Ciencia social

La evolución de los "efectos territorio" en España: segregación residencial, brechas regionales y relación campo-ciudad

José Manuel Gómez Giménez

Arquitecto urbanista, politólogo y doctor en sostenibilidad urbana

Investigador postdoctoral en la Universidad Politécnica de Madrid

Puedes encontrar a José Manuel en X.

 

La forma en la que pensamos nuestro territorio cada vez tiene menos que ver con su funcionamiento real y, lo que es más importante, cada vez es menos útil para resolver las problemáticas de la desigualdad que lo atraviesan. España se divide en comunidades autónomas, provincias y municipios. Es lógico estudiar el territorio en base a ellos, porque son las entidades que utiliza la estadística oficial y donde se desenvuelven los poderes públicos con capacidad ejecutiva.

 

Figura 1: División política del territorio español. Fuente: Gómez Giménez, 2023.

 

Sin embargo, hay varios fenómenos que los han sobrepasado. Primero, el constante aumento de la concentración de población, actividades económicas y servicios en torno a las grandes centralidades urbanas. No ya en ellas, sino a su alrededor, a distancias cada vez mayores, cambiando drásticamente la realidad de municipios otrora rurales y ahora metropolitanos. Todo ello, en línea con unos procesos de integración funcional de los mercados urbanos que ha posibilitado el desarrollo de las infraestructuras del transporte, permitiendo una separación cada vez mayor entre los lugares de residencia y trabajo. Esto no solo ha ocurrido en torno a las ciudades, sino también en lo que otrora consideráramos el medio rural, difuminando las diferencias entre lo que fueron espacios dicotómicos y hoy deben ser reinterpretados en forma de gradiente.

 

Figura 2: Gradiente de urbanización en España. Fuente: Gómez Giménez, 2023.

 

Figura 3: Distribución proporcional de la población según su pertenencia a las áreas urbanas funcionales que componen el sistema interurbano español. Fuente: Gómez Giménez, 2023.

 

En segundo lugar, el enquistado desarrollo desigual que aparece no solo entre las diferentes regiones, sino también en su interior, entre sus diversas centralidades urbanas. Esto ha producido un imparable desarrollo económico en torno a las áreas y corredores geográficos más aptos para impulsar exitosos modelos de especialización económica, que arrastran ventajas cada vez más inalcanzables, y un constante atraso comparativo de los territorios más aislados con respecto a las grandes concentraciones urbanas. Ello ha enquistado las fronteras entre algunas comunidades autónomas y ha desprovisto de cualquier sentido ontológico a las que se producen entre otras. Los efectos frontera solo han servido para profundizar los problemas, ya sea extendiendo el insostenible fenómeno de la suburbanización o incrementando la sensación de abandono de las comarcas olvidadas en los límites autonómicos. En último término, la falta de expectativas de las grandes franjas de la despoblación peninsular es hoy más acusada que nunca.

 

Figura 4: Año del máximo demográfico de los municipios españoles. Fuente: Gómez Giménez, 2023.

 

Figura 5: Regiones urbanas consolidadas en el territorio español. Fuente: Gómez Giménez, 2023.

 

Figura 6: Regiones protourbanas en el territorio español. Fuente: Gómez Giménez, 2023

 

Figura 7: Franjas de la despoblación en el territorio español. Fuente: Gómez Giménez, 2023

 

Las políticas de planificación y ordenación del territorio bajo ópticas estrictamente municipalistas están produciendo un impacto negativo tanto en el medio urbano como en el rural.

En las grandes áreas urbanas, la falta de oferta de vivienda asequible en los municipios centrales está expulsando a las nuevas familias hacia periferias cada vez más lejanas. Esto tiene un claro impacto ambiental, mucho más cuando esta expansión suburbana no se ha acompañado con una fuerte inversión en los sistemas de transporte público, cada vez más inoperantes y menos costo-efectivos en términos temporales. Así, los intentos por frenar la contaminación en los centros urbanos colisionan con la necesidad de repartir de forma equitativa los costes de la transición ecológica, afectando sobre todo a las poblaciones expulsadas de los centros urbanos por su incapacidad para acceder a unos mercados de vivienda muy tensionados.

 

Figura 8: Delimitación funcional del área metropolitana de Madrid. Fuente: Gómez Giménez, 2023.

