10 IV ETAPA

La alimentación: bien común, bien público y derecho humano

La crisis vinculada a la pandemia del coronavirus ha acentuado las vulnerabilidades sociales, y la compra de alimentos se vuelve cada vez más difícil para más personas. Las entidades sociales y solidarias ven así llamar a sus puertas a personas que nunca antes habían visto y advierten de la necesidad de dar respuesta a necesidades cada vez mayores. Son muchas las voces que apelan por un cambio de lógica y pasar de la ayuda alimentaria al derecho universal a la alimentación.

Editorial

El derecho a la alimentación como derecho humano: abandonar el asistencialismo para garantizar la autonomía alimentaria

La crisis vinculada a la pandemia del coronavirus ha acentuado las vulnerabilidades sociales, y la compra de alimentos se vuelve cada vez más difícil para más personas. Son muchas las voces que apelan por un cambio de lógica y pasar de la ayuda alimentaria al derecho universal a la alimentación.

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Acción social

Buenas prácticas contra el estigma: el ejemplo de la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma

En el año 2019, fruto del acuerdo entre Grupo 5 y la Universidad Complutense de Madrid, nace la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el estigma. En el presente artículo se describen algunas de las principales actividades de la cátedra, especialmente aquellas relacionadas con las buenas prácticas en la lucha contra el estigma.
Por Sara Zamorano, Manuel Muñoz, Jesús Saiz y María Salazar

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Ciencia social

Migraciones y resistencia: repensar las prácticas participativas desde los espacios fronterizos

Las personas migrantes no son víctimas pasivas de la política migratoria, sino que llevan a cabo diferentes tipos de estrategias para enfrentarse eficazmente al racismo institucional que hay que reconocer y valorizar para que la acción sea más eficaz. Las migraciones son un tipo único de acción colectiva que cuestiona el régimen fronterizo.
Por Daniel Buraschi, Natalia Oldano y María José Aguilar Idáñez

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Con voz propia

El crecimiento, ¿solución o problema?

El artículo es una reflexión crítica sobre los límites e insuficiencias del indicador que mide el crecimiento económico y de las políticas cuyo objetivo es hacer máximo el Producto Interior Bruto.
Por Fernando Luengo

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Conversamos

Características y aspectos diferenciales de la actual crisis sanitaria, social y económica

Miguel Laparra, co-coordinador del informe “Evolución de la cohesión social y consecuencia de la COVID-19 en España”, presenta las principales características y aspectos diferenciales de la actual crisis sanitaria, social y económica: aumento de las desigualdades, exclusión social más severa, amenaza de fractura social; seguidamente, ofrece una valoración del esfuerzo de respuesta desde las políticas públicas para proteger a la población más vulnerable, y finalmente destaca cuáles serían los principales retos y recomendaciones para la acción social.

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En marcha

El modelo de cuidados de larga duración en transición: la articulación de programas comunitarios en el sistema público de bienestar tras la Covid-19

La “comunidad” es una esfera de provisión de cuidados que conecta a los individuos con el territorio que habitan y favorece los vínculos sociales. Eso sí, su expansión tiene que estar articulada desde las políticas públicas y nunca debe suponer su retraimiento. Experiencias innovadoras se están llevando ya a cabo iniciadas por las administraciones locales.
Por Raquel Martínez Buján

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A fondo

Efectos de la precarización alimentaria en el bienestar de las personas. Otras respuestas para la transformación de la ayuda alimentaria

Por Marta Llobet, Paula Durán, Claudia Rocío Magaña-González, Araceli Muñoz y Eugenia Piola

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A fondo

El acceso al derecho a una alimentación saludable en Cáritas. Cuestión de justicia, dignidad, inclusión y sostenibilidad

Por María Martínez

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A fondo

Análisis crítico sobre el derecho a una alimentación sostenible en el Estado Español: Retos y posibilidades

Por Ana Moragues

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Del dato a la acción

La obsesiva apuesta por la activación

Las políticas públicas y la intervención social del tercer sector en contextos de exclusión social hacen, con mucha frecuencia, un especial hincapié en la activación de las personas. Haciendo un análisis que sitúa la causa en el terreno de lo personal. Los datos de la EINSFOESSA 2021 desmienten que este sea el problema central, poniendo de manifiesto que son los propios mecanismos de integración social los que fallan. ¿ha llegado la hora de poner ahí el acento?
Por Pedro Fuentes

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Documentación

Libro: Poder corporativo, irresponsabilidad empresarial y democracia económica. Variaciones sobre un mismo tema (José Ángel Moreno, 2021, Madrid, Economistas sin Fronteras)

A lo largo de los artículos de este libro asistimos a la búsqueda constante de la ética en la actividad corporativa por parte del autor y a la búsqueda de propuestas que permitan una verdadera transformación empresarial.
Por Laura Ruiz

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Editorial

El derecho a la alimentación como derecho humano: abandonar el asistencialismo para garantizar la autonomía alimentaria

Si bien los alimentos producidos en el planeta son suficientes para alimentar a más del total de la población mundial, casi mil millones de personas pasan hambre. Por no hablar de que un tercio de esta producción se desperdicia o se pierde cada año. Por lo tanto, es evidente que el problema no es una cuestión de cantidad sino de distribución y acceso a los alimentos.

Según el derecho internacional, el derecho a la alimentación es un derecho humano que protege el derecho de todo ser humano a alimentarse dignamente, ya sea produciendo sus propios alimentos o comprándolos. Para producir sus propios alimentos, una persona necesita tierra, semillas, agua y otros recursos, y para comprarlos necesita dinero y acceso al mercado. En consecuencia, el derecho a la alimentación implica que el Estado debe garantizar una serie de mecanismos para posibilitar su disfrute por parte de todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica.

No obstante, la crisis vinculada a la Covid-19 ha hecho más visible y ha agravado la inseguridad alimentaria en el mundo y también en nuestro país. Esta inseguridad alimentaria afecta a una proporción creciente de la población de España y, en particular, a las personas más vulnerables. Las imágenes de personas en fila frente a los lugares donde se distribuye la ayuda alimentaria han dejado una huella considerable en la opinión pública.

El derecho a la alimentación, que debería permitir a todas las personas comer dignamente, en forma adecuada y en cantidad suficiente, es así ampliamente mancillado. Es importante resaltar, por tanto, que ese incremento demuestra que el problema de los hogares españoles para acceder a una alimentación adecuada es estructural y que no está únicamente ligado a crisis coyunturales.

La actual crisis ha puesto de manifiesto los límites de la respuesta institucional a los problemas de inseguridad alimentaria. Una vez más la respuesta de las administraciones públicas responde a una concepción de ayuda alimentaria y no tanto de garantizar el derecho a la alimentación. El modelo imperante de respuesta de las entidades del tercer sector y de algunas de las políticas públicas llevadas a cabo, hacen que la lucha contra la inseguridad alimentaria se reduzca a la distribución de ayuda alimentaria.

Es fundamental tratar de superar esa concepción de las políticas públicas existentes que se enfocan solo en los síntomas de la inseguridad alimentaria y nunca en sus causas profundas: a saber, el nivel de pobreza y su intensidad para una parte de la población. Para ello, necesitamos promover una economía al servicio de todas las personas, apelando a un cambio de las reglas de los sistemas económicos injustos que perpetúan la pobreza y las desigualdades.

Esto pasa también por abandonar la asistencia para recibir alimento al acceso autónomo a la alimentación. En otras palabras, significa apostar por distribuir alimentos seleccionados con criterios de sostenibilidad y elegidos por quienes se benefician de ellos.

En definitiva, garantizar el respeto del derecho a la alimentación significaría dar a todas las personas la posibilidad de optar por una alimentación de calidad, íntegra desde el punto de vista ambiental, social y sanitario. En otras palabras, el reto de garantizar la seguridad alimentaria pasa por cruzar la lucha contra la pobreza y las desigualdades con los objetivos para un desarrollo sostenible.

 

Número 10, 2022
Acción social

Buenas prácticas contra el estigma: el ejemplo de la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma

Sara Zamorano, Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el estigma. Psicóloga General Sanitaria y Doctoranda en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.

Manuel Muñoz, Catedrático en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Director de la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el estigma

Jesús Saiz, Profesor Ayudante Doctor en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Coordinador de la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma

María Salazar, Profesora Asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Directora del Centro de Rehabilitación Psicosocial Latina (Grupo 5), Comunidad de Madrid. Coordinadora de la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el estigma

Puedes encontrar a la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma en Twitter.

 

¿Qué es el estigma?

La palabra estigma proviene del griego στίγμα (stigma), y hacía referencia a una marca grabada con hierro candente o de cortes realizados en el cuerpo de las personas para castigarlas y señalarlas por presuntos delitos, esclavitud, etc., de esta forma se indicaba que la persona debía ser evitada. Desde el punto de vista psicológico, la primera definición de estigma fue propuesta por Goffman (1963), que lo caracteriza como un atributo profundamente devaluador, que define a una persona como desviada, limitada e indeseable. El estigma funciona de manera dinámica, conformando una serie de procesos psicosociales basados en el intercambio de conductas entre los estigmatizados o estigmatizables y los estigmatizadores. Durante este intercambio, cada grupo tomará su rol y se relacionará desde su posición, derivando en la asunción y mantenimiento de estereotipos, prejuicios y conductas de discriminación. Generalmente, se han utilizado marcas (estigmas) para señalar a las personas de los grupos devaluados. Ese proceso estigmatizante se ha aplicado a diversas condiciones a lo largo de la historia, desde la esclavitud, hasta la homosexualidad. En el caso de los trastornos mentales esa marca es el diagnóstico y, de una u otra forma, ha estado presente en todas las sociedades humanas desde sus orígenes.

Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma

La Universidad Complutense de Madrid y la empresa de gestión de servicios sociales y sociosanitarios Grupo 5 promovieron en el año 2019 la creación de la Cátedra extraordinaria UCM-Grupo 5 Contra el Estigma. El objetivo de esta asociación es la lucha contra el estigma que afecta a personas con enfermedad mental, discapacidad, o exclusión social extrema. Los objetivos de la Cátedra son los de aunar investigación, formación, práctica profesional y campañas de sensibilización para crear un espacio en el que fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con el estigma.

Desde su creación en julio de 2019, la cátedra ha desarrollado una intensa actividad que, por circunstancias obvias, ha venido marcada por la aparición de la Covid-19. En estos dos años la cátedra ha puesto en marcha distintas actividades, cabe destacar: creación de la web www.contraelestigma.com que recoge la actividad de la cátedra; la convocatoria de dos ediciones del Premio al mejor TFM de la UCM Contra el estigma; actividades formativas para distintas entidades, entre ellas, el curso de Acciones contra el estigma impartido en el Campus Virtual de la Organización Mundial de la Salud; ha organizado jornadas sobre Arte y estigma y sobre el Estigma en los medios de comunicación; y ha organizado el webinar Estigma en Latinoamérica; en el ámbito de la investigación-acción la cátedra ha desarrollado el estudio PsiCovid-19, que ha evaluado durante un año el impacto psicológico de la Covid-19 en nuestro país; finalmente, la cátedra ha desarrollado y publicado una Guía de buenas prácticas contra el estigma que se detalla a continuación (puede descargarse la Guía y seguirse la actividad completa y las publicaciones de la cátedra en www.contraelestigma.com).

Guía de buenas prácticas Contra el estigma

La Guía de buenas prácticas contra el estigma se enmarca en el creciente interés por identificar y compartir prácticas que se hayan demostrado eficaces y efectivas entre distintos profesionales y organizaciones: las denominadas buenas prácticas. Distintos autores y organizaciones han propuesto indicadores para identificar aquellas prácticas que pueden calificarse como buenas. Algunos ejemplos pueden ser las propuestas por la UNESCO (2003), el Observatorio Internacional de Trabajo (2003), la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (2012), el Centre for Addiction and Mental Health de Canadá (2012), la fundación CEPAIM (2014), el Observatorio Internacional de Democracia Participativa (2015) o muchas de las acciones contra el estigma desarrolladas por Cáritas. Por otra parte, en el ámbito de la lucha contra el estigma, existe investigación empírica, llevada a cabo en los últimos años, sobre la eficacia de distintas intervenciones estructurales, sociales y personales que han sido recogidas en diversos artículos de revisión sistemática y meta-análisis. El objetivo de la cátedra ha sido el de poner en contacto ambas realidades (profesional e investigadora) y confeccionar una lista de criterios que ayuden a definir las buenas prácticas en la lucha contra el estigma. Siguiendo estos acercamientos, desde la cátedra se considera que una buena práctica en la lucha contra el estigma es aquella acción o proyecto que haya demostrado su utilidad en alguno de los diversos aspectos de la lucha contra el estigma y sea transferible a otros centros o instituciones, tanto por sus elementos prácticos como por los valores que la constituyen.

La Cátedra UCM – Grupo 5 Contra el Estigma publicó en 2020 la Guía de buenas prácticas contra el estigma, que pretende aportar información y directrices que puedan orientar la acción tanto de los profesionales como de las instituciones en el ámbito de la salud mental y relacionados, favoreciendo la puesta en marcha de acciones eficaces y adecuadas para luchar contra el estigma en todas sus vertientes. De este modo, la guía tiene como objetivo principal el de identificar y exponer aquellos indicadores que favorecen la creación y facilitan la evaluación de las buenas prácticas en la lucha contra el estigma.

En el diseño de la Guía se siguió una perspectiva integral al incluir distintos tipos de metodologías e información. En primer lugar, se revisó la evidencia acumulada por la investigación nacional e internacional relativa a los indicadores de buenas prácticas y la eficacia de las acciones de lucha contra el estigma. En segundo lugar, se incluyó el punto de vista de los usuarios, sus familiares y profesionales mediante grupos de discusión y entrevistas en profundidad a partir de un trabajo previo (González, 2017). Y, en tercer lugar, se emplearon los datos disponibles sobre la población general aportados por el estudio Estigmatismo desarrollado por Grupo 5 (Martín y Ahaoual, 2019).

