Durante este verano hemos sido testigos, a veces mudos y la mayoría de ellas indignados, de algunos episodios extremos de crueldad política y humanitaria al respecto de la inmigración. Nos referimos a las odiseas de algunos de los barcos que las ONGs tienen en el Mediterráneo desarrollando labores de rescate de personas en el mar, labor que debieran estar haciendo los estados.
Sabemos que se trata solo de la punta del iceberg, de casos absolutamente extremos de un fenómeno social como el de la movilidad humana, sea esta por motivos económicos o políticos. Y sabemos además que los hay aún peores, protagonizados por aquellos que ni siquiera han podido ser rescatados y han dejado sus sueños y su vida en el mar.
Tirando del hilo de esa indignación que vivimos al ver como determinados gobiernos de la Europa democrática y desarrollada, y aún más la propia Unión Europea en su conjunto, actúan de una manera tan cruel e inhumana, queríamos poner en valor la vieja virtud de la hospitalidad.
Somos conscientes que el tema de la inmigración es complejo, que tiene multitud de caras y que su gestión cotidiana no es sencilla. Que es necesaria una acción concertada de todos los gobiernos y de la propia UE. Pero creemos firmemente que esa política común o parte del principio de hospitalidad o está condenada al fracaso.
La vieja Europa o es hospitalaria o no es, y la hospitalidad consiste en acoger primero y preguntar después. En no permitir que el viajero duerma en la calle, en tanto haya camas libres. Y de camas libres Europa va sobrada, entre otras cosas porque las ha obtenido en buen medida a costa de explotar (antes y ahora) los recursos de esos países de los que ahora vienen los viajeros.
En tiempos como estos en los que, como respuesta al hastío, se retoma lo identitario, tenemos por delante una batalla que dar. No se trata de negar las identidades, sino de aprender que estas se pueden construir bien como castillo a defender, bien como riqueza a compartir.
Y la hospitalidad es una seña de identidad europea, hacer de las nuestras, tierras de refugio y acogida se convierte en una de esas valiosas riquezas. Nos enfrentamos a un asunto básico, previo, en el que se juega ni más ni menos que la vida o la muerte.
Podemos empeñarnos en contemplar la realidad encaramados a la almena de nuestro castillo, y mientras tanto a sus pies seguirán acumulándose, literalmente, los cadáveres de aquellos que se acercan. Y que no nos quepa la menor duda, la podredumbre generada a base de hacer política jugando con las vidas humanas, terminará por pudrir los cimientos del castillo. Lo recordaba Carlos Álvarez:
Cuando el hambre madura,
no hay barrotes ni murallas.
Los barrotes se sacuden
y las murallas se saltan.
Sociólogo, Director del área de Acción Social de Cáritas Española
Según se recoge en el III Plan Estratégico de la Plataforma del Tercer Sector: el Tercer Sector de Acción Social es el ámbito formado por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando, por medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar.
Más allá de la definición formal, hablar del Tercer Sector, es referirnos a entidades con forma jurídica propia (asociación o fundación, en la mayoría de los casos), sin ánimo de lucro y «fuera del sector público», que desarrollan proyectos (de atención directa, de sensibilización, de incidencia política…) orientados al bienestar y a los derechos de la ciudadanía (la lucha contra la pobreza, la exclusión, la discriminación…).
Cabe destacar también el carácter voluntario de estas entidades, pues la mayoría de ellas cuenta con la participación de un significativo número de personas voluntarias (en torno a 2,5 millones en total). Ahora bien, son muchas las organizaciones que además cuentan con personal remunerado; es más, un proceso significativo que ha tenido lugar a lo largo de las últimas décadas, ha sido la profesionalización de determinados puestos y servicios propios de estas entidades.
Sobre esta cuestión se han generado gran cantidad de debates y reflexiones, por lo que no trataremos con este texto ni de reabrir, ni de cerrar de manera definitiva dicha cuestión. Daremos por hecho que, en la medida en la que esta profesionalización conlleva una mejora de las iniciativas desarrolladas, de los servicios prestados a quienes más los necesitan y de la gestión de (casi siempre escasos) recursos con los que se cuentan para ello, debe considerarse una buena noticia[1].
Este proceso se ha visto reforzado también por cierta tendencia a la sofisticación de las propias entidades. No es extraño, por ello, que algunas organizaciones soliciten apoyo a empresas especializadas para que les ayuden a trabajar sobre certificaciones de calidad, herramientas de gestión, definición de un plan estratégico, medidas para una mayor transparencia económica, estrategias para la sostenibilidad, campañas de comunicación y de captación de fondos, medición del impacto…
Y, en un nuevo acto de confianza, reconocemos que todo ello es imprescindible en la medida en la que no se lleva a cabo como mera cuestión formal o estética, sino que pretende un mejor funcionamiento, una mejor atención a sus destinatarios y una mejor rendición de cuentas.
Ahora bien, insistiendo de nuevo en la necesidad de todo ello (evitemos así caer en la tentación de la demagogia más burda), sugiero un proceso de reflexión y revisión complementaria que nos ayude a mejorar cuestiones también fundamentales para las entidades del Tercer Sector; de cara a no renunciar –por olvido o distracción –al sentido último que tiene la sociedad civil cuando se organiza en favor del bien común.
Dado el carácter de fondo de las cuestiones que se van a plantear, se recomienda llevar a cabo este proceso de reflexión de manera sosegada, íntima y periódica… es decir, como esos exámenes de conciencia de los que hablaban algunas abuelas.
Consideramos que tiene sentido abordar estos dilemas en los distintos espacios en los que se estructura la entidad: tanto en los órganos de máxima decisión, como en el grupo local de voluntariado, ya que, aun con diferente nivel de responsabilidad, el sentido y la estrategia debería construirse desde todos estos lugares.
La propuesta es revisar los siguientes dilemas:
Sí, efectivamente, reconozcamos la trampa tendida a quien está leyendo este artículo: en los cuatro dilemas propuestos, ambas posiciones pueden ser compatibles e incluso deseables, por lo tanto, obligar a elegir (y a descartar una de las opciones) es tramposo e incluso irresponsable. Por ello, no debemos entenderlos como decisiones excluyentes, sino como tendencias en la que podamos identificar a qué dedicamos más tiempo, recursos, esfuerzo, motivaciones…
Además, cabe señalar que estas cuestiones son menos relevantes en el caso aquellas entidades en las que destinatarios y socios coinciden (las llamadas «asociaciones de usuarios»).
Hechas las aclaraciones, vayamos a ello:
Dilema 1
El primer aspecto sobre el que reflexionar responde a una pregunta de sentido: ¿para quién?
Imaginemos una comarca rural en la que hay un único Centro de salud. Imaginemos también que, por diferentes motivos, este dispositivo se cierra. No resulta complicado entender quiénes son los principales perjudicados de esta decisión.
Traslademos ahora esta cuestión al Tercer Sector: ¿Quiénes son las personas más afectadas en caso de que tuviéramos que cerrar nuestra entidad? ¿Serían los destinatarios, las personas contratadas, las voluntarias…?
Sí, es cierto que el médico también se vería perjudicado en la situación hipotética mencionada, pero, resulta evidente que, en términos cuantitativos y cualitativos, las peores consecuencias serían para los vecinos que dejarían de contar con un servicio que les resulta imprescindible.
En el Tercer Sector, periódicamente debemos formularnos esta pregunta y tratar de responderla con honestidad pues, la auto-referencialidad supone un riesgo a tener en cuenta.
Dilema 2
En ocasiones las entidades buscan espacios de relación con la Administración Pública. Entre otras cosas, para recordar que la garantía de derechos es competencia pública pues, de lo contrario, se asume el riesgo de la arbitrariedad.
En ocasiones también, el objetivo de estos espacios de trabajo es solicitar una serie de ventajas para el funcionamiento de la propia entidad.
Como ya se ha mencionado anteriormente, ambos objetivos son legítimos e incluso recomendables en la medida en la que permitan a las entidades dar un mejor servicio a sus destinatarios.
Ahora bien, si los espacios de trabajo están orientados al interés propio en lugar de a la incidencia (cambio de políticas públicas en favor de los destinatarios) aparece de nuevo la tentación de «ser para nosotros mismos».
Dilema 3
Son muchas las personas y entidades implicadas de manera habitual en nuestro ámbito de trabajo y en los procesos en los que nos vemos inmersos; tanto internos, como externos (personas contratadas y voluntarias, personas atendidas, Administración pública, empresas, socios y donantes, medios de comunicación…).
Interactuamos con todas ellas. Ahora bien, no a todas les pedimos, les proponemos o incluso, les exigimos el mismo nivel de cambio en sus conductas cotidianas.
Deberíamos preguntarnos por tanto si estamos orientados a promover la adaptación individual a un modelo que no cuestionamos y, por ende, no queremos transformar.
Dilema 4
Por último, y en parte relacionado con el dilema anterior, una de las asignaturas pendientes (a pesar de los avances producidos en los últimos años) tiene que ver con la participación de los destinatarios en las propias organizaciones.
Las personas contratadas y voluntarias que integran las mismas, tienen capacidad de decidir sobre su funcionamiento y orientación. No solo acuden a ejecutar sino también (en mayor medida) a proponer, evaluar, organizar… los proyectos e incluso cuestiones estratégicas de la propia entidad.
¿Tienen esa posibilidad las personas atendidas o son (les reducimos a) meros receptores de bienes o servicios?
En resumen, el Tercer Sector debe velar periódicamente por evitar la tentación de convertirse en una estructura orientada a la gestión de su propia subsistencia. Su dimensión política (el bien común) solo se consolida en la medida en la que se centre en las personas destinatarias, en el reconocimiento de su dignidad y en la garantía de sus derechos. Y para ello, las entidades deben apostar por hacer las cosas cada vez mejor, por tener los recursos adecuados y los marcos legislativos necesarios, pero sin olvidar que estas cuestiones son solo mediaciones y no el objetivo que en el pasado impulsó su creación.
[1] No descartamos eso sí, plantear más adelante, una reflexión sobre si el proceso de institucionalización de la solidaridad dificulta al Tercer Sector ser sociedad civil movilizada.
Gabriela Alexandra Monge Sarango
Socióloga
Cuando se aborda el tema de las actitudes hacia la inmigración, es importante señalar que a finales del siglo XX y especialmente principios del siglo XXI (año 2000) el porcentaje de inmigrantes en España se incrementó notablemente, llegando al año 2012 con un saldo migratorio de 5,7 millones de inmigrantes que representaba el 21,1% de la población española. Esto era el reflejo de la expansión económica y el crecimiento del empleo que experimentó el país, apoyada en una estructura de demanda basada sobre todo en el consumo, sobre el que tuvieron un gran peso los servicios y la inversión en construcción, En ese sentido, en pleno momento de bonanza económica la valoración por parte de los ciudadanos hacia la inmigración era de una aceptación condicional. Los autóctonos reconocían la necesidad de mano de obra; este discurso de aceptación ejercía de contrapeso frente aquel que surgía en contra como consecuencia de una serie de inconvenientes a los que tenía que hacer frente el país, como la llamada crisis de los cayucos en 2006, que puso en evidencia que la regulación de los flujos migratorios irregulares no estaba siendo eficaz para controlar el volumen de entrada.
