A fondo

La evaluación de transformación en derechos humanos de nuestras acciones. Enfoque de derechos humanos en la intervención social (Parte III)

Paloma García Varela, politóloga experta en Derechos Humanos

Sonia Olea Ferreras, jurista experta en Derechos Humanos

 

Desde la propuesta de diseñar e implementar nuestra intervención social utilizando el enfoque basado en derechos humanos (Parte I[1]), y su reflejo práctico en el caso-ejemplo concreto de la vulneración del derecho a una vivienda adecuada para las personas extranjeras en situación administrativa irregular (Parte II[2]); llegamos a la parte final de nuestro análisis y propuesta: la evaluación de transformación en DDHH de nuestras acciones y dimensiones.

 

La única reparación que deseo es que ninguna mujer vuelva a vivir lo que yo he vivido, que no se permita, que se haga todo lo posible para evitar que suceda tanto dolor.

Mujer maya q´eqchi´

Foro de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas 2019

 

1. INTRODUCCIÓN

Hemos ido viendo en las dos primeras partes de este análisis y propuesta metodológica que incorporar el enfoque basado en derechos humanos (de ahora en adelante EBDH) en la intervención social implica, muy significativamente, una forma determinada de interpretar, analizar, abordar, comprender y trasformar la realidad en la que las entidades y organizaciones sociales vivimos; y donde cientos de miles de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social tienen sus cotidianos.

También, como hemos ido viendo, ya no se trata entonces de preguntarnos qué necesidades tienen esas personas y familias que acompañamos para así poder cubrirlas, sino que conocer qué derechos humanos (DDHH a partir de ahora) se vulneran, por qué y con qué consecuencias, qué quieren y nos demandan las personas vulneradas y cómo podemos contribuir a transformar la desigualdad, la discriminación y la injusticia; serán las preguntas que de forma permanente pueden contribuir al objetivo final: terminar o, al menos, modificar, la situación de vulneración del/de los DDHH de dichas personas y familias. Es importante, en este inicio de la III Parte, volver a tener presente en qué consiste esencialmente el EBDH en la acción social.

      Cuadro 1 – El EBDH en la acción social

 

Introducir los valores, principios y normas de los derechos humanos en la acción social implica:

  • Abordar las formas de discriminación/exclusión que son causa y efecto de la vulneración de DDHH.
  • Para lograr el pleno ejercicio de los mismos (universalidad, interdependencia, indivisibilidad e integralidad).
  • Exigiendo el cumplimiento de las obligaciones a los poderes públicos de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos (estándares internacionales de los DDHH).
  • Fortaleciendo así las capacidades de las personas para que ejerzan sus derechos como sujeto político que respeta los derechos de las demás personas, los promueve en su entorno, los exige, reivindica y denuncia cuando existe una vulneración de estos (personas sujetos-titulares de DDHH).

 

Debemos hacernos preguntas de forma constante en nuestras acciones y en nuestra intervención social. Pero no solo con un fin meramente reflexivo o socializador de percepciones, sentimientos o ideas; sino siempre colocando en medio la meta planteada (que no es fácil): transformar en derechos humanos nuestras acciones. Y para ello es para lo que es imprescindible evaluar. Cuando estamos planificando, formulando o diseñando (evaluación ex ante), durante la ejecución de las acciones (evaluación intermedia) y al final (evaluación ex post) de cada una de ellas.

 

 

2. ¿POR QUÉ EVALUAR?

Hace muy pocos días ha sido aprobada[3] la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado. Todo un hito histórico, ya que es la primera vez que se normativiza a nivel estatal la práctica imprescindible – junto con el diagnóstico, diseño e implementación de una política pública-, de la evaluación en dichas fases y, especialmente, del impacto (en sus múltiples dimensiones) que ha producido en la realidad que ha pretendido abordar.

Esta Ley tiene los siguientes objetivos:

  • Optimizar el proceso de toma de decisiones públicas, incluyendo la institucionalización la evaluación como herramienta de aprendizaje colectivo y organizativo,
    • En el nivel estratégico de formulación de las políticas.
    • En el nivel gerencial de la acción pública.
  • Hacer más eficaz la asignación y utilización de los recursos públicos.
  • Impulsar la innovación en las actuaciones del sector público, encaminadas hacia una gestión moderna y útil para solucionar los problemas y retos sociales, y ser un mecanismo de lucha contra la inequidad social.
  • Permitir el control de responsabilidades y la rendición de cuentas a la sociedad, utilizando mecanismos de recogida, valoración y difusión de la información.

Cumpliría así el fundamento de lo que surge de inmediato como primera respuesta a la pregunta que nos hacemos de ¿por qué evaluar?:

  • Para conocer lo que ha pasado con lo que planificamos como acción.
  • Para aprender de lo que ha pasado
    • y entonces repetirlo
    • y por ello, mejorarlo
    • o no volverlo a implementar.

Compartamos diversas rutas habituales en nuestro quehacer en la intervención social donde la evaluación es:

Cuadro 2 – Acción Social Católica

 

Cuadro 3 – Ayuda Oficial al Desarrollo

Cuadro 4 – Administración General del Estado

 

Todas ellas nos llevan a evaluar como parte no final, sino repetida (la imagen del muelle que gira y gira es habitual en nuestros procesos de acompañamiento – ya sean emocionales, jurídicos, sociales, laborales…-) en diversos momentos de nuestras acciones.

Y los aprendizajes también son comunes:

 

  • Evaluar nos es útil[4]: porque damos voz a todas las personas que han participado en la acción; conocemos si hemos cumplido lo programado y las dificultades para ello o, en caso de ser positiva y necesaria, seguir repitiendo la acción; ayuda a ser transparentes e implica rendir cuentas; porque proporciona información para hacer análisis de la realidad y/o sensibilizar, formar…
  • Evaluar para ser eficaces: analizar y sistematizar los logros obtenidos en paralelo a los objetivos marcados en el tiempo programado.
  • Evaluar para ser eficientes: investigando si los recursos utilizados han contribuido en los logros obtenidos, no lo han hecho, han sido excesivos o insuficientes.
  • Evaluar para medir nuestro impacto: analizar las consecuencias previstas e imprevistas, positivas y negativas de nuestra acción.
  • Evaluar para ser sostenibles: intentar determinar cómo van a poder permanecer en el tiempo los resultados que hemos considerado positivos.

 

3. ¿CÓMO INCORPORAMOS EL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS EN LA EVALUACIÓN?

El EBDH considera la evaluación como una fase esencial para el aprendizaje y la mejora continua, vinculado a la de la rendición de cuentas y la mejora de los procesos de transparencia e intercambio de información entre todos los agentes implicados.