En función de todo lo anterior se identificaron 8 indicadores de Buenas Prácticas en la lucha contra el estigma. Son los que se incluyen en la tabla 1.

Tabla 1. Indicadores de buenas prácticas contra el estigma (Guía de Buenas Prácticas Contra el Estigma, Muñoz et al., 2020)

 

A continuación, se comentan brevemente cada uno de los indicadores.

1. Metodología: calidad, replicabilidad y transferibilidad

En primer lugar, cabe remarcar que, a la hora de planificar una Buena Práctica, hay que seguir una metodología científica. Esto garantiza la calidad de la práctica, y se puede operativizar a través de la evaluación de necesidades (viabilidad y factibilidad), la evaluación de los resultados (impacto a corto, medio y largo plazo) y la publicación de la práctica (replicabilidad y transferibilidad).

2. Eficacia y efectividad

El segundo criterio a tener en cuenta es el de eficacia. Para pasar de la evidencia y la investigación, a la práctica, tenemos que asegurarnos de que nuestra práctica se basa en la evidencia. Cuando realicemos la planificación de una Buena Práctica, siempre es recomendable acudir a metaanálisis e investigaciones rigurosas sobre el tipo de intervención a utilizar.

3. Sostenibilidad

La práctica que pongamos en marcha debe ser sostenible. Esto es, debe ser capaz de mantenerse en el tiempo, desde un punto de vista económico, medio-ambiental y social. La estructura que la desarrolle debe poder mantenerla sin necesidad de un mayor esfuerzo económico, administrativo, técnico o social.

4. Enfoque Ético-deontológico

En este indicador, partimos de los supuestos de igualdad de derechos, igualdad de decisión y participación social, y respeto de los códigos deontológicos de cada nación y disciplina. Siempre que pongamos en marcha una práctica, tenemos que tener en cuenta los aspectos legales, deontológicos y formales.

5. Enfoque de género

Todas nuestras prácticas deberían contar con una participación de mujeres y, además, este enfoque de género debe ser transversal. Deben ser prácticas que incluyan acciones tendentes a promover la igualdad de oportunidades y denunciar situaciones de discriminación hacia la mujer, adecuar las intervenciones a las necesidades de las mujeres para darles una mayor visibilidad y valorar el rol que desempeñan como parte de la sociedad, cuestionar los valores tradicionales sexistas y no equitativos, y utilizar un lenguaje inclusivo no sexista para visibilizar a las mujeres y eliminar los estereotipos, tópicos y etiquetas que las desvalorizan.

6. Enfoque inclusivo y Participación

El sexto criterio parte de la Declaración de Derechos Humanos, y considera que una práctica inclusiva debe incluir trabajos en red, partenariado, accesibilidad para las personas que se van a beneficiar de ella, lenguaje inclusivo e interseccionalidad. Ninguna práctica que discrimine de manera implícita y/o explícita será considerada como buena, ya sea por razón del género, sexo, origen étnico-racial, religión, ideología o cualquier otra variable de carácter individual.

7. Impacto social

Toda práctica está obligada a hacer un esfuerzo por producir un impacto social que traspase los límites de su aplicación directa (personas o grupos incluidos, espacios, etc.). Es importante dar a conocer la práctica más allá del propio centro para que tenga un impacto en la sociedad (cambio de actitudes, legislación…). Es necesario también facilitar la replicabilidad de la práctica por otras personas o servicios (publicación, exposición en medios de comunicación, etc.).

8. Innovación

Una Buena Práctica debe ser innovadora, desde varios puntos de vista. Esta innovación debe ir desde crear nuevas formas de actuación que avancen hacia cambios de paradigmas en las prácticas desarrolladas, hasta incluir nuevas tecnologías. Se debe tener en cuenta que no solo debemos incluir una innovación tecnológica (tecnologías de la información), sino una innovación transformadora (a través de medios novedosos como el arte, vídeos en YouTube, Instagram, Tik-tok, etc.).

En definitiva, las acciones contra el estigma habrán de diseñarse y evaluarse considerando conjuntamente distintos indicadores de buenas prácticas. Estos indicadores deben estar siempre basados en la investigación, la evidencia empírica, los derechos humanos y la sostenibilidad. Y su eficacia debe ser evaluada de forma rigurosa, promoviendo la replicabilidad y transferibilidad de los datos y procedimientos. De este modo se avanzará en el desarrollo de una atención y acompañamiento de las personas que viven con trastornos mentales, discapacidad y/o exclusión social extrema, que mejore su salud, participación social y calidad de vida, objetivo último de la cátedra.

Para más información, puedes acudir a la página web: https://www.contraelestigma.com

Referencias

Goffman, E. (1963). Stigma: notes on the management of spoiled identity. Nueva Jersey: Prentice-Hall.

González, S. (2017). Estigma y salud mental: Estigma internalizado. (Tesis doctoral. Director: Manuel Muñoz). UCM: Madrid.

Martín, E. y Ahaoual, S. (2019). Proyecto Estigmatismo. Grupo 5/UCM/UPV. Disponible en: https://www.contraelestigma.com/resource/proyecto-estigmatismo-material/

Muñoz, M., López, A., González, S. y Ugidos, C. (2020). Guía de buenas prácticas contra el estigma. Madrid: Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma. Disponible en: www.contraelestigma.com

Número 10, 2022
Ciencia social

Migraciones y resistencia: repensar las prácticas participativas desde los espacios fronterizos

Daniel Buraschi, Mosaico Acción Social

Natalia Oldano, Mosaico Acción Social

María José Aguilar Idáñez, Universidad de Castilla La Mancha

Puedes encontrar a la Asociación Mosaico Canarias en Facebook

 

Introducción

En las Islas Canarias el 2020 no solo ha sido el año de la pandemia, sino también el año en que la ruta migratoria atlántica a través de Canarias volvió a ser la principal vía de entrada marítima irregular a Europa de personas, de Marruecos, Senegal, Malí o Costa de Marfil, principalmente.  Según datos del Ministerio del Interior Español, llegaron a las islas 23.271 personas a bordo de 759 embarcaciones, con una concentración mayoritaria en los últimos meses del año (más de 18.000 personas llegaron de septiembre a diciembre), un incremento del 756% respecto al año anterior. La ruta sigue activa con la llegada de un total de 22.316 personas y de 3.194 personas solo en el mes de enero 2022.

Se trata de una ruta muy peligrosa debido a la distancia por mar y, sobre todo, por las condiciones del viaje. La ONG Caminando Fronteras ha registrado más de 4.000 víctimas en la ruta canaria durante 2021.

El Plan Canarias y la crisis del sistema de acogida

Desde el verano de 2020, Canarias vive una profunda crisis de acogida de migrantes. El bloqueo de los migrantes en las islas y la ausencia de un sistema integrado de acogida han generado una violación sistemática de los derechos humanos: detenciones y privaciones de libertad sin protección legal; falta de asistencia jurídica a las personas migrantes; ausencia de un servicio efectivo de traducción e interpretación; falta de identificación y atención a los colectivos en situación de extrema vulnerabilidad que merecen especial protección y atención (como los menores no acompañados, los potenciales solicitantes de protección internacional, etc.); atención sanitaria deficiente y falta sistemática de información.

La gestión de la inmigración en Canarias es un ejemplo de la política de externalización de fronteras que ha caracterizado a la Unión Europea en los últimos años. Cuando la frontera se vuelve permeable, se activan los dispositivos de contención de la inmigración en las islas y de expulsión. El objetivo es evitar que los inmigrantes entren en el territorio europeo continental bloqueándolos en las zonas fronterizas y organizando su expulsión mediante acuerdos bilaterales con los países de origen.

El cierre de las fronteras de países como Marruecos, Senegal, Mauritania o Malí debido a la crisis sanitaria ha desactivado de facto el mecanismo de gestión de la migración basado en la deportación. En el verano de 2020, miles de migrantes se concentraron en un muelle de la isla de Gran Canaria durante cuatro meses, expuestos a la intemperie, creando una grave emergencia humanitaria. El gobierno español decidió no trasladar a las personas a los centros distribuidos por la España peninsular, y de hecho, en los últimos meses del año miles de migrantes fueron trasladados a diferentes hoteles de las zonas turísticas de las islas, mientras se preparaban las instalaciones de primera acogida.

En los primeros meses de 2021 se activó el Plan Canarias, que preveía la apertura de tres macrocentros de acogida (dos en la isla de Tenerife y uno en la de Gran Canaria) a los que se trasladarían entre 5.000 y 7.000 personas en pocos meses. Desde los primeros días, estas instalaciones crearon una situación insostenible: hacinamiento en tiendas de campaña que no ofrecían suficiente abrigo contra el frío y la lluvia, alimentación insuficiente, falta de información, problemas de convivencia, escasa atención sanitaria e imposibilidad de viajar a la península, violencia física y traslado de menores no acompañados a centros de adultos. Esta situación ha sido denunciada por numerosos organismos nacionales e internacionales y, en muchas ocasiones, ha tenido graves consecuencias para la salud psicofísica de los migrantes (Amnistía Internacional, 2021, Defensor del Pueblo, 2021, Médicos del Mundo, 2021, CEAR, 2021).

Resistencia de personas migrantes y redes de solidaridad

La crisis sanitaria causada por el Covid-19 desactivó temporalmente la política migratoria europea fundamentada en las prácticas de deportación y devoluciones en caliente. Frente al cierre de fronteras, el gobierno de España ha activado un plan que ha supuesto la violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes y ha creado una situación sin precedentes en Canarias. La inmigración irregular representaba hasta el 2020 sólo un fenómeno mediático muy presente en el discurso político y en los medios de comunicación, pero con poco contacto con la población local. Por primera vez, los miles de migrantes africanos que llegan por la vía marítima irregular dejan de ser una masa anónima para convertirse en personas que se organizan y tejen relaciones personales con la población local. Las personas migrantes bloqueadas en Canarias han comenzado a organizarse para dar visibilidad a su lucha por la dignidad y sus derechos: organizan manifestaciones, protestas, huelgas de hambre y tienen contacto directo con los medios de comunicación. En enero de 2021, cuando todavía no se habían abierto los macrocentros, las personas migrantes empezaron las primeras protestas organizadas. Cerca de 175 personas de origen senegalés empezaron una huelga de hambre para pedir poner fin al bloqueo y poder viajar al resto de España. Se trata de personas que llevaban tres meses bloqueadas sin información que, por primera vez, dejaban de ser una masa anónima y pasiva a los ojos de la sociedad receptora y de los medios de comunicación. Las personas migrantes tomaron la palabra en los medios de comunicación, grababan vídeos reivindicativos. Un mes después, 27 menores de origen magrebí y senegalés también empiezan una huelga de hambre, en este caso la protesta se articula con plataformas de defensa de los derechos de las personas migrantes.

En el mismo mes se abren los macrocentros y la concentración de miles de inmigrantes en unos pocos recursos ha facilitado el contacto directo con la población local. Desde los primeros días de su apertura, se han creado amplias redes de apoyo y solidaridad por parte de la sociedad canaria. Muchas de estas redes prestan atención jurídica y sanitaria y articulan acciones en defensa de los derechos de las personas migrantes.

En marzo, las personas migrantes bloqueadas en los macrocentros organizan, junto con las plataformas ciudadanas de apoyo a las personas migrantes, una marcha para protestar contra la política migratoria

A partir de febrero de 2021 se crean nuevas iniciativas participativas, redes de apoyo, se articulan procesos participativos que involucran a centenares de personas. Entre las iniciativas más amplias hay que citar la Asamblea de Apoyo a las Personas Migrantes en Tenerife y Somos Red en la isla de Gran Canaria.

Reflexiones desde las prácticas participativas en espacios fronterizos

A partir de las experiencias participativas desarrolladas este contexto de crisis sanitaria y crisis migratoria en las islas Canarias, quisiéramos proponer algunas reflexiones para repensar las prácticas participativas en espacios fronterizos.

No neutralidad de las prácticas participativas. En Canarias existen, desde hace muchos años, numerosos proyectos de intervención comunitaria e intervención intercultural promovidos por las instituciones y desarrollados por diferentes ONG. A menudo, estos proyectos no han sabido articularse con los nuevos movimientos sociales y, en particular, con las prácticas de resistencia de las personas migrantes. Probablemente, uno de los principales problemas ha sido concebir las prácticas participativas como procesos neutrales, en los cuales se podía mantener la equidistancia con las instituciones y limitarse a apelar a la convivencia intercultural. Esta crisis migratoria ha evidenciado dramáticamente que las prácticas participativas se desarrollan en ocasiones en espacios profundamente violentos y deshumanizantes, espacios en los cuales las instituciones reproducen el racismo institucional. Si las prácticas participativas no saben leer críticamente la realidad, no saben o no quieren comprometerse con la lucha contra la injusticia y la violencia estructural, entonces, aunque sus objetivos sean la interculturalidad o la defensa de los derechos de las personas migrantes, reproducen o, al menos consienten, el racismo institucional.

El protagonismo de las personas migrantes y la autonomía de las migraciones. Es importante concebir las prácticas participativas con personas migrantes como procesos de concientización y emancipación (Freire, 1970), haciendo hincapié en su agencia, en sus recursos, en su resiliencia. Analizando las estrategias que llevan a cabo los miembros de los grupos estigmatizados para resistir al racismo y al impacto que tiene el estigma en su vida cotidiana (Buraschi y Agular, 2019).

Las personas migrantes no son víctimas pasivas de la política migratoria, sino que llevan a cabo diferentes tipos de estrategias para enfrentarse eficazmente al racismo institucional que hay que reconocer y valorizar para que la acción sea más eficaz. Se puede cambiar la estructura de dominación solamente si ponemos en primer plano las personas migrantes, es decir, en tanto sujetos que expresan resistencia y prácticas conflictivas innovadoras (Mezzadra, 2004: 147). Se trata, por lo tanto, de entender las migraciones como un movimiento social, un tipo único de acción colectiva que cuestiona los poderes institucionales y el régimen fronterizo.

