El análisis de las condiciones de vida y los niveles de integración y exclusión social tras la pandemia, nos permite concluir que uno de los retos que tenemos por delante como sociedad es repensar y adaptar los servicios sociales a nuevas realidades y necesidades sociales.

Por un lado, tenemos enormes desafíos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerables y la integración de la población inmigrante. Por otro, la magnitud y diversidad de las situaciones de exclusión severa no solo demandan una mayor intervención por parte de los servicios sociales, sino un continuo proceso de adaptación, tanto del modelo de trabajo social como del modelo de organización.

Recordamos que, en los países industrializados, se designan por servicios sociales, el conjunto de instituciones, servicios y programas públicos, comunitarios y acción solidaria que buscan la prevención, readaptación y protección social de las personas, familias, grupos o colectivos para asegurar su bienestar y favorecer su autonomía de manera temporal o crónica.

En otras palabras, los servicios sociales buscan ayudar a la ciudadanía a conseguir condiciones de vida digna en un entorno saludable de convivencia, es decir una integración que además de cubrir las cuestiones materiales, tienen que buscar también la participación y el ejercicio de los derechos de ciudadanía.

Después de cada crisis, viene un momento de oportunidad para preguntarse sobre las fortalezas y debilidades estructurales de nuestro país, en particular en materia de protección y lucha contra pobreza y las desigualdades. En este caso, la experiencia y peculiaridad de lo vivido con la pandemia, nos presenta una nueva oportunidad para repensar los servicios sociales y restablecer el trabajo de proximidad y comunitario.

Las consecuencias económicas y sociales de la COVID-19 han significado una nueva amenaza de fractura en nuestra sociedad, haciendo emerger nuevas problemáticas o consolidarse otras que ya eran latentes en el periodo previo a la crisis sanitaria que también precisan de una intervención integral y ajustada.

De nuevo se comprueba como el empleo por sí sólo no puede garantizar la integración social. Los datos de la EINSFOESSA 2021 revelan la proporción especialmente elevada de empleos precarios e inestables y el consecuente aumento del fenómeno de los trabajadores pobres; o bien la persistencia de niveles altos de empleos irregulares, y las dificultades para salir del desempleo, entre otros motivos, por la cronificación del desempleo de larga duración.

Además, otros factores de fragilidad son de corte sociológico, como es la evolución de las estructuras familiares; en concreto el aumento continuo del número de hogares pequeños, en particular los hogares monoparentales; o son socioeconómicos, en especial la carga cada vez mayor de los costos de vivienda y de suministros en el presupuesto de los hogares. El modelo de todos propietarios que aún era la norma ya no funciona; así asistimos a un bloqueo de los itinerarios vitales – especialmente traumático entre los más jóvenes que se ven negado su proceso de emancipación, y alimenta un sentimiento de degradación y precariedad vital.

Por último, la pandemia y la crisis asociada también han pasado su factura en las relaciones sociales, que han sufrido desgaste y debilitamiento. Tensando y erosionando las redes familiares y comunitarias de apoyo mutuo, lo que ha generado en muchos casos un aumento de los problemas de aislamiento social y el recrudecimiento de problemáticas de salud mental.

Las experiencias inéditas asociadas a los periodos de confinamientos y en general el distanciamiento social han hecho más necesario que nunca el volver a vincularnos, a conectar con la comunidad. En este contexto, abogamos por repensar el trabajo social para (re)valorizar su labor esencial en la lucha contra la pobreza y la creación de oportunidades para facilitar el acceso a los derechos.

Esto debe pasar, por un lado, por el fortalecimiento de los servicios sociales en términos de recursos, y por otro, por formar a los profesionales de lo social haciendo hincapié en el desarrollo de las prácticas de ir hacia, que deben constituir el nuevo modelo de trabajo social, y en el trabajo social colectivo. De manera más amplia, se plantea restaurar la proximidad de los servicios sociales a las personas destinatarias, lo que pasaría por la reducción de las distancias no solo físicas sino también simbólicas entre las partes.

En definitiva, el campo de los servicios sociales y la solidaridad están ante una encrucijada capital: ser continuistas, es decir atrapados en las inercias del presente, o ser un vector de cambio y motor de innovación para proteger y promover el acceso de todas las personas a sus derechos.

El debate ya se ha iniciado…

Número 11, 2022

Esteban Buch Sánchez, coordinador general de Diaconía España

Miguel Ángel Martínez Gómez, técnico de proyectos de Diaconía España

Juan José Padial Suárez, técnico de seguimiento de Diaconía España

Puedes encontrar en Linkedin a Esteban Buch, a Miguel Ángel Martínez y a Juan José Padial.

Introducción

En las últimas décadas la sociedad ha sido sometida a un constante proceso de cambios, motivados por gran pluralidad de factores sociales, políticos y económicos, los cuáles, han determinado grandes desajustes en las formas de concebir los estratos sociales. Dichos factores, no solo han afectado de manera directa e indirecta a todos aquellos procesos subyacentes propios de una sociedad, sino que ha generado la aparición de nuevos perfiles de pobreza y retos sociales, que han sido agravados por las crisis generadas tras los años 2008, 2018 y la actual crisis post pandémica consecuencia de la Covid-19. Esta incipiente falta de oportunidades ha suscitado la aparición de nuevas formas de abordar los distintos yacimientos de pobreza, así como plantar nuevos modelos de financiación que permitan paliar los efectos generados por los acontecimientos acaecidos (García, 2017).

Cuando se decide intervenir sobre el fenómeno de la pobreza, caben diferentes formas de plantear la intervención. Sin entrar en el debate de cuál metodología es más o menos efectiva, desde Diaconía España creemos firmemente que, independientemente de la metodología, el abordaje de este fenómeno debe ser de manera integral. La experiencia que en la entidad hemos cosechado a través de nuestro Servicio de Atención a la Urgencia Social de Diaconía (SAUSD) a lo largo de 25 años de trayectoria, pero también la fundamentación teórica que desde el siglo XX se viene estableciendo, nos permite concluir que el abordaje de este fenómeno debe hacerse desde un enfoque multidimensional. Es decir, no reducir este fenómeno solo a la falta de oportunidades que tiene un individuo o familia para disponer de los recursos suficientes para cubrir necesidades básicas, sino también las condiciones psicosociales, políticas y económicas, entre otras.

Red de pobreza multidimensional

Es necesario entender la pobreza, como aquella situación donde no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de una persona debido a una limitación en el acceso a recursos básicos tales como: la vivienda, la educación, la alimentación, entre otros (Ruiz-Varona, 2018). Muchos a autores como Corredor (2022) entienden la pobreza como un concepto amplio y diverso donde se recogen diferentes aspectos relativos a los sistemas de interacción de los individuos con el medio que les rodea. Dicho tópico despierta un gran interés en los procesos de investigación que se realizan en los estudios de ciencias sociales (Natal, 2018). Por dicho motivo, es necesario entender la existencia de los diversos enfoques utilizados para comprender la realidad de la pobreza en la sociedad abordándolo desde una perspectiva multidimensional (Cortés, 2021). Algunos enfoques solo se centran exclusivamente a los ingresos y al consumo, pero en realidad la pobreza va más allá de todo eso y debe ser entendida desde un enfoque globalizador y multidimensional donde se relacionen todos aquellos aspectos que convergen en los procesos que subyacen a esta.

La Red de Pobreza Multidimensional (Multidimensional Poverty Peer Network) se establece como aquella medición de la pobreza, donde se reflejan las múltiples carencias a las que se enfrentan las personas al mismo tiempo (Ponce, 2019). Por tanto, se establece la multidimensionalidad del fenómeno en la siguiente figura (Figura 1):

Figura 1: Concepto Multidimensional de la Pobreza

De acuerdo con lo establecido anteriormente, a partir de la crisis generada por el Covid-19, el concepto de riesgo de pobreza y/o exclusión social se amplía no solo para considerar los términos monetarios (nivel de renta) y materiales, sino nuevos elementos que ameritan un abordaje integral y multidimensional (Lusting y Martínez, 2022). En este caso en concreto, como entidad del Tercer Sector, en Diaconía creemos urgente y necesario que se aplique este enfoque de forma transversal en las convocatorias de subvenciones públicas (Sarasa et al., 2016).

La realidad de la pobreza en España: análisis pre-post Covid-19

Si antes de la pandemia los datos de la pobreza en nuestro país ya eran preocupantes, después de la crisis sanitaria encontramos datos sumamente preocupantes. Centrándonos en la definición primaria de la pobreza, el dato más importante para comprender este fenómeno tras la pandemia es el crecimiento de la Privación Material Severa, que pasa del 4,7% al 7% en un año. Con un incremento del 49% y que significa que en España hay 3,3 millones de personas que se encuentran en esta situación (Utría, 2019). También se incrementa el porcentaje de personas que llegan con mucha dificultad a fin de mes, que pasa del 7,8% al 10% de la población, lo que se traduce en 4,73 millones de personas. La tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza y/o exclusión social, pasa del 25,3% hasta el 26,4% en tan solo un año, alcanzando la cifra de 12,4 millones de personas. El riesgo de pobreza, se incrementa tres décimas, hasta alcanzar el 21% de la población española, afectando a 9,9 millones de personas (Instituto Nacional de Estadística, 2021). Estos datos reflejan que la situación de precariedad y pobreza están relacionados con otros elementos como la cohesión social.

Trasladando esta realidad a la operativa que como entidad tenemos puesta en marcha para la atención integral de este fenómeno, nos encontramos diferentes obstáculos para la presentación de proyectos a subvenciones públicas que aborden la multidimensionalidad e integralidad de la pobreza (Rodríguez, 2020). Debido a esto, se decide desde Diaconía España establecer como objetivo de este estudio analizar y detectar las causas de la imposibilidad de presentación de propuestas de abordaje integral de la pobreza y, tras este, emanar propuestas que permitan reconfigurar el tablero actual sobre el que las entidades del Tercer Sector se mueven. También, como objetivo subyacente, este estudio se plantea poner de manifiesto la importancia de establecer políticas de financiación activas, que permitan la reconstrucción de los pilares sociales afectados tangiblemente por los efectos de la crisis de la Covid–19, así como los efectos arrastrados de la crisis de la postmodernidad (Parajuá, 2015).

Con las convocatorias nacionales y autonómicas de financiación de proyectos sociales para 2023 a la vuelta de la esquina, desde Diaconía España se considera necesario que se lleve a cabo un proceso de reflexión sobre la necesidad de abordaje holístico de esta problemática y que cuya conclusión permee no solo en la práctica de las entidades sobre su intervención contra la pobreza, sino también en las administraciones competentes para que promuevan la emanación de políticas sociales integrales. Para este caso, se entiende por política social integral sobre este fenómeno aquella que conjuga programas de generación de trabajo e ingreso, desarrollo humano y social y protección social, implantada, monitoreada y evaluada de forma intersectorial (diferentes sectores), descentralizada (diferentes niveles de gobierno), participativa (diferentes poderes gubernamentales —ejecutivo, legislativo y judicial—, organizaciones de la sociedad civil, empresas y voluntariado), asegurando el protagonismo de los pobres, focalizada en las áreas geográficas donde se concentra la pobreza y las familias más pobres, con prioridad en los grupos con alto grado de exclusión por región geográfica, género, raza, situación del jefe de familia, desempleo, grado de escolaridad, salud, etcétera (Engel, 2004:11). Pero, sumado a lo anterior, desde nuestra entidad también se cree que esta reflexión debe servir para apuntalar los compromisos contraídos con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.

Metodología

De acuerdo con la realidad antes descrita y a la realidad que como entidad del Tercer Sector experimenta Diaconía, se realiza un proceso de revisión documental haciendo uso de una metodología descriptiva mixta mediante la aplicación indicadores cienciométricos (Díaz, 2019). Este se realiza a través de un análisis comparativo entre la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2019-2023) y las principales subvenciones de ámbito nacional y autonómico a cargo de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para su ejecución en el 2022 para ver de qué forma esta estrategia permea en las diferentes convocatorias.

El criterio de selección de las subvenciones para el análisis antes citado se ha seguido bajo los siguientes parámetros:

• La presencia de Diaconía en el territorio nacional.
• El porcentaje del índice AROPE por comunidad autónoma, conforme a los datos publicados por la red EAPN 2021.
• El número de habitantes por comunidad autónoma.

De acuerdo con lo anterior, se seleccionan las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias con sus respectivas subvenciones, a las que se suma la convocatoria de IRPF estatal. Asimismo, se hizo un estudio en profundización de aquellas variables directas e indirectas que podían contribuir al desarrollo de investigación, centro esto en los aspectos de rigurosidad que poseen estudios similares a este.

