Hace poco más de un año, al salir de la pandemia y afrontando la dura crisis inflacionaria, el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, vaticinaba en su país el fin de la abundancia y de la despreocupación…
Con esto no quiso anunciar el final de una época en la que cada uno vive personalmente en la opulencia (todo el mundo sabe que no es así), sino el cambio de un régimen económico en el que los recursos están disponibles en abundancia a un régimen en el que los recursos son escasos y por lo tanto más caros. Porque cuando habla de abundancia, el presidente francés también habla de dinero público e inversión estatal, y augura un cambio de tendencia, que podría venir acompañado de una vuelta a políticas de rigor, de austeridad y de sacrificios adicionales.
Este cambio ciertamente conducirá a una forma de vida occidental más sobria, una forma de vida que muchos han estado pidiendo desde hace mucho tiempo, por razones ecológicas. Ante el colapso de la biodiversidad, el sobreconsumo de los recursos del planeta y el calentamiento global, la sobriedad debería ser, una meta por la que luchar para que toda la humanidad pueda seguir viviendo con dignidad.
Sin duda, hay motivos estructurales, climáticos, sociales, demográficos y tecnológicos que podría sostener la actual crisis inflacionaria o al menos que los precios de muchos bienes de primera necesidad pueden mantenerse en un nivel bastante elevado. Una dinámica que no encuentra una correspondencia en los ingresos de los trabajadores y, por tanto, podría abundar en la pauperización de gran parte de la población.
En paralelo a esto, es cierto que la ciudadanía occidental está poco a poco tomando conciencia de que el paradigma de una sociedad basada en un crecimiento infinito y sostenido en el tiempo, ya no puede tener cabida. Al menos tendremos que ir orientándonos hacia un crecimiento sostenible económica y socialmente. Eso sí un crecimiento inclusivo, pero para ello es primordial considerar la igualdad de oportunidades durante el crecimiento económico para todos los que participan en la economía. En otras palabras, requiere a priori de una integración social suficiente para participar plenamente en la sociedad.
Por su parte, España es una sociedad globalmente rica, que dedica una parte importante de sus recursos a la protección social. Sin embargo, son muchos los análisis que nos reafirman que la pobreza persiste en los periodos de bonanza económica y aumenta de forma notable en los periodos de crisis, y esto se relaciona principalmente con la debilidad de nuestro modelo de protección social y, en especial, de nuestro modelo distributivo. La desigualdad se mantiene alta a lo largo de los años y a pesar de sucesivos procesos de recuperación económica que hemos dicho no son capaces de reducir las brechas, sino que éstas se cronifican en niveles preocupantes, en particular para los grupos poblacionales más frágiles.
Y son precisamente estos grupos poblacionales, que no pueden cubrir sus necesidades más básicas, se ven obligadas a realizar una serie de difíciles arbitrajes, responder a dilemas imposibles entre calentar la vivienda o comer menos productos frescos y saludables… todas ellas estrategias que generan tensiones, incertidumbre y sufrimiento para todos los miembros de la familia.
Dicho de otra manera, es imprescindible repensar cómo gastamos y distribuimos los recursos disponibles y las riquezas que generamos para responder a diversos imperativos. Pero esto debe de hacerse siempre incluyendo la idea de suficiencia de los más frágiles, porque no basta con tener lo justo y estrictamente necesario. Tenemos que exigir y apelar por que se proteja y garantice el derecho a un nivel de vida adecuado. Para ello, tenemos que pensar qué se necesita para cubrir los gastos necesarios e imprevistos, pero incorporando la noción de holgura, es decir favorecer vivir en condiciones dignas que nos permitan tomar decisiones adecuadas sobre nuestra existencia y percepción del mundo.
La relación entre una vida digna y la cobertura de necesidades básicas es estrecha. Por tanto, debe reconocerse y defenderse la ineludible dignidad de toda persona, que debe materializarse en el reconocimiento y promoción de los derechos humanos. Para que nadie quede socialmente excluido, el Estado, junto a todos los agentes de la sociedad civil, debe permanecer presente y activo al servicio del bien común, orientados al bien de las personas, en particular de las más vulnerables. Además, cada persona tiene la responsabilidad de decidir si quiere vivir con holgura o abundancia a costa de los demás. En este sentido, fortalecer los mecanismos de inclusión de la ciudadanía en nuestra sociedad requiere también de decisiones personales que permitan re-vincularnos como comunidad y ciudadanía.
En nuestro país, el sistema de protección social y, más específicamente, las prestaciones que forman la última red de garantía de ingresos se mantienen como un factor determinante de las condiciones de vida y la suficiencia de las rentas de los hogares. Y la sostenibilidad de este sistema se encuentra estrechamente condicionado a la capacidad que tengamos para desarrollar una pedagogía fiscal que nos permita tomar conciencia de que un mejor Estado de Bienestar necesita que todos seamos conscientes de sus costes y de las seguridades que nos ofrece. Y en este proceso cabe plantearse la necesidad de acometer una reforma en profundidad del sistema fiscal y redistributivo.
En definitiva, para hacer frente a los grandes retos globales, y hacerlo luchando eficazmente contra diferentes manifestaciones de la desigualdad, es necesario combinar diferentes instrumentos de política orientada a la construcción de una sociedad más equitativa y cohesionada que pase irrevocablemente y ante todo por exigir la protección y garantía de los derechos humanos, en particular para los sectores más frágiles y expulsados de la población. Pero también es fundamental que tomemos conciencia como sociedad y como comunidad para favorecer esa transformación social.
Hernán Fioravanti, Andrea Ariza, Lluís Benlloch y Mireia López, miembros de La Dula cooperativa de investigación social y acción comunitaria
Puedes encontrar a la cooperativa La Dula en su web, en Twitter, Facebook e Instagram.
La vivienda pública es uno de los principales mecanismos con el que cuentan las instituciones públicas a la hora de garantizar el derecho a la vivienda y revertir algunas de las desigualdades sociales y territoriales que atraviesan nuestras sociedades. Al mismo tiempo, si las políticas de vivienda pública no siguen lógicas de redistribución social y reducción de las desigualdades, se corre el riesgo de que se conviertan, paradójicamente, en un factor que reproduce dinámicas de segregación y exclusión social. Es por ello, que el objetivo de este artículo es reflexionar sobre algunos de los retos que enfrentan hoy en día las políticas de vivienda pública en el contexto español, así como ofrecer algunas claves de intervención para el futuro.
Este artículo se basa en los resultados de dos estudios realizados por la cooperativa de investigación social La Dula, en colaboración con la Cátedra de Vivienda y Derecho a la Ciudad de la Universidad de Valencia: Vivienda pública y mezcla social: análisis y propuestas por unos entornos de vivienda pública más justos (2022) y El Derecho de Tanteo y Retracto en el marco de las políticas de vivienda pública: implicaciones sociales y territoriales en el contexto valenciano (2023). Se trata de dos estudios etnográficos que analizan diferentes dimensiones de las políticas de vivienda pública en el contexto valenciano, pero con reflexiones que pueden hacerse extensibles a otros territorios del Estado español.
A partir de las conclusiones de estas investigaciones, en este artículo proponemos tres grandes retos para una agenda de vivienda pública centrada en la reducción de las desigualdades. Antes de pasar a desgranarlos, consideramos necesario apuntalar dos claves que definen nuestra manera de entender la vivienda. Por un lado, se trata de un derecho básico y un determinante social de la salud, por lo que la actual crisis habitacional tiene importantes repercusiones psicosociales que requieren de una urgente respuesta pública. Por otro lado, concebimos el derecho a la vivienda como algo indisociable del derecho a la ciudad, en la medida en que la vivienda no solo permite cubrir necesidades materiales básicas, sino que es un elemento clave a través del cual nos vinculamos al entorno barrial, desplegamos redes de relaciones vecinales y tejemos identidades compartidas.
El parque de vivienda pública español se ha caracterizado, de forma mayoritaria, por importantes dinámicas de abandono y segregación. El modelo más común ha sido el de grandes bloques de viviendas de bajo coste heredados del franquismo o construidos durante la década de los ochenta. Inmuebles obsoletos y de calidades constructivas deficitarias, que la falta de gestión e inversiones públicas ha llevado a un mal estado de conservación. Bloques que, en muchos casos, además, se han ubicado en barrios periféricos caracterizados por el estigma territorial, la concentración de la pobreza y la segregación de poblaciones de etnia gitana y origen extranjero.
En los últimos años, en el marco del nuevo ciclo político iniciado en 2015, las administraciones públicas de territorios como el valenciano han dedicado importantes esfuerzos a revertir esta situación. Por un lado, han comenzado a dedicarse algunas inversiones a la rehabilitación de edificios de vivienda pública degradados, si bien el estado de abandono es tan generalizado que aún resta mucho por hacer. Consideramos que invertir en el mantenimiento material del parque de vivienda pública ha de continuar siendo una prioridad de las instituciones públicas, ya que las condiciones materiales no solo tienen un impacto directo en el bienestar y la dignidad de quienes las habitan, sino que además inciden en las dinámicas de convivencia y conflicto que caracterizan estos edificios y barrios.
Por otro lado, también se han comenzado a dedicar recursos a una mejor gestión del parque público, como evidencia la contratación por parte de la empresa gestora del parque autonómico valenciano de un servicio de atención de proximidad e intervención social, el cual actúa en los barrios de mayor complejidad afectados por las dinámicas previamente descritas. Dejando a un lado las contradicciones que puede suponer la externalización de un servicio de este tipo, se trata de una iniciativa que consideramos que debería mantenerse en el futuro, en la medida en que puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de quienes residen en vivienda pública, en su mayoría perfiles sociales en situación de vulnerabilidad con los cuales es fundamental trabajar de forma coordinada y con una perspectiva social y comunitaria. En este sentido, resulta clave que estos programas vayan más allá de un enfoque asistencial o de mediación en situaciones de conflicto, impulsando procesos de trabajo comunitario y fomentando espacios compartidos de encuentro que puedan resultar transformadores.
Además, el parque de vivienda pública español se caracteriza por ser uno de los más reducidos del contexto europeo, representando a penas un 2,5% del total de viviendas, muy por debajo de otros territorios como Países Bajos (30%), Austria (24%) o Dinamarca (20,9%) (Dirección General de Vivienda y Suelo, 2020). Un déficit estructural que se debe en gran parte al modelo de viviendas de protección oficial para la compra-venta, el cual ha supuesto una continua pérdida y privatización de las inversiones públicas realizadas en este ámbito a lo largo de las últimas décadas (Pareja y Sánchez, 2017).
El nuevo ciclo político vivido en algunas comunidades autónomas en los últimos años ha supuesto también un punto de inflexión en este sentido (Paleo y Quintiá, 2020). Gobiernos como el de la Generalitat Valenciana han comenzado a dedicar notables recursos a la ampliación del parque público, así como a la consolidación de un modelo que priorice el alquiler y garantice la cualificación permanente de las viviendas públicas. Otro objetivo que a nuestro parecer debe situarse entre las prioridades de la agenda pública, en la medida en que revertir décadas de déficit estructural exige una fuerte apuesta política a largo plazo.
Entre las múltiples estrategias movilizadas para aumentar el parque público (promoción pública, compra directa, concurso, etc.), el Derecho de Tanteo y Retracto se ha convertido en uno de las más eficaces. Los derechos de adquisición preferente de las administraciones públicas se han ampliado en algunas comunidades autónomas a casos de procesos hipotecarios y grandes operaciones inmobiliarias. En particular, el estudio realizado en el contexto valenciano ha permitido evidenciar que se trata de una de las herramientas que está permitiendo aumentar el parque público de forma más ágil y económica, al mismo tiempo que permite intervenir en situaciones de emergencia habitacional.
Además, el estudio pone de relieve que también está contribuyendo a generar un parque público con una mayor descentralización y protagonismo de las administraciones municipales, cuestiones que pueden ser fundamentales a la hora de abordar algunas de las problemáticas mencionadas. Al mismo tiempo, están emergiendo nuevos retos, entre los que destacan la necesidad de una planificación estratégica de ampliación del parque público que vaya más allá de las oportunidades de compra que se dan en el mercado inmobiliario, destinar mayores recursos económicos y humanos para gestionar un parque público cada vez más amplio y distribuido, y la necesidad de una mayor coordinación entre las administraciones autonómicas y los diferentes agentes locales involucrados.
Por último, queremos destacar la importancia de emprender acciones públicas orientadas a fomentar una mayor diversidad del parque público y de quienes lo habitan. La ampliación mediante la herramienta del Tanteo y Retracto también resulta de interés en este sentido, ya que está contribuyendo a una mayor distribución territorial y diversidad tipológica, y permitiendo que el sistema de vivienda pública llegue a municipios que previamente contaban con un reducido o nulo parque público. Al mismo tiempo, también se detectan casos en que las adquisiciones realizadas se ubican en los mismos barrios segregados donde ya se concentra la vivienda pública, lo que podría contribuir a reproducir dinámicas de segregación y exclusión residencial previamente existentes.