Sin embargo, el panorama de bonanza económica se transformó como consecuencia de la crisis económica en la que entró el país, en el cual las desigualdades sociales se incrementaron y se produjo un empobrecimiento del conjunto de la sociedad española, el desempleo fue una de las principales causas que se derivó de la crisis. En ese contexto, la actitud hacia la inmigración también experimentó un cambio, la población autóctona pasó de tener una actitud favorable a adoptar una postura de desconfianza agravada por la percepción de amenaza y competición por los recursos, como es el trabajo, las ayudas sociales y servicios. Esta posición pasó a ser la más difundida, sobre todo, en aquellos sectores en los cuales en un principio tenían una visión de aceptación condicionada de este fenómeno.
Sin embargo, a partir del año 2016 con el inicio de la recuperación económica, se han incrementado nuevamente el porcentaje de inmigrantes en nuestro país, en donde aún son notorios los efectos de la crisis económica y la tasa de paro aún es elevada. Esto ha suscitado el interés por parte de la opinión pública y, según uno de los resultados obtenidos por el barómetro del CIS de diciembre de 2018, la inmigración era el sexto problema que más preocupaba al 12,5% de los encuestados. En los últimos tiempos ha estado presente en el debate social como consecuencia de los acontecimientos que han aparecido en los medios de comunicación y en la agenda política (la crisis de los refugiados, la llegada del Aquarius, el auge de partidos antiinmigración en otros países y la más reciente la crisis del Open Arms).
Por tanto, en este contexto es importante hablar sobre la percepción que la población autóctona tiene hacia el fenómeno de la inmigración. Para ello se han tomado en cuenta los datos recogidos en los estudios sobre actitudes hacia la inmigración de 2008, 2012 y 2017 (el último disponible) llevados a cabo por el CIS. De éstos se ha podido extraer los siguientes resultados:
En primer lugar, cuando hablamos sobre ‘la valoración hacia la inmigración’ de forma muy general se puede decir que la mayoría de la población española valora positivamente el fenómeno de la inmigración, aunque a lo largo del periodo de estudio el porcentaje ha experimentado cierta variación, coincidiendo con un contexto económico bastante complicado, descendiendo en 2012 a un 49% e incrementándose para el año 2017 nuevamente el hasta situarse en un 59,7%.
Por otro lado, cuando se abordó la valoración hacia la inmigración según las características sociodemográficas de la población, los resultados nos muestran que: de las personas que valoran positivamente este fenómeno, el 52,9% son hombres, la franja de edad que muestra una posición positiva ante la inmigración 32% se sitúa en la franja de edad de 35-49 años, el 35,2% tiene estudios secundarios y se sitúan en el eje político centro-izquierda (48,7% y 42% respectivamente) y el 49,5% de la población considera que su situación económica es buena.
De las personas que valoran negativamente este fenómeno el 52,5% son mujeres, la franja de edad en el que este posicionamiento es más evidente 31,3% es en mayores de 65 años, el 56% tiene estudios primarios, y se sitúan en el eje político centro-izquierda (50,5% y 27,3% respectivamente) el 35,8% considera que su situación económica es buena y el 22,4% que su situación es mala.
Sin embargo, el fenómeno migratorio es muy amplio y por tanto sería un error abordarlo a partir de una sola cuestión, para ello se ha establecido una clasificación en grandes grupos de actitudes y opiniones hacia la inmigración a partir de una reducción de 22 variables (análisis factorial).
A partir de esta clasificación de actitudes/opiniones sobre la inmigración se procedió a conocer cómo se agrupa la población española entorno a las mismas, para ello se realizó un análisis de conglomerados que nos dio como resultado 4 grupos de población, siendo el grupo 1 (pro-acogida de inmigración) en donde mayoritariamente se concentra la población (40%), el grupo 2 (universalismo limitado) con el 33%, el grupo 3 (los españoles primero) que alcanza el 16% y el grupo 4 (antiinmigración) que llega al 11%.
De esta tabla se puede extraer que, el grupo 1 (pro-acogida de inmigración) es el que tiene una actitud más abierta hacia a la inmigración, pues se muestra en desacuerdo con la idea de que la inmigración tiene un impacto negativo en las ayudas y servicios y a favor de mantener contacto directo e indirecto con este grupo de población, de otorgarles derechos, y consideran este fenómeno es positivo para la economía y el mercado laboral. El grupo 2 (universalismo limitado) considera que este fenómeno tiene un impacto negativo en las ayudas, servicios, economía y mercado laboral, y no muestra oposición a mantener contacto directo con esta población, pues es algo que no puede controlar y se muestra a favor de otorgar derechos a la población inmigrante, aunque fuera del ámbito laboral/de estudio muestra rechazo a mantener contacto indirecto con esta población. El grupo 3 (los españoles primero), considera que la inmigración tiene impacto negativo para el conjunto del país y muestra desacuerdo ante la posibilidad de otorgar derechos a las personas inmigrantes. Finalmente, el grupo 4 (antiinmigración), muestra una postura más radical respecto a los otros grupos, pues rechaza mantener algún tipo de contacto (directo e indirecto) con la población inmigrante y considera que este fenómeno tiene un impacto negativo para el país
Asimismo, se ha comprobado que cada grupo de población está compuesto de la siguiente manera: El grupo pro-acogida de inmigración, está compuesto mayoritariamente por hombres (57,5%), la franja de edad mayoritaria (38,2%) es de 35-49 años, el 41,3% de personas de este grupo tiene estudios superiores (universitarios), el 59,1% se auto-identifica con una ideología de izquierda, el 52% considera que su situación económica es buena, y el 64,7% se considera de clase social media y el 25% de clase media-baja.
El grupo de universalismo limitado está compuesto mayoritariamente por mujeres (50,2%), la franja de edad mayoritaria (32%) es de 50-64 años, el 40% tiene estudios secundarios, el 51% se auto-identifica con una ideología de centro, seguido por un 33,2% que se considera de izquierda, el 46,6% considera que su situación económica es buena y el 14,8% considera que es mala, y el 62,5% se considera de clase social media y el 27% de clase media-baja.
El grupo caracterizado como los españoles primero, está compuesto mayoritariamente por hombres (54,3%), la franja mayoritaria de edad (36%) es 35-49 años, el 48,6% tiene estudios primarios, el 57,5% se auto-identifica con una ideología de centro y un 23% con la izquierda, el 36% considera que su situación económica es buena, el 15% considera que es mala y el 10% considera que es muy mala. El 53,6% se considera de clase media y el 26,8% de clase media-baja y el 12,3% de clase baja.
El grupo antiinmigración está compuesto mayoritariamente por mujeres (53,6%), la franja mayoritaria de edad (33%) es de más de 65 años y el 71,9% tiene estudios primarios, el 39,7% se auto-identifica con una ideología de centro y un 33,3% con la derecha, el 34,4% considera que su situación económica es buena, el 18,8% que es mala y el 9,4% que es muy mala. Finalmente, el 59,1% de las personas se considera de clase media, el 25,8% de clase media-baja y el 7,5% de clase baja.
Por tanto, a partir de estos datos se pueden extraer importantes conclusiones, de forma general se puede afirmar que la mayoría de la población española (59,7%) percibió positivamente la inmigración en el año 2017, así mismo, se puede observar que un 40% de la población muestra una posición muy abierta a este fenómeno, personas que se les podría denominar pro-inmigración. Estas personas se caracterizan por tener un mayor nivel académico, más jóvenes en edad, y cuya situación económica es buena, estas personas no perciben el fenómeno migratorio como una amenaza o competencia por los recursos.
Por otro lado, es importante señalar que una parte importante de la población considera que los inmigrantes tienen un impacto negativo en las ayudas y servicios, en la economía y el mercado laboral. Este argumento se entiende como ‘normal’ en un contexto de crisis económica y de recuperación de la misma, pues tal y como se ha puesto de manifiesto en el VIII Informe FOESSA, la recuperación económica no ha llegado a todas las familias españolas y hay un porcentaje importante de la población que se encuentra en un espacio de exclusión social. Así mismo, este argumento sobre la inmigración también contrasta con la realidad vivida en los últimos años en nuestro país, ya que la gestión de la crisis fue afrontada por parte del gobierno con importantes recortes en las partidas de gasto social. Por otro lado, diversos datos expuestos en numerosas investigaciones contradicen esta información como por ejemplo como se mostró en el VIII Informe FOESSA que pone de manifiesto que las personas inmigrantes aportan el 10% de la seguridad social, sin embargo, el 50% de la población española piensa que reciben más de lo que tributan. Así mismo, los datos aportados por servicios sociales reflejaron que para el año 2015 el 15% de los usuarios de los servicios sociales fueron extranjeros y sólo el 9,7% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo en 2017 fueron extranjeros.
Finalmente, cabe señalar que un sector importante de la población (77%) se muestra partidaria de otorgar derechos a los inmigrantes.
Con todo esto y tomando en cuenta los últimos acontecimientos ocurridos es momento de reflexionar sobre este tema y replantearnos ciertos aspectos que influyen en esta percepción de este fenómeno, haciendo especial hincapié en el auge del discurso xenófobo en ciertos sectores de la población, el cual ha sido reforzado por algunos partidos políticos quienes han mostrado una postura abierta de rechazo al fenómeno migratorio, usando como argumentos su capacidad de integración social, cumplimiento de reglas de convivencia y la asociación del colectivo inmigrante con la delincuencia; así mismo, se ha difundido la idea de que el estado sobreprotege a la población inmigrante de los efectos de la crisis a través de ayudas, subvenciones y servicios, dejando casi desprotegida a la población autóctona. Para hacer frente a este discurso es importante hacer uso de los datos publicados por los diferentes organismos del estado, investigaciones y mostrar la realidad tal y como es; en ese sentido cobra un papel fundamental/de responsabilidad los medios de comunicación, los cuales deben ser veraces y objetivos y mostrar con datos la realidad del fenómeno migratorio.
Así mismo, cabe señalar que durante varios años España presumió de haber logrado la integración de más de 6 millones de inmigrantes sin haber suscitado la aparición de movimientos xenófobos, convirtiéndose en un ejemplo de integración en comparación con el resto de países europeos. Sin embargo, esta integración ha tenido aspectos positivos entre los que cabe destacar la plena normalización legal de su situación y ausencia de guetos, pero también ha tenido aspectos negativos, como son las condiciones laborales que empeoran cuando se habla de inmigrantes y la escasa presencia pública. Por ahora, los inmigrantes procedentes de países pobres o que se encuentran inmersos en guerras internas ocupan una posición secundaria tanto en la estructura de empleo y riqueza como en la del prestigio social.
En ese sentido, desde la acción social es importante generar encuentro y convivencia entre la población autóctona e inmigrante, con el objetivo de desmontar mitos que surgen como consecuencia de la falta de conocimiento y/o del miedo a lo desconocido y tender puentes entre las diversas culturas y religiones que conviven en nuestro país; pero este encuentro ante todo debe estar dirigido tanto para inmigrantes como para la población autóctona, huyendo de aquella intervención enfocada a la población inmigrante que lo único que consigue es incrementar los guetos y sectarismo.