Resultados

Cabe mencionar que la estrategia nacional de lucha contra la pobreza y la exclusión divide su acción en cuatro metas, de las cuales se desprenden objetivos y líneas de actuación para cada una de ellas. A la luz del análisis anterior y apoyándonos en investigaciones cercanas a este ámbito tales como las de Rovira (2019) y las de Vasco (2021), hemos obtenido los siguientes resultados distribuidos por las metas recogidas en la estrategia nacional:

• Meta 1 – Combatir la pobreza: Se observa que esta meta excluye en gran manera la intervención de las entidades del Tercer Sector y no se percibe un enfoque multidimensional de la pobreza. A pesar del título de la meta, ésta mantiene un enfoque económico de la pobreza en sus líneas de actuación. Si bien se han tomado algunas medidas, como la solicitud de gestión del IMV, consideramos que, ante los mejorables resultados de esta meta, se deben hacer esfuerzos tangibles para implicar más a las entidades del Tercer Sector en las líneas de actuación de dicha meta, ya que somos testigos directos tras el Covid, de los nuevos rostros de la pobreza que hay que analizar sumando a estas líneas de actuación. Con todo, a la luz de la estrategia nacional, no se encuentran referencias a las líneas de actuación de esta meta en las subvenciones analizadas.
• Meta 2 – Eficacia y Eficiencia de las políticas y Meta 3 – Protección social ante los riesgos del ciclo vital: Las metas 2 y 3 son las que contemplan y recogen mayoritariamente el trabajo de las entidades del Tercer Sector, pues centran sus objetivos en la educación equitativa e inclusiva, en la formación-empleo y en la protección social, que incluyen la salud y la vivienda. Es decir, contemplan más dimensiones de la pobreza. Tanto el estatal como los IRPF autonómicos recogen en sus bases de forma mayoritaria lo planteando, aunque las líneas subvencionables de actuación son muy vagas en cuanto se refieren a colectivos en situación de pobreza. En este sentido, se echa en falta líneas en las subvenciones que incidan en la multidimensinalidad y las problemáticas generadas por el Covid-19, donde las entidades del Tercer Sector podrían jugar un importante papel, y que cobra mayor relevancia tras la pandemia. Tales como programas de sensibilización sobre la marginalización de la pobreza y la aporofobia (recientemente tipificada como delito de odio en el código penal), nuevas formas de consumo sostenible y programas que atiendan las consecuencias de la pobreza y exclusión social.  
• Meta 4 – Eficacia y Eficiencia de las políticas: No hay correspondencia entre la meta y las diferentes subvenciones. Las líneas de actuación de dicha meta se excluyen de los IRPF. Más allá de programas para fomentar el movimiento asociativo y el trabajo en red, no se financia la participación de las entidades del Tercer Sector en el desarrollo de políticas sociales ni su interlocución con actores sociales. No se considera que el Estado no deba tener injerencia en esta materia, sino todo lo contrario; la lucha contra la pobreza pasa total y enteramente por decisiones políticas. Sin embargo, ante los mejorables resultados obtenidos y las consecuencias del Covid-19, entendemos que el papel de las Entidades del Tercer Sector debe incrementarse. La experiencia, la confianza y el trato directo con los beneficiarios nos proporciona un lugar de privilegio para un análisis multidimensional de la pobreza.

Conclusiones

Los resultados antes mencionados nos permiten obtener conclusiones sobre este fenómeno y su abordaje desde el sector público y Tercer Sector:

1. La estrategia nacional contra la pobreza existente fue creada en una época en la cual no existían muchos de los desafíos y desigualdades actuales que se han producido tras la Crisis del Covid-19. Los datos disponibles confirman la necesidad de revisar las acciones habituales del pasado, y que pasarían por entender la pobreza de forma multidimensional y otorgarle mayor relevancia a las entidades del Tercer Sector (Marba et al., 2022).
2. Se echa en falta mayor énfasis en las problemáticas agravadas por la contingencia sanitaria, como es la brecha digital (Robles et al., 2022).
3. A pesar del papel protagónico del Tercer Sector que se refiere en la estrategia nacional, consideramos que el campo de acción de las entidades es aún muy limitado.
4. Convenimos, al igual que la propia estrategia, que ésta y las líneas subvencionables plantean acciones paliativas frente a la pobreza desde sus múltiples dimensiones que pueden contribuir al cambio y el impacto social.
5. Por ello, se necesita mayor énfasis en la prevención y sensibilización, que aborden modelos de consumo sostenible y visibilicen nuevos fenómenos como la aporofobia (Rojas, 2018).
6. Ante la imposibilidad del Estado para efectuar sus actuaciones económicas frente a la pobreza, el Tercer Sector debería ser contemplado como aliado en esta prestación de servicio.

Propuestas

Por lo anterior, desde Diaconía España se creen necesarias contemplar las siguientes propuestas que son fruto del análisis y conclusiones anteriores:

1. Es urgente y se requiere de forma imperativa una ley integral frente a la pobreza que tenga eco en las diferentes autonomías.
2. Se necesitan líneas subvencionables que financien exclusivamente, aunque también las diferentes dimensiones en particular, el abordaje integral de la pobreza desde un análisis multidimensional.
3. Es necesario impulsar proyectos preventivos y de sensibilización que incidan en los múltiples factores potenciadores de situaciones de pobreza, como la aporofobia, nuevas formas de consumo sostenible y causas estructurales de la pobreza.
4. Sería de alto impacto una mayor participación de las entidades del Tercer Sector para las propuestas de futuras estrategias nacionales de lucha contra este fenómeno.
5. Creemos que el compromiso de España con la Agenda 2030 debe permear aún más en futuras estrategias de lucha contra la pobreza.

En Diaconía tenemos un fuerte compromiso con la lucha contra la pobreza y la exclusión social y creemos firmemente que este fenómeno está sujeto a voluntades que escapan del radio de acción de cualquier ONG. Sin embargo, creemos que hay mucho terreno por cubrir y queremos formar parte de la solución y no del problema.

La necesidad de abordar de manera integral y multidimensional todos aquellos aspectos relativos a la pobreza y a la financiación de la misma, será indispensable para generar respuestas ante la incipiente confrontación de la realidad (Urbina, 2016), promoviendo y generando actuaciones que permitan dar respuesta  la problemática detectada, con el objetivo de favorecer políticas inclusivas, que fomenten el cambio en la interacción social y disminuyan los índices y tasas de pobreza mencionadas (Wallerstein, 1996). Apostar por políticas generadoras de cambio, que fomenten la financiación de proyectos sociales favorecerá el cambio social y hará frente al choque de realidad existente promoviendo actuaciones de calidad y regeneradoras a nivel social, económico y político (Pina y Torres, 2004).

Bibliografía

Corredor, H. J. (2022). Exclusión, discriminación y pobreza de los indígenas urbanos en México (Spanish Edition) (1. ed.). Miño y Dávila editores.

Cortés, F. G. y Cortés, F. (2021). Medición multidimensional de la pobreza (1.^a ed.). FLACSO México.

Díaz, S. E. A. (2019). Uso de indicadores cienciométricos: Uso de Indicadores Cienciométricos en el estudio de la producción científica Colombiana en el área de Matemáticas (Spanish Edition). Editorial Académica Española.

García Sainz, C. (2017). « El impacto de la crisis económica en la pobreza de tiempo y la desigualdad de género”. Arbor, 193(784), 382. https://doi.org/10.3989/arbor.2017.784n2005

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2021, julio). Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2019–2021. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608

Lustig, N. y Martínez Pabón, V. (2021). “El impacto del COVID-19 en la desigualdad y la pobreza en México”. Estudios Económicos de El Colegio de México, 7–25. https://doi.org/10.24201/ee.v36i1.416

Marban Gallego, V. y Rodríguez Cabrero, G. (2021). “El Tercer Sector de Acción Social en las Comunidades Autónomas: ¿modelos de Tercer Sector o singularidades territoriales?” CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa, 103, 9. https://doi.org/10.7203/ciriec-e.103.21496

Natal, A. (2018). “Pobreza y Participación”. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 14. https://doi.org/10.29101/crcs.v0i14.9588

Parajuá, D. (2015). “Social Services: variations for containment policies of social problems”. Ehquidad Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social, 3, 107–129. https://doi.org/10.15257/ehquidad.2015.0005

Pina, V., & Torres, L. (2004). “La Financiación Privada de Infraestructuras Públicas: El Peaje en la Sombra”. Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad, 33(123), 935–958. https://doi.org/10.1080/02102412.2004.10779535

Ponce, M. G. (2019). “Medición de pobreza multidimensional de la iniciativa en pobreza y desarrollo humano”. Revista de Ciencias Sociales, 24(4), 98–113.

Robles, J. M., Molina, S. y de Marco, S. (2012). “Participación política digital y brecha digital política en España. Un estudio de las desigualdades digitales”. Arbor, 188(756), 795–810. https://doi.org/10.3989/arbor.2012.756n4012

Rodriguez, A. R. (2020). Combatiendo la pobreza desde las Universidades: Modelo de emprendimiento social como estrategia de desarrollo (Spanish Edition). Editorial Académica Española.

Rojas Lizama, D. (2018). “Aporofobia, el rechazo al pobre”. Revista de filosofía, 74, 319–321. https://doi.org/10.4067/s0718-43602018000100319

Rovira, I. (2022). “La incidencia del COVID-19 en el IRPF de 2020”. Anales de Derecho, 39. https://doi.org/10.6018/analesderecho.439021

Ruiz-Varona, A. (2018). “Pobreza y segregación racial en la financiación gubernamental de los servicios asistenciales estadounidenses”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 76, 358. https://doi.org/10.21138/bage.2526

Sarasa, S., Navarro-Varas, L. y Porcel, S. (2016). “Clase social y privación material entre los inmigrantes de países pobres en Cataluña / Social Class and Material Deprivation in Immigrants from Poor Countries Residing in Catalonia”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. https://doi.org/10.5477/cis/reis.156.117

Urbina Padilla, D. A., & Quispe, M. (2016). “La pobreza monetaria desde la perspectiva de la pobreza multidimensional: el caso peruano”. Enfoque, 2-3, 77–98. https://doi.org/10.26439/enfoque2016.n002.1871

Utria, R. A. (2021). Interpretación sociológica de la Covid 19 (Spanish Edition). SantaBárbara Editores.

Vasco, D. (2021). “Régimen fiscal de la división de la cosa en común en el IRPF. Ejemplos prácticos,” de Eduardo R. Sánchez Álvarez. Revista Crónica Tributaria, 181(4), 181–190. https://dx.doi.org/10.47092/CT.21.4.8

Wallerstein, I., (Presidente), I. C. W. J., Humanidades, C. U. D. I. I. E. C. Y., & Mastrángelo, S. (1996). Abrir las ciencias sociales: Informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales (10.^a ed.). SIGLO XXI Editores.

Wanda, E. (2004), Políticas integrales de reducción de la pobreza: el desafío de la efectividad. Banco Interamericano de Desarrollo, (en línea), julio de 2004 (consultado el 10 de abril de 2006). Disponible en http://dds.cepal.org/eventos/presentaciones/2004/0810/Engel_Wanda.pdf.

Número 11, 2022

Marina Sánchez-Sierra Ramos. Técnico del Equipo de Estudios de Cáritas Española y miembro del Equipo Técnico de FOESSA

Puedes encontrar a Marina Sánchez-Sierra en Twitter.

En ocasiones nos encontramos con que los ámbitos de la investigación y de la intervención encuentran un muro invisible que les separa, que les hace no reconocerse mutuamente en la tarea del otro. Este alejamiento no es propio de las disciplinas en sí, sino de las personas que las aplicamos que, volcadas en las tareas del día a día, en el trabajo que hemos de sacar adelante, olvidamos –sin querer– aprovechar el potencial y el conocimiento que escucharnos y mirarnos mutuamente puede ofrecernos. Pero no se trata de lo que nos ofrece a nosotros a nivel intelectual o profesional, sino de las mejoras que podemos incluir en nuestro hacer y saber hacer que, en definitiva, en el tercer sector en general y en Cáritas en particular, se orientan a mejorar la vida de quienes viven en condiciones más precarias.

Se investiga al servicio de la acción social y así la intervención queda fundamentada en el análisis de la realidad y no en la ocurrencia o el voluntarismo, sin que por ello la investigación pierda su objetividad y su autonomía. De lo contrario, corremos el riesgo de hacer un uso instrumental de la investigación, viciándola desde el inicio al buscar unos resultados concretos que corroboren nuestras hipótesis y refuercen nuestra estrategia de intervención.

Y lo que aquí nos proponemos es presentar algunos de los beneficios que la investigación puede ofrecer a la intervención para que los equipos de trabajo puedan iniciar un diálogo que sirva a nuestra misión.

En primer lugar, si el objetivo de la organización es más grande que ella, que no quiere satisfacerse a sí misma, sino acompañar a las personas en situaciones difíciles, la investigación y la mirada que ofrecemos a la realidad social debe estar al servicio de estas personas y sus problemáticas. Y desde el conocimiento de la realidad será que nuestra intervención se ajustará a lo que ya existe para construir lo que queremos que sea. Es decir, pasaremos a construir desde los materiales de los que disponemos, y no desde las expectativas que organizaciones y participantes puedan tener. Es un camino conjunto: sin saber de dónde partimos no podemos comenzar a construir, pero tampoco podemos hacerlo sin saber qué queremos lograr. Por tanto, el primer beneficio que podemos lograr es el ajuste entre la realidad existente y los objetivos de intervención planteados.

Es más, la investigación ayuda a la priorización de problemáticas y objetivos. Lo equipos de intervención son buenos conocedores de la realidad, pero necesitamos ampliar esa mirada, que se dirige a un determinado espacio o problemática, y situarla en el conjunto social. Y esto nos lo permite la investigación, el análisis, desde una mirada que sale de la realidad para observarla desde fuera buscando la mayor objetividad posible.

Y en esa mirada amplia, también podemos descubrir nuevos fenómenos que están afectando a las personas con las que trabajamos y de los que aún no somos conscientes desde la intervención. Puede tratarse de nuevas problemáticas, pero también podemos observar tendencias, atisbar hacia dónde nos dirigimos como sociedad, y qué impactos puede tener en determinados colectivos, para así generar respuestas que permitan mitigar o prevenir los efectos negativos que aquellas puedan tener.

En cuanto a efectos, la investigación también nos permite analizar las consecuencias, esperadas o no, de la intervención. A los indicadores que nos dicen si hemos cumplido con los objetivos que la intervención se proponía, la investigación puede sumar otros efectos positivos y negativos que la intervención ha podido tener, tanto en la población beneficiada por la intervención como en su entorno. De este modo podremos hacer los cambios necesarios en el diseño de la intervención para optimizarla. Es decir, la investigación nos ayuda a la mejora de la intervención.

