La situación actual, ligada a la Covid-19, representa un gran desafío para nuestra sociedad. En los últimos meses hemos tenido que adaptar nuestra forma de relacionarnos y trabajar con los demás y, en particular, con las personas mayores. Más allá de su dimensión de crisis y de los peligros muy reales que conlleva, esta situación pone de relieve el lugar de las personas mayores en nuestra sociedad, pero también el valor que les damos y la forma en que las miramos.
A la vista de los datos más recientes, así como de las proyecciones para las décadas venideras, es un hecho que cada vez hay más personas mayores, y que su presencia va a ser cada vez más preponderante en el conjunto de la población. Las preguntas son saber qué lugar ocupan en esta sociedad cada vez más envejecida y cómo se tienen en cuenta sus necesidades y capacidades. En este contexto de mayor esperanza de vida con buena salud, hay motivos para cuestionar la imagen tradicional que tenemos del envejecimiento.
El envejecimiento, en el sentido que da el diccionario, se define, a escala de una población, como el aumento en la población total de la proporción de ancianos resultante del aumento de la esperanza de vida y la caída de la tasa de natalidad, fijándose generalmente el umbral para entrar en la vejez, por razones convencionales, en los 65 años. Esta clasificación se asocia generalmente al inicio del periodo de jubilación, pero es obsoleto para referirnos a las personas mayores. En realidad, muchas veces nos queremos referir a la pérdida de autonomía de las personas mayores no tanto a su situación de inactividad económica – laboral, aunque esta puede representar un factor de exclusión o al menos de invisibilización de estas personas.
Las condiciones de vida han mejorado y las personas viven mejor y más tiempo. De hecho, las personas, una vez jubiladas, dedican gran parte de su tiempo libre a mejorar la calidad de vida de la comunidad, al cuidado de los demás… En estos tiempos de pandemia, las personas mayores son las que más se están cuidando, más que nadie, en casa. Pero a veces cuidando a otros, sus nietos y nietas exponiéndose, a pesar del peligro, para que los más jóvenes puedan acudir al trabajo.
En este contexto, el agradecimiento y el reconocimiento deberían ser actitudes fundamentales hacia ellas y las generaciones precedentes, no sólo por su contribución pasada, sino por el uso que hacen en la actualidad de su longevidad.
A los ojos de la historia, una sociedad es juzgada por la forma en que trata a las generaciones más jóvenes y a las más mayores. Sin embargo, la crisis provocada por la covid-19 ha puesto en evidencia cómo la sociedad española está descuidando a sus mayores. Es más, esta crisis ha tenido un impacto desproporcionado sobre las personas mayores y ha evidenciado una profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración y en las residencias, así como una falta de respuestas adecuadas a sus necesidades y derechos por parte de los poderes públicos.
Lejos de alimentar las polémicas políticas, lejos de la búsqueda de un chivo expiatorio fácil, debemos intentar hacer analizar a largo plazo y ver cómo, en el futuro, podemos estar más unidos con nuestras personas mayores.
Cuando hablamos de envejecimiento se debe privilegiar la noción de longevidad. Cuando referimos a una sociedad que envejece, las personas mayores son siempre otras, nunca uno mismo. El discurso dominante en torno a la longevidad es el del miedo, de la pérdida de autonomía, los costos, el asistencialismo… No obstante, gracias al progreso médico, económico y cultural, la vejez se materializa hoy más tarde que el todavía muy presente corte de los 65 años. La pérdida de autonomía de las personas mayores solo afecta a una minoría de personas y puede evitarse o retrasarse no solo con acciones médicas y médico-sociales, sino también acciones sociales que tengan como objetivo mantener vivos los vínculos de las personas mayores con su entorno familiar y social más cercano.
En suma, no podemos reducir la situación de las personas mayores a un cuadro alarmista y de preocupación, la longevidad es también una oportunidad para todos, una oportunidad para la sociedad… La longevidad concierne a todo el mundo.
Red de Profesionales y Entidades de Intervención Comunitaria
Los momentos de crisis a lo largo de la historia han servido para repensar y redefinir los modelos sociales existentes. En el que nos encontramos ahora no iba a ser una excepción, aún más teniendo en cuenta todas las capacidades, instrumentos y herramientas analíticas de las que dispone la sociedad actual. Como marco general, podemos empezar diciendo que en el contexto actual el papel que están teniendo las redes sociales y las opciones telefónicas y/o virtuales que nos permiten seguir trabajando a distancia, están siendo determinantes para afrontarlo. Además, la creatividad y flexibilidad en las respuestas debe considerarse otra forma también contagiosa de impulsar procesos colectivos diversos que permiten proporcionar un bienestar impensable en otras etapas históricas de nuestras sociedades occidentales. Pero a la vez, también nos plantean otro reto más con aquellos colectivos en donde la brecha digital o el acceso a internet se encuentra muy limitado. Es decir, parece estar generándose un nuevo contexto de relación predominante en donde ciertos colectivos también lo tienen difícil para adentrarse.
Por otra parte, la trascendencia del Coronavirus, aunque afecta prioritariamente al ámbito sanitario, es un fenómeno que pone en juego muchos aspectos de la vida social, económica, política e incluso de nuestra percepción del mundo. Un problema que se genera en el ámbito global debe buscar soluciones en lo local, en las consecuencias que el mismo tiene en la vida de las personas.
Y esto nos hace ver que no todo el mundo tiene las mismas condiciones para afrontarlas; algunas por ser víctimas de despidos por parte de sus empresas, otras por sus propias condiciones habitacionales (no es lo mismo afrontar esta crisis en un chalet con jardín que en un piso de 60 metros cuadrados donde conviven 5 o 6 personas); otras por perder los recursos de apoyo que les permitían que sus hijos siguieran las tareas escolares al mismo nivel que el resto o por no tener los medios tecnológicos o de conectividad necesarios para ello en sus hogares; otras por perder el acceso a la alimentación que les facilitaba el comedor escolar, teniendo que sustituirlo por ayudas a la alimentación a todas luces insuficientes en algunas comunidades autónomas, etc. Esto es, cuestiones que desvelan las situaciones de desigualdad que ya existían de antes y que ahora se ponen en evidencia de manera más palpable, especialmente en ciertos contextos de vulnerabilidad.
La escasez de experiencias previas ante una catástrofe de esta magnitud, implica un necesario aprendizaje político sobre la marcha, que permita ir dimensionando el problema y tomando decisiones difíciles pero necesarias. La escasez de recursos humanos y materiales para afrontarlo generan mucha incertidumbre y preocupación en la población. El papel de los diferentes canales y medios de comunicación, fundamentales en un momento como este, tienen un reto de transparencia y fiabilidad de gran complejidad. Finalmente, el reflejo de todo ello en la vida puertas adentro de la ciudadanía, inquieta por lo que pueda durar y qué consecuencias pueda traer, y muy consciente de sus limitaciones y posibilidades para afrontar esta situación, son cuatro cuestiones que nos hacen pensar en la importancia de un abordaje comunitario de los problemas.
Contando con esta limitación y a la vez oportunidad si se cuenta con medidas compensatorias, vamos a intentar sacar algunas conclusiones comunes extraídas de la experiencia evaluada de diferentes procesos comunitarios que se llevan a cabo en nuestro país desde hace años, en el que como profesionales y entidades nos encontramos directamente implicadas/os y que nos ponen encima de la mesa una estrategia comunitaria que puede ser fundamental para esta situación actual y también para otras posibles similares en el futuro:
1 – Los procesos comunitarios permiten que los territorios cuenten con una organización propia para afrontar cualquier reto que surja en sus comunidades. Entre las posibilidades que pueden irrumpir en ellas, para las que se pueden generar protocolos y/o mecanismos de organización como respuesta anticipatoria, podría encontrarse una crisis sanitaria como ésta. Lo que este momento que vivimos nos expresa, es la necesidad de previsión en los territorios de la posibilidad de que se produzca una situación así. Hacerlo supondría en este contexto, no únicamente un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, generales y específicos, que operan para superar o paliar sus efectos, sino también salvar vidas.
Lo comunitario no sería fundamental en estos momentos si entendemos por ello actividades listas para consumir por parte de un barrio o una ciudad (al contrario, podría ser considerado como algo a suspender o peligroso por posibles contagios). Tampoco lo es si pensamos que su principal enfoque está en lo preventivo o promocional, en el antes de. En cambio, si atendemos a su fuerte dimensión organizativa y relacional, la organización comunitaria se convierte en una estrategia clave para afrontar y salir de cualquier crisis y reforzar a los territorios en generar para el futuro medidas anticipadoras consensuadas (que además cuenten con una experiencia y respuesta propias adaptadas a las características de cada lugar). Los espacios de relación, tanto técnicos como ciudadanos, en un momento de la historia como este en donde contamos con lo virtual como soporte básico de intervención, están ayudando mucho a definir estrategias comunes, identificar y compartir los recursos disponibles. La efectividad de las respuestas en gran medida depende de su articulación. En una situación sobrevenida como esta, más aún teniendo en cuenta las medidas tomadas por el gobierno en cuanto al confinamiento y la distancia obligatoria, la eficacia dependerá en gran parte de las relaciones previas existentes a través de las cuales las estrategias actuales se enriquecen o empobrecen. Pero además de lo que ocurre hoy, muchos procesos comunitarios se están preparando para la crisis social y económica que tendremos que afrontar cuando la sanitaria afloje. Se está haciendo desde sus mesas o grupos de empleo, de educación o vivienda, partiendo de todo lo que las diferentes entidades y recursos, vecindad e instituciones están viendo y detectando, empleando esa inteligencia colectiva que nos permite llegar en común hasta donde solos no podemos.
2 – Esto viene a avalar una de las conclusiones fundamentales de las evaluaciones comunitarias llevadas a cabo en muchos de estos procesos: la mejora de la información para la intervención y el aumento de la capacidad del territorio para mejorar su propia realidad. Además, una vez que el territorio se ha dotado de nuevos mecanismos metodológicos de construcción de conocimiento compartido, se genera la posibilidad de ir mejorando y actualizando sus herramientas e instrumentos. Esto, muy unido a la capacitación técnica en elaboración de diagnósticos compartidos, puede ser muy efectivo para ajustar en tiempos de crisis la realidad a la puesta en marcha de recursos, servicios o iniciativas ciudadanas colaborativas.
Los equipos comunitarios en el desarrollo de esta crisis están teniendo un papel fundamental en la canalización y conexión de iniciativas, así como en asegurar que la información relevante para cada territorio y comunidad llega a todos sus miembros. En muchos casos, los procesos están sirviendo para ajustar mejor necesidad/iniciativa y conectar lo que se está haciendo en los barrios y ciudades, evitando duplicidades en tareas que pueden ser o no oportunas. Las iniciativas ciudadanas espontáneas, como estamos viendo, pueden ser claves para satisfacer demandas concretas que además pueden llegar a salvar vidas (confección de materiales de protección, identificación y apoyo a personas mayores, redes de apoyo mutuo, traducción y adaptación de materiales educativos sanitarios, etc.). Por lo tanto, una conclusión importante que el momento está aportado los procesos comunitarios es la necesidad de reforzar el papel que la ciudadanía tiene en los territorios en tiempos normalizados, mejorando el concepto de democracia participativa y profundizando más en todo lo que la vecindad puede aportar en las comunidades.
3 – Otro de los principales logros conseguidos en los procesos y que se están poniendo a prueba en este contexto es la mejora de la capacidad inclusiva del territorio. En la medida en que hayamos sido capaces de visualizar, reconocer e incorporar a los procesos todas las realidades existentes en nuestros territorios a lo largo del tiempo, se lograrán proporcionalmente su inclusión en los procesos cumpliendo un papel activo. Y en esta crisis sanitaria, contar con todas estas realidades y poder llegar a ellas sin obstáculos o barreras iniciales que vencer es fundamental. El efecto que esto puede tener para evitar brotes xenófobos es difícil de medir, y en este sentido se continúa trabajando con sumo cuidado para que nuestro imaginario colectivo se construya en estos momentos de forma incluyente. Así, estamos evitando dejarnos en el margen realidades vulnerables y poco conocidas para la mayoría. Sí es importante decir según las relaciones que estamos estableciendo, que muchos colectivos vulnerables no disponen de datos suficientes ni para descargarse imágenes o vídeos, y si no disponemos de equipos o medidas para realizar un seguimiento, están quedando fuera del sistema de información y difusión. En este sentido, los procesos se han dotado de registros comunes de trabajo entre recursos, elaboración de diagnósticos previos rápidos de necesidades en estas comunidades (cuyos contactos son posibles por los vínculos anteriores establecidos con el proceso) y están intentando poner en marcha otras medidas compensatorias que ubiquen a todas las personas y colectivos en igualdad de posiciones, al menos en el manejo de información relevante. En este sentido, se están llevado a cabo iniciativas ya existentes con anterioridad y adaptadas para mantener refuerzos educativos en estrecha colaboración con los centros educativos y las AMPAS, se está sirviendo de agentes canalizador de información, se está asesorando en cómo atender a la diversidad en estos momentos desde una perspectiva de salud, se están empleando las mesas y los espacios generados en salud comunitaria para la toma de decisiones, etc.
4 – El trabajo desarrollado para potenciar un sentido de pertenencia común en todos nuestros barrios y localidades está cumpliendo hoy un papel importante en esta crisis: por un lado, porque contribuye a la identificación comunitaria con un objetivo común. No sólo el miedo al contagio actúa para que las personas se queden en casa, también que nos sintamos parte activa de la solución, preocupándose y cuidando del vecino/a, trasladando necesidades a los recursos, construyendo redes de apoyo vecinal…
Si además nuestro barrio, pueblo o ciudad, cuenta con una pertenencia en positivo, implicada y propositiva, esto es mucho más fácil. En este sentido, desde los procesos se han lanzado mensajes de ánimo, campañas de refuerzo de estos sentimientos que atienden a toda la diversidad existente, y la respuesta ha sido inmensa, y sin duda estos días está brotando mucho esta narrativa común que nos permite sentir orgullo de la movilización de nuestras comunidades en un fin común.
