Sonia Olea Ferreras, jurista experta en Derechos Humanos

Pedro Carceller Icardo, doctorando por la Alma Mater Studiorum Università di Bologna y Universitat de València

De manera habitual encontramos cuestionamientos a la forma de abordar el alojamiento en situaciones de emergencia humanitaria (terremoto de Haití de 2010, campos de refugiados en Turquía, Tinduf, Kenia, Sudán, erupción volcánica en La Palma…); pero no sólo. Durante la pandemia, y con el requisito legal de permanecer en casa, han surgido también diversos planteamientos respecto a cuáles han de ser los mínimos aceptables en nuestras ciudades y barrios para entender qué es “adecuado” o qué es “digno” en el diario vivir y, sobre todo, a quién le corresponde garantizarlo. Hacemos en estas páginas una propuesta de alertas a las entidades y organizaciones sociales para que sus acciones humanitarias y de emergencia procuren el respeto, protección y promoción del derecho humano a una vivienda adecuada para las personas a las que se dirigen las mismas.

“Hogar, donde me siento yo misma, donde no tengo miedo. Donde puedo soñar”.

(Mujer en situación de calle, Hogar Santa Clara, Jaén 2010)

I. Introducción

Pocos días antes del inicio de la pandemia de COVID-19 y de la medida de confinamiento en nuestras viviendas en marzo de 2020, el Relator Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos de Naciones Unidas visitaba un asentamiento de la provincia de Huelva en su “visita país” a España. Sus palabras supusieron un tremendo jarro de agua fría, no sólo para las administraciones públicas implicadas, sino para la sociedad en general; y fueron recogidas en múltiples titulares de prensa: «El relator de la ONU queda “pasmado” tras ver a los jornaleros de la fresa viviendo “como animales”»[1]; «Me he encontrado con trabajadores migrantes viviendo en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en todo el mundo»[2]; «He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país»[3].

Ante esta terrible e “inhumana” situación, la recomendación[4] que la Relatoría le hacía a España, ante el Consejo de Derechos Humanos era referida en su totalidad al derecho humano a una vivienda adecuada y no, como pudiera pensarse, a medidas coyunturales y referidas a las necesidades básicas. Tomar en serio el derecho a la vivienda era la consigna lanzada al Estado español desde Naciones Unidas (en adelante NNUU). Y para ello, convertía en propuestas legislativas y de políticas públicas concretas, el propio (gran parte) del contenido mínimo de ese derecho humano que, en nuestro Estado, y por la definición contenida en el artículo 47 de nuestra Carta Magna y en el artículo 1 b) de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, consideramos además vivienda digna: para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Desde tres presupuestos esenciales:

• No discriminación.
• Interrelación de los derechos humanos.
• La vivienda como derecho humano, no solo como provisión material. 

Desde el análisis del contenido de dicho derecho humano y de los estándares internacionales en situaciones de crisis y emergencia, queremos llegar a una propuesta sencilla y aplicable en las acciones que las entidades y organizaciones sociales llevamos a cabo para poder ir evaluando cuánto nos acercamos a la protección del derecho humano a una vivienda adecuada o, por el contrario, qué parámetros pueden alejarnos de la consecución de dicho objetivo.

II. Estándares de derechos humanos en situaciones de crisis humanitarias

Históricamente, ante situaciones de crisis humanitarias, la respuesta predominante llevada a cabo ha estado basada en un enfoque de necesidades. La satisfacción de las necesidades básicas, siguiendo una perspectiva tradicionalista, ha dejado en un segundo lugar la garantía y protección de los derechos humanos de las víctimas. Sin embargo, desde los años noventa, se ha comenzado a incorporar un Enfoque basado en Derechos Humanos (EBDH) como guía de actuación ante situaciones donde la respuesta humanitaria se muestra como la única reacción (Francisco Rey, 2013)[5] y ya no sólo se dan las repuestas desde el Derecho Internacional Humanitario (DIH), sino también desde, y fundamentalmente, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), y el Derecho Internacional de los Refugiados (DIR) (Francisco Rey, 2011)[6].

En ese avance, la protección viene definida como: todas aquellas actividades destinadas a salvaguardar el pleno respeto de los derechos de cada persona de conformidad con la letra y el espíritu de los organismos jurídicos pertinentes (es decir, el DIDH, el DIH y el DIR) (Comisión Europea 2017)[7]. Por consiguiente, la promoción de los derechos humanos, como elemento integrador de la protección, no se podrá desvincular de la propia respuesta humanitaria al estar contenida en uno de sus principales elementos constitutivos.

El surgimiento de instrumentos como la Carta Humanitaria del Proyecto Esfera, fundamentan la propuesta de EBDH, que acaba de romper el doble camino paralelo entre la respuesta humanitaria (basada en enfoque de necesidades) y los derechos humanos. Desde la creencia esencial de que las personas que se ven sometidas a un desastre o a un conflicto armado[8] tienen derecho a vivir con dignidad y, por tanto, a un reconocimiento de derechos igual al resto de las poblaciones, debiendo recibir asistencia y protección; y, en segundo lugar, la respuesta debe tener el mandato de aliviar el sufrimiento generado en las crisis humanitarias (Proyecto Esfera, 2011)[9]:

• El derecho a vivir con dignidad, correspondiendo a los derechos humanos relativos a la vida, al derecho a un nivel de vida adecuado y al derecho a no ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
• El derecho a la asistencia humanitaria, siendo una dimensión esencial del derecho a vivir con dignidad. Aquí se incluye, de nuevo, el derecho a un nivel de vida adecuado, emanando de este el derecho a una alimentación adecuada, el derecho al agua y el derecho a una vivienda adecuada. Este derecho a la asistencia debe realizarse siguiendo los principios humanitarios (humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa)[10].
• El derecho a la protección y a la seguridad, recogido en las disposiciones del derecho internacional, resoluciones de NNUU y en el mandato de los Estados de proteger a toda aquella persona que se encuentra bajo su jurisdicción.

Además, toda respuesta generada ante una crisis o emergencia humanitaria deberá garantizar a la población afectada, estos derechos (y sus elementos constitutivos) reconociendo su participación activa, siendo esencial para poder prestar la asistencia que mejor se adapte a sus necesidades (Proyecto Esfera, 2011).[11]

La cuestión que nos plantearemos en los siguientes epígrafes será, si, ante una situación de crisis humanitaria, con una respuesta basada en enfoque de derechos humanos[12], se podrá exigir la satisfacción plena del derecho a la vivienda adecuada. ¿Se debe trabajar en pro de la satisfacción plena del derecho en su integridad?

O, sin embargo, ¿es admisible una reducción del derecho al núcleo del mismo debido a la situación de emergencia y urgencia?

III. El derecho humano a una vivienda adecuada

Que tener un techo donde vivir forma parte de las necesidades básicas de la persona ha sido, y sigue siendo, indiscutible para cualquier cultura y forma de organización política en todos los rincones de la tierra. La Declaración Universal de los Derechos Humanos[13] lo incluye en su artículo 25.1 al definir las condiciones básicas que dan lugar a un nivel de vida adecuado, siendo el resultante del sumatorio: comida, vestido, salud, vivienda y protección social y el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[14] (PIDESC) normativiza, para los Estados que lo ratifican[15], el derecho humano a una vivienda adecuada (en adelante, DHVA).

Son las Observaciones Generales (OG) nº4[16] y nº7[17] del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) las que desarrollan el contenido mínimo de la definición de vivienda adecuada:

No siendo habitual (a día de hoy el Comité DESC sólo ha duplicado una vez el desarrollo de un derecho humano contenido en el PIDESC) que una de las condiciones-aspectos del DHVA tenga su propia OG: los desalojos forzosos. Donde encontramos cuatro claves dirigidas a los Estados en su deber de protección a los sujetos de derecho en estas situaciones, siendo indiferente la condición del alojamiento (público/privado, personal/familiar/colectivo, casa/tierra/territorio, vivienda insegura, vivienda inadecuada, situación de sin techo o sin vivienda[18]):

• Prohibición de desalojos forzosos o derribo de vivienda sin alojamiento alternativo.
• Garantía del derecho de acceso a la justicia.
• Participación de las víctimas en el procedimiento.
• Consideración del alojamiento alternativo como otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas.

III.1 Categorías del DHVA

En las Observaciones Generales nº4 y nº7, las categorías generales de derechos humanos se entrelazan de forma indirecta en la propia definición de adecuación de la vivienda:

Cuadro nº 2: Categorías del derecho humano a una vivienda adecuada. Elaboración propia

Accesibilidad: los mecanismos, procedimientos, herramientas que procuren el acceso al DHVA deben ser transitables para todas las personas, sin discriminación alguna (en sentido físico, de alcance cultural, geográfico, económico, religioso, edadismo etc.).

