Todo está relacionado. Así se expresa el papa Francisco en la encíclica Laudato sí, que lanzó en mayo de 2015, y que puso en el foco el estado del planeta desde el punto de vista medioambiental, invitando a la humanidad a cambiar de rumbo para que toda la familia humana pudiese vivir dignamente en la casa común. Una mirada de ecología integral se convertiría en el medio para conseguirlo, lo que implica poner la vida en el centro y cuidarla.
Caritas Internationalis asumió la tarea encomendada por las Cáritas del mundo, que, a partir de su Asamblea General en 2019, decidieron que la ecología integral debía trabajarse mediante una campaña mundial de sensibilización. El resultado lleva por título: Juntos. Actuemos hoy por un mañana mejor.
En los ocho años que han pasado desde la publicación de Laudato si’, la humanidad no ha dado grandes pasos para adaptarse al cambio climático y la crisis socioambiental en la que nos encontramos. “No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental” (LS, 139). Es por eso que el Papa acaba de publicar una exhortación apostólica incidiendo de nuevo sobre la urgencia del mayor reto al que se enfrenta la humanidad. En Laudate Deum se profundiza en las respuestas posibles a la crisis climática y enfatiza la necesidad de un mayor compromiso.
La campaña Juntos. Actuemos hoy por un mañana mejor, en su tercer y último año, pretende poner de relieve las numerosas acciones que ya se están haciendo en el mundo, y celebrarlas para ampliarlas, con la esperanza de que el camino hacia la ecología integral forme parte de manera intrínseca en el trabajo de Cáritas en el mundo y, en lo posible, se contagie a la sociedad civil en general.
Las causas en las que hay que trabajar son múltiples y su dificultad radica en que todas están relacionadas. En este número no se pueden mostrar todas. Pero sí es posible dar unas pinceladas desde una perspectiva mundial, como lo que ocurre en la Amazonía, con los desastres medioambientales que provoca la industria extractiva; y también presentar una visión local con los problemas de abastecimiento y contaminación de agua que hay en España. Ambos ejemplos son extrapolables a otros lugares del mundo. Y al mismo tiempo se relacionan con otros temas de gran envergadura: la producción de alimentos y los problemas que conlleva para abastecer las necesidades mundiales, la dependencia excesiva de materias primas que se agotan, los problemas energéticos, el calentamiento global con fenómenos atmosféricos extremos que tienen consecuencias nefastas para una gran parte de la población mundial, el calentamiento de los océanos y su implicación en la vida marina, la fragilidad de los casquetes polares que se derriten con una celeridad inusitada.
Nadie está a salvo de lo que ocurre ya, y el tiempo apremia. Pero son las poblaciones más vulnerables y empobrecidas quienes más están sufriendo los efectos de la crisis climática. Es necesario adoptar una visión de desarrollo global integral de la humanidad y el planeta. Las soluciones dependen de acuerdos entre gobiernos, organismos internacionales, empresas multinacionales, entre otros, y para ello es necesaria una población concienciada y comprometida, porque las acciones locales, comunitarias y personales también son importantes, y la implicación política es vital.
Lo que está en juego es la vida del ser humano en la tierra, la vida de las generaciones futuras y de las demás especies vivas que forman parte de los imprescindibles ecosistemas que hacen de este planeta un lugar privilegiado. No somos los dueños de la tierra. Somos parte de ella. Y nuestra responsabilidad es cuidarla, es cuidar de que el futuro sea posible para otros cuando ya no estemos. Es el derecho de las personas, acceder a lo necesario para vivir, incluido disfrutar de un medioambiente sano. Así lo dice Laudato si’, 93: La tierra es esencialmente una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos.
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La intervención psicosocial que Médicos del Mundo (en adelante MdM) lleva a cabo en Melilla, es especialmente necesaria y relevante si se considera la especificidad del contexto en el cual opera. Melilla, es una ciudad en la cual se produce una concentración de flujos migratorios, tanto de la población africana como de la asiática, representando la puerta de entrada de la Unión Europea. Por otro lado, las personas migrantes que entran en Europa a través de Melilla se enfrentan a un sistema sanitario nuevo para ellas, que se encuentra estructuralmente saturado y del cual no tienen asegurado el acceso debido a su situación administrativa irregular.
En este contexto, MdM lleva desde 2016 desarrollado un proyecto de intervención en Melilla cuyo principal objetivo es: Contribuir a garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas de la ciudad de Melilla, y en particular el derecho a la salud. Desde 2020, junto a las variadas intervenciones de acceso a la salud – intervención en calle, sanitaria básica, con acompañamientos y derivación a los servicios públicos de salud- se han introducido las intervenciones psicosociales que han tenido como finalidad, por un lado, detectar situaciones de vulnerabilidad psicosocial y de acceso a recursos de salud mental, y por otro generar espacios de intervención reparadora desde una mirada psicosocial a los perfiles más vulnerables.
Una de las estrategias clave ha sido generar grupos de apoyo y espacios seguros para mujeres migrantes con impactos interseccionales marcados por la violencia de género y la exclusión social. Los enfoques de la intervención en salud mental y apoyo psicosocial son coherentes con los que plantea MdM en distintos territorios e incluyen: el enfoque psicosocial; el enfoque transcultural e interdisciplinar; enfoque terapéutico en casos de trauma; enfoque de derechos humanos y enfoque de género. Todos ellos, tal y como se explicará más adelante, implican una mirada concreta de la realidad y de los contextos que rodean la intervención.
Los problemas de salud mental que se producen en el contexto de Melilla están determinados por diferentes ejes de desigualdad que se cruzan entre sí: el modelo de determinantes sociales de la salud nos enseña que la clase social, el género, la raza/etnia (entre otros factores) determinan maneras diferentes de vivir y de enfermar. Las desigualdades sociales, además de producir resultados en salud desiguales, tienen también un elevado costo emocional. Sin olvidar, desde una perspectiva de género, los impactos diferenciales de los procesos migratorios y las dinámicas de exclusión en el caso de las mujeres migrantes.
El perfil de personas con las que se interviene en salud mental y apoyo psicosocial en Melilla, Titulares de derecho según la nomenclatura que utiliza Mdm (en adelante TdD), es diverso y se describe a continuación:
Tal como se refleja en el Informe Salud mental en población vulnerabilizada, los impactos psicosociales detectados con más frecuencia en los perfiles antes descritos son:
Por todo lo expuesto con anterioridad, el núcleo de las intervenciones de Médicos de Mundo en Salud Mental pone el foco en determinados aspectos no siempre presentes en el Sistema Nacional de salud, como son:
Las intervenciones planteadas desde MdM operan a distintos niveles (Gráfico 1)
Gráfico 1- Intervención en salud mental y apoyo psicosocial en MdM (Adaptación Guía IASC 2007)
En este contexto, se describen a continuación las tipologías de intervenciones psicosociales que han tenido impactos positivos en los TdD con los que MdM interviene en Melilla.
Grupos de apoyo y empoderamiento para mujeres: son espacios grupales seguros, conducidos tanto por la psicóloga como por técnicas de intervención y de mediación intercultural, con apoyo lingüístico cuando es necesario. Se abordan por un lado desde un enfoque formativo en cuanto a perspectiva de género, y con un enfoque terapéutico que ayuda a identificar violencias de género y a iniciar procesos de empoderamiento. Las mujeres que avanzan en el proceso formativo y terapéutico tienen además la oportunidad de asumir un rol activo, exponiendo sus avances en sesiones semiestructuradas con mujeres participantes de otras actividades. Esto permite facilitar un espacio informal en el que resolver dudas y generar vínculos entre mujeres con distintos niveles de adherencia a la intervención y de autorreflexión con las temáticas. Las mujeres que lideran las sesiones consiguen afianzar sus conocimientos, y se empoderan al convertirse en referentes de sus iguales.
Formaciones en primeros auxilios psicológicos para entidades que trabajan en el terreno, especialmente en situaciones de calle. Debido a la gran demanda de apoyo psicosocial entre personas migrantes, se ha identificado la necesidad de formar a los colectivos que intervienen en el terreno como agentes esenciales en el cuidado y la promoción de la salud mental. Las formaciones responden al doble objetivo de: dotar a los equipos de calle de zonas de tránsito de recursos para el abordaje de intervenciones con personas migrantes en situación de vulnerabilidad psicosocial; facilitar espacios para hablar de salud mental, mejorando así la atención a TdD con problemas de salud mental y estableciendo mecanismos de trabajo en red, detección y derivación de casos más vulnerables.
Intervención individual y acompañamiento psicosocial individualizado. Las intervenciones psicológicas individuales se realizan prioritariamente con mujeres en su mayoría con sintomatología traumática asociada a múltiples violencias de género y a contextos marcados por la exclusión social. Se trata de una atención de carácter terapéutico, llevada a cabo por profesionales de la psicología, que abordan una problemática en salud mental con vocación de continuidad. Dichas intervenciones pueden terminar con la derivación y acompañamiento al sistema público de salud mental cuando esto es requerido o a recursos especializados. El acompañamiento psicosocial consiste en una intervención más indirecta, y/o puntual, que se realiza en contextos más informales, con la finalidad de realizar acciones que permitan la vinculación y adherencia de personas en situación de vulnerabilidad que, por su propio contexto o por factores culturales, es complicado que accedan a sesiones individuales y grupales más estandarizadas. Estas atenciones pueden ser realizadas por profesionales de la psicología o por profesionales de otros sectores (social, sanitario) con formación en acompañamiento psicosocial. En el caso de Melilla estas intervenciones se realizan sobre todo con mujeres migrantes y con Menores no acompañados/as y/o jóvenes no tutelados en ocasiones en situación irregular y en contexto de sinhogarismo. Ambas tipologías de intervención son complementarias.
Mediación intercultural en acciones de salud mental. Debido a la vecindad de Melilla con Marruecos, y situarse como punto clave de las rutas migratorias hacia Europa, la mayoría de TdD que recurren a MdM tienen dificultades para acceder con garantías a recursos públicos de salud general y, aún más, de salud mental. En el caso de MdM Melilla las mediadoras, proporcionan un soporte imprescindible en las intervenciones, tanto individuales, como grupales, familiares, formativas y terapéuticas.
En 2023, la propuesta metodológica reflejada en la Guía metodológica, acompañamiento psicosocial y atención en salud mental con población vulnerabilizada, está siendo testada en distintos territorios incluyendo Melilla, que este año está centrando su recogida de información en las mujeres migrantes con las que se viene interviniendo tanto a nivel individual como en grupos de apoyo. Como fase final, de dicha investigación acción, se están identificando y diseñando prácticas innovadoras con un componente comunitario. Estas prácticas sitúan énfasis en lo preventivo y en lo reparador con un componente de novedad, con respecto a las intervenciones que ya se vienen haciendo en el territorio. Se trata de identificar actividades que puedan tener un efecto sobre la integración de las personas participantes y que potencialmente aporten un impacto positivo en la salud mental, con apoyo en el tejido social y comunitario. (La base de la pirámide). Dichas prácticas tendrán que ver con el uso del espacio público compartido, por parte de las TdD con las que se interviene a nivel grupal e individual.
El reto sigue siendo garantizar el derecho a la salud, incluida la salud mental en lugares de llegada y tránsito migratorio, para ello además de las acciones específicas de intervención y acompañamiento directo con poblaciones vulnerables, es imprescindible el trabajo comunitario y la sensibilización vinculada a derechos humanos y convivencia intercultural.
Tal y como ya apuntaba Ignacio Martín Baró: Si la base de la salud mental de un pueblo se encuentra en la existencia de unas relaciones humanizadoras, de unos vínculos colectivos (…) en los que no se niegue la humanidad de nadie, entonces la construcción de una sociedad más justa no es solo un problema económico y político. Es también y por principio un problema de salud Mental (Martín Baró I. 1984).
Achotegui, J. Los Siete Duelos de la Migración y la Interculturalidad. Ned Ediciones, 2022.
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Ruiz Álvarez, M. et al. Los determinantes sociales de la salud en España (2010-2021): una revisión exploratoria de la literatura. Revista Española de Salud Pública Volumen 96, 2022.
Sayed-Ahmad Beirutí, N. (Coordinador). Programa de atención a población inmigrante en Salud Mental. Junta de Andalucía, Grupo de Trabajo de salud Mental e inmigración, 2007.
Arquitecto urbanista, politólogo y doctor en sostenibilidad urbana
Investigador postdoctoral en la Universidad Politécnica de Madrid
Puedes encontrar a José Manuel en X.
La forma en la que pensamos nuestro territorio cada vez tiene menos que ver con su funcionamiento real y, lo que es más importante, cada vez es menos útil para resolver las problemáticas de la desigualdad que lo atraviesan. España se divide en comunidades autónomas, provincias y municipios. Es lógico estudiar el territorio en base a ellos, porque son las entidades que utiliza la estadística oficial y donde se desenvuelven los poderes públicos con capacidad ejecutiva.
