En los últimos años estamos asistiendo a grandes cambios socioeconómicos y cada vez son más las voces de todos los signos que plantean la necesidad de incorporar una visión de la economía más humanista, orientada al bien común, y que sobre todo impida los excesos del pasado, el deterioro medioambiental y la creciente desigualdad del capitalismo tradicional.
En cuanto analizamos mínimamente el contexto social, económico y medioambiental en el que nos encontramos se evidencia la necesidad de un cambio de valores en la economía, de tal manera que la competencia, el individualismo y el incremento desorbitado de beneficios como único objetivo, den paso a la colaboración, la preocupación por el bien común y la redistribución de la riqueza.
De hecho, cada vez son más las instituciones y organizaciones sociales que apuestan por la Economía Solidaria como un modelo que propone una alternativa real al capitalismo imperante y donde las personas y el desarrollo de la vida se anteponen a la acumulación de capital y que plantea una trasformación social mediante principios como la solidaridad, la sostenibilidad de la vida, la participación, el empoderamiento y la garantía de derechos e igualdad de oportunidades. Estas organizaciones persiguen un mundo donde la economía esté al servicio del cuidado de la vida y el planeta y donde se garanticen los derechos humanos de todas las personas.
Por eso, defienden el Trabajo decente, en el que la dignidad humana, el respeto de los derechos, y la promoción de la persona, se articula para dar respuestas a las necesidades de nuestro entorno. Promueven la Economía social, y en concreto las Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo como alternativas empresariales en la que se generan oportunidades para las personas más vulnerables. Fomentan el consumo responsable, desde el Comercio Justo y las Finanzas Éticas, sabiendo que todas las personas tenemos un papel fundamental en la construcción de este modelo, e instando a que, en todas las fases del modelo productivo: producción, comercialización, consumo, financiación…, primen el cuidado del planeta y de las personas que vivimos en él.
Pero ¿realmente podemos hablar de otra forma de organizar la economía?, ¿es posible generar riqueza poniendo en el centro a las personas y al cuidado de la creación?
Existen multitud de iniciativas que impulsan y desarrollan la economía solidaria y centran su trabajo en generar oportunidades para las personas que lo tienen más dificil. En resumen, hacen más que visible que la opción por las personas y el planeta es no solo posible, si no urgente y que necesitamos de todos y cada uno de los actores que participan del ciclo económico para conseguir un mundo más sostenible, próspero, justo e igualitario para todas las personas.
Equipo de Inclusión de Cáritas Española
La preocupación por las mujeres en situación de sin hogar, creciente en el día a día de nuestros programas y recursos, nos ha llevado a poner la mirada en su realidad, no solo por el incremento numérico de mujeres acompañadas, hoy ya suponen el 20% frente al 80% de hombres, sino, fundamentalmente, por la constatación de su especial situación de exclusión. La interacción de múltiples factores supone una clara vulneración de derechos humanos. Además, incorporando la perspectiva de género, nos encontramos con aspectos específicos que agravan su exclusión y vulnerabilidad.
Conocer en profundidad su vida y su situación de sinhogarismo, nos llevó a revisar lo escrito e investigado, y a realizar una encuesta en nuestras Cáritas actualizando nuestros datos, focalizando en ellas y, lo más importante, entendimos que son las propias mujeres quienes nos tienen que hablar de su realidad: esta es la parte fundamental de nuestro estudio que comienza en 2022. Se trataba de conocer mejor la realidad de las mujeres en situación de sin hogar, obtener pistas, adaptar y mejorar nuestra respuesta en la intervención. Entrevistamos a 28 mujeres en profundidad, y organizamos 4 grupos de discusión, escuchando a las propias mujeres poniéndolas en el centro, no solo en su dimensión de sin hogar, sino en la totalidad de sus vivencias. Los resultados de la investigación nos interpelan.
Un trabajo, una habitación y un gato. La situación de las mujeres sin hogar acompañadas por Cáritas, ya está publicado. El título es una cita literal de las palabras de una mujer entrevistada al preguntarle por sus expectativas de futuro, cómo se veía y como le gustaría verse. El estudio nos demuestra que las ayudas no son suficientes para vivir plena y dignamente, pero, sobre todo, reclaman poder ser las autoras de su propia historia. Para ello, el trabajo es la llave para conseguir unos ingresos que permitan de manera autónoma el segundo elemento: una habitación. Todo lo recogido en el estudio nos recuerda de forma constante y contundente la necesidad de un espacio de seguridad, en primer lugar, pero también de intimidad, de desarrollo, de calma, donde poder vivir y digerir las dificultades de estas vidas (pasadas y presentes). Y, por último, un gato, el tercer elemento, es la necesidad de vinculación, de generar red de apoyo y de compañía.
Las personas en situación de sin hogar no son invisibles, cada día constatamos que la invisibilidad está en la ceguera de quienes no queremos ver, ceguera aun mayor cuando hablamos de mujeres. Ahora toca repensar nuestra intervención, mirar y escuchar, y si caminamos junto a ellas iremos encontrando como mejorar nuestro acompañamiento.
Las mujeres nos han transmitido su necesidad de un espacio físico y emocional seguro. Sus vivencias de violencias machistas, tanto en la infancia como en la edad adulta, tiene como consecuencia un miedo real que perdura en el tiempo. Las mujeres que están en situación de calle, ven agravada su exposición a la violencia que siguen sintiendo en los recursos para personas sin hogar.
Como consecuencia, ellas retrasan lo más posible su llegada a la calle y a los albergues lo que agrava su deterioro y las hace aún más invisibles. Las mujeres que son madres, viven la maternidad como una herida por la incapacidad para ocuparse de sus hijas e hijos y cargan con una culpabilidad que les provoca un gravísimo dolor emocional. El sinhogarismo es causa y consecuencia de enfermedades mentales en el mismo sentido en que lo son las adicciones, siendo un factor antecedente y/o la rendición ante el dolor y la desesperanza. Las historias de las mujeres a las que hemos escuchado nos hablan de soledad y aislamiento por la desconfianza y nos enfrentan a nuestra mirada prejuiciosa que les devuelven una imagen de sí mismas que mina su autoestima y les hace dudar sobre su propia dignidad.
Las mujeres, para poder sanar sus heridas y reconocerse como personas con plenos derechos, necesitan un espacio físico y emocional donde sentirse a salvo. Un espacio que les permite generar vínculos, construir de nuevo relaciones de confianza y afecto.
Repensar es preguntarnos y estar en disposición de escuchar la respuesta con la mirada abierta, contrastar, no conformarnos con hacer lo de siempre, e introducir cambios. No por el mero hecho de cambiar, sino con la intención de adaptar y ajustar nuestros programas y recursos a una realidad cambiada y cambiante, porque hemos escuchado y comprendido a las mujeres y no queremos permanecer impasibles. Si, además, la realidad acompañada es de grave vulneración de derechos humanos, sin garantizar una protección social, nos sentimos llamadas a estar al lado de quienes más nos necesitan.
Y la realidad que tenemos es que la mayoría de nuestros programas y recursos están pensados y construidos en un contexto en el que el destinatario principal son hombres. Es necesario parar, ajustar la mirada, incorporar la perspectiva de género y repensar hasta qué punto estos recursos y programas son adecuados a la realidad de las mujeres acompañadas.
El estudio revela que las mujeres participantes reclaman espacios físicos propios y diferenciados donde puedan sentirse seguras. Es imprescindible hacer una reflexión sobre la conveniencia, o no, de ampliar recursos específicos y/o valorar en qué medida se garantiza el sentimiento de seguridad en los recursos mixtos.
En los espacios donde se acoge, donde se organizan los talleres, en los dormitorios, el comedor, la sala de estar…, se puede incorporar el enfoque de género con cambios significativos en el diseño del espacio, su personalización, lenguaje de los carteles, contenidos de las propuestas. Pero para la buena acogida y vivencia es necesaria la participación de las propias mujeres, y así contribuir a su protagonismo y la posibilidad de un espacio, en sentido amplio, en el que construir paulatinamente un proyecto de vida y de futuro, desde su dignidad, derechos, necesidades y demandas.
Cuando decimos que la persona es el centro de nuestra acción no puede ser un discurso vacío, entender a cada persona como protagonista de su proceso nos tiene que focalizar la mirada. Las mujeres sin hogar nos dicen, cada una y en cada historia, que las escuchemos, que lo hagamos desde la empatía y el reconocimiento de sus derechos. Hacerlo nos tiene que llevar a replantear nuestra acción.
Las mujeres nos han priorizado el foco en la vulneración del derecho a la vivienda, salud y empleo y sus consecuencias. Reclamar el acceso a estos derechos a la Administración pública y acompañar el ejercicio de los mismos nos plantea preguntas que urgen respuestas. Si las hemos escuchado no podemos esquivar la mirada, nos interpela en el acompañamiento a sus demandas concretas: ¿Tenemos en cuenta, más allá del derecho, a la hora de adjudicar una vivienda la ubicación, el tipo de barrio o la cercanía de servicios públicos, transporte, la existencia de una red social…? ¿Cómo incorporamos a las mujeres en los programas de empleo, empresas de inserción? ¿Tenemos protocolos de prevención del acoso sexual y/o sexista en nuestros programas?
Las mujeres que acompañamos tienen una mochila llena de vivencias y eventos traumáticos, muchos de ellos relacionados con violencias machistas. Esto tiene una consecuencia muy relevante en su salud física, mental y emocional y en sus procesos vitales. Nuestro acompañamiento debería tener presente su mochila desde su singularidad, orientado a desvelar y fortalecer sus capacidades y habilidades, sin subrayar constantemente las carencias.
Pensar desde y para ellas nos cambia los puntos de partida y el cómo acompañar los procesos. No podemos olvidar que la participación es un derecho y una necesidad, y que el protagonismo de cada historia es de la persona acompañada. Son mujeres con trayectorias vitales de exclusión (violencia y trauma) pero con fuerza, esperanza y capacidad para seguir caminando. Nuestro acompañamiento debe potenciar y apoyar el encuentro de cada una con sus fortalezas y animar también al encuentro con otras mujeres en las que apoyarse y con las que participar en sus propios procesos.
Para que esto sea posible y real, requiere salir de nuestras zonas de confort y perder en algunos aspectos el control. Las mujeres nos señalaran que algunas normas y reglas rígidas no contribuyen a que puedan tomar las riendas en su vida y recuperar su dignidad como ciudadanas con derechos.
La salud mental nos preocupa especialmente y nos empuja a buscar una atención integral entre el acompañamiento comunitario, social y psicológico. Para ello, es fundamental reivindicar el acceso a los recursos públicos de salud, y en particular de salud mental, como un derecho al que no podemos renunciar con una atención psicológica pública, gratuita y de calidad.
Igualmente, es necesario dar a conocer y sensibilizar a los profesionales sanitarios, psiquiatras, psicólogos y psicólogas, sobre la situación y sufrimiento de las mujeres con problemas de salud mental y emocional, así como impulsar redes y espacios de coordinación, con especial atención al trauma en mujeres en situación de sin hogar, poniendo el foco en la detección y acompañamiento (con personal propio) o derivación temprana y prioritaria a servicios de atención psicológica y psiquiátrica.
Sabemos que los procesos con las mujeres con sus mochilas llenas de vivencias, son largos, complejos y se tienen que recorrer desde la cercanía. Es muy importante que los agentes, tanto el voluntariado como las personas contratadas, puedan abordar los procesos de forma integral, desde un equipo dotado con suficientes recursos humanos para poder afrontar cada situación desde la centralidad de la persona, ofreciendo el acompañamiento que construya el camino compartido hacia una vida digna.
Es necesaria, por tanto, la formación en nuestros equipos. La formación específica en mujer y sinhogarismo, debe incorporar la mirada de género. Hace falta educar nuestra percepción para acompañar sus caminos abordando su salud mental y emocional, y para ello necesitamos claves para mejorar nuestra intervención con mujeres víctimas de violencias machistas, víctimas de abuso sexual, mental y físico.
En Cáritas y desde el acompañamiento, apostamos por ponerlas en el centro, no solo en su dimensión de sin hogar, sino como personas dignas con derechos vulnerados, necesidades sin cubrir, desvinculadas de las redes sociales y afectivas, pero también con mucho que ofrecer, capacidades, resiliencia, merecedoras de protagonizar sus propias vidas, con el acompañamiento que cada una de ellas requiere.
La atención a su situación residencial es importante, pero no única. Muchas de las mujeres que acompañamos han vivido situaciones de violencia durante su infancia, en pareja, en la calle, acumulan vivencias que las hacen vivir con un miedo que está justificado desde la experiencia. En este sentido, ofrecer un espacio seguro a estas mujeres valientes y fuertes es imprescindible. Necesitan un alojamiento, sí, pero también espacios físicos y sociales seguros para poder sanar heridas que arrastran desde la infancia, para poder reconciliarse con sus cuerpos, para poder abordar, en buena parte, una maternidad también herida que no les permite estar con sus hijas e hijos e impide volver a sí mismas, a ser.