Adaptabilidad: dichos mecanismos, herramientas, procedimientos… han de ser flexibles y ajustables a todas las personas y comunidades (capacidad en el sostenimiento de gastos – coste soportable-, en la comprensión y tiempos de los trámites administrativos, sin barreras arquitectónicas, de salud mental, lingüísticas…).

Aceptabilidad: las personas y los diversos grupos humanos tienen diversas necesidades. Desde ese reconocimiento de la especificidad se han de desarrollar los medios utilizados para garantizar el DHVA. Con una adecuación al contexto/situación social, cultural, emocional, mental, familiar y personal.

Disponibilidad: para el acceso, disfrute y garantía del DHVA han de estar habilitados, de forma eficaz, los diversos servicios, mecanismos, instalaciones, procedimientos que hacen efectivo ese derecho. Cuando se cuenta de forma efectiva con una vivienda digna y adecuada, cuando el estado dispone de los mecanismos y procedimientos para que el acceso sea real (agencias de vivienda, servicios de mediación, observatorios, estrategias y planes, recuentos de personas viviendo en calle, acompañamiento interdisciplinar para la prevención, legislación prohibiendo el desalojo sin alojamiento alternativo…).

III.2 Máximo de recursos y garantía de no regresividad

El artículo 2.1 del PIDESC así lo establece, y, por tanto, forma parte de nuestro derecho positivo: el compromiso de la utilización del máximo de nuestros recursos y la progresividad (garantía de no regresividad) en la implementación y desarrollo de los derechos humanos que componen dicho pacto a nivel legislativo y de políticas públicas.

III.3 Justiciabilidad

La Relatoría Especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación a este respecto presentó ante al Consejo de Derechos Humanos en 2018 una guía[19] para los Estados Miembro donde, desarrollando el contenido de las OG nº4 y nº7, proponía diez fundamentos o principios que toda política pública debía utilizar como soporte y guía de cumplimiento del contenido mínimo o esencial del DHVA. En el nº8, velar por el acceso a la justicia, la posibilidad de reclamación directa, libre e informada de las personas vulneradas, es sostenedor del propio disfrute del DHVA.

La justiciabilidad se torna, por tanto, en parte de ese contenido mínimo o esencial del propio derecho humano: desde el reconocimiento de la propia vulneración, la reparación a la víctima, su necesaria participación y protagonismo en el procedimiento y la garantía de no repetición que contará con esa misma participación en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas que lo puedan hacer posible.

III.4 Derecho humano a la energía, el agua potable y saneamiento e internet

El DHVA contiene en su realización, disfrute y garantía la interrelación con el resto de DDHH. Así también, en su condición-aspecto referido a la HABITABILIDAD, los derechos

• A la energía: OG nº4 y Objetivo de Desarrollo Sostenible[20] nº7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.
• Al agua y al saneamiento: OG nº15.
• A Internet: Declaración[21] del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

IV. Actores intervinientes en situaciones de crisis humanitaria

Tras conocer las dimensiones que integran el DHVA, en el presente epígrafe analizaremos los distintos actores intervinientes en la satisfacción del derecho, teniendo en cuenta que la respuesta será distinta atendiendo a si nos encontramos en una situación de paz o normalidad institucional, o en un contexto de respuesta humanitaria a una crisis o una emergencia. Dependiendo de estas, el papel de los actores será distinto.

Somos conocedores de que la satisfacción del DHVA es un factor fundamental para la supervivencia de las poblaciones en las distintas fases de una crisis. Como hemos estado analizando, las respuestas relacionadas con el alojamiento deben estar dirigidas a superar la situación de crisis o de emergencia y a promocionar la autosuficiencia y la gestión individualizada desde la resiliencia de la comunidad, interviniendo (o debiendo hacerlo) con un papel fundamental otros actores como son las instituciones públicas de los estados, las agencias internacionales y las entidades humanitarias y de derechos humanos (Proyecto Esfera, 2011)[22].

IV.1 Sujetos de derechos

Cada persona en su individualidad es sujeto de derechos. En nuestro caso concreto, los sujetos de derechos pertenecerán a una comunidad que se encuentra sufriendo una crisis humanitaria originada por un conflicto armado, un desastre natural o sanitario, una emergencia social y/o económica, y que da lugar a una carencia en el disfrute del DHVA (ya sea por desplazamiento interno o internacional, por desaparición de la vivienda habitual, por desalojos masivos etc.).

Ante la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentra la persona y volviendo al mandato de protección estudiado en el segundo epígrafe, todo ser humano víctima de una crisis humanitaria es sujeto pleno de derechos de forma en la que no se deberán producir discriminaciones conforme al derecho nacional e internacional. Estas personas, ante todo, son sujetos de una protección que no se limita a la mera supervivencia y seguridad física, sino que le debe cubrir todo el catálogo de derechos, incluidos los civiles y políticos.

IV.2 Garantes de los derechos

Debido a las características propias de las crisis humanitarias y de las situaciones de emergencia, los garantes de los derechos de las víctimas (personas, familias, colectivos y comunidades), pueden tener distintas naturalezas:

• El Estado en cuyo territorio se produce la crisis.
• El Estado que haya decidido provocar la crisis, generalmente en el caso de que se trate de un conflicto bélico (el ejemplo más actual sería la actual agresión de Rusia a Ucrania).
• El Estado que haya decidido participar, ya sea como colaborador o coparticipe de una agresión a otro Estado.
• El Estado o Agencia de derecho internacional público que por inexistencia de la estructura institucional del Estado donde se produzca la crisis garantiza la protección y asistencia humanitaria.
• El Estado que recibe en su territorio población desplazada forzosa de otro Estado.

Debemos tener en cuenta que el DIDH, el DIH, el DIR y otros, comprometen directamente a los Estados[23].

Pero volviendo al estudio concreto que nos atañe y por lo analizado en el epígrafe anterior, el derecho humano a la vivienda adecuada no corresponde únicamente a un techo sobre el que resguardarse de las inclemencias meteorológicas, estando ligado a otros derechos como el del agua, salud, alimentación… Por tanto, la respuesta adecuada de un Estado a la crisis humanitaria a la que se enfrenta deberá contener las múltiples aristas, adecuando a los perfiles y características de los sujetos de derechos analizados anteriormente. Entre ellas podrían darse las siguientes respuestas:

• Alojamiento colectivo en una instalación o estructura ya existente (pabellones deportivos y otros edificios públicos). Esta asistencia deberá ser temporal y de tránsito a otros recursos.
• Asentamientos planificados, construidos ad hoc. El ejemplo paradigmático son los campos de desplazados o refugiados. A pesar de que en su naturaleza se constituyen como temporales la permeabilidad en el tiempo demuestra la incapacidad para hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada.
• Asentamientos informales no planificados, cuando comunidades de desplazados se asientan en un terreno público o privado y generan campamentos. La administración deberá ofrecer alternativa habitacional o garantizar el acceso a todos los componentes constitutivos del derecho a la vivienda adecuada.

Ante ellos, la coordinación con las distintas administraciones públicas (estatales, regionales y locales), que a su vez también son garantes como Estado que conforman, y con otros organismos y actores responsables, será necesaria para evitar duplicidades en esfuerzos, mejorar la respuesta y asegurar el seguimiento y evaluación de la respuesta llevada a cabo.

IV.3. Sujetos de responsabilidades

Este grupo estará formado por las organizaciones humanitarias, de derechos humanos, civiles, sociales, medios de comunicación, la empresa privada… y cada una de las personas en su individualidad. La responsabilidad de exigir a los poderes públicos el asistir y proteger a las víctimas de crisis humanitarias es de toda la comunidad (en su concepto amplio).

Sin embargo, debemos reconocer el papel que juegan las organizaciones humanitarias. Aunque en muchas situaciones, ante la imposibilidad o falta de voluntad de los Estados parezca que se asimilan más a sujetos de garantías, en lugar de sujetos de responsabilidades, no debemos olvidar que tienen funciones secundarias frente a la acción del Estado. El Estado u otras administraciones pública son las vinculadas legalmente como garantes del bienestar de la población en el ámbito de su territorio o su control y de su seguridad. En definitiva, dichas autoridades son las que tienen el deber de asistir y proteger, conllevando la satisfacción de los derechos humanos de la población. La función de las entidades humanitarias y de derechos humanos consistirá en alentar y persuadir a las autoridades para que ejerzan su mandato y, si no lo hacen, ayudar a las personas a superar la crisis.