Sin embargo, hay varios fenómenos que los han sobrepasado. Primero, el constante aumento de la concentración de población, actividades económicas y servicios en torno a las grandes centralidades urbanas. No ya en ellas, sino a su alrededor, a distancias cada vez mayores, cambiando drásticamente la realidad de municipios otrora rurales y ahora metropolitanos. Todo ello, en línea con unos procesos de integración funcional de los mercados urbanos que ha posibilitado el desarrollo de las infraestructuras del transporte, permitiendo una separación cada vez mayor entre los lugares de residencia y trabajo. Esto no solo ha ocurrido en torno a las ciudades, sino también en lo que otrora consideráramos el medio rural, difuminando las diferencias entre lo que fueron espacios dicotómicos y hoy deben ser reinterpretados en forma de gradiente.
En segundo lugar, el enquistado desarrollo desigual que aparece no solo entre las diferentes regiones, sino también en su interior, entre sus diversas centralidades urbanas. Esto ha producido un imparable desarrollo económico en torno a las áreas y corredores geográficos más aptos para impulsar exitosos modelos de especialización económica, que arrastran ventajas cada vez más inalcanzables, y un constante atraso comparativo de los territorios más aislados con respecto a las grandes concentraciones urbanas. Ello ha enquistado las fronteras entre algunas comunidades autónomas y ha desprovisto de cualquier sentido ontológico a las que se producen entre otras. Los efectos frontera solo han servido para profundizar los problemas, ya sea extendiendo el insostenible fenómeno de la suburbanización o incrementando la sensación de abandono de las comarcas olvidadas en los límites autonómicos. En último término, la falta de expectativas de las grandes franjas de la despoblación peninsular es hoy más acusada que nunca.
Las políticas de planificación y ordenación del territorio bajo ópticas estrictamente municipalistas están produciendo un impacto negativo tanto en el medio urbano como en el rural.
En las grandes áreas urbanas, la falta de oferta de vivienda asequible en los municipios centrales está expulsando a las nuevas familias hacia periferias cada vez más lejanas. Esto tiene un claro impacto ambiental, mucho más cuando esta expansión suburbana no se ha acompañado con una fuerte inversión en los sistemas de transporte público, cada vez más inoperantes y menos costo-efectivos en términos temporales. Así, los intentos por frenar la contaminación en los centros urbanos colisionan con la necesidad de repartir de forma equitativa los costes de la transición ecológica, afectando sobre todo a las poblaciones expulsadas de los centros urbanos por su incapacidad para acceder a unos mercados de vivienda muy tensionados.
Con estas nuevas realidades territoriales, los errores interpretativos se multiplican. Pensemos en los análisis que se hacen a nivel municipal de las grandes ciudades. Aún hoy vemos comparativas entre las realidades urbanas de Madrid y Barcelona circunscritas únicamente al estudio de sus límites administrativos. Sin embargo, estos cada vez dicen menos de la realidad de las personas que hoy habitan y desarrollan sus vidas en sus áreas metropolitanas intermunicipales. Quien hoy aspira a comprarse una vivienda en Madrid baraja opciones tan dispares y lejanas como Seseña, Collado Villalba o Azuqueca de Henares. El término municipal de Madrid, por muy grande que sea en términos comparativos, aloja menos del 47% de los de más de siete millones de personas que hoy se desenvuelve en su área metropolitana. En el caso de Barcelona, los límites administrativos municipales solo alojan al 32% de sus más de cinco millones.
En los territorios antagónicos, en el medio rural más aislado, los municipios tienen una autonomía meramente nominal, a la que a veces se aferran por un fuerte sentimiento localista. Sin embargo, más que ayudarles, esto solo contribuye a poner trabas a cualquier intento de política innovadora para frenar su despoblación, principalmente por la imposibilidad de dotarles con suficientes recursos humanos y económicos.
Podríamos preguntarnos también por el sentido de los actuales límites autonómicos en resolver la pérdida de cohesión territorial. Resulta un sinsentido que las políticas fiscales y las inversiones infraestructurales se realicen bajo un criterio principalmente autonómico. Esto solo contribuye a acelerar las dinámicas de distanciamiento y desarrollo asimétrico entre los diferentes territorios españoles. También las que se reproducen en el seno de las distintas comunidades autónomas, que no carecen de sus propios centralismos. Pero, sobre todo, las que benefician a las afortunadas regiones que, como la madrileña, carecen de aislados territorios de la despoblación a los que asistir.
En cualquier caso, el espacio continúa siendo fundamental para explicar el acceso diferencial de la ciudadanía a oportunidades vitales. Las brechas regionales, el posicionamiento en el gradiente de urbanización y la segregación residencial en las grandes áreas urbanas tienen un gran peso en la eficiencia del ascensor social. En un mundo así, la accesibilidad es una cuestión de ciudadanía, de acceso a dotaciones y servicios básicos que pueden devenir fundamentales en la consecución de los logros educativos, laborales, económicos e incluso familiares, reproductivos.
Las brechas regionales muestran una pérdida constante de su valor explicativo sobre las disparidades de acceso que enfrenta la población española entre 1991 y 2021, aunque aún son determinantes para entender la desigualdad económica y laboral. La convergencia observada se explica principalmente por el vaciamiento demográfico de los territorios rurales y las regiones urbanas más desfavorecidas. Estos se producen a través de unos movimientos migratorios que agudizan las desigualdades internas, tanto en las regiones de salida como en los territorios metropolitanos de destino. Los análisis estadístico-geoespaciales muestran que el recurso de la emigración continúa funcionando como elemento corrector de los desequilibrios interterritoriales en nuestro país. La etapa actual de la transición demográfica ha evitado en parte que sus repercusiones sean directamente asumidas en el corto plazo, debido al incremento de la esperanza de vida. Pero será a partir de ahora cuando se vean sus efectos reales sobre los territorios más sobreenvejecidos, como consecuencia de un régimen emigratorio prolongado que desplegará todas sus consecuencias en el medio plazo.
Algo parecido se ha observado con respecto a la incidencia del gradiente de urbanización, la forma en que aquí se ha rearticulado la vieja dicotomía urbano-rural en forma de continuum. La disminución de su valor explicativo a nivel nacional está relacionada con la densificación de los territorios neorrurales en torno a las regiones urbanas más dinámicas, donde la brecha urbano-rural no tiene ningún valor explicativo sobre las desigualdades, y con el constante vaciamiento demográfico de los territorios rurales de las regiones más desfavorecidas, donde el gradiente de urbanización continúa siendo fundamental para explicar la disparidad de rentas, el logro educativo y la empleabilidad.
En este contexto, el valor predictivo de las fracturas urbanas sobre la desigualdad de oportunidades no ha dejado de aumentar desde finales del siglo pasado. Los logros reproductivos, educativos, laborales y económicos se explican cada vez más en función de la segregación residencial, por supuesto, en favor de aquellos barrios de clase privilegiada.
Esto ha ocurrido no tanto por el empeoramiento de la situación de los barrios más desfavorecidos, que también, sino por el aumento de la auto-segregación de las poblaciones de clase media-alta, que han abandonado los barrios tradicionales mixtos para ocupar nuevos desarrollos urbanísticos donde prima la homogeneidad social. Se trata de un depurado mecanismo que descansa sobre la segmentación dual del mercado laboral, que ha terminado incluyendo el concepto de jerarquía en los patrones de la segregación residencial, complejizándolos. Como resultado, se ha producido una democratización de la auto-segregación de las clases medias-altas profesionales. Todo ello bajo la incentivadora producción de espacios residenciales enfocados a este segmento de la población. En último término, en las grandes áreas urbanas españolas, el distanciamiento socioeconómico se ha traducido en un distanciamiento espacial. Y en los casos más extremos, también en un distanciamiento administrativo, por concentrarse estos desarrollos en unos pocos municipios privilegiados de los grandes sistemas metropolitanos. No obstante, este modelo se ha intentado replicar en la mayoría de las entidades locales, produciendo urbanizaciones de baja densidad separadas de los tejidos urbanos históricos o promociones residenciales de manzana cerrada con mayor densidad, pero que privatizan colectivamente su espacio libre interior y niegan a la calle su rol fundamental en la socialización.
Los factores inductores de este aumento de la segregación residencial han sido comunes en las 47 mayores áreas urbanas españolas y han dado como resultado un ritmo de ampliación de la auto-segregación por arriba que duplica la tasa general de crecimiento de los sistemas urbanos en los que se reproduce. En resumen, nos encontramos en todos ellos con unos mercados inmobiliarios centrales muy tensionados, que expulsan a buena parte de los nuevos hogares; una planificación urbana de baja densidad en los municipios periféricos, donde el desarrollo inmobiliario es una rápida vía de ingresos para las arcas municipales; un aumento del aprovechamiento personal de las nuevas posibilidades de conectividad que ofrece la explosión reticular, aun asumiendo un incremento de la dependencia del vehículo privado; y una revalorización de los atractivos paisajísticos y naturales de una manera poco reflexiva.
La extensión del teletrabajo después de la pandemia de COVID-19 pareció abrir una oportunidad para todos los territorios. Un análisis real de sus repercusiones parece apuntar a que los desplazamientos residenciales se han circunscrito a las periferias suburbanas y metropolitanas como consecuencia de una transformación de las segundas residencias preexistentes en habituales. Es obvio que esto acabará produciendo más movilidad pendular, sobre todo, si no se consolidan los modelos del teletrabajo. Además, el aumento de la turistificación de los centros urbanos, con nuevas modalidades de hipermovilidad como el nomadismo digital internacional, están incrementando aún más el tensionamiento de sus mercados de vivienda. Frente a estos retos, habrá que medir correctamente las fuerzas si se quiere tener éxito en darles alguna solución. El aumento de las desigualdades, los problemas de acceso a la vivienda y la segregación residencial en los grandes territorios urbanos son el anverso de la misma moneda que opera vaciando los vastos territorios de la despoblación y las áreas urbanas más desfavorecidas, debilitando con ello la cohesión territorial a escala nacional. Una de las mejores políticas para paliar las desigualdades que se producen en el acceso a la vivienda de los grandes territorios metropolitanos, pasa por asegurar oportunidades sociolaborales y vitales que disminuyan el éxodo rural no elegido y reviertan la dirección de los flujos migratorios. Y esto necesariamente requerirá de un cambio profundo en el destino de las inversiones públicas. De otro modo, solo seguiremos trasladando las brechas regionales, e internacionales, a la segregación residencial de las grandes áreas metropolitanas. Si algo demuestra la política comparada es que el precio a pagar por una desigualdad socioeconómica excesiva no es nada fácil de asumir en términos políticos. Trabajemos para que nunca nos llegue ese momento.
Gómez Giménez, J. M. Desigualdades socioterritoriales en España: La reconfiguración del sistema interurbano español. Oporto: Universidad Politécnica de Madrid, 2023. https://oa.upm.es/73966/
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Profesor asociado de Ética. Universidad Complutense de Madrid
Tras la experiencia de una pandemia que paralizó a la humanidad y quebró las seguridades con las que el mundo occidental había construido su mundo de certezas y de éxitos, es usual escuchar que vivimos en medio de dos mundos que chocan entre sí: uno que acaba y otro que emerge. Habitamos en ese espacio incómodo que tiene que ver con lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer.
Quizá una de los interrogantes que nos dejó la pandemia ante aquella pregunta de si salimos mejores o peores de ella es constatar en qué medida somos conscientes de que habitamos en este espacio intermedio a todas luces perturbador e indomable.
Por una parte, somos consciente de ser testigos de una época donde el capitalismo, en todas sus manifestaciones, ya no da más de sí, ha tocado el techo de los recursos finitos en un planeta finito. Pero morirá matando. Asistimos, no tanto al fin del capitalismo sino al final de una época, de una civilización que llega a su fin porque no es capaz de resolver los problemas que ella misma genera. Cuando esto sucede, un paradigma alternativo al que fenece debe hacerse cargo de la nueva realidad que no se detiene.
No vivimos en un universo donde se suceden etapas que hay que superar, en una especie de carrera de fondo, sino que transitamos entre dos épocas que reflejan paradigmas alternativos y que se detiene ante el acontecimiento como categoría central que dinamiza nuestro diario vivir.
La pandemia ha echado por tierra nuestras categorías de enfrentamiento a la realidad: el pensamiento lineal, el razonamiento causa-efecto, el peso de la razón instrumental, la visión fragmentaria y sectorial y, en definitiva, el modelo de organización mecanicista. Ello da paso a nuevas maneras de enfrentarnos a lo real desde la complejidad, el pensamiento sistémico y la visión global de conjunto donde todo está relacionado. Se ha acabado el mundo de las certezas, el sentimiento de que somos seres invulnerables y la convicción de que podemos guiarnos por nuestro sentido de autosuficiencia.
Para Bauman la pregunta no es tanto ¿qué hacer?, sino ¿quién lo hará?, en tanto que nos hallamos ante el final de ciertas medaciones culturales, religiosas, económicas y políticas obsoletas. Nuestras instituciones no saben responder a la complejidad, volatilidad e incertidumbre de nuestro presente. Es el final del pensamiento anclado en la repetición de respuestas que vienen del pasado. Estamos atascados y presos del lugar interior desde el que operamos y que sentimos ya no más de sí. Para el creador de la teoría U, Otto Sharmer, vivimos una época de fracasos institucionales masivos.
