Editorial

Una transición ecológica justa

Recientes aún los ecos de la COP25, y con el sabor agridulce de sus resultados, en nuestro país comenzamos un nuevo ciclo político en el que parece que los temas de sostenibilidad, emergencia climática, transición ecológica… van a ocupar una parte significativa de la agenda institucional, con la prometida tramitación de la ley de cambio climático y transición energética, esperamos que a la altura de la preocupación social.

Tres son los elementos que nos informan de la necesidad y la urgencia de afrontar estas realidades. El tiempo perdido desde que se pusieron encima de la mesa estos temas, allá por los años setenta del siglo pasado; la evidencia científica de que es la acción humana la que hoy está provocando los cambios que nos amenazan; y la no menos evidencia de que el cambio, en los comportamientos individuales resulta necesario pero insuficiente.  Hay mucho en juego y poco tiempo para hacerlo.

La transición hacia un modelo social sostenible se apoya en una evidencia: resulta imposible mantener un modelo de crecimiento sostenido en un planeta con unos recursos finitos. Y se hará, por las buenas, fruto de la conciencia, o por las malas, por pura necesidad.

Pero ese modelo social sostenible no debemos comprenderlo solo como aquello que marca los límites físicos que tiene el seguir haciendo lo mismo que hacemos, en menor medida, pero lo mismo. Si lo hacemos estaremos minando su verdadera potencia transformadora. La clave está en saber que debemos empezar a hacer otras cosas completamente diferentes. Si hacemos lo mismo, pero menos, seremos un poco menos desiguales, pero desiguales. Seremos un poco menos consumistas, pero consumistas.

No podemos olvidar que los límites no solo son físicos, sino también morales y éticos. Y que la pobreza y la exclusión social hacen insostenible cualquier sociedad que se quiera decir decente. El sur del planeta y los sures del norte no solo participan en menor medida, o en ninguno de los supuestos beneficios del modelo, sino que también sufren las peores consecuencias presentes en forma de residuos y en general de efectos de huella ecológica.

Esperamos y trabajamos por una transición ecológica justa del modelo de producción, consumo y convivencia que no convierta también a los pobres y excluidos en nuevas víctimas.  Queremos una transición regulada por el bien común, que por ser el de todas y cada una de las personas que habitamos la casa común, ha de hacerse garantizando que el agua llega a todos los rincones del huerto, sin dejar zonas baldías, por mucho que estas no sean la mayoría.

 

Número 4, 2020

Palabras clave: cambio climático, capitalismo

Con voz propia

Límites y fascismo territorial

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Yayo Herrero

Antropóloga, Ingeniera y Activista ecosocial

 

 

El Club de Roma advertía en 1972 sobre la inviabilidad del crecimiento indefinido de la población y sus consumos en un planeta con límites físicos. En 2019, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) advierte de que disponemos de doce años para mitigar el calentamiento global y limitar el alcance de la catástrofe global. De lo contrario, millones de personas estarán en peligro ante las crecientes sequías, inundaciones, incendios, hambrunas y pobreza.

La Agencia Internacional de la Energía en su último informe anual advierte que en 2025 será imposible satisfacer la demanda global de petróleo. El declive de la energía fósil y la crisis climática obligan a una transición del sector energético y del transporte hacia energías renovables. Ello implicará depender de otros minerales que también son finitos: cobalto, litio, níquel, cromo, molibdeno, plata, cobre, tántalo…

Hoy, la humanidad necesita un planeta y medio para vivir. La huella ecológica mide la superficie ecológicamente necesaria para producir los recursos consumidos por una persona media de una determinada comunidad humana, así como para absorber los residuos que genera. Esa superficie se dispara en lugares como Estados Unidos o Europa. Los países enriquecidos no viven con los recursos de sus propios territorios, sino con materias primas extraídas y productos manufacturados en otros lugares. En España, el 80% de la energía y 75% de los minerales utilizados proceden de América Latina y África, y los alimentos que consumimos requieren el doble del territorio nacional.

Si la valla que rodea el mundo rico, además de no permitir la entrada de personas migrantes no dejase entrar energía, alimento, pesca y materiales procedentes de los mismos países de estas personas, el mundo rico no podría sostenerse materialmente durante mucho tiempo. El capitalismo mundializado ha intensificado los mecanismos de apropiación de tierra, agua, energía, animales, minerales y explotación de trabajo humano. Instrumentos financieros, la deuda, compañías aseguradoras, y todo un conjunto de leyes y tratados internacionales que allanan el camino para que complejos entramados transnacionales, apoyados en gobiernos  despojen a los pueblos, destruyan territorios, desmantelen las redes de protección pública y comunitaria que existan, y repriman las resistencias que surjan.

La vulnerabilidad económica también afecta al 32,6% de la población española. Casi un 30% de las familias emplean ahorros o piden dinero prestado para hacer frente a sus gastos. Se extreman las formas de explotación y los empleos precarios se convierten en una nueva normalidad.

Esta construcción política, ecocida e injusta cuenta con amplio consenso, no solo de los sectores conservadores sino también de la socialdemocracia. La racionalidad económica considera que las vidas y los territorios importan solo en función del valor añadido que produzcan.

En medio de estas turbulencias se produce un repunte significativo de opciones políticas que enarbolan un discurso xenófobo,  misógino, histriónico y agresivo que buscan desviar la mirada del proceso de desposesión y expulsión que estamos viviendo. Unas opciones políticas y un discurso que pretenden mantener el orden mediante el miedo, la desconfianza y el ejercicio del poder contra el último.

¿Cómo hacer para garantizar las condiciones de vida para todas las personas? ¿Cómo afrontar la reducción del tamaño material de la economía de la forma menos dolorosa? ¿Qué modelo de producción y consumo es viable para no expulsar masivamente seres vivos? ¿Cómo mantener vínculos de solidaridad y apoyo mutuo que frenen las guerras entre pobres, vacunen de la xenofobia y del repliegue patriarcal?

Desde el ecologismo social creemos fundamental la reorganización de la economía, el ajuste a los límites físicos de los territorios y el acceso garantizado, sobre todo de alimentos, energía y agua. Esta relocalización de la economía, aprender a vivir con los recursos cercanos, es fundamental para frenar la expulsión de personas de sus territorios y garantizar su derecho a permanecer en ellos – teniendo en cuenta que una parte de los desplazamientos forzosos ya será inevitable y que tenemos la obligación de organizarnos para acoger a aquellos con los que hemos contraído una deuda ecológica y no tienen dónde volver. Adoptar principios de suficiencia, equitativos y justos, es condición necesaria para la solidaridad dentro y fuera de nuestras fronteras.

 

Número 3, 2019