Doctora en Psicología. Responsable del Área de Personas Mayores y Envejecimiento de Cáritas Bizkaia. Profesora de la Universidad de Deusto.
Puedes encontrar a Mª Pilar Castro Blanco en Linkedin.
La soledad es un fenómeno que genera una preocupación creciente, especialmente en los países más desarrollados. Son abundantes los estudios que nos indican que, a pesar de las facilidades del mundo contemporáneo para la comunicación y la conexión, la soledad es una sensación -y a veces una situación- extraordinariamente frecuente. También son llamativos los datos que nos alertan sobre las consecuencias negativas de la soledad sobre la salud física y mental de la población. Por todo ello, no es extraño que se hable de ella como de un problema de salud pública, o incluso que sea considerada un asunto en el que el estado debe intervenir, lo que está llevando a la creación de observatorios, planes de intervención, e incluso a secretarías de estado y ministerios (como en Gran Bretaña y Japón).
Entre las investigaciones encontramos algunas que hablan de la soledad como situación (escasez o pobreza objetiva de relaciones), mientras que otras se refieren a la soledad como sentimiento o sensación (más relacionada con la insatisfacción con las relaciones). Hay que señalar que no siempre hay correspondencia entre ambas, ya que no toda situación de soledad genera sensación de soledad, ni toda sensación de soledad se explica por las dimensiones de la red social de la que dispone la persona. En otras palabras, la soledad como estado se ve y se puede valorar a través de datos objetivos, como el número de personas que viven solas, el tiempo que una persona pasa sin compañía o sin hablar con otras, etc.; en cambio, la soledad sentida, tiene que ver con la valoración que la propia persona hace de sus relaciones, y depende no solo de su número, sino también -y sobre todo- de aspectos cualitativos percibidos (afinidad, reciprocidad, conflicto…), por lo que es difícil de detectar para el observador externo y requiere que sea la misma persona quien la exprese.
Todas las personas, independientemente de los años que tengamos, necesitamos sentirnos vinculadas y disponer de relaciones significativas en las que nos sintamos bien. Y es habitual que a lo largo de nuestra vida pasemos por momentos en los que echemos de menos diferentes apoyos, o vivamos situaciones en las que algunas relaciones no respondan a nuestras expectativas, o no nos sintamos realmente conectados o comprendidos.
Sin embargo, a pesar de que la soledad no tiene edad, tendemos a asociarla con las personas mayores, debido a las pérdidas -de relación, de salud, de roles…- que es más probable que acumulemos a media que avanzamos en la vida. Realmente no está claro que las personas mayores sean el grupo con tasas más altas de sentimiento de soledad, según han atestiguado algunos estudios recientes en torno a la COVID 19 (como el de Losada et al., 2020), pero sí quienes pueden tener mayores limitaciones para luchar contra ella, especialmente cuando se tienen dificultades de movilidad, problemas sensoriales, dependencia, edad muy avanzada, desánimo… Por ello, no es extraño que las personas mayores sean las destinatarias de una parte importante de los programas, cada vez más frecuentes, de prevención y ayuda contra la soledad.
Sin duda, la sensibilidad y conciencia colectiva acerca de la importancia de actuar contra la soledad de las personas mayores ha crecido en los últimos tiempos, y eso es una buena noticia. Fruto de ello son la gran cantidad y variedad de iniciativas de personas anónimas, organizaciones, asociaciones vecinales, empresas e instituciones, que se orientan a ella: actividades grupales, paseos adaptados, programas intergeneracionales, reflexiones acerca del urbanismo, nuevos servicios profesionales, proyectos de convivencia… También en este momento, desde Cáritas hemos querido compartir nuestra experiencia, basada en el trabajo de numerosos equipos de personas voluntarias que durante muchos años han tratado de estar cerca de la soledad de las personas mayores, y que hemos recogido en un sencillo documento de trabajo recientemente publicado.
En este momento de intensa preocupación y acción contra la soledad de las personas mayores, tenemos al menos dos retos para actuar con acierto: por una parte, entender la profundidad y variabilidad de la soledad y, por otra, evitar la generación de un estigma en torno a las personas que están y/o se sienten solas.
El primero de los retos implica reconocer y tener presente que la soledad es más que tener o no relaciones, es decir, más de lo que ven nuestros ojos. Como ya señalaron Perlman y Peplau (1981), pioneros en la investigación de la soledad, se trata del sentimiento que se produce cuando percibimos que hay una discrepancia, a nivel cuantitativo y/o cualitativo, entre las relaciones que percibimos tener y las que desearíamos. En consecuencia:
El segundo reto es evitar que la soledad de las personas mayores se convierta en un estigma, en algo de lo que avergonzarse. A pesar de que cada vez se usa más el término soledad no deseada, reconociendo que la soledad puede ser también una elección, muchas personas mayores se sienten obligadas a justificar su modo de vida y/o a sus familias (es que tienen que trabajar) y estas se ven con frecuencia negativamente juzgadas (cómo le deja vivir sola a su madre con la edad que tiene). Igualmente, es difícil para una persona mayor expresar que se siente sola, especialmente si sus condiciones de vida objetivas parecen no explicarlo (porque tiene familia, por ejemplo), por el halo de culpabilidad o de rareza que puede asociarse a la soledad aparentemente acompañada (no se esfuerza, algo habrá hecho para que los hijos no vengan, es que tiene mal carácter …). El miedo a ser juzgado/a negativamente dificulta que las personas mayores expresen sus verdaderas necesidades y pidan ayuda contra la soledad. De hecho, los instrumentos más eficaces para evaluar el sentimiento de soledad son aquellos que se refieren a ella indirectamente, sin llegar a nombrarla explícitamente.
