Las personas en exclusión residencial extrema en la isla de Tenerife
Por Úrsula Martín Peñate, Daniel Buraschi y José Antonio Díez Dávila
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Úrsula Martín Peñate, Trabajadora Social, Coordinadora del Departamento de Acción Social de Cáritas Diocesana de Tenerife.
Daniel Buraschi, investigador de la Red de Acción e Investigación Social.
José Antonio Díez Dávila, Coordinador del proyecto de investigación-acción UMAC de Cáritas Diocesana de Tenerife.
Análisis comparativo de la información obtenida durante los años 2020 y 2021, con una metodología de acción-participativa, sobre las personas en situación de exclusión extrema en la isla de Tenerife.
La vivienda es un derecho humano, necesario para preservar la dignidad de todas las personas. Las circunstancias sobrevenidas a raíz de la pandemia mundial provocada por la Covid-19 nos han resituado en un nuevo mapa histórico en el que emerge una sociedad mucho más frágil y vulnerable, manifestando la realidad de muchas personas en situación de exclusión residencial extrema, sobreviviendo en lugares poco salubres y dignos para una vida con cierta seguridad y para quienes es una utopía poder adoptar las medidas de prevención decretadas por las administraciones. Cáritas Diocesana de Tenerife lleva más de 50 años acompañando a este colectivo en la provincia y, desde el año 2020, está llevando a cabo un sistemático trabajo de Investigación Acción. En este marco se han publicado dos monografías (Cáritas Tenerife, 2021 y 2022) que están aportando importante información y análisis para diseñar políticas de inclusión social y una adecuada planificación de estrategias eficaces de acción.
En este artículo presentamos algunos de los resultados del último informe publicado por Cáritas Diocesana de Tenerife (2022), con la información recopilada por los equipos de sus UMAC (Unidades Móviles de Atención en Calle): “Exclusión residencial extrema en Tenerife en tiempos de Covid”. El objetivo es presentar, de forma resumida, algunas de las consecuencias de la pandemia en relación al sinhogarismo en Tenerife.
Cuando hablamos de personas en situación de sinhogarismo (PSSH) incluimos a todas aquellas personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma (Avranov, 1995, p. 23).
A nivel europeo los diferentes perfiles de personas que sufren el sinhogarismo han sido reagrupados a través de la denominada clasificación ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion) que identifica trece perfiles de personas sin hogar distribuidos en 4 tipologías generales. A. Sin techo (roofless) B. Sin vivienda (houseless) C. Vivienda insegura (insecure housing) D. Vivienda inadecuada (inadequate housing).
Sin embargo, en este trabajo nos hemos centrado en cinco de los trece perfiles existentes en la clasificación ETHOS, que denominamos Personas en situación de exclusión residencial extrema (PSERE), porque además de tener vulnerado el derecho humano a la vivienda, se encuentran con grandes dificultades de acceso al resto de derechos por obstáculos mayoritariamente estructurales o por dejación de las responsabilidades inherentes a los poderes públicos como garantes de estos derechos. Toda esta problemática acaba desembocando en la pérdida de seguridad y dignidad de la persona y en la cronificación de su situación.
Los datos analizados se han obtenido a través de un amplio estudio de campo con una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa) estructurado en tres fases:
En la primera se ha llevado a cabo un censo de las personas en situación de exclusión residencial extrema en Tenerife en la cual se han identificado a 2.738 personas.
En la segunda fase, los equipos de la UMAC han recogido 883 cuestionarios sobre las condiciones de vida de las personas en situación de exclusión residencial severa. La información cuantitativa y cualitativa de estas personas, se ha ido recogiendo a lo largo de diferentes sesiones de acompañamiento, donde se ha tenido en cuenta y se ha aplicado un principio metodológico clave como es la construcción de espacios seguros y de confianza, basados en la escucha y en el apoyo. El personal técnico de las UMAC no se ha limitado a recoger los datos, sino que ha participado activamente en todas y cada una de las fases de investigación, funcionando como un equipo reflexivo de investigación-acción, además de llevar a cabo un trabajo de acompañamiento para el acceso a derechos de las PSERE de la isla de Tenerife. Los cuestionarios incluían ítems relacionados con diferentes aspectos de las condiciones de vida de las personas en situación de exclusión residencial extrema: datos sociodemográficos, condiciones de salud, vulneración de derechos, y experiencias de violencia, entre otros.
Además, en la tercera fase, se han realizado 339 entrevistas semiestructuradas que nos permitieron ahondar en las vivencias personales de estas personas, vinculadas con su red de apoyo y/o familiar, las experiencias de violencia y discriminación, y la repercusión que la secuela de la situación COVID19 ha representado para ellos en este año.
Posteriormente, los datos se han analizado con el software SPSS y las entrevistas se han analizado a través de un análisis temático del discurso.
El análisis del perfil sociodemográfico de las PSERE evidencia que, si bien los hombres representan la mayoría (73,9%), existe una importante proporción de mujeres (25,6%) y una representación del 0,46% de personas trans. Las PSERE se concentran, sobre todo, en la zona urbana de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna) y en la zona turística del sur de la isla (Arona, Adeje y Granadilla). Respecto a la nacionalidad, hay que destacar que la mayoría de las personas son de nacionalidad española (57,5%), mientras que las personas extranjeras son, sobre todo, de Marruecos, Senegal, Venezuela e Italia.
La edad media de las personas identificadas en el presente estudio es de 45,3 años, en el caso de los hombres y de 35,1 en mujeres. Este dato nos indica que, como un rasgo característico de las PSERE, las mujeres que están en situación de sin hogar se encuentran representadas en rangos de edad más jóvenes que los varones.
El primer aspecto que hay que considerar cuando se habla del impacto del COVID -19 es que, en Tenerife, el 42,8% de las PSERE identificadas coincide su situación de sinhogarismo con el periodo COVID, vinculando directamente el aumento del sinhogarismo a las consecuencias ocasionadas por el COVID-19, aumentando en un 53,4% pasando de las 1.784 personas identificadas en 2020 a las 2.738.
Este aumento de PSERE a nivel insular y especialmente en algunos municipios, se vincula directamente con los fallos estructurales del sistema de protección social, que ante la situación actual económica, causada por la crisis sociosanitaria del COVID-19 y la ausencia de una mirada con enfoque de derechos humanos por parte de las administraciones públicas como garante del acceso a estos derechos, unido a la invisibilidad de estas personas por parte de la ciudadanía, provoca el aumento y la cronificación de estas situaciones, no generando estrategias que favorezcan la inclusión plena de las PSERE.
