Acción social

La soledad de las personas mayores: retos para la intervención

Mª del Pilar Castro Blanco

Doctora en Psicología. Responsable del Área de Personas Mayores y Envejecimiento de Cáritas Bizkaia. Profesora de la Universidad de Deusto.

Puedes encontrar a Mª Pilar Castro Blanco en Linkedin.

 

La soledad es un fenómeno que genera una preocupación creciente, especialmente en los países más desarrollados. Son abundantes los estudios que nos indican que, a pesar de las facilidades del mundo contemporáneo para la comunicación y la conexión, la soledad es una sensación -y a veces una situación- extraordinariamente frecuente. También son llamativos los datos que nos alertan sobre las consecuencias negativas de la soledad sobre la salud física y mental de la población. Por todo ello, no es extraño que se hable de ella como de un problema de salud pública, o incluso que sea considerada un asunto en el que el estado debe intervenir, lo que está llevando a la creación de observatorios, planes de intervención, e incluso a secretarías de estado y ministerios (como en Gran Bretaña y Japón).

 

La soledad como situación y como sensación

Entre las investigaciones encontramos algunas que hablan de la soledad como situación (escasez o pobreza objetiva de relaciones), mientras que otras se refieren a la soledad como sentimiento o sensación (más relacionada con la insatisfacción con las relaciones). Hay que señalar que no siempre hay correspondencia entre ambas, ya que no toda situación de soledad genera sensación de soledad, ni toda sensación de soledad se explica por las dimensiones de la red social de la que dispone la persona. En otras palabras, la soledad como estado se ve y se puede valorar a través de datos objetivos, como el número de personas que viven solas, el tiempo que una persona pasa sin compañía o sin hablar con otras, etc.; en cambio, la soledad sentida, tiene que ver con la valoración que la propia persona hace de sus relaciones, y depende no solo de su número, sino también -y sobre todo- de aspectos cualitativos percibidos (afinidad, reciprocidad, conflicto…), por lo que es difícil de detectar para el observador externo y requiere que sea la misma persona quien la exprese.

 

El sentimiento de soledad y las personas mayores

Todas las personas, independientemente de los años que tengamos, necesitamos sentirnos vinculadas y disponer de relaciones significativas en las que nos sintamos bien. Y es habitual que a lo largo de nuestra vida pasemos por momentos en los que echemos de menos diferentes apoyos, o vivamos situaciones en las que algunas relaciones no respondan a nuestras expectativas, o no nos sintamos realmente conectados o comprendidos.

Sin embargo, a pesar de que la soledad no tiene edad, tendemos a asociarla con las personas mayores, debido a las pérdidas -de relación, de salud, de roles…- que es más probable que acumulemos a media que avanzamos en la vida. Realmente no está claro que las personas mayores sean el grupo con tasas más altas de sentimiento de soledad, según han atestiguado algunos estudios recientes en torno a la COVID 19 (como el de Losada et al., 2020), pero sí quienes pueden tener mayores limitaciones para luchar contra ella, especialmente cuando se tienen dificultades de movilidad, problemas sensoriales, dependencia, edad muy avanzada, desánimo… Por ello, no es extraño que las personas mayores sean las destinatarias de una parte importante de los programas, cada vez más frecuentes, de prevención y ayuda contra la soledad.

 

El reto de acompañar la soledad de las personas mayores

Sin duda, la sensibilidad y conciencia colectiva acerca de la importancia de actuar contra la soledad de las personas mayores ha crecido en los últimos tiempos, y eso es una buena noticia. Fruto de ello son la gran cantidad y variedad de iniciativas de personas anónimas, organizaciones, asociaciones vecinales, empresas e instituciones, que se orientan a ella: actividades grupales, paseos adaptados, programas intergeneracionales, reflexiones acerca del urbanismo, nuevos servicios profesionales, proyectos de convivencia… También en este momento, desde Cáritas hemos querido compartir nuestra experiencia, basada en el trabajo de numerosos equipos de personas voluntarias que durante muchos años han tratado de estar cerca de la soledad de las personas mayores, y que hemos recogido en un sencillo documento de trabajo recientemente publicado.

En este momento de intensa preocupación y acción contra la soledad de las personas mayores, tenemos al menos dos retos para actuar con acierto: por una parte, entender la profundidad y variabilidad de la soledad y, por otra, evitar la generación de un estigma en torno a las personas que están y/o se sienten solas.

