Palabras clave: Salud Mental y Trastorno de Estrés Postraumático, violencia de género

A fondo

Incidencia de la violencia de género y trastorno de estrés postraumático

Nuria Gonzalo Martín. Policía Local

 

La violencia de género en el ámbito de la pareja es uno de los problemas más preocupantes actualmente en la sociedad. Por este motivo, se busca como reto la erradicación de las violencias machistas, realizando estudios en diferentes disciplinas para entender el género, las diferentes violencias hacia las mujeres y las repercusiones de estas violencias. Una de ellas, el Trastorno de Estrés Postraumático.

Como objetivo del trabajo, se plantea revisar la documentación bibliográfica actual que evalúe la incidencia de la violencia de género en el desarrollo del trastorno de estrés postraumático.

Como conclusión tras el análisis de la documentación seleccionada se extrae que la violencia de género impacta en la salud mental, desarrollando trastorno de estrés postraumático, lo que lleva a proponer la creación de protocolos de actuación y formación de personas profesionales de diferentes ámbitos, especialmente aquellos que trabajan directamente con mujeres víctimas, entre los que se pueden destacar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para lograr una eficaz atención de las víctimas de violencia de género.

 

1. Introducción

La violencia de género en el ámbito de la pareja es uno de los problemas más preocupantes actualmente en la sociedad.

Gran parte de la sociedad busca como reto la erradicación de las violencias machistas, realizando estudios en diferentes disciplinas para entender el género, las diferentes violencias hacia las mujeres y las repercusiones de estas violencias.

Dentro de estas repercusiones, en el presente artículo se incide especialmente en el Trastorno de Estrés Postraumático, debido a que afecta negativamente a la salud mental y física de la persona que lo padece, derivado de episodios traumáticos previos, y que es importante entender y conocer para dar una respuesta efectiva a la víctima de violencia de género.

Las intervenciones en violencia de género requieren de una atención integral que cubra todas las áreas relacionales de la mujer víctima de violencia y demás víctimas (menores y/o personas dependientes de la mujer víctima), interviniendo profesiones directas de atención como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Como objetivo del trabajo, se plantea revisar la documentación bibliográfica actual que evalúe la incidencia de la violencia de género en el desarrollo del trastorno de estrés postraumático.

Como conclusión tras el análisis de la documentación seleccionada se extrae que la violencia de género impacta en la salud mental, desarrollando trastorno de estrés postraumático, lo que lleva a proponer la creación de protocolos de actuación y formación de personas profesionales de diferentes ámbitos, especialmente aquellos que trabajan directamente con mujeres víctimas, entre los que se pueden destacar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para lograr una eficaz atención de las víctimas de violencia de género.

 

2. Metodología

La metodología sistemática llevada a cabo en este trabajo de investigación, se ha encuadrado en tres ejes:

 

Eje nº 1: acotamiento del tema objeto de estudio y elección de las palabras clave

Para llegar a la decisión del tema en el que se basa este artículo de investigación, se han estudiado las diferencias entre síndrome y trastorno, definiendo el tema como investigación bibliográfica de la incidencia de la violencia de género y trastorno de estrés postraumático con el objeto de conocer la incidencia de la afección de la violencia de género en la salud mental de la mujer violentada.

A la hora de trabajar la decisión del tema a investigar, aparecen posibles descriptores que se han tenido en cuenta:

  • Descriptores incluyentes: violencia de género, salud mental, trastorno de estrés postraumático y síntomas del trastorno de estrés postraumático.
  • Descriptores excluyentes: personas menores y personas agresores en violencia de género.

Estos descriptores, formulan las palabras claves planteadas en el presente trabajo.

 

Eje nº 2: dónde y cómo se ha realizado la investigación bibliográfica

Las plataformas donde se realizado una rigurosa búsqueda de la bibliografía científica han sido: Dialnet y Google Académico España.

Se ha seleccionado el idioma en español, para evitar la duplicidad de la búsqueda, así como evitar interpretaciones en la traducción de idiomas (idioma en el que se desarrolla el presente artículo basado en el trabajo de investigación).

 

Eje nº 3: ordenación de la bibliografía seleccionada

Para poder llevar a cabo la ordenación del material que ha hecho posible realizar el posterior análisis de la bibliografía, se ha seguido la siguiente estructura:

  • Cada día en el que se ha realizado la búsqueda, se ha anotado el día, la hora, dónde se ha buscado, cuál es la palabra que se ha utilizado.
  • Se ha anotado cuántos documentos se han reflejado en el buscador y cuáles se han elegido, así como el motivo de la elección.
  • Para finalizar, se ha realizado una lectura de cada material bibliográfico, realizando el análisis individual, extrayendo: la finalidad; las fuentes de información; y las conclusiones.

 

Aplicación de la metodología

De toda la bibliografía seleccionada, se ha realizado una selección teniendo en cuenta los descriptores (palabras clave).

