Un peligroso avance hacia la sociedad insegura. Un adelanto de los resultados de la EINSFOESSA 2024.
Por Raúl Flores y Marina Sánchez-Sierra
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Palabras clave: brecha generacional, desigualdad, exclusión social, precariedad laboral, salud mental, sociedad insegura, vivienda
Raúl Flores y Marina Sánchez-Sierra
Equipo de Estudios de Cáritas Española
Puedes encontrar a Raúl y a Marina en X (antiguo Twitter)
El avance de resultados de la EINSFOESSA 2024 nos alerta del avance de una sociedad insegura que dificulta las vidas de los más vulnerables, pero que pone también en jaque a cada vez más personas y familias en España. Revela un aumento en la exclusión social que afecta ya a 9,4 millones de personas, persisten problemas de precariedad laboral, de acceso y mantenimiento a la vivienda y la salud, que en conjunto profundizan la brecha generacional. Nos enfrentamos como sociedad a importantes retos para abordar estas desigualdades y garantizar los derechos.
Desde 2007 ha aumentado la exclusión hasta alcanzar actualmente a 9,4 millones de personas en España. Es un dato que ya nos debería alertar de la importancia de ponernos a pensar, a cuestionar y, en definitiva, a trabajar por paliar la situación de estas personas. Pero, además de este dato, que muchas de nosotras podríamos leer desde la distancia y la lejanía, vemos que el espacio de la integración también se ve afectado. La integración plena, es decir, la sociedad que no tiene ningún rasgo de exclusión social, se reduce al 45% desde el 49% que suponía en 2007. Esto ya no habla solo de aquellos, de las últimas, de quienes menos tienen. Está hablando de nuestras vecinas, amigos, jóvenes a nuestro alrededor, que quizá ya no se mueven en ese espacio seguro de la integración plena, sino que se identifican (los identificamos y tal vez nos identificamos) más con el espacio de la integración precaria.
Del mismo modo, ese lugar menos agudo de la exclusión que es la exclusión moderada, más o menos se mantiene con valores del 10,1% en 2007 y del 10,5% en 2024. Sin embargo, se ha producido un engrosamiento de las situaciones severas de exclusión social, pasando del 6% en 2007, al 9% actual, lo que significa que 4,3 millones de personas tienen graves dificultades en sus condiciones de vida.
Un análisis más detenido de la exclusión social severa genera una preocupación añadida y es que prácticamente la totalidad de personas (94%) en situación de exclusión social severa acumulan problemas en 3 o más dimensiones de las 8 que analiza la encuesta FOESSA (empleo, consumo, salud, vivienda, educación, participación política, aislamiento social, conflictividad social).
Esta acumulación de dificultades y problemas diversos en las vidas de esta parte de la población, nos sitúa ante el reto de implementar medidas desde varias dimensiones que se complementen entre sí para el apoyo a esta población.
Así lo confirma el avance de resultados de la Encuesta sobre Integración y necesidades Sociales (EINSFOESSA) de 2024 recogidos en el informe Análisis y Perspectivas de este año[ii]. Un macrodiagnóstico que fotografía una vez más la situación y condiciones de vida de las familias residentes en España y que será presentado con más detalle en el IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España[iii]. Con casi 12.300 cuestionarios realizados, esta imagen muestra a todas las capas sociales y todos los lugares, rurales y urbanos, barrios más y menos acomodados, de nuestro país. La imagen que muestra es, por tanto, el reflejo de toda la realidad, con sus claros y con sus oscuros.
Y lo que nos dice esta información es que, efectivamente, ahondamos en esa sociedad del riesgo, esa sociedad insegura en la que no tenemos la certeza de poder seguir manteniéndonos en la planta que actualmente ocupamos en el edificio social. Una sociedad en la que aumenta la incertidumbre respecto a la situación presente y futura de personas y familias de distintos estratos de la sociedad que, además, nos expone en diferentes aspectos de nuestra vida. En particular, veremos con más detalle dos cuestiones que están mermando la capacidad de los hogares para el desarrollo de sus procesos vitales: el desgaste para tener y mantener una vivienda y la ineficacia del empleo para dar estabilidad a las familias. Y una cuestión fundamental que viene atravesada por estas dos, la brecha generacional existente que cada vez es más profunda y que amenaza el futuro de la juventud y la infancia de hoy y, por tanto, nuestro futuro como sociedad.
La realidad del empleo presenta los datos más positivos desde la medición de 2007. Han aumentado el empleo, el número de personas ocupadas y la población activa, engrosada por las personas migrantes. Pero es importante establecer una distinción: el empleo creado ha sido dual. Así, de un lado, se crea empleo formal, estable y con potencial integrador y, a la vez, se crean empleos en sectores con baja remuneración y estabilidad, en los que más fácilmente encuentran una oportunidad las personas migrantes, a las que hacíamos referencia al hablar de población activa, así como las más vulnerables en general.
Mientras que los empleos de mayor calidad pueden llegar a precisar un nivel de cualificación y especialización tal que dificulta su ocupación, los empleos más precarios son de más fácil ocupación, pero, en contraposición, tienen una mayor debilidad integradora. Así, no se trata solo de tener o no tener empleo, sino de las condiciones del mismo, pues no podemos olvidar el fenómeno de las personas trabajadoras que afrontan pobreza económica (12%) a pesar de sus rentas del trabajo. Y, más allá de lo monetario, estar empleado no protege de las dificultades para la integración social, y 1 de cada 10 personas trabajadoras está en exclusión.
En paralelo, los datos señalan una reducción del desempleo, una buena noticia. Sin embargo, debemos observar más allá y complementar este con otro dato, pues 1 de cada 3 personas desempleadas están en situación de exclusión severa. Si, además, la persona que carece de empleo es la sustentadora principal del hogar, la exclusión social severa alcanza a la mitad de los hogares, lo que nos sitúa en la realidad de un desempleo insuficientemente protegido.
La estrecha relación entre el desempleo y la exclusión social pone de manifiesto la necesidad de complementar las políticas activas de empleo, como la orientación laboral, la formación, el empleo protegido o las subvenciones a la contratación, con medidas de apoyo social. Estas medidas son fundamentales para ayudar a las personas a superar las dificultades personales y familiares que a menudo representan un obstáculo importante para su (re)incorporación al mercado laboral. La colaboración efectiva entre los servicios sociales y los servicios de empleo es, aún hoy, una asignatura pendiente que exige ser abordada con urgencia para garantizar una intervención integral y eficaz.
Si hay una cuestión que se ha manifestado como especialmente relevante en los presupuestos familiares esa es la vivienda[iv]. Todos los indicadores que recoge la EINSFOESSA nos informan de que los riesgos de exclusión en la vivienda han empeorado y más de 4,6 millones de hogares sufren dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda en 2024. En particular, la sobrecarga que supone este gasto, provoca que 2,7 millones de hogares caigan en una situación de pobreza severa tras el pago de la vivienda y los suministros, lo que representa al 14% de las familias.
