José Paredes García, militante ATD Cuarto Mundo
Virginia Pinto Muñoz, voluntaria permanente ATD Cuarto Mundo
Mª Elena Escribano Alonso, doctorada en Trabajo Social (Universidad Comillas)
Daniel García Blanco, equipo coordinador Cruce de Saberes ATD Cuarto Mundo
Puedes encontrar a ATD Cuarto Mundo en X (Twitter), Facebook e Instagram
En los últimos años se han señalado en repetidas ocasiones los elevados niveles de pobreza infantil existentes en España, entre los más altos de Europa. Sin embargo, no se ha hablado tanto de cómo gran parte de esta infancia que vive en pobreza la ha heredado de sus progenitores, ni de otros elementos que se transmiten de generación en generación más allá de lo material. Por ejemplo, estos datos no explican la lucha continua de estas familias para resistir y tratar de construir un futuro diferente para sus hijos e hijas: Aunque no puedas, sigues luchando por tus hijos, por tus nietos, porque lleven una vida mejor y no lleven la vida que hemos llevado nosotros: siempre marginados, arrastrados, viviendo por debajo de los puentes… Ahí estamos, luchando todavía. Este conocimiento es clave para poder realizar un análisis más completo de la realidad[1].
Entender mejor las dinámicas de reproducción de la pobreza, así como las resistencias y esfuerzos de quienes las sufren por escapar de ellas es clave para poder desarrollar herramientas que rompan de manera efectiva con este círculo de transmisión intergeneracional y promover proyectos de promoción personal y familiar adaptados a las diferentes realidades. Con la ambición de profundizar en este campo, en marzo de 2021 ATD Cuarto Mundo España puso en marcha el proyecto Romper con la Herencia de la Extrema Pobreza.
Este trabajo se ha desarrollado siguiendo la línea metodológica del Cruce de Saberes[2], que implica un trabajo entre diversos agentes sociales que aportan conocimientos complementarios de diferente origen: personas en situación de pobreza (saber experiencial – saber vivido), personas que ejercen responsabilidades asociativas, profesionales, políticas (saberes de acción) y personas del ámbito de la investigación (saber académico). Estas diferentes personas se agrupan en grupos de pares o pertenencia, lo que garantiza la autonomía de los saberes específicos de cada grupo de agentes (Tabla 1). En el caso de este proyecto se formaron tres grupos: militantes Cuarto Mundo[3], activistas sociales y académicas. Tanto las preguntas de investigación como el análisis y producción de resultados se han trabajado y acordado conjuntamente entre todos los grupos.
A lo largo del proceso de Cruce de Saberes se han señalado tres niveles que juegan un papel determinante en relación con la herencia de la extrema pobreza:
Es importante señalar que estas no son meras palabras y conceptos, sino que señalan dinámicas y cuestionamientos que se han vivido a lo largo del proceso. Este proyecto hay sido una experiencia práctica de cómo cambiando la manera de relacionarnos es posible transformar algunas dimensiones clave de la reproducción de la pobreza.
Hay varios elementos importantes que han permitido avanzar en común y cambiar la mirada de las personas participantes. Para que esto sea posible, la animación del proceso debe ser rigurosa, cuidando tanto las grandes etapas como los pequeños pasos que fundamentan el proceso para que este sea respetuoso con los diferentes grupos de pares.
Un aspecto esencial es tomar en cuenta desde el principio las relaciones de poder que se cruzan en estos espacios de manera constante. Abordarlas es clave para poder desarrollar una vinculación y un diálogo fructífero, en el que cada grupo de pares pueda atreverse a cuestionar las ideas ajenas al mismo tiempo que permite revisar las propias.
Para construir un espacio de confianza y seguridad más allá de las desigualdades de partida entre las personas participantes es fundamental incluir una etapa que trabaje la identificación con el propio grupo de pares. En el Cruce de Saberes las aportaciones no se hacen de manera individual, sino que se elaboran dentro de cada espacio grupal, donde se construye colectivamente el conocimiento que se pone en diálogo con los otros. En los grupos de pares cada persona aporta a partir de su experiencia y fuentes de conocimiento, y es en ese diálogo donde se va reconociendo lo que hay en común y la aportación que se puede hacer para ampliar la mirada de los demás grupos. Posteriormente, cada espacio de pares puede ver cómo su idea es escuchada y comprendida por otros. Ver como lo que se aporta enriquece el pensamiento de otro grupo ayuda a poner en valor el propio conocimiento. Al mismo tiempo, esto potencia que cada grupo asuma la responsabilidad que tiene para construir y compartir su conocimiento específico, ya que si ningún otro puede hacerlo en su lugar.