Este reconocimiento implica partir de la experiencia vivida por las personas racializadas y víctimas de discriminación, diseñar estrategias de acción desde su realidad vital concreta y cambiar nuestro posicionamiento, de personas expertas, portavoces o líderes de las intervenciones, a facilitadores/as y aliados/as, sabiendo escuchar, dar espacio, siendo autocríticos/as y aceptando de salir de nuestra zona de confort (Buraschi y Aguilar, 2019).

Cuestionar el paternalismo y el etnocentrismo. La experiencia en Canarias ha mostrado que las prácticas participativas, hasta aquellas que se autodefinen como interculturales, transformadoras, defensoras de los derechos humanos, pueden reproducir modelos paternalistas, victimistas, entocéntricos y culturalistas. El trabajo con personas que han pasado por experiencias traumáticas, que no hablan español, que están en una situación radicalmente precaria en ocasiones se traduce en la reproducción de esquemas coloniales e inconscientemente racistas hasta en el seno de los movimientos sociales. En este contexto es clave cuestionar nuestra mirada colonial, nuestras metodologías de trabajo. Como subrayan Buraschi y Aguilar (2019), la incertidumbre, la incomodidad, el sentirse desplazados/as son buenos indicadores de que estamos trabajando en la dirección correcta, una práctica participativa que no modifica nuestra mirada, que no nos hace conscientes de la colonialidad de nuestra mirada y de nuestras contradicciones no es transformadora, sino funcional a un sistema de dominación. Esta reflexividad crítica pasa necesariamente por la toma de conciencia de nuestros privilegios y el reconocimiento de las relaciones de poder asimétricas que estructuran nuestro espacio de acción. Además, pasa por la apertura hacia la emergencia de conocimientos, prácticas, competencias y marcos interpretativos normalmente silenciados. Apoyando la emergencia de nuevas formas de ser, de saber y de poder (De Sousa Santos, 2010).

Bibliografía

Amnistía Internacional (2021). Islas Canarias: Conclusiones preliminares sobre la situación de las personas migrantes tras una semana de investigación.  Amnistía Internacional.

Buraschi, Daniel y Aguilar Idáñez, María José (2019). Racismo y antirracismo. Comprender para transformar. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (2021). Migración en Canarias, la emergencia previsible. Madrid: CEAR.

De Sousa Santos, Boaventura (2010). Epistemologías del sur. México: Siglo XXI.

Defensor del Pueblo. (2021). La migración en Canarias. Estudio. Defensor del Pueblo

Freire, Paulo (1970). Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI.

Médicos del Mundo (2021). La salud naufraga en la frontera sur. Médicos del Mundo.

Mezzadra, Sandro (2004). Derecho de fuga. Madrid: Traficantes de sueños.

 

Número 10, 2022
Con voz propia

El crecimiento, ¿solución o problema?

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Fernando Luengo Escalonilla, economista

Puedes encontrar a Fernando Luengo en Twitter y en su blog

 

 

Hacer máximo el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). Antes, ahora y siempre. La quintaesencia del pensamiento económico convencional, que también impregna buena parte del crítico.

El aumento del PIB es el objetivo al que se debe dirigir una buena política económica. Alcanzarlo es, desde esta perspectiva, condición imprescindible para la creación de empleo y el aumento de los salarios, para que los gobiernos dispongan de los recursos que precisan con los que financiar las políticas públicas sociales y productivas, para que las empresas obtengan beneficios y, de esta manera, puedan invertir en la modernización de sus equipos e instalaciones, reforzando su competitividad. El crecimiento da lugar, pues, a un conjunto de encadenamientos virtuosos que se refuerzan mutuamente.

Al servicio de esa meta, todo encuentra su justificación: la austeridad presupuestaria, la desregulación de las relaciones laborales, la contención salarial, la privatización y mercantilización de lo público, la liberalización de los mercados financieros, la apertura de las economías a los flujos transfronterizos y a la competencia global… todo ello queda legitimado si se obtiene el preciado tesoro del crecimiento del PIB, pues, se nos cuenta, ese crecimiento significa que habrá aumentado la tarta de la riqueza, una tarta de la que todos -trabajadores y empresarios, gobiernos, ciudadanía en general- se benefician en mayor o menor medida.

De esta manera, el crecimiento se erige en el motor de todo el engranaje económico y social. Un argumento simple pero seductor, que se reivindica apelando a la lógica económica y al sentido común, y que, sin embargo, hace aguas por todas partes.

En primer lugar, porque el PIB, el indicador que da cuenta del crecimiento, resulta a todas luces insuficiente y erróneo. Por cómo está diseñado, solo se ocupa de aquellas actividades que se realizan en la esfera mercantil y que, por lo tanto, tienen un precio, el cual, se supone, refleja las tensiones entre la oferta y la demanda. Ignora, por lo tanto, dimensiones fundamentales para el funcionamiento y la propia existencia de las economías y las sociedades. Me refiero al trabajo de cuidados y al impacto que la actividad económica tiene sobre sobre los ecosistemas y el cambio climático. La consideración de ambos factores alteraría de manera fundamental las estadísticas oficiales, reduciendo sustancialmente la magnitud del PIB, que muy posiblemente se situaría en territorio negativo. Además, el aumento mayor o menor del mismo nada nos dice sobre la desigualdad, sobre cómo se reparten las ganancias y las pérdidas asociadas a ese crecimiento -o, en su caso, al decrecimiento-, pues se supone, erróneamente, que los actores económicos reciben lo que se merecen, lo que el mercado determina, de acuerdo a su capital humano y productividad,

En segundo lugar, conviene precisar que el objetivo que ha justificado las políticas que antes mencionaba no se ha alcanzado o, en el mejor de los casos, se ha quedado muy por debajo de las expectativas de los que las han defendido. Así, desde que, hace más de cuatro décadas, los preceptos y los intereses del dogma neoliberal se impusieron, cuando la globalización y la liberalización de los mercados han sido más pronunciados, las economías de los países desarrollados han experimentado un proceso de desaceleración, surcado por diferentes crisis. No solo no se ha obtenido ese plus de crecimiento, sino que, paradójicamente, ha sido mayor en aquellos países que, como China, tomaron distancias del dogma liberalizador.

El tercer aspecto a tener en cuenta es que las ganancias derivadas del crecimiento económico no se han cosechado o bien se las han apropiado las elites empresariales y financieras. El continuo aumento de la desigualdad o su mantenimiento en unos niveles muy elevados es la característica del capitalismo de nuestro tiempo. La parte de los salarios en la renta nacional ha tendido de manera general a reducirse, aumentando la de los beneficios y las rentas del capital, y se ha asistido al empobrecimiento de amplios sectores de la población, al tiempo que una proporción creciente de la renta y la riqueza ha sido acaparada por una minoría de privilegiados. Un capitalismo crecientemente oligárquico ha intensificado las tendencias extractivas y concentradoras, lo que ha ampliado y enquistado la desigualdad.

Finalmente, la supuesta lógica económica que asocia el aumento del PIB con la creación de empleo, la mejora de los salarios y el sostenimiento de las cuentas públicas se ha demostrado infundada. De hecho, en contextos de auge económico, la creación de puestos de trabajo ha sido manifiestamente insuficiente para absorber la fuerza de trabajo disponible; ha proliferado la categoría de trabajadores pobres y precarios; la mayor parte de los salarios ha crecido débilmente, se han estancado o directamente han retrocedido; y las finanzas públicas han sufrido una erosión permanente como consecuencia de los privilegios fiscales que han disfrutado las grandes fortunas y corporaciones.

Este apretado resumen sobre las carencias y disfuncionalidades de las políticas orientadas a intensificar el crecimiento obligan a una profunda revisión y reformulación de las mismas. Si de verdad nos creemos que la crisis pandémica ha abierto una ventana de oportunidad, aprovechémosla. Para ello no es suficiente con colgar de las agendas públicas la etiqueta verde y digital. Desafortunadamente, las políticas promovidas desde las instituciones comunitarias y por nuestro gobierno no suponen, en lo fundamental, un punto y aparte en la lógica productivista que las inspira.

 

Número 10, 2022
Conversamos

Características y aspectos diferenciales de la actual crisis sanitaria, social y económica

 

Número 10, 2022
En marcha

El modelo de cuidados de larga duración en transición: la articulación de programas comunitarios en el sistema público de bienestar tras la Covid-19

Raquel Martínez Buján, Doctora en Sociología y Profesora del Dpto de Socioloxía e Ciencias da Comunicación de la Universidade da Coruña

Puedes encontrar a Raquel en Twitter

 

Este proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para el período 2021-2024, explora las posibilidades de la comunidad como una esfera desde la que se pueden articular programas públicos de cuidados de larga duración y desde la que es posible integrar una participación ciudadana en el diseño y gestión de servicios sociales. Su redacción tuvo lugar durante el proceso de la pandemia de la Covid-19, cuando se puso en evidencia tanto la relevancia de todas las actividades relacionadas con la reproducción social, como el potencial de las redes colaborativas para afrontar las situaciones del cuidado cotidiano de una manera ágil y flexible. De ello es ejemplo la rápida y exitosa configuración de grupos de apoyo mutuo y de acción vecinal durante el confinamiento en numerosas áreas urbanas (Diz et al., 2022). De esta manera, se ha visualizado una vez más, al igual que ya sucedió después de la Gran Recesión de 2008, que existe un agotamiento de los servicios sociales convencionales para dar resupuesta a los nuevos riesgos sociales  (aquellos que han surgido de los cambios sociales y económicos de las últimas décadas: precariado, envejecimiento, conciliación laboral y familiar, cuidado social…) y los límites de los programas públicos para responder con dinamismo a las necesidades sociales (por ejemplo, cuidados paliativos y soledad no deseada, entre otras). De hecho, los modelos de intervención dominantes de corte individual están siendo cuestionados por su incapacidad para dar respuesta a los problemas sociales emergentes y crece el interés por métodos y prácticas de corte comunitario. Su reorientación se está produciendo de diferentes formas, ya sea incorporando fórmulas comunitarias de intervención, métodos de investigación-acción comunitaria (Suárez-Balcazar, 2020) o modelos emergentes como la co-creación (Osborne, 2018), desde los que está creciendo una relevante literatura para su desarrollo en el ámbito del envejecimiento (Zúñiga, 2020).

Es en este contexto de desigualdad social en el que están surgiendo nuevas reflexiones sobre cómo gestionar los recursos públicos, qué prácticas pueden detener la privatización de los mismos y, cómo puede propiciarse la restauración de aquellos que ya se habían conseguido anteriormente. De esta manera, en los últimos años se ha producido una relevante y asentada literatura científica centrada en caracterizar la comunidad como una esfera de provisión de cuidados, ámbito que había sido menos explorado en los debates académicos sobre bienestar. Además, entre algunos grupos sociales se están ensayando fórmulas reales de autogestión que se articulan en torno a valores colectivos y que transcienden a las habituales opciones institucionalizadas. Estas iniciativas han sido especialmente relevantes en el ámbito de los cuidados como es el caso de las viviendas colaborativas de mayores (co-housing) (Artiaga, 2021) y de los grupos de crianza infantil (Martínez-Buján et al., 2021). Todas ellas pueden considerarse como una reactivación de la esfera de la comunidad. También se están poniendo en marcha distintas experiencias cooperativas animadas por las administraciones públicas, sobre todo las de carácter local, alrededor de cuestiones básicas como salud y provisión de cuidados. Es ahí donde destacamos iniciativas de los programas Radars en Barcelona para paliar la soledad no deseada (Moreno, 2018) o las supermanzanas, iniciativa que tiene como objetivo la autogestión del SAD por parte de sus propias trabajadoras (Moreno, 2021). También se encontrarían los programas Madrid, ciudad de los cuidados (Barbero, 2017) y los bancos de tiempo (Del Moral, 2018). Este cuidado en lo comunitario más que un concepto normativo de partida, se plantea bajo una comprensión amplia que incluye experiencias de cooperación. Se trata de prácticas muy heterogéneas cuyos confines no siempre son claros; a veces remiten a procesos autogestivos basados en la afinidad y la elección, mientras que en otras ocasiones se entrelazan con servicios del Estado y de organizaciones particulares. Más que un recorte preciso como algo absolutamente diferenciado con respecto a otros ámbitos (familias, Estado y mercado) lo comunitario se organiza en procesos híbridos en los que se toca con instancias públicas, economías monetarias o relaciones de parentesco (Vega, et al., 2018:24).

De esta manera, mientras que la respuesta política a la crisis de los cuidados ha consistido en la creación LAPAD cuya aplicación ha sido muy restringida, se ha producido una creciente conciencia de que este tipo de medidas no son capaces de responder a todas las necesidades de sostenimiento que surgen en el transcurso de la vida. De hecho, la respuesta de la ciudadanía tanto, ante la crisis generada por la pandemia, como con la que se propició tras la Gran Recesión, ha sido la de organizarse en grupos de apoyo a personas en situación de fragilidad. Si en el caso de la crisis económica se centró en actuaciones para afrontar la especulación inmobiliaria y el desempleo, en esta ocasión, las acciones se desplegaron para apoyar a las personas mayores desde una lógica local y comunitaria, proporcionando, para aquellos que vivieron en soledad el encierro, comidas preparadas y compañía por medios telemáticos. Para la población en su conjunto también se crearon las denominadas cajas de resistencias, se cosieron mascarillas de tela para el personal sanitario en hogares particulares y se crearon bancos de alimentos. Y es que la pandemia de la Covid-19 ha demostrado tanto la necesidad de la interdependencia humana para la sostenibilidad de la vida como la emergencia de la comunidad en contextos de crisis.