 

Figura 9: Delimitación funcional del área metropolitana de Barcelona. Fuente: Gómez Giménez, 2023.

 

Con estas nuevas realidades territoriales, los errores interpretativos se multiplican. Pensemos en los análisis que se hacen a nivel municipal de las grandes ciudades. Aún hoy vemos comparativas entre las realidades urbanas de Madrid y Barcelona circunscritas únicamente al estudio de sus límites administrativos. Sin embargo, estos cada vez dicen menos de la realidad de las personas que hoy habitan y desarrollan sus vidas en sus áreas metropolitanas intermunicipales. Quien hoy aspira a comprarse una vivienda en Madrid baraja opciones tan dispares y lejanas como Seseña, Collado Villalba o Azuqueca de Henares. El término municipal de Madrid, por muy grande que sea en términos comparativos, aloja menos del 47% de los de más de siete millones de personas que hoy se desenvuelve en su área metropolitana. En el caso de Barcelona, los límites administrativos municipales solo alojan al 32% de sus más de cinco millones.

En los territorios antagónicos, en el medio rural más aislado, los municipios tienen una autonomía meramente nominal, a la que a veces se aferran por un fuerte sentimiento localista. Sin embargo, más que ayudarles, esto solo contribuye a poner trabas a cualquier intento de política innovadora para frenar su despoblación, principalmente por la imposibilidad de dotarles con suficientes recursos humanos y económicos.

Podríamos preguntarnos también por el sentido de los actuales límites autonómicos en resolver la pérdida de cohesión territorial. Resulta un sinsentido que las políticas fiscales y las inversiones infraestructurales se realicen bajo un criterio principalmente autonómico. Esto solo contribuye a acelerar las dinámicas de distanciamiento y desarrollo asimétrico entre los diferentes territorios españoles. También las que se reproducen en el seno de las distintas comunidades autónomas, que no carecen de sus propios centralismos. Pero, sobre todo, las que benefician a las afortunadas regiones que, como la madrileña, carecen de aislados territorios de la despoblación a los que asistir.

 

Figura 10: Situación demográfica actual de las áreas urbanas funcionales y las centralidades rurales en el territorio español. Fuente: Gómez Giménez, 2023

 

Pervivencia menguante de las brechas regionales y el continuum urbano-rural

En cualquier caso, el espacio continúa siendo fundamental para explicar el acceso diferencial de la ciudadanía a oportunidades vitales. Las brechas regionales, el posicionamiento en el gradiente de urbanización y la segregación residencial en las grandes áreas urbanas tienen un gran peso en la eficiencia del ascensor social. En un mundo así, la accesibilidad es una cuestión de ciudadanía, de acceso a dotaciones y servicios básicos que pueden devenir fundamentales en la consecución de los logros educativos, laborales, económicos e incluso familiares, reproductivos.

Las brechas regionales muestran una pérdida constante de su valor explicativo sobre las disparidades de acceso que enfrenta la población española entre 1991 y 2021, aunque aún son determinantes para entender la desigualdad económica y laboral. La convergencia observada se explica principalmente por el vaciamiento demográfico de los territorios rurales y las regiones urbanas más desfavorecidas. Estos se producen a través de unos movimientos migratorios que agudizan las desigualdades internas, tanto en las regiones de salida como en los territorios metropolitanos de destino. Los análisis estadístico-geoespaciales muestran que el recurso de la emigración continúa funcionando como elemento corrector de los desequilibrios interterritoriales en nuestro país. La etapa actual de la transición demográfica ha evitado en parte que sus repercusiones sean directamente asumidas en el corto plazo, debido al incremento de la esperanza de vida. Pero será a partir de ahora cuando se vean sus efectos reales sobre los territorios más sobreenvejecidos, como consecuencia de un régimen emigratorio prolongado que desplegará todas sus consecuencias en el medio plazo.

 

Figura 11: Distribución de la renta media per cápita en España por sección censal. Fuente: Gómez Giménez, 2023

 

Algo parecido se ha observado con respecto a la incidencia del gradiente de urbanización, la forma en que aquí se ha rearticulado la vieja dicotomía urbano-rural en forma de continuum. La disminución de su valor explicativo a nivel nacional está relacionada con la densificación de los territorios neorrurales en torno a las regiones urbanas más dinámicas, donde la brecha urbano-rural no tiene ningún valor explicativo sobre las desigualdades, y con el constante vaciamiento demográfico de los territorios rurales de las regiones más desfavorecidas, donde el gradiente de urbanización continúa siendo fundamental para explicar la disparidad de rentas, el logro educativo y la empleabilidad.

