Ola de solidaridad
Por Olivia Pérez
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Responsable de Comunicación de Cáritas Valencia
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El artículo intenta responder, de manera muy personal a la pregunta ¿Qué habéis hecho o estáis haciendo en Cáritas para responder a las personas afectadas por la DANA?, desde el punto de vista de la autora del mismo y su realidad, como miembro del Programa de Comunicación, Marketing y Sensibilización de Cáritas Diocesana de Valencia.
Sabíamos cómo afrontar una emergencia, pero esto ha sido una catástrofe. Esta frase, pronunciada por un bombero anónimo en Valencia, creo responde perfectamente, no solo a cómo se ha gestionado en el ámbito público las consecuencias de las DANA y las posteriores inundaciones que asolaron (¡vaya que sí!) a parte de la provincia el fatídico 29 de octubre de 2024. También a cómo hemos vivido todo el fenómeno en Cáritas Valencia.
No voy a entrar en lo primero. El tiempo y las investigaciones periodísticas y judiciales, intentarán (¡esperemos!) ayudarnos a comprender qué pasó aquel día y los posteriores: qué se pudo evitar y qué no; por qué la respuesta llegó tan tarde a algunos lugares; qué debemos hacer para que no se repita.
De lo segundo puedo hablar con más conocimiento y experiencia. Intentaré responder, por tanto, a la pregunta: ¿Qué habéis hecho o estáis haciendo en Cáritas para responder a las personas afectadas por la DANA?
Nada ni nadie podía imaginar, la tarde del 29 de octubre en Valencia, lo que estaba ocurriendo muy cerca. En Cáritas Diocesana, algunas estábamos reunidas, reflexionando sobre nuestra tarea comunicativa y de marketing: cómo llegar cada vez a más públicos y mejor. Al salir de la oficina, después de las 18 horas, en Valencia seguía sin caer una gota, aunque ya habíamos visto algunos vídeos de lo que estaba pasando con las casas, los coches y los puentes desde por la mañana en las comarcas del interior. La tarde estaba rara, es verdad, y hacía bastante viento. Las primeras noticias nos llegaron a través de los medios de comunicación y por una alarma que sonó demasiado tarde. Quienes vivimos pegadas a la radio esa tarde noche, sabíamos que la cosa no pintaba bien para muchas personas, pero no teníamos capacidad para valorar la catástrofe que se había producido. No todavía.
A la mañana siguiente, nos convocaron a la primera reunión del Comité de emergencias de Cáritas Valencia y en unas horas, emitimos la primera nota de prensa poniendo en marcha una campaña de recogida de fondos, sin saber muy bien aún las consecuencias de lo que había ocurrido. Las comunicaciones por teléfono fallaban bastante y por carretera eran imposibles. Fue complicado contactar con las personas que ya estaban en las zonas afectadas: fundamentalmente, el voluntariado de Cáritas en Catarroja, Aldaia, Paiporta, Benetússer, etc.; incluso, desde el Arzobispado intentaban ponerse en contacto, sin conseguirlo, con algún sacerdote.
Los primeros días, los teléfonos de la sede, y algunos de los móviles de trabajo, no dejaron de sonar. Hubo que habilitar nuevas líneas para atender, sobre todo, a las personas que se ofrecían y ofrecían lo que tenían: dos trailers desde la Línea de la Concepción; un camión que hemos preparado en Galicia; señorita, confírmeme por favor la cuenta para hacer un donativo, hay tanto bulo, ya sabe.
Los días posteriores, empezamos a recibir noticias cada vez más dolorosas: el número de personas fallecidas no dejaba de crecer; las viviendas afectadas eran cada vez más. Muchas personas lo habían perdido todo: sus coches, sus casas, sus negocios, sus tierras, a sus familiares. Y mientras tanto, los teléfonos seguían sonando, aun con voces que ofrecían lo que podían, y muchas veces, más de lo que podían. Y los medios: todas las televisiones, radios y periódicos de la diócesis, del país, incluso, algunos medios extranjeros, querían hablarnos, preguntarnos, saber qué estábamos haciendo y qué íbamos a hacer.
En esas primeras semanas, con muy buena intención, pero con pequeñas herramientas, pudimos hacer bien poco. En cuanto se pudo acceder por carretera a las zonas afectadas, nuestro personal empezó a realizar algunos repartos de alimentos y agua. Después mascarillas, escobas, botas de agua. Más adelante, electrodomésticos, muebles, para reponer los locales destrozados de las propias Cáritas parroquiales y crear espacios acogedores donde poder atender a las personas. Las destinatarias de esos primeros repartos eran algunas Cáritas parroquiales, de las más de 30 en las zonas afectadas, que eran capaces de organizarse y empezar a repartir. El voluntariado de Cáritas, que no tuvo que ir a ninguna parte porque ya estaba allí, se sacudió su propio barro y como pudo, se dispuso a hacer lo que siempre había hecho: ponerse manos a la obra e intentar acompañar a su vecindario, con quien compartía dificultades, lágrimas y lo que había o iba llegando.
