundaciones. Y según la Agencia Española de Meteorología (14-9-2023), este verano ha sido el tercero más cálido desde que existen registros, con cuatro olas de calor y prediciendo un otoño más cálido de lo normal, como estamos experimentando. Las cosechas se han reducido por la sequía, las DANAs han inundado poblaciones y ocasionado la muerte de personas. Es urgente enfrentar las consecuencias que ya sufren tanto la ciudadanía, especialmente la más vulnerable, como los seres vivos de todos los ecosistemas.

5.2 – Causas principales y consecuencias para la población

En España, las consecuencias principales de la crisis medioambiental son las siguientes:

– Incremento de las temperaturas: los veranos serán cada vez más cálidos y los inviernos más duros.

– Desertificación: Según el Ministerio de Medio Ambiente, el 75% del suelo español está en proceso de desertificación. Entre las causas, que son variadas, se encuentra la deforestación para cultivos y ganadería, los incendios de gran magnitud, o el incremento de infraestructuras (artificialización del suelo).

– Recursos hídricos cada vez más escasos y mala calidad del agua. A pesar de contar con una extensa red de embalses y aguas subterráneas, el problema del agua en España es grave, porque cada vez es más escasa (se acentúan las temporadas de sequía) y porque su gestión tendría que mejorar. El reparto del agua es desigual en el territorio. Como dice Greenpeace España: Además de la sequía agravada por el cambio climático, las políticas de un recurso tan vital como éste hacen que más del 80 % del agua se destine al regadío intensivo e industrial en detrimento de la agricultura más tradicional y familiar y pone en riesgo el consumo humano. Poca agua, mal gestionada y contaminada.

– Incendios: Greenpeace decía en 2022, en relación a España, que: No es casual que un mal año de sequía sea un mal año de incendios. Sin olvidar que el 95% de los incendios tienen origen humano, un territorio más caliente, más seco y por tanto más inflamable es el escenario perfecto para que ocurra un incendio de alta intensidad.

– Contaminación atmosférica: nos referimos a la ocasionada por la acción humana en las zonas industriales, las ciudades y las plantas de generación de energía, que se agrava por las largas temporadas anticiclónicas sin lluvias.

Pero como todo está conectado (encíclica Laudato Sí), no podemos obviar que las consecuencias aquí citadas se relacionan y retroalimentan, generando otros efectos, como la pérdida de biodiversidad, aumento de las especies invasoras, o las de carácter social: pérdida de cosechas, incremento de precios, enfermedades respiratorias, entre otras.

Por todo ello, la Iglesia española ha asumido la invitación del papa Francisco a mirar, reflexionar y actuar sobre lo que ocurre en la Tierra, nuestra casa común, y a la humanidad, la familia humana que somos. Cáritas Española, junto a Caritas Internationalis y las Cáritas del mundo, dedica la campaña a poner el foco en la ecología integral como un proceso comunitario que debe culminar en adoptar estilos de vida nuevos, respetuosos con el medioambiente y todas las criaturas.

5.3- Fundamentación y objetivos de la campaña en España

La campaña Juntos invita a la transformación ecológica a escala mundial. Cáritas Española la fundamenta en los CUIDADOS. Ante un mundo y una humanidad dolientes, se impone actuar en clave de fragilidad que necesita de cuidados.

Cáritas Española fundamenta la campaña en cuatro claves:

• La necesidad de los cuidados en una sociedad del descuido y la desconexión.
• El Dios “todocuidadoso”, como origen y modelo de los cuidados.
• La comunidad cristiana como cuidadora.
• Claves de acción para promover el cuidado: el cuidado de uno mismo, la cultura del encuentro que implica cuidar a las personas más vulnerables, el cuidado del bien común, el cuidado del planeta, y vivir una espiritualidad que anime y motive el cuidado.

El objetivo es compartido con CI: la conversión ecológica global, que traducimos en:

– Incorporar la ecología integral a la institución, mediante la revisión de las infraestructuras para adaptarlas a la sostenibilidad medioambiental; y revisar los cuidados a todos los agentes de Cáritas, promoviendo el autocuidado, el cuidado en comunidad y la comunidad que cuida a las personas más vulnerables.

– Promover las comunidades de cuidados, que significa incorporar los 7 objetivos de la Plataforma de Acción Laudato Sí, una iniciativa del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano: escuchar y hacer frente al clamor de la tierra y de los empobrecidos, promover una economía ecológica, unos estilos de vida sencilla, una educación ecológica, una espiritualidad ecológica, y promover la participación en común.

5.4- Experiencias significativas de la campaña

– EXPERIENCIA DE CÁRITAS OVIEDO

Cáritas Oviedo ha puesto el foco en el autocuidado para cuidar, que permite, desde hace años, promover proyectos que velan por el trabajo cooperativo y consciente.

La campaña Juntos, favorece el apoyo de las acciones emprendidas y permite, además, generar nuevas estrategias de sensibilización.

La capilarización de la campaña se impulsa a través de un técnico para darla a conocer en todos los ámbitos y a todos los equipos. Consiste en lanzar a los Responsables de Programas nuevas preguntas que interpelen sus acciones cotidianas. La estrategia de sensibilización propuesta por Cáritas española para el 2024 (punto 5. 5) se vertebra desde el Proyecto Espacios con Corazón.