5 – En cambio, si bien observamos todas estas aportaciones para ahora y el futuro de los procesos, también se han detectado cuestiones a mejorar: la rivalidad o competencia entre agentes y recursos, la búsqueda de protagonismos en un momento con un peso simbólico tan importante para las comunidades, se ha acentuado. También se ha reforzado la tendencia a la individualización de la atención, perdiendo en parte la perspectiva que permite a entidades y servicios poner en marcha estrategias de intervención más amplias y consensuadas, que también nos permita contar con todo lo existente para proporcionar mayor calidad y proyección a las respuestas. Pero todo esto lo que nos dice es que aún nos queda mucho trabajo por delante para hacer de estos procesos comunitarios algo sostenible y con verdadero calado. Una vez más, seguimos convencidos de que este es el camino. Ni mejor ni peor que otros, pero al menos igual de necesario si queremos contar con el mayor recurso que poseen nuestros territorios para hacer frente a una crisis: su comunidad.
6 – Y el reto en los próximos meses será ajustar la dinámica de los procesos comunitarios activos a la nueva configuración socio-territorial en cada lugar, porque muchas cosas habrán cambiado y será el momento de observar su capacidad de adaptación a realidades sensiblemente diferentes, sin perder sus identificadores, sus componentes, sus instrumentos y métodos, su necesidad de seguir registrando sus avances, descubrimientos y logros para favorecer la más que necesaria transferencia a territorios más o menos próximos, su potencial para incorporar a más y hasta nuevos actores que no han participado con anterioridad, etc. También será un mayúsculo desafío demostrar que la clave de proceso es fundamental y que determinadas soluciones requerirán sus propios tiempos; periodos inciertos en los que la organización de la comunidad será clave para vertebrar las respuestas que vengan desde las instituciones y sus ámbitos de servicios sociales, salud, educación, empleo… con las que se impulsen desde otros agentes protagonistas de la comunidad (recursos, entidades ciudadanas, grupos informales…), sumando a nuevos actores clave como el empresarial también disminuido por la coyuntura de crisis. Etapas en las que cualquier incidencia puede producir nuevas incertidumbres y hasta conflictos en los que habrá que intervenir y mediar, para canalizar la frustración y energía existente hacia la resolución de las situaciones más complejas. El reto será demostrar que realmente los procesos comunitarios pueden ser parte fundamental y contribuir a la construcción de soluciones colectivas, particularmente en el marco de una sociedad poco acostumbrada ya a pensar conjuntamente y actuar de manera colaborativa.
7 – Y como pieza clave de este nuevo tiempo, los equipos comunitarios serán esenciales para visibilizar la bondad y utilidad de los procesos y orientarlos hacia los aspectos críticos en cada lugar, sin perder su fundamental función de catalizadores de las fórmulas organizativas que atiendan la renovada complejidad que ya se está conformando en relación con la diversa incidencia de la crisis en cada territorio. Ante la tentación de que se puedan sumar más efectivos a los recursos sectoriales ya existentes, particularmente en aquellos ámbitos con más carencias, es el momento de enfatizar la imperiosa necesidad de contar con profesionales inespecíficos que aborden sobre todo aspectos de las dimensiones relacionales y organizativas antes citadas, también expertos/as en la identificación de ámbitos de potencial generación de conflictos para reconvertirlos en esferas de oportunidad ante la adversidad. Y en perspectiva intercultural, que profundicen en el trabajo comunitario para visibilizar las ventajas de la diversidad en una coyuntura en la que pueden aflorar determinados intereses para que sea valorada como un lastre para la mejora colectiva. En este sentido, cabe resaltar la capacidad de resiliencia y la experiencia que pueden aportar ahora muchas personas, familias y grupos humanos que han atravesado situaciones críticas antes de sumarse a sus nuevos lugares de acogida.
Aunque en ocasiones la intervención comunitaria puede parecer intangible, inmensurable o de más larga trayectoria, es una dimensión fundamental en la construcción de la sociedad. Lo vemos en todas las iniciativas individuales y colectivas que han ido surgiendo de forma altruista desde que comenzó esta crisis. Si además, desde los territorios aportamos el método, los espacios de relación, el apoyo mutuo, la gestión de la información, el conocimiento compartido, la mediación en conflictos, etc. la potencia de lo comunitario es enorme.
A lo largo de esta crisis hemos escuchado mucho hablar de comunidad y de la necesidad de recuperar esta dimensión en todos los ámbitos. Y es cierto. Hay que recuperar esta estrategia ahora más que nunca. Pero como profesionales creemos que esto no puede dejarse a expensas de buenas voluntades de personas, colectivos, entidades o profesionales. Consideramos que tiene el suficiente peso y trascendencia como para ser asumido por nuestras administraciones y organizaciones públicas como forma de organizar y dar sentido territorial a los recursos existentes; profesionalizar y poner en valor este trabajo que requiere de formación, experiencia y sobre todo método. Asumir de forma responsable que es bien cierto el lema adoptado de #EsteVirusloParamosEntreTodos, pero sin procesos comunitarios sostenibles en el tiempo, y sin equipos profesionales liberados que se ocupen de garantizar la participación en ellos de todas/os en igualdad de condiciones, los retos que sobrevienen y golpean a nuestros territorios son mucho más difíciles de afrontar.
Por eso creemos que es indispensable reforzar nuestro sistema inmunológico contra este y cualquier otro virus o agente perturbador de nuestro bienestar común. Y hay que hacerlo con cabeza y con corazón, permitiendo que el latido comunitario alcance a regar cada una de nuestras vulnerabilidades y fortalezas.
Isabel Ralero Rojas – IntermediAcción Toledo
Almudena López Morillas – CEAR
Irene Gil Gimeno – CEAR
Antonio Gala Alarcón – La Rueca Asociación
Susana Camacho Arpa – Accem y Fundación Secretariado Gitano
Manuel Basagoiti Rodríguez – Educación, Cultura y Solidaridad
Mario Aragón Álvarez – La Rueca Asociación
Alexis Mesa Marrero – Fundación General de la Universidad de La Laguna
Vicente Manuel Zapata Hernández – Universidad de La Laguna
Marta Martínez Muñoz, Socióloga y Evaluadora de Políticas Públicas. Enclave de Evaluación.
Iván Rodríguez Pascual, Sociólogo. Profesor Titular de la Universidad de Huelva.
Gabriela Velásquez Crespo, Abogada. Doctoranda en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas- IDHBC de la Universidad Carlos III de Madrid.
Puedes encontrar a #InfanciaConfinada en Twitter; a Marta Martínez en Twitter y Linkedin; a Iván Rodríguez en Twitter; y a Gabriela Velásquez en Twitter y Linkedin.
La COVID-19 confinó a 47 millones de personas en España, entre ellos, 8,3 millones de menores de 18 años. En la segunda semana de marzo el Gobierno decretó el cierre de los centros educativos y las escuelas quedaron vacías. De un día para otro, se encontraron en casa, sin poder salir a la calle y obligados a tele-estudiar. Sus relaciones sociales con todas las personas con las que no convivían en el hogar, profesores, compañeros y amigos incluidos, quedaron igualmente frenadas y pasaron a ser solo virtuales.
La voz de los niños apenas trascendió más allá de los hogares en los que estaban recluidos. Como hemos defendido en muchas ocasiones en nuestra trayectoria investigadora (Rodríguez y Martínez, 2020), niñas y niños no viven en universos aislados, forman parte del mundo social, de su sociedad y negar esta condición implica desdeñar la posibilidad de construir una relación con la población infantil en pie de igualdad. Por otro lado (más práctico), pueden aportar una visión útil y diferente sobre ciertos procesos esenciales de nuestra sociedad (lo educativo, por ejemplo) que difícilmente podrían aportar otros agentes sociales cuyas vivencias están muy alejadas del mundo infantil. Esta voluntad de escucha implicaba, en un marco de confinamiento, preguntarse ¿Cómo llegar a las niñas y niños?
Para ello pusimos en marcha, Infancia Confinada (https://infanciaconfinada.com/) un proyecto de investigación que nace, al séptimo día del confinamiento, a partir de tres preguntas clave: ¿qué opinan las niñas y niños sobre la situación de confinamiento?, ¿cómo les está afectando la COVID-19 en sus vidas cotidianas? y ¿cómo están construyendo de forma individual y colectiva el significado de esta situación?
Con el fin de cumplir con los objetivos de una investigación sociológica de urgencia que no reniega del rigor metodológico, se optó por un acceso virtual a la población objeto de estudio a través de un cuestionario en línea auto cumplimentado, definiendo un rango de edad óptimo para realizar el trabajo de campo: entre 10 y 14 años.
El cuestionario se alojó en la plataforma Limesurvey, para asegurar el anonimato, y se promocionó a través de diferentes redes sociales y de los propios contactos de los investigadores con el método bola de nieve[1] obteniéndose 425 cuestionarios respondidos por niñas (52%) y niños (48%) residentes en distintas comunidades autónomas.[2] Aunque no representativa de toda la población de ese rango de edad, la muestra permite extraer conclusiones tentativas y representó el primer intento de obtener datos de este grupo de edad durante el confinamiento en España.
Las niñas, niños y adolescentes han sido grandes sostenedores de esta pandemia en el ámbito privado, pese a ello, el mensaje que han recibido de forma casi permanente ha sido aguantar, resistir y portarse bien; se les ha pedido un gran sacrificio, aportándoles muy poco a cambio salvo ser etiquetados como vectores de transmisión, incluso por parte de las propias autoridades sanitarias. Han mostrado un amplio repertorio de formas de definir, entender y acatar conceptos que eran totalmente nuevos como experiencia para casi toda la sociedad y ante una medida tan radical como el confinamiento, todas ellas bajo el paraguas de un amplio consenso: más del 94% muestran su apoyo al confinamiento como medida necesaria para evitar el contagio. No sorprende, por tanto, que el bienestar subjetivo[3] de niñas y niños, aún dentro del confinamiento, sea singularmente alto: sobre una escala de 7 puntos, donde 7 significa mostrarse completamente satisfecho con la vida, la puntuación media en nuestro estudio rozaba los 6 puntos (5,8). El principal motivo de este bienestar se traduce en la satisfacción que tienen con sus relaciones familiares, el hecho de estar en casa y poder mantener cercanía y accesibilidad con sus padres y madres, es lo que apuntan que más han disfrutado de este periodo.
Sin embargo, los factores exclusógenos han seguido actuando dentro del confinamiento. Existe una parte de niñas y niños que no han podido contar con esta cercanía, sus padres no les han podido dedicar suficiente tiempo o existen discusiones dentro de casa. Así, nos preguntamos cómo era el perfil de quienes expresaban la menor y mayor satisfacción vital, que resumimos en la siguiente tabla:
Como se puede observar, la población infantil que manifiesta menor satisfacción con su vida presenta las siguientes variables:
Al 84% les preocupa mucho que las personas de mi familia enfermen o mueran por culpa del Coronavirus. La segunda mayor preocupación (65%) es que mis abuelos y otras personas mayores tengan que pasar este tiempo solos.
Las cuestiones económicas les han preocupado en menor medida, si bien cuatro de cada diez sí expresan mucha preocupación por la posible pérdida de empleo de sus padres: 44%. Al 17% le preocupa mucho que su familia sea más pobre o tenga menos dinero cuando concluya el confinamiento. En torno a una quinta parte siente una preocupación frecuente (todos los días o a menudo) porque su familia no tenga suficiente dinero para los próximos meses (20%) o que sus padres no tengan trabajo para los próximos meses (23%).
Las niñas, niños y adolescentes no son observadores pasivos de la crisis pandémica ni de sus consecuencias socioeconómicas, sino que han demostrado un pensamiento crítico: conectados y conscientes del sufrimiento del conjunto de la población y la tensión que esta situación ha provocado en nuestro modo de vida, particularmente desde la visión de su entorno familiar pero también en relación con otros ámbitos más amplios.
Se han mostrado ciertamente resistentes a una circunstancia tan dura como el confinamiento: muchos se han sentido tranquilos y, sobre todo, han tenido que lidiar con el aburrimiento. Sin embargo, sentimientos perturbadores han hecho también su aparición identificando las consecuencias socioafectivas del confinamiento: particularmente la preocupación y la tristeza, que una parte significativa de la población (36% y 28%, respectivamente) han sentido con mucha frecuencia y más las chicas.
Dentro de esta misma línea, se ha sesgado un vínculo que en la sociedad española tiene una intensidad especial: el que les une con abuelas y abuelos. Esto tiene un reflejo en que estos se han convertido en una de las principales preocupaciones y fuentes de tristeza durante el confinamiento (al 64,9% le preocupa mucho que se sientan solos) pero también la de las personas mayores en general más allá de sus lazos familiares, dando cuenta así de su solidaridad intergeneracional y de quienes han sido especialmente afectados por la pandemia.
Conciencia crítica: Las niñas y niños han demostrado ser sujetos situados[3], con una conciencia crítica sobre la situación vivida. No es gratuito, por tanto, que cuando disponen de la oportunidad de expresar sus opiniones, lo hagan principalmente para reclamar y reivindicar su derecho a ser escuchados. En la misma línea, las niñas y niños también aprovechan la oportunidad para dirigirse a diferentes actores sociales para demandar mejores medidas, que se respete el confinamiento y que no se extralimiten con las tareas escolares. Solo a partir de la escucha se puede, también, tener una visión más amplia sobre cuáles son sus necesidades e intereses.
Situaciones de vulnerabilidad: El estudio ha demostrado que, si bien la mayoría de las niñas y niños participantes se encuentran en una situación medianamente estable, existen, en menor medida, situaciones de vulnerabilidad dentro de su ámbito privado. Bajo bienestar subjetivo y material, dificultades de aprendizaje y situaciones económicas familiares débiles, entre otros, son algunas de las condiciones en las que viven algunas niñas y niños participantes, que son el reflejo de la situación actual en muchos hogares españoles. Como sociedad y Estado tomar en cuenta cuáles son las necesidades de la infancia desde sus propias voces, entendiendo que el trabajo más importante de intervención social llegará tras el confinamiento para revertir estas situaciones de desventaja desde un enfoque de derechos.
El proyecto y el informe se encuentran disponibles en https://infanciaconfinada.com/ y en el repositorio académico de la Universidad de Huelva identificado con el handle http://hdl.handle.net/10272/17913.