Para que el intercambio entre grupos que parten con herramientas y dinámicas de participación tan diferentes sea posible, la cuestión no es tanto ponerse unos al nivel de otros, sino ser capaces de generar un espacio de encuentro en el que todos puedan compartir desde sus saberes y experiencias. Por ejemplo, no se trata de utilizar solo palabras simples que todo el mundo pueda entender, sino conseguir que cada grupo pueda aportar sus propios términos clave, lo que requiere tomar el tiempo necesario para que éstos sean comprendidos por los demás, enriqueciendo así el proceso colectivo.
Al mismo tiempo, este trabajo de comprensión mutua permite descubrir que las mismas palabras tienen sentidos muy diferentes en función de las experiencias de cada cual. Entender los diferentes significados y el porqué de estos es un elemento clave del proceso, ya que permite descubrir que nadie tiene la verdad absoluta, que hay otras maneras de mirar la realidad desde diferentes posiciones y que todas aportan algo válido para construir una mirada más amplia sobre la realidad de la pobreza.
Pero el proceso no puede limitarse a un mero diálogo sobre conceptos. En el trabajo con las palabras hay grupos que tienen más experiencia y reconocimiento que otros, y por ello es importante dedicar tiempo a otras formas de comunicación y reflexión, por ejemplo a través de la expresión corporal o artística. También los juegos informales favorecen el encuentro a otros niveles en los que, superadas las vergüenzas iniciales que pueden provocar, es posible conectar y generar confianza de una manera más profunda.
Por último, hay también tiempos de trabajo en grupos mixtos, en los que se mezclan participantes de cada uno de los grupos de pares (no se hace al principio del proceso, sino cuando ya hay una trayectoria y confianza suficiente). Esto permite experimentar las condiciones necesarias para desarrollar un trabajo y aprendizaje conjunto. Por ejemplo, supone colocarse frente al reto de descubrir qué ritmo permite entrar a todos en la dinámica, así como situarse en otros niveles diferentes de aquellos en los que suelen estar. Son espacios de aprendizaje privilegiados.
Durante este proceso se ha podido experimentar en primera persona cómo transformar las dinámicas de reproducción de la pobreza. Por ejemplo, se han confrontado las dificultades y barreras que dificultan la participación, y se han construido condiciones de acogida y reconocimiento que permitieran desarrollar espacios de lucha colectiva y alianzas.
Este proyecto señala a los distintos grupos participantes algunas pistas a futuro:
Tanto el documento del informe como el vídeo que recoge cómo se ha desarrollado el proceso se pueden encontrar en la página: https://atdcuartomundo.es/2024/03/14/romper-con-la-herencia-de-la-extrema-pobreza/
[1] Un buen ejemplo de esto es la investigación realizada por la Universidad de Oxford y ATD Cuarto Mundo Internacional Las dimensiones ocultas de la pobreza [ATD Cuarto Mundo, Oxford University [2019] (https://www.atd-cuartomundo.org/representacion-international/indicadores-de-pobreza/)]
[2] El Cruce de Saberes es una dinámica desarrollada por ATD Cuarto Mundo Internacional e implementada en distintos proyectos a lo largo de los últimos 30 años en diferentes países del mundo. Para más información se puede consultar https://www.atd-cuartomundo.org/que-hacemos/pensar-y-actuar-juntos/cruce-de-saberes/ o el monográfico ¿De quién es el conocimiento? Emancipación, Cruce de Saberes y lucha contra la pobreza en https://www.revue-quartmonde.org/11190
[3] Personas en situación de pobreza que se comprometen dentro el Movimiento ATD Cuarto Mundo en la lucha por los derechos de todos y todas.
Daniel Buraschi, investigador de Observatorio de la Inmigración de Tenerife y Red de Acción e Investigación Social
Dirk Godenau, profesor titular de Economía aplicada Universidad de La Laguna
Natalia Oldano, investigadora de la Red de Acción e Investigación Social
Puedes encontrar en Facebook a Daniel Buraschi
La igualdad de trato es un derecho humano fundamental, un principio y una norma recogida en la legislación internacional y nacional. Sin embargo, la discriminación, desde sus formas más sutiles hasta sus expresiones más explícitas y violentas, es una experiencia común para muchas personas de origen extranjero en España.
Más allá de su delimitación jurídica (Aguilar y Buraschi, 2014), aquí entendemos la discriminación como el tratamiento desigual y desfavorecedor a una persona o a un grupo. Este trato diferencial puede reflejarse en las conductas de las personas o en las leyes, normas y prácticas administrativas.
