El segundo número de la nueva etapa de Documentación Social sale a la luz tras un intenso proceso de elecciones sucesivas. Las adelantadas generales, las autonómicas en casi todas las comunidades y las municipales y europeas en el conjunto del Estado. Todas ellas celebradas en el espacio de un mes.
Desde el tercer sector de acción social somos cada vez más conscientes de que la acción no se puede situar al margen de los avatares y de las dinámicas de la política en ninguno de sus niveles, pues de las decisiones que en ellos se toman dependen muchas de las cuestiones de nos ocupan y preocupan. Y, conscientes de ello, desplegamos toda la tarea de incidencia política tratando de convencer a los partidos para que incluyan en sus programas esas medidas que se juzgan beneficiosas para las personas y los colectivos con los que trabajamos.
Y más allá de los programas, una vez constituidos los diversos gobiernos, nos ocupamos también de hacer un permanente seguimiento del grado de cumplimiento de lo escrito en los programas, y en general de las políticas reales que estos desarrollan o que dejan de desarrollar.
No obstante, aunque la labor de incidencia política desde el tercer sector es necesaria y debe seguir siendo una prioridad para la acción social, no debemos olvidar el hecho de que, a la postre, los partidos políticos van a actuar de una manera más decidida si los destinatarios de esa acción tienen peso electoral. Y todos los datos nos dicen que los sectores sociales más empobrecidos y excluidos votan menos, participan menos, se movilizan menos que la media de la población. Existe un problema en la representación de los “últimos” de la sociedad, cuya voz está cada vez más ausente de los procesos electorales.
Igual debemos reflexionar si la forma en la que hacemos incidencia política no debería empezar a tener en cuenta la potenciación de la participación política de las personas con las que trabajamos a riesgo de asumir como deseable el convertirnos en “voz de los que no la tienen” en un modelo de sociedad democrática en el que resulta que si la tienen y no tendrían por qué necesitarnos para ejercerla.
Procurar el bien común significa la búsqueda de lo bueno para todas y cada una de las personas que formamos el espacio colectivo. Y uno de sus indicadores es si realmente les va bien a los que están más abajo en la escala social. El interés general es otra cosa, porque no siempre lo que interesa se puede equiparar a lo bueno, ni lo general es necesariamente lo común, ateniéndonos a la definición anterior.
Pero en tanto el conjunto social toma conciencia de ello, la política se sigue moviendo en términos de interés general, conformado por lo que es percibido como interesante por las mayorías. Incorporar a esas mayorías decisorias la voz de los de abajo resulta algo esencial para hacer una buena y mucho más eficaz incidencia política que nos acerque realmente a entender el bien común como criterio de convivencia.
Sociólogo
Las palabras son importantes. No se trata de reivindicar un excesivo purismo lingüístico, sino de comprender que la semántica construye una forma de interpretar la realidad y, por lo tanto, de abordarla.
En el ámbito de la pobreza, de la exclusión o de «las problemáticas sociales» en general, esta regla también se cumple. Así, los cambios que se han ido produciendo en el lenguaje específico sobre la materia han ido de la mano de la configuración de diferentes corpus teóricos, los cuales han conllevado prácticas distintas. Es decir, nuevas formas de hacer han requerido también nuevas maneras de denominar la realidad.
Es cierto que, en ocasiones, esta pretensión ha generado debates que, lejos de permitir avanzar a la hora de comprender y de proponer soluciones, parecen haberse convertido en un fin en sí mismo. El caso más representativo es el dilema (nunca resuelto de manera definitiva) en torno a cómo denominar a las personas que acuden a los servicios o dispositivos sociales en busca de apoyo; beneficiarios, clientes, usuarios, participantes… Son solo algunas de las designaciones empleadas, cada una de ellas con un matiz diferencial.
En cualquier caso, y aun a riesgo de eternizarnos en la resolución de estas disyuntivas, hemos de reconocer la importancia de las palabras, pues, como ya hemos dicho, nos hacen comprender la realidad de una manera determinada. Fundamentalmente cuando no solo se abordan en ámbitos especializados y con criterios técnicos, sino cuando se convierten en debates triviales aparentemente resueltos sin la necesidad de fundamentos teóricos.
Resulta sencillo encontrar distintos ejemplos en los que las palabras empleadas para designar una realidad conllevan una forma concreta de comprenderla. Nos acabamos de referir a la manera en la que se denomina a una persona cuando acude a un dispositivo en busca de ayuda pero, de forma más explícita, ocurre también cuando son las características las que terminan por definir a la persona.
La teoría nos dice que los adjetivos son palabras que acompañan al sustantivo para expresar una cualidad de la cosa designada por él o para determinar o limitar la extensión del mismo. Así, cuando éramos pequeños, en el colegio aprendíamos que una casa podía ser bonita, un coche nuevo, una persona amable y un paisaje espectacular.
Lo que no nos enseñaron es que, en ocasiones, en lugar de caracterizar al nombre, la función del adjetivo es eclipsarlo hasta el punto de que el sustantivo no sea más que un excipiente sobre el que se apoya el componente realmente definitorio. Así, drogodependiente, inmigrante y discapacitado dejan de ser adjetivos, reduciendo a la persona a un único atributo, aparentemente capaz de definir toda su globalidad.
En gran medida, este uso tiene relación con la tendencia a definir a algunas personas desde sus carencias (sin hogar, sin papeles, sin…), obviando por completo las posibles potencialidades. A fin de cuentas, simplificar supone reducir, lo que, en una sociedad que apuesta por explicaciones que impliquen el menor número de caracteres, resulta una práctica bien valorada.
Ahora bien, obviar la complejidad de la realidad social (y, por lo tanto, humana) nos lleva a pagar el elevado precio de la determinación desde el origen, pues, como decía Goethe: «Trata a un hombre tal como es, y seguirá siendo lo que es; trátalo como puede y debe ser, y se convertirá en lo que puede y debe ser».
Como ya hemos señalado, esta forma de acercarnos «al problema» (y en ocasiones así es percibida la persona en sí misma), nos invita a una manera concreta de trabajar en el ámbito de la acción social: no es lo mismo intervenir que asistir, que acompañar, que…
Pero no solo son las personas afectadas por la pobreza o las formas de acercarnos a las mismas las que se ven afectadas por este proceso de designación-acción. El propio fenómeno (la pobreza en sí) se caracteriza con «apellidos» en multitud de ocasiones, obligándonos a hacer una distinción entre aquellos que nos ayudan a la comprensión del mismo y los que nos distraen o, incluso, nos confunden.
En términos de intensidad, estamos familiarizados con tres formas de referirnos a la pobreza: absoluta, extrema y relativa. Más allá de definiciones precisas, estos términos nos permiten, intuitivamente, ordenar la gravedad con la que la pobreza “golpea” a una persona, a una región o en el seno de un hogar: si bien, los dos primeros términos nos remiten a una intensidad tan elevada que parece incuestionable, el término relativo nos obliga a la comparación con el entorno.
Además, esta caracterización deja de ser intuitiva y pasa a objetivarse en la medida en la que se establecen umbrales absolutos (1,25 dólares al día) o relativos (60% de la renta mediana), lo que nos permite concretar e incluso medir; ahora bien, esto no evita la existencia de debates al respecto de la adecuación de los mismos.
En las últimas décadas (y especialmente durante la pasada crisis), han aparecido nuevos «apellidos» de la pobreza. Nos referimos a términos como pobreza infantil, pobreza femenina, pobreza energética, pobreza sanitaria, etc. para adentrarnos en la realidad de algunos colectivos o en la carencia de determinados bienes básicos.
Pero, ¿cómo han de interpretarse estas caracterizaciones de la pobreza? ¿Son fenómenos nuevos propios de una realidad cambiante o no son más que manifestaciones concretas de «la misma pobreza de siempre»? Probablemente se den ambas cuestiones… e, incluso, alguna más.
Que la realidad está sometida a un proceso de cambio rápido y constante resulta evidente en un mundo cada vez más líquido (tal y como señalaba Bauman). Ahora bien, que muchas de estas manifestaciones son concreciones de algo tan arraigado como las situaciones de pobreza también puede parecer obvio.
Entonces, ¿qué nos aporta de esencial esta caracterización y en qué resulta únicamente una distracción sin apenas fundamento?
En cuanto a lo primero, cabe destacar que toda manifestación de un fenómeno debe ser analizada con atención. Es decir, que en nuestro país tengamos una tasa de pobreza infantil elevada respecto a la media de la UE nos obliga a revisar las políticas de protección a la familia y a la infancia existentes, pues no parecen ser suficientemente protectoras como para revertir esta tendencia.
Un análisis similar se puede llevar a cabo cuando nos referimos a recursos concretos: ¿qué precio de mercado tienen en nuestro país las distintas formas de energía? Siendo un bien imprescindible, ¿en qué medida está garantizado públicamente el acceso a la misma?
Estas cuestiones automáticamente nos llevan a analizar aspectos concretos de nuestro sistema de bienestar y, por ello, a repensar el trabajo de la incidencia política que es necesario llevar a cabo. Entonces, adjetivar nos permite identificar y orientar algunas acciones concretas.
Ahora bien, existe un riesgo cuando interpretamos estas manifestaciones como cuestiones decididamente novedosas (las nuevas pobrezas) o incluso, cuando las absolutizamos, concediéndoles el rango de fenómenos diferenciados.
Lo primero no es más que un tema casi más propio del marketing que de la acción social. En esto, las propias entidades sociales, en su afán de concienciar a la sociedad o incluso a los políticos, sobre determinadas realidades, han caído en la tentación de crear un producto con entidad propia, fácilmente comunicable.
El caso de la pobreza infantil es paradigmático en este sentido pues, sobre una base real (tasa elevada de pobreza en aquellos hogares en los que hay menores), se ha hecho referencia a un fenómeno que parecía prácticamente único y aislado, siendo esto necesariamente erróneo (¿acaso se pueden encontrar niños o niñas pobres dentro de familias acomodadas?, es decir, ¿no es la pobreza infantil una manifestación concreta de la pobreza familiar, e incluso, de la pobreza general?).
Quiero insistir en la base real que sustenta esta parcialización de la realidad (la pobreza infantil existe y es real, no es inventada). La cual, añadida a la visión parcial, por ejemplo, de las entidades especializadas en colectivos concretos, llevan a una pseudo priorización que aun legítima, en ocasiones eclipsa la gravedad de un fenómeno más amplio, el cual no termina de ser comprendido en su globalidad, y menos aún, atendido desde las instituciones públicas, dejando así pasar una oportunidad inmejorable para ello (¿no sería más oportuno un plan de lucha contra la pobreza global que uno orientado solo a paliar los efectos de la pobreza energética?).
Pero existe además otro riesgo en relación a la acción social, tanto para los servicios sociales públicos como para los proyectos desarrollados por aquellas entidades que se encuentran «en primera línea de fuego»: desarrollar una atención ante problemáticas específicas en lugar de optar por la atención integral a las personas.
Atender problemáticas nos lleva a tamizar de manera artificial, a dejar de reconocer la dignidad de cada ser humano, a no comprender las singularidades, a despreciar la globalidad, a fragmentar a la persona (y a desconectar cada fragmento de la misma), a construir espacios ficticios que tienen más de gueto que de lugar de encuentro e integración, a desvincular (por dentro y por fuera), a etiquetar, a atender síntomas sin comprender causas, a diferenciar y a excluir (aún más).
Volvamos de nuevo al principio: denominar para comprender, y comprender para actuar. Puede que el uso adecuado de las palabras no conlleve una acción realmente acertada, pero el mal uso de las mismas, sin duda alguna, aniquila cualquier oportunidad de estar a la altura.
Economista
La historia, anota el historiador Timothy Snyder, «no se repite, pero sí instruye». Presento en este artículo unos breves contextos históricos intentando arrojar algo de luz para entender algunos de los falsos tópicos (entre ellos la identidad nacional) que sirven como “argumentos” en contra de refugiados e inmigrantes. Lo hago centrado en Estados Unidos, pero por otros pagos tienen (incluso tenemos) sus imitadores.