Finalmente, se han seleccionado los 21 documentos analizados en la investigación, desarrollo de la siguiente forma:

La primera búsqueda utilizando las ecuaciones violencia de género y salud mental, se analiza y se localizan:

  • 249 artículos de revista.
  • 121 tesis doctorales.
  • 22 artículos académicos.
  • 5 libros.

Se acota la búsqueda en 15 documentos.

 

La segunda búsqueda utilizando la ecuación violencia de género y trastorno de estrés postraumático, se analiza y se encuentran 72 elementos:

  • 42 artículos de revista.
  • 20 Tesis doctorales.
  • 7 artículos académicos.
  • 3 libros.

Se acota la búsqueda en 7 documentos.

3. Resultados

Tras el análisis realizado, se observa en todos los documentos que la violencia de género produce un impacto negativo en la salud mental de la mujer, desprendiendo que existe una relación entre violencia de género y sintomatología negativa en la salud mental de la víctima, y tal como indican algunas personas autoras como Saquinaul et al., (2020).

En 12 de los 21 documentos seleccionados, se refleja por parte de las personas autoras, que ese impacto de la violencia de género desencadena trastornos de estrés postraumáticos. El resto de documentos reflejan la repercusión de la violencia de género en la salud mental, desarrollando otras problemáticas psicológicas derivadas de la situación vivida.

Los resultados proporcionan una visión multifactorial de las repercusiones de la violencia de género en la salud mental, identificando áreas de intervención como puede ser la atención en salud de la mujer. Y en este sentido, siguiendo a Guerrero et al. (2021), se resalta la importancia de abordar la salud mental de la mujer violentada a través de la detección del trastorno de estrés postraumático.

A continuación, se exponen los datos estadísticos.

En primer lugar, se ha encontrado una totalidad de 469 referencias bibliográficas que aborda el tema de violencia de género, salud mental y el trastorno de estrés postraumático.

 

Los datos se expresan en porcentajes comparativos con la totalidad:

 

Posteriormente, se ha realizado una selección final de bibliografía que va a ser analizada:

De los 21 documentos seleccionados, en 12 de ellos se refleja por parte de las personas autoras, la afirmación de que ese impacto de la violencia de género desencadena trastornos de estrés postraumáticos. Se puede decir que, de los 469 documentos seleccionados en un principio, y tras varias cribas de selección, se han encontrado 12 que afirman la relación entre las variables. Aquí se evidencia la tendencia de los autores a reflejar la incidencia de la violencia de género en el trastorno de estrés postraumático.

Para poder entender la prevalencia de las palabras que han guiado esta investigación, se expone un análisis de los datos extraídos en la documentación bibliográfica, diferenciado por las palabras clave.

Violencia de género: Todos los documentos seleccionados en la presente investigación abordan la violencia de género como problema de la sociedad, que afecta a la mujer en todas sus áreas vitales. Además de ello, se expone la importancia de que las personas que atiendan a las víctimas de esta violencia, tengan las necesarias competencias para poder realizar una intervención adecuada y con ello, facilitar la recuperación de la mujer y la salida de la violencia vivida.

Salud mental: Los documentos presentados en este trabajo reflejan las repercusiones que tiene la violencia de género en la salud mental de la mujer víctima, influyendo negativamente y dificultando la vida cotidiana de las personas. Así mismo, se plasma la importancia de atender multidimensionalmente la salud mental de la mujer para poder detectar posibles casos de violencia en la pareja.

Se extrae de la investigación que el tratamiento puede ser bidireccional:

  • Una dirección que va desde atender a la mujer víctima de violencia de género para evitar repercusiones negativas de esta violencia en la salud mental de la mujer.
  • Otra dirección que va desde atender a la mujer con afección en su salud mental, en especial con trastorno de estrés postraumático, de manera multidisciplinar para poder detectar posibles casos de violencia de género.

Trastorno de estrés postraumático: Tal y como se viene reflejando en el presente trabajo de investigación, de los 21 documentos analizados 12 de ellos investigan el trastorno de estrés postraumático como afección relacionada con la violencia de género. Del mismo modo, estudian que el trastorno de estrés postraumático es una consecuencia que repercute en la vida diaria de la mujer víctima.

Seguidamente, se realiza un análisis cualitativo de los datos extraídos, identificando los diferentes patrones y las tendencias de los datos obtenidos.

 

Patrones identificados en la investigación bibliográfica:

  1. Evidencia científica de la incidencia de la violencia de género en el trastorno de estrés postraumático.

En primer lugar, el patrón detectado que se repite de forma significativa en las revistas, tesis y artículos académicos revisados, demuestra que hay evidencias científicas de que hay una relación directa entre violencia de género y repercusión negativa en la salud mental de la mujer, pudiendo desencadenar trastorno de estrés postraumático.

