Zesar Martínez

Grupo Investigación Parte Hartuz (UPV/EHU)

Esta investigación-acción participativa ha habilitado tres espacios interconectados de análisis y propuestas: talleres con el Equipo de calle de Bizitegi (Bilbao); entrevistas a Personas en situación de sinhogarismo; y sesiones de trabajo con instituciones y entidades que han conformado un Grupo Amplio de Contraste.

1. Introducción

La dura realidad cotidiana de las personas sin hogar muestra, de forma visible para toda la sociedad, la falta de equidad en el reparto de la riqueza y la marginación social que ello genera. En la ciudad de Bilbao existen diferentes recursos y servicios, tanto públicos como privados, que intentan atender a un número cada vez mayor de personas en situación de sinhogarismo. En alguno de estos servicios desarrolla su actividad desde los años 80 la asociación Bizitegi que, tanto de forma autónoma como subcontratada por el Ayuntamiento de Bilbao, gestiona diferentes recursos para atender a las personas en situación de sinhogarismo.

El punto de partida del proyecto de investigación-acción participativa que se presenta en este artículo fueron una serie de preocupaciones de las trabajadoras del Equipo de Intervención en Calle de Bizitegi, esas inquietudes las podríamos resumir del siguiente modo: 1) La existencia de un creciente rechazo social a las personas que viven en la calle que, en ocasiones, incluye su desalojo de las zonas más transitadas de la ciudad como forma de invisibilización de estas realidades. 2) La falta de tiempo y espacios del equipo de calle para tomar una distancia reflexiva sobre su trabajo e identificar los condicionantes que producen cansancio, hastío y abandono de esta actividad profesional. 3) La necesidad de identificar los aciertos y las debilidades del trabajo que se viene realizando en la intervención directa con personas en situación de sin hogar.

En base a estas necesidades e inquietudes iniciales, un equipo de investigación que incluía a dos trabajadoras del equipo de calle de Bizitegi, definió los siguientes objetivos y propósitos para la investigación:

• Abrir un espacio y un tiempo de reflexión y aprendizaje con todas las personas integrantes del equipo de calle de Bizitegi para caracterizar de forma precisa el trabajo que desarrolla el equipo en los siguientes aspectos: base filosófica y teórica; objetivos, funciones y personas destinatarias; metodología de intervención en calle.
• Recabar las valoraciones y experiencia de las personas sin hogar atendidas por el equipo de calle que son usuarias de diferentes recursos y servicios sociales.
• Ordenar y dar forma al conocimiento experiencial acumulado en el equipo y elaborar un material que permita transmitir la experiencia acumulada y la metodología del trabajo en medio abierto; así como desarrollar un debate al respecto con instituciones públicas y otras entidades relacionadas con este ámbito de trabajo.

Las preocupaciones e inquietudes del equipo de calle que dieron origen a esta investigación nos hicieron decantarnos desde el inicio por la utilización de la Investigación-Acción Participativa (IAP) como referencia metodológica para el desarrollo del estudio. Ciertamente aquellas preocupaciones iniciales, además de una demanda de reflexión y análisis sobre su práctica profesional, también expresaban cierta urgencia por transformar los condicionantes y dificultades que generan desgaste y desánimo en las personas que trabajan en calle intentando dar alternativas a las situaciones de sinhogarismo. De ahí la necesidad de que el equipo de calle al completo elaborara, junto con otros agentes e instituciones del contexto de su práctica[1], unas bases y unas referencias filosóficas y metodológicas que permitieran reforzar de sentido, consistencia y proyección a futuro la labor que desarrollan. Se realizaron 8 talleres con una periodicidad trimestral en los que participaron las siete personas trabajadoras del equipo de calle, incluyendo a la persona responsable de la unidad sin hogar de Bizitegi.

Por otro lado, con el objetivo de recabar información sobre las vivencias, impresiones y miradas que las personas sin hogar han tenido en su relación con los recursos institucionales en general y con la intervención del equipo de calle en particular, se realizaron 10 entrevistas con una muestra de usuarios y usuarias de estos recursos seleccionada en base a las variables de edad, socialización de género y procedencia.

Junto con ello, además de la participación continuada de esos agentes en todas las fases del proceso, otro rasgo que se implementó en este proceso de investigación-acción para dotar a las entidades sociales del carácter de sujeto de investigación y no mero objeto de la misma, es que el grupo de investigación tuvo una composición mixta, que incluía tanto a profesionales de la investigación social como a profesionales de las entidades que trabajan en la temática estudiada.

Por último, como técnicas de devolución y debate público, se organizaron dos jornadas de presentación de los análisis y resultados obtenidos a las diferentes entidades y personas participantes del proceso.

La investigación-acción participativa es un modelo de investigación que basado en la participación continuada de diferentes agentes en el desarrollo del estudio permite que esos agentes (en nuestro caso, las personas sin hogar; las trabajadoras y responsables del equipo de calle; y las entidades que se incorporan al Grupo Amplio de Contraste) realicen un diagnóstico sobre la realidad que viven y protagonizan de diferentes modos. Igualmente se debaten propuestas y líneas de mejora para transformar las acciones y situaciones previas a este proceso de trabajo, completando así un proceso de acción-reflexión-acción que pretende ser una experiencia de fortalecimiento, en nuestro caso fundamentalmente del equipo de calle y de Bizitegi en su conjunto.

Es por eso que en cada uno de los talleres, sesiones de trabajo, entrevistas y actividades realizados durante el proceso con los diferentes agentes, se diseñaron metodologías de diálogo, escucha y participación igualitaria que favorecieran el reconocimiento y la puesta en valor del conocimiento experiencial y vital de cada persona asistente, buscando con ello: a) Visibilizar, reconocer y generar mayor autoconfianza en las capacidades y potencialidades de acción de cada persona; b) Construir colectivamente y democráticamente el conocimiento sobre esa realidad; c) Facilitar el acercamiento de voluntades y la búsqueda negociada de acuerdos para concretar propuestas de mejora.

Se pretende así desarrollar una dinámica de colaboración y trabajo conjunto en la que los participantes son sujetos de conocimiento (y no meros objetos de estudio), de manera que el proceso promueva una mejora de la legitimidad, los recursos y la capacidad organizativa de los grupos y agentes con menor capacidad de incidencia; y genere oportunidades para configurar nuevas alianzas y redes que permitan modificar prácticas, responder a las necesidades identificadas en el proceso, y que las propuestas elaboradas en el mismo puedan materializarse.

Se trata, como decíamos más arriba, de cuidar cómo se desarrolla todo el proceso de construcción de conocimiento para que sea colectivo, multilateral y dé voz a las personas menos escuchadas, de manera que resulte empoderador para las personas y agentes que participan.

2. Resultados

En lo que se refiere al primero de los objetivos que guiaron esta investigación, el relacionado con caracterizar de forma precisa el trabajo en calle con personas sin hogar que desarrolla el equipo de Bizitegi, los 8 talleres participativos realizados con el equipo de calle han dado como resultado dos materiales cuya elaboración han centrado una parte importante de los esfuerzos del proceso de análisis.

Por un lado, el documento denominado Metodología común de intervención del equipo de calle de Bizitegi recoge y da cuenta detallada de los ejes que articulan el trabajo en medio abierto; así como, de manera específica, el enfoque, los objetivos y la metodología de cada una de las etapas de la Intervención en Calle con las Personas sin Hogar: desde los contactos iniciales hasta la etapa de desvinculación, pasando por todo el proceso de construcción de una relación de cercanía y acompañamiento que permita reconocer las capacidades de cada persona, para motivarlas o alentarlas atendiendo a la diversidad de circunstancias, deseos y condiciones que cada persona encarna. Todos estos contenidos se basan en el conocimiento experiencial acumulado en el Equipo y en la entidad fundamentalmente en los últimos 10 años de trabajo en calle. El siguiente esquema recoge algunos de los aspectos centrales de la metodología de intervención que desarrolla el Equipo de Bizitegi[2]:

Figura 1: Cuadro resumen de la metodología de intervención directa en medio abierto del equipo de calle de Bizitegi.