Desde los medios de comunicación y desde Cáritas Española empezaron a pedirnos datos. En aquel momento no estábamos capacitadas para dar esas primeras cifras. El voluntariado estaba haciendo todo lo que podía, en sus barrios, en sus propias casas, desde sus parroquias, pero lo hacía sin contar, sin calcular, sin poder responder a cuántas personas estaban ayudando.
En estos momentos, después de tres meses de aquel 29 de octubre previo a un puente de Todos los Santos que no se nos va a olvidar nunca, las cosas ya funcionan de otra forma.
Los teléfonos han dejado de sonar todo el tiempo. Las ayudas, de las Administraciones, de las empresas, han empezado a llegar. Y Cáritas Valencia está haciendo un esfuerzo titánico por estar donde se le necesita. Junto a quien más nos necesita.
Se han reforzado una veintena de puntos de acogida a las personas afectadas. A Todas. No solo a quienes ya acompañábamos antes de la DANA, sino a quienes han sufrido sus consecuencias y lo han perdido todo. Nuestra tarea es ya, y lo será en los dos o tres próximos años, seguir estando ahí, haciendo todo lo posible por aliviar y acompañar, con ayudas directas, para reponer lo material pero también lo inmaterial. Estamos ayudando en cuatro claves: apoyo en las necesidades básicas; en materia de movilidad y transporte; en la reconstrucción y recuperación de viviendas y de medios de vida; en lo emocional.
En el departamento de Administración de Cáritas Valencia han tenido que hacer un Máster en justificación de donaciones, de miles de donaciones que llegaron por vías hasta ahora inauditas para nosotras. No les mareo con los nombres en inglés de las plataformas que hemos usado o aceptado, que hemos abierto o que han abierto desde Países Bajos, EE.UU., Irlanda o quién sabe dónde, otras personas para ayudar a las personas afectadas. En los programas de Comunicación, Marketing y Sensibilización no hemos dejado de atender propuestas de eventos solidarios: conciertos, subastas, campeonatos de golf, espectáculos varios, carreras solidarias, etc., etc., etc. y consultas de medios de comunicación y peticiones de plataformas específicas para donaciones. Los compañeros de relaciones con empresas no se imaginaban que hubiera tantas dispuestas a ayudar. Las responsables de voluntariado aun están dando gracias a todas las personas que se ofrecieron para echar una mano.
El 29 de octubre no sabíamos que esto sería una catástrofe. Pero tampoco podíamos imaginar la gran ola de solidaridad que se produjo y que, todavía, estamos aprendiendo a gestionar.
¡Gracias!
Marina Sánchez-Sierra y Pedro Fuentes
Equipo de Estudios de Cáritas Española
Puedes encontrar a Marina en X (antiguo Twitter)
La realidad demográfica del mundo, especialmente del desarrollado, nos dibuja unas sociedades envejecidas. En general, esto es vivido como si se tratara de un problema, cuando se puede entender que no es más que una realidad a considerar. Una realidad que, como cualquier otra, aporta incertidumbres y retos, pero también oportunidades. Este artículo realiza un análisis del imaginario social de la vejez, apostando por un cambio en la mentalidad y la mirada hacia la vejez como primer paso para asumir los retos y aprovechar las oportunidades de este imparable cambio demográfico.
Tanto la sociedad española, como la realidad global están viviendo un proceso de envejecimiento poblacional motivado por dos fenómenos simultáneos: el aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad.
En 60 años, la esperanza de vida al nacer ha crecido en el mundo de los 51 a los 72 años, y en España de los 69 a los 82 años. Por el contrario, la tasa de fertilidad, es decir el número de hijos por mujer, descendió a más de la mitad, tanto en el conjunto del planeta como en España. Y las predicciones que dibuja la demografía prevén el mantenimiento de estas dos tendencias.
Sin entrar a valorar la desigualdad de su distribución por las diferentes regiones del mundo, con sus dramáticas consecuencias, el proceso de envejecimiento poblacional responde, en términos generales, a buenas noticias. El aumento de la calidad de vida, la mejora de las condiciones materiales, de la igualdad de género, los avances en salud, la radical disminución de la mortalidad infantil… están detrás del aumento de la esperanza de vida y de la reducción de la tasa de fertilidad.
Nos encontramos entonces con una realidad, el envejecimiento, relativamente novedosa, no sabemos si imparable, pero en cualquier caso imparada, motivada por causas en general positivas, que, sin embargo, no deja de inquietarnos como sociedad. Un proceso que intuimos como amenaza, o que afrontamos como problema.
¿Realmente hay motivos para vivirlo y afrontarlo así? Creemos que no. Es más, con bastante probabilidad, una de las claves para gestionar bien esta nueva realidad pasa por variar esta manera de acercarse a ella, como si fuera mala per se, como si hubiera que combatirla, pararla, revertirla… y empezar a verla como una realidad que, como todas, genera riesgos y oportunidades. Y para hacerlo debemos acercarnos primero al imaginario dominante sobre la vejez, probablemente el primer elemento a ir transformando.
