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Ciencia social

Conceptos, ideas y aportes desde las ciencias.

Ciencia social

Las Huellas Sociales de la Pandemia

Margarita León Borja

Investigadora Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) y profesora de Ciencia Política en la Universitat Autònoma Barcelona

 

Esta crisis nos deja al tiempo un paisaje desolado y otro que alberga cierta esperanza. Una profunda crisis social y una oportunidad de rechazar las lógicas endiabladas y absurdas del capitalismo financiero global.

 

Cuando la marea baja, el Mar de Wadden deja al descubierto unas marismas extensas que permite a los caminantes pasear sobre el barro en el que los pies se hunden. ‘Alpinismo horizontal’ parece que lo llaman porque atravesar el lodazal antes de que regresen las aguas comporta un elevado riesgo. Si no logras alcanzar alguna de las islas a tiempo, el mar te arrastra en su viaje de vuelta. Se trata de una infraestructura frágil para recorrer un paisaje a un tiempo hermoso y vulnerable.

Las huellas sociales que nos dejará esta escarpada crisis serán profundas porque transitan por los surcos de la anterior. A su vez, sin embargo, si lográramos entender bien las coordenadas de la travesía, la Covid-19 nos otorga la posibilidad de reestablecer equilibrios quebrados hace tiempo.

España salió oficialmente de la crisis financiera hace sólo cinco años. En esta media década hemos lentamente recuperado niveles productivos anteriores a la Gran Recesión, pero el tejido social quedó repleto de fisuras. Multitud de indicadores sociales reflejan la consolidación de una sociedad cada vez más desigual y polarizada, en el que las experiencias vitales de unos y otros se alejan, donde el Estado de Bienestar, si bien amortigua los efectos de la desventaja social, no parece estar especialmente dotado para revertirla.

En nuestro país la crisis del 2008 dejó al descubierto elevados índices de desigualdad fundamentalmente por la pérdida de ingresos de los hogares situados en la parte inferior de la distribución. La misma pauta la encontramos en el resto de los países del Sur de Europa. Entre los años 2008 y 2013, la pérdida de ingresos de la decila más baja fue del 51% en Grecia, 34% en España, 28% en Italia y 24% en Portugal[1]. El aumento de la desigualdad por el deterioro de las condiciones de vida de los hogares con menos ingresos implica a su vez un mayor riesgo de pobreza para esos hogares a no ser que actúe el Estado de Bienestar. Mientras que en la UE-10 el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social no varió de manera sustancial antes y después de la crisis, en los países mediterráneos, especialmente España y Grecia, el efecto fue significativo. En nuestro país, en el transcurso de casi una década, el riesgo de pobreza aumentó en un 13,4%. Pero además, para cualquier diagnóstico sobre la vulnerabilidad resulta imprescindible analizar posibles cambios en las características de las personas en situación de pobreza. Según diversas microsimulaciones, las personas pobres desde la perspectiva de los ingresos, durante los años de la crisis económica experimentaron pérdidas de ingresos mucho más severas que aquellos que se encontraban en esa misma posición con anterioridad. Es decir, las capas más desfavorecidas de la sociedad presentan, a partir de la crisis anterior, una vulnerabilidad mayor. El perfil de las personas pobres también cambió sensiblemente tras la Gran Recesión. La pobreza infantil relativa (la ratio de hogares con personas menores de 18 años que caen por debajo de la línea de pobreza, medido como la mitad de los ingresos medios del total de hogares) en España tenía en el 2015 el peor registro de toda la Unión Europea.

Los recortes en políticas sociales y la lógica de la austeridad como respuesta a la crisis dificultó enormemente la salida de la crisis. El fuerte aumento de demanda social en España (en los peores momentos, el desempleo alcanzó el 26% de la población activa) no fueron suficientemente amortiguados con políticas redistributivas que compensaran la pérdida de ingresos de sectores importantes de la población. El comportamiento del gasto durante la crisis económica consiguió proteger a algunos colectivos, pero no alcanzó a muchos otros. Las drásticas reducciones presupuestarias de los últimos tres años de recesión económica y un cierto mantenimiento del gasto en el resto de países comunitarios hicieron que la distancia con la media de los países de la Unión Europea comenzara a aumentar recuperando los niveles de partida del año 2000. En la práctica totalidad de los presupuestos sociales, los recortes nos devolvieron a niveles de una década atrás lo que supuso una importante ruptura con la pauta de convergencia europea que llevábamos observando desde principios del 2000.

En conclusión, las políticas de austeridad unidas al extraordinario repunte del desempleo, hizo regresar a nuestro estado de bienestar a un diseño clásico, en el que preservar pensiones y protección por desempleo exigió sacrificar prácticamente todo lo demás, especialmente los ámbitos de política más marginales desde el punto de vista presupuestario como vivienda, familia o exclusión social, pero también aquéllos más universalistas como educación y sanidad. La anterior crisis nos dejó una capacidad ciertamente mermada para hacer frente a los nuevos riesgos sociales con una palpable debilidad institucional en sectores claves de nuestro Estado de bienestar. Prácticamente una década de austeridad nos dejó un paisaje con fracturas más profundas, donde la fragmentación es a su vez, cada vez más compleja. Ha crecido la distancia entre los ricos y los pobres porque estos últimos están en términos relativos peor de lo que estaban en los años anteriores a la crisis. En nuestro país, el aumento de la pobreza es un reflejo de esta desigualdad y de la escasa capacidad de nuestro Estado de bienestar de compensar o atenuar estas distancias. Unas diferencias que se convierten para algunos en cadenas incluso antes de nacer. Las desventajas tienen un efecto multiplicador con importantes ramificaciones.

La crisis del Covid-19 llega en un momento en el que la estructura social estaba iniciando una cierta, aunque lenta recuperación. Indudablemente la capacidad de aguante del tejido social está enormemente condicionada por las debilidades estructurales que hacen complicado las travesías por las distintas coyunturas. La recuperación de la actividad económica y del empleo se ha realizado con fuertes dosis de precariedad laboral en un mercado de trabajo fuertemente segmentado y con todavía un importante espacio para la economía informal. Del primer informe de Cáritas sobre el impacto de la COVID-19 en las familias acompañadas por la organización (un total de 600 entrevistas realizadas entre el 4 y el 11 de mayo del 2020) se desprende la magnitud de la fragilidad de los hogares para hacer frente a esta nueva crisis. Las emergencias son de todo tipo. La encuesta advierte de la existencia de una emergencia habitacional entre las personas en situación de grave exclusión. Un 66% de los hogares que atiende Cáritas vive en régimen de alquiler, de ellos en el mes de mayo alrededor de la mitad afirmaba no disponer de dinero suficiente para pagar gastos de suministros o directamente gastos de la vivienda. 3 de cada 10 personas en exclusión grave carece de cualquier tipo de ingresos y únicamente 1 de cada 4 en ese grupo puede sostenerse del empleo. La limitación de movimientos y el trabajo telemático ha afectado especialmente a todos aquellos sectores que concentran a trabajadores y trabajadoras precarios/as. La pérdida de empleo en sectores como el turismo, la restauración o el transporte ha sido mucho mayor que en sectores con mayor volumen de trabajo cualificado y menos dependiente de la presencialidad.

Además, como característica específica de esta crisis, el confinamiento ha generado riesgos múltiples entre la población más vulnerable. El cierre de las escuelas y la no consideración de la educación como actividad esencial llevó a un elevado número de los hogares atendidos por Cáritas a tener dificultades relacionadas con el cuidado de menores, lo que les obligó o bien a renunciar a un puesto de trabajo (el 18%), a prestar menos atención a sus hijos (12%) o incluso a tener que dejarlos solos durante al menos dos horas diarias (6%).

El impacto del confinamiento ha estado tan desigualmente repartido que el último informe de la Fundación FOESSA, Distancia Social y Derecho al Cuidado, habla del riesgo del confinamiento con tres grandes categorías: el confinamiento seguro, el confinamiento de riesgo y el desarraigo[2]. Durante semanas, el encierro indiscriminado de la población ocultó las realidades dramáticas de miles de personas ya fuera porque las condiciones de habitabilidad no permitían un confinamiento digno, por la pérdida súbita de ingresos, o por el deterioro de las condiciones de salud. Con el tiempo emergerá una realidad social que debía haber estado presente en todas las formulaciones del Estado de Alarma. En el año 2019 el VIII Informe FOESSA ya advirtió de que la salud había empezado a convertirse en el determinante más influyente en los procesos de exclusión grave en algunas partes de nuestro país. La encuesta realizada ahora por Cáritas revela que el 60% de los hogares en exclusión grave ha visto cómo empeoraba su estado psico-emocional durante el confinamiento, mientras que el 26% consideran que ha empeorado su estado físico. Así, aunque hemos escuchado muchas veces decir que el coronavirus afecta a todos por igual, sabemos que no es cierto. La edad y las patologías previas se cruzan con otras fragilidades. Es evidente que no estamos todos igualmente expuestos ni al contagio ni a las consecuencias de confinamientos imposibles. Los fuertes determinantes sociales de la salud y la capacidad de resistencia a la enfermedad y el aislamiento nos dejarán nuevas muestras de la relación entre riqueza y salud, entre precariedad y sobre-exposición al riesgo.

Sin embargo, contrariamente a lo que sucedió en la crisis anterior, los estados de bienestar han cobrado protagonismo en la lucha contra la COVID-19. En prácticamente todos los países ha habido una cierta causa común con quienes más han sufrido. En nuestro país el Estado de Alarma impuso un confinamiento prolongado y estricto que fue eficaz para luchar contra la curva de la COVID-19, pero devastador en términos sociales y económicos. Distintas fuentes nacionales e internacionales predicen para España una de las recesiones más severas en la UE con un impacto muy negativo sobre el empleo y las finanzas públicas. FUNCAS prevé un escenario de contracción del PIB en torno al 8,4% en el 2020, con el déficit público y la deuda alrededor del 10% y el 114% del PIB respectivamente. En este escenario la expectativa es que España no pueda volver a niveles pre-Covid hasta el año 2023.

A pesar del escenario económico, las medidas fiscales en España para responder a la pandemia ascendían a finales del 28 de mayo a 12,4 % del PIB, la mayor parte de este esfuerzo fiscal se concentró en medias de liquidez para empresas e individuos que tuvieron que paralizar su actividad o perdieron el empleo. Más de la mitad del gasto en estímulo fiscal (€17,8 billones, 1,5% PIB 2019) se dirigió a la financiación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Hacia finales del mes de abril, más de tres millones de trabajadores/as se habían beneficiado de los subsidios de desempleo gracias a los programas de ajuste temporal de empleo. Al contrario de lo que sucedió en la crisis económica anterior, la flexibilidad interna introducida por los ERTES y la prohibición de despidos mientras durase el Estado de Alarma contuvo enormemente el aumento del desempleo.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido la otra gran medida social introducida destinada a proteger la pérdida de ingresos de los grupos más vulnerables. Con la expectativa de llegar a 850.000 hogares, el IMV supone un logro histórico sin precedentes. Todavía quedan muchas incógnitas por resolver (su encaje con los programas de renta garantizada autonómicas y la posibilidad de mantenerlo en el tiempo) pero de momento podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que la crisis ha funcionado en esta ocasión como ventana de oportunidad para introducir una medida (sin votos en contra en el Congreso de los Diputados) que llevaba en la agenda durante mucho tiempo, pero para la que era difícil encontrar el impulso suficiente.

Pero nuestro Estado de bienestar también ha mostrado durante la COVID-19 su lado más oscuro. Pese a los esfuerzos partisanos por vincular la elevada mortalidad en las residencias de mayores a una negligente gestión política, análisis de más recorrido señalarán hacia la debilidad estructural de estas instituciones, la abusiva precariedad de las trabajadoras en el sector, la desinversión pública a lo largo de las últimas dos décadas y el escaso valor social que otorgamos a la esencial tarea de cuidar y cuidarnos, como piezas clave en la reconstrucción de esta trágica historia.

A Modo de Conclusión

Conseguiremos una detallada cartografía de las huellas sociales de la crisis con algo de tiempo, perspectiva y buenos datos. Recorrida la emergencia, deberíamos otear el horizonte y consensuar una hoja de ruta. Sin embargo, nos enfrentamos a lo que posiblemente será la mayor crisis en la historia de la democracia reciente de nuestro país con un complejo escenario político. Imaginar un proyecto de reconstrucción común se intuye difícil cuando predomina y persiste el enfrentamiento, y del todo inviable mientras duró la excepcionalidad democrática de gobernar a golpe de decreto.

Escucharemos promesas de lecciones aprendidas, porque lecciones hemos recibido muchas, pero podrían hundirse en el lodazal. Confiamos en que Europa nos tienda una mano cuando el paisaje europeo tiene su propia mutante volatilidad. Con unas expectativas de desempleo por encima del 20%, una deuda pública disparada y una de las presiones fiscales más bajas de toda la UE, sostener en nuestro país un escudo social que representa casi el 20% del Producto Interior Bruto requerirá de fuertes ajustes. Los enormes conflictos distributivos de muy diversa índole que explotan con virulencia en la arena política desde hace algunos años harán difícil la, por otra parte ineludible, discusión de cómo hacer las sumas y restas.

Pero la fragilidad admite también cambio y esperanza. La recompensa por horas de travesía sobre el barro de Wadden es una diversidad biológica inusual. Esta crisis nos deja al tiempo un paisaje desolado y otro que alberga cierta esperanza. Como si quisiera darnos una última oportunidad. La oportunidad de tratar con dignidad a todas aquéllas profesiones esenciales que sostienen la vida, la oportunidad de tejer hábitats sostenibles y próximos, de recuperar el valor de lo público y la celebración colectiva, de respetar y procurar el derecho a la educación y a la salud como parte de nuestros derechos fundamentales, de rechazar las lógicas endiabladas y absurdas del capitalismo financiero global. Las crisis en algunas únicas ocasiones se convierten en palancas de cambio hacia una sociedad mejor, ojalá seamos capaces de leer bien las coordenadas de este nuevo mapa.

[1] Pérez, S. y Matsaganis, M. (2017): The Political Economy of Austerity in Southern Europe New Political Economy, 23(2): 192-207.

[2] Izquierdo, A (2020): Sociología del confinamiento: https://documentacionsocial.es/5/con-voz-propia/sociologia-del-confinamiento.

Ciencia social

Incidencia de COVID-19 y desigualdad residencial: apuntes sobre la situación en las grandes ciudades

José Manuel Díaz Olalla

Médico de Familia y Comunidad y Epidemiólogo. Madrid Salud.

Puedes encontrar a José Manuel Díaz en Twitter y en el blog No le digas a mi madre que trabajo en salud pública.

 

La pandemia de la COVID-19 afecta más y más severamente a la población más desfavorecida. Territorialmente existe un riesgo incrementado de infectarse y de morir por esta causa en los distritos más pobres de la ciudad y en los que los hogares se componen de más personas. Analizamos el riesgo de infectarse por SARS-Cov-2 en los distritos de la ciudad de Madrid y su relación con algunas variables contextuales socioeconómicas y demográficas.

 

La COVID-19 no solo ha puesto en evidencia las graves desigualdades e inequidades existentes, sino que las ha incrementado1. La pandemia se ceba en los más vulnerables a la vez que provoca más desigualdad en la población, aunque en algún momento, al principio de su expansión, muchos pensáramos que pudiera no ser así. En aquellas desconcertantes semanas de marzo y abril, la cantidad de noticias que difundían los medios sobre personajes famosos que habían adquirido la infección (empresarios de éxito, artistas, gente de la jet set en general), alguno de los cuales lamentablemente fallecieron por ella, nos hizo pensar no que se tratara de un problema de vulnerabilidad inversa, tan poco comunes en salud pública, sino en cierta transversalidad de su extensión social en relación con la posición socioeconómica.

Nada de eso era así: el tiempo nos ha enseñado que estábamos en aquellos precoces momentos ante un déficit de información generalizada y que en la medida en que hemos conocido más y mejor la naturaleza de este problema y de cómo prevenirlo, quienes disfrutan de las mejores condiciones de vida (vivienda, transporte, trabajo, ocio) pueden elegir exponerse menos al coronavirus SARS-Cov-2 que los demás.

Por lo tanto, las cosas se encauzaron pronto hacia lo que nos señala la experiencia y el conocimiento del efecto que los determinantes sociales tienen en la salud, que no es otra cosa que el hecho de que la vulnerabilidad va más allá de aspectos individuales y biológicos y es determinada por el contexto social, económico y político. Por ello, esta infección afecta más y más severamente a trabajadores informales y a quienes no tienen trabajo, a inmigrantes y al resto de la población en situación de precariedad, así como a quienes viven en condiciones de hacinamiento o de franca exclusión residencial, ya sea por carencia, inseguridad o inadecuación de la vivienda.

Esta pandemia es a la vez reflejo y causa de desigualdad social.  Cuando hablamos de vulnerabilidad nos referimos tanto a la asociada a la profundización de las inequidades y las condiciones sociales adversas preexistentes, como a la relativa a las dificultades en la adop­ción y el cumplimiento de las medidas recomenda­das. Es decir, quienes asumen las medidas de salud pública no farmacológicas dictadas por la autoridad sanitaria (confinamiento domiciliario, cierre de escuelas y centros de trabajos, aislamiento de espacios residenciales cerrados, destacadamente de mayores, restricciones en el transporte público y en las concentraciones de personas) sufren más sus efectos no deseados, en especial si viven en la precariedad. Es importante añadir, por último, la vulnerabilidad asociada a la presencia de enfermedades crónicas que agravan el cuadro clínico y la mortalidad por esta causa.

Y, en este punto, resulta muy importante, si hablamos de avanzar hacia la equidad en la salud, conocer cuáles son los obstáculos existentes para que las medidas de prevención de la infección lleguen a todos y todas o, lo que es lo mismo, qué condiciones de los grupos y las personas limitan su aplicación o el acceso a ellas. Entre ellas y exclusivamente desde el plano de las políticas, como triada común de estas dificultades, en todos los análisis encontramos: los límites a la universalidad de la atención sanitaria, las políticas de mercantilización de la salud y el empecinamiento en aplicar medidas locales a problemas que son globales. No olvidemos que el principal factor que ha determinado la mala evolución de la pandemia en España es la precaria situación en que ha quedado el sistema sanitario público tras más de una década de recortes y privatizaciones2.

La OMS publicó hace algunos años un informe en el que afirmaba que es posible acabar con el efecto de las desigualdades sociales en la salud en todo el mundo en tan solo una generación3 si conseguíamos mejorar las condiciones de vida de la gente, luchar contra el reparto desigual del poder, el dinero y los recursos y medir su magnitud y sus efectos. Creemos que parte de nuestro trabajo diario debe servir para aportar conocimiento a la última de las medidas propuestas por ese organismo internacional. Para ello, y en relación con lo expuesto, hemos analizado con datos de las personas infectadas durante la primera oleada epidémica en la ciudad de Madrid, su evolución por distritos de la ciudad y, estudiando la información de forma agregada en el territorio (análisis ecológico), hemos comprobado si se podía discernir alguna relación entre el riesgo que tiene la población de infectarse por el SARS-Cov-2 y la situación socioeconómica y demográfica del distrito en que reside4. Hay que destacar que, según datos recientes, en aquéllos primeros 4 meses de epidemia que recoge el estudio apenas se diagnosticaba un 10% de los casos reales, mientras que en la actualidad la cobertura de diagnósticos llega a más de un 60%. Quiere decir eso que el acceso a través de los datos oficiales solo nos mostraba una pequeña parte de la enfermedad y que este sesgo definido por las circunstancias, por la escasez de pruebas PCR y por los protocolos de actuación vigentes entonces determina que una parte de la realidad, sin duda la más leve, ha quedado fuera del estudio.

Con todo, y contando con que este tipo de análisis aportan poco a la búsqueda de la causalidad aunque son muy importantes para la elaboración de hipótesis sobre la misma, encontramos que se dan asociaciones entre variables que son muy significativas: existe una clara relación entre la renta del distrito y el número de hogares por habitante en esos territorios, separadamente, con la tasa de infecciones acumuladas, en ambos casos de naturaleza inversa, es decir, a más renta en el distrito y a menos hacinamiento en el hogar corresponde una menor probabilidad de infección. Y se observa no solo que existe esa relación, sino también que su fuerza es relevante. Así, cuando en ese trabajo estudiamos conjuntamente el efecto de ambas circunstancias adversas, baja renta territorial y hacinamiento en un modelo de regresión lineal múltiple, hallamos que actuando conjuntamente ambas son capaces de predecir hasta un 30% de la incidencia de COVID-19 en los hombres de los distritos de la ciudad. Las peores circunstancias que se dan en las ciudades grandes, específicamente en Madrid y, dentro de esta, en los distritos del sur y sureste se confirman en este análisis de la incidencia de COVID-19, pues en el conjunto urbano se sitúa por encima del doble que en el resto de España y en los dos distritos de Vallecas, Moratalaz y Vicálvaro la incidencia ajustada por edades supera el 240 por cien en relación con la tasa nacional.