Ahora bien, entre lo viejo que muere y lo nuevo que nace acontece el interregno, término que puso en marcha Antonio Gramsci en medio de otro interregno fundamental: el de entre guerras del pasado siglo XX. En 1930 Gramsci, encarcelado por el fascismo italiano, escribía en sus Cuadernos de la cárcel una de sus frases más conocidas: La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. De esta frase existe una versión popular: El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos.
Habitamos en ese claroscuro. Interregno no es un paréntesis coyuntural, sino una fase histórica que hemos de transitar. Es el caldo de cultivo de un escepticismo difuso, de creación de miedos, fobias y monstruos de todo tipo. Es el auge de autoritarismos negacionistas y de ecofascismos inteligentes que se introducen en sectores de la ciudadanía tan impensables como los grupos más vulnerados y la gente joven; es decir, aquella parte de la población que se ve sin futuro y que no tiene donde agarrarse.
Otro de los peligros del interregno en el marco de las organizaciones sociales es vivirse en una suerte de presente continuo donde se verifique la parálisis por el análisis, abocándose a un tiempo de indefinición excesiva. La contemporaneidad hoy es mucho más que adaptarse a los cambios; es, sencillamente, cambiar, atreverse a cambiar. Poner en marcha aquellas palancas estructurales y procesuales que activen inéditos viables en consonancia con el paradigma que emerge.
Emerge el paradigma del cuidado, pues cuidamos o pereceremos como especie. Y este advenimiento necesita de parteras y parteros para que pueda ser. Para ello será necesario dotarnos de enormes dosis de modestia para valorar los prototipos pequeños, prudencia a través de la deliberación colectiva y capacidad de riesgo para inventar futuros posibles, porque ya no cabe la repetición. Son tres actitudes que hay que echarlas hacia adelante en equilibrio armónico.
Si hay algo esperanzador en este interregno es que atisbamos la inteligencia colaborativa como uno de los instrumentos que alumbran este tiempo nuevo. La relación y el vínculo serán la esencia del cuidado.
Ana Abril
Coordinadora equipo Incidencia Política y Análisis Jurídico, Cáritas Española
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Transformar las situaciones de injusticia e impulsar cambios en las causas que generan desigualdad, pobreza y exclusión, forma parte de la misión e identidad de Cáritas.
De ahí el compromiso firme con promover cambios en la legislación y las políticas como vía imprescindible para el acceso y garantía de los derechos humanos de todas las personas en todos los ámbitos desde lo local a lo internacional. En este marco desarrollamos procesos de incidencia política que parten de las vulneraciones de derechos de las personas y pueblos con objetivo de revertir esas situaciones a través de la propuesta de políticas y de su efectiva aplicación.
Un momento especialmente importante para realizar propuestas que posibiliten una sociedad más justa se produce en las elecciones generales, cuando los partidos deben plasmar sus compromisos en los programas electorales. Cáritas, en cada convocatoria electoral, presenta a los partidos políticos sus propuestas con el objetivo de que, en un primer momento, sean incorporadas en los programas y, posteriormente, se desarrollen durante la legislatura concretándose en leyes y políticas que sean implementadas y evaluadas.
Determinar cuáles son estas propuestas es una decisión clave en una doble vertiente. Internamente implica fijar aquellos temas en los que Cáritas va a focalizar su acción de incidencia política en los próximos años a través de un proceso que establece las prioridades. Externamente supone optar por los ámbitos que consideramos prioritarios para la construcción del bien común, una elección de los espacios en los que avanzar hacia una sociedad más justa.
En expresión de Adela Cortina, edificar una sociedad justa es cosa de todos. Sin embargo, las personas en situación de exclusión participan en procesos electorales en mucha menor medida que las personas en situación de integración. Si la media de personas que no participan es del 6,5% en el conjunto de la población, esta cifra sube hasta el 13,9% en el caso de la población en situación de exclusión y el 17,5% en las situaciones de exclusión severa.
La desafección política de las personas que en situación de vulnerabilidad es una constante en todos los procesos electorales. Esto requeriría de una reflexión profunda como sociedad, ya que quienes más tendrían que sentir que las políticas públicas son la vía para garantizar los derechos, protección social, educación, vivienda, empleo, salud, … para la igualdad de oportunidades, para lograr esa red que protege a todas las personas, son las que perciben que los procesos políticos no tienen nada que ver con su situación. Esta pérdida del sentido de ciudadanía, de ser parte de la sociedad, es un factor claro de los procesos de exclusión donde las personas van estando cada vez más alejadas del espacio central de pertenencia e integración en la sociedad. La erosión del día a día, las múltiples situaciones de vulneración de derechos unas tangibles y otras sutiles, generan una distancia con las decisiones que se toman en los centros de poder.
La incidencia política tiene como objetivo promover o cambiar normas y políticas o su aplicación para el acceso efectivo y garantía de los derechos. Y también implica el fortalecimiento de la sociedad civil, esa sociedad civil de la que formamos parte todas las personas sin excepción, generando cauces de participación que vinculen a la ciudadanía (en un concepto que no excluye a nadie) con la toma de decisiones. Frente a la invisibilidad de las realidades de exclusión[i] la opción es ponerlas en el centro de la agenda pública y frente a la impotencia que genera desmovilización y desvinculación es generar espacios que equilibren las relaciones de poder, que ofrezcan vías de posibilidad para que quienes parece que no son relevantes tengan un lugar en los espacios de toma de decisión.
Desde todas estas perspectivas vinculadas a la incidencia política era imprescindible que las personas participantes en los proyectos de Cáritas fueran parte del proceso de definición de las propuestas políticas para las elecciones de 2023.
Y, desde un marco más amplio, responde a la identidad y misión de nuestra entidad, a nuestros valores y objetivos[ii] definidos en el V Plan Estratégico y a los procesos que se están desarrollando desde hace tiempo en las Cáritas Diocesanas que ponen la participación en el centro como factor transversal, requisito previo y necesario en todo proceso.
Por todo ello, en un proceso estratégico de definición de las prioridades de la organización en su acción de incidencia política, la participación directa forma parte de lo esencial.
Siendo la razón fundamental de los procesos de incidencia partir de las realidades de injusticia y de las vulneraciones de los derechos de las personas con el objetivo de impulsar normas y políticas que transformen esas situaciones, resulta evidente que quienes están sufriendo esas realidades deben formar parte de la identificación y elección de las prioridades.
Los tiempos políticos marcan los procesos de incidencia. De poco sirve un buen proceso si se llega tarde para poder influir en los espacios adecuados y con los actores oportunos.
Este proceso se inició casi dos años antes del final teórico de la legislatura (se inició en febrero de 2022 con elecciones previstas en diciembre de 2023) de modo que aun produciéndose el adelanto electoral el proceso estaba desarrollado y las propuestas definidas.
Identificación de las vulneraciones y priorización
A través de los proyectos de Cáritas de migraciones, vivienda, empleo, asentamientos, violencias machistas, infancia, personas en situación de sin hogar, empleo de hogar, mayores, trata, rural, … se propuso a las personas participantes en ellos incorporarse a este proceso de definición de las propuestas de Cáritas para las elecciones generales. También se incorporaron en él los grupos de participantes ya constituidos de forma estable en la Confederación.
A esta invitación se sumaron 990 personas en 95 grupos a lo largo de todo el territorio.
Este proceso ha estado marcado por las dos dimensiones, externa e interna. Esta doble vertiente de ser parte de la polis y de decisiones políticas y ser parte de Cáritas y de las opciones de la institución dio lugar a un primer momento, en los grupos de contexto y diálogo sobre las diversas citas electorales (locales, autonómicas y estatales) y un segundo momento, sobre el objetivo del proceso interno de definición de las propuestas de Cáritas.
La participación tiene una dimensión personal y colectiva. En lo personal ejerciendo esa ciudadanía activa que parte de nuestra implicación, visión y experiencia; y en lo colectivo porque solo desde la generación de comunidad, de sentido de corresponsabilidad, de vinculación con un propósito común podemos influir para transformar la realidad. De este modo, cada persona compartió las vulneraciones de derechos que constata en su vida e indicó cuáles serían sus prioridades para que Cáritas se centrara en ellas. Posteriormente, a partir de las reflexiones y aportaciones personales se alcanzaron conclusiones colectivas priorizando dos ámbitos en cada uno de los grupos.
Las conclusiones de estos grupos con la identificación de vulneraciones de derechos y la priorización de los focos para la incidencia política generaron un análisis global de prioridades entre las que destacaron temas relacionados con el empleo, la vivienda y las vías de regularización de las personas migrantes. Ese análisis también reflejó temas transversales que tienen un efecto en el acceso a los derechos, así de forma reiterada reflejaron barreras como la administración electrónica o la complejidad de los trámites en diferentes ámbitos.
Las conclusiones de estos grupos fueron la base sobre la que desarrollar la segunda fase del proceso. En esta fase, siguiendo la metodología del árbol de problemas en los procesos de incidencia política[iii], se trabajó en 15 espacios temáticos, partiendo de las vulneraciones de derechos definidas, los efectos y las causas de esas vulneraciones definiendo la causa prioritaria.
El proceso tenía como objetivo determinar las propuestas políticas para las elecciones generales, pero todo lo que emergiera de este proceso participativo era relevante, todo es reflexión y aportaciones que podían enriquecer procesos también en otros ámbitos. Por ello, esta fue una de las claves desde el inicio: todo suma.
Dos ejemplos de resultados que aportaron a otros procesos:
El compromiso de Cáritas no es solo presentar las propuestas a los partidos para que los incorporen en los programas electorales, sino que estas propuestas constituyen las prioridades de incidencia política durante la legislatura, el eje de un trabajo hondo y sostenido que para ser viable implica que las propuestas tengan que estar muy ajustadas en número.
Por ello el proceso previo realizado por los grupos de participantes y los grupos temáticos fue llevado a una jornada en la que, partiendo de los resultados y las conclusiones alcanzados, era necesario optar por 8 propuestas.
En una jornada en las que participaron representantes de los 15 grupos con personas de las Cáritas Diocesanas y de los grupos de participantes se priorizaron 8 causas relacionadas con leyes y políticas para que constituyeran las propuestas políticas en las elecciones generales de 2023.
Esta priorización se realizó desde el diálogo, las reflexiones compartidas, las vinculaciones existentes entre lo identificado por unos grupos y otros, y también estuvieron presentes las dudas, la esperanza o el escepticismo de los cambios reales posibles en las políticas.
Como hemos señalado este es un proceso clave en la institución que requiere un proceso de aprobación en los órganos confederales. Este aspecto fue señalado y explicitado en el proceso previo y en la jornada de priorización, para que el conjunto de participación y construcción interna del proceso fuera compartido.
Aprobado el documento de propuestas políticas para las elecciones generales, además de la estrategia de interlocución política, es clave que los agentes de Cáritas y el conjunto de la sociedad conozcan y se identifiquen con las propuestas para una sociedad más justa, y para ello se desarrolló una estrategia de comunicación y sensibilización.
Todo ello fue presentado, antes de ser lanzado públicamente, en una jornada a la que fueron invitadas todas las personas que participaron en el proceso. En esa jornada se rindieron cuentas del conjunto del proceso, de los resultados de cada fase, de las propuestas y de la estrategia de comunicación. De esto modo, todas las personas que formaron parte del proceso en alguna de las etapas pudieron tener una devolución directa de los resultados y un espacio abierto de intercambio y aportación.
Las propuestas fueron presentadas en reuniones con los partidos políticos señalando el proceso de participación que había dado lugar a las mismas. Posteriormente se realizó en análisis de los programas electorales en cuanto a la incorporación y en qué medida de las propuestas realizadas por Cáritas.
Este proceso ha sido un paso en un camino a consolidar y profundizar. La participación de las personas en situación de vulnerabilidad en la institución y en la construcción del bien común, siendo parte central de la sociedad que, conjuntamente, queremos construir, es imprescindible.
Desde esa premisa este proceso nos marca aprendizajes para el futuro. Algunos de ellos son:
Algunos grupos de participantes existían previamente, otros se constituyeron con motivo de este proceso, en unos y otros constatamos la valoración positiva por participar en este proceso[v] y en los segundos, el deseo de dar continuidad.
En todos ellos la conciencia clara de los derechos y de su vulneración fue una constante y la conciencia de que la vía grupal y colectiva de defensa de los derechos es una alternativa ante los riesgos que a veces implica la defensa individual[vi].
Este proceso ha constituido un paso significativo en la participación vinculada a la toma de decisiones interna en un proceso estratégico como es la definición de las prioridades de incidencia política y en la vinculación con la construcción de lo público para generar un cauce de influencia en los actores políticos. La voluntad es seguir consolidando procesos de participación como principio transversal para el ejercicio de los derechos y porque solo alcanzaremos una sociedad justa si todas las personas somos parte imprescindible de ese proyecto.