Un proceso de sanación como protagonistas y sujetos de derechos, con capacidad de reivindicación y exigencia de los mismos, que les posibilite una mirada relacional y afectiva para reconstruir su autoestima y la confianza en las relaciones con otras personas con las que poder afianzar vínculos positivos y seguros.
Daniel Buraschi, investigador de Observatorio de la Inmigración de Tenerife y Red de Acción e Investigación Social
Dirk Godenau, profesor titular de Economía aplicada Universidad de La Laguna
Natalia Oldano, investigadora de la Red de Acción e Investigación Social
Puedes encontrar en Facebook a Daniel Buraschi
La igualdad de trato es un derecho humano fundamental, un principio y una norma recogida en la legislación internacional y nacional. Sin embargo, la discriminación, desde sus formas más sutiles hasta sus expresiones más explícitas y violentas, es una experiencia común para muchas personas de origen extranjero en España.
Más allá de su delimitación jurídica (Aguilar y Buraschi, 2014), aquí entendemos la discriminación como el tratamiento desigual y desfavorecedor a una persona o a un grupo. Este trato diferencial puede reflejarse en las conductas de las personas o en las leyes, normas y prácticas administrativas.
La discriminación de las personas migrantes surge de un proceso de categorización social que agrupa a las personas como miembros de una categoría (ejemplo: inmigrante, negro, musulmán, extranjero, etc.) por poseer alguna característica común, siendo consideradas similares a otros miembros de esa categoría y diferentes a los miembros de otras. A menudo estos criterios de categorización se mezclan, se solapan y pueden no corresponderse con las características reales de una persona; por ejemplo, una persona puede ser considerada como extranjera aunque no lo sea.
En las dinámicas sociales en ocasiones es difícil identificar claramente cuáles han sido los elementos que han desencadenado la categorización de una persona como inmigrante o extranjera: puede ser el fenotipo, la forma de hablar, la vestimenta, la conducta, etc. Diferentes informes (ONU, 2018) han evidenciado que muchas personas españolas afrodescendientes son tratadas como extranjeras en diversos ámbitos de su vida cotidiana. Por lo tanto, cuando se investiga la discriminación de personas migrantes, a menudo interactúan distintos aspectos que no siempre tienen que ver con el origen, como son la raza, la religión, la clase social, etc.
Hay que tener en cuenta que las personas tienen diferentes grupos de pertenencia y pueden vivir experiencias de discriminación múltiples en base a distintos criterios. En una experiencia concreta de discriminación suelen interactuar estereotipos específicos históricamente construidos de dominación social, como el género, la etnicidad, la clase, la raza y la identidad cultural. Hay que prestar atención a todas estas categorías, sabiendo que las relaciones entre categorías son cambiantes y siempre situadas en un determinado contexto histórico y social. Además, cada categoría es diversa internamente y fruto de un proceso continuo de construcción y reconstrucción, en el cual intervienen factores individuales, interpersonales, intergrupales, institucionales, estructurales y culturales.
A pesar de su complejidad causal, en los medios de comunicación y en el discurso social se está imponiendo la idea que la principal causa de la discriminación de la personas migrantes es la pobreza y que podríamos resumir en la expresión: No es xenofóbia (o no es racismo) es aporofobia (Europapress, 14/05/2017). Aporofobia es un término acuñado por la filósofa española Adela Cortina (2014) para hacer referencia al rechazo a la persona pobre, desemparada, que carece de medios o de recursos. Es una palabra que está teniendo una amplia difusión: en 2017 ha sido elegida palabra del año por la Fundación BBVA, en 2018 entró en la RAE y en 2021 se incluye en la tipificación de los delitos de odio.
Si bien el concepto puede ayudar a visibilizar la discriminación sufrida por las personas sin recursos, su uso está siendo problemático cuando se utiliza como única explicación de la discriminación sufrida por las personas de origen extranjero o personas racializadas en España. Para ampliar el foco de análisis más allá de la pobreza, en este artículo presentamos algunos resultados de un estudio recientemente publicado por el Observatorio de la Inmigración de Tenerife sobre las experiencias de discriminación de personas migrantes (Buraschi, Oldano y Godenau, 2021). En esta investigación se analizan tanto la discriminación social como la discriminación institucional. La discriminación social incluye diferentes aspectos de la vida cotidiana, como la búsqueda de empleo, las condiciones laborales, el acceso a la vivienda, el acceso a locales de ocio y las relaciones en los lugares de residencia. También hace referencia a las amenazas, insultos u hostigamientos por parte de los vecinos o en las redes sociales, además de las experiencias de violencia, robo o hurto u otras de agresión. La discriminación institucional abarca todas las situaciones relacionadas con la administración pública y los servicios públicos y, en general, con organismos o entidades que desempeñan una función de interés público, independientemente de que su titularidad sea pública o privada. Esta distinción entre discriminación social e institucional puede ser útil para pensar la especificidad de determinadas dinámicas discriminatorias. Sin embargo, no hay que olvidar que muchas experiencias de discriminación dependen de la interacción de diferentes factores.
Los resultados de este estudio evidencian que, por un lado, la discriminación es una experiencia común entre las personas migrantes residentes en Tenerife y, por el otro, existen importantes diferencias entre personas que pertenecen (o son asignadas) a distintas categorías sociales: las personas de origen africano viven experiencias de discriminación más frecuentemente que las personas de origen latinoamericano y asiático.
La variable origen está estrechamente vinculada a la auto-adscripción racial y a la creencia religiosa: las personas categorizadas como negra/afro y árabe, y las personas que se declaran como musulmanas, están claramente afectadas por mayores niveles de discriminación. Ser musulmán es un factor que aumenta las probabilidades de vivir experiencias de discriminación, tanto en el ámbito social como en el ámbito institucional. Las personas musulmanas son las que viven o son testigos de las experiencias de discriminación más violentas: insultos en la calle, agresiones, etc. También son las personas que en mayor grado ven limitado su derecho a la práctica religiosa.
Las personas árabes y negras/afro son las que viven con mayor frecuencia la discriminación institucional, como el perfilamiento racial por parte de la policía, y la discriminación social, como la negativa a acceder a lugares de ocio.
Estos resultados evidencian que, si bien las razas no existen desde un punto de vista científico, sí que existen desde un punto de vista social (Buraschi y Aguilar, 2019). La categorización racial, es decir, el proceso social e ideológico de asignación de una persona a un determinado grupo racial tiene importantes efectos en la experiencia cotidiana de las personas migrantes y estos efectos pueden ser más significativos que la clase social.
Los resultados de la investigación evidencian, también, que ser mujer conlleva una especial vulnerabilidad en determinados contextos. En el ámbito laboral son numerosas las experiencias de explotación y de abuso que a menudo incluyen acoso sexual. En el ámbito del acceso a servicios, se destaca el mal trato en las oficinas públicas.
Encontrarse en situación administrativa irregular es un factor de vulnerabilidad que puede aumentar la posibilidad de sufrir discriminación: una mayor probabilidad de explotación laboral, problemas de acceso a la vivienda y dificultades de acceso a los derechos sociales y educativos. Esta investigación destaca las experiencias de discriminación institucional particularmente dramáticas sufridas por las personas de origen africano llegadas a lo largo de 2020 por vía marítima irregular (Godenau, Buraschi y Zapata, 2020).
Lo argumentado anteriormente no implica que la clase social no sea relevante. La clase social baja se asocia a mayores niveles de discriminación, tanto social como institucional. Las diferencias introducidas por esta variable de estratificación social son, no obstante, menores que las registradas en las categorías raciales. Además, el índice general de discriminación muestra una clara influencia moduladora del continente de origen en los niveles de discriminación. Las personas de clase medio-alta de origen africano tienen niveles de discriminación más elevados que las personas latinoamericanas de clases bajas.
Este estudio destaca que considerar que la discriminación se debe únicamente a la clase social, es decir, interpretar la discriminación como el resultado exclusivo de la aporofobia, la aversión hacia las personas pobres, es una simplificación que oculta la complejidad del problema e invisibiliza la importancia de categorías como el origen, la raza o la pertenencia religiosa. La clase social es un factor importante, pero otras variables pueden tener un mayor valor predictivo.
Hay que tener en cuenta que la forma de analizar y definir las causas de un problema social determina las propuestas para resolverlo. La discriminación de las personas migrantes está condicionada por una multiplicidad de factores que hay que tener en cuenta. Uno de los primeros pasos para combatir la discriminación es estudiar las experiencias discriminación que viven las personas migrantes cotidianamente analizando cómo se interseccionan de forma situada y compleja variables como el sexo, la raza, el origen, la pertenencia religiosa o la clase.
Bibliografía
Aguilar, M. J. y Buraschi, D. (2014). Discriminación por motivos étnicos o raciales. En A. Baylos, C. Florencia y R. García Schwarz (Coords.), Diccionario internacional de derecho del trabajo y seguridad social (pp. 723-732). Valencia: Tirant lo Blanch. ISBN: 978-84-9053-140-2
Buraschi, D., Oldano, N. y Godenau, D. (2021). Experiencias de discriminación de inmigrantes en Tenerife. Observatorio de la inmigración en Tenerife. https://obiten.com/project/experiencias-de-discriminacion-de-las-personas-migrantes-en-tenerife/
Buraschi, D., y Aguilar-Idáñez, M. J. (2019). Racismo y antirracismo. Comprender para transformar. Albacete: UCLM. DOI: 10.18239/atena.16.2019
Cortina, A. (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para la democracia. Barcelona: Paidós.
Europapress (14/05/2017). No es xenofobia, es aporofobia (rechazo al pobre). Entrevista a Adela Cortina. Disponible en https://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-no-xenofobia-aporofobia-rechazo-pobre-20170514114457.html
Godenau, D., Buraschi, D. y Zapata Hernández, V.M. (2020). Evolución reciente de la inmigración marítima irregular en Canarias. OBITen Factsheet 8-2020. DOI: https://doi.org/10.25145/r.obitfact.2020.05.
Organización de Naciones Unidas (2018). Informe del grupo de trabajo de expertos sobre los afrodescendientes acerca de su misión a España. Disponible en https://www.felma.org/wp-content/uploads/2020/06/Infoem-del-grupo-de-trabajo-sobre-afrodescendientes-ONU.pdf
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Carlos Ballesteros García. Profesor de la Universidad Pontificia Comillas
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La última vez que escribí algo para ser publicado en un medio de comunicación el mundo era muy diferente al que estamos viviendo ahora. Y han pasado apenas 4 años desde aquello, pero por aquel entonces el volcán no habían entrado en erupción; el virus que tanta lata nos está dando no era siquiera conocido y no tenía nombre fuera de los laboratorios; Putin y Zelenski estaban quietecitos mientras Trump hacía de las suyas; el Planeta, aun siguiendo en su lenta pero constante escalada hacia la desertización, no había sufrido los calentones de este último verano (ni a Filomena); los mundiales de futbol, aun siendo el negocio que siempre han sido, se jugaban en verano y en países anfitriones que respetaban los Derechos Humanos. Vivíamos entonces en una Era de la Abundancia que ya nos han dicho, y estamos experimentado en nuestras carnes, que se ha acabado para siempre. Ahora la energía ya no es barata (más cara debería ser, pero eso da para un artículo por sí sólo); los mercados están desabastecidos y la inflación desbocada; los índices de pobreza y exclusión vuelven a ser alarmantes y la vulneración de los derechos de las minorías es mayoritaria. Hemos descuidado los cuidados que tanta falta nos hicieron en los duros momentos de la pandemia y nos hemos olvidado de cómo aplaudíamos a las 8 de la tarde a las profesiones y a los profesionales que arriesgaron vidas y se agotaron hasta la extenuación cuidándonos.
En las dos décadas que llevamos de siglo hemos cambiado las siglas que venían explicando el mundo que surgió después de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York y al que nos habíamos acostumbrado poco a poco. De vivir un entorno considerado VUCA (Volatil, Incierto, Complejo y Ambiguo por sus siglas en inglés) ahora dicen que lo hacemos en un mundo FANI (Fragil o quebradizo, Ansioso, No lineal e Inabarcable o Incomprensible). Si después del 11-S nos sentíamos amenazados, y cambiábamos sin preocupación libertades por (falsas) seguridades aceptando que, en nombre de la sacrosanta defensa del orden capitalista y consumista, todo valía, ahora estamos con la sensación de que todo se puede ir a la mierda en apenas unos segundos. Y eso nos crea ansiedad, miedo y una sensación de estupor permanente que nos lleva a no sorprendernos por nada, a aceptar todo como viene.