Por otro lado, otro de los resultados vinculado a este objetivo de la investigación es un folleto que resume, de manera sencilla y con propósitos divulgativos, en qué consiste el trabajo del equipo de calle y a través de qué ejes, fases y tareas lo desarrolla; así como algunos de los rasgos filosóficos y procedimentales de esas intervenciones. Este folleto permite dar a conocer, visibilizar y ampliar el conocimiento social sobre el trabajo de calle con personas sin hogar. Sirve además para ajustar expectativas y acordar voluntades tanto en el trabajo comunitario como en el trabajo con las instituciones públicas y las entidades que ofrecen recursos y servicios en este ámbito de intervención social.

Otro de los resultados de este trabajo se deriva de las entrevistas realizadas a las personas en situación de sinhogarismo. Los testimonios recabados y el análisis de los mismos sirvieron para evaluar desde la perspectiva de las personas destinatarias la metodología de intervención en calle del equipo de Bizitegi. Por eso la mayor parte de los talleres con el equipo de calle, y también de las reuniones con el Grupo Amplio de Contraste, se centraron en: a) Sistematizar la práctica cotidiana de intervención del equipo; b) Analizar los testimonios y valoraciones de las personas sin hogar sobre el trabajo del equipo y sobre los recursos disponibles en la ciudad; c) Reflexionar sobre las debilidades y dificultades identificadas, así como las posibilidades de introducir cambios concretos para mejorar la atención.

3. Discusión y conclusiones

En primer lugar, tal y como señala la tipología del Observatorio Europeo sobre las Personas sin Hogar, el fenómeno del sinhogarismo incluye una variedad de formas de exclusión residencial que dificultan el conocimiento de la realidad del fenómeno de manera completa. Ni la intervención directa en calle ni los procesos de investigación desarrollados en esta materia llegan a las realidades existentes en fábricas abandonadas, lonjas, viviendas inadecuadas y otras formas de sinhogarismo encubierto o no visible. Se accede, se contacta y se trabaja tan solo con aquellas personas que aceptan ser contactadas, y eso limita la diversidad del fenómeno y un acercamiento más complejo y completo al mismo.

Por otro lado, la intervención social con personas en situación de sinhogarismo no alcanza a desarrollar un trabajo en red con la comunidad, la vecindad, las asociaciones de barrio y los colectivos que realizan actividades de ayuda (recogida de ropa y alimentos, acogida y apoyo, denuncia de desalojos, etc.). Un trabajo en red con esa pluralidad de agentes permitiría ampliar tanto el conocimiento sobre estas realidades como la colaboración y el alcance del trabajo que se desarrolla. La relación con la comunidad es por tanto uno de los ejes de trabajo a reforzar identificado por parte de los diferentes agentes que han participado en este proceso de investigación-acción, especialmente por parte de los y las profesionales del equipo de calle, ya que tanto las entidades del tercer sector como especialmente las administraciones públicas que tienen competencias en este ámbito, en ocasiones, reciben críticas y denuncias por parte de las asociaciones  e iniciativas ciudadanas que se solidarizan y denuncian la falta de recursos y el funcionamiento de los mismos, lo cual crea protestas y movilizaciones que no suelen ser bien recibidas por los y las responsables institucionales.

En ese sentido, las entidades del tercer sector que trabajan en la atención a las personas sin hogar se ven muy condicionadas por los requerimientos de las administraciones que las subcontratan. Es por eso que otro de los aspectos identificados en este proceso es la necesidad de establecer por parte de las entidades del tercer sector modelos de relación con la Administración pública más simétricos que permitan cuestionar y abrir a debate las políticas y las prioridades establecidas. Es decir, se ha constatado la necesidad de una mayor autonomía y empoderamiento de las entidades para poder aportar más complejidad sobre el fenómeno y más capacidad de crítica. Esto es, poder expresar desacuerdos y superar autocomplacencias, ya que como decíamos más arriba, la realidad del sinhogarismo afecta a más personas, más unidades convivenciales y más grupos sociales, tanto de personas autóctonas como migradas, de lo que conocemos. Y las políticas vigentes y los recursos que de ellas emanan no alcanzan para atender adecuadamente las necesidades existentes.

En lo que se refiere a la valoración y las limitaciones del trabajo de acompañamiento desarrollado por el equipo de calle de Bizitegi en Bilbao, una de las conclusiones que se desprenden de este proceso de investigación está relacionada con las dificultades para desarrollar un acompañamiento que atienda a la diversidad que cada persona sin hogar encarna en función de condiciones sociales como el género, la discriminación racial, la edad, la diversidad sexual, la diversidad funcional, etc.  Aplicar una perspectiva más interseccional de la intervención y el acompañamiento conlleva cierta autorrevisión de las prácticas profesionales y los equipos de trabajo, para poder así identificar prejuicios, supuestos e inercias a cuestionar y deconstruir. Se trata tanto de un cuestionamiento personal como de una continuada reflexión en los equipos, que pasa por una atenta escucha a las personas sin hogar, sus vivencias y sus relatos; y también por entender el desempeño profesional como algo que incluye una revisión de las dinámicas personales y grupales que operan al interior de los propios equipos de trabajo.

En ese sentido, tal y como el propio equipo de calle ha identificado como cuestiones a seguir trabajando de manera colectiva y continuada, un enfoque feminista y antirracista de la atención al sinhogarismo es imprescindible para poder abordar la exclusión social severa de manera más acorde a la diversidad de las realidades vividas por muchas de las personas con las que se trabaja. Por ejemplo, cómo abordar el sinhogarismo de las mujeres y su vulnerabilidad frente a las violencias machistas, o cómo trabajar con los hombres sus comportamientos machistas y racistas, exigen una preparación específica y suponen un desafío profesional continuado.

Otro de los aspectos centrales a abordar en esta investigación ha estado relacionado con la identificación y análisis de los condicionantes que producen cansancio, hastío y abandono en el trabajo de intervención en calle y acompañamiento a situaciones de sin hogar. Lo que se ha constatado en esta investigación es que el trabajo de calle conlleva una exposición personal a episodios y vivencias emocionalmente muy intensas, incluyendo riesgos psico-sociales específicos: impotencia, frustración, trabas burocráticas, agresividad, gestión de las violencias, miedo, etc.

Los orígenes de esos riesgos, presiones y elementos estresantes son diversos, por un lado, las personas que viven exclusión severa viven habitualmente sentires de sufrimiento, inseguridad y miedo; y, en ocasiones, también vergüenza, culpa, soledad, etc. Y acompañar todo eso además de ser muy intenso, exige y desgasta mucho a nivel personal. Por otro lado, en términos generales socialmente delegamos la atención a las personas sin hogar en las personas que trabajan en la atención directa y en el circuito de recursos, servicios y políticas sociales. Este circuito genera diferentes tipos de presiones, requerimientos y estreses: vecinales, institucionales, policiales, jurídicos, laborales, etc.

En definitiva, en el desempeño de la intervención y el acompañamiento, tanto desde arriba como desde abajo, se generan muchas situaciones extremadamente duras y difíciles de gestionar que producen un desgaste personal y profesional importante. Parece imprescindible, por lo tanto, trabajar esas presiones y frustraciones como parte constitutiva de la labor que se desempeña; abordando las incertidumbres y malestares que generan en cada profesional, y construyendo propuestas, herramientas y condiciones de trabajo que puedan mitigarlas, sin abandonarse al fatalismo de darlas por supuestas o inamovibles, ya que ello supone exigir de facto un perfil de profesional que tenga capacidad de aguante y “sirva” para gestionar personal y psicológicamente estas duras condiciones de trabajo.