Al abordar la temporalidad de la situación de exclusión residencial extrema de las personas identificadas, se observa que un 22,3% lleva menos de un año en esta situación. Respecto al año 2020, se vislumbra una disminución de la proporción de las personas que en los últimos seis meses y un año se vieron abocadas al sinhogarismo.
Este dato refleja la tendencia a la cronificación de la situación de la exclusión residencial extrema. De esta forma, quienes llevaban menos de seis meses y un año en esta situación en 2020 han pasado a engrosar la categoría de 12 a 36 meses en situación de sinhogarismo.
Así, se observa un aumento de las personas que en el año 2021 llevan más de un año en situación de exclusión residencial extrema, representando una proporción del 62,9%. En este grupo las personas que se encuentran en esta situación por más de 3 años constituyen un considerable 32,5%.
Cabe señalar el impacto de la crisis socioeconómica y sanitaria en la que hemos estado inmersos en los últimos años, que, unido a la falta de políticas públicas reales de acceso a una vivienda como derecho humano, y a un sistema de protección garantista y preventivo ante posibles situaciones de vulnerabilidad, hace que se generen nuevas situaciones de sinhogarismo y la cronificación de las ya existentes. Y por estas mismas causas no resueltas, se prevé que se continúen intensificando sus efectos, ante la amenaza del fin de las ayudas vinculadas a la situación COVID.
La falta de apoyo institucional y de compromiso público para revertir estas situaciones de exclusión llaman especialmente la atención al tener en cuenta que, tal y como se ha visto anteriormente reflejado, la mayoría de las personas en situación de exclusión residencial extrema mantienen una permanencia estable en el territorio municipal.
Cuestiones estructurales como el desempleo y la precariedad laboral, la elevada presión de los precios del mercado de alquiler inmobiliario y su escasa regulación, así como los mínimos ingresos económicos derivados del sistema de prestaciones y pensiones sociales, imposibilitan el acceso y la permanencia en viviendas dignas a cada vez más personas. A esto se añade la baja oferta de alquileres sociales y viviendas de protección oficial.
La cronificación en el tiempo de la situación de exclusión residencial extrema aboca a la mayor dificultad de revertirla, debido a las secuelas físicas, psicológicas y anímicas de las personas que padecen la merma de sus condiciones de vida y de salud, al no tener garantizada una necesidad básica como es la seguridad de una vivienda digna y adecuada. Así mismo, la tendencia al mayor aislamiento y desvinculación de la red comunitaria, que invisibiliza su situación, unido a la ineficiente respuesta institucional, condena a la inviabilidad de trascender la situación a medida que se alarga en el tiempo.
Los proyectos de acogimiento temporales pueden ser una medida para minimizar daños, pero no una garantía para salir de la situación de sinhogarismo, por todo lo anteriormente comentado, convirtiéndose muchas veces en puertas giratorias. Si la Administración pública no cambia su mirada de prestación de servicios por una mirada con enfoque de garantía de los derechos humanos y genera estrategias políticas reales de acceso a una vivienda, el sinhogarismo en Tenerife va a seguir creciendo como así lo demuestran los datos.
Uno de los aspectos claves del impacto de la pandemia en la condición de vida de las PSERE es la mayor dificultad de acceso a los servicios públicos. En nuestra encuesta hemos planteado la siguiente pregunta: ¿La situación del COVID-19 ha limitado su acceso a los Servicios administrativos, Sociales y Sanitarios?
Claramente, las personas entrevistadas afirmaban en un 74,2% que la crisis del COVID-19 y las medidas asumidas por las administraciones para mantener sus servicios, mostraron en su metodología y acceso a la ciudadanía, con especial dificultad para el colectivo de PSERE, graves deficiencias en su atención en los Servicios Sociales, administraciones estatales, Servicio Canario de Salud, etc.… ya que todos los servicios públicos requerían de un sistema online digitalizado para solicitar cita o consulta, realizar solicitudes y reclamaciones, o se comunicaban con la ciudadanía a través de medios telemáticos.
Del análisis posterior vivido en los distintos periodos de la crisis sanitaria, de todos es conocido el colapso de las agendas y plataformas de acceso digital de muchas administraciones, y la reducción del nivel de atención ofrecida a la ciudadanía en general. Esto demostró las carencias de un sistema de protección social que dificulta el ejercicio de la ciudadanía donde, a parte de las dificultades burocráticas ya existentes, se suma la ralentización de la atención y un nuevo sistema de discriminación, la brecha digital, asociada a la falta de recursos económicos y la ausencia de una alfabetización digital, padecido substancialmente por las PSERE, que carecen generalmente de medios para poder acceder a dispositivos móviles, contratación de líneas telefónicas y acceso a internet, condiciones imprescindibles que les facilitaría el mantener o establecer por primera vez el vínculo con las administraciones y servicios públicos, como garantes de los derechos de estas personas.
Debemos recordar que estas carencias del sistema no cogen de sorpresa a las administraciones. La digitalización de la sociedad implica asumir un nuevo modelo social, de relaciones personales, laborales, económicas, sociales y de participación. Que viene para instaurarse, y que no es viable descartarlo ya que viene para quedarse. Por lo tanto, un uso inadecuado y mal gestionado favorece nuevas formas de discriminación, y afecta a las vidas de aquellas personas que ya en situación de vulnerabilidad, se encuentran en una doble invisibilidad, la ya existente ante la ausencia de planes y estrategias de atención del colectivo, a las que se suma la invisibilidad digital (como nuevo sistema de participación ciudadana y ejercicio de los derechos fundamentales).
También debemos señalar que a estas dificultades asociadas a la gestión de la crisis, se añaden las importantes consecuencias negativas de la pandemia en el ámbito laboral y en el acceso a la vivienda. Sumado a los datos recopilados en este estudio, donde a 1.027 PSERE les coincidía la fecha de inicio de su situación de exclusión residencial extrema, con su nueva situación residencial en el municipio donde se encontraban, es decir, el 37,5% de los casos localizados tuvieron que reubicarse para poder disponer de los recursos mínimos para sobrevivir en su situación, desvinculándose de los Servicios Sociales de referencia. Y las consiguientes barreras para un empadronamiento efectivo por parte de los ayuntamientos y, por lo tanto, poder acceder de nuevo a la red de protección a los servicios sociales municipales, que en la mayoría de los municipios exigen un empadronamiento de entre 6 meses y un año para poder ser atendido por una trabajadora social.
Esta estadística lo que nos devuelve es la ausencia de políticas sociales de prevención de la exclusión residencial severa y extrema (ámbito que nos atañe), a nivel de las administraciones locales, autonómicas y estatales. Sin ofrecer apoyos para evitar la pérdida del alojamiento u ofrecer alternativas alojativas temporales a estas personas y unidades familiares, obligando a las mismas a realizar desplazamientos apoyándose en la poca red de apoyo con la que cuentan y/o acudiendo a recursos específicos de atención de sin hogar, en municipios que dispongan de los mismos, forzando una desvinculación con los servicios sociales de referencia, que deberían garantizar el acceso en urgencia del cumplimiento de sus derechos, con su comunidad, despojando a estas personas de su identidad y arraigo y, en muchos casos, rompiendo con su historia vital.