Además, la ampliación y diversificación del parque público también está ayudando a fomentar la mezcla social, un concepto controvertido que pensamos que puede resultar de interés si se orienta a garantizar que los colectivos más empobrecidos no sean relegados a barrios periféricos y estigmatizados. La aplicación del Tanteo y Retracto también resulta de interés en este sentido, como ilustra el caso valenciano donde esta cuestión se está fomentando de dos maneras. Por un lado, muchas adquisiciones se encuentran en edificios donde hay también vivienda privada, lo que provoca una convivencia a nivel de edificio, no exenta de retos, entre propietarios privados e inquilinos de vivienda pública. Por otro lado, en algunos procesos de adjudicación se están aprobando declaraciones de excepcionalidad, lo cual permite incluir otros criterios (situaciones de emergencia residencial, jóvenes, gente mayor, diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia machista, población con rentas de trabajo, etc.) y fomentar, por lo tanto, la convivencia de perfiles sociales más diversos.
Los casos analizados muestran que diversificar los perfiles de residentes en vivienda pública es clave a la hora de evitar dinámicas de segregación, pero, al mismo tiempo, dar respuesta a las necesidades habitacionales de los colectivos más vulnerables no debe dejar de ser la prioridad de las políticas de vivienda pública (Arthurson, Levin y Ziersch, 2015). En este sentido, consideramos fundamental que las iniciativas de mezcla social impulsadas en el ámbito de la vivienda pública se realicen desde una perspectiva interseccional y centrada en las desigualdades. Se deben evitar propuestas de mezcla social centradas en lo que parece una suerte de diversidad cómoda, en las cuales existe el riesgo de desdibujar ejes de desigualdad como la clase social, el origen o la etnicidad, centrales en las dinámicas de exclusión residencial.
En conclusión, consideramos que la vivienda pública es una herramienta fundamental a la hora de fomentar el derecho a la vivienda y dar respuesta a la fuerte crisis habitacional que atraviesa el Estado español en los últimos años. Pero no solo eso, sino que pensamos que continuar actuando en torno a los diferentes retos señalados en este artículo puede contribuir a que el sistema de vivienda pública funcione como lo que pensamos que debe ser ante todo: un mecanismo capaz de reducir las desigualdades, redistribuir la riqueza y fomentar el derecho a la ciudad.
Arthurson, K.; Levin, I.; Ziersch, A. “Social mix, ‘[A] very, very good idea in a vacuum but you have to do it properly!’ Exploring social mix in a right to the city framework”. International Journal of Housing Policy, 15(4), 2015; p. 418-435.
Dirección General de Vivienda y Suelo, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín especial vivienda social 2020. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2020.
Fioravanti, H.; Ariza, A.; Benlloch, L.; López, M. El Dret de Tanteig i Retracte en el marc de les polítiques d’habitatge públic. Implicacions socials i territorials al context valencià. València: Càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat, 2023.
Fioravanti, H.; Benlloch, L.; López, M.; Ariza, A. Habitatge públic i mescla social. Anàlisi i propostes per uns entorns de vivenda pública més justos. València: Càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat, 2022.
Paleo Mosquera, N.; Quintiá, A. Las políticas de vivienda desde una perspectiva multinivel: un análisis comparado de la legislación autonómica. En N. Paleo Mosquera y A. Nogueira López (Eds.), Políticas y derecho a la vivienda: gente sin casa y casas sin gente (pp. 309–349). Valencia: Tirant Lo Blanch, 2020
Pareja-Eastaway, M.; Sánchez-Martínez, T. “More social housing? A critical analysis of social housing provision in Spain”. Critical Housing Analysis, 4(1), 2017; p. 124-131.
Andrea Martín Gallego. MA in Social Science. Universidad Carlos III- Instituto Juan March
Puedes encontrar a Andrea en Twitter y Linkedin.
Los sistemas democráticos no surgen ex nihilo. Estos han sido diseñados en momentos históricos concretos por actores políticos con intereses personales y colectivos, modelando los proyectos para generar lo que consideran óptimo. Las instituciones cumplen funciones latentes y manifiestas contribuyendo a la transformación o reproducción del status quo. Al centrar los análisis en los outputs electorales perdemos de vista los procesos y dinámicas políticas que los encuadran y generan (Moreno Pestaña 2021).
Un análisis rico y realista de los resultados será aquel que discuta los factores estructurales que interaccionen con los sistemas representativos para dar cuenta de la generación de bolsas de ciudadanía pasiva en España. En otras palabras, aquellos que contemplen la falta de integración social como motor de la apatía política.
En las sociedades occidentales las democracias se han configurado como sistemas políticos que permiten a la ciudadanía cambiar el gobierno mediante la participación en las elecciones. Consecuentemente, quienes participan en los comicios tienen más probabilidad de ver sus demandas representadas, interviniendo directa o indirectamente en la toma de decisiones (Lipset 1959). Para que el funcionamiento sea óptimo, quienes están dentro del sistema parlamentario han de considerar las demandas de los votantes; por el contrario, la ciudadanía ha de asumir críticamente las decisiones tomadas por los políticos (íbid.). Esta teoría, sin embargo, no se refleja fielmente en la práctica (gráfico 1).
Los sistemas democráticos en los que el voto es la forma hegemónica de participación política asumen que la norma es acudir a los comicios. La otra cara de la moneda, la abstención electoral, es una desviación de la virtud democrática de la ciudadanía. La apatía política no se distribuye aleatoria ni homogéneamente entre los estratos sociales, formándose bolsas de ciudadanía pasiva con características notablemente distintas a aquellas que sí participan. Acudir a los comicios o participar en política no está exclusivamente motivada por razones utilitarias (Linz & Stephan 1996), sino que las estructuras sociales facilitan o dificultan la estabilidad, eficacia y eficiencia de los sistemas democráticos. Por tanto, las explicaciones para la ausencia de ciertos sectores sociales en la vida política vertebradas por un solo factor, ya sea económico, ideológico o la voluntad individual, son parciales al carecer de visión panorámica y aproximación sociológica (Sen 1992).
El abstencionismo es un comportamiento político preocupante tanto por la omisión de demandas de la ciudadanía pasiva como por el peso extraordinario que tiene el voto de aquellos que sí lo hacen. El desbalance participativo junto a las diferencias sociales y económicas de cada bloque se traducen en un cortocircuito representativo en la toma de decisiones y la distribución de sus consecuencias, como el impacto de las externalidades positivas y negativas de las decisiones económicas, laborales o ambientales. Para llenar las democracias formales de significado práctico y político es necesario conocer las dinámicas sociales y los mecanismos institucionales y organizacionales que generan desigualdades jalonando el ideal representativo (Moreno Pestaña 2021).
Las personas excluidas políticamente, los abstencionistas, no se involucran en partidos u organizaciones del tercer sector y tampoco son representantes políticos, suelen encontrarse en situación de exclusión social. El carácter dinámico, multidimensional y procesual de la exclusión social (FOESSA 2019b) hace que personas que siguen distintos itinerarios exclusógenos acaben manifestando comportamientos políticos parejos. Precisamente, reconocer la entidad de la exclusión social como fenómeno social y decisión política es crucial para no asociar espuriamente factores que pueden influir en los procesos y resultados electorales.
La abstención trasciende las barreras electorales y permea en todos los tipos de participación política. Parece ser que las personas en situación de exclusión social también son menos tendentes a involucrarse en asociaciones del tercer sector, promover iniciativas ciudadanas y ser miembros de partidos políticos y sindicatos (FOESSA 2019a; Justel 1990; Trujillo & Gómez 2011). Es decir, no solo las personas en situación de exclusión social no son representantes si no que están infrarrepresentadas a través de todas las vías de participación política.
Tras la celebración de las elecciones municipales y algunas autonómicas el pasado 28 de mayo todas las miradas y los análisis tratan de vaticinar los resultados de los comicios nacionales del 23 de julio. Todas las lecturas de la pasada y futura jornada electoral están vertebrados por la división exacerbada de los partidos de derechas e izquierdas, así como la importancia del bloque abstencionista.
En las últimas elecciones la tasa de abstención fue la más alta desde el año 2007, habiendo 104 municipios en los cuales el 50% de la población no acudió a las urnas (Sangiao 2023). Para explicar la pasividad ciudadana se ha recurrido al castigo de los votantes de izquierdas, la desafección política generalizada y a la privación material. Todos estos factores dan cuenta parcialmente del fenómeno, pero la discusión es más exhaustiva al observar las motivaciones abstencionistas desde las distintas dimensiones de la exclusión.
Hay un vasto corpus teórico señalando a la pobreza y a la exclusión social como motores abstencionistas (Geys 2006; Riba & Cuxart 2000; Wolfinger & Rosenstone 1980). Estos conceptos están interrelacionados, pero debemos reconocer su singularidad para poder abordarlos de forma separada. El concepto de exclusión se escinde del de pobreza dado que al profundizar en el segundo se observa la emergencia del primero. Este incluye a personas socialmente vulnerables sin sufrir necesariamente privación económica severa.
El nivel de conflictividad en el barrio y dentro del hogar, el estado y propiedad de la vivienda, situación laboral, estado de salud, nivel educativo o el grado de involucración en la comunidad son los factores exclusógenos con los que FOESSA clasifica a las personas en el continuo de integración y exclusión. Esta variedad evidencia la diversidad de itinerarios de exclusión posibles en un contexto donde la propiedad de la vivencia es un tema candente, desmantelamiento de la salud pública y desaparición de la función integradora del trabajo (Laparra 2001). Con ello sugiero que las personas en situación de exclusión social pueden ser muy distintas ente sí, pero todas coinciden en no encontrarse perfectamente integradas en las sociedades, no siendo partícipes de su vida pública.
En cuanto estas divisiones entre excluidos e integrados políticamente cristalizan, los primeros están sistemáticamente infrarrepresentados redundando en la sobrerrepresentación de los segundos, quienes tienen con más recursos económicos, socio-relacionales y políticos. El último recurso mencionado es especialmente interesante dado que quienes más declaran no participar en las elecciones nacionales en las encuestas de FOESSA, la mayor parte no se definen ideológicamente, ya sea porque no saben o no contestan (gráfico 2). Asimismo, también es menos probable que tomen parte de iniciativas ciudadanas, menos aún en sindicatos o partidos políticos. Las personas en situación de exclusión social parecen contar con menos recursos y facilidades para configurar su ideología, no contando con los recursos internos ni externos que motiven su activación política.
Estar incluido en la sociedad, participar de ella y contribuir con la configuración de los espacios públicos y políticos, es fundamental para sentirse capaz y motivado para intervenir en la vida política. Las maneras de conseguirlo son tan diversas como los itinerarios exclusógenos. Las alternativas son diversas, como por ejemplo eliminar trabas burocráticas, favorecer la accesibilidad en las ciudades, frenar el desmantelamiento de los servicios sanitarios y educativos o promover la creación de iniciativas ciudadanas (FOESSA 2019; Moreno Pestaña 2021).
De cara a las próximas elecciones y debates sobre los sistemas representativos y gubernamentales sería interesante incluir nuevas líneas argumentales. Además de prestar atención a la ubicación ideológica individual en el espectro de izquierda y derecha es necesario considerar cómo la jerarquización de las instituciones y organizaciones políticas condicionan igualmente la abstención. Se debe visibilizar y poner en valor las plataformas locales y movimientos sociales dado que favorecen el acceso del grueso de la ciudadanía en procesos decisivos y de intervención social. La abstención electoral es el síntoma más sangrante de la exclusión política, pero no por ello han de desatenderse otros indicadores del desafecto con el sistema político y representativo.
La exclusión política es un cortocircuito democrático; la inclusión social parece ser de los pocos antídotos contra ello.
FOESSA. (2019a). Desigualdad Y Participación Política. Madrid: FOESSA
FOESSA. (2019b). VIII informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Madrid: FOESSA.
Geys, B. (2006). Explaining voter turnout: A review of aggregate-level research. Electoral Studies, 25:637-663.
Justel, M. (1990). Panorama de la abstención electoral en España. Revista de Estudio Políticos (Nueva Época), 68:343-396.
Laparra, M. (2001). Una Perspectiva De Conjunto Sobre El Espacio Social De La Exclusión en Pobreza y exclusión: la ‘malla de seguridad’ en España, editado por L. Moreno. Madrid: CSIC Politeya.
Linz, J. J., & Stepan, A. C. (1996). Toward consolidated democracies. Journal of Democracy, 7(2), 14-33. doi:10.1353/jod.1996.0031
Lipset, S.M. (1960). Political Man: The Social Basis of Politics. New York: Double-day.
Moreno Pestana, J.L. (2021). Los pocos y los mejores. Madrid: Akal.