Al profundizar en esta cuestión, se hace obvio que el esfuerzo que las familias realizan para el pago y mantenimiento de la vivienda como necesidad básica para la vida no ha dejado de incrementarse en los últimos años, como señalábamos en el anterior Análisis y Perspectivas, del año 2023. La proporción del presupuesto familiar dedicado a pagar la vivienda sigue aumentando, y afecta tanto a la compra como al alquiler, aunque con consecuencias especialmente más negativas para las personas que viven alquilando. En este sentido, el régimen de tenencia se revela como un potencial factor protector frente a la exclusión social, ya que la exclusión se limita al 8% cuando se tiene la vivienda en propiedad (pagada o con pagos pendientes), y se incrementa hasta el 30% para las familias que pagan un alquiler.
Aquellos hogares con menor renta y que, por tanto, sufren situaciones de pobreza, dedican a día de hoy más del 70% de sus ingresos al pago del alquiler. Si hacemos una mirada retrospectiva, el desembolso era del 48% en 2007, lo que significa que el esfuerzo en el pago de la vivienda de las familias con menos recursos sea un fenómeno cada vez más acuciante.
Esta dinámica se hace más intensa, entre otras razones, por el proceso de descapitalización de los hogares excluidos desde la crisis financiera: si en 2013 casi 6 de cada 10 hogares en exclusión tenía una vivienda en propiedad, aun con pagos pendientes, ahora esa proporción se ha reducido a la mitad (3 de cada 10). Las familias en exclusión social, por tanto, tienen más difícil acceder o mantener una vivienda en propiedad, y se exponen cada vez más a acceder a una vivienda en precario, lo que influye radicalmente en su inseguridad jurídica y vital.
El empeoramiento generalizado en el acceso y mantenimiento de la vivienda se puede conocer mejor a través de las estrategias con las que los hogares intentan adaptarse al reciente contexto de inflación, aun conllevando consecuencias importantes para la calidad de vida:
Todo ello con las implicaciones que tiene para la calidad de vida, tanto en lo relativo a la salud física, como podemos relacionar en el caso de barreras arquitectónicas, humedades, plagas, inseguridad social o riesgos asociados al hacinamiento, como a nivel de salud mental y desarrollo personal y familiar, al carecer de un espacio de seguridad e intimidad. Todo ello en un marco de inseguridad jurídica y legal, en muchos casos.
A diferencia de otras formas de exclusión residencial extrema, como el chabolismo o el sinhogarismo, que son mucho más visibles para la sociedad, los problemas que hemos señalado quedan ocultos tras las paredes de una vivienda a la que en muchos casos no se puede llamar hogar. En parte quizá esto haya contribuido a que la sociedad española haya tardado tanto en reaccionar a una crisis de vivienda que, en realidad, se viene larvando desde hace ya tiempo.
Todo lo anterior impacta de distintas maneras a las diferentes cohortes de edad. Así, de un lado, entre las personas mayores los datos de exclusión nos muestran una evolución positiva y sostenida en el tiempo en la protección frente a la exclusión social para los mayores de 65 años y quienes se encuentran cubiertas por una pensión. La tasa de exclusión de este grupo poblacional se ha reducido a la mitad entre 2007 (16%) y 2024 (8%). En este sentido, la exclusión social más severa ha seguido la misma tendencia y para los mayores de 65 años alcanza valores residuales en 2024 (2%). Una tendencia que evidencia dos hechos relacionado con los puntos previos: una menor presión al pago de la vivienda de los más mayores, así como el valor de integración social que posee el sistema de pensiones.
En el lado opuesto de la línea generacional, no podemos decir lo mismo de la capacidad protectora hacia la infancia y la juventud. Los datos registran un periodo de empeoramiento para las personas más jóvenes que merma sus oportunidades, perspectivas y capacidades de generar proyectos vitales emancipatorios. Se perpetúan las situaciones de pobreza y exclusión. Como resultado, aumenta la desigualdad generacional. Es muy preocupante que la exclusión social severa en la infancia sea ahora (15%) más del doble que en 2007 (7%) y que esta exclusión social más aguda haya pasado para la juventud de entre 18 y 29 años, del 6% en 2007 al 11% en 2024, un incremento del 83%.
A su vez, se encuentran en un contexto donde el empleo no es suficiente para garantizar la inclusión y con un mercado de la vivienda que, aun siendo esta la principal partida de gasto de las economías personales y familiares, no garantiza la posibilidad de acceso y mantenimiento en condiciones dignas a este derecho.
Se confirman las mayores dificultades para las mujeres que están al frente de un hogar. Desde el inicio del análisis en 2007, apreciamos una tendencia al aumento de las desigualdades de género. Aunque en el último periodo 2021-2024 puede verse una mejoría más rápida en los hogares encabezados por mujeres, la situación está lejos todavía de la igualdad y han aumentado claramente las diferencias respecto de los periodos anteriores de bonanza, en 2007 y 2018.
En estos momentos la exclusión social en los hogares sustentados por mujeres alcanza el 21% frente al 16% de los hogares encabezados por hombres, lo que representa un 34% más de afectación en las familias con mujeres al frente.
La mayor exposición a la exclusión social también se encuentra fuertemente asociada a determinados tipos de hogar, en concreto, a las familias monoparentales (29%), a las familias con menores de 24 años (24%), y a aquellas familias con alguna persona con discapacidad (24%).
Además de la brecha generacional, se ha constatado una brecha que tiene que ver con la población extranjera. A pesar de que la mayoría de las personas en exclusión social son españolas, la incidencia de este fenómeno alcanza prácticamente a la mitad (47%) de las personas migrantes extracomunitarias.
En todo caso, sigue siendo necesario recordar que 3 de cada cuatro personas en exclusión social son de nacionalidad española, y esto se debe a que los procesos de exclusión social no son de naturaleza exógena, no los importamos, sino que tienen su origen en nuestro propio modelo de sociedad.
Los elementos presentados son solo algunos de los múltiples indicadores que nos deberían alertar de que nuestra sociedad camina hacia la sociedad de la inseguridad que se iniciaba hace ya unas décadas y que, salpicado por las crisis de 2008, de la covid-19 y de la inflación, han agravado la inercia propia de una estructura social y económica que ya se alejaba de los principios del bien común, de la equidad, y de la justicia social.
Nos enfrentamos a numerosos y diversos retos para frenar este peligroso avance. Unos retos que apuntan a un cambio social que persiga el respeto de las personas y de la dignidad inherente a la condición humana, un respeto que necesariamente implica y exige la garantía y protección de los derechos. Y, para ello, aunque toda la sociedad debe estar implicada, aludimos a la concreta necesidad de potenciar que el diseño de las políticas públicas parta de un enfoque integral basado en derechos. Esto nos lleva a exigir que ningún derecho quede al albur de un mercado que demuestra ser ineficaz para realizar esta tarea -una que, por otro lado, tampoco le corresponde. Delegar en él solo generará nuevas brechas de desigualdad entre quien pueda pagar y quien no, privando así a los últimos del ejercicio real del derecho.