El primero de los retos implica reconocer y tener presente que la soledad es más que tener o no relaciones, es decir, más de lo que ven nuestros ojos. Como ya señalaron Perlman y Peplau (1981), pioneros en la investigación de la soledad, se trata del sentimiento que se produce cuando percibimos que hay una discrepancia, a nivel cuantitativo y/o cualitativo, entre las relaciones que percibimos tener y las que desearíamos. En consecuencia:

  • Debemos atender a la subjetividad, y esto implica poner a cada persona como centro de cada iniciativa, escuchar a la persona y comprender sus necesidades, expectativas y su propia vivencia de las relaciones que tiene, hacer su propio plan desde su historia de vida, sus deseos… Los planes de intervención generales nos dan un marco, pero este debe ser adaptado a lo que para cada persona es satisfactorio. Y esto es acompañar, caminar junto a la persona, sin marcarle el camino ni juzgar su soledad.
  • Es deseable que la intervención contra la soledad atienda tanto a la soledad objetiva como a la sentida. Por ejemplo, tendemos a organizar actividades grupales para favorecer la posibilidad de estar con otras personas y evitar la soledad no deseada (es decir, estar solo/a cuando se quiere estar con otras personas), pero puede que el tipo de relación que se establezca no sea satisfactoria y finalmente se genere un sentimiento de soledad acompañada. Es decir, favorecer el contacto con otras personas es bueno, pero puede no ser suficiente. Hace poco tiempo escuché a una mujer contar que se sentía más sola en la residencia en la que había ingresado que cuando vivía en su domicilio porque no se llevaba bien con su compañera de habitación; decía cuando vivía sola en mi casa la gente entendía mi soledad, pero ahora estoy peor porque todos piensan que ya no estoy sola y que no tengo razón para sentirme así. Sin duda, esta persona mayor también debería ser destinataria de nuestra intervención.
  • No todas las relaciones son iguales ni nos satisfacen en igual medida; algunas incluso nos generan malestar. Baumeister y Leary (1995) identificaron algunos de los rasgos de las relaciones satisfactorias: afecto positivo, cierto grado de confianza para poder revelar emociones, contactos frecuentes, afinidad de intereses, reciprocidad… A ello nos referimos al hablar de la calidad de las relaciones. Además, teniendo en cuenta los modelos y tipos de apoyo social, resulta evidente que las personas necesitamos disponer de relaciones diferentes, pues no hay ninguna –ni siquiera las familiares- que pueda responder a todas nuestras necesidades. Por ello, hablamos también de la importancia de la variedad. En este sentido, y aunque no hay demasiada investigación al respecto, el trabajo con personas voluntarias nos ayuda a ser conscientes de su potencialidad y aportación única, junto con la del vecindario y la ciudadanía en general, a la lucha contra la soledad. Los vínculos establecidos desde la gratuidad favorecen el encuentro desde la libertad y la voluntad por ambas partes, lo que otorga un matiz singular a las relaciones que se establecen. Desde mi punto de vista, las instituciones pueden y deben hacer mucho para evitar la soledad no deseada, pero las relaciones de cercanía y de cuidado mutuo requieren de la participación ciudadana.

El segundo reto es evitar que la soledad de las personas mayores se convierta en un estigma, en algo de lo que avergonzarse. A pesar de que cada vez se usa más el término soledad no deseada, reconociendo que la soledad puede ser también una elección, muchas personas mayores se sienten obligadas a justificar su modo de vida y/o a sus familias (es que tienen que trabajar) y estas se ven con frecuencia negativamente juzgadas (cómo le deja vivir sola a su madre con la edad que tiene). Igualmente, es difícil para una persona mayor expresar que se siente sola, especialmente si sus condiciones de vida objetivas parecen no explicarlo (porque tiene familia, por ejemplo), por el halo de culpabilidad o de rareza que puede asociarse a la soledad aparentemente acompañada (no se esfuerza, algo habrá hecho para que los hijos no vengan, es que tiene mal carácter …). El miedo a ser juzgado/a negativamente dificulta que las personas mayores expresen sus verdaderas necesidades y pidan ayuda contra la soledad. De hecho, los instrumentos más eficaces para evaluar el sentimiento de soledad son aquellos que se refieren a ella indirectamente, sin llegar a nombrarla explícitamente.