Sangiao, S. (2023) ‘La España que no vota: en 104 municipios se abstuvo más de la mitad de la población.’, El Público. https://www.publico.es/politica/espana-no-vota-104- municipios-abstuvo-mitad-poblacion.html
Riba, C., & Cuxart, A. (2000). Associationism and electoral participation: a multilevel study of 2000 Spanish general election. Journal of Economic Literature Classification:1- 33.
Sen, Amartya. 1992. Sobre conceptos y medidas de pobreza. Comercio Exterior, 42(4):310-322.
Trujillo Carmona, M., & Gómez Fortes, B. (2011). Los excluidos también pueden votar: abstención y exclusión social en España. Fundación Alternativas.
Wolfinger, R. E, & Rosenstone, S. J. (1980). Who Votes?. New Haven: Yale University Press.
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Antonio Izquierdo Escribano, Catedrático de Sociología de la Universidad de A Coruña.
Me propongo dialogar con los lectores sobre un malestar que nos aqueja como sociedad. Aún no sé cómo medirlo, pero sí como expresarlo. Me inquieta que nos importen más las palabras que los hechos y que los gritos ahoguen los razonamientos. Que nos entreguemos en cuerpo y alma al poder de las gargantas y de la propaganda, en lugar de atender al pensamiento y la ciencia. Que prevalezca con tanto descaro la cultura de la declaración frente a la cultura de la experiencia.
En el mes de mayo hemos vivido dos acontecimientos que revelan la fuerza de la cultura para dividir a las personas. Uno ha sido el racismo en el fútbol y otro la supuesta inmortalidad del terrorismo etarra. Un racismo primario que se cimenta en el color de la piel. Y una herencia sanguinaria que persigue a los descendientes hasta el fin de sus días. Son dos mecanismos culturales para jerarquizar a los grupos humanos.
Cuando etiquetamos según una única categoría falseamos la realidad porque todos tenemos varias afiliaciones y formas de identificación. Mujer, madre, viuda, limpiadora, católica, andaluza, etcétera. Marcar a una población por el color o por un pasado tiene serias consecuencias para sus vidas ¿Expulsarlos, ilegalizarlos? Pero además cualquier clasificación rígida que reduce la diversidad y la pluralidad de las gentes a una dimensión asfixia el conocimiento. No es sólo un error político y ético sino también epistemológico.
La racialización y la mistificación de ETA expresan la fuerza de la agresión cultural. Una muchedumbre violenta ha gritado mono y tonto a un jugador negro. Y una masa mediática ha ahogado la voz particular de los municipios. La realidad es que ninguno de estos hechos sirve para que mejore el equipo de fútbol ni la calidad de nuestra vida cotidiana. Me pregunto a qué obedece esta explosión de individualismo zoológico y de agresividad electoral. Lo cierto es que nuestra democracia actúa más como una concha que como una esponja. Elegimos repeler antes que absorber.
Hasta hace poco, el trabajo se bastaba para integrarnos en la sociedad. Ya no. El trabajo no da para mantener el decoro ni para elaborar la identidad. No cubre las necesidades básicas ni nos permite elegir la manera como nos vemos. No podemos pagar vivienda, comida y medicamentos, ni tampoco cultivar nuestra imagen como consumidores. La clase social pierde fuelle ante la estratificación del poder de compra y el estado de derecho no consigue moderar el rechazo cultural y la desigualdad económica.
En esta situación el miedo social busca un flotador identitario (ideológico o racial) para evitar que la humillación laboral nos separe de la sociedad. Ese salvavidas es el de una marca cultural dominante. Eso explica que el censo electoral tenga más fuerza identitaria que un censo demográfico. El paso siguiente es el de negarle al inmigrante la ciudadanía o distinguir entre buenos y malos españoles. El color de la piel o las banderas se utilizan para comerciar con los sentimientos y obtener un beneficio.
Los dos episodios que nos ocupan (el racismo y el nacionalismo furioso) revelan un deslizamiento de la cuestión social hacia la división cultural. La exclusión cultural implica apartar a seres humanos de los compromisos y hábitos en los que nos reconocemos. Desligarlos de lo que es común a nuestra humanidad que no es otra cosa sino la pluralidad de identidades, es decir, el ser diversamente diferentes. Los marcadores culturales (idioma, religión, jerarquía racial, alimentación, costumbres, etcétera) evolucionan con el tiempo y las circunstancias.
En los informes Foessa nos preocupamos por medir las privaciones que amargan nuestras vidas. A eso le llamamos exclusión social. Distinguimos ocho dimensiones que condensan las desgracias que afligen a los hogares. Dos de esas brechas son la participación política y la conflictividad social. Ambas dan lugar a prácticas culturales que incluyen o excluyen. El racismo y la estigmatización del pasado son dos prácticas culturales que envenenan la convivencia y desvirtúan el objeto de la votación.
Entonces, ¿a qué llamamos cultura?
Las dos ideas más comunes de cultura nos hablan de obras espléndidas y de un conjunto de valores y costumbres. Hay una tercera acepción que es la cultura del consumo. Vivir para comprar. Y aún podríamos añadir una cuarta voz, a saber, el proceso de desarrollo espiritual que amuebla la cabeza masticando las experiencias. De todas un poco y de ninguna en exceso.
Desde estos supuestos culturales integraría tanto los hábitos que aplicamos en la vida cotidiana como el patrimonio acumulado en la sucesión de generaciones. Una forma de vivir, de pensar y de comunicarnos donde la palabra y la experiencia son prácticas culturales que nos juntan o separan.
Me inquieta que la realidad virtual o la inteligencia artificial nos insensibilicen ante la experiencia que hemos vivido en los últimos años. Los trabajadores inmigrantes recogieron y transportaron los alimentos durante el confinamiento; y la política de los ERTES o la subida del salario mínimo protegieron a los más vulnerables en la pandemia. Estoy cuestionando la metamorfosis de la cuestión social en exclusión cultural.
Es verdad que la masa que asiste a los encuentros de fútbol no refleja a la población española por edad, sexo o clase social. Al fútbol no van las élites, ni los pobres, pero sí las clases medias inseguras. Esas que votan contra la inmigración en toda Europa. También es cierto que más de un tercio de la población se ha desentendido de las elecciones municipales y que a los inmigrantes no se les considera ciudadanos con derecho a voto. Esto supone que más del 40% de la población adulta no se siente políticamente incluida. La mayoría de los desafectos son ciudadanos de título, pero no de hecho. Los otros ni eso.
Sabemos que en los sucesos de mayo de 2023 se combinan, en dosis distintas, la cuestión social y la exclusión cultural, pero mi conclusión es que los impulsos identitarios que nos separan se han impuesto a las razones solidarias que nos integran.
Esteban Buch Sánchez. PhD. en Trabajo Social. Coordinador General Diaconía España. .
Cristina Yebra Gómez. Especialista en prevención del suicidio. Coordinadora del proyecto Zoé (prevención del suicidio), Diaconía España.
Vilma Hidalgo López-Chávez. PhD en Psicología. Técnica de Proyectos de Diaconía España.
Puedes encontrar a Esteban Buch en Linkedin, Google Académico y ReasearchGate; a Cristina Yebra en Linkedin y a Vilma Hidalgo en Linkedin y ReasearchGate.
Son muy limitadas las iniciativas sociales que aborden la prevención del suicidio como un objetivo de la intervención con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. La comprensión del suicidio se ha complejizado en el ámbito de la construcción de conocimiento científico; pero en la práctica profesional, persiste como un problema de salud, a solucionar desde perspectivas disciplinares que fragmentan un fenómeno que es de naturaleza multidimensional, donde confluyen múltiples factores en relación y sobre el cual, las desigualdades sociales, las condiciones de pobreza, exclusión social y situaciones de vulnerabilidad, tienen una notable y reconocida influencia.
En ese sentido, durante la experiencia de trabajo en Diaconía con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad se ha identificado la necesidad de la cuestión del suicidio como una problemática que necesariamente debe estar presente en las estrategias de intervención en el ámbito de la acción social.
De acuerdo con lo anterior, es necesario abordar el suicidio desde las problemáticas que rodean a las personas en condición de vulnerabilidad. Estudios realizados en diversos países han demostrado que en los períodos de crisis e inestabilidad económica se tienden a intensificar los indicadores de suicidio. Entre otros, se hace referencia a la cronificación de la pobreza, los desahucios, ejecuciones hipotecarias, migraciones forzosas, la falta de vivienda accesible, la precariedad laboral y el desempleo de larga duración (Navarrete, Herrera y León, 2019). El impacto emocional de estas circunstancias trae aparejado vivencias asociadas al sufrimiento, la desesperanza, la pérdida del control sobre la vida, el quiebre de proyectos futuros y con ello, experiencias subjetivas desencadenantes de alteraciones emocionales y conductas de riesgo que pueden precipitar el acto suicida.
Otros estudios registran una fuerte correlación entre el desempleo de larga duración y los factores de riesgo de suicidio. Crawford y Prince (1999), constataron el aumento de las tasas de suicidio en jóvenes hombres desempleados que vivían en condiciones de extrema privación social. Por su parte, Nordt, Warnke, Seifritz y Kawohl (2015), tras analizar los datos de 63 países de todo el mundo en el año 2000 y 2011 evidenciaron que una de cada cinco personas que se quita la vida, lo hace por causas relacionadas con el desempleo, aunque este comportamiento tiene diferente impacto y grados de expresión según el entorno. En términos porcentuales, The Lancet Psychiatry (2011), estimó que el aumento del riesgo relativo asociado al desempleo oscila entre un 20%-30%.
Esta relación entre factores de exclusión y riesgo de suicidio también ha sido constatada desde la experiencia de Diaconía en la atención con colectivos en situación de vulnerabilidad, específicamente con mujeres víctimas de trata y explotación sexual, solicitantes de asilo y protección internacional y personas migrantes, personas en situación de sinhogarismo. Es necesario resaltar que sobre este tema la producción del conocimiento ha sido limitada. Por lo general, la literatura profundiza en los efectos de las desigualdades sociales y situaciones de exclusión sobre la salud mental, relegando a un segundo plano al suicidio como objetivo central de investigación.
Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género se encuentra detrás del 25% de los suicidios de mujeres y el riesgo de ideación suicida es hasta 12 veces superior en las mujeres la vivencian. Este comportamiento resulta relevante cuando se conoce que, en España, entre un 15 y un 20 por ciento de las mujeres ha sido víctimas de violencias y de ellas, un 60% presentan problemas psicológicos graves o moderados. Un estudio realizado sobre esta problemática demostró que el 80% de las víctimas de violencia de género habían pensado en el suicidio como única opción de salir de su situación y que, de ellas, un 65% había tenido uno o más intentos autolíticos (Observatorio de Salud de la Mujer, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005).
Para las víctimas de trata y explotación sexual, los factores de riesgo se agravan, pues experimentan situaciones de extrema violencia psicológica, física, sexual, aparejado a coerciones y amenazas que atentan contra la libertad y dignidad de las mujeres. Se estima que, en España, un total de 45.000 mujeres y niñas se encuentran en situación de prostitución, de las cuales el 90 y el 95 por ciento de ellas son víctimas de trata (Ministerio del interior, Gobierno de España, 2021). El sufrimiento generado ante una exposición constante a situaciones atemorizantes, con pérdida del espacio de seguridad, desencadena, con frecuencias, problemáticas asociadas a crisis de ansiedad aguda y cronificada, estrés postraumático, trastornos del sueño, episodios disociativos.
En cuanto a los colectivos migrantes, como todo proceso de transición, la migración constituye un periodo de desequilibrio personal y familiar, que implica cambios vitales profundos y disruptivos, con alta carga de estrés e incertidumbre. Si bien, no existe una relación directa entre la migración, el suicidio y las enfermedades mentales, la tensión cotidiana que supone el proceso de adaptación, aparejado al desconocimiento del ambiente y a las barreras propias del lugar de destino, puede desencadenar situaciones que atentan contra la salud e integridad psicosocial de la persona migrante. La acumulación de factores de riesgo aumenta ante condiciones de exclusión social, vivencias discriminatorias, carencia de redes de apoyo social, barreras de acceso a los servicios básicos, situaciones de irregularidad y duelo migratorio.
A los factores de riesgo antes mencionados, podrían sumarse otros relativos al trauma psicológico de haber experimentado conflictos violentos en sus lugares de procedencia, la incertidumbre en cuanto a la situación administrativa y los plazos para su resolución y en algunos casos, los niveles de estigmatización y discriminación en las comunidades receptoras. Estos factores de riesgo tienden a agravarse en las personas solicitantes de asilo y protección internacional, quienes, por lo general, han vivido situaciones traumáticas en sus lugares de procedencia. Una investigación realizada en la Unidad de Conducta Suicida UPII Cicerón, identifica que un 16% de las personas refugiadas y desplazadas por las guerras tiene ideas de suicidio.