Decía Naomi Klein en su libro Doctrina del Shock, escrito en 2007 que, ante la conmoción y la confusión provocadas por catástrofes naturales o grandes descoloques sociales, algunos gobernantes aprovechan para hacer importantes reformas de calado, impopulares, para instaurar doctrinas económicas de corte ultraneoliberal. El huracán Katrina, El tsunami de Indonesia, la guerra de las Malvinas, el golpe de estado contra Allende, etc. son los ejemplos que ella presenta sobre como en tiempos turbulentos el poder económico de los mercados se aprovecha para privatizar y hacer negocio de la desgracia. La conmoción posterior al 11-S (y en nuestro país al 11-M) sirvió para que algunos intentaran, con desigual éxito, seguir esta doctrina e imponer reformas laborales, privatizar servicios esenciales etc. Nos mean encima y nos dicen que llueve, decía una de las pancartas de aquella acampada del 15M.
Yo abogo, sin embargo, por una Revolución de la Serenidad. Los golpes que nos hemos dado en los últimos años como sociedad han sido continuados y graves, sin dejarnos respirar entre uno y otro, sin posibilidad de coger aliento. Esto algunos pueden e intentan aprovecharlo para hacer sus reformas y sus negocios particulares, llevarnos a su terreno. Quiero creer, sin embargo, que en estos últimos años, como consecuencia de duros batacazos bien es cierto, hemos conseguido empoderarnos como sociedad, darnos cuenta de nuestra capacidad de resistencia y resiliencia y de decir ¡Basta!. No estamos adormecidos, no nos conformamos, ya no nos engañan. Estamos tan golpeados, tan doloridos, tan sorprendidos… nos vemos tan frágiles y quebradizos, tan ansiosos por encontrar la salida y nadar en aguas calmadas, por decir ¡se acabó!; estamos tan perplejos ante un mundo inabarcable, con unos problemas que, de tan enormes que son no llegamos a comprender su dimensión ni sus límites, que nos hemos dado cuenta de que la solución solo viene si, entre todos y todas aportamos nuestro granito de arena. Desde la calma y la serenidad que nos da el saber que hemos perdido tanto, que podemos perderlo todo, es desde donde estamos encontrando las soluciones. Hemos dejado de competir para colaborar. Hemos dejado de ver amenazas para ver oportunidades. Hemos visto que el otro, el que era el malo, también tiene su lado amable y bondadoso. Hemos comprobado que si cada quien aporta lo que tiene todo parece más fácil. Las empresas, legitimadas para ganar dinero vendiendo productos y servicios, han visto -no todas- que se puede ganar dinero sin pisar ni atropellar; los gobiernos -algunos- empiezan a confiar en el poder del pueblo y a no tratarnos como ignorantes; las ONG se han dado cuenta de que hay modelos mixtos de colaboración que, bien encauzados y regulados, pueden generar unos impactos insospechados. Estamos dándonos cuenta de que hablar y escucharnos con calma y serenidad, sin crispación, merece la pena y que además es la mejor, por no decir la única, manera de salir de ésta en la que nos encontramos.
Lorena Sánchez González. Trabajadora Social de Servicios sociales atención primaria. Ayuntamiento de Toledo.
En servicios sociales trabajamos con toda la población, pues cualquier persona es susceptible de acudir a ellos en cualquier momento de su vida por múltiples necesidades y problemáticas. Por tanto, las profesionales de los mismos acompañamos los procesos vitales de todas las personas que acuden a nosotras, pero sobre todo de las más vulnerables o de aquellas que se encuentran en situaciones de riesgo y/o exclusión social.
Al hablar de exclusión social tenemos que tener en cuenta que no se trata de un estado estático o de una carencia exclusivamente material. Robert Castell (1991) lo llamaba proceso de desafiliación social, concepto que transmite la idea de trayectoria, de procesos, de personas que se desenganchan progresivamente y caen. Es un proceso, asimismo, de acumulación de esa desafiliación en diferentes dimensiones. Por tanto, para poder trabajar con las personas más vulnerables, tenemos que hacerlo de una forma integral y con un enfoque holístico, entendido este como la manera de ver las cosas en su globalidad, en su conjunto y en su complejidad.
Desde mi experiencia como trabajadora social en los servicios sociales de atención primaria, he constatado que si trabajamos con personas en procesos de riesgo o exclusión social únicamente desde la cobertura de necesidades personales, sociales y familiares, a no es suficiente para salir de la situación de vulnerabilidad. La consideración o invisibilización de las emociones que experimenta y siente la persona influye positiva o negativamente en los procesos de intervención desde los que apoyamos a dichas personas para afrontar sus trayectorias. Es importante abordar y trabajar la dimensión emocional integrada con el resto de las dimensiones del ser humano.
Esta idea tomó mucha más fuerza con la situación de emergencia sociosanitaria que vivimos. Durante los meses de confinamiento y siguientes, las profesionales de los servicios sociales fuimos testigos directos de múltiples problemáticas derivadas de esta situación. Además de las cuestiones relacionadas con lo monetario y lo material, muchas personas se vieron afectadas emocionalmente, dando paso a una crisis también en este terreno. A partir de esta constatación, desde los equipos de servicios sociales se valoró la importancia de seguir trabajando la parte más sensible de las personas desde un lugar donde ellas se pudiesen encontrar cómodas y seguras. De ahí que uno de nuestros principales objetivos fuese construir espacios emocionales seguros donde poder abordar las emociones que contribuyen al desencadenante de las situaciones de vulnerabilidad.
Así, en el año 2020 nace el proyecto NOS CONSTRUIMOS, gestado en el marco de los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Toledo y financiado a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Concejalía de Servicios Sociales, en colaboración con otras entidades y asociaciones.
Un aspecto importante y novedoso del proyecto NOS CONSTRUIMOS fue visibilizar que ante situaciones sobrevenidas, excepcionales o llegadas de forma traumática una persona puede experimentar múltiples emociones, entre ellas: miedo, tristeza, ira, enfado, frustración, etc. que, mantenidas en el tiempo y sin herramientas para identificarlas y gestionarlas, pueden derivar en procesos de riesgo y/o de exclusión social.
Para llevar a cabo todo nuestro trabajo y conseguir así los objetivos marcados, el proyecto se divide en tres dimensiones que se integran y complementan entre ellas. Hablamos de una dimensión artística y creativa, otra de participación en los recursos de la ciudad y la tercera de registro documental. La metodología del proyecto transita de una dimensión a otra, trabajando con la persona, con el grupo y con la comunidad.
Para acceder al proyecto las personas tienen que contar con un plan de atención social en servicios sociales y participar activamente en él. Este aspecto es importante porque para abordar la dimensión emocional de la persona desde otros lugares, no vinculados a la entrevista y al trabajo en el despacho, sino, sobre todo, ligados a la participación, debe existir un vínculo con la profesional de referencia. Intentar que las personas acepten otras metodologías de trabajo, que interaccionen con los recursos de la ciudad o que participen en grupos, a veces es difícil si no se ha generado ese vínculo y clima de confianza.
El punto en común entre todas las personas que han participado ha sido una sobrecarga emocional que puede llegar por múltiples situaciones: cuidadoras de personas dependientes, personas enfermas, aisladas, sin red social y familiar, personas con cuadros de ansiedad y depresión, personas con fuertes sentimientos de soledad, etc. Personas unidas por unas emociones que todas ellas, de alguna forma u otra, identifican y reconocen, cohesionando al grupo y desdibujando cualquier diferencia económica, social y formativa que pudiese existir entre ellas.
A la vez, otro de los objetivos de los servicios sociales es fomentar la participación de las personas en el ámbito comunitario, por lo que quisimos contar con los recursos culturales de la ciudad. El proyecto se desarrolla principalmente en el Casco Histórico de Toledo, una de las 15 ciudades españolas que están incluidas en la lista de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Es una ciudad con un impresionante patrimonio artístico y cultural, y por este motivo quisimos trabajar con los espacios culturales existentes acercándolos a las personas participantes para que conozcan la historia de su ciudad, y sus espacios llenos de arte y cultura. Convertir estos en espacios terapéuticos a los que puedan acudir siempre que lo necesiten, puesto que el arte y la cultura son herramientas con las que afrontar momentos de dificultad. Por este motivo se presentó el proyecto al Consorcio de la ciudad, solicitando su colaboración con el mismo, encontrando un punto en común: trabajar al servicio de las personas. Desde entonces existe una colaboración estrecha entre el consorcio y los servicios sociales, trabajando conjuntamente para que el proyecto NOS CONSTRUIMOS se siga llevando a cabo.
A día de hoy hemos realizado dos ediciones del proyecto y estamos trabajando para poner en funcionamiento la tercera. El objetivo principal sigue siendo la CREACION DE ESPACIOS DE BIENESTAR EMOCIONAL, pero también pretendemos poner mirada donde es difícil hacerlo. Tomar conciencia de lo que sentimos y poder ofrecer una respuesta es complicado, a veces asusta lo que percibimos y esto repercute en la salud mental, física y emocional de la persona.
Se han llevado a cabo múltiples actividades y talleres. Destacamos, por ejemplo, la creación de obras colectivas donde se plasma todo el trabajo emocional realizado. Dichas obras han formado parte de exposiciones en diferentes lugares de la ciudad; hemos puesto en funcionamiento el proyecto TEJIENDO EMOCIONES, donde a través del arte de tejer hemos trabajado el aquí y ahora, además de generar un espacio donde se han compartido experiencias, utilizando la palabra y el grupo como espacio sanador; hemos generado espacios para tejer en público y se han llevado a cabo talleres con asociaciones y empresas locales. En el aprovechamiento cultural de la ciudad se han realizado visitas a los museos, espacios públicos y llevado a cabo rutas por la ciudad. Y, en paralelo, se ha generado un registro documental de todo el proceso creativo y de las experiencias individuales y colectivas generadas en él. Nuestra intención es que la experiencia sea conocida y compartida, así como ofrecer otras metodologías de trabajo en servicios sociales de atención primaria, mostrándose el trabajo a través de las redes y de otros medios de difusión. Hemos generado un vídeo documental, un podcast y se ha participado en varios congresos sobre trabajo social y patrimonio.
La participación de las personas en todas las actividades planteadas ha sido muy elevada, además de evaluar con éxito los logros obtenidos. De cara a la III edición nos planteamos seguir trabajando nuestro objetivo principal, teniendo en cuenta los resultados y los logros alcanzados en ediciones anteriores, así como cubrir las nuevas necesidades.
Seguiremos apostando y poniendo en valor la red y sinergias generadas entre las personas participantes. A día de hoy, estamos muy orgullosas y evaluamos positivamente que se han convertido en un grupo de personas que quedan de forma natural, se apoyan y comparten situaciones. Existe movimiento generado por su propia iniciativa, siendo un valor añadido al proyecto. Las conexiones que se generan y las iniciativas que se promueven dan lugar a la sostenibilidad del grupo.
NOS CONSTRUIMOS, DESDE EL INTERIOR AL EXTERIOR tiene un efecto multiplicador. Este año hemos participado en el mercadillo navideño que organiza el consorcio de la ciudad, donando todo el material generado en sus talleres a la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido ADACE.
Para poner en funcionamiento este tipo de proyectos se necesita que todos los actores implicados rememos en la misma dirección, pero, sobre todo, es necesario que las personas participantes depositen en nuestros equipos y en sus profesionales su confianza y lo más valioso que el ser humano tiene dentro: sus emociones.
GRACIAS por vuestra confianza y gracias por todas las emociones depositadas en los espacios de bienestar emocional.
Castel, R. De l’indigence à l’exclusion, la désaffiliation. Précarité du travail et vulnérabilité relationnelle. In Jacques DANZELOT: Face à l‟exclusion. Le modèle français. Paris: Esprit, 1991.
Christian Felber, autor, docente, ponente, bailarín contemporáneo. Iniciador de la Economía del Bien Común.
Puedes encontrar a Christian en Facebook y Twitter
Los problemas ecológicos y sociales actuales muestran claramente que el modelo económico es inviable en el futuro. La Economía del Bien Común (EBC) es un modelo alternativo holístico y sostenible que se basa en valores democráticos y en las necesidades básicas de las personas.
Existe una conciencia cada vez mayor dentro de la comunidad científica que la mayoría de los problemas más apremiantes de nuestros tiempos no se pueden resolver con el modelo económico existente. Sin embargo, cuando se habla de alternativas, se dispone de muy pocos modelos integrales. La Economía del Bien Común (EBC) ofrece un replanteamiento holístico de la economía que incluye:
1 – Una definición de economía (diferente de los principales libros de texto, que no suelen ofrecer una definición del todo; sólo suelen definir mercado).
2 – Una aclaración de los objetivos y los medios de la actividad económica.
3 – Una metodología coherente para la medición del éxito a nivel macro, meso y micro.
4 – La regulación del uso final de los beneficios.
5 – La cooperación en lugar de competencia como nuevo paradigma.