El contexto actual parece haber puesto aún más de manifiesto la importancia que la participación tiene en la vida social y comunitaria para posibilitar los cuidados de larga duración en el entorno de la vida cotidiana. Además, estudios recientes nos alertan de que la pandemia parece estar teniendo un impacto negativo en lo que a edadismo y percepción social de la vejez se refiere, (Ehni y Wahl, 2020) así como está generando o acrecentando la tensión intergeneracional (Meisner, 2021). La participación comunitaria se presenta aquí, una vez más, como un elemento fundamental no solo para la mejora de la calidad de vida, sino para la cohesión social. Paradójicamente, ante amenazas y riesgos de dimensiones planetarias como la pandemia de la Covid-19, parte de la solución parece pasar por volver la mirada hacia lo más cercano, hacia la comunidad local.

En este proyecto planteamos analizar el potencial que estas redes y dinámicas tienen para continuar realizando esta labor en un escenario post-crisis y articularse como una esfera de provisión del cuidado que podría fomentarse desde las administraciones públicas. Optimizar esta función, pasará necesariamente por tejer este ámbito con el resto de esferas que proporcionan atención y en asignarle un rol bien definido dentro del modelo de cuidados de larga duración. Esto requerirá investigación y desarrollo en este ámbito, ya que implica enfrentar ciertos debates y dificultades, como son la consideración o no de la comunidad como derecho, el establecimiento de mecanismos que aseguren un estándar de seguridad y calidad mínimo en la provisión, así como la generación de espacios desde los que se posibilite su interrelación con el resto de esferas que participan en la provisión de cuidados y bienestar. De esta manera, el proyecto profundiza en la capacidad de estas prácticas encardinadas desde la comunidad para promover alternativas al modelo de cuidados. En concreto, la investigación se detiene en cuatro de ellas: 1) la vivienda colaborativa de personas mayores (co-housing), 2) las cooperativas de trabajadoras de cuidados, 3) grupos autogestionados para paliar situaciones de vulnerabilidad y fragilidad consecuencia de la pandemia y 4) programas públicos de bienestar que tienen una base comunitaria. Así se incluye el ámbito comunitario en las cuatro esferas del modelo de cuidados: la familiar y de convivencia, la de trabajo, la de la sociedad civil y la pública.

El análisis de los efectos de la Covid-19 en el modelo de cuidados supone una evaluación de los servicios sociales y de las políticas públicas destinadas a esta finalidad durante la pandemia, pero también de las consecuencias que este fenómeno ha dejado de manera perdurable en el propio sistema. De esta manera, los resultados del proyecto pueden convertirse en herramientas prácticas que generen alternativas a las situaciones de refamiliarización y precarización laboral que se encuentran en el sector del cuidado social. Consideramos que sus resultados podrían convertirse en cuatro productos susceptibles de transferencia social, orientados a:

  1. Diseñar nuevas fórmulas desde las que gestionar de manera más sostenible y equilibrada el trabajo de cuidados remunerado tanto el que se desarrolla en los servicios sociales como el que se desempeña en los hogares. Eso supone mejorar la calidad de atención de estos recursos públicos y abaratar los costes de las excesivas tramitaciones burocráticas y de gestión en las que se encuentra inmerso el ámbito del cuidado social.
  2.  Valorar los recursos de cuidados que las familias consideran más adecuados para afrontar la asistencia de las personas mayores y dependientes y como éstos se articulan con los servicios públicos, privados y comunitarios del entorno. Evidentes consecuencias pueden advertirse sobre la calidad de vida de la población y ofrece pistas de qué servicios deben potenciarse desde las empresas (preferentemente de enconomía social) y de las administraciones públicas.
  3. Diseñar soluciones a las necesidades de cuidados basadas en esquemas de innovación social, marco desde el cual se promueve la acción comunitaria.
  4. Contribuir a construir políticas más sensibles hacia las necesidades de la ciudadanía, de las personas implicadas, que incorporen su participación en la gestión y que contribuyan a mantener comunidades más fuertes y cohesionadas.

Referencias bibliográficas

Artiaga, A. (2021). “Cuidados comunitarios y gobierno común de la dependencia: viviendas colaborativas de personas mayores”. Revista Española de Sociología, 30(2): a29.

Barbero, FJ. (2017). “Experiencia 1. Plan Madrid Ciudad de los Cuidados”. Documentación Social, 187: 161-175

Del Moral, L. (2018). “Desfamiliarizar, desprivatizar. Bancos de tiempo, sostenibilidad de la vida y nuevos comunes en el Sur de Europa”. En C. Vega, R. Martínez-Buján y M. Paredes (eds.), Experiencias y vínculos cooperativos en el sostenimiento de la vida en América Latina y el Sur de Europa. Madrid: Traficantes de Sueños: 209-231.

Diz, C. et al. (2022). Caring democracy now: neighborhood support networks in the wake of 15M. Social Movement Studies (en prensa).

Ehni, H., Wahl, H., (2020). “Six Propositions against Ageism in the COVID-19 Pandemic”. Journal of Aging & Social Policy, 32(4-5): 515-525

Martínez-Buján, R. et al. (2021). “Experiencias colectivas de cuidados durante la infancia: dinámicas, debates y tensiones”. Revista Española de Sociología, 30(2): a31

Meisner, B. (2021). “Are You OK, Boomer? Intensification of Ageism and Intergenerational Tensions on Social Media Amid COVID-19”. Leisure Sciences, 43(1): 56-61.

Moreno, S. (2018). “La acción comunitaria y los cuidados a domicilio”. En: C. Vega, R. Martínez-Buján y M. Paredes (eds.), Experiencias y vínculos cooperativos en el sostenimiento de la vida en América Latina y el Sur de Europa, Madrid: Traficantes de Sueños: 169-178.

Moreno, S. (2021). “Construyendo comunidad desde lo público: el caso de las Superilles Socials”. Revista Española de Sociología, 30(2): a27.

Osborne, S. (2017). “From Public Service-dominant Logic to Public Service Logic: Are Public Service Organizations Capable of Co-production and Value Co-creation?” Public Managament Review, 20(2): 225-231

Suárez-Balcazar, Y. (2020). “Meaningful Engagement in Research: Community Residents as Co-creators of Knowledge”. American Journal Community Psichology, 65(3-4): 261-271

Vega, C. et al. (2018). Cuidado, Comunidad y Común. Madrid: Traficantes de Sueños.

Zuniga, M. (2020). “La comunidad del siglo XXI. Un marco interpretativo desde la perspectiva del Trabajo Social”. Cuadernos De Trabajo Social, 33(2): 197-219.

 

Número 10, 2022
A fondo

Efectos de la precarización alimentaria en el bienestar de las personas. Otras respuestas para la transformación de la ayuda alimentaria

Marta Llobet Estany

Paula Durán Monfort

Claudia Rocío Magaña- González

Araceli Muñoz García

Eugenia Piola Simioli

Profesoras y integrantes del Equipo de Investigación sobre la alimentación en contextos vulnerables. Escuela de Trabajo social – Universidad de Barcelona

 

El artículo aborda los efectos de la precarización alimentaria en el bienestar de las personas y por las respuestas que están abriendo brechas en el modelo hegemónico de ayuda alimentaria. Es una investigación de carácter exploratorio sobre la precarización alimentaria y su incidencia en el bienestar en el contexto de la crisis económica del 2008. El trabajo de campo se ha realizado en dos barrios de Barcelona, entre el 2015 hasta 2020. Se empleó una metodología cualitativa, pasando de métodos más convencionales a metodologías participativas en las etapas finales.  A partir de los resultados se reflexiona sobre la necesidad de transformar el actual modelo de ayuda alimentaria para avanzar en el cumplimiento del derecho a la alimentación en el marco de una mayor igualdad y justicia social.

 

Introducción

Asegurar el alimento y la subsistencia diarios aparece en el imaginario colectivo como un problema de los países del Sur. Sin embargo, en los países del Norte global se está lejos de erradicar la privación y precariedad alimentaria de una parte importante de la población. En el contexto de las últimas crisis económica y sanitaria, la respuesta [1]basada en el incremento de dispositivos de ayuda alimentaria, amortigua la situación, pero no la resuelve y repercute negativamente en el bienestar de las personas.

La pandemia pone de relieve que el tema de la precarización alimentaria no es un problema coyuntural, sino que requiere de medidas estructurales y políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación y que no consideren la inseguridad alimentaria como una dimensión más de pobreza, sino como un hecho social en sí mismo.

El objetivo de este texto es compartir algunas reflexiones en torno a los resultados de una investigación realizada en dos barrios de la ciudad de Barcelona, desde el 2015 hasta el 2020. El trabajo de campo incluyó la participación de residentes de los barrios (personas mayores, familias migrantes y familias monoparentales); profesionales de los servicios sociales y de salud y de entidades de acción social y activistas vinculados a diferentes iniciativas comunitarias. La metodología cualitativa consistió en entrevistas y grupos focales en las primeras etapas y a partir de la tercera etapa, en la que las propias personas interpelaron el proceso, se incorporaron métodos más participativos.

El texto se estructura en cuatro apartados. El primero analiza la precarización alimentaria y sus impactos en el bienestar de las personas; el segundo presenta las estrategias adoptadas por las personas para afrontar las situaciones de precariedad alimentaria y los impactos que genera la solicitud de ayuda alimentaria; el tercero aborda las diferentes concepciones de la alimentación y el tipo de respuestas que se articulan en torno a ellas; el cuarto presenta una reflexión final acerca de la necesidad de transitar hacia otro modelo de intervención e investigación (Muñoz, et al. 2021) que sitúe el derecho a la alimentación en el centro, desde una perspectiva de igualdad y justicia social.

1. La precarización alimentaria y sus impactos en el bienestar

El aumento del desempleo y la precariedad generados a partir de la crisis económica del 2008[2] en España, y concretamente en Barcelona, han incidido en el agravamiento de los procesos de vulnerabilidad y de exclusión social (Laparra y Pérez Eransus, 2012). Los efectos de estos procesos van más allá de la dimensión económica y afectan múltiples esferas de la vida social de las personas (Zurdo y López, 2013). Estos itinerarios de descalificación y exclusión impactan en las diferentes dimensiones del bienestar de las personas: material, corporal, relacional, decisional y temporal (Fournier, Godrie y McAll, 2014)[3].

La dimensión material se ve afectada por la situación económica, laboral y habitacional, lo que afecta también a la dimensión corporal repercutiendo en la salud física y mental de las personas. La falta de control sobre el acceso a los alimentos debilita la autonomía de los sujetos y su poder decisional, lo que puede generar estrés y depresión, así como diferentes enfermedades crónicas (Garthwaite, Collins y Bambra, 2015). Este escenario afecta a la vida cotidiana de las personas, a sus tiempos y a sus formas de organización doméstica (Durán et al., 2021). También, repercute en la dimensión relacional ya que puede modificar tanto la dinámica familiar como las interacciones sociales. Impacta en la dimensión decisional, al producir el debilitamiento en la capacidad de tomar decisiones. En cuanto a la dimensión temporal, se afectan las rutinas cotidianas y los tiempos de vida (Fournier, Godrie y McAll, 2014).

Estos procesos afectan todas las dimensiones del bienestar e inciden también en la alimentación (Llobet et al., 2020b) favoreciendo, la emergencia de situaciones de inseguridad alimentaria (Heflin, London y Scott, 2011). También limitan el acceso físico, social y económico de las personas a los alimentos y su disponibilidad en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades y particularidades alimentarias de las personas (Pollard y Booth, 2019). De esta manera, las familias tienen que adaptarse al hacer la cesta de la compra o en el consumo, ante la escasez de recursos económicos y la situación de privación material (Díaz Méndez, García Espejo y Otero Estévez, 2018). Por otro lado, los procesos también tienen efectos en la dimensión sociocultural, ya que puede generar cambios en las formas de vida habituales (Medina, Aguilar y Fornons, 2015). Se produce, por tanto, una transformación de los procesos y prácticas alimentarias, en los cuales las personas tienen que desarrollar diversas estrategias de afrontamiento (Gracia, 2015).

2. Estrategias de afrontamiento y la visibilización pública de la demanda de ayuda alimentaria

Las personas con las que se ha reflexionado sobre los impactos que causa la precarización alimentaria ponen en marcha estrategias cotidianas para hacer frente a los diversos impactos de las crisis, eligiendo diferentes opciones diferenciadas a lo largo de las etapas del proceso alimentario (obtención, elaboración y consumo) (Llobet, et al. 2019). La pérdida de la capacidad adquisitiva afecta negativamente tanto al volumen de alimentos consumidos como su variedad. Por ello, en la fase de obtención de alimentos se ven afectadas las rutinas, la periodicidad y organización de los tiempos dedicados a comprarlos. Esto es visible en los espacios a los que acuden las personas, sobre todo en busca de ofertas. En muchas ocasiones se prioriza el precio como criterio de elección y compra de alimentos. A su vez, se realizan ajustes entre lo que se consume y compra con la finalidad de minimizar el gasto y evitar el desaprovechamiento, por ejemplo, adquirir marcas blancas u ofertas en alimentos frescos.

En la fase de elaboración de alimentos el modelo de comida se desestructura, sobre todo simplificando la comida ternaria. Se elabora un solo plato para que todas las personas puedan alimentarse. Es decir que se privilegia el consumo de todos los miembros de la unidad familiar y se prioriza el no desperdicio de alimentos, provocando que ese mismo plato se termine o se desarrolle la cocina de aprovechamiento. Otra estrategia es la adopción de un patrón alimentario basado en alimentos de bajo coste que se caracteriza por alimentos altamente calóricos y grasas que genere sensación de saciedad. Otra estrategia es la sustitución de alimentos frescos por congelados, el cual reduce el coste del presupuesto familiar. Estas estrategias producen la reducción de la calidad de productos consumidos y de la cantidad ingerida en cada comida, lo que obliga a la creatividad para diversificar las maneras de preparar comidas.