Allá por finales de los años 70 del siglo pasado, León Gieco cantaba lo que hoy es el destino de muchos seres humanos en muchas de las fronteras de este mundo: «Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente». Pronto las ideas económicas y las decisiones políticas cambiaron. Al historiador Eric Hobsbawm, que vivió la Gran Depresión, una profunda crisis económica, le resultaba incompresible cómo, tras las crisis del petróleo, aquellos a los que no se había escuchado durante tres décadas, aquellos que defendían un mercado totalmente libre de las restricciones del Estado, empezaran a tener la voz cantante en los años 80 del siglo XX. There is no alternative, dirán. Privatizar, desregular, competir… Cada uno a lo suyo. Confiemos todos, y todo, solo en la iniciativa privada. Los mercados ponen a cada uno en sitio. Para Hobsbawm este hecho ilustra, por un lado, «la increíble falta de memoria de los teóricos y prácticos de la economía», y, por otro, «la necesidad que la sociedad tiene de los historiadores, que son los “recordadores” profesionales de lo que sus conciudadanos desean olvidar». Ahora bien, las tres décadas de bonanza, y magros derechos, en las que no fueron escuchado los neoliberales, llevaban ya el germen de lo que vendría después. A los ojos de Pablo VI en 1967:
«Sobre estas nuevas condiciones de la sociedad ha sido construido un sistema que considera el lucro como motor esencial del progreso económico, (…) la prosperidad privada de los medios de producción, como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. Este liberalismo sin freno, que conduce a la dictadura, justamente fue denunciado por Pío XI» (Populorum progressio, n. 26. Capitalismo liberal).
En aquellos años de la Gran Depresión, en 1931 Pío XI escribe:
«[s]alta a los ojos de todos (…) que en nuestros tiempos no solo se acumulan riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos (…)». Y añadirá: «Dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de que vive toda la economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aun respirar contra su voluntad» (Quadragesimo anno, nn. 105, 106).
Casi describe nuestro presente. El The World Inequality Lab, en cuyo Comité Ejecutivo figura el economista Thomas Piketty, nos proporciona los siguientes gráficos que son lo suficientemente elocuentes como para necesitar mayores comentarios.
Evolución de la parte de Ingreso Nacional que pertenece al 1% más rico.
Evolución de la parte de Ingreso Nacional que pertenece al 50% más pobre.
Con soltura escribe Vargas Llosa, ufano donde los haya de las políticas neoliberales, comentando a Adam Smith: «Nadie antes (…) había (…) explicado de manera tan elocuente que la libertad económica sustenta e impulsa a todas las otras» (la cursiva es mía). Mas, como recuerda Hannah Arendt: «La superación de la pobreza es un requisito previo para la fundación de la libertad». Que, en 2017, según The United States Census Bureau, uno de cada ocho norteamericanos era pobre. Que importan las leyes. Y que importa -es significativo- que esas leyes sean aprobadas sin tener en cuenta lo más mínimo a porcentajes importantes de la población de Estados Unidos o cualquier otro país del mundo. Dice el informe de The World Inequality Lab:
«La evidencia muestra que la progresividad del sistema impositivo (considerado globalmente) es una herramienta efectiva para combatir la desigualdad. La tributación progresiva no solo reduce la desigualdad de manera directa, sino que también disminuye los incentivos a capturar fracciones crecientes de ingreso y de riqueza, al limitar su magnitud. La progresividad se redujo drásticamente en los países ricos y en algunos emergentes entre la década de 1970 y mediados de la del 2000».
Sin embargo, hoy la música que suena no es ni siquiera la de la progresividad impositiva, suena la bajada de impuestos. En Estados Unidos la aplican. Los beneficiados, los de siempre. Muchos hubo (y hay) que sostuvieron que, en el límite, todos los impuestos son un robo, sin reparar en que la producción de la riqueza es social. Y el informe sigue. Mucho se ha escrito sobre las bondades de la educación como catalizador de la igualdad de oportunidades, pero incluso han llegado a romper el posible ascensor social.
«Investigaciones recientes muestran que puede existir una brecha inmensa entre el discurso público acerca de la igualdad de oportunidades y las que efectivamente existen en el acceso a la educación. En Estados Unidos, por ejemplo, de cada cien niños cuyos padres pertenecen al decil más pobre, apenas entre veinte y treinta acceden a educación universitaria, mientras que dicha proporción asciende a noventa en el caso del decil de más altos ingresos».
Te preguntarás qué tiene que ver todo esto con la identidad nacional como exclusión. Un pequeño rodeo. Peter Berger y Thomas Luckmann en La construcción social de la realidad sostuvieron que recibir una identidad comporta adjudicarnos un lugar en el mundo. En un mundo globalizado el “lugar” bien puede ser «un trozo en un mapa». Eric Hobsbawm, en la Conferencia inaugural del congreso «Los Nacionalismos en Europa: Pasado y Presente», celebrado en Santiago de Compostela en septiembre de 1993, contaba lo siguiente:
«Si empiezo refiriéndome a la “identidad estatal” es porque, hoy en día, además de ser virtualmente universal, proporciona el modelo para todos los otros grupos que buscan una expresión política para su existencia como colectividad. Se trata, sin embargo, de una relación de doble filo. A lo largo de este siglo [XX] dos peligrosas ideas han contaminado al Estado territorial: la primera es que de alguna manera todos los ciudadanos de tal Estado pertenecen a la misma comunidad o “nación”; y la segunda es que lo que une a estos ciudadanos sería algo así como una etnicidad, lengua, cultura, raza, religión o antepasados comunes».
Primer acto: America first… los norteamericanos primero. La identidad nacional no viene a ser nada más que el trampantojo simbólico que se agita frente a la llegada de inmigrantes y refugiados. Como afirma con tino Appiah, «una vez fuera del mundo-aldea del cara a cara, un pueblo siempre es una comunidad de extraños». Extraño dice el Diccionario de la Real Academia: «De nación (…) distinta a la que se nombra o sobrentiende, en contraposición a propio». La identidad nacional, si no olvidamos los datos arriba indicados, nos remite a una falsa solidaridad. Así, causa desazón leer a Fukuyama:
«Una (…) razón por la que la identidad nacional es importante es la de mantener fuertes redes de seguridad social que mitiguen la desigualdad económica. Si los miembros de una sociedad sienten que son miembros de una familia extendida y tienen altos niveles de confianza entre ellos, es mucho más probable que apoyen programas sociales que ayuden a sus compañeros más débiles».
Reconoce que las democracias liberales se apoyan en la premisa «de la igualdad humana universal, y esa igualdad no comienza ni termina en las fronteras nacionales», pero, es necesario que haya un pero, un pero que se desliza de la inmoralidad económica a unas breves pinceladas de teoría política:
«Si bien los países sienten, con razón, la obligación moral de albergar a los refugiados y de acoger a los inmigrantes, tales obligaciones son potencialmente costosas tanto económica como socialmente, y las democracias deben equilibrarlas con otras prioridades. Democracia significa que las personas son soberanas, pero si no hay manera de delimitar quiénes son esas personas, no se podrá ejercer la elección democrática».
Segundo acto: Make America Great Again. ¿Y cómo puede ser cualquier cosa grande otra vez –en un mundo global– levantando muros, enviando (o proponiendo enviar) cuerpos y fuerzas armadas contra seres humanos exhaustos por el viaje, con la muerte en las fronteras (hombres, mujeres y también niños), criminalizando también a todos los creyentes de una religión? Así el pasado invocado es un pasado poblado de olvidos. Todo (cultura, lengua, religión…) sirvió (y puede servir) como “marcas” para adjudicar identidades y, por lo que sabemos, nada hubo (ni hay) de inocente en algunas de ellas. Sobre el color de la piel se montó la esclavitud y hoy el racismo; sobre el sexo, el género y la dominación de los hombres sobre las mujeres. Así, por ejemplo, escribe Ta-Nehisi Coates, negro norteamericano:
«El olvido es un hábito, pero también es otro componente necesario del Sueño [de ser blanco]. Ya han olvidado la magnitud del robo que los enriqueció con la esclavitud; el terror que les permitió durante un siglo escatimar el derecho a voto, y la política segregacionista que les dio sus barrios residenciales. Se han olvidado porque acordarse los haría caerse del hermoso Sueño y tener que vivir aquí abajo con nosotros, aquí en el mundo. Estoy convencido de que los Soñadores, al menos los Soñadores de hoy en día, prefieren vivir blancos a vivir libres (…). Despertarlos equivale a mancillar su nobleza, a convertirlos en humanos vulnerables, falibles y frágiles».
Frente al camino abstracto (siempre difícil) que nos podría llevar a reconocernos como nacidos «libres e iguales en dignidad y derechos», es la fragilidad por las menguantes condiciones materiales que hacen posible articular proyectos de vida la que nos puede permitir hoy reconocernos. Reconocernos en nuestra fragilidad dentro de una pluralidad de diferencias. Sin embargo, la identidad nacional viene a cumplir las funciones de una pantalla opaca que cierre la posibilidad de ponernos en el lugar del otro, de cegar la posibilidad de cumplir con nuestro deber de comportarnos «fraternalmente los unos con los otros», y también para vehicular un reactivo y bravucón odio («El odio otorga identidad (…). Les ponemos nombre a los extranjeros que odiamos y de esa forma confirmamos nuestro lugar en la tribu», anota Ta-Nehisi Coates). Hay que nombrar a los “bárbaros” como distracción de una codicia rapante. Como apuntó Bauman:
«La verdadera culpa imperdonable de las víctimas colaterales de esas fuerzas [globales], una vez que se han convertido en nómadas sin hogar, es que sacan a la luz la realidad de la (¿incurable?) fragilidad de nuestro confort y la seguridad de nuestro lugar en el mundo. Y por eso, por una lógica viciada, se tiende a verlas como unas tropas de vanguardia que están sentando sus cuarteles entre nosotros.
Estos nómadas, que lo son no de forma voluntaria, sino por el veredicto de un destino despiadado, nos recuerdan de manera irritante la vulnerabilidad de nuestra posición y la fragilidad de nuestro bienestar. Es una costumbre humana, demasiado humana, culpar y castigar a los mensajeros por el odioso contenido del mensaje que transmiten, en lugar de responsabilizar a las fuerzas mundiales incomprensibles, inescrutables, aterradoras y lógicamente resentidas que sospechamos que son las culpables del angustioso y humillante sentimiento de incertidumbre existencial que nos arrebata la confianza y causa estragos en nuestros planes de vida».
Después de la crisis de 2008 el miedo se ha instalado en nuestra vida. Y además se agita. Reflexiona Heinz Bude acerca de una afirmación de Roosevelt en su discurso de nombramiento como presidente («Lo único de lo que tenemos que tener miedo es del propio miedo»):
«El miedo vuelve a los hombres dependientes de seductores, de mentores y de jugadores. El miedo conduce a la tiranía de la mayoría, porque todos se suman por oportunismo a lo que hacen los demás. El miedo posibilita jugar con las masas que callan, porque nadie se atreve a alzar la voz, y puede acarrear una aterrorizada confusión de la sociedad entera una vez que salta la chispa. Por eso —así es como se debería entender a Roosevelt— la tarea primera y más noble de la política estatal es quitarles el miedo a los ciudadanos».
