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Editorial

Nuestro punto de vista.

Palabras clave: documentación social

Editorial

Una nueva etapa, un nuevo reto

Natalia Peiro

Directora de Documentación Social y Secretaria general de Cáritas Española

 

Documentación Social es una revista con más de 60 años de historia. En el transcurso de los cuales ha atravesado diversas etapas, sabiendo adaptarse a las nuevas realidades sociales y a las necesidades que su labor pretendía cubrir.

Las personas que en la actualidad tenemos la responsabilidad sobre la revista, estamos seguras y orgullosas de la contribución que esta publicación ha realizado a lo largo de su dilatada vida. Para continuar con ese objetivo consideramos oportuno y necesario iniciar una nueva etapa.

Una nueva Documentación Social que quiere servir como espacio de formación, reflexión e intercambio de experiencias para todas las personas que, de la manera que sea, trabajan, participan, estudian o colaboran en el espacio de la acción social y solidaria.

Una revista digital que haga posible su gratuidad, un ritmo de publicación cuatrimestral de un número completo, pero también, una aparición más frecuente de artículos y contenidos que mantengan la tensión de la actualidad y la atención de los suscriptores.

Con un contenido abierto y accesible, en algunas ocasiones incluso locutado, que desde el primer momento, facilite la máxima difusión y, sobre todo, la utilización de los contenidos que aborda.

La nueva etapa no tendrá solamente a la academia como fuente de contenidos, sino que abrirá sus puertas a otras realidades, igualmente capaces de aportar elementos interesantes, sin por ello perder ni un ápice de rigor.

Cada uno de sus números tendrá una estructura de secciones, perdiendo el carácter monográfico de su última etapa, y ganando así en variedad y capacidad de interesar a más personas. No obstante manteniendo una sección denominada A FONDO, en la que se abordará un único tema desde tres perspectivas diferentes y con una extensión superior a las demás.

Las secciones LA CIENCIA SOCIAL y LA ACCIÓN SOCIAL nos aportarán elementos de carácter formativo y reflexivo, garantizando que su contenido plantee puentes que nos conecten con la acción concreta y real.

Por otra parte, EN MARCHA será el lugar privilegiado para compartir experiencias, prácticas reales a las que se les pedirá que recorran el camino inverso a las anteriores, es decir desde la acción concreta y real tiendan puentes con la formación y la reflexión.

Otras dos secciones darán voz a nombres y apellidos. CONVERSAMOS recogerá entrevistas, preferentemente en formato vídeo, a personas que por algunas circunstancias resulten significativas, y CON VOZ PROPIA ofrecerá breves columnas en clave de opinión, con firmas de esas a las que solemos reconocer criterio, al margen del acuerdo o no con su manera de mirar.

DEL DATO A LA ACCIÓN será otro espacio fijo en el que analizaremos un dato, una gráfica, una tabla… en referencia a algún elemento relevante de la realidad social por su especial vinculación a los contextos en los que intervenimos.

Y para concluir, queremos también reseñar DOCUMENTACIÓN, publicaciones, espacios virtuales o reales, que otras entidades y personas desarrollan, que pueden resultar de interés para los lectores y lectoras de Documentación Social.

Comenzamos esta etapa con mucha ilusión y sobre todo con vocación de servicio. Queremos construir una herramienta útil y relevante para las personas a las que va dirigida. Esperamos estar a la altura del reto, y sobre todo mantener la fidelidad al espíritu con el que Documentación Social nació hace ya más de sesenta años, y que podríamos resumir en ser un instrumento al servicio de quienes intervienen en la acción social. Un instrumento realizado desde una mirada a la realidad, con los ojos de aquella parte de la sociedad que sufre las peores consecuencias de nuestro modelo social y que no suelen estar presentes en las agendas políticas, sociales o comunicativas.

Editorial

La voz de los vulnerables en los procesos electorales

El segundo número de la nueva etapa de Documentación Social sale a la luz tras un intenso proceso de elecciones sucesivas. Las adelantadas generales, las autonómicas en casi todas las comunidades y las municipales y europeas en el conjunto del Estado. Todas ellas celebradas en el espacio de un mes.