6 – Un enfoque diferenciado de la propiedad, presentando una amplia variedad de tipos de propiedad, otorgando límites constitucionales y condiciones a todos los tipos.
7 – Un concepto claro de la limitación de la desigualdad (y la concentración de poder).
8 – Una noción del dinero como un bien público y el sistema monetario y financiero como una infraestructura pública.
9 – Un orden comercial ético que constituye una alternativa al libre comercio y al proteccionismo.
10 – Una propuesta para seguir desarrollando, profundizando y fortaleciendo las democracias liberales involucrando a los ciudadanos más activamente: democracia soberana.
Sobre la base de las propuestas teóricas y procedimentales, la EBC es un movimiento que se vive día a día, impulsado por unos 5.000 ciudadanos, empresarios, banqueros, consultores, auditores, oradores, científicos y docentes activamente involucrados. Juntos, han desarrollado casi una docena de prototipos de la vida real que son aplicados por diversos actores de la sociedad.
Curiosamente, los libros de texto de economía apenas contienen una definición clara de su objeto de estudio. Pero, si no sabemos qué significa economía, ¿cómo podemos estudiarla? ¿Cómo podemos evaluar su éxito? Un trío de autores del movimiento EBC propone la siguiente definición de economía: La ciencia de la satisfacción de las necesidades de las generaciones humanas vivas y futuras, en consonancia con los valores democráticos y los límites ecológicos planetarios.1 Ciertamente, este es solo un punto de partida que necesita mucho más debate. Sin embargo, proporciona una base para la discusión de los objetivos potenciales de la economía y, especialmente, de la política económica; así como para la medición del éxito económico en todos los niveles.
El bienestar de los miembros del hogar (oikos) era el objetivo original de la oikonomia griega. Aristóteles diferenció este concepto epónimo de la palabra moderna economía de su opuesto chrematistiké, que se caracterizaba por convertir los medios dinero y capital en fines. Mientras chrematistiké puede traducirse al lenguaje moderno como capitalismo, oikonomia era por definición una economía para el bien común. Esta distinción no fue una excepción en la historia del pensamiento, sino la regla. Claus Dierksmeier concluye: Desde Aristóteles, pasando por Tomás de Aquino, hasta Adam Smith incluido, hubo un consenso en que tanto la teoría como la práctica económicas debían ser legitimadas y limitadas por un determinado objetivo general (del griego: telos) como el bien común.2 Mientras que la economía como ciencia tomó un camino diferente con el surgimiento de la escuela neoclásica desde la década de 1870 hasta hoy, las constituciones de las naciones democráticas aún contienen el imperativo del bien común para la economía. Por ejemplo, la Constitución bávara dice: La actividad económica en su totalidad sirve al bien común (Art. 151). La Constitución de Columbia establece: La actividad económica y la iniciativa privada no deben ser obstaculizadas dentro de los límites del bien común.
En una Economía del Bien Común, el éxito se redefiniría y realinearía con el bien común, tal como lo prevén las constituciones. Enla economía nacional, un Producto del Bien Común (PBC) podría reemplazar al PIB monetario, midiendo metas definidas democráticamente y alineadas con valores universales. Según la experiencia, los ciudadanos incluirían bienes como la salud, la felicidad, las relaciones prósperas, la cohesión social, la distribución justa, los derechos fundamentales, los ecosistemas estables o la paz. Esto seguiría una tendencia actual: las métricas alternativas al PIB emergen por todas partes, desde el Índice del planeta feliz hasta el Índice para una vida mejor (OCDE), la Felicidad nacional bruta (Bután) o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU).3
En lo micro, el Balance del Bien Común (BBC) muestra cuánto contribuye una empresa al bien común. Una vez que el Producto del Bien Común ha sido compuesto y anclado en las constituciones, el BBC simplemente mediría cuánto contribuye una organización a sus 20 subobjetivos. La (pre)versión actual del BBC mide hasta qué punto estas entidades económicas viven la dignidad humana, la solidaridad, la justicia, la sostenibilidad y la democracia. Las preguntas de los informes del bien común de las empresas incluyen, por ejemplo:
– ¿Los productos y servicios satisfacen las necesidades humanas?
– ¿Qué tan humanas son las condiciones de trabajo?
– ¿Qué tan amigables con el medio ambiente son los procesos de producción?
– ¿Qué tan ética es la política de ventas y compras?
– ¿Qué tan involucradas están las partes interesadas en la toma de decisiones estratégicas?
– ¿Cómo se distribuyen las ganancias?
Los Informes del Bien Común son examinados por auditores independientes. Se publica un resultado cuantificado y comparable (hasta 1.000 puntos de bien común). Para evitar el lavado de imagen verde o ecopostureo (greenwashing), los aspectos negativos, como las violaciones de los derechos humanos, el traslado de beneficios a paraísos fiscales o la destrucción medioambiental directa, dan lugar a la deducción de puntos, hasta un mínimo de menos 3.600 puntos negativos. El núcleo de la propuesta es recompensar a las empresas con alta puntuación en su balance con beneficios fiscales, tarifas más bajas, mejores condiciones para los préstamos y prioridad en la contratación pública. Estas medidas harían que los productos y servicios éticos y amigables con el medio ambiente fueran más baratos que los éticamente cuestionables, en lugar de sufrir una desventaja competitiva debido a costos y precios más altos, como es el caso hoy en día. El error de sistema de las economías de mercado capitalistas se arreglaría.
Las ganancias, como el dinero o las rentas de capital, son medios económicos. La sociedad regula la actividad comercial e individual de múltiples maneras, el uso de las ganancias no debería ser una excepción. Una empresa debe tener la libertad de utilizar sus ganancias para inversiones en el negocio, reservas para pérdidas futuras, pagos de dividendos a los empleados o préstamos solidarios a otras empresas. El uso de los excedentes financieros de una empresa debe restringirse para inversiones en servicios financieros o pagos de dividendos a propietarios y accionistas que no trabajan en la empresa. Finalmente, algunas prácticas podrían prohibirse, incluidas las adquisiciones hostiles o las donaciones a partidos políticos.
Una piedra angular de la economía de mercado capitalista es la idea de que la competencia impulsa la economía. El ganador del Premio Reichsbank4, Friedrich August von Hayek, escribió que la competencia es en la mayoría de los casos el método más eficiente.5 Empíricamente, esto no se ha confirmado. Contrariamente a la opinión del hombre de la economía neoclásica, existen amplias pruebas científicas de que la cooperación motiva más que la competencia.6 La razón es que la cooperación anima a través de las relaciones satisfactorias, mientras que la competencia lo hace principalmente a través del miedo.
La palabra competición deriva del término latino cum-petere que significa buscar juntos. La economía del bien común promueve una auténtica competencia en su significado original de correr juntos (con-currere). La competencia no desaparecería. Pero sus inconvenientes se harían visibles en el balance del bien común de una empresa y podrían verse estimulados negativamente. Por el contrario, los comportamientos cooperativos y solidarios se pueden incentivar positivamente.
Las teorías económicas socialistas valoran mucho la propiedad pública y colectiva, mientras que el capitalismo hace de la propiedad privada la forma suprema de propiedad. La Economía del Bien Común no clasifica los tipos de propiedad, sino que tiene como objetivo (a través de límites y condiciones) evitar el dominio de cualquier tipo de propiedad. Además, incluye todos los ámbitos en los que se desenvuelven actividades económicas: mercados, bienes comunes, servicios públicos y hogares (una característica compartida con el enfoque de la Economía rosquilla7).
El experto en salud pública Richard Wilkinson y su equipo demostraron en un amplio abanico de factores cómo la igualdad en la sociedad está directamente relacionada con una mejor calidad de vida para todos.8 En muchos países, una gran mayoría de los ciudadanos apoyaría un menor grado de desigualdad. Se pueden poner límites a los ingresos, la propiedad, la herencia o el tamaño de una empresa. Para determinar cómo establecer límites, el movimiento internacional Economía del Bien Común utiliza el consenso sistémico. En este método, se presentan y se someten a voto varias propuestas, midiendo la oposición frente a cada una de ellas. La propuesta con menor oposición gana. Según las primeras experiencias prácticas desde Suecia hasta Chile, las propuestas para los ingresos máximos suelen ser tres, cinco, siete, diez, doce, quince, veinte o cincuenta veces la remuneración más baja. El ganador suele ser el factor 10, mientras que los extremos propuestos de desigualdad ilimitada, así como de igualdad total, encuentran una fuerte resistencia. Hoy en día, los altos ejecutivos austriacos ganan 1.150 veces más que los trabajadores peor pagados. En Alemania, es 6.000 veces más, y en los EE. UU., a algunos altos ejecutivos se les paga una increíble cantidad de 350.000 veces más.9
La dimensión internacional de una economía de mercado orientada al bien común sería el comercio mundial ético. Los acuerdos de libre comercio encarnan la premisa de que más comercio siempre es mejor. Sin embargo, al igual que el dinero o los préstamos, el comercio debería ser simplemente un medio para promover los objetivos: derechos humanos y laborales, justicia distributiva, cohesión social, sostenibilidad a largo plazo y democracia. En consecuencia, se propone reemplazar el sistema actual de acuerdos de libre comercio multi, pluri y bilaterales por una única zona multilateral de comercio ético dentro de las Naciones Unidas (UNETZ, por sus siglas en inglés).10 UNETZ se basaría en seis pilares:
1 – El paraguas general es el compromiso de equilibrar las balanzas comerciales, una idea originalmente pronunciada por John Maynard Keynes.11
2 – Bajo esta premisa, todos los países podrían ser tan abiertos o tan protegidos como deseen (un verdadero orden de libre comercio). A esta nueva libertad, la llamo vestido de baile en lugar de camisa de fuerza12, permitiría a los países de bajos ingresos desplegar su propia estrategia industrial, tecnológica y de desarrollo, como defiende el economista de Cambridge Ha-Joon Chang.13 En consecuencia, los países más pobres disfrutarían de las mismas oportunidades para apoyar a sus industrias nacientes, que los países desarrollados aprovecharon en su historia.
3 – A los países de bajos ingresos se les permite cierto superávit hasta cerrar la brecha con los países más ricos. En lugar de arrancarles la escalera del desarrollo, por la cual escalaron en el pasado los países hoy industrializados con aranceles, subsidios y otras medidas de protección (Friedrich List), esta escalera se pondría explícitamente al servicio de los países más pobres.
4 – Los países que se comprometen más con la paz, los derechos humanos, la estabilidad climática, la protección de la biodiversidad, la justicia fiscal y la diversidad cultural deberían comerciar más libremente entre sí que con los países que se no se comprometen con estos objetivos o lo hacen en menor medida, a través de aranceles éticos. Rechazar la cooperación estas áreas se convertiría en una desventaja estructural.
5 – Asimismo, las empresas que se comprometan más con los valores y objetivos de la comunidad internacional, publicados en su informe de sostenibilidad comparable como el BBC, deberían acceder a la zona de comercio ético con mayor libertad que las empresas que se presenten una menor ambición en estos aspectos. UNETZ favorecerá las empresas responsables y sostenibles.
6 – Finalmente, se agregarían nuevos elementos a la arquitectura de gobernanza global existente: un control de fusión global, una Autoridad Fiscal Global y una Autoridad Financiera Global14 o una Corte Mundial de Derechos Humanos.15
Algunas de estas propuestas pueden parecer poco realistas a algunos porque los gobiernos y los parlamentos no están dispuestos a abordar tales reformas, ni hoy ni mañana, aunque una mayoría de la población estuviera a favor de ellas. Este estado de las democracias contemporáneas ha sido calificado de postdemocracia por el politólogo británico Colin Crouch. Pero, ¿no vivimos más bien en una predemocracia, sobre todo porque nunca ha existido una forma más profunda de democracia? En una verdadera democracia, el pueblo soberano sería la máxima autoridad. Soberano deriva del término latino superanus y significa estar por encima de todo. Este papel se otorgaría a la población en forma de derechos soberanos, sin cuestionar los poderes existentes del legislativo, ejecutivo y judicial. Estos derechos soberanos podrían incluir, entre otros:
1 – Redactar una constitución (eligiendo una convención constitucional y votando los resultados).
2 – Modificar la constitución.
3 – Elegir un gobierno concreto (constelación).
4 – Expulsar al gobierno.
5 – Detener un proyecto de ley parlamentaria o un decreto gubernamental.
6 – Iniciar una ley y votarla.
7 – Iniciar una asamblea ciudadana.
8 – Regular y controlar los servicios esenciales de interés general.
9 – Crear y emitir dinero.
10 – Votar nuevos tratados internacionales.
Gracias a estos derechos, los ciudadanos podrían tomar decisiones directas sobre cuestiones fundamentales como:
– ¿Queremos chrematistiké u oikonomía, capitalismo o una economía del bien común?
– ¿El dinero como medio de pago debe ser emitido por bancos centrales o por bancos privados?