Lo anterior tiene relación con el hecho de que vivir en la calle es una realidad cruel e inhumana que nos resuena como algo que no debiera suceder, porque degrada la humanidad de la sociedad y de todas las personas que la integramos. Sin embargo, de alguna manera delegamos la mala conciencia, las contradicciones y los miedos que nos genera esta realidad en las personas que trabajan en la atención directa y en el circuito de recursos, servicios y políticas sociales. Y esta delegación genera unas condiciones de trabajo y unos riesgos psico-sociales no suficientemente reconocidos ni trabajados.

Por último, otra de las conclusiones que se desprenden de los análisis realizados con diferentes agentes en los espacios y tiempos de reflexión que ha posibilitado este proceso de investigación-acción, tiene que ver con otras implicaciones del desempeño profesional del trabajo en calle. A saber, la intervención en calle y el acompañamiento consisten en construir vínculo personalizado y tejer relación de cercanía y confianza en condiciones dificultosas, lo cual requiere de mucha energía, intuición, humanidad, honestidad y cierto grado de introspección y autorrevisión personal en los casos en los que esa construcción del vínculo resulta dificultosa. Sin embargo, al mismo tiempo, la intervención en calle precisa también de orientaciones y herramientas técnicas que permitan contrastar, evaluar y sistematizar el trabajo de intervención.

Es decir, se necesita de un complicado equilibrio entre, por un lado, intuición, proximidad humana, empatía, flexibilidad y calidez; y, por otro lado, metodologías y técnicas de trabajo previamente establecidas, protocolizadas y rigurosamente contrastadas. Es decir, estamos hablando de requerimientos y capacidades que tienen cierto grado de antagonismo y fricción entre ellas. La misma que se produce entre, por un lado, concepciones del trabajo y actitudes técnicas, asépticas, burocratizadas y, por ello, en ocasiones frías, rígidas o deshumanizadoras; y, por otro lado, actitudes más comprometidas, voluntaristas, cálidas, flexibles, humanizadoras y, por ello, en ocasiones meramente subjetivas o arbitrarias.

Por eso, para seguir buscando esos complicados equilibrios, queremos terminar diciendo que un enfoque de intervención en calle como el que desarrolla Bizitegi, guiado por el reconocimiento de la dignidad inherente a todas y cada una de las personas y por un acompañamiento que atienda a la diversidad de circunstancias, deseos y condiciones humanas que cada persona encarnamos, seguirá necesitando de permanente revisión y creatividad. En ese sentido, de cara a elaborar propuestas de mejora e innovación de manera continuada, además de investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre la realidad del sinhogarismo, son necesarios modelos de investigación participativa que permitan crear espacios de trabajo y reflexión autónomos y al tiempo interconectados, entre la pluralidad de sujetos, agentes y responsables que protagonizan e intervienen en estas realidades.

4. Referencias

Albarracín, Diego. Construyendo relaciones. Intervención psicosocial con personas sin hogar. Madrid: Asociación Realidades y Fundación RAIS.  2007.

Avramov, D. Homelessness in the European Union: Social and Legal Context of Housing Exclusion in the 1990s. Fourth Research Report of the European Observatory on Homelessness. edn. Bruselas: FEANTSA.  1995.

Bañuelos, Aitziber. Itinerarios hacia la exclusión social II. Análisis de género e interseccional. Bilbao: Bizitegi.  2021.

Bañuelos, Aitziber. Perspectiva de género e interseccional en la intervención social: impacto de la socialización de género en los procesos de exclusión social grave. Bilbao: Bizitegi.  2022.

Cortina, Adela. Erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para la democracia (Vol. 14, pp.125-141). Barcelona: Paidós.  2017.

FEANTSA. ETHOS – Taking Stock. European Typology of Homelessness and housing exclusion. Eurepean Federation of National Associaciations Working with the Homeless, 2006. Recuperado en mayo 2023: https://www.feantsa.org/en/toolkit/2005/04/01/ethos-typology-on-homelessness-and-housing-exclusion  

García Roca, J. Contra la exclusión. Responsabilidad política e iniciativa social. Bilbao: Sal Terrae.  1995.

Gómez, M. El acompañamiento como método de intervención en los procesos de inclusión. Nuevas reflexiones. Pamplona: Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.  2016.

Martinez, Zesar. Investigación-acción participativa: elementos distintivos. Fundación para la investigación social avanzada (IS+D), 2023. https://isdfundacion.org/2023/01/31/investigaccion-accion-participativa-elementos-distintivos/

Pelegrí Viaña, X. El poder en el trabajo social: Una aproximación desde Foucault. Cuadernos de Trabajo Social, 17, 21 – 43. 2005. Recuperado en febrero del 2022, de https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0404110021A

Sales i Campos, Albert. El delito de ser pobre: Una gestión neoliberal de la marginalidad. Icaria Editorial.  2014.

[1]Participaron con continuidad en el Grupo Amplio de Contraste: técnicas del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bilbao; del Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS); del Tratamiento Asertivo Comunitario del Servicio de Salud (TAC-Osakidetza); Sociedad Municipal para el ámbito de la vivienda (Surbisa- Ayunt. de Bilbao); Cáritas Diocesanas; Comisión Antisida; y responsables de otras áreas de trabajo de Bizitegi.

[2]     El documento completo  que recoge la metodología de intervención con personas en situación de sin hogar del Equipo de Intervención de Calle de Bizitegi, elaborado en este proceso de investigación,  puede consultarse y descargarse en: https://www.bizitegi.org/publicaciones/estudios-y-publicaciones/

Octubre 2024

Marina Sánchez-Sierra y Pedro Fuentes
Equipo de Estudios de Cáritas Española

Puedes encontrar a Marina en X (antiguo Twitter)

¿Qué imagen se nos viene a la cabeza cuando pensamos en personas mayores? ¿Es más ventajoso a nivel de integración social ser mayor o ser joven? En el siguiente texto se analizan las características de las personas mayores en España con especial atención a su posición dentro del espacio de la integración/exclusión social.

La definición de persona mayor ha evolucionado gracias a muchas y variadas cuestiones, entre las que cabe destacar de manera inequívoca el acceso y los avances sanitarios, pero son también relevantes los cambios dados en el estilo de vida, así como las condiciones en las que se da nuestra existencia, pues no es lo mismo nacer en un país, familia, barrio, clima… o en otro. Sin embargo, de forma global los avances y transformaciones dados han derivado en una esperanza de vida más larga que con frecuencia desdibuja la idea de ser mayor y su correspondencia con la experiencia de serlo.

1. – ¿Es mejor ser joven?

El mercado de empleo tiene como principal característica la precarización: contratos a tiempo parcial, personas que trabajan menos horas de las deseadas, bajo nivel de ingresos y trabajadores pobres, dificultad de acceso (sea al primer empleo o no), trayectorias interrumpidas… A esto se suma un precio de la vivienda notablemente alto, poco equiparable al nivel de los sueldos, hablemos de propiedad o de alquiler. E introducimos un tercer elemento, el nivel educativo y las trayectorias profesionales de las personas que acceden a esa categoría de persona mayor. Son tres cuestiones que están cambiando la distancia existente entre la juventud y las personas de más edad: las primeras se ven abocadas a trayectorias vitales sujetas a la improvisación, a experiencias como el coliving (anglicismo para referirse a compartir piso que pretende disfrazar que esta manera de vivir a partir de cierta edad responde a un problema estructural que aboca a personas adultas a una precariedad que les impide vivir solas), a retrasar la edad a la que se tiene el primer hijo o hija, a vivir el presente porque el futuro genera altos niveles de ansiedad por la incertidumbre del qué pasará, y a la búsqueda de experiencias porque no es factible adquirir propiedades. Mientras, las segundas, las mayores, se encuentran -y seguimos generalizando- con viviendas en propiedad ya pagadas, pensiones suficientes para vivir, y un estado de salud que les permite gozar de unos buenos años por delante antes de llegar a esa vejez en la que el cuerpo ya nos limita.