V. Algunas alertas del derecho humano a una vivienda adecuada en situaciones de crisis humanitarias

Nuestra reflexión quiere tratar de dar respuesta a los siguientes cuestionamientos: ¿Dónde está el límite razonable del contenido mínimo del DHVA sin que pueda verse vulnerado el propio derecho humano? ¿es eso posible? ¿se puede producir una lesión grave del propio derecho en una actuación humanitaria de emergencia? ¿qué alertas pueden contenerse en las acciones humanitarias que procuren el respeto, protección y promoción del derecho humano a una vivienda adecuada para las personas a las que se dirige dicha acción?…

El nº 7 de la OG nº 4 (ya citado en parte) establece lo que podríamos llamar “líneas rojas” para el desarrollo del DHVA en cualquier lugar, ante cualquier circunstancia y para toda persona sin discriminación alguna (características de los DDHH: universalidad, inalienabilidad, interrelación, interdependencia e indivisibilidad): seguridad, paz y dignidad.

Esas tres palabras, junto con las transversales de la no discriminación y de la participación de las personas vulneradas (en este caso las víctimas de una crisis humanitaria – ya sea allende nuestras fronteras, o por causa de la COVID-19, guerra de Ucrania o la ya enquistada y permanente crisis habitacional que vive nuestro país desde 2008[24]); dificultan en gran medida dar una respuesta de la gama de grises a las cuestiones iniciales de este apartado. Porque finalmente, tendremos que medir porcentajes de seguridad, de paz y de dignidad, y esa es una ecuación muy complicada, pero no imposible.

No olvidemos, además, el compromiso de los Estados a invertir el máximo de sus recursos y no aprobar legislación o adoptar políticas públicas que conlleven pérdida (regresividad) para los sujetos de derecho. ¿Con algún límite?, seguramente sí (regla de proporcionalidad, razonabilidad, justificación en la imposibilidad de recursos por situación de guerra, desastre natural, epidemia mundial…) pero, la doctrina del Comité DESC establece que el daño a ese contenido mínimo (contenido esencial de derecho) no sólo conlleva la presunción de un incumplimiento de la obligación de no regresividad, sino que constituye directamente una violación del Pacto no susceptible de justificación (María José Añón, 2016)[25].

Tendríamos entonces que hacer un análisis en tres sentidos:

• Sobre la justificación dada por el Estado para llevar a cabo una medida de regresividad.
• Sobre el uso de todos los recursos disponibles (OG nº 7[26] nº 9, 10, 11 y 12).
• Sobre la afectación de dicha medida al contenido mínimo/esencial del DHVA desarrollado (¿existente?) en la legislación y las políticas públicas del Estado en cuestión.

Una justificación coherente y proporcionada (por ejemplo, el ajuste presupuestario) junto con un daño del contenido mínimo, se torna contraria y por tanto vulneradora de los derechos contenidos en el PIDESC.

Quizás, de una forma más sencilla y aterrizada en las acciones cotidianas, podríamos entonces plantear que incluso en situaciones concretas de acogida de corta, media y larga estancia en alojamientos particulares – pisos-, colectivos, campamentos, asentamientos, recursos privados temporales – pensiones, hoteles, albergues, hostales…- etc.:

• Se estaría llevando a cabo una provisión material de vivienda/alojamiento.
• No se estaría garantizando el contenido mínimo o esencial del DHVA.

Retomemos finalmente las alertas que pueden ayudarnos, con la participación de los garantes, responsables y sujetos de derecho, a afrontar la situación de emergencia (seguramente alejada del contenido mínimo o esencial del DHVA) con la mirada puesta en el logro estructural del acceso, disfrute y garantía de dicho derecho humano y desde el derecho a vivir con seguridad, paz y dignidad en alguna parte y no solo el contar con una provisión de un espacio físico. Completar el siguiente cuadro y reflexionar sobre los pasos a dar para la mejora de los baremos alcanzados formarían parte de nuestra estrategia de intervención y acompañamiento.

Cuadro nº 3. Alertas del Derecho Humano a una Vivienda Adecuada en situación de crisis humanitaria

Elaboración propia basada en las OG nº 4 y nº 7 del Comité DESC

[1] DIARIO DE HUELVA (2020). (en línea) https://www.diariodehuelva.es/articulo/provincia/relator-onu-fresa-huelva/20200207180215189281.html Acceso el 1 de marzo de 2023

[2] LA MAREA (2020) (en línea) https://www.lamarea.com/2020/02/07/onu-condiciones-migrantes-huelva-fresa/ Acceso el 1 de marzo de 2023

[3] NOTICIAS ONU (2020) (en línea) https://news.un.org/es/story/2020/02/1469232 Acceso el 1 de marzo de 2023

[4] RELATORÍA ESPECIAL SOBRE LA EXTREMA POBREZA Y LOS DERECHOS HUMANOS (2021) “Informe Visita a España”. A/HRC/44/40/Add.2 Pág.20

[5] REY, F. (2013) “¿Es posible una ayuda humanitaria basada en derechos? Reflexiones sobre el enfoque basado en derechos humanos en la acción humanitaria”. Documento. IECAH. nº 16 p.4

[6] REY, F. (2011) “El enfoque basado en derechos humanos en la acción humanitaria. Reto de futuro” en Exigibilidad y realización de derechos. Impacto sobre Política Pública. VV.AA. Centro Henry Dunant. Santiago de Chile. p.3

[7] COMISIÓN EUROPEA (2017), Protección humanitaria. Políticas Temáticas. (en línea) p.7. https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/policy_guidelines_humanitarian_protection_es.pdf Acceso el 2 de marzo de 2023

[8] N. de los A.: Entendemos que totalmente aplicable a situaciones de emergencia social, económica, habitacional, sanitaria…

[9] PROYECTO ESFERA (2011) Proyecto Esfera, Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, Manual (en línea) https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/8206.pdf Acceso el 2 de marzo de 2023

[10]ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS (1991), Resolución 46/182 sobre el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de Naciones Unidas.

[11] PROYECTO ESFERA (2011) Op. Cit.

[12] N. de los A.: Descartamos la respuesta humanitaria basada en otros enfoques porque no da lugar a una satisfacción plena de derechos sino de puras necesidades.

[13] ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS (1948) “Declaración Universal de los Derechos Humanos” (en línea) https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights Acceso el 2 de marzo de 2023

[14] GENERAL ASSEMBLY (1966) “ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” (en línea) https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights Acceso el 2 de marzo de 2023

[15] BOE (1973) “Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966” (en línea) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-10734 Acceso el 2 de marzo de 2023

[16] COMITÉ DESC (1991) “El Derecho a una vivienda adecuada” E/1992/23 Observación General nº 4

[17] COMITÉ DESC (2005) “El derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos” Observación General nº 7 (en línea) https://conf-dts1.unog.ch/1%20spa/tradutek/derechos_hum_base/cescr/00_1_obs_grales_cte%20dchos%20ec%20soc%20cult.html Acceso el 2 de marzo de 2023

[18] N. de los A.: en la clave de la Clasificación Europea ETHOS en referencia a la Exclusión residencial-Sinhogarismo contenida en el Dictamen del Comité de las Regiones de la Unión Europea COR 2021/03911

[19] RELATORIA ESPECIAL VIVIENDA ADECUADA (2018) “Human rights-based national housing strategies” A/HRC/37/53 p.18

[20] ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS (2015) “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” A/RES/70/1

[21] CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS (2016) Promoción, protección y disfrute de los DDHH en Internet” A/HRC/32/L.20

[22] PROYECTO ESFERA (2011) Op. Cit. p.278

[23] N. de los A.: El derecho internacional de los derechos humanos no dejará de aplicarse a cualquier situación vinculando a los Estados, excepto cuando determinados derechos civiles y políticos pueden quedar suspendidos durante situaciones de emergencia declaradas (Art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); y en los conflictos armados declarados, el derecho internacional humanitario prima en caso de incompatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

[24] FOESSA (2019) “El sistema público de vivienda en el Estado español. Sin estrategia ni fundamentación en los Derechos humanos” Documento de Trabajo nº 13. Capítulo IV. Pág. 10 y ss.

[25] AÑÓN ROIG, M.J. (2016) “¿Hay límites a la regresividad de derechos sociales?”. Revista Derechos y Libertades nº 34, Época II, enero, pp.57-90

[26] COMITÉ DESC (1990) “La índole de las obligaciones de los Estados parte” OG nº 3 (en línea) https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1452.pdf Acceso el 2 de marzo de 2023.