En otras ciudades grandes como Barcelona llegan a conclusiones semejantes, lo que nos indica que la relación entre la pobreza analizada territorialmente y la infección por este coronavirus es sólida (Un estudio revela que la incidencia de casos es casi tres veces mayor en los distritos con menos renta de la capital catalana5). Incluso en otros países la relación es evidente: en Suecia, país en que las medidas generales de protección, especialmente el confinamiento, no se aplicaron durante la primera ola, la evolución de la pandemia ha sido especialmente mala, castigando de forma desproporcionada a los más desfavorecidos: en una encuesta de seroprevalencia se halló un 30% de positivos en los barrios pobres frente a un 4% en los ricos6.

Junto a una mayor susceptibilidad, las personas de nivel socioeconómico bajo sufren mayores tasas de contagio, morbilidad y mortalidad por la COVID-197, por lo tanto, es necesario ampliar su protección social. Para ello se requiere aumentar el nivel de cobertura de los programas existentes, priorizando aquellos grupos en situación de vulnerabilidad (p. ej., trabajadores informales como los temporeros, inmigrantes y otros grupos con altas tasas de trabajo desregularizado, etc.). De la misma forma, no se debe olvidar que esta infección tiene un efecto amplificador de las inequidades, como ocurre en muchos casos en situaciones de violencia de género y abuso de las mujeres.

Desde la protección social de los trabajadores precarios y amenazados por el desempleo, hasta las medidas tendentes a impedir los lanzamientos de la vivienda habitual, en especial si no hay alternativa habitacional, adquieren especial relevancia otras que son transversales, como la comunicación de riesgos, la participación social y comunitaria, los derechos humanos y el seguimiento y la evaluación de sus efectos.

Es falso el dilema que contrapone economía frente a salud en la resolución de la pandemia de COVID-19, pues la salud pública es necesaria para la recuperación económica. Ahora es el momento de construir una nueva normalidad y de trabajar hacia una recuperación que ponga la salud, la justicia social y la equidad en el centro de la agenda política, es decir hacia la construcción de una sociedad que no deje a nadie atrás.

 

Referencias

1.- Organización de las Naciones Unidas. A UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19. Nueva York: Naciones Unidas; 2020. Se encuentra en https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19

2.- Editorial. “COVID-19 in Spain: a predictable storm?”. The Lancet Public Health. Volume 5, ISSUE 11, e568, November 01, 2020. Se encuentra en https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30239-5/fulltext#articleInformation

3.- Organización Mundial de la Salud, Comisión Sobre Determinantes Sociales de la Salud. Subsanar las desigualdades en una generación. Informe final de la Comisión sobre Determinantes sociales de la salud. OMS, Ginebra, 2009.

4.- Blasco‑Novalbos, G., Díaz‑Olalla, J.M., Valero Oteo, I. “Incidencia acumulada de COVID-19 en los distritos de la ciudad de Madrid y su relación con indicadores socioeconómicos y demográficos”. Gac Sanit., 34 (octubre 2020), pp 41. Se encuentra en: https://static.elsevier.es/miscelanea/congreso_gaceta2020.pdf

5.- Mouzo, J. “La covid-19 se ceba con la Barcelona pobre. Un estudio revela que la incidencia de casos es casi tres veces mayor en los distritos con menos renta de la capital catalana.” El País, Barcelona, 10 de agosto de 2020. Se encuentra en: https://elpais.com/sociedad/2020-08-10/la-covid-19-se-ceba-con-la-barcelona-pobre.html?outputType=amp&ssm=TW_CC&__twitter_impression=true

6.- Segura, Ana R. “Encuesta serológica en Suecia, el país sin confinamiento: 30% de positivos en barrio pobre, 4% en barrio rico. Un estudio de seroprevalencia y un análisis geográfico evidencian que, sin control, el virus se ceba con la población más humilde por sus condiciones de vida”. eldiario.es, Madrid, 5 agosto 2020. Se encuentra en: https://www.eldiario.es/internacional/encuesta-serologica-suecia-pais-confinamiento-30-positivos-barrio-pobre-4-barrio-rico_1_6146868.html#click=https://t.co/UnSxuV6VrJ

7.- Jani, A. “Preparing for COVID-19’s aftermath: simple steps to address social determinants of health.” J R Soc Med. 2020;113(6):205-207. Se encuentra en https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32314660/

Ciencia social

Javier Alonso Torréns. Polipatología social y políticas sociales al servicio del “polibienestar”

Raúl Flores Martos y Thomas Ubrich

Equipo de Estudios de Cáritas Española

 

 

Javier Alonso Torréns ha sido un sociólogo comprometido con la justicia social. Con este artículo queremos rendir homenaje a su labor investigadora y su importante legado en el ámbito de la sociología aplicada y la investigación social. En concreto, a la gran aportación que hizo a la sociología de la pobreza, mediante el análisis de la politología social. Queremos agradecerle su luz y su cercanía, su trabajo y su apoyo incondicional a la labor que desde Cáritas y la Fundación FOESSA hacemos en favor de las personas en situación de exclusión social.

 

1 – Un sociólogo comprometido con la justicia social

El pasado mes de enero nos dejaba Javier Alonso Torréns. Ha sido un sociólogo comprometido con la justicia social y precursor de la sociología aplicada y de la sociología de la pobreza. Un luchador incansable, que miraba el barrio y el mundo desde los ojos de los más débiles. Un investigador pionero en las técnicas y en el análisis de los fenómenos sociales que frenaban el desarrollo humano integral y la equidad.

Con este artículo, pretendemos reivindicar su labor investigadora, su capacidad para enseñar sociología aplicada y transmitir valores a la investigación social. Y en concreto la gran aportación que hizo a la sociología de la pobreza, mediante el análisis de la politología social.

2 – El origen del análisis de la polipatología social

En el año 1998 la editorial de Cáritas publicaba la investigación titulada: Las condiciones de vida de la población pobre en España, dentro de la Colección estudios de la Fundación FOESSA, una investigación ambiciosa y que supuso una gran aportación a la sociología de la pobreza. Fue el fruto de cuatro años de trabajo acumulado, del Equipo de Investigación Sociológica (EDIS) con Javier Alonso Torrens como director, y con las aportaciones de cinco investigadores (Luis Ayala, Fernando Esteve, Antonio García Lizana, Rafael Muñoz de Bustillo, Víctor Renes y Gregorio Rodríguez Cabrero).

Dentro de los fines de la investigación se subrayaba el objetivo de profundizar en la multidimensionalidad de la pobreza. Un propósito ambicioso y adelantado a su tiempo, puesto que se diseñaba mucho antes que la ONU contemplara el uso del índice de pobreza multidimensional y antes de que la Agenda 2030, a través de los ODS reforzaran la necesaria meta de reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

La observación (basada en una muestra extremadamente amplia, de 29.592 familias y 115.062 personas) de la acumulación de problemas en diferentes dimensiones de la vida, en las mismas familias y las mismas personas, permitió analizar la polipatología social de las personas en situación de pobreza. Para su medición se partía de un sistema de 36 indicadores estructurados en siete bloques temáticos (vivienda, educación, trabajo, salud, integración personal/familiar, integración social del territorio, estado de ánimo), y que tiene algunos puntos comunes y de conexión con la actual medición de la exclusión social, mediante el ISES (índice sintético de la exclusión social) de la Fundación FOESSA basado en 35 indicadores y ocho dimensiones de problemas de exclusión.

3 – La polipatología social en la investigación de la exclusión social

En aquellos últimos años del siglo XX, Javier Alonso sentaba las bases de la polipatología social en el mundo de los pobres. La citada investigación constituyó un paso decisivo para la comprensión de las condiciones de vida de la población, con una mirada más allá de la dimensión puramente económica, tradicionalmente abordada por la pobreza relativa (insuficiencia de ingresos). Y una investigación que pondría los cimientos de lo que posteriormente se ha desarrollado en el entorno de la Fundación FOESSA, para la operativización y medición de la exclusión social.

La polipatología social se puede observar en las distintas oleadas de la Encuesta sobre integración y necesidades sociales (EINSFOESSA), a través de diferentes análisis, aunque cabe destacar:

3.1. Población que sufre dificultades en muchas dimensiones de la vida

El ISES de FOESSA explora 35 indicadores que señalan situaciones de exposición a situaciones de exclusión social y lo hace a través de ocho dimensiones que tienen una especial relevancia en las condiciones de vida de las personas, y en su participación de la vida social: el empleo, el consumo, la participación cívico-política, la educación, la vivienda, la salud, el conflicto social y el aislamiento social. Desde la lógica de la acumulación de los problemas y de los itinerarios de exclusión social, es bastante frecuente que las personas/familias que están afectadas por indicadores de alguna de estas dimensiones, con el paso del tiempo, también acaben estando afectadas por otras dimensiones.

La característica más clara de la desventaja, la pobreza y la exclusión, es el padecimiento simultaneo de diversos males y carencias y por eso se hace difícil su tratamiento y más complicado su análisis. El fenómeno tiene muchas facetas y muchas caras simultáneamente. Se llama originariamente efecto Mateo por la cita bíblica del capítulo 13, versículo 12 del Evangelio de San Mateo, que dice textualmente: Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. En otras palabras, males llaman más males y bienes atraen muchos más bienes.

Por su parte, el sociólogo creyente y comprometido que era Javier, pero también apegado a la tierra y naturaleza, repetía como un mantra, pero siempre con benevolencia y compasión, el dicho popularmente conocido: a perro flaco, todo son pulgas, esta es otra forma de decir que las desgracias nunca vienen solas. Se entiende como el perro flaco a aquellas personas con menos recursos y las pulgas son los problemas. Así, aquellas personas que son desgraciadas, suelen atraer nuevas desgracias sobre ellas.

 

Gráfico 1. Distribución porcentual de la población española según la presencia de problemas de exclusión social en diversas dimensiones

 

A través de la EINSFOESSA vemos como la acumulación de problemas de distintas dimensiones ha venido ocurriendo desde el origen de esta medición y afectando una buena parte de la población. La situación más grave por la acumulación de dificultades y que mejor ejemplifica la polipatología social, la encontramos en aquellos hogares con cuatro o más dimensiones afectadas. Una situación que antes de la gran recesión solo afectaba al 2,6% de las familias, pero que, en la segunda oleada de la anterior crisis, rozaba el 8% de los hogares, y que incluso en la postcrisis y fase de recuperación del año 2018, seguía afectando a más del 5% de la sociedad y duplicando los valores del año 2007.

3.2. Población que acumula tantas dificultades y dificultades tan graves que se alejan extremadamente de la vida integrada

No son pocas las familias que se ven afectadas por 8, por 12, o incluso por 16 indicadores del sistema de 35 indicadores; lo que acaba provocando una acumulación en el valor del ISES que multiplica por 7 el valor medio del ISES[1] en la sociedad. Este extremo de la exclusión social (exclusión severa), resulta especialmente preocupante, ya que refleja la acumulación de una cantidad de dificultades que construyen una experiencia vital totalmente alejada de una participación social normalizada y que provoca la expulsión del espacio social.

De igual manera que algunas personas enfermas, con edades avanzadas o con dificultades de salud limitantes, a menudo contraen otras enfermedades, acumulando distintos problemas de salud, las personas y el cuerpo social en general, se asimilan al cuerpo humano, ya que determinados fenómenos sociales de pobreza y exclusión atraen nuevos problemas sociales y constituyen la polipatología social.

 

Gráfico 2. Distribución porcentual de la población española en intervalos del Índice Sintético de Exclusión Social (ISES)

 

El grupo poblacional, representado en su extremo con ISES > 7, al que denominamos sociedad expulsada, es la demostración de cómo la espiral de la exclusión social y la pobreza hunde a muchas personas y familias hasta situaciones de polipatología social extrema. Una realidad, que no ha dejado de incrementarse desde el año 2008, tanto en las fases de crisis, como en las fases de recuperación económica y que nos dibujan, un proceso de enquistamiento y cronificación de las situaciones de acumulación de dificultades en la sociedad, y ante las que no se está actuando con los recursos suficientes o con los recursos necesarios, a juzgar por el incremento sostenido en el tiempo.

El actual contexto de pandemia y las diversas crisis que se acumulan están haciendo estragos especialmente entre la población más vulnerable. La mirada sociológica nos hace temer que los datos de la próxima oleada de la EINSFOESSA (Encuesta sobre integración y necesidades sociales de la Fundación FOESSA), actualmente en fase de trabajo de campo, muestren aflorar un nuevo empeoramiento, con el surgimiento de nuevas brechas y nuevos problemas, así como de una mayor profundidad de los problemas ya existentes.

4 – Políticas sociales eficaces orientadas al polibienestar

La aportación de Javier Alonso y de EDIS a la sociología de la pobreza, no solo se concentró en la parte metodológica de desarrollar indicadores, nuevas mediciones, o nuevos análisis estadísticos, tampoco quedó circunscrita a la tarea más de diagnóstico de la realidad y de las condiciones de vida, sino que en su trayectoria y experiencia realizó aportaciones sugerentes a la investigación social operativa y aplicada. Buena prueba de ello es su contribución en La agenda de investigación en exclusión y desarrollo, coordinada por Fernando Vidal y Víctor Renes en el año 2007, en la que plantea la tesis de que los problemas de la pobreza, de la marginación o de la exclusión social ni son exclusivamente monetarios, ni se arreglan sólo con dinero. Desde esta constatación es necesario tener en cuenta que la lucha contra la pobreza y también, en teoría, se llega al convencimiento de que los programas de lucha contra la pobreza y la exclusión deben ser interdisciplinares y tocar y solucionar conjuntamente todos los aspectos carenciales que afecten a la persona o las familias que los padecen.

Por todos estos motivos, la concepción multidimensional de la pobreza y la comprensión de los fenómenos de empobrecimiento y exclusión social como procesos conectados, interrelacionados y en muchas ocasiones acumulados, es estrictamente necesaria para el diseño y sobre todo ejecución y buen desarrollo de las políticas sociales orientadas a luchar contra la pobreza, la exclusión social, y en general contra la desigualdad y la injusticia que se encuentran en el origen de estos fenómenos.

En definitiva, el bienestar de las personas y de una sociedad, debe ser construido desde la mirada de la polipatología y del polibienestar que Javier resumía en: El Bienestar se compone de muchos elementos: tener salud, también estabilidad emocional y afectiva, disponer de una vivienda digna y confortable, tener una cultura adecuada, tener resuelta la ocupación gratificante, disponer de elementos y equipamientos personales y familiares, recursos, en fin, acordes con el desarrollo actual, tener también resuelto los aspectos de ocio y del tiempo libre, gozar de una satisfactoria convivencia y tener a mano los principales servicios para resolver todos los problemas.

Descanse en paz Javier Alonso Torrens. Agradecidos y afortunados por haberte conocido y haber aprendido tanto.

5 – Referencias bibliográficas

EDIS (Equipo de Investigación Sociológica), Ayala L., Esteve, F. García A., Muñoz R. (1998). Las condiciones de vida de la población pobre en España. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA.

FOESSA (2008). VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas: Fundación FOESSA.

FOESSA (2014). VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas;  Fundación FOESSA.

FOESSA (2019). VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas;  Fundación FOESSA.

Laparra M. y Pérez Eransus B. (coord.) (2010). El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA.

Vidal F. y Renes V. (coord.) (2007). La agenda de investigación en exclusión y desarrollo social. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA

 

[1] El valor del ISES es el resultado de la suma de los valores específicos (cada indicador tiene su valor propio) de cada uno de los 35 potenciales indicadores afectados. De forma que un hogar puede registrar un valor muy alto en el ISES, ya sea porque está afectado por indicadores muy graves, o porque está afectado por muchos indicadores que suman un valor importante.

Ciencia social

Factores de riesgo y protección de la pobreza severa

María Aurora Cañadas

Socióloga por la Universidad de Granada. Especialista en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos

 

La pobreza severa es la situación de extrema limitación económica que sufre el 5% de la población en España, y que afecta en mayor medida a las familias donde el desempleo y la precariedad laboral son permanentes, así como a los hogares monoparentales y aquellos encabezados por los más jóvenes. Una realidad que refleja la desigualdad e injusticia social de nuestra sociedad y que nos reta a la transformación de las políticas sociales y de la acción social.

La pobreza severa es la situación de extrema limitación económica (menos del 30% de la renta mediana equivalente) que afecta al 4,7% de los hogares españoles (5,1% de la población). Sufrir la pobreza severa significa vivir con menos de 355 euros al mes si se trata de un hogar unipersonal, o de 746€ al mes en los hogares con dos adultos y dos menores.

La pobreza severa supone una grave dificultad para el desarrollo de una vida integrada, de hecho una parte importante de las personas que sufren la exclusión social (el 28%) registran fuertes carencias económicas que les sitúan en la pobreza severa, tal y como refleja el último informe de la Fundación FOESSA, sobre “Exclusión estructural  e integración social” (2018, pág. 20).

En el presente trabajo se realiza una aproximación a cuáles son los factores de riesgo y protección que caracterizan la pobreza severa en nuestro país, mediante el desarrollo de modelos de regresión logística binaria.

Como factores exógenos principales se han utilizado el sexo, la edad y el nivel de estudios del sustentador principal (SP) de la familia, indicadores relacionados con la ocupación principal del mismo, así como aquellos relacionados con la situación laboral del hogar [1]. También se han utilizado variables relacionadas con el tamaño del hogar y la nacionalidad de los miembros que lo componen, así como variables relacionadas con la zona de residencia [2].

Teniendo esto en cuenta, se identifican una serie de factores de riesgo y de protección que explican la pobreza severa en España, entre los que se pueden observar ligeras diferencias con respecto a los resultados obtenidos en estudios anteriores.

En primer lugar, se podría destacar el hecho de que el sexo del SP del hogar ya no se constituye como el factor explicativo de la pobreza severa en España. De hecho, el riesgo de estar en una situación de pobreza severa es un 30% menor en aquellos hogares cuyo SP es una mujer. Aunque, como se verá más adelante, este dato habría que interpretarlo con cierta cautela.

Por otra parte, la edad del SP sigue considerándose un factor de riesgo sobre todo entre los menores de 30 años, cuya probabilidad de sufrir este tipo de situaciones de pobreza es cuatro veces superior frente al colectivo de mayor edad (mayores de 65 años).

La ocupación del SP también continúa explicando las diferentes situaciones de pobreza severa en España, suponiendo un riesgo casi tres veces mayor en aquellos hogares cuyo SP es un parado de larga duración. También se debe destacar la precariedad laboral como factor de riesgo frente a la pobreza severa, ya que, a pesar de tener un empleo, si el SP trabaja de manera irregular o tiene un empleo en exclusión, el riesgo de estar en una situación de pobreza severa es de más del doble que en aquellos casos en los que el SP goza de una situación laboral estable.

En relación al resto de factores de riesgo identificados, se debe prestar especial atención a la situación laboral del hogar, donde se puede observar que en aquellos hogares donde no hay ocupados ni se recibe ningún tipo de prestación contributiva, la probabilidad de estar en una situación de pobreza severa es doce veces superior frente a aquellos hogares que no sufren esta situación laboral. Relacionado con esto, llama la atención el hecho de que una situación generalizada de desempleo en el hogar, es decir, cuando todos los miembros en edad de trabajar no están empleados, no supone un factor explicativo de la pobreza severa en España. No se puede establecer una relación causal entre el riesgo de estar en una situación de pobreza severa y el hecho de que todos los miembros activos del hogar estén desempleados. Esto puede deberse a que a pesar de haber una situación de desempleo generalizada en el hogar, los miembros del mismo pueden ser beneficiarios de algún tipo de ayuda, como las rentas de inserción, subsidio o prestación por desempleo. Incluso puede darse la circunstancia de que además de estar percibiendo este tipo de prestaciones estén trabajando de manera irregularizada. Circunstancias que pueden contribuir a que, pese al hecho de existir una situación generalizada de desempleo en el hogar, esto no suponga un riesgo frente a la pobreza.

Otros factores destacables son aquellos relacionados con la zona de residencia, donde el riesgo de estar en una situación de pobreza severa es casi cuatro veces superior entre aquellas familias que viven en una zona marginal o deteriorada si las comparamos con los hogares situados en barrios o zonas de clase media-alta.

En último lugar, incidimos en el tamaño del hogar como otro factor de riesgo. Se observa que son los hogares monoparentales los únicos en los que el riesgo de pobreza severa resulta significativo, es decir, en un hogar monoparental el riesgo de estar en una situación de pobreza severa es de más del doble que en aquellos hogares sin hijos. Esto último puede relacionarse con el sexo del SP ya que si bien el hecho de ser mujer no supone un riesgo añadido frente a situaciones de pobreza severa, no podemos olvidar que un 62,5% de los hogares monoparentales en España están encabezados por mujeres.

Por otra parte, se identifican como factores de protección frente a la pobreza severa variables como el nivel de estudios del SP del hogar y la nacionalidad de los miembros del mismo. Conforme aumenta el nivel educativo del SP la probabilidad de caer en una situación de pobreza severa es menor, pero la capacidad explicativa del nivel formativo ha perdido relevancia. Aunque el sustentador principal tenga estudios universitarios, solo disminuye el riesgo de caer en este tipo de pobreza en un 17,9% frente a aquellos sustentadores del hogar que tan solo cuentan con la ESO o el Graduado Escolar y en un 11,2% en comparación con aquellos sustentadores que poseen una FP, BUP o Bachillerato.