Roosevelt y su New Deal (Nuevo Acuerdo) —la intervención del Estado para recuperar la economía— en aquellos aciagos años treinta. Recordemos también, en tiempos de feminismo, la luz propia de Eleanor Roosevelt, que trabajó incansablemente para que la Declaración Universal de los Derechos Humanos viera la luz en 1948. Recordemos también que los escombros de la segunda guerra mundial se retiraron en Europa con cooperación internacional (Plan Marshall). Otras políticas fueron posibles en una crisis mucho más profunda. La identidad nacional desde luego no viene a sino a enturbiar los problemas. Si no queremos que el futuro nos sea indiferente debemos eludir la posibilidad de que vengan más años malos que nos hagan más ciegos. Como apunta Amartya Sen: «La principal esperanza de armonía en nuestro mundo atormentado reside en la pluralidad de nuestras identidades, que se cruzan entre sí y obran en contra de las profundas separaciones a lo largo de una única, tajante y resistente línea de división que supuestamente no es posible atravesar. Aquello que compartimos en tanto humanidad es desafiado brutalmente cuando nuestras diferencias son reducidas a un sistema imaginario de categorías singularmente poderosas».
Appiah, Kwame Anthony. Las mentiras que nos unen. Repensar la identidad. Barcelona: Ed. Taurus., 2019.
Arendt, Hannah. La libertad de ser libres. Barcelona: Ed. Taurus. 2018.
Bauman, Zygmunt. Mensajeros de la globalización. Diario El País. 31.05.2015
Berger, Peter L., Luckmann Thomas. La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Ed. Amorrortu. 1995.
BUNDE, Heinz. La sociedad del miedo. Barcelona: Herder Editorial. 2017.
COATES, Ta-Nehisi. Entre el mundo y yo. Barcelona: Ed. Seix Barral. 2016
FUKUYAMA, Francis. Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento. Barcelona: Ed. Deusto. 2019.
HOBSBAWM, Eric. Historia del siglo XX. Barcelona: Crítica., 1995.
Ingreso y pobreza en Estados Unidos: 2017.
SEN, Amartya. Identidad y violencia. La ilusión del destino. Madrid: Katz Ediciones. 2007
SNYDER, Timothy. On Tyranny. Twenty Lessons from the Twentieth Century. Nueva York: Penguin Random House LLC. 2017.
VARGAS LLOSA, Mario. La llamada de la tribu. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial., 2018.
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Catedrático en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona
Vivimos con intensidad los problemas derivados de la precariedad laboral, la crisis de legitimidad y de confianza hacia las instituciones democráticas, las tendencias xenófobas que recorren buena parte del mundo, los efectos del cambio tecnológico que pone en entredicho muchos espacios, entidades y trabajos que antes resultaban necesarios y que ya no lo son tanto. Los lenguajes, las gramáticas que servían en el siglo XX para afrontar muchos de esos dilemas, hoy parecen obsoletos e inservibles.
Autonomía personal, igualdad y diversidad son tres parámetros normativos claros sobre los que construir una política pública. Y esos mismos valores nos sirven para referirnos al marco normativo en el que inscribir la renovación del sistema de enseñanza y del mundo educativo en su conjunto si queremos que siga siendo una palanca de equidad y de redistribución de posibilidades vitales.
Por mucho que dos personas salgan con la misma titulación de un centro educativo, lo que al final les acaba diferenciando es la mochila cultural, los recursos informales y creativos que ha ido acumulando en espacios familiares, en actividades del fuera escuela, en actividades de ocio educativo, etc. No podemos desconectar educación de cultura cuando todos sabemos que la dimensión cultural resulta hoy clave para poder afrontar los interrogantes sobre procesos productivos, sobre nuevas ocupaciones laborales, en las que predominan necesidades vinculadas a creatividad, innovación, adaptabilidad, aceptación de la diversidad, emprendeduría, etc. Los perfiles educativos tradicionales van tornándose obsoletos y no acaban de servir ni a efectos de construir la autonomía personal necesaria ni tampoco para enfrentarse a las exigencias de los cambios en el mundo de hoy.
Cada vez resulta más claro que el cambio de época no permite mantener políticas simplemente continuistas ni tampoco rutinas procedimentales que pueden parecer seguras pero que cada vez resultaran más obsoletas. No se trata de modular las respuestas de siempre para adaptarlas a una situación coyuntural de crisis. En muchos casos hay que repensar las preguntas. ¿Sigue teniendo sentido considerar las enseñanzas artísticas como algo periférico al sistema educativo? ¿Qué papel juegan las bibliotecas y otros equipamientos culturales en los procesos formativos de niños, jóvenes y adultos? ¿Es funcional la división entre especialidades y sectores creativos y educativos cuando la innovación tiene bases cada vez más híbridas? ¿Cómo se articula la colaboración institucional, social y comunitaria en ese escenario? Estas y muchas otras preguntas sobre están hoy presentes cualquier política cultural y educativa que pretenda sintonizar con los dilemas que plantea el cambio de época en el que estamos inmersos.
Nuestras comunidades dependen mucho de la intensidad de su vida educativa, cultural y creativa, desde las distintas gramáticas en que ello se expresa, para mantener su capacidad de adaptación y de lugar en el que disponer de condiciones de vida dignas. Y para que ello se dé necesitamos conectar mejor educación en su sentido amplio, enseñanza en su sentido estricto, con todas las expresiones artísticas y culturales, en toda su diversidad, para que de esa conexión salgan iniciativas, espacios de vida y creación individual y comunitaria. En el fondo, de lo que hablamos es de mantener la pulsión democrática que encierra el concepto de equidad.
Socio trabajador en Redes Sociedad Cooperativa
Unas palabras para presentar la entidad de la que formo parte y sobre la que vamos a hablar. Redes Sociedad Cooperativa Madrileña[1] es una entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro que lleva trabajando más de 20 años, sobre todo en el distrito madrileño de Carabanchel, con personas en situación de vulnerabilidad y con riesgo de exclusión social.
Lo primero que quiero reseñar es que hablamos de un proyecto cooperativo. Este proyecto es impulsado por cinco mujeres que llevaban tiempo trabajando en proyectos sociales en el barrio de Pan Bendito ubicado en el distrito anteriormente citado. Estas mujeres decidieron que la fórmula que mejor recogía lo que querían para sí y para la zona en la que trabajaban, era la propuesta cooperativa. En Madrid el tercer sector está conformado sobre todo por asociaciones y fundaciones. Somos pocas, las cooperativas.
Otro elemento importante es que nuestro proyecto se conforma en el marco de la economía social y solidaria, inquieta y preocupada por el bien común. Somos un proyecto laboral y empresarial que, reconociendo la importancia de la economía, la ubica en un orden inferior a la persona. La economía se encuentra al servicio de la persona y del bien común.
Y por último quiero reseñar que nuestro proyecto cooperativo se ha centrado en el trabajo con personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de desventaja, de riesgo de exclusión social. Pensamos que la transformación social que buscamos tiene como lugar prioritario aquellas personas que por un motivo u otro tienen menos oportunidades que el resto.
Desde el año 2010 veníamos funcionando con un “modelo de intervención” explícito, que reconociendo la centralidad de la persona estaba basado, sobre todo, en la acción profesional interdisciplinar y multidisciplinar[2]. Este modelo estaba muy centrado en lo que nosotras sabíamos hacer y en los requerimientos de aquellas entidades (públicas o privadas) que financiaban los proyectos que realizábamos.
Los largos y duros años de la crisis nos fueron haciendo ver que, en muchas ocasiones lo que hacíamos siendo necesario, no era suficiente. El paso del tiempo nos puede llevar a hacer las cosas porque “siempre lo hemos hecho así”, o bien porque otros, (quien financia, generalmente) nos pide que lo hagamos así.
Por este motivo en noviembre de 2016 iniciamos un proceso que tenía como meta generar un nuevo modelo que respondiera mejor a las personas que cada día acudían a ella. Enseguida nos dimos cuenta que esta empresa no podíamos realizarla solas, que íbamos a necesitar contar con el apoyo, el contraste, la orientación de diferentes personas. Centramos nuestra atención en dos perfiles de personas; por un lado, quienes supieran más que nosotras y tuvimos la fortuna de contar con la ayuda de Kiko Lorenzo de Cáritas Española y de Santa Lázaro y Eva Rubio de la Universidad Pontificia de Comillas. Ellas, en diferentes momentos modos y en diferentes tiempos, nos ayudaron a comprender la realidad de forma global, nos ayudaron a pensar y nos contrastaron.
Pero intuíamos que esa no era la única voz necesaria en este proceso y desde el primer momento tratamos de incluir la voz y la realidad de las personas que participan en las diferentes actividades de Redes, para lo que tuvimos dos grandes momentos de encuentro con ellas; uno de las diferentes coordinadoras de programas y diferentes personas que participaban en los servicios de la entidad y que versó sobre las necesidades que teníamos que satisfacer para poder vivir a gusto y bien. En este espacio pudimos constatar que todas las personas podemos encontrarnos en el lenguaje de la necesidad y qué era importante el modo de tratar de resolverlas. El otro momento fue la generación de diferentes grupos de personas que participan en las actividades de Redes, de todas las edades y de todos los servicios, en el que pudieran hablar de su percepción de lo que funciona, de lo que debería cambiar, de lo que se debería implementar.
Nos parece importante poder ubicar en el centro el objetivo que todas queremos conseguir y alrededor del mismo los ejes implicados en su consecución.
En primer lugar, el contexto social, ya que no podemos plantearnos ningún trabajo que tenga en cuenta el contexto en el que viven las personas que participan de las actividades y servicios de nuestra entidad. El contexto tiene que cambiar algunas cuestiones para poder acoger la realidad de estas personas y por otro lado el contexto es elemento agente que facilita y promueve algunos cambios. Por ejemplo, cuando una de las necesidades de las personas es obtener un empleo, si ese empleo no garantiza los ingresos mínimos para vivir y lo hace en condiciones de dignidad y justicia, no parece una buena alternativa. Habrá que trabajar en el contexto para que pueda generar propuestas de empleo que promuevan la mejora de la situación de las personas.
Hablar de contexto, también, es hablar de entorno, de territorio, de comunidad que vela por el bienestar de sus miembros, de sus vecinos, de sus ciudadanos. El contexto tiene que verse interpelado y urgido por nuestra propuesta de trabajo.
El segundo eje, son las personas que participan en las actividades y servicios de Redes. Ellas también tienen que poder evaluar su situación, reconocer sus fortalezas y debilidades, imaginar un itinerario y un proceso posible que poco a poco vaya provocando la mejora de la situación. Provocando esta mejora también contribuye a la mejora del contexto.
Por último, el tercer eje, la acción profesional, de quienes estamos acompañando la situación. De algún modo también tenemos que vernos interpeladas en la búsqueda común de este objetivo. Nuestra acción está al servicio de las personas. Esta acción tiene que ser coherente con la forma de ser y de hacer, tanto de nuestra entidad, como de nosotras mismas.
Como resultado de esta primera fase de trabajo sobre los tres ejes: se identificaron una serie de áreas clave o ámbitos que sintetizan los aspectos más relevantes. Hacen referencia a situaciones o factores que han de tenerse en cuenta en nuestra acción como profesionales. En el gráfico que aparece a continuación se presenta el conjunto de categorías y su correspondencia con los tres ejes tal como resultó del primer trabajo de análisis.
A partir de esta información nos dimos cuenta de que existían elementos comunes, categorías que hacían referencia a las mismas o a muy similares realidades y conceptos. Consideramos este hecho como un indicio de su relevancia para definir el modelo de acción.
Por ello, en una segunda fase de trabajo procedimos a realizar un análisis más profundo de estos elementos comunes, tratando de identificar nexos de unión entre lo social, lo personal/relacional y lo profesional, buscando nuevos significados unificadores y procediendo finalmente a un trabajo de ordenamiento, depuración y delimitación que nos llevó a identificar cinco ámbitos o áreas esenciales que consideramos necesario que se contemplen en nuestro trabajo en REDES, que identificamos con las siguientes palabras clave: Vínculo, Salud, Estabilidad, Identidad y Competencias.