La discriminación de las personas migrantes surge de un proceso de categorización social que agrupa a las personas como miembros de una categoría (ejemplo: inmigrante, negro, musulmán, extranjero, etc.) por poseer alguna característica común, siendo consideradas similares a otros miembros de esa categoría y diferentes a los miembros de otras. A menudo estos criterios de categorización se mezclan, se solapan y pueden no corresponderse con las características reales de una persona; por ejemplo, una persona puede ser considerada como extranjera aunque no lo sea.
En las dinámicas sociales en ocasiones es difícil identificar claramente cuáles han sido los elementos que han desencadenado la categorización de una persona como inmigrante o extranjera: puede ser el fenotipo, la forma de hablar, la vestimenta, la conducta, etc. Diferentes informes (ONU, 2018) han evidenciado que muchas personas españolas afrodescendientes son tratadas como extranjeras en diversos ámbitos de su vida cotidiana. Por lo tanto, cuando se investiga la discriminación de personas migrantes, a menudo interactúan distintos aspectos que no siempre tienen que ver con el origen, como son la raza, la religión, la clase social, etc.
Hay que tener en cuenta que las personas tienen diferentes grupos de pertenencia y pueden vivir experiencias de discriminación múltiples en base a distintos criterios. En una experiencia concreta de discriminación suelen interactuar estereotipos específicos históricamente construidos de dominación social, como el género, la etnicidad, la clase, la raza y la identidad cultural. Hay que prestar atención a todas estas categorías, sabiendo que las relaciones entre categorías son cambiantes y siempre situadas en un determinado contexto histórico y social. Además, cada categoría es diversa internamente y fruto de un proceso continuo de construcción y reconstrucción, en el cual intervienen factores individuales, interpersonales, intergrupales, institucionales, estructurales y culturales.
A pesar de su complejidad causal, en los medios de comunicación y en el discurso social se está imponiendo la idea que la principal causa de la discriminación de la personas migrantes es la pobreza y que podríamos resumir en la expresión: No es xenofóbia (o no es racismo) es aporofobia (Europapress, 14/05/2017). Aporofobia es un término acuñado por la filósofa española Adela Cortina (2014) para hacer referencia al rechazo a la persona pobre, desemparada, que carece de medios o de recursos. Es una palabra que está teniendo una amplia difusión: en 2017 ha sido elegida palabra del año por la Fundación BBVA, en 2018 entró en la RAE y en 2021 se incluye en la tipificación de los delitos de odio.
Si bien el concepto puede ayudar a visibilizar la discriminación sufrida por las personas sin recursos, su uso está siendo problemático cuando se utiliza como única explicación de la discriminación sufrida por las personas de origen extranjero o personas racializadas en España. Para ampliar el foco de análisis más allá de la pobreza, en este artículo presentamos algunos resultados de un estudio recientemente publicado por el Observatorio de la Inmigración de Tenerife sobre las experiencias de discriminación de personas migrantes (Buraschi, Oldano y Godenau, 2021). En esta investigación se analizan tanto la discriminación social como la discriminación institucional. La discriminación social incluye diferentes aspectos de la vida cotidiana, como la búsqueda de empleo, las condiciones laborales, el acceso a la vivienda, el acceso a locales de ocio y las relaciones en los lugares de residencia. También hace referencia a las amenazas, insultos u hostigamientos por parte de los vecinos o en las redes sociales, además de las experiencias de violencia, robo o hurto u otras de agresión. La discriminación institucional abarca todas las situaciones relacionadas con la administración pública y los servicios públicos y, en general, con organismos o entidades que desempeñan una función de interés público, independientemente de que su titularidad sea pública o privada. Esta distinción entre discriminación social e institucional puede ser útil para pensar la especificidad de determinadas dinámicas discriminatorias. Sin embargo, no hay que olvidar que muchas experiencias de discriminación dependen de la interacción de diferentes factores.
Los resultados de este estudio evidencian que, por un lado, la discriminación es una experiencia común entre las personas migrantes residentes en Tenerife y, por el otro, existen importantes diferencias entre personas que pertenecen (o son asignadas) a distintas categorías sociales: las personas de origen africano viven experiencias de discriminación más frecuentemente que las personas de origen latinoamericano y asiático.
La variable origen está estrechamente vinculada a la auto-adscripción racial y a la creencia religiosa: las personas categorizadas como negra/afro y árabe, y las personas que se declaran como musulmanas, están claramente afectadas por mayores niveles de discriminación. Ser musulmán es un factor que aumenta las probabilidades de vivir experiencias de discriminación, tanto en el ámbito social como en el ámbito institucional. Las personas musulmanas son las que viven o son testigos de las experiencias de discriminación más violentas: insultos en la calle, agresiones, etc. También son las personas que en mayor grado ven limitado su derecho a la práctica religiosa.