En cuanto a la nacionalidad, el hecho de que todos los miembros del hogar posean la nacionalidad española disminuye la probabilidad de estar en una situación de pobreza severa en un 60%.

 

Fuente: EINSFOESSA 2018. Ilustración: Irene Tieso María.

 

Conclusiones

La pobreza severa afecta, en mayor medida, a aquellos hogares donde todos sus miembros están desempleados y no reciben ningún tipo de prestación contributiva, a los hogares monoparentales y a aquellos en los que el SP es menor de 30 años o es parado de larga duración.

Aunque los resultados de esta investigación no nos permiten hablar actualmente de un fenómeno de feminización de la pobreza, se debe destacar la elevada probabilidad de incurrir en situaciones de pobreza severa que presentan las familias monoparentales, encabezadas en la mayoría de los casos por mujeres. Esto nos debería llevar a reflexionar sobre la incapacidad de las administraciones públicas para responder a las necesidades de este tipo de hogares.  La mayor vulnerabilidad de las familias monoparentales dificulta la superación de las situaciones de pobreza severa, generando, en ocasiones, una cronificación de la pobreza. Se han de tomar, por tanto, medidas que prevengan situaciones crónicas de pobreza y exclusión social en hogares monoparentales, siendo necesaria una política familiar sólida con especial atención a este tipo de hogares en los que solo un adulto, en la mayoría de los casos mujeres, ha de hacer frente a la vida laboral y familiar. En este sentido, se deberían tomar medidas relacionadas con la mejora de la calidad de vida de estas familias, como podrían ser los programas que garanticen el acceso al empleo, formación y vivienda, así como poner a disposición recursos públicos que aseguren una conciliación laboral y familiar sólida y estable.

Por otro lado, se detecta una mayor probabilidad de estar en riesgo de pobreza severa para aquellas personas que sufren la precariedad laboral. Esta se refleja en que el empleo no es capaz de proteger a las familias del riesgo de caer en situaciones de pobreza severa, ya sea por la intermitencia de los empleos, por la parcialidad de las jornadas o por la tipología de empleos en exclusión o irregulares.

El mercado laboral ha cambiado durante los últimos años, debido principalmente a la crisis, dando lugar a empleos más precarios, a salarios más bajos y, en consecuencia, a una mayor inestabilidad económica en cada vez más familias, creando nuevas situaciones de exclusión social. Las nuevas formas de contratación y de creación de empleo ya no pueden absorber a aquellas personas que se vieron afectadas por la destrucción de empleo durante el período de crisis, en palabras del papa Francisco la economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos (Grabois, 2014).

En este sentido, convendría abrir una reflexión sobre la intervención social en empleo que llevan a cabo las entidades del tercer sector. Una reflexión que evalúe la eficacia integradora que los programas de empleo tienen en un mercado laboral altamente precario, y que valore si la intervención puede, sin quererlo, terminar contribuyendo a suministrar mano de obra mal pagada. Una reflexión que aprecie la oportunidad de introducir elementos de control de la calidad del empleo en los proyectos de intermediación, y que sopese la necesidad de intensificar la acción de incidencia política para empujar el cambio en materia de legislación laboral, de protección de los derechos y de la dignidad del trabajo.

Bibliografía

Fundación FOESSA. Análisis y Perspectivas. Exclusión Estructural e Integración Social. Madrid: Cáritas Española, 2018.

Gil Izquierdo, M., & Ortiz Serrano, S. Determinantes de la pobreza extrema en España desde una doble perspectiva: Monetaria y de privación. Estudios de economía aplicada, 2009. Vol, 27-2; pág. 437-462.

Grabois, J. Precariedad laboral, exclusión social y economía popular. Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, 2014; pág. 1-56.

Ibáñez, M. Apuntes sobre la incidencia de la pobreza relativa y absoluta en la población y en los trabajadores. Comparación entre 2009 y 2013. Lan harremanak: Revista de relaciones laborales, 2014, nº 31, pág. 63-81.

Lafuente Lechuga, M., Faura Martínez, U., García Luque, O., & Losa Carmona, A. Pobreza y privación en España. Rect@, 2009, Vol 10, pág. 1-28.

Poza, C., & Fernández Cornejo, J. ¿Qué factores explican la pobreza multidimensional en España?:Una aproximación a través de los modelos de ecuaciones estructurales. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la empresa, 2011, pág. 81-110.

[1] Los indicadores relacionados con la ocupación del principal sustentador de la familia son: sustentador principal parado de larga duración; sustentador principal con un oficio en exclusión y sustentador principal con un empleo irregular. Aquellos indicadores relacionados con la situación laboral del hogar son: hogar sin ocupados y sin protección contributiva; hogar con al menos un desempleado sin formación y hogar con todos los activos en desempleo. Estos seis indicadores constituyen la primera dimensión de pobreza relacionada con el empleo.

[2] Los datos explotados proceden de la Encuesta sobre Integración y necesidades sociales de la Fundación FOESSA (EINSFOESSA) del año 2018.

Ciencia social

Cárcel y familia, una doble condena

Miryam Carretero Trigo

Doctora en Psicología. Coordinadora del programa de intervención en prisión en Cáritas Diocesana de Salamanca

 

La entrada de una persona en la cárcel supone una doble condena. Por una parte la que sufre la persona encarcelada y por otra aquella que afecta a su familia y especialmente a los menores de la misma. Situaciones a menudo invisibilizadas. Las relaciones intrafamiliares se ven alteradas profundamente y los menores sufren las consecuencias a corto y largo plazo de la ley del silencio en sus vidas. Se trata de una realidad que precisa de intervención y que nos suele pasar desapercibida.

 

Cuando pensamos en la prisión, inmediatamente nos viene a la cabeza la idea del delito y, por ende, la idea de la persona que lo cometió. Además, no es raro que también aparezca en este universo de ideas en torno a la prisión, el sufrimiento de las víctimas. Sin embargo, es poco común que nos detengamos a pensar en las familias que se ven implicadas en este periplo. Lo que a continuación se va a exponer en este texto es una aproximación a la vivencia que tiene la familia en relación a la cárcel.

1.- La entrada en prisión altera los roles del sistema familiar

La mayor parte de las personas encarceladas se encuentran en un rango de edad que abarca las funciones de procreación y crianza. De hecho, los datos vienen a indicar que más de la mitad de la población penitenciaria tiene hijos menores. Este dato se eleva a las tres cuartas partes si hablamos de las mujeres en prisión.

Esta diferencia de género va a ser clave para entender el impacto de la cárcel en la familia. De hecho, lo que suele ocurrir es que cuando es el varón quien entra en prisión, este suele tener un papel periférico en todo lo relacionado con la crianza de los hijos, siendo la mamá de los niños la principal cuidadora. Se repiten, por tanto, los patrones tradicionales de crianza. Sin embargo, las mujeres en prisión suelen caracterizarse por ser las cabezas de familia de unidades monoparentales, en las que frecuentemente son las únicas o las principales cuidadoras de sus hijos. Esta diferencia va a explicar que los hijos de las mujeres encarceladas sufran en mayor medida el impacto de la cárcel que los hijos de los varones, dado que no solo viven la ausencia de un progenitor, sino que deben asumir las nuevas figuras de cuidado.

Por tanto, cuando un progenitor entra en prisión, en la unidad familiar aparecen tres personas clave que van a tener que enfrentar esta realidad desde sus posibilidades y recursos y desempeñar distintas tareas para poder perpetuar el sistema familiar. Son el progenitor encarcelado, los hijos de estas personas y los cuidadores de los mismos.

Si representáramos a estas personas desde un triángulo relacional, tal y como se hace desde el estudio de la familia, nos encontraríamos con un triángulo en el que todos sus miembros se relacionan entre sí, como señalan las flechas bidireccionales (ver figura 1).

Figura 1. Representación tradicional del sistema familiar (subsistema de pareja, subsistema parental y subsistema filial) y representación del sistema familiar teniendo en cuenta los distintos roles cuando un progenitor ingresa en prisión (subsistema progenitor en prisión, subsistema cuidador y subsistema hijos).

Sin embargo, cuando la prisión irrumpe en la vida de estas familias, nos encontramos que la relación pasa de ser un triángulo con relaciones bidireccionales, a ser una línea horizontal en la que el cuidador juega un papel clave, bien como puente facilitador de la relación, o bien como inhibidor de la misma (ver figura 2).

Figura 2. Representación del sistema familiar y alteración de las relaciones entre sus miembros cuando un progenitor está en prisión

2.- El progenitor encarcelado

Ante esta realidad de la relación, surgen distintas preguntas:

  • ¿Cómo ayudar al progenitor a poder mantener la relación con sus hijos y seguir ejerciendo su rol?
  • ¿Cómo ayudar al cuidador para que realmente sea un nexo y un facilitador de la relación entre progenitor e hijos?
  • ¿Cómo ayudar a los menores a elaborar esta situación y que tenga en ellos el menor impacto posible?

Para poder dar respuesta a estas preguntas quizá lo más sensato sea conocer la vivencia de cada una de estas personas.

En el caso del progenitor encarcelado, su vivencia de la cárcel va estar claramente marcada por la ausencia de la familia. La entrada en prisión supone una experiencia de ruptura con los proyectos personales y, en parte, de los proyectos familiares. En muchas de las personas encarceladas y, en mayor medida en las mujeres, se observa una fuerte identidad parental, es decir, suelen definirse a sí mismos desde la experiencia de sus hijos. No obstante, esto no quiere decir que sean siempre el mejor modelo a seguir, pero, aun así, su papel como padres o madres sigue siendo un elemento de definición personal. Sin embargo, cuando entran en prisión tienen serias dificultades para seguir definiéndose desde la acción más tradicional. Por ejemplo, no pueden participar acompañándoles al colegio, al parque o leerles un cuento por las noches… En este sentido, el reto está en ayudar a estos progenitores a pensar en nuevas formas de relación con sus hijos, más allá de los roles tradicionales, en los que tienen poco margen de acción.  Dotarles de nuevas herramientas que den respuesta a su anhelo de cercanía con los hijos, al tiempo que escuchamos sus miedos y preocupaciones en relación a toda esta vivencia. Un ejemplo de este buen hacer me lo dio una de las mujeres con las que trabajaba cuando me contaba que escribía cartas a sus hijos y les hacía mapas de los espacios de la prisión, indicándoles las distintas actividades que desarrollaba en ellos.

Fomentar en estas personas la identidad familiar y parental es una herramienta de prevención frente a la identidad carcelaria, que está claramente relacionada con el paso del tiempo en prisión. Esta identidad parental va a facilitar en mayor medida las posibilidades de reinserción, porque la ruptura con el entorno es menos acusada. Ejemplos de experiencias que persiguen este objetivo son las escuelas de padres y/o madres que se desarrollan en prisión.

3.- Los hijos

En cuanto a los hijos menores (junto con los cuidadores) quizá sea la realidad que tenemos más cercana en nuestros barrios y recursos, pero quizá la menos conocida en relación a la vivencia de la cárcel y el impacto en sus vidas.

Estos menores de repente deben hacer frente a cambios en su vida para los que nadie les ha preparado. Por ejemplo, deben asumir nuevas figuras de cuidado, porque su madre ha entrado en prisión. Muchas veces, estos cuidadores hacen lo que buenamente pueden, dado que la entrada en prisión no ha sido acompañada de un proceso de preparación para la familia. Estos cambios de cuidador pueden suponer también un cambio de domicilio y lo que conlleva a su alrededor: cambio de barrio, amigos, colegio… por lo que el universo cercano del pequeño puede cambiar en poco tiempo

Además de las nuevas figuras de cuidado, deben aprender a relacionarse con la propia prisión, que tiene su forma de funcionar, y con su progenitor encarcelado. Y dado que la familia debe seguir respondiendo a sus necesidades de cuidado de los más pequeños, ingreso de medios económicos, etc., no es raro que estos menores empiecen a asumir roles de hijos más mayores y cuiden a los hermanos pequeños o salgan al mercado laboral para aportar a la economía familiar.

Estos cambios suelen verse acompañados de emociones ambivalentes, porque de la misma manera que experimentan la furia o el enfado con sus progenitores y/o cuidadores porque su día a día ha sido totalmente trastocado, también experimentan la necesidad de identificarse con estas personas que no dejan de ser sus referencias. Sin embargo, esta carga emocional no tiene fácil expresión porque algo que marca la vivencia familiar de la cárcel es la ley del silencio en torno a este tema. Por tanto, en la medida en que estos menores no reciben información sobre lo que está ocurriendo y no tienen espacios cálidos en los que expresar sus dudas y temores, experimentan distintos grados de ansiedad y tristeza, al tiempo que aparecen conductas peligrosas como el consumo de sustancias, los embarazos no deseados o las autolesiones.

Más de la mitad de los menores que se ven afectados por la prisión de unos de sus progenitores no saben realmente qué está pasando. Este deseo de ocultar la realidad por parte de los adultos responde a la necesidad de proteger a los menores y a la familia del fuerte estigma social que conlleva la cárcel. Realmente, estos niños pasan por un proceso de duelo, en el que hay una pérdida de un progenitor en su día a día. No obstante, no cuentan con los medios para poder resolverlo de la mejor manera posible: la expresión. Así como socialmente está muy aceptado y apoyado el duelo por la muerte o enfermedad grave de un progenitor, no hay cabida para el duelo por la entrada en prisión y lo que provoca es rechazo social. Es por este motivo por lo que las familias optan por guardar silencio sobre lo ocurrido. Sin embargo, este intento de protección deja a los menores sin recursos para resolver sus problemas y sus dudas.

Ante toda esta problemática, los menores tienen serias dificultades para responder en el ámbito escolar, siendo una realidad común en estos menores el abandono temprano del sistema educativo. Muchos estudios ponen de manifiesto que una de las variables que más explica la entrada en prisión en la vida adulta es precisamente este abandono precoz.

Por tanto, si el sistema familiar como sistema de protección se termina resintiendo por la realidad de la cárcel y el sistema escolar termina “escupiendo” a estos menores, la presencia de adultos que acompañen a estos menores se ve seriamente comprometida. Esto explica que muchos de estos niños acaben en grupos de iguales con lo que se inician en conductas delictivas, añadiendo un elemento más a las posibilidades de entrada en prisión en la vida adulta.

4.- Los cuidadores

Finalmente, la última persona de la que nos queda conocer su vivencia es el cuidador. Esta persona va a ser diferente dependiendo de quién entra en prisión. Cuando el padre entra en prisión, la madre de los menores sigue siendo quien asume el cuidado de los menores, tal como venía haciendo con anterioridad. Con frecuencia estas mujeres no han participado en el mercado laboral antes de esta situación y a su tarea habitual de cuidado, deben sumar el inicio en el mercado laboral, sin mucha cualificación para ello. Realmente estas familias se encuentran en una situación de fuerte vulnerabilidad económica.

En otras ocasiones, la persona que asume los cuidados de los menores lo hace de manera repentina, sin una preparación previa, porque la cárcel irrumpe en su vida. Para poder dar respuesta a todo, la persona debe compaginar su vida y responsabilidades de antes con la llegada de la nueva responsabilidad de cuidado de estos niños.

Estos cuidadores tienen una clara función de nexo entre el progenitor encarcelado y los hijos en la calle, pero además son el soporte emocional de estos menores, ayudándoles a desarrollar vínculos seguros. Igualmente, son la referencia de los menores para acompañarles en sus tareas escolares y en el resto de sus vidas. Todas estas tareas suponen una carga para estas personas, que muchas veces experimentan sentimientos depresivos por no percibirse capaces de responder a toda su nueva realidad.

A modo de resumen podemos decir que la cárcel no es solo un proceso personal, sino que conlleva también todo un impacto y proceso en la familia, que debe reajustarse para poder responder a toda la realidad que vive. En nuestro proceso de acompañar a las personas debemos ser sensibles a lo que están viviendo estas familias y pensar en nuevas fórmulas que les ayuden a mitigar el impacto de la cárcel, sobre todo, siendo especialmente conscientes de que las generaciones más pequeñas serán el futuro de nuestra comunidad o el futuro de nuestras cárceles.

Ciencia social

Derecho a la energía, cambio climático y protección social en tiempos del COVID-19 y más allá

Cristina Linaje Hervás

Politóloga, técnica del equipo de Incidencia de Cáritas Española

 

El debate sobre la garantía de los suministros básicos energéticos y, específicamente, la ineficiencia energética de la vivienda en España, será uno de los factores a considerar en el nuevo ciclo político que marcará la agenda del Gobierno, una vez hayamos superado la emergencia causada por el COVID-19. Una mejora en la eficiencia energética que no olvide a los más vulnerables.

 

Llevamos días confinados en nuestros hogares y posiblemente, hoy más que nunca, somos conscientes de la importancia de contar con una vivienda segura y adecuada. Un bien valioso que, haciendo nuestras las palabras de la Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda, se ha convertido en la primera línea de defensa frente al coronavirus. También ahora más que nunca, podemos entender por qué ya desde el año 1991 Naciones Unidas nos alertaba de que el contenido del derecho humano a la vivienda no puede desvincularse del acceso de ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición como son el acceso al agua o la energía en sus distintas formas y, por tanto, fundamentales para un desarrollo de la vida en condiciones de dignidad[1]. Resulta asimismo importante sumar las telecomunicaciones a este listado, con un papel fundamental en posibilitar el seguimiento médico de aquellas personas contagiadas que permanecen en su residencia o, simplemente, en hacer más llevadera la soledad forzosa de muchas personas en estos días de aislamiento obligatorio.

Dada su importancia, las organizaciones sociales hemos puesto de manifiesto la necesidad de que el gobierno garantizase, entre otras medidas y como mínimo durante la duración del estado de alarma, la protección de las familias frente al corte de suministros por impago, extendiendo esta protección incluso más allá de su vigencia hasta que la situación sanitaria, social y económica quede plenamente restablecida o al menos ofrezca visos de situarse en esa senda de recuperación. En un primer momento, el gobierno recogió parcialmente esta demanda, dentro del paquete de medidas contempladas por el RD-ley 8/2020 para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 aprobado el 17 de marzo. Decimos parcialmente porque, en su diseño no había contemplado a las más de 1,5 millones de familias que han optado, informada o desinformadamente, por abandonar el mercado regulado y contratar su suministro eléctrico en el mercado libre. Una carencia que habría sido subsanada dentro del nuevo paquete de medidas recogido en el RD-ley 11/2020 de 31 de marzo, garantizando esta protección para todas las personas independientemente del mercado al que pertenezcan.

Más allá de la situación de vulnerabilidad extrema que miles de familias enfrentan en estas semanas, lo cierto es que el debate sobre la garantía de los suministros básicos y su conceptualización como derechos que deben ser garantizados para el conjunto de la población desde criterios de accesibilidad, asequibilidad y acceso suficiente debe trascender la emergencia generada por la pandemia del covid-19 y nos devuelve de lleno a una problemática social que resulta especialmente acuciante en el caso de la energía eléctrica, vivamos o no en tiempos de coronavirus, y cuya incidencia alcanza a entre 3,5 y 8,1 millones de personas en España, dependiendo del indicador utilizado[2]. Es momento, por tanto, de poner las luces cortas mientras dure esta crisis y asegurar el suministro energético de las familias para que no quede condicionado a su capacidad de pago, pero sin olvidarnos de encender las largas y definir políticas que ofrezcan soluciones estructurales y preventivas, capaces de poner fin a esta problemática de forma definitiva, y de ir cobrando un protagonismo paulatino frente a otras medidas prestacionales como el bono social.

En artículos anteriores de Documentación Social nos hemos asomado al perfil y a las consecuencias de la pobreza energética entre las personas en exclusión social, a partir de datos de la encuesta Foessa de 2018 y hemos profundizado en los factores del mercado energético español que condicionan e incluso determinan que un creciente sector de la sociedad esté o pueda estar próxima a una situación de pobreza energética. En ambos casos, además, se ha puesto de manifiesto el vínculo existente entre renta de las familias y precios energéticos en ascenso desde una interrelación con enorme capacidad explicativa de esta problemática. Un vínculo que nos afianza en una concepción de la pobreza energética como una expresión más de la pobreza económica que enfrentan muchas familias en nuestro país, pero que igualmente debe provocarnos una reflexión sobre la razonabilidad de la configuración actual de los precios de la energía eléctrica.

Partiendo de las premisas anteriores, en este artículo queremos poner el foco en el tercer aspecto que, desde la mirada de Cáritas Española contribuye a agravar la imposibilidad de muchos hogares de un pleno disfrute del derecho a la energía, como es la ineficiencia energética de la vivienda en España, desde las medidas previstas por el Gobierno para su abordaje, que necesariamente se vinculan con la relevancia que la agenda climática y sus políticas tendrán previsiblemente en este nuevo ciclo político, una vez hayamos superado la emergencia causada por el COVID-19.