Por tanto, la acción profesional, de forma global y transversal a servicios y proyectos, trabajará desde una siguiente perspectiva que necesariamente habrá de considerar los siguientes objetivos:
Hacer esta apuesta ha tenido una serie de implicaciones en nuestra entidad. Hemos tenido que modificar nuestra forma de organización. Veníamos haciéndolo en programas disciplinares (Atención Terapéutica, Trabajo Social, Educación…), para pasar a organizarnos en función de las personas con las que trabajamos (Personas Mayores, Infancia y Familia, Trabajo Comunitario…) con todo el cambio cultural que supone para la organización.
Implica una revisión profunda de las herramientas y procedimientos que venimos operativizando, para garantizar la consecución del objetivo.
Nos permite seguir desarrollando con mayor precisión una atención centrada en la persona y no tanto una atención centrada en el servicio o en el proyecto. Desde esta óptica los recursos, los servicios se transversalizan en función de las situaciones personales.
Tenemos por delante varios retos a la hora de implementar el nuevo modelo:
Estamos muy ilusionadas con esta propuesta de trabajo que nos ocupa y esperamos que pueda ser una buena alternativa tanto para las personas como para la realidad y la entidad.
[1] Para más información www.redescooperatica.com https://www.facebook.com/redescooperativa/ @RedesCoop
[2] La cooperativa cuenta con diferentes perfiles profesionales para llevar a cabo su trabajo; educadoras sociales, psicólogas, trabajadoras sociales, pedagogas…
Facultad de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid
La crisis económica que comienza en 2008, conocida como la Gran Recesión, constituyó un eje de inflexión a nivel global. En efecto, la fase de crecimiento previa desembocó en una recesión económica solo comparable, por su gravedad y la de sus efectos, con la Gran Depresión de comienzos del siglo XX. Se trata, por tanto, de un periodo central para comprender las sociedades contemporáneas, siendo sus efectos un elemento fundamental para la comprensión de dichas sociedades en el momento de escribir estas líneas. El presente artículo tiene como objetivo abordar, precisamente, algunas de dichas consecuencias. En concreto, en los párrafos que siguen se abordará el impacto de la Gran Recesión en la salud y en la calidad de vida, con especial referencia a la población residiendo en España. Se trata de dilucidar la medida en la cual el bienestar en nuestro país se vio afectado por el impacto de las crisis. Pero no solo se busca determinar el posible efecto de la crisis en la salud, sino también de comprender los mecanismos a través de los cuales se produce dicha relación. Y para ello, la hipótesis que se defenderá es que el impacto negativo de la recesión de 2008 en España solo puede comprenderse adecuadamente en el marco de la organización social de las desigualdades y el impacto de la crisis en nuestros esquemas de estratificación social.
Se ha hecho ya popular esta frase: “El código postal es más importante para predecir tu salud que el código genético”. En un principio, esta afirmación puede parecer exagerada. Y de hecho lo es o, cuanto menos, se trata de una sobreactuación premeditada para poner sobre la mesa el debate en torno a la influencia de los procesos sociales en la salud y la enfermedad de las personas. Porque lo cierto es que la pobreza mata. Y en este caso no estamos ante una exageración. No solo porque existen contextos geopolíticos y sociales en los cuales la pobreza es pobreza entendida absoluta, causa de muerte prematura de forma evidente (por ejemplo, en muchos países del conteniente africano); no solo porque en determinadas sociedades la pobreza está inexorablemente ligada a una violencia estructural que es causa de muerte (piénsese en ciudades Latinoamericanas como San Salvador, Ciudad Juárez o los sectores de favelas en Río de Janeiro). En nuestro entorno más cercano, en las sociedades del bienestar, también la pobreza está vinculada a una mayor tasa de mortalidad. Esta es la conclusión de la investigación que en 2017 publicó la célebre revista The Lancet, que analizó los determinantes de la muerte prematura en un estudio multicohorte con 1,7 millones de personas. Los resultados mostraron que un estatus socioeconómico bajo estaba asociado con una reducción de 2,1 años en la esperanza de vida entre los 40 y los 85 años. Este resultado se obtuvo con una muestra procedente de siete países diferentes; ninguno de ellos era africano, ni latinoamericano, la lista no incluye La India, o países asolados por la guerra. Eran el Reino Unido, Francia, Suiza, Portugal, Italia, Estados Unidos y Australia.
La salud no se distribuye de manera aleatoria, las enfermedades no responden únicamente al azar, ni siquiera exclusivamente al azar genético. De hecho, existe una ingente evidencia empírica que pone de manifiesto que existe una conexión directa entre desigualdades sociales y desigualdades en salud, un gradiente que sugiere que la estratificación en nuestras sociedades incluye una estratificación socioeconómica de la salud y una desigual prevalencia (e incidencia) de las enfermedades en función de factores como los ingresos, el nivel educativo, el estatus de empleo o el capital social.
La crisis de 2008 tuvo una dimensión global, pero lo cierto es que sus efectos fueron tanto cuantitativa como cualitativamente específicos en los diferentes países que la sufrieron. En el caso de España, uno de dichos efectos consistió en una reconfiguración de la estratificación social, en la consolidación de un modelo de desigualdad basado en la exclusión social. Esta consolidación implica tanto un incremento de las desigualdades (y una cierta polarización de la población en términos socioeconómicos) como una redefinición del riesgo socioeconómico, que se ha convertido en una realidad transversal en nuestra sociedad. Lo cierto es que el incremento de las desigualdades socioeconómicas en España durante la Gran Recesión está sobradamente documentado (véase el Informe Foessa de 2014). No es este el momento de analizar este proceso ni sus causas (la profunda segmentación de nuestro mercado de trabajo, la elección de políticas de austeridad para abordar las consecuencias macroeconómicas de la crisis, un mercado de vivienda afectado por un gran riesgo financiero, etc.).
Lo importante para los objetivos de este artículo consiste en vincular este incremento de las desigualdades sociales en España durante la crisis, por un lado, y la evidencia en torno a la existencia de un gradiente social en la salud y la enfermedad, por otro. La Gran Recesión afectó de manera importante en la salud de la población europea, y España no es una excepción a un proceso que supuso un riesgo claro para la población en un amplio número de indicadores de salud y calidad de vida. La evidencia empírica al respecto es clara: la crisis de 2008 tuvo un impacto negativo en la salud de la población española.
Para comprender los procesos que explican dicho impacto es preciso mirar en diversas direcciones. En primer lugar, una crisis como la que nos ocupa genera necesariamente una situación de incertidumbre y vulnerabilidad que puede poner en riesgo el bienestar psicológico y la salud mental de la población. Más aún cuando la profundidad y gravedad de la crisis viene acompañada de un desarrollo temporal especialmente dilatado, como ocurrió en el caso español. En segundo lugar, la crisis llevó a un número creciente al deterioro de su situación económica, situando a millones de personas, incluidos menores, por debajo del umbral de la pobreza. Los ajustes familiares necesarios para afrontar la pobreza cobran diversas formas, siendo una de las más importantes un ajuste del presupuesto del hogar que puede implicar decisiones potencialmente negativas para la salud: reducción del presupuesto en alimentación, en medicinas y en cuidados de la salud, en hábitos saludables, en mantenimiento de las condiciones de habitabilidad del hogar (calefacción, suministros), etc. En tercer lugar, la situación de estrés psicosocial generada típicamente en los periodos de recesión económica se asocia con conductas de afrontamiento que suponen un riesgo para la salud, como por ejemplo el consumo de tabaco, drogas y alcohol. En cuarto lugar, las políticas utilizadas para afrontar los efectos macroeconómicos de la Gran Recesión se basaron por entero el concepto de austeridad, dando lugar a un retroceso sobresaliente en las políticas de bienestar y protección social. En España estos recortes no solo afectaron a la cobertura sanitaria y al copago en medicinas, sino también a las políticas de dependencia, familiares, por citar tan solo dos de ellas. Este retroceso del Estado de Bienestar constituye igualmente una causa potencial del deterioro de la salud de las personas.
Como puede apreciarse, todos estos elementos giran en torno –en mayor o en menor medida– al crecimiento de las desigualdades sociales. Dicho de otra forma, tenemos sobre la mesa un puzle con tres elementos: sabemos que existen un gradiente socioeconómico en la distribución social de la salud y las enfermedades; sabemos además que las desigualdades socioeconómicas aumentaron en España de manera profunda y sostenida desde 2008 y que solo muy recientemente esta progresión se ha revertido; sabemos que la Gran Recesión tuvo un impacto negativo sobre la salud de la población, en términos generales. En este puzle, todas las piezas encajan, siempre y cuando seamos capaces de establecer un vínculo que implique una conexión entre crisis y salud a través de las desigualdades sociales.
Esta hipótesis articula el estudio, recientemente publicado bajo el título Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España, editado por la Fundación FOESSA. Este estudio abordó la conexión entre crisis y salud situando en el centro de esta conexión las desigualdades socioeconómicas. Para ello, dichas desigualdades se definieron a dos niveles. En primer lugar, se incorporó un indicador de desigualdad económica “clásico”, los ingresos y, en concreto, la distribución de la población en quintiles según sus ingresos. Se trata de una forma ampliamente utilizada de medir la desigualdad, ya que refleja la forma en la cual un individuo (o un hogar) se diferencia con respecto a otro individuo (u otro hogar) en cuanto al presupuesto disponible.
En segundo lugar, se incorporaron indicadores de desigualdades a nivel agregado, es decir, no interindividuales, sino desigualdades sociales en sentido estricto. Nos referimos aquí a la medida en la cual las sociedades son más o menos igualitarias, más o menos desigualitarias. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de la población que se encuentra en situación de exclusión social? ¿Y cuál es el porcentaje en situación de pobreza? ¿Cuál es la tasa poblacional de desempleo de larga duración? La hipótesis que subyace es que el desempleo, o la pobreza, o la exclusión, no solo tienen un efecto sobre la persona en situación de desempleo, de pobreza o de exclusión, sino que también tienen un efecto especialmente relevante sobre todas las personas en dicha situación y sobre toda la población en general. En el estudio citado se consideró a la población según su comunidad autónoma de residencia, y se realizaron análisis que incluían indicadores agregados para cada comunidad. En concreto, las variables utilizadas fueron los porcentajes de la población de las comunidades autónomas en situación de privación material, pobreza y baja intensidad laboral (es decir, tres dimensiones de la exclusión social) y la tasa de desempleo de larga duración. Además, para asegurar la validez de los resultados, se introdujeron dos variables de control, el PIB per cápita y el gasto sanitario (como porcentaje de PIB de cada comunidad autónoma).
Es importante recordar que nuestra hipótesis establece que el impacto de la Gran Recesión en la salud podría comprenderse, parcialmente, a través de la desigualdad socioeconómica. Por ello, para contrastar dicha hipótesis era vital contar con datos longitudinales, es decir, con medidas repetidas en el tiempo. Afortunadamente, la Encuesta de Calidad de Vida del Instituto Nacional de Estadística proporciona dichos datos, en oleadas de cuatro años. Se eligió aquella que medía los años 2008, 2009, 2010 y 2011, para poder analizar adecuadamente el papel de la desigualdad en una medida de salud general durante los primeros años de la recesión.
Pues bien, nuestros resultados mostraron que el quintil de ingresos en el cual se encuentran los individuos tiene un efecto en la evolución de la salud durante la crisis, en el sentido esperado: a menos ingresos mayor es el deterioro de la salud. Pero, además, y tal vez más importante, los resultados mostraron que la distribución social de la desigualdad también tuvo un impacto en la salud, de manera que las poblaciones con mayores porcentajes de población en situación de privación material y que viven en un hogar con baja intensidad laboral. Más aún, la tasa de desempleo de larga duración también mostró un efecto negativo en la salud de la población.
Lo explicábamos recientemente en la entrevista: “La salud va por barrios”.