  1. Variedad en las disciplinas que investigan e intervienen en la incidencia de la violencia de género y el trastorno de estrés postraumático:

Otro de los patrones identificados es que se refleja la variedad de disciplinas que abordan la violencia de género y la salud mental, en concreto se ha investigado documentos sobre psicología, medicina general, ámbito social, ámbito jurídico, especialmente vinculado a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como línea directa de intervención con víctimas de violencia de género, proporcionando una visión multifactorial de las repercusiones de la violencia de género en la salud mental, por lo que se entiende que diferentes disciplinas pueden atender o estar vinculadas con casos de esta violencia.

  1. Importancia de la investigación en la incidencia de la violencia de género y el trastorno de estrés postraumático:

Como último patrón detectado, se expone que las personas autoras reflejan la necesidad de seguir investigando en el abordaje de la violencia de género como desencadenante del desarrollo del trastorno de estrés postraumático.

Los resultados extraídos apoyan la investigación realizada y concluyen que la violencia de género afecta a la salud mental de la mujer y está relacionada con el desarrollo del trastorno de estrés postraumático.

 

4. Conclusiones

La investigación bibliográfica sobre violencia de género y trastorno de estrés postraumático llevada a cabo ha permitido dar respuesta al objetivo inicial propuesto de evaluar la incidencia de la violencia de género y el trastorno de estrés postraumático habiendo además revelado datos importantes para una adecuada atención a las víctimas de violencia de género.

Como conclusión final, se extrae que la violencia de género produce un impacto en la salud mental de la mujer, y que, en la mayoría de los casos, debido a las características de la violencia de género, se desarrollan trastornos de estrés postraumáticos.

Se estima necesario abordar la violencia de género desde una perspectiva multidimensional, para poder entender el impacto que produce en cada esfera de la persona, trabajando multidisciplinarmente entre todas las personas profesionales que atienden a víctimas de violencia de género.

Llegando a atender los casos de mujeres que acuden a los servicios de salud, ya sea a través de urgencias, de atención primaria, o de atención especializada, si se da el caso de proceder a diagnosticar trastorno de estrés postraumático, ha de evaluarse de manera minuciosa, estando en alerta por si pudiera ser una consecuencia de una situación de violencia de género.

Realizando una exhaustiva intervención policial, incidiendo en los signos y síntomas que presenta la mujer víctima, como prueba de posible delito de violencia de género.

Los servicios, políticas y planes, deben adaptarse para abordar las necesidades de las mujeres víctimas de las violencias, para evitar que tengan mayores consecuencias como es el aislamiento social, la repercusión en el área laboral, entre otros.

La intervención temprana y eficaz en situaciones de violencia de género es fundamental para evitar que impacte en mayor medida en la salud mental de la mujer, así como la detección precoz de casos de violencia de género cuando se detecta síntomas de estrés postraumático por parte de las personas profesionales de la medicina general.

 

Para unificar lo anterior, se propone como necesaria la mejora de las actuaciones desde dos líneas:

  • Elaboración de protocolos de actuación con los siguientes objetivos:
  • Detección de casos de violencia de género por parte de las personas profesionales de la medicina en personas que padecen trastorno de estrés postraumático.
  • Atención precoz a las víctimas, integral que incluya el objetivo de la prevención psicológica.
  • Formación por parte de las personas profesionales implicadas en los siguientes puntos:
  • Detección de casos.
  • Atención integral.
  • Protocolos de actuación.

 

5. Referencias bibliográficas

Referencias de la bibliografía utilizada en la investigación:

http://dx.doi.org/10.35381/racji.v6i1.1486

  1. 3. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=791365

 

Referencias de normativa:

 

Referencias de organismos:

 

Julio 2025

Palabras clave: Atención centrada en la persona, derechos humanos, residencias de mayores, Sujeciones

A fondo

Uso de sujeciones en residencias de personas mayores. De la regulación a la supresión

Marta Mulet Vilar

Doctoranda Universitat Jaume I Castelló de la Plana

 

La práctica de usar sujeciones en residencias de personas mayores ha generado un intenso debate médico, ético y legal. Estudios y normativas recientes coinciden en que su empleo causa daños físicos y mentales, vulnerando derechos fundamentales. Aunque existen regulaciones que limitan su uso, aún prevalece la burocratización y el riesgo de abusos. La tendencia apunta hacia la eliminación total, promoviendo modelos de atención centrados en la dignidad, autonomía y respeto por los derechos de las personas mayores.

 

En los últimos años se ha generado un importante debate acerca de la procedencia médica, ética y legal del uso de sujeciones en el ámbito sociosanitario, en especial en las residencias de personas mayores. Podemos afirmar que se ha producido un cambio trascendente en la percepción de la relevancia que comporta el empleo de medios de sujeción en estos centros. Esta práctica ha dejado de ser considerada inocua como consecuencia de la publicación y difusión de resultados obtenidos en diferentes trabajos de investigación, que han constatado su inefectividad como tratamiento terapéutico. Demostrados los efectos nocivos que produce su aplicación en la salud, tanto física como mental, y reconocido el éxito de programas y sistemas de cuidados que prescinden de su utilización, se plantea la incompatibilidad del uso de mecanismos de sujeción con el respeto a los derechos fundamentales de quienes resultan sometidos a estas prácticas.