Como se apunta desde la estrategia del Reino Unido, Campaign to End Loneliness, tener presente el estigma que genera la soledad nos puede ayudar a entender y llegar mejor a las personas. Por ejemplo, quizás deberíamos evitar las descripciones acerca de las personas mayores que se sienten solas que refuerzan los estereotipos negativos, como ha ocurrido a raíz de algunas campañas bienintencionadas que, queriendo concienciar, ahondan en la rareza de las situaciones. También es importante cómo presentemos nuestras iniciativas, pues pocas personas se sentirán atraídas a participar en un proyecto para personas solas; seguramente nos dará mejor resultado que planteemos nuestras intervenciones en clave de encuentro con otras, respondiendo a la necesidad universal de relación y de vínculo. Asimismo, no debemos olvidar que la reciprocidad en las relaciones es un factor directamente relacionado con su calidad percibida, y que, en general, a las personas nos cuesta menos dar ayuda que aceptarla. Si somos capaces de reforzar nuestras relaciones cercanas y de recuperar los vínculos y el cuidado mutuo comunitario, cada vez será más fácil escuchar frases como esta sin que nos importe que quien lo diga sea una mujer mayor que recibe el apoyo de un proyecto o la voluntaria que acude a su domicilio: Estamos muy a gusto. Compartimos un rato todas las semanas y hasta hemos llegado a sentirnos como amigas.

Comprender la soledad de las personas mayores y actuar contra ella nos ayuda a lograr una sociedad no solo más justa e inclusiva, sino también más vinculada, además de un futuro mejor para todas las personas que la componemos, independientemente de nuestra edad, pues todos necesitamos sentirnos queridos y acompañados, y el deseo de todos nosotros es llegar a envejecer.

 

Bibliografía

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497-529.  https://www.researchgate.net/publication/15420847_The_Need_to_Belong_Desire_for_Interpersonal_Attachments_as_a_Fundamental_Human_Motivation

Campaign to End Loneliness: https://www.campaigntoendloneliness.org/

Cáritas Española (2021). Prevenir y aliviar la soledad de las personas mayores. El papel único del voluntariado en los procesos de acompañamiento. Documentos de trabajo, 9. https://bit.ly/2ZivRRC

Castro-Blanco, M.P. (2020). La soledad y las personas mayores. Labor Hospitalaria, 326, 67-79.

Losada, A., Márquez, M., Jiménez, L., Pedroso, M. S., Gallego, L. y Fernandes, J. (2020). Diferencias en función de la edad y la autopercepción del envejecimiento en ansiedad, tristeza, soledad y sintomatología comórbida ansioso-depresiva durante el confinamiento por la COVID-19. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 55(5), 272-278. https://doi.org/10.1016/j.regg.2020.05.005Get

Perlman, D., & Peplau, L. A. (1981). Toward a social psychology of loneliness. En S. Duck, & R. Gilmour (Eds.), Personal relationships 3: Personal relationships in disorder (pp. 31-56). Londres, Reino Unido: Academic Press.

Sancho, M.; Barrio, E. del, Diaz-Veiga, P., Marsillas, S., Prieto, D. (2020). Bakardadeak. Explorando soledades entre las personas mayores que envejecen en Gipuzkoa. Instituto Matía

 

Número 8, 2021
Del dato a la acción

Exclusión residencial en tiempos de COVID-19: una experiencia de reflexión sobre la acción

Andrea Jarabo Torrijos, Responsable de Comunicación e Incidencia de Provivienda.

Josune Huidobro Rodríguez, Responsable de Operaciones de Provivienda.

Puedes encontrar a Provivienda en Twitter, Facebook y Linkedin.

 

 

Evolución de problemas detectados durante el Estado de Alarma en la intervención de Provivienda en la crisis de la COVID-19. Fuente: Registros sobre el impacto de la crisis de la COVID19 en la población atendida por Provivienda durante el Estado de Alarma en las 10 Comunidades Autónomas en las que interviene.

 

La crisis sanitaria de la Covid-19 se convirtió rápidamente en crisis social, en la que la vivienda ha tenido un papel clave. Este gráfico ilustra parte de los 4.681 seguimientos que realizamos durante el Estado de Alarma, en los que no solo cambiaba la realidad material de las personas con las que trabajamos, también la forma en la que los equipos la afrontan. El #Quédateencasa se extendió a todas las personas, también a aquellas que sufren exclusión residencial, y resultaba preocupante cómo afectaría el confinamiento o la paralización de plazos judiciales y administrativos. En un contexto preCovid el hacinamiento afectaba al 16,4% de la población con la que trabajamos, y el 61% de esta población no contaba con calefacción para todas las estancias de su vivienda (Provivienda, 2019). La mitad de la población atendida percibía sus viviendas deficitarias en cuanto a mantenimiento y conservación, y dos de cada diez manifestaron que dichas deficiencias eran notables (Provivienda, 2019). La importancia de esta situación de partida se reflejó en los seguimientos de situaciones de hacinamiento, pobreza energética, o problemas para pagar la renta o suministros.