Desde el tercer sector de acción social somos cada vez más conscientes de que la acción no se puede situar al margen de los avatares y de las dinámicas de la política en ninguno de sus niveles, pues de las decisiones que en ellos se toman dependen muchas de las cuestiones de nos ocupan y preocupan. Y, conscientes de ello, desplegamos toda la tarea de incidencia política tratando de convencer a los partidos para que incluyan en sus programas esas medidas que se juzgan beneficiosas para las personas y los colectivos con los que trabajamos.

Y más allá de los programas, una vez constituidos los diversos gobiernos, nos ocupamos también de hacer un permanente seguimiento del grado de cumplimiento de lo escrito en los programas, y en general de las políticas reales que estos desarrollan o que dejan de desarrollar.

No obstante, aunque la labor de incidencia política desde el tercer sector es necesaria y debe seguir siendo una prioridad para la acción social, no debemos olvidar el hecho de que, a la postre, los partidos políticos van a actuar de una manera más decidida si los destinatarios de esa acción tienen peso electoral. Y todos los datos nos dicen que los sectores sociales más empobrecidos y excluidos votan menos, participan menos, se movilizan menos que la media de la población. Existe un problema en la representación de los “últimos” de la sociedad, cuya voz está cada vez más ausente de los procesos electorales.

Igual debemos reflexionar si la forma en la que hacemos incidencia política no debería empezar a tener en cuenta la potenciación de la participación política de las personas con las que trabajamos a riesgo de asumir como deseable el convertirnos en “voz de los que no la tienen” en un modelo de sociedad democrática en el que resulta que si la tienen y no tendrían por qué necesitarnos para ejercerla.

Procurar el bien común significa la búsqueda de lo bueno para todas y cada una de las personas que formamos el espacio colectivo. Y uno de sus indicadores es si realmente les va bien a los que están más abajo en la escala social. El interés general es otra cosa, porque no siempre lo que interesa se puede equiparar a lo bueno, ni lo general es necesariamente lo común, ateniéndonos a la definición anterior.

Pero en tanto el conjunto social toma conciencia de ello, la política se sigue moviendo en términos de interés general, conformado por lo que es percibido como interesante por las mayorías. Incorporar a esas mayorías decisorias la voz de los de abajo resulta algo esencial para hacer una buena y mucho más eficaz incidencia política que nos acerque realmente a entender el bien común como criterio de convivencia.

Número 2, 2019
Editorial

El valor de la hospitalidad

Durante este verano hemos sido testigos, a veces mudos y la mayoría de ellas indignados, de algunos  episodios extremos de crueldad política y humanitaria al respecto de la inmigración. Nos referimos a las odiseas de algunos de los barcos que las ONGs tienen en el Mediterráneo desarrollando  labores de rescate de personas en el mar, labor  que debieran estar haciendo los estados.

Sabemos que se trata solo de la punta del iceberg, de casos absolutamente extremos de un fenómeno social como el de la movilidad humana, sea esta por motivos económicos o políticos. Y sabemos además que los hay aún peores, protagonizados por aquellos que ni siquiera han podido ser rescatados y han dejado sus sueños y su vida en el mar.

Tirando del hilo de esa indignación que vivimos al ver como determinados gobiernos de la Europa democrática y desarrollada, y aún más la propia Unión Europea en su conjunto, actúan de una manera tan cruel e inhumana, queríamos poner en valor la vieja virtud de la hospitalidad.

Somos conscientes que el tema de la inmigración es complejo, que tiene multitud de caras y que su gestión cotidiana no es sencilla. Que es necesaria una acción concertada de todos los gobiernos y de la propia UE. Pero creemos firmemente que esa política común o parte del principio de hospitalidad o está condenada al fracaso.

La vieja Europa o es hospitalaria o no es, y la hospitalidad consiste en acoger primero y preguntar después. En no permitir que el viajero duerma en la calle, en tanto haya camas libres. Y de camas libres Europa va sobrada, entre otras cosas porque las ha obtenido en buen medida a costa de explotar (antes y ahora) los recursos de esos países de los que ahora vienen los viajeros.

En tiempos como estos en los que, como respuesta al hastío, se retoma lo identitario, tenemos por delante una batalla que dar. No se trata de negar las identidades, sino de aprender que estas se pueden construir bien como castillo a defender, bien como riqueza a compartir.

Y la hospitalidad es una seña de identidad europea, hacer de las nuestras, tierras de refugio y acogida se convierte en una de esas valiosas riquezas. Nos enfrentamos a un asunto básico, previo, en el que se juega ni más ni menos que la vida o la muerte.