Los dos proyectos iniciados a finales del año 2021 que tratan de velar fuertemente por el autocuidado y la ayuda mutua son:

Tendiendo Puentes.  Proyecto enmarcado en el Programa de Voluntariado y Formación. Su objetivo es promover el autocuidado entre los agentes través de la reflexión y la búsqueda de significado colectivo. La variedad de personas en los distintos programas de Cáritas es tal, que se ve la necesidad de poner en común tanta riqueza, incluida la espiritual, para aprender y cuidar unos de otros. El proyecto genera espacios de encuentro con un técnico que pone al servicio estrategias para la reflexión grupal. Vela por la cohesión y el espíritu colaborativo.

Comunidades de cuidado: Trabajar desde este enfoque es un camino que ha recorrido sus primeras fases de desarrollo en la diócesis. Los procesos sobre consolidar la atención son clave actualmente, y se acompañan de procesos formativos permanentes. La ampliación y la construcción de nuevas redes comunitarias y el impulso de la ayuda mutua se vertebra desde dos centros neurálgicos: La comunidad de cuidado del Proyecto de Red Hogares, perteneciente al programa de Personas Sin Hogar y la comunidad de cuidado creada en torno al proyecto Espacios con Corazón. Ambas promueven el tejido comunitario en siete localidades distintas dentro de la región.

Actualmente, las comunidades se enfrentan a nuevos retos y posibilidades de la mano de la ecología y la espiritualidad para abordar las distas dimensiones que entraña en cuidado de la casa común.

– EXPERIENCIA DE CÁRITAS PLASENCIA

Su apuesta ha sido práctica, y se ha centrado en el grupo de personas residentes en el Centro de Reinserción de Personas Sin Hogar.

Se inició con la realización de tres talleres, que se ampliaron a seis por lo positivo de la experiencia, y la propia demanda de los participantes. Su contenido fue el siguiente:

• Los autocuidados: el tiempo y el esfuerzo que se dedicaban a sí mismos y sobre esas pequeñas cosas que les proporcionan felicidad y bienestar.
• Su comunidad de cuidados: cómo aportaban positivamente en ella y cómo su comunidad les protege y les cuida.
• Deterioro medioambiental: qué sabían sobre sus causas y consecuencias.
• Aportaciones en positivo: qué podían hacer de manera individual y en comunidad, para mejorar en el cuidado de nuestra única casa común: el planeta.
• Experiencia final sobre la conexión con la naturaleza a través de los cinco sentidos.

Todo este trabajo tuvo como fruto una exposición de fotografías realizadas por los participantes, en las que cada uno de ellos pudo plasmar sus pensamientos y sentimientos nacidos de las horas de convivencia y diálogo.

– EXPERIENCIA DE CÁRITAS TENERIFE

A las afueras de San Cristóbal de La Laguna, Cáritas hace años que tiene un huerto en el que trabajan personas participantes de distintos programas de la entidad. La mayoría son de Tenerife, pero algunas están en situación de asilo o refugio político. También confluye un voluntariado variado que va desde una congregación religiosa, hasta habitantes de la localidad.

Una persona dirige toda la acción. Durante la jornada, se trabaja la tierra para que produzca hortalizas, frutas, que luego formarán parte de la dieta de los participantes. Si se quiere, también supone el aprendizaje de un oficio. La agricultura orgánica puede ser un modo de vida. De hecho, enfrente hay otro huerto, más grande, que es una empresa de inserción social: la producción orgánica se vende a colegios y residencias de mayores de la isla.

El huerto es, además, un espacio de encuentro entre las personas, cada una con su realidad. Todas tienen algo que aportar: charla, escucha o conocimientos.

La campaña Juntos ha servido para constatar que ya eran y son una comunidad de cuidados, que pone a la vida en el centro. Las personas que participan del proyecto se cuidan entre sí, y cuidan del espacio natural en el que trabajan. Esto los lleva a una nueva dimensión del cuidado, con base local, pero con perspectiva global.

5.5.- Los cuidados nos sostienen. Abraza la ecología integral: una estrategia de sensibilización para la incidencia política local

2024 será el último año de campaña, pero su objetivo continuará más allá. Cáritas Española ha preparado una estrategia de sensibilización dirigida a las comunidades de cuidados y a grupos diversos, con el fin de realizar incidencia política local.

La iniciativa gira en torno a una exposición que recorrerá España en los próximos años. Muestra qué ocurre en el mundo, y en España, en temas socioambientales, en clave de derechos humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible. También plantea acciones que ya se están realizando. Pero sobre todo es un espacio de encuentro para la reflexión y el trabajo en grupos plurales. Para facilitarlo, la propuesta consta de materiales y dinámicas que ayuden al trabajo en red, a la identificación de causas socioambientales vulneradas locales, y a la incidencia política local.

Dentro del material hay una colección de podcast titulada El Camino Verde: rumbo a la ecología integral, a los que se puede acceder en los enlaces siguientes:

• Transición energética y agotamiento de recursos https://youtu.be/O8qYFQ3z4wo
• Buen vivir y vivir bien https://youtu.be/Y-4kNBK51M8
• Cuidados y sostenibilidad frente al cambio climático https://youtu.be/z1HNL3DFutk
• Cuidado integral: la persona y la naturaleza constituyen comunidades https://youtu.be/a_QfqaeXAz4
• Consumismo y decrecimiento https://youtu.be/3fhZDKnTHr0
• La ciudad como hábitat y su dependencia del medio rural https://youtu.be/qb06Cqie9Dw

6. Conclusiones: Hacia un enfoque inclusivo y sostenible

La campaña pone la causa socioambiental en foco de la Iglesia y la sociedad, pero el proceso hacia la ecología integral tendrá un recorrido más largo junto a otras religiones, entidades, sociedades y culturas diversas, corporaciones y políticas. Superar la crisis medioambiental sin dejar a nadie atrás, implica sumar la diversidad de voces de todas las sociedades humanas.  Es por ello que el papa Francisco ha lanzado, el 4 de octubre, la segunda parte de Laudato sí, la exhortación apostólica titulada Laudate Deum (Alabad a Dios) que continuará inspirando el camino. La campaña Juntos asumirá, sobre todo, su último capítulo titulado Motivaciones espirituales, que nos recuerda que todos somos responsables en el respeto y protección de la belleza de la creación en comunión, de manera sinodal, comprometiéndonos en la reconciliación con el mundo que nos acoge (LD,69).