Estas son algunas de las cuestiones sobre las que debemos reflexionar, tomando en cuenta que actualmente España tiene que hacer frente a dilemas relacionados con la estructura poblacional (una población envejecida y el notable descenso de los nacimientos, las altas tasas de paro, etc) que afectan tanto al crecimiento económico del país como el pacto generacional vigente.
Alonso, J., Pajares, M., & Recolons, L. (2014). Inmigración y crisis en España. Barcelona: Fundación Migra Studium.
Cebolla, H., & González, A. (2016). ¿Ha podido más la crisis o la convivencia? Sobre las actitudes de los españoles ante la inmigración. Laboratorio Alternativas. Documento de Trabajo.
Fundación Encuentro. (2011). Inmigración y crisis económica. El verdadero examen de la integración . En Una interpretación de la realidad socialUna interpretación de la realidad social. Madrid: Fundación Encuentro.
Izaola, A., & Aierdi, X. (2019). Nuevas intolerancias para nuevos colectivos: inmigración y diversidad cultural. FOESSA. Documento de Trabajo.
Marínez, J. S. (2013). Estructura social y desigualdad en España. Madrid: Los Libros de la Catarata.
Méndez Lago, M. (2007). Actitudes de los españoles ante la inmigración: una mirada desde las encuestas. En E. Aja, & J. Arango, La inmigración en España en 2006. Anuario de inmigración y políticas de inmigración en España (págs. 68-81). Barcelona: Fundación CIDOB.
Rinken, S., & Escobar, M. S. (2011). Opiniones y actitudes ante la inmigración en un contexto de crisis económica: datos y reflexiones. Revista de Estudios Sociales Aplicada. Documentación Social , 99-116.
Rocha, F. (2015). La crisis económica y sus efectos sobre el empleo en España. Madrid: Gaceta 69 sindical .
Valente-Fumo, F. (2017). Los flujos migratorios en la crisis económica en España. ICE: Revista de Economía, 23-36.
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Antropóloga, Ingeniera y Activista ecosocial
El Club de Roma advertía en 1972 sobre la inviabilidad del crecimiento indefinido de la población y sus consumos en un planeta con límites físicos. En 2019, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) advierte de que disponemos de doce años para mitigar el calentamiento global y limitar el alcance de la catástrofe global. De lo contrario, millones de personas estarán en peligro ante las crecientes sequías, inundaciones, incendios, hambrunas y pobreza.
La Agencia Internacional de la Energía en su último informe anual advierte que en 2025 será imposible satisfacer la demanda global de petróleo. El declive de la energía fósil y la crisis climática obligan a una transición del sector energético y del transporte hacia energías renovables. Ello implicará depender de otros minerales que también son finitos: cobalto, litio, níquel, cromo, molibdeno, plata, cobre, tántalo…
Hoy, la humanidad necesita un planeta y medio para vivir. La huella ecológica mide la superficie ecológicamente necesaria para producir los recursos consumidos por una persona media de una determinada comunidad humana, así como para absorber los residuos que genera. Esa superficie se dispara en lugares como Estados Unidos o Europa. Los países enriquecidos no viven con los recursos de sus propios territorios, sino con materias primas extraídas y productos manufacturados en otros lugares. En España, el 80% de la energía y 75% de los minerales utilizados proceden de América Latina y África, y los alimentos que consumimos requieren el doble del territorio nacional.
Si la valla que rodea el mundo rico, además de no permitir la entrada de personas migrantes no dejase entrar energía, alimento, pesca y materiales procedentes de los mismos países de estas personas, el mundo rico no podría sostenerse materialmente durante mucho tiempo. El capitalismo mundializado ha intensificado los mecanismos de apropiación de tierra, agua, energía, animales, minerales y explotación de trabajo humano. Instrumentos financieros, la deuda, compañías aseguradoras, y todo un conjunto de leyes y tratados internacionales que allanan el camino para que complejos entramados transnacionales, apoyados en gobiernos despojen a los pueblos, destruyan territorios, desmantelen las redes de protección pública y comunitaria que existan, y repriman las resistencias que surjan.
La vulnerabilidad económica también afecta al 32,6% de la población española. Casi un 30% de las familias emplean ahorros o piden dinero prestado para hacer frente a sus gastos. Se extreman las formas de explotación y los empleos precarios se convierten en una nueva normalidad.
Esta construcción política, ecocida e injusta cuenta con amplio consenso, no solo de los sectores conservadores sino también de la socialdemocracia. La racionalidad económica considera que las vidas y los territorios importan solo en función del valor añadido que produzcan.
En medio de estas turbulencias se produce un repunte significativo de opciones políticas que enarbolan un discurso xenófobo, misógino, histriónico y agresivo que buscan desviar la mirada del proceso de desposesión y expulsión que estamos viviendo. Unas opciones políticas y un discurso que pretenden mantener el orden mediante el miedo, la desconfianza y el ejercicio del poder contra el último.
¿Cómo hacer para garantizar las condiciones de vida para todas las personas? ¿Cómo afrontar la reducción del tamaño material de la economía de la forma menos dolorosa? ¿Qué modelo de producción y consumo es viable para no expulsar masivamente seres vivos? ¿Cómo mantener vínculos de solidaridad y apoyo mutuo que frenen las guerras entre pobres, vacunen de la xenofobia y del repliegue patriarcal?
Desde el ecologismo social creemos fundamental la reorganización de la economía, el ajuste a los límites físicos de los territorios y el acceso garantizado, sobre todo de alimentos, energía y agua. Esta relocalización de la economía, aprender a vivir con los recursos cercanos, es fundamental para frenar la expulsión de personas de sus territorios y garantizar su derecho a permanecer en ellos – teniendo en cuenta que una parte de los desplazamientos forzosos ya será inevitable y que tenemos la obligación de organizarnos para acoger a aquellos con los que hemos contraído una deuda ecológica y no tienen dónde volver. Adoptar principios de suficiencia, equitativos y justos, es condición necesaria para la solidaridad dentro y fuera de nuestras fronteras.
Mª Eugenia Rodríguez Fernández
Trabajadora Social del Centro La Anjana. Cáritas Diocesana de Santander
La participación de las personas con las que trabajamos es una preocupación y una apuesta que desde Cáritas Diocesana de Santander mantenemos con fuerza. En ese contexto recibimos una propuesta de la Universidad de Cantabria para poner en marcha, de manera conjunta, una experiencia piloto. Se trata de un grupo de reflexión en el que los participantes abordan aspectos de su vida, entendiendo por tal no solo su situación de dificultad, sino, sobre todo, su condición de ciudadanos y ciudadanas.
El Taller de Personas sin Hogar, el Hogar Belén y el Centro de la Mujer La Anjana son los elegidos para iniciar el trabajo. Son proyectos de Cáritas Diocesana de Santander en los que las personas participantes son estables en el tiempo y tienen un alto grado de compromiso con el proyecto. Esto hace posible realizar un trabajo de largo recorrido con compromiso de permanencia.
Se incorporan al proyecto dos profesionales de Cáritas Diocesana de Santander y catorce participantes de los tres proyectos. Y el grupo es también acompañado por dos docentes de la Universidad de Cantabria.
Comenzamos hace un año. El primer reto era hacer grupo, para ello resultó fundamental el generar un espacio acogedor y bonito donde conocernos, compartir nuestras historias, preguntas, preocupaciones. Muy importante la creación de un clima agradable, café y dulces como elemento de acogida y disfrutando del tiempo, sin prisas.
Lo primero que nos plantemos conocer fue cuál era nuestra preocupación común, sobre la que queremos empezar a hablar y para ello recurrimos a unas sencillas preguntas absolutamente abiertas: ¿cómo veo mi futuro?, ¿qué deseo que me suceda?, ¿qué me preocupa?, ¿qué me cabrea?
En esta primera fase de consulta y deliberación democrática no se impuso ningún tema, es en el dialogo con el grupo donde se definieron los dos temas elegidos y comenzamos a indagar, trabajando juntos, compartiendo ideas y habilidades. Nos reuníamos quincenalmente.
Utilizamos papel continuo y lluvia de ideas para reflejar todas las propuestas e ir consensuando y simplificando. Haciendo mini resúmenes de lo hablado y debatido. Nadie decide por nadie, cada opinión tiene la misma validez y es el grupo el que decide si la propuesta queda o se descarta. Al final, de los 22 temas que surgieron, dos asuntos quedaron como consenso: la vivienda y el empleo.
Y sobre ellos nos pusimos a trabajar para saber más. Compartimos nuestras vivencias, leímos y escuchamos, pero no queríamos quedarnos en algo solo para el propio grupo. Nos surgió la necesidad de contárselo a otros, de denunciar, visibilizar, y de poner nuestro granito de arena para cambiar las cosas.
Para todo esto hemos realizado alrededor de 20 sesiones incluso al final intensificamos la frecuencia pasando a encuentros semanales y ahora estamos en el momento de ejecución del proceso creativo.
Estamos realizando una obra con materiales reciclados para mostrar en una exposición que se celebrará la segunda semana de noviembre de 2019, en la que presentaremos el fruto del trabajo realizado. Actualmente estamos en fase de creación, plasmando en los objetos seleccionados las ideas que queremos trasmitir. Nos queda la última fase de evaluar la experiencia y difundirla. Queremos que nuestras voces e ideas se escuchen.
Pero más allá de la experiencia concreta que, como todas, tiene sus luces y sus sombras, este artículo quiere profundizar en las razones de fondo de esta experiencia. Desde nuestro modelo de acción social, la participación es un elemento transversal. Consideramos que la participación de las personas en situación de exclusión es una referencia necesaria en todos los niveles de nuestra acción. Participar es colaborar para sentirse protagonista y sentir que lo que piensas, haces y dices es importante para la sociedad.
Porque las personas con las que trabajamos son, ante todo, personas y no son lo que les pasa. Que no necesitan que nadie hable por ellas, porque siguen teniendo voz. Que su situación, por complicada que sea, no les ha arrebatado su condición de sujetos, responsables y activos en la sociedad.
El hacer realidad las teorías nos ayudan a comprenderlas mejor, nos abren oportunidades de investigación práctica y aplicada para continuar profundizando en ellas, contando además con la participación de los, en principio “objetos” de la misma, lo que la dota de una cualidad especial, bastante poco común. Porque el conocimiento no es patrimonio de nadie, sino un tesoro para la humanidad, al que todos podemos contribuir.
En definitiva, estamos desarrollando un experimento de construcción colectiva. Con este proceso queremos demostrar que las ideas pueden convertirse en objetos tangibles y mostrar a la sociedad por medio de esa obra, que otra mirada desde y para la incorporación social es posible cuando las personas nos implicamos en el proceso y nos lo creemos. Estamos usando una herramienta de esas que no se gastan con el uso, sino más bien al contrario, más crece cuanto más se usa: la creatividad. Que, de nuevo no es patrimonio solo de genios, pues consiste en construir con aquello de lo que dispones.