La relación entre suicidio y factores de exclusión social también queda patente en las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo, fenómeno que ha crecido en un 24,5% en los últimos diez años. En referencia con el sinhogarismo, algunos estudios han abordado este fenómeno en relación con el suicidio. Sin embargo, cabe destacar que sobre esta cuestión existe una escasísima producción científica. Y es que, si en la introducción hacíamos alusión a los factores acumulativos como constituyente del riesgo de conducta suicida, debemos de asumir que quienes mayores factores de riesgo acumulan en la población general son las personas sin hogar (Calvo-García , Giralt Vázquez, Calvet Roura, & Carbonells Sánchez, 2016) ya que presentan tasas sumamente superiores a la de la población general en problemas de salud mental (Ball, Cobb-Richardson, Connolly, Bujosa, & O`Neal, 2005) y enfermedades crónicas (Toro, Tricckett, Wall, & Salem, 1991), a parte de la grave situación de exclusión social que aumenta la precariedad bio-psico-social (Moreno-Márques, 2009).
Por otro lado, desde Diaconía asumimos el reto de trabajar por la prevención del suicidio, poniendo especial énfasis en los grupos vulnerables que atendemos desde la entidad (solicitantes de asilo y refugio, víctimas de trata de seres humanos y personas sin hogar y en riesgo de exclusión social). Desde entonces, entendimos que como entidad social no solo nos podemos limitar a la sensibilización, sino que es necesario dirigir nuestras acciones de prevención al plano de la intervención. No nos referimos a la intervención sobre la conducta suicida ni hacemos alusión al proceso terapéutico, pues consideramos que estas situaciones deben ser tratadas por expertos sumamente cualificados y especializados en esta materia. Cuando hablamos de intervención, nos referimos a realizar acciones preventivas dentro del marco de la intervención social de los programas de la entidad. Partiendo de este marco, recomendamos dos tipos de actuaciones: Intervención y protocolos.
Ball, S., Cobb-Richardson, P., Connolly, A., Bujosa, C., & O`Neal, T. (2005). Subtance abuse and personality disorders in homeless drop-in center clients: symptom severity and psychotherapy retention in a randomized clinical trial. Comprehensive Psychiatry(46), 371-379.
Calvo-García, F., Giralt Vázquez, C., Calvet Roura, A., & Carbonells Sánchez, X. (2016). Riesgo de suicidio en población sin hogar. Obtenido de Clínica y Salud: https://www.elsevier.es/es-revista-clinica-salud-364-pdf-S1130527416300238
Crawford MJ., y Prince, M. (1999). Increasing rates of suicide in young men in England during the 1980s: the importance of social context. National Library of Medicine, 49(10); p.1419-23.
Lemmi, V., et al. (2016). Suicide and poverty in low-income and middle-income countries: a systematic review. The Lancet Psychiatry. 3. 774-783. 10.1016/S2215-0366(16)30066-9.
Ministerio del interior. (2021). Trata y explotación de seres humanos en España Balance estadístico 2017-2021. Gobierno de España.
Moreno-Márques, G. (2009). Characteristics and profiles of homeless people in Bizkaia. The challenge of a diversified attention, 37-57.
Navarrete,M.E., Herrera, j. y León, P. (2019). Los límites de la prevención del suicidio. Revista de la Asociación de española Neuropsiquiatría, vol. No (135); p.193-214.
Nordt, C., Warnke, I., Seifritz, E., y Kawohl, W. (2015). Modelling suicide and unemployment: a longitudinal analysis covering 63 countries, 2000-11. National Library of Medicine, 2(3), 239-45.
Observatorio de Salud de la Mujer. (2005). Informe de Salud y género. Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid.
Toro, P., Tricckett, E., Wall, D., & Salem, D. (1991). Homelessness in the United States. Anecological perspective. American Psychologist, 1208-1218.
Imanol Zubero. Sociólogo
En nuestra sociedad mantenemos vigente una cultura del trabajo en la que identificamos el trabajo con el empleo, pero donde lo no remunerado no es trabajo. Sin embargo, nos encontramos en un contexto económico que no necesita del empleo para todos; ni dibuja trayectorias profesionales estables y con capacidad de dar identidad; tampoco garantiza la integración social ni la situación de no pobreza material. En suma, hay un choque frontal entre la cultura y la realidad que conviene explorar probablemente para apostar por otra cultura del trabajo que posibilite un desarrollo social justo y solidario.
La Edad Moderna trajo consigo la glorificación teórica del trabajo, cuya consecuencia ha sido la transformación de toda la sociedad en una sociedad de trabajo. […] Nos enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Está claro que nada podría ser peor. Esta reflexión de Hannah Arendt en las primeras páginas de su obra de 1958 La condición humana (Arendt, 1993: 17) es citada a menudo como anticipación de una realidad que hoy sufren millones de personas en todo el mundo.
En su informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2023 la OIT prevé que el desempleo a escala mundial alcance en 2023 a 208 millones de personas, lo que vendría a suponer una tasa de desempleo mundial del 5,8 por ciento. La situación es mucho peor si hablamos no de ausencia de trabajo sino de ausencia de trabajo decente, es decir, de una actividad laboral que se realiza al amparo del diálogo social tripartito, a cambio de una retribución suficiente para garantizar una vida digna, que da acceso a derechos laborales fundamentales, sin discriminaciones de género ni de ningún otro tipo y que es experimentada por la persona trabajadora como una actividad con sentido. Si a todo esto añadimos el factor de utilidad social y sostenibilidad ecológica hemos de concluir que, sin duda, nos encontramos en la situación arendtiana de una sociedad de personas trabajadoras sin trabajo decente.
Nuestro problema con el trabajo (sí, sé que en realidad debería decir empleo) no es que una nueva ola de automatización sustituya a millones de vendedoras y vendedores, contables, minoristas, supervisoras y supervisores, agentes inmobiliarios o de viajes, mecanógrafos y mecanógrafas, almacenistas, etc. Nuestro auténtico problema es que sigamos impulsando trabajos de mierda (Graeber, 2018), actividades carentes de sentido, innecesarias y perniciosas: turismo internacional masivo, reparto de comida basura a domicilio, megaeventos deportivos y culturales, difusión a través de las redes sociales de estilos de vida idiotas y productos audiovisuales inanes, consumismo low-cost recreativo y hasta terapéutico, construcción de más y más edificios y carreteras… Actividades todas ellas que comparten las mismas alarmantes características: exigen un alto y continuo suministro de energía, mercantilizan cada vez más ámbitos de nuestra vida, agreden a los ecosistemas y se sostienen solo por la explotación y la degradación de otras personas.
Junto al ya citado de Hannah Arendt, hay otro texto clásico sobre el futuro del trabajo que nos resultará familiar: me refiero a la famosa conferencia de Keynes en 1930 titulada Las posibilidades económicas de nuestros nietos (Keynes, 1988), en la que el destacado economista nos anunciaba dos noticias relativas al futuro del trabajo, una buena y otra mala. La buena, que gracias al progreso técnico la humanidad está resolviendo su problema económico de manera que llegará un momento en que tendremos que trabajar mucho menos para satisfacer todas nuestras necesidades materiales: En unos pocos años –quiero decir en el curso de nuestra vida- podemos ser capaces de realizar todas las operaciones de la agricultura, minoría e industria con la cuarta parte del esfuerzo al que estamos acostumbrados, afirmaba Keynes. Como consecuencia de esta victoria sobre la necesidad por primera vez, desde su creación, el hombre se enfrentará con su problema real y permanente: cómo usar su libertad respecto de los afanes económicos acuciantes, cómo conseguir ocupar el ocio que la ciencia y el interés compuesto le habrán ganado, para vivir sabia y agradablemente bien (1988: 327 y 329).
Pero esta buena, excelente noticia, venía acompañada de otra no tan buena: que aún no había llegado ese tiempo de vernos liberadas de la necesidad económica, que al menos durante todo un siglo tendríamos que seguir habitando un mundo guiado por la lógica economicista: Por lo menos durante otros cien años debemos fingir nosotros y todos los demás que lo justo es malo y lo malo es justo; porque lo malo es útil y lo justo no lo es. La avaricia, la usura y la cautela deben ser nuestros dioses durante todavía un poco más de tiempo, pues sólo ellos pueden sacarnos del túnel de la necesidad económica y llevarnos a la luz del día (Ibid.: 332-333).
¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la pesadilla de un mundo-de-trabajo sin trabajo o hacia el sueño de una sociedad liberada de la necesidad de trabajar? ¿Qué futuro queremos construir? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir guiándonos por la avaricia y la usura?
En primer lugar, es necesario reflexionar sobre el propio concepto de trabajo. De forma generalizada tendemos a reducir el trabajo al empleo, excluyendo de esta manera todas aquellas actividades imprescindibles para la supervivencia social y material de las sociedades y los individuos que no pasen por el estrecho espacio del mercado y el precio. Actividades y tareas tan esenciales como son el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, las actividades de voluntariado, la participación cívica, la ayuda mutua, los intercambios solidarios… Porque un empleo no es, en principio, nada más que un trabajo a cambio del cual recibimos un pago monetario en el mercado. La única diferencia entre cocinar para mí, para mi familia y mis amistades, o para un comedor solidario, y hacerlo para un restaurante está en la obligación o no de pagar a cambio de la comida consumida: sólo en caso de que medie el pago hablamos de empleo.
La economía y la sociología feministas han sido pioneras en la denuncia de esta reducción de todos los trabajos socialmente necesarios a la categoría de empleo, operación mediante la cual se han invisibilizado (siempre con sesgo de género y de clase) ciertas tareas (des)calificadas por su ubicación en el ámbito de lo reproductivo, de lo doméstico, de lo privado, de lo relacional o de lo no-mercantil. ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, inquiere provocadoramente Katrine Marçal (2016). Si la pregunta fundamental de la economía es, según esta autora, ¿cómo llegamos a tener nuestra comida en la mesa?, Adam Smith ha pasado a la historia como la persona que (supuestamente) halló la explicación definitiva: en sociedades complejas como la nuestra, los procesos de producción, elaboración, distribución y apropiación de los bienes y servicios que consumimos a diario constituyen una intrincada red de acciones coordinadas que abarca todo el planeta. ¿Qué es lo que cohesiona todos estos procesos? La respuesta de Smith es bien conocida: No es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad sino a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas (Smith, 2014: 46). Es el interés de todas y cada una de las personas que participan de tales procesos el que hace que el conjunto funcione correctamente, sin necesidad de que nadie tenga que planificar el conjunto.
Pero resulta que Smith pasó toda su vida cuidado por su madre viuda, Margaret Douglas, y su prima soltera, Janet Douglas, de manera que este pudiera dedicarse en cuerpo y alma a desarrollar su muy influyente obra. Cuando Adam Smith se sentaba a cenar –escribe Marçal-, pensaba que si tenía la comida en la mesa no era porque les cayera bien al carnicero y al panadero, sino porque estos perseguían sus propios intereses por medio del comercio. […] Sin embargo, ¿era así realmente? ¿Quién le preparaba, a la hora de la verdad, ese filete a Adam Smith?. Si Smith tenía asegurada la comida no era sólo porque los comerciantes sirvieran a sus intereses comerciales sino porque su madre y su prima se encargaban de ponérsela en la mesa todos los días. La mirada a la que nos invita Marçal actúa como marco que desnaturaliza el paradigma económico dominante y desvela sus fundamentos en última instancia imposibles, por reduccionistas, si no es mediante la ocultación de esa segunda economía que, al igual que ocurre con el segundo sexo, existe y actúa siempre a la sombra de esa primera economía -realmente única economía- productiva, mercantil y patriarcal. Se mire por donde se mire –concluye Marçal-, el mercado se basa siempre en otro tipo de economía. Una economía que rara vez tenemos en cuenta.
De este modo hemos acabado por entronizar como las únicas actividades realmente valiosas aquellas que se desarrollan no sólo en sino para el mercado, para su lógica abstracta, guiada exclusivamente por el criterio del beneficio económico incluso cuando este beneficio se logra socavando los fundamentos mismos de la vida.
En 2009 la New Economics Foundation (NEF) analizó el valor social, ambiental y económico de diversos empleos, mirando más allá del salario recibido por las diferentes profesiones para preguntar qué aportan a la sociedad. Los resultados fueron alarmantes: en el extremo más alto de ingresos los banqueros de inversión de la City de Londres, con salarios de 500.000 a 10 millones de libras esterlinas, destruían 7 libras de valor social por cada libra en valor monetario que generaban; por el contrario, en uno de los sectores con salarios más bajos, el de las cuidadoras infantiles, con ingresos de 10.000 a 13.000 libras esterlinas, cada libra pagada generaba entre 7 y 9,50 libras esterlinas en beneficios para la sociedad. La conclusión de la NEF es clara: Los empleos peor retribuidos son a menudo los que se encuentran entre los más valiosos socialmente: empleos que mantienen unidas a nuestras comunidades y familias.
Hoy Adam Smith se encontraría en una situación en la que, tras dedicar todo su tiempo a trabajar para poder pagarse la cena, al regresar a casa se la encontraría vacía, con su madre y su prima empleadas fuera del hogar para poder completar la maltrecha economía familiar.