Referencias bibliográficas

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Número 15, 2023

Manuel Gutiérrez Lousa. Licenciado en Derecho

Se pretende analizar la compatibilidad entre la responsabilidad social de las empresas y la planificación fiscal lícita de las empresas.

1. La responsabilidad social de las empresas

La responsabilidad social de las empresas (RSE) es un nuevo enfoque sobre la actividad de la empresa. La empresa como organización desempeña un papel clave en la sociedad no solo como creadora de riqueza y empleo. El viejo modelo de gestión basado en la maximización del beneficio a corto plazo se ha visto superado por una concepción que requiere que la empresa también atienda y minimice los impactos sociales, ambientales y que afectan a los derechos humanos de su actividad[1].

La empresa es un agente social articulado mediante un nexo de relaciones de confianza mantenidas a largo plazo. Ello supone que la dirección de la empresa además de obtener beneficios debe preservar e incrementar el valor de los activos bajo su control. Los activos no son solo los tangibles sino el capital humano, las expectativas de los clientes y proveedores y la reputación e imagen de la empresa en la sociedad[2].

La Comisión Europea definió en 2001[3] la RSE como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. La Comisión Europea en 2011[4] presentó una nueva definición, más ambiciosa y amplia, de la RSE: la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad.

De una definición preocupada al principio  por la sostenibilidad medioambiental, tal vez influida por el Protocolo de Kioto de 1997, hemos pasado a un enfoque más amplio, tras la crisis financiera de 2007, que incorpora un elemento ético. La ética no solo se exige a los individuos que componen las empresas sino a éstas como agentes económicos. Cuando existen planteamientos y códigos éticos adecuados, los objetivos empresariales son perfectamente compatibles con el interés de los trabajadores, clientes, proveedores o del conjunto de la sociedad[5].

Esta compatibilidad de intereses pretende maximizar la creación de valor compartido y animar a las empresas a adoptar un planteamiento estratégico a largo plazo que persigue estudiar las oportunidades de desarrollar productos, servicios y modelos empresariales innovadores, que contribuyan al bienestar social y  a la creación de empleos de mayor calidad y más productivos. Asimismo, animar a las empresas a desarrollar los mecanismos precisos para prevenir y mitigar los riesgos de los efectos adversos o externalidades negativas que su actividad puede producir a la sociedad. Siendo estos impactos negativos pluridimensionales en la medida que afectan a los derechos de las personas, a través de diversos aspectos económicos, sociales y ambientales[6].

Estas exigencias, no solo benefician a la sociedad en su conjunto sino también se proyectan positivamente para las empresas: evitan las sanciones, dan confianza a los inversores y accionistas, facilitan la financiación, mejoran la competitividad, mejoran la imagen de marca y reputación y, finalmente, reducen los riesgos y generan oportunidades[7].

Se evitan sanciones pues la RSE se guía por el principio de legalidad que pretende cumplir la normativa en todo momento. Para ello, la empresa debe hacer el esfuerzo de conocer permanentemente qué requisitos debe aplicar y organizar su gestión de modo que se asegure su cumplimiento.

Se da confianza a inversores y accionistas a través del principio de transparencia que constituye un diálogo abierto y sincero con los grupos de interés, sus inversores y accionistas, sobre la gestión de la empresa, sus riesgos operativos y las medidas tomadas para evitarlos o atenuarlos en el presente y futuro. La teoría de los stakeholders[8] defiende que si se tienen en cuenta de forma equilibrada las demandas de los diferentes grupos de interés, las empresas pueden incrementar la eficiencia de la adaptación de su organización a las demandas externas[9].

Se facilita la financiación pues existe cada vez un mayor volumen de capital gestionado por gestores de fondos, fondos de pensiones y entidades que siguen los principios de Inversión Socialmente Responsable. Además, cada vez más se aplican criterios de rating ambientales y sociales a la hora de evaluar los riesgos en la financiación de empresas y proyectos.

Mejora la competitividad pues la RSE responde a una estrategia continuada y sistemática para mejorar el impacto en la sociedad. El cumplimiento del principio de legalidad redundará en la reducción de los costes medioambientales, de suministro, laborales y litigiosos.

Por lo que se refiere a los trabajadores, éstos buscan en la empresa algo más que la obtención de un salario que les permita una vida digna. También buscan que el desarrollo de su trabajo cumpla sus expectativas de satisfacción con la actividad que desempeñan en la empresa, sentirse valorados dentro de la organización, y estar orgullosos de que se les identifique como parte integrante de la misma[10]. Los trabajadores han pasado a ser protagonistas en dos ámbitos: en primer lugar, como factor productivo que genera valor dentro de la empresa si sus intereses se ven satisfechos y en segundo lugar, como consumidor final del producto. Todo esto ha provocado que la opinión de los trabajadores tenga un peso decisivo en las decisiones tomadas por la empresa, ya que de ellas depende en buena parte la reputación de la misma, elemento sustancial en las relaciones de mercado actuales; aumento de la productividad de los empleados al encontrarse en un entorno con buenas condiciones de trabajo y donde existe conciliación con la vida personal, la igualdad y no discriminación, el fomento y recompensa de la creatividad; promoción de nuevos productos, derivados del mejor conocimiento de los grupos de interés y sus materias relevantes, de una actitud más creativa de los empleados y de la innovación social; aumento de la fidelidad del cliente y atracción de nuevos clientes, por esos nuevos productos o simplemente por la actitud de la empresa ante las materias relevantes para el cliente.