Las personas árabes y negras/afro son las que viven con mayor frecuencia la discriminación institucional, como el perfilamiento racial por parte de la policía, y la discriminación social, como la negativa a acceder a lugares de ocio.
Estos resultados evidencian que, si bien las razas no existen desde un punto de vista científico, sí que existen desde un punto de vista social (Buraschi y Aguilar, 2019). La categorización racial, es decir, el proceso social e ideológico de asignación de una persona a un determinado grupo racial tiene importantes efectos en la experiencia cotidiana de las personas migrantes y estos efectos pueden ser más significativos que la clase social.
Los resultados de la investigación evidencian, también, que ser mujer conlleva una especial vulnerabilidad en determinados contextos. En el ámbito laboral son numerosas las experiencias de explotación y de abuso que a menudo incluyen acoso sexual. En el ámbito del acceso a servicios, se destaca el mal trato en las oficinas públicas.
Encontrarse en situación administrativa irregular es un factor de vulnerabilidad que puede aumentar la posibilidad de sufrir discriminación: una mayor probabilidad de explotación laboral, problemas de acceso a la vivienda y dificultades de acceso a los derechos sociales y educativos. Esta investigación destaca las experiencias de discriminación institucional particularmente dramáticas sufridas por las personas de origen africano llegadas a lo largo de 2020 por vía marítima irregular (Godenau, Buraschi y Zapata, 2020).
Lo argumentado anteriormente no implica que la clase social no sea relevante. La clase social baja se asocia a mayores niveles de discriminación, tanto social como institucional. Las diferencias introducidas por esta variable de estratificación social son, no obstante, menores que las registradas en las categorías raciales. Además, el índice general de discriminación muestra una clara influencia moduladora del continente de origen en los niveles de discriminación. Las personas de clase medio-alta de origen africano tienen niveles de discriminación más elevados que las personas latinoamericanas de clases bajas.
Este estudio destaca que considerar que la discriminación se debe únicamente a la clase social, es decir, interpretar la discriminación como el resultado exclusivo de la aporofobia, la aversión hacia las personas pobres, es una simplificación que oculta la complejidad del problema e invisibiliza la importancia de categorías como el origen, la raza o la pertenencia religiosa. La clase social es un factor importante, pero otras variables pueden tener un mayor valor predictivo.
Hay que tener en cuenta que la forma de analizar y definir las causas de un problema social determina las propuestas para resolverlo. La discriminación de las personas migrantes está condicionada por una multiplicidad de factores que hay que tener en cuenta. Uno de los primeros pasos para combatir la discriminación es estudiar las experiencias discriminación que viven las personas migrantes cotidianamente analizando cómo se interseccionan de forma situada y compleja variables como el sexo, la raza, el origen, la pertenencia religiosa o la clase.
Bibliografía
Aguilar, M. J. y Buraschi, D. (2014). Discriminación por motivos étnicos o raciales. En A. Baylos, C. Florencia y R. García Schwarz (Coords.), Diccionario internacional de derecho del trabajo y seguridad social (pp. 723-732). Valencia: Tirant lo Blanch. ISBN: 978-84-9053-140-2
Buraschi, D., Oldano, N. y Godenau, D. (2021). Experiencias de discriminación de inmigrantes en Tenerife. Observatorio de la inmigración en Tenerife. https://obiten.com/project/experiencias-de-discriminacion-de-las-personas-migrantes-en-tenerife/
Buraschi, D., y Aguilar-Idáñez, M. J. (2019). Racismo y antirracismo. Comprender para transformar. Albacete: UCLM. DOI: 10.18239/atena.16.2019
Cortina, A. (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para la democracia. Barcelona: Paidós.
Europapress (14/05/2017). No es xenofobia, es aporofobia (rechazo al pobre). Entrevista a Adela Cortina. Disponible en https://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-no-xenofobia-aporofobia-rechazo-pobre-20170514114457.html
Godenau, D., Buraschi, D. y Zapata Hernández, V.M. (2020). Evolución reciente de la inmigración marítima irregular en Canarias. OBITen Factsheet 8-2020. DOI: https://doi.org/10.25145/r.obitfact.2020.05.