Una primera pregunta sobre este imaginario de la vejez es saber cuándo empezamos a definir a alguien como una persona mayor. El CIS[i] lo pregunta explícitamente y la edad media en la que consideramos a alguien como tal es de 68,1 años, más del 50% ubican esta edad entre los 61 y los 70 años. En ese mismo estudio, el 26% de personas encuestadas considera como la razón más importante para ello el declive de sus capacidades físicas (25,8%), de su salud (el 12%) o de sus capacidades mentales (el 10%). El 9% de la población considera la jubilación como la causa, como la frontera que separa la vida adulta de la vejez.
Más allá del contraste entre esta visión y la realidad empírica[ii], como un primer elemento a enunciar tras el imaginario de la vejez encontramos algunos adjetivos que la ubican en el terreno de lo negativo y estigmatizante. Ser mayor es estar/ser: enfermo, demente, gagá, dependiente, improductivo… vamos a tirar de algunos de estos hilos.
Seguramente con razón, si a alguien le llaman viejo o vieja se ofenderá, no le gustará tampoco que le digas que se le ve mayor. Sin embargo, Qué joven te veo será una frase generalmente bien recibida y agradecida. Lo viejo o lo mayor están negativamente cargados en el imaginario y en el lenguaje colectivo que lo refleja, y ambos términos se emplean como antónimo de lo joven, que así queda positivamente cargado.
El trabajo es una dimensión constitutiva de lo humano, es un rasgo antropológico distintivo de la especie. Existe un tipo de trabajo, fruto del modelo social en el que estamos, que llamamos empleo[iii].
Así, todo empleo es un trabajo, pero no al revés. De hecho, el empleo es minoritario en las cifras del trabajo. De los 46 millones españoles y españolas, tienen empleo (son activos ocupados) en torno a 20 millones. Los otros 26 millones, con pocas excepciones, también trabajan, y los 20 millones ocupados realizan también horas de trabajo/no empleo cuando salen de la empresa. Y, sin embargo, esta distinción clave no solemos hacerla y cuando hablamos de trabajo lo hacemos identificándolo únicamente con el empleo.
Y lo hacemos dándole un valor clave en nuestro imaginario colectivo, tal y como se desprende del gráfico 1. Casi podríamos decir que vivimos para trabajar, en lugar de trabajar para vivir. En el estudio 3135 del CIS solo el 32% de los encuestados creían que el trabajo (empleo) es solo un medio para ganar el dinero necesario, y prácticamente la mitad (49,8%) querrían tener un trabajo (empleo) remunerado, aunque no necesitaran el dinero.
Valoración que tiene por corolario el poco aprecio por todo lo que no está dentro del sistema productivo: Quien no trabaje, que no coma… y, en consecuencia, una visión negativa hacia las ayudas sociales a quien no trabaja (pero necesita ingresos).
No obstante, la realidad muestra una cierta distancia del imaginario colectivo, y las evidencias empíricas, como los datos recogidos en la EINSFOESSA 2021 (Ayala, Laparra y Rodríguez, 2022)[iv] ponen de manifiesto cómo 7 de cada 10 perceptores de ayudas sociales, ya se encuentran activados (buscando empleo, efectivamente trabajando, formándose o participando en programas de inserción) y, por tanto, esforzándose por mejorar su situación y sus oportunidades.
Este imaginario sobre lo productivo lleva aparejada una visión naturalizadora del mérito como el criterio que debiera marcar el éxito en la vida. Así lo piensan[v] el 48% de los españoles que afirman que el esforzarse y trabajar duro debería ser el aspecto más importante para lograr triunfar.
Probablemente fruto de todo lo anterior, el tema de las pensiones de jubilación se sale un poco de la tónica negativa y estigmatizante que hemos venido relatando. En la tabla 2 podemos ver cómo las pensiones son uno de los aspectos en los que en mayor medida se piensa que el gasto es menor del debido. Así, la pensión de jubilación, en tanto prestación vinculada al trabajo (empleo), es legitimada y merecida.
El debate en torno a la sostenibilidad del modelo, apenas cuenta con voces que cuestionen su carácter contributivo, es otra manifestación más de esa centralidad de lo productivo en la formación del imaginario social de la vejez. De la misma manera que fue posible hacerlo con la sanidad, es posible pensar en una salida de sostenibilidad que desvincule el sistema de pensiones de la cotización laboral y lo traslade a los presupuestos. Es decir que se financie con los impuestos y no vía cotizaciones.
Sin embargo, esto supone asumir unas características de universalidad y de reequilibrio en el reparto que chocan con la meritocracia subyacente en el imaginario.