Al igual que en las otras fases del proceso de planificación, incorporar el EBDH en la evaluación supone un cambio de orientación, de forma que se incorporen plenamente los principios, valores y normas de los derechos humanos en la metodología y diseño del propio proceso evaluativo. Implica, además, situarse dentro de un entorno participativo, inclusivo y transparente en el que todas las personas que han formado parte de la intervención y todas aquellas que se han visto afectada por esta, deben formar parte de dicho proceso.

El objetivo último de una evaluación con EBDH es indagar en qué medida una determinada acción ha contribuido a la transformación de las relaciones de poder, corrigiendo las desigualdades, las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder. Para lograr este fin tendremos que incorporar nuevos elementos en la evaluación que detallamos en el siguiente epígrafe.

3.1 ¿Qué implica realizar una evaluación con EBDH?

Incorporar el EBDH en la evaluación implica fundamentalmente abordar nuevas áreas de indagación que nos permitan introducir los distintos componentes del EBDH. Estas áreas de indagación son:

  • Situación de los derechos humanos. En la fase del diagnóstico analizamos la situación vulneración de los derechos humanos, las personas afectadas por esta vulneración e identificamos un problema central relacionado con la situación de estos derechos. En la evaluación se investigará sobre si la intervención realizada ha contribuido a mejorar el ejercicio de los derechos humanos. Esto implica que la evaluación se pregunte en qué medida las acciones realizadas a lo largo de la intervención han logrado cambios en las causas estructurales y subyacentes del árbol de problemas diseñado al inicio en la fase de diagnóstico.
  • Principio de igualdad de trato y no discriminación. La reivindicación de la igualdad de trato y la no discriminación es uno de los motores hacia la construcción de una sociedad más justa donde todas las personas tengan garantizados sus derechos y puedan ejercerlos como parte de una ciudadanía plena, en igualdad de condiciones. Se convierte así en uno de los pilares fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, siendo un principio transversal en todos los tratados internacionales.

De forma general, incorporar este principio en la evaluación supone indagar sobre:

  • Si se han tenido en cuenta en la intervención a todas las personas en situación de vulnerabilidad en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna.
  • Si la intervención que hemos realizado ha contribuido a modificar situaciones de discriminación existentes o ha promovido la igualdad de trato.
  • Si la intervención realizada ha tenido algún impacto no esperado generando discriminaciones o un trato desigual.
  • Se han incorporado titulares de derechos, de responsabilidades y de obligaciones en todas las fases del proyecto.

 

  • Principio de interdependencia e indivisibilidad. Estos principios están ligados a la mirada holística sobre la realidad donde se ha realizado la intervención y, por tanto, sobre la que se realizará la evaluación. Es importante a la hora de realizar una evaluación que se tenga en cuenta que los procesos no se encuentran aislados de los contextos que rodean la intervención ni de los otros procesos que están presentes en esa misma realidad e influyen y provocan cambios en el propio proyecto.

 

También es relevante indagar sobre si la intervención realizada ha tenido algún impacto negativo o positivo en algún derecho que no estaba contemplado. En este sentido podemos darnos cuenta de que en el diagnóstico inicial no habíamos tenido en cuenta la interdependencia entre algunos derechos y esto haya tenido algún impacto durante la ejecución.

 

Finamente, es interesante que la evaluación se pregunte por los procesos de coordinación con otros agentes de cara a conseguir los objetivos y resultados previstos buscando la complementariedad entre ellos desde la mirada de interdependencia e indivisibilidad de los derechos.

 

  • Principio de participación. La participación es un medio y un fin en sí mismo. Desde el EBDH se propone tanto incorporar la participación de todos los agentes implicados en la intervención como promover la participación de las personas titulares de derechos para que conozcan sus derechos, se apropien de ellos y los ejerzan.

 

Así, en la evaluación se preguntará sobre si se ha incluido a lo largo de todas las fases de la intervención a los diferentes agentes y si la intervención ha favorecido la participación social, política y/o comunitaria de las personas titulares de derechos.

Además, es fundamental introducir en la metodología de la propia evaluación técnicas que garanticen la participación de todas las personas que han estado implicadas en la intervención y en el proceso de evaluación.

 

  • Rendición de cuentas. La evaluación debe incorporar mecanismos de rendición de cuentas que garanticen que los distintos titulares que han participado en la intervención conocen los resultados obtenidos, así como los aprendizajes y recomendaciones que hayan salido de la evaluación. Para esto, es necesario incrementar los niveles de transparencia y acceso a la información y garantizar que la información sea asequible a quien se dirige y en formato y forma adecuada para su comprensión y asimilación.
  • Fortalecimiento de las capacidades de los titulares de derechos, de los titulares de obligaciones y de los titulares de responsabilidades. Teniendo en cuenta que el foco de las intervenciones con EBDH es lograr el fortalecimiento de las capacidades de los diferentes titulares para que cumplan con su rol, en la evaluación tendremos que indagar sobre en qué medida la intervención ha contribuido a fortalecer las capacidades de los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades.

 

Entendemos por capacidades como aptitudes, cualidades y medios de que disponen cada uno de los titulares para poder ejercer su rol. En este sentido, en el caso de los titulares de derechos, la evaluación se preguntará en qué medida se ha logrado avanzar en el proceso de construcción de una ciudadanía activa, participativa, consciente de sus derechos. Por otro lado, en el caso de los titulares de obligaciones, la evaluación se preguntará en qué medida se ha avanzado en el proceso de construcción de voluntad política y se cuenta con una instituciones fuertes y transparentes, unas políticas públicas inclusivas y participativas y una legislación acorde con los estándares internacionales de derechos humanos. Finalmente, en el caso de los titulares de responsabilidad se indagará en qué media la intervención a contribuido a que conozcan sus responsabilidades, las asuman y decidan ejercerlas.

 

De esta forma, la evaluación se preguntará sobre en qué medida la intervención ha contribuido a reducir la brecha de capacidades los titulares de derechos para que ejerzan sus derechos (respeto, promoción, participación y exigibilidad); de los titulares de obligaciones para que puedan respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; y de los titulares de responsabilidades para que cumplan con sus responsabilidades.

  • Los procesos. El EBDH pone un especial énfasis en conocer los procesos, por lo que su aplicación en una evaluación hará necesario revisar los temas de gestión, procedimientos, capacidad de los organismos, la propia organización, los fallos, los cambios y los recursos desde la mirada que nos proporciona este enfoque, así como la comunicación y capacidad interna de la organización.

 

3.2 ¿Es posible evaluar con este enfoque cuando no hemos organizado la acción social desde él?

La respuesta es sí. Sí podemos evaluar una intervención desde el EBDH, aunque no haya sido formulada en diseño y ejecución desde este enfoque.