En este sentido, la investigación a priori sobre las personas en situación de exclusión, sus necesidades, visión del mundo, cómo y dónde se perciben socialmente, su consciencia o no de ser sujetos de derechos, así como averiguaciones sobre una cuestión concreta, dan una valiosa información para diseñar la intervención según las necesidades, preferencias y subjetividad del colectivo beneficiario, lo que estará incidiendo de dos formas: una implicación de las personas que participarán desde antes de que se produzca la intervención, y una adecuación de objetivos y tareas no solo a la realidad objetiva, numérica, de un hecho, sino a la subjetividad de las personas, facilitando un mayor éxito de las actuaciones que se desarrollen.

En esta línea, será posible también un mejor aprovechamiento de los recursos, esto es, una mayor eficiencia, pues trabajaremos conociendo la realidad desde la que incidimos, lo que hace que podamos enfocar mejor nuestra acción.

Además de todo lo anterior, en el proceso de investigación no hay valoración ni consecuencias sobre lo que las personas expresan, y eso permite una apertura diferente, más subjetiva, donde no hay expectativas por parte de quien investiga ni de quien participa en la investigación. En la intervención, sin embargo, la conversación y la relación que se establece tiene un objetivo concreto, que no siempre tiene por qué ser el mismo para las personas trabajadora y participante. La investigación se convierte en una herramienta más para la intervención, ubicándola en un marco más amplio, más abstracto, y a la vez, al mirar desde más lejos, podemos comprender mejor lo específico. Como en una imagen en la que ves un niño desamparado que llora en un suelo de tierra, al que quieres ayudar y tender tu mano, pero al ver el resto de la imagen ves que está en un parque, con su padre tendiéndole los brazos, y a su madre caminando hacia él con una botella de agua. La investigación nos ayuda a ver y comprender esa parte que la foto manipulada nos oculta.

Todo esto debe hacerse, eso sí, teniendo claro el lugar de la organización y su objetivo para no terminar convirtiéndola en un mero generador de datos que se olvide de incidir sobre la realidad y solo la analice desde la distancia. El análisis debe guiar nuestra estrategia de incidencia social o política, no al revés.

Para todo ello es necesario también tener en cuenta algunos aspectos que faciliten una relación sinérgica entre estas disciplinas. La investigación debe utilizar, para trasladar sus resultados, un lenguaje adecuado. Sin él, los agentes de intervención se alejan de los resultados del esfuerzo investigativo. Para ello es necesaria la pedagogía, dotar a dichos agentes de los instrumentos necesarios para que puedan trasladar y aplicar el análisis de la realidad a la intervención sobre la misma. Por último, en el ámbito social no puede reducirse todo a la cuantificación, sino que es preciso combinar fuentes e indicadores cuantitativos con cualitativos, esto es, con información narrativa que nos ayuda a conocer la subjetividad de las personas (sentimientos, motivaciones, deseos, etc.).

Por tanto, la investigación y la intervención no son dos caras de una dualidad, sino dos maneras complementarias de mirar la realidad. La investigación también ha de escuchar a los profesionales de la intervención porque conocen la realidad de primera mano, saben qué está ocurriendo y también ven tendencias de evolución social. En lugar de pensar en ellas como disciplinas independientes, debemos comenzar a enfocarnos en la manera en que pueden verse fortalecidas mutuamente, y aprovechar ese impulso para seguir trabajando por la dignidad de las personas.

Número 11, 2022

Joaquin Garcia Roca. Sociólogo y teólogo

La condición humana está atravesada por tensiones, que no antinomias, entre la continuidad y la ruptura, la dependencia y la autonomía, la memoria y la imaginación. La paradoja es el modo humano de estar en la realidad. Sostiene Henri de Lubac que la paradoja es la búsqueda o la espera de la síntesis, que nunca acaba de llegar ya que cada verdad conocida se abre a una nueva paradoja.

La paradoja tiene un momento propositivo o acomodaticio, que vincula a una historia concreta, y otro momento provocativo o disruptivo, que apunta críticamente a una realidad posible e imaginada. Por el primero, el ser humano tiene raíces, por el segundo posee alas. La provocación que no se enraíce en la realidad concreta es fantasía, y si no desea ir más allá es simple pragmatismo; fantasías y pragmatismo son hoy territorios abonados para ideologías y mitologías, que distorsionan el conocimiento, cubren de niebla el universo cultural, político y religioso e impiden vivir la complejidad. La tensión se transforma por arte de magia en propuestas simples; la inseguridad en prácticas regresivas; y el cambio necesario en restauración caducada.

La guerra de Ucrania ha evidenciado la paradoja entre el realismo, que asiste, acompaña, arma a la población y gestiona el conflicto para reducir el sufrimiento evitable; y la oposición radical a los intereses en juego, y al uso de armas mediante declaraciones formales para frenar tanto la vocación expansionista de Rusia como la arrogancia occidental. La articulación entre ambos enfoques no es de talla única ni tiene una solución definitiva sino una tarea abierta e incompleta que como sugería Chesterton las cosas se vuelven cada vez más paradójicas a medida que nos acercamos a la verdad.

Los intentos de vivir la tensión mediante el regreso a un pasado reconciliado producen la mitología del origen. La raza cuando se supone que era pura, el idioma cuando no estaba contaminado y la patria antes que llegaran los otros bloquea el carácter temporal e histórico de las respuestas hasta lograr identidades asesinas, patrias excluyentes y discursos arrogantes. El mito del origen ha llevado a Putin, con la bendición de la Iglesia ortodoxa rusa, a regresar al gran imperio ruso. Y a la OTAN, con la bendición de Occidente, a la guerra fría. Asistimos al conflicto entre dos temporalidades: la de Ucrania que vive el tiempo de la creación de un Estado nacional cuando la flecha del tiempo apunta hacia un mundo global y común, la de Rusia que vive el tiempo de los imperios cuando la flecha del tiempo apunta a las sin fronteras.

Fracasa, así mismo, vivir la paradoja desde la imaginación de un futuro ideal y un hombre nuevo; subyace este marco cognitivo y emocional en la proliferación de neos, post y trans – neoliberalismo, poshumanismo, transexualidad- Genera impotencia, ansiedad y frustración, como ha sucedido al creer que tras la pandemia llegaba el año cero de la humanidad y sin embargo llegaron otros virus. En el contexto de la guerra han proliferado Manifiestos basados en juicios morales sobre la justicia ideal por encima de la injusticia manifiesta, los sufrimientos evitables, y del umbral de riesgo; la ambigüedad de esta posición ha sido denunciada por Habermas con palabras gruesas: seguir jadeando la sangre desde la seguridad de las gradas.

Tampoco la equidistancia ayuda a vivir la paradoja. Cuando está en juego la vida, la libertad y la justicia, no es posible el equilibrio entre opresores y los oprimidos. La ideología del término medio muchas veces encubre el autoengaño como sucede cuando Occidente arma a Ucrania sin querer entrar en guerra; y la incoherencia, ya que es difícil comprender que se logre la unidad de las fuerzas políticas para enviar armas a Ucrania, y no sea posible alcanzar consensos racionales en la lucha contra la pobreza, en el cambio climático, en el control interno de armas o en las políticas migratorias. La ideología del equilibrio podrá lograr la paz como cese de hostilidades y alto el fuego, pero no logrará la justicia que conlleva reconstruir el país, cerrar las heridas y restituir las pérdidas Y siempre será una justicia imperfecta porque nadie devolverá a la vida a los muertos a causa del conflicto.

La vida cotidiana se encarga del anclaje de las paradojas, antes de que llegue la teoría abstracta y las estrategias políticas. No hay nada más subversivo para el presente y propositivo para el futuro que ver a una mujer cuidar las heridas de un soldado ruso y otro ucraniano y enjugar las lágrimas de ambas víctimas. Es en la acción donde se crean sinergias entre el amor y la justicia, y en palabras de Ricoeur lanzar un puente entre la poética del amor y la prosa de la justicia. Como propone Francisco en Fratelli tutti también en la política hay lugar para amar con ternura (n. 194).

Bibliografía 

De Lubac, H.  Paradojas y nuevas paradojas. Madrid: Península, 1966.

Chesterton, G. K. San Francisco de Asís (5ta. Edic.). Barcelona: Juventud, 2012.

Habermas, J. Hasta dónde apoyamos a Ucrania. En El País, 7 de mayo de 2022.

Ricoeur, P. Amor y justicia. Madrid: Trotta, 2011.

Francisco. Carta encíclica. Fratelli tutti sobre la fraternidad
y la amistad social, 3 de octubre de 2020.

Número 11, 2022

Puedes escuchar la conversación con Remedios Zafra en Youtube, iVoox y Spotify.

Número 11, 2022

Albert Alberich, director de Moda re-

Aunque fue el 3 de marzo de 2020 cuando se constituyó formalmente Moda re-, la cooperativa de iniciativa social promovida por Cáritas Española, su origen se remonta a muchos años antes.

Muchas veces hemos comentado, que Moda re- nace de la tan asentada tradición española que hacía que, cuando una familia tenía ropa en buen estado, pero que por el motivo que fuese ya no se usaba, se llevaba a la parroquia donde un grupo de voluntarias y voluntarios la acondicionaban para hacerla llegar a las familias necesitadas, en las mejores condiciones posibles. Y a partir de esa realidad histórica tendríamos que retroceder 30 años en el calendario para situar en el ámbito de varias Cáritas Diocesanas, el nacimiento de proyectos que identificaron que la recogida y el tratamiento de la ropa usada que llegaba a Cáritas, podía ser un elemento de generación de empleo.

La decisión de implicarse en la creación de puestos de trabajo, por parte de estas Cáritas, era fruto de una reflexión, que ya consideraba que la mejor ayuda para sacar a una persona de una situación de exclusión social, era facilitarle la posibilidad de un puesto de trabajo que, además de todo lo que significaba en términos de ingreso económico, representaba una oportunidad de crecimiento personal y de integración en la comunidad.

Con el paso del tiempo, a este primer objetivo de inserción laboral, se le incorporó un segundo objetivo medioambiental, ya que las cantidades de ropa recogida aumentaban exponencialmente y no se consideraba que el depósito de la ropa no reutilizable en un vertedero fuese una opción compatible con el espíritu de estos proyectos. Con el objetivo de poder dar el mejor tratamiento medioambiental a la ropa usada, entre los años 2012 y 2014 se pusieron en marcha, dentro del ámbito de Cáritas, tres modernas plantas de tratamiento integral que, a día de hoy, siguen siendo las más avanzadas del sur de Europa.

En paralelo a la puesta en marcha de estas plantas de tratamiento en el ámbito de Cáritas Bilbao, Càritas Barcelona y Cáritas Valencia, renace un movimiento dentro de Cáritas Española que cree en la necesidad de construir un Proyecto Común Textil, que permitiese agrupar todos los proyectos diocesanos que se habían implicado en el esta actividad (mediante la creación de empresas de inserción en la mayoría de casos) y que además, tuviese la capacidad de acompañar a nuevas Cáritas que quisieran replicar el modelo en otras diócesis. Ya en ese momento estaba consolidado el convencimiento de que sumar las capacidades y conocimientos, para ponerlos al servicio de todos los proyectos que se quisiesen implicar en el Proyecto Común Textil, era la mejor manera de fortalecer cada uno de los proyectos y así, seguir avanzando en los objetivos de mejorar nuestro impacto social y medioambiental.

Un proyecto tan ambicioso como este, solo podía consolidarse mediante un proceso generoso de renuncia a las singularidades y de aportación por parte de todos los integrantes, de sus capacidades y experiencias al conjunto de la comunidad que se quería construir. Así se inició un largo camino de construcción de un modelo cooperativo, que se ha revelado como un magnífico instrumento de plasmación de aquel sueño del Proyecto Común Textil de Cáritas.

En marzo del año 2020, justo unos días antes de la declaración del estado de alarma, nacía la cooperativa Moda re-, con la participación de los proyectos de 30 Cáritas Diocesanas que trabajaban en el sector de la ropa usada. De este modo empezó a caminar formalmente, coincidiendo con uno de los momentos más complicados que como comunidad hemos tenido que afrontar a nivel mundial. Justo en el momento de nacimiento de Moda re-, aparecían en nuestra actividad cotidiana dificultades inimaginables y problemáticas que afectaban a la sociedad en general, pero con especial crudeza a los más desfavorecidos.

Aunque el tiempo transcurrido es corto, la intensidad vivida en estos dos últimos años, nos hace pensar que estas dificultades han servido para acelerar los procesos de identificación con el proyecto y que, en estos dos años de especiales dificultades, posiblemente hemos avanzado más en la cohesión de Moda re-, que en un periodo mucho más largo de normalidad social.

Y llegados a este punto, podemos preguntamos ¿Qué es hoy Moda re-?

Y sin ánimo de ser exhaustivos, una primera respuesta es, que hoy ya son 45 las Cáritas Diocesanas que con sus proyectos participan en Moda re- con presencia en más de 40 provincias.

Y que desde el punto de vista social:

• Sigue aumentando el número de puestos de trabajo creados, acercándonos a los 1.200, de los cuales algo más del 50% están reservados a las personas en riesgo de exclusión que realizan su itinerario laboral de inserción con nosotros.
• Se sigue aumentando el volumen y la dignificación de la entrega social de ropa a través de la cada vez más amplia red de tiendas Moda re-
• Seguimos trabajando en la expansión de nuestra red de tiendas, que ya están presentes en más de 80 ciudades españolas, transmitiendo a la sociedad una imagen atractiva, cercana y generadora de comunidad en su entorno.
• Se continúa trabajando por la sensibilización de la sociedad para fomentar el cuidado de la casa común mediante el consumo moderado y consciente de la ropa y la necesidad de la reutilización.