Es decir, la imagen que hubo de persona joven y exitosa como sinónimo de parte del engranaje de la productividad empresarial frente al anciano o anciana sujeta a una pensión mínima que apenas le da para (sobre)vivir, ha quedado obsoleta.

Así lo vemos al mirar los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV en adelante) del INE para 2023. El Gráfico 1 muestra cómo a medida que avanza la edad del grupo poblacional observado, aumenta la renta neta media disponible por persona, alcanzando su máximo entre las personas de 65 y más años.

Gráfico 1. Renta neta media por persona por edad, 2023

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida 2023, INE

Se trata de un dato ciertamente positivo para las personas mayores, y que podríamos hacernos pensar, esperanzadas, que a medida que nos hagamos mayores aumentará nuestra renta media. Una mirada más dura, por otro lado, lo que nos muestra es el empobrecimiento de una población que mira a la jubilación propia como una utopía irrealizable.

2.- Las diferencias de género

También hemos de mirar a las diferencias por género. Si la esperanza de vida en España es de 83,1 años, hay una diferencia de 5 años entre hombres y mujeres: este valor es de 80,4 años para ellos, frente al 85,6 de ellas (Esperanza de vida al nacer 2022, INE). Un dato ventajoso para las mujeres… ¿o quizá es más complejo?

Efectivamente, no solo es importante el tiempo que nos queda por delante, sino también la calidad de vida que disfrutemos durante ese tiempo. Y si bien es cierto que a los 65 años la esperanza de vida con buena salud es similar en hombres y mujeres (10,7 y 10,3 respectivamente), el porcentaje de años que esperamos vivir con esa buena salud a lo largo de nuestra vida es notablemente menor entre las mujeres: 44,7% de buena vida para ellas, 56,5% para ellos. Por tanto, de media las mujeres ciertamente vivimos más años, pero en general durante más tiempo vivimos peor en el sentido de que vivimos con limitaciones funcionales y de discapacidad (Mujeres y hombres en España, INE 2022).

Tabla 1. Esperanza de vida y porcentaje de vida en condiciones de buena salud, 2021

¹Fuente: Esperanza de vida al nacer según sexo 2022, INE

²Fuente: Mujeres y hombres en España 2021, INE

En definitiva, las mujeres esperan vivir proporcionalmente menos años en buenas condiciones, algo que se corresponde con cómo se sienten ellas. Si a priori podríamos pensar en una reducción lógica que, efectivamente, ellas viven peor los años que les quedan porque les quedan más años de vejez, los datos nos dicen que no se trata únicamente de esto, pues la diferencia con los hombres en la autopercepción a nivel de salud está presente desde los 15 años (gráfico 2), aunque sí es cierto que la distancia entre hombres y mujeres se va acentuando de forma más notable a partir de los 65 años.

Gráfico 2. Percepción del estado de salud como Muy bueno / Bueno por género, 2020

Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2020. INE-MSCBS

Las condiciones de vida influyen en cuánto vivamos, pero sobre todo en cómo vivimos. Esos cuerpos femeninos más longevos están también sometidos a más pobreza económica. El reparto tradicional de tareas ha conllevado una menor presencia de las mujeres en el mercado laboral, con las consecuencias que ello ha tenido y las dificultades que siguen teniendo para acceder a este y para hacerlo en las mismas condiciones que ellos. El resultado de estas cuestiones de carácter estructural es una tasa de riesgo de pobreza para las personas mayores de 65 años que se sitúa de manera desigual entre hombres y mujeres, con valores del 15,8% para ellos y del 20,3% entre ellas, lo que supone una diferencia porcentual del 25%.

Tabla 2. Tasa de riesgo de pobreza, 2023

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida de 2023, Instituto Nacional de Estadística

Algo que está en consonancia con la renta media de los hogares según el sexo de la persona de referencia. El siguiente gráfico muestra una visión del cociente de renta anual renta media de los hogares según si este está encabezado por un hombre o por una mujer a lo largo de una década. En él, vemos que las rentas de los hogares con persona de referencia hombre son superiores a las rentas de aquellos hogares donde la persona de referencia es una mujer, algo que ocurre de manera generalizada (línea azul oscuro), pero más acusada entre la población de mayor edad, donde la renta de los hogares encabezados por mujeres de 65 y más años en 2022 suponía el 74% de la renta media de los hogares encabezados hombres de la misma edad. Además, esa mirada longitudinal muestra cómo en la última década en ningún caso llegaron a acercarse las rentas medias de ambos tipos de hogar.

Gráfico 3. Cociente mujeres respecto a hombres de la renta anual neta media por hogar por edad de la persona de referencia

Fuente: Mujeres y hombres en España a partir de Encuesta de Condiciones de Vida 2022, INE

Por tanto, tienen peor vejez las mujeres también por factores de tipo estructural pues, por lo general, presentan en todas las edades tasas más elevadas de pobreza y de exclusión social y, una vez vuelven a la inactividad, cobran pensiones inferiores (Pinazo-Hernandis y Bellegarde, 2018)¹ en el culmen de un ciclo de desigualdad que se perpetúa.

A la vez, los roles de género, las sitúan a ellas como cuidadoras (de parejas, ascendentes, descendientes, y de sí mismas) que, con el tiempo y cuando pasan a necesitar ser cuidadas, no es fácil de cambiar, entre otras cosas porque, en cierto modo, pierden una de las principales funciones que culturalmente daban sentido a su vida. Esto, a pesar de la incorporación de la mujer al mercado laboral y de los avances en materia de género, está lejos de ser revertido, tanto de facto como en el imaginario social, a pesar de los innegables avances transitados. En el caso de las mujeres, al cuidado de hijos e hijas se suma más tarde el de nietos y nietas, en ocasiones teniendo que compatibilizarlo con el de padres y madres ya nonagenarios que reciben cuidados de mujeres que han superado la edad de jubilación. Y, en el entre tanto, en algún momento se suma el cuidado de esas parejas con menor esperanza de vida.

Y las tareas de cuidados son complejas y tienen un coste físico y emocional que se nota especialmente en las mujeres y que revierte en esa salud a la que hacíamos mención anteriormente en un círculo ciertamente vicioso y difícil de romper.

A todo esto, se suma la presión estética del cuerpo (propio y de los dependientes a cargo, que no solo deben estar bien cuidados sino también parecerlo) y del hogar, una carga mental que no desaparece con la edad y, en definitiva, un cansancio para el que muchas veces no se vislumbra una pausa, un descanso, la satisfacción del trabajo bien hecho y, sobre todo, terminado.

3.- Ser mayor en España

Para ofrecer una mirada más exhaustiva de las condiciones de vida de las personas mayores vamos a mirar también al concepto de integración social, compuesto de diferentes dimensiones. Los datos de la EINSFOESSA 2021 (Ayala, Laparra y Rodríguez, 2022)² muestran que los niveles de integración son más elevados entre la población de 65 y más años que entre la población general. De hecho, mientras que el 23,4% de la población española está en situación de exclusión, sea esta moderada o severa, son menos de 1 de cada 10 las personas de 65 y más años en exclusión (9,2%).