Mejora la imagen de marca y la reputación redundando en un mayor valor económico de la empresa lo que le granjeará la confianza de su cliente, ya que éste muy probablemente querrá la mayor tranquilidad y cumplimiento dentro de su cadena de suministro y evitar escándalos, costes de supervisión o auditoría y por supuesto la interrupción en el suministro. Si además la empresa produce productos y servicios sostenibles y lo comunica adecuadamente a la sociedad resaltando por qué, bajo criterios de RSE, es mejor su producto frente al de la competencia, cuáles son los costes sociales y ambientales de uno frente a otros, la empresa puede estar empezando a crear un nuevo mercado y atraer a nuevos clientes, aumentando proporcionalmente su cifra de negocio. Desde esta perspectiva, la presión de los consumidores es muy grande y en un mercado fuertemente competitivo optan por aquellos productos o servicios que no solo satisfacen sus necesidades materiales, sino también las morales[11].

2. La responsabilidad social de las empresas y la fiscalidad

La RSE tiene una perspectiva relacionada con la fiscalidad. Por una parte, la Comisión Europea[12] promueve los tres principios de buena gobernanza fiscal en las relaciones entre los Estados, a saber, transparencia, intercambio de información y competencia leal en materia fiscal, lo que debería coadyuvar a luchar eficazmente contra la planificación fiscal agresiva.

Por otra, la Comisión anima a las empresas a trabajar en su puesta en práctica. Concretamente, anima a divulgar la información relativa a la aplicación de normas sobre buena gobernanza fiscal, que permita desarrollar las capacidades de los inversores sobre la forma de integrar información no financiera en las decisiones de inversión, en línea con los Principios de las Naciones Unidas para la inversión responsable o la Iniciativa Global de Presentación de Informes. Asimismo, los poderes públicos tienen la responsabilidad particular de fomentar la RSE en las empresas que son de su propiedad o en las empresas en las que invierten[13].

En la actualidad, se considera que una de las responsabilidades inexcusables de los diversos actores sociales, entre ellos las empresas, es contribuir a los recursos públicos y, a su vez, es un derecho de los mismos el beneficiarse de los servicios o aportaciones públicas para una mejor calidad de vida. Por tanto, la empresa tendría las mismas obligaciones y derechos que el resto de los ciudadanos, si bien como agente económico su actividad debería impactar positivamente en el desarrollo y cohesión social de las sociedades donde se opera[14].

La clave de este enfoque es reflexionar cómo la licitud de buscar la disminución de la carga tributaria a través de la planificación fiscal, entendida como economía de opción, es compatible con los principios de la RSE.

Se puede argüir, desde la perspectiva de la RSE, que un mayor pago de tributos manifiesta un mayor compromiso con el proyecto común que articula un Estado. Evidencia una solidaridad con las necesidades colectivas de su población. Así, el mayor pago de tributos se considera una actuación positiva y valiosa para la comunidad, por lo que ahondar en el mismo es beneficioso socialmente. En tal acción se manifiesta la solidaridad ciudadana; más que un deber de contribuir se construye una teoría relacionada con la redistribución de la renta, a través de los ingresos públicos que, como es sabido, provoca graves distorsiones económicas y no siempre garantiza la redistribución pretendida. Sin embargo, esta perspectiva choca con la esencia de la empresa como agente económico: maximizar el beneficio. La actividad empresarial no puede confundirse ni con la beneficencia ni con la actuación de los poderes públicos que desarrollan potentes programas de gasto público para el bienestar de los ciudadanos.

Las empresas responden ante accionistas que esperan el retorno de su inversión a través de dividendos y el aumento de valor de la empresa, si aumentamos arbitrariamente la tributación de la empresa perjudicamos a millones de accionistas que perderán capacidad económica y podemos perturbar las fuentes de financiación de la empresa.

La planificación fiscal, compatible con la RSE, no implica necesariamente una opción por la mayor tributación. En efecto, tal afirmación resulta un presupuesto excesivamente reduccionista y poco definidor que podría dar lugar a usos inadecuados. Así, en un entorno económico global donde el beneficio se genera en distintas jurisdicciones fiscales, si se tributa en un Estado se dejaría de tributar en otro, con lo que sería una acción responsable socialmente respecto del primero pero no respecto del segundo. La RSE se caracteriza por la intervención directa de la ciudadanía en satisfacer las necesidades sociales y no necesariamente en la búsqueda de vinculaciones jurídicas más gravosas. Tal vez pudiera entenderse que, desde la perspectiva ética, fuera exigible una mayor tributación que la legal. Pero tal exigencia podría conducir a un sistema fiscal incierto y arbitrario[15].