Podemos empeñarnos en contemplar la realidad encaramados a la almena de nuestro castillo, y mientras tanto a sus pies seguirán acumulándose, literalmente, los cadáveres de aquellos que se acercan. Y que no nos quepa la menor duda, la podredumbre generada a base de hacer política jugando con las vidas humanas, terminará por pudrir los cimientos del castillo.  Lo recordaba Carlos Álvarez:

Cuando el hambre madura,

no hay barrotes ni murallas.

Los barrotes se sacuden

y las murallas se saltan.

 

Número 3, 2019
Editorial

Una transición ecológica justa

Recientes aún los ecos de la COP25, y con el sabor agridulce de sus resultados, en nuestro país comenzamos un nuevo ciclo político en el que parece que los temas de sostenibilidad, emergencia climática, transición ecológica… van a ocupar una parte significativa de la agenda institucional, con la prometida tramitación de la ley de cambio climático y transición energética, esperamos que a la altura de la preocupación social.

Tres son los elementos que nos informan de la necesidad y la urgencia de afrontar estas realidades. El tiempo perdido desde que se pusieron encima de la mesa estos temas, allá por los años setenta del siglo pasado; la evidencia científica de que es la acción humana la que hoy está provocando los cambios que nos amenazan; y la no menos evidencia de que el cambio, en los comportamientos individuales resulta necesario pero insuficiente.  Hay mucho en juego y poco tiempo para hacerlo.

La transición hacia un modelo social sostenible se apoya en una evidencia: resulta imposible mantener un modelo de crecimiento sostenido en un planeta con unos recursos finitos. Y se hará, por las buenas, fruto de la conciencia, o por las malas, por pura necesidad.

Pero ese modelo social sostenible no debemos comprenderlo solo como aquello que marca los límites físicos que tiene el seguir haciendo lo mismo que hacemos, en menor medida, pero lo mismo. Si lo hacemos estaremos minando su verdadera potencia transformadora. La clave está en saber que debemos empezar a hacer otras cosas completamente diferentes. Si hacemos lo mismo, pero menos, seremos un poco menos desiguales, pero desiguales. Seremos un poco menos consumistas, pero consumistas.

No podemos olvidar que los límites no solo son físicos, sino también morales y éticos. Y que la pobreza y la exclusión social hacen insostenible cualquier sociedad que se quiera decir decente. El sur del planeta y los sures del norte no solo participan en menor medida, o en ninguno de los supuestos beneficios del modelo, sino que también sufren las peores consecuencias presentes en forma de residuos y en general de efectos de huella ecológica.

Esperamos y trabajamos por una transición ecológica justa del modelo de producción, consumo y convivencia que no convierta también a los pobres y excluidos en nuevas víctimas.  Queremos una transición regulada por el bien común, que por ser el de todas y cada una de las personas que habitamos la casa común, ha de hacerse garantizando que el agua llega a todos los rincones del huerto, sin dejar zonas baldías, por mucho que estas no sean la mayoría.

 

Número 4, 2020
Editorial

La nueva normalidad

Normal es lo habitual, normal es la media, normal es lo natural, normal es la norma. Cada vez que en el discurso social aparece la palabra normal hay que estar atentos a qué deja de ser habitual, medio, natural o la regla. Cada vez que nuestra sociedad(ades) vive una intensa crisis, bien sea económica, social o sanitaria, que se desarrollan bien de forma simultanea o concatenada, hay personas, familias, comunidades y sectores sociales, que la padecen de una forma diferente. Algunas lo viven como una oportunidad. Tienen capacidades, recursos y se sienten dueños de su destino. Están muy bien adaptadas a los cambios de la postmodernidad digital y probablemente salgan reforzadas de la situación actual. En el lenguaje de los negocios serían personas emprendedoras de éxito.

Otras, sin embargo, no pudieron recuperarse suficientemente de la última crisis y hoy sienten miedo y desesperanza. Personas que viven en los intersticios de la normalidad y que aspiran a ella. Todas las crisis dejan víctimas, y habitualmente nutren, incrementando, el espacio de la exclusión social. Esto es un axioma para los investigadores que tratan de documentar la cuestión social.