[1] La encuesta semicerrada estuvo abierta desde el 21 de marzo hasta el 07 de abril y contó con 25 preguntas, divididas en siete secciones: consentimiento y presentación; identificación sociodemográfica; derechos y confinamiento; vivienda, actividades y principales preocupaciones y sentimientos; bienestar subjetivo; sueños, miedos, alegrías y tristezas (SMAT).
[2] 15 de 17 comunidades. No obstante, 70% de la muestra corresponde a Madrid, Valencia y Cataluña.
[3] Conocimiento o sujeto situado es un concepto desarrollado por Simone de Beauvoir (posteriormente revisado por Donna Haraway) para referirse a que ningún conocimiento está desligado de su contexto ni de la subjetividad de quien lo emite. Para Haraway no solo ocurre con las mujeres sino con todos los grupos subalternos, y propone que cada minoría debe analizar su realidad estudiando las interacciones entre todos los ejes de desigualdad (género, clase, raza). A esos ejes de dominación consideramos que se debe añadir aquel basado en la edad, que suele estar ausente en los análisis de interseccionalidad. Con el conocimiento situado se hace explícito el posicionamiento de quien emite una opinión, ya que los puntos de vista no son nunca neutros de una manera ética. Nos parece oportuno extender el concepto para cuestionar las visiones esencialistas de la infancia que desconocen la diversidad de la misma y dejar constancia de la conciencia crítica de las opiniones y expresiones de la población infantil, acerca de diferentes procesos o fenómenos sociales, como hemos observado en muchas ocasiones.
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Monseñor Santiago Agrelo Martínez, Arzobispo emérito de Tánger
Puedes encontrar a monseñor Santiago Agrelo en Twitter.
La información rezaba así:
El aborto legal de una niña abusada de diez años reaviva la polémica en Brasil.
Brasil es un país con una restrictiva legislación para esa práctica y enfrenta a grupos conservadores y de defensa de los derechos de las mujeres.
Ésos eran los titulares. Y ése era el contenido de la información: no la niña, sino el enfrentamiento entre posiciones ideológicas.
Entonces subí a mi muro un grito, reclamando que las miradas se volviesen a la niña. Era un grito reclamando a las ideologías silencio, a los ojos miradas de ver, a los corazones ternura para acoger y abrazar:
Me moriré sin ver que los discípulos de Jesús de Nazaret, olvidados nuestros libros de normas, de certezas, de convicciones… nos encontremos sencillamente con la vida de las personas que se cruzan en nuestro camino… Ante una niña que necesita un abrazo infinito, una acogida infinita que le devuelva un sueño sereno, una ternura infinita que la haga sentir finalmente niña, finalmente amada… ante esa niña, todos nos apresuramos a utilizarla…siempre al servicio de nuestras normas, de nuestras certezas, de nuestras convicciones, de nuestra ideología, de nuestros saberes… Y ella continúa sola, abandonada, violada, abusada… Guárdense los obispos sus certezas. Guárdense los pro-vida sus convicciones. Guárdense los proabortistas sus códigos de derechos. Guárdense los medios de comunicación sus intereses comerciales e ideológicos. Que se calle el mundo entero, pues hay una niña a la que entre todos hemos matado…
Sí, la hemos matado… Le hemos robado todo lo que un niño, al nacer, trae como derecho en el macuto de la vida. Que se calle el mundo: hemos matado a una niña.
Resulta que son muchos entre los cristianos los que se escandalizan de un grito como ése. Alguien, supongo que cristiano de pro, me definió: sinvergüenza de obispo. Eres un demonio.
Sé que ahora escribo para Cáritas, y que he de decir algo que sirva para que los voluntarios de Cáritas, los operadores de Cáritas, cuantos de una manera u otra colaboran en el servicio de Cáritas a los pobres, encuentren aquí una palabra que ilumine sus opciones de vida.
Este obispo sinvergüenza y demonio ha visto a Jesús violado en esa niña, violado desde mucho antes de que Jesús tuviese uso de razón.
Este obispo sinvergüenza y demonio ha visto a Jesús utilizado por unos y otros para llevar el agua a sus molinos ideológicos, mientras la vida de Jesús se va por los sumideros de la crónica de un día que mañana nadie recordará.
Este obispo sinvergüenza y demonio continúa viendo a Jesús privado de su niñez, privado de su presente, privado de su futuro, expuesto como un ladrón en lo alto de una cruz…
Hace años, una amiga –Helena Maleno-, me escribía un mensaje angustiado:
Imagina que diste a luz el domingo pasado en un hospital público marroquí. Un niño precioso. Imagina que te dieron el alta al día siguiente, lunes. Imagina que volviste a casa, cansada, sangrando del post-parto, con dolores aún en un útero que lucha por volver a su sitio. Imagina que en casa te está esperando tu niña de dos años y tu pareja.
Imagina que esta mañana mientras bañabas al bebé comenzaste a ver que le costaba respirar. Imagina que corriste al hospital… Imagina que te dijeron que no podían atenderte. Imagina que fuiste dos veces. Imagina que, la tercera vez, tu bebé dejó de respirar casi en la puerta del hospital. Imagina que pediste auxilio por tu bebé muerto.
Imagina que se lo llevaron a la morgue del hospital. Imagina que a ti, a tu niña de dos años y a tu pareja os llevaron a comisaría…imagínate negra, imagínate africana, imagínate pobre, imagínate sin papeles…
Mañana iremos al Tribunal, mañana un hombre de este reino decidirá si te tiran a ti y a tu niña al desierto de madrugada. A partir de ahí la suerte decidirá si serás violada, si tu hija será raptada o, por qué no, violada también.
Hace años, a mi amiga, le escribía:
Imagina ahora el amor con que nos visita cuando, mujer “negra, africana, pobre y sin papeles”, Dios llama a la puerta de nuestra vida, viene a su casa, viene a los suyos…
Querida: Si el mal que me pides imaginar resulta absurdo en tu mundo soñado de mujer, “imagina” su tenebrosa oscuridad en el mundo que Dios ha soñado para nosotros y para él… De muchas maneras y en todos los tiempos Dios vino a los suyos. Lo llamaron Palabra, Ley, Sabiduría. Se llamaba Jesús. Ahora se llama mujer “negra, africana, pobre y sin papeles”. Dios “vino a su casa, pero los suyos no lo recibieron”. Lo humillaron, lo llevaron al tribunal, lo empujaron fuera de la viña, lo deportaron al desierto, y lo mataron…
Tú me dices: Imagina, si puedes, el mal. Y yo te digo: Imagina, si puedes, el océano de amor que envuelve el mundo y lo redime del mal. Sólo el amor hace nuevas las cosas, sólo el amor les devuelve la bondad. Imagina que todos nos ponemos a la tarea de amar».
Hoy, a vosotros, amigos míos, no os digo que imaginéis: os pido que creáis.
Y veréis que es siempre Jesús la víctima que tiene necesidad de nuestro amor.
Trabajadora Social y doctora en Sociología. Socia de la cooperativa AeioLuz Evolución Energética.
Puedes encontrar a Nuria Baeza en Twitter y Linkedin; y a la cooperativa AeioLuz en Twitter y Linkedin.
La experiencia del confinamiento durante la crisis del COVID-19 ha evidenciado la necesidad de garantizar los suministros energéticos a toda la población, como un mínimo de soporte vital con el que poder, tan siquiera, quedarse en casa.
La dependencia energética de nuestra sociedad es innegable. Las tecnologías han hecho algo más llevadero este encierro; poder encender cualquiera de nuestros dispositivos para conectarnos con el mundo exterior ha sido vital para seguir sintiéndonos unidos, en comunicación. Para muchos ha supuesto la posibilidad de seguir trabajando, estudiando. Sin las tecnologías y sin los suministros energéticos la hecatombe hubiese sido aún peor.
Que funcione la nevera, que podamos poner la lavadora, ver las noticias en nuestra televisión, cargar la batería del teléfono móvil, todo depende de que a nuestro hogar llegue el suministro eléctrico. No acabamos de tomar conciencia de cómo tendríamos que cambiar nuestra vida si nos viéramos forzados a vivir sin energía eléctrica. ¿Puedes imaginarlo?
En estos meses veremos incrementadas nuestras facturas de suministros, porque estar 24 horas en casa, significa que hemos consumido más energía de lo habitual… muchos podremos asumir el coste, pero para otros hogares, ya era difícil antes del estado de alarma. Pagar las facturas ya era difícil desde hace tiempo.
Conscientes de esta realidad, hace cinco años surgió la cooperativa AeioLuz, que aborda una de las manifestaciones de la pobreza más común y tangible; la denominada Pobreza Energética. Para todos son fácilmente reconocibles las situaciones que viven las familias en esta circunstancia; dificultad económica para hacer frente al pago de las facturas de suministros del hogar, estrés por la acumulación de deudas, angustia y ansiedad por la incertidumbre de si será posible mantener el suministro o si se producirá la desconexión. Pero las repercusiones van más allá de lo económico. No tener una confortabilidad en el hogar afecta a la salud física, porque se pasa excesivo frío en invierno o demasiado calor en verano. Afecta al descanso, a la higiene, a la alimentación, al rendimiento escolar. Afecta incluso a las relaciones sociales; carecer de un lugar confortable donde vivir dificulta poder compartir tu hogar con otros, recibir visitas, formar comunidad.
Existen colectivos especialmente sensibles a esta realidad; las familias con varios menores en casa, los hogares monomarentales y los hogares unipersonales de mayores de 65 años. Lamentablemente, la vulnerabilidad energética ya se estudia como un factor determinante de muertes prematuras[1].
Porque pensamos que se trata de algo más que incapacidad económica de pagar facturas, en AeioLuz hablamos de Vulnerabilidad Energética[2] y no tanto de Pobreza Energética. Hablamos de la vulneración al derecho a vivir una vida digna. Hablamos de Derecho a la energía.
La realidad que se vive en los hogares más vulnerables es muy compleja. Los problemas se superponen unos a otros, acumulándose y haciendo difícil encontrar una única solución. Antes podía ser suficiente encontrar un empleo. Ahora sabemos que, en muchas ocasiones, ni siquiera con un trabajo las familias pueden superar la pobreza y la exclusión. Son necesarias actuaciones conjuntas, desde muchos frentes y coordinadas para ayudar a las familias a mejorar sus condiciones de vida.
Son muchos los hogares que recurren a los servicios sociales públicos y a entidades privadas como Cáritas a solicitar ayudas económicas para garantizar el pago mes a mes de sus facturas. La cuantía económica que se destina a pagar a las compañías privadas comercializadoras como parte de los presupuestos municipales de acción social y por parte de entidades de acción sociocaritativa, asciende anualmente a varios millones de euros[3]. Pero no suele ser suficiente. Es frecuente que los hogares en situación de exclusión combinen la atención de varias entidades para cubrir intermitentemente esta necesidad. Incluso la tramitación del Bono Social requiere del trabajo de profesionales públicos para que las empresas privadas apliquen dichos descuentos reconocidos por ley.
Los profesionales de la acción social, que no necesariamente están formados en materias energéticas, entienden que existe una relación directa entre consumo de energía y coste de las facturas y solicitan la implicación de las familias para racionalizar y economizar su consumo energético. Las estrategias familiares que se ponen en marcha suelen centrarse en la reducción del consumo energético; apagar luces, cocinar lo justo, reducir las horas de calefacción, abrigarse más en casa e invertir en medidas que mejoren la eficiencia[4]. Todas estas acciones tienen la intención de que la cuantía de las facturas disminuya, pero muchas veces el esfuerzo por ahorrar tiene un resultado limitado que no es achacable al uso de la energía. Otros factores ajenos a los esfuerzos de las familias por consumir lo justo son los responsables de que las facturas no desciendan; el mercado energético y sus precios y la escasa eficiencia energética de los edificios.
Estos factores nos afectan a todos. De hecho, pocos de nosotros sabemos descifrar nuestra factura de la luz, poco sabemos en qué mercado compramos la energía, menos aún, a qué precio. No es fácil comparar las tarifas que nos proponen y muy pocos consumidores sabemos que hay más trescientas comercializadoras a las que se puede contratar los suministros.
La propuesta de trabajo de AeioLuz, parte precisamente del conocimiento del funcionamiento del mercado energético. Somos alfabetizadores energéticos. La formación y el conocimiento es la manera de manejarse en el opaco mercado de la energía. Ahorro, eficiencia y sostenibilidad son el resultado de nuestro trabajo. La sostenibilidad medioambiental, la Transición Ecológica y el cuidado de la Casa Común son el telón de fondo de nuestras actuaciones; nuestra Misión y Visión.
Cuando trabajamos para administraciones públicas o entidades de acción socio caritativa para afrontar problemas de Vulnerabilidad Energética, coordinamos nuestra formación con los planes de intervención familiar que los técnicos proponen a las personas que acompañan. Las estrategias contra la Vulnerabilidad Energética son un hilo más del que tirar para actuar sobre las complejas situaciones de las familias. Son un modo de intervenir en la economía doméstica, en la organización interna de las dinámicas familiares. Pueden ser una herramienta más de la intervención social que tiene efectos económicos rápidos y aumenta las capacidades de agencia de las familias.
Es fundamental previamente formar a las personas técnicas, al voluntariado y a los órganos directivos. Nuestra experiencia nos enseña que estos conocimientos son igualmente útiles para todas las personas implicadas en la intervención social. La formación que impartimos produce ahorro energético y económico en todos los participantes. Ocurre que, partiendo de una lectura comprensiva de las facturas de suministros (luz, agua, gas, telefonía), llegamos a entender los mecanismos del mercado energético y nos reconocemos tan desinformados como las familias con las que trabajamos. Este reconocimiento produce un efecto igualador que nos sitúa en el acompañamiento a los procesos de una forma mucho más empática.
Y la parte más fundamental; formación a los hogares en situación de Vulnerabilidad Energética. A través de diferentes formatos y adaptados al público asistente, centramos nuestro interés en aprender a gestionar la economía doméstica de una manera sostenible. Cada participante aprende a realizar un diagnóstico de sus usos energéticos. Aprende a utilizar los electrodomésticos y los suministros de la manera más eficiente posible. Analizamos las facturas en conjunto y comprobamos la variabilidad entre las distintas compañías, dentro de las mismas y en los diferentes mercados donde estas operan.