El siglo XVIII fue el siglo de las grandes revoluciones que dieron lugar al mundo tal como lo conocemos en la actualidad. Es el momento en el que nacerán la democracia y el capitalismo. La Revolución francesa y su ambiciosa declaración de los derechos del ciudadano se convertirá en símbolo de un novedoso proyecto de vinculación social mediante el reconocimiento político: las sociedades modernas son concebidas como constituidas por la asociación de todos los ciudadanos que componen la nación, todos iguales, libres y fraternos. La Revolución industrial y la generalización de las relaciones sociales capitalistas va a proponer una forma de vinculación social mucho más prosaica y, tal vez por eso, más exitosa: la asociación de individuos que persiguen su propio interés, que necesitan a otros y son necesitados por otros. El modelo Adam Smith.
De este modo se desarrolló una ética del trabajo convertida en una norma de vida basada en un principio fundamental: el trabajo es la vía normalizada para participar en esta sociedad basada en el quid pro quo al incorporarnos a esta inmensa red de intercambios que es la sociedad moderna. Eso sí, como recuerda Bauman (2000: 18), sólo el trabajo cuyo valor es reconocido por los demás (trabajo por el que hay que pagar salarios o jornales, que puede venderse y está en condiciones de ser comprado) tiene el valor moral consagrado por la ética del trabajo. El vínculo ciudadano, el vínculo de los derechos y las responsabilidades, desarrollado entre todos los miembros de una comunidad moral, fue sustituido por el vínculo de las actividades productivas, por el trabajo para el mercado, por el empleo.
Aunque reconozcamos la función histórica que ha cumplido (y sigue cumpliendo para una mayoría de personas) el empleo como herramienta de integración social, innovación y creatividad, desarrollo económico, creación y redistribución de la riqueza, debemos constatar la deriva que desde hace años experimenta el llamado mercado de trabajo, en la dirección de una creciente precarización de las condiciones de trabajo que debilita, y en muchas ocasiones anula, la capacidad integradora del empleo. A partir de los años Ochenta del pasado siglo se han producido cambios fundamentales que han tenido como consecuencia la ruptura de la norma social de empleo que ha servido como elemento básico de integración social: un empleo estable y regulado, continuo y prolongado a lo largo de toda la vida activa hasta configurar una carrera profesional. Es esta norma social la que ha cambiado profundamente en las últimas tres décadas: si hasta los años setenta la norma aspiraba a la estabilidad, a partir de los ochenta la tendencia es hacia la precarización. Hoy lo normal empieza a ser la precariedad, al menos, para las nuevas generaciones de trabajadoras y de trabajadores –mujeres, jóvenes e inmigrantes, principalmente- incorporadas al mercado de trabajo desde los años Noventa.
El reciente informe Precariedad laboral y salud mental, promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, identifica seis situaciones de trabajo susceptibles de ser consideradas como precariedad: (1) la relación laboral temporal, (2) el trabajo a tiempo parcial involuntario, (3) la subocupación funcional (aquella que requiere estudios por debajo del nivel alcanzado por la persona trabajadora), (4) el trabajo autónomo en situación de precariedad (horarios de trabajo muy reducidos o muy extensos, trabajo a tiempo parcial involuntario y subocupación funcional o por insuficiencia de horas), (5) el subempleo por insuficiencia de horas y (6) el desempleo de quienes han trabajado previamente. En el segundo trimestre de 2022 algo más de la mitad (50,8%) del mercado laboral en España (23,4 millones de personas) sufría alguna de estas situaciones de precariedad. Precariedad que no solo tiene graves consecuencias para una efectiva integración material o socioeconómica de todas esas personas, que acaban habitando el espacio de la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social. La precariedad laboral precariza el conjunto de la existencia de las personas en esa situación. Sin ninguna pretensión de enmendar la plana a mi admirada Hannah Arendt, tal vez sea peor esta sociedad de trabajo con trabajadoras y trabajadores precarizadas que aquella sociedad de trabajadoras y trabajadores sin trabajo en la que pensaba con desasosiego la filósofa alemana.
La en otros tiempos clara frontera entre trabajo y exclusión se ha convertido en un espacio borroso y poroso: hoy es posible tener un empleo y, al tiempo, encontrarse en situación de precariedad. La ascensión de la vulnerabilidad, el ensanchamiento de esa zona de frontera entre la integración y la exclusión provocado fundamentalmente por la precarización del trabajo, provoca la inestabilización de determinadas categorías sociales, como las personas jóvenes, las migradas y las mujeres, pero también la desestabilización de las y los estables, de una parte importante de las personas que habían estado perfectamente integradas en el orden del empleo (Castel, 1997: 413-414).
En el marco de una creciente economía política de la inseguridad (Beck) cada vez más personas viven preocupadas por el futuro de sus derechos en el trabajo y en la sociedad, sintiéndose expuestas a una evolución económica y social que parece haber escapado a su control y que Martin Carnoy y Manuel Castells caracterizaron así en 1997, al concluir su informe para la OCDE sobre el futuro del trabajo, la familia y la sociedad en la Era de la Información: Lo que emerge de nuestro análisis es la visión de una economía extraordinariamente dinámica, flexible y productiva, junto con una sociedad inestable y frágil, y una creciente inseguridad individual.
Sin embargo, a pesar de que el paradigma dominante del trabajo hace aguas por todos los lados seguimos operando bajo su dominio. Aún hoy denominamos población ocupada exclusivamente a aquellas personas que están empleadas, y llamamos parada a la persona que simplemente carece de empleo, aunque no pare en todo el día de formarse, buscar empleo, cuidar a otras personas, hacer voluntariado o participar en iniciativas políticas.
El empleo sigue siendo el principal mecanismo de inclusión en las sociedades de mercado. En la exposición de motivos de la Ley contra la Exclusión Social aprobada por el Parlamento Vasco en mayo de 1998 se podía leer: En nuestra sociedad moderna el trabajo constituye el medio por excelencia de adquirir derechos y deberes respecto a la sociedad y de que ésta los adquiera respecto al individuo. Así entendido, el derecho al trabajo se convierte en condición «sine qua non» de la plena ciudadanía, y adquiere todo su significado como derecho político. No será fácil encontrar a día de hoy formulaciones que vinculen de manera tan explícita (y acrítica) empleo y ciudadanía, pero lo cierto es que el vínculo sigue operando. En el documento que recoge la vigente Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, leemos lo siguiente: La situación del empleo constituye uno de los factores clave en la prevención de la pobreza y la exclusión social; su importancia, de hecho, se ha visto reconocida ampliamente en el enfoque de inclusión activa. Las rentas del trabajo, cuya obtención está vinculada con el empleo estable, constituyen la principal fuente de ingresos de las familias y, por tanto, es uno de los elementos cruciales a tener en cuenta a la hora de considerar a aquellos hogares que están en riesgo de pobreza y exclusión social.
Pero, ¿acaso hay que ganarse la condición de ciudadanía plena?, ¿no es tal cosa un horror propio de sociedades totalitarias? Si el derecho a la vida digna pasa por el derecho a trabajar, ¿qué ocurre cuándo millones de personas se ven imposibilitadas de cumplir con dicho deber, no por su culpa, sino por razones estructurales? ¿y qué ocurre cuando miles de personas se ven expuestas a la enfermedad y la muerte por las condiciones de su trabajo? ¿y cuando la competencia por el empleo no es ya fuente de autonomía sino mecanismo de humillación?
En este sistema –advierte Viviane Forrester- sobrenada una pregunta esencial, jamás formulada: “¿Es necesario ‘merecer’ el derecho a vivir?” (1996: 15). Este mérito, ya lo hemos dicho, exige el deber de trabajar. ¿Pero qué ocurre cuando una de cada dos personas trabajadoras se enfrenta a situaciones de precariedad? ¿Y cuando este incremento de la precariedad -en ausencia de medidas de protección social como las que afortunadamente aún disfrutamos en Europa- explica en gran parte la epidemia de muertes por desesperación que está asolando a la clase blanca trabajadora con menos estudios en Estados Unidos (Case y Deaton, 2020: 215)?
El sueño de Keynes en 1930 era que en el plazo de un siglo nos viéramos libres de dedicar al empleo más de tres horas diarias o quince semanales, disponiendo del resto del tiempo para nosotras y para nuestras comunidades. ¿Y si ya estuviéramos en esa situación, y si ya tuviéramos lo suficiente para poder llevar una buena vida? Esta es la tesis que defienden con razón y pasión Robert y Edward Skidelsky (2012), padre economista experto en Keynes e hijo filósofo.
Debemos generar sistemas de aseguramiento colectivo que permitan que todas las personas, por el hecho de ser personas, vivan libres de la necesidad. Existen alternativas que tienen que ver con intervenciones directas e inmediatas: reducción del tiempo de trabajo, reparto del empleo, propuestas de trabajo garantizado, renta básica universal, fiscalizar la riqueza oligárquica; existen también propuestas que tienen que ver con la defensa de la economía local, de la economía rural y de la economía social y solidaria, con des-mercantilizar los trabajos mediante redes locales de mutualidad, gestión comunal… Esto en el corto y medio plazo.
Pero en el medio-largo plazo, aunque empezando a plantearlo desde ya mismo, debemos asumir que nuestros modos de producción, consumo, transporte, nuestro modo de vida en su conjunto, es insostenible. Necesitamos recuperar la cuestión de la suficiencia: ¿cuánto es suficiente? En lugar de seguir entrampadas en la perspectiva de la escasez (en realidad se trata de injusticia, de un juego de acumulación y expropiación) preguntarnos con los Skidelsky (2012: 242): ¿cómo puede una sociedad que ya tiene “suficiente” pensar acerca de la organización de su vida colectiva?. En los países del Norte estamos ya en el escenario de la (sobre)abundancia, lo que debemos hacer es plantearnos cómo redistribuimos lo que tenemos creando suficiencia para todo el mundo. ¿Y si el debate no está en cómo crear más empleo, sino en cómo imaginamos y construimos otra ética de la vida desde la austeridad solidaria?
Arendt, Hannah. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993.
Bauman, Z. Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa, 2000.
Carnoy, M. Castells, M. Sustainable flexibility: A prospective study on work, family and society in the information age. Paris: OECD, 1997.
Case, Anne y Deaton, A. Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo. Barcelona: Deusto, 2020.
Castel, R. La metamorfosis de la cuestión social. Barcelona: Paidós, 1997.
Forrester, Viviane. El horror económico. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1996.
Graeber, D. Trabajos de mierda. Barcelona: Ariel, 2018.
Keynes, J.M. Ensayos de persuasión. Barcelona: Crítica, 1988.
Marçal, Katrine. ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Una historia de las mujeres y la economía. Barcelona: Debate, 2016.
Skidelsky, R. y E. ¿Cuánto es suficiente? Barcelona: Crítica, 2012.
Thomas Ubrich, equipo de estudios Cáritas Española.
La metodología del PRCVD nos acerca de manera real y concreta a las necesidades que debe cubrir cada tipo de familia, así como a las consecuencias de la privación de la satisfacción de dichas necesidades. Nos ofrece así un enfoque amplio de las necesidades sociales que surge de la mirada y el deseo de realizar una intervención preventiva e integral.
En el debate público sobre la pobreza surge inevitable e insistentemente una pregunta: ¿qué es ser pobre? En una sociedad de mercado donde se pueden satisfacer a partir de la compra la mayor parte de las necesidades de la vida diaria –lo que exige tener ingresos suficientes para costearla– esta pregunta suele tomar una forma más precisa y concreta: ¿por debajo de qué nivel de ingresos podemos considerar que somos pobres? ¿Cuánto necesitas como mínimo para vivir dignamente?
Existen reflexiones en la literatura académica que permiten una definición general de lo que es la pobreza. Volveremos sobre esto brevemente en este artículo. Por otro lado, actualmente no hay una respuesta satisfactoria a la segunda pregunta, más concreta. En el tema de la pobreza, como en el de la desigualdad, no se puede escapar de una posición normativa. Por lo tanto, se hace preciso establecer mediante qué proceso desarrollar dicho estándar de referencia para asegurarle una legitimidad social, política y científica lo más amplia y robusta posible.
Es en gran parte para responder a este objetivo de legitimación social, pero también para analizar con más realidad y detalle qué situación y qué sufrimiento viven las familias cuando tienen que renunciar a necesidades básicas por no poder costearlas, que se ha desarrollado un trabajo en los últimos años que tiene como objetivo, siguiendo las propuestas previas en diferentes países del entorno europeo, desarrollar y analizar el Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (PRCVD en adelante).
El artículo está organizado de la siguiente manera. Primero discutimos brevemente los límites de los puntos de referencia existentes para definir un nivel de vida mínimo decente (I). Luego presentamos algunos aportes conceptuales y teóricos que pueden haber inspirado la construcción del presupuesto de referencia (II). A continuación, el artículo presenta y explica el método que se ha escogido en la construcción del PRCVD (III). Por último, presentamos la relevancia de tener el PRCVD para la intervención social, el diseño de políticas sociales y su relación con la acción social para la inclusión social: de la necesidad de una intervención integral (IV).