[i] “Este precariado político tiene una especial incidencia en el precariado social. Las personas al margen de lo social son también personas al margen de lo político. La exclusión social, como se analizó en el capítulo anterior, es una exclusión discursiva: sin voz ni visibilidad”. Sebastián Mora. “Voces insólitas. La participación de las personas en proceso de exclusión en el tercer sector de acción social como espacio político”
[ii] “La advocacy promueve el reparto equitativo del poder” Un modelo de advocacy ignaciana Frank Turner sj https://www.educatemagis.org/wp-content/uploads/2015/10/ian_esp_online1-Ign-Adv-Netw-SP.pdf
[iii] Manual para la facilitación de procesos de Incidencia Política. Wola https://www.wola.org/wp-content/uploads/2005/06/atp_manual_para_facilitacion_jun_05-1.pdf
[iv] La participación de las personas y familias vulneradas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos: propuestas de Cáritas para la 2ª Estrategia Nacional Integral para Personas sin hogar. Sonia Olea. Documentación Social
[v] “A los participantes en este proceso nos ha parecido muy interesante, gratificante, interactivo y sobre todo valoramos haber podido poner voz a nuestros derechos vulnerados”. Grupo de participantes.
[vi] El Informe de Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar, elaborado por Cáritas mostraba como el 68% de las personas no denunciaba situaciones de vulneración de derechos por miedo a perder su trabajar y el 23% (se incrementaba hasta el 48% en el caso de los temporeros) por sentir que no iba a tener ningún resultado.
Número 15, 2023
Alfonso Apicella, Responsable de campañas mundiales, Caritas Internationalis
Mª José Pérez de La Romana, Técnico de sensibilización, responsable de la campaña Juntos, Cáritas Española
Este artículo analiza el impacto de la crisis medioambiental en poblaciones vulnerables en el mundo y España a través de la campaña de Cáritas: Juntos. Actuemos hoy por un mañana mejor. Se exploran los objetivos de la campaña, problemas específicos y experiencias concretas que destacan la desigualdad en la crisis medioambiental. En España, la campaña promueve la sensibilización social para el cambio y la adaptación, instando hacia la ecología integral y la acción comunitaria, así como la participación política.
En un mundo cada vez más consciente de la crisis medioambiental y sus consecuencias para la vida en general, y de la salud de la humanidad en particular (OMS, 2021), ésta no puede considerarse aislada de las desigualdades sociales (UN DESA, 2016). En este contexto nace la campaña Juntos. Actuemos hoy por un mañana mejor de Cáritas Internationalis (confederación internacional de organizaciones caritativas católicas de ayuda humanitaria y desarrollo, presente en más de 160 países).
Es una campaña de sensibilización y movilización social sobre la crisis medioambiental, cuyo objetivo principal es promover la ecología integral. Exige, además, la democratización de los procesos de desarrollo, mediante la participación de las comunidades locales, especialmente, las más vulnerables (Manor, 2014; Arnstein, 1969) donde el impacto de la degradación medioambiental es mayor (Stern, 2007).
La crisis medioambiental es un problema global de impacto desigual. Los estudios científicos realizados durante décadas (Landsberg, 1970) demuestran que el origen de la crisis radica principalmente en la actividad humana, la era del Antropoceno, (Oreskes, 2004), que provoca problemas ambientales significativos, como el cambio climático. Sus consecuencias son la pérdida de bienestar humano en todas sus dimensiones (Adger, 2022; Menk et al., 2022; Tschakert et al., 2017), incluido el entorno natural habitable.
El cambio climático genera un aumento de las temperaturas globales con consecuencias extremas: sequías, inundaciones, tormentas más intensas… Esto afecta a comunidades enteras incidiendo, por ejemplo, en la escasez de agua, de alimentos, problemas de salud, pérdida de oportunidades educativas, laborales (por los daños en infraestructuras), y del patrimonio y la identidad cultural.
Además, la pérdida de biodiversidad debilita los ecosistemas y reduce la capacidad regenerativa de la Tierra, por ejemplo, se reduce la polinización de cultivos y la purificación del agua. Esto constata que todo está conectado (papa Francisco, 2015) a través de ecosistemas de vida que se cruzan y que, además de biológicos, también son genéticos, familiares, culturales, sociales, políticos y medioambientales. Este marco, postulado por Urie Bronfenbrenner (1994) a través del Modelo Ecológico del Desarrollo Humano (MEDH) se basa en los estudios de la relación entre la persona y el medioambiente de Hawley (1944). Para ellos, no hay áreas de desarrollo humano y medioambiental que no se vean afectadas de forma recíproca en tiempos de ebullición mundial (El País, 2023).
Las poblaciones más vulnerables se enfrentan, pues, a desafíos aún mayores que el resto, entendidos desde una perspectiva interseccional (Kaijser y Kronsell, 2014). Por ejemplo, las comunidades más pobres suelen residir en áreas propensas a desastres naturales, sin una buena capacidad de adaptación, por carecer de sistemas de alerta temprana y refugios seguros. Y todavía son más vulnerables las mujeres (Dimistrov, 2019) y las personas con discapacidades (Kosanic et al., 2022), debido a sus circunstancias socioeconómicas y a las desigualdades estructurales preexistentes.
El cambio climático agravará la inseguridad alimentaria, sobre todo de las poblaciones dependientes de la agricultura de subsistencia (Wheeler y Braun, 2013), porque la falta de agua o las inundaciones, así como patrones climáticos erráticos, harán imprevisibles los calendarios agrícolas. La disminución de las cosechas, producen el incremento de los precios de unos alimentos que también pierden calidad. Eso impacta en el acceso a los alimentos de las comunidades más vulnerables en el mundo.
El cambio climático influye también en el ámbito educativo mundial (Porter, 2021). La investigación Young Lives de la Universidad de Oxford revela cómo la exposición durante la infancia a impactos climáticos como sequías e inundaciones tiene un impacto desigual en su desarrollo porque afecta a la nutrición y obstaculiza el proceso educativo infantil. Además, estos eventos interrumpen a menudo el funcionamiento de las escuelas y ponen en riesgo la seguridad de todos.
Por otra parte, el cambio climático amenaza el patrimonio y la identidad cultural de las comunidades en todo el mundo (Steadman et al., 2022). Multitud de sitios históricos y culturales están en riesgo de erosión, inundaciones y daños irreparables. Estos lugares son fundamentales para la comprensión de la historia y la identidad de una comunidad, y su pérdida puede tener un impacto profundo en la cohesión social y el sentido de pertenencia. Además, la adaptación de las comunidades a nuevas realidades climáticas supone la alteración de patrones culturales, cambios en la arquitectura y las tradiciones locales, entre otras.
La escasez de recursos naturales, la inseguridad alimentaria, los desplazamientos forzados y las migraciones climáticas, las limitaciones crecientes de acceso al agua y saneamiento a causa de la crisis medioambiental, han hecho que ésta condicione el trabajo de Caritas Internationalis, convirtiéndose en una cuestión transversal. Esta fue la situación que llevó a la red mundial de Cáritas a lanzar una campaña mundial sobre ecología integral, es decir, sobre la conexión entre el respeto por el planeta y la justicia social. Veamos a continuación algunas realidades que la inspiraron.
En África, Cáritas ha implementado proyectos de agricultura sostenible en comunidades rurales, que promueven la agro-ecología. Los agricultores locales aprenden técnicas sostenibles que mejoran la producción y la adaptan a condiciones climáticas cambiantes. Por ejemplo, Cáritas Diocesana de Bulawayo, en Zimbabue trabaja contra la pobreza, la desigualdad y la inseguridad alimentaria en un proyecto integral: un huerto comunitario donde miembros de la comunidad trabajan y aprenden sobre agricultura (preparación de la tierra y formas de cultivo), obteniendo alimentos básicos e impulsando su crecimiento económico con la venta de los excedentes. Se han beneficiado 50 hogares directamente, pero toda la comunidad de forma indirecta, ya que se benefician de otras actividades como la cría de aves de corral y el comercio colectivo.
En América Latina, Cáritas desarrolla un programa sobre sinodalidad ecológica, que significa buscar formas más eficaces de abordar las cuestiones socioambientales, enfocándolas en el agua, mediante la participación de todas las partes interesadas, especialmente las comunidades indígenas. Un ejemplo es el caso de Cáritas Chile, en su trabajo sobre reducción de riesgos en desastres, principalmente terremotos y deslizamientos de tierra, en todo el país. Para ello, han desarrollado programas de capacitación y concienciación en comunidades vulnerables, formando a las personas en prevención y acción ante desastres naturales, creando comités locales de gestión de riesgos, y prestando asistencia humanitaria inmediata en situaciones de desastre (distribución de alimentos, agua y refugio a las comunidades afectadas).
En la región del Pacífico, la experiencia de Cáritas Australia llamada Catholic Earthcare Australia forma a los estudiantes de 120 escuelas para liderar la resiliencia en sus comunidades, y comprender la conexión entre el grito de la tierra y el grito de los pobres (Laudato sí, 49).
Y así, en todo el mundo hay experiencias de Cáritas relativas a la ecología integral.
La campaña Juntos. Actuemos hoy por un mañana mejor fue lanzada por Caritas Internationalis en diciembre de 2021 y concluirá a finales de 2024. Pretende un cambio social y político mundial con el objetivo de alcanzar la justicia social y medioambiental para todos. La perspectiva para conseguirlo es la ecología integral, que implica cuidar de las personas y del planeta. Su fundamentación son las encíclicas Laudato sí y Fratelli tutti del papa Francisco, ahora reforzadas por la reciente exhortación apostólica, Laudate Deum.
Es una campaña de sensibilización y movilización pública para promover una mayor conciencia sobre la interconexión existente entre los seres humanos, la naturaleza y la sociedad, y buscar la armonía y el equilibrio en esta relación. Por eso es clave la transformación hacia sociedades y comunidades de cuidados. Y si bien el público objetivo al que se dirige la campaña es el de la iglesia católica, también se extiende a la sociedad en general, a entidades plurales. Un reto así, requiere de la implicación de toda la humanidad.
La campaña parte de experiencias comunitarias como las ya descritas para:
A escala mundial, se celebran seminarios web y actos anuales de movilización de la confederación de Cáritas, para reforzar los mensajes de justicia climática y social que sustentan la iniciativa, y visibilizar y animar su trabajo global.
A un año de que la campaña termine, el reto es haber puesto en el foco de la acción de Cáritas la ecología integral como un objetivo irrenunciable. Su consolidación se prolongará más allá de la campaña, ya que cambios tan profundos requieren tiempo y los resultados se verán en el medio y largo plazo.
No nos servirá describir los síntomas, si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. ¿Por qué no podemos detenernos a pensarlo? En esta reflexión propongo que nos concentremos en el paradigma tecnocrático dominante y en el lugar del ser humano y de su acción en el mundo (LS, 101).
Según los científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA en Nueva York, Julio de 2023 ha sido el mes más caluroso que cualquier otro en el registro de temperatura global. Y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) declara 2022 como el año más cálido en España.
En un artículo publicado por Greenpeace el 20 de diciembre de 2022, ya declaraba el año como horribilis para España con incendios, sequías, olas de calor e inundaciones. Y según la Agencia Española de Meteorología (14-9-2023), este verano ha sido el tercero más cálido desde que existen registros, con cuatro olas de calor y prediciendo un otoño más cálido de lo normal, como estamos experimentando. Las cosechas se han reducido por la sequía, las DANAs han inundado poblaciones y ocasionado la muerte de personas. Es urgente enfrentar las consecuencias que ya sufren tanto la ciudadanía, especialmente la más vulnerable, como los seres vivos de todos los ecosistemas.
En España, las consecuencias principales de la crisis medioambiental son las siguientes:
– Incremento de las temperaturas: los veranos serán cada vez más cálidos y los inviernos más duros.
– Desertificación: Según el Ministerio de Medio Ambiente, el 75% del suelo español está en proceso de desertificación. Entre las causas, que son variadas, se encuentra la deforestación para cultivos y ganadería, los incendios de gran magnitud, o el incremento de infraestructuras (artificialización del suelo).
– Recursos hídricos cada vez más escasos y mala calidad del agua. A pesar de contar con una extensa red de embalses y aguas subterráneas, el problema del agua en España es grave, porque cada vez es más escasa (se acentúan las temporadas de sequía) y porque su gestión tendría que mejorar. El reparto del agua es desigual en el territorio. Como dice Greenpeace España: Además de la sequía agravada por el cambio climático, las políticas de un recurso tan vital como éste hacen que más del 80 % del agua se destine al regadío intensivo e industrial en detrimento de la agricultura más tradicional y familiar y pone en riesgo el consumo humano. Poca agua, mal gestionada y contaminada.
– Incendios: Greenpeace decía en 2022, en relación a España, que: No es casual que un mal año de sequía sea un mal año de incendios. Sin olvidar que el 95% de los incendios tienen origen humano, un territorio más caliente, más seco y por tanto más inflamable es el escenario perfecto para que ocurra un incendio de alta intensidad.
– Contaminación atmosférica: nos referimos a la ocasionada por la acción humana en las zonas industriales, las ciudades y las plantas de generación de energía, que se agrava por las largas temporadas anticiclónicas sin lluvias.