Aprendemos a reconocer a partir de las necesidades de cada hogar qué mercado, qué tarifa y qué precios son los más adecuados y aprendemos trucos para ahorrar. Y lo hacemos en grupo. Por varias razones; porque comprobamos juntos que la desinformación en común, porque comparamos los precios a los que compramos la energía y porque aprendemos unos de los otros. Aprendemos a necesitar menos, gastar menos y pagar a un precio justo.
Completamos la formación con una atención individualizada por familia, donde acompañamos los trámites y gestiones que han de acometer ante las compañías comercializadoras. Acompañar este proceso es fundamental ya que no es frecuente que las compañías faciliten los cambios.
Los ahorros generados con la optimización de la contratación y con los cambios de hábitos ya son importantes, pero en muchas ocasiones es necesaria una actuación directa en los hogares.
En AeioLuz, visitamos las viviendas de las familias y realizamos una diagnosis energética, analizando el consumo de los electrodomésticos y buscando puntos donde la eficiencia no es óptima; mal aislamiento, fugas en puertas y ventanas, electrodomésticos viejos, grifos y cisternas que gotean… Instalamos elementos de eficiencia pasiva en los puntos críticos y de esta forma disminuimos el consumo y, por consiguiente, las facturas. Esta visita domiciliaria la realizan técnicos energéticos y técnicos sociales de AeioLuz, de manera que se prolonga la intervención social en el propio domicilio.
Los gastos del hogar suponen cerca del 30% del presupuesto de las familias. Aprender a ahorrar energía y pagar un precio justo por ella puede ayudar a equilibrar este presupuesto. Los resultados que hemos obtenido a lo largo de estos años nos indican que las familias ahorran de media más de 300 euros anuales en sus facturas de suministros. Y que las instituciones pueden atender a más necesidades, porque la demanda media de las ayudas en suministros por familia desciende un 25%.
Y lo que es aún mejor. Al reducirse la demanda energética, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo que se contribuye a la mitigación del Calentamiento Global.
El futuro tras la crisis del COVID-19 profundizará aún más las desigualdades y la pobreza. La Vulnerabilidad Energética se va a agudizar mientras no se garantice el derecho a la energía.
La descarbonización de la economía y la instalación descentralizada de producción de energía renovable son una oportunidad para cambiar de modelo económico y construir un futuro sostenible. Un futuro inclusivo, más igualitario y más justo.
[1] Tirado, S. et al (2016) Radiografía de la Pobreza energética. Barcelona. Fundación La Caixa.
[2] Pellicer, V. (2018) Ampliando la comprensión de la pobreza energética desde el enfoque de capacidades. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo. Zaragoza. Red Española de Estudios de Desarrollo.
[3] Sólo el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia invirtió en 2019 más de 700.000 euros en ayudas directas para Pobreza energética.
[4] FOESSA (2017) Desprotección social y estrategias familiares. Madrid: Fundación FOESSA.
Periodista y experta en estudios de género. Responsable de Comunicación de HelpAge International España
Puedes encontrar a HelpAge International España en Twitter, Facebook, Instagram y Linkedin; y a Inma Mora en Twitter, Facebook, Instagram y Linkedin.
En los últimos meses, ha llegado a los medios de comunicación una palabra que aún era desconocida para muchas personas: edadismo. Este concepto hace referencia a los estereotipos, los prejuicios y la discriminación que existe en nuestra sociedad hacia las personas mayores. No se trata de un fenómeno nuevo, pero la actual crisis sanitaria, económica y humanitaria ha hecho más evidente que nunca que las personas mayores son ignoradas y excluidas en muchos ámbitos de nuestra realidad y que es necesario contar con normativas sólidas para proteger sus derechos y dignidad como personas.
Si bien hoy se considera que todas las personas tienen los mismos derechos, las primeras teorías sobre los derechos humanos eran muy distintas. De hecho, ni la Declaración de Derechos de Virginia, en el contexto de la Independencia de Estados Unidos (1776) ni la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa (1789) consideraron a las mujeres como titulares de derechos. Es decir, el concepto de ser humano excluía a más de la mitad de la población. El concepto de ser humano como titular de derechos se basaba en la capacidad para ser individuos autónomos. Desde esta perspectiva, no solo se excluía a gran parte la población que no era considerada autosuficiente, sino que además se justificaba su exclusión social a través de estereotipos y creencias que aún siguen presentes en nuestro imaginario colectivo.
Hoy, las teorías relativas al concepto de ser humano, así como todo lo relacionado sobre los derechos, han evolucionado. La autonomía no se considera un requisito para ser titular de derechos, sino el objetivo mismo de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son una herramienta para garantizar que las personas puedan vivir de forma autónoma, gozando de una vida segura, saludable y libre de violencia, independientemente de las condiciones o características de cada individuo. Sin embargo, en nuestra realidad aún siguen presentes muchas creencias y estereotipos que justifican la discriminación hacia grupos o colectivos de personas por motivos de género, origen, orientación sexual, discapacidad o edad, entre otros. Así, los estereotipos que existen sobre qué significa ser una persona mayor siguen siendo la base de la discriminación social durante la vejez, lo que limita a las personas de edad avanzada el pleno ejercicio de sus derechos, especialmente, en momentos de crisis como la que estamos viviendo.
Podemos definir el edadismo como los estereotipos (¿qué pensamos de las personas mayores?), prejuicios (¿qué sentimos hacia las personas mayores?) y discriminación (¿cómo nos comportamos con las personas mayores?) hacia las personas mayores. El edadismo se manifiesta de múltiples formas, que pueden ir desde el lenguaje despectivo a la vulneración de derechos, como la salud o el derecho a una vida independiente. Existen multitud de actitudes edadistas que están socialmente aceptadas y que pasan totalmente desapercibidas al basarse en muchas creencias y estereotipos sobre la vejez. Al igual que hace unos años nos costaba más detectar los llamados micromachismos, hoy nos sigue costando reconocer nuestro propio edadismo.
Vivimos en una sociedad donde prima lo nuevo, la juventud, la belleza sin arrugas ni canas. Mientras que la juventud se asocia a belleza, fuerza y vitalidad, la vejez se asocia a fealdad, fragilidad y dependencia. Por ello, a veces, es muy difícil detectar conductas edadistas que, incluso, pueden nacer sin ninguna mala intención. Por ejemplo, es habitual escuchar expresiones como abuelitos o nuestros mayores para referirnos a personas adultas mayores. ¿Qué reflejan estas expresiones? A pesar de que puedan parecer formas de hablar inofensivas e, incluso, afectuosas, son un claro ejemplo de la actitud paternalista que existe hacia las personas de más edad. Este tipo de expresiones infantilizan a mujeres y hombres en edad adulta, con capacidad (y derecho) para decidir sobre sí mismas y que son mucho más que abuelos o abuelas.
Podemos encontrar múltiples ejemplos donde se niega a las personas mayores su capacidad para decidir sobre la propia vida, lo que supone una vulneración de sus derechos, y lo que, además, puede llegar a provocar graves situaciones de violencia y abusos. A pesar de que aún es un problema muy desconocido por gran parte de la población, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis personas mayores de 60 años sufre violencia o abusos. Además, se estima que el porcentaje es mucho más alto, ya que se trata de un problema muy invisibilizado y muchas personas mayores no denuncian o no tienen la posibilidad de hacerlo.
La violencia contra las personas mayores puede definirse como todas las acciones u omisiones únicas o repetidas que, bien de forma intencionada o por negligencia, se comenten contra personas mayores y vulneran su integridad física, sexual, psicológica o atentando contra su dignidad, autonomía o derechos fundamentales. Algunas definiciones añaden que esta violencia se ejerce dentro de una relación de confianza, cuidado, convivencia o dependencia[1]. Si bien es cierto que las personas dependientes o con algún tipo de discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir violencia -y, además, mayor dificultad para poder denunciarla-, el abuso y maltrato hacia las personas mayores no solo se da en relaciones de cuidado o dependencia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Red Internacional para la Prevención del Maltrato de las personas mayores también señalan el maltrato estructural y social que existe hacia las personas de edad avanzada y que se refleja en la discriminación en las políticas gubernamentales, en la asignación de recursos económicos y en los prejuicios y estereotipos que existen sobre la vejez y las personas mayores. Este tipo de violencia estructural tiene unas consecuencias muy graves en la vida de las personas mayores y en el pleno disfrute de sus derechos humanos.
Al igual que en otros tipos de violencia o discriminación, como la violencia machista o el racismo, encontramos distintas formas de maltrato o abuso por motivos de edad: desde el maltrato físico o la violencia sexual a la negación de alimentos, refugio o asistencia. Se trata de una forma de violencia que tiene su origen en una cultura basada en relaciones de poder y en estereotipos y creencias sociales y culturales. Por ello, para poder eliminar la violencia y la discriminación hacia las personas mayores, es necesario eliminar el edadismo y cambiar la percepción que tenemos de la vejez y de las personas mayores.
Debemos tener en cuenta, además, que al hablar de personas mayores no nos referimos a un grupo homogéneo y que la discriminación estructural a la que se enfrentan depende también de otros factores sociales, lo que puede provocar situaciones de discriminación múltiple. En este sentido, hombres y mujeres no envejecen de la misma forma y se enfrentan a realidades muy distintas. Según los datos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), a nivel global, hay 84 hombres por cada 100 mujeres de 60 años o más y solo hay 61 hombres por cada 100 mujeres de 80 años o más. Sin embargo, la mayor esperanza de vida de las mujeres no se corresponde con una mayor calidad de vida, ya que las desigualdades de género que sufren las mujeres de todas las edades limitan su acceso a los recursos, al empleo, a las pensiones y, en definitiva, a sus derechos. Por ello, las mujeres mayores se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza, discriminación y violencia. Asimismo, tampoco podemos olvidarnos de otros tipos de discriminación (como los basados en el origen, la orientación sexual o la discapacidad) que pueden agravar las situaciones de violencia y abusos, así como otras situaciones en las que existen menos herramientas y posibilidades para denunciar la violencia o la discriminación (como vivir en áreas aisladas, en zonas de conflicto o no tener acceso a medios de comunicación o transporte).
Sin duda, las personas mayores han sido las más afectadas por la crisis sanitaria y humanitaria provocada por la Covid-19. Desde los primeros meses de esta pandemia, hemos visto que los problemas a los que se están enfrentando las personas mayores no son consecuencia exclusiva de una mayor tasa de mortalidad en edades avanzadas, sino también de la discriminación que sufren y de las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. Ya en el mes de mayo, António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, presentó el informe “Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older persons” donde se señalaban algunos de los derechos de las personas mayores que se han visto afectados por la respuesta a la crisis, como el derecho a la vida, a la salud, a la autonomía personal, a la atención sanitaria, a los cuidados paliativos, a la seguridad y a disfrutar de una vida libre de violencias, abusos o negligencias. Por ello, desde muchas organizaciones que trabajan por los derechos de las personas mayores, se ha reclamado a los Estados que respondan a la crisis teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas mayores y las barreras adicionales a las que se enfrentan.
Es muy frecuente encontrarnos con medidas, programas o leyes que ignoran las necesidades de las personas de edad avanzada e, incluso, son excluidas de datos y estadísticas oficiales. Las medidas tomadas de forma urgente ante situaciones de grave crisis o en contextos humanitarios, a menudo, no incluyen una perspectiva de edad y, por ello, las consecuencias de cualquier emergencia pueden ser aún más graves. Por ello, es fundamental contar con normas que protejan los derechos de las personas mayores y crear medidas específicas que ayuden a eliminar la discriminación por razón de edad.
En el documento “Time For A U Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age”, elaborado por un grupo de personas expertas y representantes de distintas organizaciones civiles, se analiza el impacto que ha tenido la pandemia en los derechos de las personas mayores y cómo una Convención por los derechos de las personas mayores podría ser un gran paso hacia la igualdad y la inclusión. En este informe se muestra cómo la crisis ha demostrado que es necesario actuar de forma urgente para proteger los derechos de las personas mayores y se centra en seis aspectos fundamentales: la igualdad y no discriminación, la autonomía, el cuidado, la salud el derecho a una vida libre de violencia y la seguridad social.
Siguiendo este informe, la pandemia ha demostrado que la discriminación por razón de edad no se trata de la misma forma que otras formas de discriminación. Si bien ante situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo, algunos derechos humanos pueden verse limitados (como el derecho a la libertad de movimiento), estas restricciones no pueden ser discriminatorias y basarse en la edad. A pesar de que el riesgo de padecer problemas de salud graves ante un contagio de Covid-19 puede aumentar con la edad, algunas medidas no han tenido en cuenta la diversidad que existe entre las personas mayores y, en muchas ocasiones, se ha ignorado el impacto negativo que tienen los largos periodos de aislamiento en su bienestar físico, mental y cognitivo. De hecho, cuando en julio se empezaron a flexibilizar las medidas restrictivas tomadas al inicio de la pandemia, HelpAge International detectó medidas basadas en la edad en al menos 48 países.[2] Según los datos recogidos por la organización, a medida que los países iban superando el pico de la pandemia y los gobiernos empezaban a flexibilizar las medidas de contención del virus, las personas mayores tuvieron que seguir normas más restrictivas que el resto de la población. Así, por ejemplo, durante el desconfinamiento en diversos países no se ha permitido a las personas mayores abandonar sus casas o entrar en centros comerciales, mientras que sí podían hacerlo personas más jóvenes.
Es muy importante que todas las medidas que limitan la libertad de movimientos y que afectan a derechos tan básicos, no se basen en aspectos como la edad, sino en evidencias científicas y médicas que tengan en cuenta la diversidad que existe entre las personas mayores. Todas las medidas que se pongan en marcha en este sentido, además, deben ser temporales y revisarse de forma periódica y estar pensadas para causar los mínimos daños colaterales. Si bien es esencial crear estrategias para contener la propagación del virus, no podemos olvidarnos del resto de problemas de salud y de las consecuencias que pueden tener los largos periodos de aislamiento. A pesar de que existen multitud de medidas y programas que se basan en la edad (inicio de la escuela, prestaciones, ayudas para personas desempleadas, etc.), las medidas que restringen los derechos humanos no pueden basarse en aspectos como la edad, el sexo o la procedencia. Además, las medidas basadas en la edad pueden aumentar la estigmatización de las personas mayores y refuerzan los estereotipos que existen en el imaginario colectivo.