Como se apunta desde la estrategia del Reino Unido, Campaign to End Loneliness, tener presente el estigma que genera la soledad nos puede ayudar a entender y llegar mejor a las personas. Por ejemplo, quizás deberíamos evitar las descripciones acerca de las personas mayores que se sienten solas que refuerzan los estereotipos negativos, como ha ocurrido a raíz de algunas campañas bienintencionadas que, queriendo concienciar, ahondan en la rareza de las situaciones. También es importante cómo presentemos nuestras iniciativas, pues pocas personas se sentirán atraídas a participar en un proyecto para personas solas; seguramente nos dará mejor resultado que planteemos nuestras intervenciones en clave de encuentro con otras, respondiendo a la necesidad universal de relación y de vínculo. Asimismo, no debemos olvidar que la reciprocidad en las relaciones es un factor directamente relacionado con su calidad percibida, y que, en general, a las personas nos cuesta menos dar ayuda que aceptarla. Si somos capaces de reforzar nuestras relaciones cercanas y de recuperar los vínculos y el cuidado mutuo comunitario, cada vez será más fácil escuchar frases como esta sin que nos importe que quien lo diga sea una mujer mayor que recibe el apoyo de un proyecto o la voluntaria que acude a su domicilio: Estamos muy a gusto. Compartimos un rato todas las semanas y hasta hemos llegado a sentirnos como amigas.
Comprender la soledad de las personas mayores y actuar contra ella nos ayuda a lograr una sociedad no solo más justa e inclusiva, sino también más vinculada, además de un futuro mejor para todas las personas que la componemos, independientemente de nuestra edad, pues todos necesitamos sentirnos queridos y acompañados, y el deseo de todos nosotros es llegar a envejecer.
Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497-529. https://www.researchgate.net/publication/15420847_The_Need_to_Belong_Desire_for_Interpersonal_Attachments_as_a_Fundamental_Human_Motivation
Campaign to End Loneliness: https://www.campaigntoendloneliness.org/
Cáritas Española (2021). Prevenir y aliviar la soledad de las personas mayores. El papel único del voluntariado en los procesos de acompañamiento. Documentos de trabajo, 9. https://bit.ly/2ZivRRC
Castro-Blanco, M.P. (2020). La soledad y las personas mayores. Labor Hospitalaria, 326, 67-79.
Losada, A., Márquez, M., Jiménez, L., Pedroso, M. S., Gallego, L. y Fernandes, J. (2020). Diferencias en función de la edad y la autopercepción del envejecimiento en ansiedad, tristeza, soledad y sintomatología comórbida ansioso-depresiva durante el confinamiento por la COVID-19. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 55(5), 272-278. https://doi.org/10.1016/j.regg.2020.05.005Get
Perlman, D., & Peplau, L. A. (1981). Toward a social psychology of loneliness. En S. Duck, & R. Gilmour (Eds.), Personal relationships 3: Personal relationships in disorder (pp. 31-56). Londres, Reino Unido: Academic Press.
Sancho, M.; Barrio, E. del, Diaz-Veiga, P., Marsillas, S., Prieto, D. (2020). Bakardadeak. Explorando soledades entre las personas mayores que envejecen en Gipuzkoa. Instituto Matía
Doctora en Sociología. Institute for Global Law and Policy (Harvard University) & Colaboradora Honorífica Instituto TRANSOC (Universidad Complutense de Madrid)
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El aumento de la longevidad es uno de los mayores logros de nuestra sociedad: no solo tenemos una esperanza de vida -83 años- muy superior a la mayoría de países, sino que cada vez son más numerosas las cohortes que llegan a edades avanzadas. En 2020, más de 9,2 millones de personas en España han alcanzado, al menos, los 65 años, y más de 2,8 millones superan los 80 (datos INE). Además, la experiencia de la vejez de estas personas dista enormemente de la de las vejeces del pasado pues, en su mayoría, llegan a avanzadas edades con condiciones físicas y económicas que les permiten experimentar una vejez autónoma e independiente.
La manifestación de esta independencia no debemos buscarla en una disminución de la población en residencias, pues en nuestro país siempre ha tenido un peso menor en la resolución de las necesidades habitacionales de los mayores (alrededor del 3,2%), sino en la creciente preferencia por permanecer en el propio hogar de forma independiente. Así, no solo se han reducido los hogares intergeneracionales, sino que mucho más han aumentado los hogares unipersonales entre los 65+[i]. La permanencia en el propio hogar a medida que se envejece ha recibido gran atención en la literatura internacional, bajo el concepto ageing in place (envejecer en el lugar o en la vivienda) que ha demostrado tener múltiples beneficios para la persona mayor.
Sin embargo, la cuestión de la vivienda ocupada no ha recibido la atención necesaria. Lo cierto es que, aunque la calidad residencial ha mejorado entre los mayores en los últimos años, determinados problemas no han sido aún resueltos para todos los hogares, poniendo en riesgo los beneficios de la permanencia en el entorno conocido o, incluso, la misma permanencia. Tampoco se reflexiona lo suficiente sobre el hecho de que no solo cambian los hogares (su forma, sus necesidades, capacidades y deseos), sino que también lo hace el entorno residencial.
Este artículo reflexiona sobre la importancia que tiene la vivienda en el proceso de envejecimiento y los diferentes desajustes que aparecen en el proceso de envejecer en relación con la vivienda y el entorno en España. Se plantean las dos dimensiones principales (que no únicas) que ponen en riesgo la continuidad en el entorno conocido y deseado por las personas que tienen más de 65 años en España (umbral establecido convencionalmente de entrada en la vejez).
En consonancia con la mayor longevidad y la mayor autonomía referidas, las personas prefieren vivir de forma autónoma en su propia vivienda hasta edades muy avanzadas, y si pueden, hasta el momento de su muerte [ii].