Triunfadores y perdedores son los protagonistas de los relatos de las crisis. Sin embargo, es en los periodos de recuperación, cuando empezamos a percibir cuáles son las verdaderas y duraderas consecuencias y se comienzan a construir los diferentes relatos desde los diferentes grupos de interés. El que adquiere mayor fuerza hasta ahora es el de la nueva normalidad. Un nuevo paso en el cambio de época que estamos viviendo. Diversas cuestiones la compondrán, pero una especialmente, amenaza nuestra manera de entender la realidad de una forma más intensa, la distancia social. Mantenerla es fundamental para epidemiológicamente poder contener y prevenir la transmisión del virus. Es otro axioma.

Esa distancia no es problema para los triunfadores porque poseen los medios (para hacerse las pruebas diagnósticas que necesiten) las condiciones residenciales necesarias (casas y viviendas grandes y adecuadas con acceso al jardín) las capacidades para mantenerse interconectados (están bien adaptados a vivir en red) y valores adaptativos al cambio de época (individualismo posesivo). Para los perdedores es ponerles un obstáculo más en sus posibilidades de desarrollo. El capital social (débil) que poseen es una de sus pocas riquezas. Poder relacionarse está mejor ponderado en las clases populares. Es más, en una sociedad necesitada de revincularse ante las brechas de los sistemas de protección social, reducir el intangible de la sociabilidad puede derivar en la profundización o consolidación de los nuevos formatos de relaciones sociales mercantilizadas que nos ofrece la economía de plataformas.

Para muchos la nueva normalidad es una incógnita, pero para los conocedores, seguidores y documentadores de lo social, se va despejando alguna, que para los sectores más excluidos quedar fuera de la nueva normalidad será de lo más normal.

 

Numero 5, 2020
Editorial

El valor de la longevidad

La situación actual, ligada a la Covid-19, representa un gran desafío para nuestra sociedad. En los últimos meses hemos tenido que adaptar nuestra forma de relacionarnos y trabajar con los demás y, en particular, con las personas mayores. Más allá de su dimensión de crisis y de los peligros muy reales que conlleva, esta situación pone de relieve el lugar de las personas mayores en nuestra sociedad, pero también el valor que les damos y la forma en que las miramos.

A la vista de los datos más recientes, así como de las proyecciones para las décadas venideras, es un hecho que cada vez hay más personas mayores, y que su presencia va a ser cada vez más preponderante en el conjunto de la población. Las preguntas son saber qué lugar ocupan en esta sociedad cada vez más envejecida y cómo se tienen en cuenta sus necesidades y capacidades. En este contexto de mayor esperanza de vida con buena salud, hay motivos para cuestionar la imagen tradicional que tenemos del envejecimiento.

El envejecimiento, en el sentido que da el diccionario, se define, a escala de una población, como el aumento en la población total de la proporción de ancianos resultante del aumento de la esperanza de vida y la caída de la tasa de natalidad, fijándose generalmente el umbral para entrar en la vejez, por razones convencionales, en los 65 años. Esta clasificación se asocia generalmente al inicio del periodo de jubilación, pero es obsoleto para referirnos a las personas mayores. En realidad, muchas veces nos queremos referir a la pérdida de autonomía de las personas mayores no tanto a su situación de inactividad económica – laboral, aunque esta puede representar un factor de exclusión o al menos de invisibilización de estas personas.

Las condiciones de vida han mejorado y las personas viven mejor y más tiempo. De hecho, las personas, una vez jubiladas, dedican gran parte de su tiempo libre a mejorar la calidad de vida de la comunidad, al cuidado de los demás… En estos tiempos de pandemia, las personas mayores son las que más se están cuidando, más que nadie, en casa. Pero a veces cuidando a otros, sus nietos y nietas exponiéndose, a pesar del peligro, para que los más jóvenes puedan acudir al trabajo.

En este contexto, el agradecimiento y el reconocimiento deberían ser actitudes fundamentales hacia ellas y las generaciones precedentes, no sólo por su contribución pasada, sino por el uso que hacen en la actualidad de su longevidad.

A los ojos de la historia, una sociedad es juzgada por la forma en que trata a las generaciones más jóvenes y a las más mayores. Sin embargo, la crisis provocada por la covid-19 ha puesto en evidencia cómo la sociedad española está descuidando a sus mayores. Es más, esta crisis ha tenido un impacto desproporcionado sobre las personas mayores y ha evidenciado una profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración y en las residencias, así como una falta de respuestas adecuadas a sus necesidades y derechos por parte de los poderes públicos.