Organización de Naciones Unidas (2018). Informe del grupo de trabajo de expertos sobre los afrodescendientes acerca de su misión a España. Disponible en https://www.felma.org/wp-content/uploads/2020/06/Infoem-del-grupo-de-trabajo-sobre-afrodescendientes-ONU.pdf
Periodista y experta en estudios de género. Responsable de Comunicación de HelpAge International España
Puedes encontrar a HelpAge International España en Twitter, Facebook, Instagram y Linkedin; y a Inma Mora en Twitter, Facebook, Instagram y Linkedin.
En los últimos meses, ha llegado a los medios de comunicación una palabra que aún era desconocida para muchas personas: edadismo. Este concepto hace referencia a los estereotipos, los prejuicios y la discriminación que existe en nuestra sociedad hacia las personas mayores. No se trata de un fenómeno nuevo, pero la actual crisis sanitaria, económica y humanitaria ha hecho más evidente que nunca que las personas mayores son ignoradas y excluidas en muchos ámbitos de nuestra realidad y que es necesario contar con normativas sólidas para proteger sus derechos y dignidad como personas.
Si bien hoy se considera que todas las personas tienen los mismos derechos, las primeras teorías sobre los derechos humanos eran muy distintas. De hecho, ni la Declaración de Derechos de Virginia, en el contexto de la Independencia de Estados Unidos (1776) ni la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa (1789) consideraron a las mujeres como titulares de derechos. Es decir, el concepto de ser humano excluía a más de la mitad de la población. El concepto de ser humano como titular de derechos se basaba en la capacidad para ser individuos autónomos. Desde esta perspectiva, no solo se excluía a gran parte la población que no era considerada autosuficiente, sino que además se justificaba su exclusión social a través de estereotipos y creencias que aún siguen presentes en nuestro imaginario colectivo.
Hoy, las teorías relativas al concepto de ser humano, así como todo lo relacionado sobre los derechos, han evolucionado. La autonomía no se considera un requisito para ser titular de derechos, sino el objetivo mismo de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son una herramienta para garantizar que las personas puedan vivir de forma autónoma, gozando de una vida segura, saludable y libre de violencia, independientemente de las condiciones o características de cada individuo. Sin embargo, en nuestra realidad aún siguen presentes muchas creencias y estereotipos que justifican la discriminación hacia grupos o colectivos de personas por motivos de género, origen, orientación sexual, discapacidad o edad, entre otros. Así, los estereotipos que existen sobre qué significa ser una persona mayor siguen siendo la base de la discriminación social durante la vejez, lo que limita a las personas de edad avanzada el pleno ejercicio de sus derechos, especialmente, en momentos de crisis como la que estamos viviendo.
Podemos definir el edadismo como los estereotipos (¿qué pensamos de las personas mayores?), prejuicios (¿qué sentimos hacia las personas mayores?) y discriminación (¿cómo nos comportamos con las personas mayores?) hacia las personas mayores. El edadismo se manifiesta de múltiples formas, que pueden ir desde el lenguaje despectivo a la vulneración de derechos, como la salud o el derecho a una vida independiente. Existen multitud de actitudes edadistas que están socialmente aceptadas y que pasan totalmente desapercibidas al basarse en muchas creencias y estereotipos sobre la vejez. Al igual que hace unos años nos costaba más detectar los llamados micromachismos, hoy nos sigue costando reconocer nuestro propio edadismo.
Vivimos en una sociedad donde prima lo nuevo, la juventud, la belleza sin arrugas ni canas. Mientras que la juventud se asocia a belleza, fuerza y vitalidad, la vejez se asocia a fealdad, fragilidad y dependencia. Por ello, a veces, es muy difícil detectar conductas edadistas que, incluso, pueden nacer sin ninguna mala intención. Por ejemplo, es habitual escuchar expresiones como abuelitos o nuestros mayores para referirnos a personas adultas mayores. ¿Qué reflejan estas expresiones? A pesar de que puedan parecer formas de hablar inofensivas e, incluso, afectuosas, son un claro ejemplo de la actitud paternalista que existe hacia las personas de más edad. Este tipo de expresiones infantilizan a mujeres y hombres en edad adulta, con capacidad (y derecho) para decidir sobre sí mismas y que son mucho más que abuelos o abuelas.
Podemos encontrar múltiples ejemplos donde se niega a las personas mayores su capacidad para decidir sobre la propia vida, lo que supone una vulneración de sus derechos, y lo que, además, puede llegar a provocar graves situaciones de violencia y abusos. A pesar de que aún es un problema muy desconocido por gran parte de la población, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis personas mayores de 60 años sufre violencia o abusos. Además, se estima que el porcentaje es mucho más alto, ya que se trata de un problema muy invisibilizado y muchas personas mayores no denuncian o no tienen la posibilidad de hacerlo.