Estos resultados no debieran ser sorprendentes. Richard Wilkinson y su equipo de investigación han mostrado reiteradamente que las sociedades más desigualitarias son –comparadas con sociedades más igualitarias– peores para el bienestar de su población en un amplio rango de indicadores: mortalidad, salud, incidencia de enfermedades, felicidad, violencia, comisión de delitos. Se trata de una hipótesis y de una línea de investigación que se muestra especialmente relevante para explicar los efectos perversos de los procesos macrosociales en el bienestar de las sociedades.
En nuestro caso, los resultados descritos y los argumentos esgrimidos apuntan a una realidad preocupante: la sociedad española contemporánea (y, con probabilidad razonable, las sociedades europeas en general) ha experimentado cambios tan profundos que el bienestar y el acceso al mismo se ha visto también modificado. Siendo más precisos, podríamos señalar que en España la crisis de 2008 supuso la consolidación de un nuevo modelo de desigualdad –basado en procesos de exclusión– que ha problematizado, deteriorado, el bienestar de una proporción creciente de su población. Los resultados anteriormente expuestos son evidentes: cada vez más, la salud va por barrios. Y más aún: seguramente cada vez son más los barrios donde la salud comienza a ser un problema social. El deterioro de las condiciones de vida de las clases medias –diseccionado recientemente en un estudio realizado para la OCDE bajo el revelador título Bajo presión: la clase social exprimida– coincide con el incremento del protagonismo de los procesos descritos.
Es un deterioro que en España se asocia claramente a un mercado de trabajo cada vez más segmentado, cada vez más flexible, cada vez menos caracterizado por la estabilidad biográfica y cada vez más afectado por la precariedad. En la investigación Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España, analizando datos de las ediciones de 2006 y 2012 de la Encuesta Nacional de Salud, se comprobó que la relación de los diferentes estatus de empleo (empleo estable, temporal, desempleo, desempleo de larga duración, trabajo autónomo y jubilación) prácticamente se invirtió después de la crisis de 2008. Así, por ejemplo, en 2006 las dos situaciones que en mayor medida se relacionaban con un deterioro de la salud mental eran el desempleo y la jubilación; además, tener un trabajo temporal se relacionaba con peor salud mental y se empresario o autónomo no tenía un impacto significativo. Pues bien, en 2012 esta última relación se invierte (son los autónomos los que muestran mala salud mental) y la asociación con el deterioro psicológico ser reduce de manera sobresaliente en el caso de las personas jubiladas. Este último grupo, de hecho, se convirtió en uno de los ejes familiares para afrontar el deterioro en indicadores como los ingresos, o la baja intensidad y participación laboral. Si se permite la exageración, se trata del mundo al revés: nuestros/as pensionistas como soporte económico de la población activa.
Como puede apreciarse, la Gran Recesión no puede definirse únicamente como una coyuntura de deterioro de la economía, sino más bien como la consolidación de una transición hacia una fase productiva asociada a un sistema de estratificación social basado en el concepto de exclusión. Este modelo ha problematizado de manera sobresaliente, especialmente en España, la comprensión del bienestar, hasta el punto de que las clases medias aparecen como protagonistas de un deterioro socioeconómico que puede describirse como un incremento de las desigualdades en los ingresos y una profunda segmentación del mercado de trabajo que resulta en un incremento de la precariedad y una ampliación de las ocupaciones afectadas por dicha precarización.
Es innegable que una década después de que estallara la crisis la coyuntura económica ha mejorado, lo que ha tenido un efecto positivo en las tasas de desempleo y en los presupuestos de los hogares. Pero es igualmente innegable que esta recuperación tiene un semblante muy diferente al del periodo de crecimiento económico previo a la crisis. El modelo ha cambiado, la exclusión social, la ampliación de las desigualdades y la problematización del mercado de trabajo son procesos característicos de nuestra sociedad. En conclusión, es razonable pensar que también persisten los riesgos relacionados con la salud descritos en este artículo. Este es, tal vez, uno de los retos de futuro para la sociedad española, un reto que consiste en diseñar acciones que redunden en una mejora de la salud y de la calidad de vida de nuestra población. En el diseño de estas acciones es absolutamente indispensable incorporar una dimensión colectiva. Si, tal y como hemos visto, procesos agregados están en el origen del deterioro de la salud, también es posible incidir en acciones que mejoren la calidad de vida. La dimensión comunitaria es vital en este punto, como también lo es una acción transformadora que contribuya a reducir las desigualdades sociales y que permita cimentar la mejora del bienestar de nuestra sociedad en criterios de justicia social.
OCDE (2019) Under Pressure: The Squeezed Middle Class. París: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/689afed1-en
Sánchez Moreno, Esteban; de la Fuente Roldán, Iria-Noa; y Gallardo Peralta, Lorena (2019). Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España. Madrid: Fundación FOESSA.
Stringhini, S., Carmeli, S., Jokela, M., Avendaño, M., Muennig, P., Guida, F., Kivimäki, M. (2017). Socioeconomic status and the 25 × 25 risk factors as determinants of premature mortality: a multicohort study and meta-analysis of 1·7 million men and women. The Lancet, 389, 1229-1237.
Wilkinson, R. G. y Pickett, K. E. (2018). Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo. Madrid: Capitán Swing.
Doctora en Trabajo Social. Jefa de Proyectos de Investigación Social de la Asociación Provivienda
La crisis financiera iniciada en Estados Unidos llegó a Europa en el año 2008, dando lugar a una Gran Recesión con consecuencias especialmente severas en el contexto español. En efecto, en España, la crisis ha generado una verdadera convulsión de las estructuras sociales y económicas. En este sentido, no parece exagerado afirmar que en las sociedades en general, y en la española en particular, la cuestión social que se ha impuesto en la última década gira en torno al aumento y transformación de los procesos de exclusión social. Por ello, en el ámbito específico de las desigualdades sociales, el impacto de la crisis se presenta como un elemento de la máxima importancia pues está dirigiendo a un nuevo escenario que implica la necesidad de profundizar en las nuevas formas de desigualdad social y, sobre todo, en su efecto sobre la ciudadanía.
Precisamente, este texto pretende abordar algunos de los efectos que los procesos de cambio social generados desde el inicio de la crisis han tenido en las personas y familias residentes en España y que, de manera más amplia, han sido abordados en profundidad mediante un trabajo que analiza el efecto de la crisis en la salud y calidad de vida (Sánchez Moreno, de la Fuente Roldán y Gallardo Peralta 2019). Aquí rescataremos el discurso desarrollado en torno a la calidad de vida y algunas de sus dimensiones fundamentales para la acción social.
Los datos existentes no dejan lugar a dudas. La crisis ha generado un aumento de las desigualdades sociales, exacerbando los procesos de exclusión social que ya existían en España y asentándose en las diferentes esferas de la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora bien, más allá de lo que las estadísticas señalan, ¿qué efectos concretos ha tenido la crisis en la ciudadanía? ¿Qué esferas de la vida de las personas se han visto afectadas?
El desempleo, y con ello las dificultades socioeconómicas, aparecen como una de las principales problemáticas a las que la ciudadanía se refiere. Sin embargo, es preciso avanzar un paso más para centrarse en cómo la reducción drástica de los recursos económicos afecta en su día a día a los hogares. En palabras de Rocío,
«sin trabajo no hay dinero, sin dinero no hay comida, y sin comida… y sin comida pues te mueres. Así de simple. Desde que Fernando empezó a perder trabajos por… por la crisis hemos ido reduciendo compra. Bueno, la nuestra. Yo he perdido no sé cuantos kilos y arrastro una anemia de caballo, o sea… del caballo que no como, que carne no entra en esta casa si no es para los niños» [Rocío, mujer de 40 años hablando sobre la realidad que su familia atraviesa desde que la Gran Recesión se impuso en su hogar].
Es decir, parece evidente que la escasez de recursos económicos, y con ello la imposibilidad de poder cubrir las necesidades básicas –como las alimentarias–, afectan de manera directa a la salud física de las personas. Sin embargo, más allá del estado de salud físico, ¿qué hay del concepto más amplio de calidad de vida? Más concretamente, ¿cuáles son las consecuencias que la Gran Recesión ha impuesto en la “salud social” de las personas y familias residentes en España?
De la misma manera que ocurre con tantos otros fenómenos de la realidad social, definir qué se entiende por calidad de vida resulta complejo. Las referencias a la calidad de vida se han asentado tanto en el discurso informal, como en el profesional, político, administrativo y académico. Esta situación plantea dificultades. Por un lado, supone considerar que el concepto adquirió popularidad antes de desarrollarse una teoría analítica al respecto. Por otro lado, como concepto objeto de explicación continua, se llega a pensar que no se usa con la precisión necesaria y que sigue siendo complejo acotarlo con rigor. Pese a estas dificultades, existe un cierto consenso que precisamente tiene que ver con su amplio reconocimiento, siendo usado frecuentemente para analizar los cambios que tienen lugar en el bienestar de las personas y para valorar las desigualdades existentes en el reparto del bienestar de una sociedad (Noll 2002).
La calidad de vida hace referencia a las percepciones que las personas tienen de su posición en la vida, considerando el contexto cultural y de valores en el que viven, así como sus metas, expectativas y preocupaciones (WHOQOL Group 1995). En este sentido, es un concepto compuesto por diferentes dominios e indicadores que la Organización Mundial de la Salud resume de la siguiente manera (WHOQOL Group 1995)
En base a estos dominios, los diferentes trabajos existentes como, sobre todo, las numerosas horas de entrevistas recogidas para dar voz a las experiencias y vivencias de las personas y familias que se han visto afectadas en primera persona por la crisis, apuntan a que el impacto de la Gran Recesión puede ser igual o incluso más relevante en la calidad de vida de lo que pueda serlo en la salud. Algunas de las dimensiones mencionadas se han visto especialmente afectadas, como es el caso de las cuestiones vinculadas al entorno y a las relaciones sociales.
2.1. La problematización de las relaciones sociales en el contexto de la crisis
Las relaciones sociales se constituyen como una referencia constante a la hora de evaluar nuestra calidad de vida. La frecuencia con la que nos relacionamos con amistades o con la familia, el tiempo compartido con otras personas o el acceso al apoyo social tienen un efecto fundamental en nuestra calidad de vida, algo que se ha visto mermado desde el inicio de la crisis porque «al final la gente deja de llamarte porque… porque siempre es “no”. Nunca puedes salir que… que no tienes para salir toda la familia» [Fernando, hombre de 42 años con cuatro menores de edad a su cargo].
Por un lado, la crisis ha limitado las posibilidades de muchas personas para mantener o establecer nuevas relaciones sociales. Por otro lado, las situaciones de estrés generadas por el desempleo y la privación material tienden a complicar y precarizar las relaciones existentes ya que «el paro no solo se llevaba pues… el dinero, o sea, que se lo llevaba todo, todo. Mi relación con mi mujer y mis niños (…)» [Fernando, hombre de 42 años con cuatro menores de edad a su cargo].
Aunque el deterioro de las relaciones sociales en el contexto de la crisis es una realidad, también es cierto que la calidad de vida es un constructo subjetivo que depende de los contextos en los que nos desarrollamos. Por ello, también existen discursos en los que el bienestar se ve mejorado, sobre todo cuando en el contexto de la crisis ha tenido lugar el escape de relaciones sociales de tipo opresivo o violento, o cuando las dificultades abren oportunidades a nuevos espacios de apoyo social, donde el apoyo de tipo emocional consigue mitigar los efectos negativos de las situaciones desfavorables. Como expresaba Saray,
«me he dado cuenta de que en muchos sentidos tengo suerte (…). Descubres que hay gente que te falla, pero… pero que mucha otra que no esperabas te ayuda y… por ejemplo yo… tengo una vecina con la que jamás había hablado y… ahora se ha convertido en una de mis mejores amigas y… solo por pedirle desesperada un brick de leche para el desayuno de Abigail» [Saray, mujer de 37 años con una niña de 10 años a su cargo. Encabeza una familia monoparental].