Inicialmente, teniendo en cuenta el proceso de planificación de una intervención, si en la fase de diagnóstico y formulación hemos incorporado los componentes del EBDH, de forma natural, la evaluación incorporará este enfoque ya que evaluará los cambios planteados al inicio desde esta perspectiva. Sin embargo, si en las fases iniciales no hemos incorporados el EBDH no tendremos indicadores en los diferentes ámbitos de indagación de una evaluación con EBDH que nos permitan medir si la situación ha mejorado.

Por ejemplo, si en la fase del diagnóstico hemos incorporado el análisis de la brecha de capacidades de los diferentes titulares, en la formulación hemos definido resultados específicos para cada uno de ellos con indicadores objetivamente verificables para medir la mejora de sus capacidades, en la fase de evaluación, lógicamente, indagaremos sobre la mejora en estos ámbitos. Sin embargo, si esto no lo hemos hecho, será más difícil saber en qué medida la intervención realizada ha contribuido a esto.

No obstante, esto no significa que no podamos evaluar con este enfoque cuando no lo hayamos incorporado desde el inicio, lo que cambia es la utilidad o el objetivo final de la evaluación. Si el EBDH lo he incorporado desde el inicio, evaluaré en qué medida he logrado los objetivos, resultados y el impacto previsto. Si no lo he incorporado, la evaluación me puede servir fundamentalmente para dos cosas:

  • Evaluar en qué medida el logro de los objetivos y resultados conseguidos en la intervención se relacionan con la situación de derechos humanos.
  • Facilitar información y la base de formación necesarias para comenzar a trabajar en siguientes intervenciones o en las que ya venimos trabajando con EBDH.

 

En este sentido, evaluar una intervención con este enfoque, si no ha sido formulada desde él, tiene el sentido de aportarnos recomendaciones y elementos que debemos tener en cuenta para comenzar a trabajar e integrar el EBDH en nuestras próximas intervenciones. Este proceso facilitará la futura incorporación del EBDH en ellas, ya que todos los titulares estarán implicados desde el inicio en su incorporación. Así pues, es importante introducir el EBHD en nuestras evaluaciones para promover su propia incorporación.

 

4. ¿QUÉ NOS APORTA EVALUAR NUESTRA INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE EL EBDH?

Introducir el EBDH en nuestra intervención social conlleva, como decíamos en la introducción de esta III Parte y como ya desarrollamos en los diversos apartados del primer artículo publicado por Documentación Social; sobre todo y de forma sustantiva un cambio estratégico, organizacional que nacerá de situar en el medio de nuestras acciones las vulneraciones de DDHH que viven cada día las personas y familias que acompañamos y las respuestas que deben darse desde los obligados a garantizar su dignidad (sujetos de obligaciones en cumplimiento de los estándares internacionales, regionales, nacionales y territoriales de DDHH) y desde las entidades y organizaciones sociales que formamos parte de los sujetos de responsabilidad ante dichas vulneraciones.

Evaluar nuestra intervención social desde el EBDH se torna, por tanto, imprescindible para el logro del objetivo final de nuestras acciones: ser transformadoras en DDHH. Para la vida y los futuros posibles de las personas y familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social objeto de nuestra acción social. Para el ejercicio de su dignidad intrínseca, inalienable e irrenunciable.

¿Y qué suma, qué facilita, qué aporta en lo concreto a nuestra acción social evaluar con EBDH?:

Y no nos cansaremos de repetirlo: en un proceso permanente y en constante ejecución. Hasta que tengamos la certeza de que no volverá a repetirse la vulneración de DDHH.

 

 

[1] GARCIA, P. y OLEA, S. (2022) “Enfoque de DDHH en la intervención social (Parte I)”. A fondo. Documentación Social https://documentacionsocial.es/contenidos/a-fondo/enfoque-de-derechos-humanos-en-la-intervencion-social-parte-i/

[2] GARCIA, P. y OLEA, S. (2022) “Indicadores de DDHH para la identificación y realización de nuestras acciones. Enfoque de derechos humanos en la intervención social (Parte II)”. A fondo. Documentación Social. https://documentacionsocial.es/contenidos/a-fondo/indicadores-de-ddhh-para-la-identificacion-y-realizacion-de-nuestras-acciones-enfoque-de-derechos-humanos-en-la-intervencion-social-parte-ii

[3] BOE (2022) “Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado” https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21677 Acceso el 22 de diciembre de 2022

[4] Red en Derechos (2011) “El enfoque basado en derechos humanos: Evaluación e indicadores” Red en Derechos pág. 11 y ss (en línea) https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Evaluaci%C3%B3n/EvaluacionEBDH%20+%20NIPO+%20logo.pdf Acceso el 6 de diciembre de 2022

A fondo

Cuidar y ser cuidado en familia: retos y oportunidades desde Cáritas

Mireia Milian. Responsable del Programa de familia e infancia de Càritas Diocesana de Barcelona

Miriam Feu. Responsable del Departamento de análisis social e incidencia de Càritas Diocesana de Barcelona

Carmen García. Responsable del Programa de familia e infancia de Cáritas Española

 

Puedes encontrar a Mireia y a Miriam en Twitter.

 

El artículo recoge los principales retos que se desprenden de los resultados de este informe publicado por Foessa y realizado por Càritas Diocesana de Barcelona en el acompañamiento a familias, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Incluye retos para la administración, siempre desde una mirada integral centrada en el ejercicio de la parentalidad positiva, recogiendo elementos estructurales socioeconómicos así como elementos psicosociales y relacionales.

 

La familia es la primera comunidad de referencia de las personas y es donde se dan y se reciben los primeros cuidados. Es el espacio en el que se aprenden las normas básicas de convivencia y se desarrollan las capacidades y habilidades necesarias en la vida. Aprendemos en familia a relacionarnos, a dialogar, a ceder y a sentirnos escuchados. Construimos nuestra personalidad y recibimos valores que nos van a guiar en nuestra vida. Y, sobre todo, es donde nos sentimos queridos y seguros, donde cuidamos y nos sentimos cuidados. Sin embargo, existe en nuestro país un déficit estructural en las condiciones de vida de las familias con niñas, niños y adolescentes en comparación con las del resto de países europeos, y, a pesar de que desempeñan un papel central e insustituible en nuestra sociedad, todavía no hemos sido capaces de ponerle freno a la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Con la intención de conocer los factores que influyen en el ejercicio de la parentalidad positiva[1] de las familias que acompañamos en Cáritas, el pasado 19 de octubre se presentaba en Barcelona el informe “Cuidar y crecer en fragilidad: familias, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad” elaborado por el Programa de familia e infancia y el Observatorio de la realidad social de la diocesana de Barcelona, bajo el asesoramiento del Programa de familia de Cáritas Española y de FOESSA. Se trata de un estudio muy amplio que nos muestra el ejercicio de la parentalidad en condiciones socioeconómicas adversas, con escasos apoyos y con una responsabilidad que se carga y se vive en soledad en muchos casos. Sin embargo, las competencias parentales son ejemplares, con una puntuación de 8 sobre 10. ¿Cómo se puede ejercer la parentalidad cuando no puedes pagar la habitación de realquiler, no encuentras trabajo y no tienes ningún familiar o amigo que te eche una mano? Además del sobresfuerzo que deben realizar los padres y madres y sus hijos e hijas para poder superar las condiciones adversas en las que viven, las elevadas competencias parentales se sustentan también en elevados niveles de resiliencia, que superan la media de la población. Nos encontramos, por tanto, con familias que viven unas condiciones marcadas por la precariedad laboral, exclusión residencial, pobreza severa, situación administrativa irregular y estudios sin homologar, así como con redes sociales escasas y un mayor riesgo de sufrimiento psicoemocional, que sustentan el ejercicio de la parentalidad en su resiliencia y en un sobresfuerzo titánico. Un precio muy alto que deben pagar para seguir siendo el padre y la madre que les gusta ser, a pesar de todo. Y un atentado contra el derecho de las familias de poder ejercer la crianza en unas condiciones mínimas, así como contra el derecho de los niños, niñas y adolescentes de recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, tal y como establece el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño. Además, estas situaciones presentes de desigualdad tienen una elevada probabilidad de materializarse en situaciones futuras de pobreza y exclusión si no se hace alguna cosa para frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza.