Desde un enfoque de derechos humanos, el escrutinio de estas situaciones nos devuelve la ausencia del respeto al fundamento del desarrollo integral de la persona como individuo y como miembro de la comunidad social, de una manera igualitaria y libre, para constituirse desde la dignidad humana.
La segunda pregunta realizada, define una reflexión personal de cada persona entrevistada sobre cómo le ha afectado personalmente esta crisis sanitaria, permitiendo elegir múltiples respuestas en la misma:
Partiendo de una mirada restitutiva de derechos humanos, la crisis del COVID-19 ha explicitado las carencias abismales que existen en las propuestas de políticas sociales y planificaciones ejecutivas de lo ya establecido, donde la crisis sanitaria ha servido de acelerante de un incendio anunciado sobre la grave situación en Canarias sobre la población en exclusión severa y en riesgo de exclusión extrema, vinculada a apartados como el acceso a la vivienda, o el acceso al empleo, que se reafirman en el informe de Fundación FOESSA de 2022 que señalan: La exclusión de la vivienda afecta en 2021 al 30,7% de los hogares en Canarias y al 30,8% de la población, frente al 20,6% y el 24% en el conjunto de España (FOESSA, 2022, p. 98).
O con respecto al eje de acceso a recursos económicos (generalmente vinculado al empleo), donde se señala que en 2021: Canarias la proporción de personas que experimentan exclusión en este eje pasa del 33,6% al 39,6% (…) la prevalencia de estas situaciones carenciales sigue siendo en 2021 notablemente más alta en Canarias que en el resto de España, concretamente, un 20% más (FOESSA, 2022, p. 22).
Para que disminuya la exclusión residencial extrema en Tenerife es esencial que la Administración pública cambie su mirada de prestación de servicios y asuma la responsabilidad que tiene asignada como garante de derechos, facilitando el acceso a los mismos. El empadronamiento y, por lo tanto, el acceso al sistema de protección, más que una carrera de obstáculos debería ser un trámite sencillo, según establece la legislación vigente, y una oportunidad para el diseño de políticas públicas coherentes que se basen en una realidad estadística y no en una foto que excluye a un porcentaje de población que la Administración se empeña en invisibilizar y vulnerar su acceso a derechos. Nos encontramos ante un sistema de protección no garantista que provoca que el acceso al trabajo se convierta, en ocasiones, en la única llave de acceso a otros derechos humanos, como puede ser el de la vivienda. Mostrándose también como el principal motivo desencadenante de las situaciones de exclusión residencial extrema en tiempos de COVID con el aumento del desempleo, la pérdida del mismo, el empleo precario, etc.
Para acabar con el sinhogarismo, es urgente la implementación de políticas públicas reales de acceso a una vivienda digna con perspectiva de género desde una estrategia integral para abordar las amenazas del sistema –acaparamiento de suelos e inmuebles, especulación, préstamos abusivos, alquileres vacacionales, degradación ambiental, generación de guetos, etc., que posibilite la recuperación y rehabilitación de vivienda pública vacía y la negociación y compra de vivienda a los grandes tenedores para evitar la especulación a través de fondos de inversión extranjeros, así como reclamar a los ayuntamientos la puesta a disposición de su Patrimonio Público del Suelo, como instrumento de intervención en el mercado inmobiliario que sirva para regular los precios del suelo, la construcción y, el alquiler de vivienda.
Bibliografía
Avramov, D. Homelessness in the European Union: Social and Legal Context of Housing Exclusion in the 1990s. Fourth Research Report of the European Observatory on Homelessness. Bruselas: FEANTSA, 1995.
Cáritas Tenerife. Exclusión residencial extrema en Tenerife en tiempos de COVID. Tenerife: Cáritas Diocesana de Tenerife, 2022.
Cáritas Tenerife. Las personas en situación de exclusión residencial extrema en Tenerife. Tenerife: Cáritas Diocesana de Tenerife, 2022.
Fundación Foessa. Informe sobre exclusión y desarrollo social en Canarias. Resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2021. Madrid: Fundación Foessa, 2022
Diego Isabel La Moneda, co-fundador y Director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social.
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Vivimos un momento único en el que crear una Nueva Economía más humana y consciente es más necesario que nunca. En España ya existen múltiples ejemplos exitosos de organizaciones que aplican diversos modelos de Nueva Economía, lo que sitúa al país en una situación perfecta para convertirse en referente de esa economía que el mundo necesita.
Tras las dos guerras mundiales y la Gran Depresión, o crisis de 1929, políticos, economistas y una gran variedad de pensadores fueron capaces de visionar una nueva sociedad que, dejando atrás todo lo malo que habían vivido en las décadas pasadas y los odios generados por las guerras, sirviera de horizonte común hacia el que caminar.
¿Qué fuerza les motivó a crear una visión de futuro compartida? En su caso, fue la fuerza de la urgencia. La crisis de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial habían destrozado las economías domésticas de muchos países y habían dejado atrás ciudades arrasadas, industrias destruidas, hambre y, sobre todo, la pérdida de millones de vidas humanas. En los años posteriores a la guerra, el rencor, la tristeza y la incertidumbre sobre el futuro eran las emociones compartidas por la mayoría de los habitantes del planeta.
La necesidad de actuar fue lo que llevó a los líderes de las grandes potencias mundiales, tanto las ganadoras como las perdedoras, a poner en marcha nuevas visiones de futuro, planes de acción e inversiones que devolvieran la ilusión y contribuyeran a caminar hacia un mundo mejor. Así, los Estados Unidos se centró en fortalecer su economía e industria local a la vez que lanzaba el European Recovery Program (ERP) conocido como Plan Marshall1, un ambicioso plan de inversiones por valor de 13.000 millones de dólares para reconstruir la economía europea en base al modelo capitalista. Por su parte, la Unión Soviética apostó por la economía comunista, modelo que expandió hacia sus países limítrofes, en especial los denominados Países del Este, como muro de contención ante los países occidentales.
Durante las décadas posteriores, las dos visiones económicas se expandieron por todo el planeta hasta la caída del Muro de Berlín2 en 1989, momento en el que la economía capitalista quedó como modelo predominante. La influencia del capitalismo ha sido tal que incluso países de base comunista, como China, se han abierto al comercio global como modo de crecimiento a través del denominado capitalismo de Estado3.