Gráfico 4. Espacios de la exclusión social por edad

Fuente: Elaboración propia a partir de la EINSFOESSA, 2021

Pero las diferentes dimensiones que componen la exclusión también afectan de manera diferenciada según la edad. Así, esa primera ventaja que parecen ofrecer los años, no es tal en todas las dimensiones. Un análisis más detallado nos ofrece algunas diferencias muy claras: las personas mayores tienen notablemente menor exclusión en dos espacios de los que ya venimos hablando, el empleo y la vivienda, que preocupan menos a las personas de más edad porque ya están fuera del mercado de empleo, de un lado, y porque en la mayoría de casos ya tienen solucionada la cuestión habitacional, de otro. Sin embargo, las dimensiones de educación, política, aislamiento y conflicto social son más excluyentes para ellas.

Gráfico 5. Exclusión en las diferentes dimensiones según edad

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EINSFOESSA, 2021

Prestamos atención a la dimensión de la vivienda por su especial relevancia, tanto en el peso que tiene sobre los presupuestos familiares y sus gastos, como por lo que significa para el desarrollo del proyecto vital. Así, los datos del Módulo de Calidad de Vida de la ECV 2023 nos permiten también ver el componente subjetivo de esta cuestión, encontrando que hay más insatisfacción con la vivienda a menor edad de la persona de referencia del hogar. Insatisfacción que se entiende de manera general y que puede referirse a diferentes aspectos: tamaño, precio, lugar donde se encuentra, etc. Es importante reseñar que aún en el grupo que más satisfacción muestra, que es el de 65 y más años, hay más de un 10% de personas que siguen sin encontrar en su casa el lugar que les gustaría.

Gráfico 6. Hogares que están satisfechos con su vivienda en cuanto a su tamaño, precio, vecindario, etc. por edad de la persona de referencia

 Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida 2023, INE

Tal y como señala el informe Análisis y Perspectivas de 2023, entre 2015 y 2022 el precio de la vivienda ha aumentado un 51%; un 74% en el caso de la vivienda nueva. La misma vivienda que, nueva, en 2015 costaría 100.000€, en las mismas condiciones en el año 2022 tendría un precio de 174.000€³. Cabe pensar, pues, que el precio es uno de los elementos que dificultan el acceso a la vivienda y que, por ende, puede estar produciendo insatisfacción, bien por la imposibilidad de acceso, bien porque las posibilidades de gasto para la vivienda no son suficientes para adquirir una casa que cumpla los requisitos que una familia requiere y/o desea.

4.- La participación social y política de las personas mayores  

El estudio cualitativo sobre la situación de las personas mayores en la provincia de Salamanca realizado por la Cáritas Diocesana de dicha diócesis en 2022⁴ refleja, desde una perspectiva cualitativa, la diferente participación de las personas mayores en actividades socio-culturales. Residentes de zonas rurales indicaban que hay poca oferta para ellos y ellas y, no solo eso, sino que muchas veces se inician actividades, pero estas no mantienen su continuidad en el tiempo. Por su parte, las personas con un menor nivel de ingresos señalaban cómo los precios eran un hándicap para poder participar, incluso aunque fueran simbólicos, cuando sí existían actividades. En definitiva, la búsqueda de rentabilidad es lo que genera que estas actividades terminen por considerarse o ser no sostenibles.

No obstante, es importante señalar algo de lo que comentan en uno de los grupos de discusión llevados a cabo: Llevaba con el cartel de una excursión dos meses y medio, no se me había apuntado nadie, gracias a un patrocinador lo he sacado gratuito, y se han apuntado por eso, porque pagando no iba nadie, y se han apuntado 18, en un autocar de 50 (GD7.3)⁵. Aquí vemos cómo, por un lado, el hacer la actividad gratuita ha supuesto un incentivo a la participación, pero, a la vez, el nivel de participación sigue siendo bajo. No podemos valorar solo con esta información, pero sí debe hacernos reflexionar. Vivimos en una sociedad que no mira a la vejez desde su potencialidad, sino que más bien la niega –desde la ironía que supone no mirar y, por ende, cuidar el lugar al que llegaremos si tenemos éxito vital a nivel biológico, es decir, si no morimos antes. Por tanto, aunque existen espacios y actividades diseñados solo para la participación de los mayores, cabe preguntarse si se elaboran y piensan desde su propia mirada: ¿qué quieren? ¿qué les motivaría a una mayor participación? ¿contrastan las respuestas a estas preguntas con los modelos de ocio o acompañamiento que se les ofrecen? Y, por último, pero no menos importante: ¿son suficientes?

Y cabe una reflexión adicional: ¿hasta qué punto es necesario que se diseñen y lleven a cabo actividades específicas para personas mayores? ¿No contribuye esto a su aislamiento social, no intra, pero sí intergeneracional? ¿Acaso no cabría pensar en hacer inclusivos espacios generalistas para personas adultas, también? E, incluso, buscar la mezcla intergeneracional que favorezca a personas de diferentes edades, reconociendo así que las personas mayores pueden aportar a quienes son más jóvenes.

En cuanto a la participación política, si miramos el siguiente gráfico vemos en el barómetro de julio de 2024 del CIS que de forma generalizada la probabilidad de voto aumenta a medida que lo hace la edad, si bien en el último grupo etario, 75 o más años, las personas que aseguran que si mañana hubiera elecciones irían a votar desciende. Aun así, su participación seguiría siendo mayor que la de las personas de hasta 54 años. Esto nos habla de la implicación de las personas de más edad en el proceso electoral.

 Gráfico 7. Probabilidad de que fuera a votar si hubiera elecciones mañana 2024, según edad

Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro de julio 2024, CIS

Así lo confirma también el hecho de que la participación electoral es más elevada a medida que aumenta la edad, si bien no hay diferencias significativas a partir de los 55 años. En las elecciones generales de julio de 2023 declaran haber ido a votar más del 85% de las personas de 65 y más años. La abstención, por el contrario, es un fenómeno más extendido entre el electorado de menos de 55 años.

Gráfico 8. Votó o no votó en las elecciones de julio de 2023, por edad

Fuente: Elaboración propia a partir del Barómetro de julio 2024, CIS

No obstante, no podemos olvidar que la participación política, ir a ejercer el derecho al voto cada cuatro años, no es un indicador en sí mismo de integración política.

5.- Afrontar la soledad 

La soledad es un problema social cada vez más acuciante que ya ha comenzado a estudiarse entre las personas mayores, aunque no solo. En parte este fenómeno está relacionado con el hecho de vivir sin compañía, lo que ocurre en el caso del 25,3% de personas de 65 y más años según la Encuesta sobre relaciones sociales y afectivas pospandemia (III) del CIS (marzo, 2023).

No obstante, debemos diferenciar entre soledad y aislamiento, siendo la primera una cuestión de carácter subjetivo y, el segundo, una cuestión más fácilmente medible. Esto es, la soledad es el sentimiento y el aislamiento el hecho de no tener contactos sociales para hacer diversas actividades en compañía.

Según Álvarez (1996)⁶, la soledad alude a un estado psicológico que sucede a consecuencia de pérdidas en el sistema de soporte individual, disminución de la participación de las actividades dentro de la sociedad a la que pertenece y sensación de fracaso en su vida. En el caso de las personas de más edad, la pérdida de relaciones (sistema de soporte individual) puede darse como proceso propio del envejecimiento, a medida que algunas de las personas cercanas van falleciendo, o puede ocurrir que algo a simple vista tan ínfimo como las barreras arquitectónicas en el hogar (la falta de un ascensor, sin ir más lejos) impidan a la persona poder salir al exterior y socializar. Pero también pueden deberse al hecho de vivir lejos de la familia, por ejemplo, o a la sensación de que ante la vulnerabilidad propia no se cuenta con apoyos suficientes para ser cuidado/a, sin olvidarnos de cómo lo digital se ha convertido en un mundo y una sociedad más en la que parece que hay que estar para existir, y que queda lejos a tantas personas mayores.