La transición a una economía y una sociedad que no comprometa el futuro del planeta

En los últimos años, la preocupación por el cambio climático ha cobrado fuerza en el debate público de la mano de una evidencia científica cada vez más contundente sobre las consecuencias sociales y económicas que conllevaría el aumento de la temperatura global del planeta por encima de los 2ºC. España, el país más vulnerable de Europa a sus efectos, se ha sumado a este esfuerzo internacional desde el marco de actuación de la Unión Europea (UE), nivel desde el que se articula una parte muy sustantiva del marco normativo relacionado con su lucha como parte del cumplimiento de los objetivos comprometidos en el Acuerdo de París suscrito en 2015. Un marco normativo europeo que, por el momento, ya ha determinado sus objetivos de reducción de emisiones a 2030 y que igualmente ha anunciado el compromiso con la neutralidad climática a 2050 a través del denominado Pacto Verde Europeo y el desarrollo de una Ley del Clima europea.

En respuesta a este mandato, el gobierno español se ha comprometido a aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, como marco regulador de los distintos planes, estrategias y políticas a desplegar, y cuya tramitación parlamentaria se ha visto necesariamente pospuesta por el estado de alarma en el que nos encontramos.  En paralelo se está terminando de definir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que concreta los objetivos sectoriales de descarbonización para España en la próxima década y las actuaciones para lograrlo. En su marco, la apuesta por la mejora de la eficiencia energética de la vivienda ocupa un lugar destacado tanto como medida para reducir nuestras emisiones, como para disminuir la vulnerabilidad energética de los hogares.

Vivienda e ineficiencia energética en España

El mal estado de las viviendas en términos de condiciones de habitabilidad contribuye a agravar la incidencia de la pobreza energética, de forma que si un hogar habita en una vivienda poco eficiente necesitará dedicar un porcentaje de renta mayor para asegurar la satisfacción de su demanda de servicios energéticos. Según datos de la Fundación Renovables, el 53% de los edificios en España carece de aislamiento térmico y más de 1,5 millones de hogares requieren actuaciones de urgencia. Una situación que nuevamente golpea más a quien ya acumula otros rasgos de vulnerabilidad como es el caso de la población en situación de exclusión social severa, cuyas viviendas presentan un grado de ineficiencia por deterioro en porcentajes que duplican el de la población general[3].

Una realidad que no sólo tiene consecuencias en las personas en forma de agravamiento de la vulnerabilidad energética. Igualmente contribuye en gran medida al problema del calentamiento global ya que el gasto energético en edificios en España supone aproximadamente un 31% de la demanda final de energía, con un fuerte peso de los combustibles fósiles sobre todo en el sector residencial[4]. Es decir, cuanto peor es el aislamiento mayor será el consumo de energía necesario para alcanzar la conocida como temperatura de confort tanto en invierno como en verano, y con ello, las emisiones potenciales de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

No resulta extraño, por tanto, que la apuesta por la mejora de la eficiencia energética en este sector ocupe un lugar destacado tanto en las actuaciones del PNIEC como en la Estrategia Nacional de Pobreza Energética 2019-2013 aprobada por el gobierno en abril del pasado año, conjuntamente con el autoconsumo térmico o eléctrico en asociación. En lo concreto, establecen intervenciones a corto, medio y largo plazo orientadas a la rehabilitación integral y mejora de la envolvente térmica en 1,2 millones de edificios en una década, así como de renovación de instalaciones térmicas de calefacción y agua caliente sanitaria en 300 mil viviendas cada año.

Eficiencia energética sí, pero desde planteamientos inclusivos capaces de no dejar a nadie atrás

Ahora bien, lo que pareciera una aproximación razonable para contribuir a la prevención de la pobreza energética, a la vez que permite dar respuesta a los compromisos ambientales, puede tener sin embargo un efecto muy desdibujado justamente frente a uno de los dos objetivos a los que declara destinarse, por dos motivos principales. El primero es la falta de capacidad económica de los sectores excluidos para sufragar el coste que tales rehabilitaciones y mejoras implicarían. Por ello, es urgente acompañar estos objetivos con mecanismos de financiación adaptados a su realidad, que preferentemente tendrán que ser a coste cero para ser efectivos.

Una segunda barrera tiene que ver con el régimen de tenencia de la vivienda. Sabemos que las familias en exclusión social residen en viviendas alquiladas en un porcentaje mucho mayor al de la población general, lo que necesariamente implica ofrecer un tratamiento especial a colectivos de especial vulnerabilidad que residen en viviendas en régimen de alquiler, y la puesta en marcha de una combinación de regulación e incentivos capaces de superar el conocido como dilema entre el arrendador y el arrendatario sin que ello genere un efecto indeseado en forma de aumento del precio de los alquileres e inacceso a viviendas que hayan mejorado sus condiciones de eficiencia y habitabilidad, en una lógica similar al efecto que la gentrificación ha tenido en muchos barrios de nuestras ciudades.

En definitiva, las políticas públicas destinadas a frenar el cambio climático que igualmente están orientadas a abordar estructuralmente la pobreza energética deberán dialogar con las características particulares de aquellos hogares que con mayor intensidad ven vulnerado su derecho a la energía, desplegando medidas de protección e incentivos adaptados a su realidad, evitando así que tales segmentos sociales queden excluidos o penalizados en el proceso de transición a una sociedad energéticamente más eficiente.

Bibliografía

[1] Observación General nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Accesible en: https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-4-derecho-una-vivienda-adecuada-parrafo-1-del-articulo-11-del-pacto

[2] Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética 2019-2023.

[3] La encuesta EINSFOESSA 2018 muestra que un 10,8% de las familias en situación de exclusión severa, frente a un 4,2% de la población general, declara residir en una vivienda que presenta una o varias de las siguientes situaciones: deficiencias graves en la construcción, necesidad de rehabilitar instalaciones eléctricas, o necesidad de cambiar puertas y/o ventanas.

[4] Fundación Renovables: Hacia una Transición Energética Sostenible. Propuestas para afrontar los retos globales. Accesible en: https://fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2018/03/Hacia-una-Transicion-Energetica-Sostenible-Fundacion-Renovables-032018.pdf

Ciencia social

Hacia una Sociología de Urgencia: por qué escuchar a las niñas, niños y adolescentes confinados

Marta Martínez Muñoz, Socióloga y Evaluadora de Políticas Públicas. Enclave de Evaluación.

Iván Rodríguez Pascual, Sociólogo. Profesor Titular de la Universidad de Huelva.

Gabriela Velásquez Crespo, Abogada. Doctoranda en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas- IDHBC de la Universidad Carlos III de Madrid.

Puedes encontrar a #InfanciaConfinada en Twitter; a Marta Martínez en Twitter y Linkedin; a Iván Rodríguez en Twitter; y a Gabriela Velásquez en Twitter y Linkedin.

 

Introducción

La COVID-19 confinó a 47 millones de personas en España, entre ellos, 8,3 millones de menores de 18 años. En la segunda semana de marzo el Gobierno decretó el cierre de los centros educativos y las escuelas quedaron vacías. De un día para otro, se encontraron en casa, sin poder salir a la calle y obligados a tele-estudiar. Sus relaciones sociales con todas las personas con las que no convivían en el hogar, profesores, compañeros y amigos incluidos, quedaron igualmente frenadas y pasaron a ser solo virtuales.

La voz de los niños apenas trascendió más allá de los hogares en los que estaban recluidos. Como hemos defendido en muchas ocasiones en nuestra trayectoria investigadora (Rodríguez y Martínez, 2020), niñas y niños no viven en universos aislados, forman parte del mundo social, de su sociedad y negar esta condición implica desdeñar la posibilidad de construir una relación con la población infantil en pie de igualdad. Por otro lado (más práctico), pueden aportar una visión útil y diferente sobre ciertos procesos esenciales de nuestra sociedad (lo educativo, por ejemplo) que difícilmente podrían aportar otros agentes sociales cuyas vivencias están muy alejadas del mundo infantil. Esta voluntad de escucha implicaba, en un marco de confinamiento, preguntarse ¿Cómo llegar a las niñas y niños?

Metodología

Para ello pusimos en marcha, Infancia Confinada (https://infanciaconfinada.com/) un proyecto de investigación que nace, al séptimo día del confinamiento, a partir de tres preguntas clave: ¿qué opinan las niñas y niños sobre la situación de confinamiento?, ¿cómo les está afectando la COVID-19 en sus vidas cotidianas? y ¿cómo están construyendo de forma individual y colectiva el significado de esta situación?

Con el fin de cumplir con los objetivos de una investigación sociológica de urgencia que no reniega del rigor metodológico, se optó por un acceso virtual a la población objeto de estudio a través de un cuestionario en línea auto cumplimentado, definiendo un rango de edad óptimo para realizar el trabajo de campo: entre 10 y 14 años.

El cuestionario se alojó en la plataforma Limesurvey, para asegurar el anonimato, y se promocionó a través de diferentes redes sociales y de los propios contactos de los investigadores con el método bola de nieve[1] obteniéndose 425 cuestionarios respondidos por niñas (52%) y niños (48%) residentes en distintas comunidades autónomas.[2] Aunque no representativa de toda la población de ese rango de edad, la muestra permite extraer conclusiones tentativas y representó el primer intento de obtener datos de este grupo de edad durante el confinamiento en España.

Cómo se han sentido: el bienestar subjetivo y el confinamiento

Las niñas, niños y adolescentes han sido grandes sostenedores de esta pandemia en el ámbito privado, pese a ello, el mensaje que han recibido de forma casi permanente ha sido aguantar, resistir y portarse bien; se les ha pedido un gran sacrificio, aportándoles muy poco a cambio salvo ser etiquetados como vectores de transmisión, incluso por parte de las propias autoridades sanitarias. Han mostrado un amplio repertorio de formas de definir, entender y acatar conceptos que eran totalmente nuevos como experiencia para casi toda la sociedad y ante una medida tan radical como el confinamiento, todas ellas bajo el paraguas de un amplio consenso: más del 94% muestran su apoyo al confinamiento como medida necesaria para evitar el contagio. No sorprende, por tanto, que el bienestar subjetivo[3] de niñas y niños, aún dentro del confinamiento, sea singularmente alto: sobre una escala de 7 puntos, donde 7 significa mostrarse completamente satisfecho con la vida, la puntuación media en nuestro estudio rozaba los 6 puntos (5,8). El principal motivo de este bienestar se traduce en la satisfacción que tienen con sus relaciones familiares, el hecho de estar en casa y poder mantener cercanía y accesibilidad con sus padres y madres, es lo que apuntan que más han disfrutado de este periodo.

Sin embargo, los factores exclusógenos han seguido actuando dentro del confinamiento. Existe una parte de niñas y niños que no han podido contar con esta cercanía, sus padres no les han podido dedicar suficiente tiempo o existen discusiones dentro de casa. Así, nos preguntamos cómo era el perfil de quienes expresaban la menor y mayor satisfacción vital, que resumimos en la siguiente tabla:

Tabla 1: Perfil comparado de la población infantil y adolescente con la menor y mayor satisfacción vital (25%-75%), respectivamente (% sobre total de respuesta para cada variable, satisfacción vital medida en una escala de 1 a 7). Fuente: Martínez Muñoz, M.; Rodríguez Pascual, I.; Velásquez Crespo, G. (2020).


Como se puede observar, la población infantil que manifiesta menor satisfacción con su vida presenta las siguientes variables:

  • Tiene un perfil más claramente femenino y de más edad.
  • Valoran peor su estado de salud.
  • Muestran mayor malestar psicológico y sentimientos como la tristeza o preocupación.
  • Habitan entornos familiares más frágiles en lo económico y de menor disponibilidad paterna.

La enfermedad y el bienestar de la familia como principales preocupaciones

Al 84% les preocupa mucho que las personas de mi familia enfermen o mueran por culpa del Coronavirus. La segunda mayor preocupación (65%) es que mis abuelos y otras personas mayores tengan que pasar este tiempo solos.

Las cuestiones económicas les han preocupado en menor medida, si bien cuatro de cada diez sí expresan mucha preocupación por la posible pérdida de empleo de sus padres: 44%. Al 17% le preocupa mucho que su familia sea más pobre o tenga menos dinero cuando concluya el confinamiento. En torno a una quinta parte siente una preocupación frecuente (todos los días o a menudo) porque su familia no tenga suficiente dinero para los próximos meses (20%) o que sus padres no tengan trabajo para los próximos meses (23%).

Sentimientos perturbadores

Las niñas, niños y adolescentes no son observadores pasivos de la crisis pandémica ni de sus consecuencias socioeconómicas, sino que han demostrado un pensamiento crítico: conectados y conscientes del sufrimiento del conjunto de la población y la tensión que esta situación ha provocado en nuestro modo de vida, particularmente desde la visión de su entorno familiar pero también en relación con otros ámbitos más amplios.

Se han mostrado ciertamente resistentes a una circunstancia tan dura como el confinamiento: muchos se han sentido tranquilos y, sobre todo, han tenido que lidiar con el aburrimiento. Sin embargo, sentimientos perturbadores han hecho también su aparición identificando las consecuencias socioafectivas del confinamiento: particularmente la preocupación y la tristeza, que una parte significativa de la población (36% y 28%, respectivamente) han sentido con mucha frecuencia y más las chicas.

Dentro de esta misma línea, se ha sesgado un vínculo que en la sociedad española tiene una intensidad especial: el que les une con abuelas y abuelos. Esto tiene un reflejo en que estos se han convertido en una de las principales preocupaciones y fuentes de tristeza durante el confinamiento (al 64,9% le preocupa mucho que se sientan solos) pero también la de las personas mayores en general más allá de sus lazos familiares, dando cuenta así de su solidaridad intergeneracional y de quienes han sido especialmente afectados por la pandemia.

¿Qué aprendizajes nos deja el estudio? 

Conciencia crítica: Las niñas y niños han demostrado ser sujetos situados[3], con una conciencia crítica sobre la situación vivida. No es gratuito, por tanto, que cuando disponen de la oportunidad de expresar sus opiniones, lo hagan principalmente para reclamar y reivindicar su derecho a ser escuchados. En la misma línea, las niñas y niños también aprovechan la oportunidad para dirigirse a diferentes actores sociales para demandar mejores medidas, que se respete el confinamiento y que no se extralimiten con las tareas escolares. Solo a partir de la escucha se puede, también, tener una visión más amplia sobre cuáles son sus necesidades e intereses.

Situaciones de vulnerabilidad: El estudio ha demostrado que, si bien la mayoría de las niñas y niños participantes se encuentran en una situación medianamente estable, existen, en menor medida, situaciones de vulnerabilidad dentro de su ámbito privado. Bajo bienestar subjetivo y material, dificultades de aprendizaje y situaciones económicas familiares débiles, entre otros, son algunas de las condiciones en las que viven algunas niñas y niños participantes, que son el reflejo de la situación actual en muchos hogares españoles. Como sociedad y Estado tomar en cuenta cuáles son las necesidades de la infancia desde sus propias voces, entendiendo que el trabajo más importante de intervención social llegará tras el confinamiento para revertir estas situaciones de desventaja desde un enfoque de derechos.

El proyecto y el informe se encuentran disponibles en https://infanciaconfinada.com/ y en el repositorio académico de la Universidad de Huelva identificado con el handle http://hdl.handle.net/10272/17913.

Referencias bibliográficas

  • Martínez Muñoz, M.; Rodríguez Pascual, I.; Velásquez Crespo, G. (2020). Infancia Confinada. ¿Cómo viven la situación de confinamiento niñas, niños y adolescentes? Infancia Confinada y Enclave de Evaluación.
  • Rodríguez Pascual, I.; Martínez Muñoz, M.; (2020) “Infancia, investigación e intervención social: horizontes metodológicos en diálogo”, en Orgambidez, A.; Borrego, Y.; y Vázquez, O. (eds). (2020) Tendencias de Investigación en Intervención social. Editorial Dykinson.

[1] La encuesta semicerrada estuvo abierta desde el 21 de marzo hasta el 07 de abril y contó con 25 preguntas, divididas en siete secciones: consentimiento y presentación; identificación sociodemográfica; derechos y confinamiento; vivienda, actividades y principales preocupaciones y sentimientos; bienestar subjetivo; sueños, miedos, alegrías y tristezas (SMAT).

[2] 15 de 17 comunidades. No obstante, 70% de la muestra corresponde a Madrid, Valencia y Cataluña.

[3] Conocimiento o sujeto situado es un concepto desarrollado por Simone de Beauvoir (posteriormente revisado por Donna Haraway) para referirse a que ningún conocimiento está desligado de su contexto ni de la subjetividad de quien lo emite. Para Haraway no solo ocurre con las mujeres sino con todos los grupos subalternos, y propone que cada minoría debe analizar su realidad estudiando las interacciones entre todos los ejes de desigualdad (género, clase, raza). A esos ejes de dominación consideramos que se debe añadir aquel basado en la edad, que suele estar ausente en los análisis de interseccionalidad. Con el conocimiento situado se hace explícito el posicionamiento de quien emite una opinión, ya que los puntos de vista no son nunca neutros de una manera ética. Nos parece oportuno extender el concepto para cuestionar las visiones esencialistas de la infancia que desconocen la diversidad de la misma y dejar constancia de la conciencia crítica de las opiniones y expresiones de la población infantil, acerca de diferentes procesos o fenómenos sociales, como hemos observado en muchas ocasiones.

 

 

Número 6, 2020

Ciencia social

A propósito de la vulnerabilidad relacional: reflexiones para la intervención social

José Luis Molina (Catedrático), Hugo Valenzuela-García (Agregado), Miranda J Lubbers (Agregada), GRAFO-Departament d’Antropologia social i cultural (UAB).

Puedes encontrar a José Luis Molina en Twitter; y a Miranda J. Lubbers en Twitter.

 

Introducción

El II Premio de investigación de la Fundación FOESSA (2019-2020) nos permitió abordar una investigación sobre la dimensión relacional y emocional de la experiencia de la pobreza en España. Para ello, adoptamos una estrategia de investigación mixta, consistente en la combinación de entrevistas en profundidad (20), análisis de redes personales y observación etnográfica en centros de atención social de Cáritas, ubicados en cuatro puntos de la geografía española: Castelló, Madrid, Albacete y Cataluña (Valenzuela García, Lubbers, & Molina, 2020). A través de los crudos testimonios de las personas usuarias, el instructivo diálogo con los profesionales y la observación directa de los centros y sus dinámicas, ha sido posible entender mejor los mecanismos que inciden en lo que hemos denominado un proceso continuado de pérdida, un proceso que aboca a llamar a la puerta de Cáritas u otras organizaciones asistenciales. A través de una perspectiva relacional es posible observar, no solo la privación material y el deterioro de la salud, sino también las dramáticas transformaciones que tienen lugar en el mundo social y simbólico de las personas vulnerables a lo largo de un proceso que, en ocasiones, puede ser felizmente revertido.

Un proceso continuado de pérdida en un contexto de desigualdad creciente

A nivel global, la desigualdad no ha dejado de crecer desde los años 80, erosionando tanto lo que habitualmente entendemos por clases medias como otros sectores sociales (Piketty, 2019). Este fenómeno es especialmente dramático en nuestro país, como demuestra el VIII Informe FOESSA que, antes de la actual pandemia, estimaba que el 18,4% de la población española (8,5 millones) estaba estancado en la exclusión, nada menos que 1,2 millones más que antes de la crisis del 2008-9 (Fundación FOESSA, 2019). En estas condiciones estructurales, susceptibles de empeorar, la pérdida del empleo, un divorcio, una enfermedad crónica, la muerte de un familiar querido y, por supuesto, una adicción, por citar algunos de los casos más comunes, pueden desencadenar ese proceso continuado de pérdida que lleva a la exclusión. Podemos resumirlo del siguiente modo:

a) Eventos desencadenantes y autodiagnóstico erróneo. En una situación de creciente vulnerabilidad y desprotección, alguno de los eventos que hemos comentado (o varios de ellos al mismo tiempo) pueden dificultar afrontar las obligaciones cotidianas, el alquiler o hipoteca, las cuotas a la Seguridad Social, o los gastos imprevistos. Por regla general el diagnóstico de la situación es erróneo: se suele considerar algo puntual, una mala racha, y no el inicio de un proceso acumulativo de deterioro.

b) Erosión acelerada del capital social. Al experimentar dificultades suele recurrirse primero a los lazos fuertes (familiares y amigos para obtener pequeños préstamos o ayudas puntuales) o, alternativamente, se opta por no pedir ayuda. En ambos casos se produce un deterioro del capital social, ya sea por la fatiga provocada en los lazos de apoyo (motivada por una dependencia crónica) o bien por la falta de interacción social motivada por la imposibilidad de costear su mantenimiento (asistencia a celebraciones, regalos, etc.) y la imposibilidad de mantener la reciprocidad de los intercambios, condición sine qua non de la sostenibilidad de la relación. Esto lleva a que las redes personales se hagan más pequeñas, y a menudo homogéneas en términos de nivel socioeconómico, lo que redunda en un mayor nivel de exclusión.

c) Aparición del estigma y la vergüenza asociados a un cambio de estatus. La situación de dependencia crónica, el hecho de no poder disponer del nivel de consumo asociado al grupo en el que estas personas se clasifican, conlleva a menudo que se les recrimine su situación y que se sientan avergonzadas por experimentar una situación de la que suelen sentirse responsables. Este estigma es a menudo reproducido en las regulaciones burocráticas que rigen el funcionamiento de las instituciones y el reparto de fondos o la provisión de servicios.

d) Contacto con las instituciones socio-caritativas y afrontamiento de situaciones de vivienda, alimentación, salud y deudas inasumibles, a menudo con instituciones públicas, en un contexto en el que el acceso al trabajo no garantiza la superación de situaciones de vulnerabilidad.