Septiembre 2023

Hace poco más de un año, al salir de la pandemia y afrontando la dura crisis inflacionaria, el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, vaticinaba en su país el fin de la abundancia y de la despreocupación…

Con esto no quiso anunciar el final de una época en la que cada uno vive personalmente en la opulencia (todo el mundo sabe que no es así), sino el cambio de un régimen económico en el que los recursos están disponibles en abundancia a un régimen en el que los recursos son escasos y por lo tanto más caros. Porque cuando habla de abundancia, el presidente francés también habla de dinero público e inversión estatal, y augura un cambio de tendencia, que podría venir acompañado de una vuelta a políticas de rigor, de austeridad y de sacrificios adicionales.

Este cambio ciertamente conducirá a una forma de vida occidental más sobria, una forma de vida que muchos han estado pidiendo desde hace mucho tiempo, por razones ecológicas. Ante el colapso de la biodiversidad, el sobreconsumo de los recursos del planeta y el calentamiento global, la sobriedad debería ser, una meta por la que luchar para que toda la humanidad pueda seguir viviendo con dignidad.

Sin duda, hay motivos estructurales, climáticos, sociales, demográficos y tecnológicos que podría sostener la actual crisis inflacionaria o al menos que los precios de muchos bienes de primera necesidad pueden mantenerse en un nivel bastante elevado. Una dinámica que no encuentra una correspondencia en los ingresos de los trabajadores y, por tanto, podría abundar en la pauperización de gran parte de la población.

En paralelo a esto, es cierto que la ciudadanía occidental está poco a poco tomando conciencia de que el paradigma de una sociedad basada en un crecimiento infinito y sostenido en el tiempo, ya no puede tener cabida. Al menos tendremos que ir orientándonos hacia un crecimiento sostenible económica y socialmente. Eso sí un crecimiento inclusivo, pero para ello es primordial considerar la igualdad de oportunidades durante el crecimiento económico para todos los que participan en la economía. En otras palabras, requiere a priori de una integración social suficiente para participar plenamente en la sociedad.

Por su parte, España es una sociedad globalmente rica, que dedica una parte importante de sus recursos a la protección social. Sin embargo, son muchos los análisis que nos reafirman que la pobreza persiste en los periodos de bonanza económica y aumenta de forma notable en los periodos de crisis, y esto se relaciona principalmente con la debilidad de nuestro modelo de protección social y, en especial, de nuestro modelo distributivo. La desigualdad se mantiene alta a lo largo de los años y a pesar de sucesivos procesos de recuperación económica que hemos dicho no son capaces de reducir las brechas, sino que éstas se cronifican en niveles preocupantes, en particular para los grupos poblacionales más frágiles.

Y son precisamente estos grupos poblacionales, que no pueden cubrir sus necesidades más básicas, se ven obligadas a realizar una serie de difíciles arbitrajes, responder a dilemas imposibles entre calentar la vivienda o comer menos productos frescos y saludables… todas ellas estrategias que generan tensiones, incertidumbre y sufrimiento para todos los miembros de la familia.

Dicho de otra manera, es imprescindible repensar cómo gastamos y distribuimos los recursos disponibles y las riquezas que generamos para responder a diversos imperativos. Pero esto debe de hacerse siempre incluyendo la idea de suficiencia de los más frágiles, porque no basta con tener lo justo y estrictamente necesario. Tenemos que exigir y apelar por que se proteja y garantice el derecho a un nivel de vida adecuado. Para ello, tenemos que pensar qué se necesita para cubrir los gastos necesarios e imprevistos, pero incorporando la noción de holgura, es decir favorecer vivir en condiciones dignas que nos permitan tomar decisiones adecuadas sobre nuestra existencia y percepción del mundo.

La relación entre una vida digna y la cobertura de necesidades básicas es estrecha. Por tanto, debe reconocerse y defenderse la ineludible dignidad de toda persona, que debe materializarse en el reconocimiento y promoción de los derechos humanos. Para que nadie quede socialmente excluido, el Estado, junto a todos los agentes de la sociedad civil, debe permanecer presente y activo al servicio del bien común, orientados al bien de las personas, en particular de las más vulnerables. Además, cada persona tiene la responsabilidad de decidir si quiere vivir con holgura o abundancia a costa de los demás. En este sentido, fortalecer los mecanismos de inclusión de la ciudadanía en nuestra sociedad requiere también de decisiones personales que permitan re-vincularnos como comunidad y ciudadanía.

En nuestro país, el sistema de protección social y, más específicamente, las prestaciones que forman la última red de garantía de ingresos se mantienen como un factor determinante de las condiciones de vida y la suficiencia de las rentas de los hogares. Y la sostenibilidad de este sistema se encuentra estrechamente condicionado a la capacidad que tengamos para desarrollar una pedagogía fiscal que nos permita tomar conciencia de que un mejor Estado de Bienestar necesita que todos seamos conscientes de sus costes y de las seguridades que nos ofrece. Y en este proceso cabe plantearse la necesidad de acometer una reforma en profundidad del sistema fiscal y redistributivo.

En definitiva, para hacer frente a los grandes retos globales, y hacerlo luchando eficazmente contra diferentes manifestaciones de la desigualdad, es necesario combinar diferentes instrumentos de política orientada a la construcción de una sociedad más equitativa y cohesionada que pase irrevocablemente y ante todo por exigir la protección y garantía de los derechos humanos, en particular para los sectores más frágiles y expulsados de la población. Pero también es fundamental que tomemos conciencia como sociedad y como comunidad para favorecer esa transformación social.

Número 14, 2023

Mª Carmen Nieto León. Trabajadora social y Antropóloga social. Técnico del equipo de Inclusión de Cáritas Española.

Si queremos conseguir una sociedad fraterna, donde ponga en el centro a la persona, independientemente de sus circunstancias, este es el camino: poner a la persona, a su dignidad, por encima de todo. Amamos a nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los más empobrecidos, no podemos negarlo. Pero, además de decirlo, ¿lo hacemos vida? ¿les tratamos como a los preferidos del Señor? Reflexionaremos sobre ello a través de las situaciones difíciles que plantean las vidas de Ana y Daniel.

Ana es una mujer que hasta hace 3 años ha tenido trabajo limpiando en un colegio. Cuando se le terminó el contrato gestionó su documentación para poder acceder a la prestación por desempleo. Sus planes eran cobrar esta prestación y mientras buscar trabajo. Tenía 8 meses de prestación y estaba segura de que si buscaba bien durante ese tiempo encontraría algo. Pero los meses iban pasando y la respuesta a todos los curriculums que envió no llegaba… bueno, si se acaba la prestación, tenía unos ahorros, aún podía tirar otro poco tiempo… seguro que antes le llegaría alguna oferta de empleo, estaba segura.

El tiempo pasó, la prestación se acabó, los ahorros se acabaron y el trabajo no llegó. En ese momento Ana se sintió perdida, no sabía qué hacer, había buscado por todas partes y había enviado cientos de curriculums, pero no había tenido respuesta. Sus dos hijos, de 10 y 12 años, no eran consciente de la situación que estaba viviendo la familia. Desde que se separó de su marido intenta protegerles de los problemas familiares. Durante este tiempo ha intentado estirar el dinero, no hacer gastos innecesarios; cuando sus amigas le proponían salir al cine, ponía cualquier excusa, porque el cine le suponía un pico y si a alguna se le ocurría decir de ir a cenar después ya sí que para ella era imposible. Siempre que proponían en el grupo de WhatsApp de las amigas, alguna actividad, ella ponía cualquier excusa para no ir. Al final decidió no contestar en el grupo, y poco a poco se fue aislando de sus amigas. Para ella, salir a cenar o al cine, ya no era una opción. Esto provocó que poco a poco, se quedara sola.  No quiere compartir con sus amigas su situación real, aunque ellas saben que está pasando estrecheces económicas y que está buscando trabajo, no son conscientes de la situación tan extrema a la que se enfrenta, y ella no se lo quiere contar por vergüenza.

El primer mes que no tenía para pagar el alquiler le pidió prestado a su madre, que se lo dio, pero con eso sólo tenía para el alquiler y ¿cómo pagaría la luz? ¿Y el agua? ¿Y de dónde conseguiría más dinero para comer?