La fiscalidad compatible con la RSE persigue la minimización de la carga tributaria dentro del deber de todos a contribuir al gasto público en condiciones de igualdad y conforme a la ley. En este sentido, la búsqueda de la minimización de la carga tributaria no puede resultar una estrategia para eludir o defraudar los tributos pues vulneraría las normas, atentaría a la libre competencia, distorsionaría los mercados y provocaría un impacto negativo en la sociedad. Por tanto, la RSE se manifiesta en la adecuación a la norma jurídica. La planificación fiscal compatible con la RSE solo puede ser lícita. Lo que resulta inadmisible, desde la perspectiva de la RSE, es contemplar el concepto de planificación fiscal como un momento de ejercicio de un derecho, interés legítimo o expectativa de derecho a la minimización del propio impuesto de forma ilegal o artificiosa. El impuesto mínimo perseguible por el contribuyente no equivale a la minimización del impuesto, como medio de circunvenir objetiva y/o intencionalmente la actuación de la ley tributaria[16].

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[1] Calderón Carrero y Quintas Seara (2015) señalan que recientes estudios han revelado como los accionistas consideran las obligaciones fiscales de las empresas como parte de la responsabilidad social empresarial y en tal sentido no desean que el consejo de administración y la dirección de las compañías adopten posiciones que impliquen esquemas de planificación fiscal agresiva.

[2] Véase Cuesta González (2004).

[3] Véase Documento COM (2001) 366 final de 18 de julio de 2001 Libro Verde: fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas.

[4] Véase Documento COM (2011) 681 final de 25 de octubre de 2011Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas.

[5] Véase Guzmán Cuevas (2005).

[6]Véase OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (2014) Para la Comisión Europea, la RSE tiene una naturaleza pluridimensional que abarca, como mínimo, los derechos humanos, las prácticas de trabajo y de empleo (como la formación, la diversidad, la igualdad de género y la salud y el bienestar de los trabajadores), las cuestiones medioambientales (como la biodiversidad, el cambio climático, el uso eficiente de los recursos, la evaluación del ciclo de vida y la prevención de la contaminación) y la lucha contra el fraude y la corrupción.

[7] Véase García Polo (2012).

[8] AECA (2004) define los grupos de interés, partes interesadas o stakeholders como aquellos grupos sociales e individuos afectados de una u otra forma por la existencia y acción de la empresa, con un interés legítimo, directo o indirecto, por la marcha de ésta, que influyen a su vez en la consecución de los objetivos marcados y su supervivencia. Pueden también identificarse como grupo de interés las generaciones venideras. Para PICAZO Méndez Picazo (2005) se encuentran en este grupo los empleados, los accionistas/propietarios, los clientes, los proveedores, los competidores, los agentes sociales (como sindicatos de trabajadores, asociaciones de consumidores, cámaras de comercio, organismos normalizadores, medios de comunicación, analistas, lobbies y organizaciones no gubernamentales, entre otros), las administraciones públicas, la comunidad local, la sociedad y el público en general, así como el medio ambiente y las generaciones futuras.

[9] Véase  Cuesta González (2004).

[10] Véase  Méndez Picazo (2005).

[11] Véase   Méndez Picazo (2005).

[12] Véase Documento COM (2011) 681 final de 25 de octubre de 2011 Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas.

[13] Véase Grau Ruiz (2013).

[14] Véase OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (2014). Como señalan  Calderón Carrero y  Quintas Seara (2015) para las ONG los impuestos no constituyen un coste sino una distribución de beneficios a los stakeholders y a la propia sociedad, en la medida que las empresas no obtienen beneficios solo utilizando el capital de los inversores sino sirviéndose de la infraestructura jurídico-económica sobre la que operan, utilizando las infraestructuras físicas creadas por el Estado hasta los empleados que han sido educados a través de o con contribución relevante del sector público. Así, el impuesto constituiría el necesario retorno sobre la inversión realizada por la sociedad.

[15] Véase  Sánchez Huete (2010).

[16] Véase  Rosembuj (2009).

Número 9, 2021

Soledad Gutiérrez Pastor

Cooperante Cáritas Española

Introducción

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el COVID-19 pandemia global. Ríos de tinta han corrido desde entonces, sin embargo, cada día se nos presentan más dudas que certezas.  La evolución de la enfermedad está siendo tan desigual en Asia, África, Europa o América que lo único cierto es que los modelos de contención y mitigación no son replicables en todos los contextos.

Lo singular de este virus, en relación con epidemias anteriores, es que ha traspasado todas las fronteras y se ha propagado mucho más rápido de lo que los gobiernos de todo el mundo han podido prever. Como consecuencia, los sistemas de salud pública de medio planeta se han colapsado y los recursos de protección individual se han agotado al mismo tiempo que la psicosis social estallaba. Y es ese componente universal lo que hace que el coronavirus sobrepase la dimensión sanitaria. Una vez que el virus se ha propagado libremente por todo el mundo, el impacto se empieza a notar también en el modelo de desarrollo económico capitalista, en un notable cambio en nuestras relaciones interpersonales y cómo nos afecta a nivel psicosocial. Y es que, por primera vez en nuestra historia reciente estamos asistiendo a un fenómeno global de pánico e incertidumbre del que nadie está a salvo, ni siquiera la población de los países occidentales, factor que ha aumentado su trascendencia a nivel planetario.

En este escenario, que muchos calificarían como apocalíptico, no debemos perder de vista que no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a un reto semejante. Si echamos la vista atrás, la peste negra, una de las peores epidemias de la historia, causó entre 50 y 200 millones de muertes en el siglo XIV. La viruela acabó con la vida de entre 25 y 50 millones a partir del siglo XVI y el cólera durante los siglos XIX y XX mató a entre 50 y 100 millones de personas. La gripe española, muy recordada estos días, se saldó con entre 20 y 50 millones de fallecidos. Sin olvidarnos del VIH Sida que a día de hoy ya ha matado a 32 millones de personas y sigue siendo una de las grandes amenazas junto a la tuberculosis y la malaria.