En concreto, haremos referencia a tres retos clave en función de lo expuesto anteriormente:
1. Es necesario lograr que todas las personas tengan unas condiciones de vida dignas independientemente de su relación con el empleo. Un empleo que sigue sin llegar a todas las personas y que desde hace tiempo no ofrece las garantías suficientes para proteger a las personas trabajadoras de la pobreza y la exclusión. Para ello es preciso atender las carencias de tipo material, bien complementando aquellos salarios que son insuficientes, o garantizando unos ingresos mínimos pero suficientes para la vida en sociedad. Esto nos expone a la necesidad de seguir desarrollando el sistema de garantía de ingresos mínimos. Un terreno en el que tenemos todavía un amplio margen de mejora, ya que el gasto del estado español en el capítulo diverso de rentas de inserción es de un 30% de la inversión media de los países de la Unión Europea[v].
Por otro lado, la integración social es más que lo monetario, por lo que debemos pensar en reforzar paralelamente nuestro sistema de protección social para garantizar también el derecho a la inclusión social, así como explorar otros espacios y tareas (porque el trabajo no es solo empleo) que faciliten la integración y participación social, generando además bienestar común.
2. Las dificultades para el acceso y el mantenimiento de algo tan esencial como la vivienda, retan nuestra forma de organización social. Desde el momento en que los gastos de la vivienda asfixian la economía y la vida de muchas familias, es preciso ampliar y reforzar las políticas públicas de vivienda para toda la sociedad, y en especial para las familias más vulnerables. Para ello conviene observar que el parque de vivienda pública en alquiler alcanza el 8% en la media de la Unión Europea, cifra que triplica el parque de vivienda pública en España que es del 2,5%. Por otro lado, la inversión que realizamos en generar prestaciones económicas para apoyar el alquiler supone apenas el 18% de lo invertido en la media de la Unión Europea[vi]. Por todo ello, es primordial generar un parque de vivienda público extenso, así como luchar contra las manifestaciones de exclusión residencial, tanto de vivienda inadecuada como vivienda insegura.
3. Es urgente afrontar y prevenir las situaciones de pobreza y exclusión social que afectan a la infancia y, para lograrlo, tanto la cobertura como el impacto de las prestaciones monetarias dirigidas a familias e infancia deben alinearse a los modelos y cuantías de otros países de nuestro entorno. El déficit en inversión en infancia y en políticas orientadas a la familia son retos de primera magnitud en la construcción de una solidaridad intergeneracional efectiva. Si nos fijamos en las prestaciones económica por tener hijos, nuestro país dedica tan solo un 36% de la inversión media de la UE[vii].
Debemos señalar, asimismo, que es preciso generar políticas sólidas de equidad y solidaridad con las poblaciones que se encuentran segregadas y marginadas, ocupando los niveles sociales más desfavorecidos y con graves dificultades para su plena aceptación e inclusión social, como son las personas de origen migrante.
Todo esto partiendo de que seguimos lejos de lograr la igualdad de género, y que estamos comprometiendo las posibilidades de generar trayectorias vitales de las generaciones más jóvenes. Y lo hacemos en un planeta cada vez más esquilmado y que nos pide un respiro, porque a este ritmo dejará de ser capaz de sostener la vida humana.
Los retos que hemos lanzado señalan en muchas ocasiones hacia la responsabilidad que tiene lo público en sus diferentes niveles de gobernanza, no podemos olvidar su rol como garante de los derechos, pero tampoco debemos olvidar el necesario incremento de la participación y la responsabilización de la comunidad. En otras palabras, desarrollar la comunidad como modelo colectivo para afrontar los retos sociales que tenemos delante además de bueno, es necesario para el cambio social que nos exige el mundo de hoy.
Notas:
[i] En este análisis conviven la serie primera, que ofrece datos de 2007, 2009, 2013 y 2018, y la serie nueva, que ofrece datos de 2018, 2021 y 2024. La comparabilidad en los datos debe realizarse dentro de cada una de las series, existiendo diferencias metodológicas entre una y otra serie que limitan la capacidad comparativa interseries en el Índice Sintético de Exclusión social y en sus componentes.
[ii] Fundación FOESSA (2024). La sociedad del riesgo: hacia un modelo de integración precaria (Análisis y Perspectivas 2024). Disponible en: https://www.caritas.es/categoria-producto/colecciones/analisis-perspectivas-foessa/.
[iii] Este informe incluye los resultados de la nueva oleada de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, realizada a hogares en España durante el primer semestre de 2024. El informe, en elaboración, verá la luz en el último trimestre de 2025.
[iv] El documento Análisis y Perspectivas 2023 analizaba la distribución de gasto de los presupuestos familiares, siendo la vivienda, junto con la alimentación, las dos partidas a las que más porcentaje de gasto se destinaba.
Fundación FOESSA (2023). Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida (Análisis y Perspectivas 2023). Disponible en: https://www.caritas.es/categoria-producto/colecciones/analisis-perspectivas-foessa/.
[v] Datos para el año 2022. Fuente de datos de España: Estadística de Cuentas Integradas de Protección Social en términos SEEPROS, Ministerio de Trabajo y Economía Social; datos europeos: EUROSTAT.
[vi] Fuente: European System Of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), EUROSTAT 2022; Base de datos de viviendas asequibles de la OCDE.
[vii] Fuente: European System Of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), EUROSTAT 2022.
Palabras clave: acompañamiento, intervención, investigación-acción participativa, sinhogarismo
Grupo Investigación Parte Hartuz (UPV/EHU)
Esta investigación-acción participativa ha habilitado tres espacios interconectados de análisis y propuestas: talleres con el Equipo de calle de Bizitegi (Bilbao); entrevistas a Personas en situación de sinhogarismo; y sesiones de trabajo con instituciones y entidades que han conformado un Grupo Amplio de Contraste.
La dura realidad cotidiana de las personas sin hogar muestra, de forma visible para toda la sociedad, la falta de equidad en el reparto de la riqueza y la marginación social que ello genera. En la ciudad de Bilbao existen diferentes recursos y servicios, tanto públicos como privados, que intentan atender a un número cada vez mayor de personas en situación de sinhogarismo. En alguno de estos servicios desarrolla su actividad desde los años 80 la asociación Bizitegi que, tanto de forma autónoma como subcontratada por el Ayuntamiento de Bilbao, gestiona diferentes recursos para atender a las personas en situación de sinhogarismo.
El punto de partida del proyecto de investigación-acción participativa que se presenta en este artículo fueron una serie de preocupaciones de las trabajadoras del Equipo de Intervención en Calle de Bizitegi, esas inquietudes las podríamos resumir del siguiente modo: 1) La existencia de un creciente rechazo social a las personas que viven en la calle que, en ocasiones, incluye su desalojo de las zonas más transitadas de la ciudad como forma de invisibilización de estas realidades. 2) La falta de tiempo y espacios del equipo de calle para tomar una distancia reflexiva sobre su trabajo e identificar los condicionantes que producen cansancio, hastío y abandono de esta actividad profesional. 3) La necesidad de identificar los aciertos y las debilidades del trabajo que se viene realizando en la intervención directa con personas en situación de sin hogar.