A pesar del contexto de mayores dificultades estructurales, los padres y madres acompañados por Cáritas siguen ejerciendo la parentalidad positiva con sus hijos e hijas lo mejor que pueden y saben, realizando un sobresfuerzo y, recibiendo, en muchos casos pocos o ningún apoyo

Ante esta realidad, y a la luz de los resultados del informe, nos surgen algunos elementos de reflexión, tanto desde el papel de las administraciones como desde la intervención social que realizamos en Cáritas. En primer lugar, no es solo cuestión de prestaciones, pero sí es necesario reforzar la protección y la transferencia material, a partir de una prestación universal por crianza, durante los años más intensos de la misma (aunque no solo) y, por importe suficiente para garantizar la estabilidad familiar que logre reducir las desigualdades, de forma que al actuar sobre la desigualdad presente, se actúe de forma preventiva sobre las desigualdades futuras. Sabemos también que debemos abordar la pobreza infantil desde una perspectiva amplia e integral, y no solo como privación material. Es decir, combinando la garantía de unos ingresos familiares con la garantía de derechos fundamentales, como el derecho a una vivienda digna o el derecho a la educación de calidad e inclusiva, así como el derecho a disponer de una situación administrativa regular, cuyas vulneraciones limitan gravemente las oportunidades de niños, niñas y adolescentes de salir del ciclo de la pobreza y la exclusión.

Es esencial que los cuidados, y el ejercicio de la parentalidad positiva, no recaigan únicamente en las posibilidades económicas o de capital social disponible por parte de las familias, sino que sea el Estado quien asuma la responsabilidad de cuidador de las personas dependientes, estableciendo medidas y políticas que faciliten que las personas puedan tener el derecho de cuidar y sentirse cuidadas

En segundo lugar, y atendiendo a los resultados del estudio, la importancia de tener redes sociales suficientes y satisfactorias va más allá del beneficio que ya supone disponer de redes informales que faciliten los cuidados y la conciliación familiar, y se encuentra en el hecho de que son esenciales también para el bienestar y la calidad de vida de las familias. En concreto, se refuerza la idea de que es clave disponer de redes sociales adecuadas y satisfactorias sobre el bienestar psicoemocional y la resiliencia de los adultos, así como también de los niños, niñas y adolescentes, y un mecanismo para fortalecer las relaciones de parentalidad. Por lo tanto, además de insistir en que las políticas públicas pongan el foco en garantizar derechos fundamentales, es importante que tanto las políticas públicas como nuestro acompañamiento se centren en fortalecer las redes sociales y comunitarias de las familias y de los niños/as y adolescentes en situación de vulnerabilidad, de tal forma que faciliten los cuidados y la conciliación familiar, y mejoren la calidad de vida de las familias. Nuestros proyectos de intervención deben preguntarse por el cómo se realiza nuestra acción, garantizando la participación y la construcción de comunidad desde espacios de escucha, y quizá en estos casos dejar en un segundo plano el qué, puesto que, al fin y al cabo, sea lo que sea, si se realiza en un espacio participativo y donde las personas se sienten una parte integrante, va a ser beneficioso para ellas, puesto que los estudios demuestran que la vinculación a la comunidad de referencia aumenta la capacidad de resiliencia. Sin embargo, no debemos centrarnos solamente en aumentar la resiliencia, sino que precisamos de mecanismos colectivos que protejan tanto a las personas en momentos resilientes como a las personas en momentos con menor capacidad de resiliencia. Además, desde una mirada más amplia, también el ocio compartido en familia, el tiempo libre saludable y el acompañamiento de la educación potencian el ejercicio de la parentalidad positiva. Así pues, estos espacios participativos y generadores de comunidad en nuestros barrios, como los casales, bibliotecas, asociaciones culturales o centros cívicos deberían ser tan educativos como la escuela.

Es importante generar espacios de participación y de vínculo con la comunidad de referencia que repercutan positivamente en el aumento de las redes sociales de las familias y en consecuencia en su bienestar emocional y capacidad de resiliencia

Ya que entramos en el ámbito educativo, el estudio muestra que los padres y madres en situación de vulnerabilidad acompañados por Cáritas provienen de entornos en los que no había recursos socioeducativos en sus infancias o no pudieron participar en ellos, mientras que sus hijos e hijas viven en un contexto mucho más rico en oferta, y participan de ellos en mucha mayor proporción, aunque sea insuficiente, sobre todo, comparativamente con NNA que no se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social. En concreto, a pesar de que prácticamente todos los padres y madres han podido escolarizarse, la mayoría tuvo que dejar prematuramente los estudios, principalmente por dificultades económicas y de apoyo familiar, mientras que no esperan esto les vaya a pasar a sus hijos e hijas. Además, más allá de la escuela, dos de cada cinco padres y madres no pudieron participar en recursos socioeducativos, mientras que la participación de sus hijos e hijas es más elevada (dos de cada tres participan). Sin embargo, si bien los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad participan mucho más en esplais[2] y grupos scout y en centros abiertos que el conjunto de la población infantil y adolescente de la ciudad, se da lo contrario en las actividades extraescolares, donde participan en una menor proporción. Esta menor participación se vincula de nuevo a las dificultades económicas del hogar y representa una situación de desventaja para los niños, niñas y adolescentes de estas familias. Cabe destacar que no solo es importante la participación, sino también el hecho de que la población en situación de exclusión social pueda participar en los mismos espacios en los que participe la población integrada, puesto que de lo contrario no se conseguirían los objetivos deseados. Es decir, si los niños, niñas y adolescentes en situación de exclusión social participan solo en espacios específicos para la población sin recursos, se seguiría reforzando la desigualdad de oportunidades, la segregación y la falta de generación de redes sociales diversas y localizadas. Así, aunque los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad tienen mayores oportunidades socioeducativas que sus padres y madres, la barrera económica sigue siendo un freno a su participación, y su acceso a los diferentes recursos es desigual con respecto al resto de niños y niñas. Por lo tanto, se nos plantea un doble reto desde lo público y desde nuestro acompañamiento: garantizar el acceso en equidad a las actividades extraescolares (promoviendo su gratuidad o facilidades en el acceso a todas las familias) y asegurar que se desarrollan en los mismos espacios para todos, con independencia del nivel socioeconómico de las familias, puesto que el ocio y el tiempo libre saludable refuerzan los espacios de inclusión para conseguir la igualdad de oportunidades. Esto implica, entonces, repensar nuestros espacios de atención exclusiva a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, de manera que sean espacios abiertos a todas las familias.