Volviendo al informe “Time For A Un Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age”, vemos que estas medidas han implicado también que las personas mayores vieran mermado su derecho a la autonomía y a la libertad de elección. Según los expertos, se ha negado el derecho de las personas mayores a recibir información y tomar sus propias decisiones sobre los tratamientos médicos y se han establecido límites de edad en los protocolos de triaje. A pesar de que esta no era una práctica nueva, se ha hecho visible durante la pandemia cuando los hospitales de todo el mundo se han visto colapsados. En este caso, no solo se está negando el derecho a la autonomía de las personas mayores, sino que también se ha violado su derecho a la vida y a la salud. Además, tal y como se ha denunciado desde múltiples organizaciones, durante la pandemia, se ha negado el derecho a la salud a muchas personas mayores de distintas formas, como el acceso a tratamientos y pruebas médicas. En España, el “Estudio del impacto de la COVID-19 en las personas con enfermedad crónica», realizado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), afirma que casi siete de cada diez consultas de pacientes con patologías crónicas fueron canceladas como consecuencia de la pandemia de coronavirus y, de las que no sufrieron anulaciones, el 66% fueron aplazadas.
También las carencias que existen en los servicios de atención y cuidados se han puesto de manifiesto con esta crisis. A nivel global, se han suspendido muchos servicios de atención durante el confinamiento, lo que ha implicado que las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas dependientes no tuvieran el apoyo necesario. Además, distintas investigaciones apuntan que el personal de asistencia y cuidados no ha contado con la protección necesaria para realizar su trabajo y, en todo el mundo, se han detectado multitud de errores en la gestión de centros residenciales. En España, el duro informe de Médicos del Mundo “Poco, tarde y mal”, publicado en agosto, expone cómo la excesiva mortalidad de las personas mayores es consecuencia de los problemas estructurales y sistémicos del modelo de residencias.
Por último, es importante señalar que algunas de las medidas que se han adoptado para hacer frente a la crisis sanitaria han aumentado también el riesgo de sufrir violencia, abandono, discriminación o pobreza. El aislamiento ha implicado un mayor riesgo de violencia machista y ha dificultado la posibilidad de pedir ayuda y denunciar situaciones de violencia. Además, el cierre de algunos servicios básicos, como bancos, ha dejado a muchas personas mayores sin acceso a sus ingresos o prestaciones en algunas partes del mundo.
Como hemos visto a lo largo de este artículo, la violencia hacia las personas mayores se basa en unas creencias culturales y sociales aprendidas a lo largo de nuestra vida. Por ello, lo primero que debemos hacer para acabar con el abuso y el maltrato en la vejez es promover una actitud positiva hacia las personas mayores y cambiar la percepción que tenemos sobre ellas. Las personas mayores, al igual que cualquier grupo de edad, está formado por personas muy diversas y debemos huir de estereotipos que no se corresponden con la realidad. Es fundamental que tengamos en cuenta que estamos hablando de personas adultas, con capacidad de decisión y que tienen el derecho a decidir sobre su propia vida -también en situaciones de dependencia o discapacidad-. Debemos considerarlas parte activa de la población y reconocer su gran potencial económico, cultural y social.
Por ello, desde las instituciones públicas y las organizaciones sociales, se debe promover su participación en la sociedad y en la toma de decisiones y fomentar iniciativas que promuevan el envejecimiento activo, ya sea desde el fomento del empleo o la formación, como programas de actividades lúdicas y deportivas.
Asimismo, para que las personas mayores puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos, se debe fomentar el conocimiento sobre discriminación y maltrato hacia las personas mayores y los recursos existentes. Como hemos visto, el edadismo y la violencia hacia las personas mayores aún son problemas muy invisibilizados y, por ello, ante situaciones de violencia, abusos o discriminación puede que muchas personas no sepan reconocer dicha violencia o no sepan cómo actuar ni dónde denunciarla. Es muy importante que las personas mayores conozcan cuáles son sus derechos y poner a su disposición asistencia legal. Además, debemos tener en cuenta otros tipos de discriminación, especialmente la discriminación y violencia machista y crear recursos específicos para las mujeres mayores.
En el contexto de esta crisis, todas las instituciones públicas y organizaciones civiles deben trabajar para dar una respuesta inclusiva. Entre otras cosas, es importante asegurar que las personas mayores tengan acceso a la información sobre los riesgos a los que se enfrentan y cómo pueden protegerse de ellos para que puedan tomar sus propias decisiones de forma consciente y respetando las indicaciones de las instituciones competentes. Por otro lado, las estadísticas oficiales deben recopilar información y datos de calidad sobre el impacto que está teniendo la Covid-19 en las personas mayores, así como los efectos que está teniendo la pandemia en otros aspectos de su vida. Por último, es de vital importancia que los sistemas de salud garanticen a las personas mayores el acceso a los servicios médicos en igualdad de condiciones y prestar especial atención a las personas refugiadas o que viven en contextos especialmente graves.
Aún es difícil saber el impacto real que tendrá la pandemia de Covid-19 en las personas mayores a nivel global, pero sí sabemos que cualquier respuesta a la crisis debe basarse en la defensa de los derechos fundamentales. Para ello, es importante contar con las herramientas y estrategias necesarias a nivel nacional e internacional. Una convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores ayudaría a incorporar la perspectiva de edad en la toma de decisiones y sentaría las bases para futuras normativas nacionales que fomentaran la calidad de vida durante la vejez y un cambio en el modelo de cuidados y de asistencia sanitaria.
[https://www.age-platform.eu/sites/default/files/Discussion_Paper_COVID-19_Time_for_a_UN_Convention-Aug2020.pdf]
[https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/easing-of-covid19-lockdown-strategies-discriminates-against-older-people-around-the-world/]
[https://www.plataformadepacientes.org/sites/default/files/informe_covid19_final_web_ok.pdf]
[1] Barranco Avilés, M.C.; Vicente Echevarría, I. (2020). La discriminación por razón de edad en España. Conclusiones y recomendaciones para el contexto español desde un enfoque basado en derechos. HelpAge International España.
[2] Sleap,B.; Allen, R.; Byrnes, A..; Doron, I.; Georgantzi, N.; Mitchell, B. (2020). Time For A Un Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age [https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/easing-of-covid19-lockdown-strategies-discriminates-against-older-people-around-the-world/]
Mercedes Sastre, Universidad Complutense
Rosa Martínez y Susana Roldán, Universidad Rey Juan Carlos
El aumento de la esperanza de vida constituye un logro social histórico, pero plantea nuevas necesidades y retos. Uno de los principales es garantizar una atención adecuada a las personas dependientes. Para ello se requiere un sistema público de cuidados que permita afrontar situaciones que, por su naturaleza, no es fácil cubrir con recursos privados, incluso en familias con economías desahogadas. El buen funcionamiento del sistema de cuidados de larga duración (CLD) tiene un enorme impacto en el bienestar y la seguridad de las personas mayores, sus principales usuarios. Múltiples organismos internacionales han reconocido la importancia de desarrollar unas políticas que son parte crucial del llamado Cuarto Pilar del Estado de Bienestar.
España inició tardíamente la cobertura de esta necesidad social. Como en otros regímenes de bienestar familistas, el cuidado de las personas dependientes descansaba tradicionalmente en las familias, con una participación creciente de trabajadoras domésticas de origen extranjero contratadas generalmente en condiciones precarias. En suma, un cuidado básicamente informal y muy feminizado, con escasa presencia de la atención profesional y muy baja financiación pública. La aprobación en 2006 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD), puso en marcha un sistema público homologable al de otros países desarrollados, pero existe, tras trece años de andadura, una clara insatisfacción con los logros obtenidos.
Las deficiencias del sistema de cuidados han resultado más patentes tras la irrupción de la pandemia y los elevados índices de letalidad entre las personas mayores que viven en residencias, pero los problemas existían ya antes de la extensión del coronavirus. Este artículo hace un repaso del origen y desarrollo del sistema de atención a la dependencia en España, analizando la situación actual con un foco especial en los indicadores de los últimos meses, ya en plena era COVID. En la parte final se exponen las líneas de cambio que, a nuestro juicio, permitirían dotarnos en el futuro de un modelo mejor.
Tras décadas de práctica inexistencia de protección social en el ámbito de la atención a la dependencia, la aprobación de la Ley 39/2006 puso en marcha en España un sistema encaminado a garantizar, como derecho subjetivo, el cuidado de las personas que, por su edad y/o situaciones de enfermedad o discapacidad, necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria (alimentarse, vestirse, desplazarse, etc.). Hasta entonces, la atención a estas personas recaía en las familias, con un apoyo residual de los servicios sociales a las personas carentes de recursos. La financiación del cuidado en el nuevo sistema corre a cargo de la Administración Central, las comunidades autónomas y los propios usuarios a través de los copagos, que en ningún caso pueden suponer una barrera de acceso al sistema.
Los servicios previstos para atender a las personas dependientes incluyen la teleasistencia, la ayuda domiciliaria, los centros de día/ noche y la atención residencial, además de actuaciones preventivas y de refuerzo de la autonomía. Adicionalmente, existen tres tipos de ayudas económicas reguladas en la LAPAD: una para la contratación de un asistente personal (dirigida especialmente a los dependientes en edad activa), otra vinculada a la contratación de servicios de cuidado privados, para utilizar únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, y una última denominada prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF), diseñada en principio para un uso excepcional, pero que alcanzó finalmente un protagonismo excesivo y difícil de revertir en la práctica.
Gráfico 1. Número de personas dependientes con derecho reconocido atendidos y en lista de espera entre diciembre de 2008 y marzo de 2020
El Gráfico 1 permite apreciar las distintas etapas de desarrollo del sistema a partir de 2008, primer año con datos. La fase inicial fue de puesta en marcha y expansión del sistema, llegando a superar en 2011 el millón de dependientes reconocidos y unos 740.000 atendidos. Las cifras globales ocultan importantes diferencias regionales, con comunidades más renuentes que otras a la implantación efectiva del SAAD. La evolución global positiva se trunca en el período 2012-2014, trienio que supone una auténtica paralización del sistema, con un recorte de recursos y reformas restrictivas encaminados a reducir el gasto. El número de dependientes con derecho reconocido a la espera de recibir atención (el llamado limbo de la dependencia), se redujo en estos años debido fundamentalmente al freno a las nuevas entradas (ADGSS, 2020).
A partir de 2015, el sistema se reactiva con el fin del (prorrogado) plazo de implantación y la incorporación de los dependientes de grado I al sistema, si bien la lista de espera alcanza su máximo histórico a finales de 2016, con casi 350.000 personas. En ese mismo año la mayoría de las fuerzas parlamentarias suscriben el Pacto de Estado por la Dependencia, en el que se acuerda un aumento de la financiación y la reversión de algunas de las medidas restrictivas aplicadas en 2012. Parece clara la necesidad de dotar de más recursos al sistema, cuya puesta en marcha estuvo lastrada por la crisis económica y los recortes sociales. Desde el año 2018, sin embargo, se aprecia una cierta ralentización, atribuida por los expertos a las sucesivas prórrogas presupuestarias, que han impedido cumplir los aumentos de financiación acordados. En ese contexto irrumpe la crisis sanitaria originada por la expansión de coronavirus desde principios del año 2020, cuyo impacto en las cifras de la dependencia se analizará más adelante. Antes de entrar en esa cuestión, se aportan unas breves pinceladas sobre la situación del sistema a finales de 2019.
Al terminar diciembre de 2019, el SAAD sumaba 1.385.037 de personas con algún grado de dependencia reconocido, un 34% el grado I (dependencia moderada), un 37% el Grado II (dependencia severa) y un 29% el grado III (gran dependencia). De esta cifra, 1.115.183 personas recibían algún servicio o prestación al finalizar 2019, pero para casi 270.000 personas las ayudas aún no se habían materializado. La persistencia de esta lista de espera, en la cual fallecen más de 30.000 personas al año sin llegar a recibir la ayuda reconocida, constituye una de las grandes debilidades del sistema y una clara violación de los principios inspiradores de la ley 39/2006, pero existen otros dependientes destendidos por el sistema. El grave retraso en la gestión de los expedientes, superior al año en muchas CCAA (ADGSS 2020), significa que hay en todo momento unas 150.000 solicitudes pendientes de dictamen. Además, existe evidencia indirecta de que un número importante de personas potencialmente dependientes no llegan a solicitar las ayudas, lo que rebaja aún más la cobertura real del sistema[1].
Tabla 1. Ayudas del sistema de atención a la dependencia a finales de 2019
| Número de ayudas vigentes a 31-12-2019(1) | |
| Servicios directos | |
| Ayuda a domicilio | 250.318 |
| Teleasistencia | 246.617 |
| Atención residencial | 170.785 |
| Centro de día/noche | 96.748 |
| Promoción autonomía y prevención dependencia | 60.438 |
| Ayudas monetarias | |
| Prestación cuidado familiar (PECEF) | 426.938 |
| Prestación vinculada a servicio (PEVS) | 151.340 |
| Prestación asistente personal (PEAP) | 7.837 |
| TOTAL | 1.411.021 |
Notas: (1) Existen más ayudas que beneficiarios porque algunas ayudas como la teleasistencia son compatibles con otras.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISAAD.
La Tabla 1 muestra el tipo de ayudas vigentes al finalizar 2019, en la antesala de la pandemia. Señalemos que, del millón largo de beneficiarios que había en esa fecha, el 73% superaba los 65 años y un 41% eran mujeres de 80 o más años.
Como se refleja en los datos, la prestación más numerosa era la de cuidados en el entorno familiar, que, pese a su carácter teóricamente excepcional, aún recibían casi cuatro de cada diez beneficiarios. Este hecho constituye una de las principales disfunciones del sistema, ya que supone dejar en manos de las familias la responsabilidad del cuidado a cambio de una prestación muy exigua que, además, tiene un negativo impacto de género, pues la mayor parte del cuidado sigue siendo realizado por mujeres. Para las Administraciones Públicas constituye una solución de bajo coste, como muestra el dato que compara los porcentajes de beneficiarios y de coste total que suponen los cinco recursos principales del sistema: más del 38% de los beneficiarios son atendidos a través de la PECEF, pero estas ayudas, cuya cuantía media es de 247 euros/mes, solo suponen un 17% del coste total del sistema (ADGSS, 2020). Corregir esta situación requeriría una mayor inversión en servicios de proximidad (ayuda domiciliaria y centros de día), recursos actualmente infradotados y con baja intensidad horaria (la ayuda a domicilio proporcionada no supera las 12,5 horas semanales para un gran dependiente, la situación más extrema), así como ampliar la oferta de atención residencial para los casos más graves.