Y desde el punto de vista medioambiental:

• Que es el proyecto de referencia en España (y en el sur de Europa) para la recogida y tratamiento de la ropa usada en España, con más de 42 millones de kilos de ropa recogidos anualmente (lo que representa más del 40% de toda la ropa que se recoge en España).
• Que cuenta con una red de más de 6.500 contenedores de recogida de ropa, que es la más grande de España.
• Que es el proyecto que cuenta con las 3 plantas de tratamiento de la ropa usada más avanzadas del sur de Europa.
• Que mediante sus alianzas con los grandes operadores del sector textil, lidera los procesos de preparación para la reutilización y el reciclaje textil, para convertir los residuos textiles no reutilizables en nueva materia prima.

Llegados a este punto, es de justicia recordar que sin el apoyo de Cáritas Española en el campo institucional y de entidades como Inditex, que nos ha apoyado en todo el esfuerzo de profesionalización y de equipamiento del proyecto, nuestra realidad sería hoy muy diferente.

¿Cómo vemos el futuro de Moda re-?

Desde sus primeros pasos, este proyecto ha recibido importantes inyecciones de moral con la publicación de las dos encíclicas, Laudato si’ con lo que representó de apuesta por el cuidado de la casa común y que para el Proyecto Común Textil de Cáritas fue, en aquel momento, un estímulo para seguir creciendo en la mejora del tratamiento de la ropa usada. Y posteriormente con la encíclica Fratelli tutti donde la clara apuesta por el trabajo: Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna,  coincide y refuerza uno de los objetivos fundamentales de Moda re-.

Y en este sentido vamos a seguir:

• Trabajando para la creación del mayor número de puestos de trabajo reservados a los colectivos más desfavorecidos, para que con las habilidades adquiridas durante su estancia con nosotros, puedan dar el salto a la empresa ordinaria.
• Trabajando para que estos puestos de trabajo sean sostenibles económicamente para cada uno de los proyectos y así poder seguir creciendo y aumentando el impacto social.
• Aplicando a nuestras actividades la identificación con la Jerarquía de residuos:
  • En primer lugar, REDUCCIÓN. Para ello vamos a trabajar en la difusión de los materiales de sensibilización que ya se han preparado para escuelas, institutos y voluntariado.
  • En segundo lugar, REUTILIZACIÓN. Para ello vamos a seguir apoyando la apertura de nuevas tiendas, por su impacto en la creación de puestos de trabajo, pero también por el acercamiento de la reutilización a nuevos públicos. Esperamos llegar a finales de este año 2022 con cerca de 130 tiendas y más de 15 córneres Moda re- en grandes superficies.
  • Y en tercer lugar el RECICLAJE. Seguiremos trabajando con los grandes operadores del sector para seguir siendo los referentes en la preparación de la ropa usada no reutilizable en nuevas materias primas y así cerrar el círculo.
• Acompañando a todos los socios en su día a día y apoyándolos tanto en programas formativos como en operaciones, de tanto impacto, como la sensorización de los 6.500 contenedores o en la implantación de sistemas informáticos.
• Acompañando a los proyectos de cualquier Cáritas Diocesana que quieran incorporarse o crear un nuevo proyecto textil.

Moda re- es un proyecto muy joven, pero que al mismo tiempo es fruto de un largo camino que se ha alimentado de muchos esfuerzos personales y de actuaciones llenas de generosidad con renuncia a lo particular, en beneficio del bien común. Este ha sido y sigue siendo el mejor camino.

Seguimos.

Número 11, 2022

Fernando Fantova, consultor social

Puedes encontrar Fernando Fantova en Twitter.

En este artículo se desarrolla una breve reflexión sobre la situación y perspectivas de los servicios sociales en España, intentando dilucidar en qué medida lo que se requiere, a partir de dicha situación, es un aumento de recursos, un mayor desarrollo y mejora de la calidad de sus procesos, un cambio de rumbo o giro estratégico o, más bien, una reconfiguración radical.

Introducción

En este artículo se desarrolla una breve reflexión sobre la situación y perspectivas de los servicios sociales en España, intentando dilucidar en qué medida lo que se requiere, a partir de dicha situación, es un aumento de recursos, un mayor desarrollo y mejora de la calidad de sus procesos, un cambio de rumbo o giro estratégico o, más bien, una reconfiguración radical.

El autor se basará en su conocimiento directo del mundo de los servicios sociales a través del trabajo de consultoría y del indirecto a través de la bibliografía. Partiendo de una mirada sobre la trayectoria de los servicios sociales en España y pasando por una lectura del cambio social en el que estaríamos inmersas en este país y su entorno, analizaríamos la encrucijada en la que se encuentran inmersos nuestros servicios sociales para desembocar en un intento de respuesta a la pregunta que da título al artículo.

La trayectoria de los servicios sociales españoles

En España los servicios sociales son configurados como ámbito de actividad, fundamentalmente, por el sector público. Ello no quiere decir que no haya servicios sociales privados o solidarios, pero normalmente son identificados como servicios sociales por su similitud y conexión con servicios sociales públicos. En este artículo, por tanto, hablaremos de los servicios sociales entendiéndolos como un ámbito de actividad (unos servicios sociales, por tanto, que pueden ser o no ser públicos) pero siendo conscientes de la centralidad o relevancia del sector público en dicho ámbito de actividad (en su configuración a lo largo de la historia y en su actual funcionamiento en nuestro país).

La referencia fundamental, hoy y aquí, para identificar el ámbito o delimitar el perímetro de los servicios sociales es, sin duda, la de las leyes de servicios sociales (como denominación predominante) de las comunidades autónomas y las estructuras previstas en ellas y en su normativa de desarrollo. Hay que notar, sin embargo, que las comunidades autónomas legislan sobre servicios sociales apoyándose, fundamentalmente, en la competencia exclusiva sobre asistencia social que les reconoce la Constitución Española, materia que quedó así nombrada tras la aprobación de la enmienda que evitó que se incorporara el término beneficencia (Casado y Fantova, 2018).

Resumiendo mucho la trayectoria de los servicios sociales españoles, diríamos que, en general, se configuraron y se configuran como dispositivos para dar respuesta a situaciones excepcionales de afectación o deterioro de un bien que hoy llamaríamos inclusión social. Es decir, básicamente, los servicios sociales (y recordemos que hablamos, sobre todo, de servicios de responsabilidad pública) son servicios que atienden a las personas que se encuentran en (o se aproximan a) una zona de exclusión social o, dicho de otra manera, de limitada participación en las transacciones de todo tipo que permiten a las personas dar satisfacción a sus necesidades (en su caso, ejercer sus derechos).

Así planteados, lógicamente, los servicios sociales se formatean en función del modelo de inclusión social existente en la sociedad de referencia. ¿Por qué en la configuración de nuestros servicios sociales ha sido y es tan importante la identificación de determinados colectivos poblacionales destinatarios? Pues sencillamente porque esos segmentos de población son identificados en función de características o situaciones que los excluyen de los mecanismos predominantes mediante los que se produce o verifica la inclusión social en un determinado modelo de inclusión social (Laparra, 2022).

A pesar de que, en principio, podrían haberse producido trayectorias diferentes en las distintas comunidades autónomas españolas desde que éstas tomaron la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, hay dos opciones estructurantes de los entramados de servicios sociales de responsabilidad pública que son bastante comunes en todo el país. Una es la división de los servicios, básicamente, en dos niveles, con atribución de responsabilidades a distintas instituciones públicas, de suerte que, en los servicios sociales se mantiene una fuerte responsabilidad tanto de las entidades locales como de las comunidades autónomas (sin que podamos entrar ahora en más detalles o matices). La otra es la de que la mayor parte de los servicios que reciben finalmente las personas usuarias o destinatarias se prestan por parte de organizaciones solidarias o empresas privadas, aunque una parte importante de la financiación y otras funciones que los sostienen sean realizadas por instituciones públicas. (Mora y De Lorenzo, 2022).

Este posicionamiento y estructuración de los servicios sociales en España ha convertido a esta rama de actividad en una buena candidata para hacerse cargo de problemas sociales emergentes, pero, a la vez, ha facilitado y sigue facilitando las situaciones de ambigüedad y confusión en relación con la identificación del objeto y perímetro de los servicios sociales. Diríamos que ha resultado característica de los servicios sociales una tensión estructural entre su versatilidad vocacional para hacerse cargo de nuevas realidades o situaciones que pudieran conducir a determinadas personas a la exclusión social y la voluntad técnica y política de construir unos servicios sociales universales, es decir, unos servicios sociales públicos que lleguen a ser considerados por parte de una mayoría de la población como el mecanismo de referencia para la satisfacción de determinadas necesidades (como ya sucede en España, al menos, en áreas de necesidad y ámbitos de actividad importantes relacionados con la salud, la educación o la garantía de ingresos para la subsistencia material).

Se diría que el producto estrella (el más reconocible) que ofrecen los servicios sociales más próximos o locales es el de un kit de recursos o prestaciones dentro del cual el ingrediente más relevante, demandado y reconocido es el dinero para cubrir gastos de subsistencia material. En cuanto a los servicios sociales denominados especializados, que se estructuran más bien en función de perfiles, segmentos o colectivos poblacionales preestablecidos, el producto estrella (el más posicionado y el que consume más recursos) sería el de una atención integral (institución total) que tiende a incluir el ingrediente del alojamiento colectivo (Burns y otras, 2016).

El cambio social que estamos viviendo y los nuevos perfiles de la exclusión social

No resulta fácil para las gentes que viven un momento histórico determinado en un preciso lugar desvelar y comprender las situaciones y acontecimientos que protagonizan o en las que están inmersas. Hay procesos que pasan desapercibidos y que posteriormente son identificados como relevantes (Polanyi, 2016). Resulta más fácil listar tendencias que sopesar la fuerza de cada una y la manera en la que se entrelazan. Y es notablemente difícil establecer relaciones causales entre fenómenos (Hirschman, 2020).

El relato (la selección y articulación de circunstancias o devenires) por el que se opta aquí sería por el que estaríamos viviendo una situación en la que se cuartea un determinado modelo de inclusión social sin que se vea con claridad hacia dónde nos dirigimos. Elementos vertebradores o fundamentales de ese modelo que vemos agrietarse (y a veces desmoronarse) serían el empleo estable con relaciones laborales mediadas por los agentes sociales, la familia patriarcal y relativamente extensa embebida en comunidades homogéneas y operativas y una protección social notablemente contributiva que cubre grandes contingencias relativamente previsibles. Se diría que, tanto por sus éxitos como por sus fracasos, tanto por sus consecuencias buscadas como por las no deseadas, ese modelo de inclusión social parece presentar y generar crecientes disfunciones en un contexto (Nel.lo, 2021) en el que se presentan y entremezclan situaciones de extralimitación, escasez, globalización, profesionalización, financiarización, digitalización, longevidad, diversidad, individualización, desvinculación, movilidad, precariedad, segregación, alienación y polarización (sin que resulte posible extenderse en este momento sobre cada uno de estos fenómenos y la manera en que interactúan) (Pérez Orozco y Lopez Gil, 2011).

Estos procesos de cambio social son también procesos de cambio en las situaciones y dinámicas de exclusión social. Se percibe una diversificación de perfiles de exclusión social y la creciente dificultad para abordarla y no digamos para prevenirla. En España en estos momentos, en números redondos, un 25% de la población se encuentra en una situación de exclusión social (según el indicador denominado AROPE), pudiendo cifrarse en un 5% las situaciones de severidad y gravedad, y, por los estudios hechos en este siglo, sabemos que en este período se enquista la exclusión social y la desigualdad aumenta, sobre todo porque las personas pobres se hacen más pobres. Por el lado de arriba, solo un tercio de la población, aproximadamente, estaría por encima de la renta media, de modo que se percibe la hace tiempo descrita sociedad de los tres tercios, en la que las franjas que no están en exclusión social pero que están cerca se sienten (con razón) inseguras, saben que no están tan lejos de esa situación, se saben poco protegidas frente al riesgo de caer en una situación de exclusión social (Wright, 2018). Lo que se está observando en nuestra economía (en buena medida, directa o indirectamente, por la digitalización) es que las rentas del capital crecen más que las rentas del trabajo. Es el denominado efecto Mateo: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. En esta economía se incrementa la probabilidad de que quien disfruta de bienes (vivienda, papeles, empleo, ahorros, relaciones, pensión, conocimiento, Internet u otros) obtenga todavía más y, sin embargo, quien carece de ellos, lo tenga todavía más difícil. Por eso se dice que en nuestra sociedad se ha averiado el ascensor social (Gómez y Vidal, 2019).

Además es una sociedad más compleja, en la que se incrementan los mecanismos de inclusión y exclusión, las oportunidades y las amenazas. Esa es una de las razones por las que hablamos de la diversificación (e incluso sofisticación) de los perfiles de la exclusión social y la mayor aparición de factores de exclusión relacionados con la situación administrativa, con la vivienda, con los cuidados, con las competencias y recursos digitales, con la soledad u otros (además de los más tradicionales como el dinero, el empleo o la familia). Sigue siendo claro, en todo caso, el sesgo de género y de origen. En este tipo de sociedad que estamos construyendo, la fragmentación o desvinculación social (incluyendo la segregación territorial) dificulta formas anteriores de generación de comunidad o solidaridad y más bien se facilitan comportamientos del tipo sálvese quien pueda, por rechazo hacia las personas excluidas de las que otras se sienten distantes o precisamente por el miedo que se mete a que puedan acabar como ellas (Buesa y Cantero,2022).