Hoy en España hay varios referentes en el debate en torno a lo que es un nivel de vida mínimo digno. El primer indicador, el oficial y más difundido, es el umbral de pobreza monetaria publicado por el INE y Eurostat. En realidad, deberíamos hablar de umbrales de pobreza monetaria porque existen varios niveles, definidos como un determinado porcentaje de los ingresos que permiten un nivel de vida de referencia, en este caso el nivel de vida medio. El INE actualiza anualmente dos umbrales, situados respectivamente en el 40% y el 60% del nivel de vida medio. Por su parte, en los llamados indicadores de Laeken, utilizados a nivel de la Unión Europea, se ha fijado el umbral del 60% para calcular la tasa de riesgo de pobreza. En 2020, el umbral de pobreza monetaria del 60% era, para una sola persona, ligeramente superior a los 800 euros al mes en España.
Estos umbrales son muy útiles para hacer el seguimiento de la evolución de los riesgos de pobreza y hacer comparaciones a nivel europeo. También permiten evaluar en qué medida ha empeorado o no la situación de estas poblaciones en riesgo de pobreza. Sin embargo, se basan en una convención estadística cuyos límites se perciben claramente: ¿por qué 60% y no 58% o 63%? ¿Por qué tomar como referencia una mediana y no un nivel de vida medio? De hecho, estas opciones no se basan en ningún análisis objetivo de los fenómenos de la pobreza y en ningún caso hacen referencia a las condiciones de vida.
Otro punto de referencia puede ser tomar el nivel de vida proporcionado por los mínimos sociales. La mayoría de los países europeos garantizan así una renta mínima. Esta definición político-administrativa de la pobreza adolece de límites evidentes, ya que al bajar este umbral de ingresos garantizados se reduce automáticamente el número de pobres, y viceversa. Estos beneficios sociales definen, en realidad, el nivel de ingresos que una sociedad se compromete a garantizar a las personas más desfavorecidas, pero en modo alguno garantizan alcanzar un nivel de vida mínimo digno que les permita salir de la pobreza. En España se utiliza el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que es el umbral de renta que sirve para establecer si se tiene o no derecho a acceder a ayudas por parte de las administraciones. Son muchas las fuentes que consideran que una de las causas de la falta de eficiencia y cobertura del sistema de protección social español para luchar contra la pobreza es precisamente que los umbrales de renta son demasiado reducidos.
Como decíamos, la definición de estos umbrales relativos se basa únicamente en una aproximación económica de los ingresos disponibles por los hogares y no tiene en cuenta las circunstancias concretas de los mismos ni la diversidad de necesidades que pueden afrontar según sus circunstancias sociales y características sociodemográficas.
Una alternativa para la medición de la pobreza es utilizar una aproximación que parta precisamente de las necesidades de los hogares, definiendo una cesta básica de bienes (vivienda, alimentación, ropa, ocio, etc.) y servicios y derechos (cuidado de menores y dependientes, transporte, educación, etc.) que se consideren imprescindibles para una existencia digna.
Cabe, por tanto, introducir brevemente el concepto de dignidad en su relación con la cobertura de necesidades básicas. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente (Fratelli Tutti, 2020). Esta dignidad no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser y va más allá de cualquier cambio cultural y época de la historia. En materia de derechos humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado (Art.25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) implica garantizar la accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, disponibilidad, idoneidad y calidad en cada uno de los ámbitos. De esta manera, la tradicional jerarquización de las necesidades (Maslow, 1943) se muestra inadecuada e incompleta y, en consecuencia, es fundamental buscar inspiración en elementos y aspectos del desarrollo humano (Elizalde, 2000) que se asocian directamente con las dimensiones de las estrategias de afrontamiento de las situaciones de privación. De hecho, debe complementarse con el enfoque de capacidad (Sen 1987 y 1993), según el cual la pobreza no se puede reducir a la falta de ingresos o recursos, sino fundamentalmente a la ausencia de capacidad: las personas en situación de pobreza son aquellas que no cuentan con la libertad o capacidad de elegir y, por tanto, no pueden llevar a cabo su proyecto de vida. La dignidad intrínseca a cada ser humano exige asegurar que todas las personas tengan garantizado el acceso a sus derechos, autonomía, y participación en la vida social. Dicho de otra manera, las situaciones de privación y las correspondientes decisiones de renuncia a un bien de primera necesidad, está directamente erosionando una capacidad de desarrollo humano y, por tanto, hablamos de derechos vulnerados para las personas y familias.
Frente a estas premisas teóricas y las limitaciones de los indicadores oficiales, en el año 2020 Cáritas y FOESSA quisieron iniciar un trabajo destinado a desarrollar un Presupuesto de referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (PRCVD).
Inspirado en otras experiencias europeas -sobre el que la UE también está trabajando con el objetivo de definir una metodología común de medición en los estados miembros-, el enfoque adoptado opta por un método mixto de evaluación de necesidades, pero fuertemente enmarcado por la experiencia. El proyecto consistió en reunir a grupos de expertos para desarrollar un consenso sobre el contenido de la canasta de bienes y servicios necesarios en España para vivir dignamente. Posteriormente, se procedió a calcular, testear y probar el PRCVD entre una muestra representativa de hogares.
Pues bien, una vez definida esta cesta básica, se procedió a calcular un presupuesto de referencia teniendo en cuenta no sólo las variaciones regionales o locales en el coste de la vida, sino también y de manera fundamental, las necesidades específicas de cada tipo de hogar según su composición y sus circunstancias. Es decir, el presupuesto de referencia es diferente para cada hogar en la medida en que cada uno de ellos tienen circunstancias diferentes (tipo de familia, lugar de residencia, etc.).
Esta metodología analiza todos los gastos mínimos en bienes y servicios necesarios para que una familia participe efectivamente en la vida social, con miras a una inclusión social sostenible y no a la mera supervivencia. Este indicador contempla no solo el acceso a los alimentos, sino también otros bienes necesarios tales como la vivienda y su equipamiento o suministros, como la energía o internet. Además, toma en cuenta el acceso a derechos como la educación, el ocio, los gastos sanitarios o la atención a las situaciones de dependencia. Al final, por tanto, las necesidades identificadas no se limitaban a las necesidades consideradas como vitales desde un punto de vista meramente biológico, sino que también incluía las necesidades consideradas socialmente necesarias para vivir decentemente en una sociedad determinada. En resumen, el presupuesto resultante es la suma de ocho partidas de gastos necesarios para que cualquier hogar pueda vivir en condiciones dignas.
Finalmente, con el fin de testear y construir el modelo definitivo, se ha realizado una encuesta a una muestra representativa de 2.500 hogares de toda España con el objetivo de recabar información acerca de sus características y necesidades específicas, identificando así su PRCVD y valorando a partir de la información de ingresos si estos son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Asimismo, se ha indagado sobre las estrategias que adoptan las familias para solventar las dificultades económicas y la escasez de ingresos.
Los resultados son aleccionadores. Nos permiten obtener una clasificación para ubicar al conjunto de la sociedad en tres grupos: las familias que obtienen unos ingresos suficientes para cubrir sus necesidades (el 44,8%), las que se sitúan con unos ingresos cercanos a su presupuesto (23,7%) y, por último, aquellas cuyos ingresos quedan muy por debajo de lo que necesitarían para vivir con dignidad (el 31,5%). Casi un tercio de los hogares en España se encuentran en graves dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, es decir, que cerca de 6 millones de familias disponen de ingresos inferiores al 85% de su PRCVD. Se trata de un porcentaje de hogares muy superior a la tasa de pobreza relativa (20,7%) y a la tasa AROPE (25,3%) calculadas por el INE en 2019, lo que muestra que el PRCVD es más sensible a una identificación de las carencias más amplia y detallada.
Además de medir los niveles de privación, el análisis del PRCVD nos permite comprender las condiciones de vida de las personas que menos ingresos tienen en España, a través del conocimiento de las estrategias que despliegan para enfrentarse a sus dificultades. El análisis de dichas estrategias permite cuestionar las representaciones de la pobreza y las necesidades sociales, en otras palabras, de los estilos de vida de los hogares. En particular, nos permite acercar la mirada a las familias más frágiles, cuyo colchón es pequeño o inexistente y tratan de afrontar la falta o la pérdida de capacidad económica del hogar a través de variadas tácticas para sortear sus dificultades económicas. La constatación es inequívoca: estas estrategias no son inocuas en la vida de las personas y familias que las tienen que activar. De hecho, es más apropiado afirmar que no son decisiones, sino imposiciones marcadas por la privación, maniobras para la supervivencia con consecuencias negativas directas en todos los miembros del hogar.
Y es que hay personas que pueden verse obligadas a renunciar a la educación y a la propia salud, a reducir gastos en ropa y alimentación y a aceptar trabajos en condiciones precarias. La intensidad de estas decisiones es aún mayor en contexto de crisis y mayor precariedad de las familias. De hecho, sería muy útil poder estudiar casi en tiempo real el tipo de decisiones que se están tomando en la actualidad ante la dura y persistente inflación que azota a los hogares. Cuáles son y han sido los efectos directos de esta nueva crisis económica en la vida de las familias, qué pasos han dado para intentar mantenerse a flote, y qué diferentes estrategias se han puesto en práctica para hacer frente a una situación de dificultad sostenida en el tiempo.
La utilidad de esta metodología nace de la propia experiencia que Cáritas tienen en intervención social y de la que se vale FOESSA para iniciar y fundamentar el cuestionamiento de indicadores ya existentes, y para abrir el camino y desarrollar el indicador que presentamos. Éste permite el análisis de las condiciones de vida reales de la población, adaptando dicho presupuesto a las características específicas de cada tipo de hogar, de forma que la pobreza no se defina de manera abstracta y atendiendo únicamente a los ingresos, sino de una forma concreta, en relación con las necesidades reales de los hogares.
Así, el PRCVD da respuesta al fuerte desafío de la observación social: nos invita a descubrir a los invisibles, a quienes no utilizan los servicios sociales porque muchas veces no cumplen los criterios establecidos para medir la pobreza más severa y crónica, o porque creen que no es para ellos, pero cuyos ingresos no llegan ni se acercan al presupuesto de referencia. El estudio del PRCVD revela a un sector de la población que, sin ser pobre, cuenta con recursos modestos y experimenta periódicamente insuficiencias presupuestarias o tensiones para llegar a fin de mes.
En este sentido, el PRCVD brinda una visión más amplia de la estratificación social y los grados de dificultades sociales asociados con ella, sin invisibilizar las difíciles situaciones que afrontan y en las que viven las clases trabajadoras, a pesar de que no se sitúen por debajo del umbral de la pobreza relativa. El PRCVD pretende completar y enriquecer el sistema de observación social de la pobreza y la exclusión social y entregar diagnósticos más certeros de los riesgos de descohesión social y para orientar mejor la acción pública.
Mientras que el análisis del riesgo de pobreza y/o de la tasa AROPE nos ayuda tradicionalmente a reforzar la certeza de la necesidad de dotar a nuestro sistema de protección social de una garantía de ingresos de los hogares cuando estos no son suficientes, y facilitar el acceso a puestos de trabajo que generen ingresos adecuados y condiciones laborales que eviten la precariedad. Por su parte, el análisis del PRCVD ofrece un indicador adicional y complementario, destacando qué es lo que los hogares necesitan realmente para vivir dignamente y analizando qué les ocurre cuando sus ingresos no les permiten alcanzar este presupuesto mínimo. Sin duda, al identificar claramente las partidas de gasto familiar, el presupuesto de referencia complementa los indicadores existentes y se posiciona como una herramienta potencialmente útil y eficaz para poder apoyar al trabajo social con las familias, así como orientar las políticas de inclusión social.
El análisis del PRCVD se plantea como una contribución a la reflexión sobre la optimización de las políticas sociales y el gasto social desde un abordaje multinivel y multidimensional que vaya más allá de los ingresos disponibles. El análisis del PRCVD y las estrategias de los hogares viene a apoyar a las administraciones públicas en su reflexión sobre la oferta de servicios a implementar para ayudar a las personas con dificultad a acceder a los bienes y servicios considerados necesarios. El objetivo de una vida digna debe ser abordado de manera sistémica, es decir que se impone la necesidad de una intervención integral.