Como dijimos, se trata de un proceso en marcha, aún no hemos acometido la fase de difusión, y por consiguiente tampoco hemos realizado una evaluación del conjunto de la experiencia. Queremos, al final, elaborar una guía y recoger los resultados del experimento. Es un camino en construcción y negociación constante por lo que cuando finalice el proceso podremos plasmar en un documento más completo todo el aprendizaje por si a alguien más le sirviera.
No obstante, como esto de evaluar y aprender no es algo que se haga de golpe al final, algunas cosas sí que vamos viendo muy claras.
El espacio en el que estamos se convierte en clave, fundamentalmente si logramos que este sea bonito y cómodo. Que resulte acogedor y que cuidarlo sea una responsabilidad compartida. Vamos a intentar sentirnos como en “nuestra propia casa” con “nuestra familia”. Elemento que resulta especialmente significativo para personas para las que esta experiencia no pertenece a su cotidianeidad, personas sin hogar, lo que es mucho más amplio y sobre todo más hondo que sin techo.
El VIII Informe FOESSA nos enfrenta al proceso de construcción de una sociedad desvinculada, cada vez más individualista, por el contrario, en nuestra experiencia ha resultado clave la capacidad de generar vínculos emocionales entre los participantes del proceso. Gentes que no se conocían pero hemos ido desarrollando lazos afectivos y una relación de confianza, en el sentido de que nos “fiamos con” los otros de un proyecto que compartimos. Las personas en situación de exclusión social también sufren, y probablemente en mayor medida, las consecuencias de un modelo social que nos aísla y deja las soluciones al arbitrio de la iniciativa individual, del sálvese quien pueda.
Esta confianza ha permitido que todos los participantes nos sintamos escuchados, que nuestras ideas se debatan al mismo nivel, ninguna persona sabe más que otra, ninguna opinión cuenta más que la de otro. Todos decimos tonterías y todos damos en el clavo, no tenemos miedo a compartir lo que pensamos, nadie lo juzga, y sobre todo nadie te juzga solo se escucha y se debate. Y hasta a veces se consensúa, de manera que lo que termina saliendo no es ni lo tuyo ni lo mío, sino lo nuestro. Experiencia esta muy nueva para personas que, de habitual no solo no son escuchadas, sino que ni quiera son vistas, que están, socialmente invisibilizadas.
Y por último, el tiempo. No hay prisa, los procesos duran lo que tengan que durar, los plazos son los que hayan de ser porque los ritmos son diferentes pero terminan acompasándose. Los que corren se esperan y los lentos se apresuran. El tiempo es nuestro aliado no nuestro enemigo. Hemos roto la lógica de los plazos, de los tiempos que de habitual, damos a los demás para que hagan lo que les decimos que tienen que hacer.
Probablemente, al finalizar podremos decir muchas más cosas, de eso se trata. De empoderarnos para alzar la voz.
Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Pontificia Comillas. Miembro propio de la Cátedra de Energía y Pobreza.
La pobreza energética es un concepto que ha entrado de lleno en nuestra realidad sociopolítica y también jurídico-económica. Su utilidad semántica es la de expresar una manifestación de la pobreza que se da en torno al acceso a un suministro tan básico como la energía. Es un concepto que ya no es una moda. Ha venido para quedarse.
El presente trabajo se centra sobre todo en el examen de los factores del mercado energético español que condicionan e incluso determinan que un creciente sector de la sociedad esté o pueda estar próxima a una situación de pobreza energética. Por tanto, la discusión que se ofrece en este artículo no se hace desde la perspectiva de las medidas puramente paliativas, como el bono social eléctrico. Los mecanismos prestacionales (bonos sociales, ayudas al pago de suministros) deben articularse como instrumentos de transición que paulatinamente vayan dejando paso a medidas institucionales y estructurales que busquen afrontar el problema de raíz y a largo plazo, meta que exige observar y reformar los condicionantes mercantiles y regulatorios que hacen que el precio de la electricidad sea inasumible para amplios y crecientes grupos sociales.
En este sentido, este artículo busca sentar algunas bases y premisas para un examen crítico y propositivo de política legislativa sobre el mercado eléctrico y la regulación y supervisión de sus actores a fin de contrarrestar las causas directas de la pobreza energética, comenzando por la moderación económica y transparencia del precio de la electricidad y la tutela jurídica de los consumidores vulnerables.
La Estrategia Nacional para la Pobreza Energética ha definido la pobreza energética como la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente energéticamente[1].
La pobreza energética podrá manifestarse a través de factores como la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de las facturas, un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos que es desproporcionado sobre el nivel de ingresos. Por su parte, el concepto de consumidor vulnerable se refiere al consumidor de energía eléctrica o de usos térmicos que se encuentra en situación de pobreza energética, pudiendo ser beneficiario de las medidas de apoyo establecidas por las administraciones públicas.
La pobreza energética compromete la dignidad de la persona porque menoscaba la calidad de vida y puede afectar a la salud de los habitantes de la vivienda, especialmente menores y ancianos[2]. La recesión económica iniciada en 2008 y sus efectos sobre la población han ocasionado que, en líneas generales, los indicadores principales del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV) reflejen un significativo avance de la pobreza energética en España entre el año 2008 y el 2014[3]. Sin embargo, desde el año 2014 se ha constatado una mejora relativa en algunos de ellos como consecuencia de la recuperación económica.
A las puertas de un incipiente contexto de desaceleración y posible recesión de las economías europea y española, resulta preocupante que entre el 7,4% y el 17,3% de la población española se encuentre en situación de pobreza energética. En base a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2017, 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos; 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida; unos 3,7 millones de personas pasan el invierno a temperaturas inadecuadas y 3,5 millones de personas han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas[4].
La pobreza energética tiene una naturaleza multifactorial y compleja. En primer lugar, es evidente que la pobreza energética está conectada con situaciones de pobreza general y de exclusión social, que pueden deberse a situaciones de desempleo, precariedad laboral y marginación con una multiplicidad y heterogeneidad de formas, o por ejemplo, a situaciones vinculadas a la demanda térmica de determinados hogares o con la edificación de viviendas antiguas con poca eficiencia energética. Cualquiera de estas circunstancias o su concurrencia pueden dificultar a muchos ciudadanos el poder calentar sus viviendas adecuadamente en invierno o cubrir sus necesidades básicas para una habitabilidad digna. También hay un factor geográfico condicionado por la ubicación de las viviendas y las zonas climáticas dentro del territorio español, lo cual incide en que ciertos colectivos puedan ser más propensos a sufrir una situación de pobreza energética. Caracterizar a los colectivos con vulnerabilidad de pobreza energética exige, por tanto, recabar múltiples datos de distintas variables y manejar un conjunto de indicadores estadísticos actualizados periódicamente, en función de los ingresos, el precio de la energía o las propias temperaturas de una geografía específica.
En los últimos años ha habido un gran avance para la conceptualización jurídica y la medición de la pobreza energética, con indicadores subjetivos y objetivos que permiten clasificar como vulnerables en materia energética a determinadas personas y hogares, como los establecidos por el Observatorio Europeo de Pobreza Energética.
La pobreza energética plantea una dificultad conceptual que es la que establecer qué energía es necesaria para la climatización de una vivienda habitual en condiciones de confort. Es decir, requiere consensuar legalmente un derecho a la energía en virtud de un gasto teórico normal para un hogar medio, lo cual puede depender de múltiples factores sociales, individuales, familiares o medioambientales.
El derecho a la energía no es nuevo ni ajeno al derecho español. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 profundiza en este aspecto en su artículo 11 al reconocer el derecho a una vivienda adecuada y el derecho al acceso a energía para la cocina, la iluminación y la calefacción en el que los gastos derivados del uso del hogar deberían ser de un nivel que no impida ni comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas. Ello conforma un parámetro jurídico esencial para informar los ordenamientos de los Estados en el ámbito de la pobreza energética. Resulta interesante, asimismo, traer a colación la Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad (Resolución 3384 de la Asamblea General 72 de la Organización de Naciones Unidas, de 10 de noviembre de 1975) que establece el derecho de uso de la electricidad, debiendo los Estados garantizar el disfrute de la energía eléctrica como avance científico y técnico, a través de las medidas normativas correspondientes.
Más recientemente, la ONU aprobó en 2015 la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible cuyo Objetivo nº 7 se dedica a Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos[5]. En la Constitución Española de 1978 no hay una referencia expresa al derecho a la energía como derecho fundamental ni tampoco en la categoría de derecho de los ciudadanos. No obstante, en el capítulo III del Título I, De los principios rectores de la política social y económica se reconoce el derecho a la energía de forma implícita en el artículo 47, que reconoce el derecho a gozar de una vivienda digna y adecuada, o en el artículo 43.1 que establece el derecho a la protección de la salud.
Más allá de otras actuaciones públicas, el reconocimiento de un derecho universal a la energía nos sitúa en el compromiso político de regular el mercado eléctrico para que sus precios finales sean acordes a la capacidad de pago de la mayoría de los habitantes y no sólo el de procurar medidas paliativas de bonificación de precios. Este segundo haz de medidas puede tener una justificación a corto plazo, pero cualquier visión a largo plazo que pretenda la sostenibilidad de las cuentas públicas y un bienestar social duradero debería enfocarse en la primera línea de actuación, que pasa por una reforma en profundidad de la ordenación y supervisión del mercado eléctrico, la regulación y transparencia de la formación de los precios oficiales y el fortalecimiento de la tutela del consumidor eléctrico. A este objetivo va dirigido precisamente la reflexión que se ofrece en este artículo.
Las medidas de intervención social propuestas para combatir la pobreza energética, comenzando por los organismos públicos competentes, se han centrado sobre todo en medidas de índole paliativa, como el bono social eléctrico. Esto es, en medidas de política legislativa encaminadas a subsidiar o subvencionar la factura energética de unos concretos colectivos sociales cuya vulnerabilidad e incapacidad de pago, debidamente parametrizada, les hace beneficiarios de dicha bonificación (descuento sobre la factura)[6].
El bono social eléctrico y ahora también el bono térmico, regulados actualmente por el Real Decreto Ley 15/2018 son el paradigma de esta concepción reduccionista y limitada, tanto en su alcance como en su efectividad práctica, a pesar de los notables avances conseguidos desde su implantación en 2009[7]. Al mismo tiempo que la factura eléctrica se ha ido encareciendo para todos los ciudadanos en los últimos años, la bonificación se ha tenido que ir ampliando y mejorando. Ahora bien, los mecanismos de gestión del bono social, aunque han sido mejorados en la última reforma, siguen dependiendo de una burocracia vinculada a la solicitud individual del bono social a las empresas comercializadoras. Ello hace que se siga dificultado de facto el ejercicio de los derechos legalmente reconocidos a los clientes vulnerables, quienes deben gastar tiempo y recursos en su tramitación. La creación de un sistema de bonificación reconocido automáticamente por vía de una concesión directa al beneficiario e interoperable entre las administraciones públicas es el siguiente paso pendiente, a efectos de no condicionar la solicitud individual del derecho a la tramitación y plazos de las empresas comercializadoras, lo cual además supone actualmente una carga administrativa para el solicitante que se encuentra en situación de vulnerabilidad, máxime cuando se producen discrepancias o se obstaculiza la concesión del bono social[8].