Se debe seguir trabajando en conseguir la igualdad de oportunidades a través del acceso a la educación desde una mirada integral

El estudio constata también que los progenitores que han participado en el pasado en recursos socioeducativos tienen mayores competencias parentales: compartir ocio y tiempo libre, asesoramiento y orientación y comunicación de las emociones y el afecto y momentos compartidos de juego y de risas mejoran nuestra calidad de vida al tiempo que nuestras competencias parentales. Por lo tanto, la aportación del ocio y del tiempo libre saludable en la calidad relacional y en el refuerzo de las funciones afectivas y de protección a la infancia y adolescencia es un elemento clave, como también lo es la mirada integral en la educación, más allá del ámbito escolar. Como sociedad seguimos teniendo el reto de incorporar una mirada integral en la crianza y educación de los niños, niñas y adolescentes, entendiendo todo el espacio de acompañamiento. Debería preocuparnos que estos espacios sean a base de esfuerzos económicos y de tiempo por parte de los progenitores y que, se considere como algo extra en lugar de integrarlas dentro del sistema educativo y sean parte del mismo. Desde Cáritas entendemos que todo es aprendizaje y educación (formal y no formal) y el ocio y tiempo libre además de aportar aprendizajes esenciales, son al mismo tiempo un derecho, el de educarse desde la integralidad, sin olvidar tampoco el derecho a un aburrimiento consciente por parte de los niños, niñas y adolescentes, en donde no todo tenga que ser estructurado y agendado. Por lo tanto, es importante también facilitar espacios físicos comunitarios de proximidad, parques adaptados y accesibles en todos los barrios, en los que se les permita a las familias disfrutar de tranquilidad y de tiempo compartido con sus hijos e hijas. Es decir, espacios en los que haya encuentro con otras familias y ocio sin actividades preestablecidas.

Una infancia rica en oportunidades socioeducativas refuerza la calidad relacional y por ende la parentalidad, por lo que se debe reconocer la aportación del ocio y del tiempo libre saludable en la calidad relacional de la sociedad, y como un elemento vital en la inclusión social

En lo que respecta al mayor riesgo de sufrimiento psicoemocional que encontramos en las familias acompañadas por Cáritas, y además del fomento de proyectos generadores de vínculos con el entorno y de pertenencia a la comunidad, como ya se ha comentado, se debería asumir, desde las administraciones públicas, la responsabilidad de garantizar e invertir en políticas de prevención, diagnóstico y cuidado de la salud mental, tanto de adultos como de sus hijos e hijas. Se trata de promover políticas públicas que amplíen los recursos de salud mental sin estigmatizar. Y esta responsabilidad se une a políticas sociales de garantía de derechos fundamentales, que, recordemos, también son esenciales para garantizar el bienestar emocional. Entre ellas, cabe destacar una política pública en vivienda que garantice el acceso y el mantenimiento de una vivienda adecuada y segura como núcleo esencial de la vida y como necesidad básica para el desarrollo de las personas en entornos seguros y protectores, lo que posibilita la generación de proyectos vitales. La vivienda es el espacio donde construir un hogar, más allá de lo arquitectónico y físico, un espacio en el que tener intimidad, tanto individual como familiar, que permite crear y fortalecer lazos entre las personas convivientes. Por lo tanto, una vez más, la vivienda emerge como tema clave que impacta directamente en el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes y sus familias.

Finalmente, dos reflexiones finales. Por un lado, se debe tener en cuenta tanto desde la intervención como desde los planteamientos legislativos, el valor de los cuidados, y, sobre todo, los de las personas más vulnerables y dependientes. Actualmente, el foco de los cuidados, si aparece, se centra únicamente en la mirada de lo laboral y de la conciliación. Sin embargo, si queremos que se desarrollen cuidados saludables y en condiciones adecuadas, es importante tener en cuenta también la gestión del tiempo como un derecho. Es decir, el derecho a que los niños, niñas y adolescentes dispongan de más tiempo para un ocio y tiempo libre saludable y en familia, y donde los adultos puedan ver también reducida y con mayor flexibilidad su jornada laboral en función de los horarios de la infancia. Porque si los cuidados no están resueltos satisfactoriamente, no permiten seguir con la vida personal ni profesional.

Y la segunda reflexión final se centra en nuestro papel de ser redes para la intervención social, puesto que actualmente las diversas acciones y abordajes por parte de los diversos organismos públicos dirigidos hacia las familias con clara incidencia en los niños, niñas y adolescentes no tienen una coordinación real y efectiva, ni una visión multidimensional, y se pierde la calidad de las intervenciones, duplicándose esfuerzos y recursos. Por lo tanto, se trata de generar procesos y unificación de criterios de recogida de datos que posibiliten la evaluación y mejora de las diferentes intervenciones realizadas, por parte de la administración pública y de las entidades sociales. No es solo cuestión de servicios y prestaciones, sino que se trata también de la calidad de las prestaciones articulada con la calidad de la intervención. Es necesario, por tanto, trabajar desde la colaboración con la comunidad, tercer sector y administraciones públicas para generar una sociedad más integradora y cohesionada.