Lejos de alimentar las polémicas políticas, lejos de la búsqueda de un chivo expiatorio fácil, debemos intentar hacer analizar a largo plazo y ver cómo, en el futuro, podemos estar más unidos con nuestras personas mayores.

Cuando hablamos de envejecimiento se debe privilegiar la noción de longevidad. Cuando referimos a una sociedad que envejece, las personas mayores son siempre otras, nunca uno mismo. El discurso dominante en torno a la longevidad es el del miedo, de la pérdida de autonomía, los costos, el asistencialismo… No obstante, gracias al progreso médico, económico y cultural, la vejez se materializa hoy más tarde que el todavía muy presente corte de los 65 años. La pérdida de autonomía de las personas mayores solo afecta a una minoría de personas y puede evitarse o retrasarse no solo con acciones médicas y médico-sociales, sino también acciones sociales que tengan como objetivo mantener vivos los vínculos de las personas mayores con su entorno familiar y social más cercano.

En suma, no podemos reducir la situación de las personas mayores a un cuadro alarmista y de preocupación, la longevidad es también una oportunidad para todos, una oportunidad para la sociedad… La longevidad concierne a todo el mundo.

 

 

Número 6, 2020
Editorial

¿Es posible una ciudad postcovid más humana y más justa?

Antes de marzo de 2020, la geografía de las ciudades se caracterizaba ya por fenómenos que hemos llegado a analizar y conocer bien, como son la gentrificación, la estigmatización territorial de ciertas zonas y, en general, diferentes formas de segregación, económica, social, cultural y étnica en particular. Sin embargo, al no aportar soluciones satisfactorias a todos estos problemas, con el paso del tiempo se han hecho estructurales.

Por su parte, la pandemia ha puesto de manifiesto, más si cabe, las desigualdades profundamente arraigadas de nuestros entornos urbanos. Tanto es así, que las zonas urbanas son la zona cero de la pandemia de COVID-19, aglutinando la inmensa mayoría de los casos comunicados. De hecho, las ciudades están sufriendo las peores consecuencias de la crisis, muchas de ellas con sistemas de salud sobrecargados, altas concentraciones de pobreza, empleo precarizado, acentuándose las profundas fracturas sociales preexistentes e incluso haciendo emerger nuevas formas de desigualdad dentro de las ciudades.

La crisis del coronavirus y su corolario, el confinamiento, nos ha dado un espejo donde mirar la forma en que la hemos construido y pensado nuestras ciudades; finalmente sobre la forma que vivimos y sufrimos cuando las condiciones de vida no son las adecuadas.

Investigaciones rigurosas han apuntado ya, a que los más afectados han sido los barrios y las zonas urbanas densas, y esto no es nada nuevo en sí mismo: las grandes epidemias históricas, como la peste, el cólera, la «gripe española” a principios de siglo XX se extendieron principalmente en lugares donde se concentraba la población, lo que parece obvio. Sin duda, existe una correlación entre el tamaño de la ciudad y el número de víctimas.

Sin embargo, lamentamos que en la mente de quienes gestionan lo público, los vínculos entre la salud pública y la planificación urbana no existen, o solo de manera excepcional. La preocupación por la salud o la toma en consideración de las desigualdades sociales ha desaparecido de nuestra manera de construir las ciudades. Por lo contrario, el modelo que predomina entre las actuales ciudades españolas es el de una ciudad productivista, pensada para un residente varón, sano, solvente y activo. En cambio, este modelo no parece adaptarse a los retos actuales y futuros de una gran parte de la sociedad, altamente precarizada, con cada vez más personas dependientes, desempleadas, jubiladas, migrantes y sin hogar. Las personas más pobres y vulnerables son empujadas sistemáticamente a los pliegues de la ciudad, a sus márgenes. Además, la falta de planificación y políticas que pongan en el centro a los niños, niñas y adolescentes, son algunas muestras de una profunda crisis de los cuidados.