La atención residencial representa la situación opuesta a la PECEF: solo un 16% de los beneficiarios reciben cuidados en residencias públicas o concertadas, pero el coste de esas plazas representa casi la mitad del coste total del sistema (aunque las familias contribuyen al mismo con el copago). Las plazas disponibles en España por cada mil personas de 65 años son inferiores a las existentes en la mayoría de los países europeos (OCDE, 2019) y no cubren la demanda efectiva de atención residencial, por lo que algunas administraciones autonómicas han optado por potenciar (como situación transitoria o incluso definitiva) la prestación vinculada al servicio (PEVS), que fue concedida al 13% de los beneficiarios en 2019. Aunque el cheque-servicio puede cubrir también ayuda domiciliaria o centros de día, la ADGSS estima que entre el 70% y el 80% de las PEVS se utilizan como ayudas para financiar residencias privadas. Estas ayudas para residencias tienen una cuantía media de unos 550 euros al mes, por lo que las familias tienen que aportar de su bolsillo una parte sustancial del coste del cuidado (ADGSS, 2020).
La calidad de la atención residencial prestada a nuestros mayores ha estado en el punto de mira desde hace tiempo, cobrando un especial protagonismo durante la pandemia. Una debilidad clara del sistema es el tamaño excesivo de los centros, que dificulta la personalización del cuidado: más del 51% de las plazas se localiza en macro-residencias con más de 100 camas. Además, el modelo de atención no se ha renovado ni adaptado a las necesidades y preferencias de las personas mayores y sus familias, y existe un escaso control de la calidad de la atención prestada (comidas, espacios, atención sanitaria, ocio, etc.). Esto último resulta crucial si tenemos en cuenta que el sector público gestiona directamente solo una minoría de centros, pese a financiar (aunque de forma insuficiente) más de la mitad de las plazas disponibles, según los datos de la Estadística de Servicios Sociales dirigidos a las Personas Mayores elaborada por el IMSERSO.
La pandemia llego a España en un momento en el cual las cifras de la atención a la dependencia parecían mostrar una nueva ralentización, debido al retraso en la aprobación de los aumentos presupuestarios requeridos para agilizar y mejorar el sistema. En este contexto, resulta de interés analizar el efecto de la crisis del COVID sobre las grandes cifras del SAAD. Los datos de gestión más recientes del SAAD, aunque insuficientes para conocer a fondo el impacto real de la pandemia, sugieren ya algunos efectos importantes al menos en tres ámbitos: las solicitudes recibidas y resueltas, las prestaciones reconocidas y concedidas, y la estructura de las ayudas otorgadas.
El Gráfico 2 muestra que se ha producido un importante retroceso en los ocho meses transcurridos desde finales de enero hasta finales de agosto, tanto en las solicitudes como en las resoluciones de expedientes de valoración. La disminución se concentra en los meses de abril, mayo y junio, cuando el número de expedientes de solicitud activos disminuyó en casi 50.000 personas. La cifra de expedientes resueltos, por su parte, siguió una tendencia similar (la tasa de resolución se mantuvo constante en un valor próximo al 92%).
Gráfico 2. Solicitudes y resoluciones del sistema de atención a la dependencia
Existen varios factores que pueden explicar esta evolución. Por un lado, la reducción en el número de solicitudes podría reflejar una desconfianza en el sistema, especialmente acusada en el caso de la atención residencial, dadas las situaciones de precariedad puestas de manifiesto durante la primera ola de la pandemia. Por otro lado, el confinamiento pudo dificultar y retardar la presentación de solicitudes por parte de personas que querían hacerlo (aunque no se aprecia una clara recuperación de las cifras tras finalizar el estado de alarma). Por último, la reducción puede reflejar, en parte, el exceso de mortalidad de las personas ya registradas en el sistema al iniciarse la pandemia (ya que las cifras reflejan el número de expedientes activos, que cada mes se actualizan con las nuevas altas, pero descuentan las bajas).
A finales de agosto de 2020 había casi 1.350.000 personas en situación de dependencia reconocida, de las cuales 1.111.792 percibían alguna prestación o servicio. Las 234.577 restantes eran personas con derecho reconocido a la espera de recibir prestación. Ello implica una lista de espera del 17,4% de las personas con derecho a ayuda (Gráfico 3). Son tres puntos menos que en el mes de marzo, cuando casi el 20% de los dependientes se encontraban en el llamado limbo de la dependencia: unas 36.000 personas menos, por tanto.
Gráfico 3. Dependientes con derecho reconocido, dependientes atendidos y porcentaje de dependientes reconocidos en lista de espera para recibir servicios o prestaciones
La valoración de este descenso en la lista de espera debe hacerse con cuidado en un contexto de caída en el número de solicitudes, que implica menos presión sobre el sistema. Además, la disminución del limbo se debe, en parte, a los numerosos fallecimientos ocurridos en el período considerado. La propia AGDSS alerta de que en los primeros ocho meses de 2020 han fallecido 35.277 personas que formaban parte de la lista de espera, 5.000 más que la cifra total registrada en el conjunto del año 2019. El número de personas beneficiarias de ayuda es actualmente inferior en unas 10.000 personas al existente a finales del mes de marzo, lo que implica que las personas fallecidas no han sido ni siquiera reemplazadas por las que están en lista de espera. Ello entraña, a juicio de José Manuel Ramírez, el director de la ADGSS (Remacha y Oliveres, 2020), un recorte encubierto de los servicios de atención a la dependencia. Madrid es, seguida de Cataluña, la región en la que más ha disminuido la cifra de beneficiarios.
Desglosando por tipo de prestación o servicio se aprecia un claro retroceso de la atención residencial, con cerca de 15.000 usuarios menos en los meses considerados (una caída de casi un 9% sobre la cifra inicial), habiéndose reducido también en cierta medida el número de servicios de Ayuda a Domicilio y, sobre todo, la atención en Centros de Día. Paralelamente, ha aumentado en más de 15.000 el número de ayudas económicas para el cuidado en el entorno familiar y en más de 3.000 las ayudas para la contratación de servicios privados (Tabla 2).
Tabla 2. Número de prestaciones y servicios de atención a la dependencia por tipo (1)
| Ayuda a Domicilio | Centros Día/Noche | Atención Residencial | Prestación vinculada al servicio | Prestación cuidados entorno familiar | |
| Enero 2020 | 250.982 | 96.501 | 170.587 | 150.982 | 427.953 |
| Febrero 2020 | 251.812 | 96.527 | 171.119 | 152.650 | 429.060 |
| Marzo 2020 | 249.883 | 96.171 | 168.888 | 153.361 | 431.383 |
| Abril 2020 | 246.904 | 95.401 | 163.429 | 153.889 | 432.522 |
| Mayo 2020 | 243.508 | 94.649 | 157.045 | 152.012 | 434.964 |
| Junio 2020 | 243.917 | 93.709 | 154.924 | 153.010 | 439.579 |
| Julio 2020 | 245.390 | 92.720 | 155.405 | 154.517 | 443.200 |
| Agosto 2020 | 246.080 | 91.978 | 155.786 | 154.279 | 443.133 |
| Variación enero/agosto | -4.902 | -4.523 | -14.801 | +3.297 | +15.180 |
Notas: (1) Se excluyen las prestaciones por teleasistencia y prevención de la dependencia, que se otorgan casi siempre de forma complementarias a otras prestaciones, así como también la muy minoritaria prestación económica por asistente personal.
Fuente: Elaboración propia con datos del SISAAD.
En definitiva, en el actual contexto de crisis sanitaria se ha optado de nuevo por favorecer las PECEF en detrimento de los servicios profesionales. Como han señalado recientemente Navarro y Pazos (2020), durante el confinamiento no solo no se fortalecieron los servicios públicos de cuidado, sino que muchos se suspendieron. Así, se cerraron los centros de día para la atención a personas dependientes y se redujeron sustancialmente los servicios de ayuda a domicilio (en la Comunidad de Madrid se mantuvieron solo los servicios mínimos para los dependientes de grado III y para los de grado II sin apoyo familiar). Desde el lado de la demanda, cabe sospechar que la evolución de la mortalidad por COVID en las residencias de mayores, que agravó una situación que ya se venía denunciando como insostenible, hizo que muchas familias optaran por acoger en casa a sus dependientes.
La actual emergencia social acentúa el déficit estructural en materia de atención a la dependencia en nuestro país. Según los datos de la OCDE (2019), España dedica solamente el 0,7% del PIB a cuidados de larga duración (frente al 3,2% de Suecia, el 1,9% de Francia o el 1,5% de Alemania) y la situación sanitaria ha puesto de manifiesto la urgencia de desarrollar estos servicios esenciales que constituyen el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar.
El sistema actual, pese a establecer el derecho de las personas dependientes a ser atendidas, no garantiza una atención suficiente y de calidad, vulnerando los derechos de las personas implicadas que, en buena medida, se ven obligadas a suplir de manera individual las deficiencias del sistema. Parece imprescindible una transformación radical del modelo actual y el diseño de un nuevo sistema que subsane las deficiencias del actual. Para ello resulta esencial que el sistema se base en servicios prestados directamente por el sector público y cuente con los recursos económicos necesarios.
Como se expone con detalle en Martínez, Roldán y Sastre (2018), consideramos que el sistema debe basarse en los principios básicos de: i) carácter público, ii) universalidad, iii) cobertura y atención suficiente, iv) prestación directa de servicios, v) empleo público, vi) gratuidad del cuidado, vii) equidad de género, y viii) equidad interterritorial[2]. Todo ello requiere aumentar la inversión social y modificar el uso de los recursos públicos, para garantizar la universalidad real, aumentar la intensidad protectora y financiar con cargo a impuestos, sin copagos excluyentes, los cuidados ofrecidos por el sistema, cubriendo la participación de los usuarios los costes de alojamiento y manutención que entrañan las soluciones institucionales (centros de día, residencias, etc.), siempre en función del nivel de renta de los beneficiarios.
Paralelamente, es preciso reforzar y diversificar la oferta pública de servicios. El sistema propuesto excluye los pagos monetarios directos a los dependientes y sus cuidadores informales, por tratarse de uno de los elementos del diseño actual que más ha distorsionado su funcionamiento.
Estimaciones recientes (Navarro y Pazos, 2020) muestran que mejorar la cobertura actual del sistema en la línea de lo expuesto requeriría, además de proporcionar servicios a las personas en lista de espera y con expedientes en proceso de valoración (unas 430.000 a finales del 2019) y mejorar la intensidad y calidad de la atención prestada, incluir en el sistema a unas 400.000 personas dependientes que se estima que no han solicitado la ayuda por diversas razones. La implantación de un sistema como el descrito requeriría una importante inyección de recursos, en torno a los 11.680 millones euros según las estimaciones de Navarro y Pazos (2020), de los que se recuperarían 4.719 millones por impuestos y cotizaciones derivados de los nuevos empleos (aproximadamente medio millón). El potencial del sistema de atención a la dependencia como nicho de empleo digno, no contaminante, no deslocalizable y esencial para el bienestar constituye en sí mismo un argumento importante en un país como España, con un problema crónico de elevado desempleo.
Una reforma fiscal que redujese sustancialmente las numerosas, inconexas y a menudo regresivas desgravaciones fiscales relacionadas con la edad, la dependencia y la discapacidad podría lograr un ahorro fiscal de unos 2.140 millones de euros, lo que, teniendo en cuenta los retornos, podría llegar a rebajar sustancialmente la necesidad de recursos adicionales. Son cifras, obviamente, difíciles de asumir a corto plazo, y menos aún en el incierto escenario económico generado por la pandemia, pero resulta razonable si el cambio de sistema se implementa en un plazo temporal de unos 10 años, con un plan de choque para las mejoras más prioritarias.
5 – Conclusiones
El cuidado de las personas mayores dependientes en España constituye una necesidad social postergada a la que el sistema implantado tras la ley de Dependencia del año 2006 no ha conseguido dar respuesta. La cobertura real es baja, el proceso para obtener las ayudas, largo y farragoso, y los servicios prestados son insuficientes y no garantizan una atención adecuada. Se ha primado el cuidado informal en el seno del hogar como alternativa de bajo coste al desarrollo de unos servicios públicos bien dotados, tanto en entornos de proximidad (ayuda a domicilio y centros de día) como en residencias. Existen, además, grandes desigualdades territoriales en el funcionamiento del sistema y la información es escasa y no siempre homogénea.
La mejora en la calidad de la atención residencial constituye una necesidad prioritaria, ya que es el recurso que cubre a los dependientes más vulnerables. La elevada letalidad en estos centros durante la pandemia del COVID-19 avala las tesis de quienes vienen reclamando hace tiempo una revisión a fondo del modelo residencial, para hacerlo más atractivo y seguro. La infradotación de recursos del sistema de atención a la dependencia ha contribuido a agravar el impacto negativo de la pandemia en la vida de las personas mayores, debido al cierre de recursos de proximidad y al retroceso de una atención residencial a la que las familias miran ahora aún con mayor desconfianza.
Para revertir la situación se necesitan recursos económicos, pero también prioridad política. El coste de un buen sistema de atención a la dependencia es obviamente superior al del modelo actual, pero es asumible si se tienen en cuenta los importantes retornos en términos de empleo, económicos y financieros y se revisan los incentivos fiscales relacionados con la discapacidad y la dependencia. Es en último término la sociedad, a través del sistema político, la que debe decidir qué modelo de protección de la dependencia quiere y cuál es el precio que está dispuesta a pagar.
6 – Referencias
ADGSS (2020). XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia. Madrid: Asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
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Martínez, R., Roldán, S., & Sastre, M. (2020). “Dependencia, territorio y desigualdad”, en Ayala, L. & Ruiz-Huerta, J. [dirs.], Cuarto Informe sobre la Desigualdad en España (próxima publicación), Madrid: Fundación Alternativas.