Un elemento importante es el fallecimiento del cónyuge quien, en última instancia, sigue siendo conviviente y acompañante. A raíz de esto puede presentarse un duelo inhibido o crónico, que según Gramlich (Rodríguez y Castro, 2019:131)⁷ es común en el anciano y representa la raíz de numerosos síntomas psicológicos y sociales.

En datos, casi el 70% de las personas mayores experimentan sentimientos de soledad de distinta intensidad (Yanguas et al., 2020)⁸, de los cuales el 14,8% incluso soledad grave o muy grave. Para las mujeres tiene más impacto la soledad emocional, aquella que se siente por falta de apoyos y derivada de sentimientos de abandono o vacío, mientras que para los hombres tiene más peso la soledad social, es decir, aquella más vinculada a la carencia de amistades.

Efectivamente, en el siguiente gráfico vemos cómo al agrupar las respuestas de las personas que dicen sentirse solas siempre o casi siempre por edades, la soledad es notablemente más alta en las personas de más edad.

Gráfico 9. Personas de 16 y más años que se sientes solas siempre o casi siempre por edad, 2022

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, Módulo Calidad de vida 2022, INE

Es importante, en cualquier caso, no caer en una visión simplista que nos haga pensar que las personas mayores están bien porque sufren menos situaciones de exclusión social. De hecho, que estén comparativamente mejor o peor que la población general al mirar porcentajes no es determinante por sí mismo, pues mientras haya personas, cualesquiera que sean sus características sociodemográficas, en situación de exclusión, no hay un estar bien, o estar mejor, pues seguimos teniendo trabajo por delante como sociedad para lograr integrar a esas partes que están quedando fuera, descuidadas.

Notas:

[1] Pinazo-Hernandis, S. y Bellegarde, M. D. La soledad de las personas mayores. Conceptualización, valoración e intervención. Fundación Pilares, 2018. Disponible en: https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soledad_mayores/eu_def/fpilares-estudio05-SoledadPersonasMayores-Web.pdf

2 Ayala, L., Laparra, M. y Rodríguez, G. (coods.). Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España. Madrid: Fundación FOESSA y Cáritas Española, 2022.

³ Fundación FOESSA. Análisis y Perspectivas 2023. Ingresos y gastos: Una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida. Madrid: Fundación FOESSA y Cáritas Española, 2023. Disponible en: https://www.caritas.es/producto/ingresos-y-gastos-una-ecuacion-que-condiciona-nuestra-calidad-de-vida/

4 ^{y 5} Observatorio de la Realidad de Cáritas Diocesana de Salamanca. La situación de las personas mayores. Salamanca: Cáritas Diocesana de Salamanca, 2022. Disponible en: https://www.caritasalamanca.org/wp-content/uploads/2023/03/INFORME-Mayores-Caritas.pdf

⁶ Álvarez, E. A. “La amistad en la edad avanzada”. Geriátrika, 12/6, 1996; p.51.

7 Rodríguez, E. y Castro, C. “Soledad y aislamiento, barreras y condicionamientos en el ámbito de las personas mayores en España”, Ehquidad, N12, 2019; págs. 127-154.  Disponible en: https://www.proquest.com/openview/4d0bb3ebe15193f24f67efb3f9370f83/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2050632

8 Yanguas, J., M. Pérez-Salanova, M.D. Puga, F. Tarazona, A. Losada, M. Márquez, M. Pedroso y S. Pinazo. El reto de la soledad en las personas mayores. Barcelona: Fundación Bancaria ”la Caixa”, 2020.

Septiembre 2024

Álvaro Mazorra

Investigador posdoctoral de la UNED y miembro del Grupo de Investigación de Estudios Urbanos (GECU) y del Grupo de Investigación de Estudios sobre Sociedad y Política (GESP)

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La crisis de la vivienda se ha convertido en un problema estructural de la sociedad española. En este contexto, es necesario establecer un diálogo inclusivo que implique a toda la sociedad en la búsqueda de soluciones sostenibles y equitativas que promuevan la justicia social, el bienestar colectivo y el acceso a un bien esencial en la vida de cualquier ser humano.

Introducción

Resulta difícil recordar una crisis de vivienda tan aguda como la que enfrentamos en la actualidad. Solo han transcurrido algunos años desde la crisis hipotecaria que hundió a millones de hogares, y ahora nos enfrentamos a una nueva oleada de especulación inmobiliaria que se extiende a nivel global (Madden y Marcuse, 2018). Esta coyuntura plantea desafíos significativos para la estabilidad y cohesión social de las sociedades contemporáneas, ya que la mercantilización de la vivienda, más allá de la transformación de la vivienda en activos económicos, emerge como un vector fundamental de las tendencias de desigualdad, exclusión y segregación residencial de las sociedades contemporáneas.

En España, a pesar de que la Constitución Española de 1978 declara en su Artículo 47 el derecho de todos los españoles al disfrute de una vivienda digna y adecuada, la realidad ha convertido en papel mojado el mandato constitucional, ya que los síntomas de la crisis de la vivienda son cada vez más evidentes en todas partes: la carestía de la vivienda no ha dejado de incrementarse, el sinhogarismo se ha generalizado, los desahucios y ejecuciones hipotecarias han aumentado exponencialmente, la gentrificación y la turistificación se han convertido en fenómenos inherentes a la dinámica de las grandes ciudades y la expansión de la segregación está generando la conformación de territorios cada vez más polarizados y desiguales. Todo ello ha provocado que los problemas de acceso a la vivienda y la inseguridad residencial se sitúen entre las principales preocupaciones de la sociedad española (CIS, 2022), especialmente en las grandes ciudades, ya que los precios, sobre todo en lo concerniente a la vivienda de alquiler, han experimentado un incremento continuo en los últimos años (Observatorio de Vivienda y Suelo, 2022).

El concepto de vivienda digna se utiliza para indicar a aquella vivienda donde los ciudadanos o las familias pueden vivir con seguridad, paz y dignidad (ONU, 1991). El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera que una vivienda es digna cuando reúne los siguientes elementos: que sea fija y habitable, de calidad, asequible ―tanto en el precio de la vivienda como en alquiler―, accesible, ubicada en entornos adecuadamente equipados ―empleo, servicios sanitarios, escuelas etc.― y con seguridad jurídica sobre la tenencia. Es decir, nos plantea que es digna cuando cumple unos requisitos mínimos de habitabilidad, accesibilidad y seguridad jurídica. Se puede considerar, por tanto, que una vivienda es digna cuando tiene la superficie, las condiciones ambientales ―calidades, aislamiento térmico y sonoro, etc.― y las instalaciones y los servicios mínimos ―electricidad, agua y gas― que la hacen apta para cumplir su función residencial.

Esta definición debe ser entendida en el marco de lo que es actualmente una vivienda y ha sido conceptualizada, básicamente, en dos dimensiones analíticas. Aguinaga (2015), como muchos otros, la conceptualiza por cómo la utilizamos; por su utilidad o función. Es el “lugar donde las personas tienen cubiertas sus necesidades primarias, como son el descanso, la alimentación y la higiene”. La estructura que llamamos vivienda lo es por la función que cumple, por el uso que necesitamos hacer de ella, por la necesidad social que cubre. Sin embargo, la vivienda en nuestra sociedad es también un producto, una mercancía producida a fin de ser vendida o alquilada a aquel que pueda pagarla y la necesite (Harvey, 2014). Ha adquirido un valor de cambio. Se ha convertido en una propiedad mercantil.