Desde un punto de vista general, las medidas prestacionales de carácter paliativo pueden tener una relativa utilidad social para los actores involucrados. Sin embargo, no debería ser ni la única ni la principal medida para afrontar la realidad de fondo del fenómeno de la pobreza energética. 2018 cerró como el segundo año con el precio medio del mercado eléctrico más caro desde 1998. En concreto, el segundo semestre de 2018 fue el más caro desde que Eurostat realiza sus estadísticas. Las oscilaciones creadas por el sistema de subasta y las cargas impositivas que contiene la factura hacen que el precio de la electricidad sea cada vez más inasumible para varios millones de habitantes. ¿Tiene sentido una medida paliativa basada en bonificar unos precios cada vez más altos? ¿Será sostenible en el tiempo como siga esta tendencia alcista?
En este sentido, los servicios y los trabajadores sociales que intervienen en la gestión de soluciones a la pobreza energética con colectivos vulnerables deberían no sólo enfocarse en las medidas paliativas, es decir, en la gestión de los efectos o consecuencias del problema. Antes bien, deberían centrarse en las causas, en los factores que determinan esa alza del precio de la electricidad que provoca que bastantes consumidores no puedan pagarlo. Un cambio de perspectiva a este respecto implica necesariamente orientar algunos esfuerzos en observar y analizar la configuración del mercado eléctrico y exigir la adopción de medidas estructurales que favorezcan una mayor competitividad y transparencia de las empresas eléctricas y una efectiva apertura del mercado, para garantizar una factura eléctrica más barata, más estable y fácil de comprender y pagar.
Los agentes sociales deberían pues introducirse en los aspectos regulatorios y examinar qué puede hacerse desde la defensa del consumir eléctrico, en orden a instar que los poderes públicos competentes adopten las reformas del mercado eléctrico que coadyuven a la rebaja de la factura eléctrica, no sólo a su bonificación. La bonificación es una socialización del precio cuya alza es causada por una estructura del mercado oligopólica derivada de una política energética que no ha previsto los efectos antisociales de su configuración y dinámica. Es pues necesario que los trabajadores que están en la intervención social contribuyan de forma efectiva al empoderamiento de los colectivos sociales en el orden político y jurídico, para la consecución de un mercado eléctrico nacional justo y orientado a la defensa y bienestar de todos los consumidores eléctricos[9].
Un ejemplo de lo anterior está en el hecho de que en España se han incumplido reiteradamente las Directivas de la Unión Europea de Electricidad y Gas de 2009 (Directivas 72/2009 y 73/2009), en las que se establece que los Estados deben garantizar el suministro necesario para los colectivos vulnerables, y en las que se establece la prohibición de desconexión en periodos críticos[10]. Hace falta una mayor supervisión que garantice la eficacia de lo recogido en el art. 53.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que excluye en el caso de impago la posibilidad de suspender el suministro a los clientes acogidos a la tarifa de último recurso[11].
A este respecto, donde más sentido puede tener la intervención social en materia de pobreza energética, más allá de las medidas paliativas, es en el ámbito autonómico, promoviendo una regulación que permita a las agencias autonómicas de consumo exigir a las empresas eléctricas unas medidas estables y estrictas para garantizar el suministro, como así se ha conseguido en Cataluña, con la Ley 24/2015 o en la Comunidad Valenciana, con la Ley 3/2017. Sendas leyes recogen el principio y las obligaciones jurídicas que la legislación nacional general debería haber transpuesto hace diez años, dando eficacia al mandato de las Directivas Europeas. En Cataluña, por ejemplo, se evitaron 39.000 cortes de luz entre julio de 2015 y diciembre de 2016. El derecho administrativo autonómico y municipal está en posición de hacer lo que no se ha hecho a nivel estatal, que es obligar a las empresas eléctricas a consultar a los servicios sociales antes de efectuar cortes de suministro para evitar que se realicen desconexiones a personas vulnerables. El siguiente paso ha de ser el establecimiento de tarifas sociales mínimas que prácticamente garanticen un acceso universal a este suministro básico.
Ciertamente, la recién aprobada Estrategia Nacional ha introducido unas medidas muy positivas como la prohibición de cortar el suministro en situaciones climatológicas extremas, como puede ser una ola de frío o de calor. Esta restricción se suma a las ya existentes: no es posible cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social y beneficiarios del bono social en los que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III. Además, la Estrategia Nacional ha ampliado el periodo previo al corte de suministro en caso de impago. Hasta ahora, para los consumidores vulnerables acogidos al bono social, la normativa habilitaba un plazo de cuatro meses antes de que el suministrador pudiera interrumpir el servicio. La Estrategia ha aumentado el plazo otros cuatro meses, durante los cuales el consumidor recibirá un suministro mínimo vital que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad. Desde el nivel municipal o local, los servicios sociales deberían extremar la supervisión de los convenios entre los ayuntamientos y las empresas eléctricas para asegurar el verdadero cumplimiento y la efectividad de la garantía de suministro y evitar los cortes ilegales y las situaciones de abuso contra los consumidores vulnerables de su municipio.
La política energética de los últimos gobiernos ha incidido terminantemente en el encarecimiento de la electricidad en España. Cuando nos referimos a la pobreza energética no puede desconocerse que hay una correlación bastante estrecha entre el precio final que no puede asumir el consumidor y las causas estructurales, mercantiles, regulatorias y políticas que hicieron que ese alto precio final acabe siendo inasumible de facto para extensos grupos sociales. A este respecto, es preciso apuntar que una de las grandes dificultades en la comprensión de la pobreza energética, y por tanto en la imposibilidad de pago de la factura eléctrica por parte de dichos colectivos sociales, es la complejidad intrínseca que presenta el funcionamiento del propio mercado eléctrico, un mercado muy regulado pero al mismo tiempo muy opaco.
El funcionamiento del mercado eléctrico exige conocer la estructura interna del mismo. El mercado eléctrico se organiza en grupos societarios integrados verticalmente (generación-distribución-comercialización) donde las barreras de entrada a nuevos competidores son muy altas. La distribución es la que más beneficios ofrece y es la que de facto presenta una situación oligopólica, porque sólo hay cinco grandes empresas a nivel nacional. Las tres mayores compañías eléctricas en España, Endesa, Iberdrola y Naturgy, mantienen su dominio en el negocio de comercialización de luz, con una cuota de mercado (libre y regulado) que alcanzó a cierre de 2018 el 85,4%, equivalente a 25,12 millones de clientes[12]. El mercado presenta un problema de concentración, con riesgo de conductas colusorias entre sus escasos competidores o de posiciones de dominio que pueden conllevar a ciertos abusos de mercado. Fortalecer la actividad supervisora e inspectora de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) es más necesario que nunca para detectar y sancionar situaciones de manipulación de precios en el mercado eléctrico, como sucedió en 2014 con Iberdrola y que llevó a la Fiscalía a abrir diligencias[13].
En primer lugar, es preciso partir del hecho de la situación oligopólica que se da actualmente en el mercado español de la energía, que cuenta con aproximadamente 28,2 millones de contratos. Como ha expuesto la CNMC, el 82% de los consumidores del sector eléctrico pertenece al mismo grupo empresarial que las distribuidoras de la zona, exactamente, 23 millones de los 28,2 millones de consumidores conectados a redes de las principales empresas de distribución, las comercializadoras (libres o reguladas). Estas cifras apenas han variado en los últimos cinco años, cuando este porcentaje se situaba en el 88%. En el sector gasista, Gas Natural Fenosa suministra al 73% de los consumidores conectados a las redes de distribución del grupo. Esto es, 4 millones de los 5,4 millones de puntos conectados a sus redes de distribución en 2017. La variación ha sido aún menor que en la electricidad, dado que hace cinco años representaba el 79,4%. Durante el periodo 2013-2017 se han producido 2,7 millones de altas, el 90% de las cuales (2,4 millones) se han producido en las comercializadoras del grupo industrial de la zona. Durante el último año este porcentaje se situó en el 83%. Por lo que se refiere al sector gasista, las comercializadoras de Gas Natural Fenosa suministraron el 63% de las nuevas altas en su zona de distribución.
Otro dato a tener en cuenta es que, durante el año pasado, el 70% de los consumidores dejó el precio regulado para cambiar a la comercializadora del mercado libre del mismo grupo empresarial (857.459 personas). En los últimos cinco años han cambiado del comercializador de referencia al mercado libre casi 7 millones de consumidores (6,94 millones), de los cuales el 77% ha pasado a la comercializadora perteneciente al mismo grupo empresarial (5,3 millones). En el sector gasista, el 47% eligió a la comercializadora libre del mismo grupo empresarial (79.777 consumidores). En los últimos cinco años 590.675 consumidores han dejado el precio regulado y han pasado al mercado libre, el 55% de ellos (323.506) ha elegido a las comercializadoras libres del mismo grupo empresarial.
Los pasos en la corrección de esta tendencia problemática han sido mínimos pero muy significativos. Entre ellos destaca la aprobación por parte de la CNMC de una Decisión Jurídicamente Vinculante (DJV/DE/001/18) por la que obliga a varias sociedades de los principales grupos energéticos integrados a que cambien su imagen de marca para que los consumidores puedan identificar claramente a su compañía. Esta medida va dirigida a las empresas distribuidoras de gas y electricidad (en el sector eléctrico las de más de 100.000 clientes) y comercializadores de referencia y/o de último recurso. El objetivo es evitar la confusión a los consumidores. Para ello, ahora están obligadas a realizar cambios en la información, presentación de marca e imagen de marca respecto a la filial del mismo grupo empresarial que comercializa en el mercado libre. De esta forma, los consumidores podrán identificar correctamente en sus facturas qué comercializadora le ofrece el servicio y saber si están en el mercado libre o regulado, como exige la normativa europea[14].
De acuerdo con Eurostat, España es el quinto país europeo con la electricidad más cara, detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda. Pero si se tiene en cuenta el poder adquisitivo de cada país, los datos de Eurostat reflejan una situación aún peor, pues España queda como el tercer país en el que los hogares más sufren para poder pagar su factura de electricidad, por detrás de Portugal y Alemania. De hecho, España se ha revelado como el país europeo con la electricidad más cara en el supuesto de viviendas con consumos inferiores a 1000 kWh, penalizados por los elevados costes fijos de la factura eléctrica[15].