Navarro, V., & Pazos, M. [coordinadores] (2020). El Cuarto Pilar del Estado del Bienestar: una propuesta para cubrir necesidades esenciales de cuidado, crear empleo y avanzar hacia la igualdad de género. Documento de Trabajo de la Universidad Pompeu Fabra. Recuperado de: https://www.upf.edu/documents/3943251/0/INFORME+-+4%C2%BA+Pilar+del+Estado+del+Bienestar/80828c07-ae14-8419-2225-f18c2744fb93
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Remacha, B. & Oliveres, V. (2020). “Las muertes de personas en espera de ayuda por dependencia durante la pandemia ya superan las de todo 2019”, elDiario.es, 15 septiembre 2020. https://www.eldiario.es/sociedad/muertes-personas-espera-ayuda-dependencia-durante-pandemia-superan_1_6223314.html
[1] Según estimaciones basadas en la Encuesta Nacional de Salud de 2017 (Martínez, Roldán y Sastre, 2020) en torno al 15% de la población mayor de 65 años estaría en condiciones de solicitar ayuda del sistema de dependencia, aproximadamente 1,4 millones de personas mayores dependientes. Extrapolando esta cifra a la población total obtendríamos una cifra global de dependientes potenciales de 1,9 millones de personas.
[2] Como se desarrolla con mayor detalle en Martínez, Roldán y Sastre (2020), la atención a la dependencia muestra grandes diferencias entre territorios, que generan situaciones contrarias al principio de igualdad.
Doctora en Sociología. Institute for Global Law and Policy (Harvard University) & Colaboradora Honorífica Instituto TRANSOC (Universidad Complutense de Madrid)
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El aumento de la longevidad es uno de los mayores logros de nuestra sociedad: no solo tenemos una esperanza de vida -83 años- muy superior a la mayoría de países, sino que cada vez son más numerosas las cohortes que llegan a edades avanzadas. En 2020, más de 9,2 millones de personas en España han alcanzado, al menos, los 65 años, y más de 2,8 millones superan los 80 (datos INE). Además, la experiencia de la vejez de estas personas dista enormemente de la de las vejeces del pasado pues, en su mayoría, llegan a avanzadas edades con condiciones físicas y económicas que les permiten experimentar una vejez autónoma e independiente.
La manifestación de esta independencia no debemos buscarla en una disminución de la población en residencias, pues en nuestro país siempre ha tenido un peso menor en la resolución de las necesidades habitacionales de los mayores (alrededor del 3,2%), sino en la creciente preferencia por permanecer en el propio hogar de forma independiente. Así, no solo se han reducido los hogares intergeneracionales, sino que mucho más han aumentado los hogares unipersonales entre los 65+[i]. La permanencia en el propio hogar a medida que se envejece ha recibido gran atención en la literatura internacional, bajo el concepto ageing in place (envejecer en el lugar o en la vivienda) que ha demostrado tener múltiples beneficios para la persona mayor.
Sin embargo, la cuestión de la vivienda ocupada no ha recibido la atención necesaria. Lo cierto es que, aunque la calidad residencial ha mejorado entre los mayores en los últimos años, determinados problemas no han sido aún resueltos para todos los hogares, poniendo en riesgo los beneficios de la permanencia en el entorno conocido o, incluso, la misma permanencia. Tampoco se reflexiona lo suficiente sobre el hecho de que no solo cambian los hogares (su forma, sus necesidades, capacidades y deseos), sino que también lo hace el entorno residencial.
Este artículo reflexiona sobre la importancia que tiene la vivienda en el proceso de envejecimiento y los diferentes desajustes que aparecen en el proceso de envejecer en relación con la vivienda y el entorno en España. Se plantean las dos dimensiones principales (que no únicas) que ponen en riesgo la continuidad en el entorno conocido y deseado por las personas que tienen más de 65 años en España (umbral establecido convencionalmente de entrada en la vejez).
En consonancia con la mayor longevidad y la mayor autonomía referidas, las personas prefieren vivir de forma autónoma en su propia vivienda hasta edades muy avanzadas, y si pueden, hasta el momento de su muerte [ii].
La preferencia a permanecer en casa a medida que se envejece no solo es mayoritaria, sino que es positiva para la salud y para el bienestar, incluso para quienes se encuentran en situación de dependencia[iii]. Además, permanecer en el lugar conocido cumple una importante función psicosocial, pues se configura como parte de la representación social [iv] y resulta fundamental en la autodefinición[v] [vi], anclando las identidades de las personas y generando un sentido de pertenencia [vii]. Su trascendencia es aún mayor durante la vejez, pues no solo es un elemento clave en la calidad de vida y bienestar [viii] [ix], sino que contribuye a situar la identidad durante esta etapa vital para la que no solemos estar preparados.
La cuestión identitaria es especialmente relevante debido a que la ausencia de socialización de cara a la vejez[x] hace que envejecer se convierta en un desafío para la identidad [xi], siendo difícil de definir y, en ocasiones, de afrontar. De ahí que la continuidad en el entorno conocido (donde conozco y me conocen) cumpla una función fundamental de conexión entre la vejez y las etapas anteriores y, por lo tanto, con la propia identidad.
Por último, el envejecimiento en el hogar implica una decisión activa y la expresión fáctica de un deseo, simbolizando así control sobre la propia vida y permitiendo experimentar la vejez como una etapa de continuidad, añadida a las demás y no yuxtapuesta[xii]. En este sentido, se considera que la permanencia en la vivienda, continuar siendo independiente y evitar la ruptura con esa identidad espacial es clave en la redefinición y experiencia en positivo de esa nueva vejez referida. Por último, que las personas mayores permanezcan en sus casas es la opción más económica para el Estado [xiii].
No obstante, las características de las viviendas ocupadas pueden convertirse en un impedimento para dicha permanencia y sus beneficios, teniendo la vivienda deficiente un efecto extremadamente negativo sobre la salud en la vejez y asociándose a una mayor morbilidad [xiv].
El análisis estadístico y el trabajo cualitativo[xv], que incluyó entrevistas y visitas a las viviendas, reveló aspectos relacionados con la habitabilidad de la misma, el edificio y el entorno que podían poner en serio peligro la continuidad en el espacio conocido y el bienestar. La primera dimensión serían las propias características y el estado de la vivienda, que, como señala la OMS, condicionan no solo la equidad social sino la sanitaria. En segundo lugar, nos encontramos con lo que hemos denominado la asequibilidad económica, afectada por los condicionantes de contexto (dimensión económica o coste de habitar) y con formas de solidaridad familiar descendiente que pueden reducir los recursos destinados al bienestar residencial.
A pesar de la mejora en materia de vivienda en el periodo 1991-2011[xvi], en investigaciones anteriores constatamos que, en España, 1.596.675 personas mayores de 65 años sufrían vulnerabilidad residencial extrema (el 20,1%)[xvii]. Esta situación de riesgo no venía determinada tanto por la acumulación de muchas carencias o categorías negativas de bajo impacto sino por la existencia de problemas muy graves de habitabilidad. Incluso cuando los problemas no se acumulaban, algunos mayores experimentaban problemas de gravedad que impediría cualquier bienestar en la vejez:
Tabla 1: Problemas detectados en las viviendas y número de personas mayores de 65 años a las que afectan (España, 2011)
Puesto que aún no tenemos un nuevo Censo, desconocemos si estos datos han mejorado. No obstante, es poco probable que hayan podido solucionar aquellos problemas de gravedad que no se solucionaron durante la vida laboral. Por otra parte, la consulta de otras estadísticas, y aun no existiendo variables comparables, ponen en duda esta posibilidad. Según la EU-SILC, en 2018, más de 55.000 personas mayores en España (el 0,6%) sufrían graves carencias en su vivienda, aumentado hasta el 1,8% de quienes vivían bajo el umbral de la pobreza. Además, más de 18.000 carecen tanto de inodoro como de bañera o ducha en el interior de su vivienda (el 0,4% de quienes sufrían más pobreza) y el 13,5% del total de personas mayores sufren goteras, humedades o podredumbre, y la cifra se eleva hasta los 20,6% para quienes están bajo el umbral de pobreza y tienen más de 65 años.
Las personas mayores que sufren estas condiciones tan extremas de privación residencial y no cuentan con mecanismos (o recursos) para solucionarlas, desarrollan a menudo diferentes mecanismos de autodefensa. El acercamiento cualitativo permitió constatar una fuerte disonancia con la percepción o dimensión subjetiva de la vivienda: las personas afectadas por condiciones residenciales que ponían en riesgo la continuidad en el entorno conocido minimizaban su impacto en la vida cotidiana e, incluso, consideraban las condiciones de la vivienda mejores de lo que eran desde un punto de vista objetivo. En ocasiones, esta percepción era el resultado del contraste o contraposición con la historia residencial previa. Por ejemplo, haber vivido situaciones de exclusión residencial (especialmente en el caso del chabolismo) se planteaba como una mejora inequívoca en la situación personal, minimizando así el impacto de situaciones residenciales objetivamente intolerables. En otras ocasiones, la negación del problema surgía para evitar el riesgo de perder la autonomía e incluso, como un mecanismo de defensa psicológica ante la situación de vulnerabilidad. Esta podía ser tan extrema que las personas que la sufrían no solicitaban ayudas públicas a las que hubieran podido acceder, entre otras cosas, por vergüenza o por reducir el riesgo a ser sacados de su hogar. Por último, se constató que, a mayor apego, mejor consideración subjetiva de la vivienda, pero especialmente, mayor rechazo a reconocer la mala situación objetiva de la vivienda.
Esta dimensión refiere los gastos relacionados con la vivienda y su mantenimiento, incluyendo tanto costes derivados de la propia tenencia (alquiler o pagos de hipoteca pendientes), el habitar (servicios como el agua, la luz…) como otro tipo de gastos planificables (IBI, gastos de comunidad) o inesperados (derramas o rehabilitación tanto de la vivienda como del edificio). Cabría pensar que la seguridad económica que potencialmente proporcionaría la pensión permite afrontar con soltura estas cuestiones al conjunto de los mayores, pero esto no es cierto para todos ellos: el 3,7% de los 65+ sufren sobrecarga del costo la vivienda, cifra que aumenta hasta el 16,5% entre aquellos bajo el umbral de la pobreza (Eurostat-SILC). Además, el 43,9% de los mayores experimenta al menos cierta dificultad para llegar a fin de mes (ECV, INE).
Más complejas de cuantificar resultan otras cuestiones. Concretamente, lo que denominaremos sobrecoste de la localización apareció en varios testimonios como una amenaza a la continuidad en el barrio. Este sobrecoste se presenta asociado al habitar en algunas ciudades, pudiendo aumentar en función de la localización concreta de la vivienda en la ciudad y como resultado de algunos procesos urbanos, como la gentrificación y la turistificación. Cuando un espacio sufre este cambio poblacional, es habitual que el tejido comercial pierda su carácter previo y se adecúe a las demandas de la nueva población, dejando de dar cobertura a las necesidades de los mayores que viven en el área. Ejemplo serían la sustitución de comercios tradicionales por comercios gourmet, poco asequibles, por comercios étnicos (económicamente accesibles, pero con una oferta que no da respuesta a la demanda de las personas mayores) o por comercio especializado y de grandes superficies que sustituye al comercio de proximidad. Esto provoca largos desplazamientos para la compra diaria o un encarecimiento de la cesta de la compra inasumible para ciertas economías. En definitiva, los mayores quedan aislados económicamente. Este tipo de aislamiento puede suponer, en el largo plazo, un inevitable abandono del barrio.
La dimensión más económica del habitar puede verse afectada por efectos derivados de la solidaridad familiar (rasgo característico estructural de la sociedad española) al reducir los recursos propios. Ante las necesidades de los descendientes (desempleo, un revés económico, una separación) la cantidad de recursos económicos disponibles para mejorar o rehabilitar la vivienda o dar respuesta a nuevas necesidades, queda reducida. En ocasiones, la manifestación de la solidaridad familiar va más allá de la transferencia económica puntual y puede producirse la vuelta al hogar de hijos ya emancipados, en ocasiones acompañados de sus propias familias, con la consiguiente reducción en los recursos del hogar mayor. Una última manifestación constatada entre personas de mejor situación socioeconómica sería la pérdida de recursos inmobiliarios al ceder la segunda residencia a los hijos en necesidad de vivienda, lo que supone dejar de contar con una posible forma de financiar necesidades que surgen en la vejez.
Las personas mayores desean y deciden permanecer independientes y, a poder ser, en su vivienda, frente a otras opciones o alternativas residenciales. Como hemos señalado, esta permanencia tiene numerosos aspectos positivos. Sin embargo, no todas las viviendas reúnen las características necesarias para que esta permanencia sea positiva o posible. Algunas viviendas no reúnen características adecuadas para un envejecimiento de calidad, y un número nada desdeñable incumple los parámetros mínimos para residir en ellas. Por otra parte, e incluso sin analizar las características urbanísticas del entorno y la accesibilidad, a veces la permanencia en el entorno no es posible debido a procesos ocultos de expulsión derivados de la lógica económica.
Cuando analizamos la situación residencial de las personas que tienen más de 65 años, estamos haciendo referencia al proceso vital de habitar. Esto significa que la referencia sincrónica contiene en realidad un proceso social y temporal de amplio alcance: es el resultado de una trayectoria residencial durante el ciclo del hogar que no siempre ha podido ser resuelta de forma efectiva. Obviar esta realidad supone dejar de lado las necesidades de un grupo amplio de población: en la heterogeneidad del grupo 65+, cada vez más numeroso, se esconden situaciones residenciales diversas, no siempre adecuadas y que ponen en riesgo el deseo de continuar en el espacio deseado, con las consecuencias que eso tendría en el bienestar de estas personas y en su identidad espacial y personal. El hecho de llevar toda una vida en el sistema residencial parece no ser una garantía para tener una vivienda adecuada y de calidad. Esta es una cuestión clave al reflexionar sobre la situación de las personas mayores y sobre su capacidad para continuar formando parte del entorno que conocen (y donde son reconocidos).
Las reflexiones que se han presentado invitan a repensar la forma en la que se deben abordar las necesidades residenciales en la vejez, en la importancia que tienen para la permanencia en la vivienda y el espacio conocido de las personas mayores y qué mecanismos, objetivos o subjetivos, pueden estar interviniendo en las relaciones disfuncionales que un grupo de personas experimenta con su vivienda durante la vejez.