La preferencia a permanecer en casa a medida que se envejece no solo es mayoritaria, sino que es positiva para la salud y para el bienestar, incluso para quienes se encuentran en situación de dependencia[iii]. Además, permanecer en el lugar conocido cumple una importante función psicosocial, pues se configura como parte de la representación social [iv] y resulta fundamental en la autodefinición[v] [vi], anclando las identidades de las personas y generando un sentido de pertenencia [vii]. Su trascendencia es aún mayor durante la vejez, pues no solo es un elemento clave en la calidad de vida y bienestar [viii] [ix], sino que contribuye a situar la identidad durante esta etapa vital para la que no solemos estar preparados.
La cuestión identitaria es especialmente relevante debido a que la ausencia de socialización de cara a la vejez[x] hace que envejecer se convierta en un desafío para la identidad [xi], siendo difícil de definir y, en ocasiones, de afrontar. De ahí que la continuidad en el entorno conocido (donde conozco y me conocen) cumpla una función fundamental de conexión entre la vejez y las etapas anteriores y, por lo tanto, con la propia identidad.
Por último, el envejecimiento en el hogar implica una decisión activa y la expresión fáctica de un deseo, simbolizando así control sobre la propia vida y permitiendo experimentar la vejez como una etapa de continuidad, añadida a las demás y no yuxtapuesta[xii]. En este sentido, se considera que la permanencia en la vivienda, continuar siendo independiente y evitar la ruptura con esa identidad espacial es clave en la redefinición y experiencia en positivo de esa nueva vejez referida. Por último, que las personas mayores permanezcan en sus casas es la opción más económica para el Estado [xiii].
No obstante, las características de las viviendas ocupadas pueden convertirse en un impedimento para dicha permanencia y sus beneficios, teniendo la vivienda deficiente un efecto extremadamente negativo sobre la salud en la vejez y asociándose a una mayor morbilidad [xiv].
El análisis estadístico y el trabajo cualitativo[xv], que incluyó entrevistas y visitas a las viviendas, reveló aspectos relacionados con la habitabilidad de la misma, el edificio y el entorno que podían poner en serio peligro la continuidad en el espacio conocido y el bienestar. La primera dimensión serían las propias características y el estado de la vivienda, que, como señala la OMS, condicionan no solo la equidad social sino la sanitaria. En segundo lugar, nos encontramos con lo que hemos denominado la asequibilidad económica, afectada por los condicionantes de contexto (dimensión económica o coste de habitar) y con formas de solidaridad familiar descendiente que pueden reducir los recursos destinados al bienestar residencial.
A pesar de la mejora en materia de vivienda en el periodo 1991-2011[xvi], en investigaciones anteriores constatamos que, en España, 1.596.675 personas mayores de 65 años sufrían vulnerabilidad residencial extrema (el 20,1%)[xvii]. Esta situación de riesgo no venía determinada tanto por la acumulación de muchas carencias o categorías negativas de bajo impacto sino por la existencia de problemas muy graves de habitabilidad. Incluso cuando los problemas no se acumulaban, algunos mayores experimentaban problemas de gravedad que impediría cualquier bienestar en la vejez:
Tabla 1: Problemas detectados en las viviendas y número de personas mayores de 65 años a las que afectan (España, 2011)
Puesto que aún no tenemos un nuevo Censo, desconocemos si estos datos han mejorado. No obstante, es poco probable que hayan podido solucionar aquellos problemas de gravedad que no se solucionaron durante la vida laboral. Por otra parte, la consulta de otras estadísticas, y aun no existiendo variables comparables, ponen en duda esta posibilidad. Según la EU-SILC, en 2018, más de 55.000 personas mayores en España (el 0,6%) sufrían graves carencias en su vivienda, aumentado hasta el 1,8% de quienes vivían bajo el umbral de la pobreza. Además, más de 18.000 carecen tanto de inodoro como de bañera o ducha en el interior de su vivienda (el 0,4% de quienes sufrían más pobreza) y el 13,5% del total de personas mayores sufren goteras, humedades o podredumbre, y la cifra se eleva hasta los 20,6% para quienes están bajo el umbral de pobreza y tienen más de 65 años.
Las personas mayores que sufren estas condiciones tan extremas de privación residencial y no cuentan con mecanismos (o recursos) para solucionarlas, desarrollan a menudo diferentes mecanismos de autodefensa. El acercamiento cualitativo permitió constatar una fuerte disonancia con la percepción o dimensión subjetiva de la vivienda: las personas afectadas por condiciones residenciales que ponían en riesgo la continuidad en el entorno conocido minimizaban su impacto en la vida cotidiana e, incluso, consideraban las condiciones de la vivienda mejores de lo que eran desde un punto de vista objetivo. En ocasiones, esta percepción era el resultado del contraste o contraposición con la historia residencial previa. Por ejemplo, haber vivido situaciones de exclusión residencial (especialmente en el caso del chabolismo) se planteaba como una mejora inequívoca en la situación personal, minimizando así el impacto de situaciones residenciales objetivamente intolerables. En otras ocasiones, la negación del problema surgía para evitar el riesgo de perder la autonomía e incluso, como un mecanismo de defensa psicológica ante la situación de vulnerabilidad. Esta podía ser tan extrema que las personas que la sufrían no solicitaban ayudas públicas a las que hubieran podido acceder, entre otras cosas, por vergüenza o por reducir el riesgo a ser sacados de su hogar. Por último, se constató que, a mayor apego, mejor consideración subjetiva de la vivienda, pero especialmente, mayor rechazo a reconocer la mala situación objetiva de la vivienda.
Esta dimensión refiere los gastos relacionados con la vivienda y su mantenimiento, incluyendo tanto costes derivados de la propia tenencia (alquiler o pagos de hipoteca pendientes), el habitar (servicios como el agua, la luz…) como otro tipo de gastos planificables (IBI, gastos de comunidad) o inesperados (derramas o rehabilitación tanto de la vivienda como del edificio). Cabría pensar que la seguridad económica que potencialmente proporcionaría la pensión permite afrontar con soltura estas cuestiones al conjunto de los mayores, pero esto no es cierto para todos ellos: el 3,7% de los 65+ sufren sobrecarga del costo la vivienda, cifra que aumenta hasta el 16,5% entre aquellos bajo el umbral de la pobreza (Eurostat-SILC). Además, el 43,9% de los mayores experimenta al menos cierta dificultad para llegar a fin de mes (ECV, INE).