En el barómetro de marzo del 2018, el CIS peguntaba también por el rol social que tienen las personas mayores en nuestra sociedad, en concreto preguntaba qué dos contribuciones aportan a la sociedad española. La tabla 3 recoge las respuestas:
La primera de las ideas en torno al rol social se explica mirando la fecha de la encuesta, justo empezando a salir de la gran recesión del 2008, momento en que las políticas de recortes en el gasto social forzaron a que las pensiones fueran el gran y casi único sustento de los hogares que más sufrieron las consecuencias de la misma.
El resto de los ítems no resultan sorprendentes, pero si lo miramos en su conjunto remiten todos a roles recluidos en el ámbito doméstico o familiar, importantes, sí, pero que obvian que los mayores, además de abuelos o padres (los que los son) continúan viviendo en una comunidad y participando de una sociedad. Las dimensiones de vecindad y de ciudadanía están desaparecidas del imaginario social.
Todo lo anterior nos invita a realizar una reflexión, que a modo de conclusión se pregunte si una parte importante de la problemática que hoy rodea a las personas mayores no necesita, además de muchas otras cosas, de un cambio en la manera de entender la vejez que hoy compartimos como sociedad. O, dicho de otra forma, si la manera de mirar que tenemos no está siendo el gran obstáculo para vivir con la realidad y los retos que suponen una sociedad envejecida.
Para superar el edadismo, la estigmatización de lo que no es joven, los estereotipos y sobre todo que la edad no sea un elemento determinante para las situaciones de exclusión social, necesitamos cambiar la mirada.
En primer lugar y como marco de esta reflexión final, debemos cambiar el tiempo verbal en que pensamos el ser mayor. Los mayores son, no fueron; están, no estuvieron; cuentan, no contaron. En realidad, son muchos, pero están poco y cuentan menos.
Los mayores no se conservan jóvenes, porque ser joven es algo que se pasa con el tiempo, y no es algo mejor ni peor que ser mayor, vivir es un todo continuo que aporta y limita diversas cosas y capacidades en distintos momentos. Y no existe un momento perfecto en ese continuo, sino precarios equilibrios de capacidades que nos van permitiendo abordar la realidad cotidiana.
La edad que cada quien tenga no es el único, ni probablemente el mayor de los rasgos que definen a cada persona. Puedo ser mayor, y además del Barça como mis nietos, y de derechas como el peluquero, y gustarme el rock como a mi hijo, y…
Sin embargo, pensamos que es lógico y bueno generar espacios, centros y actividades para mayores, viajes para mayores, parques para mayores… Tenemos como sociedad un gran reto intergeneracional, y hemos de crecer en capacidad para crear espacios, centros y actividades intergeneracionales, donde poder compartir lo que nos une y lo que nos separa con normalidad, con la condición de hacerlos inclusivos
La economía clásica distingue entre tareas productivas y tareas reproductivas. Las primeras son las que se relacionan con el mercado o el estado en tanto producen bienes y servicios monetizados, las segundas son también generadoras de bienes y servicios, tan necesarios, si no más, para vivir como los primeros.
Necesitamos como sociedad darle un nuevo valor, rescatar una nueva centralidad a lo reproductivo, a lo que queda fuera del mercado porque no se puede o no se debe comprar o vender. Poner la vida y su cuidado en el centro de nuestro entender y operar.
En ese cuidar la vida, los mayores no son el objeto sino son también sujeto de cuidados. Son cuidadores cuidados al igual que lo somos todas las personas, porque es algo consustancial a lo humano, y porque si miramos la realidad, el de cuidadores es un rol ejercido de hecho por los mayores, por más que nos empeñemos en hablar de ellos y ellas solo como dependientes.
Y como reflexión final, necesitamos incorporar en nuestra comprensión de los derechos sociales lo que, con licencia al neologismo, podemos definir como el estado del biencuidar. Desarrollar un sistema integrado de cuidados que garantice estos en todas las etapas vitales, de manera universal, con calidad, control público y participación social.
Notas:
[i] Barómetro marzo 2018 del CIS.
[ii] Según la encuesta europea de la salud en España, no es hasta la franja de edad de entre los 75 y los 84 años cuando un poco más de la mitad de la población (51,8%) padece algún tipo de limitación para la vida cotidiana, leve (40%) o grave (12%). Limitaciones que empiezan a tener peso numérico a partir de los 45-54 años (20%). Por otra parte, según las estadísticas de la Seguridad Social, la edad media de jubilación en España en febrero de 2023 fue de 64,8 años. En ambos casos, la distancia entre la edad teórica y la edad real es muy amplia.
[iii] El ser humano es definido en ocasiones como un ser capaz de fabricar (homo faber), de aplicar sus capacidades físicas e intelectuales a crear bienes (tangibles e intangibles) que no existen naturalmente y que ayudan a la satisfacción de alguna necesidad o deseo. A lo largo de la historia, las distintas sociedades han ido organizando el trabajo de diversas formas, dividiéndolo, especializando individuos en la realización de algunos… dar cuenta de todo este proceso nos llevaría muy lejos. Nos quedamos con que la actual sociedad capitalista ha llevado unas cuantas formas de ese trabajo al espacio y a la lógica del mercado y a la del Estado como proveedor de servicios. A ese tipo de trabajo debiéramos llamarlo empleo.