En base a estas necesidades e inquietudes iniciales, un equipo de investigación que incluía a dos trabajadoras del equipo de calle de Bizitegi, definió los siguientes objetivos y propósitos para la investigación:
Las preocupaciones e inquietudes del equipo de calle que dieron origen a esta investigación nos hicieron decantarnos desde el inicio por la utilización de la Investigación-Acción Participativa (IAP) como referencia metodológica para el desarrollo del estudio. Ciertamente aquellas preocupaciones iniciales, además de una demanda de reflexión y análisis sobre su práctica profesional, también expresaban cierta urgencia por transformar los condicionantes y dificultades que generan desgaste y desánimo en las personas que trabajan en calle intentando dar alternativas a las situaciones de sinhogarismo. De ahí la necesidad de que el equipo de calle al completo elaborara, junto con otros agentes e instituciones del contexto de su práctica[1], unas bases y unas referencias filosóficas y metodológicas que permitieran reforzar de sentido, consistencia y proyección a futuro la labor que desarrollan. Se realizaron 8 talleres con una periodicidad trimestral en los que participaron las siete personas trabajadoras del equipo de calle, incluyendo a la persona responsable de la unidad sin hogar de Bizitegi.
Por otro lado, con el objetivo de recabar información sobre las vivencias, impresiones y miradas que las personas sin hogar han tenido en su relación con los recursos institucionales en general y con la intervención del equipo de calle en particular, se realizaron 10 entrevistas con una muestra de usuarios y usuarias de estos recursos seleccionada en base a las variables de edad, socialización de género y procedencia.
Junto con ello, además de la participación continuada de esos agentes en todas las fases del proceso, otro rasgo que se implementó en este proceso de investigación-acción para dotar a las entidades sociales del carácter de sujeto de investigación y no mero objeto de la misma, es que el grupo de investigación tuvo una composición mixta, que incluía tanto a profesionales de la investigación social como a profesionales de las entidades que trabajan en la temática estudiada.
Por último, como técnicas de devolución y debate público, se organizaron dos jornadas de presentación de los análisis y resultados obtenidos a las diferentes entidades y personas participantes del proceso.
La investigación-acción participativa es un modelo de investigación que basado en la participación continuada de diferentes agentes en el desarrollo del estudio permite que esos agentes (en nuestro caso, las personas sin hogar; las trabajadoras y responsables del equipo de calle; y las entidades que se incorporan al Grupo Amplio de Contraste) realicen un diagnóstico sobre la realidad que viven y protagonizan de diferentes modos. Igualmente se debaten propuestas y líneas de mejora para transformar las acciones y situaciones previas a este proceso de trabajo, completando así un proceso de acción-reflexión-acción que pretende ser una experiencia de fortalecimiento, en nuestro caso fundamentalmente del equipo de calle y de Bizitegi en su conjunto.
Es por eso que en cada uno de los talleres, sesiones de trabajo, entrevistas y actividades realizados durante el proceso con los diferentes agentes, se diseñaron metodologías de diálogo, escucha y participación igualitaria que favorecieran el reconocimiento y la puesta en valor del conocimiento experiencial y vital de cada persona asistente, buscando con ello: a) Visibilizar, reconocer y generar mayor autoconfianza en las capacidades y potencialidades de acción de cada persona; b) Construir colectivamente y democráticamente el conocimiento sobre esa realidad; c) Facilitar el acercamiento de voluntades y la búsqueda negociada de acuerdos para concretar propuestas de mejora.
Se pretende así desarrollar una dinámica de colaboración y trabajo conjunto en la que los participantes son sujetos de conocimiento (y no meros objetos de estudio), de manera que el proceso promueva una mejora de la legitimidad, los recursos y la capacidad organizativa de los grupos y agentes con menor capacidad de incidencia; y genere oportunidades para configurar nuevas alianzas y redes que permitan modificar prácticas, responder a las necesidades identificadas en el proceso, y que las propuestas elaboradas en el mismo puedan materializarse.
Se trata, como decíamos más arriba, de cuidar cómo se desarrolla todo el proceso de construcción de conocimiento para que sea colectivo, multilateral y dé voz a las personas menos escuchadas, de manera que resulte empoderador para las personas y agentes que participan.
En lo que se refiere al primero de los objetivos que guiaron esta investigación, el relacionado con caracterizar de forma precisa el trabajo en calle con personas sin hogar que desarrolla el equipo de Bizitegi, los 8 talleres participativos realizados con el equipo de calle han dado como resultado dos materiales cuya elaboración han centrado una parte importante de los esfuerzos del proceso de análisis.
Por un lado, el documento denominado Metodología común de intervención del equipo de calle de Bizitegi recoge y da cuenta detallada de los ejes que articulan el trabajo en medio abierto; así como, de manera específica, el enfoque, los objetivos y la metodología de cada una de las etapas de la Intervención en Calle con las Personas sin Hogar: desde los contactos iniciales hasta la etapa de desvinculación, pasando por todo el proceso de construcción de una relación de cercanía y acompañamiento que permita reconocer las capacidades de cada persona, para motivarlas o alentarlas atendiendo a la diversidad de circunstancias, deseos y condiciones que cada persona encarna. Todos estos contenidos se basan en el conocimiento experiencial acumulado en el Equipo y en la entidad fundamentalmente en los últimos 10 años de trabajo en calle. El siguiente esquema recoge algunos de los aspectos centrales de la metodología de intervención que desarrolla el Equipo de Bizitegi[2]:
Por otro lado, otro de los resultados vinculado a este objetivo de la investigación es un folleto que resume, de manera sencilla y con propósitos divulgativos, en qué consiste el trabajo del equipo de calle y a través de qué ejes, fases y tareas lo desarrolla; así como algunos de los rasgos filosóficos y procedimentales de esas intervenciones. Este folleto permite dar a conocer, visibilizar y ampliar el conocimiento social sobre el trabajo de calle con personas sin hogar. Sirve además para ajustar expectativas y acordar voluntades tanto en el trabajo comunitario como en el trabajo con las instituciones públicas y las entidades que ofrecen recursos y servicios en este ámbito de intervención social.
Otro de los resultados de este trabajo se deriva de las entrevistas realizadas a las personas en situación de sinhogarismo. Los testimonios recabados y el análisis de los mismos sirvieron para evaluar desde la perspectiva de las personas destinatarias la metodología de intervención en calle del equipo de Bizitegi. Por eso la mayor parte de los talleres con el equipo de calle, y también de las reuniones con el Grupo Amplio de Contraste, se centraron en: a) Sistematizar la práctica cotidiana de intervención del equipo; b) Analizar los testimonios y valoraciones de las personas sin hogar sobre el trabajo del equipo y sobre los recursos disponibles en la ciudad; c) Reflexionar sobre las debilidades y dificultades identificadas, así como las posibilidades de introducir cambios concretos para mejorar la atención.
En primer lugar, tal y como señala la tipología del Observatorio Europeo sobre las Personas sin Hogar, el fenómeno del sinhogarismo incluye una variedad de formas de exclusión residencial que dificultan el conocimiento de la realidad del fenómeno de manera completa. Ni la intervención directa en calle ni los procesos de investigación desarrollados en esta materia llegan a las realidades existentes en fábricas abandonadas, lonjas, viviendas inadecuadas y otras formas de sinhogarismo encubierto o no visible. Se accede, se contacta y se trabaja tan solo con aquellas personas que aceptan ser contactadas, y eso limita la diversidad del fenómeno y un acercamiento más complejo y completo al mismo.