Por último, la pandemia que se inicia en 2020 ha representado una disrupción global de la vida y ha generado respuestas excepcionales desde diferentes ámbitos (y, todo ello, consecuencias de diversa índole) y no es fácil saber en qué medida forma parte de una cadena de acontecimientos junto a otros anteriores y posteriores de carácter financiero, ambiental, económico, militar u otros que pueden considerarse convulsiones sistémicas o, dicho de otro modo, manifestaciones del agotamiento de equilibrios o fórmulas de funcionamiento social o colapsos de mayor o menor alcance de unos determinados modos de vida (Aguilar y Fantova, 2022).

La encrucijada en la que se encuentran nuestros servicios sociales: manifestaciones y lecturas

En estas complejas y turbulentas circunstancias el posicionamiento tradicional de los servicios sociales se torna mortal de necesidad, puesto que el número creciente de las personas que acuden a ellos en busca de alguna o varias de las prestaciones o apoyos incluidos en su oferta (desde alimentos a cuidados, desde dinero a alojamiento) ya no conforman aquellos contingentes limitados y perfilados previstos en su momento, sino que presentan una creciente multiplicidad mucho más compleja de situaciones y expectativas. Cantidad, intensidad, complejidad y diversidad que tensa los servicios sociales, inmersos en un intento cada día más baldío y frustrante de diseñar, desarrollar, combinar y escalar las especializaciones requeridas por la realidad y la integración que necesita cualquier sistema funcional. Es más, se diría que las que en otro momento fueron soluciones se convierten en problemas:

• La polivalencia y capacidad de combinar diferentes recursos hace que muchas personas acudan a los servicios sociales esperando prestaciones y apoyos que estos son incapaces de proporcionarles, incluso aunque se aumente el personal y la financiación (o precisamente por eso, en la medida en que los incrementos de recursos pueden generar más expectativas y más demanda, sin necesariamente aumentar tanto la capacidad de respuesta).
• Las reglas de funcionamiento y normas jurídicas previstas para aportar garantías y eficiencia en la atención a las personas parecen adentrarnos cada vez más en laberintos burocráticos más densos y opacos.
• La informatización y digitalización llamada a simplificar las tareas administrativas y hacer transparente la información parecen convertirse en una nueva barrera generadora de exclusión y amenazadora fuente de control.
• La proximidad a las personas destinatarias, seña de identidad fundamental en los servicios sociales, genera fricciones y malestares crecientes en ambas partes (incluso maltrato y violencia), en un contexto en el que vulnerabilidades, precariedades, recursos y capacidades se reparten de forma más amenazante y aleatoria en los dos lados de la mesa.
• El trabajo en red, la coordinación e integración entre diferentes agentes, tantas veces reclamada y alabada, parece hacer cada vez más intrincados e impracticables los itinerarios para las personas trabajadoras y usuarias. La multiplicación de agentes y aproximaciones, de responsabilidades y conocimientos parece tornarse inmanejable y fragmentadora (Subirats, 2020).

En comunidades económicas, políticas, morales y sociales relativamente estables y delimitadas en las que resultasen ser pocos, sencillos y manejables los colectivos que se acercaban a (o se instalaban en) la zona de exclusión social, podía tener ciertos visos de eficacia y eficiencia un dispositivo como los servicios sociales que hemos descrito. Sin embargo, en la sociedad que estamos describiendo el encargo tradicional de los servicios sociales se convierte en una misión imposible y los intentos de cumplirla en un mecanismo de más de lo mismo que, paradójicamente agrava la situación más que arreglarla. Ello parece suceder por una combinación de tres fenómenos, situaciones o tendencias:

• El incremento de la cantidad, intensidad y complejidad de las situaciones de exclusión social que desborda la capacidad instalada en los servicios sociales.
• El hecho de que personas de más capas sociales acudan a los servicios sociales con demandas específicas entendidas como derechos (a los cuidados, al alojamiento, a la subsistencia y más), que añade más presión.
• El hecho de que factores de protección que anteriormente se daban por supuestos o naturales (en la familia, la comunidad, el territorio, por ejemplo) se están fragilizando, lo que genera de nuevo más demanda y más acuciante.

¿Qué hacer?

En una situación como la que hemos analizado, es posible que puedan tener efectos beneficiosos incrementos de recursos (reforzamiento), mejoras de la calidad (perfeccionamiento) o cambios estratégicos (transformación), pero no sería descartable que tuviéramos delante un reto de reinvención de los servicios sociales, es decir, no podemos descartar que los servicios sociales se encuentren ante una disyuntiva existencial que puede llevarlos a su desintegración como ámbito de actividad o a una mutación en su naturaleza (deliberada, voluntaria y conducida o no). Esta perspectiva es plausible si hacemos un repaso de asignaturas claramente pendientes en relación con el diseño y despliegue de nuestros servicios sociales (como se verá, interconectadas entre sí):

• La cuestión del objeto de los servicios sociales, es decir, de su finalidad definitoria, de la parcela de necesidades de las personas a las que dan respuesta, del perímetro de las actividades características, de su finalidad. Si se mantiene, bajo la denominación que sea, la prevención y abordaje de la exclusión social o se opta por otro objeto (como podría ser la interacción, entendida como el ajuste dinámico entre la autonomía funcional de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria o sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario).
• El debate sobre si, dentro del ámbito sectorial de los servicios sociales, se opta por la centralidad de un sistema público universal y (básicamente) gratuito, tal como se ha hecho en nuestro entorno en otras ramas de actividad.
• La identificación, diseño, desarrollo y acotación del contenido prestacional (cuidados, apoyos, tecnologías e intervenciones) de los servicios sociales y su grado de profesionalización, estandarización e industrialización.
• Las decisiones estratégicas y procedimentales sobre qué hacer con encargos, cometidos, prestaciones o estructuras que podría ser conveniente dejar de tener en los servicios sociales (por ejemplo, el fragmento residual de la política de garantía de ingresos para la subsistencia material que sigue bajo la responsabilidad de los servicios sociales).
• El desafío de la integración vertical de los servicios sociales, es decir, de una mayor unidad de gestión y continuidad de la atención de la oferta (masa crítica) de servicios sociales ahora escindida entre los dos niveles antes mencionados.
• La ineludible digitalización de los procesos operativos, de gestión y de gobierno, ahora muy incipiente.
• El diseño, implementación y evaluación de los procesos y estructuras de integración horizontal intersectorial entre los servicios sociales y otras ramas de actividad, tales como los servicios de salud, educación, vivienda, empleo, garantía de ingresos y otras, con el fin de hacer más eficientes los itinerarios de las personas y los flujos de información entre ámbitos de actividad.
• El debate acerca de si estructurar las políticas referidas a colectivos poblacionales (por señas de identidad de género, generacional, funcional o cultural) o a la relación entre colectivos poblacionales (intergeneracional, intercultural u otras) como políticas transversales que, en la proximidad territorial, pudieran encontrar su incardinación en la acción comunitaria, entendida como instrumento para la convivencia en diversidad, la coproducción solidaria y la gobernanza participativa (Maino, 2021).
• Definir la naturaleza, finalidades y fórmulas de relación entre el sector público y las organizaciones solidarias de base comunitaria y la posibilidad de sinergias entre el sistema de políticas profesionalizadas e institucionalizadas y el mundo de la ayuda mutua y voluntaria entre personas en la vida diaria y cotidiana en los vecindarios y el espacio público, de modo que el ejercicio de la autoridad pública y la intervención técnica no socave sino que fortalezca los apoyos que las personas nos proporcionamos en claves de solidaridad y en las economías del procomún colaborativo (Fernández de Casadevante y otras, 2022).
• La posibilidad de ensamblar las políticas sectoriales y transversales en un modelo integrado, ligero, flexible y homogéneo (similar en los diferentes niveles) de gobernanza multinivel intersectorial e interseccional de las políticas sociales, de modo que las instituciones públicas y el conjunto de agentes puedan ofrecer respuestas más ágiles y pertinentes.

Los retos y planteamientos de diseño, reforzamiento, desarrollo, evaluación, mejora, reorientación y escalado de políticas de servicios sociales basados en el conocimiento y la innovación, en la medida en que se realizan en contextos de riesgo o situación de saturación y colapso de diferentes subsistemas de la vida social, parecen, finalmente, dejarnos ante disyuntivas existenciales y, eventualmente, oportunidades de reinvención más radical. No parecen de recibo (en lo técnico, en lo económico y en lo político) meras estrategias de crecimiento inercial y acumulativo, sino que es el momento de impulsar el emprendimiento, la experimentación, la deliberación y, finalmente, el riesgo de la reinvención.

La reinvención de esta rama de actividad, en todo caso, se apoyaría en la existencia de áreas de conocimiento, actividades profesionales y organizaciones de servicios realmente existentes que llenan de contenido los derechos que se garantizan y las estructuras públicas que se configuran, estructuras que seguramente, hoy y aquí, han de impulsar, precisa y especialmente, la gestión del conocimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo profesional en los servicios sociales.

La propuesta de reinvención no es fácil y la situación actual, aunque dura para muchas personas trabajadoras y usuarias de los servicios sociales, genera sus propios mecanismos de justificación, legitimación y perpetuación. La atención paternalista, patriarcal y total sigue teniendo personas que la practican y la defienden. Todo proceso de cambio (y más si es más radical) genera oposición, muchas veces prudente y justificada. Sin embargo, en la situación de pandemia, ha habido lugares donde se han operado cambios ambiciosos en aspectos fundamentales del funcionamiento de los servicios sociales, demostrando que son posibles.

Bibliografía

AGUILAR, Manuel y FANTOVA, Fernando (2022): “Los servicios sociales españoles ante la pandemia” en AYALA, Luis y otros (coordinación): Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España. Madrid, Fundación FOESSA, páginas 165-186.

BUESA, Sara y CANTERO, Boni (2022): “La demanda de la ciudadanía a los servicios sociales” en FUNDACIÓN EGUÍA CAREAGA (edición): Servicios sociales y vulnerabilidad frente a la pandemia. Donostia, páginas 49-69.

BURNS, Diana y otras (2016): Where does the money go? Financialised chains and the crisis in residential care. Manchester, CRESC.

CASADO, Demetrio y FANTOVA, Fernando (2018): “Los sistemas de bienestar en España: evolución y naturaleza” en Documentación Social, número 186, páginas 55-80.

FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE, José Luis y otras (2022): Solidaridades de proximidad. Ayuda mutua y cuidados ante la covid-19. Madrid, Tangente.

GÓMEZ, Pedro José y VIDAL, Fernando (2019): “La gran desvinculación” en FERNÁNDEZ-MAÍLLO, Guillermo (coordinación): VIII informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid, Fundación FOESSA, páginas 33-98.

HIRSCHMAN, Albert (2020): La retórica reaccionaria. Perversidad, futilidad y riesgo. Madrid, Clave intelectual.

LAPARRA, Miguel (2022): “Un análisis para orientar las políticas de inclusión/activación a partir del conocimiento de los sectores excluidos” en AYALA, Luis y otros (coordinación): Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España. Madrid, Fundación FOESSA, páginas 165-186.

MAINO, Franca (2021): “Mercato, terzo settore e comunitá per il ritorno di lo stato soziale. ” en MAINO, Franca (cuidado): Il ritorno dello stato soziale? Mercato, terzo settore e comunità oltre la pandemia. Torino, Giappiccelli páginas 345-353.

MORA, Sebastián y DE LORENZO, Francisco (2022): “Hibridación relacional del tercer sector de acción social en la última década. Entre la movilización y las redes vecinales-comunitarias” en CIRIEC, número 103, páginas 171-196.

NEL.LO, Oriol (2021): “Acción colectiva y políticas públicas frente a la segregación y sus efectos” en NEL.LO, Oriol (edición): Efecto barrio. Segregación residencial, desigualdad social y políticas urbanas en las grandes ciudades ibéricas. Valencia, Tirant Humanidades, páginas 385-395.

PÉREZ OROZCO, Amaia y LÓPEZ GIL, Silvia (2011): Desigualdades a flor de piel: cadenas globales de cuidados. Madrid, ONU Mujeres.

POLANY, Karl (2016): La gran transformación. Crítica del liberalismo económico. Barcelona, Virus.

SUBIRATS, Joan (2020): “Dilemas y conflictos del cambio de época. Politizar el cambio tecnológico” en GOMÀ, Ricard y UBASART, Gemma (coordinación): Vidas en transición. (Re)construir la ciudadanía social. Madrid, Tecnos, páginas 42-57.

WRIGHT, Eric Olin (2018): Comprender las clases sociales. Barcelona, Akal.

Número 11, 2022

Pedro Fuentes Rey, equipo de Estudios de Cáritas Española

El artículo plantea una reflexión sobre la realidad de los servicios sociales contextualizada en la teoría del Estado del bienestar. Señala los retos para convertir los servicios sociales en el pilar de bienestar que la realidad reclama, y propone caminos para avanzar en la construcción del mismo.

1. Los servicios sociales en el marco del Estado del bienestar

En la tradición política europea se habla de los pilares del Estado del bienestar, entendiendo por tales un conjunto de sistemas que tienen por misión la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Cada uno de los pilares constituyen un sistema, es decir cuenta con unos recursos humanos y materiales reconocibles y coordinados entre sí, con un objeto claro y unos procedimientos de funcionamiento; que resultan accesibles de manera gratuita al conjunto de la población con independencia de su nivel de renta. De esta comprensión surge el siguiente esquema:

Pero conviene no confundir lo diseñado con lo realmente construido. En España, la realidad de este modelo se parece más a este otro esquema,

En él vemos cómo, con todo lo de mejorables que puedan tener, solamente podemos hablar de sistema si lo hacemos en el pilar de la salud y en el de la educación. En el resto hay actuaciones más o menos deslavazadas y más o menos contundentes, pero en todo caso lejos de constituir un sistema.