De hecho, el diagnóstico es claro, el origen de la precariedad y la carencia material está cada vez más asociado a la vivienda y los suministros, que se presentan como las partidas que más ingresos absorben del colchón económico de las familias. Los hogares con una situación residencial más inestable, en especial cuando éstos deben pagar un alquiler, suelen encontrarse en peor situación en cuanto a dificultades y al número de estrategias que deben activar para mantenerse a flote. En otras palabras, aunque sea primordial incidir sobre la garantía de ingresos mínimos, es fundamental actuar simultáneamente sobre otras esferas de la vida y proteger el acceso a otros derechos. De hecho, además de la vivienda, muchos de los gastos que se recortan son también fundamentales para una vida digna: salud, educación e incluso las relaciones sociales y los cuidados y ayudas a otros. Por lo tanto, las políticas públicas deben orientarse a contrarrestar las causas de la pobreza y, también, a paliar sus efectos velando, en primer lugar, por asegurar unos ingresos mínimos a las familias por la vía del empleo (u otras) y complementar cuando éstos no sean suficientes.
En España, el ingreso digno es (mucho) más alto que la línea de pobreza relativa. Un presupuesto digno permite tener recursos suficientes para las necesidades básicas de la vida diaria, pero también para participar en la vida social. Cáritas y FOESSA han impulsado una metodología innovadora y eficaz para analizar las condiciones de vida reales de las personas y familias. El PRCVD ofrece un enfoque más abierto, que va más allá de una aceptación «estática» de las necesidades sociales. Por el contrario, las analiza como una cuestión en evolución, variable en el tiempo y en el espacio.
De esta manera, el PRCVD puede aportar una visión más amplia y orientar de manera más certera las estrategias de inclusión social, enmarcándolas en un proceso de prevención de los riesgos de pobreza y exclusión social. No se trata sólo de satisfacer necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud), sino de responder a la necesidad de estar en condiciones de participar efectivamente en la vida social (invitar a amigos, poseer algunos de los mismos juguetes o materiales que tus compañeros de clase, etc.).
Declaración Universal de DDHH.
ENCÍCLICA Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social
Elizalde, A. (2000). “Desarrollo a Escala Humana: conceptos y experiencias”. Revista Internacional de Desenvolvimiento Local. vol. 1, n.° 1, p. 51-62, Set. 2000.
FUNDACION FOESSA (2022): El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo. Análisis y Perspectivas. Octubre 2022.
Maslow, A. (1943): Una teoría sobre la motivación humana
Sen, A. (1987). The Standard of Living. Cambridge: Cambridge University Press.
Sen, A. (1993). “Capability and Well-being”, en M. Nussbaum y A. Sen (eds.) The Quality of Life. Oxford
Mª Carmen Nieto León. Trabajadora social y Antropóloga social. Técnico del equipo de Inclusión de Cáritas Española.
Si queremos conseguir una sociedad fraterna, donde ponga en el centro a la persona, independientemente de sus circunstancias, este es el camino: poner a la persona, a su dignidad, por encima de todo. Amamos a nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los más empobrecidos, no podemos negarlo. Pero, además de decirlo, ¿lo hacemos vida? ¿les tratamos como a los preferidos del Señor? Reflexionaremos sobre ello a través de las situaciones difíciles que plantean las vidas de Ana y Daniel.
Ana es una mujer que hasta hace 3 años ha tenido trabajo limpiando en un colegio. Cuando se le terminó el contrato gestionó su documentación para poder acceder a la prestación por desempleo. Sus planes eran cobrar esta prestación y mientras buscar trabajo. Tenía 8 meses de prestación y estaba segura de que si buscaba bien durante ese tiempo encontraría algo. Pero los meses iban pasando y la respuesta a todos los curriculums que envió no llegaba… bueno, si se acaba la prestación, tenía unos ahorros, aún podía tirar otro poco tiempo… seguro que antes le llegaría alguna oferta de empleo, estaba segura.
El tiempo pasó, la prestación se acabó, los ahorros se acabaron y el trabajo no llegó. En ese momento Ana se sintió perdida, no sabía qué hacer, había buscado por todas partes y había enviado cientos de curriculums, pero no había tenido respuesta. Sus dos hijos, de 10 y 12 años, no eran consciente de la situación que estaba viviendo la familia. Desde que se separó de su marido intenta protegerles de los problemas familiares. Durante este tiempo ha intentado estirar el dinero, no hacer gastos innecesarios; cuando sus amigas le proponían salir al cine, ponía cualquier excusa, porque el cine le suponía un pico y si a alguna se le ocurría decir de ir a cenar después ya sí que para ella era imposible. Siempre que proponían en el grupo de WhatsApp de las amigas, alguna actividad, ella ponía cualquier excusa para no ir. Al final decidió no contestar en el grupo, y poco a poco se fue aislando de sus amigas. Para ella, salir a cenar o al cine, ya no era una opción. Esto provocó que poco a poco, se quedara sola. No quiere compartir con sus amigas su situación real, aunque ellas saben que está pasando estrecheces económicas y que está buscando trabajo, no son conscientes de la situación tan extrema a la que se enfrenta, y ella no se lo quiere contar por vergüenza.
El primer mes que no tenía para pagar el alquiler le pidió prestado a su madre, que se lo dio, pero con eso sólo tenía para el alquiler y ¿cómo pagaría la luz? ¿Y el agua? ¿Y de dónde conseguiría más dinero para comer?
Su hermana mayor, que también la ayudaba ocasionalmente, aunque ella no le pedía nada porque la vergüenza, de nuevo, se lo impedía, le sugirió que fuera a Cáritas, allí ayudaban a la gente sin recursos. Ana pensó que eso era para los pobres, ella nunca se había encontrado en esa situación, siempre había trabajado y se había organizado muy bien sus gastos. Ella no era pobre ¿o sí? Su vida había cambiado en los últimos años, estaba claro, pero ella no quería ir a las colas del hambre, no quería ponerse en una cola a la puerta de cualquier entidad social, para que le dieran bolsas de comida, podía pasar alguien, reconocerla y entonces sus hijos lo sabrían y esa idea le atormentaba. Pero también era consciente que necesitaba ayuda, fuera de donde fuera.
Se acercó a Cáritas, le dieron una cita para dentro de dos días y apenas pudo pegar ojo, esas dos noches, pensando en la situación a la que se tenía que enfrentar. Nunca se hubiera imaginado llegar a la situación en la que estaba. Pero allí estaba y tendría que salir adelante. En la entrevista con la persona que le atendió, se sintió cómoda, iba con mucha desconfianza, pero le informaron, le preguntaron si había ido a los Servicios Sociales, le preguntaron si había gestionado el Ingreso Mínimo Vital, si quería que la incluyeran en el programa de empleo de Cáritas y sobre todo le dijeron que le iban a apoyar para que pudiera hacer frente a sus gastos mientras iba poniendo en marcha todos estos recursos. Ella dijo que no quería ponerse en ninguna cola para que le dieran comida, que no quería que la conocieran en el barrio. Por lo tanto, Ana estaba manifestando una de sus grandes preocupaciones; no quería mostrar su vulnerabilidad, su situación de necesidad, porque quería que la siguieran percibiendo como Ana, no como a una persona sin recursos, porque eso, pensaba ella, le restaba dignidad, sería señalada por sus problemas económicos y pensaba que eso también estigmatizaría a sus hijos. Lo que deseaba era una ayuda que le permitiera vivir como al resto de personas, que le permitirá seguir viviendo como antes, con ajustes en sus gastos, pero con la libertad de poder gestionar sus necesidades. A día de hoy, hay muchas formas de mantener el deseo de Ana. Las ayudas sociales destinadas a personas como ella no tienen por qué restarles ni un ápice de dignidad. Por ejemplo, en Cáritas se puede apoyar a través de transferencias bancarias, dinero en efectivo o tarjetas monedero, lo que le permitiría ir a comprar o pagar los recibos que tuviera pendientes sin que nadie supiera de donde procedía ese dinero. Además, estas formas de apoyo o ayuda, llevan consigo la posibilidad de que las personas sigan gestionando su vida, organizando sus gastos, dándole prioridad a sus necesidades más acuciantes.
Desgraciadamente, hay muchas anas en nuestros entornos más cercanos, en nuestros barrios, en nuestras parroquias, en nuestros pueblos. La situación de estas personas nos muestra cómo vivimos en una sociedad semi-segura, es decir, la mayoría de los salarios apenas nos da para pagar el alquiler o la hipoteca, cubrir nuestras necesidades básicas, pagar los recibos de los gastos corrientes, es más, si un mes nos viene un recibo extra (IBI, seguro de la casa, del coche…) nos vemos en una situación complicada. Cualquier persona se puede encontrar en esa situación.
Tampoco nos olvidemos de que las personas necesitamos ocio que nos ayude a disfrutar y a vivir nuestra vida de forma más sana, porque el ocio también es una necesidad y nos ayuda a tener una salud mental más equilibrada, nos socializa y nos permite relacionarnos. Las personas sin recursos, o sin recursos suficientes, parece ser que no tienen ese derecho, como no tienes apenas recursos, no te puedes tomar un café o salir un rato con amigos, o ir un día al cine, si hacen esto, les juzgamos, ¿cómo puede gastarse dinero en tomarse un café con la situación que tiene?, pero nadie valora lo que supone tomarte ese café con unas amigas, pasar un rato conversando, intentando no estar todo el día pensando en cómo podré seguir adelante sin trabajo, y con pocas perspectivas de encontrarlo. Estos ratos, como otros muchos que nos facilita el ocio, son sanadores, todas las personas los necesitamos, necesitamos relacionarnos, no vivir todo el tiempo de forma estresante, tenemos que ponernos medios para tener una salud mental equilibrada, que me ayude a gestionar mi situación y a vivir de la manera que menos daño me haga, porque vivir estas situaciones, dañan. Dañan la vida de las personas, minan su autoestima, la percepción de sus capacidades, el mapa de pensamiento, que te hace creer que eres menos que nadie, asumes que el encontrarte en esta situación de carencia lleva consigo el recorte de tus derechos como persona y como ciudadana. Y eso no es así, por eso, las personas que nos encontramos en otra situación o que hemos tenido la suerte de tener recursos para cubrir nuestros gastos, nos tenemos que trabajar la mirada hacia estas personas; no están así porque se lo merezcan, ni porque sean menos que nosotros, están así porque la sociedad no está bien organizada para asegurar que todas las personas podamos tener una vida digna, sin excesos pero sin encontrarnos en situaciones donde tener una vivienda, sea de alquiler o en propiedad, es una misión prácticamente imposible, por ejemplo, la sociedad, la organización de la misma, ha de facilitar que Ana tenga sus necesidades cubiertas y se desarrolle como persona, en todas sus dimensiones, a pesar de su situación.
Ana, encontró una puerta abierta en Cáritas, que la apoyaron y le informaron para intentar paliar su situación. Pero lo que le hizo sentir bien es que se sintió escuchada y que no le juzgaran, por lo que no sintió vergüenza. Agradeció mucho la información, ahora tenía un nuevo camino por el que transitar, pero lo más importante es que se sintió tratada de igual a igual, así lo manifestó en otras intervenciones posteriores, se dio cuenta de que le habían entendido, aunque ella le contó su historia personal, esta fue saliendo de forma natural, no la presionaron ni le preguntaron por sus intimidades, aunque fueron saliendo, pero sobre todo se sintió escuchada, comprendida y vio una cercanía que le hizo sentir que ser pobre no tiene que ver con cómo sean las personas, sino que es una situación en la que cualquiera nos podemos encontrar y que pedir ayuda o apoyo, no tiene por qué ser estigmatizante si la respuesta que encontramos pone en el centro a la persona y su dignidad.
Cada persona tiene una situación diferente que le puede llevar a encontrarse sin recursos. Pero no todas las personas que se encuentran en esa situación son iguales, ni las causas que les han llevado a ella son las mismas, ni los apoyos, por lo que los caminos para mejorar las situaciones pueden parecerse o no. No vale el mismo traje para todos, cada uno tiene su medida. Cada persona tiene que ser tratada desde su situación particular, aunque los medios puedan ser los mismos, pero las situaciones son diferentes, de eso no cabe la menor duda.
También me gustaría reflexionar sobre la situación de las personas migrantes, que en la actualidad abundan en nuestras parroquias. Estas personas llegan a nuestras ciudades y pueblos en busca de una vida mejor, huyendo de guerras, hambrunas, carestía, sistemas políticos corruptos… Vienen llenas de esperanza ante la posibilidad de que su vida pueda mejorar, a pesar de dejar atrás la vida que han llegado hasta ahora y, en la mayoría de los casos, a sus seres queridos. La movilidad humana en el mundo es un derecho, aunque, tristemente, en la actualidad pueden moverse con más libertad por el mundo las cosas que las personas. Además de sueños y esperanza, también traen mucho miedo a lo desconocido, a lo distinto a no saber que se van a encontrar…
Ante la llegada de estas personas, me surge el siguiente interrogante: ¿cómo les acogemos los que estamos aquí?, ¿les escuchamos?, ¿les reconocemos como personas iguales a nosotros?, ¿entendemos las causas por las que ha tenido que emigrar?, ¿nos ponemos en su lugar? o ¿les juzgamos y les tratamos como personas inferiores, porque son distintas a nosotros? Conozcamos la historia de Daniel, por si nos ayuda a situarnos mejor en lo que quiero decir.