Por otro lado, la intervención social con personas en situación de sinhogarismo no alcanza a desarrollar un trabajo en red con la comunidad, la vecindad, las asociaciones de barrio y los colectivos que realizan actividades de ayuda (recogida de ropa y alimentos, acogida y apoyo, denuncia de desalojos, etc.). Un trabajo en red con esa pluralidad de agentes permitiría ampliar tanto el conocimiento sobre estas realidades como la colaboración y el alcance del trabajo que se desarrolla. La relación con la comunidad es por tanto uno de los ejes de trabajo a reforzar identificado por parte de los diferentes agentes que han participado en este proceso de investigación-acción, especialmente por parte de los y las profesionales del equipo de calle, ya que tanto las entidades del tercer sector como especialmente las administraciones públicas que tienen competencias en este ámbito, en ocasiones, reciben críticas y denuncias por parte de las asociaciones e iniciativas ciudadanas que se solidarizan y denuncian la falta de recursos y el funcionamiento de los mismos, lo cual crea protestas y movilizaciones que no suelen ser bien recibidas por los y las responsables institucionales.
En ese sentido, las entidades del tercer sector que trabajan en la atención a las personas sin hogar se ven muy condicionadas por los requerimientos de las administraciones que las subcontratan. Es por eso que otro de los aspectos identificados en este proceso es la necesidad de establecer por parte de las entidades del tercer sector modelos de relación con la Administración pública más simétricos que permitan cuestionar y abrir a debate las políticas y las prioridades establecidas. Es decir, se ha constatado la necesidad de una mayor autonomía y empoderamiento de las entidades para poder aportar más complejidad sobre el fenómeno y más capacidad de crítica. Esto es, poder expresar desacuerdos y superar autocomplacencias, ya que como decíamos más arriba, la realidad del sinhogarismo afecta a más personas, más unidades convivenciales y más grupos sociales, tanto de personas autóctonas como migradas, de lo que conocemos. Y las políticas vigentes y los recursos que de ellas emanan no alcanzan para atender adecuadamente las necesidades existentes.
En lo que se refiere a la valoración y las limitaciones del trabajo de acompañamiento desarrollado por el equipo de calle de Bizitegi en Bilbao, una de las conclusiones que se desprenden de este proceso de investigación está relacionada con las dificultades para desarrollar un acompañamiento que atienda a la diversidad que cada persona sin hogar encarna en función de condiciones sociales como el género, la discriminación racial, la edad, la diversidad sexual, la diversidad funcional, etc. Aplicar una perspectiva más interseccional de la intervención y el acompañamiento conlleva cierta autorrevisión de las prácticas profesionales y los equipos de trabajo, para poder así identificar prejuicios, supuestos e inercias a cuestionar y deconstruir. Se trata tanto de un cuestionamiento personal como de una continuada reflexión en los equipos, que pasa por una atenta escucha a las personas sin hogar, sus vivencias y sus relatos; y también por entender el desempeño profesional como algo que incluye una revisión de las dinámicas personales y grupales que operan al interior de los propios equipos de trabajo.
En ese sentido, tal y como el propio equipo de calle ha identificado como cuestiones a seguir trabajando de manera colectiva y continuada, un enfoque feminista y antirracista de la atención al sinhogarismo es imprescindible para poder abordar la exclusión social severa de manera más acorde a la diversidad de las realidades vividas por muchas de las personas con las que se trabaja. Por ejemplo, cómo abordar el sinhogarismo de las mujeres y su vulnerabilidad frente a las violencias machistas, o cómo trabajar con los hombres sus comportamientos machistas y racistas, exigen una preparación específica y suponen un desafío profesional continuado.
Otro de los aspectos centrales a abordar en esta investigación ha estado relacionado con la identificación y análisis de los condicionantes que producen cansancio, hastío y abandono en el trabajo de intervención en calle y acompañamiento a situaciones de sin hogar. Lo que se ha constatado en esta investigación es que el trabajo de calle conlleva una exposición personal a episodios y vivencias emocionalmente muy intensas, incluyendo riesgos psico-sociales específicos: impotencia, frustración, trabas burocráticas, agresividad, gestión de las violencias, miedo, etc.
Los orígenes de esos riesgos, presiones y elementos estresantes son diversos, por un lado, las personas que viven exclusión severa viven habitualmente sentires de sufrimiento, inseguridad y miedo; y, en ocasiones, también vergüenza, culpa, soledad, etc. Y acompañar todo eso además de ser muy intenso, exige y desgasta mucho a nivel personal. Por otro lado, en términos generales socialmente delegamos la atención a las personas sin hogar en las personas que trabajan en la atención directa y en el circuito de recursos, servicios y políticas sociales. Este circuito genera diferentes tipos de presiones, requerimientos y estreses: vecinales, institucionales, policiales, jurídicos, laborales, etc.
En definitiva, en el desempeño de la intervención y el acompañamiento, tanto desde arriba como desde abajo, se generan muchas situaciones extremadamente duras y difíciles de gestionar que producen un desgaste personal y profesional importante. Parece imprescindible, por lo tanto, trabajar esas presiones y frustraciones como parte constitutiva de la labor que se desempeña; abordando las incertidumbres y malestares que generan en cada profesional, y construyendo propuestas, herramientas y condiciones de trabajo que puedan mitigarlas, sin abandonarse al fatalismo de darlas por supuestas o inamovibles, ya que ello supone exigir de facto un perfil de profesional que tenga capacidad de aguante y “sirva” para gestionar personal y psicológicamente estas duras condiciones de trabajo.
Lo anterior tiene relación con el hecho de que vivir en la calle es una realidad cruel e inhumana que nos resuena como algo que no debiera suceder, porque degrada la humanidad de la sociedad y de todas las personas que la integramos. Sin embargo, de alguna manera delegamos la mala conciencia, las contradicciones y los miedos que nos genera esta realidad en las personas que trabajan en la atención directa y en el circuito de recursos, servicios y políticas sociales. Y esta delegación genera unas condiciones de trabajo y unos riesgos psico-sociales no suficientemente reconocidos ni trabajados.
Por último, otra de las conclusiones que se desprenden de los análisis realizados con diferentes agentes en los espacios y tiempos de reflexión que ha posibilitado este proceso de investigación-acción, tiene que ver con otras implicaciones del desempeño profesional del trabajo en calle. A saber, la intervención en calle y el acompañamiento consisten en construir vínculo personalizado y tejer relación de cercanía y confianza en condiciones dificultosas, lo cual requiere de mucha energía, intuición, humanidad, honestidad y cierto grado de introspección y autorrevisión personal en los casos en los que esa construcción del vínculo resulta dificultosa. Sin embargo, al mismo tiempo, la intervención en calle precisa también de orientaciones y herramientas técnicas que permitan contrastar, evaluar y sistematizar el trabajo de intervención.