En la actualidad vivimos un momento similar al vivido tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque no hemos tenido la pérdida de vidas y las desgracias que una guerra mundial genera, las mismas emociones de aquella época, rencor, tristeza e incertidumbre sobre el futuro, están presentes en el día a día de las personas.
Tras la crisis financiera del 2008 no se tomaron medidas para regenerar la economía, por lo que ya antes de la pandemia del COVID 19 y la guerra de Ucrania periódicos de todo el mundo y revistas como The Economist4 hablaban de la siguiente gran recesión. La falta de reformas nos ha traído a una segunda década del siglo XXI en la que en los países desarrollados se asume que las nuevas generaciones vivirán peor que las anteriores. El cambio climático es algo comúnmente aceptado y también lo es la incapacidad de los países para afrontarlo. Muchos de los límites planetarios, metodología desarrollada en 2009 por el Stockholm Resilience Centre5, han sido superados, lo cual genera cambios irreversibles en muchos ecosistemas. Según el World Inequality Report 20226 las desigualdades siguen creciendo a nivel global. Además, la guerra de Ucrania nos ha devuelto a una especie de nueva guerra fría, vinculada a la economía y la energía, vivimos el auge de populismos y extremismos y la polarización y crispación crecientes hacen peligrar las democracias y muchos de los logros sociales alcanzados.
En medio de este mundo convulso, durante las últimas décadas hemos vivido el emerger de diferentes propuestas económicas que se postulan como alternativas al actual modelo. Frente a las visiones más neoliberales, seguidoras de la doctrina de Milton Friedman centrada en satisfacer a los accionistas mediante la maximización de los beneficios, surgen modelos que abogan por una economía que esté al servicio de las personas y el planeta, la denominada Nueva Economía definida en la Carta NESI7 en 2017.
Esa Nueva Economía resulta de la suma de las propuestas de diferentes modelos. Algunos con una componente más humana y centradas en el propósito social, como la Economía Social y Solidaria, el Comercio Justo, la Economía de los Cuidados, la Economía de Francisco, liderada por el propio papa Francisco, la Economía del Bien Común o las empresas B Corp. Otras propuestas están más orientadas a conservar el planeta, como la Economía Verde, la Economía Rosquilla o Donought Economics de Kate Raworth, la Economía Circular o la Economía Regenerativa, e incluso algunos modelos que buscan transformar la banca y las finanzas, como la Banca Ética y la Inversión de Impacto.
España es un país en el que las principales problemáticas globales son especialmente palpables. A nivel medioambiental, los efectos del cambio climático los percibimos a través del aumento de las temperaturas extremas y de episodios de lluvias torrenciales o sequías. Estos cambios en el clima ya están afectando directamente a la economía, como por ejemplo a la producción agrícola, en especial en el sur de la península a causa una creciente escasez de agua y el avance de la desertificación. En cuanto a las desigualdades sociales, según el informe FOESSA 2022, en España las desigualdades siguen creciendo y se intensifican en los casos de exclusión social más severas, pasando del 8,6% de la población, en su última medición en 2018, al 12,7% en 20228. Además, la polarización política e ideológica está creando un creciente estado de crispación que hace que escenarios de enfrentamiento social, hasta hace solo unos años impensables, ahora pueden visualizarse como escenarios posibles en un futuro cercano.
Ante esta compleja realidad, las propuestas de la Nueva Economía siguen avanzando en el ámbito empresarial, financiero y social. El crecimiento y la solidez de los ejemplos existentes en España hacen que nuestro país tenga la oportunidad de transformar su languideciente economía en base a las experiencias prácticas y las evidencias de éxito que las diferentes nuevas economías nos presentan.
A continuación, se presentan ejemplos reales de diferentes modelos de Nueva Economía presentes en España y el resto del mundo, y también ejemplos de experiencias que integran las mejores propuestas de diferentes modelos.
La Economía Social y Solidaria es un modelo ya consolidado en España, según CIRIEC9 engloba a 47.511 empresas y 37.183 entidades sin fines de lucro de acción social y fundaciones que emplean de forma directa a 1,35 millones de personas y suponen el 8,47% del PIB. Su carácter diferencial es el situar a la persona en el centro de la actividad empresarial, tanto a la hora de ser parte de la toma de decisiones – como en las cooperativas, dónde las personas trabajadoras son las propietarias de la empresa -, como a la de facilitar el acceso al mercado laboral a aquellas personas con más dificultades. De este modo, en España, en la economía social se incluyen formas jurídicas pioneras en la democratización de las organizaciones, como las cooperativas, las sociedades laborales y las asociaciones, figuras que trabajan por la inserción laboral de personas con discapacidad, como los centros especiales de empleo, y fórmulas sin ánimo de lucro como las fundaciones, en las que el interés social prevalece sobre el económico y donde todos los ingresos se reinvierten en su fin fundacional10. Además, la Economía Social está vinculada a la Economía de los Cuidados11, aquellas actividades que generan empleo a la vez que cuidan de personas.
En el año 2021, en España existían 23.584 cooperativas12 y entre ellas una de las mayores y más reconocidas a nivel internacional, Mondragón, que ese mismo año contaba con 80.821 cooperativistas13. Entre las organizaciones que trabajan por insertar en el mercado de trabajo a aquellas personas que lo tienen algo más difícil, destaca el Grupo Social ONCE14, también referente internacional por su labor de inclusión social de las personas ciegas y con otras discapacidades. Este grupo emplea a más de 71.000 personas, el 58% con discapacidad, a través de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad y el Grupo Ilunion.
También existen múltiples ejemplos de otras organizaciones de tamaño pequeño y mediano que, con formas jurídicas diversas, desarrollan una labor ingente en cuanto a inserción social. Por nombrar algunos ejemplos, la Fundación San Cebrián15 que trabaja con personas con discapacidad psíquica en la provincia de Palencia o el restaurante Universo Santi16 en Jerez de la Frontera que, a partir del legado culinario del prestigioso chef Santi Santamaría, emplea a personas con discapacidad demostrando que cualquier empresa de alto nivel puede llegar al éxito contando con estos colectivos.
Otro modelo que suele vincularse a la economía solidaria es el Comercio Justo17, cuya Coordinadora en España agrupa a 30 organizaciones, que funciona con el principio de que los productores primarios reciban un precio justo por sus productos.
El movimiento B Corp18 comenzó en los Estados Unidos en 2006 con el fin de crear una red de empresas que antepusieran su propósito social al ánimo de lucro y, además, lo reflejaran en sus estatutos. El movimiento se ha expandido por los cinco continentes como red de empresas B Corp y en Latinoamérica con el nombre Empresas B, dentro del movimiento Sistema B19. En España, el movimiento B Corp no deja de crecer contando, al inicio de 2023, con más de 200 empresas pertenecientes a diferentes sectores. Sector agroalimentario, como el Grupo CAPSAFOOD20 o la propia Danone21, hoteles como el grupo Artiem22 o SLEEPN Atocha23, empresas energéticas como Holaluz24 o de consultoría como Almanatura25, primera empresa B Corp en España, o Bikonsulting26, que además es también una cooperativa.