– ¿El referente central de la política económica debe ser el PIB o un Producto del Bien Común?
La mayoría de la gente parece preferir un Producto del Bien Común al PIB. En una encuesta representativa ordenada por el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania, solo el 18% de los alemanes querían que el PIB siguiera siendo el principal punto de referencia para la política económica y social en igualdad de condiciones; casi dos tercios preferían un indicador de calidad de vida más completo.16 Ejerciendo sus derechos soberanos, el pueblo podría hacer una gran diferencia.
Desde su origen en 2010, el movimiento internacional EBC ha creado una variedad creciente de herramientas prácticas que son aplicadas por compañías, start-ups, bancos, ciudades, regiones, escuelas y universidades. Cualquiera de estos prototipos puede ser aplicado y refinado en cualquier región.
a) Empresas
Más de 1.000 empresas han implementado el Balance del Bien Común. Provienen de todas las ramas: agricultura, alimentación, turismo, productores, proveedores de servicios de todo tipo, o bancos. Una panadería, por ejemplo, pregunta a los agricultores qué precio necesitan que tenga su maíz para poder vivir bien. Una cervecería decidió abastecerse de todo dentro de un perímetro de 100 kilómetros. La aseguradora de salud Pro Vita en Bavaria fue galardonada con el Global Challenge Award en la COP24 en Polonia por alentar a sus clientes a comer menos carne. Varias empresas familiares medianas han cambiado su figura jurídica a fundación o cooperativa, con el fin de distribuir más ampliamente la propiedad. Por lo general, las empresas pioneras colaboran entre sí y eligen los suministradores según su comportamiento ético.
b) Empresas emergentes
Para las empresas emergentes, el movimiento EBC ha desarrollado un Canvas Empresarial del Bien Común. Esta herramienta les ayuda a formular preguntas éticas esenciales, a encontrar un propósito significativo e integrarse con empatía en la sociedad democrática. Las ciudades EBC pueden otorgar una subvención a las incubadoras y aceleradoras con la condición de que las nuevas empresas apliquen el Canvas Empresarial del Bien Común o una herramienta similar.
c) Ciudades
Cada vez son más los municipios que aplican el BBC ya sea en toda su administración, como Mertzig (Luxemburgo), Eschlikon (Suiza), Mäder (Austria), Steinheim (Alemania) o el distrito de Horta de Guinardò de Barcelona (España)).17 Otras ciudades y gobiernos locales deciden aplicar el BBC en empresas públicas, por ejemplo. Zaragoza, Stuttgart, Marburgo, Münster o Hamburgo. Algunas ciudades están buscando formas de utilizar los valores e indicadores de la EBC en las decisiones de contratación pública y promoción económica. Para eso, es útil que una herramienta de informes de sostenibilidad ofrezca una puntuación comparable.
d) Índice del Bien Común
Las primeras regiones y ciudades actualmente se encaminan a desarrollar un Índice de Bien Común (IBC) regional/local. El movimiento EBC desarrolló un proceso participativo que permite a los ciudadanos diseñar directamente su IBC. Una convención podría estar compuesta de manera aleatoria pero representativa en materia de edad, sexo, profesiones, grupos según ingresos y antecedentes migratorios. Los miembros de la convención podrían recopilar sus propias propuestas más las de la población (a través de la democracia líquida) y filtrar las 20 submetas que gocen del mayor apoyo. Operacionalizado con indicadores, el progreso del IBC puede medirse de un año a otro y compararse entre regiones. Los primeros pasos hacia un IBC se han dado en Guarromán, Benifaró de la Valldigna y Salamanca (España), en la ciudad de Münster y en Baden-Württemberg (Alemania).
f) Colegios
El Nodo Educación dentro del movimiento ha desarrollado material didáctico para incluir el modelo EBC en economía, sociología, geografía, ética y educación política. Más de 200 escuelas han invitado a los instructores a talleres prácticos y charlas. Actualmente, se está desarrollando un plan de estudios para colegios. Además, algunas escuelas han hecho el BBC.
g) Universidades
Las universidades de Flensburg y Kiel en Alemania han concluido un proyecto de investigación de tres años sobre la implementación del Balance del bien común en grandes corporaciones.18 La Universidad de Valencia en España estableció una Cátedra de la EBC en 2017 y concluyó un primer estudio empírico sobre 206 empresas con Balance del Bien Común (BBC).19 La Universidad de Ciencias Aplicadas de Burgenland ofrece una Maestría en Economía del Bien Común Aplicada. La Universidad de Córdoba en Argentina ha lanzado un Programa Introductorio a las Nuevas Economías (PINE)20 para presentar modelos económicos alternativos a una audiencia más amplia. Cualquier universidad puede ofrecer un curso, un estudio o establecer una cátedra para nuevos modelos económicos sostenibles.
h) Bancos
Cualquier banco puede abrir un Centro del Bien Común con cuentas de bien común (cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuenta de negocios) y préstamos éticos tras haber completado su balance. La Cooperativa para el Bien Común, con sede en Viena, que ha comercializado la primera cuenta corriente del bien común en Austria21, está dispuesta a ayudar a los bancos interesados a dar sus primeros pasos en la en la Banca del Bien Común.
1 Dolderer J, Felber C, Teitscheid P. From Neoclassical Economics to Common Good Economics [Desde la Economía Neoclásica a la Economía del Bien Común]. Sustainability, 2021; 13(4):2093; pág. 7.
2 Dierksmeier, C. Reframing Economic Ethics. The Philosophical Foundations of Humanistic Management [Reformulación de la ética económica. Los fundamentos filosóficos de la gestión humanista]. Palgrave macmillan, 2016; pág. 35.
3 ECOGOOD. Common Good Product, Policy Paper Nr. 1 [Producto del Bien Común, Documento de Políticas No. 1], 2022. https://cgp.ecogood.org/ y Hoekstra, R. This is the moment to go beyond GDP [Este es el momento para ir más allá del PIB]. WeALL, WWF y EEB, 2022.
4 Felber, C. The Gold Medal [La medulla de oro]. The Mint Magazine, 2019.
5 Hayek, F. A. The Road to Serfdom [El Camino a la Servidumbre]. The Institute of Economic Affairs, 2005; pág. 45.
6 Kohn, A. No Contest. The Case against Competition. Why we lose in our race to win [Sin competencia. El Caso contra la Competencia. Por qué perdemos en nuestra carrera para ganar]. Houghton Mifflin, 1992; pág 205.
7 Raworth, K. Doughnut Economics. Seven Ways to Think Like a 21st-Century-Economist [Economía rosquilla. Siete formas de pensar como un economista del siglo XXI]. Random House Business Books, 2017.
8 Wilkinson R, Pickett K. The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better [El nivel del espíritu. Por qué las sociedades más igualitarias casi siempre lo hacen mejor.]. Penguin, 2010.
9 Ahmed A, Creswell J. Bet on Gold Nets Paulson $5 Billion [Apostar al oro le genera a Paulson 5$ billones]. The New York Times, 2011.
10 Felber, C. Por un comercio mundial ético. Deusto, 2018. https://www.comerciomundialetico.info/
11 Keynes, J. M. Proposals for an International Clearing Union [Propuestas para una Unión Internacional de Compensación], pág 17-63 en: Horsefield, J. K. (ed.). The International Monetary Fund 1945–1965. Twenty Years of International Monetary Cooperation, Vol. 3 [Fondo Monetario Internacional: El Fondo Monetario Internacional 1945–1965. Veinte años de cooperación monetaria internacional, vol. 3]. International Monetary Fund, 1969.
12 Friedman, T. The Golden Straitjacket [La camisa de fuerza dorada] en: The Lexus and the Olive Tree [El Lexus y el olivo], Anchor Books; pág. 101–11.
13 Chang, H. J. Kicking Away the Ladder. Development Strategy in Historical Perspective [Apartando la escalera. Estrategia de desarrollo en perspectiva histórica]. Anthem Press, 2003.
14 Stiglitz et al. Report of the Commission of Experts of the President of the United Nations General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial Systems [Informe de la Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Reformas de los Sistemas Monetario y Financiero Internacional], Naciones Unidas, 2009; pág 96.
15 Kozma J, Nowak M, Scheinin M. A World Court of Human Rights – Consolidated Statute and Commentary [Una Corte Mundial de Derechos Humanos – Estatuto y Comentario Consolidados]. Estudios del Instituto Ludwig Boltzmann para los Derechos Humanos, vol. 22. Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2010.
16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit/Umweltbundesamt. Umweltbewusstsein in Deutschland 2014. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage [Conciencia medioambiental en Alemania 2014. Resultados de una encuesta popular representativa]. 2015, pág. 22 y 35.
17 https://economiadelbiencomun.org/somos/municipio-region/
18 Heidbrink L, Kny J, Köhne R, Sommer B, Stumpf K, Welzer H, Wiefek J. Schlussbericht für das Verbundprojekt Gemeinwohl-Ökonomie im Vergleich unternehmerischer Nachhaltigkeitsstrategien (GIVUN) [Informe final del proyecto conjunto Economía del Bien Común en Comparación de Estrategias de Sostenibilidad Empresarial (GIVUN)]. Universidad de Flensburg y Universidad de Kiel, 2018.
19 Sanchis, JR, Campos V, Ejarque A. Analyzing the Economy for the Common Good Model. Statistical Validation of its Metrics and Impacts in the Business Sphere [Analizando el Modelo de Economía del Bien Común. Validación Estadística de sus Métricas e Impactos en el Ámbito Empresarial]. Cátedra Economía del bien común, Universidad de Valencia 2019.
20 https://nuevaseconomias.org/
21 https://www.gemeinwohlkonto.at/
Pedro M. Sasia . Presidente de la Federación Europea de Banca Ética (www.febea.org). Director del Área de Humanidades de la Universidad de Deusto.
Toca resituarse. Al menos para quienes conserven, como decía el filósofo Javier Muguerza, un adarme de humanidad[i]. Las continuas llamadas a una necesaria revisión de las bases fundamentales sobre las que se asienta el sistema económico actual surgen desde diversos frentes: desde la declaración global de insostenibilidad que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hasta los continuos informes que muestran que la pobreza y la desigualdad persisten (y, en muchos sentidos, aumentan) en nuestro mundo, el clamor por una necesaria resituación a todos los niveles de los distintos agentes económicos parece fuera de discusión. Son apelaciones a la responsabilidad de todos, desde los grandes actores globales hasta cada uno de nosotros, en nuestra condición de agentes económicos de distinto tipo (personas consumidoras, inversoras, contribuyentes fiscales, profesionales…).
Sin obviar la indiscutible importancia de los cambios en los comportamientos individuales, la búsqueda de palancas colectivas de transformación para ese necesario cambio transita por muy diversos caminos, y la mirada puede (y debe) posarse en los grandes marcos institucionales, en los responsables políticos, las organizaciones sindicales, las ONG, los medios de comunicación, las universidades… y, por supuesto, en las organizaciones económicas de todo tipo. La importancia de las empresas en la construcción de justicia social ha sido ampliamente destacada[ii] y, dentro de ellas, resulta de gran interés detenerse a analizar la potencialidad que encierran los proyectos de alternativa económica que, a pesar de su carácter en muchos casos germinal, muestran nuevos modos de hacer economía que pueden llevar en su seno propuestas de transformación que encierren las claves de esa necesaria resituación que hoy resulta ya irreplicable.
De entre las diversas propuestas de alternativa que han venido surgiendo en los últimos años, las finanzas éticas han alcanzado un estatus claramente identificable, tanto por su progresiva penetración social como por su articulación institucional. Hoy podemos hablar con toda claridad de un sector con un perfil característico, que en Europa cuenta con una Federación de Banca Ética[iii], e incluso con un estatus legal en algunas normativas estatales, como la italiana, que reconoce a las entidades de finanzas éticas como aquellas que adoptan comportamientos específicos en aspectos como la transparencia, la evaluación socioambiental del crédito, los límites salariales, las limitaciones a la distribución del beneficio o la participación[iv].
Sin entrar en los detalles de un sector que lleva varias décadas mostrando un excelente comportamiento económico y una notable capacidad para afrontar crisis como la financiera del 2008 o la generada a raíz de la pandemia del COVID[v], las finanzas éticas presentan determinadas características que merece la pena analizar por su potencial como propuestas viables para la revisión del sistema financiero.
Una forma sistemática de presentar dichas características parte de la consideración de lo que podemos entender como énfasis estratégicos que han venido dando cuerpo a los proyectos concretos de finanzas éticas que han surgido en las últimas décadas. Pasemos a describirlos brevemente ya que, a partir de los distintos elementos que configuran el modo de crearse y desarrollarse de estas realidades, será posible entender mejor qué son y cómo operan.