Es decir, se necesita de un complicado equilibrio entre, por un lado, intuición, proximidad humana, empatía, flexibilidad y calidez; y, por otro lado, metodologías y técnicas de trabajo previamente establecidas, protocolizadas y rigurosamente contrastadas. Es decir, estamos hablando de requerimientos y capacidades que tienen cierto grado de antagonismo y fricción entre ellas. La misma que se produce entre, por un lado, concepciones del trabajo y actitudes técnicas, asépticas, burocratizadas y, por ello, en ocasiones frías, rígidas o deshumanizadoras; y, por otro lado, actitudes más comprometidas, voluntaristas, cálidas, flexibles, humanizadoras y, por ello, en ocasiones meramente subjetivas o arbitrarias.
Por eso, para seguir buscando esos complicados equilibrios, queremos terminar diciendo que un enfoque de intervención en calle como el que desarrolla Bizitegi, guiado por el reconocimiento de la dignidad inherente a todas y cada una de las personas y por un acompañamiento que atienda a la diversidad de circunstancias, deseos y condiciones humanas que cada persona encarnamos, seguirá necesitando de permanente revisión y creatividad. En ese sentido, de cara a elaborar propuestas de mejora e innovación de manera continuada, además de investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre la realidad del sinhogarismo, son necesarios modelos de investigación participativa que permitan crear espacios de trabajo y reflexión autónomos y al tiempo interconectados, entre la pluralidad de sujetos, agentes y responsables que protagonizan e intervienen en estas realidades.
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Sales i Campos, Albert. El delito de ser pobre: Una gestión neoliberal de la marginalidad. Icaria Editorial. 2014.
[1]Participaron con continuidad en el Grupo Amplio de Contraste: técnicas del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bilbao; del Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS); del Tratamiento Asertivo Comunitario del Servicio de Salud (TAC-Osakidetza); Sociedad Municipal para el ámbito de la vivienda (Surbisa- Ayunt. de Bilbao); Cáritas Diocesanas; Comisión Antisida; y responsables de otras áreas de trabajo de Bizitegi.
[2] El documento completo que recoge la metodología de intervención con personas en situación de sin hogar del Equipo de Intervención de Calle de Bizitegi, elaborado en este proceso de investigación, puede consultarse y descargarse en: https://www.bizitegi.org/publicaciones/estudios-y-publicaciones/
Palabras clave: Esperanza de vida, exclusión social, personas mayores
Marina Sánchez-Sierra y Pedro Fuentes
Equipo de Estudios de Cáritas Española
Puedes encontrar a Marina en X (antiguo Twitter)
¿Qué imagen se nos viene a la cabeza cuando pensamos en personas mayores? ¿Es más ventajoso a nivel de integración social ser mayor o ser joven? En el siguiente texto se analizan las características de las personas mayores en España con especial atención a su posición dentro del espacio de la integración/exclusión social.
La definición de persona mayor ha evolucionado gracias a muchas y variadas cuestiones, entre las que cabe destacar de manera inequívoca el acceso y los avances sanitarios, pero son también relevantes los cambios dados en el estilo de vida, así como las condiciones en las que se da nuestra existencia, pues no es lo mismo nacer en un país, familia, barrio, clima… o en otro. Sin embargo, de forma global los avances y transformaciones dados han derivado en una esperanza de vida más larga que con frecuencia desdibuja la idea de ser mayor y su correspondencia con la experiencia de serlo.
El mercado de empleo tiene como principal característica la precarización: contratos a tiempo parcial, personas que trabajan menos horas de las deseadas, bajo nivel de ingresos y trabajadores pobres, dificultad de acceso (sea al primer empleo o no), trayectorias interrumpidas… A esto se suma un precio de la vivienda notablemente alto, poco equiparable al nivel de los sueldos, hablemos de propiedad o de alquiler. E introducimos un tercer elemento, el nivel educativo y las trayectorias profesionales de las personas que acceden a esa categoría de persona mayor. Son tres cuestiones que están cambiando la distancia existente entre la juventud y las personas de más edad: las primeras se ven abocadas a trayectorias vitales sujetas a la improvisación, a experiencias como el coliving (anglicismo para referirse a compartir piso que pretende disfrazar que esta manera de vivir a partir de cierta edad responde a un problema estructural que aboca a personas adultas a una precariedad que les impide vivir solas), a retrasar la edad a la que se tiene el primer hijo o hija, a vivir el presente porque el futuro genera altos niveles de ansiedad por la incertidumbre del qué pasará, y a la búsqueda de experiencias porque no es factible adquirir propiedades. Mientras, las segundas, las mayores, se encuentran -y seguimos generalizando- con viviendas en propiedad ya pagadas, pensiones suficientes para vivir, y un estado de salud que les permite gozar de unos buenos años por delante antes de llegar a esa vejez en la que el cuerpo ya nos limita.
Es decir, la imagen que hubo de persona joven y exitosa como sinónimo de parte del engranaje de la productividad empresarial frente al anciano o anciana sujeta a una pensión mínima que apenas le da para (sobre)vivir, ha quedado obsoleta.
Así lo vemos al mirar los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV en adelante) del INE para 2023. El Gráfico 1 muestra cómo a medida que avanza la edad del grupo poblacional observado, aumenta la renta neta media disponible por persona, alcanzando su máximo entre las personas de 65 y más años.
Se trata de un dato ciertamente positivo para las personas mayores, y que podríamos hacernos pensar, esperanzadas, que a medida que nos hagamos mayores aumentará nuestra renta media. Una mirada más dura, por otro lado, lo que nos muestra es el empobrecimiento de una población que mira a la jubilación propia como una utopía irrealizable.
También hemos de mirar a las diferencias por género. Si la esperanza de vida en España es de 83,1 años, hay una diferencia de 5 años entre hombres y mujeres: este valor es de 80,4 años para ellos, frente al 85,6 de ellas (Esperanza de vida al nacer 2022, INE). Un dato ventajoso para las mujeres… ¿o quizá es más complejo?
Efectivamente, no solo es importante el tiempo que nos queda por delante, sino también la calidad de vida que disfrutemos durante ese tiempo. Y si bien es cierto que a los 65 años la esperanza de vida con buena salud es similar en hombres y mujeres (10,7 y 10,3 respectivamente), el porcentaje de años que esperamos vivir con esa buena salud a lo largo de nuestra vida es notablemente menor entre las mujeres: 44,7% de buena vida para ellas, 56,5% para ellos. Por tanto, de media las mujeres ciertamente vivimos más años, pero en general durante más tiempo vivimos peor en el sentido de que vivimos con limitaciones funcionales y de discapacidad (Mujeres y hombres en España, INE 2022).
En definitiva, las mujeres esperan vivir proporcionalmente menos años en buenas condiciones, algo que se corresponde con cómo se sienten ellas. Si a priori podríamos pensar en una reducción lógica que, efectivamente, ellas viven peor los años que les quedan porque les quedan más años de vejez, los datos nos dicen que no se trata únicamente de esto, pues la diferencia con los hombres en la autopercepción a nivel de salud está presente desde los 15 años (gráfico 2), aunque sí es cierto que la distancia entre hombres y mujeres se va acentuando de forma más notable a partir de los 65 años.