Imparable aumento de la segregación residencial y sus efectos barrio en las grandes áreas urbanas

En este contexto, el valor predictivo de las fracturas urbanas sobre la desigualdad de oportunidades no ha dejado de aumentar desde finales del siglo pasado. Los logros reproductivos, educativos, laborales y económicos se explican cada vez más en función de la segregación residencial, por supuesto, en favor de aquellos barrios de clase privilegiada.

Esto ha ocurrido no tanto por el empeoramiento de la situación de los barrios más desfavorecidos, que también, sino por el aumento de la auto-segregación de las poblaciones de clase media-alta, que han abandonado los barrios tradicionales mixtos para ocupar nuevos desarrollos urbanísticos donde prima la homogeneidad social. Se trata de un depurado mecanismo que descansa sobre la segmentación dual del mercado laboral, que ha terminado incluyendo el concepto de jerarquía en los patrones de la segregación residencial, complejizándolos. Como resultado, se ha producido una democratización de la auto-segregación de las clases medias-altas profesionales. Todo ello bajo la incentivadora producción de espacios residenciales enfocados a este segmento de la población. En último término, en las grandes áreas urbanas españolas, el distanciamiento socioeconómico se ha traducido en un distanciamiento espacial. Y en los casos más extremos, también en un distanciamiento administrativo, por concentrarse estos desarrollos en unos pocos municipios privilegiados de los grandes sistemas metropolitanos. No obstante, este modelo se ha intentado replicar en la mayoría de las entidades locales, produciendo urbanizaciones de baja densidad separadas de los tejidos urbanos históricos o promociones residenciales de manzana cerrada con mayor densidad, pero que privatizan colectivamente su espacio libre interior y niegan a la calle su rol fundamental en la socialización.

Los factores inductores de este aumento de la segregación residencial han sido comunes en las 47 mayores áreas urbanas españolas y han dado como resultado un ritmo de ampliación de la auto-segregación por arriba que duplica la tasa general de crecimiento de los sistemas urbanos en los que se reproduce. En resumen, nos encontramos en todos ellos con unos mercados inmobiliarios centrales muy tensionados, que expulsan a buena parte de los nuevos hogares; una planificación urbana de baja densidad en los municipios periféricos, donde el desarrollo inmobiliario es una rápida vía de ingresos para las arcas municipales; un aumento del aprovechamiento personal de las nuevas posibilidades de conectividad que ofrece la explosión reticular, aun asumiendo un incremento de la dependencia del vehículo privado; y una revalorización de los atractivos paisajísticos y naturales de una manera poco reflexiva.

 

Figura 12: Distribución de la renta media per cápita en el área metropolitana de Madrid por sección censal. Fuente: Gómez Giménez, 2023

 

Figura 13: Distribución de la renta media per cápita en el área metropolitana de Barcelona por sección censal. Fuente: Gómez Giménez, 2023

 

Apuntes para el futuro

La extensión del teletrabajo después de la pandemia de COVID-19 pareció abrir una oportunidad para todos los territorios. Un análisis real de sus repercusiones parece apuntar a que los desplazamientos residenciales se han circunscrito a las periferias suburbanas y metropolitanas como consecuencia de una transformación de las segundas residencias preexistentes en habituales. Es obvio que esto acabará produciendo más movilidad pendular, sobre todo, si no se consolidan los modelos del teletrabajo. Además, el aumento de la turistificación de los centros urbanos, con nuevas modalidades de hipermovilidad como el nomadismo digital internacional, están incrementando aún más el tensionamiento de sus mercados de vivienda. Frente a estos retos, habrá que medir correctamente las fuerzas si se quiere tener éxito en darles alguna solución. El aumento de las desigualdades, los problemas de acceso a la vivienda y la segregación residencial en los grandes territorios urbanos son el anverso de la misma moneda que opera vaciando los vastos territorios de la despoblación y las áreas urbanas más desfavorecidas, debilitando con ello la cohesión territorial a escala nacional. Una de las mejores políticas para paliar las desigualdades que se producen en el acceso a la vivienda de los grandes territorios metropolitanos, pasa por asegurar oportunidades sociolaborales y vitales que disminuyan el éxodo rural no elegido y reviertan la dirección de los flujos migratorios. Y esto necesariamente requerirá de un cambio profundo en el destino de las inversiones públicas. De otro modo, solo seguiremos trasladando las brechas regionales, e internacionales, a la segregación residencial de las grandes áreas metropolitanas. Si algo demuestra la política comparada es que el precio a pagar por una desigualdad socioeconómica excesiva no es nada fácil de asumir en términos políticos. Trabajemos para que nunca nos llegue ese momento.