Como hemos destacado, los proyectos de finanzas éticas modernas[vi] han venido surgiendo desde finales del siglo pasado impulsados desde diversos espacios sociales, con la intención de superar algunas de las insuficiencias éticas que el sistema bancario ha ido generando en un camino que le ha llevado a convertirse en un actor global de indudable poder. Podemos destacar al menos cuatro dimensiones en los que las finanzas éticas desarrollan su propuesta alternativa. En primer lugar, aquellos basados en la autorrestricción de los sectores en los que se concede financiación (las llamadas líneas rojas o pantallas negativas). Este tipo de proyectos son quizás los más conocidos, recordando aquellas iniciativas que surgieron con un compromiso de autorrestricción de la financiación cuya realización concreta ha ido evolucionado por circunstancias históricas y contextuales. En este proceso, se ha ido pasando del veto al alcohol o al tabaco, a la negativa a financiar otro tipo de actividades económicas, como aquellas que no respetan los derechos humanos en las condiciones laborales o las que generan impactos claramente negativos para la sostenibilidad ecológica del planeta.
Un segundo tipo de proyectos de finanzas éticas han venido centrando su atención en el diseño de propuestas financieras innovadoras en productos o servicios no atendidos suficientemente por el mercado bancario, como las microfinanzas o la financiación de ciertas actividades económicas de indudable impacto positivo, pero consideradas fuera del mercado o alejadas de los intereses estratégicos de los operadores tradicionales. Podemos destacar aquí el comercio justo, la inserción social, la cooperación para el desarrollo o la agricultura ecológica. Es interesante resaltar que, en este espacio, es donde se muestra con más claridad la naturaleza de las finanzas éticas como uno de los actores clave para el reforzamiento de la Economía Solidaria. Aunque también es necesario apuntar que las relaciones entre estos dos espacios van mucho más allá de una mera interacción cliente-banco, como veremos posteriormente.
La gobernanza de la entidad financiera ha constituido el foco en el que reconocer un tercer énfasis de las finanzas éticas. El compromiso, en este caso, se centra en la revisión de determinadas prácticas específicas de gestión y gobierno, entre las que podemos destacar los esquemas de remuneración o la rendición de cuentas, que están en la base de algunas de las características más genuinas de las finanzas éticas como la transparencia en todo el circuito de intermediación o los mecanismos de participación de los diferentes actores con los que la entidad se relaciona. Es importante situar en este ámbito la raíz fundamental para la justificación de dos comportamientos claramente reconocibles de las finanzas éticas: por un lado, las limitaciones a la distribución de beneficios y, por otro, su carácter nítidamente cooperativo.
La última dimensión tiene un cierto carácter paradójico, dado que podemos afirmar, a la vista del desarrollo de este sector, que las finanzas éticas no solo hacen finanzas. De hecho, resultan de especial importancia en sus estrategias dos líneas adicionales. Por un lado, la actividad de incidencia política, desarrollada normalmente en alianza con otros actores de la Economía Solidaria. Conscientes de que el reto de transformación económica es de amplio recorrido y que en su afrontamiento es necesario promover cambios normativos que reconozcan el impacto en el bien común que tienen este tipo de propuestas, las finanzas éticas desarrollan (especialmente a través de sus redes territoriales de distinto nivel) una intensa actividad de posicionamiento y reivindicación política a la búsqueda de marcos normativos favorecedores de dicho reconocimiento.
Este último énfasis estratégico plantea una segunda línea de actuación no financiera de las finanzas éticas, que podemos definir como impacto cultural. Con este término, estamos refiriéndonos a la búsqueda de una mayor conciencia ciudadana sobre la necesidad de incorporar en nuestros modos de consumo un análisis de las consecuencias que tienen nuestras decisiones económicas a todos los niveles, y muy especialmente aquellas relacionadas con el respaldo implícito que supone optar por depositar nuestro dinero en determinadas entidades financieras. Una vez introducido en el circuito, ese dinero (nuestro, en depósito, no lo olvidemos) permite a la entidad apoyar el desarrollo de determinadas actividades que, en muchos casos, pueden ser generadoras de significativos desequilibrios sociales y medioambientales. La contribución en crear ciudadanía responsable de sus opciones de consumo y ofrecer un circuito financiero que responda a sus demandas de un sistema financiero más justo, son los dos grandes objetivos de esta línea de trabajo cultural que forma parte inseparable de todo proyecto de finanzas éticas.
Podemos ver con claridad en estas cuatro dinámicas generadoras la identidad entre las aspiraciones de las finanzas éticas y las propias del más amplio espacio de la Economía Solidaria. Por un lado, generar cambios significativos en diferentes áreas del circuito económico: los productos/servicios ofrecidos, las condiciones de producción, distribución y comercialización, las estrategias de marketing y publicidad, la relación con los proveedores, las condiciones laborales, el papel de la base social. En segundo lugar, promover cambios en los marcos regulatorios. En tercer lugar, profundizar en la conciencia de una ciudadanía activa en la transformación de los patrones de consumo y en la introducción de valores hoy no ligados directamente al espacio financiero, como la cooperación, la reciprocidad o la solidaridad. Finalmente, crear nuevas formas de operar en el mercado: organizando espacios autónomos de oferta y demanda en circuitos completos que incluyen todas las fases del proceso económico (producción, distribución, consumo, financiación, reproducción, cuidado, gestión del ciclo de vida de los productos, etc.).
Para analizar adecuadamente su valor, es importante reconocer que, en su permanente tarea de crear y consolidar circuitos de intermediación financiera alternativos, las finanzas éticas tienen la obligación de mantener una continua alerta ética que analice no solo sus comportamientos, sino también el contexto en el que se desarrolla su actividad. No olvidemos que, tras su compromiso de poner la intermediación financiera al servicio de la justicia, las finanzas éticas asumen una responsabilidad que implica no solo mantener una serie de principios fundacionales, sino también una cultura organizacional que se alimenta continuamente tanto de profesionales y bases sociales éticamente orientadas, como de una honesta aproximación al entorno y un cabal conocimiento de los retos reales de justicia que existen en un lugar y un momento determinado.
En la línea que inspira el análisis que venimos desarrollando, podemos decir que orientar las finanzas éticas como herramientas efectivas para la lucha contra la pobreza y la desigualdad hoy exige, junto a una tecnoestructura compuesta de profesionales técnicamente capacitados (que las finanzas éticas han demostrado que son perfectamente capaces de encontrar y fidelizar), la implicación de muchas otras personas que se integran en el proyecto como socias, clientes u organizaciones aliadas. No podemos olvidar que ignorar esta permanente alerta ética puede conducir a que se cometan, incluso con la mejor de las intenciones, clamorosos errores no solo de cálculo, sino también de paternalismo o autorreferencialidad. Por eso, regresar a los elementos de contexto que configuran y actualizan el deber ser de las finanzas éticas, es un ejercicio de honestidad intelectual que debemos aprovechar, no precisamente con aspiraciones académicas, sino con la intención de analizar el valor social que aporta la plasmación de dichos principios a las situaciones concretas.
Puestos a la tarea, una manera bastante intuitiva de sistematizar este ejercicio de honestidad es repasar algunos de los retos que tienen planteados hoy las finanzas éticas, para ver cómo son capaces de responder al imperativo ético de luchar contra la pobreza y la desigualdad. Se trata de un ejercicio que, debidamente ajustado a las circunstancias específicas en las que se desarrolla un proyecto financiero concreto, posibilita un análisis muy detallado y del que aquí solo delinearemos tres de sus aspectos más importantes.
Lucro – autonomía – gobernanza
Como hemos venido destacando, un aspecto de gran trascendencia para entender las propuestas de finanzas éticas está constituido por los distintos elementos que conforman lo que en sentido amplio se conoce por Gobernanza. La configuración de su base social, la relación entre ésta y la estructura profesional, los procesos de participación y toma de decisión, la rendición de cuentas a la sociedad, los criterios para el destino de los beneficios… son factores críticos a la hora de consolidar un determinado modo de entender la consideración que debe tener el valor creado por el proyecto. Solo podremos encontrar propuestas financieras que trabajan para reconstruir aquellos espacios sociales especialmente afectados por la pobreza y la desigualdad, si dichas propuestas están culturalmente preparadas y estratégicamente orientadas para perseguir impactos financieros cuya motivación no puede encontrase exclusivamente en el valor de mercado o la utilidad económica.
El empeño de las finanzas éticas por generar marcos cooperativos en los que aquellos interesados en construir y desarrollar el proyecto se comporten no como portadores de interés (stakeholders, en el lenguaje tradicional de la Responsabilidad Social de la Empresa), sino como Portadores de Valor, en el sentido de que no acuden buscando su propio interés, sino comprometidos responsablemente con el bien común. Solo de esta manera podrá una entidad financiera adquirir la suficiente autonomía como para superar el yugo del autointerés (o el de la superrentabilidad, en el caso de los inversores). Solo así, se podrá dirigir la actividad financiera hacia nichos que se denominan de exclusión bancaria, ya sea por razones personales (de fragilidad económica o de muchas otras circunstancias personales), o de especialización (por su tamaño, ubicación o estilo de actividad).
Propuestas parabancarias
En clara continuidad con el reto anterior, la necesidad de establecer mecanismos de respuesta a necesidades financieras fuera de mercado mueve a las finanzas éticas a desarrollar servicios financieros innovadores, que tratan de responder con productos y servicios especializados. Tras este objetivo, las finanzas éticas incorporan en su actividad mecanismos crediticios adaptados que en algunos casos constituyen la actividad exclusiva del proyecto. Productos microfinancieros, servicios de asesoría, circuitos de crowdfunding, inversiones de impacto… son algunas de las estrategias orientadas a dar respuesta a las necesidades no atendidas por la banca tradicional y que en algunos casos están ya siendo incorporadas en las carteras (de forma claramente minoritaria, eso sí) de muchos operadores financieros tradicionales.
En estos casos, es importante resaltar que la impronta de las finanzas éticas se encuentra no tanto en los productos o servicios en sí (que pueden responder a intereses de marketing[vii] o mera filantropía) sino en un objetivo coherente con el auténtico propósito de la entidad y que, por lo tanto, constituye una parte muy significativa de su oferta financiera.
Incidencia política y cultural[viii]
Hablábamos anteriormente de una paradoja de las finanzas éticas, justificando dicho carácter en la necesidad, que surge de su propia Misión, de ofrecer propuestas no solamente financieras, sino un conjunto de iniciativas de naturaleza cultural y de incidencia política. Se trata de dinámicas centrales en la estrategia de las finanzas éticas, que buscan transformar, por una parte, los modelos de relación de la ciudadanía con las entidades financieras y, por otra, los marcos normativos bajo los que se desarrolla toda la actividad financiera.
En este camino, las finanzas éticas trabajan codo con codo con muchas otras entidades de la Economía Solidaria y el discurrir de los últimos años ha mostrado algunos interesantes resultados, como la inclusión de cláusulas sociales en la compra pública de muchas administraciones[ix], o la creación de mercados sociales en los que la oferta y la demanda se articulan sin resignarse a dejar que sea la mano invisible (más bien una mano ciega a las necesidades de los más desfavorecidos, debemos decir) la que genere unos esperados equilibrios justos que, en la práctica, nunca acaban de llegar.
Es fácil constatar cómo muchas de las iniciativas impulsadas por las finanzas éticas han ido incorporándose progresivamente entre las buenas prácticas de muchas otras entidades financieras. Su condición de vanguardia ética ha permitido que estrategias y prácticas que en su momento constituían una clara alternativa, sean hoy ya parte no solo de la praxis financiera habitual, sino incluso de los marcos normativos que regulan el sector. Las exigencias de transparencia sobre la actividad, muy especialmente la necesidad de publicar balances sociales con análisis de los impactos sociales y medioambientales[x], es una de las más evidentes. Los requisitos impuestos a la gobernanza, la ampliación de los controles de cumplimiento normativo, la adecuada gestión del riesgo, la incorporación de la perspectiva de género o el control sobre las prácticas de blanqueo de capitales o de las actividades especulativas están asimismo entre ese conjunto de transformaciones financieras que se van incorporando paulatinamente.
Muchas otras siguen sin poder reconocerse en la praxis financiera habitual, a pesar de las continuas reclamaciones que vienen desde diferentes espacios sociales, especialmente en lo relacionado con los esquemas retributivos, la responsabilidad fiscal o la distribución de los beneficios. Entre ellas, cabe destacar por su alto impacto en la construcción de bien común la atención a las demandas consideradas fuera de mercado. Muchas de estas demandas pueden reconocerse fácilmente entre las que se reclaman como imprescindibles para poder afrontar con éxito los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que serán inalcanzables, no lo olvidemos, sin la implicación responsable del capital privado, canalizado especialmente a través del sistema financiero.