Se estima que en España unas 400.000 personas se encuentran institucionalizadas en centros geriátricos. Datos ofrecidos por D. Antonio Burgueño, director del programa Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer desarrollado por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), señalan que, en estas instituciones, el número de personas con demencia o con patología mental alcanza el 60% y se prevé que en los próximos años supere el 80%. Las cifras facilitadas en la jornada sobre el uso de contenciones, organizada por la asociación ASCAD en abril de 2024, indican que un porcentaje del 41% de las personas con demencia que viven en residencias son sujetadas físicamente, que un 67% recibe tratamiento farmacológico que tiene como consecuencia la inhibición del movimiento y que un 22% se encuentra en unidades específicas de aislamiento que impiden su movilidad. Como dato final, se apunta que aproximadamente 55.000 personas mayores son sometidas con carácter diario a prácticas de contención en instituciones gerontológicas, aunque se reconoce que no existen datos exactos, y menos aun cuando hablamos de cuidados prestados en el propio domicilio.

Las cifras mostradas sitúan a España a la cabeza de los países desarrollados con mayor índice de uso de sujeciones. Se reconoce que siempre se ha sujetado en exceso, y así, en el año 1997, el desarrollo de un estudio comparativo acerca de la utilización de medios de contención en centros de cuidados de diferentes países reveló que 4 de cada 10 personas usuarias sufrían prácticas de sujeción en instituciones residenciales españolas.

¿Cuáles son las causas que motivan el uso de sujeciones en residencias de personas mayores? Desde la sociología se ha dado explicación a esta larga trayectoria en el uso de sistemas de contención a través del vínculo de este tipo de práctica con un enfoque paternalista y sobreprotector, derivado del hecho de que los cuidados a las personas mayores se han prestado históricamente de forma mayoritaria en el marco de las estructuras familiares. Los argumentos son múltiples y en numerosas ocasiones responden a motivos de conveniencia de terceros, lo que los hace inaceptables. Quienes abordan este tema destacan las caídas como razón fundamental. Indican que en la mayoría de los casos son las personas con demencia y movilidad inestable, o que presentan conductas conflictivas o trastornos conductuales, las que son sometidas a sujeciones, tanto físicas como farmacológicas. También se aplican con mayor frecuencia a quienes ya han sufrido caídas o fracturas con anterioridad. Pero existen otro tipo de razones, que hasta hace pocos años resultaban habituales, vinculadas a cuestiones de política organizacional: como el control de la deambulación incontrolada o las políticas de vida nocturna, además de obvios motivos economicistas.

Los últimos años han supuesto el paso de una utilización indiscriminada y abusiva de las sujeciones a un uso acotado y protocolizado, hasta llegar a un planteamiento de supresión y erradicación de esta práctica.

Se ha constado que existen razones médicas y prácticas para no hacer uso de las sujeciones en las residencias de personas mayores, que no previenen caídas, que no curan y que su empleo es causa de problemas de salud de carácter grave, incluida la muerte. La existencia de centros libres de sujeciones evidencia que el uso de medios de contención, tanto físicos como farmacológicos, no constituye una medida rehabilitadora o un tratamiento médico, teniendo en consideración los efectos negativos que producen sobre todo en personas con demencia. De esta manera, si no existen razones terapéuticas para aplicar las sujeciones en este ámbito, el debate acerca de la procedencia de su uso no constituye un asunto médico o sociosanitario, sino que debe realizarse un análisis desde el sistema de garantías de derechos. Se trata entonces de un debate sobre la vulneración de derechos fundamentales.

A fecha de hoy no existe normativa estatal específica que de manera clara regule este tema, que resulta de competencia autonómica. Mediante las correspondientes leyes de servicios sociales, las comunidades autónomas han aprobado distintos sistemas regulatorios de la utilización de medios de contención en las residencias de personas mayores. Las normas autonómicas coinciden en indicar la necesidad de determinados requisitos para su aplicación: la prescripción médica, el consentimiento expreso de la persona afectada o de sus familiares o representante, así como la obligación de recurrir a esta práctica exclusivamente como respuesta a un peligro inminente para la seguridad física de la persona usuaria o de terceras personas. Establecidos estos presupuestos necesarios para la aplicación de la contención, se determinan los principios fundamentales que deben informar el uso de esta medida: temporalidad, necesidad de un sistema de registro, así como sometimiento del proceso de aplicación a supervisión (no reconociéndose siempre que la vigilancia deba ser controlada por un facultativo médico). La comunicación al Ministerio Fiscal, de acuerdo con algunas de estas normas, únicamente resultará de carácter obligatorio si se estima procedente la aplicación de la sujeción con cierta continuidad, y en los supuestos en los que exista discrepancia de los familiares o representante legal.