Pero como todo está conectado (encíclica Laudato Sí), no podemos obviar que las consecuencias aquí citadas se relacionan y retroalimentan, generando otros efectos, como la pérdida de biodiversidad, aumento de las especies invasoras, o las de carácter social: pérdida de cosechas, incremento de precios, enfermedades respiratorias, entre otras.
Por todo ello, la Iglesia española ha asumido la invitación del papa Francisco a mirar, reflexionar y actuar sobre lo que ocurre en la Tierra, nuestra casa común, y a la humanidad, la familia humana que somos. Cáritas Española, junto a Caritas Internationalis y las Cáritas del mundo, dedica la campaña a poner el foco en la ecología integral como un proceso comunitario que debe culminar en adoptar estilos de vida nuevos, respetuosos con el medioambiente y todas las criaturas.
La campaña Juntos invita a la transformación ecológica a escala mundial. Cáritas Española la fundamenta en los CUIDADOS. Ante un mundo y una humanidad dolientes, se impone actuar en clave de fragilidad que necesita de cuidados.
Cáritas Española fundamenta la campaña en cuatro claves:
El objetivo es compartido con CI: la conversión ecológica global, que traducimos en:
– Incorporar la ecología integral a la institución, mediante la revisión de las infraestructuras para adaptarlas a la sostenibilidad medioambiental; y revisar los cuidados a todos los agentes de Cáritas, promoviendo el autocuidado, el cuidado en comunidad y la comunidad que cuida a las personas más vulnerables.
– Promover las comunidades de cuidados, que significa incorporar los 7 objetivos de la Plataforma de Acción Laudato Sí, una iniciativa del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano: escuchar y hacer frente al clamor de la tierra y de los empobrecidos, promover una economía ecológica, unos estilos de vida sencilla, una educación ecológica, una espiritualidad ecológica, y promover la participación en común.
Cáritas Oviedo ha puesto el foco en el autocuidado para cuidar, que permite, desde hace años, promover proyectos que velan por el trabajo cooperativo y consciente.
La campaña Juntos, favorece el apoyo de las acciones emprendidas y permite, además, generar nuevas estrategias de sensibilización.
La capilarización de la campaña se impulsa a través de un técnico para darla a conocer en todos los ámbitos y a todos los equipos. Consiste en lanzar a los Responsables de Programas nuevas preguntas que interpelen sus acciones cotidianas. La estrategia de sensibilización propuesta por Cáritas española para el 2024 (punto 5. 5) se vertebra desde el Proyecto Espacios con Corazón.
Los dos proyectos iniciados a finales del año 2021 que tratan de velar fuertemente por el autocuidado y la ayuda mutua son:
Tendiendo Puentes. Proyecto enmarcado en el Programa de Voluntariado y Formación. Su objetivo es promover el autocuidado entre los agentes través de la reflexión y la búsqueda de significado colectivo. La variedad de personas en los distintos programas de Cáritas es tal, que se ve la necesidad de poner en común tanta riqueza, incluida la espiritual, para aprender y cuidar unos de otros. El proyecto genera espacios de encuentro con un técnico que pone al servicio estrategias para la reflexión grupal. Vela por la cohesión y el espíritu colaborativo.
Comunidades de cuidado: Trabajar desde este enfoque es un camino que ha recorrido sus primeras fases de desarrollo en la diócesis. Los procesos sobre consolidar la atención son clave actualmente, y se acompañan de procesos formativos permanentes. La ampliación y la construcción de nuevas redes comunitarias y el impulso de la ayuda mutua se vertebra desde dos centros neurálgicos: La comunidad de cuidado del Proyecto de Red Hogares, perteneciente al programa de Personas Sin Hogar y la comunidad de cuidado creada en torno al proyecto Espacios con Corazón. Ambas promueven el tejido comunitario en siete localidades distintas dentro de la región.
Actualmente, las comunidades se enfrentan a nuevos retos y posibilidades de la mano de la ecología y la espiritualidad para abordar las distas dimensiones que entraña en cuidado de la casa común.
Su apuesta ha sido práctica, y se ha centrado en el grupo de personas residentes en el Centro de Reinserción de Personas Sin Hogar.
Se inició con la realización de tres talleres, que se ampliaron a seis por lo positivo de la experiencia, y la propia demanda de los participantes. Su contenido fue el siguiente:
Todo este trabajo tuvo como fruto una exposición de fotografías realizadas por los participantes, en las que cada uno de ellos pudo plasmar sus pensamientos y sentimientos nacidos de las horas de convivencia y diálogo.
A las afueras de San Cristóbal de La Laguna, Cáritas hace años que tiene un huerto en el que trabajan personas participantes de distintos programas de la entidad. La mayoría son de Tenerife, pero algunas están en situación de asilo o refugio político. También confluye un voluntariado variado que va desde una congregación religiosa, hasta habitantes de la localidad.
Una persona dirige toda la acción. Durante la jornada, se trabaja la tierra para que produzca hortalizas, frutas, que luego formarán parte de la dieta de los participantes. Si se quiere, también supone el aprendizaje de un oficio. La agricultura orgánica puede ser un modo de vida. De hecho, enfrente hay otro huerto, más grande, que es una empresa de inserción social: la producción orgánica se vende a colegios y residencias de mayores de la isla.
El huerto es, además, un espacio de encuentro entre las personas, cada una con su realidad. Todas tienen algo que aportar: charla, escucha o conocimientos.
La campaña Juntos ha servido para constatar que ya eran y son una comunidad de cuidados, que pone a la vida en el centro. Las personas que participan del proyecto se cuidan entre sí, y cuidan del espacio natural en el que trabajan. Esto los lleva a una nueva dimensión del cuidado, con base local, pero con perspectiva global.
2024 será el último año de campaña, pero su objetivo continuará más allá. Cáritas Española ha preparado una estrategia de sensibilización dirigida a las comunidades de cuidados y a grupos diversos, con el fin de realizar incidencia política local.
La iniciativa gira en torno a una exposición que recorrerá España en los próximos años. Muestra qué ocurre en el mundo, y en España, en temas socioambientales, en clave de derechos humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible. También plantea acciones que ya se están realizando. Pero sobre todo es un espacio de encuentro para la reflexión y el trabajo en grupos plurales. Para facilitarlo, la propuesta consta de materiales y dinámicas que ayuden al trabajo en red, a la identificación de causas socioambientales vulneradas locales, y a la incidencia política local.
Dentro del material hay una colección de podcast titulada El Camino Verde: rumbo a la ecología integral, a los que se puede acceder en los enlaces siguientes:
La campaña pone la causa socioambiental en foco de la Iglesia y la sociedad, pero el proceso hacia la ecología integral tendrá un recorrido más largo junto a otras religiones, entidades, sociedades y culturas diversas, corporaciones y políticas. Superar la crisis medioambiental sin dejar a nadie atrás, implica sumar la diversidad de voces de todas las sociedades humanas. Es por ello que el papa Francisco ha lanzado, el 4 de octubre, la segunda parte de Laudato sí, la exhortación apostólica titulada Laudate Deum (Alabad a Dios) que continuará inspirando el camino. La campaña Juntos asumirá, sobre todo, su último capítulo titulado Motivaciones espirituales, que nos recuerda que todos somos responsables en el respeto y protección de la belleza de la creación en comunión, de manera sinodal, comprometiéndonos en la reconciliación con el mundo que nos acoge (LD,69).
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Romina Gallegos Brito, Equipo de Programas del Programa Universitario Amazónico – PUAM
Soc. Susana Espinosa Soto, Secretaria General del Programa Universitario Amazónico – PUAM
Puedes encontrar a Romina en Linkedin y a Susana en Linkedin y en X (antiguo Twitter)
En 2023 Ecuador retoma la convocatoria a una consulta popular nacional para definir la explotación o no de petróleo en el territorio del Parque Nacional Yasuní. Con el 60% gana el dejar el crudo bajo tierra. Sin embargo, la dinámica socio territorial es más compleja, y se ha llegado a instrumentalizar la voz del territorio amazónico y a su gente.
Amazonía: territorio inexplorado, que ha sido fuente para la generación de diversos estereotipos, y en función de intereses económicos se han plantado posiciones y miradas reduccionistas sobre lo que acontece en él. Entre el proceso de colonización y exterminio de América hasta el siglo XX hemos optado por hablar sobre la Amazonía o bioma amazónico sin su gente. Han surgido todo tipo de expertos/as para hablar sobre este territorio sin considerar lo que su gente dice, siente, y exige.
También, tenemos la línea de quienes sólo subrayan las características de la selva, su humedad, y capacidad que tiene para la producción de oxígeno y agua. Sobre todo, los componentes que facilitan el resguardo de 150 mil hasta 200 mil millones de toneladas de carbono cada año (Laboris, 2019). Por otra parte, una mirada indigenista objetivó de manera esencialista a las poblaciones indígenas, como una suerte de diferenciación racializada positiva (Hall, 2013), provocando una romanización a las condiciones de pobreza de las poblaciones, y una folclorización de sus prácticas culturales y espirituales.
Está la mirada de quienes representan a los intereses económicos nacionales e internacionales, que ven a este territorio como espacio para su beneficio y lucro. Y, por otra parte, se encuentran las iglesias, resalta una rama particular de la Iglesia católica[i] que ha intentado generar procesos de apertura para el protagonismo social, político, cultural, económico y espiritual de los pueblos de la Amazonía.
Además, que en las últimas dos décadas existe una mirada a la tenencia del control de este territorio ante el incremento de actividades ilícitas, como el narcotráfico, extorsión, o la trata de personas, sobre todo a mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Esto ha desatado una ola de violencias en las zonas de frontera. Los gobiernos de la región han permitido que reaparezcan gobiernos del norte global para ayudar a controlar la inseguridad en los territorios.
Por último, tenemos la mirada de los mismos pueblos indígenas, que a través de sus procesos organizativos y de enfrentamiento con todas estas miradas han posicionado otra forma de entender su vida y territorio, una que nos exige escuchar su voz. Entonces, ¿Cuál es la mirada que pesa y que toma las decisiones?
Vemos que la Amazonía es un lugar plural en ebullición constante, con dinámicas socioculturales y de conflictos socioambientales que replantean constantemente sus vínculos. Vemos a la Amazonía como un gran territorio en disputa, donde día con día se desarrollan enfrentamientos de todo tipo por determinar quién tiene la legitimidad de palabra sobre su presente y futuro.
La gran diversidad sociocultural en este territorio permite que se relacionen aproximadamente 33.6 millones de habitantes dentro del bioma amazónico. De los cuales 2,5 millones son pueblos indígenas, que representan entre 377 y 511 nacionalidades, y a 120 pueblos en aislamiento voluntario o pueblos libres[ii]. La población también está compuesta por pueblos mestizos, campesinos, afros – quilombolas, ribereños y urbanos. Uno de los temas que caracteriza a este territorio es la disputa entre la demarcación del territorio tradicional indígena y el avance de la frontera extractiva y urbana. Las organizaciones indígenas exigen que se los considere como los guardianes naturales en el equilibrio del bioma y planeta, y exigen procesos que garanticen la titulación de sus territorios (COICA, 2021).
Para observar un poco más de cerca las disputas en el territorio nos trasladamos a la Amazonía Ecuatoriana, al Parque Nacional Yasuní[iii]. Aquí logramos identificar 4 dinámicas de relación/tensión que marcan históricamente a este territorio:
Identificamos dos elementos transversales a estas cuatro dinámicas. El primero, es el discurso extractivista que se enfoca en la priorización de los ingresos económicos que el gobierno puede recibir, y que el modelo de desarrollo neoliberal le exige cumplir. Como sabemos, esta posición no toma en consideración la consulta a los pueblos indígenas sobre la soberanía de su territorio, si están o no a favor de la explotación, como lo promueve el Convenio de la OIT -169.
El segundo elemento transversal es la realidad material de las comunidades indígenas que viven dentro de la Reserva Étnica Waorani, y el Yasuní. La situación socioeconómica de la población no es la de comunidades que ven la distribución equitativa de los ingresos para mejorar su calidad de vida. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 70% de las personas en la Amazonía está bajo condiciones de pobreza multidimensional[vi], y los pueblos indígenas son cuatro veces más propensos a vivir en extrema pobreza. Particularmente, el 82% de los pueblos indígenas que viven en el borde del Yasuní viven en pobreza (Amazon Frontlines, 2023).
Esta multidimensionalidad de la pobreza se ve reflejada en patologías y deficiencias en la salud de la población Waorani de esta zona. Por ejemplo, el 40,7% de los niños y niñas menores de 5 años tiene desnutrición infantil crónica (Cóndor, 2023)[vii]. Además, existe un alto índice de embarazo adolescente, que ha impedido, en especial a las mujeres, concluir su educación o insertarse laboralmente. Esta situación se agrava cuando la lectura más amplia del territorio muestra que el eje principal de la reproducción social y económica es la actividad petrolera. Lamentablemente, las realidades en las que convive la industria extractiva con las comunidades están marcadas por las condiciones en las que se negocia su explotación. De alguna forma, las poblaciones ceden soberanía a las empresas extractivas a cambio de que éstas brinden a la población algunas condiciones básicas de un bienestar que, por lo general, es impuesto por realidades ajenas.