Centrándonos en el pilar de los servicios sociales (SS), y de manera muy sintética, hoy está gestionando el subsistema de dependencia; la parte del pilar de garantía de rentas que tiene que ver con la población más vulnerable (rentas autonómicas y ayudas de emergencia) y una serie de programas de intervención que se subdividen entre lo que se articula desde los servicios de base, que son puerta de entrada al sistema y triaje,  gestores de programas poblacionales (juventud, personas mayores, infancia, familias…) gestionados desde los municipios. Y los servicios sociales especializados que abordan otro tipo de situaciones que requieren mayor especialización (personas con situaciones de drogodependencia, personas sin hogar, personas con discapacidad…) generalmente gestionadas desde las comunidades autónomas.

Empezamos con esta contextualización en lo teórico y en lo real para que nuestro discurso posterior ni se quede en esbozar propuestas bonitas pero que de lejanas constituyan el proyecto de los servicios sociales del S.XXII, ni lo haga en proponer medidas de tan corta visión que solo retoquen lo construido en el S.XX.

2. ¿Hablamos de un pilar o de una viga?

Si miramos la realidad de lo construido, nos encontramos con la evidencia de que los SS son hoy más una viga que un pilar. Son el coche escoba que intenta paliar las peores consecuencias de las ineficiencias de los demás, y de las ausencias de acción de los pilares de existencia teórica.

La ciudadanía, que sabe ver lo que realmente está ocurriendo, tiene una imagen de los SS como un servicio especializado para pobres, y en tanto esto es así, no es algo que tenga que ver con la media, ni con el interés general.

Los diversos actores políticos, que también leen la realidad, no colocan el tema de los SS en las agendas de acción. La historia de las democracias liberales muestra con claridad que los pobres no votan, y que las propuestas dirigidas a ese sector de la población, en ocasiones restan votos.

Así, en principio, mantener los SS como servicio para pobres, es garantía de que estos continúen siendo un pobre servicio.

Apostar por construir los SS como pilar pasa necesariamente por dotarlos de contenido de carácter universal, cuestión esta que precisa de una definición de su objeto de acción. Este asunto ha generado abundante literatura especializada, con propuestas diversas, pero sin haber logrado un consenso lo suficientemente amplio como para constituir la base de un nuevo modelo.

La ley de dependencia, y su incardinación en el marco de los SS, abre una muy interesante posibilidad para dotar de ese carácter universal a los SS. Una sociedad envejecida precisa de desarrollo de servicios de atención a la dependencia para todas las personas, la vejez no entiende de clases sociales, si bien afecta de manera diferente según en la que estés.

Tirar de ese hilo y abrir el concepto de dependencia mucho más de lo que la actual legislación hace podría convertirse en un buen camino. La dependencia no es un asunto que tenga que ver solamente con las personas mayores, ni las situaciones que hacen a alguien dependiente tienen solo que ver con la salud o lo fisiológico.

3. La universal fragilidad de lo humano

Nada está aislado, nada es independiente de todo lo demás, todo está interrelacionado, es más depende de esas relaciones. Nacemos vulnerables y dependientes. A lo largo de la vida nadie está exento de riesgos vitales de mayor o menor severidad, y si todo transcurre según lo esperable, terminaremos nuestros días de nuevo vulnerables y dependientes. Somos seres con necesidad de cuidados y con la capacidad de procurarlos. Una imagen diametralmente opuesta a aquella que nos dibuja como seres autosuficientes, reflejada en aquel axioma de yo me he hecho a mí mismo, y no le debo nada a nadie.

Vivir debería significar desarrollarse de manera integral para ir siendo lo más importante que podemos llegar a ser: Personas. Ir transitando por las diversas etapas del crecer, disfrutando a tope de las posibilidades de cada una de ellas que incluyen, pero no se agotan en la preparación para la siguiente.

Así las capacidades para una adecuada autogestión del grado de libertad posible son diferentes y existen otras situaciones que requieren de ayuda. La pobreza es una de ellas, todo el entramado de circunstancias que provocan la exclusión social también.

Especialmente significativas son las realidades que tienen que ver con la ausencia o la escasez de vínculos relacionales, de carácter personal y comunitario. Caminamos hacia un modelo social que está debilitando los lazos comunitarios. Una sociedad colmena en la que los individuos son solo funcionales al conjunto. Zánganos reproductores (en nuestro caso zánganas) y abejas obreras dedicadas a la producción, que al perder su rol funcional pierden su razón de existir.

Una sociedad colmena no necesita comunidad, pero una sociedad humana no lo es sin ella. Permítasenos contar la historia de Benjamina, una niña que sufría craneosinotosis, una deformación congénita del cráneo que provoca, entre otras muchas cosas, graves dificultades motoras y cognitivas. Benjamina murió con 10 años de edad, cuidada hasta donde supieron por sus seres cercanos. Una historia, cuyo interés fundamental se centra en su fecha. Estos acontecimientos ocurrieron hace 530.000 años, en la sierra de Atapuerca.

Como esta, la paleontología ha encontrado numerosas evidencias de fósiles cuya supervivencia hubiera resultado imposible sin cuidados, por parte de su comunidad. Parece entonces que esto de los vínculos comunitarios no es ni más ni menos que uno de los elementos base del proceso de humanización, aún sin que el fin de estos cuidados fuera la reproducción funcional de mano de obra. Benjamina, y esto debía ser obvio para todos, nunca recolectaría ni cazaría.

Por estos lares de las vulnerabilidades humanas que dificultan o impiden la autogestión de la propia vida y la generación de los necesarios vínculos comunitario andan los mimbres con los que construir un sistema universal de servicios sociales.

4. ¿Es estable el edificio?

Una vez visto un esbozo de lo que sería una apuesta por hacer de los SS un pilar más del estado del bienestar, necesitamos dar un paso más. Hablar de un pilar de manera aislada puede ser practico, pero nos da una mirada insuficiente.

Cabe preguntarse si resulta posible hacer de los SS un nuevo pilar sin hablar de los demás. Y nos respondemos que claramente no. En una buena parte, la transversalización, o conversión en viga, que los SS han ido experimentando se debe a las deficiencias y a las inexistencias de los demás.

Lo que sostiene un determinado edificio son las relaciones adecuadas entre los elementos sustentadores y los sustentados. De poco sirve inspeccionar un solo pilar si el objetivo es vigilar la seguridad real de un edificio.

El sistema sanitario ha de eliminar las barreras reales que dificultan el acceso de determinadas personas a aquello que tiene desarrollado (por ejemplo, las zonas rurales) y ampliara su cartera de prestaciones en temas tan serios como la salud bucodental, la salud mental o lo relacionado con la visión. Y el sistema educativo debe ocuparse de compensar las dificultades de acceso al éxito académico de todos y cada uno de los participantes, y desarrollar, universalizándolas, las etapas tempranas de la educación.

La garantía de rentas ha de construirse como pilar, en primer lugar, formulándose como derecho subjetivo, que no lo está. Ha de intentar aglutinarse, y estructurarse como sistema pasando de la actual dispersión y yuxtaposición de prestaciones, a veces descoordinadas o en competencia a un modelo integral que responda al objetivo de garantizar el derecho a una renta protectora, con suficiencia e intensidad. A la par que libere a los agentes de otros pilares de las tareas de gestión de prestaciones.

De igual manera, pero con mucha más contundencia y urgencia, es necesario construir el pilar de la vivienda. El derecho a la misma es hoy una mera declaración de intenciones que exige sacar su satisfacción de la órbita del mercado mediante la creación de un parque público de viviendas en alquiler, suficiente para dejar al mercado lo que es del mercado, que resulta incapaz por si solo de garantizar este derecho.

Con estos elementos activados, y probablemente otros que faltan por enumerar, el rol de coche escoba que hoy tienen asignado de facto los SS deja de tener sentido y espacio. Pero sin ellos seguirá siendo precisa esa viga, que tan solo apuntala el edificio ayudando a que no se caiga, pero que se ubica al margen de la lógica de los derechos, que ha de ser imperante en una sociedad que se quiera llamar a si misma decente.

5. La transición necesaria

Terminamos con una reflexión de proximidad. Evidentemente todo lo relatado hasta ahora exige un proceso legislativo, de acción política e institucional imposible en el corto plazo, pero inviable si no se planifica y se comienza a dar los pasos necesarios. Es necesario saber dónde queremos llegar, para hacer que el camino tenga sentido y para orientar las acciones en el corto plazo. Para intentar evitar que lo posible para ya, profundice en las razones que impiden llegar a donde aspiramos.

Desarrollar lo que hay que hacer para emprender esta transición trasciende las posibilidades de este artículo. Nos conformamos con plantear una propuesta modesta que, no obstante, creemos tiene un potencial experimental del que tirar para ese camino más ambicioso.

Empecemos por los territorios concretos, por los barrios y pueblos donde hay, de una manera o de otra, un espacio de servicios sociales, un colegio y un centro de atención primaria. Asignemos a los primeros un rol transversal de coordinación de los tres espacios en los que se concreta la arquitectura real de los pilares que hoy tenemos, y construyamos un programa de coordinación de la acción, de detección de carencias y de prevención de situaciones de exclusión de los derechos.

Y empecemos a caminar.

Número 11, 2022

José Ignacio Santás García. Trabajador social, colegiado 4076

Consejero técnico – Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Puedes encontrar a José Ignacio Santás en Twitter y en la web www.pasionporeltrabajosocial.com

Los Servicios Sociales se encuentran en un momento histórico para el abordaje de lo comunitario, con un replanteamiento de su objeto y funciones: una oportunidad para liderar su papel vertebrador en cuanto a la acción social en los territorios.

1. Introducción

Los Servicios Sociales nacieron con el objetivo de superar el marco de la beneficencia del periodo predemocrático y, por tanto, de implementar un modelo de actuación preventiva y comunitaria. Sin embargo, el desarrollo incrementalista de recursos y prestaciones relegó el mandato de lo Comunitario a un segundo plano o, más bien, a ser un tema en continua procrastinación en muchos casos sin que éste haya desaparecido del encargo institucional ni de la narrativa de sus principios rectores.

El actual replanteamiento de los Servicios Sociales a lo largo y ancho de nuestro país exige una reflexión sobre el papel de los mismos en la sociedad y volver a poner sobre la mesa lo que podemos llamar trabajo comunitario.

Este es el objetivo del presente artículo, que abordará cuestiones, retos y propuestas de relevancia desde los Servicios Sociales locales en el contexto de un ya adentrado siglo XXI, postpandémico y global.

2. ¿Es lo comunitario COMPETENCIA de los Servicios Sociales?

Los Servicios Sociales son uno de los sectores que más ha evolucionado en los últimos 50 años.

Partiendo de un marco de beneficencia y protagonismo de la iniciativa privada, nacieron, prácticamente, con la Constitución de 1978, donde, si bien no son nombrados de manera expresa (salvo en el Art. 50, relacionándolos con la tercera edad), se deja entrever en un gran número de artículos la necesidad de la existencia de algo parecido a lo que hoy denominamos Servicios Sociales para conseguir el bienestar de determinados colectivos (Capítulo III, del Título I) como es el caso de la discapacidad o la familia.

El Art. 148.20 menciona, entre las competencias exclusivas que pueden asumir las Comunidades Autónomas, la Asistencia Social, dando pie a que éstas asuman, primero a través de sus Estatutos y después en las respectivas Leyes Autonómicas de Servicios Sociales (aprobadas a partir de 1982), el encargo de desarrollar los Servicios Sociales.

Es en este momento donde cada una contempló los principios, actuaciones y prestaciones, entre las cuales es prácticamente generalizada la asunción de funciones comunitarias a desarrollar por los Servicios Sociales con diversas descripciones, como el Desarrollo de programas comunitarios para la promoción social de individuos y grupos de población[1]en la Comunidad de Madrid o Promover la participación de la comunidad en la resolución de las necesidades sociales susceptibles de ser atendidas en el marco de los servicios sociales[2] en el caso del País Vasco.

Así, en la construcción de los Servicios Sociales, se impulsó durante un breve periodo de nuestra historia (los años 80), lo que se denominó Desarrollo Comunitario, definido como aquellos procesos de transformación social que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan un determinado territorio (barrio, distrito, municipio…) a través del empoderamiento de las mismas (Rubio J.A., 2016: 287), terminología que se irá dejando a un lado, por considerarse como una propuesta excesivamente politizada (…), siendo sustituida por un nuevo enunciado, más técnico y aséptico: la intervención comunitaria (Jaraiz A.G., 2012: 116).

Posteriormente, y a pesar de las definiciones sobre funciones comunitarias en las normativas correspondientes aprobadas en dicha década, su desarrollo, de manera general, no llegó a formalizarse mediante reglamentación y marcos normativos que garantizasen su ejecución.

La implementación de las diferentes leyes de Servicios Sociales (sin desarrollo normativo suficiente), y la fragmentación interadministrativa entre los tres niveles (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales), unida a un crecimiento rápido y desordenado (Santás G.J.I.,2020), produjeron que los Servicios Sociales se centraran en la cobertura de necesidades básicas y de cuidados, en detrimento de las funciones vinculadas a lo comunitario.

Sin embargo, nuestra sociedad, en el natural anhelo del cultivo de lo relacional, está asistiendo (de manera inversamente proporcional a este abandono de lo comunitario por parte de los Servicios Sociales) a un florecimiento de este campo en otros sectores, como el de la Cultura, Educación o Sanidad, que no solo realizan acciones aisladas de acción comunitaria, sino que también van adoptando esa función en sus normativas, y recogen, cada vez más, nomenclaturas como sociocomunitario, socioeducativo, o sociosanitario entre las denominaciones de sus dispositivos, lo cual no sólo evidencia el objeto de los mismos sino, también, una declaración de intenciones entre las que se encuentra la dedicación a la intervención comunitaria.