Su hermana mayor, que también la ayudaba ocasionalmente, aunque ella no le pedía nada porque la vergüenza, de nuevo, se lo impedía, le sugirió que fuera a Cáritas, allí ayudaban a la gente sin recursos. Ana pensó que eso era para los pobres, ella nunca se había encontrado en esa situación, siempre había trabajado y se había organizado muy bien sus gastos. Ella no era pobre ¿o sí? Su vida había cambiado en los últimos años, estaba claro, pero ella no quería ir a las colas del hambre, no quería ponerse en una cola a la puerta de cualquier entidad social, para que le dieran bolsas de comida, podía pasar alguien, reconocerla y entonces sus hijos lo sabrían y esa idea le atormentaba. Pero también era consciente que necesitaba ayuda, fuera de donde fuera.

Se acercó a Cáritas, le dieron una cita para dentro de dos días y apenas pudo pegar ojo, esas dos noches, pensando en la situación a la que se tenía que enfrentar. Nunca se hubiera imaginado llegar a la situación en la que estaba. Pero allí estaba y tendría que salir adelante. En la entrevista con la persona que le atendió, se sintió cómoda, iba con mucha desconfianza, pero le informaron, le preguntaron si había ido a los Servicios Sociales, le preguntaron si había gestionado el Ingreso Mínimo Vital, si quería que la incluyeran en el programa de empleo de Cáritas y sobre todo le dijeron que le iban a apoyar para que pudiera hacer frente a sus gastos mientras iba poniendo en marcha todos estos recursos. Ella dijo que no quería ponerse en ninguna cola para que le dieran comida, que no quería que la conocieran en el barrio. Por lo tanto, Ana estaba manifestando una de sus grandes preocupaciones; no quería mostrar su vulnerabilidad, su situación de necesidad, porque quería que la siguieran percibiendo como Ana, no como a una persona sin recursos, porque eso, pensaba ella, le restaba dignidad, sería señalada por sus problemas económicos y pensaba que eso también estigmatizaría a sus hijos. Lo que deseaba era una ayuda que le permitiera vivir como al resto de personas, que le permitirá seguir viviendo como antes, con ajustes en sus gastos, pero con la libertad de poder gestionar sus necesidades. A día de hoy, hay muchas formas de mantener el deseo de Ana. Las ayudas sociales destinadas a personas como ella no tienen por qué restarles ni un ápice de dignidad. Por ejemplo, en Cáritas se puede apoyar a través de transferencias bancarias, dinero en efectivo o tarjetas monedero, lo que le permitiría ir a comprar o pagar los recibos que tuviera pendientes sin que nadie supiera de donde procedía ese dinero. Además, estas formas de apoyo o ayuda, llevan consigo la posibilidad de que las personas sigan gestionando su vida, organizando sus gastos, dándole prioridad a sus necesidades más acuciantes.

Desgraciadamente, hay muchas anas en nuestros entornos más cercanos, en nuestros barrios, en nuestras parroquias, en nuestros pueblos. La situación de estas personas nos muestra cómo vivimos en una sociedad semi-segura, es decir, la mayoría de los salarios apenas nos da para pagar el alquiler o la hipoteca, cubrir nuestras necesidades básicas, pagar los recibos de los gastos corrientes, es más, si un mes nos viene un recibo extra (IBI, seguro de la casa, del coche…) nos vemos en una situación complicada. Cualquier persona se puede encontrar en esa situación.

Tampoco nos olvidemos de que las personas necesitamos ocio que nos ayude a disfrutar y a vivir nuestra vida de forma más sana, porque el ocio también es una necesidad y nos ayuda a tener una salud mental más equilibrada, nos socializa y nos permite relacionarnos. Las personas sin recursos, o sin recursos suficientes, parece ser que no tienen ese derecho, como no tienes apenas recursos, no te puedes tomar un café o salir un rato con amigos, o ir un día al cine, si hacen esto, les juzgamos, ¿cómo puede gastarse dinero en tomarse un café con la situación que tiene?, pero nadie valora lo que supone tomarte ese café con unas amigas, pasar un rato conversando, intentando no estar todo el día pensando en cómo podré seguir adelante sin trabajo, y con pocas perspectivas de encontrarlo. Estos ratos, como otros muchos que nos facilita el ocio, son sanadores, todas las personas los necesitamos, necesitamos relacionarnos, no vivir todo el tiempo de forma estresante, tenemos que ponernos medios para tener una salud mental equilibrada, que me ayude a gestionar mi situación y a vivir de la manera que menos daño me haga, porque vivir estas situaciones, dañan. Dañan la vida de las personas, minan su autoestima, la percepción de sus capacidades, el mapa de pensamiento, que te hace creer que eres menos que nadie, asumes que el encontrarte en esta situación de carencia lleva consigo el recorte de tus derechos como persona y como ciudadana. Y eso no es así, por eso, las personas que nos encontramos en otra situación o que hemos tenido la suerte de tener recursos para cubrir nuestros gastos, nos tenemos que trabajar la mirada hacia estas personas; no están así porque se lo merezcan, ni porque sean menos que nosotros, están así porque la sociedad no está bien organizada para asegurar que todas las personas podamos tener una vida digna, sin excesos pero sin encontrarnos en situaciones donde tener una vivienda, sea de alquiler o en propiedad, es una misión prácticamente imposible, por ejemplo, la sociedad, la organización de la misma, ha de facilitar que Ana tenga sus necesidades cubiertas y se desarrolle como persona, en todas sus dimensiones, a pesar de su situación.

Ana, encontró una puerta abierta en Cáritas, que la apoyaron y le informaron para intentar paliar su situación. Pero lo que le hizo sentir bien es que se sintió escuchada y que no le juzgaran, por lo que no sintió vergüenza. Agradeció mucho la información, ahora tenía un nuevo camino por el que transitar, pero lo más importante es que se sintió tratada de igual a igual, así lo manifestó en otras intervenciones posteriores, se dio cuenta de que le habían entendido, aunque ella le contó su historia personal, esta fue saliendo de forma natural, no la presionaron ni le preguntaron por sus intimidades, aunque fueron saliendo, pero sobre todo se sintió escuchada, comprendida y vio una cercanía que le hizo sentir que ser pobre no tiene que ver con cómo sean las personas, sino que es una situación en la que cualquiera nos podemos encontrar y que pedir ayuda o apoyo, no tiene por qué ser estigmatizante si la respuesta que encontramos pone en el centro a la persona y su dignidad.

Cada persona tiene una situación diferente que le puede llevar a encontrarse sin recursos. Pero no todas las personas que se encuentran en esa situación son iguales, ni las causas que les han llevado a ella son las mismas, ni los apoyos, por lo que los caminos para mejorar las situaciones pueden parecerse o no. No vale el mismo traje para todos, cada uno tiene su medida. Cada persona tiene que ser tratada desde su situación particular, aunque los medios puedan ser los mismos, pero las situaciones son diferentes, de eso no cabe la menor duda.

También me gustaría reflexionar sobre la situación de las personas migrantes, que en la actualidad abundan en nuestras parroquias. Estas personas llegan a nuestras ciudades y pueblos en busca de una vida mejor, huyendo de guerras, hambrunas, carestía, sistemas políticos corruptos… Vienen llenas de esperanza ante la posibilidad de que su vida pueda mejorar, a pesar de dejar atrás la vida que han llegado hasta ahora y, en la mayoría de los casos, a sus seres queridos. La movilidad humana en el mundo es un derecho, aunque, tristemente, en la actualidad pueden moverse con más libertad por el mundo las cosas que las personas. Además de sueños y esperanza, también traen mucho miedo a lo desconocido, a lo distinto a no saber que se van a encontrar…

Ante la llegada de estas personas, me surge el siguiente interrogante: ¿cómo les acogemos los que estamos aquí?, ¿les escuchamos?, ¿les reconocemos como personas iguales a nosotros?, ¿entendemos las causas por las que ha tenido que emigrar?, ¿nos ponemos en su lugar? o ¿les juzgamos y les tratamos como personas inferiores, porque son distintas a nosotros? Conozcamos la historia de Daniel, por si nos ayuda a situarnos mejor en lo que quiero decir.

Daniel llega de Colombia a una ciudad pequeña de España. Lleva 7 días en esa ciudad, ha tenido que venir de su país, dejando allí a su familia, su trabajo, y la vida tan organizada que llevaba hasta ahora. El motivo por el que ha salido de su país es que está amenazado por un grupo de paramilitares, que le quieren extorsionar porque piensan que tiene dinero, pero como no es así y él no ha cumplido con las perspectivas de este grupo, le han agredido físicamente varias veces. Ante estos hechos, reflexionándolo con su mujer, decidieron que se fuera del país, a pesar de que eran conscientes de todo lo que suponía para la vida de ambos; ella se queda allí con los niños, él se marcha, teniendo por delante un futuro incierto, con el objetivo de intentar empezar su vida en paz en otro lugar. Después, cuando él esté ubicado, se reagrupará la familia. Esa idea, a pesar de ser consciente de la dificultad que entraña, es la que Daniel tiene en su cabeza durante mucho tiempo. Tiene claro que no puede seguir viviendo en esa situación de miedo permanente, ni por su mujer, ni por sus hijos, ni por él. Desde estas premisas, la familia invierte la mayor parte de sus ahorros en el billete de avión que trasladará a Daniel de Colombia a España.