La vulnerabilidad residencial se relaciona con problemas de bienestar social y emocional (Provivienda, 2019; 2018), por lo que detectar situaciones de ansiedad, soledad no deseada o sensación de falta de control fue clave para orientar nuestra intervención durante estos meses, así como evaluar problemas relacionados con la información (confusión, fiabilidad, sobreinformación…). Es por eso, que el acompañamiento social telefónico, la escucha activa y empática, o el acercamiento a la información sobre medidas y recursos resultó especialmente necesario en este contexto. La preocupación por la pérdida de empleo o la imposibilidad de realizar trabajos de economía sumergida, y el no disponer de recursos para cubrir necesidades básicas, sobresalen como principales problemas a la finalización del confinamiento. Los miedos a perder la vivienda o a cortes de suministros son una realidad ligada a la falta de capacidad de pago.

Actualmente, encontramos un aumento de contagios que, si bien enfrenta otros interrogantes, aparece con lecciones aprendidas que deberíamos responder desde las políticas públicas: ¿cómo mitigar los problemas de vivienda en nuevos confinamientos? ¿Cómo afrontar la falta de información, su complejidad y las dificultades burocráticas en el acceso a recursos? ¿Cómo mitigar la pérdida de ingresos en familias que han quedado fuera de las medidas ligadas a la COVID?

Con el recorrido de estos seis meses, hemos modificado nuestra intervención, adaptándola a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad residencial. Sin embargo, no podemos permitirnos que esta gráfica se replique nuevamente a final de este año: las políticas públicas deben tomar nota de lo que ha ocurrido para evitar dejar atrás a las personas más vulnerables.

Referencias

Provivienda (2018). Cuando la casa nos enferma: la vivienda como cuestión de salud pública. Madrid: Provivienda. Disponible en: https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/INFORME-CUANDO-LA-CASA-NOS-ENFERMA-1.pdf

Provivienda (2019). Cuando la casa nos enferma: impactos en el bienestar social y emocional. Madrid: Provivienda. Disponible en: https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/Informe-Cuando-la-casa-nos-enferma-II.pdf

 

 

Número 6, 2020
En marcha

Alfabetización energética para la intervención social en plena crisis COVID-19

Nuria Baeza Roca

Trabajadora Social y doctora en Sociología. Socia de la cooperativa AeioLuz Evolución Energética.

Puedes encontrar a Nuria Baeza en Twitter y Linkedin; y a la cooperativa AeioLuz en Twitter y Linkedin.

 

La experiencia del confinamiento durante la crisis del COVID-19 ha evidenciado la necesidad de garantizar los suministros energéticos a toda la población, como un mínimo de soporte vital con el que poder, tan siquiera, quedarse en casa.

La dependencia energética de nuestra sociedad es innegable. Las tecnologías han hecho algo más llevadero este encierro; poder encender cualquiera de nuestros dispositivos para conectarnos con el mundo exterior ha sido vital para seguir sintiéndonos unidos, en comunicación. Para muchos ha supuesto la posibilidad de seguir trabajando, estudiando. Sin las tecnologías y sin los suministros energéticos la hecatombe hubiese sido aún peor.

Que funcione la nevera, que podamos poner la lavadora, ver las noticias en nuestra televisión, cargar la batería del teléfono móvil, todo depende de que a nuestro hogar llegue el suministro eléctrico. No acabamos de tomar conciencia de cómo tendríamos que cambiar nuestra vida si nos viéramos forzados a vivir sin energía eléctrica. ¿Puedes imaginarlo?

En estos meses veremos incrementadas nuestras facturas de suministros, porque estar 24 horas en casa, significa que hemos consumido más energía de lo habitual… muchos podremos asumir el coste, pero para otros hogares, ya era difícil antes del estado de alarma. Pagar las facturas ya era difícil desde hace tiempo.

Conscientes de esta realidad, hace cinco años surgió la cooperativa AeioLuz, que aborda una de las manifestaciones de la pobreza más común y tangible; la denominada Pobreza Energética.  Para todos son fácilmente reconocibles las situaciones que viven las familias en esta circunstancia; dificultad económica para hacer frente al pago de las facturas de suministros del hogar, estrés por la acumulación de deudas, angustia y ansiedad por la incertidumbre de si será posible mantener el suministro o si se producirá la desconexión. Pero las repercusiones van más allá de lo económico. No tener una confortabilidad en el hogar afecta a la salud física, porque se pasa excesivo frío en invierno o demasiado calor en verano. Afecta al descanso, a la higiene, a la alimentación, al rendimiento escolar. Afecta incluso a las relaciones sociales; carecer de un lugar confortable donde vivir dificulta poder compartir tu hogar con otros, recibir visitas, formar comunidad.

Existen colectivos especialmente sensibles a esta realidad; las familias con varios menores en casa, los hogares monomarentales y los hogares unipersonales de mayores de 65 años. Lamentablemente, la vulnerabilidad energética ya se estudia como un factor determinante de muertes prematuras[1].