En 2017 y 2018 la factura eléctrica subió un 12% mientras que la renta de los hogares se ha ido reduciendo desde la irrupción de la crisis de 2008. En aquel año un 5,9% de las familias reconocían su incapacidad para mantener la temperatura de su hogar en invierno, mientras que en 2016, esta cifra ascendía al 10,1%. Este dato, de por sí elocuente, resalta aún más si conocemos la rentabilidad del sector eléctrico, que pasó del 6,5% en 2013 al 8,16% en 2016[16]. El 88% de este beneficio se distribuye vía dividendo a los accionistas de las empresas eléctricas. El fenómeno de la pobreza energética tiene un reverso que es el enriquecimiento monetario de algunos actores del mercado gracias a una regulación que ampara y cronifica esta situación de desigualdad y asimetría de poderes e información. La realización de una auditoría rigurosa e independiente del sector eléctrico español debería ser el punto de arranque de cualquier reforma.
La formación de los precios finales y la extracción de los crecientes beneficios por parte del oligopolio de las empresas eléctricas es una materia extraordinariamente compleja que implica examinar la conformación de los ingresos de la distribución, unos ingresos que dependen de una tasa de retribución financiera (6,5%) a la que se suma la amortización de los activos de la red. Dicha tasa se calcula con la suma de los rendimientos de los bonos del Estado a 10 años más 200 puntos básicos (2%). En cuanto al precio final de la electricidad, el 55% de la factura son costes regulados y el 10% depende en gran medida del mercado gasista, cuya producción es cara y España tiene una alta dependencia del exterior, sujeto a unas variables internacionales y exógenas que no se pueden controlar. Ambos costes, el regulado y el del gas, han dependido mayormente de la política energética establecida por nuestros gobernantes, están suponiendo un encarecimiento determinante de la factura y se han trasladado directamente al consumidor final. De hecho, el grueso del beneficio de las empresas eléctricas está en la parte regulada del precio (el 55%), que es lo que permite a dicho oligopolio extraer un rendimiento seguro, con poco riesgo. Esto a su vez les permite atraer inversores internacionales y realizar operaciones lucrativas vinculadas a sus recursos e infraestructuras con fondos de inversión internacionales.
Otro punto de obligada referencia al tratar los problemas acuciantes del mercado eléctrico español es la de los abusos en la comercialización de la electricidad, que han sido sistemáticos, como lo atestigua la reiteración de resoluciones sancionadoras de la CNMC. Hay que recordar que en febrero de 2019 la CNMC sancionó con un total de 70.000 euros a las compañías Iberdrola Clientes S.A.U y EDP Energía S.A.U por incumplir los procedimientos de contratación que deben seguir las compañías de gas y electricidad cuando captan un nuevo cliente. La CNMC también multó a Endesa Energía, S.A con 260.000 euros, al no poder acreditar el consentimiento expreso de 17 clientes para cambiar de compañía; y por haber formalizado un cambio de comercializador de electricidad sin el consentimiento de un particular. Además, en enero de este año le impuso una sanción de 30.000 euros por incumplir los requisitos de contratación con sus clientes y en diciembre de 2018, otra de 120.000 euros, por dar de alta a clientes sin contar con su consentimiento. Meses antes, esta compañía también fue multada con 30.000 euros por una práctica similar. Adicionalmente, en 2017 el mismo organismo multó a cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural (Endesa Energía, S.A.U., Iberdrola Clientes, S.A.U., Gas Natural Servicios, SDG, S.A. y Viesgo Energía, S.L.) con un total de 155.000 euros por formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes.
Lo anterior hace aconsejable una reforma de la tipificación establecida en el artículo 66.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico para que las prácticas de incumplimiento de los requisitos de contratación con clientes no se consideren infracciones leves sino graves y supongan una mayor multa.
En España la entidad titular de las infraestructuras de transmisión (alta tensión) y de administrar el sistema, en el sentido de coordinar la producción al instante de todas las centrales e instalaciones generadoras, es la empresa Red Eléctrica Española, SA, que originariamente era una empresa pública y posteriormente se privatizó, aunque el Estado sigue teniendo una parte de las acciones (20% es de la SEPI[17]). La entidad que administra o gestiona el mercado eléctrico es la Operadora del Mercado de Electricidad Español, SA (OMEL) que organiza jurídica y físicamente el que los agentes contratadores (generadoras y comercializadoras) lleven a cabo sus compraventas, actuando como cámara de compensación entre ellos. Se creó también como empresa pública, como parte del desarrollo de la ley que ordenó el sector y estableció el primer marco regulador (Ley 54/1997) y posteriormente se privatizó.
España ha construido en las últimas décadas un mercado energético nacional con una alta dependencia financiera al dejar un sector tan estratégico sujeto a las influencias, injerencias e intereses de otras potencias y poderes corporativos extranjeros. La liberalización y privatización del sector eléctrico, con la retrospectiva de más de dos décadas, ha sido un error y es uno de los puntos centrales del problema de la pobreza energética, al haber contribuido al encarecimiento del precio de la energía gracias a una regulación muy favorable para la extracción de riqueza por parte de un oligopolio de empresas en cuyos consejos de administración han tenido y siguen teniendo cabida numerosos políticos, algunos de los cuales habían ostentado el cargo de ministros. Las denominadas “puertas giratorias” entre política y empresas eléctricas demuestran que la gestión pública de la energía ha estado no infrecuentemente alejada de los fines e intereses generales que se la presumen[18].
En un estudio de 2007 titulado La competencia en los mercados energéticos, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la Competencia de Naciones Unidas ya afirmaba que la liberalización del sector eléctrico puede redundar en un aumento de los precios y asimismo que la privatización no suele contribuir a alcanzar los objetivos de electrificación rural. Además, el aumento de la eficiencia de las antiguas empresas estatales de servicios públicos puede entrañar la pérdida de muchos puestos de trabajo, concluyendo que la experiencia acumulada en materia de liberalización de los mercados energéticos demuestra que no existe un único modelo de mercado adecuado para introducir una competencia efectiva en esos mercados[19].
En efecto, la privatización del sector eléctrico español a finales de los años 90 disparó el precio de la electricidad, creando un mercado que pronto se orientó hacia unos intereses alejados y no alineados con el bien común de la sociedad española. La mera proposición de una (re)nacionalización total o incluso parcial del sector eléctrico español parece hoy en día un tema tabú dentro del debate sobre las políticas públicas en materia energética. Lo mismo puede decirse del impulso a las cooperativas de energía y a la regulación del fenómeno de la micro-cogeneración y del autoconsumo con energías libres y renovables, que supondría una verdadera revolución del mercado y que abriría múltiples posibilidades para la autogestión y soberanía social de la energía.
No obstante, a lo anterior, caben medidas intermedias, como la constitución de una empresa pública de electricidad que ofreciera servicios de suministro básico asequible contribuyendo a desconcentrar el mercado y estimular la competitividad. Otra propuesta podría ser la de recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada vayan caducando. Esta medida permitiría complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan valles, sin que interfieran intereses económicos privados, así como compensar a los territorios que soportan las centrales y sufren las consecuencias de la desigualdad territorial.
La creciente y alarmante pobreza energética en España nos pone de relieve la necesidad de una mayor audacia en la comprensión y orientación de las políticas públicas al respecto, en numerosas ocasiones afectadas por un cortoplacismo y reduccionismo que ha impedido la obtención de resultados notables hasta la fecha. La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, ya en marcha, cubre algunas lagunas que existían y facilita nuevos escenarios para la intervención y solución, pero no contiene un horizonte realmente transformador ni integral que permita terminar eficazmente con la pobreza energética.
Es necesario un enfoque más omnicomprensivo y transversal, que se principie desde las causas mercantiles y no sólo desde los efectos sociales del fenómeno de la pobreza energética. Las diversas organizaciones sociales que trabajan en este ámbito están en posición de jugar un papel clave y directo en la intervención y solución de este problema. Ello implica necesariamente ir más allá de las medidas meramente paliativas. Las políticas de bonificación de la factura eléctrica o de eficiencia energética en hogares vulnerables pueden ser, ciertamente, medidas oportunas, pero no suficientes ni centrales para la resolución de esta problemática socioeconómica. Examinar más profundamente el fenómeno de la pobreza energética implica replantear las bases estructurales del mercado eléctrico, sobre todo la formación y transparencia de los precios, así como los fines de la política energética actual, cuya operatividad impide aún la garantía de un suministro asequible para muchos hogares españoles en situación de vulnerabilidad.
Hablar de pobreza energética implica reconocer jurídicamente un derecho universal a la energía, es decir, una garantía de suministro mínimo vital y una prohibición de desconexión. La dignidad humana, afectada por la pobreza energética, presupone, antes de ello, reconocer un pleno derecho a la vivienda, porque éste quedaría ineficaz si en la vivienda no hay un suministro eléctrico mínimo asegurado. De poco sirve que se reconozca constitucionalmente un derecho a la vivienda si la vivienda carece de energía. De la misma forma, de nada sirve el reconocimiento legal de un derecho a la energía si una parte de la población no tiene acceso real a la vivienda, por motivo del encarecimiento del mercado de venta y alquiler de las primeras viviendas. Es preciso tener en cuenta el alto grado de endeudamiento que afrontan las familias españolas para el acceso a la primera vivienda, así como los grupos de población que habitan en hogares sin título de propiedad o con arrendamientos irregulares.
En este sentido, se hace inaplazable el fomento de un potente parque de vivienda pública en alquiler social con subvención para los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables. Lo mismo puede afirmarse del derecho al trabajo, habida cuenta de que España, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, tiene una cifra total de parados registrados de 3.065.804. Energía, vivienda y empleo están interrelacionados, y cualquier medida de política social debería contemplar la coordinación territorial y administrativa de todas ellas.
La situación oligopólica del mercado eléctrico y la política energética desde la privatización del sector en los 90 hasta las recientes medidas gubernamentales han agravado las desigualdades sociales en este aspecto, impactando de lleno en colectivos de por sí vulnerables, por tratarse la pobreza energética de un tipo pobreza que se suele yuxtaponer a la pobreza general monetaria y a situaciones de desempleo, bajas rentas y exclusión social. El precio de la energía en España es de los más caros de la UE y la opacidad y regulación de dicho precio es uno de los núcleos centrales del problema de la pobreza energética, que no sólo afecta a los colectivos vulnerables sino indirectamente a la competitividad y productividad de las empresas españolas, encareciendo las exportaciones. La política energética de los últimos gobiernos ha sido errática por haber estimulado con ayudas de Estado el sector de las renovables, ayudas que posteriormente fueron anuladas por las autoridades europeas, recibiendo el Estado español numerosas sanciones y multas al respecto.
Luchar contra la pobreza energética sin tener en cuenta la estructura actual del mercado eléctrico y las consecuencias prácticas que se arrastran en perjuicio del bienestar de la población es no abordar el problema en sus términos adecuados. De ahí que mientras siga subiendo el precio de la electricidad y persista el actual esquema asistencialista en torno al fenómeno de la pobreza energética, la vía será la de aumentar los fondos presupuestarios, porque se irán sumando más ciudadanos a los colectivos vulnerables con incapacidad de pago.