Por todo ello, podemos concluir que lo Comunitario SI es competencia de los Servicios Sociales, aunque de manera no exclusiva.

3. ¿Es lo comunitario OBJETO de los Servicios Sociales?

Como se ha mencionado, nuestros Servicios Sociales crecieron en un escasamente consolidado marco jurídico-constitucional, de manera rápida y desordenada, y siempre fragmentados por la territorialización y la dispersión competencial: en definitiva, el contexto ideal para una gran indefinición de los mismos.

Fruto de ello, el objeto de los Servicios Sociales nunca ha sido definido claramente y, tan solo desde hace unos pocos años, existe cierto consenso sobre todo en el sector profesional (no siempre correspondido por el encargo normativo o social -frecuentemente atribuido a la prestación de cobertura de subsistencia o de ciertos cuidados-) que vincula el mismo a favorecer la autonomía funcional y la integración relacional. De esta forma, la interacción pasa a ser central en lo que tiene que ver con los Servicios Sociales, siendo entendida como el desenvolvimiento autónomo de las personas en su vida diaria en el seno de relaciones familiares y comunitarias (Fantova 2017).

Por tanto, si adoptamos esta definición del objeto, los Servicios Sociales deberían regular, proporcionar y dirigir recursos para promover la autonomía funcional (capacidad interdependiente para el desenvolvimiento cotidiano) y la integración relacional de las personas (soporte recíproco y vinculación activa familiar y, en general, comunitaria, (Fantova 2016)), por lo que podemos indicar que lo comunitario SI forma parte del objeto de los Servicios Sociales.

4. La acción social comunitaria: el Tercer Sector y la iniciativa social

En el recorrido histórico ya realizado, se puede comprobar que los Servicios Sociales públicos nacen con la democracia, y por tanto con posterioridad a lo que hoy denominamos Tercer Sector e iniciativa social organizada, y con una provisión de recursos de carácter mixto y variable según sectores, entre lo público y lo privado (con y sin ánimo de lucro), es decir: de manera muy diferente al sanitario.

Por ello, la iniciativa social (en mayor o menor medida organizada), ha dedicado buena parte de su desarrollo a la acción social en los territorios cuando llega la implantación de los Servicios Sociales, lo cual impide fundamentar el liderazgo de lo público desde lo cronológico y obliga a enfocarlo desde la necesidad de establecer un trabajo en red como base para la dinamización e intervención comunitaria.

Pero, si bien es preciso reconocer que se han desarrollado experiencias realmente exitosas de intervención comunitaria en entornos concretos (frecuentemente asociado a la búsqueda de mejoras de barrios desfavorecidos), es obligado indicar que, de manera general, puede hablarse de una escasez de relevancia funcional de lo comunitario como un espacio propio de los Servicios Sociales, con un escaso desarrollo sistemático, incluso, del trabajo en red.

Y, así, llega el año 2020 con una inesperada pandemia por la COVID19: una situación excepcional en el que se puso en evidencia la falta de coordinación entre agentes en el territorio en algunos casos, y, de manera general la necesidad de que los Servicios Sociales tomen las riendas de la acción social en el entorno comunitario así como encontrar sistemas de coordinación estables entre la iniciativa social, tercer sector de acción social, y los propios Servicios Sociales públicos para la cobertura no solo de las necesidades más perentorias, sino para el tratamiento de las problemáticas sociales de manera coordinada y eficiente.

En cuanto a las diferentes respuestas de solidaridad espontánea (como se demuestra en cada una de las crisis humanitarias –COVID-19, Filomena, o la invasión de Ucrania-), marcan que, tal y como señala Santos (2022) el compromiso solidario, el ejercicio en realidad de la solidaridad, exige racionalidad, análisis, compromiso a largo plazo, aceptar que pueden producirse consecuencias inesperadas de las que tenemos que hacernos responsables, reflexión sobre uno mismo y lo que le rodea, estabilidad, estructuras y, sobre todo, organización colectiva. Por tanto, cobra mayor fuerza la necesidad de contar con un liderazgo comunitario de la acción social por parte unos Servicios Sociales locales con capacidad para liderar una organización de la solidaridad que implique grandes recursos, procedimientos técnicos complejos, personal cualificado, etc. Por lo tanto, es necesaria una perspectiva y una práctica integradoras de los distintos planos de la solidaridad, que abarquen sus diversas formas y escalas, y su interrelación (Nogués, L., y García-Giráldez, T., 2014.) y aportar criterios y estructuras de coordinación y colaboración en los territorios: con la comunidad.

Por tanto, podemos decir que la pandemia ha producido un shock en el que los Servicios Sociales han sentido la necesidad -y, a la vez, oportunidad- de reinventarse, y se han encontrado de bruces con, nuevamente, el mandato comunitario para lo que éstos deben conocer y reconocer el papel de los diferentes agentes (tanto la iniciativa social, como el tercer sector de acción social), así como el dinamismo y flexibilidad que comporta el trabajo conjunto.

Por ello, los Servicios Sociales, competentes y oportunos para ello, deben organizar sus modelos de desarrollo en favor de la intervención social en un sentido amplio: individual-familiar, grupal y comunitaria, autoorganizando sus efectivos y dinámicas de manera que pueda desempeñar el mandato de la cobertura de necesidades individuales-familiares vinculadas con la autonomía, sin abandonar la otra pata de su objeto: lo relacional.

5. Construcción de unos Servicios Sociales Generales Comunitarios

El actual marco de coberturas (tras la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia[3] y, posteriormente, del Ley del Ingreso Mínimo Vital[4]), ha supuesto una estatalización de determinadas coberturas que anteriormente eran prestadas por los Servicios Sociales Generales o de Atención social Primaria, produciendo la movilización de buena parte de la carga relativa a la gestión de prestaciones y, por tanto poniendo sobre la mesa la necesidad de que la acción social local sea definida.

Por todo ello, y unido a lo descrito en el punto anterior, los Servicios Sociales tienen delante de sí una redefinición no sólo de sus recursos, sino de las funciones que deben desarrollar. Es, por tanto, necesario abordar la naturaleza de unos Servicios Sociales en la definición ya asumida de su objeto, estableciendo sistemáticas y marcos normativos que consoliden el papel de los mismos en la comunidad.

Este mandato es especialmente relevante en el caso de los Servicios Sociales de primer nivel (conocidos como Generales, Comunitarios, de Base, o de Atención Social Primaria) haciendo preciso establecer planes comunitarios liderados por los Servicios Sociales con la participación de otros agentes comunitarios, tanto de la misma y otras administraciones, como de la iniciativa social y el tercer sector y no solo acotados en aquellos barrios desfavorecidos, sino de manera general.

6. Los Servicios Sociales Especializados y su inserción en la comunidad

Cuando hablamos de Servicios Sociales no nos referimos únicamente a los denominados generales.

Desde la publicación de las diversas normativas autonómicas, en la práctica totalidad de ellas, se ha dividido los Servicios Sociales entre unos aquellos de primer nivel, enclavados en los territorios y dirigidos a la generalidad de la población (con distintas denominaciones: Generales, de Atención Social Primaria, de Base, e incluso Comunitarios) y los de segundo nivel, dirigidos a colectivos específicos (también denominados especializados), y sin vocación inicial comunitaria.

Este esquema, herencia de los sistemas de protección social, producían, también por influencia de la fragmentación competencial (a veces dependen de instancias superiores a lo local), por un lado, una concepción de los mismos desterritorializada y desconectada de los Servicios Sociales Generales. Por ende, favoreciendo un desarraigo de sus participantes respecto a los espacios de referencia (a los cuales, en muchos casos, estaban destinados a volver), dejando de lado la parte interactivo-relacional de la persona usuaria, e incluso del propio dispositivo en el entorno en el que se encuentra inserto.

El trabajo comunitario desde los Servicios Sociales debe incluir el objetivo de dotar a todos los servicios específicos o especializados de un enfoque comunitario.

7. La cuestión del Territorio

Cuando hablamos de trabajo con la comunidad es preciso reconocer que el contexto local/municipal proporciona un ámbito privilegiado para revitalizar la participación y la democracia, ya que es el ente más descentralizado, cercano. La participación ciudadana constituye un campo que sobrepasa al de la acción social, pero ésta conforma una pieza clave de la misma. Es, por tanto, con un enfoque de cercanía, desde donde lo municipal puede ejercer mayores desarrollos de dinamización de lo comunitario, acorde a una ciudadanía que reclama una nueva forma de gobernar y de relación e influencia reciproca y continua entre administración local y ciudadanía (Pastor S.E., 2010).

A partir de ahí, nos encontramos con diversas dificultades asociadas a la partición geográfica del territorio, entre otras:

• Realidades que se encuentran localizadas solapando varias unidades territoriales: varios distritos, municipios e incluso sometidas a competencias superiores: diputaciones, CCAA. Tal es el caso, por ejemplo de asentamientos como Cañada Real (Comunidad de Madrid).
• Distribuciones territoriales dentro de las propias administraciones (distritos y unidades básicas de salud, por ejemplo) que no responden a las lógicas comunes (barrios): servicios que puedan llevar población de diversas secciones censales alejadas entre sí o grandes territorios sin adaptarse a lógicas de menor alcance espacial.
• Diferencias dentro de los propios barrios donde existen realidades diferentes. La propia división por barrios administrativos, con frecuencia, incluye realidades históricas, sociodemográficas e incluso sentidas muy diferentes. Por ejemplo, el caso de Chueca en el barrio de Justicia (Madrid) o las Unidades Vecinales de absorción de Hortaleza (Barrio de Pinar del Rey) o Vallecas (Barrio de Santa Eugenia).

Para ello, es necesario encontrar abordajes desde la intervención social comunitaria: por un lado, establecer planes comunes interadministrativos con enfoque comunitario en los primeros casos, organizar los recursos y servicios desde un enfoque territorial siguiendo patrones territorializados en los segundos y establecer planes específicos comunitarios para zonas concretas que reúnan características determinantes en el tercer caso.

8. Puesta en marcha de prácticas institucionales y profesionales con enfoque comunitario en Servicios Sociales Generales / Atención Social Primaria.

Los Servicios Sociales de Atención Social Primaria deben potenciar su enfoque comunitario, como parte de sus funciones, a través de diversas acciones:

En primer lugar, es necesario generar espacios de interacción: reunir, agrupar, conectar (Santás G,J.I, 2022). Cuando la ciudadanía comprenda que no solo se atiende al individuo, sino que hay un enfoque colectivo, descubrirá la dimensión comunitaria de los Servicios Sociales. Para ello, es oportuna la realización de grupos informativos abiertos periódicos, jornadas de puertas abiertas, difusión de su acción en multicanal o abrir los Centros (con espacios polivalentes) al conjunto de agentes comunitarios, entre otras.

En segundo lugar, deben generarse espacios de intervención grupal: la ciudadanía debe encontrar, también, en los Servicios Sociales, un lugar donde compartir y construir de manera colectiva (y con apoyo profesional) la solución a sus dificultades, mediante grupos socioterapéuticos, talleres y grupos de apoyo mutuo, por ejemplo.

En tercer lugar: los Servicios Sociales deben expandir su presencia en el territorio: atender en centros diferentes al habitual cuando las condiciones lo requieran, ofrecer sesiones informativas para entidades e instituciones del entorno o incluso la realización de visitas domiciliarias con una perspectiva territorial donde se visita a todo un vecindario y no sólo a aquel cuya situación debe valorarse (visitas por bloques (Santás G.J.I., 2008)), son ejemplos de prácticas de tipo comunitario posibles.

9. ¿Y la comunidad virtual?

El territorio físico no lo es todo. En la Sociedad de la Información y el Conocimiento (caracterizada por el uso y distribución de la información como elemento clave en las acciones económicas, sociales, políticas y culturales) tratar la comunidad únicamente desde la cercanía física y geolocalización, hoy, es insuficiente.

La comunidad virtual está caracterizada por nuevas formas de interacción, estructuración y organización a través de redes de comunicación (Internet) que superan los conceptos de espacio y tiempo, creando redes de pertenencia desterritorializadas y asíncronas, donde las generaciones más jóvenes identifican en lo virtual elementos que, antes de vivir el actual desarrollo tecnológico, hubiéramos entendido como comunidad: sentimiento de pertenencia a grupos de interés en los que se encuentra inmerso, perfiles a quienes sigue, o redes sociales en las que participa.

Fruto de ello es que la ciudadanía de menor edad, cada vez más digitalizada, y buena parte de la ciudadanía (al menos en grandes ciudades) puede llegar a desconocer el nombre del barrio administrativo al que pertenece, incluso el distrito (más en aquellos sin un fuerte sentimiento identitario) pero sí identificarse como perteneciente a una comunidad virtual.

Por otro lado, es evidente, que unos Servicios Sociales cuyo objeto pivota en lo relacional, no pueden pasar por alto que el uso de las TIC son un elemento diferenciador capaz de aumentar el capital relacional de las personas, de tal modo que la globalización del conocimiento incorpora tendencias diametralmente opuestas: siendo a la vez fuente de desigualdades, también ofrece enormes oportunidades para luchar contra las mismas.

Es por tanto crucial que, cuando hablamos de trabajo con la comunidad, abordemos la dimensión virtual, y no solo realizando campañas o presencia en las diversas redes sociales, sino facilitando la participación y la transparencia, la inclusión de la ciudadanía y construyendo entornos colaborativos entre instituciones, próximas territorialmente o, evidentemente, situadas en el universo virtual.

10. Conclusiones

La comunidad es el espacio natural y competencial propio de los Servicios Sociales. Unos Servicios Sociales que han priorizado la cobertura de necesidades básicas y de cuidados familiares pero que, con la ampliación de derechos ciudadanos y las experiencias vividas en situaciones de crisis, deben abordar de manera urgente la reorganización de sus recursos para apropiarse del liderazgo del trabajo con la comunidad en la que se encuentran inmersos.