[iv] Ayala, L., Laparra, M. y Rodríguez, G. (coods.) (2022). Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España. Madrid: Fundación FOESSA y Cáritas Española.
[v] Centro de Investigaciones Sociológicas, Estudio 2911.
Palabras clave: brecha generacional, desigualdad, exclusión social, precariedad laboral, salud mental, sociedad insegura, vivienda
Raúl Flores y Marina Sánchez-Sierra
Equipo de Estudios de Cáritas Española
Puedes encontrar a Raúl y a Marina en X (antiguo Twitter)
El avance de resultados de la EINSFOESSA 2024 nos alerta del avance de una sociedad insegura que dificulta las vidas de los más vulnerables, pero que pone también en jaque a cada vez más personas y familias en España. Revela un aumento en la exclusión social que afecta ya a 9,4 millones de personas, persisten problemas de precariedad laboral, de acceso y mantenimiento a la vivienda y la salud, que en conjunto profundizan la brecha generacional. Nos enfrentamos como sociedad a importantes retos para abordar estas desigualdades y garantizar los derechos.
Desde 2007 ha aumentado la exclusión hasta alcanzar actualmente a 9,4 millones de personas en España. Es un dato que ya nos debería alertar de la importancia de ponernos a pensar, a cuestionar y, en definitiva, a trabajar por paliar la situación de estas personas. Pero, además de este dato, que muchas de nosotras podríamos leer desde la distancia y la lejanía, vemos que el espacio de la integración también se ve afectado. La integración plena, es decir, la sociedad que no tiene ningún rasgo de exclusión social, se reduce al 45% desde el 49% que suponía en 2007. Esto ya no habla solo de aquellos, de las últimas, de quienes menos tienen. Está hablando de nuestras vecinas, amigos, jóvenes a nuestro alrededor, que quizá ya no se mueven en ese espacio seguro de la integración plena, sino que se identifican (los identificamos y tal vez nos identificamos) más con el espacio de la integración precaria.
Del mismo modo, ese lugar menos agudo de la exclusión que es la exclusión moderada, más o menos se mantiene con valores del 10,1% en 2007 y del 10,5% en 2024. Sin embargo, se ha producido un engrosamiento de las situaciones severas de exclusión social, pasando del 6% en 2007, al 9% actual, lo que significa que 4,3 millones de personas tienen graves dificultades en sus condiciones de vida.
Un análisis más detenido de la exclusión social severa genera una preocupación añadida y es que prácticamente la totalidad de personas (94%) en situación de exclusión social severa acumulan problemas en 3 o más dimensiones de las 8 que analiza la encuesta FOESSA (empleo, consumo, salud, vivienda, educación, participación política, aislamiento social, conflictividad social).
Esta acumulación de dificultades y problemas diversos en las vidas de esta parte de la población, nos sitúa ante el reto de implementar medidas desde varias dimensiones que se complementen entre sí para el apoyo a esta población.
Así lo confirma el avance de resultados de la Encuesta sobre Integración y necesidades Sociales (EINSFOESSA) de 2024 recogidos en el informe Análisis y Perspectivas de este año[ii]. Un macrodiagnóstico que fotografía una vez más la situación y condiciones de vida de las familias residentes en España y que será presentado con más detalle en el IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España[iii]. Con casi 12.300 cuestionarios realizados, esta imagen muestra a todas las capas sociales y todos los lugares, rurales y urbanos, barrios más y menos acomodados, de nuestro país. La imagen que muestra es, por tanto, el reflejo de toda la realidad, con sus claros y con sus oscuros.
Y lo que nos dice esta información es que, efectivamente, ahondamos en esa sociedad del riesgo, esa sociedad insegura en la que no tenemos la certeza de poder seguir manteniéndonos en la planta que actualmente ocupamos en el edificio social. Una sociedad en la que aumenta la incertidumbre respecto a la situación presente y futura de personas y familias de distintos estratos de la sociedad que, además, nos expone en diferentes aspectos de nuestra vida. En particular, veremos con más detalle dos cuestiones que están mermando la capacidad de los hogares para el desarrollo de sus procesos vitales: el desgaste para tener y mantener una vivienda y la ineficacia del empleo para dar estabilidad a las familias. Y una cuestión fundamental que viene atravesada por estas dos, la brecha generacional existente que cada vez es más profunda y que amenaza el futuro de la juventud y la infancia de hoy y, por tanto, nuestro futuro como sociedad.
La realidad del empleo presenta los datos más positivos desde la medición de 2007. Han aumentado el empleo, el número de personas ocupadas y la población activa, engrosada por las personas migrantes. Pero es importante establecer una distinción: el empleo creado ha sido dual. Así, de un lado, se crea empleo formal, estable y con potencial integrador y, a la vez, se crean empleos en sectores con baja remuneración y estabilidad, en los que más fácilmente encuentran una oportunidad las personas migrantes, a las que hacíamos referencia al hablar de población activa, así como las más vulnerables en general.