Daniel llega de Colombia a una ciudad pequeña de España. Lleva 7 días en esa ciudad, ha tenido que venir de su país, dejando allí a su familia, su trabajo, y la vida tan organizada que llevaba hasta ahora. El motivo por el que ha salido de su país es que está amenazado por un grupo de paramilitares, que le quieren extorsionar porque piensan que tiene dinero, pero como no es así y él no ha cumplido con las perspectivas de este grupo, le han agredido físicamente varias veces. Ante estos hechos, reflexionándolo con su mujer, decidieron que se fuera del país, a pesar de que eran conscientes de todo lo que suponía para la vida de ambos; ella se queda allí con los niños, él se marcha, teniendo por delante un futuro incierto, con el objetivo de intentar empezar su vida en paz en otro lugar. Después, cuando él esté ubicado, se reagrupará la familia. Esa idea, a pesar de ser consciente de la dificultad que entraña, es la que Daniel tiene en su cabeza durante mucho tiempo. Tiene claro que no puede seguir viviendo en esa situación de miedo permanente, ni por su mujer, ni por sus hijos, ni por él. Desde estas premisas, la familia invierte la mayor parte de sus ahorros en el billete de avión que trasladará a Daniel de Colombia a España.
Después de pasar por Madrid, llega a esta ciudad de España donde le han dicho que lo tendrá más fácil para encontrar vivienda y trabajo. Daniel apenas tiene 300€ en el bolsillo, con ese dinero se alquila una habitación durante un mes, que le cuesta 250€, por lo que apenas le quedan 50€ para el resto de gastos. En este momento empieza a ser consciente de lo que le toca vivir y se siente acorralado, desesperado, no conoce a nadie en la ciudad, no tiene casa, ni dinero, ni comida, ni sabe qué hacer… La vida de Daniel, hasta ahora había sido la de una persona normal, tenía a sus dos hijos, su mujer, tenía un trabajo y amigos y familia. Ahora en España se encuentra solo, sin dinero, ni trabajo, ni familia…, su vida se ha roto, ya no puede sentir ni pensar con claridad. Él es un hombre creyente, confía en Dios, a pesar del dolor que siente en ese momento, a pesar de la soledad, siente que no puede rendirse, aunque las cosas están mal, tiene que seguir adelante, ha de regularizar su documentación, tiene que buscar un trabajo, conseguir un sitio donde vivir. Pero siente mucha tristeza, mucha impotencia, porque no sabe por dónde empezar ni adonde dirigirse para comenzar con todos estos trámites. No sabe con quién hablar para expresar sus sentimientos, sus anhelos, siente que ante todo necesita a alguien que le escuche, alguien con quién llorar la pena, alguien a quien contarle todo lo que está pasando por su cabeza y por su corazón. También necesita ayuda material, evidentemente, necesita tener un sitio donde cobijarse, necesita poner su documentación en regla, necesita comer, y ropa para abrigarse. Pero lo que más desea es estar cerca de alguien que le escuche, que le consuele, que le deje llorar en su hombro y les transmita la fuerza que tiene el sentirte acogido y escuchado para avanzar y continuar, a pesar de las dificultades.
Ante esta situación desde Cáritas ¿qué podemos hacer? A veces en nuestros recursos tenemos normas y criterios que, ayudándonos en la organización y con la mejor de las voluntades, lo que hacen es impedir que Daniel encuentre en nosotros, quizá, ese hombro en el que apoyarse, esos ojos que le miren y le reconozcan, esa mano que le acaricie el hombro. Daniel, lo que busca es alguien que le reconozca como persona y también necesita cubrir sus necesidades materiales. Cuando llegue a Cáritas, ha de encontrar esto, bajo mi punto de vista, primero esa acogida incondicional, que reconoce que Daniel es una persona con las mismas necesidades que yo, con los mismos sueños y los mismos anhelos, y que, por lo tanto, necesita que le traten de igual a igual, con dignidad, con esa dignidad que le viene de ser hijo de Dios y que es inherente a su ser persona. No necesita un vale para ir a la tienda del barrio, donde le reconocerán y le pondrán la etiqueta de persona sin recursos. Necesita un espacio donde sentarse y se le ayude a aclarar el horizonte, donde se le acoja desde la globalidad de su ser persona. Necesita a alguien que le ayude a explorar por donde continuar y sentir que a otras personas les importa lo que le está pasando. Quizá hasta encuentre, en el entorno parroquial, personas que quieran acogerle en alguna vivienda, que le ofrezcan un espacio donde vivir y así poder quitarse algo de preocupación, ¿por qué no? Hay multitud de experiencias en algunas de nuestras ciudades donde los miembros de la parroquia se abren a la hospitalidad y ofrecen sus casas a estas personas, haciendo vida los valores del evangelio: fui forastero y me acogisteis[1].
Si queremos conseguir una sociedad fraterna, donde ponga en el centro a la persona, independientemente de sus circunstancias, si queremos que el Reino de Amor y de justicia que Cristo nos propone se haga realidad, este es el camino: poner a la persona, a su dignidad, por encima de todo, y compartir los bienes que tenemos. Mientras haya personas que sufran, que no tengas cubiertas sus necesidades, que tengan que abandonar sus hogares y no encuentren acogida allá donde lleguen, mientras todo esto siga sucediendo, no es posible el desarrollo de los derechos humanos ni será posible el Reino de Amor que Dios quiere para todas las personas.
Tanto Ana como Daniel plantean situaciones difíciles en sus vidas, en un mundo, donde el valor de las personas ha dejado de tener el valor absoluto. Hemos de reclamar, a nuestras sociedades y a nuestros gobiernos, que el valor de la vida de cada persona, su bienestar, sea lo que prime a la hora de organizar la vida. En un Estado de Derecho, no se trata de que, a través de los servicios sociales, a los cuales Daniel, por ejemplo, no puede acudir porque no está empadronado, se les de lo que nos sobra y además organizando todo lo que tiene que tener y cómo lo tienen que hacer.
Ayudar a Daniel o a Ana es reconocerle su dignidad de persona, es poner en tela de juicio que no les estamos ayudando, si no que estamos dándoles lo que en justicia merecen. Es tratarle como a mí me gustaría que me trataran, es facilitar el acceso a todos los derechos que tiene como persona, por ser hijo de Dios y por ser ciudadano. ¿Nos creemos esto? ¿somos capaces de analizar lo que pasa en el mundo y lo que favorecen los gobernantes con sus políticas? ¿estamos dispuestas a ver en el otro y la otra al hermano y tratarle como tal? Pues ese es el camino, bajo mi punto de vista, para conseguir un mundo más justo, más igualitario y más fraterno, en definitiva, hacer posible y real el Reino de Amor que Dios quiere para todas las personas.
[1] Evangelio de Mateo 25,35
Thomas Ubrich, equipo de Estudios de Cáritas Española.
¿Podemos afirmar que el dinero da la felicidad? Desde luego que mal no viene… pero, ni su carencia puede explicar por sí solo las situaciones de vulnerabilidad social, ni cuando lo hay puede determinar nuestra calidad de vida.
Ahora bien, es manifiesto que el hecho de disponer o no de dinero, y según cuánto disponemos, tiene un impacto más o menos positivo en nuestro sentimiento de felicidad y sobre nuestra percepción de estar incluido o menos. Parece que de hecho esta relación es incluso más pronunciada cuando uno es más pobre que cuando uno es más rico. Una razón para entender esta afirmación es que el hecho de disponer de dinero es más eficaz para satisfacer necesidades deficientes o no cubiertas, que para satisfacer necesidades superiores, es decir las relacionadas con la autorrealización.
La falta de dinero suficiente para poder cubrir las necesidades esenciales obliga a muchas familias a hacer renuncias, arbitrajes imposibles entre comer productos frescos o poder llenar el depósito del coche, pagar el abono mensual de transporte, o comprar ropa nueva, materiales escolares o incluso posibilitar que los hijos acudan a una excursión del colegio. Estas estrategias o decisiones obligadas hacen muchos estragos en las familias y sus miembros, dejando heridas y cicatrices fruto de la ansiedad y el miedo al mañana que bloquea el poder planificarse y vivir con tranquilidad.
Globalmente, el 7% de las personas de 16 o más años reconoce no haberse sentido feliz nunca o solo alguna vez durante el año 2022[1]. Este porcentaje fue mayor a medida que descendía el nivel de ingresos, alcanzando casi el 10% de las que tenían ingresos bajos, frente al 5% de las de ingresos altos; es decir generando una brecha de desigualdad de 5 puntos porcentuales entre los que más tienen y los que menos.
De la misma manera, la percepción de sentirse excluido de la sociedad (de acuerdo o totalmente de acuerdo) es casi 4 veces mayor entre la población con menos ingresos (12%) frente a la que más tiene (3,4%).
Asimismo, algo similar ocurre si observamos la percepción de soledad, una vez más un nivel de ingresos más bajo parece asociarse con el sentimiento más negativo: un 4,1% del primer quintil de ingresos reconoce sentirse siempre solo frente al 0,5% del quinto quintil. Se trata de un sentimiento muy relacionado con el sentimiento de satisfacción con la vida, felicidad o inclusión, a su vez muy relacionado con la posibilidad de poder pedir ayuda a personas del entorno social más cercano: el 11,6% de las personas con los ingresos más bajos dijo no poder pedir ayuda a familiares, amigos o vecinos, frente al 3,4% de las personas con los mayores ingresos.
En suma, tal vez no existan los medios ni los recursos para garantizar la felicidad, pero sin duda, las autoridades públicas pueden y deben garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado de todas las personas y familias, independientemente de su origen, su situación de dependencia o discapacidad, su composición familiar, su género, o cualquier otra cuestión que genere una situación de desventaja. Esta protección debe pasar indudablemente por un sistema de garantía de ingresos mínimos, así como de políticas públicas y sociales adecuadas y suficientes para permitir cubrir las necesidades básicas y esenciales, pero también asegurar una participación social en condiciones de dignidad y de libertad de elección.
[1] Módulos de salud y calidad de vida, ECV 2022, INE.
Francisco Manuel Carballo Rodríguez. Profesor de Trabajo Social en la Universidad de Salamanca.
Pepa es la protagonista de Ama, una película que narra la historia del fracaso de una joven que afronta la maternidad en solitario. Pepa ha ido saliendo adelante con su hija Leila con la ayuda de algunos apoyos que acaban agotándose. La amiga con la que comparte vivienda y una relación de pareja que se intuye problemática dejan de ser el inestable sostén con el que la protagonista había contado para ocuparse de su hija. Por otra parte, Pepa no logra compatibilizar un empleo precario, como relaciones públicas en una discoteca, con sus responsabilidades como madre. Estas circunstancias harán que madre e hija se encuentren un día en la calle y sin opciones de dormir en un lugar seguro. El relato es sin duda un drama personal, a partir del cual se puede reflexionar sobre la responsabilidad individual o sobre cómo el azar determina nuestras vidas. Pero aquí dejaremos de lado esos enfoques y destacaremos lo que esta historia nos muestra sobre la experiencia social de quienes comparten, al menos, tres características: ser mujer, encontrarse en una situación vulnerable y haber vivido un periodo de crisis económica. Género y vulnerabilidad son factores inevitablemente asociados en sociedades en las cuales la integración social se produce a través del acceso y el mantenimiento del empleo, y donde las tareas vinculadas a la reproducción y a los cuidados han reposado tradicionalmente en el esfuerzo de las mujeres. En el caso de Pepa, su condición de mujer y de trabajadora del sector servicios en una zona turística se encabalga además con la experiencia de quienes tuvieron que abandonar sus lugares de origen para buscar oportunidades de vida y de trabajo en otras zonas más prosperas del país. Las regiones económicamente más deprimidas de España conocieron un éxodo masivo de jóvenes hacia lugares donde la industria o el turismo amortiguaban los efectos de la crisis económica. Quienes se acerquen a esta recomendable película reconocerán este contexto que se acaba de describir de forma somera. La crudeza con la que se muestra en esta película el resultado de la articulación entre maternidad, vulnerabilidad y crisis, debe relacionarse además con otro factor: la clase social. Si es fácil reconocer en Pepa un caso particular dentro del contingente de jóvenes emigrados hacia zonas del país dinámicamente más activas, también es sencillo identificar en ella sus orígenes de clase. Rosario, madre de Pepa y abuela de Leila, completa un triángulo de relaciones en el que la precariedad y las dificultades aparecen oscurecidas por formas de gestión privada de la intimidad, concentradas en atribuir responsabilidades individuales, que parecen transmitirse entre generaciones. Corresponde al espectador juzgar en qué medida puede hacerse de esta película una lectura como la que aquí se propone.
Título: Ama
Año: 2021
Directora: Júlia de Paz Solvas
Guion: Nuria Dunjó, Júlia de Paz Solvas
Compañías: La Dalia Films