Las condiciones de vida influyen en cuánto vivamos, pero sobre todo en cómo vivimos. Esos cuerpos femeninos más longevos están también sometidos a más pobreza económica. El reparto tradicional de tareas ha conllevado una menor presencia de las mujeres en el mercado laboral, con las consecuencias que ello ha tenido y las dificultades que siguen teniendo para acceder a este y para hacerlo en las mismas condiciones que ellos. El resultado de estas cuestiones de carácter estructural es una tasa de riesgo de pobreza para las personas mayores de 65 años que se sitúa de manera desigual entre hombres y mujeres, con valores del 15,8% para ellos y del 20,3% entre ellas, lo que supone una diferencia porcentual del 25%.
Algo que está en consonancia con la renta media de los hogares según el sexo de la persona de referencia. El siguiente gráfico muestra una visión del cociente de renta anual renta media de los hogares según si este está encabezado por un hombre o por una mujer a lo largo de una década. En él, vemos que las rentas de los hogares con persona de referencia hombre son superiores a las rentas de aquellos hogares donde la persona de referencia es una mujer, algo que ocurre de manera generalizada (línea azul oscuro), pero más acusada entre la población de mayor edad, donde la renta de los hogares encabezados por mujeres de 65 y más años en 2022 suponía el 74% de la renta media de los hogares encabezados hombres de la misma edad. Además, esa mirada longitudinal muestra cómo en la última década en ningún caso llegaron a acercarse las rentas medias de ambos tipos de hogar.
Por tanto, tienen peor vejez las mujeres también por factores de tipo estructural pues, por lo general, presentan en todas las edades tasas más elevadas de pobreza y de exclusión social y, una vez vuelven a la inactividad, cobran pensiones inferiores (Pinazo-Hernandis y Bellegarde, 2018)1 en el culmen de un ciclo de desigualdad que se perpetúa.
A la vez, los roles de género, las sitúan a ellas como cuidadoras (de parejas, ascendentes, descendientes, y de sí mismas) que, con el tiempo y cuando pasan a necesitar ser cuidadas, no es fácil de cambiar, entre otras cosas porque, en cierto modo, pierden una de las principales funciones que culturalmente daban sentido a su vida. Esto, a pesar de la incorporación de la mujer al mercado laboral y de los avances en materia de género, está lejos de ser revertido, tanto de facto como en el imaginario social, a pesar de los innegables avances transitados. En el caso de las mujeres, al cuidado de hijos e hijas se suma más tarde el de nietos y nietas, en ocasiones teniendo que compatibilizarlo con el de padres y madres ya nonagenarios que reciben cuidados de mujeres que han superado la edad de jubilación. Y, en el entre tanto, en algún momento se suma el cuidado de esas parejas con menor esperanza de vida.
Y las tareas de cuidados son complejas y tienen un coste físico y emocional que se nota especialmente en las mujeres y que revierte en esa salud a la que hacíamos mención anteriormente en un círculo ciertamente vicioso y difícil de romper.
A todo esto, se suma la presión estética del cuerpo (propio y de los dependientes a cargo, que no solo deben estar bien cuidados sino también parecerlo) y del hogar, una carga mental que no desaparece con la edad y, en definitiva, un cansancio para el que muchas veces no se vislumbra una pausa, un descanso, la satisfacción del trabajo bien hecho y, sobre todo, terminado.
Para ofrecer una mirada más exhaustiva de las condiciones de vida de las personas mayores vamos a mirar también al concepto de integración social, compuesto de diferentes dimensiones. Los datos de la EINSFOESSA 2021 (Ayala, Laparra y Rodríguez, 2022)2 muestran que los niveles de integración son más elevados entre la población de 65 y más años que entre la población general. De hecho, mientras que el 23,4% de la población española está en situación de exclusión, sea esta moderada o severa, son menos de 1 de cada 10 las personas de 65 y más años en exclusión (9,2%).
Pero las diferentes dimensiones que componen la exclusión también afectan de manera diferenciada según la edad. Así, esa primera ventaja que parecen ofrecer los años, no es tal en todas las dimensiones. Un análisis más detallado nos ofrece algunas diferencias muy claras: las personas mayores tienen notablemente menor exclusión en dos espacios de los que ya venimos hablando, el empleo y la vivienda, que preocupan menos a las personas de más edad porque ya están fuera del mercado de empleo, de un lado, y porque en la mayoría de casos ya tienen solucionada la cuestión habitacional, de otro. Sin embargo, las dimensiones de educación, política, aislamiento y conflicto social son más excluyentes para ellas.
Prestamos atención a la dimensión de la vivienda por su especial relevancia, tanto en el peso que tiene sobre los presupuestos familiares y sus gastos, como por lo que significa para el desarrollo del proyecto vital. Así, los datos del Módulo de Calidad de Vida de la ECV 2023 nos permiten también ver el componente subjetivo de esta cuestión, encontrando que hay más insatisfacción con la vivienda a menor edad de la persona de referencia del hogar. Insatisfacción que se entiende de manera general y que puede referirse a diferentes aspectos: tamaño, precio, lugar donde se encuentra, etc. Es importante reseñar que aún en el grupo que más satisfacción muestra, que es el de 65 y más años, hay más de un 10% de personas que siguen sin encontrar en su casa el lugar que les gustaría.
Tal y como señala el informe Análisis y Perspectivas de 2023, entre 2015 y 2022 el precio de la vivienda ha aumentado un 51%; un 74% en el caso de la vivienda nueva. La misma vivienda que, nueva, en 2015 costaría 100.000€, en las mismas condiciones en el año 2022 tendría un precio de 174.000€3. Cabe pensar, pues, que el precio es uno de los elementos que dificultan el acceso a la vivienda y que, por ende, puede estar produciendo insatisfacción, bien por la imposibilidad de acceso, bien porque las posibilidades de gasto para la vivienda no son suficientes para adquirir una casa que cumpla los requisitos que una familia requiere y/o desea.
El estudio cualitativo sobre la situación de las personas mayores en la provincia de Salamanca realizado por la Cáritas Diocesana de dicha diócesis en 20224 refleja, desde una perspectiva cualitativa, la diferente participación de las personas mayores en actividades socio-culturales. Residentes de zonas rurales indicaban que hay poca oferta para ellos y ellas y, no solo eso, sino que muchas veces se inician actividades, pero estas no mantienen su continuidad en el tiempo. Por su parte, las personas con un menor nivel de ingresos señalaban cómo los precios eran un hándicap para poder participar, incluso aunque fueran simbólicos, cuando sí existían actividades. En definitiva, la búsqueda de rentabilidad es lo que genera que estas actividades terminen por considerarse o ser no sostenibles.