Este proceso es bien conocido por los profesionales de Cáritas con los que hemos tenido la oportunidad de conversar, aunque quizá no de una forma tan sintética y descarnada. Veamos a continuación algunas reflexiones que, esperamos, contribuyan a mejorar su trabajo.

Reflexiones para la intervención social

Indicadores relacionales de vulnerabilidad

Disponer de redes personales pequeñas y en la mayoría de las veces formadas por personas también en riesgo de exclusión (lo que se denomina redes homófilas; es decir, constituidas en buena parte por personas de similares características socioeconómicas), redes personales formadas exclusivamente por familiares (especialmente en el caso de las mujeres que tienen que sacar adelante a sus familias) y redes personales con presencia de profesionales son indicadores relacionales de la existencia de una situación de vulnerabilidad.

La Figura 1 presenta el caso de Joaquín (se usan siempre pseudónimos y la persona en cuestión no se representa), un caso en el que la red personal es mínima y con presencia importante de profesionales. En todos los casos analizados el apoyo emocional aportado por estos últimos (en términos de atención, comprensión y ayuda) se ha valorado como esencial. Por esa razón algunos usuarios se refieren a esos profesionales como su familia, una familia ficticia que resulta sin embargo crucial en tanto en cuanto adopta roles (y proporciona apoyos) reservados para unos lazos familiares que ya no están presentes – aunque eso no implica que no sean recuperables.

Figura 1. El mundo social de Joaquín: mínimo y con presencia de profesionales.

 

La Figura 2 muestra la red de Encarna, una mujer que ejerce el rol de cuidadora de una familia ampliada, con la mayoría de sus miembros en situación de dependencia o necesidad. En estas condiciones estas mujeres no pueden disponer de espacios de socialización alternativos, también importantes para el bienestar emocional, ni tampoco de tiempo para realizar actividades que no estén relacionadas con la reproducción de la unidad doméstica. La situación se agrava cuando se tienen que ocupar de personas dependientes al tiempo que trabajan, lo cual les obliga a hacer dobles y triples jornadas.

Figura 2. La red social de Encarna: familiares y un profesional

 

La Figura 3 muestra un caso en el que el profesional ya dispone de un rol periférico, aunque mantiene el contacto, lo cual es un indicador de que la red personal se está recuperando a través de la aparición de círculos sociales diferenciados de familiares y amigos o conocidos, que permiten a la persona recuperar la autoestima y la independencia. Este acceso a nuevas relaciones a menudo se acompaña con el acceso a distintas realidades socioeconómicas y nuevas oportunidades vitales.

Figura 3. La red personal de un Laureano que da signos de recuperar su mundo social, con círculos diferenciados.

 

En general, una red amplia y diversa, con diferentes círculos (amistades, trabajo, actividades sociales o deportivas, familia) indica una vida plena y satisfactoria. Esta red es la primera que sufre las consecuencias del proceso de pérdida que hemos descrito.

Repensar el rol del voluntariado y su formación

El voluntariado es un elemento fundamental de la acción socio-caritativa, al encarnar los valores del compromiso por los demás, la solidaridad y la igualdad, entre otros. Sin embargo, los voluntarios son también representantes de la sociedad general y, por tanto, en algunos casos suelen reproducir los discursos dominantes, entre ellos muy especialmente el prejuicio sobre quién merece la ayuda (porque se asume que no es culpable de su situación) y quién no la merece (porque se asume que se aprovecha de ella). La Figura 4 representa el discurso dominante que hemos llamado el estigma de los desclasados, o la clasificación de las personas excluidas y/o dependientes en categorías de merecimiento, incluyendo a aquellas personas con las que tienen contacto frecuente pero que consideran no merecedoras de la ayuda.

Figura 4. El estigma de los desclasados: merecimiento.

 

Estos prejuicios no son nuevos, sino que se pueden encontrar de forma reiterada en los discursos de justificación de la exclusión en todo el mundo. Por ello entendemos que los cursos de formación deberían reconocer la existencia de estos discursos y permitir a los voluntarios y voluntarias realizar su propia reflexión sobre esta cuestión. También sería interesante, en el transcurso de estos cursos, que participasen los distintos agentes (profesionales y voluntarios, naturalmente, pero también usuarios) mediante foros abiertos – por ejemplo, grupos focales.

La participación comunitaria y la creación de nuevos valores

Una de las lecciones aprendidas más importantes de este trabajo es que la red comunitaria constituye una protección del proceso de deterioro descrito anteriormente. En este sentido, las personas que consiguen (con la ayuda de Cáritas y otras organizaciones sociales) salir adelante manifiestan su disposición a devolver con generosidad la atención recibida, actuando como voluntarios/as o ayudando activamente a otras personas en situación de necesidad. Entendemos que esta solidaridad puede orientarse a actividades encaminadas a la creación de redes comunitarias que vayan más allá de las instituciones (en proceso de creciente burocratización) y descansen en asociaciones vecinales, clubs deportivos, entidades culturales, escuelas y ayuntamientos, entre otras. Estas iniciativas orientadas, por ejemplo, a promover buenas prácticas se han mostrado eficientes y permitirían a estas personas ejercer activamente un derecho de ciudadanía que nunca se les debería haber arrebatado. Resulta fundamental, no obstante, que estas iniciativas no se entiendan como lógicas impuestas de arriba abajo, sino al contrario, como iniciativas acompañadas, promovidas e incentivadas por todos los agentes, de manera que los participantes se sientan involucrados en la toma de decisiones y se sientan co-responsables de sus logros. Pensamos que ese es el verdadero reto de las instituciones de lucha contra la pobreza: lograr la inclusión y la creación de redes sociales sostenibles mediante la participación activa de los propios agentes involucrados[1].

Bibliografía

Fundación FOESSA (2019). VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid.

Piketty, T. (2019). Capital e ideología. Barcelona: Grupo Planeta.

Valenzuela Garcia, H., Lubbers, M. J., & Molina, J. L. (2020). Vivo entre cuatro paredes: La vulnerabilidad relacional en contextos de exclusión social. Madrid: Cáritas Española; Fundación FOESSA.

[1] Este es, precisamente, el punto de partida de un nuevo proyecto que sustenta parte de la reflexión de este artículo: “Dimensión comunitaria, redes sociales y exclusión social” (Acrónimo: DIMCOM). Proyecto I + D + i. Retos de Investigación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. IP: Hugo Valenzuela y Miranda J. Lubbers. Ref. PID2019-111251RB-I00. Periodo: junio 2019- junio 2023.

 

 

Número 7, 2021

 

Ciencia social

El enfoque de Derechos Humanos y la Discapacidad

Antonio Jiménez Lara

Sociólogo

Puedes encontrar a Antonio Jiménez Lara en Twitter.

 

El enfoque de derechos humanos (o, más brevemente, enfoque de derechos) es el esfuerzo orientado a traducir las normas internacionales de derechos humanos en acciones de política institucional y de control social dirigidas a dar respuesta a las demandas sociales y a satisfacer las necesidades de todas las personas y grupos, superando las situaciones de exclusión y desigualdad estructural existentes (Güendel, 2003).

Este enfoque se desarrolló inicialmente en el marco de las Naciones Unidas, como elemento clave del programa de reformas formulado en 1997 por Kofi Annan, y se ha aplicado durante las dos últimas décadas en los programas de cooperación para el desarrollo implementados por sus diferentes organismos, que acordaron en el año 2003 el Entendimiento común de las Naciones Unidas sobre un enfoque basado en los derechos humanos para la cooperación para el desarrollo (UNSDG, 2003). El enfoque se ha extendido también a las políticas públicas nacionales, y son ya muchos los Estados que han adoptado como marco de referencia para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas los principios y las normas que reconocen los derechos humanos, plasmados tanto en instrumentos internacionales como en las constituciones y leyes nacionales.

El enfoque de derechos humanos se sustenta en dos pilares fundamentales: el Estado como garante de los derechos y principal responsable de su promoción, defensa y protección, por una parte, y las personas y grupos sociales como sujetos titulares de derechos, con la capacidad y el derecho de reclamar su cumplimiento y de participar en la formulación y ejecución de las políticas públicas, por otra.

Los derechos humanos se han tratado tradicionalmente desde la perspectiva jurídica, pero son también un tema de gran importancia para la sociología y la ciencia política, pues está ligado al debate sobre las desigualdades sociales, la cohesión social y los procesos de democratización de las sociedades. De hecho, el surgimiento de nuevos derechos está directamente relacionado con los cambios sociales, la aparición de nuevas necesidades y las reivindicaciones y demandas de los movimientos sociales.

El enfoque de derechos humanos es una potente herramienta de intervención en la realidad social. Proporciona claves para el análisis de las desigualdades y de las prácticas discriminatorias que obstaculizan los progresos sociales; permite identificar a los titulares de derechos y a los titulares de obligaciones, establecer estrategias de intervención capacitando a unos y otros para revertir las situaciones de vulneración de derechos, y potenciar la capacidad de acción de los grupos sociales para participar en la formulación de políticas y para exigir responsabilidades a quienes tienen obligación de actuar (Naciones Unidas, 2006).

En el ámbito de la discapacidad, en enfoque de derechos parte de la premisa de que las personas con discapacidad son sujetos provistos de una dignidad intrínseca, que han de ver reconocidos sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de la población, correspondiendo a los poderes públicos establecer los medios necesarios para que el disfrute de todos los derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) por parte de las personas con discapacidad sea efectivo.

La dignidad es inherente a la persona, y no depende de las condiciones concretas en las que ésta se encuentre. La persona con discapacidad tiene dignidad, cualesquiera que sean sus capacidades físicas, intelectuales, afectivas o espirituales. El reconocimiento de esa dignidad debe traducirse, entre otras cosas, en el apoyo a su autonomía y a su capacidad para hacer elecciones, ejercer la autodeterminación y ser protagonista de su propia vida.

El enfoque basado en los derechos humanos supone trabajar en pro del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, y eso es algo que va más allá de la mera satisfacción de sus necesidades. Para este enfoque no solo son importantes los resultados, sino también la forma en que esos resultados se logran, de manera que las personas con discapacidad sean agentes que intervengan en su propio proceso de inclusión y no meros receptores pasivos de servicios, prestaciones o apoyos. Por ello, este enfoque procura fortalecer simultáneamente la capacidad de las personas con discapacidad para reivindicar, defender y ejercer sus derechos, y la de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones.

La visión de la discapacidad desde la perspectiva de derechos se ha plasmado en la normativa internacional, en particular en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (Naciones Unidas, 2006), que al ser ratificada por España se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. La Convención considera que la discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, y reconoce que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano.

La Convención incluye una amplia gama de derechos de primera y segunda generación (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), pero no separa en categorías los derechos reconocidos, con el objetivo de reforzar la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. La Convención también incorpora algunas previsiones relacionadas con derechos de tercera generación, como el acceso a las nuevas tecnologías, la privacidad de la información personal relativa a la salud o el reconocimiento del papel que debe jugar la cooperación internacional. Para lograr el cumplimiento de estos derechos, la Convención prohíbe toda discriminación por motivos de discapacidad, promueve la igualdad de oportunidades y prioriza la accesibilidad universal como condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones.

La accesibilidad universal implica la eliminación de todas las barreras que dificultan o impiden el ejercicio de los derechos. Para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, es necesario garantizar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, el transporte, la información, las comunicaciones, los bienes y los servicios, tanto en zonas urbanas como rurales. Para el logro de la accesibilidad universal es esencial aplicar los principios de diseño para todas las personas, expresión que hace referencia a la elaboración de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.

En las situaciones en las que los dispositivos de accesibilidad universal y diseño para todas las personas no resultan suficientes, entran a operar los ajustes razonables, entendidos como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que, sin imponer una carga desproporcionada o indebida al sujeto obligado, se requieren en determinados casos para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. La Convención obliga a adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables, y apuesta por la denominada acción positiva al establecer que no se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.

La perspectiva de derechos está también presente en la Agenda 2030 y en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015) es un instrumento para la lucha a favor del desarrollo humano sostenible en todo el planeta, basada en el principio de no dejar a nadie atrás, cuyos objetivos abarcan todos los aspectos de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, civiles, culturales, políticos y sociales, así como los llamados derechos de solidaridad o tercera generación, como el derecho al desarrollo o al medio ambiente sano. La discapacidad se menciona expresamente en las metas de 5 de los ODS (4, Educación de calidad; 8, Trabajo decente y crecimiento económico; 10, Reducción de desigualdades; 11, Ciudades y comunidades sostenibles, y 17, Alianzas para lograr los objetivos), aunque de manera indirecta está presente en muchas otras menciones referidas a personas vulnerables o en situación de riesgo, y a la diversidad, igualdad e inclusión de las personas.

La perspectiva de derechos inspira asimismo la normativa nacional sobre discapacidad (Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) y la normativa sobre discapacidad con la que cuentan varias comunidades autónomas, como Andalucía (Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía), Cantabria (Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad), Castilla-La Mancha (Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha), Castilla y León (Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad) y la Comunidad Valenciana (Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat Valenciana, sobre el estatuto de las personas con discapacidad, modificada por Ley 9/2018, de 24 de abril).

También participan de esta visión documentos programáticos como el Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021 (Organización Mundial de la Salud, 2014), una iniciativa para mejorar la salud de todas las personas con discapacidad, la nueva Estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030 (Comisión Europea, 2021), la nueva Estrategia Española sobre Discapacidad 2021-2030, que está elaborando el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para dar continuidad a la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011), y las diferentes aportaciones técnicas y científicas que, basadas en el paradigma de la autonomía personal y el denominado modelo social de la discapacidad, se han realizado desde diferentes campos y disciplinas.

El enfoque de derechos y los instrumentos inspirados en ese enfoque, en particular la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promueven, un modelo de intervención social más proactivo y también más crítico, que no solo trate de paliar las consecuencias más severas de las situaciones de discriminación que soportan las personas con discapacidad, sino que también haga frente a las estructuras y las dinámicas sociales que limitan la participación de las personas con discapacidad y generan procesos de exclusión social (Muyor Rodríguez, 2011).

Las legislaciones, las políticas, las estrategias, los planes, los programas y las actuaciones (en definitiva, toda la acción pública en materia de discapacidad) han de incorporar plenamente el enfoque inclusivo propio de la perspectiva de derechos. La garantía de derechos, la igualdad de oportunidades, la protección contra la discriminación y las exclusiones, así como la oferta y puesta a disposición de apoyos deben estar dirigidos siempre a que la persona con discapacidad pueda materializar su derecho a ser incluida en la comunidad y a tomar decisiones sobre su propia vida.

 

Bibliografía

Comisión Europea. Una Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030. COM(2021)101 final. Bruselas, 3 de marzo de 2021.

Güendel, L. Por una gerencia social con enfoque de derechos. Barcelona: Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya, 2003.

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad, 2011.

Muyor Rodríguez, J. La (con)ciencia del Trabajo Social en la discapacidad: Hacia un modelo de intervención social basado en derecho. Documentos de Trabajo Social. Revista de trabajo y acción social, nº 49, 2011; p. 9-33.

Naciones Unidas. Preguntas frecuentes sobre el Enfoque de Derechos Humanos en la cooperación para el desarrollo. Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006.

Naciones Unidas. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 13 de diciembre de 2006, Serie de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 2515, No. 44910.

Naciones Unidas. Resolución 70/1 de la Asamblea General Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A/RES/70/1 (25 de septiembre de 2015).

Organización Mundial de la Salud, Proyecto de Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021. EB134/16 (3 de enero de 2014).

UN Sustainable Development Group, UNSDG. The Human Rights Based Approach to Development Cooperation Towards a Common Understanding Among UN Agencies. Nueva York: UNSDG, 2003.

 

Número 8, 2021
Ciencia social

La persistente vulnerabilidad social y residencial de las mujeres migrantes trabajadoras de hogar

Elisa Brey. Investigadora en el Grupo de Estudios en Migraciones Internacionales (GEMI) y profesora de la sección departamental de sociología aplicada en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM.

Puedes encontrar a Elisa Brey en Twitter y Linkedin.

 

Entre los perfiles de mayor vulnerabilidad social destaca el de las mujeres inmigrantes que trabajan en el sector doméstico (Federación de Mujeres Progresistas, 2020). Para conocer mejor la situación de dichas mujeres, en primavera de 2021, se realizaron 21 entrevistas a mujeres procedentes de América Latina y 5 entrevistas a informantes claves.

Dicho trabajo es la continuidad de un primer estudio realizado sobre las mujeres inmigrantes en el servicio doméstico, en 2017[1]. Este primer estudio tenía como objetivo el análisis de la situación laboral y el impacto de los cambios normativos en las mujeres inmigrantes trabajadoras de hogar. El segundo estudio, realizado en 2021, se ha centrado en el análisis de la vulnerabilidad residencial de dichas mujeres, en el contexto de la pandemia[2].

Consecuencias de la pandemia en trabajadores del sector doméstico

En primavera de 2020, el sector doméstico se vio especialmente expuesto a las consecuencias de la pandemia. Entre el primer y el segundo trimestre de 2020, el número de empleados domésticos disminuyó un 18,1% en el caso de las mujeres, y un 61,4% en el caso de los hombres (Fuente: Encuesta de Población Activa, EPA).

Los datos de la Seguridad Social (a último día del mes) permiten observar la incidencia de la crisis en el número de afiliados, en función del sexo y la nacionalidad. Entre febrero y junio de 2020, el Sistema Especial de Empleadores de Hogar (S.E.E.H.) es el régimen de cotización con mayor disminución de su número de afiliados. Frente a una disminución total del 4,1%, el número de afiliados en S.E.E.H.) disminuye un 5,4%. En ese régimen, la disminución ha sido mayor entre las personas afiliadas de nacionalidad extranjera, respecto a las personas afiliadas de nacionalidad española. Se observa una disminución del 5,4 y del 6,2% en el caso de las mujeres y los hombres de nacionalidad extranjera, frente al del 5,3% y 4,5% en el caso de la población española.

Los datos de afiliación confirman que la crisis sanitaria ha mantenido la clara sobrerrepresentación de las mujeres de nacionalidad extranjera en el sector doméstico. La participación de los hombres en este sistema es marginal, dado que las mujeres representan el 95,6% del conjunto de afiliados en los meses considerados. Entre febrero y junio de 2020, las mujeres de nacionalidad extranjera representan entre el 41,3 y el 41,6% de mujeres afiliadas en el S.E.E.H., mientras que los hombres de nacionalidad extranjera representan entre el 55,6% y el 56,2% de hombres afiliados. Para poner estos datos en perspectiva, basta recordar que la población extranjera (en su conjunto y por cada sexo) representa el 13,7% de la población total empadronada en España, a 1 de enero de 2020.

Número de personas de nacionalidad extranjera afiliadas en el S.E.E.H. en 2020

Fuente: Seguridad Social (datos a último día del mes)

 

En el caso de que la actividad se realice sin un contrato formal de trabajo, como es frecuente en el sector doméstico, el riesgo de vulnerabilidad se ve reforzado. Cuando son mujeres y hombres migrantes, se añadieron otros posibles factores de riesgo: la escasez de redes de apoyo, sobre todo si llevan poco tiempo en España; o la falta de un permiso de residencia y trabajo, que supone la irregularidad administrativa.

En España, a partir de marzo de 2020, las renovaciones del permiso de residencia quedaron a la espera de que finalizará el estado de alarma. Por este motivo, la Policía Nacional publicó varias instrucciones que prorrogaban automáticamente su validez durante unos meses, permitiendo que se prolongara el periodo de regularización. Sin embargo, aunque contaran con un permiso de trabajo, las personas de nacionalidad extranjera se enfrentan a dificultades para renovar este permiso si se quedan en paro, por no cotizar lo suficiente durante el periodo de referencia para la renovación, y eso debido a la vinculación del permiso de trabajo con la situación de alta laboral y cotización.

En cuanto a las personas de nacionalidad extranjera sin permiso de trabajo y residencia, se vieron excluidas del acceso a subsidios o ayudas extraordinarias. Así, se quedaron fuera de medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno central, como el Ingreso Mínimo Vital o el Real Decreto Agrario (Decreto 13/2020). En una comunicación del 18 de marzo de 2020, Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) denunció la falta de acciones específicas de apoyo y protección a los profesionales del sector doméstico, en su mayoría mujeres migrantes, que cuidaron a personas especialmente vulnerables durante la pandemia de COVID-19. Y es que inicialmente, los trabajadores que cotizan en el S.E.E.H. quedaron fuera de las ayudas especiales implementadas por el gobierno, aunque luego sí se tuvieron en cuenta.