Discursos como el de Saray no son únicos y muestran que, en determinadas situaciones, la realidad social de las personas y familias que se ven afectadas por las desigualdades sociales puede mejorar. En este sentido, otros dominios como el vinculado al bienestar psicológico se ha visto incrementado para determinados grupos de población, como es el caso de las personas mayores. Tal y como expresaba Pepe:
«Yo lo siento mucho por mi hija, claro (…). Yo quiero una casa para la niña y los niños, con su espacio… pero la verdad, me encanta ir al cole a por ellos y darles la merienda es… es el momento feliz del día» [Pepe, hombre de 88 años y padre de Ramona. Su pensión de jubilación supone el sustento principal para su mujer, su hija, su nieto y su nieta].
Esto tiene que ver con el hecho de que la población jubilada se ha constituido, como en el caso de Pepe, como elemento central para garantizar el bienestar de sus familias. Es decir, se vincula al hecho de que las situaciones de necesidad generadas por la crisis han dirigido a una reagrupación y/o acercamiento con respecto a la familia cercana (principalmente hijos, hijas, nietos y nietas). En realidad, las palabras de Pepe ilustran que España sigue teniendo un Estado de Bienestar subdesarrollado y familista donde la familia constituye la institución principal para dar respuesta a las necesidades de sus miembros, incrementando su papel protector ante la erosión de los derechos sociales. Un ejemplo paradigmático de esto se encontraría en la pensión de jubilación en torno a la cual (sobre)viven varias generaciones de una misma familia, como es el caso de Ramona, agrupada junto a su hijo, su hija y su madre bajo la pensión de 700 euros de su padre.
2.2. Entornos que impulsan las desigualdades sociales
Desde el punto de vista del dominio ambiental de la calidad de vida, el entorno en el cual las personas desarrollan su vida se convierte en un elemento fundamental. Ya lo señalaba Wacquant (2007), la población que se encuentra en situación de pobreza y exclusión social tiende a vivir en espacios menos adecuados para la satisfacción de sus necesidades personales, sociales, económicas y emocionales. Dicho de otra manera, las políticas de las grandes ciudades tienden a segregar a la población en zonas determinadas. Así, la pobreza y la exclusión social se concentra y limita ante los ojos de una ciudadanía que ve deprimirse sus viviendas y el entorno en el que se encuentran.
La vivienda no solo tiene una dimensión física. Es decir, no constituye solo un techo bajo el cual vivir. A través de la vivienda se satisfacen otro tipo de necesidades que dirigen de manera directa a garantizar la calidad de vida de las personas. La vivienda es el punto de anclaje para la participación social y el acceso a los derechos sociales. O, al menos, así debería ser. Por ello, la participación social constituye una dimensión fundamental en la definición la calidad de vida, pero también de las desigualdades sociales. No se trata solo de la existencia de personas y familias residiendo en viviendas con humedades, sin equipamientos básicos o que carezcan de suministros, sino que se trata también de viviendas situadas en entornos deteriorados, con servicios públicos limitados o inexistentes, transporte público precario o escasez de zonas verdes.
Esta realidad vinculada a los entornos en los que las personas viven limita las posibilidades de participación social de la ciudadanía y, además, dificulta otro aspecto generalmente poco atendido que tiene que ver con el acceso de las personas y familias al disfrute de su ocio y tiempo libre. En este sentido, las cuestiones de carácter inmaterial vinculadas a la participación social adquieren una relevancia fundamental, articulándose como elementos centrales a la hora de comprender el efecto que la Gran Recesión ha tenido en la calidad de vida de cada vez más personas y familias residentes en España. Las palabras de Roberto permiten resumir de este planteamiento: «¿sabes lo que echo muchísimo de menos? La cervecita que me tomaba de vez en cuando con los compis después de currar» [Roberto, hombre de 47 en situación de desempleo. Vive con su mujer y su hijo menor de edad en una vivienda que ocuparon y en la que consiguieron negociar un alquiler social].
Esta dificultad de acceso a actividades recreativas es aún más compleja si se tiene en cuenta las necesidades de ocio, juego y, en definitiva, diversión, de los niños y niñas. Manuela señalaba:
«Lo que más me duele es lo de los cumpleaños. O sea… como los niños no van que no podemos pagar regalos pues… ya les dejan de invitar… ¡que son niños! ¿Qué culpa tienen ellos?» [Manuela, mujer de 31 años en situación de desempleo que mantiene con una prestación social a sus tres hijos menores de edad].
Lo cierto es que a lo largo de las horas de entrevista que se realizaron, las referencias a las preocupaciones de los padres y madres por estar privando a sus hijos e hijas de determinadas actividades y espacios en los que participar fue constante. La imposibilidad de acudir a excursiones escolares o de ir a un cumpleaños por no tener recursos suficientes para hacer un regalo era igual o más repetido que la imposibilidad de realizar una compra con la que poder subsistir el resto del mes.
Esta situación tiene implicaciones fundamentales. Por un lado, habrá que ver los efectos en la salud, calidad de vida y bienestar que a lo largo del tiempo tiene para los niños y niñas las limitaciones de su participación social. Por otro lado, considerando el contexto consumista en el que nos encontramos, la carencia de recursos económicos dirige también al alejamiento de la condición ciudadana a través de la imposibilidad de acceder a bienes de consumo. No se puede negar que, en las sociedades actuales, la acumulación de bienes consumidos y consumibles no es solo una seña de identidad y posición social, sino que el acto de compra es en sí mismo se convierte en una «una papeleta de voto directa» (Beck 1998).
Como se ha tratado de reflexionar, la crisis económica ha generado un impacto negativo en la calidad de vida de la ciudadanía en España no solo en los aspectos más evidentes de la salud física, sino también en otras dimensiones fundamentales que vinculan con la necesidad del ser humano de relacionarse en espacios y entornos adecuados. Si esto es así, no es de extrañar que el deterioro de las dimensiones sociales y ambientales en las cuales tienen lugar las interacciones cotidianas surja en todas las entrevistas realizadas como un eje central del deterioro de la calidad de vida desde el inicio de la crisis.
Entre los múltiples factores que caracterizan los procesos de exclusión social, destaca su carácter politizable y, por ello, resoluble desde el punto de vista de las políticas públicas. Así, la exclusión social debería hacer diana en acciones que permitan abordarla, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, resulta fundamental el desarrollo de políticas sociales que permitan abarcar más que los mínimos vitales. Si algo han dejado claro las diferentes entrevistas realizadas es que las personas, para tener bienestar necesitan –además de alimento, vestimenta y un techo bajo el cual vivir– espacios en los que compartir, participar y establecer relaciones recíprocas que alejen de la soledad y permitan tejer redes, pues «vivir no solo es pagar facturas. Que para estar bien hay que distraerse y salir… salir y tener cosas que hacer» [Ramona, mujer de 42 años que encabeza una familia monoparental con dos menores de edad. Con la pérdida de su último trabajo, junto a su hijo y a su hija, ha vuelto a convivir con su padre y su madre en el hogar en el que creció].
Ahora bien, ¿qué pueden hacer las políticas sociales para abordar el deterioro de la calidad de vida de la ciudadanía en lo que se refiere a los aspectos sociales y ambientales?
En primer lugar, aprehender de la realidad social y, sobre todo, de la experiencia práctica de multitud de profesionales que, desde diferentes espacios de carácter público y privado, abordan y denuncian diariamente estas situaciones, elaborando recomendaciones y propuestas de acción que dirigen a una nueva reconstrucción de las instituciones de bienestar. En este sentido, tanto el Sistema Sanitario como los Servicios Sociales Públicos deben estar dotados de mejores mecanismos de coordinación que permitan detectar y compartir las intervenciones en las situaciones de exclusión social que aborden en sus quehaceres diarios.
En segundo lugar, de manera mucho más concreta, se precisa desarrollar en profundidad programas y acciones de carácter comunitario. Tanto el Trabajo Social como la salud tienen una dimensión comunitaria fundamental, que además de permitir abordar las dificultades ya existentes, dirigen al desarrollo de acciones y actuaciones preventivas que permitan detectar las situaciones de vulnerabilidad de donde emergen la soledad, la carencia de apoyo social, el deterioro de las relaciones sociales y, en definitiva, realidades particulares en las que es preciso intervenir para ayudar a tejer redes dentro del contexto en el cual las personas (con)viven.
Beck, U. (1998a). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: Paidós.
Noll, H. H. (2002). Towards a European System of Social Indicators: Theoretical Framework and System Architecture. Social Indicators Research, 58(1-3), 47-87.
Sánchez Moreno, E.; de la Fuente Roldán, I. N.; Gallardo Peralta, L. P. (2019). Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España. Madrid: Fundación FOESSA.
Wacquant, L. (2007). Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado. Buenos Aires: Siglo XXI.
WHOQOL Group (1995). The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL). Social Science and Medicine, 41, 1403-1409.
Investigación e Incidencia en Asociación Provivienda
La recuperación económica de España, tras cinco años de crecimiento, ha permitido recuperar o incluso superar el PIB previo a la crisis: así lo vuelve a resaltar el último informe semestral de la Comisión Europea. Sin embargo, resalta también la profundidad de las cicatrices que ha dejado la Gran Recesión en gran parte de la población. Por su parte, los indicadores sociales no se han recuperado de la misma manera; muchas familias, especialmente las más pobres, siguen atravesando importantes dificultades económicas. En la actualidad, España es uno de los pocos países de la UE en el que, pese a un fuerte crecimiento económico, la situación socioeconómica es menos favorable que antes de la crisis, con graves niveles de desigualdad y un alto riesgo de pobreza o exclusión, el 26,6% de la población según la última Encuesta de Condiciones de Vida 2017. El empleo se ha recuperado, pero ya no es un soporte de bienestar por la debilidad e inestabilidad del mercado laboral: el desempleo en España duplica la media europea, con malos datos tanto en el paro de larga duración como en el juvenil o en el infraempleo por la sobrerrepresentación de los contratos temporales de corta duración y baja remuneración.
A todo ello hay que sumar uno de los factores que más incide en el empobrecimiento de la población, y es el surgimiento de una nueva crisis de asequibilidad y estabilidad en la vivienda. El sistema de provisión de vivienda y bienestar social que se caracteriza por una profunda y endémica carencia de vivienda social y asequible no está garantizando la función social de la vivienda. La vivienda no se produce ni se distribuye para que todo el mundo tenga un lugar digno para vivir, sino como una mercancía altamente rentable para unos pocos inversores. En esta línea, el sociólogo de la London School of Economics David Madden ironiza que «no hay una crisis de la vivienda por un fallo del sistema, sino porque está funcionando perfectamente».
Pues bien, en las principales ciudades del Estado los precios del alquiler han aumentado de manera brusca y continua (un 18,3% en el último año), mientras que la actual renta de los hogares es claramente inferior a la de 2008 (más de 1.200 euros menos). Paralelamente, el gasto público destinado a vivienda no ha dejado de disminuir desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, alcanzando un mínimo histórico (0,13% del gasto público en 2018). El resultado es que los hogares tienen que dedicar un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos al pago del alquiler y, por tanto, se enfrentan a enormes dificultades para afrontar los gastos relacionados con la vivienda y su mantenimiento. El parque de vivienda es excluyente para un importante segmento de la población española; esto ha llevado y sigue llevando a miles de familias a perder su vivienda habitual de compra o alquiler. Solo en el año 2018 se han practicado más de 44.000 lanzamientos (casi 600.000 desde 2008); y seis de cada diez son lanzamientos por impagos de alquiler.
En el plano del derecho España es bastante avanzada, pero no respeta su puesta en marcha. Las recomendaciones del Comité DESC de Naciones Unidas reprenden al Estado español por la reiterada vulneración del derecho a la vivienda. Por ejemplo, cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías y alternativa habitacional, cuando existen situaciones de infravivienda, de precariedad energética, o cuando las familias se ven obligadas a ocupar una vivienda sin título legal porque no tienen alternativa habitacional.