Sin embargo, existe normativa autonómica que plantea una visión diferente del tema de las sujeciones, partiendo del reconocimiento del derecho a no ser sujetado. Así, el Decreto Foral que regula el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el ámbito de los servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra (2011), las leyes de servicios sociales de Cantabria (2018), Canarias (2019), el Decreto de centros residenciales para personas mayores del País Vasco (2019), y la Ley 3/2024, de 12 de abril, reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León, que de manera expresa reconoce el derecho de las personas usuarias de centros de carácter residencial y de centros de día para cuidados de larga duración a ser atendidas sin ningún tipo de restricción.

Las normas citadas parten de la consideración de la sujeción como medida absolutamente excepcional, en tanto en cuanto supone una lesión grave de derechos. Se constata la voluntad de consolidar la Atención Centrada en la Persona como base de un modelo de cuidados en el que el respeto a la dignidad, a la individualidad y a la autonomía se constituyen como elementos fundamentales, poniendo el foco en las capacidades, voluntad y trayectoria vital de quien precisa atención. Como ejemplo de la consideración de la autonomía de la voluntad como factor esencial, la Ley de Servicios Sociales de la comunidad autónoma de Canarias determina que el consentimiento informado deberá posibilitar que la persona que precisa de cuidados pueda elegir ser sujetada o no serlo con iguales garantías de recibir una atención adecuada. Esta capacidad de elección supone el reconocimiento de la existencia de sistemas alternativos al empleo de sujeciones plenamente válidos para el tratamiento de casos en los que resultaba habitual su uso.

En el año 2022 aparecen dos documentos que resultan fundamentales en el desarrollo de la materia que nos ocupa: por un lado, la Instrucción 1/2022 de 19 de enero, de la Fiscalía General del Estado, sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores y/o con discapacidad; y por otro, la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante Acuerdo SAAD). Estos dos documentos establecen una base para nuevos posicionamientos en la regulación del empleo de mecanismos de contención en las residencias de personas mayores. No obstante, resulta conveniente reseñar que no se trata de documentos de carácter normativo, por lo que no hablamos de una base legal.

La referida instrucción 1/2022 de la Fiscalía General del Estado señala en su introducción la necesidad de valorar el uso de los sistemas de contención desde una mirada que determine la dignidad como elemento nuclear, en la medida en que puede resultar lesionada cuando la práctica de la sujeción, bien por la finalidad pretendida o bien por la forma de empleo, no se ajuste a los principios y pautas marcados en las normas y protocolos aplicables. De esta manera, y aun reconociendo la importancia de esta instrucción como instrumento para la visibilización del problema y la definición de las líneas que resultan básicas en los nuevos modelos de cuidados, se mantiene la conceptualización de la sujeción como praxis que resulta procedente en determinados supuestos y con el cumplimiento de determinadas reglas. De hecho, el texto conceptúa el sistema de sujeciones cero como un desiderátum que, según indica, dista aún de ser alcanzado, por lo que es preciso establecer, mientras pervivan, sistemas de supervisión y control en la utilización de estos recursos.

El acuerdo SAAD desarrolla esta misma línea. Tras el reconocimiento expreso del derecho a recibir una atención libre de sujeciones en los centros de atención residencial y centros de día, se reconoce que, en situaciones excepcionales y urgentes en las que concurra riesgo para la seguridad física de la persona usuaria o de terceras personas, la utilización de sujeciones puede resultar procedente si se ha constatado el fracaso de medidas alternativas. En estos supuestos, se establecen como requisitos para su utilización: la necesidad de prescripción médica, la supervisión técnica y el consentimiento informado, que deberá resultar explícito para cada actuación. Se señala, además, que en la aplicación de la sujeción se atenderán las siguientes condiciones: temporalidad de la medida, proporcionalidad y supervisión inmediata y continua por profesionales del centro. Se establece, asimismo, la obligación de registrar cada episodio de sujeción en el historial de la persona usuaria detallando las actuaciones alternativas propuestas y las razones de su fracaso, así como la comunicación al Ministerio Fiscal.

Vemos, pues, como el Acuerdo SAAD contempla una regulación de las condiciones y el desarrollo de los trámites para la aplicación de medidas de contención, mientras se diseñan planes personales con estrategias preventivas que deriven en la eliminación definitiva de las sujeciones. En este sentido se señala el mes de marzo de 2025 como fecha en la que cada centro de atención residencial y cada centro de día deberá disponer de un plan de atención libre de sujeciones, aprobado por la Inspección e implantado.

Pese a reconocer el avance que ha supuesto la publicación, tanto de la Instrucción de la Fiscalía General de Estado, como del Acuerdo SAAD, voces expertas vinculadas a organizaciones que desde hace más de una década luchan por la erradicación del uso de las medidas de sujeción en las residencias de personas mayores han continuado, en el ámbito de la Geriatría y en el del Derecho, demandando la eliminación total de estas prácticas. Esta petición responde a la evidencia fáctica de que se continua con los sistemas de aplicación de sujeciones de forma excesiva, o sin necesidad real alguna, pero garantizando el cumplimiento escrupuloso de las reglas o protocolos aprobados para la aplicación segura (física y legalmente) de estas medidas, lo que diluye su carácter excepcional. Los protocolos constituyen pautas o guías profesionales de conducta o normas de carácter técnico, que no jurídico, por lo que no pueden categorizarse como normas obligatorias stricto sensu y pueden tener la consideración de elemento orientativo, pero no vinculante, a la hora de juzgar la adecuación a la legalidad vigente de una actuación, por lo que únicamente otorgan cierto grado de seguridad jurídica.