En conclusión, debemos:

  1. Ser frenos y no aceleradores de la transmisión intergeneracional de las pobrezas: entre todos y de manera coordinada, con la clara responsabilidad por parte de las administraciones públicas y desde la subsidiaridad del tercer sector. Para lo cual son fundamentales la calidad de las intervenciones, la especificidad de los recursos especialmente dirigidos hacia las infancias y las familias, así como políticas con un claro carácter paliativo, y no sólo curativo.
  2. Potenciar la participación comunitaria y espacios de escucha que amplíen y refuercen las redes sociales y afectivas.
  3. Liberar tiempo y espacios para la infancia y las familias. En función de los tiempos de las infancias (que son urgentes: pasan y ya no vuelven) y no tanto de los horarios laborales de los adultos. Por lo tanto, facilitarles el derecho a gestionar los tiempos de las familias es fundamental a partir de políticas preventivas y flexibles.
  4. Invertir y diversificar en recursos de salud mental. Tanto dirigidos hacia los adultos como, fundamental, hacia los niños, niñas y adolescentes, sin juzgar ni estigmatizar. Porque, está demostrado que, la mayor parte de las enfermedades mentales, comienzan desde nuestras infancias y adolescencias. Muchas veces comienzan manifestándose con procesos en donde partimos de situaciones en donde emocionalmente no sabemos identificar, pero no estamos bien, por cuestiones coyunturales que, claramente se refuerzan con las estructurales y que, terminan llegando para quedarse y prorrogarse en nuestra edad adulta.
  5. Focalizar en políticas públicas de vivienda accesible y asequible. Que genere espacios de estar en familia con ciertos márgenes de seguridad.
  6. Generar una igualdad de oportunidades real, que parta desde un sistema educativo basado en una mirada integral (educación como aprendizaje en donde el ocio y tiempo libre sea relevante) y en la gratuidad y fácil acceso por parte de todos los NNA y sus familias.
  7. Y contando para todo ello con el Estado como garante del derecho a los cuidados.

Es importante ser conscientes de los factores que aumentan las probabilidades de que niños/as y adolescentes inmersos en las circunstancias descritas de déficit estructural en sus condiciones de vida sufran pobreza, vulnerabilidad o exclusión social en el futuro. Y es importante actuar para garantizar sus derechos. Porque es un problema que afecta al presente de las familias con niños, niñas y adolescentes, y también a la generación futura de pobreza y exclusión social. Y dice poco de nuestra valía como sociedad si no somos capaces de desarrollar políticas públicas que reviertan esta situación, que apoyen la protección de las familias y donde los cuidados ocupen un espacio central. Porque cuidar es amar.

 

Conclusiones y retos

 

[1] En 2006 el Consejo de Europa recomienda la promoción de la parentalidad positiva definida como un comportamiento parental que asegura la satisfacción de las principales necesidades de los niños, niñas y adolescentes (NNA), es decir, su desarrollo y capacitación sin violencia y proporcionándoles el reconocimiento y la orientación necesaria, que lleva consigo la fijación de límites a su comportamiento para posibilitar su pleno desarrollo. A esta definición del consejo, en Cáritas le añadimos que para poder acompañar a los hijos e hijas en la fijación de límites y la satisfacción de sus necesidades hay que hacerlo inevitablemente a través del cariño y del amor.

[2] Se trata de espacios de tiempo libre, generalmente en fin de semana, donde los niños, niñas y adolescentes participan en actividades al aire libre de juegos en grupo, monitorizados por jóvenes voluntarios.

A fondo

Indicadores de DDHH para la identificación y realización de nuestras acciones. Enfoque de derechos humanos en la intervención social (Parte II)

Paloma García Varelapolitóloga experta en Derechos Humanos

Sonia Olea Ferreras, jurista experta en Derechos Humanos

 

Tomando como ejemplo la vulneración del derecho a una vivienda adecuada para las personas extranjeras en situación administrativa irregular, implementaremos metodológicamente el EBDH desarrollado en la Parte I[1] haciendo una propuesta de elaboración de diagnóstico y definición de objetivos y resultados ante dicha vulneración; que nos llevará a unos indicadores y metas de DDHH posibilitadores de la medición de nuestra intervención social. La evaluación de transformación en DDHH de nuestras acciones será la protagonista de la Parte III y última de este estudio (Documentación Social de enero de 2023).

 

Si las personas vulneradas son portadoras de capacidades, el encuentro es siembre bidireccional – se da y se recibe- y es productor de esperanza. En lo vulnerado puede haber verdad, puede haber belleza y bondad. De modo que no es suficiente la intermediación, que supone realidades constituidas autónomamente, sino inmersión en proximidad que conlleva la mediación que acoge, acompaña y defiende.

Ximo García Roca, 2021

 

1. Introducción

Los indicadores de DDHH son herramientas que nos ayudan a incorporar el enfoque de derechos humanos de forma práctica en las acciones que llevamos a cabo desde nuestras organizaciones. Estos indicadores los utilizamos de diferente forma en todas las fases de la gestión de nuestras intervenciones, tanto en la fase de identificación y formulación como en la de ejecución y evaluación.

En la Parte I del artículo, clarificamos los conceptos básicos necesarios para incorporar el EBDH en los diferentes niveles de las organizaciones y reflexionamos sobre la importancia de los indicadores para medir las dimensiones de la gestión del ciclo de las intervenciones. Ahora vamos a aplicar estos conceptos a un caso práctico abarcando la utilización de los indicadores de DDHH en las fases de identificación y análisis de la realidad, y de selección y diseño de la intervención.

Aunque nosotras nos vamos a centrar en una situación determinada de un colectivo y en el diseño de una intervención de acción social, la propuesta metodológica que hacemos puede ser aplicada a diferentes situaciones de vulneraciones de derechos, a distintos colectivos de personas en situación de especial vulnerabilidad y a diversos tipos de intervenciones realizadas por nuestra organización. De forma general, en todos los casos las preguntas claves que nos hacemos son:

  • ¿Qué está pasando y por qué? Fase de identificación y diagnóstico.
  • ¿Qué podemos hacer para transformar esta situación? Fase de selección y formulación.
  • ¿Estamos cumpliendo con lo que habíamos previsto? Fase de ejecución y seguimiento.
  • ¿Hemos logrado lo que esperábamos? Fase de evaluación.

Teniendo en cuenta estas preguntas, vamos a desarrollar un ejemplo que nos permita visibilizar la utilización de los indicadores de DDHH para la realización de un diagnóstico de situación, la alineación de nuestras acciones con los tratados internacionales de DDHH y la medición de los efectos de nuestras acciones en la transformación social (ejercicio de los DDHH). Para esto partiremos de una situación real de vulneración de derechos: la vulneración del derecho a una vivienda adecuada de las personas extranjeras en situación administrativa irregular (VDVESAI).

 

2. Elaboración de diagnóstico desde el EBDH

El primer paso para el diseño de una intervención con EBDH será la identificación del problema y su relación con los derechos humanos que se encuentran vulnerados. Normalmente, cuando preguntamos a las personas qué les está pasando o en qué situación se encuentran, sus contestaciones no suelen hacer referencia a la vulneración de derechos, sino a los problemas que tienen y que deben afrontar. Es parte de nuestra tarea, relacionar estos problemas con los derechos humanos y analizar por qué se están vulnerando. Esto conllevará tener en cuenta unos determinados elementos de análisis para los cuales utilizaremos determinados indicadores que nos ayudarán a conocer la situación de partida.