Porque pensamos que se trata de algo más que incapacidad económica de pagar facturas, en AeioLuz hablamos de Vulnerabilidad Energética[2] y no tanto de Pobreza Energética. Hablamos de la vulneración al derecho a vivir una vida digna. Hablamos de Derecho a la energía.

Un problema común

La realidad que se vive en los hogares más vulnerables es muy compleja. Los problemas se superponen unos a otros, acumulándose y haciendo difícil encontrar una única solución. Antes podía ser suficiente encontrar un empleo. Ahora sabemos que, en muchas ocasiones, ni siquiera con un trabajo las familias pueden superar la pobreza y la exclusión. Son necesarias actuaciones conjuntas, desde muchos frentes y coordinadas para ayudar a las familias a mejorar sus condiciones de vida.

Son muchos los hogares que recurren a los servicios sociales públicos y a entidades privadas como Cáritas a solicitar ayudas económicas para garantizar el pago mes a mes de sus facturas. La cuantía económica que se destina a pagar a las compañías privadas comercializadoras como parte de los presupuestos municipales de acción social y por parte de entidades de acción sociocaritativa, asciende anualmente a varios millones de euros[3]. Pero no suele ser suficiente.  Es frecuente que los hogares en situación de exclusión combinen la atención de varias entidades para cubrir intermitentemente esta necesidad. Incluso la tramitación del Bono Social requiere del trabajo de profesionales públicos para que las empresas privadas apliquen dichos descuentos reconocidos por ley.

Los profesionales de la acción social, que no necesariamente están formados en materias energéticas, entienden que existe una relación directa entre consumo de energía y coste de las facturas y solicitan la implicación de las familias para racionalizar y economizar su consumo energético. Las estrategias familiares que se ponen en marcha suelen centrarse en la reducción del consumo energético; apagar luces, cocinar lo justo, reducir las horas de calefacción, abrigarse más en casa e invertir en medidas que mejoren la eficiencia[4]. Todas estas acciones tienen la intención de que la cuantía de las facturas disminuya, pero muchas veces el esfuerzo por ahorrar tiene un resultado limitado que no es achacable al uso de la energía. Otros factores ajenos a los esfuerzos de las familias por consumir lo justo son los responsables de que las facturas no desciendan; el mercado energético y sus precios y la escasa eficiencia energética de los edificios.

Estos factores nos afectan a todos. De hecho, pocos de nosotros sabemos descifrar nuestra factura de la luz, poco sabemos en qué mercado compramos la energía, menos aún, a qué precio. No es fácil comparar las tarifas que nos proponen y muy pocos consumidores sabemos que hay más trescientas comercializadoras a las que se puede contratar los suministros.

El trabajo de AeioLuz

La propuesta de trabajo de AeioLuz, parte precisamente del conocimiento del funcionamiento del mercado energético. Somos alfabetizadores energéticos. La formación y el conocimiento es la manera de manejarse en el opaco mercado de la energía. Ahorro, eficiencia y sostenibilidad son el resultado de nuestro trabajo. La sostenibilidad medioambiental, la Transición Ecológica y el cuidado de la Casa Común son el telón de fondo de nuestras actuaciones; nuestra Misión y Visión.

Cuando trabajamos para administraciones públicas o entidades de acción socio caritativa para afrontar problemas de Vulnerabilidad Energética, coordinamos nuestra formación con los planes de intervención familiar que los técnicos proponen a las personas que acompañan. Las estrategias contra la Vulnerabilidad Energética son un hilo más del que tirar para actuar sobre las complejas situaciones de las familias. Son un modo de intervenir en la economía doméstica, en la organización interna de las dinámicas familiares. Pueden ser una herramienta más de la intervención social que tiene efectos económicos rápidos y aumenta las capacidades de agencia de las familias.

Cómo lo hacemos

Es fundamental previamente formar a las personas técnicas, al voluntariado y a los órganos directivos. Nuestra experiencia nos enseña que estos conocimientos son igualmente útiles para todas las personas implicadas en la intervención social. La formación que impartimos produce ahorro energético y económico en todos los participantes. Ocurre que, partiendo de una lectura comprensiva de las facturas de suministros (luz, agua, gas, telefonía), llegamos a entender los mecanismos del mercado energético y nos reconocemos tan desinformados como las familias con las que trabajamos. Este reconocimiento produce un efecto igualador que nos sitúa en el acompañamiento a los procesos de una forma mucho más empática.