Un efecto en el consumo de alimentos es la disminución del número y/o frecuencia de las comidas realizadas a lo largo del día. En muchas ocasiones se suprimen comidas, como el desayuno o se simplifican. A su vez, aparecen diferencias en el consumo: por ejemplo, en muchas ocasiones las mujeres dejan de consumir alimentos para amortiguar el impacto de la escasez alimentaria en los más jóvenes.

Todas estas estrategias tienen efectos a nivel físico y psicológico de las personas, en muchas ocasiones provocan malnutrición (desnutrición o sobrepeso) y también genera ansiedad alimentaria. Esta última hace referencia a que las personas muchas veces están preocupadas por resolver una necesidad básica que impacta en el estado mental dada la incertidumbre alimentaria.

La solicitud de la ayuda para la alimentación afecta de maneras muy diversas y negativas a las personas. El modelo de ayuda benéfico-asistencial hegemónico concibe su función como una concesión o un don alimentario. Al enmarcar la solicitud de ayuda como un acto caritativo, que no sólo reproduce la idea de la superioridad moral de la persona o entidad que realiza este acto, sino que implica un gesto de poder que produce la humillación de las personas que son beneficiarias de dicha ayuda (Cary y Roi, 2013). Esto a su vez conlleva el desarrollo de estigma y vergüenza social para las personas que solicitan ayuda. Si bien las ayudas pueden proporcionar alivio inmediato, pero no resuelven la demanda, no aseguran una buena nutrición, ni garantizan el uso de alimentos adecuados a la cultura (Riches, 2011). La caridad alimentaria ofrece una respuesta ineficaz a la pobreza alimentaria (Riches y Tarasuk, 2014),

Otro efecto de este tipo de repuestas es la individualización de la pobreza y su vivencia en el espacio privado. Este proceso refuerza la visión del hambre como un problema circunscrito a la familia o al individuo y que se atiende mediante soluciones individuales, obviando la perspectiva estructural y macrosocial de las relaciones de poder que existen entre individuos y grupos sociales (Riches, 2011). Las personas se convierten, desde esta perspectiva, en responsables de la situación de desigualdad social que viven (McAll, 2017) y la perpetuación de esta situación se presenta como consecuencia del éxito o fracaso personal de los mismos individuos y de sus acciones (Berti et al., 2017). Eso tiene un impacto importante en las personas, que se sienten culpables, infantilizadas y maltratadas por mensajes las culpabilizan de su situación (Rouillé d’Orfeuil, 2018).

3. Concepciones de la alimentación y respuestas a la precarización alimentaria

En el trabajo de campo realizado se identificaron tres tipos de respuestas para hacer frente a la situación de precarización alimentaria, llevadas a cabo por instituciones públicas, tercer sector, sector privado e iniciativas de tipo ciudadano (Llobet et al., 2020a). Para establecer esta clasificación, se tuvieron en cuenta las concepciones de la alimentación asociadas a cada tipo de práctica y su efecto sobre el bienestar de las personas.

El primer tipo lo componen las prácticas tradicionales, que son aquellas que ya se venían realizando antes del inicio de la crisis económica del 2008, y constituyen el modelo hegemónico de la ayuda alimentaria. En el contexto de crisis, este tipo de prácticas se ha planteado como una solución de emergencia para las personas que se encuentran en una situación de precarización o exclusión social (Gómez Garrido, Carbonero Gamundí y Viladrich, 2019).

Estas prácticas se asientan en una perspectiva asistencialista que supone la concesión de un don que no implica reciprocidad (Berti et al., 2017), ya suelen consistir en la distribución de un pack de alimentos. Se trata de una medida lejana de la idea de la alimentación debe ser un derecho reconocido que permita transformar las desigualdades en materia alimentaria (Riches, 2011).

Este tipo de prácticas se fundamenta en una concepción de la alimentación como una necesidad exclusivamente biológica, desvinculada de otros aspectos de la vida de las personas (McAll et al., 2015). La seguridad alimentaria se entiende, desde esta visión, como el simple acceso de las personas a los productos alimentarios. Esta perspectiva reduce a los individuos a bocas que deben ser alimentadas, y oculta la complejidad de este hecho social y los diferentes elementos que rodean la alimentación y la definen, como el género, la edad, la posición social y la salud (McAll, 2017).

El segundo tipo de prácticas son las denominamos nuevas, que emergen en el contexto de crisis como respuestas para mejorar algunos aspectos de las prácticas de ayuda alimentaria tradicionales, pero sin cuestionar en profundidad el modelo. Este tipo de prácticas incorpora aspectos que pretenden mejorar el circuito y las formas de distribución de la ayuda alimentaria, como es el caso de la tarjeta monedero. Este recurso facilita el que las familias vayan a comprar directamente a los comercios, incrementen su capacidad de elección y de compra (Baquero, 2015) y tengan acceso a una mayor diversidad alimentaria.

Estas prácticas buscan efectos más amplios en las diferentes dimensiones del bienestar. En la dimensión material favorecen el acceso al alimento; en la dimensión decisional, toman en cuenta las particularidades alimentarias de las personas; en la dimensión corporal, contemplan la importancia de que los alimentos respondan a las necesidades nutricionales y en la dimensión relacional, reconocen la alimentación como acto social.

Estas prácticas pretenden ofrecer una respuesta más global, desde una concepción de la alimentación biopsicosocial -biológico, social y cultural- (Contreras y Gracia, 2005). La dimensión cultural que atraviesa la alimentación es un elemento fundamental, reconocido por los profesionales y activistas que trabajan desde las iniciativas ciudadanas, que señalan que la reducción de la pobreza alimentaria tiene que contemplar el acceso a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente aceptable (Pomar y Tendero, 2015).

El cuestionamiento de las prácticas tradicionales o de estas nuevas prácticas da origen a las respuestas alternativas que se construyen desde un enfoque de derecho, de autonomía y de soberanía alimentaria. Son iniciativas que abordan la inseguridad alimentaria desde una perspectiva comunitaria y social. Por un lado, subrayan que las desigualdades en materia alimentaria constituyen una responsabilidad colectiva y, al mismo tiempo, reivindican que las prácticas consideren todas las partes del sistema alimentario (producción, procesamiento, distribución y consumo) (Jacobson, 2007) y contemplen los aspectos económicos, políticos y ambientales (Kaiser et al., 2015).

Estas prácticas conciben la alimentación de manera holística y complejizada y promueven un impacto global en las cinco dimensiones del bienestar de las personas a medio y largo plazo. Los huertos comunitarios o las cocinas colectivas constituyen ejemplos de este tipo de prácticas, que plantean no sólo humanizar la experiencia de las personas, sino reconocer los procesos de autonomía en torno a la alimentación (Booth et al., 2018). Estas prácticas se alejan de la concepción tradicional de la ayuda como una forma de caridad y plantean que la inseguridad alimentaria y los procesos de precarización que la producen constituyen una cuestión política que debe tener cabida en el debate público y la acción democrática (Riches, 1999).

4. El reto colectivo de avanzar hacia otras respuestas

Las desigualdades sociales en materia alimentaria se han agudizado en las últimas décadas, especialmente a partir de la crisis económica de 2008 y de la crisis sanitaria de 2020. Las denominadas colas del hambre son apenas el emergente visible de la injusticia social consolidada en nuestra sociedad. En este sentido, es necesario analizar las respuestas tanto en su capacidad de romper con la persistencia y agudización de las desigualdades como en su posible participación de la reproducción de la estructura social desigual.

Como hemos señalado, consideramos necesario transformar el enfoque con que se piensan y se llevan a cabo las respuestas. En primer lugar, se trata de frenar los efectos de la precarización alimentaria mantenida a lo largo del tiempo genera no sólo en las cinco dimensiones del bienestar global de las personas, sino también en el deterioro de la autoestima y la identidad generando un desempoderamiento. De este modo, la fragilización, vulnerabilización, culpabilización e invisibilización de las personas que se encuentran en situación de precarización alimentaria refuerza los procesos de discriminación, estigmatización y reducción identitaria.

En segundo lugar, la forma en que se organizan las respuestas debe ser repensada. Existen evidencias (Heck, y Socquet-Juglard, 2020; Payant-Hébert, 2013; Duchemin, et al., 2010.) acerca de los beneficios que suponen las respuestas que contemplan la participación y organización de las comunidades como una forma de pasar de una concepción individualizada de la alimentación a la colectivización y politización del hecho alimentario. Si bien este tipo de respuestas no inciden en todas las dimensiones del bienestar, es importante ahondar en el estudio de las prácticas nuevas y las alternativas desde una mirada microlocal situada en los barrios tanto para conocer los factores que favorecen este tipo de procesos, como su alcance en cuanto a solventar adecuadamente las necesidades existentes en el territorio.

En tercer lugar, actualmente se considera que el derecho a la alimentación de las poblaciones más desfavorecidas se resuelve a través del sistema de ayuda alimentaria. Este sistema, al depender en gran medida del actual sistema agroindustrial, facilita el acceso a los productos alimenticios, pero lo hace de forma insuficiente en términos de cantidad, calidad, diversidad y duración en el tiempo. Si lo que se busca es avanzar hacia una alimentación justa y sostenible, tal como propone la Agenda Global 2030, será necesario revisar los sistemas de ayuda alimentaria que tal como están estructurados no garantizan un cumplimiento digno del derecho a la alimentación.

En cuarto lugar, en relación al tema de las alianzas y sinergias que pueden establecerse entre el sector público y el tercer sector para avanzar hacia esta transición, la transformación del Programa Europeo FEAD (Fondo Europeo de Ayuda a la población más desfavorecida), puede ser una oportunidad para orientar esos fondos al apoyo de la transformación de las respuestas favoreciendo las iniciativas colectivas y comunitarias que eviten los procesos de individualización de la precarización alimentaria, teniendo en cuenta las experiencias a escala local que puedan ser extrapolables a contextos más amplios.

Bibliografía

Baquero, C.S. (11 de febrero de 2015). Barcelona dará 100 euros mensuales a 7.500 menores vulnerables. El País. https://elpais.com/ccaa/2015/02/11/catalunya/1423673745076862.html

Berti, F., Duran, P., Fournier, A., Llobet, M., Magaña, C. R., Mazaeff, C., McAll, C., Myaux, D., Ngnafeu, M., Peñafiel, M., Régimbal, F., Rondeau, S.O., Serré, A., Soucisse, F., y Villet, C. (Collectif en sécurité alimentaire du Réseau des villes et régions laboratoires du CREMIS) (2017). “Pour une approche globale et solidaire en sécurité alimentaire”. Revue du CREMIS, 10(1), 44-51.

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[1] Muñoz, A., Durán, P., Magaña, C.R., Llobet, M., y Piola, E. (2021). “Otras formas de co-producir conocimientos: experiencias metodológicas para transformar la desigualdad con personas en precariedad alimentaria”. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, 37(1), 109-134.

[2] El artículo ha sido elaborado en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19. No obstante, cuando hacemos referencia a la crisis, nos referimos a la iniciada en el año 2008, ya que no podemos contemplar las consecuencias que esta emergencia sanitaria y social ha producido en la población, cuestión que pretendemos abordar en el futuro.

[3] McAll, Fournier y Godrie (2014) identifican cinco dimensiones del bienestar: la material, la relacional, la corporal, la decisional y la temporal, como quedan reflejadas en el texto. Estas dimensiones han sido exploradas en: Llobet, Durán, Magaña et al. (2019).

 

Número 10, 2022
A fondo

El acceso al derecho a una alimentación saludable en Cáritas. Cuestión de justicia, dignidad, inclusión y sostenibilidad

María Martínez Rupérez, responsable del programa Acción Socio Educativa de Base en Cáritas Española.

 

Con este artículo pretendemos compartir el modelo de trabajo que estamos impulsando en Cáritas para dignificar el acceso al derecho a la alimentación y la estrategia confederal que hemos desarrollado para facilitar estos tránsitos.

 

Estoy convencida, que no nos es ajena esta imagen que tanto se ha repetido en nuestros barrios y pueblos, y ciertamente se ha multiplicado con motivo de la pandemia provocada por la COVID-19, de encontrarnos con personas esperando en una larga cola para recoger alguna bolsa de alimentos que poder llevar a sus hogares y mitigar así la angustia del hambre.

Y es posible, que, este escenario os haya provocado una variedad de emociones que pueden ir desde la tristeza a la ansiedad, imaginando qué mochila llevará cada persona que está esperando su turno, con menores de edad a su cargo, o personas mayores, o acaso alguna persona con movilidad reducida, o pasando por alguna enfermedad… Y además es posible, que en ese hogar no haya una figura sustentadora porque no hay trabajo, o acaso el empleo está precarizado, trabajando por horas, a turnos, sin saber cuál será la duración. O que se sienta la perdida del cordón umbilical al tener que dejar la familia cercana en el país de origen, o ante tanta tensión se esté produciendo algún tipo de violencia doméstica, machista…. Y a todo ello, le agregamos el ingrediente de la angustia del hambre.

Es bueno no olvidar que las situaciones de pobreza, lamentablemente están presentes desde tiempos pretéritos, que están unidas a un sistema injusto de reparto de bienes, recursos y riquezas, pero en tiempos de crisis, se visibiliza con toda su crudeza, una realidad que interesadamente permanece velada.

¿Por qué este título tan largo…?

Como bien sabemos el lenguaje no es neutro, está impregnado de significados, por esto la elección de estos conceptos no son arbitrarios, están cargados de intenciones, aquellas que nos proponemos en Cáritas. Hablamos de la alimentación, en el marco de estas claves innegociables. En primer lugar, es un derecho humano unido a la vida y universal, para todas las personas.

Y un derecho en el marco de la justicia social, donde nadie se puede quedar atrás, en una carrera de obstáculos que supone este mundo meritocrático para una parte importante de la población, donde haya un reparto equitativo de los bienes, recursos y riquezas del planeta.