2.1. Elemento de análisis

Desde el EBDH nos haremos las siguientes preguntas que nos faciliten profundizar en el conocimiento de la realidad que queremos transformar desde la mirada de los derechos humanos:

  • ¿Qué está pasando y qué derechos se ven afectados?
  • ¿Quién tiene vulnerados esos derechos?
  • ¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen para el ejercicio de esos derechos?

La contestación a estas preguntas nos facilitará la identificación del problema central sobre el que definiremos nuestra intervención.

Comenzando con nuestro ejemplo, si miramos desde la situación del derecho a una vivienda digna en España nos encontramos con que uno de los colectivos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad son las personas extranjeras en situación administrativa irregular. También si miramos desde la situación de los derechos de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, nos encontramos que uno de los principales derechos que tienen vulnerado estas personas es el derecho a una vivienda adecuada y digna.

De esta forma nuestro problema central será la situación de vulneración del derecho a una vivienda adecuada para las personas extranjeras en situación administrativa irregular (en adelante VDVESAI). Competencialmente optamos en este ejemplo por el ámbito estatal (encontraremos vulneraciones en el ámbito local, autonómico, estatal; en los tres a la vez, en varios de ellos…).

A partir de la definición de este problema central vamos a profundizar en el análisis preguntándonos por qué está pasando y ayudándonos de los indicadores de DDHH y del “Árbol de problemas” será la herramienta concreta que nos permita sistematizar los pasos dados, el propio diagnóstico.

Desde el EBDH, las causas de la vulneración del derecho las encontramos analizando los siguientes elementos:

  • Marco internacional del derecho. ¿En qué tratados internacionales de DDHH se recoge y cuál es el significado del derecho?
  • Marco nacional del derecho. ¿En qué leyes se recoge este derecho?, ¿está recogido según los estándares internacionales de DDHH?
  • Marco de política pública ¿Qué medidas se han adoptado para implementar el derecho?, ¿recoge a los estándares internacionales de DDHH?, ¿incorporan los principios de los derechos humanos?, ¿tienen presupuesto adecuado asignado para su desarrollo?
  • Vulneración del derecho. ¿Cuál es el impacto de la legislación y de las políticas en las personas?, ¿Qué personas se ven más afectadas y cuáles se quedan excluidas?
  • Capacidades de los titulares. ¿Cuentan los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones con las capacidades necesarias para cumplir con su rol?, ¿Cuál es la brecha de capacidades de cada uno de ellos?

2.2 Indicadores

Para dar respuesta a las anteriores preguntas, utilizamos indicadores de DDHH y socio económicos que nos permitan hacer un diagnóstico sobre la realidad del acceso, disfrute y garantía en el derecho humano a una vivienda adecuada en nuestro Estado. Como indicábamos más arriba, plantearemos solo algunos ejemplos para facilitar el aprendizaje de la metodología:

  • Estructurales:
    • Ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos de referencia en el acceso al derecho a una vivienda adecuada:
      • Sistema internacional de Naciones Unidas: España ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y su Protocolo Facultativo (2013), pero, por el contrario, no lo ha hecho con el Pacto Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Además, es de máxima relevancia el incumplimiento de las recomendaciones individuales y generales de los Dictámenes condenatorios por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a España por vulnerar el derecho humano a una vivienda adecuada (E/C.12/55/D/2/2014; E/C.12/61/D/5/2015; E/C.12/66/D/37/2018; E/C.12/67/D/52/2018; EC/12/69/D/54/2018; EC/12/69/D/85/2018; E/C.12/71/D/127/2019
      • Sistema regional europeo: desde el año pasado, ratificada la Carta Social Europea Revisada y el Protocolo de Reclamaciones Colectivas que permite exigirlo.
    • Legislativo:
      • En curso la tramitación del primer proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda[2] con propuestas que incluyen la posibilidad de la vivienda de emergencia como necesidad básica (también para personas extranjeras en situación irregular administrativa).
      • Artículo 13 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social: solo tienen acceso a los sistemas públicos de vivienda las personas regulares administrativamente.
      • La Ley de Arrendamientos Urbanos no contiene (ni ha contenido) exigencia alguna respecto a la situación administrativa de las personas extranjeras que arriendan o son arrendatarias de un inmueble urbano.
  • Indicadores de proceso (algunos ejemplos):
    • Políticas públicas y medidas adoptadas: tendríamos que revisar si las mismas incluyen los principios de los DDHH (universalidad, igualdad de trato y no discriminación, participación). Por ejemplo, en una de las herramientas clave para el acceso al derecho a la vivienda en nuestro Estado a personas en situación de sinhogarismo:
      • Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025[3]: ninguno de sus 13 programas contiene la posibilidad de ayudas a personas extranjeras en situación administrativa irregular. Por tanto, se estarían vulnerando los principios de universalidad, igualdad de trato y no discriminación.
  • Indicadores de resultado:
    • Impacto de las medidas adoptadas y de la legislación: analizamos el impacto socio económico de las políticas públicas y la legislación producido en cada una de las cuatro categorías del derecho vulnerado (en este ejemplo, la VDVESAI)
      • Un ejemplo (tendríamos que hacerlo con las cuatro categorías): DISPONIBILIDAD: las personas extranjeras en situación irregular administrativa no pueden disfrutar de vivienda social de alquiler, teniendo que optar por arriendos de vivienda o subarriendos de habitaciones en condiciones de mercado libre.

 

Terminamos este apartado identificando el problema central que puede ser más o menos amplio. En este ejemplo, hemos optado por hacerlo lo más amplio posible para incluir todas las categorías del derecho vulnerado. Pero podría hacerse solo con una o con varias, dependiendo del resultado del diagnóstico. La situación de vulneración del derecho a una vivienda adecuada para las personas extranjeras en situación administrativa irregular (VDVESAI) es el problema central, y queremos por tanto medir el efecto de nuestra intervención social en la consecución de su transformación (modificación, finalización, disminución…)

2.3. Árbol de problemas

Una forma sencilla, participativa y visual de sistematizar nuestro diagnóstico. Una herramienta que nos sitúa frente a las consecuencias que produce la vulneración del derecho humano (en este caso, la VDVESAI) y el análisis las causas que lo provocan y los factores que contribuyen a ese resultado en un encadenamiento constantemente de por qués. En esta cadena causal nos encontraremos con tres tipos de causas:

  • Causas inmediatas son las causas más visibles y más fácilmente percibidas que se relacionan con la situación la vulneración del derecho.
  • Las causas subyacentes son las que se ocultan detrás de las causas inmediatas y que se relacionan normalmente con la brecha de capacidades de los diferentes titulares.
  • Las causas estructurales se encuentran en las raíces del árbol y están relacionadas con obstáculos profundamente integrados en la sociedad, en las políticas y en los recursos.