Al inicio de esta crisis se destacaba el carácter casi democrático de la pandemia, que no dejaba a ningún estrato social o territorio exento de virus; y es cierto, el virus está afectando a diputados, ministros y consejeros de multinacionales, así como a los desempleados y a las personas sin hogar. Pero ahora, con mayor perspectiva, conocemos la sobreexposición a la Covid-19 que sufren ciertos barrios, cuyos vecinos y vecinas acumulan mayores factores de vulnerabilidad.

La mayor circulación del virus en los barrios más desfavorecidos puede explicarse, por un lado, por su composición social y, por otro lado, por determinadas especificidades territoriales intrínsecas. Las características de estos barrios, su alta densidad de población, el hacinamiento de las viviendas son algunos de los factores que contribuyen al aumento de la propagación del virus en estos territorios y que se correlacionan con el exceso de mortalidad vinculado a COVID-19.

Cada vez que emerge una crisis, tenemos una nueva oportunidad para reflexionar y reajustar la forma en la que vivimos, nos relacionamos y miramos hacia el futuro. Con el surgimiento de esta crisis social y sanitaria cabe repensar la ciudad; hacia dentro en nuestras casas y hogares, así como hacia fuera, en nuestra relación con el espacio público y con otros, tratando superar el necesario distanciamiento social que nos protege del contagio, pero que no debe hacernos olvidar nunca nuestra solidaridad y humanidad hacia los más desfavorecidos.

Reinventar la ciudad y el entorno urbano debe ser oportunidad para romper las desigualdades, caminar hacia una ciudad cohesionada y más justa que favorezca el vivir juntos, la ayuda mutua y la prevención de la soledad y el aislamiento. En otras palabras, (re)construir un entorno urbano favorable a la existencia y al fortalecimiento de la comunidad, teniendo en cuenta a las personas, las necesidades, debilidades y capacidades de cada uno.

 

 

Número 7, 2021
Editorial

COVID-19, un nuevo estigma sobre la salud mental de las personas en situación de exclusión social

Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental se define como «un estado de bienestar en el que una persona puede realizarse, hacer frente a las tensiones normales de la vida, realizar un trabajo productivo y contribuir a la vida de su comunidad». Por tanto, la noción de salud mental no se limita solo a la ausencia de trastornos mentales, sino que es una parte integral de la salud y el bienestar.

Resulta claro, por ende, que la salud mental abarca tanto una dimensión individual como una dimensión colectiva. ¿Esto qué significa? La salud mental de una persona es multifactorial; se combina de recursos psicológicos individuales, factores genéticos, un contexto social y económico individual, acceso a servicios públicos que promueven el bienestar y la salud mental.

En otras palabras, nadie es inmune a los problemas de salud mental. Todas las personas tenemos un capital de salud mental, más o menos frágil en función del contexto en el que crecemos y vivimos y de nuestra vulnerabilidad personal. En este sentido, el poder gozar o no de una buena salud mental no debe responsabilizar o individualizarse a las propias personas afectadas. La salud mental es un derecho humano, es decir que su acceso y adecuado disfrute se tienen que respetar, proteger, garantizar y promover independientemente de las circunstancias personales de cada una.

El barómetro del CIS[1] sobre salud confirmaba que la salud mental de las personas residentes en España está en su peor momento por culpa de la pandemia y sus repercusiones. Muchos de sus indicadores están en rojo: el estrés, la tristeza, la preocupación y la ansiedad están haciendo estragos.

Al igual que el propio virus afecta de manera más aguda a las capas más frágiles de la población, el contexto de pandemia impacta también con más fuerza a la salud mental de las personas que acumulan más situaciones de estrés socioeconómico y que previamente ya vivían situaciones de mayor vulnerabilidad social.

Desde Cáritas, observamos un aumento considerable de las demandas de ayuda que ha provocado esta crisis, tanto en las personas y familias que estaban siendo atendidas con anterioridad, como de nuevas situaciones que se han visto afectadas por la ralentización de la economía y las medidas de confinamiento.

La angustia psicológica se entiende fácilmente para los sectores sociales más populares, especialmente las personas jóvenes y las mujeres, grupos expuestos de manera desproporcionada a la crisis. A partir de la primavera de 2020, la pandemia se ha convertido en una gran crisis social, que han revelado nuevas brechas y/o acentuando formas de desigualdad ya existentes. Se han ido acumulando diversas crisis.