Mientras que los empleos de mayor calidad pueden llegar a precisar un nivel de cualificación y especialización tal que dificulta su ocupación, los empleos más precarios son de más fácil ocupación, pero, en contraposición, tienen una mayor debilidad integradora. Así, no se trata solo de tener o no tener empleo, sino de las condiciones del mismo, pues no podemos olvidar el fenómeno de las personas trabajadoras que afrontan pobreza económica (12%) a pesar de sus rentas del trabajo. Y, más allá de lo monetario, estar empleado no protege de las dificultades para la integración social, y 1 de cada 10 personas trabajadoras está en exclusión.
En paralelo, los datos señalan una reducción del desempleo, una buena noticia. Sin embargo, debemos observar más allá y complementar este con otro dato, pues 1 de cada 3 personas desempleadas están en situación de exclusión severa. Si, además, la persona que carece de empleo es la sustentadora principal del hogar, la exclusión social severa alcanza a la mitad de los hogares, lo que nos sitúa en la realidad de un desempleo insuficientemente protegido.
La estrecha relación entre el desempleo y la exclusión social pone de manifiesto la necesidad de complementar las políticas activas de empleo, como la orientación laboral, la formación, el empleo protegido o las subvenciones a la contratación, con medidas de apoyo social. Estas medidas son fundamentales para ayudar a las personas a superar las dificultades personales y familiares que a menudo representan un obstáculo importante para su (re)incorporación al mercado laboral. La colaboración efectiva entre los servicios sociales y los servicios de empleo es, aún hoy, una asignatura pendiente que exige ser abordada con urgencia para garantizar una intervención integral y eficaz.
Si hay una cuestión que se ha manifestado como especialmente relevante en los presupuestos familiares esa es la vivienda[iv]. Todos los indicadores que recoge la EINSFOESSA nos informan de que los riesgos de exclusión en la vivienda han empeorado y más de 4,6 millones de hogares sufren dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda en 2024. En particular, la sobrecarga que supone este gasto, provoca que 2,7 millones de hogares caigan en una situación de pobreza severa tras el pago de la vivienda y los suministros, lo que representa al 14% de las familias.
Al profundizar en esta cuestión, se hace obvio que el esfuerzo que las familias realizan para el pago y mantenimiento de la vivienda como necesidad básica para la vida no ha dejado de incrementarse en los últimos años, como señalábamos en el anterior Análisis y Perspectivas, del año 2023. La proporción del presupuesto familiar dedicado a pagar la vivienda sigue aumentando, y afecta tanto a la compra como al alquiler, aunque con consecuencias especialmente más negativas para las personas que viven alquilando. En este sentido, el régimen de tenencia se revela como un potencial factor protector frente a la exclusión social, ya que la exclusión se limita al 8% cuando se tiene la vivienda en propiedad (pagada o con pagos pendientes), y se incrementa hasta el 30% para las familias que pagan un alquiler.
Aquellos hogares con menor renta y que, por tanto, sufren situaciones de pobreza, dedican a día de hoy más del 70% de sus ingresos al pago del alquiler. Si hacemos una mirada retrospectiva, el desembolso era del 48% en 2007, lo que significa que el esfuerzo en el pago de la vivienda de las familias con menos recursos sea un fenómeno cada vez más acuciante.
Esta dinámica se hace más intensa, entre otras razones, por el proceso de descapitalización de los hogares excluidos desde la crisis financiera: si en 2013 casi 6 de cada 10 hogares en exclusión tenía una vivienda en propiedad, aun con pagos pendientes, ahora esa proporción se ha reducido a la mitad (3 de cada 10). Las familias en exclusión social, por tanto, tienen más difícil acceder o mantener una vivienda en propiedad, y se exponen cada vez más a acceder a una vivienda en precario, lo que influye radicalmente en su inseguridad jurídica y vital.
El empeoramiento generalizado en el acceso y mantenimiento de la vivienda se puede conocer mejor a través de las estrategias con las que los hogares intentan adaptarse al reciente contexto de inflación, aun conllevando consecuencias importantes para la calidad de vida:
Todo ello con las implicaciones que tiene para la calidad de vida, tanto en lo relativo a la salud física, como podemos relacionar en el caso de barreras arquitectónicas, humedades, plagas, inseguridad social o riesgos asociados al hacinamiento, como a nivel de salud mental y desarrollo personal y familiar, al carecer de un espacio de seguridad e intimidad. Todo ello en un marco de inseguridad jurídica y legal, en muchos casos.
A diferencia de otras formas de exclusión residencial extrema, como el chabolismo o el sinhogarismo, que son mucho más visibles para la sociedad, los problemas que hemos señalado quedan ocultos tras las paredes de una vivienda a la que en muchos casos no se puede llamar hogar. En parte quizá esto haya contribuido a que la sociedad española haya tardado tanto en reaccionar a una crisis de vivienda que, en realidad, se viene larvando desde hace ya tiempo.