Más complejas de cuantificar resultan otras cuestiones. Concretamente, lo que denominaremos sobrecoste de la localización apareció en varios testimonios como una amenaza a la continuidad en el barrio. Este sobrecoste se presenta asociado al habitar en algunas ciudades, pudiendo aumentar en función de la localización concreta de la vivienda en la ciudad y como resultado de algunos procesos urbanos, como la gentrificación y la turistificación. Cuando un espacio sufre este cambio poblacional, es habitual que el tejido comercial pierda su carácter previo y se adecúe a las demandas de la nueva población, dejando de dar cobertura a las necesidades de los mayores que viven en el área. Ejemplo serían la sustitución de comercios tradicionales por comercios gourmet, poco asequibles, por comercios étnicos (económicamente accesibles, pero con una oferta que no da respuesta a la demanda de las personas mayores) o por comercio especializado y de grandes superficies que sustituye al comercio de proximidad. Esto provoca largos desplazamientos para la compra diaria o un encarecimiento de la cesta de la compra inasumible para ciertas economías. En definitiva, los mayores quedan aislados económicamente. Este tipo de aislamiento puede suponer, en el largo plazo, un inevitable abandono del barrio.
La dimensión más económica del habitar puede verse afectada por efectos derivados de la solidaridad familiar (rasgo característico estructural de la sociedad española) al reducir los recursos propios. Ante las necesidades de los descendientes (desempleo, un revés económico, una separación) la cantidad de recursos económicos disponibles para mejorar o rehabilitar la vivienda o dar respuesta a nuevas necesidades, queda reducida. En ocasiones, la manifestación de la solidaridad familiar va más allá de la transferencia económica puntual y puede producirse la vuelta al hogar de hijos ya emancipados, en ocasiones acompañados de sus propias familias, con la consiguiente reducción en los recursos del hogar mayor. Una última manifestación constatada entre personas de mejor situación socioeconómica sería la pérdida de recursos inmobiliarios al ceder la segunda residencia a los hijos en necesidad de vivienda, lo que supone dejar de contar con una posible forma de financiar necesidades que surgen en la vejez.
Las personas mayores desean y deciden permanecer independientes y, a poder ser, en su vivienda, frente a otras opciones o alternativas residenciales. Como hemos señalado, esta permanencia tiene numerosos aspectos positivos. Sin embargo, no todas las viviendas reúnen las características necesarias para que esta permanencia sea positiva o posible. Algunas viviendas no reúnen características adecuadas para un envejecimiento de calidad, y un número nada desdeñable incumple los parámetros mínimos para residir en ellas. Por otra parte, e incluso sin analizar las características urbanísticas del entorno y la accesibilidad, a veces la permanencia en el entorno no es posible debido a procesos ocultos de expulsión derivados de la lógica económica.
Cuando analizamos la situación residencial de las personas que tienen más de 65 años, estamos haciendo referencia al proceso vital de habitar. Esto significa que la referencia sincrónica contiene en realidad un proceso social y temporal de amplio alcance: es el resultado de una trayectoria residencial durante el ciclo del hogar que no siempre ha podido ser resuelta de forma efectiva. Obviar esta realidad supone dejar de lado las necesidades de un grupo amplio de población: en la heterogeneidad del grupo 65+, cada vez más numeroso, se esconden situaciones residenciales diversas, no siempre adecuadas y que ponen en riesgo el deseo de continuar en el espacio deseado, con las consecuencias que eso tendría en el bienestar de estas personas y en su identidad espacial y personal. El hecho de llevar toda una vida en el sistema residencial parece no ser una garantía para tener una vivienda adecuada y de calidad. Esta es una cuestión clave al reflexionar sobre la situación de las personas mayores y sobre su capacidad para continuar formando parte del entorno que conocen (y donde son reconocidos).
Las reflexiones que se han presentado invitan a repensar la forma en la que se deben abordar las necesidades residenciales en la vejez, en la importancia que tienen para la permanencia en la vivienda y el espacio conocido de las personas mayores y qué mecanismos, objetivos o subjetivos, pueden estar interviniendo en las relaciones disfuncionales que un grupo de personas experimenta con su vivienda durante la vejez.
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[i] Zamora López, F., Barrios, L., Lebrusán, I., Parant, A., & Delgado, M. «Households of the elderly in Spain: Between solitude and family solidarities.» Ageing, Lifestyles and Economic Crises. Routledge, 2017. 135-148.
[ii] Fernández-Carro, C. (2014) ‘Ageing in Place’ in Europe a multidimensional approach to independent living in later life. Universitat Autònoma de Barcelona.
[iii] Pinzón-Pulido, S. A. (2016). Atención residencial vs. atención domiciliaria en la provisión de cuidados de larga duración a personas mayores en situación de dependencia. Tesis doctoral. Sevilla: Universidad de Sevilla
[iv] Milgram, S. (1984). Cities as social representations. Social representations, 289-309.
[v] Proshansky, H., Fabian A., & Kaminoff, R. (1983). Place identity: Physical world socialization of the self. Journal of Environmental Psychology 3. 57-83.
[vi] Valera, S., & Pol, E. (1994). El concepto de identidad social urbana: una aproximación entre la psicología social y la psicología ambiental. Anuario de psicología/The UB Journal of psychology, (62), 5-24.
[vii] Preece, J. (2020). Belonging in working-class neighbourhoods: dis-identification, territorialisation and biographies of people and place. Urban Studies, 57(4), 827-843.