Ambas son dos dimensiones distintas que evolucionan según factores diferentes y que afectan a cómo son las viviendas en cada momento histórico. Pero, en un sistema social cualquiera puede llegar a ser más relevante el valor de uso, y en otros el valor de cambio, a la hora de definir como son las viviendas y quienes las habitan. El proceso de mercantilización de la vivienda supone sistemas sociales en los que se aliena el valor de uso de la vivienda para transformarla en un valor de cambio regido por las dinámicas del mercado. Cuando ello ocurre, una vivienda digna comienza a hacerse difícil de alcanzar para todos. La historia de la vivienda en España en las últimas décadas es la historia de su persistente mercantilización (López y Rodríguez, 2010).

El problema de la vivienda en España. Una panorámica de la situación actual

En estas circunstancias, son muchas las personas, las organizaciones e incluso los organismos oficiales que han realizado análisis y estudios sobre el problema de la vivienda que emerge en la sociedad actual y que, aunque ha existido siempre, no alcanzaba los niveles de dramatismo de hoy. No solo por la visibilidad e impacto del gran número de expulsiones y desahucios de personas de sus domicilios, sino por la diversidad de situaciones que se han dado en los casos en los que se ha terminado con el lanzamiento de la vivienda a sus habitantes.

Cuando hablamos del problema de la vivienda en España nos referimos a la enorme dificultad que encuentra una proporción significativa de la población para acceder a una vivienda digna. ¿Cómo se manifiesta está problemática? Sin duda, el desahucio es la representación más explícita de este fenómeno y su elevada prevalencia desde el inicio de la crisis económica de 2008 da cuenta de la enorme gravedad que reviste esta contingencia. Según los datos de Observatori DESC (2020), entre 2008 y 2019 hubo en España más de 600.000 desahucios, sobre una población aproximada de 47 millones de habitantes. Esta tendencia presenta dos fases muy diferenciadas: la primera, de 2008 a 2014, tuvo lugar durante los años de crisis y se concentró en torno a la vivienda en propiedad; por su parte, la segunda fase se inició en 2014 y se caracteriza por la creciente prevalencia del número de lanzamientos derivados del impago de vivienda arrendada (Consejo General del Poder Judicial, 2020). Ello remarca que lo que en principio fue una situación de emergencia habitacional se ha convertido finalmente en un problema social estructural de la sociedad española.

Sin embargo, el conflicto adopta muchas más expresiones y también se encuentra reflejado en la tardía emancipación de los jóvenes españoles, en la elevada proporción de ingresos que conlleva para los trabajadores precarios, en la discriminación residencial de los grupos minoritarios, en la falta de viviendas adaptadas para personas en situación de discapacidad o en el hacinamiento al que se ven empujados los colectivos desfavorecidos (Provivienda, 2023). Todos estos grupos de población padecen una situación de precariedad habitacional, un contexto de inestabilidad vital provocado por los problemas derivados de la falta de recursos para acceder o mantenerse en una vivienda en condiciones dignas.

A pesar de que el perfil sociológico de estas situaciones es diverso y heterogéneo, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2023, el problema de la vivienda afecta especialmente las personas no propietarias y los hipotecados, especialmente aquellos empleados en trabajos precarios y/o en situación de desempleo. Asimismo, hay que destacar también el fuerte componente de clase y género que caracteriza a estos perfiles, concentrándose principalmente entre las clases populares y en los hogares monoparentales encabezados por una mujer trabajadora que son, entre todos, los que padecen una mayor situación de inestabilidad (Bosch, 2020).

Covid-19, crisis sociosanitaria y (re)centralidad de la vivienda

En diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de origen todavía desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. Unas semanas después, las autoridades chinas informaron de que el patógeno causante de esa enfermedad era un nuevo tipo de virus: el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2. Este virus provoca una enfermedad infecciosa, denominada COVID-19 por la OMS, que afecta principalmente el sistema respiratorio. Aunque los síntomas de esta patología son habitualmente leves o moderados, el virus también puede producir efectos graves, incluso la muerte, en especial en personas que anteriormente ya padecían alguna enfermedad crónica. La rápida expansión de la enfermedad a nivel mundial provocó que el 11 de marzo de 2020 la OMS categorizara el brote epidémico como pandemia.

En España, el primer caso de la COVID-19 se detectó el 31 de enero de 2020 en La Gomera. La rapidez con la que se sucedieron los contagios, su elevada letalidad ―sobre todo entre las personas mayores― y la falta de conocimiento sobre las vías de propagación hicieron que el Gobierno central decretase, como principal medida para la contención de la enfermedad, un estado de alarma que implantó el confinamiento domiciliario estricto durante tres meses a partir del 14 de marzo de 2020.

La pandemia de la COVID-19 interrumpió la dinámica de crecimiento económico de años anteriores, incitando el inicio de un nuevo período de crisis económica y social que afectó especialmente a las personas mayores, los jóvenes, los inmigrantes y los hogares monoparentales con menores a cargo (Fernández-Carro et al., 2022). En estas circunstancias, el contexto de pandemia visibilizó las insuficientes condiciones residenciales de una parte significativa de la sociedad española (Fundación FOESSA, 2022), especialmente de aquella que habitaba en grandes ciudades (Domínguez et al., 2021). A nivel mundial, los patrones de desigualdad, caracterizados por la falta y dificultad de acceso a los servicios básicos, la pobreza y precariedad laboral y las condiciones de hacinamiento, fueron factores desestabilizadores clave que acentuaron la escala y el impacto de la COVID-19 en el mundo (UN-Habitat, 2020).

La crisis sociosanitaria lleva a repensar el valor de uso de bienes esenciales como el espacio público o la vivienda. Una mayor densidad poblacional, la prevalencia de situaciones de infravivienda y/o hacinamiento, así como una menor disponibilidad y calidad de espacios públicos de proximidad para usos no comerciales, tuvieron un impacto negativo sobre los propios procesos vinculados a la pandemia, pero también sobre la salud física, social y mental de las personas. En este contexto, la pandemia puso de manifiesto la tremenda importancia que supone disponer de una vivienda digna en la que desarrollar la vida. En última instancia, la vivienda aparece como un elemento protector frente a las inseguridades e incertezas de las sociedades contemporáneas, en un mundo globalizado, rápidamente cambiante y crecientemente mercantilizado.

Reflexiones finales y propuestas políticas para una asignatura pendiente de la sociedad española

Ante este panorama, es imprescindible, en primer lugar, recuperar y fortalecer una política estructural de vivienda pública. En este sentido, Pareja-Eastaway y Sánchez (2015) señalan que la política de vivienda, entendida como política social ―no con objetivos económicos de crecimiento y de creación de empleo―, ha sido siempre contracíclica: en los momentos de mayor necesidad es cuando menos vivienda pública se ha construido. La precariedad de las políticas de bienestar en el ámbito residencial ha provocado que el gasto público de España en vivienda fuera del 0,45% del PIB en 2022, muy por debajo de los valores registrados por la mayoría de los países de la Unión Europea (Díaz y Marín, 2023).

Es esencial, por tanto, promover y reforzar una política estructural de vivienda pública. Sin embargo, esta medida es, por sí sola, insuficiente. Las políticas de promoción y adquisición de viviendas son lentas y caras, difíciles de sostener con los recursos limitados y precarios del sector público. Cuando se plantea desde determinados espacios que la solución al problema pasa exclusivamente por incrementar el parque público de vivienda, o bien se desconocen los datos reales o bien se ignoran premeditadamente. Tomar como modelo ciudades como Viena o Berlín, donde los ayuntamientos poseen desde hace más de cien años aproximadamente el 20% del parque total de viviendas, es una falacia que distorsiona la comprensión del problema en la España actual, donde en ciudades como Madrid y Barcelona el porcentaje de vivienda pública no alcanza el 1%. La respuesta al desafío de la vivienda requiere soluciones concretas y adecuadas, no discursos superficiales y efectistas que desvían la atención del problema real. Así, si bien es imprescindible impulsar una política estructural de vivienda pública, también es necesario combinar esta política con otras acciones específicas y estructurales para abordar el problema de forma integral.