Una regulación realmente orientada a las causas y no sólo a los efectos debería contemplar una desconcentración del mercado eléctrico y un endurecimiento del régimen de sanciones por infracción del derecho de la competencia. También debería incluir incentivos fiscales para la incorporación de tecnologías de autogeneración, autoconsumo y de eficiencia energética (como los contadores inteligentes), así como mecanismos de tutela judicial para empoderar a los consumidores energéticos, mejorar la claridad del lenguaje administrativo y de los contratos de suministro energético con supervisión y prevención de clausulados abusivos predispuestos por las empresas eléctricas. A ello habría que sumar decididamente la exención del IVA a los colectivos vulnerables y la aplicación del tipo superreducido del 4% y no del general del 21% al resto de la facturación eléctrica. Tampoco deberían contemplarse en las facturas sobrecostes derivados de las ayudas al carbón y las primas a las renovables[20]. Estos sobrecostes no deberían figurar en la factura a pagar por el consumidor sino introducirse en los presupuestos generales del Estado. Existen varias palancas (de política tributaria y presupuestaria) con las que reducir materialmente los importes de la factura eléctrica en beneficio de todos los consumidores eléctricos. Repensar la factura eléctrica requiere voluntad política y ésta puede activarse con reivindicaciones sociales y sectoriales concretas en dicha dirección.
Junto al replanteamiento de la factura eléctrica se encuentra la cuestión del pago. La energía se paga más por la potencia contratada que por el consumo efectivo. El término fijo no debería ser superior al 25 % de la factura y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) deberían tener un precio bastante más bajo, que aumentaría en los siguientes hasta penalizar el despilfarro. Debería instarse una reforma normativa para evitar que esto fuera así, porque ello desincentiva el ahorro energético. Y lo que es peor, se desincentiva el I+D+i en tecnología de ahorro energético, como la micro-cogeneración mediante energías verdes y renovables como el biogás y la biomasa, o en materia de educación y climatización de viviendas nuevas o usadas, estimulando la rehabilitación energética para mejorar el aislamiento de las mismas. La rehabilitación de viviendas para promover la eficiencia energética debería ser una prioridad política, incluyendo el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Las subvenciones deberían ser prioritarias para los hogares y zonas más vulnerables, conforme a las garantías de justicia social y territorial. En definitiva, las soluciones a la pobreza energética podrían servir como acicate para el impulso de una economía más justa pero también más descarbonizada.
[1] La Estrategia da cumplimiento al mandato establecido en el artículo 1 del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que encomienda al Gobierno la aprobación de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.
[2] La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las condiciones del ambiente interior de la vivienda influyen directamente en nuestra salud. Como se afirma en las Directrices de la OMS sobre vivienda y salud de 2018, las malas condiciones de habitabilidad pueden exponer a las personas a una serie de riesgos para la salud, y la dificultad o el coste elevado de calentar el hogar afectan a la salud respiratoria y cardiovascular, mientras que las altas temperaturas interiores pueden causar enfermedades y aumentar la mortalidad por causas cardiovasculares.
[3] https://www.energypoverty.eu/
[4] Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017, este indicador ha sufrido un importante aumento en el período 2008-2014, desde el 4,6% de 2008 al 9,2% de 2014, compensado parcialmente en los últimos años hasta situarse en el 7,4% en 2017. Este porcentaje de la población es equivalente a 3,5 millones de personas.http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
[5] https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
[6] Según el Ministerio para la Transición Ecológica, los últimos datos disponibles sobre los bonos sociales eléctricos arrojan la cifra de 1.436.268 solicitudes completas recibidas, de las cuales 1.041.612 son bonos sociales activos. De esta última cifra, 544.570 bonos corresponden a consumidores en situación de vulnerabilidad, 494.372 a consumidores en situación de vulnerabilidad severa y 2.670 a personas en riesgo de exclusión social. Para el año 2018, el coste del bono social eléctrico fue de unos 200 millones de euros según datos de la CNMC. Para el año 2019, han sido destinados a la financiación del bono social término 80 millones de euros.
[7] El bono térmico es una ayuda -una única cantidad- que concede el Ministerio para la Transición Ecológica a los beneficiarios del bono social eléctrico, para ayudarles a pagar los gastos del combustible que utilicen para calefacción, agua caliente sanitaria o cocina en la época invernal. Los beneficiarios del bono social eléctrico reciben una única aportación en metálico según su nivel de renta y de la zona climática donde esté la vivienda.
[8] La condición de entidad privada de la comercializadora de referencia conlleva la aportación de documentación inicial por parte del consumidor para acreditar que solicita el bono social para su vivienda habitual (certificado de empadronamiento) y que forma parte, si es el caso, de una unidad familiar (libro de familia o documento que certifique el estado civil del solicitante). Este aspecto se vería simplificado en el caso de que la solicitud fuese presentada ante una administración pública habilitada para la consulta de determinados registros y bases de datos obrantes en otras administraciones, previa suscripción de los correspondientes acuerdos y convenios entre las administraciones. Por otro lado, sería aconsejable un endurecimiento del régimen sancionador de las infracciones relacionadas con las conductas de las comercializadora que supongan un entorpecimiento de la operativa prevista, sobre todo en lo relativo a la resolución de discrepancias regulado por el artículo 8.2. párrafo 3º del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
[9] Debería replantearse la forma en que se presta el apoyo voluntario a los colectivos afectados por la pobreza energética. La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado, exige que los voluntarios de las entidades de voluntariado (empresas, ONG, entidades sin ánimo de lucro, etc.) tengan que estar asegurados (artículo 10). Esta obligación de aseguramiento supone a dichas organizaciones sociales incurrir en un coste fijo y operativo que puede hacer inasumible el servicio social que prestan.
[10] Artículo 3.3: Member States shall take appropriate measures to protect final customers, and shall, in particular, ensure that there are adequate safeguards to protect vulnerable consumers. In this context, each Member State shall define the concept of vulnerable customers which may refer to energy poverty and, inter alia, to the prohibition of disconnection of electricity (gas) to such customers in critical times.
[11] En relación con la imposibilidad de suspender el suministro de los consumidores de gas natural, el artículo 88 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece la imposibilidad de suspender el suministro a los consumidores de combustibles gaseosos por canalización que reglamentariamente se hayan declarado como esenciales, incluso en el caso de impago.
[12] https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/cambio-de-comercializador
[13] https://www.eleconomista.es/energia/noticias/8352315/05/17/Como-Iberdrola-presuntamente-manipulo-los-precios-de-la-electricidad.html
[14] https://www.cnmc.es/expedientes/djvde00118
[15] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics/es
[16]https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/estragos-falso-mercado-electrico_6_735686444.html
[17] https://www.ree.es/es/accionistas-e-inversores/la-accion/accionariado
[18]https://www.yoibextigo.lamarea.com/wpcontent/uploads/2018/09/YOIBEXTIGOPUERTASGIRATORIAS.pdf
[19] https://unctad.org/es/Docs/c2clpd60_sp.pdf
[20] Véase a este respecto, el interesante trabajo de Mastropietro, P., “Who should pay to support renewable electricity? Exploring regressive impacts, energy poverty and tariff equity”, Energy Research & Social Science, Volume 56, October 2019.
Técnico del equipo de Estudios de Cáritas Española
El uso del concepto Pobreza Energética ha ido ganando terreno en los últimos años y ya no es extraño escucharlo en tertulias y medios de comunicación. Normalmente en los días de olas de frío, las familias que sufren Pobreza Energética ocupan páginas en periódicos y minutos en radios y televisiones. Tan común empieza a ser su uso que, al escuchar el concepto es sencillo deducir para cualquier oyente o lector de qué se está hablando y es fácil imaginarse qué tipo de circunstancias viven las familias que se encuentran en dicha situación.
Pero hablar de Pobreza Energética puede suponer una emboscada. Desde Foessa defendemos que la pobreza es sólo una y que los apellidos que se le agregan (pobreza energética, pobreza infantil, etc) no son sino representaciones de una realidad que afecta de forma íntegra a todos los miembros de un hogar. Y decimos que puede ser una emboscada porque, parcelando de esa forma un fenómeno tan integral y complejo como es la pobreza, se puede correr el riesgo, sobre todo desde los ámbitos que tienen la responsabilidad de liderar las políticas públicas y los procesos de intervención social, de ofrecer soluciones parceladas y paliativas que no aborden la integralidad de la situación familiar.
Una vez plasmada esta reflexión, entendiendo que el uso del concepto como tal puede tener un útil efecto comunicativo y que parcelar la realidad, siempre sin desconectarla, también puede ser ventajoso para profundizar en determinados análisis podemos abordar algunas reflexiones sobre la Pobreza Energética.
Se trata de un concepto de relativo corto recorrido, no es hasta los años 90 en el Reino Unido cuando se empieza a hablar de Pobreza Energética, la definición y medición del mismo se encuentra aún en fase de construcción y consenso académico. Así, por ejemplo, no existe una definición común en la Unión Europea y en nuestro país, el Ministerio de Transición Ecológica, en su documento de Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024[1], enunció la siguiente definición el pasado mes de abril:
La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía.
Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de esta definición, llama la atención que se mencionen los ingresos insuficientes de las familias o aspectos de ineficiencia como elementos generadores de Pobreza Energética y en cambio no se haga ninguna referencia al mercado de la energía, que marca los precios de ésta, como un factor estructural y causante. Como bien explica Francisco Lorenzo en su artículo Los apellidos de la pobreza[2], definir o denominar sirve para comprender y comprender para actuar; si además tenemos en cuenta que, según el propio documento del Ministerio, esta definición lo que pretende es guiar la Estrategia en la lucha contra la Pobreza Energética nos parece aún más significativa y relevante esa ausencia de mención al mercado de la energía.
Este aspecto es aún más importante si, tal y como evidencia el siguiente gráfico, observamos que el precio de la energía y los ingresos de los hogares han seguido dinámicas radicalmente opuestas en los últimos años. Así, entre 2008 y 2018 el precio de la energía eléctrica para una familia media[3] subió un 77,9%, mientras que el gas también vio incrementado su precio un 17,9%. Por otro lado, los ingresos de los hogares en el mismo periodo de tiempo, lejos de subir, se redujeron en un 4,3%.
Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat medido en unidades de paridad de poder de compra (PPS/kWh)[3] y la Encuesta de Condiciones de Vida del INEPara facilitar la medición de la Pobreza Energética, la mencionada Estrategia establece cuatro indicadores, que toma a su vez del Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética, y que define del siguiente modo:
La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética recaba datos en nuestro país para cada uno de los indicadores concluyendo que en 2017, último año del que se tiene información, si se analiza la evolución de cada indicador de manera independiente, sin interacción entre ellos, puede concluirse que entre el 7,4% y el 17,3% de la población española se encuentra en situación de pobreza energética, porcentajes que corresponden a entre 3,5 y 8,1 millones de personas.
Analizando el progreso de cada uno de los indicadores, vemos que tanto el de “Temperatura inadecuada” como el de “Retraso en pagos” ofrecen una evolución acorde con el ciclo económico. Es decir, desde 2008 sufrieron un incremento notable hasta 2014, pico de la crisis, y desde entonces una sostenida mejora hasta 2017.
Por otro lado, el indicador de “Gasto desproporcionado” no ha dejado de crecer desde 2008 y, a pesar de la recuperación económica, cada vez son más las familias que ven cómo la factura de energía supone un gasto excesivo en su economía doméstica. Indudablemente, el superlativo incremento del precio de la energía está detrás del crecimiento imparable de este indicador.