Y la parte más fundamental; formación a los hogares en situación de Vulnerabilidad Energética. A través de diferentes formatos y adaptados al público asistente, centramos nuestro interés en aprender a gestionar la economía doméstica de una manera sostenible. Cada participante aprende a realizar un diagnóstico de sus usos energéticos. Aprende a utilizar los electrodomésticos y los suministros de la manera más eficiente posible. Analizamos las facturas en conjunto y comprobamos la variabilidad entre las distintas compañías, dentro de las mismas y en los diferentes mercados donde estas operan.

Aprendemos a reconocer a partir de las necesidades de cada hogar qué mercado, qué tarifa y qué precios son los más adecuados y aprendemos trucos para ahorrar. Y lo hacemos en grupo. Por varias razones; porque comprobamos juntos que la desinformación en común, porque comparamos los precios a los que compramos la energía y porque aprendemos unos de los otros. Aprendemos a necesitar menos, gastar menos y pagar a un precio justo.

Completamos la formación con una atención individualizada por familia, donde acompañamos los trámites y gestiones que han de acometer ante las compañías comercializadoras. Acompañar este proceso es fundamental ya que no es frecuente que las compañías faciliten los cambios.

Los ahorros generados con la optimización de la contratación y con los cambios de hábitos ya son importantes, pero en muchas ocasiones es necesaria una actuación directa en los hogares.

En AeioLuz, visitamos las viviendas de las familias y realizamos una diagnosis energética, analizando el consumo de los electrodomésticos y buscando puntos donde la eficiencia no es óptima; mal aislamiento, fugas en puertas y ventanas, electrodomésticos viejos, grifos y cisternas que gotean… Instalamos elementos de eficiencia pasiva en los puntos críticos y de esta forma disminuimos el consumo y, por consiguiente, las facturas. Esta visita domiciliaria la realizan técnicos energéticos y técnicos sociales de AeioLuz, de manera que se prolonga la intervención social en el propio domicilio.

Los gastos del hogar suponen cerca del 30% del presupuesto de las familias. Aprender a ahorrar energía y pagar un precio justo por ella puede ayudar a equilibrar este presupuesto. Los resultados que hemos obtenido a lo largo de estos años nos indican que las familias ahorran de media más de 300 euros anuales en sus facturas de suministros. Y que las instituciones pueden atender a más necesidades, porque la demanda media de las ayudas en suministros por familia desciende un 25%.

Y lo que es aún mejor. Al reducirse la demanda energética, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo que se contribuye a la mitigación del Calentamiento Global.

El futuro tras la crisis del COVID-19 profundizará aún más las desigualdades y la pobreza. La Vulnerabilidad Energética se va a agudizar mientras no se garantice el derecho a la energía.

La descarbonización de la economía y la instalación descentralizada de producción de energía renovable son una oportunidad para cambiar de modelo económico y construir un futuro sostenible. Un futuro inclusivo, más igualitario y más justo.

[1] Tirado, S. et al (2016) Radiografía de la Pobreza energética. Barcelona. Fundación La Caixa.

[2] Pellicer, V. (2018) Ampliando la comprensión de la pobreza energética desde el enfoque de capacidades. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo. Zaragoza. Red Española de Estudios de Desarrollo.

[3] Sólo el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia invirtió en 2019 más de 700.000 euros en ayudas directas para Pobreza energética.

[4] FOESSA (2017) Desprotección social y estrategias familiares. Madrid: Fundación FOESSA.

Acción social

¿Qué supondría, hoy y aquí, avanzar hacia una intervención social (de base) más comunitaria?

Fernando Fantova

Consultor social.

Puedes encontrar a Fernando Fantova en Facebook, Twitter y Linkedin, además de su página web.

 

El artículo nos propone una reflexión sobre la posibilidad de otro modelo de intervención social. Se proponen cinco líneas estratégicas que permitirían construir una intervención social universal, sectorial (e integrada) y comunitaria. En otras palabras, el modelo comunitario de acción social.

 

Posiblemente en la mente, en los sentimientos, en los valores, en los actos, en las decisiones, en las organizaciones de no pocas personas dedicadas a la intervención social (a la acción social, a los servicios sociales) podemos percibir, de forma más explícita o implícita, un modelo, una concepción, una comprensión de esa labor, consistente en hacerse cargo de manera integral de la satisfacción de las necesidades (o de las carencias) de una persona o grupo de personas, para, posteriormente (incluso inmediatamente), ir dejando de dar respuesta a unas u otras de dichas necesidades a medida que las propias personas u otros agentes están en (mejores) condiciones de hacerlo, cuando esto puede suceder y sucede.