Para ello, es necesario poner en el centro a la persona y al entorno en el que ésta se relaciona de manera central, asumiendo que la interacción es la esencia de los mismos y elaborando planes de acción comunitaria en colaboración con los agentes y ciudadanía del territorio, físico y virtual.

Es necesario, tras las experiencias vividas, hacerlo desde el desarrollo de marcos normativos y modelos que permitan la consolidación de la intervención comunitaria para que no quede, como ya pasó, en algo efímero o localizado: formando parte del hardware de los Servicios Sociales y las comunidades en que se encuentran insertos.

Bibliografía

Fantova Azcoaga, F. Servicios sociales: objeto propio y atención integrada. En: https://lleiengel.cat/wp-content/uploads/2017/04/Fantova.abr17.Servicios-sociales-objeto-propio.pdf

Fantova Azcoaga, F . Crisis de los cuidados y servicios sociales. En Zerbitzuan nº 60, pag 47-62.: http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Zerbitzuan60.pdf .2016

Gutiérrez Resa, A. El plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Espala (Once años del Plan Concertado) en REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 93 (p 89-132). 2001. https://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_093_06.pdf

Jaraíz Arroyo, G. (1). La «dimensión comunitaria" en Servicios Sociales. Una aproximación a su tratamiento en barrios vulnerables. Cuadernos de Trabajo Social, 25(1), 113-124. https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/38438 (2012)

Nogués, L., y García-Giráldez, T. Seducidos por lo común. En Trabajo Social Hoy, 73, 43-62. https://www.trabajosocialhoy.com/revista/14/numero-73/revista-tsh-73  (2014).

Pastor Seller, E. Trabajo Social comunitario, participacion y calidad democratica local. Dimensiones de análisis e intervención para intensificar la participación. En Servicios Sociales y Política Social, Dossier, n 91 págs. 9-26 Trabajo Social Comunitario.

https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/revista_digital/publicas/no_91_trabajo_social_comunitario/ (2010)

Rubio, J. A. A vueltas con el desarrollo comunitario: características, reflexiones y retos. Cuadernos de Trabajo Social, nº 19, 287 – 295. En https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0606110287A (2006)

Santás García JI. Mesa redonda 18N: Por un modelo de Servicios Sociales que implique a la ciudadanía  https://observatorioinclusion.wordpress.com/2022/01/17/mesa-redonda-18n-por-un-modelo-de-servicios-sociales-que-implique-a-la-ciudadania  (2022)

Santás García, JI. (2008) No soy el del gas, soy tu trabajador social. En https://pasionporeltrabajosocial.com/no-soy-el-del-gas-soy-tu-trabajador-social/  (2008)

Santás García, JI. Apuntes para la mejora de los servicios sociales locales tras el COVID-19: impacto sobre algunos retos previos. En Documentación Social.  https://documentacionsocial.es/5/a-fondo/apuntes-para-la-mejora-de-los-servicios-sociales-locales-tras-el-covid-19-impacto-sobre-algunos-retos-previos (2020)

Santos Martín, J. El caos Solidaridad Líquida.  en El Periódico de Aragón :8/4/22 en https://www.elperiodicodearagon.com/opinion/2022/04/08/caos-solidaridad-liquida-64786896.html (2022)

Subirats, J. (dir.). Los Servicios Sociales de Atención Primaria ante el cambio social. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. https://sid-inico.usal.es/idocs/F8/FDO22996/los_servicios_sociales_de_atencion_primaria_ante_el_cambio.pdf (2007)

[1] Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

[2] Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

[3] Ley Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21007

[4] Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21007

Número 11, 2022

Mihaela Vancea, politóloga. Responsable de investigación en protección social, Programa Desigualdad 0, Oxfam Intermón

Puedes encontrar a Mihaela Vancea en Linkedin.

Introducción

Las últimas estimaciones basadas en encuestas propias y en micro simulaciones (EINSFOESSA 2021; Monitor de Desigualdad Caixabank 2021; El Observatorio Social Fundación ‘la Caixa’ 2022) muestran que la crisis de la COVID-19 ha acrecentado las desigualdades socioeconómicas y la pobreza en España, una situación que seguramente se agudizará con la fuerte subida de los precios. El impacto sobre las personas jóvenes resulta ser particularmente intenso frente al resto de grupos de edad, debido a su escasa incorporación al mercado laboral, su extrema precariedad laboral, y el limitado acceso a las prestaciones sociales.

Actualmente, las personas jóvenes (de 16 a 29 años) son el grupo de edad con la segunda tasa de pobreza más alta (22,7%), cuatro puntos más que en 2008 (Alianza por la Juventud, 2022). Según Ayala Cañón et al. (2022), hay 2,7 millones de personas jóvenes entre 16 y 34 años afectadas por procesos de exclusión social, la mitad en exclusión severa (especialmente de empleo y vivienda), para las que resulta prácticamente imposible independizarse y comenzar a realizar su proyecto vital. Por rápida o ágil que sea la recuperación económica post-crisis, las consecuencias sobre la población joven requieren medidas urgentes, que generen empleo de calidad y mejoren los sistemas de protección social que permitan erradicar la pobreza juvenil y evitar la exclusión social.

El IMV: una prestación social que discrimina a la población joven 

Hasta 2020, España era el único país de la UE que no contaba con un programa estatal de renta mínima como una red de protección en la lucha contra la pobreza severa y la exclusión social.  El 1 de junio de 2020, acelerado a raíz de la crisis de la COVID-19, se pone en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a través del Real Decreto-ley 20/2020, como una medida de protección social que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Con su aprobación, el Gobierno esperaba llegar a 850.000 hogares (unos 2,3 millones de personas), erradicando así la pobreza extrema (1,6 millones de personas en 2020), haciéndola compatible con otras rentas salariales e incluyendo incentivos al empleo. Tras dos años de vigencia, aún no se dispone de su desarrollo reglamentario, por lo que se mantienen muchas incógnitas sobre determinados elementos de su puesta en marcha y sus posibles efectos.

A lo largo de 2021, se actualizaron las cuantías correspondientes a las diferentes categorías del IMV. De la misma manera, se modificaron las cuantías correspondientes a 2022, con un incremento puntual entre marzo y junio de 2022 de un 18% como resultado del alza de precios. La evolución de los expedientes aprobados y el número de beneficiarios ha ido ganando impulso a lo largo de los dos años de vigencia de este instrumento, alcanzando en marzo de 2022 un total de 1.064.809 personas beneficiarias (46% de lo inicialmente previsto por el gobierno). Las razones del retraso son múltiples, pudiendo citarse las dificultades para su acceso y solicitud, así como la dificultad de los trámites de comprobación de los requisitos, que hizo que la ratio entre solicitudes presentadas y aprobadas fuera muy baja en 2020 y 2021, para crecer paulatinamente durante 2022.

Gráfico 1. Evolución del IMV, diciembre 2020-marzo 2022.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos sobre la distribución territorial de las personas beneficiadas por el IMV (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, diversos años)

En 2020, la proporción de población joven entre 16 y 29 años con carencia material severa llegaba a un 18,4%, mientras que la población adulta de 30 a 64 años con carencia material severa representaba un 15,2%. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) era también más alta para la población joven entre 16 y 29 años (30,3%), en comparación con la población adulta entre 30 y 44 años (25,6%) o entre 45 a 64 años (26,4%) (ECV, INE). No obstante, de acuerdo con los últimos datos disponibles de finales de 2021, referidos a la distribución poblacional de los beneficiarios del IMV por grupos de edad, es significativo el escaso peso de las personas más jóvenes frente a las adultas.

Gráfico 2. Distribución de titulares del IMV por tramos de edad, noviembre 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de datos sobre la distribución territorial de las personas beneficiadas por el IMV (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, noviembre 2021)

Garantizar el derecho al IMV a la población joven

Aunque la población joven resulta ser uno de los colectivos más afectados por la crisis sanitaria, y probablemente también por el alza de precios, el diseño del IMV deja fuera a muchas personas jóvenes. En concreto, no contempla a las personas jóvenes de 18 a 23 años, aunque cumplan los requisitos de renta, y perjudica a las personas jóvenes de 23 a 30 años al exigirles más requisitos que para el resto de la población adulta. De hecho, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Juventud Española (CJE) en el informe Ingreso Mínimo Vital: ¿es justo con la juventud?, señalan la posible inconstitucionalidad que podría constituir esta discriminación por edad.

En este contexto, es imperativo seguir avanzando en la senda de la protección social y laboral de la población joven. Garantizar el derecho al IMV para todas las personas jóvenes es un paso esencial en la lucha contra la pobreza y la exclusión social de las mismas. En este sentido, proponemos ampliar el acceso al IMV para personas entre 18 y 23 años, equiparar los requisitos de acceso para las personas solicitantes entre 18 y 30 años con las del resto de población adulta, y asegurar la complementariedad con las Rentas Mínimas Autonómicas (RMA). Solo unas medidas sociales inclusivas y articuladas territorialmente tendrán suficiente capacidad para reducir la pobreza y la exclusión social de la población joven en España, probablemente, uno de los colectivos más olvidados durante los últimos dos años.

Bibliografía  

Alianza por la Juventud (2022) Una década por la juventud. Consejo de la Juventud de España. https://alianzaporlajuventud.es/

Ayala, L.; O. Cantó (coords.) (2022) Radiografía de medio siglo de desigualdad en España. Características y factores que explican que España sea uno de los países más desiguales de Europa. El Observatorio Social, Fundación ‘la Caixa’. https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/documents/22890/492074/T01_ID_ES_AyalaCant%C3%B3.pdf/a0746431-109f-e009-6c77-296c378f0438?t=1642072938395

Ayala Cañon, L.; Laparra Navarro, M.; Rodríguez Cabrero, G. (coords.) (2022). Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España. Madrid: Cáritas Española y Fundación FOESSA. https://www.caritas.es/main-files/uploads/sites/31/2022/01/Informe-FOESSA-2022.pdf

Hernández Diez, E.; Presno Linera, M. A.; Fernández de Céspedes, G. (2021). Ingreso mínimo vital: ¿es justo con la Juventud? Consejo de la Juventud de España. http://www.cmpa.es/datos/571/Ingreso_Minimo_Vital3.pdf

Número 11, 2022

María Segurado. Equipo de incidencia de Cáritas Española.

El pasado mes de abril, el Tribunal Supremo[1] dictó sentencia por la que estimaba el recurso de Casación interpuesto por Cáritas Española contra la sentencia dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El fondo del asunto estaba en la impugnación por parte de Cáritas del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 13 de mayo de 2019, en el que se procede a la aprobación de las Instrucciones para la gestión del padrón municipal de habitantes de Melilla, en relación a su último apartado -requisitos de empadronamiento de los menores extranjeros procedentes de Nador y que viven en Melilla-.

Es la segunda vez, en un plazo de cuatro años que Cáritas plantea un recurso contra la normativa de empadronamiento por entender que se están conculcando derechos de las personas extranjeras, especialmente de las menores de edad.

En el año 2018, la Audiencia Nacional dictó sentencia por la que declaró la nulidad de PLENO DERECHO de la Instrucción técnica de empadronamiento en cuanto discriminaba a los menores extranjeros respecto de los menores nacionales en cuanto a los requisitos de identificación para la inscripción en el padrón municipal.

¿Por qué este empeño en restringir el acceso al empadronamiento a las personas extranjeras, especialmente a los menores de edad?

El empadronamiento constituye una herramienta estadística que permite contabilizar las personas que viven en un determinado territorio con el objetivo de poder adaptar los recursos y las políticas públicas a la dimensión real de población. El padrón cuenta personas que viven en un territorio.

Su función es tan determinante que constituye tanto una obligación como un derecho. Puesto que vivo aquí, tengo derecho a ser contabilizado; puesto que estoy aquí, tengo obligación de señalar a la administración que aquí estoy.

Por este motivo, la normativa de empadronamiento, que es igual en todo el territorio del estado, señala que El objetivo de exigir documentación identificativa al solicitar la inscripción en el Padrón es exclusivamente comprobar que los datos de identificación (nombre, apellidos, número del documento, nacionalidad, sexo y lugar y fecha de nacimiento) son correctos, con independencia de la situación legal del extranjero en España. Al Ayuntamiento no le corresponde realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos.

El Tribunal Supremo en su sentencia afirma también que El padrón no es el instrumento para controlar las estancias irregulares por lo que si de su inscripción se desprenden derechos para los menores de edad no cabe imponer exigencias no previstas por la Ley Orgánica que los

Protege.

Esta rotunda afirmación realizada por el Tribunal Supremo, como lo fue antes por la Audiencia Nacional constituye un claro mensaje a navegantes para todos aquellos ayuntamientos que dificultan y en ocasiones niegan el acceso al padrón de las personas extranjeras, especialmente de los menores de edad.

Desde Cáritas esta es una línea de trabajo prioritaria, detectando aquellos lugares en los que ese acceso se dificulta ya sea por razones de acreditación de la identidad como por razones ligadas a la situación actual de la vivienda; ofreciendo formación tanto a las Cáritas Diocesanas como a los propios participantes para que puedan cumplir sus obligaciones y reclamar sus derechos, en el bien entendido de que es una forma eficaz de trabajar en pro de políticas públicas que tengan en cuenta a TODAS las personas que viven en nuestro territorio.

Esta jurisprudencia refuerza nuestro interés en seguir trabajando por el cumplimiento de la normativa de acceso al Padrón y en hacerlo efectivo.

[1] https://www.caritas.es/main-files/uploads/2022/04/Fallo-T-Supremo-Menores-Melilla-280791300400000023732022280791300432.pdf

Número 11, 2022