También quedaron a veces excluidos de los programas regionales y locales de apoyo que fueron implementados durante el estado de alarma, no solamente por su posible situación irregular, sino por otros requisitos: exigencia de largos periodos de empadronamiento, disposición de una cuenta corriente, dificultad para realizar los trámites por vía digital, documentación difícil de conseguir en sus países de origen o requisito de estar inscritos como demandantes de empleo.

El papel clave de la vivienda

La situación residencial es otro factor diferencial clave a la hora de analizar la vulnerabilidad de las mujeres migrantes que son trabajadoras de hogar. El estudio realizado desde la UCM en 2021 permite distinguir tres realidades: las mujeres internas que residen en una vivienda donde trabajan, pero donde no está su hogar; las mujeres que comparten habitación o vivienda; y las mujeres que residen en una vivienda de forma independiente a otros núcleos u hogares.

En el caso de las trabajadoras internas se vuelven borrosos los límites entre el lugar de trabajo y el espacio de vida. Bajo esta situación residencial emerge una sensación contradictoria, pues si bien el entorno en el que se encuentra la vivienda puede percibirse como un lugar agradable, no lo suelen ser los espacios usados por la trabajadora. Incluso la habitación en la que pernocta puede no estar acondicionada ni contar con los recursos para ser plenamente habitable. La nula o escasa adecuación de los espacios para el confort de la trabajadora o el limitado acceso a recursos básicos como Internet pueden interpretarse como una clara intención de remarcar esos límites difusos a los que antes hacíamos mención. Una estrategia empleada por los empleadores para que dicho espacio no sea reconocido como propio de la trabajadora doméstica.

El alquiler compartido de una habitación o de una vivienda permite limitar gastos, pero no se encuentra exento de problemas derivados de la convivencia y el hacinamiento. El alquiler compartido suele llevarse a cabo con otras mujeres trabajadoras del hogar, cuando se trata de una habitación, y con miembros de la familia extensa, cuando es la vivienda. Compartir habitación o vivienda es una situación pasajera hasta que sea posible acceder a una vivienda no compartida.

Esta búsqueda de una vivienda no compartida suele coincidir con la reagrupación familiar o la consolidación de una pareja. En el primer caso, es preciso que la trabajadora cumpla con una serie de requisitos (incluyendo un mínimo de metros cuadrados en la vivienda) para que el Estado autorice la reagrupación familiar. En el segundo caso, la pareja proporciona un apoyo para acceder a una vivienda en el mercado libre a la cual la mujer trabajadora de hogar no podría acceder sola, dados los requisitos y las garantías que se exigen. Las características de la vivienda no permiten superar la vulnerabilidad residencial, dado los niveles de habitabilidad y adecuación que presenta. A pesar de ello, acceder a una vivienda de forma independiente otorga cierta sensación de confort al disponer de un espacio propio.

En tiempos de pandemia, las mujeres entrevistadas expresaron que se hizo sentir con fuerza la relación recíproca entre empleo y vivienda, señalados como dos factores claves para entender la exclusión social en España, según la Fundación FOESSA (2019). Por miedo al contagio, muchas de ellas pasaron a vivir de forma permanente en los domicilios donde trabajaban, sin poder acudir a sus hogares, localizados en otra vivienda. También se puso de manifiesto la estrecha relación entre empleo y vivienda, al incrementarse los despidos entre las personas que son trabajadoras de hogar, lo cual se tradujo en algunas ocasiones en la pérdida también de la vivienda por no disponer de recursos económicos suficientes para pagar el alquiler y los suministros.

La vulnerabilidad residencial aparece como un factor persistente, que no se supera del todo, incluso cuando las mujeres han dejado de trabajar como interna o han dejado de compartir vivienda. Según un estudio de la Asociación Provivienda (2020), la persistencia de la vulnerabilidad residencial también se ha observado en el caso de hogares que experimentan problemas de asequibilidad de la vivienda, aunque hayan superado otras situaciones residenciales de mayor vulnerabilidad, como son: vivir sin techo o sin vivienda, residir en una vivienda insegura o en una vivienda inadecuada.

La interacción de factores estructurales (mercado dual de trabajo, mercado tensionado de la vivienda y procesos dilatados de regularización en España) así como coyunturales (pandemia de COVID-19, reagrupaciones o separaciones familiares) condicionan, sin duda, el grado de vulnerabilidad de las mujeres migrantes que son trabajadoras de hogar. Dicha vulnerabilidad puede verse limitada por redes de apoyo, formales o informales.

Para superar dicha precariedad estructural, no solamente sería necesaria, por parte de España, la ratificación del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 189), sino también la adopción de mecanismos de inspección y la sensibilización de empleadores y otros segmentos de la población para permitir unas mejores condiciones laborales a las personas que trabajan en el sector.

 

Fuentes

Asociación Provivienda. Cuando la casa nos enferma 3. Redes de apoyo en tiempos de crisis. Madrid, 2020. Enlace: Cuando la casa nos enferma 3 (provivienda.org)

Federación de Mujeres Progresistas. Investigación Mujer inmigrante y empleo de hogar: situación actual, retos y propuestas. Madrid, 2020. Enlace: Estudio-Mujer-inmigrante-y-empleo-de-hogar-FMP-2020.pdf (fmujeresprogresistas.org)

Fundación FOESSA. VIII Informe FOESSA: La exclusión social se enquista en una sociedad cada vez más desvinculada. Madrid: Fundación FOESSA y Cáritas Española Editores, 2019. Enlace: VIII Informe FOESSA: La exclusión social se enquista en una sociedad cada vez más desvinculada – Foessa

 

[1] Dicho estudio es fruto de la colaboración entre AD Los Molinos, SEDOAC y profesoras del departamento de sociología aplicada de la UCM. Enlace: AD Los Molinos, Asociación (admolinos.org)

[2] Dicho estudio se realizó en el marco del proyecto “Influencia de los cambios en los regímenes de producción y acceso a la vivienda sobre la reestructuración social de las grandes ciudades españolas” (CSO2017-83968-R), dirigido por la Profesora Marta Domínguez Pérez de la UCM. Se agradece el trabajo de Mónica Mongui Monsalve, Ainhoa Ezquiaga Bravo y Pierina Cáceres Arévalo. Enlace: Informe «Vivienda y vulnerabilidad: Mujeres inmigrantes en el servicio doméstico» (2021) – GISMAT

 

Número 9, 2021
Ciencia social

La identidad nacional como exclusión

Francisco José Delgado Martín

Economista

 

La historia, anota el historiador Timothy Snyder, «no se repite, pero sí instruye». Presento en este artículo unos breves contextos históricos intentando arrojar algo de luz para entender algunos de los falsos tópicos (entre ellos la identidad nacional) que sirven como “argumentos” en contra de refugiados e inmigrantes. Lo hago centrado en Estados Unidos, pero por otros pagos tienen (incluso tenemos) sus imitadores.

Allá por finales de los años 70 del siglo pasado, León Gieco cantaba lo que hoy es el destino de muchos seres humanos en muchas de las fronteras de este mundo: «Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente». Pronto las ideas económicas y las decisiones políticas cambiaron. Al historiador Eric Hobsbawm, que vivió la Gran Depresión, una profunda crisis económica, le resultaba incompresible cómo, tras las crisis del petróleo, aquellos a los que no se había escuchado durante tres décadas, aquellos que defendían un mercado totalmente libre de las restricciones del Estado, empezaran a tener la voz cantante en los años 80 del siglo XX. There is no alternative, dirán. Privatizar, desregular, competir… Cada uno a lo suyo. Confiemos todos, y todo, solo en la iniciativa privada. Los mercados ponen a cada uno en sitio. Para Hobsbawm este hecho ilustra, por un lado, «la increíble falta de memoria de los teóricos y prácticos de la economía», y, por otro, «la necesidad que la sociedad tiene de los historiadores, que son los “recordadores” profesionales de lo que sus conciudadanos desean olvidar». Ahora bien, las tres décadas de bonanza, y magros derechos, en las que no fueron escuchado los neoliberales, llevaban ya el germen de lo que vendría después. A los ojos de Pablo VI en 1967:

«Sobre estas nuevas condiciones de la sociedad ha sido construido un sistema que considera el lucro como motor esencial del progreso económico, (…) la prosperidad privada de los medios de producción, como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. Este liberalismo sin freno, que conduce a la dictadura, justamente fue denunciado por Pío XI» (Populorum progressio, n. 26. Capitalismo liberal).

En aquellos años de la Gran Depresión, en 1931 Pío XI escribe:

«[s]alta a los ojos de todos (…) que en nuestros tiempos no solo se acumulan riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos (…)». Y añadirá: «Dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de que vive toda la economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aun respirar contra su voluntad» (Quadragesimo anno, nn. 105, 106).

Casi describe nuestro presente. El The World Inequality Lab, en cuyo Comité Ejecutivo figura el economista Thomas Piketty, nos proporciona los siguientes gráficos que son lo suficientemente elocuentes como para necesitar mayores comentarios.

 

Evolución de la parte de Ingreso Nacional que pertenece al 1% más rico.

 

Evolución de la parte de Ingreso Nacional que pertenece al 50% más pobre.

 

Con soltura escribe Vargas Llosa, ufano donde los haya de las políticas neoliberales, comentando a Adam Smith: «Nadie antes (…) había (…) explicado de manera tan elocuente que la libertad económica sustenta e impulsa a todas las otras» (la cursiva es mía). Mas, como recuerda Hannah Arendt: «La superación de la pobreza es un requisito previo para la fundación de la libertad». Que, en 2017, según The United States Census Bureau, uno de cada ocho norteamericanos era pobre. Que importan las leyes. Y que importa -es significativo- que esas leyes sean aprobadas sin tener en cuenta lo más mínimo a porcentajes importantes de la población de Estados Unidos o cualquier otro país del mundo. Dice el informe de The World Inequality Lab:

«La evidencia muestra que la progresividad del sistema impositivo (considerado globalmente) es una herramienta efectiva para combatir la desigualdad. La tributación progresiva no solo reduce la desigualdad de manera directa, sino que también disminuye los incentivos a capturar fracciones crecientes de ingreso y de riqueza, al limitar su magnitud. La progresividad se redujo drásticamente en los países ricos y en algunos emergentes entre la década de 1970 y mediados de la del 2000».

Sin embargo, hoy la música que suena no es ni siquiera la de la progresividad impositiva, suena la bajada de impuestos. En Estados Unidos la aplican. Los beneficiados, los de siempre. Muchos hubo (y hay) que sostuvieron que, en el límite, todos los impuestos son un robo, sin reparar en que la producción de la riqueza es social. Y el informe sigue. Mucho se ha escrito sobre las bondades de la educación como catalizador de la igualdad de oportunidades, pero incluso han llegado a romper el posible ascensor social.

«Investigaciones recientes muestran que puede existir una brecha inmensa entre el discurso público acerca de la igualdad de oportunidades y las que efectivamente existen en el acceso a la educación. En Estados Unidos, por ejemplo, de cada cien niños cuyos padres pertenecen al decil más pobre, apenas entre veinte y treinta acceden a educación universitaria, mientras que dicha proporción asciende a noventa en el caso del decil de más altos ingresos».

Te preguntarás qué tiene que ver todo esto con la identidad nacional como exclusión. Un pequeño rodeo. Peter Berger y Thomas Luckmann en La construcción social de la realidad sostuvieron que recibir una identidad comporta adjudicarnos un lugar en el mundo. En un mundo globalizado el “lugar” bien puede ser «un trozo en un mapa». Eric Hobsbawm, en la Conferencia inaugural del congreso «Los Nacionalismos en Europa: Pasado y Presente», celebrado en Santiago de Compostela en septiembre de 1993, contaba lo siguiente:

«Si empiezo refiriéndome a la “identidad estatal” es porque, hoy en día, además de ser virtualmente universal, proporciona el modelo para todos los otros grupos que buscan una expresión política para su existencia como colectividad. Se trata, sin embargo, de una relación de doble filo. A lo largo de este siglo [XX] dos peligrosas ideas han contaminado al Estado territorial: la primera es que de alguna manera todos los ciudadanos de tal Estado pertenecen a la misma comunidad o “nación”; y la segunda es que lo que une a estos ciudadanos sería algo así como una etnicidad, lengua, cultura, raza, religión o antepasados comunes».

Primer acto: America first… los norteamericanos primero. La identidad nacional no viene a ser nada más que el trampantojo simbólico que se agita frente a la llegada de inmigrantes y refugiados. Como afirma con tino Appiah, «una vez fuera del mundo-aldea del cara a cara, un pueblo siempre es una comunidad de extraños». Extraño dice el Diccionario de la Real Academia: «De nación (…) distinta a la que se nombra o sobrentiende, en contraposición a propio». La identidad nacional, si no olvidamos los datos arriba indicados, nos remite a una falsa solidaridad. Así, causa desazón leer a Fukuyama:

«Una (…) razón por la que la identidad nacional es importante es la de mantener fuertes redes de seguridad social que mitiguen la desigualdad económica. Si los miembros de una sociedad sienten que son miembros de una familia extendida y tienen altos niveles de confianza entre ellos, es mucho más probable que apoyen programas sociales que ayuden a sus compañeros más débiles».

Reconoce que las democracias liberales se apoyan en la premisa «de la igualdad humana universal, y esa igualdad no comienza ni termina en las fronteras nacionales», pero, es necesario que haya un pero, un pero que se desliza de la inmoralidad económica a unas breves pinceladas de teoría política:

«Si bien los países sienten, con razón, la obligación moral de albergar a los refugiados y de acoger a los inmigrantes, tales obligaciones son potencialmente costosas tanto económica como socialmente, y las democracias deben equilibrarlas con otras prioridades. Democracia significa que las personas son soberanas, pero si no hay manera de delimitar quiénes son esas personas, no se podrá ejercer la elección democrática».

Segundo acto: Make America Great Again. ¿Y cómo puede ser cualquier cosa grande otra vez –en un mundo global– levantando muros, enviando (o proponiendo enviar) cuerpos y fuerzas armadas contra seres humanos exhaustos por el viaje, con la muerte en las fronteras (hombres, mujeres y también niños), criminalizando también a todos los creyentes de una religión? Así el pasado invocado es un pasado poblado de olvidos. Todo (cultura, lengua, religión…) sirvió (y puede servir) como “marcas” para adjudicar identidades y, por lo que sabemos, nada hubo (ni hay) de inocente en algunas de ellas. Sobre el color de la piel se montó la esclavitud y hoy el racismo; sobre el sexo, el género y la dominación de los hombres sobre las mujeres. Así, por ejemplo, escribe Ta-Nehisi Coates, negro norteamericano:

«El olvido es un hábito, pero también es otro componente necesario del Sueño [de ser blanco]. Ya han olvidado la magnitud del robo que los enriqueció con la esclavitud; el terror que les permitió durante un siglo escatimar el derecho a voto, y la política segregacionista que les dio sus barrios residenciales. Se han olvidado porque acordarse los haría caerse del hermoso Sueño y tener que vivir aquí abajo con nosotros, aquí en el mundo. Estoy convencido de que los Soñadores, al menos los Soñadores de hoy en día, prefieren vivir blancos a vivir libres (…). Despertarlos equivale a mancillar su nobleza, a convertirlos en humanos vulnerables, falibles y frágiles».

Frente al camino abstracto (siempre difícil) que nos podría llevar a reconocernos como nacidos «libres e iguales en dignidad y derechos», es la fragilidad por las menguantes condiciones materiales que hacen posible articular proyectos de vida la que nos puede permitir hoy reconocernos. Reconocernos en nuestra fragilidad dentro de una pluralidad de diferencias. Sin embargo, la identidad nacional viene a cumplir las funciones de una pantalla opaca que cierre la posibilidad de ponernos en el lugar del otro, de cegar la posibilidad de cumplir con nuestro deber de comportarnos «fraternalmente los unos con los otros», y también para vehicular un reactivo y bravucón odio («El odio otorga identidad (…). Les ponemos nombre a los extranjeros que odiamos y de esa forma confirmamos nuestro lugar en la tribu», anota Ta-Nehisi Coates). Hay que nombrar a los “bárbaros” como distracción de una codicia rapante. Como apuntó Bauman:

«La verdadera culpa imperdonable de las víctimas colaterales de esas fuerzas [globales], una vez que se han convertido en nómadas sin hogar, es que sacan a la luz la realidad de la (¿incurable?) fragilidad de nuestro confort y la seguridad de nuestro lugar en el mundo. Y por eso, por una lógica viciada, se tiende a verlas como unas tropas de vanguardia que están sentando sus cuarteles entre nosotros.

Estos nómadas, que lo son no de forma voluntaria, sino por el veredicto de un destino despiadado, nos recuerdan de manera irritante la vulnerabilidad de nuestra posición y la fragilidad de nuestro bienestar. Es una costumbre humana, demasiado humana, culpar y castigar a los mensajeros por el odioso contenido del mensaje que transmiten, en lugar de responsabilizar a las fuerzas mundiales incomprensibles, inescrutables, aterradoras y lógicamente resentidas que sospechamos que son las culpables del angustioso y humillante sentimiento de incertidumbre existencial que nos arrebata la confianza y causa estragos en nuestros planes de vida».

Después de la crisis de 2008 el miedo se ha instalado en nuestra vida. Y además se agita. Reflexiona Heinz Bude acerca de una afirmación de Roosevelt en su discurso de nombramiento como presidente («Lo único de lo que tenemos que tener miedo es del propio miedo»):

«El miedo vuelve a los hombres dependientes de seductores, de mentores y de jugadores. El miedo conduce a la tiranía de la mayoría, porque todos se suman por oportunismo a lo que hacen los demás. El miedo posibilita jugar con las masas que callan, porque nadie se atreve a alzar la voz, y puede acarrear una aterrorizada confusión de la sociedad entera una vez que salta la chispa. Por eso —así es como se debería entender a Roosevelt— la tarea primera y más noble de la política estatal es quitarles el miedo a los ciudadanos».

Roosevelt y su New Deal (Nuevo Acuerdo) —la intervención del Estado para recuperar la economía— en aquellos aciagos años treinta. Recordemos también, en tiempos de feminismo, la luz propia de Eleanor Roosevelt, que trabajó incansablemente para que la Declaración Universal de los Derechos Humanos viera la luz en 1948. Recordemos también que los escombros de la segunda guerra mundial se retiraron en Europa con cooperación internacional (Plan Marshall). Otras políticas fueron posibles en una crisis mucho más profunda. La identidad nacional desde luego no viene a sino a enturbiar los problemas. Si no queremos que el futuro nos sea indiferente debemos eludir la posibilidad de que vengan más años malos que nos hagan más ciegos. Como apunta Amartya Sen: «La principal esperanza de armonía en nuestro mundo atormentado reside en la pluralidad de nuestras identidades, que se cruzan entre sí y obran en contra de las profundas separaciones a lo largo de una única, tajante y resistente línea de división que supuestamente no es posible atravesar. Aquello que compartimos en tanto humanidad es desafiado brutalmente cuando nuestras diferencias son reducidas a un sistema imaginario de categorías singularmente poderosas».

 

Bibliografía

Appiah, Kwame Anthony. Las mentiras que nos unen. Repensar la identidad. Barcelona: Ed. Taurus., 2019.

Arendt, Hannah. La libertad de ser libres. Barcelona: Ed. Taurus. 2018.

Bauman, Zygmunt. Mensajeros de la globalización. Diario El País. 31.05.2015

Berger, Peter L., Luckmann Thomas. La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Ed. Amorrortu. 1995.

BUNDE, Heinz. La sociedad del miedo. Barcelona: Herder Editorial. 2017.

COATES, Ta-Nehisi. Entre el mundo y yo. Barcelona: Ed. Seix Barral. 2016

FUKUYAMA, Francis. Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento. Barcelona: Ed. Deusto. 2019.

HOBSBAWM, Eric. Historia del siglo XX. Barcelona: Crítica., 1995.

Ingreso y pobreza en Estados Unidos: 2017.

SEN, Amartya. Identidad y violencia. La ilusión del destino. Madrid: Katz Ediciones. 2007

SNYDER, Timothy. On Tyranny. Twenty Lessons from the Twentieth Century. Nueva York: Penguin Random House LLC. 2017.

VARGAS LLOSA, Mario. La llamada de la tribu. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial., 2018.

World Inequality Report 2018

 

Número 2, 2019

 

Ciencia social

Percepción de la inmigración en tiempos de cólera

Gabriela Alexandra Monge Sarango

Socióloga

 

1. De un país de emigrantes a un país de inmigrantes

Cuando se aborda el tema de las actitudes hacia la inmigración, es importante señalar que a finales del siglo XX y especialmente principios del siglo XXI (año 2000) el porcentaje de inmigrantes en España se incrementó notablemente, llegando al año 2012 con un saldo migratorio de 5,7 millones de inmigrantes que representaba el 21,1% de la población española. Esto era el reflejo de la expansión económica y el crecimiento del empleo que experimentó el país, apoyada en una estructura de demanda basada sobre todo en el consumo, sobre el que tuvieron un gran peso los servicios y la inversión en construcción, En ese sentido, en pleno momento de bonanza económica la valoración por parte de los ciudadanos hacia la inmigración era de una aceptación condicional. Los autóctonos reconocían la necesidad de mano de obra; este discurso de aceptación ejercía de contrapeso frente aquel que surgía en contra como consecuencia de una serie de inconvenientes a los que tenía que hacer frente el país, como la llamada crisis de los cayucos en 2006, que puso en evidencia que la regulación de los flujos migratorios irregulares no estaba siendo eficaz para controlar el volumen de entrada.