La violencia contra las personas mayores puede definirse como todas las acciones u omisiones únicas o repetidas que, bien de forma intencionada o por negligencia, se comenten contra personas mayores y vulneran su integridad física, sexual, psicológica o atentando contra su dignidad, autonomía o derechos fundamentales. Algunas definiciones añaden que esta violencia se ejerce dentro de una relación de confianza, cuidado, convivencia o dependencia[1]. Si bien es cierto que las personas dependientes o con algún tipo de discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir violencia -y, además, mayor dificultad para poder denunciarla-, el abuso y maltrato hacia las personas mayores no solo se da en relaciones de cuidado o dependencia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Red Internacional para la Prevención del Maltrato de las personas mayores también señalan el maltrato estructural y social que existe hacia las personas de edad avanzada y que se refleja en la discriminación en las políticas gubernamentales, en la asignación de recursos económicos y en los prejuicios y estereotipos que existen sobre la vejez y las personas mayores. Este tipo de violencia estructural tiene unas consecuencias muy graves en la vida de las personas mayores y en el pleno disfrute de sus derechos humanos.
Al igual que en otros tipos de violencia o discriminación, como la violencia machista o el racismo, encontramos distintas formas de maltrato o abuso por motivos de edad: desde el maltrato físico o la violencia sexual a la negación de alimentos, refugio o asistencia. Se trata de una forma de violencia que tiene su origen en una cultura basada en relaciones de poder y en estereotipos y creencias sociales y culturales. Por ello, para poder eliminar la violencia y la discriminación hacia las personas mayores, es necesario eliminar el edadismo y cambiar la percepción que tenemos de la vejez y de las personas mayores.
Debemos tener en cuenta, además, que al hablar de personas mayores no nos referimos a un grupo homogéneo y que la discriminación estructural a la que se enfrentan depende también de otros factores sociales, lo que puede provocar situaciones de discriminación múltiple. En este sentido, hombres y mujeres no envejecen de la misma forma y se enfrentan a realidades muy distintas. Según los datos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), a nivel global, hay 84 hombres por cada 100 mujeres de 60 años o más y solo hay 61 hombres por cada 100 mujeres de 80 años o más. Sin embargo, la mayor esperanza de vida de las mujeres no se corresponde con una mayor calidad de vida, ya que las desigualdades de género que sufren las mujeres de todas las edades limitan su acceso a los recursos, al empleo, a las pensiones y, en definitiva, a sus derechos. Por ello, las mujeres mayores se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza, discriminación y violencia. Asimismo, tampoco podemos olvidarnos de otros tipos de discriminación (como los basados en el origen, la orientación sexual o la discapacidad) que pueden agravar las situaciones de violencia y abusos, así como otras situaciones en las que existen menos herramientas y posibilidades para denunciar la violencia o la discriminación (como vivir en áreas aisladas, en zonas de conflicto o no tener acceso a medios de comunicación o transporte).
Sin duda, las personas mayores han sido las más afectadas por la crisis sanitaria y humanitaria provocada por la Covid-19. Desde los primeros meses de esta pandemia, hemos visto que los problemas a los que se están enfrentando las personas mayores no son consecuencia exclusiva de una mayor tasa de mortalidad en edades avanzadas, sino también de la discriminación que sufren y de las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. Ya en el mes de mayo, António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, presentó el informe “Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older persons” donde se señalaban algunos de los derechos de las personas mayores que se han visto afectados por la respuesta a la crisis, como el derecho a la vida, a la salud, a la autonomía personal, a la atención sanitaria, a los cuidados paliativos, a la seguridad y a disfrutar de una vida libre de violencias, abusos o negligencias. Por ello, desde muchas organizaciones que trabajan por los derechos de las personas mayores, se ha reclamado a los Estados que respondan a la crisis teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas mayores y las barreras adicionales a las que se enfrentan.
Es muy frecuente encontrarnos con medidas, programas o leyes que ignoran las necesidades de las personas de edad avanzada e, incluso, son excluidas de datos y estadísticas oficiales. Las medidas tomadas de forma urgente ante situaciones de grave crisis o en contextos humanitarios, a menudo, no incluyen una perspectiva de edad y, por ello, las consecuencias de cualquier emergencia pueden ser aún más graves. Por ello, es fundamental contar con normas que protejan los derechos de las personas mayores y crear medidas específicas que ayuden a eliminar la discriminación por razón de edad.