Bibliografía

Gómez Giménez, J. M. Desigualdades socioterritoriales en España: La reconfiguración del sistema interurbano español. Oporto: Universidad Politécnica de Madrid, 2023. https://oa.upm.es/73966/

 

Número 15, 2023
Acción social

Retos para unas políticas de vivienda pública centradas en la reducción de las desigualdades

Hernán Fioravanti, Andrea Ariza, Lluís Benlloch y Mireia López, miembros de La Dula cooperativa de investigación social y acción comunitaria

Puedes encontrar a la cooperativa La Dula en su web, en Twitter, Facebook e Instagram.

 

La vivienda pública es uno de los principales mecanismos con el que cuentan las instituciones públicas a la hora de garantizar el derecho a la vivienda y revertir algunas de las desigualdades sociales y territoriales que atraviesan nuestras sociedades. Al mismo tiempo, si las políticas de vivienda pública no siguen lógicas de redistribución social y reducción de las desigualdades, se corre el riesgo de que se conviertan, paradójicamente, en un factor que reproduce dinámicas de segregación y exclusión social. Es por ello, que el objetivo de este artículo es reflexionar sobre algunos de los retos que enfrentan hoy en día las políticas de vivienda pública en el contexto español, así como ofrecer algunas claves de intervención para el futuro.

Este artículo se basa en los resultados de dos estudios realizados por la cooperativa de investigación social La Dula, en colaboración con la Cátedra de Vivienda y Derecho a la Ciudad de la Universidad de Valencia: Vivienda pública y mezcla social: análisis y propuestas por unos entornos de vivienda pública más justos (2022) y El Derecho de Tanteo y Retracto en el marco de las políticas de vivienda pública: implicaciones sociales y territoriales en el contexto valenciano (2023). Se trata de dos estudios etnográficos que analizan diferentes dimensiones de las políticas de vivienda pública en el contexto valenciano, pero con reflexiones que pueden hacerse extensibles a otros territorios del Estado español.

A partir de las conclusiones de estas investigaciones, en este artículo proponemos tres grandes retos para una agenda de vivienda pública centrada en la reducción de las desigualdades. Antes de pasar a desgranarlos, consideramos necesario apuntalar dos claves que definen nuestra manera de entender la vivienda. Por un lado, se trata de un derecho básico y un determinante social de la salud, por lo que la actual crisis habitacional tiene importantes repercusiones psicosociales que requieren de una urgente respuesta pública. Por otro lado, concebimos el derecho a la vivienda como algo indisociable del derecho a la ciudad, en la medida en que la vivienda no solo permite cubrir necesidades materiales básicas, sino que es un elemento clave a través del cual nos vinculamos al entorno barrial, desplegamos redes de relaciones vecinales y tejemos identidades compartidas.

 

Mejorar el parque de vivienda pública existente para evitar que genere y reproduzca desigualdades

El parque de vivienda pública español se ha caracterizado, de forma mayoritaria, por importantes dinámicas de abandono y segregación. El modelo más común ha sido el de grandes bloques de viviendas de bajo coste heredados del franquismo o construidos durante la década de los ochenta. Inmuebles obsoletos y de calidades constructivas deficitarias, que la falta de gestión e inversiones públicas ha llevado a un mal estado de conservación. Bloques que, en muchos casos, además, se han ubicado en barrios periféricos caracterizados por el estigma territorial, la concentración de la pobreza y la segregación de poblaciones de etnia gitana y origen extranjero.