Se plantea que, en realidad, se han regulado y burocratizado los actos de aplicación de contenciones, dotándolos de legitimidad por el cumplimiento de determinados requisitos, y ello desde el reconocimiento de que suponen una vulneración de derechos, desde la toma de conciencia de los daños que provoca en la salud física y mental de las personas que son sujetadas, y desde la aceptación de la existencia de alternativas que permiten la implantación de sistemas de cuidados en los que la utilización de sujeciones resulta innecesaria.

En el avance hacia la supresión total de las sujeciones en las residencias geriátricas, dos elementos resultan esenciales: la nueva conceptualización de los cuidados, planteados ya como un derecho, y la implementación del modelo de Atención Centrada en la Persona como base del sistema de cuidados, en el que, además del respeto a la independencia, voluntad y deseos de la persona atendida, el tratamiento correcto del riesgo se constituye como uno de sus elementos básicos. El documento técnico Cuidado sin sujeciones 2023 de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (en adelante SEGG), se manifiesta en este sentido y evidencia la prevalencia del enfoque de protección de los derechos fundamentales de las personas mayores institucionalizadas, fundamentándose y promoviéndose el respeto a su dignidad y autonomía personal, conforme a lo establecido en los preceptos legales.

Este documento plantea la necesidad ya no de sujetar bien y con garantías legales que otorguen un marco de seguridad jurídica a los profesionales responsables de pautar y controlar la utilización de estas medidas, sino de demandar el reconocimiento del derecho de las personas mayores residentes en centros geriátricos a no ser sujetadas ni física ni químicamente.

Frente a la postura que ha informado, hasta ahora, la mayor parte de la normativa autonómica, basada en considerar la licitud de la sujeción y, como consecuencia, en establecer una regulación mínima de la misma determinando su aplicación de forma excepcional y con carácter temporal, la SEGG se posiciona en el documento Cuidado sin sujeciones 2023 en la corriente que considera la ilicitud de estos métodos, por entender que no están amparados por la Constitución Española y que para legitimarlos resultaría preceptiva la aprobación de una ley orgánica, tal y como ya señalaba en el año 2019 el informe anual del Defensor del Pueblo, haciendo  referencia a la excepcionalidad de las medidas de restricción de la libertad y derechos de quienes son atendidos en residencias geriátricas.

La SEGG se refiere en su informe al carácter de norma orgánica que la jurisprudencia constitucional y la doctrina otorgan al artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, regulador del internamiento forzoso por razón de trastorno psíquico, y en el que la normativa autonómica encuentra amparo para legitimar el uso de contenciones en centros sanitarios y sociosanitarios. Frente a esta postura, existe una corriente que considera que no existe un marco normativo de rango legal suficiente que permita el uso de medios de sujeción, estimando que su utilización vulnera: el derecho a la libertad reconocido en el artículo 1.1 de la Constitución; el respeto a la dignidad declarado en el artículo 10.1; el derecho fundamental a la vida, a la integridad física y moral y a no recibir tratos inhumanos o degradantes que contempla el artículo 15; y el derecho a la libertad física a que hace referencia el artículo 17 de la norma fundamental. En consecuencia, hay que considerar que la regla general es la prohibición.

El documento de la SEGG concluye que tanto la postura que declara la legitimidad de las sujeciones, como la que determina su ilegitimidad, reclaman como necesario un desarrollo normativo específico de carácter estatal que garantice el respeto a las libertades y derechos fundamentales de las personas mayores que precisan cuidados, tanto en centros residenciales como en domicilios particulares, estableciendo la excepcionalidad del uso de sujeciones. Todo y más teniendo en cuenta que geriatras expertos señalan que, con los sistemas de atención adecuados, las sujeciones acaban resultando innecesarias y que existen evidencias prácticas que así lo avalan.

Los programas para la eliminación de sujeciones en centros residenciales de personas mayores plantean en esencia cuestiones metodológicas, fundamentadas en estrategias de organización y funcionamiento. Pero, además de protocolos de actuación y planes bienintencionados, es indispensable un marco homogéneo a nivel estatal, un posicionamiento expreso del ente legislador que se constituya como garante de los derechos de personas en especial situación de fragilidad y vulnerabilidad.