En su libro La Economía del Bien Común27 el austriaco Christian Felber propone un nuevo modelo económico en el que el fin último de cada actividad económica sea contribuir al bien común, sustituyendo este al crecimiento económico y a la maximización de los beneficios como principales objetivos. Además, propone medir dicha contribución al bien común mediante un Balance del Bien Común28, que complementa a los tradicionales balances económicos. Este modelo se ha extendido principalmente en Alemania y Austria teniendo presencia en casi todos los países europeos, incluyendo a España con empresas como Oceanográfica29 o Action Waterscapes30, y también en Latinoamérica.
Una nueva economía, inspirada en Francisco de Asís, hoy puede y debe ser una economía amiga de la tierra, una economía de paz. Se trata de transformar una economía que mata en una economía de la vida, en todas sus dimensiones. Con este mensaje, su Santidad el papa Francisco define este modelo que incluye tanto la variable social como la medioambiental, que el propio Papa ya incluyó como pilar central en su carta encíclica Laudato si‘31 en el año 2015.
El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) define Economía Verde32 como aquella economía que resulta en un mejor bienestar humano y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. Además, el concepto incluye el uso adecuado de los servicios ecosistémicos, tanto para la generación presente como para las generaciones futuras33.
En los últimos años se oye hablar cada vez más de la Economía Circular, como un paso más allá de la mera conservación propugnada por la Economía Verde. Frente a un modelo lineal extractivo y contaminante, la economía circular aprende de la naturaleza, en la que no existe el concepto de residuo ya que todo se reutiliza como entrada de otro proceso. La economía circular se aplica a todo tipo de ámbitos y ha generado innovadores modelos de negocio en diferentes sectores. A continuación, se presentan algunos ejemplos.
Con el propósito de eliminar el desperdicio alimentario y contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, Hambre Cero, la empresa de origen danés To Good To Go34 conecta a comercios y restaurantes que tienen productos que caducarán en un tiempo limitado con consumidores que consiguen esos productos a mejor precio a través de un pack sorpresa. De este modo, se elimina el desperdicio, se genera un ingreso extra para el vendedor y los consumidores consiguen un producto de calidad a precio reducido.
La empresa murciana Agrosingularity35, creada en 2019, es otro ejemplo de economía circular aplicada al sector alimentario. A partir de la merma de la producción de las industrias agroalimentarias, elaboran ingredientes en polvo que pasan a ser la entrada de otros procesos.
Cada vez más empresas aplican la economía circular en el sector de la moda, siendo uno de sus referentes Ecoalf36. Nacida con el propósito de eliminar los residuos de plástico de los mares, su fundador Javier Goyeneche desarrolló un modelo de negocio por el cual colabora con pescadores para limpiar los mares y, con los residuos de plástico y redes de pesca obtenidos, se elaboran prendas de alta calidad que incluyen desde chalecos y abrigos hasta zapatillas deportivas.
La economía circular no es nueva en el sector textil, negocios de reparación como los sastres, modistas o zapateros alargan la vida de las prendas y, de este modo, disminuyen los residuos. La venta de segunda mano, en textil, pero también de cualquier otro producto como muebles, decoración o juguetes, por fin está despegando en nuestro país gracias a iniciativas como Wallapop37, que permite, a través de una plataforma digital, la venta directa entre personas o Cash Converters38, que compra los productos a las personas para, tras repararlos y/o someterlos a un control de calidad, venderlos a otras personas que los necesitan a un precio mucho más asequible que un producto nuevo.
La economista británica Kate Raworth ha desarrollado el modelo Economía Rosquilla (Donought Economics39) que está siendo aplicado por ciudades como Amsterdam y también por diferentes compañías en todo el mundo. El modelo se plasma gráficamente en una rosquilla, en la que el círculo interior representa las necesidades básicas que los humanos necesitamos para desarrollarnos y el círculo exterior los límites planetarios que no deben ser superados por la actividad económica. De este modo, en el centro de la rosquilla queda el espacio para una economía sostenible, distributiva y regenerativa.
El sector financiero ha sido el causante de muchos de los males de la economía y, a consecuencia de ello, de las crisis vividas en los últimos tiempos. A pesar de ello, desde hace décadas existen propuestas de banca y finanzas que se enmarcan dentro de la Nueva Economía. La Alianza Global de Banca con Valores40 agrupa a más de setenta entidades en los cinco continentes que comparten una manera de hacer banca en la que las personas y la conservación del planeta son lo más importante. En España operan dos entidades de esta alianza, Triodos Bank41, referente en el sector a nivel internacional, y Fiare Banca Ética42 que funciona como entidad cooperativa.
La denominada inversión de impacto es aquella que busca un triple retorno social, ambiental y económico. Más allá de las tradicionales finanzas sostenibles, que en general solo buscan evitar los impactos negativos, la inversión de impacto se mide por indicadores de resultados en los que las componentes social y ambiental son tan importantes como la económica. A nivel global, los inversores de impacto se agrupan en el Global Steering Group for Impact Investment43 (GSG), siendo SpainNAB44 su representante en España con entidades innovadoras como Open Value Foundation45, Gawa Capital46 o La Bolsa Social47.
La economía regenerativa parte de la idea de que necesitamos no solo conservar el planeta sino regenerar – regresar al origen o génesis – ecosistemas naturales y también la forma en la que los humanos nos relacionamos. Se puede aplicar como agricultura y ganadería regenerativa, a actividades turísticas- en las que el turista contribuye a regenerar un ecosistema – y a otros muchos sectores. Por ejemplo, la empresa argentina Guayaki48 tiene como propósito regenerar la Amazonía y, para alcanzarlo, produce yerba mate apoyando a comunidades locales que regeneran zonas deforestadas. Este modelo recoge lo mejor de todos los anteriores y, probablemente, será uno de los que más relevancia tome en las próximas décadas.
Ya se han visto algunos ejemplos que integran más de un modelo de Nueva Economía, lo que hace que la iniciativa empresarial sea más innovadora y consiga un mayor impacto positivo. Algunos ejemplos españoles relevantes son La Fagueda, Trabensol y Moda-Re. La Fagueda49 es una empresa social que nace con el propósito de integrar a personas con discapacidad y, para ello, elabora productos lácteos aplicando economía circular y produciendo su propia energía a través de energías renovables. Trabensol50 es uno de los referentes en cohousing senior y, además, tiene sus propios huertos urbanos y también disponen de energías renovables. Por su parte, Moda re-51, empresa de reciclaje de ropa de segunda mano impulsada desde Cáritas52, cumple la doble función de generar empleo para personas que tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral a la vez que aplica la economía circular en su modelo de negocio.