[viii] Rowles, G. D. (1993). Evolving images of place in aging and ‘aging in place’. Generations, 17(2), 65-70.
[ix] Oswald, F., & Kaspar, R. (2012). On the quantitative assessment of perceived housing in later life. Journal of Housing for the Elderly, 26(1-3), 72-93.
[x] Rosow, I. (1974). Socialization to old age. Univ of California Press.
[xi] Caradec, V. (2012). Sociologie de la vieillesse et du vieillissement. París. Armand Colin.
[xii] Lebrusán Murillo, I.: La vivienda en la vejez: problemas y estrategias para envejecer en sociedad. Politeya: estudios de política y sociedad, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 243 p. ISBN: 978-84-00-10546-4
[xiii] Oldman, C. (2003). Devicing, theorizing and self-justification a critique of independent living. Critical Social Policy 23:44-62.
[xiv] Saiegh, B. (2012). Relación entre las condiciones de la vivienda y mortalidad en la población española mayor de 65 años. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos.
[xv] Se realizaron 41 entrevistas y un grupo de discusión.
[xvi] Lebrusán Murillo, I. (2015) «La inadecuación residencial después de los 65 años: carencias en viviendas que no se adaptan.» Documentación social 176: 37-54.
[xvii] Lebrusán Murillo, I.: La vivienda en la vejez: problemas y estrategias para envejecer en sociedad. Politeya: estudios de política y sociedad, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 243 p. ISBN: 978-84-00-10546-4
[xviii] Ibídem
La situación actual, ligada a la Covid-19, representa un gran desafío para nuestra sociedad. En los últimos meses hemos tenido que adaptar nuestra forma de relacionarnos y trabajar con los demás y, en particular, con las personas mayores. Más allá de su dimensión de crisis y de los peligros muy reales que conlleva, esta situación pone de relieve el lugar de las personas mayores en nuestra sociedad, pero también el valor que les damos y la forma en que las miramos.
A la vista de los datos más recientes, así como de las proyecciones para las décadas venideras, es un hecho que cada vez hay más personas mayores, y que su presencia va a ser cada vez más preponderante en el conjunto de la población. Las preguntas son saber qué lugar ocupan en esta sociedad cada vez más envejecida y cómo se tienen en cuenta sus necesidades y capacidades. En este contexto de mayor esperanza de vida con buena salud, hay motivos para cuestionar la imagen tradicional que tenemos del envejecimiento.
El envejecimiento, en el sentido que da el diccionario, se define, a escala de una población, como el aumento en la población total de la proporción de ancianos resultante del aumento de la esperanza de vida y la caída de la tasa de natalidad, fijándose generalmente el umbral para entrar en la vejez, por razones convencionales, en los 65 años. Esta clasificación se asocia generalmente al inicio del periodo de jubilación, pero es obsoleto para referirnos a las personas mayores. En realidad, muchas veces nos queremos referir a la pérdida de autonomía de las personas mayores no tanto a su situación de inactividad económica – laboral, aunque esta puede representar un factor de exclusión o al menos de invisibilización de estas personas.
Las condiciones de vida han mejorado y las personas viven mejor y más tiempo. De hecho, las personas, una vez jubiladas, dedican gran parte de su tiempo libre a mejorar la calidad de vida de la comunidad, al cuidado de los demás… En estos tiempos de pandemia, las personas mayores son las que más se están cuidando, más que nadie, en casa. Pero a veces cuidando a otros, sus nietos y nietas exponiéndose, a pesar del peligro, para que los más jóvenes puedan acudir al trabajo.
En este contexto, el agradecimiento y el reconocimiento deberían ser actitudes fundamentales hacia ellas y las generaciones precedentes, no sólo por su contribución pasada, sino por el uso que hacen en la actualidad de su longevidad.
A los ojos de la historia, una sociedad es juzgada por la forma en que trata a las generaciones más jóvenes y a las más mayores. Sin embargo, la crisis provocada por la covid-19 ha puesto en evidencia cómo la sociedad española está descuidando a sus mayores. Es más, esta crisis ha tenido un impacto desproporcionado sobre las personas mayores y ha evidenciado una profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración y en las residencias, así como una falta de respuestas adecuadas a sus necesidades y derechos por parte de los poderes públicos.
Lejos de alimentar las polémicas políticas, lejos de la búsqueda de un chivo expiatorio fácil, debemos intentar hacer analizar a largo plazo y ver cómo, en el futuro, podemos estar más unidos con nuestras personas mayores.
Cuando hablamos de envejecimiento se debe privilegiar la noción de longevidad. Cuando referimos a una sociedad que envejece, las personas mayores son siempre otras, nunca uno mismo. El discurso dominante en torno a la longevidad es el del miedo, de la pérdida de autonomía, los costos, el asistencialismo… No obstante, gracias al progreso médico, económico y cultural, la vejez se materializa hoy más tarde que el todavía muy presente corte de los 65 años. La pérdida de autonomía de las personas mayores solo afecta a una minoría de personas y puede evitarse o retrasarse no solo con acciones médicas y médico-sociales, sino también acciones sociales que tengan como objetivo mantener vivos los vínculos de las personas mayores con su entorno familiar y social más cercano.
En suma, no podemos reducir la situación de las personas mayores a un cuadro alarmista y de preocupación, la longevidad es también una oportunidad para todos, una oportunidad para la sociedad… La longevidad concierne a todo el mundo.
Periodista y experta en estudios de género. Responsable de Comunicación de HelpAge International España
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En los últimos meses, ha llegado a los medios de comunicación una palabra que aún era desconocida para muchas personas: edadismo. Este concepto hace referencia a los estereotipos, los prejuicios y la discriminación que existe en nuestra sociedad hacia las personas mayores. No se trata de un fenómeno nuevo, pero la actual crisis sanitaria, económica y humanitaria ha hecho más evidente que nunca que las personas mayores son ignoradas y excluidas en muchos ámbitos de nuestra realidad y que es necesario contar con normativas sólidas para proteger sus derechos y dignidad como personas.