Como señaló el exrelator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier Schutter, y actual relator especial de las naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos:

El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativa adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.

La primera parte de esta frase que expresa Schutter, podríamos resumirla, en una palabra, el reconocimiento a la dignidad de cada ser humano, con la descripción de adjetivos como, regular, cotidiana y libre. Para que cada quien pueda elegir aquello que desea comer, en función de sus gustos, hábitos, cultura o teniendo en cuenta su salud -situaciones de intolerancia, dietas médicas, etc.-. El papa Francisco, con la claridad y coraje con la que expresa sus convicciones, nos recuerda que hablamos de dignidad no de limosna, así lo recoge en la visita en 2014 a la sede de la FAO con motivo de la II Conferencia internacional sobre nutrición:

Y mientras se habla de nuevos derechos, el hambriento está ahí, en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, ser considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana. Nos pide dignidad, no limosna.

Así queda recogido otro concepto importante, una alimentación sana, no podemos conformarnos con cualquier producto alimenticio, recordemos que, para mantener una buena salud física y psíquica, un elemento fundamental es una dieta variada y nutritiva con productos de calidad.

Por último, con el cambio de modelo que estamos proponiendo estamos facilitando también la inclusión. Permitidme haceros “spoiler”. Tratamos de dejar de dar alimentos en especie para utilizar otras estrategias que permitan a las personas hacer la compra en tiendas y comercios, como lo hace el resto de la ciudadanía, de una manera normalizada, sin ningún tipo de estigma.

Pero, además, la persona compra aquello que necesita con lo cual también promovemos la sostenibilidad. Las entidades sociales no tienen que realizar una compra masiva de alimentos o productos básicos de higiene -favoreciendo a determinadas multinacionales agroalimentarias-, que posteriormente se entrega a las personas sin conocer realmente cuáles son sus necesidades reales. Con esta estrategia minimizamos nuestra huella ecológica, al evitar transportes innecesarios, sostenimiento de almacenes, etc. Con todo, cuidamos a las personas y también al planeta.

Lamentablemente, en Cáritas vamos a tener que seguir haciendo el qué, pero tenemos que replantearnos los cómos

Según el último Informe que la fundación FOESSA que ha realizado para medir el impacto que ha tenido la crisis social derivada de la Covid-19 en las condiciones de vida, señala algunos datos que no podemos pasar por alto:

  • Un tercio de los hogares tienen a todas las personas integrantes en situación de desempleo -600 mil familias-, careciendo de algún tipo de ingreso periódico que permita una cierta estabilidad.
  • La pandemia ha aumentado la brecha de género: la exclusión social ha crecido más del doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer.
  • Hay 2,7 millones de personas jóvenes entre 16 y 34 años afectadas por procesos de exclusión social intensa.
  • La exclusión social en hogares con población inmigrante es casi tres veces mayor que en los hogares españoles.
  • Tres de cada diez familias se han visto obligadas a reducir los gastos habituales en alimentación, ropa y calzado.
  • Las tasas más elevadas de exclusión social se dan en el Sur y el Este del país, junto con Canarias.

Estas cifras no nos dejan indiferentes, sabiendo que detrás de cada una hay una historia con rostro, llena de vida y matices, pero también con el peso que conlleva saberse señalado por el estigma de la pobreza.

Queremos estar cerca para conocer, y conocer para comprender y respetar cada misterio que es, cada una de las vidas con quienes nos encontramos.

Así, las personas que trabajamos en Cáritas, seamos voluntarias o contratadas, estamos llamadas a minimizar este sufrimiento social, ofreciendo nuestro mayor potencial y recursos, símbolo de nuestro logo: el amor.

Un amor con co-razón al servicio de las personas, esto es, un amor impregnado de sensibilidad y ternura que nos invita a dar un paso más en nuestros modos de hacer, e introducir la investigación y el conocimiento generado en este tiempo, y que nos lleva a replantearnos y repensar otras estrategias, más humanas y eficaces.

Por ello debemos continuar con el qué hacemos -facilitar este acceso a derecho-, pero es cuestión ineludible superar aquellas formas que han dañado, estigmatizado. No puede ser que sigamos dando las mismas respuestas del siglo pasado con la comprensión del problema que tenemos en la actualidad.

Y como luciérnagas, tenemos algunas referencias importantes que ya han transitado por este camino, como el programa desarrollado por parte del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en los campos de personas refugiadas, proponiendo la utilización de tarjetas para que las personas puedan realizar sus compras directamente en las tiendas locales, iniciativa que recibió el premio NOBEL en 2020.

También esta misma acción desarrollada en diversos países de la Unión Europea, como Rumania o Francia ante la realidad de la pandemia Covid-19. Estrategia que motivó la modificación del reglamento europeo.

Y estábamos tardando en dejar espacio, en hacer círculo, en compartir saberes, intuiciones, experiencias

Aleida es una compañera de camino, madre de familia, que durante un tiempo recibió ayuda de alimentos por parte de Cáritas. Y tuvo la suerte de encontrarse con Sonsoles, una voluntaria de Cáritas parroquial, con quien pudo conectar en una relación humana y horizontal. Ante la propuesta que compartiera que estaba sintiendo, surgió este regalo que nos hace Aleida.

Solo es necesario leer con atención, para recoger la vivencia de tantas personas que pasan por esta experiencia.

Querida Sonsoles: siempre he pensado que lo más importante son las personas. No hay sentimiento más perturbador que no sentirte persona, con toda la dignidad que eso implica. Cuando no eres autosuficiente porque las circunstancias adversas no te lo permiten y no puedes abastecerte ni a ti, ni a tu familia en las necesidades más básicas como son los alimentos, te sientes poquita cosa y te vas haciendo más pequeña cuando recurres a ciertas ayudas.

Quiero decirte Sonsoles que la mayoría de mis conocidas y amigas que reciben esta cesta, que más que de comida está llena de buenas intenciones, pensamos que nos hacen un flaco favor. Pero no lo decimos de voz en cuello, no queremos ofender. Por eso lo comentamos bajito, con esa voz apagada y avergonzada que tiene el que pide.

La realidad, amiga mía, es que en esa cesta no hay nada que me pueda servir en el momento para prepararme una buena comida. Me faltan los ajos, la cebolla y las zanahorias para dar alegría al plato. Mi nevera sigue vacía; nada de lo que viene en la cesta solidaria puedo meter en ella. ¡Un yogur es un lujo en tiempos de coronavirus!

Pedir te silencia y te hace opaco, tal vez por eso los que están llenos de buenas intenciones no te ven como ellos, no ven que eres persona.

Es surrealista que en pleno siglo XXI, en un país extraordinario como éste aún hallamos personas que necesitamos que alguien nos ayude, nos llene una cesta con lo que ellos consideran que necesitamos…

Me he encontrado con personas que te hacen contar tu vida, y luego para nada. Me he encontrado con ojos fríos porque eso se puede sentir, se puede ver, te puedes encontrar con miradas de impaciencia, gente que agacha la mirada, que no le interesas, que no te mira. Porque entiendo que muchas personas van allí como yo a pedir ayuda y tienen que cumplir la norma que dice que tienen que preguntarle cosas para ver si es digno de ser ayudado o no.

He vivido la situación más fea de tener que pedir, pero también he tenido la oportunidad de conocer en medio de todo ello a gente maravillosa que sí te ve, que sí te mira, que sí te escucha, que sí le importas, que van más allá de lo que tienen que hacer que es entregar una bolsa de comida a las personas para que puedan sentirse ellos que ayudan y otros puedan sentirse que son ayudados.

A mí lo que me ha ayudado es encontrar una persona que te tome de la mano, que te abrace que te diga “todo va a mejorar, tranquila”, “puedes venir cuando quieras” si necesitas algo, aunque luego ni le llames, ni vayas, pero te dice “si necesitas algo llámame, si algo pasa ven, aquí estoy. Yo sí he encontrado gente así en mi parroquia.

En Cáritas estamos en la búsqueda de la mejor respuesta

Llegados a este punto, es bueno recordarnos que es el Estado el garante de este derecho al acceso a una alimentación sana y equilibrada, y que, en un estado democrático, entidades como Cáritas estamos complementando una acción allí donde los servicios públicos no llegan o lo hacen de manera insuficiente.

Y siempre es un gusto cuando un ayuntamiento es conocedor de su realidad y se hace cargo de las necesidades de su comunidad, como tenemos ejemplos de ello, siendo los servicios sociales municipales quienes facilitan este acceso a la alimentación a través de la gestión de tarjetas prepago donde las personas van a comprar a los comercios que deseen. En estos casos, los equipos de Cáritas tienen la disponibilidad para hacer otro tipo de tareas, que están en relación con acompañamientos, con proyectos de desarrollo y empoderamiento personal y otras acciones comunitarias.

Pero volvamos a nuestro análisis, y pongámonos en la piel de la persona que recibe una cesta de alimentos, como nos señalaba Aleida, la persona no puede elegir, tiene que ajustar su alimentación a los productos disponibles, sin la posibilidad de adaptar el menú según los gustos, culturales o necesidades de salud. Y en relación a la salud, es difícil mantener una dieta variada y equilibrada, ya que suelen faltar productos frescos.

En este escenario, se corre el riesgo de pérdida de autonomía personal y de autoestima, y de desaprender elementos básicos como son el manejo del dinero, o la gestión y manejo de la economía familiar… Sin darnos cuenta, lejos de posibilitar procesos de inclusión social podemos estar contribuyendo a mantener desde el asistencialismo la institucionalización.

Pero, además, como apuntábamos con anterioridad, es un método poco eficiente, ya que se contribuye con el despilfarro alimentario. Por lo que vamos en contra también, de la salud del planeta.

Por todo ello, planteamos los tránsitos hacia un modelo inclusivo y sostenible, donde las personas puedan comprar en los comercios de proximidad los productos que se ajusten a sus gustos y necesidades. La pandemia, en este sentido, ha sido una palanca para el cambio. En los momentos de máxima incertidumbre, donde desconocíamos la forma de contagio de este virus, el uso de estas herramientas como las tarjetas monedero -conocidas por distintos nombres solidarias, prepago…-, se han extendido. E inclusive, apareciendo en escena otra nueva estrategia: ayudas económicas a través de telefonía móvil.

Pero también debemos reconocer la existencia de equipos de Cáritas, que, desde hace tiempo, destinan parte de su presupuesto a ofrecer este acceso a la alimentación evitando cualquier tipo de estigma, a través de ayudas en metálico, cheques o transferencias bancarias.

Gracias a este modelo, estamos facilitando que:

  • La persona sienta nuestro respeto, reconocimiento y la confianza depositada en ella.
  • Se evite el estigma, garantizando en todo momento del proceso el anonimato.
  • Se fomente la autonomía personal, que las personas salgan del círculo de la dependencia. Cada quien elige qué quiere consumir y dónde adquirirlo.
  • Se active el comercio de proximidad y el consumo de productos agrícolas de kilómetro cero.
  • Se llegue a una alimentación sana y equilibrada, con la adquisición de productos propios de cada estación.
  • Se haga la compra y se cocine en familia, como espacio educativo y relacional.
  • Se mantenga la responsabilidad y el hábito de administrar el presupuesto y la gestión familiar.
  • Y además de cuidar a las personas, cuidamos al planeta, comprometiéndonos con un sistema eficiente y sostenible.

Para quien tenga interés en conocer un poquito más, podéis acudir al libro digital que editamos en el año 2019  . Este documento recoge el análisis, posicionamiento y propuestas de Cáritas.

Y a partir de este libro desarrollamos una “Estrategia confederal por el derecho a una alimentación saludable y sostenible 2020/2023”. Esbozamos un resumen de los 7 ejes que impulsamos y seguimos trabajando:

  1. Apoyo en los tránsitos hacia nuevas iniciativas y proyectos. Además de ir dejando de dar alimentos en especie para pasar a estas modalidades que hemos detallado, otro de los retos tiene que ver con el aprovechamiento alimentario, por ejemplo, reconvertir nuestros economatos en tiendas abiertas al público, a través de iniciativas de economía social donde se promueva la incorporación sociolaboral y donde poder comprar alimentos o productos de higiene personal o del hogar, que de otro modo se despilfarrarían siguiendo la estela de ofrecer una segunda oportunidad como en el caso del textil, en las tiendas de ModaRE. O, también, la realización de menús o platos cocinados con productos que se desecharían.
  2. Espacios de encuentro y formación presenciales y en formato en línea con el objetivo de dar a conocer este modelo a los equipos de Cáritas -con especial atención de Cáritas parroquiales-. Y también participando en foros organizados por otras entidades.
  3. Facilitar la toma de conciencia en centros educativos y en espacios de ocio y tiempo libre. El objetivo es, que, desde los más peques hasta los más mayores, puedan contribuir en mejorar el planeta y sustituir la donación tipo operación kilo.
  4. Recogida de experiencias que ya se están desarrollando en diferentes Cáritas con el objetivo de facilitar el camino a otros equipos, de aquí ha surgido el libro digital: Derecho a una alimentación saludable. transiciones hacia un modelo inclusivo y sostenible.
  5. Trabajo colaborativo con las empresas. Queremos hacer llegar este modelo inclusivo y sostenible, apelando a su compromiso a través de RSC -responsabilidad social corporativa- y hacerles partícipes, presentando otras formas de colaboración. Con su aportación sea económica, va directamente al sostenimiento de las tarjetas. Y cuando se producen donaciones de excedentes, la propuesta es canalizarla a nuestros centros donde tenemos condiciones para conservar los productos y realizar menús rápidos.
  6. Colaboración con banca ética para la emisión de las tarjetas solidarias.
  7. Trabajo colaborativo al interno y con otras entidades: Cáritas Europa, administraciones entidades del tercer sector, universidades, etc.