Si estos casos ya habían caído en el olvido, también encontramos buenos ejemplos en nuestra historia más reciente. La gripe A (H1N1) ha sido considerada la primera (y única hasta el COVID-19) pandemia de nuestro siglo. Se registraron casos en más de 200 países y provocó la muerte de 284.000 personas en 2009. Por su parte, más de 11.000 personas perdieron la vida a causa del ébola de 2014 a 2016[1] y un nuevo brote resurgió en África Occidental y en la República Democrática del Congo en 2019.  El zika se detectó en Sudamérica, América Central y el Caribe entre 2015 y 2016 y actualmente se ha extendido fuera del continente. Y por extraño que parezca, el sarampión, que tiene vacuna desde hace casi 60 años, amenaza en 2020 a más de 117 millones de niños en 37 países al haberse paralizado las campañas de inmunización desde la irrupción del coronavirus.

Cómo el COVID-19 afecta a los países más vulnerables

Si hay un denominador común al rápido repaso de epidemias que acabamos de hacer es que la mayor parte de afectados durante el siglo XXI se encuentra en países del sur. Y no es casualidad. La debilidad de sus sistemas sanitarios no permite hacer frente a la explosión de casos. Desde la falta de medios para la detección temprana de contagios, pasando por la escasez de camas hospitalarias, equipos de protección individual y respiradores, el lento y costoso desarrollo de soluciones farmacológicas y la dificultad de los estados para implementar medidas de confinamiento.

Contrario al caso asiático, donde se registraron los primeros contagios de COVID-19 y que parece haber contenido el virus con más éxito que en Europa, existe bastante incertidumbre entre la comunidad científica sobre el impacto y la propagación de la pandemia en África. En este continente la reflexión es, si cabe, aún más pesimista y el dilema se plantea entre sobrevivir al coronavirus o morir de hambre. La población más vulnerable de los países en desarrollo vive al día, dependientes de una economía de subsistencia que les impide aprovisionarse de víveres[2] y con la dificultad añadida del aumento de la inflación, la reducción de las remesas y la escasez de productos básicos. Especialmente vulnerables son las zonas rurales, donde el aislamiento es mayor y la gente no tiene un acceso fácil a la comida o el agua. En estos contextos, donde la inseguridad alimentaria ya afecta a millones de personas, medidas como el confinamiento total resultan impensables. Estas familias no podrán sobrevivir si permanecen encerradas en sus hogares, más aun teniendo en cuenta que muchas viven en condiciones de hacinamiento, por lo que encerrarlos en espacios pequeños y sin medidas de higiene puede incluso aumentar el número de contagios.

La crisis alimentaria y nutricional que ya sufren la mayor parte de los países del sur se verá, sin duda, agravada por los efectos de la pandemia, que impactará en los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: la disponibilidad, el acceso, el control y la estabilidad de los alimentos. Las familias pobres y muy pobres tendrán más dificultad para aprovisionarse de alimentos de primera necesidad y las personas desnutridas, con un sistema inmunológico debilitado, serán más vulnerables al COVID-19. Las restricciones de movimiento también limitarán el pastoreo, obligando a concentrar el rebaño en ciertas zonas y provocando conflictos entre pastores y agricultores.

Por tanto, una de las principales medidas de contención puestas en marcha por los países desarrollados, el confinamiento, solo podrá ser aplicada en aquellas zonas en las que se cuente con más reservas económicas, con mayor autosuficiencia alimentaria y menos dependientes del turismo. O por los estados menos democráticos que imponen medidas autoritarias. Países como Sierra Leona han decretado el estado de emergencia durante un año tras haber registrado un único caso positivo y en Uganda se instauró el confinamiento total e inmediato en un plazo de 24 horas cuando aún sólo habían contabilizado 44 contagios. Medidas de urgencia también han sido aplicadas en Perú y El Salvador. En el extremo contrario se encuentran países como Brasil y México, que siguen cuestionando la gravedad de la crisis. Mención especial merece Burundi, donde sus dirigentes han declarado que el país se mantiene a salvo por la gracia de Dios y que no se necesitan medidas especiales de protección. Y Nicaragua, donde se sigue dando la bienvenida al turismo y donde incluso se ha organizado la conocida marcha amor en tiempos del COVID-19. Estos ejemplos muestran el riesgo hacia una deriva autoritaria de algunos gobiernos y hace temer la imposición de medidas especialmente duras para una población ya de por sí castigada.

Si esto no fuera suficiente, nuevas informaciones[3] revelan que la contaminación aumenta la potencia de las epidemias. Y una vez más, muchos de los países en desarrollo se caracterizan por una elevada presión poblacional que vive en las regiones del planeta más afectadas por las consecuencias del cambio climático. La sequía, inundaciones y desaparición de los ecosistemas no van a frenar su ritmo devastador durante esta crisis. Así que, si a la ecuación sumamos la amenaza climática, tenemos como resultado una tormenta perfecta de previsiones catastróficas en estos contextos.

Lecciones aprendidas en la gestión de otras crisis sanitarias

Si el coronavirus ya plantea un escenario desconcertante en las zonas más prósperas del planeta, las previsiones para los países en desarrollo auguran un desastre casi total. Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA) la pandemia podría dejar en la región un saldo de 300.000 muertos, colapsando los sistemas sanitarios de varios países y provocando la extrema pobreza de 27 millones de personas[4]. Todo ello en uno de los continentes con menor incidencia de la enfermedad.