Si bien hoy se considera que todas las personas tienen los mismos derechos, las primeras teorías sobre los derechos humanos eran muy distintas. De hecho, ni la Declaración de Derechos de Virginia, en el contexto de la Independencia de Estados Unidos (1776) ni la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa (1789) consideraron a las mujeres como titulares de derechos. Es decir, el concepto de ser humano excluía a más de la mitad de la población. El concepto de ser humano como titular de derechos se basaba en la capacidad para ser individuos autónomos. Desde esta perspectiva, no solo se excluía a gran parte la población que no era considerada autosuficiente, sino que además se justificaba su exclusión social a través de estereotipos y creencias que aún siguen presentes en nuestro imaginario colectivo.
Hoy, las teorías relativas al concepto de ser humano, así como todo lo relacionado sobre los derechos, han evolucionado. La autonomía no se considera un requisito para ser titular de derechos, sino el objetivo mismo de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son una herramienta para garantizar que las personas puedan vivir de forma autónoma, gozando de una vida segura, saludable y libre de violencia, independientemente de las condiciones o características de cada individuo. Sin embargo, en nuestra realidad aún siguen presentes muchas creencias y estereotipos que justifican la discriminación hacia grupos o colectivos de personas por motivos de género, origen, orientación sexual, discapacidad o edad, entre otros. Así, los estereotipos que existen sobre qué significa ser una persona mayor siguen siendo la base de la discriminación social durante la vejez, lo que limita a las personas de edad avanzada el pleno ejercicio de sus derechos, especialmente, en momentos de crisis como la que estamos viviendo.
Podemos definir el edadismo como los estereotipos (¿qué pensamos de las personas mayores?), prejuicios (¿qué sentimos hacia las personas mayores?) y discriminación (¿cómo nos comportamos con las personas mayores?) hacia las personas mayores. El edadismo se manifiesta de múltiples formas, que pueden ir desde el lenguaje despectivo a la vulneración de derechos, como la salud o el derecho a una vida independiente. Existen multitud de actitudes edadistas que están socialmente aceptadas y que pasan totalmente desapercibidas al basarse en muchas creencias y estereotipos sobre la vejez. Al igual que hace unos años nos costaba más detectar los llamados micromachismos, hoy nos sigue costando reconocer nuestro propio edadismo.
Vivimos en una sociedad donde prima lo nuevo, la juventud, la belleza sin arrugas ni canas. Mientras que la juventud se asocia a belleza, fuerza y vitalidad, la vejez se asocia a fealdad, fragilidad y dependencia. Por ello, a veces, es muy difícil detectar conductas edadistas que, incluso, pueden nacer sin ninguna mala intención. Por ejemplo, es habitual escuchar expresiones como abuelitos o nuestros mayores para referirnos a personas adultas mayores. ¿Qué reflejan estas expresiones? A pesar de que puedan parecer formas de hablar inofensivas e, incluso, afectuosas, son un claro ejemplo de la actitud paternalista que existe hacia las personas de más edad. Este tipo de expresiones infantilizan a mujeres y hombres en edad adulta, con capacidad (y derecho) para decidir sobre sí mismas y que son mucho más que abuelos o abuelas.
Podemos encontrar múltiples ejemplos donde se niega a las personas mayores su capacidad para decidir sobre la propia vida, lo que supone una vulneración de sus derechos, y lo que, además, puede llegar a provocar graves situaciones de violencia y abusos. A pesar de que aún es un problema muy desconocido por gran parte de la población, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis personas mayores de 60 años sufre violencia o abusos. Además, se estima que el porcentaje es mucho más alto, ya que se trata de un problema muy invisibilizado y muchas personas mayores no denuncian o no tienen la posibilidad de hacerlo.
La violencia contra las personas mayores puede definirse como todas las acciones u omisiones únicas o repetidas que, bien de forma intencionada o por negligencia, se comenten contra personas mayores y vulneran su integridad física, sexual, psicológica o atentando contra su dignidad, autonomía o derechos fundamentales. Algunas definiciones añaden que esta violencia se ejerce dentro de una relación de confianza, cuidado, convivencia o dependencia[1]. Si bien es cierto que las personas dependientes o con algún tipo de discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir violencia -y, además, mayor dificultad para poder denunciarla-, el abuso y maltrato hacia las personas mayores no solo se da en relaciones de cuidado o dependencia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Red Internacional para la Prevención del Maltrato de las personas mayores también señalan el maltrato estructural y social que existe hacia las personas de edad avanzada y que se refleja en la discriminación en las políticas gubernamentales, en la asignación de recursos económicos y en los prejuicios y estereotipos que existen sobre la vejez y las personas mayores. Este tipo de violencia estructural tiene unas consecuencias muy graves en la vida de las personas mayores y en el pleno disfrute de sus derechos humanos.
Al igual que en otros tipos de violencia o discriminación, como la violencia machista o el racismo, encontramos distintas formas de maltrato o abuso por motivos de edad: desde el maltrato físico o la violencia sexual a la negación de alimentos, refugio o asistencia. Se trata de una forma de violencia que tiene su origen en una cultura basada en relaciones de poder y en estereotipos y creencias sociales y culturales. Por ello, para poder eliminar la violencia y la discriminación hacia las personas mayores, es necesario eliminar el edadismo y cambiar la percepción que tenemos de la vejez y de las personas mayores.