Después de pasar por Madrid, llega a esta ciudad de España donde le han dicho que lo tendrá más fácil para encontrar vivienda y trabajo. Daniel apenas tiene 300€ en el bolsillo, con ese dinero se alquila una habitación durante un mes, que le cuesta 250€, por lo que apenas le quedan 50€ para el resto de gastos. En este momento empieza a ser consciente de lo que le toca vivir y se siente acorralado, desesperado, no conoce a nadie en la ciudad, no tiene casa, ni dinero, ni comida, ni sabe qué hacer… La vida de Daniel, hasta ahora había sido la de una persona normal, tenía a sus dos hijos, su mujer, tenía un trabajo y amigos y familia. Ahora en España se encuentra solo, sin dinero, ni trabajo, ni familia…, su vida se ha roto, ya no puede sentir ni pensar con claridad. Él es un hombre creyente, confía en Dios, a pesar del dolor que siente en ese momento, a pesar de la soledad, siente que no puede rendirse, aunque las cosas están mal, tiene que seguir adelante, ha de regularizar su documentación, tiene que buscar un trabajo, conseguir un sitio donde vivir. Pero siente mucha tristeza, mucha impotencia, porque no sabe por dónde empezar ni adonde dirigirse para comenzar con todos estos trámites. No sabe con quién hablar para expresar sus sentimientos, sus anhelos, siente que ante todo necesita a alguien que le escuche, alguien con quién llorar la pena, alguien a quien contarle todo lo que está pasando por su cabeza y por su corazón. También necesita ayuda material, evidentemente, necesita tener un sitio donde cobijarse, necesita poner su documentación en regla, necesita comer, y ropa para abrigarse. Pero lo que más desea es estar cerca de alguien que le escuche, que le consuele, que le deje llorar en su hombro y les transmita la fuerza que tiene el sentirte acogido y escuchado para avanzar y continuar, a pesar de las dificultades.

Ante esta situación desde Cáritas ¿qué podemos hacer? A veces en nuestros recursos tenemos normas y criterios que, ayudándonos en la organización y con la mejor de las voluntades, lo que hacen es impedir que Daniel encuentre en nosotros, quizá, ese hombro en el que apoyarse, esos ojos que le miren y le reconozcan, esa mano que le acaricie el hombro. Daniel, lo que busca es alguien que le reconozca como persona y también necesita cubrir sus necesidades materiales. Cuando llegue a Cáritas, ha de encontrar esto, bajo mi punto de vista, primero esa acogida incondicional, que reconoce que Daniel es una persona con las mismas necesidades que yo, con los mismos sueños y los mismos anhelos, y que, por lo tanto, necesita que le traten de igual a igual, con dignidad, con esa dignidad que le viene de ser hijo de Dios y que es inherente a su ser persona. No necesita un vale para ir a la tienda del barrio, donde le reconocerán y le pondrán la etiqueta de persona sin recursos. Necesita un espacio donde sentarse y se le ayude a aclarar el horizonte, donde se le acoja desde la globalidad de su ser persona. Necesita a alguien que le ayude a explorar por donde continuar y sentir que a otras personas les importa lo que le está pasando. Quizá hasta encuentre, en el entorno parroquial, personas que quieran acogerle en alguna vivienda, que le ofrezcan un espacio donde vivir y así poder quitarse algo de preocupación, ¿por qué no? Hay multitud de experiencias en algunas de nuestras ciudades donde los miembros de la parroquia se abren a la hospitalidad y ofrecen sus casas a estas personas, haciendo vida los valores del evangelio: fui forastero y me acogisteis[1].

Si queremos conseguir una sociedad fraterna, donde ponga en el centro a la persona, independientemente de sus circunstancias, si queremos que el Reino de Amor y de justicia que Cristo nos propone se haga realidad, este es el camino: poner a la persona, a su dignidad, por encima de todo, y compartir los bienes que tenemos. Mientras haya personas que sufran, que no tengas cubiertas sus necesidades, que tengan que abandonar sus hogares y no encuentren acogida allá donde lleguen, mientras todo esto siga sucediendo, no es posible el desarrollo de los derechos humanos ni será posible el Reino de Amor que Dios quiere para todas las personas.

Tanto Ana como Daniel plantean situaciones difíciles en sus vidas, en un mundo, donde el valor de las personas ha dejado de tener el valor absoluto. Hemos de reclamar, a nuestras sociedades y a nuestros gobiernos, que el valor de la vida de cada persona, su bienestar, sea lo que prime a la hora de organizar la vida. En un Estado de Derecho, no se trata de que, a través de los servicios sociales, a los cuales Daniel, por ejemplo, no puede acudir porque no está empadronado, se les de lo que nos sobra y además organizando todo lo que tiene que tener y cómo lo tienen que hacer.

Ayudar a Daniel o a Ana es reconocerle su dignidad de persona, es poner en tela de juicio que no les estamos ayudando, si no que estamos dándoles lo que en justicia merecen. Es tratarle como a mí me gustaría que me trataran, es facilitar el acceso a todos los derechos que tiene como persona, por ser hijo de Dios y por ser ciudadano. ¿Nos creemos esto? ¿somos capaces de analizar lo que pasa en el mundo y lo que favorecen los gobernantes con sus políticas? ¿estamos dispuestas a ver en el otro y la otra al hermano y tratarle como tal? Pues ese es el camino, bajo mi punto de vista, para conseguir un mundo más justo, más igualitario y más fraterno, en definitiva, hacer posible y real el Reino de Amor que Dios quiere para todas las personas.

[1] Evangelio de Mateo 25,35

Número 14, 2023

Si bien los alimentos producidos en el planeta son suficientes para alimentar a más del total de la población mundial, casi mil millones de personas pasan hambre. Por no hablar de que un tercio de esta producción se desperdicia o se pierde cada año. Por lo tanto, es evidente que el problema no es una cuestión de cantidad sino de distribución y acceso a los alimentos.

Según el derecho internacional, el derecho a la alimentación es un derecho humano que protege el derecho de todo ser humano a alimentarse dignamente, ya sea produciendo sus propios alimentos o comprándolos. Para producir sus propios alimentos, una persona necesita tierra, semillas, agua y otros recursos, y para comprarlos necesita dinero y acceso al mercado. En consecuencia, el derecho a la alimentación implica que el Estado debe garantizar una serie de mecanismos para posibilitar su disfrute por parte de todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica.

No obstante, la crisis vinculada a la Covid-19 ha hecho más visible y ha agravado la inseguridad alimentaria en el mundo y también en nuestro país. Esta inseguridad alimentaria afecta a una proporción creciente de la población de España y, en particular, a las personas más vulnerables. Las imágenes de personas en fila frente a los lugares donde se distribuye la ayuda alimentaria han dejado una huella considerable en la opinión pública.

El derecho a la alimentación, que debería permitir a todas las personas comer dignamente, en forma adecuada y en cantidad suficiente, es así ampliamente mancillado. Es importante resaltar, por tanto, que ese incremento demuestra que el problema de los hogares españoles para acceder a una alimentación adecuada es estructural y que no está únicamente ligado a crisis coyunturales.

La actual crisis ha puesto de manifiesto los límites de la respuesta institucional a los problemas de inseguridad alimentaria. Una vez más la respuesta de las administraciones públicas responde a una concepción de ayuda alimentaria y no tanto de garantizar el derecho a la alimentación. El modelo imperante de respuesta de las entidades del tercer sector y de algunas de las políticas públicas llevadas a cabo, hacen que la lucha contra la inseguridad alimentaria se reduzca a la distribución de ayuda alimentaria.

Es fundamental tratar de superar esa concepción de las políticas públicas existentes que se enfocan solo en los síntomas de la inseguridad alimentaria y nunca en sus causas profundas: a saber, el nivel de pobreza y su intensidad para una parte de la población. Para ello, necesitamos promover una economía al servicio de todas las personas, apelando a un cambio de las reglas de los sistemas económicos injustos que perpetúan la pobreza y las desigualdades.

Esto pasa también por abandonar la asistencia para recibir alimento al acceso autónomo a la alimentación. En otras palabras, significa apostar por distribuir alimentos seleccionados con criterios de sostenibilidad y elegidos por quienes se benefician de ellos.