Referencias bibliográficas

Libro digital: Derecho a una alimentación saludable. transiciones hacia un modelo inclusivo y sostenible. Cáritas Española. 2020

Libro digital: Alimentación y vestido como derecho. Cuestión de dignidad, autonomía e inclusión”. Cáritas Española. 2019

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Número 10, 2022
A fondo

Análisis crítico sobre el derecho a una alimentación sostenible en el Estado Español: Retos y posibilidades

Ana Moragues Faus, investigadora de la Universidad de Barcelona

Puedes encontrar a Ana en Twitter

 

Este artículo presenta el estado de la cuestión en relación a la inseguridad alimentaria y el derecho a la alimentación en España. Para ello muestra los datos dispersos e intermitentes que tenemos en relación a esta problemática, que apuntan que más de 6 millones de personas en España viven en esta situación. Tal y como explica este artículo, para atajar esta situación es necesario adoptar un enfoque sistémico, territorializado y centrado en las personas; que nos permita no sólo llenar estómagos sino garantizar el derecho a una alimentación sostenible, que sea buena para las personas, el planeta y los territorios; y permita a las generaciones futuras alimentarse a su vez de forma sostenible.

 

1. Introducción

El sistema alimentario actual – es decir, nuestra manera de producir, transformar, distribuir, cocinar, vender, consumir alimentos y gestionar su derroche – crea enfermedad, desigualdad social y degrada la base ecológica del planeta sobre el cual se sustenta la vida. El sistema alimentario produce un tercio de las emisiones totales de gases de efecto invernadero y, por tanto, sin un cambio en la alimentación será imposible frenar la situación de emergencia climática (Clark et al., 2020). Pero existen también otros impactos ambientales vinculados a nuestra alimentación, por ejemplo, varios estudios relacionan las prácticas agrarias intensivas con la degradación de suelos y la destrucción de hábitats naturales, así como con la disminución de la biodiversidad del planeta y con los procesos de extinción masiva de especies (Scherr y Mc Neely, 2012; IPBES, 2019). Cada vez más voces abogan por una transformación de estas prácticas agrarias hacia formas más sostenibles que regeneren nuestros recursos limitados y ecosistemas, como la agroecología (FAO,2018; Farm to Fork strategy European Commision, 2020). Sin embargo, el impacto de nuestra manera de alimentarnos no acaba en el campo ni en nuestros platos, sino que, además, desperdiciamos alrededor de una tercera parte de los alimentos producidos para el consumo humano, aproximadamente 1.300 millones de toneladas en el año, el equivalente a la producción del 28% de la tierra cultivada en el mundo (FAO, 2011).

El sistema alimentario es esencial para la vida, pero también para la economía, proporcionando sustento a más de un tercio de la población mundial (OECD et al. 2013). Por ejemplo, el gasto en alimentación de los hogares españoles es superior a 105.000 millones de euros en el año, de los cuales un tercio se realiza fuera del hogar (MAPA, 2020). A pesar de ello, los beneficios económicos del sistema alimentario cada vez están más concentrados en eslabones concretos de la cadena. Se calcula que diez comercializadoras de alimentos gestionan el 90% del transporte mundial, diez empresas son responsables del 90% de la transformación de alimentos y el 30% de las ventas (distribución) están controladas por diez corporaciones (IPES-Food, 2017).

Qué alimentos comemos y cómo los producimos. Transportamos, transformamos, adquirimos, consumimos y desechamos y todo esto tiene consecuencias directas sobre nuestra salud y la del planeta, así como la capacidad de las generaciones futuras de alimentarse de forma adecuada y disfrutar de un planeta vivible.

En la actualidad, alrededor de 3.000 millones de personas sufren problemas de malnutrición en el mundo, con cifras crecientes de personas que pasan hambre (FAO et al., 2019). Los niveles de obesidad y sobrepeso se están incrementando: se calcula que si la tendencia actual continúa, en 2050 el 45% de la población mundial sufrirá sobrepeso alcanzando la cifra de los 4.000 millones de personas (Bodirsky et al., 2020). Diferentes estudios muestran cómo la incidencia de la obesidad y el sobrepeso aumenta en poblaciones con una situación socioeconómica precaria donde la falta de recursos lleva a dietas más calóricas y menos nutritivas (Drewnowski, 2009; Mullie et al., 2010). Un ejemplo de esta realidad es Barcelona, donde 65,2% de los hombres con renta muy baja sufren esta enfermedad, así como el 70,2% de las mujeres sin estudios (Bartoll et al., 2018). Este coste es personal pero también colectivo, puesto que se calcula que en el estado español el coste directo de tratar el sobrepeso asciende a 1.950 millones de euros anuales (Hernáez et al., 2018).

Esta interrelación entre los impactos socioeconómicos, ambientales y en la salud que provoca el sistema alimentario global muestra la necesidad de una transformación integral hacia una alimentación sostenible, es decir, producir, transformar, distribuir, adquirir y consumir alimentos de forma que beneficie a las personas, al planeta y a los territorios; y, a su vez, asegurando que las generaciones futuras puedan alimentarse de esta manera (Moragues-Faus, 2021).

Esta definición de alimentación sostenible se traduce en 9 dimensiones. El primer elemento es garantizar el derecho a una alimentación sostenible y, por tanto, comienza por entender quién y por qué no puede acceder a alimentos suficientes y adecuados para llevar una vida saludable y digna. Este artículo aborda el estado de la cuestión en relación a la garantía del derecho a la alimentación en España y aporta un análisis sobre los retos y posibilidades para hacer posible una alimentación sostenible para todas las personas.

2. El derecho a la alimentación: Estado de la cuestión y medición en España

Según Olivier de Schutter (ex-relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación) el derecho a la alimentación consiste en tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativa adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna. Hay una serie de elementos clave en la realización del derecho a la alimentación, concretamente, el alimento debe estar disponible, y ser accesible física y económicamente, a la vez que sea adecuado en términos de satisfacer las necesidades de dieta y ser culturalmente aceptable; así como que estas condiciones se sostengan en el tiempo (OHCHR, 2010).

El derecho a la alimentación adecuada está recogido en la legislación internacional como un derecho humano, dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Tal y como establece la Observación general 12, artículo 11 del PIDESC, el derecho a la alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Este pacto es un tratado vinculante para los estados firmantes, entre los que se encuentra España, obligados a                                                                              respetar, proteger y realizar los derechos del pacto. Sin embargo, hay una falta de traducción al marco jurídico español tal y como señala el Observatorio del Derecho a la Alimentación en España (ODA-E y ODA-ALC, 2020). Es más, este compromiso también estrechamente vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible.

Un elemento clave es cómo medimos la garantía del derecho a la alimentación y también el cumplimento del ODS2. Para ello, la Organización de Naciones unidas para la Alimentación y la Agricultura propone medir los niveles de inseguridad alimentaria en la población, utilizando la escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES por sus siglas en inglés). La inseguridad alimentaria se define como la falta de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable (FAO,2021) y este instrumento permite una medición que determine la gravedad de la inseguridad alimentaria en función de las respuestas directas de la población. Esta escala incluye desde la preocupación por no tener suficientes alimentos, a comprometer la calidad de los mismos por falta de recursos y finalmente reducir la cantidad de alimentos y experimentar hambre (FAO, 2021). Esta medición la utilizan organismos internacionales y cada vez más agencias públicas para entender el estado de la inseguridad alimentaria de su población.

A nivel global, existía una tendencia clara a la baja en relación a la incidencia de la inseguridad alimentaria, tanto en términos absolutos como relativos, hasta mediados de la última década, cuando esta reducción se detuvo y empezó a aumentar ligeramente. En 2020 se calcula que 768 millones de personas sufrieron hambre, 118 millones más que en 2019 (FAO et al., 2021).

Estas estadísticas se realizan también en países de rentas medias y altas, pero con muestras limitadas, como es el caso de España donde también existe una sobrerrepresentación de clases altas en la muestra encuestada. Por ejemplo, en el caso de Canadá los datos de la FAO muestran que el país tiene un 5% de población afectada por inseguridad alimentaria mientras que las estadísticas nacionales usando la misma escala muestras un nivel del 12,5% (Tarasuk y Mitchell, 2020). En España, estos niveles no se miden de forma rutinaria por agencias púbicas como el Instituto Nacional de Estadística, por tanto, la información sobre los niveles de inseguridad alimentaria se basa en otras mediciones y experiencias que sólo nos permiten una aproximación parcial a la problemática (ver Moragues-Faus et al. 2022 para un análisis más detallado).

En este sentido, cabe destacar los estudios que utilizan la FIES. En primer lugar, la medición reciente de la incidencia de la inseguridad alimentaria en España, antes y durante la COVID-19, mediante una encuesta representativa a hogares que muestra que el 13,3% de la población tiene dificultades para acceder a una alimentación suficiente en calidad y/o calidad para disfrutar de un desarrollo normal y una vida digna (Moragues-Faus y Magañá-González, 2022). En otros niveles territoriales, como es el caso del País Vasco, también se ha utilizado esta escala, que han incorporado esta medida a sus estadísticas rutinarias o la medición puntual realizada en Barcelona, donde contrasta que, en 2016, el 8,6% de la población sufría esta condición, pero con enormes diferencias por barrios, donde por ejemplo en Ciutat Vella el 23,1% de la población no tiene acceso a una alimentación adecuada (Bartoll et al., 2018).

Es por tanto necesario incluir estas mediciones en estadísticas nacionales rutinarias que nos permitan monitorear el estado de la inseguridad alimentaria en España, mostrando grados de vulnerabilidad en diferentes grupos poblacionales y territorios. Estas mediciones nos ayudarían a diseñar medias efectivas, así como a entender el impacto de programas y acciones concretas. Lo que no se mide no se gestiona, y se mantiene invisibilizado en la agenda pública y política. Sin embargo, no solo es importante conocer las experiencias vinculadas a la inseguridad alimentaria sino también replantearnos qué medimos y por tanto cuáles son las necesidades de las personas, cómo se cubren y en última estancia, qué mundo deseamos. Por ejemplo, ¿un niño o niña debería poder tener una tarta de cumpleaños? ¿y una familia poder invitar un número determinado de veces al año a familiares o amigos a casa y ofrecer algo de comer? Estas son preguntas que nos emplazan a mirar no solo a nuestras necesidades biológicas, también a la alimentación como un hecho social y cultural central en nuestro bienestar psicológico y emocional.

3. Garantizar el derecho a la alimentación sostenible: un enfoque sistémico, territorial y centrado en las personas

En este contexto, es esencial garantizar no solo el derecho a una alimentación adecuada sino a una alimentación sostenible, que sea buena para las personas, el planeta y los territorios; y permita a las generaciones futuras alimentarse a su vez de forma sostenible. Para realizar esta transformación es necesario adoptar un enfoque sistémico, poniendo a las personas y sus derechos en el centro, así como reconociendo el carácter único de cada territorio. En primer lugar, un enfoque sistémico implica reconocer que el sistema alimentario está formado, por un lado, por actividades diversas de preproducción, producción, transformación, distribución, transporte, consumo, venta y gestión del desperdicio; y, por otro, involucra a varios sectores y competencias, como la salud, economía, medio ambiente, servicios sociales, planeamiento, agricultura, ganadería y pesca, consumo, mercados, etc. Es más, estas actividades y sectores se relacionan a través de diferentes territorios y niveles administrativos.

El enfoque sistémico nos ayuda a reconocer las relaciones e interdependencias entre diferentes eslabones de la cadena alimentaria, diferentes sectores, actores y escalas administrativas. Reconocer estas interdependencias es necesario para afrontar de manera efectiva las transformaciones del sistema alimentario, identificar conflictos, y cómo diferentes aspectos se ven afectados cuando aplicamos políticas y programas concretos (Haddad et al., 2016; Fanzo et al., 2020). Por ejemplo, la necesidad de transitar hacia formas de producción ecológicas y agroecológicas requiere de la remuneración justa de las personas productoras de estos alimentos ante la externalización de costes sociales y de salud actual ligados a la producción convencional, y requerirá de cambios en múltiples sectores, desde las empresas de agroquímicos a la cantidad de recursos que los hogares destinan a la alimentación, afectando por tanto a salarios en términos generales pero también otros gastos como el coste de la vivienda.

¿Cómo navegamos un sistema tan complejo? Empezamos por las personas, poniéndolas en el centro en la hora de entender los retos a los cuales nos enfrentamos y coproducir soluciones efectivas y empoderadoras. Poner a las personas en el centro significa reconocer el derecho a la alimentación sostenible como un derecho humano y garantizarlo como elemento necesario para vivir una vida sana, libre de angustia, satisfactoria y digna (Anderson, 2008). Poner a las personas en el centro nos permite reconocerlas como agentes de cambio, con capacidad de transformación y entender la diversidad de situaciones, necesidades y demandas que existen en nuestro sistema. Por ejemplo, las necesidades de una familia monomarental en el centro de una ciudad con un trabajo precario y poco tiempo disponible será muy diferente a las necesidades de una persona mayor sola en una zona rural.

Finalmente, es necesario realizar análisis situados en el territorio, puesto que cada lugar tiene un contexto ecológico, cultural, social, económico y político particular, el cual confiere una serie de recursos y oportunidades, pero también limitaciones y retos (Sonnino et al., 2016). Por ejemplo, algunas ciudades del área metropolitana no disponen de suelo agrícola y, por tanto, la producción de proximidad depende de otros territorios. Sin embargo, tienen una gran capacidad de incrementar la demanda de producto de proximidad, agroecológico y ecológico en sus numerosos comedores colectivos, pero también mercados y tiendas. Otros lugares tienen puertos de pesca desde donde promover la protección de flotas locales y artes de pesca más sostenibles. Hay municipios que tienen infraestructuras clave para el sistema alimentario metropolitano o incluso nacional como mercados de abastos de alcance internacional, mientras otras pueden experimentar con proyectos a pequeña escala donde involucrar directamente a las vecinas. Reconocer esta diversidad territorial y buscar sinergias sobre la misma es esencial para desarrollar políticas y acciones efectivas que garanticen el derecho a la alimentación sostenible.