A pesar de que la amenaza para África es inminente desde hace varias semanas, la catástrofe, sin embargo, no termina de llegar. Aunque unos estados lo viven con más intensidad que otros, desde el continente se desconfía de las previsiones y comienzan a elevarse voces contra esa visión derrotista. Algunas de ellas podemos encontrarlas en el manifiesto firmado por medio centenar de intelectuales africanos de diversas disciplinas que hacen un llamamiento a la unidad para poner en valor la inteligencia, la creatividad, los recursos endógenos, las tradiciones, la identidad diaspórica y los conocimientos científicos en la lucha contra el COVID-19[5]. Denuncian que los países occidentales están aprovechando la oportunidad para relanzar el afropesimismo propio de épocas pasadas. Según el documento, la respuesta no debe ser exagerada ni minimizada, sino racionalizada y recuerda las inversiones que muchos países han realizado para adaptar sus sistemas de salud a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Aunque muchos de ellos siguen siendo insatisfactorios y necesitan una renovación en profundidad, ponen de relieve que la atención sanitaria es a menudo social y comunitaria y se basa en vínculos culturales que requieren solidaridad y el tratamiento de la enfermedad en el ámbito familiar.

Si bien esta postura podría parecer excesivamente optimista, conviene recordar que una buena parte de los países del sur ha reaccionado ante la amenaza de la pandemia de forma mucho más rápida y coordinada de lo que lo ha hecho Europa. El cierre de fronteras, la suspensión de reuniones de carácter religioso, la cancelación de clases en todos los niveles de la educación, el toque de queda en unos casos y el confinamiento total en otros, el control de carreteras y el aislamiento y seguimiento de casos sospechosos han sido algunas de las medidas adoptadas cuando apenas se habían registrado unos pocos casos.

Algunos de los ejemplos más representativos los han protagonizado países como Sudáfrica, que unos días después de conocerse su primer caso ya había organizado un comité de expertos en salud pública y responsables médicos de los países que integran la Comunidad de Desarrollo de África Austral para ofrecer una respuesta coordinada y compartir información. O la movilización de equipos de respuesta rápida en Senegal[6] para detectar a los contagiados y aislarlos, así como hacer un seguimiento cercano de todos sus contactos. Sin olvidar el reparto de víveres en zonas rurales de numerosos países para evitar la desnutrición de la población[7].

Efectivamente, no es la primera vez que África se enfrenta a una amenaza sanitaria. Su historia reciente ha estado marcada por el ébola, el VIH, la malaria e incluso el sarampión. La gestión de estas crisis ha dejado valiosas lecciones que bien pueden suponer una ventaja en la lucha contra el COVID-19. Una veintena de países africanos ha rescatado esas prácticas y ha establecido un plan de centros de aislamiento separados de las clínicas de salud habituales para evitar el colapso sanitario y poder seguir atendiendo al resto de enfermos.

La experiencia con el ébola en África Occidental y República Democrática del Congo ya puso de manifiesto las consecuencias de recluir a las poblaciones en el medio rural, totalmente dependiente de la agricultura y la ganadería tanto para autoabastecerse como para suministrar al resto del país. Para evitar el declive de la producción agropecuaria, se optó por un confinamiento a nivel comunitario de modo que todo un pueblo se puede mantener aislado de manera conjunta y así sus habitantes puedan seguir atendiendo sus responsabilidades en los huertos y con los animales.

Aún sin certezas absolutas, se presupone que otro factor que podría tener el continente africano a su favor para frenar la incidencia de la pandemia es su demografía. Una población más joven[8], la práctica ausencia de instituciones de acogida de personas mayores (los más afectados por el COVID-19) y una eventual inmunidad de grupo podrían ser algunos de los factores que expliquen una propagación más lenta del virus en el continente.

América Latina también cuenta con sobrada experiencia en la gestión de recientes epidemias[9]. La inversión técnica y en capacitación para llevar a cabo desde 2016 la detección temprana del rotavirus del zika, así como los análisis serológicos para detectar anticuerpos en la sangre han permitido el desarrollo de modelos que comienzan a realizarse en México para identificar casos de COVID-19. La comunidad científica se ha puesto al servicio de la epidemiología para extender la tecnología a las instituciones y aumentar su fuerza de trabajo.

En Argentina se trabaja en crear un test molecular simple, sólido, económico y rápido y que tenga en cuenta la realidad de la sanidad en Latinoamérica. Este reto ya fue asumido en la lucha contra el dengue, cuando se diseñó un dispositivo que ha resultado ser muy útil en el brote epidémico que actualmente sufre la región.

Por su parte, una tecnología desarrollada entre universidades de México y EEUU en el diagnóstico de la influenza H1N1 está siendo aprovechada para reconducir el análisis hacia la evolución de los virus. Predecir las posibles mutaciones e identificar patrones ayudará en el desarrollo de una vacuna más eficaz contra el coronavirus.

Por tanto, son numerosos los ejemplos que demuestran que los países del sur global no navegan a la deriva en esta crisis sanitaria. Si bien se enfrentan a una serie de debilidades que representan un agravio comparativo con respecto a los países desarrollados, su disposición a la adopción de medidas de protección y su experiencia previa no deben ser tomadas a la ligera. Sin olvidar el importante trabajo que las ONG de desarrollo y de acción humanitaria llevan décadas desarrollando y que constituyen un extenso compendio de buenas prácticas (y otras a evitar) no sólo en el sector de la salud, sino también en el de alimentación y nutrición, acceso al agua y al saneamiento, medios de vida, promoción económica, protección de la población vulnerable y gestión de las crisis humanitarias.