Y, ¿por qué tendría que cederse soberanía a cambio de mejores condiciones de vida? Porque al parecer las poblaciones que han vivido históricamente sobre los recursos naturales que financian la operación estatal no son merecedoras de servicios públicos de calidad que garanticen su vida y la protección de sus culturas. Por lo tanto, con plena certeza que el Estado no proveerá lo que por derecho les corresponde, estas poblaciones han negociado con cada empresa que ha llegado a explotar el petróleo. Las consecuencias de ello lo han vivido generaciones de la población Waorani en esta región, y por supuesto el entorno en el que viven.
Ecuador, desde sus orígenes republicanos, ha atravesado por distintos períodos de su sustento principal económico. El cacao y el banano fueron en distintos períodos los productos que sostuvieron la economía nacional, colocándonos en el radar como un país primario exportador. Una vez que se vivió el boom petrolero iniciada la segunda mitad del siglo XX, la zona norte sudamericana se afianzó a la esperanza que trajo el descubrimiento de yacimientos de petróleo que lograban ser competitivos a nivel mundial. Sin ser de la mejor calidad, el petróleo encontrado en Ecuador ingresó cantidades inimaginadas de dinero al Estado. Un país tan pequeño en comparación a sus vecinos se convirtió de principal interés para industrias extranjeras que ya tenían tecnología y experiencia en el manejo de este recurso.
Desde la mentalidad servil a los poderes hegemónicos que es común en nuestra región, los gobernantes vieron que su principal rol en este gran negocio era establecer las condiciones óptimas para obtener la mayor cantidad de recursos del petróleo. En la práctica, eso significó que se gobernara a través de los intereses de las empresas extranjeras que estaban dispuestas a instalar sus operaciones para extraer el petróleo. A cambio, estas economías, pequeñas en comparación a las globales, disfrutaron del flujo de recursos sin tener necesariamente una meta de desarrollo clara, o un plan para cuando este recurso empezara a escasear.
Actualmente, el mundo vive la fase tardía del petróleo como principal recurso energético. Además, tras cincuenta años de explotación, los pasivos ambientales de esta actividad marcan una irreversible afectación a la vida de los territorios explotados. Eric Toussaint et al. (2023) junto a otros economistas socializaron un posicionamiento con una explicación técnica económica de las reales consecuencias de detener la explotación petrolera en el Yasuní[viii]. En este posicionamiento se deja ver la gravedad de poner la avaricia sobre recursos económicos muy limitados por encima de la sostenibilidad de un entorno tan frágil como el del Yasuní y la vida de sus poblaciones.
En el marco de todas las posibilidades del ejercicio de la participación y soberanía de nuestro país, de la aparente apuesta por el cambio de la matriz productiva nacional en 2007 se lanza la propuesta por parte del gobierno de Rafael Correa Yasuní Itt[ix] para dejar el crudo bajo tierra. El objetivo se enfocaba en recibir donaciones internacionales para evitar explotar el bloque petrolero 43: Ishpingo, Tiputini y Tambococha del Yasuní. Una propuesta nunca antes pensada para un país petrolero. Sin embargo, el proyecto no prosperó, lo que desencadenó que en 2013 el expresidente Correa solicitara a la Asamblea Nacional que se declare de interés nacional la explotación petrolera del Yasuní.
Ante esta situación surge la presencia del colectivo Yasunidos quienes lideran la convocatoria a consulta popular para decidir a nivel nacional si se debía o no explotar el Yasuní. Se recolectaron 727.947 firmas a nivel nacional para garantizar la consulta nacional. Pero, el proceso de calificación por parte del Consejo Nacional Electoral fue poco transparente y anularon una gran cantidad de firmas para evitar la consulta (Coryat, 2014). Quienes apoyábamos la propuesta veíamos cómo el esfuerzo y convocatoria nacional que se había realizado se diluía al no ser más una prioridad del gobierno.
Diez años después, el 9 de mayo del 2023 la Corte Constitucional dio paso para la realización de la Consulta Popular sobre el Yasuní[x]. La Corte confirmó que en 2013 sí se habrían conseguido las firmas suficientes para realizar la consulta. Pocos días más tarde, el 17 de mayo del 2023 se disolvió la Asamblea Nacional y se convocó a elecciones anticipadas para elegir nuevo gobierno, poder legislativo y se incluyeron dos consultas populares sobre temas socio ambientales: Yasuní y Chocó Andino[xi]. En esta ocasión la consulta surge en medio de una gran crisis socio política, económica y de gobernabilidad del gobierno de Guillermo Lasso.
La campaña por la conservación del Yasuní ocasionó un gran movimiento y debate a nivel nacional, en esta ocasión los medios tradicionales buscaban escuchar las voces de los territorios para mostrar la cara del desarrollo en la selva. Las voces y presencias de líderes indígenas mostraban diversos rostros de la representación y organización indígena amazónica. Vemos constantemente nuevos casos de corrupción dentro de la empresa estatal petrolera, y también al interno de las mismas organizaciones y representantes indígenas. Posiciones muy diversas, que muestran los intereses y alianzas políticas que también han ejercido los pueblos amazónicos a lo largo de estas últimas dos décadas. La disputa por la palabra legítima evidenciaba la fragmentación social en las comunidades amazónicas.
El debate de pensarnos como un país petrolero sin extractivismo ha ocasionado grandes divisiones sociales y políticas, sin mencionar el aumento de los romanticismos extremos, por un lado, los conservacionismos aferrados a que las comunidades viven bien como están. Y por el otro lado, un neoliberalismo incapaz de reconocer que la fórmula que se ha aplicado por cinco décadas sigue sin funcionar.
Pese a todo ello, el pasado 20 de agosto del 2023 se dio un resultado histórico el 60% de la población nacional había dicho SÍ a mantener bajo suelo los aproximadamente 726 millones de barriles de petróleo del bloque 43. Esta primera cara de la moneda daba cuenta de un avance legislativo único ante el modelo extractivista tradicional. Pero, del otro lado, el resultado en las provincias de Orellana con el 57,99% y Sucumbíos con el 51,91% dijeron NO. En estas provincias la explotación petrolera es su principal actividad económica.
Este resultado hizo que el gobierno desestime la voz nacional, y pida que se respete la voz de las provincias que solicitan que se mantenga la explotación petrolera de este bloque. No se han compartido los datos más sectorizados para evidenciar si efectivamente las comunidades cercanas al Yasuní querían la explotación petrolera, o no. Lo que sí hemos identificado, es el revés discursivo oficial para contrargumentar y afirmar de la manera más descarada que el país debería respetar lo que las comunidades locales dicen sobre la explotación petrolera. Esta muestra de desesperación y falta de credibilidad política nos hace creer que la participación es válida, solo si atiende el interés extractivo.
Ante esta postura del gobierno, vemos que las luchas y resistencias históricas de pueblos como Sarayaku, Tundayme, Sinangoe, Texaco-Chevron, entre otras tantas deberían ser también reconocidas. En su momento, fueron calificadas como terroristas, ya que amenazaban el aparente desarrollo y estabilidad del país. En agosto, el gobierno de Lasso contraargumentó que esta decisión electoral representa un suicidio nacional, y que analizará la manera de dar la vuelta a esta circunstancia que perjudica a la gente en el territorio.
El modelo de república que se ha formado en Ecuador ha dado la espalda a su propia fragilidad. En un contexto beneficiado por su megadiversidad cultural y ambiental, hemos optado por aquello que homogeniza y elimina lo diverso. Las realidades que no son funcionales a este modelo de desarrollo simplemente son excluidas. ¿De qué? Del ejercicio de sus derechos fundamentales, del gozo de los beneficios que trae un recurso sobre el que han vivido ancestralmente, de la importancia de hacer escuchar su voz a través de mecanismos democráticos. Es en estas realidades marginalizadas en donde las poblaciones no pueden tener medios materiales para reproducir su vida y son aquellos que primero salen, de sus territorios o del país, a buscar medios de subsistencia. Entonces, cargamos como país la deshonra de amenazar la vida de los propios compatriotas y el territorio en el que vivimos.
Tras diez años de poner impedimentos para hacer escuchar la voz popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní, un gobierno saliente y accidentado, en una última apuesta para medir su respaldo popular, permite que se concluya el proceso para dar paso a la consulta popular. Después de algún tiempo, seguro se olvidará que esta consulta llega diez años tarde. Que durante estos años ya se explotó y se profundizó la herida que ya estaba abierta en la región amazónica, que olvidamos que se trataba de un territorio particularmente frágil. Y ahora que, para términos políticos, no queda nada que perder, se da paso a esta consulta que busca hacer justicia con lo que ha sido un clamor social y planetario.
Aunque haya ganado la voluntad popular que detiene la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní, el país todavía no mira de frente el principal desafío de salir responsablemente de las actividades extractivas que le condenan a la desigualdad social, a los éxodos, y a la muerte de tesoros planetarios como la Amazonía. En términos históricos, podría parecer como una oportunidad imperdible para no desistir de los procesos participativos electorales que pueden entrar a cuestionar un modelo de desarrollo que trae consigo muerte y destrucción. Sin embargo, también tenemos la responsabilidad de que la acción colectiva y la toma de consciencia no inicie y culmine en las urnas. Vivir una ciudadanía plena nos pone frente al desafío de encontrar los mecanismos más adecuados, sostenibles, responsables, que protejan, en especial, las vidas más frágiles, y nos permitan hacer justicia con las víctimas de este sistema.
Amazon Frontlines. 9 razones por las que la victoria del Yasuní constituye un punto de inflexión para el clima. Web Amazon Frontlines. Obtenido de (https://amazonfrontlines.org/es/chronicles/9-razones-por-las-que-la-victoria-yasuni-consituye-un-punto-de-inflexion-para-el-clima/). 2023.
COICA. Emergencia de Derechos Humanos: Sangre en la Selva. Quito. Revista Institucional COICA. No. 001. Pág. 68. 2021. Obtenido de (https://coicamazonia.org/revista-coica/)
Cóndor Salazar, J. Intervención teatral sobre alimentación, cuidados y salud materno infantil con los Waorani de la Amazonía Ecuatoriana. Quito: Tesis para obtener el grado de Magister en Salud Pública, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2023.
Coryat, Diana. Yasunidos recolectó más de 727 mil firmas para consulta popular. Web Wambra Medio Comunitario. 2014. Obtenido de (https://wambra.ec/yasunidos-recolecto-mas-de-727mil-firmas-para-consulta-popular/)
Hall, Stuart. “El Espectáculo del Otro”. En E. Restrepo, C. Walsh, & V. Vich, Sin garantías, trayectorias y problemáticas de los estudios culturales (2da Edición ed.). Ecuador: Corporación Editora Nacional. 2013.
INEC. Ecuador en Cifras. Web INEC. Obtenido de (https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sitios/Pobreza_Multidimensional/assets/infografia.pdf) 2022.
Instrumentum Laboris. Sínodo para la Amazonía. Web Secretaría del Sínodo Vaticano. Obtenido de (http://secretariat.synod.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/instrumentum-laboris-del-sinodo-para-la-amazonia.html) 2019.
Ministerio del Ambiente. Parque Nacional Yasuní. Web Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Web. Obtenido de (http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-protegidas/parque-nacional-yasun%C3%AD). 2015.
Primicias. Explotación Yasuní Consulta Popular. Web Primicias. Obtenido de (https://www.primicias.ec/noticias/politica/explotacion-yasuni-consulta-popular-yasunidos/). 2023.
Secretaría Nacional de Planificación. Iniciativa Yasuní Itt una apuesta ecuatoriana que marca un cambio de era. Web SENPLADES. Obtenido de (https://www.planificacion.gob.ec/iniciativa-yasuni-itt-una-apuesta-ecuatoriana-que-marca-un-cambio-de-era/). 2013.
Toussaint, E. et al. “Economistas del mundo dicen ¡Sí al Yasuní!”. Comité para la abolición de deudas ilegítimas [CADTM]. Obtenido de (https://www.cadtm.org/Economistas-del-mundo-dicen-Si-al-Yasuni). 2023.
Trujillo, Montalvo. “Identificación y dinámica de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) en el Yasuní (Ecuador)”. Sistema de Información Científica Redalyc, pp. 271-296. Obtenido de (https://www.redalyc.org/journal/557/55755367011/html/). 2018.
[i] El surgimiento de la Red Eclesial Panamazónica – REPAM entre 2013 y 2014 como una apuesta de articulación territorial, como también el Sínodo Amazónico (2018-2019), y la fundación de la Conferencia Eclesial Amazónica – CEAMA han generado la oportunidad que la Iglesia Católica pueda repensar su enfoque y estructura al servicio de la realidad de los pueblos y su territorio.
[ii] Según los datos del Mapeo Panamazónico de REPAM existen 377 pueblos indígenas, sin embargo, para la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA existen 511 pueblos indígenas. Con exactitud no se ha determinado el número de pueblos en los nueve países, pero se reconoce el gran socio diversidad cultural de su resistencia posterior a la colonización.