Por todo esto, perseverar en el desarrollo del espacio de las finanzas éticas sigue siendo una dinámica de indiscutible valor. Quizá el momento actual ofrezca algunas oportunidades. El debate sobre las finanzas sostenibles, aun sin agotar las aspiraciones más profundas de las finanzas éticas, ha permitido que la cuestión sobre el valor social de las finanzas y su contribución a la construcción de sociedades más justas esté en lo alto de la agenda política y encuentre asimismo un notable reflejo en el debate público. Los beneficios de los grandes operadores financieros, los esquemas retributivos, el apoyo financiero a las diferentes guerras, las prácticas hipotecarias abusivas… son algunas de las noticias que desencadenan hoy significativas respuestas sociales en nuestro entorno. En este momento, se puede evidenciar con más claridad que nunca que la praxis de las finanzas éticas sirve, al menos, para ofrecer un germen posible de transformación.
En su reconocida obra Prosperidad sin crecimiento[xi], Tim Jackson habla de la economía del mañana, planteando que la transformación que venimos analizando deberá estar orientada especialmente a defender el empleo digno, reducir las desigualdades y apoyar la estabilidad ecológica del planeta. Para ello, nos recuerda que serán necesarias lo que denomina empresas como formas sociales de organización, añadiendo además la importancia de entender la actividad inversora como un compromiso con el futuro y el rol del dinero como bien social. Resultan muy evidentes las coincidencias entre estas aspiraciones transformadoras con las propuestas de alternativa de las Finanzas éticas y del conjunto de la Economía Solidaria. Apoyemos su desarrollo, sin olvidar que construir la economía del mañana es una tarea de hoy, y que nos interpela a todos.
[i] Muguerza, J. “La indignación ante la injusticia”. Palabras de apertura al Foro de Debate: La filosofía frente a la guerra. Instituto de Filosofía del CSIC, 31 de marzo de 2003. Se puede encontrar en: https://proyectoafri.es/anda/culturandaluza/27muguerza.htm
[ii] Para un análisis detallado de esta cuestión, ver: Sasia, P. y Bilbao, G. “Los valores en el ámbito económico y empresarial y el papel de la responsabilidad social empresarial en la generación de ámbitos de mayor justicia social. ¿Mito o realidad?”; Documento de trabajo 5.5 del Capítulo 5 del VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, Fundación FOESSA, Madrid 2019. Edición digital: [https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/05/5.5.pdf]
[iii] La Federación Europea de Banca Ética (www.febea.org) cuenta con 33 entidades financieras de 15 países distintos, que manejan por encima de cuarenta mil millones de euros en activos y cuenta con cerca de un millón de clientes.
[iv] Banco de Italia, Testo Unico Bancario [Texto único de las leyes en materia bancaria y crediticia]. Decreto legislativo del 1 de septiembre de 1993, nº 385. Versión actualizada por el decreto ley del 25 de marzo de 2019, nº 22, convalidado tras su modificación por la Ley del 20 de mayo de 2019, nº 41, de junio de 2019, Art. 111-bis.
[v] En la web de Febea se pueden encontrar diversos informes sobre el comportamiento de sus miembros durante la pandemia (www.febea.org)
[vi] Utilizamos el término “finanzas éticas modernas” para referirnos a estas realidades relativamente jóvenes, conocedores de que algunas de las intuiciones y aspiraciones se pueden encontrar en proyectos financieros con varios siglos de antigüedad.
[vii] En este sentido, es interesante resaltar los mecanismos puestos en marcha por las autoridades de vigilancia europeas en frenar las prácticas conocidas como green o socialwashing
[viii] Una profundización en esta línea se puede encontrar en: de la Cruz, C. y Sasia, P. “La banca ética como herramienta de acción política”. Revista ICADE nº 80, mayo-agosto 2010. pp. 185-210.
[ix] Un buen ejemplo de una iniciativa pública se puede encontrar en la Guía actualizada de contratación pública social de la UE. El preámbulo establece: “Las autoridades públicas pueden participar en una contratación pública responsable desde el punto de vista social comprando productos y servicios éticos y utilizando las licitaciones públicas para crear oportunidades de empleo, trabajo digno, inclusión social y profesional y mejores condiciones para las personas con discapacidad y las personas desfavorecidas.” https://commission.europa.eu/funding-tenders/tools-public-buyers/social-procurement_es
[x] Un ejemplo muy notable del tipo de Balances Sociales que publican las finanzas éticas puede encontrarse en:
https://balancesocial.fiarebancaetica.coop/
[xi] Jackson, T. Prosperidad sin crecimiento: bases para la economía del mañana. Fondo de cultura económica, 2023.
Pablo Sánchez. Director de B Lab Spain
Verónica Devenin. Assistant Professor Eada Business School
La reconocida máxima declarada por Milton Friedman (1970), señalando que la única responsabilidad del negocio es generar ganancias a sus dueños, ha sido el mantra incuestionable del mundo empresarial por muchos años. La priorización de este único objetivo sobre toda otra consideración ha dejado a su paso un sin número de externalidades negativas, ambientales y sociales, tanto a nivel local como a nivel global. La acumulación de estos impactos ha ido moldeando la sociedad en la que nos encontramos hoy, asediada por eventos climáticos cada vez más frecuentes, por la degradación de nuestros ecosistemas marinos y terrestres, por la contaminación del aire, y también por la multiplicación de conflictos sociales en cuyos orígenes encontramos la desigualdad y la exclusión.
Hace algunas décadas, las empresas, o más bien sus directivos, comenzaron a tomar conciencia del impacto que tenía esta mirada desconectada del entorno y de sus grupos de interés. La pérdida de legitimidad creciente, las demostraciones de fuerza de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, sembraron la idea que las empresas deben ser responsables socialmente, si quieren mantener su licencia social para operar.
Desde entonces, el mundo empresarial ha recorrido un largo y heterogéneo camino en relación con su reposicionamiento en la sociedad. Los primeros pasos fueron la generación de iniciativas puntuales para beneficiar a un determinado grupo de interés o reducir algún impacto específico. Estas iniciativas, llamadas de responsabilidad social corporativa, han sido progresivamente superadas por la necesidad de integrar la sostenibilidad en el negocio, incorporando conceptos como los objetivos de desarrollo sostenible y la cuenta de triple resultado, poniendo en la balanza tanto los logros económicos, como los sociales y los ambientales.
Un tercer escalón han sido aquellas empresas que establecen como propósito central de su negocio el generar un impacto positivo. Son empresas que entienden su rol en la sociedad de una manera distinta, pues utilizan de manera explícita la potencia y los mecanismos que tienen en tanto empresas para generar prosperidad no solo a los accionistas, sino que también a sus distintos grupos de interés: trabajadores, comunidad, clientes, y también el medio ambiente. A estas empresas se les denomina empresas con propósito, dentro de las cuales podemos encontrar a las empresas B certificadas o “B Corps”.
Las empresas B surgieron en Estados Unidos, en 2006. Fue el resultado de una iniciativa desarrollada por Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan, and Andrew Kassoy, quienes, tras tener que vender su empresa, evidenciaron cómo el fuerte compromiso social que la caracterizaba se perdió bajo una mirada convencional de hacer negocios (Montiel, 2023). La indefensión, en términos de no ser capaces de proteger la forma de hacer las cosas de su empresa, fue el germen de la creación de B Lab. B Lab es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo inicial fue crear una barrera, algo que permitiera resguardar a las empresas que querían no solo ser las mejores del mundo, sino que las mejores para el mundo.
Para lograr este objetivo, B Lab creó una certificación en la que se integran altos estándares desde el punto de vista del desempeño social y ambiental, así como en términos de responsabilidad y transparencia. A su vez, las empresas que se certifican deben incluir su propósito en el deber fiduciario, y firmar una declaración de interdependencia, donde la empresa se compromete a respetar los principios y objetivos que B Lab quería promover: reconocer nuestra mutua dependencia, asumir nuestra responsabilidad con los otros y con las futuras generaciones, compartir la necesidad de cambiar el mundo, conducir el negocio como un vehículo para ese cambio, buscando no solo evitar hacer daño, sino que buscando beneficiar a todos, personas y medio ambiente (B Lab, 2023).
Una empresa que desee conseguir la certificación debe realizar la evaluación de impacto B, que consta de cinco dimensiones – gobernanza, comunidad, trabajadores, medio ambiente y clientes – y obtener más de 80 puntos verificados sobre un total de 200. Para tener una referencia, una empresa convencional que aplica la evaluación de impacto B alcanza, en promedio, los 50 puntos. Desde 2006 a la fecha, se han certificado 6.400 empresas aproximadamente, en 89 países, 160 industrias, abarcando a más de medio millón de trabajadores (B Lab, 2023). Ejemplo de estas empresas son: Patagonia, Toms, The Body shop, Too Good to Go, Alpro, Triodos Bank. Las empresas B son, de esta forma, reconocidas por internalizar el contexto social y ambiental en el negocio, por reducir los impactos negativos a la vez que incrementar los impactos positivos, y por crear relaciones mutuamente beneficiosas con los grupos de interés (Stubbs, 2017).
Desde el punto de vista de estas empresas, algunas investigaciones han demostrado que las B Corp europeas han alcanzado mayores tasas de facturación después de obtener la certificación (Kirst et al, 2021). También se ha encontrado evidencia que lograr puntuaciones altas en la dimensión empleados redunda en un aumento de su productividad, y que, a su vez, una alta puntuación en clientes redunda en un mayor crecimiento en ventas (Kirst et al, 2021). Pero más allá de estos potenciales beneficios, lo fundamental es que estas empresas viven un proceso en el que toman conciencia de sus grupos de interés y que, a partir de allí, buscan redefinir la forma como la empresa responde a esas necesidades. Esto adquiere una prioridad que puede ir más allá del interés por el crecimiento del negocio (Gehman et al, 2019).
Además del creciente número de empresas que se han certificado, y que tienen interés por certificarse, B Lab también ha crecido. Poco a poco se ha transformado en un actor que promueve el cambio sistémico, integrando nuevas herramientas, como los Estándares de inversión e informes de impacto (IRIS), y el Sistema de calificación de inversión de impacto global (GIIRS), ayudando de esta forma a acelerar el crecimiento de la inversión de impacto. B Lab también ha promovido una forma legislativa que permite reconocer las particularidades de este tipo de empresas, de manera que puedan prosperar en diversos contextos legales, sin que necesariamente tengan que estar certificadas (Cao et al. 2017; Marquis 2021). La creación conjunta con Naciones Unidas de la herramienta SDG Action Manager para medir la contribución de las empresas a los objetivos de desarrollo sostenible es otro ejemplo.
En la práctica, B Lab es reconocido en el ecosistema del propósito, en la medida que, a través iniciativas como las mencionadas anteriormente, facilita el desarrollo de empresas con un propósito (Dahlmann et al. 2020). Su influencia se ha extendido a diversos países a través de capítulos locales y oficinas regionales, tales como Sistema B, en América Latina, y B Lab Europa. Pero, sobre todo, ha logrado desarrollar un movimiento, que, teniendo a la base a las empresas, ha integrado a diversos grupos de interés para amplificar el mensaje e impulsar el cambio. Este movimiento es un reflejo de lo que B Lab ha planteado como su teoría del cambio.
La teoría del cambio de B Lab considera que el cambio sistémico es resultado de colaboraciones intersectoriales con otros movimientos y organizaciones. B Lab entiende a las empresas como un actor clave dentro del sistema económico, con la capacidad para comprometer e influenciar a los grupos de interés de este sistema, y por tanto actuar como catalizadores del cambio en un ecosistema más amplio (Normand & Devenin, 2023). Esta teoría de cambio da coherencia a las estrategias globales de B Lab: Desarrollo y evolución de estándares, y herramientas de Medición de Impacto; Certificación B Corp y compromiso multinacional; Narrativas de nuevos negocios, y marketing y comunicaciones globales relacionados; y Proponer, movilizar y articular el cambio de políticas, las que ejemplificamos brevemente a continuación.
Desarrollo y evolución de estándares, y herramientas de Medición de Impacto
La evaluación de impacto B es una herramienta viva que va evolucionando en el tiempo de manera de mantener los estándares de desempeño más elevados y representar los intereses de los diversos grupos de interés. La última versión (6ta) se encuentra disponible desde 2019. Estas actualizaciones se evalúan durante un período de 12 a 18 meses, e incluye los comentarios proporcionados por los usuarios de la herramienta, la identificación de temas nuevos y emergentes y mejores prácticas, la identificación de áreas prioritarias de mejora, y pruebas y análisis de datos. La actualización incluye un período de comentarios públicos de 60 días (B Lab, 2023). A principios de 2023, más de 200.000 usuarios y empresas en todo el mundo se han registrado y utilizado la Evaluación de Impacto B. B Lab ha desarrollado otras herramientas de forma colaborativa, tales como el SDG Action Manager, junto con Naciones Unidas, así como el Impact Management Platform, que orienta a las empresas en la utilización de estándares.