Estos tres tipos de causas están relacionadas entre sí y se encuentran en diferentes niveles del árbol. Así, obtendremos información precisa de la naturaleza y el contexto de la propia vulneración. El árbol nos ofrece una lectura de la interrelación entre las diferentes causas con una mirada holística que incorpora a los diferentes actores que intervienen: sujetos de derecho, garantes y responsables. Esto también nos permite ir centrando poco a poco lo que después podrá proporcionar asideros para plantearnos las acciones y estrategias de nuestra intervención social. Como en líneas anteriores, reflejaremos solo algunos ejemplos para su aprendizaje:

Árbol de problemas

 

3. Identificación de cambios deseados y selección de la intervención

3.1. Árbol de objetivos

Una vez sistematizado el diagnóstico en el árbol de problemas estaremos en disposición de identificar los cambios necesarios que deben darse en la situación actual para llegar a la situación deseada. Desde el EBDH se busca promover cambios necesarios para que los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones puedan cumplir con su rol.

Para la identificación de estos cambios transformamos el árbol de problemas en un árbol de objetivos, de forma que revertimos la situación de cada una de las causas.

Siguiendo con el ejemplo anterior el árbol de objetivos respecto a nuestro caso de estudio sería el siguiente (en naranja, nuestro objetivo; en verde, los logros/fines a conseguir y en azul, los resultados).

Árbol de objetivos

3.2. Criterios de selección desde el EBDH

Este árbol de objetivos nos permitirá visibilizar las diferentes líneas posibles de actuación para valorar su impacto. Así, a partir del árbol de objetivo evaluaremos nuestras opciones de intervención y seleccionaremos una de ellas. Además de la experiencia y los criterios de la organización, de forma general, desde el EBDH hay unos criterios determinados para la selección de las intervenciones:

  • Nuestras acciones tienen que abordar fundamentalmente las causas subyacentes relacionadas con las capacidades de los diferentes titulares y las causas estructurales ya que son las que tienen un mayor impacto de una forma sostenible. Solo cubro una necesidad inmediata.
  • Nuestras acciones han de ir dirigidas al fortalecimiento de las capacidades de todos los titulares (de derechos, responsabilidades y obligaciones).
  • Nuestras acciones deben incorporar las 4 patas de intervención (acompañamiento, participación de las personas, y una parte de incidencia política y de movilización social).

Además, debemos tener en cuenta la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos. Es decir, que, aunque estemos abordando en el ejemplo solo el derecho a una vivienda digna y adecuada, este se encuentra interrelacionado con el derecho al trabajo, el derecho a la familia y otros muchos derechos que se ven afectados por esta vulneración. Esto implica que, en muchas ocasiones nuestra intervención tenga que ser integral articulando acciones que afectan a varios derechos. Observación General nº 4[4]:

Como se señaló anteriormente, el derecho a una vivienda adecuada no puede considerarse aisladamente de los demás derechos que figuran en los dos Pactos Internacionales y otros instrumentos internacionales aplicables.  Ya se ha hecho referencia a este respecto al concepto de la dignidad humana y al principio de no discriminación.  Además, el pleno disfrute de otros derechos tales como el derecho a la libertad de expresión y de asociación (como para los inquilinos y otros grupos basados en la comunidad), de elegir la residencia, y de participar en la adopción de decisiones, son indispensables si se ha de realizar y mantener el derecho a una vivienda adecuada para todos los grupos de la sociedad.

3.3. Definición de objetivos y resultados

Una vez definida la línea de intervención pasamos a formular el objetivo general, el objetivo específico y los resultados que se relacionan con los diferentes niveles del árbol de objetivos.

De forma general y teniendo en cuenta la diversidad de situación que pueden darse, tendríamos:

  • Un objetivo general para los 3 titulares (que querría cambiar uno o varios efectos).
  • Un objetivo específico para los 3 titulares (impacta directamente con el problema principal identificado en el árbol).
  • Un resultado para cada uno de los titulares (que impacta en las causas que hemos identificado para cada uno de ellos).

Esto variará en función del problema central que tengamos y de la línea de intervención que hayamos decidido. Pueden darse casos en los que se formulen intervenciones separadas pero complementarias y articuladas entre sí para cada uno de los titulares.

Ejemplo concreto: El eje central de nuestra intervención es garantizar el principio de igualdad y no discriminación para que las personas extranjeras en situación administrativa irregular puedan ejercer el derecho a la vivienda en igualdad de condiciones.

 

4. Medición de los efectos de nuestras acciones en la transformación social

4.1. Definición de indicadores y metas

Nuestro objetivo ahora es consensuar cómo medir la transformación que queremos lograr en cada uno de los resultados que también queremos obtener. Para ello, tenemos que definir qué dimensiones queremos medir de nuestra acción. Por ejemplo, podemos querer medir si hemos cumplido con los resultados acordados para los tres titulares, si las actividades que he previsto en mi acción han servido para cumplir los resultados que nos habíamos planteado; podemos medir si habiendo conseguido los resultados hemos logrado las metas previstas en el objetivo específico. Y podemos mirar si habiendo cumplido las metas del objetivo específico, hemos logrado alguna transformación del objetivo final.

Vamos entonces a acordar las metas (el alcance de mi actuación) que queremos lograr. Ese alcance tiene que ser medible, y realista. Y también tenemos que acordar los conceptos que utilizamos, que hablamos y escribimos sobre qué es mejorar, sobre qué es un espacio o un canal, o qué queremos decir con sensibilizar, porque tenemos que poder medirlo. Lo que no se pueda medir, no nos vale. Así, con estas premisas, vamos a facilitar el aterrizar mejor los conceptos.

Un ejemplo:

  • Sensibilización: ¿qué me indica que un arrendador está sensibilizado?, podría ser
    • Que pregunte a la entidad sobre una campaña para arrendar que estamos haciendo (solicitud de información).
    • Que ponga su vivienda en alquiler.

Utilicemos como guía el siguiente cuadro con un ejemplo de uno de los resultados que querríamos obtener en referencia a transformar

  • la causa del desconocimiento de sus derechos por parte de los sujetos/titulares
  • provocada por la falta de canales y espacios de información adaptados y confiables.

 

 

[1] GARCIA, P. y OLEA, S. (2022) Enfoque de DDHH en la intervención social (Parte I). Documentación Social https://documentacionsocial.es/contenidos/a-fondo/enfoque-de-derechos-humanos-en-la-intervencion-social-parte-i/

[2] CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2022) Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-89-1.PDF

[3] MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (2022) Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-802.pdf

[4] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (1991) Observación General nº 4 “El Derecho a una vivienda adecuada (párrafo I del artículo 11 del pacto)” https://conf-dts1.unog.ch/1%20spa/tradutek/derechos_hum_base/cescr/00_1_obs_grales_cte%20dchos%20ec%20soc%20cult.html