En definitiva, garantizar el respeto del derecho a la alimentación significaría dar a todas las personas la posibilidad de optar por una alimentación de calidad, íntegra desde el punto de vista ambiental, social y sanitario. En otras palabras, el reto de garantizar la seguridad alimentaria pasa por cruzar la lucha contra la pobreza y las desigualdades con los objetivos para un desarrollo sostenible.

Número 10, 2022

María Martínez Rupérez, responsable del programa Acción Socio Educativa de Base en Cáritas Española.

Con este artículo pretendemos compartir el modelo de trabajo que estamos impulsando en Cáritas para dignificar el acceso al derecho a la alimentación y la estrategia confederal que hemos desarrollado para facilitar estos tránsitos.

Estoy convencida, que no nos es ajena esta imagen que tanto se ha repetido en nuestros barrios y pueblos, y ciertamente se ha multiplicado con motivo de la pandemia provocada por la COVID-19, de encontrarnos con personas esperando en una larga cola para recoger alguna bolsa de alimentos que poder llevar a sus hogares y mitigar así la angustia del hambre.

Y es posible, que, este escenario os haya provocado una variedad de emociones que pueden ir desde la tristeza a la ansiedad, imaginando qué mochila llevará cada persona que está esperando su turno, con menores de edad a su cargo, o personas mayores, o acaso alguna persona con movilidad reducida, o pasando por alguna enfermedad… Y además es posible, que en ese hogar no haya una figura sustentadora porque no hay trabajo, o acaso el empleo está precarizado, trabajando por horas, a turnos, sin saber cuál será la duración. O que se sienta la perdida del cordón umbilical al tener que dejar la familia cercana en el país de origen, o ante tanta tensión se esté produciendo algún tipo de violencia doméstica, machista…. Y a todo ello, le agregamos el ingrediente de la angustia del hambre.

Es bueno no olvidar que las situaciones de pobreza, lamentablemente están presentes desde tiempos pretéritos, que están unidas a un sistema injusto de reparto de bienes, recursos y riquezas, pero en tiempos de crisis, se visibiliza con toda su crudeza, una realidad que interesadamente permanece velada.

¿Por qué este título tan largo…?

Como bien sabemos el lenguaje no es neutro, está impregnado de significados, por esto la elección de estos conceptos no son arbitrarios, están cargados de intenciones, aquellas que nos proponemos en Cáritas. Hablamos de la alimentación, en el marco de estas claves innegociables. En primer lugar, es un derecho humano unido a la vida y universal, para todas las personas.

Y un derecho en el marco de la justicia social, donde nadie se puede quedar atrás, en una carrera de obstáculos que supone este mundo meritocrático para una parte importante de la población, donde haya un reparto equitativo de los bienes, recursos y riquezas del planeta.

Como señaló el exrelator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier Schutter, y actual relator especial de las naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos:

El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativa adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.

La primera parte de esta frase que expresa Schutter, podríamos resumirla, en una palabra, el reconocimiento a la dignidad de cada ser humano, con la descripción de adjetivos como, regular, cotidiana y libre. Para que cada quien pueda elegir aquello que desea comer, en función de sus gustos, hábitos, cultura o teniendo en cuenta su salud -situaciones de intolerancia, dietas médicas, etc.-. El papa Francisco, con la claridad y coraje con la que expresa sus convicciones, nos recuerda que hablamos de dignidad no de limosna, así lo recoge en la visita en 2014 a la sede de la FAO con motivo de la II Conferencia internacional sobre nutrición:

…Y mientras se habla de nuevos derechos, el hambriento está ahí, en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, ser considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana. Nos pide dignidad, no limosna.

Así queda recogido otro concepto importante, una alimentación sana, no podemos conformarnos con cualquier producto alimenticio, recordemos que, para mantener una buena salud física y psíquica, un elemento fundamental es una dieta variada y nutritiva con productos de calidad.

Por último, con el cambio de modelo que estamos proponiendo estamos facilitando también la inclusión. Permitidme haceros “spoiler”. Tratamos de dejar de dar alimentos en especie para utilizar otras estrategias que permitan a las personas hacer la compra en tiendas y comercios, como lo hace el resto de la ciudadanía, de una manera normalizada, sin ningún tipo de estigma.

Pero, además, la persona compra aquello que necesita con lo cual también promovemos la sostenibilidad. Las entidades sociales no tienen que realizar una compra masiva de alimentos o productos básicos de higiene -favoreciendo a determinadas multinacionales agroalimentarias-, que posteriormente se entrega a las personas sin conocer realmente cuáles son sus necesidades reales. Con esta estrategia minimizamos nuestra huella ecológica, al evitar transportes innecesarios, sostenimiento de almacenes, etc. Con todo, cuidamos a las personas y también al planeta.

Lamentablemente, en Cáritas vamos a tener que seguir haciendo el qué, pero tenemos que replantearnos los cómos

Según el último Informe que la fundación FOESSA que ha realizado para medir el impacto que ha tenido la crisis social derivada de la Covid-19 en las condiciones de vida, señala algunos datos que no podemos pasar por alto:

• Un tercio de los hogares tienen a todas las personas integrantes en situación de desempleo -600 mil familias-, careciendo de algún tipo de ingreso periódico que permita una cierta estabilidad.
• La pandemia ha aumentado la brecha de género: la exclusión social ha crecido más del doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer.
• Hay 2,7 millones de personas jóvenes entre 16 y 34 años afectadas por procesos de exclusión social intensa.
• La exclusión social en hogares con población inmigrante es casi tres veces mayor que en los hogares españoles.
• Tres de cada diez familias se han visto obligadas a reducir los gastos habituales en alimentación, ropa y calzado.
• Las tasas más elevadas de exclusión social se dan en el Sur y el Este del país, junto con Canarias.

Estas cifras no nos dejan indiferentes, sabiendo que detrás de cada una hay una historia con rostro, llena de vida y matices, pero también con el peso que conlleva saberse señalado por el estigma de la pobreza.

Queremos estar cerca para conocer, y conocer para comprender y respetar cada misterio que es, cada una de las vidas con quienes nos encontramos.

Así, las personas que trabajamos en Cáritas, seamos voluntarias o contratadas, estamos llamadas a minimizar este sufrimiento social, ofreciendo nuestro mayor potencial y recursos, símbolo de nuestro logo: el amor.

Un amor con co-razón al servicio de las personas, esto es, un amor impregnado de sensibilidad y ternura que nos invita a dar un paso más en nuestros modos de hacer, e introducir la investigación y el conocimiento generado en este tiempo, y que nos lleva a replantearnos y repensar otras estrategias, más humanas y eficaces.

Por ello debemos continuar con el qué hacemos -facilitar este acceso a derecho-, pero es cuestión ineludible superar aquellas formas que han dañado, estigmatizado. No puede ser que sigamos dando las mismas respuestas del siglo pasado con la comprensión del problema que tenemos en la actualidad.

Y como luciérnagas, tenemos algunas referencias importantes que ya han transitado por este camino, como el programa desarrollado por parte del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en los campos de personas refugiadas, proponiendo la utilización de tarjetas para que las personas puedan realizar sus compras directamente en las tiendas locales, iniciativa que recibió el premio NOBEL en 2020.

También esta misma acción desarrollada en diversos países de la Unión Europea, como Rumania o Francia ante la realidad de la pandemia Covid-19. Estrategia que motivó la modificación del reglamento europeo.

Y estábamos tardando en dejar espacio, en hacer círculo, en compartir saberes, intuiciones, experiencias

Aleida es una compañera de camino, madre de familia, que durante un tiempo recibió ayuda de alimentos por parte de Cáritas. Y tuvo la suerte de encontrarse con Sonsoles, una voluntaria de Cáritas parroquial, con quien pudo conectar en una relación humana y horizontal. Ante la propuesta que compartiera que estaba sintiendo, surgió este regalo que nos hace Aleida.

Solo es necesario leer con atención, para recoger la vivencia de tantas personas que pasan por esta experiencia.

Querida Sonsoles: siempre he pensado que lo más importante son las personas. No hay sentimiento más perturbador que no sentirte persona, con toda la dignidad que eso implica. Cuando no eres autosuficiente porque las circunstancias adversas no te lo permiten y no puedes abastecerte ni a ti, ni a tu familia en las necesidades más básicas como son los alimentos, te sientes poquita cosa y te vas haciendo más pequeña cuando recurres a ciertas ayudas.