En el documento “Time For A U Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age”, elaborado por un grupo de personas expertas y representantes de distintas organizaciones civiles, se analiza el impacto que ha tenido la pandemia en los derechos de las personas mayores y cómo una Convención por los derechos de las personas mayores podría ser un gran paso hacia la igualdad y la inclusión. En este informe se muestra cómo la crisis ha demostrado que es necesario actuar de forma urgente para proteger los derechos de las personas mayores y se centra en seis aspectos fundamentales: la igualdad y no discriminación, la autonomía, el cuidado, la salud el derecho a una vida libre de violencia y la seguridad social.
Siguiendo este informe, la pandemia ha demostrado que la discriminación por razón de edad no se trata de la misma forma que otras formas de discriminación. Si bien ante situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo, algunos derechos humanos pueden verse limitados (como el derecho a la libertad de movimiento), estas restricciones no pueden ser discriminatorias y basarse en la edad. A pesar de que el riesgo de padecer problemas de salud graves ante un contagio de Covid-19 puede aumentar con la edad, algunas medidas no han tenido en cuenta la diversidad que existe entre las personas mayores y, en muchas ocasiones, se ha ignorado el impacto negativo que tienen los largos periodos de aislamiento en su bienestar físico, mental y cognitivo. De hecho, cuando en julio se empezaron a flexibilizar las medidas restrictivas tomadas al inicio de la pandemia, HelpAge International detectó medidas basadas en la edad en al menos 48 países.[2] Según los datos recogidos por la organización, a medida que los países iban superando el pico de la pandemia y los gobiernos empezaban a flexibilizar las medidas de contención del virus, las personas mayores tuvieron que seguir normas más restrictivas que el resto de la población. Así, por ejemplo, durante el desconfinamiento en diversos países no se ha permitido a las personas mayores abandonar sus casas o entrar en centros comerciales, mientras que sí podían hacerlo personas más jóvenes.
Es muy importante que todas las medidas que limitan la libertad de movimientos y que afectan a derechos tan básicos, no se basen en aspectos como la edad, sino en evidencias científicas y médicas que tengan en cuenta la diversidad que existe entre las personas mayores. Todas las medidas que se pongan en marcha en este sentido, además, deben ser temporales y revisarse de forma periódica y estar pensadas para causar los mínimos daños colaterales. Si bien es esencial crear estrategias para contener la propagación del virus, no podemos olvidarnos del resto de problemas de salud y de las consecuencias que pueden tener los largos periodos de aislamiento. A pesar de que existen multitud de medidas y programas que se basan en la edad (inicio de la escuela, prestaciones, ayudas para personas desempleadas, etc.), las medidas que restringen los derechos humanos no pueden basarse en aspectos como la edad, el sexo o la procedencia. Además, las medidas basadas en la edad pueden aumentar la estigmatización de las personas mayores y refuerzan los estereotipos que existen en el imaginario colectivo.
Volviendo al informe “Time For A Un Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age”, vemos que estas medidas han implicado también que las personas mayores vieran mermado su derecho a la autonomía y a la libertad de elección. Según los expertos, se ha negado el derecho de las personas mayores a recibir información y tomar sus propias decisiones sobre los tratamientos médicos y se han establecido límites de edad en los protocolos de triaje. A pesar de que esta no era una práctica nueva, se ha hecho visible durante la pandemia cuando los hospitales de todo el mundo se han visto colapsados. En este caso, no solo se está negando el derecho a la autonomía de las personas mayores, sino que también se ha violado su derecho a la vida y a la salud. Además, tal y como se ha denunciado desde múltiples organizaciones, durante la pandemia, se ha negado el derecho a la salud a muchas personas mayores de distintas formas, como el acceso a tratamientos y pruebas médicas. En España, el “Estudio del impacto de la COVID-19 en las personas con enfermedad crónica», realizado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), afirma que casi siete de cada diez consultas de pacientes con patologías crónicas fueron canceladas como consecuencia de la pandemia de coronavirus y, de las que no sufrieron anulaciones, el 66% fueron aplazadas.
También las carencias que existen en los servicios de atención y cuidados se han puesto de manifiesto con esta crisis. A nivel global, se han suspendido muchos servicios de atención durante el confinamiento, lo que ha implicado que las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas dependientes no tuvieran el apoyo necesario. Además, distintas investigaciones apuntan que el personal de asistencia y cuidados no ha contado con la protección necesaria para realizar su trabajo y, en todo el mundo, se han detectado multitud de errores en la gestión de centros residenciales. En España, el duro informe de Médicos del Mundo “Poco, tarde y mal”, publicado en agosto, expone cómo la excesiva mortalidad de las personas mayores es consecuencia de los problemas estructurales y sistémicos del modelo de residencias.