[iii] Ubicado en la Provincia de Orellana, en la zona norte de la Amazonía Ecuatoriana el Yasuní es el área protegida más grande en la zona continental, con 1.022,736 hectáreas. Creado en 1979 y declarada como reserva de biósfera por la UNESCO en 1989. (Ministerio del Ambiente, 2015)
[iv] El estado ecuatoriano reconoce el territorio al pueblo waorani y crea la Reserva Étnica Waorani el 3 de abril de 1990. Se determinaron 678.220 hectáreas (6.782,2 km2) pero en las escrituras se entregaron 612.560 hectáreas (6.125,6 km2) por la legalización parcial de una parte del territorio a algunas comunidades del pueblo Kichwa. (Trujillo Montalvo, 2018)
[v] Para conocer más sobre este hito histórico en el territorio se puede ver el Documental de la Serie Mártires de la Amazonía de REPAM.
[vi] El índice de pobreza multidimensional identifica privaciones simultaneas de los derechos y garantías para una calidad de vida digna, que incluye 4 dimensiones (educación; empleo; salud, agua y alimentación; hábitat y vivienda) y 12 indicadores. (INEC, 2022)
[vii] Estudio realizado por el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la vía Maxus (Provincia de Orellana), que es una de las vías de ingreso al Parque Nacional Yasuní y al territorio Waorani.
[viii] Economistas del mundo dicen ¡Sí al Yasuní! https://www.cadtm.org/Economistas-del-mundo-dicen-Si-al-Yasuni
[ix] La Iniciativa Yasuní-ITT fue parte de la estrategia internacional para la lucha contra el cambio climático, ya que la no explotación del petróleo evitaría la emisión de 407 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera. (Secretaría Nacional de Planificación , 2013)
[x] Se comprobaba que en 2013 el régimen político había anulado un proceso legítimo y legal. (Primicias , 2023)
[xi] La primera, respecto a la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní (a nivel nacional), y segunda, la explotación minera en la región del Chocó Andino (en el Distrito Metropolitano de Quito).
David Saurí, Profesor de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona
La pobreza hídrica o aquella que afecta a hogares incapaces de afrontar el pago de los recibos de agua, observa una importancia creciente. En el Área Metropolitana de Barcelona, este tipo de pobreza puede afectar a casi un 10 % de los hogares, que realizan esfuerzos ingentes para ahorrar agua a riesgo de dejar insatisfechas necesidades muy básicas.
El acceso a agua y saneamiento suficientes y seguros constituye una de las necesidades humanas más básicas hasta el punto de que el 28 de Julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró este acceso como un derecho humano. A raíz de esta declaración, muchas organizaciones nacionales e internacionales, especialmente las orientadas al desarrollo, así como empresas de suministro de agua, asumieron la declaración como elemento básico de sus actuaciones. Todas estas iniciativas chocan, sin embargo, con una realidad muy preocupante, ya que el acceso al agua y el saneamiento en condiciones suficientes de seguridad, fiabilidad y asequibilidad es una de las muestras más desgarradoras de las desigualdades entre el Norte y el Sur Global, (Ritchie and Roser, 2021). Estas desigualdades poco tienen que ver con la escasez de agua en términos absolutos y si con los niveles de desarrollo. Por tanto, no sorprende demasiado que, con precipitaciones abundantes y presencia de ríos caudalosos, una parte importante de la población de Amazonia o de África Ecuatorial tenga dificultades de acceso a agua mientras que los habitantes de áreas desérticas o semidesérticas del mundo rico como el Sur de California, Arizona o Australia, se pueden permitir usos suntuarios como el riego de campos de golf.
Según UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, agua, saneamiento e higiene deberían poder estar disponibles de forma universal bajo ciertas condiciones. Así, un acceso básico al agua implicaría una fuente segura situada a no más de 15 minutos del lugar en el que se vive; el saneamiento básico consistiría en poder acceder a un WC o letrina con protección contra la infiltración del efluente en el suelo, mientras que por higiene básica se entendería el acceso a un lavamanos con agua y jabón (UNICEF Y WHO, 2019). En 2017, sólo el 29% de los habitantes de los países de bajos ingresos mayoritariamente situados en el África Subsahariana, disponían de acceso a agua potable en las condiciones mencionadas anteriormente (con una proporción todavía menor en áreas rurales) , mientras que esta cifra subía hasta el 96% en los países desarrollados (Ritchie and Roser, 2021). Las desigualdades en términos de saneamiento eran aún más exageradas. En países pobres, menos de una persona de cada cinco tenía acceso a un saneamiento seguro y fiable mientras que en los países ricos casi 9 de cada 10 personas podían disponer de este servicio. La crisis sanitaria generada por el COVID 19 también puso de manifiesto las enormes diferencias en términos de higiene. Así, sólo un 31% los habitantes de los países pobres (26% en el África subsahariana) disponían de agua y jabón para lavarse las manos, una medida básica para evitar contagios. Como ejemplo extremo de desigualdad, en el año 2017 casi 700 millones de personas (un 9% de la población mundial) no tenía ningún tipo de acceso a saneamiento mínimo debiendo defecar al aire libre, especialmente en el África subsahariana y en Asia del Sur. En conjunto y en términos absolutos, según la OMS y UNICEF, más de 2.000 millones de personas en el mundo no disponen de agua fiable y suficiente en sus hogares; 263 millones emplean 30 minutos o más para acceder a un punto de suministro de agua y más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a un saneamiento seguro (UNICEF Y WHO, 2019).
Consciente de estos retos, en 2015 las Naciones Unidas establecieron los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 6 está dedicado al agua y al saneamiento y plantea que para el año 2030 habrá que garantizar un acceso universal y equitativo a servicios de agua y saneamiento a un precio asequible. (ONU, 2015). Sin embargo, en 2023 y a siete años de la fecha prevista para alcanzar el objetivo, los progresos son muy escasos, estimándose que, en el caso de acceso al agua, se requerirían esfuerzos hasta seis veces superiores a los actuales para conseguir llegar a la meta del 2030 (United Nations, 2023).
Si bien en proporciones mucho menores, las desigualdades en el acceso al agua, el saneamiento y la higiene también existen en los países desarrollados. La idea, muy extendida, de que la población de estos países disfruta de agua segura y asequible choca con una realidad muy distinta. Se calcula, por ejemplo, que en EEUU hay unos 600.000 hogares, representando a más de 1,5 millones de personas, que no disponen de agua corriente. Colectivos muy específicos como los trabajadores temporeros agrícolas en Andalucía u otras áreas mediterráneas de España; ciertos grupos del pueblo romaní en países como Hungría o Rumanía; los refugiados en los campos griegos, los desahuciados que viven en pisos ocupados sin servicios, o, más generalmente, los sintecho de grandes ciudades europeas constituyen otros tantos colectivos sin un acceso regular y seguro a agua y saneamiento (Goddard et al 2021).
Mucho más importantes son las desigualdades derivadas de la capacidad de pago por los servicios de agua y saneamiento. Como en el caso de la pobreza energética, la pobreza hídrica entendida en términos de asequibilidad es una manifestación de la pobreza en términos generales que en 2022 afectaba a más de un 20 % de la población europea (EUROSTAT, 2023). El contexto de crisis entre 2007 y 2017, especialmente grave en los países de la Europa meridional, unido a un aumento de precios e impuestos del agua motivaron en países como España un importante incremento en el número de hogares que no podrían afrontar el pago de los servicios de agua y saneamiento (Yoon y otros, 2021).
En cuanto a estimaciones cuantitativas de la pobreza hídrica entendida en términos de asequibilidad, algunos cálculos señalan que, en promedio, los hogares europeos dedican entre un 0,3 y un 1,2% de sus ingresos a satisfacer los recibos del agua (Smets, 2017). Sin embargo, si se toma como referencia el decil de los hogares con menores ingresos, el recibo del agua puede suponer hasta el 8% de los ingresos del hogar. Una cuestión esencial es la definición de un hogar como hídricamente pobre. A falta de definiciones universales e inclusivas, es habitual utilizar un umbral de gasto lo suficientemente alto como para suponer que el pago de un servicio como el agua sólo se puede satisfacer dejando de pagar otros bienes y servicios también necesarios para unas condiciones de vida dignas en los hogares. En los casos de la pobreza hídrica y energética, el umbral se establece en base al cociente entre el gasto en agua o energía y los ingresos totales del hogar (Garcia Valiñas et al., 2010). Este cociente se puede modular, por ejemplo, considerando sólo el coste del gasto para usos esenciales del agua (Vanhille et al., 2018) en el numerador, y los hogares en riesgo de pobreza en el denominador (Domene et al., 2018). Muchos estudios han adoptado el umbral del 3% de ingresos destinados a pagar los servicios de agua como umbral de referencia para definir situaciones de pobreza hídrica (Smets, 2017; Goddard et al., 2021). A nivel europeo y según este criterio, el número de hogares en situación de pobreza hídrica es relativamente bajo. Según la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Proveedores de Agua Potable y Servicios de Aguas Residuales, las facturas de suministro de agua y saneamiento oscilan entre el 0,3% y el 1,2% de los ingresos medios de los hogares, es decir, muy lejos del 3% de referencia (EurEau, 2016). De hecho, este último umbral sólo aparece en estudios basados en entrevistas en hogares (Martins, 2016; Domene et al., 2018) pero difícilmente en escalas territoriales más amplias incluyendo algunas muy desagregadas como la sección censal.
La Unión Europea insiste en que el pago de los consumidores debe reflejar el principio de recuperación de costes que es una premisa fundamental de la Directiva Europea del Agua del año 2000. Es responsabilidad de los Estados miembros que este principio se ponga en práctica como lo es asegurar que quienes no pueden pagar sean debidamente compensados mediante subsidios u otras medidas de apoyo. En conjunto, en Europa, los cortes en el suministro de agua a los hogares que no pueden satisfacer los recibos no son una opción frecuente y menos aún en situaciones sanitarias como las derivadas de la COVID 19. Además, en algunos países, los cortes están prohibidos para hogares declarados como vulnerables como consecuencia de leyes contra la pobreza energética e hídrica como la que el Parlamento de Cataluña aprobó en 2015 (Yoon et al 2021).
En EEUU, en cambio, los fuertes incrementos del precio del agua en algunas ciudades, causados por la necesidad de renovar unas infraestructuras obsoletas en riesgo creciente de quiebra, está afectando a la capacidad de pago de las facturas por parte de los hogares con ingresos menores, con lo que los cortes en el suministro se multiplican (The Guardian, 2020). Además de la condición de ingresos bajos, los hogares más afectados también se encuentran en ciudades donde el precio del agua se ha encarecido mucho en los últimos años. Para algunos autores, si estos precios siguen subiendo con el mismo ritmo, alrededor de una cuarta parte de la población de EE.UU. podría caer en riesgo de pobreza hídrica durante la próxima década (Mack y Wrase, 2017). Dicho de otro modo, la causa del aumento de la pobreza energética e hídrica no ha sido tanto la reducción de los ingresos que determina la pobreza en general, sino el incremento del gasto en agua y energía en economía familiar (Mueller and Gasteyer, 2021).
A pesar de la existencia de desigualdades socioespaciales en el consumo de agua, Barcelona y los mayores municipios de su área metropolitana se sitúan entre las ciudades de los países desarrollados con los consumos más bajos de agua por habitante. Este hecho tiene múltiples causas entre las que debería citarse un urbanismo muy denso, una importante concienciación social en torno al agua (en parte a consecuencia de sequías recurrentes de las décadas de 1990 y 2000), una red de distribución relativamente eficiente y unos precios del agua por lo general bastante elevados. La crisis económica que se inició en el 2008, con su repercusión sobre el bienestar de las familias, y la evolución de los precios del agua, sobre todo desde 2010, han aumentado la exposición de muchos hogares a la pobreza hídrica. Entre 2007 y 2016, mientras que el precio del agua en el área metropolitana de Barcelona aumentó un 66%, el poder adquisitivo medio de los residentes se redujo en casi un 10% (March y Sauri, 2016). En 2019, la población residente en el área metropolitana de Barcelona AMB consumió aproximadamente 105 litros de agua por persona y día, pero algunos de los municipios más densamente poblados como L’Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet, mostraron y siguen mostrando consumos per cápita diarios por debajo de los 90 litros. Alrededor del 90% de la población total del área metropolitana de Barcelona está servida por la empresa público-privada ABEMCIA (Aguas de Barcelona).
La AMB dispone de información sobre pobreza hídrica desde 2011 a partir de la Encuesta sobre Condiciones de Vida y Hábitos de la Población elaborada por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB). La determinación de los hogares afectados por pobreza hídrica se realiza usando el criterio del 3% o más de los ingresos destinados al pago del servicio de agua.
Según los últimos datos disponibles, en 2019, unos 125.000 hogares de la AMB, es decir un 9,7% del total de los hogares, estarían en situación de pobreza hídrica. Del total de hogares que superan el umbral del 3%, un 82,4% son hogares en riesgo de pobreza, por lo que se puede afirmar que este indicador contemplaría adecuadamente la situación de pobreza hídrica en la población más vulnerable (Domene et al 2020).