Esta visión de la acción social, esta forma de pensarla y practicarla parece verse reforzada, además, en momentos o situaciones de emergencia (como la generada por la pandemia de la covid-19), en los que, en buena medida, lo que está en juego es la propia supervivencia de muchas personas, por la afectación en cadena, rápida, intensa e imprevisible de diferentes áreas críticas de su vida. Sin embargo, esa concepción, seguramente, hunde sus raíces en la historia de esa actividad que ahora denominamos intervención social (o, a los efectos de este artículo, sin mayores distinciones, acción social o servicios sociales) y que, en nuestro entorno, es realizada, en buena medida, desde disciplinas y profesiones como el trabajo social, la educación social, la psicología de la intervención social, la integración social, la asistencia personal y otras.

En esa historia, la intervención social se construyó en muchos momentos como una acción (final y) residual frente a otros modos de satisfacción de necesidades (de cualquier necesidad) de las personas: si no tenías la capacidad funcional para dar satisfacción a algunas de tus necesidades, si no tenías recursos con los que dar respuesta (directa o indirectamente) a ellas, si no tenías relaciones primarias que te facilitasen dicha satisfacción, si no eras titular de algún derecho o garantía para obtener respuesta a ciertas necesidades, entonces, en la medida en que todo eso sucediese, tu situación de exclusión social y vulnerabilidad general te llevaba a ser objeto de intervención social, destinataria de la acción social, usuario de los servicios sociales.

La evolución de nuestra sociedad y de los diferentes mecanismos (profesiones, sistemas, organizaciones, instituciones) de los que disponemos las personas para satisfacer nuestras necesidades ha ido poniendo en cuestión, ha hecho entrar en crisis este modelo (de última red) residual de acción social, en contextos en los que la creciente complejidad interconectada de los riesgos a los que nos enfrentamos hace que consideremos, en general, más valiosa la respuesta a las necesidades que se realiza desde la especialización sectorial (por necesidades: salud, alimentación, seguridad, transporte, cuidados y otras) y recelamos, en general, de supuestas proveedoras integrales o inespecíficas de respuesta al conjunto de nuestras diversas necesidades.

¿Qué pasa, entonces, si los subsistemas o disciplinas correspondientes van mejorando su capacidad técnica de respuesta a diversas necesidades (como las de alojamiento o vestido, por citar otros dos ejemplos) y va perdiendo sentido y utilidad que, desde la intervención social, pretendamos alojar o vestir (por seguir con los mismos dos ejemplos)? ¿Qué pasa si, como ha sucedido en esta pandemia, parece hundirse, por ejemplo, la reputación o deseabilidad de las residencias de mayores, resistente ejemplo de ese modelo de hacerse cargo integralmente desde los servicios sociales del que estamos hablando? ¿Qué pasa si importantes capas de población, excluidas por procesos estructurales del acceso, por ejemplo, a la calefacción o la atención odontológica, entienden que, en último caso, podrán ir a los servicios sociales públicos o del tercer sector para poder acceder a esos bienes (y eso será misión imposible)?

Lo que pasa, posiblemente, es que la intervención social (la acción social, los servicios sociales), tanto pública como solidaria, se ha de preguntar si hay otro modelo, otra forma de comprenderse y de producirse. Y la respuesta podría ser que sí, que lo hay, pero que hay que entender que representa un giro copernicano, un cambio de paradigma, un salto cualitativo respecto al modelo anterior, ya que estamos hablando de una intervención social que:

  • Abandonando su posicionamiento como actividad orientada a una parte de la población, se declara y se pretende universal, se construye como valiosa para todas y cada una de las personas de la sociedad. Se acabó el soniquete de los que más lo necesitan, los colectivos vulnerables y expresiones por el estilo.
  • Abandonando su ambición integral, identifica con claridad a qué necesidades, potencialidades, problemas o demandas de las personas pretende dar respuesta y se integra con otras respuestas sectoriales o parciales. Se acabó el soniquete de la atención integral, la visión holística y demás.
  • Abandonando su tradición de hacerse cargo de las personas, incluso alejándolas y protegiéndolas de sus redes familiares y comunitarias, se transforma en una intervención social que busca desencadenar cambios en las comunidades, imbricarse en la vida de la comunitaria, atender a las personas en la comunidad y a través de la comunidad, de la mano de otros servicios y agentes comunitarios. Se acabó una intervención social dispuesta a apartar de la vista de la comunidad a personas rechazadas, discriminadas o excluidas por ella.