Quiero decirte Sonsoles que la mayoría de mis conocidas y amigas que reciben esta cesta, que más que de comida está llena de buenas intenciones, pensamos que nos hacen un flaco favor. Pero no lo decimos de voz en cuello, no queremos ofender. Por eso lo comentamos bajito, con esa voz apagada y avergonzada que tiene el que pide.

La realidad, amiga mía, es que en esa cesta no hay nada que me pueda servir en el momento para prepararme una buena comida. Me faltan los ajos, la cebolla y las zanahorias para dar alegría al plato. Mi nevera sigue vacía; nada de lo que viene en la cesta solidaria puedo meter en ella. ¡Un yogur es un lujo en tiempos de coronavirus!

Pedir te silencia y te hace opaco, tal vez por eso los que están llenos de buenas intenciones no te ven como ellos, no ven que eres persona.

Es surrealista que en pleno siglo XXI, en un país extraordinario como éste aún hallamos personas que necesitamos que alguien nos ayude, nos llene una cesta con lo que ellos consideran que necesitamos…

Me he encontrado con personas que te hacen contar tu vida, y luego para nada. Me he encontrado con ojos fríos porque eso se puede sentir, se puede ver, te puedes encontrar con miradas de impaciencia, gente que agacha la mirada, que no le interesas, que no te mira. Porque entiendo que muchas personas van allí como yo a pedir ayuda y tienen que cumplir la norma que dice que tienen que preguntarle cosas para ver si es digno de ser ayudado o no.

He vivido la situación más fea de tener que pedir, pero también he tenido la oportunidad de conocer en medio de todo ello a gente maravillosa que sí te ve, que sí te mira, que sí te escucha, que sí le importas, que van más allá de lo que tienen que hacer que es entregar una bolsa de comida a las personas para que puedan sentirse ellos que ayudan y otros puedan sentirse que son ayudados.

A mí lo que me ha ayudado es encontrar una persona que te tome de la mano, que te abrace que te diga “todo va a mejorar, tranquila”, “puedes venir cuando quieras” si necesitas algo, aunque luego ni le llames, ni vayas, pero te dice “si necesitas algo llámame, si algo pasa ven, aquí estoy. Yo sí he encontrado gente así en mi parroquia.

En Cáritas estamos en la búsqueda de la mejor respuesta

Llegados a este punto, es bueno recordarnos que es el Estado el garante de este derecho al acceso a una alimentación sana y equilibrada, y que, en un estado democrático, entidades como Cáritas estamos complementando una acción allí donde los servicios públicos no llegan o lo hacen de manera insuficiente.

Y siempre es un gusto cuando un ayuntamiento es conocedor de su realidad y se hace cargo de las necesidades de su comunidad, como tenemos ejemplos de ello, siendo los servicios sociales municipales quienes facilitan este acceso a la alimentación a través de la gestión de tarjetas prepago donde las personas van a comprar a los comercios que deseen. En estos casos, los equipos de Cáritas tienen la disponibilidad para hacer otro tipo de tareas, que están en relación con acompañamientos, con proyectos de desarrollo y empoderamiento personal y otras acciones comunitarias.

Pero volvamos a nuestro análisis, y pongámonos en la piel de la persona que recibe una cesta de alimentos, como nos señalaba Aleida, la persona no puede elegir, tiene que ajustar su alimentación a los productos disponibles, sin la posibilidad de adaptar el menú según los gustos, culturales o necesidades de salud. Y en relación a la salud, es difícil mantener una dieta variada y equilibrada, ya que suelen faltar productos frescos.

En este escenario, se corre el riesgo de pérdida de autonomía personal y de autoestima, y de desaprender elementos básicos como son el manejo del dinero, o la gestión y manejo de la economía familiar… Sin darnos cuenta, lejos de posibilitar procesos de inclusión social podemos estar contribuyendo a mantener desde el asistencialismo la institucionalización.

Pero, además, como apuntábamos con anterioridad, es un método poco eficiente, ya que se contribuye con el despilfarro alimentario. Por lo que vamos en contra también, de la salud del planeta.

Por todo ello, planteamos los tránsitos hacia un modelo inclusivo y sostenible, donde las personas puedan comprar en los comercios de proximidad los productos que se ajusten a sus gustos y necesidades. La pandemia, en este sentido, ha sido una palanca para el cambio. En los momentos de máxima incertidumbre, donde desconocíamos la forma de contagio de este virus, el uso de estas herramientas como las tarjetas monedero -conocidas por distintos nombres solidarias, prepago…-, se han extendido. E inclusive, apareciendo en escena otra nueva estrategia: ayudas económicas a través de telefonía móvil.

Pero también debemos reconocer la existencia de equipos de Cáritas, que, desde hace tiempo, destinan parte de su presupuesto a ofrecer este acceso a la alimentación evitando cualquier tipo de estigma, a través de ayudas en metálico, cheques o transferencias bancarias.

Gracias a este modelo, estamos facilitando que:

• La persona sienta nuestro respeto, reconocimiento y la confianza depositada en ella.
• Se evite el estigma, garantizando en todo momento del proceso el anonimato.
• Se fomente la autonomía personal, que las personas salgan del círculo de la dependencia. Cada quien elige qué quiere consumir y dónde adquirirlo.
• Se active el comercio de proximidad y el consumo de productos agrícolas de kilómetro cero.
• Se llegue a una alimentación sana y equilibrada, con la adquisición de productos propios de cada estación.
• Se haga la compra y se cocine en familia, como espacio educativo y relacional.
• Se mantenga la responsabilidad y el hábito de administrar el presupuesto y la gestión familiar.
• Y además de cuidar a las personas, cuidamos al planeta, comprometiéndonos con un sistema eficiente y sostenible.

Para quien tenga interés en conocer un poquito más, podéis acudir al libro digital que editamos en el año 2019  . Este documento recoge el análisis, posicionamiento y propuestas de Cáritas.

Y a partir de este libro desarrollamos una “Estrategia confederal por el derecho a una alimentación saludable y sostenible 2020/2023”. Esbozamos un resumen de los 7 ejes que impulsamos y seguimos trabajando:

1. Apoyo en los tránsitos hacia nuevas iniciativas y proyectos. Además de ir dejando de dar alimentos en especie para pasar a estas modalidades que hemos detallado, otro de los retos tiene que ver con el aprovechamiento alimentario, por ejemplo, reconvertir nuestros economatos en tiendas abiertas al público, a través de iniciativas de economía social donde se promueva la incorporación sociolaboral y donde poder comprar alimentos o productos de higiene personal o del hogar, que de otro modo se despilfarrarían siguiendo la estela de ofrecer una segunda oportunidad como en el caso del textil, en las tiendas de ModaRE. O, también, la realización de menús o platos cocinados con productos que se desecharían.
2. Espacios de encuentro y formación presenciales y en formato en línea con el objetivo de dar a conocer este modelo a los equipos de Cáritas -con especial atención de Cáritas parroquiales-. Y también participando en foros organizados por otras entidades.
3. Facilitar la toma de conciencia en centros educativos y en espacios de ocio y tiempo libre. El objetivo es, que, desde los más peques hasta los más mayores, puedan contribuir en mejorar el planeta y sustituir la donación tipo operación kilo.
4. Recogida de experiencias que ya se están desarrollando en diferentes Cáritas con el objetivo de facilitar el camino a otros equipos, de aquí ha surgido el libro digital: Derecho a una alimentación saludable. transiciones hacia un modelo inclusivo y sostenible.
5. Trabajo colaborativo con las empresas. Queremos hacer llegar este modelo inclusivo y sostenible, apelando a su compromiso a través de RSC -responsabilidad social corporativa- y hacerles partícipes, presentando otras formas de colaboración. Con su aportación sea económica, va directamente al sostenimiento de las tarjetas. Y cuando se producen donaciones de excedentes, la propuesta es canalizarla a nuestros centros donde tenemos condiciones para conservar los productos y realizar menús rápidos.
6. Colaboración con banca ética para la emisión de las tarjetas solidarias.
7. Trabajo colaborativo al interno y con otras entidades: Cáritas Europa, administraciones entidades del tercer sector, universidades, etc.

Referencias bibliográficas

Libro digital: Derecho a una alimentación saludable. transiciones hacia un modelo inclusivo y sostenible. Cáritas Española. 2020

Libro digital: Alimentación y vestido como derecho. Cuestión de dignidad, autonomía e inclusión”. Cáritas Española. 2019

Ayala Cañon; L. Laparra Navarro, M.; Rodríguez Cabrero, G. (coords.) ( 2022). Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España. Madrid: Cáritas Española y Fundación FOESSA.

Número 10, 2022