En primer lugar, es fundamental mantener la vivienda pública exclusivamente para el mercado de alquiler y bajo el control de la Administración, ya que es el medio de acceso más común para los grupos sociales vulnerables. En España, a menudo ha ocurrido lo contrario, y muchas de las viviendas promovidas por las administraciones han terminado siendo vendidas a sus inquilinos y, en algunos casos más graves, a fondos de inversión internacionales. Como resultado, ese parque de viviendas ha pasado al mercado inmobiliario privado y se ha vuelto inaccesible para los grupos económicos más desfavorecidos.

En una situación de escasez de vivienda pública, esa vivienda debe ser destinada fundamentalmente a quienes más lo necesitan en cada momento. Y, probablemente, quién más lo necesita no sea quién más lo vaya a necesitar durante toda su vida. Entonces, la vivienda pública debe tener una cierta rotación, y eso implica que no se debe vender. Preservar la vivienda pública para el mercado de vivienda de alquiler aparece, por tanto, como una primera medida con la que mitigar algunas de las situaciones de exclusión residencial más extremas y acuciantes.

Además, la vivienda pública debe distribuirse equitativamente en las distintas zonas del territorio, a fin de prevenir la posible formación de comunidades marginadas y entornos vulnerables y desfavorecidos. Esta distribución geográfica equitativa no solo contribuye a garantizar el acceso igualitario a oportunidades y servicios, sino que también promueve la diversidad y la integración social. Al evitar la concentración de vivienda pública en áreas específicas, se fomenta un tejido social más cohesionado y se reducen las posibilidades de exclusión y estigmatización de determinadas comunidades. Esta estrategia no solo busca abordar las necesidades inmediatas de vivienda, sino también construir un entorno urbano más inclusivo y sostenible a largo plazo.

Sin embargo, es en el mercado privado de vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, donde se generan las tendencias especulativas y de inflación del mercado inmobiliario y, por ende, es ahí donde hay que actuar con mayor contundencia, desarrollando mecanismos de control que permitan atenuar los procesos negativos que se generan en el mercado. Junto a las medidas estructurales, también se defiende, por ende, la necesidad de implementar algunas medidas concretas que han demostrado ser efectivas en la regulación del mercado inmobiliario en el corto y medio plazo: la regulación del precio de la vivienda en alquiler y las políticas de control y restricción de las viviendas y alojamientos de uso turístico y de alquiler temporal.

Con cada vez más personas con dificultades para pagar sus viviendas, garantizar el acceso a viviendas dignas y asequibles requiere regular el mercado inmobiliario privado. De hecho, ya está parcialmente regulado, como es el caso de las viviendas protegidas que se desarrollan para el mercado de propiedad, pero lo que se propone aquí es extender la regulación también al mercado de alquiler. Algo que ya sucede con otro tipo de bienes que ni siquiera son de primera necesidad, como sí sucede en el caso específico de la vivienda. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas indica que el costo de la vivienda no debería superar el 30% de los ingresos familiares para garantizar una vida digna. Sin embargo, en el caso de hogares que habitan viviendas de alquiler en las grandes ciudades españolas, este porcentaje puede ser mucho mayor que los estándares recomendados por los organismos internacionales.

A excepción de la Ley 11/2020, aprobada en Cataluña, actualmente el mercado de arrendamientos continúa sin ser regulado en España. Aunque la nueva Ley de Vivienda aprobada en 2023 pretende dar pasos adelante en este sentido, los interrogantes sobre los efectos y límites de su aplicación real son aún grandes. Este cambio se ha producido ya en países de nuestro entorno como Portugal, Francia o Alemania, e incluso en algunos estados norteamericanos ―California, Nueva York, etc. ― se han aprobado normativas dirigidas al control de las subidas desmesuradas de los alquileres. Si en el centro de la economía mundial se están habilitando mecanismos para controlar el incremento de los precios de los alquileres, no parece descabellado que medidas similares puedan aplicarse en las áreas más tensionadas contexto español.

La rápida expansión de viviendas y alojamientos de uso turístico en las grandes ciudades, así como su fuerte impacto en los precios de la vivienda en las áreas más afectadas, han desencadenado un importante debate social y político sobre la necesidad de controlar su crecimiento. El Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) aprobado en Barcelona en 2017 marcó un avance significativo en este sentido. Aunque su impacto real ha sido limitado, ya que se esperaba reducir el número de alojamientos turísticos y esto no ha ocurrido de manera significativa, su aprobación por parte del ayuntamiento evidenció un cambio en la percepción pública sobre los efectos socioeconómicos del turismo masivo. Desde entonces, otros ayuntamientos municipales, como los de Palma de Mallorca, Bilbao, Madrid o Valencia, han implementado medidas restrictivas para abordar el desafío de armonizar los alojamientos turísticos con el avance hacia modelos urbanos más sostenibles e integradores.

En definitiva, el debate surgido en torno a la cuestión residencial es sumamente complejo y el reto es monumental. La amalgama de actores, intereses, demandas y conflictos que giran en torno al fenómeno dan buena cuenta del gran reto que supone regular la cuestión residencial en España. En este contexto, es esencial promover un diálogo inclusivo que involucre a la sociedad en su conjunto, incorporando perspectivas diversas para encontrar soluciones sostenibles y equitativas. La colaboración entre los sectores público y privado, así como la participación activa de la ciudadanía, serán elementos clave para abordar de manera integral este desafío y construir un sistema de vivienda que promueva la justicia social y el bienestar colectivo.

Referencias

Aguinaga, M.J. Vivienda: de necesidades humanas y de altas finanzas. En A, Lucas, M.D, Cáceres y E., Morales (Eds.), Madrid ante los desafíos sociales actuales: La realidad social de Madrid (pp. 83-110). Madrid: Fragua, 2015.

Bosch, J. La vulneración del derecho de la mujer a la vivienda en España (2008- 2018). XIII International Conference on Virtual City and Territory: Challenges and paradigms of the contemporary city, 2020.

Centro de Investigaciones Sociológicas [CIS] Barómetro de Julio 2023. Estudio nº 3413, 2023. Disponible en https://www.cis.es/documents/d/cis/es3413marpdf

Consejo General del Poder Judicial. Las ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 36,5 por ciento en 2019 y, con un total de 17.411, alcanzaron la cifra más baja de los últimos doce años, 2020. Disponible en https://bit.ly/477Ikc1

Díaz, M. y Marín, C. Evolución del gasto público por funciones en España y en la UE (2015-2021). Estudios sobre la Economía Española 2023/10, 2023. Disponible en https://bit.ly/3RrvArq

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Fernández-Carro, C., Seiz, M., García-González, J.M. & Torrado, J.M. Dinámicas demográficas durante la pandemia, de la COVID-19: ¿Qué sabemos dos años después? En A. Blanco, A. Chueca, J.A. López-Ruiz & S. Mora (Eds.) Informe España 2022 (pp. 303–372). Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2022.

Foessa. Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España. Madrid: Fundación Foessa, 2022.

Harvey, D. Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Madrid: Traficantes de Sueños, 2014

López, I. y Rodríguez, E. Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo tardío (1959-2010). Madrid: Traficantes de Sueños, 2010.

Madden, D. J. y Marcuse, P. (2018). En defensa de la vivienda. Madrid: Capitán Swing.

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Febrero 2024