Vivimos un momento único para reorientar el rumbo de la economía y de la historia, mejorando la vida de millones de personas a la vez que respetamos los límites planetarios. La alternativa, seguir haciendo lo mismo, nos llevaría a escenarios distópicos.
Hemos visto cómo España posee una situación privilegiada al tener múltiples ejemplos reales de las diversas nuevas economías sobre los que construir una transición hacia una economía más humana y consciente. Tenemos todo lo necesario para ponernos manos a la obra, desde la necesidad y urgencia por transformar nuestra economía para evitar más polarización, pobreza y ruptura social, hasta la oportunidad de poner en valor nuestro talento, la diversidad y riqueza de nuestro país y la creatividad y capacidad innovadora de las personas emprendedoras. Además, el Pacto Verde Europeo53 nos marca una hoja de ruta a seguir junto con nuestros aliados europeos.
Entonces, ¿cómo acelerar esta transición? Cada vez más personas, a través de su rol como consumidoras conscientes, ya están haciendo su parte, y también cada vez más empresas están aplicando una o varias de las propuestas de la Nueva Economía. Sin embargo, falta un tercer agente que activar, la parte política. En primer lugar, es necesario que los partidos políticos abandonen sus antiguos y obsoletos paradigmas económicos y entiendan que es necesario hacer cambios y que esos cambios ya son una realidad a través de las propuestas de la Nueva Economía. Segundo, los gobernantes, los agentes sociales y los agentes económicos deben colaborar en la puesta en marcha de políticas públicas que penalicen a las empresas que generan impactos negativos y, sobre todo, que premien a aquellas que, con su labor, además de generar riqueza económica, generan bienestar social y beneficios medioambientales. Esto puede hacerse a través de la compra pública, que en España representa cerca del 20% del PIB54, con programas de innovación social, con la transformación de nuestras ciudades y pueblos con modelos más sociales, ecológicos y vertebradores como el de Ciudad de los 15 minutos y Territorios de los 45 minutos y, por supuesto, dirigiendo las inversiones públicas hacia aquellas organizaciones que son el motor de la creación de esa Nueva Economía más humana y consciente.
Por último, es necesario situar en el centro del debate público la necesidad de transformar nuestra economía y construir una visión país conjunta que nos ayude a eliminar polarizaciones y a trabajar por un proyecto común. El proyecto de construir una Nueva Economía con visión de medio y largo plazo pero que funcione también en el corto plazo. Una Nueva Economía en la que las personas y el planeta están en el centro del modelo.
Sara Arribas Leal, socióloga. Investigadora
Rocío Herrero Sanz, socióloga. Investigadora
Catalina Martínez Miguélez, socióloga. Investigadora.
Paola Miranda Medina, socióloga. Investigadora.
Alicia Gómez-Chacón Áviles, socióloga. Investigadora.
Puedes encontrar a Sara en Twitter y a Rocío en Instagram.
Las tasas de suicidio juvenil han alcanzado unas cifras alarmantes en los años de pandemia. A través de 20 entrevistas a jóvenes conocemos su experiencia con la ideación e intento de suicidio. Se exploran los factores causantes, los correctores, las diferencias de género, la influencia de la pandemia, las fallas estructurales y la relevancia de la familia.
El incremento de las tasas de suicidio en estos años de pandemia ha generado una gran preocupación social que hemos visto reflejada en los medios de comunicación, la pandemia silenciosa es como muchos diarios han calificado este fenómeno.
Se ha puesto especial atención en los jóvenes y no es para menos: según datos de 2020 del Instituto Nacional de Estadística, cerca de la mitad del total de muertes entre los jóvenes de 15 a 29 años es debido a causas externas (accidentes, caídas, agresiones, suicidios, homicidios), siendo el suicidio la que se posiciona en el primer lugar (34,2%). Esto significa que el suicidio es la segunda causa de muerte general (16,6%) para este grupo de edad, después de las muertes por tumores (18,2%), lo que evidencia la magnitud del problema.
Además, se observa una gran diferencia entre las tasas de suicidio de hombres y mujeres en la población general siendo las tasas masculinas más elevadas, tendencia que se mantiene en el grupo de edad de entre 15 y 29 años. Según los mismos datos del INE de 2020, se registraron en este rango de edad 227 suicidios de hombres frente a 73 de mujeres, lo que quiere decir que entre la población de 15 a 29 años el 75,6% de los suicidios son realizados por hombres. Sin duda, estos datos resultan alarmantes y se debe abordar el tema desde una perspectiva social, pues cuando las cifras son tan elevadas resulta evidente que no estamos ante un problema individual sino colectivo.
Los objetivos de la presente investigación son localizar los factores sociales que inciden en los jóvenes y llevan al acto del suicidio, y determinar en qué medida la pandemia ha afectado al suicidio juvenil, para corroborar o desmentir que sea la principal causa del aumento de estas tasas.
Para realizar la investigación de la que aquí se exponen algunas conclusiones, se ha optado por una metodología cualitativa llevada a cabo a través de entrevistas en profundidad. Se han realizado un total de 20 entrevistas a jóvenes residentes en Madrid entre los 17 y 29 años, de los cuales 11 han sido mujeres.
A través de Instagram y Twitter todas las autoras publicaron un anuncio llamando a participar en esta investigación a personas que hubiesen experimentado el intento de suicidio o ideación suicida, y a compartir dicho anuncio entre sus redes. En pocas horas contábamos con más de 30 personas dispuestas a colaborar. Tras controlar nuestras variables de edad y residencia, seleccionamos y obtuvimos la muestra final.
Tras haber realizado las entrevistas, se ha elaborado un listado de los factores que han influido en la ideación suicida de los jóvenes, observando aquellos que la mayoría tenían en común, y posteriormente se han clasificado según su naturaleza.
Los principales factores sociales causantes de la ideación suicida se pueden clasificar en cuatro dimensiones: factores interpersonales, factores experienciales traumáticos, factores cognitivos y factores psicológicos.
Los conflictos interpersonales hacen referencia a familias con una dinámica disfuncional y conflictiva, familias desestructuradas, relaciones afectivas y sociales tóxicas, acoso y bullying, carencia de inteligencia social[1] (esto sólo se ha observado en hombres), y, en ocasiones, estar en una situación de aislamiento social en la que el individuo carece de contactos sociales y consiguientemente tendrá pocas personas con las que relacionarse o, por el contrario, puede encontrarse acompañado y sentir soledad.