Es en este contexto, y a través de nuestra intervención residencial directa, en Provivienda hemos detectado problemáticas que relacionan la vulnerabilidad social y residencial con la salud, y las hemos desarrollado en el Informe «Cuando la casa nos enferma». Nuestra hipótesis, que las malas condiciones en vivienda o la ausencia de la misma enferman a las personas, y en mayor medida a la infancia, puede parecer evidente. Pero resulta fundamental ilustrar y demostrar con evidencias cómo la existencia o no de un hogar, las condiciones físicas de la vivienda, su entorno físico y/o el entorno social del barrio pueden repercutir sobre la salud física, psicológica y mental y el bienestar socio-relacional de las personas, en particular entre las personas más vulnerables.
En palabras de Gaston Bachelard, «la casa es nuestro rincón del mundo. Es nuestro primer universo. Es realmente un cosmos» (Bachelard 1957). El hogar se constituye como la base sobre la cual construir el bienestar social, físico y psicológico de las personas, entendiendo este como factor clave para la integración social y la emancipación. Así, disponer de un alojamiento digno es un elemento transversal que afecta de manera directa a la calidad de vida de las personas, en cuanto la vivienda es el espacio donde se construye el hogar propiamente dicho, pero también su entorno social y urbano (el barrio y la comunidad), así como su lugar en el conjunto de la ciudad. En este sentido, la vulneración del derecho a la vivienda tiene consecuencias directas en el ejercicio de otros derechos, entre otros el derecho a la salud. Como señala la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando los requisitos mínimos que debe reunir una vivienda no se cumplen o son insuficientes, el derecho a la vivienda no se está garantizando y, por tanto, tampoco lo está siendo el derecho a la salud de las personas.
Aquí nos referimos a la salud no solo como ausencia de enfermedad, sino como un concepto multidimensional que está relacionado con «las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud». Desde la OMS se define la salud como «un estado de completo bienestar físico, mental y social».
En este sentido, cabe introducir el concepto de «desigualdades en salud», que hace referencia a las diferencias existentes en el estado de salud entre individuos o grupos; son medidas en términos como la esperanza de vida, la mortalidad o la morbilidad. Las desigualdades sociales en salud no son diferencias en salud derivadas del azar o de las decisiones individuales, sino que se basan en las diferencias evitables que se relacionan con variables sociales, económicas y ambientales sobre las cuales el individuo no ejerce control alguno y que pueden abordarse mediante políticas públicas (Rey del Castillo 2015).
En este marco conceptual, el acceso a una vivienda digna y asequible constituye un determinante social central de la salud. Por lo tanto, si las condiciones de vivienda son un factor determinante de las desigualdades sociales en materia de salud, las políticas de vivienda deberían, al igual que otros enfoques sectoriales, buscar reducirlas.
Si bien es muy difícil establecer una relación causal directa entre las dificultades de vivienda y los problemas de salud, ambos están muy entrelazados. Eso sí, podemos establecer que la vivienda es un factor, entre otros, que destaca de la precariedad social que hace crecer los riesgos de desarrollar problemas de salud, enfermedades o empeorar síntomas ya existentes. De hecho, no disponer de una vivienda independiente, dormir en la calle, vivir en viviendas precarias, demasiado caras o inseguras, crea estrés y aumenta el riesgo de enfrentar problemas de salud. Por el contrario, disfrutar de buenas condiciones de vivienda favorece la prevención y recuperación (Mikkonen y Raphael 2011). En otras palabras, la salud también es disponer de una vivienda en buenas condiciones, con áreas comunes en buenas condiciones, un buen aislamiento acústico y térmico, espacio suficiente, pagando un precio adecuado y tener buenas relaciones de vecindad versus aislamiento social. No obstante, las implicaciones sociales, físicas y psicológicas relacionadas con la salud no se limitan a las condiciones físicas de la vivienda.
A continuación nos centramos en diferentes casuísticas de la fragilidad residencial que afectan también al bienestar psicológico de los hogares entrevistados. Los obstáculos para acceder, las dificultades de asequibilidad de la vivienda o la inestabilidad en la misma, en especial la ocupación por necesidad, son situaciones que a su vez afectan claramente al ejercicio del derecho a la salud.
Zakia, beneficiaria de la Red de Viviendas Solidarias en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, destaca el cambio que ha supuesto acceder a la casa en la que vive ahora: «ahora estoy mucho mejor, muy contenta porque me han dado vida, (…) en esta casa estoy súper feliz con mis hijos (…). Los niños están viviendo la vida que tenían anteriormente. (…) Me preocupa la vivienda, quiero una vivienda estable, un alquiler social y un trabajo para salir adelante. (…) Estoy temporalmente en la vivienda, pero necesito un empujón, algo estable. (…) A mí me gusta estar aquí, el cambio influye mucho en los niños, ya me he cambiado tres veces de vivienda y los niños han cambiado de colegio también, es muy agobiante porque no hay estabilidad tampoco para ellos».
Como Zakia, muchas de las personas entrevistadas que actualmente se benefician de la ayuda de recursos de viviendas temporales, confiesan su inquietud o temor de que se termine su contrato o estancia en el recurso. Además, para otras que alquilan directamente en el mercado libre, pese a la reciente reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos[1], vivir en una casa de alquiler tiene una fecha de caducidad reducida de cinco años y no existen garantías de que el contrato de arrendamiento se renueve al finalizarse. Esta realidad es especialmente perjudicial para personas y familias en situación de vulnerabilidad social, con itinerarios personales a veces complejos que requieren de un proceso de reconstrucción largo, que tienen ingresos muy bajos, fruto de trabajos precarios o prestaciones sociales reducidas, la perspectiva de la finalización de su contrato de alquiler se convierte en una fuente de angustia que paraliza e incluso impide prácticamente vivir.
La incertidumbre y la incapacidad de controlar la situación de inestabilidad residencial en la que se encuentran las familias se relacionan con la percepción de «no controlar su vida». En estos casos la depresión es la enfermedad más habitual, así como cuadros de ansiedad, desánimo, trastornos del sueño y otros problemas de salud mental que, cuando no son atendidos, se amplifican y se enquistan con el tiempo. En este sentido son muy necesarias la prevención, detección y atención temprana de esas situaciones para evitar el desarrollo de trastornos y problemas futuros más graves.
En Arona, Tenerife, Juan y María cuentan que «la ayuda que hemos recibido para regularizar nuestra situación y acceder a un alquiler social nos ha permitido (…) tener un proyecto de vida, criar a nuestras hijas, trabajar, compartir con nuestra familia y amigos momentos buenos, sin renunciar a poder estar mejor en un futuro». Ofrecer estabilidad residencial, permite, en sus palabras, «empezar a caminar de vuelta». Otra prueba de la tranquilidad y sosiego que ha supuesto el acceder a una vivienda digna lo cuenta Sidra, en Barcelona: «Este piso para mí es el paraíso. Todo limpio, ordenado, amueblado, sin goteras, no cae ningún techo, no hay cucarachas, ni chinches, ni ratas, ni peligro para los niños. El otro piso era otro mundo. No tenía calefacción, pasábamos mucho frío, los niños enfermaban mucho». De hecho, el miedo a un futuro incierto se incrementa cuando aparecen otros problemas graves de salud en el ámbito intrafamiliar, momento en el que se dimensiona aún más el valor de la estabilidad en una vivienda como lugar de recuperación y reposo.
Por su parte, la falta de asequibilidad se vincula con la priorización de los gastos, apartando otras necesidades básicas para poder cubrir gastos de la casa. Lázaro, del Puente de Vallecas, Madrid, se avergüenza reconociendo que «no hay dinero para seguir cada día la dieta que necesita mi hijo por la diabetes». Además, el grave estrés que padece por culpa de su vivencia incide negativamente en su hipertensión. «No hay seguridad de vida. Evidentemente [tiene impacto en la salud]. Hoy aquí, pero mañana no sabes».
El problema de vivienda hace resurgir problemas de salud que en muchos casos ya estaban superados. En concreto, la pérdida de la vivienda influye fuertemente en la salud psicológica: estrés postraumático como alteraciones del sueño, nerviosismo, desconcentración o miedo. Así, las personas en proceso de desahucio tienen trece veces más probabilidades de percibir su salud como mala; el 57,3% de los hombres y el 80,9% de las mujeres informan de mala salud (Equipo de Investigación en Desahucios y Salud, 2014). Estos problemas psicológicos desencadenan, entre otras afecciones físicas, el aumento de la hipertensión y de los problemas cardiacos, el empeoramiento de hábitos no saludables como el consumo de tabaco y alcohol, una dieta no saludable, en muchos casos como mecanismos sustitutivos para aliviar la ansiedad.
La expectativa de pérdida de vivienda trae a su vez consigo la posibilidad del cambio de barrio o incluso de municipio de residencia. Ese cambio conlleva en muchos casos el cambio de profesionales de referencia, del centro de salud, de los centros educativos y de los centros de servicios sociales. Esto incide especialmente en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, obligados a abandonar su círculo social más cercano (el colegio, el vecindario…). Esa pérdida de redes, en muchos casos, implica la pérdida del arraigo en el barrio y el apoyo emocional, y también en forma de servicios no mercantilizados, a través de la solidaridad, como el cuidado de los hijos, etc., que muchas veces representa paras las familias, en particular para las monomarentales.
La ocupación por necesidad responde a una emergencia habitacional de muchas familias con menores de edad a cargo, sin que para ello se haya seguido ningún tipo de organización o planificación previa. Es la situación a la que se ven abocadas familias que han perdido su vivienda y que no cuentan con alternativa habitacional digna. Las familias tienen que recurrir a estos “alquileres” de viviendas vacías, generalmente en malas condiciones y desestimadas por su baja rentabilidad; “comprar llaves” para poder disponer de un sitio en el que vivir. María, de Villaverde, cuenta cómo tuvo que comprar la suya: «Te dan la llave, te la venden por 1.500 euros; que te echen o no, eso no tiene que ver con ellos, no se hacen cargo. Es jugar a una carta».
Esa ocupación es pacífica y silenciosa, esconde un problema complejo y desconocido con muchos matices que requiere ser estudiado en profundidad para conocer todos los impactos que tiene en los diferentes ámbitos a los que afecta. Se trata de una flagrante vulneración de derechos a la que se ven sometidos estas familias y los vecinos que viven en estos bloques de viviendas y barrios, y, por tanto, que no puede ser reducida a una cuestión de conflictividad social ni ser criminalizada.
Por ejemplo, Ricardo incide con fuerza en que, como en su caso particular, la inmensa mayoría de las familias que están en situación de ocupación lo están por obligación y necesidad al no tener otra alternativa habitacional, y sobre todo no tienen nada que ver con algunas prácticas mafiosas y el tráfico de drogas: «el perfil que se tiene del ocupante está falseado por los medios de comunicación, entre otros. Los que trafican con los pisos son bancas, no trabaja ninguno, son delincuentes, venden drogas…».
Muchas personas relatan angustiadas su impotencia y frustración al enfrentarse a una situación inédita y sobrevenida en sus vidas. Johanna, en el distrito de Tetuán en Madrid: «yo nunca me había visto en éstas», o Lázaro: «nunca en mi vida he estado yo así». Gara, en Tenerife, insiste en que no es un privilegio: «Me metí en una vivienda ocupando, por necesidad, yo no la quería para nada más, la casa estaba bastante mal, destrozada, poco a poco la fui arreglando, más que nada por mis hijas, pero fue un paso esporádico, yo no quería la casa para quedármela ni nada, justo entré en mayo y en junio tenía trabajo, ya yo me iba a ir, a buscar un alquiler para mis hijas [se emociona]». Asimismo, Carolina, de Usera, también lo deja claro: «Vivir ocupando no es ningún privilegio, ocupar no es ningún lujo (…). Mi paz no la negocio con nadie».