Debemos tener en cuenta, además, que al hablar de personas mayores no nos referimos a un grupo homogéneo y que la discriminación estructural a la que se enfrentan depende también de otros factores sociales, lo que puede provocar situaciones de discriminación múltiple. En este sentido, hombres y mujeres no envejecen de la misma forma y se enfrentan a realidades muy distintas. Según los datos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), a nivel global, hay 84 hombres por cada 100 mujeres de 60 años o más y solo hay 61 hombres por cada 100 mujeres de 80 años o más. Sin embargo, la mayor esperanza de vida de las mujeres no se corresponde con una mayor calidad de vida, ya que las desigualdades de género que sufren las mujeres de todas las edades limitan su acceso a los recursos, al empleo, a las pensiones y, en definitiva, a sus derechos. Por ello, las mujeres mayores se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza, discriminación y violencia. Asimismo, tampoco podemos olvidarnos de otros tipos de discriminación (como los basados en el origen, la orientación sexual o la discapacidad) que pueden agravar las situaciones de violencia y abusos, así como otras situaciones en las que existen menos herramientas y posibilidades para denunciar la violencia o la discriminación (como vivir en áreas aisladas, en zonas de conflicto o no tener acceso a medios de comunicación o transporte).
Sin duda, las personas mayores han sido las más afectadas por la crisis sanitaria y humanitaria provocada por la Covid-19. Desde los primeros meses de esta pandemia, hemos visto que los problemas a los que se están enfrentando las personas mayores no son consecuencia exclusiva de una mayor tasa de mortalidad en edades avanzadas, sino también de la discriminación que sufren y de las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. Ya en el mes de mayo, António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, presentó el informe “Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older persons” donde se señalaban algunos de los derechos de las personas mayores que se han visto afectados por la respuesta a la crisis, como el derecho a la vida, a la salud, a la autonomía personal, a la atención sanitaria, a los cuidados paliativos, a la seguridad y a disfrutar de una vida libre de violencias, abusos o negligencias. Por ello, desde muchas organizaciones que trabajan por los derechos de las personas mayores, se ha reclamado a los Estados que respondan a la crisis teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas mayores y las barreras adicionales a las que se enfrentan.
Es muy frecuente encontrarnos con medidas, programas o leyes que ignoran las necesidades de las personas de edad avanzada e, incluso, son excluidas de datos y estadísticas oficiales. Las medidas tomadas de forma urgente ante situaciones de grave crisis o en contextos humanitarios, a menudo, no incluyen una perspectiva de edad y, por ello, las consecuencias de cualquier emergencia pueden ser aún más graves. Por ello, es fundamental contar con normas que protejan los derechos de las personas mayores y crear medidas específicas que ayuden a eliminar la discriminación por razón de edad.
En el documento “Time For A U Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age”, elaborado por un grupo de personas expertas y representantes de distintas organizaciones civiles, se analiza el impacto que ha tenido la pandemia en los derechos de las personas mayores y cómo una Convención por los derechos de las personas mayores podría ser un gran paso hacia la igualdad y la inclusión. En este informe se muestra cómo la crisis ha demostrado que es necesario actuar de forma urgente para proteger los derechos de las personas mayores y se centra en seis aspectos fundamentales: la igualdad y no discriminación, la autonomía, el cuidado, la salud el derecho a una vida libre de violencia y la seguridad social.
Siguiendo este informe, la pandemia ha demostrado que la discriminación por razón de edad no se trata de la misma forma que otras formas de discriminación. Si bien ante situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo, algunos derechos humanos pueden verse limitados (como el derecho a la libertad de movimiento), estas restricciones no pueden ser discriminatorias y basarse en la edad. A pesar de que el riesgo de padecer problemas de salud graves ante un contagio de Covid-19 puede aumentar con la edad, algunas medidas no han tenido en cuenta la diversidad que existe entre las personas mayores y, en muchas ocasiones, se ha ignorado el impacto negativo que tienen los largos periodos de aislamiento en su bienestar físico, mental y cognitivo. De hecho, cuando en julio se empezaron a flexibilizar las medidas restrictivas tomadas al inicio de la pandemia, HelpAge International detectó medidas basadas en la edad en al menos 48 países.[2] Según los datos recogidos por la organización, a medida que los países iban superando el pico de la pandemia y los gobiernos empezaban a flexibilizar las medidas de contención del virus, las personas mayores tuvieron que seguir normas más restrictivas que el resto de la población. Así, por ejemplo, durante el desconfinamiento en diversos países no se ha permitido a las personas mayores abandonar sus casas o entrar en centros comerciales, mientras que sí podían hacerlo personas más jóvenes.
Es muy importante que todas las medidas que limitan la libertad de movimientos y que afectan a derechos tan básicos, no se basen en aspectos como la edad, sino en evidencias científicas y médicas que tengan en cuenta la diversidad que existe entre las personas mayores. Todas las medidas que se pongan en marcha en este sentido, además, deben ser temporales y revisarse de forma periódica y estar pensadas para causar los mínimos daños colaterales. Si bien es esencial crear estrategias para contener la propagación del virus, no podemos olvidarnos del resto de problemas de salud y de las consecuencias que pueden tener los largos periodos de aislamiento. A pesar de que existen multitud de medidas y programas que se basan en la edad (inicio de la escuela, prestaciones, ayudas para personas desempleadas, etc.), las medidas que restringen los derechos humanos no pueden basarse en aspectos como la edad, el sexo o la procedencia. Además, las medidas basadas en la edad pueden aumentar la estigmatización de las personas mayores y refuerzan los estereotipos que existen en el imaginario colectivo.