Sin embargo, el panorama de bonanza económica se transformó como consecuencia de la crisis económica en la que entró el país, en el cual las desigualdades sociales se incrementaron y se produjo un empobrecimiento del conjunto de la sociedad española, el desempleo fue una de las principales causas que se derivó de la crisis. En ese contexto, la actitud hacia la inmigración también experimentó un cambio, la población autóctona pasó de tener una actitud favorable a adoptar una postura de desconfianza agravada por la percepción de amenaza y competición por los recursos, como es el trabajo, las ayudas sociales y servicios. Esta posición pasó a ser la más difundida, sobre todo, en aquellos sectores en los cuales en un principio tenían una visión de aceptación condicionada de este fenómeno.

Sin embargo, a partir del año 2016 con el inicio de la recuperación económica, se han incrementado nuevamente el porcentaje de inmigrantes en nuestro país, en donde aún son notorios los efectos de la crisis económica y la tasa de paro aún es elevada. Esto ha suscitado el interés por parte de la opinión pública y, según uno de los resultados obtenidos por el barómetro del CIS de diciembre de 2018, la inmigración era el sexto problema que más preocupaba al 12,5% de los encuestados. En los últimos tiempos ha estado presente en el debate social como consecuencia de los acontecimientos que han aparecido en los medios de comunicación y en la agenda política (la crisis de los refugiados, la llegada del Aquarius, el auge de partidos antiinmigración en otros países y la más reciente la crisis del Open Arms).

Por tanto, en este contexto es importante hablar sobre la percepción que la población autóctona tiene hacia el fenómeno de la inmigración. Para ello se han tomado en cuenta los datos recogidos en los estudios sobre actitudes hacia la inmigración de 2008, 2012 y 2017 (el último disponible) llevados a cabo por el CIS. De éstos se ha podido extraer los siguientes resultados:

2. Percepción del fenómeno migratorio en una etapa de recuperación económica

En primer lugar, cuando hablamos sobre ‘la valoración hacia la inmigración’ de forma muy general se puede decir que la mayoría de la población española valora positivamente el fenómeno de la inmigración, aunque a lo largo del periodo de estudio el porcentaje ha experimentado cierta variación, coincidiendo con un contexto económico bastante complicado, descendiendo en 2012 a un 49% e incrementándose para el año 2017 nuevamente el hasta situarse en un 59,7%.

 

Por otro lado, cuando se abordó la valoración hacia la inmigración según las características sociodemográficas de la población, los resultados nos muestran que: de las personas que valoran positivamente este fenómeno, el 52,9% son hombres, la franja de edad que muestra una posición positiva ante la inmigración 32% se sitúa en la franja de edad de 35-49 años, el 35,2% tiene estudios secundarios y se sitúan en el eje político centro-izquierda (48,7% y 42% respectivamente) y el 49,5% de la población considera que su situación económica es buena.

De las personas que valoran negativamente este fenómeno el 52,5% son mujeres, la franja de edad en el que este posicionamiento es más evidente 31,3% es en mayores de 65 años, el 56% tiene estudios primarios, y se sitúan en el eje político centro-izquierda (50,5% y 27,3% respectivamente) el 35,8% considera que su situación económica es buena y el 22,4% que su situación es mala.

Sin embargo, el fenómeno migratorio es muy amplio y por tanto sería un error abordarlo a partir de una sola cuestión, para ello se ha establecido una clasificación en grandes grupos de actitudes y opiniones hacia la inmigración a partir de una reducción de 22 variables (análisis factorial).

 

A partir de esta clasificación de actitudes/opiniones sobre la inmigración se procedió a conocer cómo se agrupa la población española entorno a las mismas, para ello se realizó un análisis de conglomerados que nos dio como resultado 4 grupos de población, siendo el grupo 1 (pro-acogida de inmigración) en donde mayoritariamente se concentra la población (40%), el grupo 2 (universalismo limitado) con el 33%, el grupo 3 (los españoles primero) que alcanza el 16% y el grupo 4 (antiinmigración) que llega al 11%.

De esta tabla se puede extraer que, el grupo 1 (pro-acogida de inmigración) es el que tiene una actitud más abierta hacia a la inmigración, pues se muestra en desacuerdo con la idea de que la inmigración tiene un impacto negativo en las ayudas y servicios y a favor de mantener contacto directo e indirecto con este grupo de población, de otorgarles derechos, y consideran este fenómeno es positivo para la economía y el mercado laboral. El grupo 2 (universalismo limitado) considera que este fenómeno tiene un impacto negativo en las ayudas, servicios, economía y mercado laboral, y no muestra oposición a mantener contacto directo con esta población, pues es algo que no puede controlar y se muestra a favor de otorgar derechos a la población inmigrante, aunque fuera del ámbito laboral/de estudio muestra rechazo a mantener contacto indirecto con esta población. El grupo 3 (los españoles primero), considera que la inmigración tiene impacto negativo para el conjunto del país y muestra desacuerdo ante la posibilidad de otorgar derechos a las personas inmigrantes. Finalmente, el grupo 4 (antiinmigración), muestra una postura más radical respecto a los otros grupos, pues rechaza mantener algún tipo de contacto (directo e indirecto) con la población inmigrante y considera que este fenómeno tiene un impacto negativo para el país

Asimismo, se ha comprobado que cada grupo de población está compuesto de la siguiente manera: El grupo pro-acogida de inmigración, está compuesto mayoritariamente por hombres (57,5%), la franja de edad mayoritaria (38,2%) es de 35-49 años, el 41,3% de personas de este grupo tiene estudios superiores (universitarios), el 59,1% se auto-identifica con una ideología de izquierda, el 52% considera que su situación económica es buena, y el 64,7% se considera de clase social media y el 25% de clase media-baja.

El grupo de universalismo limitado está compuesto mayoritariamente por mujeres (50,2%), la franja de edad mayoritaria (32%) es de 50-64 años, el 40% tiene estudios secundarios, el 51% se auto-identifica con una ideología de centro, seguido por un 33,2% que se considera de izquierda, el 46,6% considera que su situación económica es buena y el 14,8% considera que es mala, y el 62,5% se considera de clase social media y el 27% de clase media-baja.

El grupo caracterizado como  los españoles primero, está compuesto mayoritariamente por hombres (54,3%), la franja mayoritaria de edad (36%) es 35-49 años, el 48,6% tiene estudios primarios, el 57,5% se auto-identifica con una ideología de centro y un 23% con la izquierda, el 36% considera que su situación económica es buena, el 15% considera que es mala y el 10% considera que es muy mala. El 53,6% se considera de clase media y el 26,8% de clase media-baja y el 12,3% de clase baja.

El grupo antiinmigración está compuesto mayoritariamente por mujeres (53,6%), la franja mayoritaria de edad (33%) es de más de 65 años y el 71,9% tiene estudios primarios, el 39,7% se auto-identifica con una ideología de centro y un 33,3% con la derecha, el 34,4% considera que su situación económica es buena, el 18,8% que es mala y el 9,4% que es muy mala. Finalmente, el 59,1% de las personas se considera de clase media, el 25,8% de clase media-baja y el 7,5% de clase baja.

Por tanto, a partir de estos datos se pueden extraer importantes conclusiones, de forma general se puede afirmar que la mayoría de la población española (59,7%) percibió positivamente la inmigración en el año 2017, así mismo, se puede observar que un 40% de la población muestra una posición muy abierta a este fenómeno, personas que se les podría denominar pro-inmigración. Estas personas se caracterizan por tener un mayor nivel académico, más jóvenes en edad, y cuya situación económica es buena, estas personas no perciben el fenómeno migratorio como una amenaza o competencia por los recursos.

Por otro lado, es importante señalar que una parte importante de la población considera que los inmigrantes tienen un impacto negativo en las ayudas y servicios, en la economía y el mercado laboral. Este argumento se entiende como ‘normal’ en un contexto de crisis económica y de recuperación de la misma, pues tal y como se ha puesto de manifiesto en el VIII Informe FOESSA, la recuperación económica no ha llegado a todas las familias españolas y hay un porcentaje importante de la población que se encuentra en un espacio de exclusión social. Así mismo, este argumento sobre la inmigración también contrasta con la realidad vivida en los últimos años en nuestro país, ya que la gestión de la crisis fue afrontada por parte del gobierno con importantes recortes en las partidas de gasto social. Por otro lado, diversos datos expuestos en numerosas investigaciones contradicen esta información como por ejemplo como se mostró en el VIII Informe FOESSA que pone de manifiesto que las personas inmigrantes aportan el 10% de la seguridad social, sin embargo, el 50% de la población española piensa que reciben más de lo que tributan. Así mismo, los datos aportados por servicios sociales reflejaron que para el año 2015 el 15% de los usuarios de los servicios sociales fueron extranjeros y sólo el 9,7% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo en 2017 fueron extranjeros.

Finalmente, cabe señalar que un sector importante de la población (77%) se muestra partidaria de otorgar derechos a los inmigrantes.

3. Reflexiones finales

Con todo esto y tomando en cuenta los últimos acontecimientos ocurridos es momento de reflexionar sobre este tema y replantearnos ciertos aspectos que influyen en esta percepción de este fenómeno, haciendo especial hincapié en el auge del discurso xenófobo en ciertos sectores de la población, el cual ha sido reforzado por algunos partidos políticos quienes han mostrado una postura abierta de rechazo al fenómeno migratorio, usando como argumentos su capacidad de integración social, cumplimiento de reglas de convivencia y la asociación del colectivo inmigrante con la delincuencia; así mismo, se ha difundido la idea de que el estado sobreprotege a la población inmigrante de los efectos de la crisis a través de ayudas, subvenciones y servicios, dejando casi desprotegida a la población autóctona. Para hacer frente a este discurso es importante hacer uso de los datos publicados por los diferentes organismos del estado, investigaciones y mostrar la realidad tal y como es; en ese sentido cobra un papel fundamental/de responsabilidad los medios de comunicación, los cuales deben ser veraces y objetivos y mostrar con datos la realidad del fenómeno migratorio.

Así mismo, cabe señalar que durante varios años España presumió de haber logrado la integración de más de 6 millones de inmigrantes sin haber suscitado la aparición de movimientos xenófobos, convirtiéndose en un ejemplo de integración en comparación con el resto de países europeos. Sin embargo, esta integración ha tenido aspectos positivos entre los que cabe destacar la plena normalización legal de su situación y ausencia de guetos, pero también ha tenido aspectos negativos, como son las condiciones laborales que empeoran cuando se habla de inmigrantes y la escasa presencia pública. Por ahora, los inmigrantes procedentes de países pobres o que se encuentran inmersos en guerras internas ocupan una posición secundaria tanto en la estructura de empleo y riqueza como en la del prestigio social.

En ese sentido, desde la acción social es importante generar encuentro y convivencia entre la población autóctona e inmigrante, con el objetivo de desmontar mitos que surgen como consecuencia de la falta de conocimiento y/o del miedo a lo desconocido y tender puentes entre las diversas culturas y religiones que conviven en nuestro país; pero este encuentro ante todo debe estar dirigido tanto para inmigrantes como para la población autóctona, huyendo de aquella intervención enfocada a la población inmigrante que lo único que consigue es incrementar los guetos y sectarismo.

Estas son algunas de las cuestiones sobre las que debemos reflexionar, tomando en cuenta que actualmente España tiene que hacer frente a dilemas relacionados con la estructura poblacional (una población envejecida y el notable descenso de los nacimientos, las altas tasas de paro, etc) que afectan tanto al crecimiento económico del país como el pacto generacional vigente.

4. Bibliografía

Alonso, J., Pajares, M., & Recolons, L. (2014). Inmigración y crisis en España. Barcelona: Fundación Migra Studium.

Cebolla, H., & González, A. (2016). ¿Ha podido más la crisis o la convivencia? Sobre las actitudes de los españoles ante la inmigración. Laboratorio Alternativas. Documento de Trabajo.

Fundación Encuentro. (2011). Inmigración y crisis económica. El verdadero examen de la integración . En Una interpretación de la realidad socialUna interpretación de la realidad social. Madrid: Fundación Encuentro.

Izaola, A., & Aierdi, X. (2019). Nuevas intolerancias para nuevos colectivos: inmigración y diversidad cultural. FOESSA. Documento de Trabajo.

Marínez, J. S. (2013). Estructura social y desigualdad en España. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Méndez Lago, M. (2007). Actitudes de los españoles ante la inmigración: una mirada desde las encuestas. En E. Aja, & J. Arango, La inmigración en España en 2006. Anuario de inmigración y políticas de inmigración en España (págs. 68-81). Barcelona: Fundación CIDOB.

Rinken, S., & Escobar, M. S. (2011). Opiniones y actitudes ante la inmigración en un contexto de crisis económica: datos y reflexiones. Revista de Estudios Sociales Aplicada. Documentación Social , 99-116.

Rocha, F. (2015). La crisis económica y sus efectos sobre el empleo en España. Madrid: Gaceta 69 sindical .

Valente-Fumo, F. (2017). Los flujos migratorios en la crisis económica en España. ICE: Revista de Economía, 23-36.

 

Número 3, 2019
Ciencia social

Sociología clínica y justicia restaurativa

Marisol Real García

Psicosocióloga y Socióloga Clínica

 

1. Hablando desde la experiencia

Mi nombre es Marisol Real y soy licenciada en Sociología en la especialidad de Psicología Social. Tres años antes de terminar mis estudios comencé un voluntariado en prisión a través de una entidad social, y nunca dudé de mi perspectiva académica para el diseño de mis intervenciones tratamentales y/o terapéuticas: la de la Psicología Social Sociológica. Mi firmeza se debe a la influencia de mis maestros, a quienes admiro profundamente, y a la posición monopolista de otras disciplinas que todo lo absorben como suyo cuando de la intervención terapéutica se trata, desterrando otras epistemologías o dándoles, como mucho, una posición satélite girando alrededor del sol. Por ello, quiero reivindicar la Psicosociología aplicada desde el ámbito de la intervención terapéutica.

Actualmente realizo intervención terapéutica en el ámbito penitenciario y facilitación de grupos de víctimas y victimarios no vinculados en Justicia Restaurativa, ambas funciones en entidades sociales.

2. La sociología clínica

Cuando leemos y escuchamos el término “Psicología Social” la inmensa mayoría de la gente piensa en una dimensión social de la Psicología, pero hay evidencia de que esta disciplina se originó al mismo tiempo en la Psicología y la Sociología a principios del siglo XX. De hecho fueron más los textos producidos inicialmente por la segunda que por la primera, pero con el avance e instauración de la Psicología en las estructuras académicas y de poder esta producción aumentó y se consolidó en la disciplina psicológica.

Cuando un profesional de la intervención actúa sobre los sujetos intervenidos, necesariamente tiene que hacerlo bajo un paradigma que le guíe en su trabajo para poder fundamentar y justificar el ejercicio del mismo. Esto es un problema cuando el paradigma bajo el que el profesional se inscribe no está institucionalmente aceptado en las estructuras de poder en las que ejerce, aunque sí lo esté en el ámbito académico. En este caso pueden ocurrir varias cosas, entre ellas que el profesional se forme y acredite en la especialización requerida para optar a un lugar de reconocimiento profesional (he conocido a varios alumnos que después de terminar el grado en Sociología han iniciado el de otra disciplina para poder ejercer como terapeutas). Otra de las opciones es resignarse a ejercer fuera de la institución, o dentro de ella pero desde una posición satélite no reconocida. En mi caso opté por esta última, ya que el objetivo fundamental de mi trabajo es acompañar a las personas privadas de libertad, sus familias y a las víctimas. Ellas son las protagonistas de cualquier intervención, en la que el profesional, desde mi punto de vista, es sólo una guía en el proceso y los resultados sólo deben ser atribuibles a los sujetos intervenidos.

En 2014 empecé a facilitar círculos de diálogo entre víctimas y victimarios de delitos dentro de una prisión. Era un proyecto enmarcado dentro de la Justicia Restaurativa Europea. En aquel momento, me encontraba realizando un curso de formación permanente de Sociología Clínica, una perspectiva que bebe de la Psicología Social Sociológica o Psicosociología. Después de formarme en el paradigma de la Justicia Restaurativa y en Sociología Clínica descubrí que ambos terrenos compartían objetivos y fines a perseguir. Me fijé en aquellos sobre los que quería investigar e intervenir: la búsqueda del sentido a las vivencias generadas por el delito, tanto en víctimas como en victimarios, bajo los preceptos de la Justicia Restaurativa, es decir, la voluntariedad y la confidencialidad, con el objetivo de aliviar las cargas, sanar el dolor y reparar el daño a través de la liberación de la palabra y los sentimientos compartidos, que dan lugar a la co-construcción de un conocimiento conjunto de los participantes de un grupo. A partir de los relatos individuales y las elaboraciones grupales de cada uno de ellos, corresponde al facilitador encajar las vivencias individuales en las estructuras en las que emergen y se desarrollan. En otras palabras, la labor de la Sociología Clínica en estas intervenciones es desenmarañar los nudos tejidos entre lo individual y lo social, es decir, la psique y lo estructural, que se influyen mutuamente en las historias de vida de cualquier sujeto.

3. Dar cuenta de los fundamentos

Hay una cuestión importante que nos atañe a los profesionales que trabajamos con grupos non gratos o estigmatizados socialmente. Para esto me parece fundamental que el profesional que investiga-interviene tenga muy bien definido el qué, el por qué y el para qué de su trabajo. En mi caso respondo de esta forma:

  • Qué: contribuyo a la implantación de medidas de apoyo a las víctimas y a la promoción de procesos de Justicia Restaurativa entre víctimas, infractores y la sociedad a escala europea, reclamado por el Manual Internacional de Naciones Unidas sobre justicia para las víctimas y el Comité de Ministros del Consejo de Europa en sus recomendaciones a los Estados miembros de la UE.
  • Por qué: porque el paradigma de la Justicia Restaurativa ha demostrado que las múltiples y muy diversas prácticas que se llevan a cabo en muchos países del mundo resultan reparadoras para las víctimas, reducen la reincidencia en los victimarios y contribuyen a la paz social en los entornos y comunidades donde se desarrollan. En dos palabras: PORQUE FUNCIONA.
  • Para qué: para que las víctimas que lo deseen puedan hacer uso de su derecho de asistir a servicios de Justicia Restaurativa, tal y como se recoge en el artículo 15 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Esto significa un cambio importante en el sistema de justicia tradicional, centrado exclusivamente en el castigo al culpable y victimizando secundaria, y terciariamente incluso, a la víctima en el proceso penal.

4. Implicarse

Otra cuestión importante es la implicación del investigador con los sujetos investigados y/o intervenidos. A este respecto la Sociología Clínica expone que la persona que investiga no puede desagregarse de la realidad sobre la que interviene por varios motivos: el primero es que es un sujeto más dentro del contexto social y, por tanto, tiene pensamientos, sentimientos y vivencias propias que podría compartir con los sujetos de la intervención, es decir, podría ser un sujeto más del grupo. El segundo es que su rol profesional no es el de experto en una materia que suministra soluciones al final del proceso grupal, sino que su función es facilitar, acompañar, guiar en el proceso para que el grupo desarrolle su propia dinámica, por lo tanto, es fácil que sienta, viva, se contagie y empatice con las emociones que se den en el transcurso, porque lo importante es el proceso y no el resultado. Al final del mismo ayuda a los sujetos del grupo, como sujetos y como grupo, a que ordenen todo lo compartido elaborando un análisis de todo lo subjetivo en relación a todo lo objetivo que lo significa, desde su conocimiento como investigador-interventor.

Es incuestionable que la introducción de un paradigma que aborda un conflicto tan importante como el delito a través del diálogo, de las emociones, de la reparación y del perdón, va a irrumpir en nuestro sistema punitivo como elefante en una cacharrería. A nadie se le escapa la demanda social punitiva que diariamente se manifiesta en nuestros medios de comunicación: endurecimiento de las penas cuando somos el país de la UE con uno de los Códigos Penales más duros, a pesar de tener una de las tasas más bajas de criminalidad.

Me llama la atención cómo la gestión dialogada de conflictos se asume de diferente manera en distintos ámbitos por las mismas instituciones de poder. Por ejemplo, desde hace años se han instaurado en la escuela equipos de mediación liderados por el propio alumnado para combatir el bullying. La mediación intrajudicial que se lleva a cabo en la justicia de menores en Cataluña es un ejemplo internacional desde hace muchos años. Sin embargo, es llamativo que en la justicia penal de adultos haya tantas reticencias a los procesos restaurativos. Está demostrado que la inmensa mayoría de las víctimas que pasan por un proceso restaurativo con su victimario, lo que más valoran es obtener respuestas del tipo ¿por qué? y ¿por qué a mí?, entender los motivos del hecho y, sobre todo, el arrepentimiento y la petición de perdón sincera. Por parte de los victimarios lo más valorado es sentirse escuchados, comprender el daño causado a sus víctimas y que les brinden la oportunidad de pedirles perdón, dado el efecto de liberación que produce para ambas partes.