Una de estas crisis es una acumulación de situaciones, circunstancias y vivencias que han dañado el bienestar o han profundizado en el malestar psicológico o emocional padecido por determinadas personas: duelo, miedo a la enfermedad y al contagio, sobrecarga de trabajo y de cuidado, situaciones de mala convivencia en viviendas hacinadas y en malas condiciones, desempleo o precariedad…

Según datos del ORS[2], casi un tercio de los hogares acompañados por Cáritas, han sentido que ha empeorado su salud física, una proporción que alcanza a más del 50% de los hogares si hablamos de salud psicoemocional. Este empeoramiento se explica por las graves consecuencias sociales, laborales y relacionales de la crisis sanitaria y de las medidas asociadas para frenar la transmisión del virus.

Desde la acción social, es primordial diferenciar la salud mental de la enfermedad mental que requiere necesariamente de la intervención psiquiátrica. En el actual contexto de pandemia, el sufrimiento, el malestar, la angustia o la fatiga vital de las personas en situación de mayor fragilidad no pueden abordarse únicamente como un problema individual, sino que es esencial considerar el contexto en el que emergen las dificultades. En consecuencia, es primordial considerar el entorno social y los factores contextuales que afectan la salud mental de las personas. Una perspectiva de salud mental colectiva nos permite acompañar, apoyar y aportar consuelo mirando con otras gafas los desafíos del presente.

Concretamente, mediante un enfoque de salud mental colectiva y comunitaria se busca ubicar en el centro los cuidados. Huelga decir que este modelo no puede darse si no hay una garantía previa de disponibilidad y adaptabilidad de los recursos públicos que garanticen el acceso a la salud, la comunidad (entendida como las organizaciones sociales y la sociedad civil) y debemos de acompañar este proceso desde nuestra perspectiva ética (individual y colectiva). A medio largo plazo, esto significa luchar contra el estigma y la discriminación que muchas veces se asocian a las personas que sufren síntomas de malestar psicoemocional. En otras palabras, representa la alternativa de repensar el lugar de la salud mental en la sociedad hacia la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

 

[1] CIS (2021): Avance de resultados del Encuesta sobre la salud mental de los/as españoles/as durante la pandemia de la COVID-19. 04-03-2021 http://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2021/Documentacion_3312.html

[2] Cáritas Española (2021). Un año acumulando crisis. La realidad de las familias acompañadas por Cáritas en enero de 2021. Observatorio de la realidad social; la crisis de la COVID-19; n.º3.

 

Número 8, 2021
Editorial

Hacia una fiscalidad social que sea sinónimo de garantía y protección de los derechos

El pagar más o menos impuestos es un discurso recurrente que se lanza desde diferentes posturas ideológicas, pero que no se relacionan con el obligado y necesario sostenimiento financiero de un estado de bienestar que ha de integrar las dificultades de ingresos de una parte de la población. Por tanto, ¿es la fiscalidad justa una noción subjetiva o una realidad pragmática? Entre los derechos y deberes de la ciudadanía, el artículo 31 de la Constitución española recoge que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Eso significa que el impuesto es un tipo de obligación que, para ser percibida como legítima por la ciudadanía requiere una justificación.  Así, si el impuesto puede justificarse por la necesidad de financiar las instituciones cuyo propósito es mantener el orden público y la convivencia, asegurar la existencia de servicios públicos o proteger las libertades individuales. Sin embargo, no es evidente que imperativos éticos puedan justificar el establecimiento de tasas elevadas, para asegurar una redistribución justa de la riqueza.

Así, según el barómetro del CIS de julio de 2020 sobre Opinión Pública y Política Fiscal[1], una amplia mayoría de la población considera que vive en un país con enormes diferencias sociales y fiscales, donde el 80% cree que los impuestos no se cobran de forma justa en relación con la riqueza. En consecuencia, los impuestos no solo deben ser abordados desde una obligación legal, sino que deben conformarse, por un lado, a partir de normas justas, proporcionales y redistributivas, y por otro, un principio de solidaridad propio de los estados de bienestar, que solo es posible mediante una verdadera conciencia fiscal, que se aprende, crea y consolida a través de una educación en valores asociados a unos principios de cohesión y solidaridad social.