Todo lo anterior impacta de distintas maneras a las diferentes cohortes de edad. Así, de un lado, entre las personas mayores los datos de exclusión nos muestran una evolución positiva y sostenida en el tiempo en la protección frente a la exclusión social para los mayores de 65 años y quienes se encuentran cubiertas por una pensión. La tasa de exclusión de este grupo poblacional se ha reducido a la mitad entre 2007 (16%) y 2024 (8%). En este sentido, la exclusión social más severa ha seguido la misma tendencia y para los mayores de 65 años alcanza valores residuales en 2024 (2%). Una tendencia que evidencia dos hechos relacionado con los puntos previos: una menor presión al pago de la vivienda de los más mayores, así como el valor de integración social que posee el sistema de pensiones.
En el lado opuesto de la línea generacional, no podemos decir lo mismo de la capacidad protectora hacia la infancia y la juventud. Los datos registran un periodo de empeoramiento para las personas más jóvenes que merma sus oportunidades, perspectivas y capacidades de generar proyectos vitales emancipatorios. Se perpetúan las situaciones de pobreza y exclusión. Como resultado, aumenta la desigualdad generacional. Es muy preocupante que la exclusión social severa en la infancia sea ahora (15%) más del doble que en 2007 (7%) y que esta exclusión social más aguda haya pasado para la juventud de entre 18 y 29 años, del 6% en 2007 al 11% en 2024, un incremento del 83%.
A su vez, se encuentran en un contexto donde el empleo no es suficiente para garantizar la inclusión y con un mercado de la vivienda que, aun siendo esta la principal partida de gasto de las economías personales y familiares, no garantiza la posibilidad de acceso y mantenimiento en condiciones dignas a este derecho.
Se confirman las mayores dificultades para las mujeres que están al frente de un hogar. Desde el inicio del análisis en 2007, apreciamos una tendencia al aumento de las desigualdades de género. Aunque en el último periodo 2021-2024 puede verse una mejoría más rápida en los hogares encabezados por mujeres, la situación está lejos todavía de la igualdad y han aumentado claramente las diferencias respecto de los periodos anteriores de bonanza, en 2007 y 2018.
En estos momentos la exclusión social en los hogares sustentados por mujeres alcanza el 21% frente al 16% de los hogares encabezados por hombres, lo que representa un 34% más de afectación en las familias con mujeres al frente.
La mayor exposición a la exclusión social también se encuentra fuertemente asociada a determinados tipos de hogar, en concreto, a las familias monoparentales (29%), a las familias con menores de 24 años (24%), y a aquellas familias con alguna persona con discapacidad (24%).
Además de la brecha generacional, se ha constatado una brecha que tiene que ver con la población extranjera. A pesar de que la mayoría de las personas en exclusión social son españolas, la incidencia de este fenómeno alcanza prácticamente a la mitad (47%) de las personas migrantes extracomunitarias.
En todo caso, sigue siendo necesario recordar que 3 de cada cuatro personas en exclusión social son de nacionalidad española, y esto se debe a que los procesos de exclusión social no son de naturaleza exógena, no los importamos, sino que tienen su origen en nuestro propio modelo de sociedad.
Los elementos presentados son solo algunos de los múltiples indicadores que nos deberían alertar de que nuestra sociedad camina hacia la sociedad de la inseguridad que se iniciaba hace ya unas décadas y que, salpicado por las crisis de 2008, de la covid-19 y de la inflación, han agravado la inercia propia de una estructura social y económica que ya se alejaba de los principios del bien común, de la equidad, y de la justicia social.
Nos enfrentamos a numerosos y diversos retos para frenar este peligroso avance. Unos retos que apuntan a un cambio social que persiga el respeto de las personas y de la dignidad inherente a la condición humana, un respeto que necesariamente implica y exige la garantía y protección de los derechos. Y, para ello, aunque toda la sociedad debe estar implicada, aludimos a la concreta necesidad de potenciar que el diseño de las políticas públicas parta de un enfoque integral basado en derechos. Esto nos lleva a exigir que ningún derecho quede al albur de un mercado que demuestra ser ineficaz para realizar esta tarea -una que, por otro lado, tampoco le corresponde. Delegar en él solo generará nuevas brechas de desigualdad entre quien pueda pagar y quien no, privando así a los últimos del ejercicio real del derecho.
En concreto, haremos referencia a tres retos clave en función de lo expuesto anteriormente:
1. Es necesario lograr que todas las personas tengan unas condiciones de vida dignas independientemente de su relación con el empleo. Un empleo que sigue sin llegar a todas las personas y que desde hace tiempo no ofrece las garantías suficientes para proteger a las personas trabajadoras de la pobreza y la exclusión. Para ello es preciso atender las carencias de tipo material, bien complementando aquellos salarios que son insuficientes, o garantizando unos ingresos mínimos pero suficientes para la vida en sociedad. Esto nos expone a la necesidad de seguir desarrollando el sistema de garantía de ingresos mínimos. Un terreno en el que tenemos todavía un amplio margen de mejora, ya que el gasto del estado español en el capítulo diverso de rentas de inserción es de un 30% de la inversión media de los países de la Unión Europea[v].