No obstante, es importante señalar algo de lo que comentan en uno de los grupos de discusión llevados a cabo: Llevaba con el cartel de una excursión dos meses y medio, no se me había apuntado nadie, gracias a un patrocinador lo he sacado gratuito, y se han apuntado por eso, porque pagando no iba nadie, y se han apuntado 18, en un autocar de 50 (GD7.3)5. Aquí vemos cómo, por un lado, el hacer la actividad gratuita ha supuesto un incentivo a la participación, pero, a la vez, el nivel de participación sigue siendo bajo. No podemos valorar solo con esta información, pero sí debe hacernos reflexionar. Vivimos en una sociedad que no mira a la vejez desde su potencialidad, sino que más bien la niega –desde la ironía que supone no mirar y, por ende, cuidar el lugar al que llegaremos si tenemos éxito vital a nivel biológico, es decir, si no morimos antes. Por tanto, aunque existen espacios y actividades diseñados solo para la participación de los mayores, cabe preguntarse si se elaboran y piensan desde su propia mirada: ¿qué quieren? ¿qué les motivaría a una mayor participación? ¿contrastan las respuestas a estas preguntas con los modelos de ocio o acompañamiento que se les ofrecen? Y, por último, pero no menos importante: ¿son suficientes?
Y cabe una reflexión adicional: ¿hasta qué punto es necesario que se diseñen y lleven a cabo actividades específicas para personas mayores? ¿No contribuye esto a su aislamiento social, no intra, pero sí intergeneracional? ¿Acaso no cabría pensar en hacer inclusivos espacios generalistas para personas adultas, también? E, incluso, buscar la mezcla intergeneracional que favorezca a personas de diferentes edades, reconociendo así que las personas mayores pueden aportar a quienes son más jóvenes.
En cuanto a la participación política, si miramos el siguiente gráfico vemos en el barómetro de julio de 2024 del CIS que de forma generalizada la probabilidad de voto aumenta a medida que lo hace la edad, si bien en el último grupo etario, 75 o más años, las personas que aseguran que si mañana hubiera elecciones irían a votar desciende. Aun así, su participación seguiría siendo mayor que la de las personas de hasta 54 años. Esto nos habla de la implicación de las personas de más edad en el proceso electoral.
Así lo confirma también el hecho de que la participación electoral es más elevada a medida que aumenta la edad, si bien no hay diferencias significativas a partir de los 55 años. En las elecciones generales de julio de 2023 declaran haber ido a votar más del 85% de las personas de 65 y más años. La abstención, por el contrario, es un fenómeno más extendido entre el electorado de menos de 55 años.
No obstante, no podemos olvidar que la participación política, ir a ejercer el derecho al voto cada cuatro años, no es un indicador en sí mismo de integración política.
La soledad es un problema social cada vez más acuciante que ya ha comenzado a estudiarse entre las personas mayores, aunque no solo. En parte este fenómeno está relacionado con el hecho de vivir sin compañía, lo que ocurre en el caso del 25,3% de personas de 65 y más años según la Encuesta sobre relaciones sociales y afectivas pospandemia (III) del CIS (marzo, 2023).
No obstante, debemos diferenciar entre soledad y aislamiento, siendo la primera una cuestión de carácter subjetivo y, el segundo, una cuestión más fácilmente medible. Esto es, la soledad es el sentimiento y el aislamiento el hecho de no tener contactos sociales para hacer diversas actividades en compañía.
Según Álvarez (1996)6, la soledad alude a un estado psicológico que sucede a consecuencia de pérdidas en el sistema de soporte individual, disminución de la participación de las actividades dentro de la sociedad a la que pertenece y sensación de fracaso en su vida. En el caso de las personas de más edad, la pérdida de relaciones (sistema de soporte individual) puede darse como proceso propio del envejecimiento, a medida que algunas de las personas cercanas van falleciendo, o puede ocurrir que algo a simple vista tan ínfimo como las barreras arquitectónicas en el hogar (la falta de un ascensor, sin ir más lejos) impidan a la persona poder salir al exterior y socializar. Pero también pueden deberse al hecho de vivir lejos de la familia, por ejemplo, o a la sensación de que ante la vulnerabilidad propia no se cuenta con apoyos suficientes para ser cuidado/a, sin olvidarnos de cómo lo digital se ha convertido en un mundo y una sociedad más en la que parece que hay que estar para existir, y que queda lejos a tantas personas mayores.
Un elemento importante es el fallecimiento del cónyuge quien, en última instancia, sigue siendo conviviente y acompañante. A raíz de esto puede presentarse un duelo inhibido o crónico, que según Gramlich (Rodríguez y Castro, 2019:131)7 es común en el anciano y representa la raíz de numerosos síntomas psicológicos y sociales.
En datos, casi el 70% de las personas mayores experimentan sentimientos de soledad de distinta intensidad (Yanguas et al., 2020)8, de los cuales el 14,8% incluso soledad grave o muy grave. Para las mujeres tiene más impacto la soledad emocional, aquella que se siente por falta de apoyos y derivada de sentimientos de abandono o vacío, mientras que para los hombres tiene más peso la soledad social, es decir, aquella más vinculada a la carencia de amistades.
Efectivamente, en el siguiente gráfico vemos cómo al agrupar las respuestas de las personas que dicen sentirse solas siempre o casi siempre por edades, la soledad es notablemente más alta en las personas de más edad.
Es importante, en cualquier caso, no caer en una visión simplista que nos haga pensar que las personas mayores están bien porque sufren menos situaciones de exclusión social. De hecho, que estén comparativamente mejor o peor que la población general al mirar porcentajes no es determinante por sí mismo, pues mientras haya personas, cualesquiera que sean sus características sociodemográficas, en situación de exclusión, no hay un estar bien, o estar mejor, pues seguimos teniendo trabajo por delante como sociedad para lograr integrar a esas partes que están quedando fuera, descuidadas.
Notas:
[1] Pinazo-Hernandis, S. y Bellegarde, M. D. La soledad de las personas mayores. Conceptualización, valoración e intervención. Fundación Pilares, 2018. Disponible en: https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soledad_mayores/eu_def/fpilares-estudio05-SoledadPersonasMayores-Web.pdf
2 Ayala, L., Laparra, M. y Rodríguez, G. (coods.). Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España. Madrid: Fundación FOESSA y Cáritas Española, 2022.
3 Fundación FOESSA. Análisis y Perspectivas 2023. Ingresos y gastos: Una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida. Madrid: Fundación FOESSA y Cáritas Española, 2023. Disponible en: https://www.caritas.es/producto/ingresos-y-gastos-una-ecuacion-que-condiciona-nuestra-calidad-de-vida/
4 y 5 Observatorio de la Realidad de Cáritas Diocesana de Salamanca. La situación de las personas mayores. Salamanca: Cáritas Diocesana de Salamanca, 2022. Disponible en: https://www.caritasalamanca.org/wp-content/uploads/2023/03/INFORME-Mayores-Caritas.pdf
6 Álvarez, E. A. “La amistad en la edad avanzada”. Geriátrika, 12/6, 1996; p.51.
7 Rodríguez, E. y Castro, C. “Soledad y aislamiento, barreras y condicionamientos en el ámbito de las personas mayores en España”, Ehquidad, N12, 2019; págs. 127-154. Disponible en: https://www.proquest.com/openview/4d0bb3ebe15193f24f67efb3f9370f83/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2050632
8 Yanguas, J., M. Pérez-Salanova, M.D. Puga, F. Tarazona, A. Losada, M. Márquez, M. Pedroso y S. Pinazo. El reto de la soledad en las personas mayores. Barcelona: Fundación Bancaria ”la Caixa”, 2020.
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