Resulta imposible pensar en el alcance en 2025 del objetivo sujeciones cero manifestado por la Fiscalía General del Estado si tenemos en cuenta la opinión de expertos que señalan que la práctica de la sujeción continúa resultando normal en un número importante de los centros residenciales de personas mayores de nuestro país y que, en la mayoría de las ocasiones, su aplicación obedece a razones de conveniencia organizacional. No obstante, lo que se ha señalado, no podemos negar que se constata una progresión hacia un nuevo modelo de cuidados que contempla a la persona como sujeto de derechos y que determina como eje central de los servicios la atención a sus demandas, deseos, voluntad y proyectos vitales.

Como conclusión, podemos señalar la evidencia de que resulta imprescindible una implicación multidisciplinar en el tema que nos ocupa, que cada vez existe mayor consenso en considerar lesivas las prácticas de sujeción, tanto por los daños físicos y psicológicos que producen en las personas que las sufren, como por constituir una vulneración grave de derechos y libertades fundamentales, y que ésta es una cuestión que requiere una profunda transformación cultural, ética y legislativa.

 

Referencias bibliográficas

Informe anual del Defensor del Pueblo, 2019. 1er vol, cap 10. “Atención a personas mayores. Centros residenciales”. Disponible en: https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/06/Separata_personas_mayores_centros_residenciales.pdf

Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. «BOE» núm. 141, de 13 de junio de 2019. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-8794

Instrucción 1/2022, de 19 de enero, de la Fiscalía General del Estado, sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores y/o con discapacidad. «BOE» núm. 36, de 11 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2221

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. «BOE» núm. 192, de 11 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13580

García, S. 03/15/2022 “¿Es posible la eliminación total de sujeciones en centros residenciales?” Revista Balance sociosanitario de la dependencia y la discapacidad. Disponible en: https://balancesociosanitario.com/dependencia/es-posible-la-eliminacion-total-de-sujeciones-en-centros-residenciales/

Burgueño, A. 04/11/2023. “Explicando la tolerancia cero del programa Desatar de CEOMA al uso de sujeciones en residencias”. Dependencia.info. Disponible en: https://dependencia.info/noticia/6060/actualidad/explicando-la-tolerancia-cero-del-programa-desatar-de-ceoma-al-uso-de-sujeciones-en-residencias.html

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Documento técnico Cuidado sin sujeciones 2023. Disponible en: https://www.segg.es/media/descargas/Guia-Cuidado-sin-sujeciones.pdf

Mayo 2025

Palabras clave: comunicación, Dana, emergencia, solidaridad

En marcha

Ola de solidaridad

Olivia Pérez Reyes

Responsable de Comunicación de Cáritas Valencia

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El artículo intenta responder, de manera muy personal a la pregunta ¿Qué habéis hecho o estáis haciendo en Cáritas para responder a las personas afectadas por la DANA?, desde el punto de vista de la autora del mismo y su realidad, como miembro del Programa de Comunicación, Marketing y Sensibilización de Cáritas Diocesana de Valencia.

 

Sabíamos cómo afrontar una emergencia, pero esto ha sido una catástrofe. Esta frase, pronunciada por un bombero anónimo en Valencia, creo responde perfectamente, no solo a cómo se ha gestionado en el ámbito público las consecuencias de las DANA y las posteriores inundaciones que asolaron (¡vaya que sí!) a parte de la provincia el fatídico 29 de octubre de 2024. También a cómo hemos vivido todo el fenómeno en Cáritas Valencia.

No voy a entrar en lo primero. El tiempo y las investigaciones periodísticas y judiciales, intentarán (¡esperemos!) ayudarnos a comprender qué pasó aquel día y los posteriores: qué se pudo evitar y qué no; por qué la respuesta llegó tan tarde a algunos lugares; qué debemos hacer para que no se repita.

De lo segundo puedo hablar con más conocimiento y experiencia. Intentaré responder, por tanto, a la pregunta: ¿Qué habéis hecho o estáis haciendo en Cáritas para responder a las personas afectadas por la DANA?

Nada ni nadie podía imaginar, la tarde del 29 de octubre en Valencia, lo que estaba ocurriendo muy cerca. En Cáritas Diocesana, algunas estábamos reunidas, reflexionando sobre nuestra tarea comunicativa y de marketing: cómo llegar cada vez a más públicos y mejor. Al salir de la oficina, después de las 18 horas, en Valencia seguía sin caer una gota, aunque ya habíamos visto algunos vídeos de lo que estaba pasando con las casas, los coches y los puentes desde por la mañana en las comarcas del interior. La tarde estaba rara, es verdad, y hacía bastante viento. Las primeras noticias nos llegaron a través de los medios de comunicación y por una alarma que sonó demasiado tarde. Quienes vivimos pegadas a la radio esa tarde noche, sabíamos que la cosa no pintaba bien para muchas personas, pero no teníamos capacidad para valorar la catástrofe que se había producido. No todavía.