Por tanto, postulamos aquí que podemos identificar prácticas realmente existentes y conocimiento construido que apuntarían a una intervención social universal, sectorial (e integrada) y comunitaria. Seguramente, tanto en la Administración pública como en la economía solidaria, sigue predominando una acción social residual, (pretendidamente) integral y desconectada de las comunidades, pero hay mimbres, hay algunos mimbres que permitirían girar hacia ese modelo de acción social de base comunitaria y abierto a la diversidad del que estamos hablando. Postulamos que estamos hablando de modelos alternativos, es decir, que universalidad, sectorialidad y base comunitaria van de la mano (del mismo modo que el modelo residual y pretendidamente integral supone y necesita el alejamiento de la comunidad).

Tomando conciencia de la envergadura de la apuesta alternativa que se está planteando, para finalizar este breve artículo, se proponen a continuación (y después se glosan) cinco líneas estratégicas que permitirían construir, poner a prueba, pulir y escalar el modelo comunitario de acción social que se pretende dibujar:

1. Separar radicalmente la intervención social (cuyo objeto sería la interacción) de las actividades de asignación de recursos económicos o materiales para necesidades de subsistencia o similares.

2. Impulsar con fuerza la transición desde una intervención social de carácter mera o principalmente práctico a otra basada en el conocimiento científico.

3. Apostar por el desarrollo tecnológico y la digitalización de los servicios sociales.

4. Entender la construcción de los servicios sociales como un proceso de innovación social en las comunidades en las que éstas van generando, aceptando, modulando y modificando normas, instituciones, valores y consensos reguladores de la vida cotidiana e interdependiente de las personas en los domicilios, vecindarios y territorios.

5. Forjar una alianza estratégica con las políticas e intervenciones urbanísticas y de vivienda en el marco de una acción comunitaria transversal y una gobernanza integrada del bienestar.

En primer lugar, diremos que, en una sociedad tan mercantilizada como la nuestra y con tantos obstáculos estructurales y emergentes para el acceso de importantes segmentos poblacionales a bienes físicos de primera necesidad (como el alimento, el vestido o la energía, o, también, al alojamiento), cabe considerar prácticamente imposible que se configure y posicione una intervención social dedicada a promover y proteger la interacción de todas las personas (es decir, su autonomía para decisiones y actividades de la vida diaria en relaciones primarias familiares y comunitarias) mientras las estructuras y agentes de los servicios sociales tengan encomendada, a la vez, la tramitación de ayudas para la obtención de dichos bienes, tramitación que debiera corresponder a los Departamentos correspondientes a dichos bienes (como Comercio, Industria o Vivienda) o, en su defecto, a Departamentos de Hacienda (y en el caso de organizaciones solidarias, posiblemente, también a estructuras y agentes diferenciados).

En segundo lugar, la intervención social y sus disciplinas y profesiones deben hacer un esfuerzo por superar su actual estadio de desarrollo dominado por un saber hacer artesanal práctico para, sin desconocer nunca la importancia de la pericia profesional, entrar decididamente en una etapa de intervención social de carácter o base científica, con las consecuencias y condiciones que ello conlleva en términos de configuración de las comunidades y redes de conocimiento, de las dinámicas y procedimientos para su construcción y avance del saber y de las herramientas, instrumentos, aplicaciones y plataformas de evaluación de la intervención y sus efectos.

En tercer lugar, la acción social, como cualquier otra actividad, debe ser objeto de un desarrollo e innovación tecnológica que la incorpore a la capa digital y que le permita beneficiarse de la comunicación telemática, la inteligencia artificial distribuida, el procesamiento de grandes cantidades de datos, el internet de las cosas (también de las llevables) o las plataformas colaborativas, tanto para su realización, gestión y gobierno como para su integración vertical (intrasectorial) y horizontal (intersectorial) con otras ramas de actividad.

En cuarto lugar, se ha de entender que este modelo de intervención social puede llegar a afectar, a mayor o menor escala territorial y humana, al cambio y la innovación en la comprensión y configuración del contrato social, entendido como el conjunto de normas asumidas por las personas (individual y colectivamente) sobre lo que pueden esperar de otras personas o instancias y lo que deben aportar. Estamos hablando de una acción social organizada y profesionalizada que busca nuevas e importantes sinergias con las relaciones y redes primarias de carácter familiar y comunitario, brindándoles aportes y esperando que brinden apoyos.

Por último, el giro desde una intervención social residual a una de base comunitaria representa un cambio en la manera en la que los servicios sociales se relacionan y se integran con otros ámbitos de actividad, en las intervenciones y políticas transversales de igualdad y atención a la diversidad (de género, generacional, funcional y cultural), que podríamos englobar como acción comunitaria, y, por tanto, en la gobernanza del conjunto de políticas sociales. En ese marco, la intervención social, posiblemente, está llamada a una especial integración y alianza con la intervención urbanística y habitacional, para la consecución de territorios y comunidades amigables, inteligentes y sostenibles.