Por último, es importante señalar que algunas de las medidas que se han adoptado para hacer frente a la crisis sanitaria han aumentado también el riesgo de sufrir violencia, abandono, discriminación o pobreza. El aislamiento ha implicado un mayor riesgo de violencia machista y ha dificultado la posibilidad de pedir ayuda y denunciar situaciones de violencia. Además, el cierre de algunos servicios básicos, como bancos, ha dejado a muchas personas mayores sin acceso a sus ingresos o prestaciones en algunas partes del mundo.
Como hemos visto a lo largo de este artículo, la violencia hacia las personas mayores se basa en unas creencias culturales y sociales aprendidas a lo largo de nuestra vida. Por ello, lo primero que debemos hacer para acabar con el abuso y el maltrato en la vejez es promover una actitud positiva hacia las personas mayores y cambiar la percepción que tenemos sobre ellas. Las personas mayores, al igual que cualquier grupo de edad, está formado por personas muy diversas y debemos huir de estereotipos que no se corresponden con la realidad. Es fundamental que tengamos en cuenta que estamos hablando de personas adultas, con capacidad de decisión y que tienen el derecho a decidir sobre su propia vida -también en situaciones de dependencia o discapacidad-. Debemos considerarlas parte activa de la población y reconocer su gran potencial económico, cultural y social.
Por ello, desde las instituciones públicas y las organizaciones sociales, se debe promover su participación en la sociedad y en la toma de decisiones y fomentar iniciativas que promuevan el envejecimiento activo, ya sea desde el fomento del empleo o la formación, como programas de actividades lúdicas y deportivas.
Asimismo, para que las personas mayores puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos, se debe fomentar el conocimiento sobre discriminación y maltrato hacia las personas mayores y los recursos existentes. Como hemos visto, el edadismo y la violencia hacia las personas mayores aún son problemas muy invisibilizados y, por ello, ante situaciones de violencia, abusos o discriminación puede que muchas personas no sepan reconocer dicha violencia o no sepan cómo actuar ni dónde denunciarla. Es muy importante que las personas mayores conozcan cuáles son sus derechos y poner a su disposición asistencia legal. Además, debemos tener en cuenta otros tipos de discriminación, especialmente la discriminación y violencia machista y crear recursos específicos para las mujeres mayores.
En el contexto de esta crisis, todas las instituciones públicas y organizaciones civiles deben trabajar para dar una respuesta inclusiva. Entre otras cosas, es importante asegurar que las personas mayores tengan acceso a la información sobre los riesgos a los que se enfrentan y cómo pueden protegerse de ellos para que puedan tomar sus propias decisiones de forma consciente y respetando las indicaciones de las instituciones competentes. Por otro lado, las estadísticas oficiales deben recopilar información y datos de calidad sobre el impacto que está teniendo la Covid-19 en las personas mayores, así como los efectos que está teniendo la pandemia en otros aspectos de su vida. Por último, es de vital importancia que los sistemas de salud garanticen a las personas mayores el acceso a los servicios médicos en igualdad de condiciones y prestar especial atención a las personas refugiadas o que viven en contextos especialmente graves.
Aún es difícil saber el impacto real que tendrá la pandemia de Covid-19 en las personas mayores a nivel global, pero sí sabemos que cualquier respuesta a la crisis debe basarse en la defensa de los derechos fundamentales. Para ello, es importante contar con las herramientas y estrategias necesarias a nivel nacional e internacional. Una convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores ayudaría a incorporar la perspectiva de edad en la toma de decisiones y sentaría las bases para futuras normativas nacionales que fomentaran la calidad de vida durante la vejez y un cambio en el modelo de cuidados y de asistencia sanitaria.
[https://www.age-platform.eu/sites/default/files/Discussion_Paper_COVID-19_Time_for_a_UN_Convention-Aug2020.pdf]
[https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/easing-of-covid19-lockdown-strategies-discriminates-against-older-people-around-the-world/]
[https://www.plataformadepacientes.org/sites/default/files/informe_covid19_final_web_ok.pdf]
[1] Barranco Avilés, M.C.; Vicente Echevarría, I. (2020). La discriminación por razón de edad en España. Conclusiones y recomendaciones para el contexto español desde un enfoque basado en derechos. HelpAge International España.
[2] Sleap,B.; Allen, R.; Byrnes, A..; Doron, I.; Georgantzi, N.; Mitchell, B. (2020). Time For A Un Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age [https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/easing-of-covid19-lockdown-strategies-discriminates-against-older-people-around-the-world/]