Por último, el indicador de “Pobreza energética escondida” muestra una reducción constante que, a partir de 2014, puede explicarse por el ciclo económico dado que, al haber pasado los años más críticos de la crisis, las estrategias de extrema reducción de gastos en las familias se han hecho cada vez menos presentes.
La Encuesta de Integración y Necesidades Sociales de FOESSA (EINSFOESSA) nos permite calcular los cuatro indicadores propuestos por la estrategia y cruzarlos con muchas otras variables de tal forma que podamos conocer un poco más lo que les pasa a las familias que viven en situación de Pobreza Energética.
Como bien señalábamos al inicio, la Pobreza Energética no es un fenómeno aislado del resto de las vivencias de las familias. De hecho, al comparar cómo afecta este fenómeno a los hogares que se encuentran en situación de exclusión, vemos que entre las familias excluidas se multiplica por cinco la probabilidad de vivir situaciones de Pobreza Energética.
La Pobreza Energética es un fenómeno que afecta a hogares y dentro de éstos a personas. Por este motivo, para describir el perfil hablaremos de tipos de hogares y de sustentadores principales de los mismos, es decir, la persona que más ingresos aporta. Y, como era de esperar, no hay sorpresas en este punto, los hogares que más sufren la Pobreza Energética son los compuestos por familias numerosas y monoparentales. Tampoco debe extrañar que, al indagar en el perfil de los sustentadores principales de los hogares más afectados, nos encontremos colectivos históricamente castigados como la población de origen inmigrante, desempleados, mujeres o personas con bajo nivel formativo. Una evidencia más de que la Pobreza Energética no es más que una representación de la pobreza en general donde dominan los mismos perfiles mencionados.
Tan solo dos apuntes que nos ayudan a matizar lo expresado: las viviendas de alquiler, por un lado, y el empleo, por otro. Con respecto a lo primero, conviene señalar que las familias que residen en viviendas de alquiler sufren en mayor medida la Pobreza Energética. En este caso, a esa afectación diferencial que tiene la exclusión sobre las familias en régimen de alquiler hay que sumar las limitaciones para acometer mejoras de eficiencia en la vivienda bien por imposibilidad (por motivos económicos o de permisos de la propiedad), bien por falta de motivación (¿para qué voy a invertir un dinero en algo que no es mío?)
Con respecto al empleo, y tampoco es novedad, subrayar el hecho de que la Pobreza Energética es un fenómeno que afecta de forma preocupante también a hogares cuyo sustentador principal cuenta con un empleo (cerca del 14% de afectación en algunos indicadores). Es decir, se trata de una nueva constatación de que, en nuestros días, contar con un empleo no blinda necesariamente a una familia contra situaciones de pobreza.
¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? ¿Qué significa para una familia vivir situaciones de Pobreza Energética?
Hay una primera y evidente consecuencia: el estado de salud. Así, por ejemplo, el porcentaje de personas que perciben su estado de salud como malo es más del doble entre las personas que no consiguen mantener una temperatura adecuada que entre aquellos que sí experimentan en su hogar una sensación de confort térmico. Un frágil estado de salud que no será un buen compañero de viaje en la lucha por salir de este contexto de pobreza, para conseguir un puesto de trabajo, por ejemplo, y que incidirá en la perpetuación de estas situaciones.
El elevado coste que las facturas de energía, recordemos y subrayemos la desigual evolución entre precios de la energía e ingresos familiares, ha llevado a un sobreendeudamiento de los hogares difícilmente sostenible. Entre las familias que están asumiendo un gasto desproporcionado en la factura energética, casi 6 de cada 10 se han visto además obligadas a reducir gastos en vestido y calzado y más de 2 de cada 10 aun así han tenido que recurrir a ahorros para cubrir gastos cotidianos.
Una vivienda en la que hace frío o en la que la factura de la luz obliga a moverse casi en penumbra no es un lugar que invite a recibir visitas, lo que en el medio o largo plazo termina generando situaciones de aislamiento social. Si la Pobreza Energética priva a las personas del calor y confort mínimo del hogar, el aislamiento aleja el calor humano y con ello una de las mejores vías para romper el círculo vicioso de la pobreza.
Consecuencias negativas sobre la salud, agravamiento de situaciones de pobreza, aislamiento…estas son algunas de las situaciones que viven hoy en día millones de personas en nuestro país y que se esconden tras el concepto de Pobreza Energética. Una realidad que es necesario abordar desde la integralidad, la definición de responsabilidades y el compromiso político porque, en estos tiempos que corren, no podemos dejar de tratar este asunto como lo que es, un Derecho… el Derecho a la Energía.
[1] https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategianacionalcontralapobrezaenergetica2019-2024_tcm30-496282.pdf
[2] https://documentacionsocial.es/2/accion-social/los-apellidos-de-la-pobreza
[3] Considerando la potencia de consumo contratada entre 2 500 kWh y 5 000 kWh (electricidad) y entre 20 y 200 GJ (gas).
Sociólogo. Equipo de Estudios de Cáritas Española
El género es un factor explicativo ineludible en cualquier análisis. Por regla general si comparamos la situación entre varones y mujeres, estas últimas llevan la peor parte.
La última encuesta FOESSA sobre exclusión social así lo manifiesta. Las mujeres tienen peores condiciones de empleo y están más presentes en la mayoría de los indicadores de pobreza y exclusión social…
En este breve artículo queremos llamar la atención sobre uno de los datos en los que esta realidad se nos muestra con mayor contundencia, a más de apuntar con claridad que la cuestión de género tiene, sobre todo, una causa estructural.
Al preguntar a la población desempleada sobre que pasaría si encontraran hoy mismo un empleo, entre aquellos que respondían que no podrían aceptarlo por responsabilidades familiares, tan solo el 8,2% eran varones, frente a un 91,7% de mujeres. Los varones podrían dejar de ejercer inmediatamente sus responsabilidades familiares, las mujeres no.
El rol de los cuidados, de todo lo reproductivo sigue asignado a fuego a la mujer. Este dato concreto no es sino uno más de entre muchos y lo hemos elegido por su contundencia. Y porque nos abre la vía a la reflexión sobre el proceso de asignación de roles, que no es inocente, y manifiesta un modelo que primero las cataloga como importantes y secundarios, y después los distribuye sexualmente.
Marte es la producción y la competencia, venus la reproducción y el cuidado. Marte es importante, Venus secundaria. Sus respectivos roles son reconocidos y recompensados social, cultural y económicamente como tales.
No tenemos que explicar la importancia del acceso al empleo como mecanismo de integración social, y como esta asignación de rol pone a las mujeres en mayor dificultad. De igual manera, cuando entre los criterios para conceder y mantener una renta mínima se incluye sin más consideración el de ser buscador activo de empleo, obviando que muchas mujeres no pueden serlo, porque ponerse a trabajar tiene consecuencias muy graves sobre aquellos a los que cuida.
Pero más allá de esto, la asignación y valoración social de los roles es una realidad socialmente construida, que no responde en su mayor parte a ningún tipo de determinismo natural, y que en tanto constructo es posible y deseable su modificación, tanto en su asignación como en su consideración social.
Sería muy importante que los varones comencemos a sumir tareas reproductivas y de cuidados, que se cambien leyes y hábitos de organización del trabajo… pero no para descargar a la mujer de tareas secundarias, sino para que aprendamos que eso de cuidar es socialmente mucho más interesante que el competir, y que sin reproducción nada se puede producir. Para afirmar que el sostenimiento y el cuidado de la vida es el sentido último del vivir social.
Socio cooperativista en Redes Sociedad Cooperativa
Proponemos en esta ocasión la lectura de una actualidad escandalosa. El libro que presentamos está escrito en 2017, pero, de un modo y otro comienza a gestarse en 1995. Estamos viviendo tiempos complejos; el último Informe FOESSA, así nos lo cuenta de forma nítida, el auge continuado de los partidos de extrema derecha por toda Europa, los flujos de personas que por diferentes motivos arriesgan sus vidas para llegar a un supuesto paraíso que no es otra cosa que un regalo envenenado.
Pues en este contexto aparece esta lectura. Ya hace tiempo que la Profesora Adela Cortina intuyó que en nuestra relación con las personas hay una serie de elementos que las condicionan, y que concretamente las personas que viven situaciones de pobreza se ven expuestas a un rechazo y una exclusión, no tanto por lo que son, personas, sino por lo que tienen, nada o poco, es decir situación de pobreza.
Este rechazo que en los años 90 se focalizaba de forma significativa en algunos colectivos, tales como las personas sin hogar, en personas migrantes que a principios de esa década comenzaban a llegar de forma numerosa a nuestro país, etc. no tenía una palabra que lo describiera. Por este motivo en diciembre de 1995 Adela Cortina publicó un artículo en una columna de un diario con el nombre de aporofobia. En él trataba de explicar que ese rechazo a las personas en situación de pobreza, no lo es tanto en cuanto personas, sino en cuanto “pobres”. Se define la aporofobia como el rechazo al pobre. Es muy importante que la “lacra tenga nombre”, como trata de reflexionar en el capítulo primero del libro.
A partir de ahí la Profesora de una forma clara, completa e integral, desde diferentes perspectivas (filosofía, ética, religión, economía, neurociencia) sin excluir ninguna implicada y reconociendo el valor que cada una de ellas aporta a la cuestión. Es desde ahí desde dónde desarrolla la obra, en un primer momento con carácter más descriptivo, explicativo y en un segundo momento con un tono más propositivo.
Algunas cuestiones tales como lo que dice sobre los discursos y delitos de odio pueden resultar más conocidas o comunes, mientras que otras tienen un carácter novedoso, al menos para el común de los mortales, entre los que me encuentro. Y es que la autora explica de un modo sólido y convincente como las raíces de la aporofobia son biológicas. Tanto es así que el capítulo cuarto lleva por título nuestro cerebro es aporófobo explica claramente como a lo largo de miles de años, nuestro cerebro ha ido conformándose desde parámetros que nos generan certidumbre y seguridad, por eso nuestra relación con los próximos se establece en unas claves que no lo hacen con quienes nos son lejanos. Este capítulo nos parece muy revelador.
Ahora bien, que esta cuestión que nos ocupa tenga una explicación y un origen biológico no significa que estemos determinados a vivir así el resto de nuestra existencia personal y colectiva a lo largo de los tiempos.
Es muy importante educar la conciencia en la compasión y en la justicia, pero también lo es que en las sociedades se generen estructuras que no sólo se encarguen de paliar las situaciones urgentes, sino que aborden lo importante: la promoción y la autonomía de todas las personas y especialmente de quienes viven en situaciones de desventaja.
El libro está plagado de cientos de detalles que van consolidando una reflexión propositiva con sentido. Y como decíamos al principio, en estos días en los que el debate del Open Arms está ocupando todo el espectro mediático, necesitamos acudir a fuentes que nos den de beber el agua de la cordura, de la responsabilidad y de la hospitalidad.