Aquí asociamos la noción de justicia fiscal con la de justicia o equidad social que, a su vez, se aglutina en torno al principio de consentimiento fiscal. La justica fiscal incluye por tanto una dimensión democrática de consentimiento real a las elecciones o decisiones fiscales que son tomadas por un determinado gobierno competente. En otras palabras, un impuesto puede considerarse justo sólo si es un impuesto aceptado y comprendido por el conjunto de la ciudadanía que tributa.

Los impuestos nunca son neutrales. Los impuestos son un indicador del tipo de sociedad que se quiere construir. Son el semáforo del compromiso social que desarrollamos como sociedad con el bien común y el interés general. En otras palabras, la fiscalidad es el instrumento que nos ayuda a definir dónde se sitúa el interés general y se relaciona de manera inmediata con la definición del Estado como social y de derecho. El papel de la política fiscal es precisamente la principal herramienta que permite configurar el presupuesto del Estado y por tanto va a marcar fuertemente las políticas sociales y económicas, la existencia de servicios públicos, su alcance y/o cobertura. Es decir, el estado de bienestar no es posible sin un presupuesto, sin una política fiscal redistributiva ante los déficits estructurales del sistema social y económico del momento.

En el marco y contexto europeo, la fiscalidad juega tradicionalmente un papel determinante como zócalo para el mantenimiento de un modelo social, tanto para la ciudadanía como para las empresas y otros agentes sociales y económicos. Sin embargo, esto se debe hacer en un contexto muchas veces adverso, debiendo luchar contra la evasión fiscal y otros abusos fiscales que ponen en peligro el contrato social que tradicionalmente une a ciudadanos y gobiernos, y que también son una amenaza a las reglas económicas de la libre competencia en condiciones justas.

Si bien la justicia social es un valor que promueve el buen respeto de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad, su corolario debería ser precisamente una justicia fiscal y redistributiva. Sin una fiscalidad justa difícilmente se pueden cubrir las inversiones sociales que requiere un sistema de protección social suficiente, que es capaz de amortiguar las desigualdades sociales existentes y previniendo la aparición de nuevas formas y brechas en la sociedad. De la misma manera, solo por tener un sistema fiscal adecuado contamos con servicios públicos eficaces y de calidad para el conjunto de la ciudadanía: redes de transportes y carreteras, sistema sanitario y judicial universales, un impulso económico para la creación de empresas, etc.

Desde hace más de una década, los análisis de la Fundación FOESSA reiteran el mensaje de que la pobreza y exclusión estructurales en España se relacionan con la debilidad de nuestro modelo de protección social y, en especial, de nuestro modelo distributivo. La pandemia de COVID-19 ha evidenciado la necesidad de reimpulsar y fortalecer el estado de bienestar social para responder a todas las necesidades y demandas sociales. La actual crisis social exige de una reparación y reconstrucción que sólo puede pasar por profundas reformas de nuestro modelo económico, productivo y social, en particular a través del sistema de garantía de ingresos que ofrezca cobertura suficiente y digna a todas las personas y familias que lo necesiten.

Las políticas de recaudación y fiscalidad son las principales herramientas instrumentales para el estado de las que disponemos para lograrlo. Podemos referirnos al impuesto progresivo, sus justificaciones y reformas, los debates sobre el impuesto sobre sucesiones, la necesidad o viabilidad de un impuesto de sociedades y al capital financiero, o incluso cualquier otra forma de impuesto sobre el patrimonio, nuevo o no. También puede afectar a las herramientas fiscales que tienen como objetivo corregir los déficits estructurales asociados al IRPF o al impuesto de valor añadido, como principales instrumentos de recaudación estatal.

Es por tanto fundamental devolver su sentido a la recaudación de impuestos desde un enfoque de derechos humanos y compensatorio para asegurar la financiación de las políticas públicas que beneficien a toda la comunidad, en particular a los grupos más desfavorecidos; y de esta manera, reducir las crecientes desigualdades entre los estratos de la sociedad que acumulan más renta y los que menos tienen, u otras formas de desigualdad social o de género o circunstancial sobrevenida. En suma, la fiscalidad da sentido a la siguiente afirmación: no hay sociedad sin impuestos, es decir que no hay sociedad justa sin impuestos justos que incluya a toda la ciudadanía.

 

[1] Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Barómetro sobre Opinión Pública y Política Fiscal 2020. Disponible en: http://datos.cis.es/pdf/Es3290marMT_A.pdf

 

Número 9, 2021