Volviendo al informe “Time For A Un Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age”, vemos que estas medidas han implicado también que las personas mayores vieran mermado su derecho a la autonomía y a la libertad de elección. Según los expertos, se ha negado el derecho de las personas mayores a recibir información y tomar sus propias decisiones sobre los tratamientos médicos y se han establecido límites de edad en los protocolos de triaje. A pesar de que esta no era una práctica nueva, se ha hecho visible durante la pandemia cuando los hospitales de todo el mundo se han visto colapsados. En este caso, no solo se está negando el derecho a la autonomía de las personas mayores, sino que también se ha violado su derecho a la vida y a la salud. Además, tal y como se ha denunciado desde múltiples organizaciones, durante la pandemia, se ha negado el derecho a la salud a muchas personas mayores de distintas formas, como el acceso a tratamientos y pruebas médicas. En España, el “Estudio del impacto de la COVID-19 en las personas con enfermedad crónica», realizado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), afirma que casi siete de cada diez consultas de pacientes con patologías crónicas fueron canceladas como consecuencia de la pandemia de coronavirus y, de las que no sufrieron anulaciones, el 66% fueron aplazadas.
También las carencias que existen en los servicios de atención y cuidados se han puesto de manifiesto con esta crisis. A nivel global, se han suspendido muchos servicios de atención durante el confinamiento, lo que ha implicado que las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas dependientes no tuvieran el apoyo necesario. Además, distintas investigaciones apuntan que el personal de asistencia y cuidados no ha contado con la protección necesaria para realizar su trabajo y, en todo el mundo, se han detectado multitud de errores en la gestión de centros residenciales. En España, el duro informe de Médicos del Mundo “Poco, tarde y mal”, publicado en agosto, expone cómo la excesiva mortalidad de las personas mayores es consecuencia de los problemas estructurales y sistémicos del modelo de residencias.
Por último, es importante señalar que algunas de las medidas que se han adoptado para hacer frente a la crisis sanitaria han aumentado también el riesgo de sufrir violencia, abandono, discriminación o pobreza. El aislamiento ha implicado un mayor riesgo de violencia machista y ha dificultado la posibilidad de pedir ayuda y denunciar situaciones de violencia. Además, el cierre de algunos servicios básicos, como bancos, ha dejado a muchas personas mayores sin acceso a sus ingresos o prestaciones en algunas partes del mundo.
Como hemos visto a lo largo de este artículo, la violencia hacia las personas mayores se basa en unas creencias culturales y sociales aprendidas a lo largo de nuestra vida. Por ello, lo primero que debemos hacer para acabar con el abuso y el maltrato en la vejez es promover una actitud positiva hacia las personas mayores y cambiar la percepción que tenemos sobre ellas. Las personas mayores, al igual que cualquier grupo de edad, está formado por personas muy diversas y debemos huir de estereotipos que no se corresponden con la realidad. Es fundamental que tengamos en cuenta que estamos hablando de personas adultas, con capacidad de decisión y que tienen el derecho a decidir sobre su propia vida -también en situaciones de dependencia o discapacidad-. Debemos considerarlas parte activa de la población y reconocer su gran potencial económico, cultural y social.
Por ello, desde las instituciones públicas y las organizaciones sociales, se debe promover su participación en la sociedad y en la toma de decisiones y fomentar iniciativas que promuevan el envejecimiento activo, ya sea desde el fomento del empleo o la formación, como programas de actividades lúdicas y deportivas.
Asimismo, para que las personas mayores puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos, se debe fomentar el conocimiento sobre discriminación y maltrato hacia las personas mayores y los recursos existentes. Como hemos visto, el edadismo y la violencia hacia las personas mayores aún son problemas muy invisibilizados y, por ello, ante situaciones de violencia, abusos o discriminación puede que muchas personas no sepan reconocer dicha violencia o no sepan cómo actuar ni dónde denunciarla. Es muy importante que las personas mayores conozcan cuáles son sus derechos y poner a su disposición asistencia legal. Además, debemos tener en cuenta otros tipos de discriminación, especialmente la discriminación y violencia machista y crear recursos específicos para las mujeres mayores.
En el contexto de esta crisis, todas las instituciones públicas y organizaciones civiles deben trabajar para dar una respuesta inclusiva. Entre otras cosas, es importante asegurar que las personas mayores tengan acceso a la información sobre los riesgos a los que se enfrentan y cómo pueden protegerse de ellos para que puedan tomar sus propias decisiones de forma consciente y respetando las indicaciones de las instituciones competentes. Por otro lado, las estadísticas oficiales deben recopilar información y datos de calidad sobre el impacto que está teniendo la Covid-19 en las personas mayores, así como los efectos que está teniendo la pandemia en otros aspectos de su vida. Por último, es de vital importancia que los sistemas de salud garanticen a las personas mayores el acceso a los servicios médicos en igualdad de condiciones y prestar especial atención a las personas refugiadas o que viven en contextos especialmente graves.
Aún es difícil saber el impacto real que tendrá la pandemia de Covid-19 en las personas mayores a nivel global, pero sí sabemos que cualquier respuesta a la crisis debe basarse en la defensa de los derechos fundamentales. Para ello, es importante contar con las herramientas y estrategias necesarias a nivel nacional e internacional. Una convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores ayudaría a incorporar la perspectiva de edad en la toma de decisiones y sentaría las bases para futuras normativas nacionales que fomentaran la calidad de vida durante la vejez y un cambio en el modelo de cuidados y de asistencia sanitaria.
[https://www.age-platform.eu/sites/default/files/Discussion_Paper_COVID-19_Time_for_a_UN_Convention-Aug2020.pdf]
[https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/easing-of-covid19-lockdown-strategies-discriminates-against-older-people-around-the-world/]
[https://www.plataformadepacientes.org/sites/default/files/informe_covid19_final_web_ok.pdf]
[1] Barranco Avilés, M.C.; Vicente Echevarría, I. (2020). La discriminación por razón de edad en España. Conclusiones y recomendaciones para el contexto español desde un enfoque basado en derechos. HelpAge International España.
[2] Sleap,B.; Allen, R.; Byrnes, A..; Doron, I.; Georgantzi, N.; Mitchell, B. (2020). Time For A Un Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age [https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/easing-of-covid19-lockdown-strategies-discriminates-against-older-people-around-the-world/]