En los últimos años, en el marco del nuevo ciclo político iniciado en 2015, las administraciones públicas de territorios como el valenciano han dedicado importantes esfuerzos a revertir esta situación. Por un lado, han comenzado a dedicarse algunas inversiones a la rehabilitación de edificios de vivienda pública degradados, si bien el estado de abandono es tan generalizado que aún resta mucho por hacer. Consideramos que invertir en el mantenimiento material del parque de vivienda pública ha de continuar siendo una prioridad de las instituciones públicas, ya que las condiciones materiales no solo tienen un impacto directo en el bienestar y la dignidad de quienes las habitan, sino que además inciden en las dinámicas de convivencia y conflicto que caracterizan estos edificios y barrios.

Por otro lado, también se han comenzado a dedicar recursos a una mejor gestión del parque público, como evidencia la contratación por parte de la empresa gestora del parque autonómico valenciano de un servicio de atención de proximidad e intervención social, el cual actúa en los barrios de mayor complejidad afectados por las dinámicas previamente descritas. Dejando a un lado las contradicciones que puede suponer la externalización de un servicio de este tipo, se trata de una iniciativa que consideramos que debería mantenerse en el futuro, en la medida en que puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de quienes residen en vivienda pública, en su mayoría perfiles sociales en situación de vulnerabilidad con los cuales es fundamental trabajar de forma coordinada y con una perspectiva social y comunitaria. En este sentido, resulta clave que estos programas vayan más allá de un enfoque asistencial o de mediación en situaciones de conflicto, impulsando procesos de trabajo comunitario y fomentando espacios compartidos de encuentro que puedan resultar transformadores.

 

Ampliar el parque de vivienda pública para dar respuesta a la emergencia habitacional

Además, el parque de vivienda pública español se caracteriza por ser uno de los más reducidos del contexto europeo, representando a penas un 2,5% del total de viviendas, muy por debajo de otros territorios como Países Bajos (30%), Austria (24%) o Dinamarca (20,9%) (Dirección General de Vivienda y Suelo, 2020). Un déficit estructural que se debe en gran parte al modelo de viviendas de protección oficial para la compra-venta, el cual ha supuesto una continua pérdida y privatización de las inversiones públicas realizadas en este ámbito a lo largo de las últimas décadas (Pareja y Sánchez, 2017).

El nuevo ciclo político vivido en algunas comunidades autónomas en los últimos años ha supuesto también un punto de inflexión en este sentido (Paleo y Quintiá, 2020). Gobiernos como el de la Generalitat Valenciana han comenzado a dedicar notables recursos a la ampliación del parque público, así como a la consolidación de un modelo que priorice el alquiler y garantice la cualificación permanente de las viviendas públicas. Otro objetivo que a nuestro parecer debe situarse entre las prioridades de la agenda pública, en la medida en que revertir décadas de déficit estructural exige una fuerte apuesta política a largo plazo.

Entre las múltiples estrategias movilizadas para aumentar el parque público (promoción pública, compra directa, concurso, etc.), el Derecho de Tanteo y Retracto se ha convertido en uno de las más eficaces. Los derechos de adquisición preferente de las administraciones públicas se han ampliado en algunas comunidades autónomas a casos de procesos hipotecarios y grandes operaciones inmobiliarias. En particular, el estudio realizado en el contexto valenciano ha permitido evidenciar que se trata de una de las herramientas que está permitiendo aumentar el parque público de forma más ágil y económica, al mismo tiempo que permite intervenir en situaciones de emergencia habitacional.

Además, el estudio pone de relieve que también está contribuyendo a generar un parque público con una mayor descentralización y protagonismo de las administraciones municipales, cuestiones que pueden ser fundamentales a la hora de abordar algunas de las problemáticas mencionadas. Al mismo tiempo, están emergiendo nuevos retos, entre los que destacan la necesidad de una planificación estratégica de ampliación del parque público que vaya más allá de las oportunidades de compra que se dan en el mercado inmobiliario, destinar mayores recursos económicos y humanos para gestionar un parque público cada vez más amplio y distribuido, y la necesidad de una mayor coordinación entre las administraciones autonómicas y los diferentes agentes locales involucrados.