Los factores experienciales traumáticos son aquellos que implican haber vivido eventos traumáticos. Engloban toda vivencia referida a haber sufrido agresiones sexuales, violencia de género, enfermedades, muertes de familiares cercanos, o tener en el entorno personas con enfermedades mentales.
En los factores cognitivos se enmarcan las expectativas negativas sobre el futuro, motivación autodestructiva, baja autoestima, excesiva autoexigencia y presión social hacia el éxito. En general, es una percepción de la realidad desesperanzadora y que conlleva una relación insana con uno mismo, con tal nivel de exigencia que su propia salud y bienestar se ven gravemente perjudicados.
Por último, los factores psicológicos se refieren a padecer enfermedades mentales, sufrir trastornos de ansiedad y/o depresión. Estas enfermedades han sido diagnosticadas en todos los sujetos que en algún momento han acudido a un profesional médico. A estos factores les acompaña el experimentar un profundo y constante sentimiento de soledad, característico de este tipo de enfermedades mentales.
Todos los entrevistados presentan un conjunto de estos factores, cada joven reúne un conjunto diferente. En algunas ocasiones, los entrevistados no han experimentado un evento traumático, pero los otros tres tipos de factores son constantes en todos los sujetos.
[1] Es una habilidad humana, que permite comprender, entender y percibir los pensamientos y acciones de otras personas. Esta se puede aplicar en diferentes contextos de la vida, gestionando de manera positiva los estímulos y relacionándose con los demás. (Ramírez Molina et al., 2021).
Asimismo, existen correctores sociales que actúan como freno a la ideación suicida, es decir, evitan que se lleve a cabo el acto del suicidio.
Se preguntó a los jóvenes qué les frenaba a cometer este acto en los momentos más críticos y de nuevo se procedió a hacer una clasificación de las respuestas.
Cabe destacar que estos correctores son distintos según los factores determinantes en el caso de cada individuo. Esto significa que los factores que influyen en la decisión de no realizar el acto suicida (correctores) dependen de aquellos que la provocan (causantes), por lo que un corrector puede ser un incentivo en otro caso distinto.
Tal es el caso de la familia. La familia es un elemento central y posee una doble vertiente.
Si bien puede ejercer como causante en determinadas situaciones, cuando la circunstancia que provoca el intento suicida es externa a ella, el núcleo familiar actúa entonces como un potente elemento corrector. El sufrimiento que su muerte causaría en padres, hermanos/as, abuelos/as y demás familiares es lo que evita que estos jóvenes cometan el suicidio.
Siempre ha sido por la familia. A mí la frase Mr. Wonderful que dice ‘lo importante no es el destino, es el camino’ pues bien, pero déjame en paz. Esas mierdas no van a hacer que no hagas cosas. La gente que se suicida es porque pierde completamente a lo que aferrarse, aunque esté ahí dejan de verlo
La esperanza por el futuro es otro aspecto que ejerce presión para frenar la ideación suicida. La posibilidad de que su situación mejore, de que aquellos aspectos que les producen tanto sufrimiento y desesperación se transformen o puedan escapar de ellos; la idea de un futuro esperanzador al que no quieren renunciar. Cualquier ápice de esperanza e ilusión por lo que pueda ser en un futuro resulta un elemento clave en la disuasión del intento suicida.
¿Y si pasa algo bueno? Esa curiosidad por saber que va a pasar, es lo que me frena. Es un pulso constante con la vida.
La idea de poder tener la vida que yo quiero en algún momento, esa pizquita de luz que me hacía decir quiero intentarlo.
Otro corrector central son las terceras personas del entorno del individuo, similar al factor corrector de la familia, pero referido a amigos o parejas. En estas personas encuentran redes de apoyo. Todos ellos son elementos que ejercen una función positiva y ayudan a disminuir la ideación suicida.
La soledad es un sentimiento constante que experimentan las personas con ideación suicida, de manera que sentirse acompañadas y aceptadas por cualquier tipo de relación puede marcar una enorme diferencia.
Hice una promesa con mi novia de que ninguno podía llegar a suicidarse. Esta promesa de que ninguno se autolesione es lo que hace que me mantenga limpio.
Yo ya lo venía pensando, pero un día me desperté y el pensamiento no paraba y me metí al baño con la intención, pero mi compañero de piso me ayudó mucho y finalmente no lo intenté.
Por último, el miedo al dolor físico y a las posibles secuelas del intento de suicidio si este fracasara.
El miedo al acto en sí, a la decisión tan rotunda que supone elegir si uno vive o deja de hacerlo. Además de a los riesgos físicos que entraña el acto del suicidio, pues si este fallara la persona puede tener graves consecuencias, como lesiones físicas y cerebrales que pueden resultar en daños irreversibles.
El miedo a estos riesgos actúa también como freno a la ideación suicida.
No lo llevaba a cabo por si sobrevivía y me quedaba con daños en vez de muerto. Tenía pensamientos intrusivos para hacerme daño, pero no los llevaba a cabo por si no lograba conseguirlo.
Creo que es porque me da miedo. Pasaría a un nivel muy diferente, de tomar decisiones cotidianas paso a decidir si estoy viva o no.
Se ha podido observar cierta diferencia entre los factores causantes más determinantes según el género.
En las mujeres se ha visto más reiterada la autoexigencia por alcanzar el éxito y la perfección. Una gran presión derivada de las expectativas sociales puestas sobre ellas, según las cuales deben ser excelentes en todos los aspectos de sus vidas: familiar, social, académico, laboral, físico-estético, intelectual… incluso los hobbies, como un deporte, se pueden convertir en un elemento estresante al sentirse obligadas a ser brillantes en él, aun cuando el objetivo de realizar esa actividad sea el mero entretenimiento.
La presión social a la que están sometidos los individuos, y especialmente las mujeres, se interioriza como autoexigencia. Esta presión social nos insta a adaptarnos a un modelo centrado en el éxito y la productividad, el cual resulta perjudicial para los individuos y conlleva consecuencias psicológicas negativas cuando no se consigue adaptarse a él u obtener los resultados esperados. En las mujeres, la autoexigencia por cumplir con las expectativas sociales es mayor y el peso psicológico que esto supone puede convertirse en detonante de la ideación suicida.
En los hombres, por otro lado, se alude más a problemáticas relacionadas con la baja integración social, aislamiento y sensaciones de no ser necesarios en su entorno social.
Los hombres se identifican en una de estas tres categorías ya que, de antemano, se han visto involucrados en acontecimientos como lo son el bullying, el carecer de apoyo familiar, el sufrir soledad o el tener dificultad para mantener relaciones sociales. Todos estos acontecimientos dificultan las formas de relación e interacción social en estos individuos, una baja sociabilidad que conlleva aislamiento y sentirse innecesarios. Esta situación es la que impulsa, en la gran mayoría de hombres, a tener ideaciones suicidas.