Más allá de las cifras, la cuestión más importante es si estos hogares pueden asumir los costes del agua asociados con mínimos básicos de higiene personal como, por ejemplo, el ducharse regularmente, vaciar regularmente el inodoro y lavarse las manos a continuación o utilizar una lavadora para lavar la ropa. Cabe recordar que en el cuarto de baño se produce más del 60% del gasto hídrico de los hogares (Domene et al., 2020) por lo que, cambios en usos y hábitos en este ámbito pueden tener repercusiones destacadas en el gasto final. A partir de los resultados de 112 entrevistas a hogares vulnerables en Barcelona, Rubí y Manresa, realizadas entre enero y junio de 2022 en el marco del proyecto AQUAPOB (Saurí y otros 2023), se deprende que los hogares vulnerables utilizan diferentes estrategias para ahorrar agua pero también que raramente están dispuestas a renunciar a usos que forman parte del metabolismo hídrico de los hogares, como, sobre todo, ducharse con regularidad (una vez al día en la mayor parte de los casos) o lavarse las manos de forma habitual. Estos usos, sin embargo, se encuentran sometidos a fuertes limitaciones que pueden afectar el confort de los residentes, como, por ejemplo, tiempos de ducha muy ajustados; abstenerse de vaciar la cisterna del inodoro después de cada uso (especialmente por las noches) o utilizar programas de lavado muy cortos. Algunos usos pueden realizarse fuera del hogar (por ejemplo, ducharse en un polideportivo o en casa de familiares). En las entrevistas, se citan habitualmente hábitos de reaprovechamiento de agua que permiten un cierto ahorro, como reutilizar agua de la cocina o de la ducha para labores de limpieza. Sin embargo, las personas entrevistadas se quejan de que todos estos esfuerzos no se traducen en una reducción del importe de los recibos, lo que genera a menudo sensaciones de frustración e impotencia. La pobreza hídrica, no reconocida hasta hace relativamente poco, evidenciaría pues la dificultad para asumir el coste económico de los flujos metabólicos del agua a pesar de su modestia. Una cuestión asimismo relevante atañe a si el agua consumida cubre de manera suficiente las necesidades específicas de ciertos colectivos de los hogares como las mujeres y los niños. De hecho, un tema recurrente en la entrevista fue el de la vigilancia constante para que niños y adolescentes no consumieran demasiada agua. Igualmente, en algunos casos se señaló las mayores necesidades de agua de las mujeres en término de higiene.
Finalmente, la encuesta también puso de manifiesto la importancia de la asistencia social en mitigar los impactos de los recibos de agua en los presupuestos familiares. Organizaciones como la Cruz Roja, Cáritas y Hábitat 3, ente otras, asesoran a los hogares para conseguir es estatus de hogar vulnerable, que facilita la obtención de subvenciones por parte de las empresas suministradoras de agua y de las administraciones con responsabilidades de gestión en el ciclo hidrológico. Las entrevistas señalaron la gran importancia de estas actuaciones, aunque en algún municipio, la mitad o más de las entrevistas indicaron no recibir ayuda alguna.
La pobreza hídrica, entendida como falta de acceso a agua y saneamiento en condiciones suficientes y seguras constituye uno de los mayores retos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Este tipo de pobreza afecta principalmente a los países del Sur Global pero también puede ocurrir y de manera importante en algunos casos en los países desarrollados. En este último caso, la pobreza hídrica se manifiesta en términos de asequibilidad o problemas para pagar el coste del servicio de suministro de agua, lo cual puede conllevar una suspensión o corte en este suministro. En países como España y en el marco de unos niveles de pobreza y riesgo de exclusión social en aumento, la pobreza hídrica cobra una importancia especial en las áreas más afectadas por las crisis económicas y sanitarias de las últimas décadas que pueden coincidir con aumentos significativos del precio del agua en los últimos años. Este sería el caso del área metropolitana de Barcelona, en donde casi un 10% de los hogares se podría definir como hídricamente pobre al tener que destinar un 3% o más de su presupuesto a pagar los recibos de agua. En términos cualitativos y a partir de entrevistas, se constata para los hogares vulnerables un esfuerzo enorme por ahorrar agua (incluso poniendo en riesgo unas condiciones mínimas de confort) que no se ve reflejado según los participantes en descensos apreciables en los recibos. También se constata una presencia notable de organizaciones asistenciales que asesoran a los hogares vulnerables en la obtención de subsidios para reducir la carga económica del agua.
Resulta imprescindible seguir trabajando para mejorar la eficiencia del uso del agua en los hogares vulnerables, mediante medidas de la rehabilitación de las viviendas que pueden incluir la instalación de dispositivos de bajo consumo y otras medidas de ahorro. Sin embargo, más prometedor para mitigar los impactos de la pobreza hídrica seria aplicar tarifas sociales, como por ejemplo el establecimiento del mínimo vital del agua a coste cero o muy reducido para los hogares más vulnerables. La cooperación y la coordinación entre los diferentes actores, como los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas de suministro de agua y los propios afectados son clave para conseguir ese objetivo vital.
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Thomas Ubrich, equipo de estudios de Cáritas Española
Puedes encontrar a Thomas en X (antiguo Twitter).
Las personas migrantes son un grupo particularmente vulnerable. Su situación es frágil y a menudo viven en condiciones extremadamente precarias, con ingresos muy bajos y grandes dificultades para acceder al empleo, a la vivienda e incluso a la salud. Los discursos estigmatizadores contra ellas alientan la indiferencia de la opinión pública hacia su situación y explican el apoyo a políticas que reducen sus derechos en nuestro territorio.
En general, las personas migrantes en situación irregular sufren mayores vulneraciones de derechos, lo que provoca que la exclusión social les afecte tres veces más que a la población española. Estas personas casi no reciben ningún tipo de ayuda: los ayuntamientos y comunidades les ponen muchas dificultades si no están empadronados al menos un año.
En España el actual marco legal es insuficiente e inadaptado, lo que muchas veces genera un abandono institucional casi completo de estas personas que se ven abocadas a la economía sumergida y a ir al Banco de Alimentos u otras pocas entidades obligadas a rescatar, apoyar y ayudar de estas personas.
En definitiva, actúan junto a las personas migrantes para que sus derechos sean respetados y sus necesidades primarias cubiertas en todas partes. También trabajan diariamente para promover su integración y cambiar la percepción que tiene la sociedad española sobre estas personas.
Las personas en situación administrativa irregular en nuestro país son una realidad invisible, aunque muy presente y cada vez más numerosa. De forma estructural, no disponemos de cifras precisas sobre el número de extranjeros en situación administrativa irregular en España. Su realidad no es reconocida en los datos oficiales.
Desde la Fundación FOESSA se ha realizado una estimación de las personas residentes sin estatus legal en nuestro país a partir de los datos aportados por las Cáritas Diocesanas de todo el territorio español. Según este cálculo, en el año 2022, aproximadamente una tercera parte de la población acompañada a través de sus programas y recursos se encuentra en situación administrativa irregular, al menos 500.000 personas que necesitan del apoyo de Cáritas un periodo medio que oscila entre 1 y 2 años. Esta cifra representa un incremento del 43% con respecto del dato estimado en el año 2019, que se situaba en torno a 350.000 personas.
Para Cáritas, toda persona tiene derecho a que se preserve su dignidad e integridad. No obstante, tanto Cáritas como otras organizaciones sociales se ven forzadas a una especialización hacia la atención o acompañamiento de estas personas para paliar la desprotección que les afecta. La garantía de los derechos humanos de todas las personas migradas no puede estar en manos de las organizaciones sociales o de la sociedad civil, sino de las instituciones públicas del Estado que son los titulares de obligaciones. Para ello, es fundamental poder avanzar hacia una puesta en práctica real de las vías legales para obtener una autorización de residencia y/o trabajo que en la actualidad han tenido un desarrollo normativo escaso. Además, debemos avanzar en una solución jurídica que garantice todos sus derechos y que no deje en el limbo de la irregularidad a personas que llevan años siendo nuestras vecinas y aportando a nuestra sociedad.
José María Larrú, doctor en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad San Pablo-CEU
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, continúa siendo un documento tan controvertido como poco leído (quizá por ello es objeto de controversia y manipulación). En un reciente estudio realizado en la Universidad de Valencia y el ESIC[1], han identificado un aumento en las noticias relacionadas con los ODS y la Agenda 2030 del 1.000% entre 2015 y 2022. Revistas académicas de alto prestigio como Nature reconocen que, a pesar de las limitaciones propias de una Declaración de Naciones Unidas y del improbable logro de muchas de las 169 metas que contiene, la existencia de documentos como este sigue siendo la mejor opción para hacer avanzar al mundo en la cooperación imprescindible para crear el bien común en “un mundo en transformación”, tal como se subtitula el propio texto de Naciones Unidas[2].
El libro Desarrollo humano integral y Agenda 2030. Aportaciones del pensamiento social cristiano a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, publicado por la BAC en 2020, reúne a ocho investigadores de diversa y complementaria formación para realizar un análisis de la Agenda 2030 desde la perspectiva del pensamiento social cristiano. Entre sus autores hay laicos, laicas, presbíteros y jesuitas que trabajan en cuatro universidades españolas. Es una pequeña prueba de que se puede llevar a cabo un análisis interdisciplinar, sobre una realidad que afecta a todos.
Porque esta es una de las principales diferencias respecto a otras Declaraciones previas de Naciones Unidas (como la del Milenio de 2000): que los sujetos que deben implementar los ODS son todos los seres humanos de los 193 países que firmaron la Declaración en 2015, en una Asamblea General que coincidió en el tiempo con el viaje del papa Francisco y su intervención en ella, tal como previamente habían hecho sus antecesores desde Pablo VI. No en vano, la Santa Sede, a través de su representante permanente, estuvo trabajando de forma activa y continua durante el largo proceso de gestación de la Agenda. Este proceso y la valoración crítico-constructiva que se puede hacer al texto, es lo que encontrará el lector en los dos primeros capítulos, tras un prólogo que lo sitúa en un diagnóstico social de nuestro tiempo.
El resto de contenidos se estructuran en tres secciones. Una primera es la ofrecida desde la antropología teológica (el esencial concepto de persona como imagen de Dios, de Cristo y/o de la Trinidad) y desde la filosofía que piensa al ser humano como ciudadano intrínsecamente digno y por tanto sujeto de derechos inalienables, incluido el derecho al desarrollo, tal como expresó Naciones Unidas en 1986.
A continuación, el libro ofrece un comentario propositivo de los 17 ODS agrupados en temáticas comunes. Desde la pobreza y el hambre, la desigualdad y el trabajo, la propiedad y el crecimiento sostenible o el cuidado de la creación con sus tres ODS específicos, así como la importancia clave de construir instituciones inclusivas y participativas que generen paz, justicia (ODS 16) y alianzas que entretejan el bien común universal (ODS 17). Cada capítulo no se limita a explicar los contenidos esenciales de cada ODS y sus metas, sino que enlaza con lo mejor de la Tradición del pensamiento social cristiano y trata de comprometer al lector ofreciéndole preguntas para la autorreflexión y pistas de acción práctica que contribuyan con su propio estilo de vida al avance de ese mundo mejor, de esa “fraternidad universal” tan propia del mensaje evangélico.
Finalmente, se ofrece un interesante y novedoso capítulo sobre cómo comunicar desde las propias instituciones eclesiales el mensaje de la Agenda 2030, un aspecto que, ya el propio concilio Vaticano II fue objeto de un decreto específico (Inter mirifica).
No son pocos los miembros de la propia Iglesia en España que miran con recelo la Agenda 2030, no faltándoles razón en unas posibles interpretaciones contrarias al mensaje y Magisterio eclesial, especialmente en lo referente a los temas de moral reproductiva y sexual. El mensaje leído por la representante de la Santa Sede con motivo del primer aniversario de la Declaración en 2016[3], ya ofrecía reparos y preferencias lingüísticas (pero conceptuales, no meramente nominalistas) que desde la fe cristiana podían trasladarse al texto, pero recordando que, de forma global, es un texto que puede ser útil si logra coordinar acciones nacionales e internacionales en favor de los dejados atrás. Todo texto es interpretado por su lector y para una buena interpretación es necesario conocer su contexto y su género literario como aprende todo interesado que se acerca con interés a la Biblia. Eso mismo conviene hacer con la Agenda 2030. Leerla. Y luego dialogar sobre sus potencialidades y limitaciones. A eso ha querido contribuir la editorial y los autores de la obra que hemos recensionado.
[1] López-Carrión, A. E. y Martí-Sánchez, M. (2024). Análisis de la cobertura y del discurso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en la prensa digital española (2015-2022). Revista Latina de
Comunicación Social, 82, 01-21. https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2024-2057
[2] “The world’s goals for saving humanity are still the best option”, editorial en Nature 621, 227-229.
[3] Nota de la Santa Sede en el Primer Aniversario de la Adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en https://www.caritasjaen.es/main-files/uploads/sites/23/2020/03/Nota-de-la-Santa-Sede-en-el-primer-aniversario-de-la-adopción-de-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible.pdf