Por otro lado, la integración social es más que lo monetario, por lo que debemos pensar en reforzar paralelamente nuestro sistema de protección social para garantizar también el derecho a la inclusión social, así como explorar otros espacios y tareas (porque el trabajo no es solo empleo) que faciliten la integración y participación social, generando además bienestar común.
2. Las dificultades para el acceso y el mantenimiento de algo tan esencial como la vivienda, retan nuestra forma de organización social. Desde el momento en que los gastos de la vivienda asfixian la economía y la vida de muchas familias, es preciso ampliar y reforzar las políticas públicas de vivienda para toda la sociedad, y en especial para las familias más vulnerables. Para ello conviene observar que el parque de vivienda pública en alquiler alcanza el 8% en la media de la Unión Europea, cifra que triplica el parque de vivienda pública en España que es del 2,5%. Por otro lado, la inversión que realizamos en generar prestaciones económicas para apoyar el alquiler supone apenas el 18% de lo invertido en la media de la Unión Europea[vi]. Por todo ello, es primordial generar un parque de vivienda público extenso, así como luchar contra las manifestaciones de exclusión residencial, tanto de vivienda inadecuada como vivienda insegura.
3. Es urgente afrontar y prevenir las situaciones de pobreza y exclusión social que afectan a la infancia y, para lograrlo, tanto la cobertura como el impacto de las prestaciones monetarias dirigidas a familias e infancia deben alinearse a los modelos y cuantías de otros países de nuestro entorno. El déficit en inversión en infancia y en políticas orientadas a la familia son retos de primera magnitud en la construcción de una solidaridad intergeneracional efectiva. Si nos fijamos en las prestaciones económica por tener hijos, nuestro país dedica tan solo un 36% de la inversión media de la UE[vii].
Debemos señalar, asimismo, que es preciso generar políticas sólidas de equidad y solidaridad con las poblaciones que se encuentran segregadas y marginadas, ocupando los niveles sociales más desfavorecidos y con graves dificultades para su plena aceptación e inclusión social, como son las personas de origen migrante.
Todo esto partiendo de que seguimos lejos de lograr la igualdad de género, y que estamos comprometiendo las posibilidades de generar trayectorias vitales de las generaciones más jóvenes. Y lo hacemos en un planeta cada vez más esquilmado y que nos pide un respiro, porque a este ritmo dejará de ser capaz de sostener la vida humana.
Los retos que hemos lanzado señalan en muchas ocasiones hacia la responsabilidad que tiene lo público en sus diferentes niveles de gobernanza, no podemos olvidar su rol como garante de los derechos, pero tampoco debemos olvidar el necesario incremento de la participación y la responsabilización de la comunidad. En otras palabras, desarrollar la comunidad como modelo colectivo para afrontar los retos sociales que tenemos delante además de bueno, es necesario para el cambio social que nos exige el mundo de hoy.
Notas:
[i] En este análisis conviven la serie primera, que ofrece datos de 2007, 2009, 2013 y 2018, y la serie nueva, que ofrece datos de 2018, 2021 y 2024. La comparabilidad en los datos debe realizarse dentro de cada una de las series, existiendo diferencias metodológicas entre una y otra serie que limitan la capacidad comparativa interseries en el Índice Sintético de Exclusión social y en sus componentes.
[ii] Fundación FOESSA (2024). La sociedad del riesgo: hacia un modelo de integración precaria (Análisis y Perspectivas 2024). Disponible en: https://www.caritas.es/categoria-producto/colecciones/analisis-perspectivas-foessa/.
[iii] Este informe incluye los resultados de la nueva oleada de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, realizada a hogares en España durante el primer semestre de 2024. El informe, en elaboración, verá la luz en el último trimestre de 2025.
[iv] El documento Análisis y Perspectivas 2023 analizaba la distribución de gasto de los presupuestos familiares, siendo la vivienda, junto con la alimentación, las dos partidas a las que más porcentaje de gasto se destinaba.
Fundación FOESSA (2023). Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida (Análisis y Perspectivas 2023). Disponible en: https://www.caritas.es/categoria-producto/colecciones/analisis-perspectivas-foessa/.
[v] Datos para el año 2022. Fuente de datos de España: Estadística de Cuentas Integradas de Protección Social en términos SEEPROS, Ministerio de Trabajo y Economía Social; datos europeos: EUROSTAT.
[vi] Fuente: European System Of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), EUROSTAT 2022; Base de datos de viviendas asequibles de la OCDE.
[vii] Fuente: European System Of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), EUROSTAT 2022.
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