 

Diversificar el parque de vivienda pública para fomentar la mezcla social y evitar la segregación

Por último, queremos destacar la importancia de emprender acciones públicas orientadas a fomentar una mayor diversidad del parque público y de quienes lo habitan. La ampliación mediante la herramienta del Tanteo y Retracto también resulta de interés en este sentido, ya que está contribuyendo a una mayor distribución territorial y diversidad tipológica, y permitiendo que el sistema de vivienda pública llegue a municipios que previamente contaban con un reducido o nulo parque público. Al mismo tiempo, también se detectan casos en que las adquisiciones realizadas se ubican en los mismos barrios segregados donde ya se concentra la vivienda pública, lo que podría contribuir a reproducir dinámicas de segregación y exclusión residencial previamente existentes.

Además, la ampliación y diversificación del parque público también está ayudando a fomentar la mezcla social, un concepto controvertido que pensamos que puede resultar de interés si se orienta a garantizar que los colectivos más empobrecidos no sean relegados a barrios periféricos y estigmatizados. La aplicación del Tanteo y Retracto también resulta de interés en este sentido, como ilustra el caso valenciano donde esta cuestión se está fomentando de dos maneras. Por un lado, muchas adquisiciones se encuentran en edificios donde hay también vivienda privada, lo que provoca una convivencia a nivel de edificio, no exenta de retos, entre propietarios privados e inquilinos de vivienda pública. Por otro lado, en algunos procesos de adjudicación se están aprobando declaraciones de excepcionalidad, lo cual permite incluir otros criterios (situaciones de emergencia residencial, jóvenes, gente mayor, diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia machista, población con rentas de trabajo, etc.) y fomentar, por lo tanto, la convivencia de perfiles sociales más diversos.

Los casos analizados muestran que diversificar los perfiles de residentes en vivienda pública es clave a la hora de evitar dinámicas de segregación, pero, al mismo tiempo, dar respuesta a las necesidades habitacionales de los colectivos más vulnerables no debe dejar de ser la prioridad de las políticas de vivienda pública (Arthurson, Levin y Ziersch, 2015). En este sentido, consideramos fundamental que las iniciativas de mezcla social impulsadas en el ámbito de la vivienda pública se realicen desde una perspectiva interseccional y centrada en las desigualdades. Se deben evitar propuestas de mezcla social centradas en lo que parece una suerte de diversidad cómoda, en las cuales existe el riesgo de desdibujar ejes de desigualdad como la clase social, el origen o la etnicidad, centrales en las dinámicas de exclusión residencial.

En conclusión, consideramos que la vivienda pública es una herramienta fundamental a la hora de fomentar el derecho a la vivienda y dar respuesta a la fuerte crisis habitacional que atraviesa el Estado español en los últimos años. Pero no solo eso, sino que pensamos que continuar actuando en torno a los diferentes retos señalados en este artículo puede contribuir a que el sistema de vivienda pública funcione como lo que pensamos que debe ser ante todo: un mecanismo capaz de reducir las desigualdades, redistribuir la riqueza y fomentar el derecho a la ciudad.

 

Bibliografía

Arthurson, K.; Levin, I.; Ziersch, A. “Social mix, ‘[A] very, very good idea in a vacuum but you have to do it properly!’ Exploring social mix in a right to the city framework”. International Journal of Housing Policy, 15(4), 2015; p. 418-435.

Dirección General de Vivienda y Suelo, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín especial vivienda social 2020. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2020.

Fioravanti, H.; Ariza, A.; Benlloch, L.; López, M. El Dret de Tanteig i Retracte en el marc de les polítiques d’habitatge públic. Implicacions socials i territorials al context valencià. València: Càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat, 2023.

Fioravanti, H.; Benlloch, L.; López, M.; Ariza, A. Habitatge públic i mescla social. Anàlisi i propostes per uns entorns de vivenda pública més justos. València: Càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat, 2022.

Paleo Mosquera, N.; Quintiá, A. Las políticas de vivienda desde una perspectiva multinivel: un análisis comparado de la legislación autonómica. En N. Paleo Mosquera y A. Nogueira López (Eds.), Políticas y derecho a la vivienda: gente sin casa y casas sin gente (pp. 309–349). Valencia: Tirant Lo Blanch, 2020

Pareja-Eastaway, M.; Sánchez-Martínez, T. “More social housing? A critical analysis of social housing provision in Spain”. Critical Housing Analysis, 4(1), 2017; p. 124-131.

 

Número 14, 2023