4. Retos y posibilidades

A pesar de la necesidad y la importancia de garantizar el derecho a una alimentación sostenible nos enfrentamos a una serie de retos:

En primer lugar, es necesario un cambio discursivo alrededor de qué significa la inseguridad alimentaria, o como se expresa muchas veces, la pobreza alimentaria. Ésta no es simplemente un problema logístico de acceso a calorías, sino que está vinculada a procesos estructurales que generan desigualdad económica y en términos de salud, así como vulnerabilización social. Adoptar este enfoque sistémico, territorial y centrado en las personas a la hora de entender la diversidad de causas y consecuencias de la inseguridad alimentaria es esencial. Estos enfoques nos permiten además comprender la experiencia vivida de la inseguridad alimentaria y evitar la individualización de la misma, ya que existen discursos que culpan a las actitudes individuales de las personas por esta situación en vez de entender cómo diferentes procesos económicos, sociales, políticos y ecológicos son los causantes de la falta de acceso a una alimentación sostenible por parte de toda la población (Moragues-Faus, 2017).

En segundo reto está vinculado a la necesidad de establecer mediciones rutinarias para conocer este fenómeno, que nos permitan diseñar intervenciones efectivas. En este sentido, tal y como abogan diversas entidades y organizaciones, es importante incluir la FIES como herramienta validada internacionalmente en estadísticas nacionales que nos permitan retratar el problema y vincularlo con otros datos socioeconómicos y de salud, así como entender su diversidad territorial. Sin embargo, no es solo importante realizar estos estudios cuantitativos, también recabar diferentes tipos de datos cualitativos que nos ayuden a comprender las causas e implicaciones de la inseguridad alimentaria desde las perspectivas de diferentes grupos afectados, y contribuyan al codiseño de transiciones justas y dignas.

En tercer lugar, es importante transformar las iniciativas existentes, desde un enfoque de alimentación basado en el reparto de calorías a un enfoque de derecho a una alimentación sostenible, donde ponga la dignidad de las personas y su bienestar en el centro, conectado a la sostenibilidad del planeta y la prosperidad de nuestros territorios. Para ello es importante replantearse dónde invertimos nuestros recursos, si en compra de productos ultra procesados para bancos de alimentos o en iniciativas comunitarias agroecológicas. Este reto incluye la democratización de la alimentación sostenible que en muchas ocasiones se considera solo accesible a rentas altas. Sin embargo, todas las personas merecemos una alimentación digna que nos asegura una vida saludable y un planeta vivible para nosotras y las generaciones futuras. Por tanto, es importante que este derecho cale en la sociedad y su demanda se transversalice.

Por último, un elemento clave es qué hacemos en el mientras tanto. Es decir, tenemos una visión clara de dónde queremos ir, hacia una alimentación sostenible, pero cada día existe la demanda de personas que necesitan apoyo, en muchas ocasiones en forma de comida. Por tanto, un reto esencial es cómo construimos esta transición desde la situación actual de inseguridad alimentaria y red de ayuda existente hacia la garantía de la alimentación sostenible para todas las personas.

No todo son retos, también existen muchos aprendizajes y posibilidades para construir esta transición necesaria. Por un lado, se están creando alianzas entre diferentes entidades y espacios que contribuyen a un cambio discursivo alrededor del derecho a la alimentación. Ejemplos claros incluyen el trabajo del Observatorio del Derecho a la Alimentación en España que cada vez aglutina a más organizaciones, entidades y universidades para avanzar hacia la garantía de este derecho. De forma similar, el Observatorio de la Garantía del Derecho a la Alimentación en Madrid ha creado una petición y construido alianzas para incluir la medición de inseguridad alimentaria en las estadísticas nacionales. Por último, la Red de Ciudades por la Agroecología está creando espacios donde repensar la ayuda alimentaria y fomentar la garantía del derecho a la alimentación desde una perspectiva agroecológica que une sostenibilidad y salud. En relación al cambio discusivo, hay también muchas experiencias en otros países donde cabe destacar los esfuerzos por elevar las voces de las personas afectadas por la inseguridad alimentaria. Un ejemplo pionero es el proyecto de Food Power en Reino Unido y su programa de personas expertas por experiencia, que comparte la experiencia en primera persona de adolescentes viviendo en pobreza alimentaria y las acompaña para que sean agentes de cambio en su comunidad, así como en el impulso de programas y políticas efectivas.

Por otro lado, existen iniciativas concretas que ya están aplicando un enfoque de derechos y sostenibilidad en su trabajo, por ejemplo, mediante la cooperación de diferentes agentes como grupos vecinales, organizaciones comunitarias y personas productoras; o la gestión directa de estos espacios por personas experimentando vulneración alimentaria (ver casos concretos como Alterbanc o La botiga del Prat de Llobregat).

La Administración también juega un rol clave y puede, por ejemplo, incluir la garantía del derecho a la alimentación en sus leyes como hizo Belo Horizonte y desplegar programas para cumplirlas, desde comedores populares asequibles a mercados directos de productores/as a precios justos para ellas y las personas consumidoras. Otras iniciativas en este sentido incluyen el ofrecer, por ejemplo, la oferta de comidas escolares gratuitas todo el año con criterios de sostenibilidad. El inicio de la pandemia mostró muchas de las posibilidades e innovaciones que pueden llevarse a cabo y, por ejemplo, ha llevado a plantear la importancia de incorporar criterios como los de compra pública sostenible a la ayuda alimentaria o el uso de diferentes tipos de infraestructura como escuelas o bibliotecas como espacios colectivos de alimentación. Es importante apoyar y profundizar en estas iniciativas que abordan la crisis ecosocial y dignifican a las personas desde intervenciones sistémicas y transformadoras.

5. Conclusiones

Este artículo presenta el estado de la cuestión en relación a la inseguridad alimentaria y el derecho a la alimentación en España. Para ello muestra los datos dispersos e intermitentes que tenemos en relación a esta problemática, que apuntan que más de 6 millones de personas en España viven en esta situación. La falta de una medición rutinaria por parte de organismos públicos no nos permite conocer quiénes, por qué y dónde están las personas que no tienen garantizado el acceso a alimentos suficientes en cantidad y calidad para un desarrollo normal y disfrute de una vida digna.

Tal y como explica este artículo, para atajar esta situación es necesario adoptar un enfoque sistémico, territorializado y centrado en las personas; que nos permita no solo llenar estómagos sino garantizar el derecho a una alimentación sostenible, que sea buena para las personas, el planeta y los territorios; y permita a las generaciones futuras alimentarse a su vez de forma sostenible.

Existen una serie de retos a la hora de realizar este cambio relacionados con la necesidad de cambiar discursos e ideas preconcebidas, incrementar nuestro conocimiento sobre esta problemática y diseñar transiciones justas que puedan a su vez paliar las necesidades urgentes de ayuda alimentaria que se producen cada día. A pesar de estas limitaciones se están abriendo nuevas posibilidades y oportunidades de cambio, desde la creación de alianzas con un enfoque de derechos y sostenibilidad a el desarrollo de iniciativas sistémicas y empoderadoras por parte de la sociedad civil y entes públicos. El sistema alimentario puede por tanto ser un vehículo para mejorar el bienestar de la ciudadanía y crear economías y sociedades más ecológicas, prósperas e igualitarias. No podemos conformarnos con únicamente llenar estómagos si no que a través de nuestra alimentación debemos construir el planeta y las sociedades deseamos para nosotras y las generaciones futuras.

Bibliografía: 

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Número 10, 2022
Del dato a la acción

La obsesiva apuesta por la activación

Pedro Fuentes Rey, técnico del equipo de Estudios de Cáritas Española

 

Las políticas públicas y la intervención social del tercer sector en contextos de exclusión social hacen, con mucha frecuencia, un especial hincapié en la activación de las personas. Haciendo un análisis que sitúa la causa en el terreno de lo personal. Los datos de la EINSFOESSA 2021 desmienten que este sea el problema central, poniendo de manifiesto que son los propios mecanismos de integración social los que fallan. ¿ha llegado la hora de poner ahí el acento?

 

La encuesta EINSFOESSA 2021 ha indagado sobre el grado en que las personas realizan o no actividades de inserción, de mejora de su empleabilidad, de aprendizaje… es decir, si están activadas es porque realizan actividades como trabajar, estudiar, formarse o acudir a diversos programas formativos o laborales, entre otros, a los ofrecidos por los servicios sociales públicos y privados para superar la situación en la que se encuentran, pero especialmente para encontrar un empleo.

Este gráfico nos muestra el porcentaje de activación en función del nivel de integración y, por tanto, de las condiciones de vida del hogar. Lo primero que se observa es que sea cual sea la posición respecto a la integración social, se da un altísimo porcentaje de hogares en los que, al menos un miembro, realiza este tipo de actividades. Siendo incluso ligeramente superior en los hogares en la zona de exclusión. En principio no parece que el problema de la activación sea el elemento principal a abordar en la intervención.

Si acercamos un poco la lupa y miramos ahora solo a las personas perceptoras de algún tipo de prestación económica, los datos no corroboran el mantra de su efecto desincentivador de la activación.

Aun en el caso del grupo en el que el nivel de activación es menor, (los perceptores de renta mínima autonómica o estatal) esta es ligeramente superior al 50%, y nada demuestra que la causa de la bajada sea responsabilidad de la prestación.

De este gráfico podemos extraer dos conclusiones complementarias: la primera, que cuanto más se cobra por una prestación, más nivel de activación se produce. Y la segunda, que la reducción de la intensidad de las actividades de activación quizá se deba más al tiempo de permanencia en la situación que, en la medida que se incrementa, provoca desánimo.

Así, tenemos un colectivo de personas nada desdeñable que queda fuera de los procesos normalizados de integración que de manera masiva están haciendo esfuerzos por acceder a alguno de ellos (están activados). Un grupo que suele obtener una respuesta centrada, en ocasiones de manera obsesiva, en activarlos, quizá porque, como sociedad, asumimos acríticamente la visión liberal de la pobreza que responsabiliza al individuo, y solo a él de su situación.

Empeñarse en facilitar una llave a quien intenta y no puede abrir una determinada puerta y olvidarse de descorrer los cerrojos del interior no parece la mejor de las maneras de plantear el asunto. Lo que no funciona son los mecanismos de integración social, que, si alguna vez lo hicieron, ya no dan respuesta a todas las personas.

El empleo ya no es accesible para todas, y cuando lo es, no protege de la pobreza y la exclusión de forma universal. La formación estudiada apenas acerca al desarrollo profesional en ese campo. No existen espacios fuera del mercado donde aportar a los demás nuestros saberes o haceres. Los lazos comunitarios son hoy escasos y débiles. Realmente no es extraño el desánimo si el resultado de la inversión en activación no lleva a cubrir, o tan siquiera a acercarse a las expectativas con las que se hace, o con las que se les vende. Y, a pesar de ello, los que se desaminan son una minoría.

 

Número 10, 2022
Documentación

Libro: Poder corporativo, irresponsabilidad empresarial y democracia económica. Variaciones sobre un mismo tema (José Ángel Moreno, 2021, Madrid, Economistas sin Fronteras)

Laura Ruiz Álvarez,  Economistas sin Fronteras

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Nos encontramos con una actualidad marcada por la década de acción para la implementación de la Agenda 2030, que incorpora al sector privado como un actor clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto directamente (p.ej. ODS 8: empleo decente y crecimiento económico, ODS 16 a través del cumplimiento de las obligaciones fiscales), como indirectamente sobre todos los demás.

Por otra parte, desde hace varias décadas, la globalización económica y el creciente poder de las empresas transnacionales frente a los Estados ha llevado a considerar las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos por parte de las multinacionales como un desafío global.

Sin embargo, una de las principales críticas al sistema de gobernanza global es la carencia de normas de obligado cumplimiento y de instituciones con capacidad sancionadora, lo que confiere a las empresas la capacidad de autorregularse voluntariamente a través de la llamada Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

La voluntariedad en el ámbito de la RSC es objeto de gran controversia y debate por el riesgo de enmarcarse en el llamado greenwashing o comunicación abusiva y engañosa respecto a las prácticas socialmente responsables; así, en la actualidad, existen diversas propuestas que buscan el establecimiento de obligaciones legales, como el Tratado vinculante de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas o la iniciativa legislativa europea de debida diligencia de derechos humanos y medioambiente.

En este contexto, la lectura de este libro se hace imprescindible para comprender las limitaciones conceptuales de la RSC y la necesidad (¡y urgencia!) de las propuestas de regulación para superarla.

Se trata de una recopilación de artículos publicados (y en muchos casos reelaborados) por el autor a lo largo de los últimos 10 años cuya lectura nos permite analizar el alcance del poder corporativo y de las dinámicas del sistema económico orientadas al cortoplacismo y a la especulación financiera, así como la relevancia de regulaciones que permitan equilibrar estos impactos dando entrada a grupos de interés, como las personas trabajadoras, en el gobierno de la empresa para avanzar hacia una progresiva democratización de la economía.

Y todos ellos marcados por el profundo conocimiento de Jose Ángel Moreno de los entresijos del poder corporativo (no en vano fue Director de RSC de una de las grandes empresas españolas) y su también profunda búsqueda constante de la ética en la actividad empresarial, unida a una pérdida paulatina de confianza en la RSC como potencial transformador del comportamiento empresarial.

A lo largo de los artículos de este libro, fluimos a través del estilo didáctico, documentado, conciso y asertivo de Jose Ángel, marcado por su capacidad para debatir y cuestionar con muy diversos públicos, comenzando por él mismo. Casi tan enriquecedor como escucharle y tenerle en Economistas sin Fronteras desde hace muchos años.

El libro no se comercializa. Puede descargarse sin coste en: https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/11/Poder-corporativo-irresponsabilidad-empresarial-y-democracia-economica.pdf

 

Número 10, 2022