A la mañana siguiente, nos convocaron a la primera reunión del Comité de emergencias de Cáritas Valencia y en unas horas, emitimos la primera nota de prensa poniendo en marcha una campaña de recogida de fondos, sin saber muy bien aún las consecuencias de lo que había ocurrido. Las comunicaciones por teléfono fallaban bastante y por carretera eran imposibles. Fue complicado contactar con las personas que ya estaban en las zonas afectadas: fundamentalmente, el voluntariado de Cáritas en Catarroja, Aldaia, Paiporta, Benetússer, etc.; incluso, desde el Arzobispado intentaban ponerse en contacto, sin conseguirlo, con algún sacerdote.

Los primeros días, los teléfonos de la sede, y algunos de los móviles de trabajo, no dejaron de sonar. Hubo que habilitar nuevas líneas para atender, sobre todo, a las personas que se ofrecían y ofrecían lo que tenían: dos trailers desde la Línea de la Concepción; un camión que hemos preparado en Galicia; señorita, confírmeme por favor la cuenta para hacer un donativo, hay tanto bulo, ya sabe.

Los días posteriores, empezamos a recibir noticias cada vez más dolorosas: el número de personas fallecidas no dejaba de crecer; las viviendas afectadas eran cada vez más. Muchas personas lo habían perdido todo: sus coches, sus casas, sus negocios, sus tierras, a sus familiares. Y mientras tanto, los teléfonos seguían sonando, aun con voces que ofrecían lo que podían, y muchas veces, más de lo que podían. Y los medios: todas las televisiones, radios y periódicos de la diócesis, del país, incluso, algunos medios extranjeros, querían hablarnos, preguntarnos, saber qué estábamos haciendo y qué íbamos a hacer.

En esas primeras semanas, con muy buena intención, pero con pequeñas herramientas, pudimos hacer bien poco. En cuanto se pudo acceder por carretera a las zonas afectadas, nuestro personal empezó a realizar algunos repartos de alimentos y agua. Después mascarillas, escobas, botas de agua. Más adelante, electrodomésticos, muebles, para reponer los locales destrozados de las propias Cáritas parroquiales y crear espacios acogedores donde poder atender a las personas. Las destinatarias de esos primeros repartos eran algunas Cáritas parroquiales, de las más de 30 en las zonas afectadas, que eran capaces de organizarse y empezar a repartir. El voluntariado de Cáritas, que no tuvo que ir a ninguna parte porque ya estaba allí, se sacudió su propio barro y como pudo, se dispuso a hacer lo que siempre había hecho: ponerse manos a la obra e intentar acompañar a su vecindario, con quien compartía dificultades, lágrimas y lo que había o iba llegando.

Desde los medios de comunicación y desde Cáritas Española empezaron a pedirnos datos. En aquel momento no estábamos capacitadas para dar esas primeras cifras. El voluntariado estaba haciendo todo lo que podía, en sus barrios, en sus propias casas, desde sus parroquias, pero lo hacía sin contar, sin calcular, sin poder responder a cuántas personas estaban ayudando.

En estos momentos, después de tres meses de aquel 29 de octubre previo a un puente de Todos los Santos que no se nos va a olvidar nunca, las cosas ya funcionan de otra forma.

Los teléfonos han dejado de sonar todo el tiempo. Las ayudas, de las Administraciones, de las empresas, han empezado a llegar. Y Cáritas Valencia está haciendo un esfuerzo titánico por estar donde se le necesita. Junto a quien más nos necesita.

Se han reforzado una veintena de puntos de acogida a las personas afectadas. A Todas. No solo a quienes ya acompañábamos antes de la DANA, sino a quienes han sufrido sus consecuencias y lo han perdido todo. Nuestra tarea es ya, y lo será en los dos o tres próximos años, seguir estando ahí, haciendo todo lo posible por aliviar y acompañar, con ayudas directas, para reponer lo material pero también lo inmaterial. Estamos ayudando en cuatro claves: apoyo en las necesidades básicas; en materia de movilidad y transporte; en la reconstrucción y recuperación de viviendas y de medios de vida; en lo emocional.

En el departamento de Administración de Cáritas Valencia han tenido que hacer un Máster en justificación de donaciones, de miles de donaciones que llegaron por vías hasta ahora inauditas para nosotras. No les mareo con los nombres en inglés de las plataformas que hemos usado o aceptado, que hemos abierto o que han abierto desde Países Bajos, EE.UU., Irlanda o quién sabe dónde, otras personas para ayudar a las personas afectadas. En los programas de Comunicación, Marketing y Sensibilización no hemos dejado de atender propuestas de eventos solidarios: conciertos, subastas, campeonatos de golf, espectáculos varios, carreras solidarias, etc., etc., etc.  y consultas de medios de comunicación y peticiones de plataformas específicas para donaciones. Los compañeros de relaciones con empresas no se imaginaban que hubiera tantas dispuestas a ayudar. Las responsables de voluntariado aun están dando gracias a todas las personas que se ofrecieron para echar una mano.

El 29 de octubre no sabíamos que esto sería una catástrofe. Pero tampoco podíamos imaginar la gran ola de solidaridad que se produjo y que, todavía, estamos aprendiendo a gestionar.

¡Gracias!

 

Febrero 2025