Si no se dispone de un refugio donde estar, o si este está amenazado, se convierte en un lugar hostil que genera una inestabilidad muy grave para las personas. No poder ofrecer a tus hijos un espacio seguro convierte la casa en un infierno para todos. De hecho, la mayor parte de las personas entrevistadas expresan sensaciones de nerviosismo, ansiedad e intranquilidad, derivadas de su inestabilidad e informalidad en la vivienda. Viven con el miedo, estrés y angustia de que «tiren la puerta» en cualquier momento y tener que enfrentarse a un procedimiento legal en su contra. Estos trastornos de ansiedad cronificados se vinculan a problemas musculares y digestivos, cefaleas o cansancio. Lo relata Eliana, que se encontró ocupando sin su conocimiento: «Me estresé mucho cuando nos dijeron que estábamos ocupando la vivienda. Dijimos que habíamos pagado un alquiler y fianza. Denunciamos y empezamos a acondicionar la casa. (…) Con la ansiedad me daban ganas de comer, y a veces estaba deprimida y no sabía por qué. Hasta que llegó Esther [trabajadora de Provivienda] y nos dijo que estábamos ‟ocupando‟; es cuando nos dimos cuenta de que nos habían estafado».
Además, son situaciones que se prolongan y enquistan en el tiempo, sin que estas personas reciban siempre información suficiente sobre los pasos a seguir. Gema, en Villaverde, cuenta cómo le provoca mucho malestar, estrés y depresión: «Lo que voy a contar es la verdad, que estamos de ocupas, que antes teníamos trabajos, pero ahora solo tenemos la RMI. (…) Estoy muy cansada de esta vida, quiero salir adelante pero a veces caigo en depresión. A veces me encuentro contenta pero a veces me veo ahogada. (…) No queremos vivir por el morro, como dice la gente, queremos vivir con la conciencia tranquila pagando nuestros gastos y todo (…). Lo único que pido es tener una vivienda, poder pagar nuestras cosas, vivir tranquilos sin tener el ahogo de pensar todos los días que nos van a echar a la calle, y un trabajo y salud para poder seguir adelante».
Se trata de un estrés muy profundo que muchas veces requeriría de una intervención en consecuencia. El miedo, la vergüenza, la incertidumbre y las depresiones que se apoderan de estas personas dificultan gravemente su capacidad de llevar una vida normalizada y tomar decisiones adecuadas. Por otro lado, se ven inmersos en interminables gestiones administrativas para tratar de conseguir la regularización de su situación, mediante un alquiler social, a un precio asumible por los reducidos ingresos de la familia. A su vez, muchas veces se ven ahogados en procedimientos judiciales que generan, sobre todo, frustración.
Sin embargo, vivir en estado de permanente alerta y agobio provoca incluso que muchas personas desatiendan sus problemas de salud. Lázaro intuye también la posible presencia de problemas de salud asociados a su situación de incertidumbre vital: «Ignoro mis problemas de salud, los ignoro pero sé que están». Cuenta, en referencia a su decisión de permanecer en la vivienda pese a la ilegalidad de su situación, que: «La inseguridad y la incertidumbre te acompaña en el día a día, esto es lo más grave». Se podría equiparar los problemas de salud asociados a la vivienda con las enfermedades profesionales. Los casos de ansiedad pueden generar a largo plazo casos de enfermedades más graves causadas por los problemas actuales con la vivienda.
La mejor política de prevención de la salud es una política de vivienda inclusiva. Desde la acción pública es fundamental generar alternativas residenciales asequibles para garantizar el derecho a la vivienda y a la salud de todas las personas, y en particular de las más vulnerables, las que sufren procesos de desahucio, gran parte de estas con menores de edad a cargo, que dejan en un grave dilema a muchas de las familias afectadas: vivir en la calle o habitar una vivienda propiedad de una entidad bancaria.
Por su parte, desde la intervención social se debe acompañar a las personas para devolverles un hogar. Las paredes son importantes, pero solo en la medida que se convierten en un hogar seguro. En este proceso, los y las profesionales deben a su vez generar convivencia y socialización, fortalecer los lazos comunitarios perdidos.
Bachelard, G. (1957). La poétique de l’espace. Paris: Les Presses Universitaires de France, 3e édition, 1961, 215 pp. Première édition, 1957. Collection: Bibliothèque de philosophie contemporaine.
Comisión Europea (2019). Informe sobre España 2019, con un examen exhaustivo en lo que respecta a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos.
Equipo de Investigación en Desahucios y Salud (2014). Estado de salud de la población afectada por un proceso de desahucio.
Mikkonen, J., & Raphael, D. (2010). Social Determinants of Health: The Canadian Facts. Toronto: York University School of Health Policy and Management.
Provivienda (2018). Cuando la casa nos enferma. La vivienda como cuestión de salud pública. Madrid, octubre de 2018.
Rey del Castillo, J. (2015). «Análisis y propuestas para la regeneración de la sanidad pública en España». Fundación Alternativas.
[1] En el BOE de 10 de abril de 2019 ha sido publicada la Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Raúl Flores y Daniel Rodríguez
Equipo de Estudios de Cáritas Española
El empleo constituye la fuente principal de ingresos para la mayor parte de las familias, supone un espacio de socialización, y en bastantes ocasiones de desarrollo profesional y personal. Estos elementos han hecho que históricamente el empleo se haya considerado un excelente factor de protección frente a situaciones de pobreza y exclusión social.
Entendemos y analizamos la exclusión social como la falta de participación en la vida económica, social, y cultural; debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas. Desde esta perspectiva, la EINSFOESSA de 2018 establece que el 18% de la población viven situaciones de exclusión social que les impiden una participación social plena.
Aunque tener un empleo, nunca ha sido garantía de inmunidad ante la exclusión social, la instauración de los estados de bienestar construyó un escenario en el que la población con empleo contaba con una alta probabilidad de ubicarse en el espacio de la inclusión, frente a la población desempleada que tenía un mayor riesgo de vivir la exclusión social.
La capacidad protectora del empleo se evidencia en los datos de la encuesta EINSFOESSA de 2018. Según dicha encuesta, las mayores tasas de pobreza y exclusión se siguen concentrando en el colectivo de personas desempleadas, donde un 46% se encuentran en el espacio de la exclusión (el 26% en situación de exclusión severa). Comparando estas cifras con las del conjunto de la población, donde el 18% están en situación de exclusión, puede observarse que el hecho de no contar con un empleo multiplica por 2,5 el riesgo de vivir situaciones de exclusión social.
Más allá del mayor riesgo de exclusión asociado al desempleo, la precariedad laboral manifiesta un mayor riesgo de exclusión, en varios indicadores. De un lado, la exclusión social se eleva hasta el 24% para aquellas personas que trabajan con un contrato temporal, multiplicando por 2,5 el riesgo de exclusión de aquellas personas con contrato indefinido (10%). De otro lado la exclusión alcanza el 33% entre las personas trabajadoras con una jornada parcial indeseada, multiplicando casi por 2,5 el riesgo medio de exclusión de las personas con empleo (12%).
Las acciones y proyectos que consiguen la incorporación de las personas paradas al mercado de trabajo, actúan como un primer flotador que puede evitar el hundimiento de las personas en el mar de la exclusión social. Los datos expuestos y la experiencia de la acción nos confirman que, en bastantes ocasiones, ese primer paso se da hacia un empleo intermitente, de baja calidad en tiempo de trabajo y salario, y que por tanto el riesgo de no salir a flote y mantenerse en situaciones de exclusión sigue siendo alto.
Esta situación nos enfrenta, al menos, a dos posibles reflexiones: la necesidad de replantear el modelo de empleo y la normativa reguladora, para que el trabajo sirva para vivir dignamente y permita una participación social “normalizada”; y de otro lado, la necesidad de repensar aquellos proyectos de inserción laboral que se realizan desde el tercer sector de acción social, de forma que puedan ser acciones: que apuesten por una formación con mayor capacidad integradora, con una intermediación que garantice los derechos laborales, y que persigan un acompañamiento integral de la persona en su entorno social y familiar.
Coordinadora de incidencia política y comunicación de Cáritas Española
“Este libro surge de un encuentro” así comienza esta historia que tiene la fuerza, el compromiso, la vida enlazada, el desconcierto, la impotencia, la indignación, la lucha, la perseverancia, la implicación, que generan los encuentros.
La última frase de la nota inicial sintetiza perfectamente lo que representa esta publicación, es “una crónica personal” y “aborda una realidad social que es, por desgracia, objetiva e insoslayable”. Es imposible permanecer impasible después de leer el texto de Sara Mesa, nos toca a cada uno, a cada una, desde el lugar en el que estemos, afrontar esta realidad y cambiarla.
El texto recorre el camino de un encuentro personal al principio complejo y desigual y, poco a poco, transformándose en una relación compartida. En ese encuentro nos acercamos a la vida de Carmen, en la que unas situaciones de exclusión han sido la raíz de otras, en la que no ha habido red que sostuviera ni derechos que protegieran en ese abismo. Y a la vez están presentes la dignidad de Carmen, su capacidad para reírse, su agradecer -siempre en términos de igualdad-, su no desfallecer.
Beatriz intenta acompañar en la búsqueda de alternativas, tramitando el ingreso mínimo de solidaridad existente en la legislación de la Comunidad Autónoma. En ese camino intrincado de solicitud de un derecho tan urgente para una persona en una absoluta situación de desprotección y exclusión, lo que encuentran son sucesivas barreras, un “laberinto burocrático” que una vez sorteado un obstáculo, encuentras el siguiente.
Sara Mesa nos pone la vida tan clara, tan dura, tan irrefutable de una persona viviendo en la calle, al lado de los recovecos legislativos, de los requisitos imposibles, de las espirales de las que no se puede salir: Beatriz no da crédito ante tal sinsentido. Carmen no tiene derecho a la renta mínima si no acredita su extrema pobreza. Pero aquellos que, según la norma, deben acreditarla, tienen otra norma que les incapacita para hacerlo. El callejón sin salida del padrón es tan cruel como absurdo.
Este libro nos sitúa en la realidad, esa que a veces no vemos o no queremos ver, nos habla de la indefensión, de la cantidad y complejidad de documentos a aportar, de las barreras de todo tipo, de un laberinto administrativo que es imposible de sortear, que pide lo imposible, de derechos teóricos imposibles en la práctica, pero también apela a la responsabilidad personal, explícitamente apela a que detrás de expedientes y documentos hay personas a ambos lados, personas que pueden hacer de un modo u otro.
El acceso a los derechos, las normas, los vericuetos administrativos, conforman una parte del recorrido, otra parte son también las trabas que ponemos quienes formamos parte de la sociedad, lo que exigimos a las personas más vulnerables, la “perfección” que pedimos a los pobres, la exigencia de “algo a cambio” de poder acceder a sus derechos. Y en este camino hay también una alusión al rol de las entidades y a las ONG’s. Beatriz muestra la indignación que, en ocasiones, hemos perdido, aceptando lo inaceptable.
El primer camino, el relacional, se estrecha; el segundo, el del acceso a los derechos, se aleja, complica e imposibilita cada vez más. Este libro nos enfrenta a los prejuicios y estereotipos, que tenemos como sociedad, a la culpabilización del otro que nos exculpa de cualquier responsabilidad. Y nos sitúa frente a la carrera de obstáculos insalvables que impiden que lo que sería evidente y está reconocido en la ley, pueda ser realidad. Contra toda lógica, estando en una situación de vulnerabilidad evidente, incluso contando con el apoyo de Beatriz y su entorno, Carmen no puede acceder a una renta mínima. Este libro cuenta una historia, la de una persona, que como otras muchas, es invisible, la de quien se pone a su lado y conjuntamente nos interpelan como sociedad, en lo personal, en las normas que nos damos y en cómo las aplicamos. El texto concluye sin que Carmen haya podido percibir la renta mínima, la interpelación queda en el aire, nos toca responder.