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Valera, S., & Pol, E. (1994). El concepto de identidad social urbana: una aproximación entre la psicología social y la psicología ambiental. Anuario de psicología/The UB Journal of psychology, (62), 5-24.
Zamora, F., Barrios, L., Lebrusán, I., Parant, A., & Delgado, M. «Households of the elderly in Spain: Between solitude and family solidarities.» Ageing, Lifestyles and Economic Crises. Routledge, 2017. 135-148.
[i] Zamora López, F., Barrios, L., Lebrusán, I., Parant, A., & Delgado, M. «Households of the elderly in Spain: Between solitude and family solidarities.» Ageing, Lifestyles and Economic Crises. Routledge, 2017. 135-148.
[ii] Fernández-Carro, C. (2014) ‘Ageing in Place’ in Europe a multidimensional approach to independent living in later life. Universitat Autònoma de Barcelona.
[iii] Pinzón-Pulido, S. A. (2016). Atención residencial vs. atención domiciliaria en la provisión de cuidados de larga duración a personas mayores en situación de dependencia. Tesis doctoral. Sevilla: Universidad de Sevilla
[iv] Milgram, S. (1984). Cities as social representations. Social representations, 289-309.
[v] Proshansky, H., Fabian A., & Kaminoff, R. (1983). Place identity: Physical world socialization of the self. Journal of Environmental Psychology 3. 57-83.
[vi] Valera, S., & Pol, E. (1994). El concepto de identidad social urbana: una aproximación entre la psicología social y la psicología ambiental. Anuario de psicología/The UB Journal of psychology, (62), 5-24.
[vii] Preece, J. (2020). Belonging in working-class neighbourhoods: dis-identification, territorialisation and biographies of people and place. Urban Studies, 57(4), 827-843.
[viii] Rowles, G. D. (1993). Evolving images of place in aging and ‘aging in place’. Generations, 17(2), 65-70.
[ix] Oswald, F., & Kaspar, R. (2012). On the quantitative assessment of perceived housing in later life. Journal of Housing for the Elderly, 26(1-3), 72-93.
[x] Rosow, I. (1974). Socialization to old age. Univ of California Press.
[xi] Caradec, V. (2012). Sociologie de la vieillesse et du vieillissement. París. Armand Colin.
[xii] Lebrusán Murillo, I.: La vivienda en la vejez: problemas y estrategias para envejecer en sociedad. Politeya: estudios de política y sociedad, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 243 p. ISBN: 978-84-00-10546-4
[xiii] Oldman, C. (2003). Devicing, theorizing and self-justification a critique of independent living. Critical Social Policy 23:44-62.
[xiv] Saiegh, B. (2012). Relación entre las condiciones de la vivienda y mortalidad en la población española mayor de 65 años. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos.
[xv] Se realizaron 41 entrevistas y un grupo de discusión.
[xvi] Lebrusán Murillo, I. (2015) «La inadecuación residencial después de los 65 años: carencias en viviendas que no se adaptan.» Documentación social 176: 37-54.
[xvii] Lebrusán Murillo, I.: La vivienda en la vejez: problemas y estrategias para envejecer en sociedad. Politeya: estudios de política y sociedad, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 243 p. ISBN: 978-84-00-10546-4
[xviii] Ibídem
Andrea Jarabo Torrijos, Responsable de Comunicación e Incidencia de Provivienda.
Josune Huidobro Rodríguez, Responsable de Operaciones de Provivienda.
Puedes encontrar a Provivienda en Twitter, Facebook y Linkedin.
La crisis sanitaria de la Covid-19 se convirtió rápidamente en crisis social, en la que la vivienda ha tenido un papel clave. Este gráfico ilustra parte de los 4.681 seguimientos que realizamos durante el Estado de Alarma, en los que no solo cambiaba la realidad material de las personas con las que trabajamos, también la forma en la que los equipos la afrontan. El #Quédateencasa se extendió a todas las personas, también a aquellas que sufren exclusión residencial, y resultaba preocupante cómo afectaría el confinamiento o la paralización de plazos judiciales y administrativos. En un contexto preCovid el hacinamiento afectaba al 16,4% de la población con la que trabajamos, y el 61% de esta población no contaba con calefacción para todas las estancias de su vivienda (Provivienda, 2019). La mitad de la población atendida percibía sus viviendas deficitarias en cuanto a mantenimiento y conservación, y dos de cada diez manifestaron que dichas deficiencias eran notables (Provivienda, 2019). La importancia de esta situación de partida se reflejó en los seguimientos de situaciones de hacinamiento, pobreza energética, o problemas para pagar la renta o suministros.
La vulnerabilidad residencial se relaciona con problemas de bienestar social y emocional (Provivienda, 2019; 2018), por lo que detectar situaciones de ansiedad, soledad no deseada o sensación de falta de control fue clave para orientar nuestra intervención durante estos meses, así como evaluar problemas relacionados con la información (confusión, fiabilidad, sobreinformación…). Es por eso, que el acompañamiento social telefónico, la escucha activa y empática, o el acercamiento a la información sobre medidas y recursos resultó especialmente necesario en este contexto. La preocupación por la pérdida de empleo o la imposibilidad de realizar trabajos de economía sumergida, y el no disponer de recursos para cubrir necesidades básicas, sobresalen como principales problemas a la finalización del confinamiento. Los miedos a perder la vivienda o a cortes de suministros son una realidad ligada a la falta de capacidad de pago.
Actualmente, encontramos un aumento de contagios que, si bien enfrenta otros interrogantes, aparece con lecciones aprendidas que deberíamos responder desde las políticas públicas: ¿cómo mitigar los problemas de vivienda en nuevos confinamientos? ¿Cómo afrontar la falta de información, su complejidad y las dificultades burocráticas en el acceso a recursos? ¿Cómo mitigar la pérdida de ingresos en familias que han quedado fuera de las medidas ligadas a la COVID?
Con el recorrido de estos seis meses, hemos modificado nuestra intervención, adaptándola a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad residencial. Sin embargo, no podemos permitirnos que esta gráfica se replique nuevamente a final de este año: las políticas públicas deben tomar nota de lo que ha ocurrido para evitar dejar atrás a las personas más vulnerables.
Provivienda (2018). Cuando la casa nos enferma: la vivienda como cuestión de salud pública. Madrid: Provivienda. Disponible en: https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/INFORME-CUANDO-LA-CASA-NOS-ENFERMA-1.pdf
Provivienda (2019). Cuando la casa nos enferma: impactos en el bienestar social y emocional. Madrid: Provivienda. Disponible en: https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/Informe-Cuando-la-casa-nos-enferma-II.pdf
Sociólogo
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Thomas Piketty
Capital e ideología
Traducción de Daniel Fuentes Castro
Editorial Planeta, 2019
La economía es una ciencia social. La modelización matemática, la estadística, la teoría de juegos, son herramientas valiosas para la práctica de la ciencia económica, pero no son la economía. En febrero de 2001, elaborado en el contexto del Foro Social de Porto Alegre, el destacado economista y activista por la justicia global René Passet publicaba en Le Monde Diplomatique su “Manifeste pour une économie à finalité humaine” (Manifiesto por una economía con finalidad humana) en el que reclamaba una acción política tendiente a poner la economía en su lugar, al servicio de la comunidad humana, donde encuentra su sentido y su Dignidad.
El último libro de Piketty es, en gran medida, una prolongación de su influyente El capital en el siglo XXI (Fondo de Cultura Económica 2014; edición original en francés, 2013), aunque puede leerse perfectamente de forma independiente. Como su antecesor, Capital e ideología es un excelente, imprescindible ejercicio de análisis económico en el sentido pasettiano: una investigación con una relevante fundamentación empírica, pero que contiene mucha y muy buena sociología. Un libro que, sin perder ni un ápice de cientificidad, está al servicio de la construcción de una comunidad humana decente.
Comparto aquí cuatro notas para recomendar la lectura de un libro monumental y complejo. Me limitaré a dar algunas pinceladas sobre su diagnóstico, pero el libro también contiene una propuesta de socialismo participativo para el siglo XXI. Los datos usados en este libro provienen de la World Inequality Database (http://WID.world). Las lectoras y lectores que deseen obtener información detallada sobre las fuentes históricas, las referencias bibliográficas y los métodos utilizados en este libro pueden consultar el apéndice técnico disponible online: http://piketty.pse.ens.fr/files/AnnexeKIdeologie.pdf . Todas las series estadísticas, gráficos y tablas que se presentan en el libro también están disponibles online: http://piketty.pse.ens.fr/ideologie .
[1] Todas las sociedades necesitan justificar sus desigualdades. No es suficiente la violencia para sostenerlas. Sin esta justificación, que debe aspirar a presentarse como razonable y legítima, el sistema social estará en permanente riesgo de derrumbe. Esta es la función de la ideología, un conjunto de ideas y de discursos a priori plausibles y que tienen la finalidad de describir el modo en que debería de estructurarse una sociedad, tanto en su dimensión social como económica y política.
Los dos elementos fundamentales de esta justificación son: una teoría de las fronteras (quién forma parte de la comunidad y quien está excluido de esta, cuál es el territorio en el que se inscribe, qué relaciones debe mantener con otras comunidades y territorios) y una teoría de la propiedad (qué se puede poseer privadamente, para qué, hasta cuándo, y qué relaciones se establecen entre propietarios y no propietarios). Aunque las élites intentan siempre naturalizar las desigualdades para hacerlas incuestionables, estas son siempre un artificio socialmente construido. La desigualdad es siempre una cuestión ideológica y política.
En nuestras sociedades, el relato o la ideología justificativa de las desigualdades es de carácter propietarista y meritocrático: una ideología antigua a la que todas las élites han recurrido de una u otra manera para justificar su posición, en cualquier época y lugar. La diferencia es que la culpabilización de los más pobres ha aumentado a lo largo de la historia, hasta constituir uno de los principales rasgos distintivos del actual régimen desigualitario.
[II] Ya experimentó una crisis profunda tras la II Guerra Mundial, cuando la mayoría de los países industrializados desarrolló a gran escala un sistema de impuestos progresivos sobre la renta y sobre las herencias que redujo considerablemente la desigualdad socioeconómica. Como se observa en el gráfico, a mediados del siglo XX la progresividad fiscal fue más que considerable, especialmente en EEUU y el Reino Unido.
En ese mismo periodo la desigualdad (medida por la participación del 10 % de la población con mayor renta en la renta nacional) disminuyó sensiblemente entre 1950 y 1980, para volver a aumentar a partir de esta fecha hasta alcanzar en EEUU niveles similares a los de principios del siglo XX.
Y algo muy importante: El ascenso del Estado fiscal no sólo no impidió el crecimiento económico, sino que, por el contrario, fue un elemento central del proceso de modernización y de la estrategia de desarrollo llevada a cabo en Europa y en Estados Unidos durante el siglo XX. Los nuevos ingresos fiscales permitieron financiar gastos esenciales para el desarrollo, en particular una inversión masiva y relativamente igualitaria en educación y sanidad (o, al menos, mucho más masiva e igualitaria que todo lo que se había hecho previamente), así como gastos sociales esenciales para hacer frente al envejecimiento (como las pensiones) y estabilizar la economía y la sociedad en caso de recesión (como el seguro de desempleo).
[III] Piketty sostiene que los partidos socialdemócratas, socialistas o laboristas, a pesar de haber protagonizado la política igualitarista tras la II GM, nunca han desarrollado una doctrina consistente sobre la cuestión de la fiscalidad justa. En su opinión, el desarrollo espectacular de la progresividad fiscal sobre la renta y las herencias durante los años 1914-1945 se desarrolló generalmente con urgencia, sin una verdadera apropiación intelectual y política, lo que explica en parte la fragilidad de su materialización institucional y su cuestionamiento a partir de la década de 1980.
En particular, la carencia de un auténtico proyecto internacionalista y su apoyo acrítico de la globalización y la liberalización completa de los flujos de capital se ha convertido en el caballo de Troya de la socialdemocracia.
De este modo, entre 1980 y 2010 la participación del 50 % más pobre en Europa occidental pasó del 26 % de la renta total a un 23 %, mientras que la participación del 1 % más rico ha pasado del 7 % al 10 % de la renta total. Por su parte, en EEUU la diferencia entre la renta media del 50 % más pobre y la del 1 % más rico era, en 1970, de 1 a 26 (15.200 vs. 403.000 dólares por año y adulto), diferencia que en 2015 pasó a ser de 1 a 81 (16.200 vs 1.305.000 dólares).
En conjunto, desde 1980 es evidente el aumento de las desigualdades en todo el mundo, aunque su magnitud varía mucho de unos países a otros. En la mayoría de las regiones del mundo, ya sea la Europa socialdemócrata, Estados Unidos, la India o China, se ha experimentado una vuelta a la desigualdad desde 1980, con un fuerte aumento del porcentaje de la renta total en manos del 10 por ciento de la población con mayores ingresos y una disminución significativa del porcentaje que recibe el 50 por ciento más pobre.
[IV] ¿Cómo explicar que en esta situación de crecimiento de las desigualdades la socialdemocracia se enfrente a una crisis que parece terminal? En este punto, el más interesante y novedoso del libro (al fin y al cabo, la cuestión del aumento de la desigualdad es el tema de su anterior libro, El capital en el siglo XXI), el Piketty economista cede la voz al Piketty sociólogo.
De manera sintética: los partidos socialistas europeos y el partido demócrata en EEUU han pasado de ser el partido de los trabajadores a convertirse en el partido de los titulados. Piketty ya ofreció un adelanto de esta idea en su trabajo de 2018 Brahmin Left vs Merchant Right:Rising Inequality & the Changing Structure of Political Conflict (http://www.piketty.pse.ens.fr/files/Piketty2018.pdf).
Este desencuentro/alejamiento entre las clases populares y la izquierda tradicional ha dejado un espacio para el surgimiento y/o el reforzamiento de propuestas nativistas y xenófobas: el sentimiento de abandono de las clases populares frente a los partidos socialdemócratas ha sido un terreno fértil para los discursos contrarios a la inmigración y favorables a las ideologías nativistas. Mientras no se corrija la ausencia de ambición redistributiva, que está en el origen de ese sentimiento de abandono, es difícil ver qué puede impedir que se siga explotando ese terreno.
Y hasta aquí puedo contar. Un libro fundamental, en torno al que deberíamos abrir una extensa e intensa conversación. Nos jugamos mucho.