Los entrevistados, por otro lado, hacen importante alusión a las carencias existentes en nuestra sociedad, principalmente en las instituciones sanitarias y educativas.
Algunos entrevistados aluden a que no todos disponen de los suficientes recursos económicos como para poder hacer uso de los servicios que la sanidad privada proporciona. Así, en relación con la sanidad pública afirman que los recursos disponibles no cubren la demanda y que la especialidad psiquiátrica termina siendo la más recurrente, proporcionando ésta consecuencias como la dependencia a medicamentos, en vez de proporcionar una buena atención desde la especialidad de la psicología.
Del mismo modo, los centros educativos se evidencian con ineficiencia en sus protocolos de prevención, detección e intervención en problemas que afectan a la salud mental. También se señala el desconocimiento ante la gravedad del problema al no disponer de profesionales cualificados o que, cuando se dispone de estos profesionales, no realizan un seguimiento adecuado, según la percepción de nuestros entrevistados. Estos consideran que cuando han solicitado ayuda se ha infravalorado la gravedad de su situación y no se les ha proporcionado la atención que necesitaban.
La familia es un elemento central y transversal a toda la investigación. La totalidad de las personas entrevistadas identifican que su familia ha jugado un papel influyente en su experiencia con la ideación o intento suicida.
Por ello, para el posterior análisis se han clasificado los factores causantes en dos: por un lado, las relaciones familiares; y, por otro lado, el resto de factores sociales mencionados anteriormente, refiriéndonos a ellos como factores externos (siendo estos los factores psicológicos, cognitivos, experienciales traumáticos, y los conflictos interpersonales excluyendo la familia).
De esta forma, se puede observar la gran diferencia entre los casos de ideación suicida cuando los factores causantes principales son externos o familiares.
Se observa que, si el principal factor que afecta a los individuos son las relaciones familiares, los afectados son más vulnerables frente a la ideación suicida al no contar con una red de seguridad primaria.
Si, por el contrario, el principal factor que les afecta es externo, la gestión que hace la familia de la situación resulta decisiva: cuando es adecuada (intervención, apoyo, gestión emocional…) la familia reduce el efecto negativo externo actuando como red de seguridad salvavidas; por el contrario, cuando la gestión familiar es inadecuada (infravalorar, ignorar, invalidar emociones) los afectados tienen mayor vulnerabilidad y riesgo de llegar al intento de suicidio.
Por otro lado, no existe una tendencia uniforme entre las personas entrevistadas en nuestro trabajo de campo realizado del 12 de noviembre al 23 de noviembre de 2021, para identificar la pandemia como un elemento clave y central a la hora de llevar a cabo el acto del suicidio. Si bien algunos afirman que la pandemia ha sido determinante en sus ideas de suicidio, para otros es un elemento que no les ha influido. Así pues, y desde una perspectiva cualitativa como la desarrollada en este estudio, no podemos afirmar que la pandemia sea el único motivo que esté detrás del incremento de suicidios entre la juventud.
Entre los jóvenes que sí sienten una repercusión de la pandemia en su ideación suicida, observamos que según los factores más determinantes (siguiendo la anterior clasificación de factores externos o relaciones familiares negativas) la influencia es diferente para el sujeto y la síntesis de dicha diferencia viene dada por el espacio que tienen que habitar:
Para los afectados cuyo factor principal es externo, su espacio seguro está en el hogar por lo que el confinamiento les permitió alejarse de los espacios y relaciones perjudiciales, lo cual resultó muy beneficioso para su salud mental. Como expresan algunos de ellos:
Osea a mí la pandemia, pónganme tres. Que me confinen otra vez por favor. Yo pandemias las que quieras.
Para mi realmente el confinamiento fue una bendición, fue un regalo del cielo.
Sin embargo, el desconfinamiento y regreso a espacios que les resultaban inseguros repercutió en ellos de manera negativa:
Volver a hacer vida normal fue incluso peor que antes.
En el confinamiento, me encerré en mi habitación, aprendí a quererme, el problema fue el shock que vino después. Me dio mucha ansiedad social y acabé con una fuerte depresión.
Para los afectados cuyo factor principal es la familia, su espacio seguro se encuentra fuera del hogar, de manera que al tener que compartir espacios comunes constantemente con la familia cuya relación con esta es disfuncional o conflictiva, el confinamiento agravó su situación.
Para mí la pandemia fue clave, la convivencia en mi casa no se podía soportar y me creó muchísimo estrés y toda la ansiedad aumentó.
Tantos meses de cuarentena casi me matan, me daba ansiedad convivir con mi familia.
A diferencia de los anteriores, el periodo de desconfinamiento les permitió alejarse de estas relaciones conflictivas, por lo que la salida para estos fue positiva.
Gracias al desconfinamiento pude acudir a centros donde conocí́ a gente que había pasado por situaciones como yo.
Tanto en la sociedad como en el modo de vida actual existe una fuerte presión social, un patrón a seguir, que afecta directamente a los más jóvenes cuando el modelo del individuo no se corresponde con el esperado. Este desajuste entre expectativa y realidad les hace más proclives a la tenencia de ideaciones suicidas.
Para poder corregir la exclusión que experimentan estas personas es necesario visibilizar esta problemática y hablar abiertamente sobre salud mental. La estigmatización del suicidio y de todo problema de salud mental resulta fatal para las personas que viven con estos pensamientos pues intensifica la sensación de aislamiento y soledad. La empatía es clave para la gestión de estos casos y el apoyo por parte del entorno resulta crucial para que la persona salga adelante.
Previamente, en el ámbito de la prevención, es preciso señalar la importancia de la socialización primaria en los individuos, es decir, la estructura familiar, ya que cuando esta presenta fisuras, se desencadena falta de integración y comprensión en la persona.
Del mismo modo, los entrevistados han expresado que los grupos de apoyo tienen un impacto muy positivo al tratarse de espacios seguros con grupos de iguales en los que se crean redes de apoyo. Asimismo, el teléfono de la esperanza ha resultado de gran ayuda en algunos casos.
Escuchar y hablar de salud mental sin tabúes, del suicidio y especialmente de los motivos que lo causan, es la mejor manera de acompañar a los jóvenes que están experimentando estos pensamientos, según han expresado ellos mismos.
Solamente necesito que estén ahí y me pregunten qué tal estoy
Bibliografía
Ramírez Molina, R.I., Villalobos Antúnez, J.V., Lay Raby, N.D., Del Valle Marcano, M. Inteligencia social y liderazgo resonante. Editorial Corporación CIMTED, 2021.
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