Certificación B Corp y compromiso multinacional:
El desafío de certificar empresas de gran tamaño ha llevado a la creación del B Movement Builders, un programa que orienta a las multinacionales en aquello que deben cambiar para alcanzar la certificación. Las empresas deben postular para entrar a este programa, el que implica que las grandes corporaciones multinacionales sigan los principios de las B Corp. La primera cohorte fue en 2020 con 6 empresas: Danone, Natura & Co, Magalu, Gerdau, Bonduelle, y Givaudan.
Narrativas de nuevos negocios, y marketing y comunicaciones globales relacionados:
El movimiento B Corp ha logrado instalar una nueva narrativa empresarial, que puede dotar de nuevo sentido a las empresas que lo adoptan, en un contexto donde las presiones del entorno obligan a una transformación: Usar los negocios como una fuerza para el bien, una nueva forma de hacer negocios, redefiniendo el rol de los negocios en la sociedad, un nuevo contrato social entre los negocios y la sociedad (Ordoñez-Ponce & Devenin, 2020). Desde este punto de partida, el movimiento B ha creado alianzas para acelerar la propagación de esta narrativa. Ejemplo de ello es la campaña Imperative 21. Esta campaña tiene a la base una coalición de 72.000 pequeñas y medianas empresas y multinacionales, cuyo objetivo ha sido abogar por un cambio en el sistema económico y la necesidad de acelerar la transición al capitalismo que priorice los grupos de interés. Es el llamado stakeholder capitalism, el cual ha sido definido como un capitalismo en el que las empresas buscan la creación de valor a largo plazo, teniendo en cuenta las necesidades de todas sus partes interesadas y de la sociedad en general (Schwab & Vanham, 2021).
Proponer, movilizar y articular el cambio de políticas:
B Lab ha promovido un modelo de ley (de Beneficio de Interés Colectivo), que reconoce objetivos sociales y ambientales, además del objetivo tradicional de generar ganancias, suavizando la primacía de los accionistas. Esta legislación comenzó a aplicarse en varios estados de Estados Unidos, se ha expandido a en algunos países tanto en América Latina como en Europa, y ha abierto el debate y discusión de la ley en otros países (para tener una perspectiva del avance de esta legislación, ver: Peter, H. et al, 2023). Consecuentemente, esta estrategia se ha desplegado en el ámbito local, generando iniciativas adaptadas que buscan el desarrollo de esta nueva legislación. Es el caso de B Lab España, que, en 2021, inició una campaña para el desarrollo de la ley Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC).
Siguiendo la estela internacional, el movimiento B Corp en España ha crecido un 82% durante el 2022 y ya supera las 200 empresas con una facturación agregada superior a 8.000 M € y más de 14.000 trabajadores. Este crecimiento va acompasado con unas cifras que demuestras que el impacto social y ambiental no está reñido con un buen desempeño económico: durante el 2022 las empresas B Corp en España aumentaron sus plantillas en un promedio del 32% y sus ingresos un 31%. Destaca también que el 84% de las B Corp tiene una o más mujeres en puestos de alta dirección y el 70% utiliza energía de fuentes renovables (B Lab Spain, 2023).
Más allá de estas cifras, uno de los hitos del 2022 ha sido el reconocimiento de las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC) en el marco de la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial. Con este reconocimiento legal, España sigue el ejemplo de otros países europeos, como Italia y Francia, y de América Latina, como Colombia, Perú, Uruguay o Ecuador. En España, la denominación empresas con propósito permite evocar a este modelo empresarial, que caracteriza a todas aquellas empresas con ánimo de lucro que buscan proactivamente generar un impacto positivo en la sociedad y que utilizan recursos privados para solucionar problemas de naturaleza pública. Se trata, por tanto, de empresas que identifican problemas o necesidades sociales y/o ambientales en torno a un interés público y común al resto de actores socioeconómicos públicos y privados, deciden asumirlos como objetivos propios sobre los que impactar positivamente destinando recursos propios. La resolución explícita e intencionada de esta problemática social y/o ambiental constituye el propósito de la propia organización.
En 2021 y 2022 se publicaron el Libro Verde las Empresas con Propósito (Molina, 2021) y el Libro Blanco de las Empresas con Propósito (Gabeiras y Barahona, 2022) respectivamente, que recogían la motivación y detalle del desarrollo de esta propuesta. En este libro se recogen las principales características identificadas, que permitirían reconocer a una empresa con propósito frente a otro modelo empresarial u otro tipo de organizaciones de tipo social:
Asimismo, también se ha publicado un Manifiesto para el Impulso de un Nuevo Modelo Empresarial Inclusivo y Sostenible, que ha recibido el respaldo de 50 personalidades, más de 400 organizaciones y 30.000 personas. Todos los logros de esta iniciativa pueden consultarse en la web empresasconproposito.net.
Actualmente, está pendiente la aprobación del reglamento que permita ofrecer un marco jurídico con garantías para el posterior despliegue de políticas públicas que apoyen la adopción y aceleración de este modelo empresarial. Esta forma jurídica a la que podrá acogerse cualquier sociedad mercantil, permite a las compañías:
En definitiva, los requisitos asociados a la constitución de las empresas con propósito permiten blindar su misión social y únicamente se podría renunciar a ella perdiendo su estatus legal. Este reconocimiento servirá además como estímulo para que las empresas con propósito sean claramente diferenciadas por parte de los inversores, la ciudadanía los consumidores y la propia administración pública. En un momento en el que las acusaciones de greenwashing están a la orden del día, esta categoría jurídica permite enviar una señal de rigor, garantía y compromiso a los distintos actores del mercado.
Con todas estas acciones, el movimiento B en España está contribuyendo a crear las condiciones para que un nuevo modelo empresarial, que tiene por objetivo crear un sistema inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta, prospere.
B Lab. https://www.bcorporation.net/en-us/standards/development-and-governance Retrieved at 17/02/2023B Lab Spain. Memorial Annual 2022. https://issuu.com/bcorpspain/docs/memoria_anual_2022_b_lab_spain Retrieved at 25/02/2023
Cao, K., Gehman, J., Grimes, M.G. “Standing out and fitting in: charting the emergence of Certified B Corporations by industry and region”. En: Corbett AC, Katz JA (eds) Hybrid ventures (Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth, vol 19. Bingley, Emerald Publishing Limited, 2017, 1–38.
Dahlmann, F., Stubbs, W., Raven, R., Porto de Alburquerque, J. “The ‘purpose ecosystem’: emerging private sector actors in earth system governance”. Earth Syst Gov, 4, 2020, 100053.
Friedman, M. “The social responsibility of business is to increase its profits”. The New York Times, 1970, 13 September.
Gabeiras, P., Barahona, M. 2022. Libro Blanco de las Empresas con Propósito. Coordinado por Fundación Gabeiras y B Lab Spain. Ediciones La Cultivada, Madrid.
Gehman, J., Grimes, M., Cao, K. “Commentary: From the value of growth to the certification of values: Why we care about certified B corporations”. Academy of Management Discoveries, 5(1), 2019, 97–101.
Kirst, R. W., Borchardt, M., de Carvalho, M. N. M., Pereira, G. M. “Best of the world or better for the world? A systematic literature review on benefit corporations and certified B corporations contribution to sustainable development”. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28( 6), 2021, 1822– 1839.
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Molina, M. 2021. Libro Verde de las Empresas con Propósito. Coordinado por Fundación Gabeiras y B Lab Spain. Ediciones La Cultivada, Madrid.
Montiel Vargas, A. “B Lab and the Process of Certificating B Corps”. In: Peter, H., Vargas Vasserot, C., Alcalde Silva, J. (eds) The International Handbook of Social Enterprise Law. Cham, Springer, 2023, 281-299
Normand, J., Devenin, V. “Real-World Lessons on Stakeholder Capitalism: How B Lab and B Corp Movement Catalyze Change in Society”. In: Peter, H., Vargas Vasserot, C., Alcalde Silva, J. (eds) The International Handbook of Social Enterprise Law. Cham, Springer, 2023, 355-375.
Peter, H., Vargas Vasserot, C., Alcalde Silva, J. (2023). The International Handbook of Social Enterprise Law: Benefit Corporations and Other Purpose-Driven Companies. Cham, Springer
Shwab, K., & Vanham, P. (2021). Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress. People and Planet. Wiley, 304.
Stubbs, W. (2017). “Characterizing B Corps as a sustainable business model: An exploratory study of B Corps in Australia”. Journal of Cleaner Production, 144, 2017, 299-312.
Pedro Fuentes, equipo Estudios de Cáritas Española
Los datos de la EINSFOESSA 2021, referidos al año 2020 nos permiten calcular el estrés financiero en los hogares, que en su relación con el pago del alquiler implica que este gasto puede suponer hasta más o mucho más del 30% de los ingresos. Esta medida del 30% se viene aplicando históricamente[1] para hablar del mercado inmobiliario, si bien la UE habla hoy del 40% como umbral.
En primer lugar, observamos como para el conjunto de los hogares de España que vive de alquiler (incluyendo modalidades como las habitaciones y otras aún más informales,) el coste del alquiler pone en situación de estrés al 47 % (31% moderado y 16% extremo.)
Si cruzamos ahora el indicador de estrés con la situación de pobreza económica, vemos como el nivel de estrés se eleva hasta el 61% de los hogares en situación de pobreza severa (ingresos inferiores al 40% de la renta mediana), y como para el resto de las situaciones, este supone una situación de estrés moderado para uno de cada tres hogares. Hecho que nos indica la existencia de un amplísimo sector de hogares en una situación de vulnerabilidad ante el alquiler, apuntando ya hacia la magnitud del problema social que supone la vivienda.
A estos datos hay que sumarle la evolución de los precios, que con carácter general y según el informe anual que publica el portal inmobiliario Idealista[2] alcanzó en enero de 2023 su máximo histórico con un coste de 11,6 € el metro cuadrado de media en España, (mucho más elevado en determinadas zonas.) Esto supone un incremento del 9% sobre el precio de enero de 2022. Por otra parte, la evolución de los salarios está lejos de seguir este ritmo. Con estos elementos añadidos, podemos afirmar que el problema es hoy aún de mayor magnitud que en la fecha recogida en el gráfico.
Probablemente estemos ante el problema número uno que hoy afronta la sociedad en España, que más allá de los empeoramientos coyunturales por las crisis, tiene un carácter claramente estructural. Un problema ante el que el margen de acción para las iniciativas del tercer sector es muy estrecho, y que para afrontarlo exige de profundos cambios políticos y económicos.
Es preciso cuestionar la lógica del mercado como única a aplicar en el acceso a la vivienda, lo que implica reflexionar y regular dos lógicas por ahora enfrentadas, el derecho a una vivienda y la vivienda como un bien de inversión. En la actualidad tan solo el 1,4% del parque de viviendas lo es de titularidad pública, lo que reclama una revisión del papel de lo público como agente protagonista del derecho a la vivienda. Y desde la mirada del tercer sector de acción social parece, sobre todo, necesaria la acción de incidencia y presión a los gestores de lo público como la herramienta eficaz para promover cambios realmente transformadores de esta realidad.
[1] La Enmienda Brooke, que limitó la renta de las viviendas públicas en Estados unidos (1969) al 25% de los ingresos.
[2] https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/report
Thomas Ubrich, equipo Estudios de Cáritas Española
Puedes encontrar a Thomas Ubrich en Twitter y Linkedin
La protección social es el sistema que se ha creado para protegernos de las consecuencias de las crisis, de las fluctuaciones y sucesos que puedan atravesar las vidas de las personas, garantizando un acceso adecuado a servicios y derechos, como escudo o salida a la situación de pobreza.
No obstante, las leyes y la protección social no son suficientes: muchas personas se encuentran en la pobreza o exclusión social y no tienen acceso a esos derechos y medidas de protección: este fenómeno se llama el non take-up of rights, es decir la no percepción o el desaprovechamiento de los derechos. En otras palabras, se refiere a la brecha existente entre los derechos escritos en el papel y los derechos en la práctica.
Se identifican dos niveles de no percepción de la prestación o derecho para el que las personas son potencialmente elegibles: por un lado, por desconocimiento de la propia norma y por tanto que no han sido capaces de iniciar la solicitud, por otro lado, por renuncia durante el proceso de trámite debido a su dificultad o la falta de acompañamiento de la Administración, así como por obstáculos y barreras burocráticas para la persona.
Os proponemos dedicar un rato a este fenómeno a través de este breve video publicado en la página web de Olivier De Schutter, el Relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Nos acerca las causas y consecuencias de tal desaprovechamiento, quiénes son los principales perjudicados y además ofrece algunas ideas clave para combatirlo o abordarlo como un reto esencial del sistema de protección social y acceso a derechos de las personas más vulnerables.
La no percepción: La brecha entre las prestaciones sociales sobre el papel y en la práctica: https://youtu.be/DFcjyEeCKDE