Qué puede y debe hacer la cooperación internacional

Aunque la pandemia sigue aún una progresión incontrolable y cada país está centrando los esfuerzos en encontrar una solución sostenible a la salida de la crisis, el mundo no puede permitirse paralizar la acción humanitaria. Hoy más que nunca resulta imprescindible la adopción de medidas que favorezcan el desarrollo de los países con menos recursos y repensar un nuevo orden mundial. Dos ideas principales subyacen en la reflexión sobre la era post COVID-19: por un lado, están los que creen que nada será como antes y abogan por la búsqueda de nuevas alternativas y el fin del feroz sistema capitalista y, por otro, los que opinan que nada va a cambiar.

Sea cual sea el futuro a medio plazo de la humanidad, no debemos olvidar que contamos con la herramienta que nos puede permitir equilibrar la balanza. La cooperación internacional al desarrollo lleva décadas desarrollando e implementando modelos de ayuda que pueden y deben ponerse al servicio de la búsqueda de soluciones ante esta crisis. Si bien es cierto que el coronavirus está poniendo a prueba la solidaridad internacional y que la capacidad de los donantes se ha visto fuertemente golpeada, el sistema de ayuda humanitaria y al desarrollo se está reorganizando para poder atender la creciente demanda internacional.

La respuesta debe estar a la altura del reto, pero no se trata únicamente de recaudar fondos. Tanto organismos internacionales como ONG están aprobando programas especiales para la lucha contra el COVID-19. Y si bien resultan imprescindibles, también es cierto que corremos el riesgo de centrar los esfuerzos exclusivamente en la lucha contra la pandemia y dejar de lado el resto de amenazas que afrontan los países en desarrollo. En muchos de ellos la incidencia no es, al menos de momento, tan significativa, y pueden sentir la presión para reorientar su labor en este sentido. Las organizaciones no especializadas en salud corren el riesgo de quedarse fuera del circuito del nuevo modelo de ayuda y de no encontrar las fuentes de financiación necesarias para atender la creciente demanda de la población vulnerable y de las continuas crisis humanitarias.

Una de las primeras medidas que se han adoptado ha sido la paralización de los procesos administrativos en los países emisores de ayuda. Esto implica que, al menos durante el tiempo que duren los estados de alerta, la imputación de gastos a los proyectos en curso se verá condicionada. Esta medida afecta tanto al mantenimiento de sedes y personal en los países receptores como al funcionamiento de las organizaciones en los países donantes.

Para reducir el impacto de la pandemia en los grandes sectores en los que interviene la cooperación internacional se debe garantizar la continuidad de las acciones ya iniciadas y que, a su vez, contribuyen a reforzar la capacidad de resiliencia de la población vulnerable. Entre las líneas prioritarias destaca la lucha contra la desnutrición y la malnutrición mediante programas de seguridad alimentaria y desarrollo rural, así como a través del reparto de víveres, garantizando una gestión transparente en los procesos de licitación impulsados por los gobiernos. Una alternativa a ello son las transferencias de efectivo, que permiten a las familias con menos recursos contar con liquidez para adquirir los alimentos y productos de primera necesidad en función de sus necesidades.

Garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento es otro de los ejes esenciales en la lucha contra cualquier enfermedad. Evitar las aglomeraciones en los pozos comunitarios y proveer a la población de estos recursos esenciales en cantidad y calidad suficientes resulta imprescindible tanto para la salud individual como para la prevención comunitaria.

Los programas educativos tampoco deben descuidarse. Las medidas especiales adoptadas por los diferentes estados han promulgado el cierre inmediato y por tiempo indefinido de los centros formativos. Poner en suspenso la educación o dar por perdido el curso escolar provocará, sin duda, un considerable retroceso en los avances alcanzados hasta la fecha y futuros abandonos escolares precisamente del grupo de población con menos opciones de capacitación.

Otro de los sectores con más riesgo de sufrir un retroceso es el relativo a la igualdad de género y contra el maltrato femenino. Si bien es cierto que son los hombres los más afectados por el virus, el mayor porcentaje de personas que trabajan en primera línea (servicios de limpieza, supermercados, atención sanitaria primaria, etc.) son mujeres, por lo que están más expuestas al contagio. Y en el caso de las que deben quedarse en casa, están sufriendo un aumento de la violencia de género. Permanecer encerradas con su agresor las hace aún más vulnerables y limita sus posibilidades de pedir ayuda.

El impacto de la pandemia sobre las mujeres también es perceptible en los sectores formales e informales de la economía por la destrucción de empleo. Son ellas las más dependientes de la economía sumergida, por lo que resulta imprescindible seguir implementando planes de creación de empleo y promoción del autoempleo para que el conjunto de la población vulnerable cuente con las herramientas que les permitan afrontar el periodo de recesión económica que ya ha comenzado.

Y, por supuesto, seguir invirtiendo en la promoción del acceso a la salud para todos los sectores de la población. El trabajo que las ONG especializadas vienen realizando en mejorar los sistemas de salud pública no se puede frenar. El intercambio de conocimientos, la dotación de equipos médicos, la investigación de ésta y del resto de enfermedades, la movilización de recursos y una gestión eficaz y transparente de los mismos son algunos de los ejes en los que se debe seguir apostando.

La estrategia debe estar clara, pero no es sencilla. Acompañar a los más vulnerables es éticamente necesario, pero también nos ayudará a conseguir un mayor equilibrio global que nos permita estar más preparados para hacer frente a ésta y a las amenazas que vendrán.