5. Conclusión

Para terminar, quiero resumir las dos ideas que defiendo con tesón y mucha contundencia día a día en mi trabajo:

  • ¿Quién es nadie para juzgar lo que otra persona decide perdonar? El dolor es una emoción subjetiva e intransferible para cada persona que lo experimenta, y nadie puede ni debe opinar sobre las vivencias ajenas en cuestiones tan íntimas como el daño sufrido por un delito. Hacerlo es, en mi opinión, una absoluta humillación intolerable hacia la víctima.
  • El profesional investigador-interventor debe defender el modelo epistemológico y paradigmático en el que apoya sus investigaciones-intervenciones y contribuir a la evidencia científica para el reconocimiento de la disciplina, y no para el reconocimiento personal.

6. Bibliografía

Álvaro Estramiana, J.L., Garrido Luque, A. Orígenes sociológicos de la psicología social. Reis, 118/07 pp. 11-26.

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

 

Número 4, 2020
Ciencia social

Marco Marchioni. Trabajo comunitario y democracia participativa

M. Koldobike Velasco Vázquez

Trabajadora Social. Participante de REDESSCAN

Mª Luisa Blanco Roca

Doctora en Psicología Educativa y Trabajadora Social

 

Introducción

El pasado día 22 de marzo nos dejaba Marco Marchioni. Ha sido un trabajador social comprometido con el Trabajo Social Comunitario. Su vida estuvo totalmente vertebrada por un compromiso, activo, consciente, cercano y apasionado, de los valores y convicciones que sustentaban la Acción Social Comunitaria.  Él unió indisolublemente ésta a la democracia participativa, entendida como complementaria a la representativa, en la que la ciudadanía podría formar parte activa en los procesos de toma de decisiones, junto a la construcción de su propia vida, de la vida en común.

Joaquín García Roca (2013,97)[1] dijo de él. Marco Marchioni es testigo de un tiempo que nos hizo revolucionarios cuando la realidad era chata, nos enseñó a soportar el desasosiego ante el pragmatismo de la acción y a inventar nuevos modelos de intervención social desde el espacio público y la participación social.

Con este artículo, pretendemos reivindicar la importancia y la urgente necesidad del Trabajo Comunitario, de repolitizar la acción social y agradecer sus aportaciones a este camino.

Los procesos de la intervención comunitaria y la escucha

El Trabajo Comunitario que propone Marco Marchioni[2], está orientado a poner en marcha procesos de mejora de las condiciones de vida de la población que podemos definir como procesos de intervención comunitaria en los que la comunidad (su territorio, su población, sus recursos, sus líderes, etc.) sea el centro. Recoge la realidad a través de la escucha, de la Audición Comunitaria, que está siempre unida a la historia, tradiciones, experiencias, valores y forma de ser de cada comunidad, partiendo de lo que ya existe -nunca partiendo de cero porque es absurdo e imposible-, y también rescatando y visibilizando lo que ocultó de algún modo la cultura dominante. Desde ahí, desde las experiencias y riquezas comunitarias de todos los protagonistas, desde su poder, al igual que expresa Michael White[3], el trabajo comunitario se centra en construir soluciones colaborativas y una nueva narrativa que potencie las identidades y el valor singular de cada persona y, sobre todo, de cada comunidad en la construcción de su camino, de su cultura, su conocimiento y su historia. Así, siguiendo las propuestas de Marco, en el proceso de la intervención comunitaria se escuchan en profundidad los relatos de la ciudadanía sin ningún tipo de cortapisas ni esquemas preconcebidos audición; se recogen los relatos en la monografía comunitaria; y se comparten los relatos en los encuentros comunitarios. Todo ello da pie a un nuevo relato alternativo al relato dominante, colonizado muchas veces por un academicismo cerrado y generalmente enfocado a los problemas. Se atribuyen nuevos significados a la historia de una comunidad -desde el rescate de sus propias vivencias y propuestas-, reforzando una mayor conciencia de autoría interpersonal, creativa y vivencial, como plataforma básica y motivadora para el avance y el arraigo de los procesos comunitarios.

El trabajo comunitario, el poder y el compromiso político. Avanzando en sus propuestas

Marco siempre tuvo en cuenta el contexto sociopolítico y la categoría poder en sus reflexiones y en sus propuestas. Critica a los partidos políticos[4], aun considerándolos necesarios, y dice que este sistema solo puede funcionar si los partidos políticos cambian y abandonan la endogamia y la plutocracia. (…) pedía transparencia y afirmaba: creo en el sistema democrático, que debe ser como un aula abierta, con relaciones basadas en la capacidad de escucha. Esta escucha o Audición es lo que propone Marco en los procesos comunitarios y para conseguir el Diagnóstico Comunitario, que es un elemento central de su metodología. En el diagnóstico comunitario participan todos los actores y en donde las vertientes más objetivas se unen a la importancia de las subjetividades y de las diferentes narrativas. La cultura dominante ha llevado al mundo occidental en general, y al mundo de la intervención Social en particular, a quedarse y quedarnos con las versiones oficiales de la ciencia y, dentro de ella, con lo que Mario Testa[5] llama diagnósticos administrativos (cuantificación y enumeración de recursos). Nos propone Mario integrarlos a lo que él llama diagnósticos ideológicos y estratégicos, que supone situar los poderes y estratégicamente decidir a quién le damos nosotras el poder con el trabajo que estamos realizando.

Para Marco la participación de la ciudadanía fue un elemento esencial de su trabajo. Con sus propuestas de Intervención Comunitaria, se propone romper los desequilibrios y colonizaciones que pesan todavía para poder llevar adelante un trabajo comunitario emancipador y liberador.

Marchioni fue uno de los fundadores de la experiencia de Gestión Integrada de Políticas Sociales (GIPS) que nace en Canarias en 1992. Nos expresaba entonces que las comunidades locales son la dimensión real (…)  donde hay que dar vida a la intervención coordinada, a la gestión integrada, a la globalización de los recursos, donde se puede unir lo asistencial con lo promocional y lo preventivo, (…) donde la participación se convierte en un hecho inmediato, real, que modifica la realidad. Estas propuestas de Marco, que siempre enunció como hipótesis de trabajo, ha podido verificarlas, enriquecerlas y avanzar en ellas a lo largo de su vida, dejándonos un importante legado experiencial y epistemológico. Lo ha hecho de un modo especial en estos diez últimos años (2010-2019) con su participación en el proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI).

Elementos básicos de la propuesta metodológica de Marco

A continuación, reseñamos algunos de los principales elementos metodológicos de la propuesta comunitaria de Marco Marchioni, sin ningún orden de prioridades:

Los equipos comunitarios. En la memoria del proyecto Participación y Desarrollo Social. Los cimientos de una ciudad participativa[6], explicaba Marco el papel central de los equipos comunitarios cuya finalidad puede ser resumida en: potenciar la participación y el tejido asociativo, facilitar el encuentro, el intercambio, la colaboración de todo el mundo en procesos y proyectos de interés general, contribuir, a un mejor y más compartido conocimiento de la realidad y promover procesos de mejora. Para Marco un proceso de participación y desarrollo comunitario es inviable sin equipo. Y el equipo debe integrar a profesionales de los diferentes recursos, que trabajan en un mismo territorio para la misma población.

Los espacios de relación comunitaria. Espacios técnicos de relación, espacios ciudadanos de relación, espacios institucionales de relación y espacios comunitarios de relación desde una perspectiva integradora, que se concretan en los encuentros comunitarios.

Los tres círculos de la participación social y sus diferentes niveles de implicación. No todo el mundo quiere y puede participar en todo, pero siempre tienen que existir las condiciones para que el que quiera pueda hacerlo.

Los tres actores de la participación: ciudadanía, profesionales y responsables institucionales y sociales.  Si alguno de estos actores no está presente no es posible el avance comunitario. Todo ello desde una visión intersectorial, interinstitucional y transdisciplinar.

La información y la transparencia, unida a la devolución de la información a todas las participantes. Marco propiciaba siempre, en todos los procesos comunitarios, una información, que recogiera cada uno de los objetivos y momentos de los procesos comunitarios, como son las Hojas informativas que se hacían llegar a todo el mundo.

La escucha y la audición comunitaria, unida y resonante con las metodologías de la Investigación Acción Participativa. Es la esencia de una metodología alternativa abierta a los relatos alternativos, muchas veces invisibilizados.

Los diagnósticos comunitarios. Que parten de lo que ya hay en cada comunidad, partir de lo que ya existe. Recogiendo su historia, sus saberes y la forma como se ha autoorganizado y han ido respondiendo a sus necesidades a través de su propia cultura y a través del tiempo. Recogiendo las propuestas de la ciudadanía, descentrando la escucha de la mirada centrada en los problemas y enfocándola en los valores y en las soluciones comunitarias.

La monografía comunitaria, como instrumento escrito de síntesis participativa. Recogiendo la participación y visibilización consentida de todos los actores, a partir de la audición comunitaria, e integrando todos los elementos objetivos y subjetivos recogidos en el diagnóstico comunitario.

El papel de los ayuntamientos, como institución local más cercana a la ciudadanía. La importancia de su compromiso como garantía de avance y sostenibilidad de los procesos comunitarios.

La importancia de los reglamentos de participación ciudadana, construidos de modo participativo. Como el mismo expresaba repetidas veces no se puede trabajar la participación sin participación.

A modo de epílogo

No podemos dejar de decir que hoy el Trabajo Comunitario es más necesario que nunca. Nos convoca a todas y todos para hacer algo distinto de lo que hemos hecho hasta ahora, porque lo que hemos realizado, salvo excepciones maravillosas, no ha funcionado bien. No entendemos ni queremos a los Servicios Sociales sin la vertiente comunitaria ni como algo residual, sino como la parte más transformadora y sostenible de las políticas sociales.

Para las que hemos tenido la suerte de conocer a Marco, no podemos separar sus aportaciones de su persona. De la persona del amigo cómplice, del sabio humilde pero comprometido y generoso, de la persona coherente que fue, del trabajador social por excelencia y del maestro.

Sentimos profundamente su perdida, pero nos llena de esperanza recordar su determinación y su fe, en el sentido más amplio y profundo del término. Poco antes de morir nos pidió que recordáramos estas palabras suyas que escribió en el libro de homenaje a Joaquín García Roca[7]: Durante mucho tiempo he estado buscando -sí, como Diógenes- mi relación con el cristianismo, la relación de lo que hacía con lo más explícito y simple del mensaje cristiano, más allá de rebuscadas explicaciones filosóficas y teológicas. Se trataba de algo muy sencillo, muy básico e incluso muy elemental. Y creo haberlo encontrado. A veces las grandes cuestiones pueden ser reducidas a algo muy simple, aunque no superficial. Desde hace mucho tiempo comprendí íntimamente que mi visión del mundo, la revolución, el cambio social, el socialismo y el comunismo, la participación e incluso la política – que es algo fundamental para mí- todo esto era algo falto, incompleto, sin lo que yo había derivado de Cristo y del pensamiento cristiano.

Creemos que en estas sinceras y sentidas palabras resume casi todo lo que hemos querido expresar en este artículo. ¡¡¡Gracias Marco!!!

Referencias bibliográficas

Marchioni, M (1.967) El desarrollo comunitario, en cuadernos de Documentación Social, Madrid.

Marchioni, M (1.969) Comunidad y desarrollo, Editorial Nova Terra, Barcelona.

Marchioni, M (1987) Planificación social y organización de la comunidad, Editorial Popular, Madrid.

Marchioni, M (1991) La audición. Un método de investigación participativa y comunitaria, Editorial Benchomo, Tenerife.

Marchioni, M (1992) Análisis de un conflicto urbano: el caso del Besós, Instituto de Estudios Metropolitanos, Barcelona.

Marchioni, M (1995) La utopía posible, Editorial Benchomo, Tenerife.

Marchioni, M (1997) De política. El abc de la democracia, Editorial Benchomo, Tenerife.

Marchioni, M (1998) Salud, comunidad e intervención comunitaria, en Enciclopedia profesional de enfermería comunitaria, McGraw-Hill-interamericana, Madrid.

Marchioni, M (1999) Comunidad, participación y desarrollo. Teoría, metodología y práctica de la intervención comunitaria, Editorial Popular, Madrid.

Marchioni, M (2001) Comunidad y cambio social. Teoría y praxis de la acción comunitaria (Editor). Editorial Popular. Madrid.

Marchioni, M (2002) Cambio social y participación. (Antología 1.965 – 2.000), Editorial Benchomo, Tenerife.

Marchioni, M (2004) La acción social en y con la comunidad. Editorial Certeza, Zaragoza.

Marchioni, M. Torrico, A. (2005) A propósito de planes y proceso comunitarios– El Viejo Topo, nº 209 – 210; agosto 2005.

Marchioni, M (2006) Visión global de la ciudad, en Materiales para la participación ciudadana. Los diagnósticos comunitarios, Ayuntamiento de Avilés.

Marchioni, M (2006) Democracia participativa y crisis de la política. La experiencia de los Planes Comunitarios. Cuadernos de Trabajo Social. Vol. 19.

 

[1] Brújulas de lo social. Voces para un futuro solidario. Encuentros con Joaquín García Roca. Ediciones Khaf. 2013. Madrid.

[2] Marchioni, M. (2003) Organización y desarrollo de la sociedad. La intervención comunitaria en las nuevas condiciones sociales.  Cuadernos de Animación nº 5. Gijón 2003

[3] White,M. (2002). El enfoque narrativo en la experiencia de los terapeutas. Editorial Gedisa. Barcelona

[4] Aportación de Marco en el Curso de postgrado en Gobiernos abiertos y Participación Ciudadana. 2019. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.

[5] Testa M. (1997) Pensar en salud. ISBN: 950-9129-77-1 Buenos Aires: Lugar Editorial; 1997. Colección Salud Colectiva

[6] Memoria 2007-2008. Proyecto de Participación y Desarrollo Social. Los cimientos de una ciudad participativa. Edita: Concejalía Delegada de Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

[7] Brújulas de lo social. Voces para un futuro solidario. Encuentros con Joaquín García Roca. Ediciones Khaf. 2013. Madrid.

 

Número 5, 2020
Ciencia social

Economías alternativas

Imanol Zubero

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

 

1. Economías alternativas… ¿a qué?

El Diccionario de la Real Academia Española define la economía como la administración eficaz y razonable de los bienes. También como ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos. Así entendida, como administración razonable y eficaz dirigida a satisfacer necesidades materiales en entornos de escasez, parece evidente que las economías alternativas no pueden pensarse como alternativas… a la economía. Recordemos, en este sentido, que en el libro de 1974 titulado El antieconómico (Labor, 1976) sus autores, Jacques Attali y Marc Guillaume, terminan proponiendo una teoría económica de la utopía basada en la autogestión, al margen tanto del capitalismo monopolista como del socialismo burocrático.

Otra cosa es que la economía necesaria deba ser esta economía: capitalista, neoliberal, de mercado… podemos denominarla de distintas maneras, pero en el marco de esta reflexión yo prefiero hablar de economía desincrustada.

Karl Polanyi describió la gran transformación que significó el surgimiento del capitalismo en el siglo XIX como un proceso mediante el cual el sistema económico se separó institucionalmente del resto de la sociedad. A partir de ese momento, una economía que había funcionado siempre incrustada en la sociedad (sometida a normas comunitarias, políticas o religiosas), pasará a ser concebida como un sistema autorregulador de mercados, regido por sus propias leyes, las así llamadas leyes de la oferta y la demanda, que se basan en dos simples motivos: el temor al hambre y el deseo de ganancia [1]. Desde esta perspectiva Polanyi considera que, más allá del significado formal del término economía (como elección entre distintos usos de unos medios escasos para alcanzar ciertos fines), este posee un significado substantivo que nace de la patente dependencia del hombre de la naturaleza y de sus semejantes para lograr su sustento, porque el hombre sobrevive mediante una interacción institucionalizada entre él mismo y su ambiente natural [2].

A partir de esta aproximación sustantiva a la economía se dibuja un espacio donde pueden enraizar y desarrollarse las llamadas economías alternativas.

2. Economías alternativas… ¿pero cuánto?

En esta reflexión, que quiere ser eminentemente aplicada, vamos a considerar que el campo de las economías alternativas viene configurado por la ubicación de los distintos programas o proyectos en dos ejes: a) el eje mercantilización-desmercantilización y b) el eje externalización-internalización. En relación al primer eje, de lo que se trata es de analizar si estos proyectos se conciben más bien desde una lógica mercantil o desde una lógica de los derechos. En cuanto al segundo eje, lo que tenemos en cuenta es si estos proyectos tienen o no en cuenta nuestra dimensión social y ecológica, y hasta qué punto incorporan (internalización) o no (externalización) los costes derivados de nuestra dependencia de la naturaleza y de otras personas.

Utilizando estas claves como plantilla de análisis, cabe imaginar un esquema en el que no resulta difícil ubicar los proyectos que podemos considerar más antagónicos: la economía neoliberal, caracterizada por su máxima mercantilización y externalización, y su opuesto, la propuesta decrecentista; en los términos de Serge Latouche, el pensamiento creativo contra la economía del absurdo [3].

Lo que no resulta tan fácil es ubicar en este esquema el conjunto de las llamadas economías alternativas, que buscan incorporar en grados muy distintos los costes ecológicos y sociales de la actividad económica, confiando más o menos en la capacidad del mercado para lograr esta internalización.

A modo de ejemplo, si nos fijamos en las propuestas económicas que pretenden resolver los problemas de externalización ecológica provocados por la insostenible economía neoliberal, no son iguales la economía azul (Gunter Pauli) o la economía circular (David Pearce y Kerry Turner), propuestas que confían en la capacidad del mercado y las empresas para afrontar la crisis medioambiental, o la economía ecológica (José Manuel Naredo, Joan Martínez Alier) y la bioeconomía (René Passet), que se ubican más claramente en el cuadrante internalización/desmercantilización.

Lo mismo cabe decir respecto de las propuestas que se confrontan con los problemas de externalización social (precariedad, exclusión, pobreza, insolidaridad, inequidad): mientras que la economía del bien común (Jean Tirole, Christian Felber) o la economía colaborativa (Ray Algar, Rachel Botsman y Roo Rogers) se sitúan en el espacio pro-mercado, la economía social y solidaria (Jean-Louis Laville, REAS, Willem Hoogendyk) o la economía del procomún (Elinor Ostrom, Yochai Benkler) supeditan la lógica mercantil a lógicas comunitarias o institucionales más amplias. Las mismas diferencias se dan en el campo de las economías feministas, donde podemos encontrar propuestas más (Sheryl Sandberg, Ann Cudd) o menos (Nancy Fraser, Silvia Federici, Amaia Pérez Orozco) compatibles con el capitalismo.

3. Economías alternativas e inéditos viables

Tal vez con la excepción de la denominada economía participativa o ParEcon de Michel Albert y Robin Hahnel, vinculada a una perspectiva sociopolítica libertaria, pero que hoy por hoy no pasa de ser una sugerente propuesta teórica, el conjunto de las llamadas economías solidarias, al menos aquellas que cuentan con algún desarrollo empírico, no pasan de ser economías complementarias de la economía dominante: no constituyen un proyecto alternativo capaz de competir en una escala apreciable con esta. Incluso los proyectos de Freeconomy, de vida libre de economía, como el popularizado por Mark Boyle en su libro Vivir sin dinero [4], no dejan de ser experiencias limitadas que, además, dependen en gran medida de aprovechar (reutilizar o reciclar) el derroche generado por la economía dominante.

El problema fundamental al que se enfrentan las economías alternativas es el de su escalabilidad o extensión, tanto en el espacio como en los distintos ámbitos del sistema social: la mayoría de las experiencias no superan el espacio local, o se limitan a aplicarse en un ámbito social concreto (consumo, cuidado, uso común, tiempo compartido…).

En la línea de la economía participativa (o libertaria, tal como la formulara en los 90 Abraham Guillén), las cooperativas integrales son la experiencia aplicada que más lejos ha llegado en su vocación de integralidad y alternatividad, como se muestra en esta definición de las mismas: La Cooperativa Integral es un proyecto de autogestión en red que pretende paulatinamente juntar todos los elementos básicos de una economía como son producción, consumo, financiación y moneda propia e integrar todos los sectores de actividad necesarios para vivir al margen del sistema capitalista. Sin embargo, su extensión real, en participantes y en territorios, es reducida.

Sin embargo, el hecho de que, hoy por hoy, la alternatividad (en un sentido pleno) de estas propuestas o estas prácticas sea discutible, no las priva de valor. En su libro Construyendo utopías reales [5], Erik Olin Wright escribe lo siguiente: Lo que necesitamos, por tanto, son relatos de casos empíricos que no sean ingenuos ni cínicos, sino que traten de reconocer por entero la complejidad y los dilemas, así como las posibilidades reales de los esfuerzos prácticos a favor de la habilitación social”. En la versión original Wright habla de social empowerment, de empoderamiento social, reafirmando un concepto demasiado banalizado en su uso común.

Porque de eso es de lo que se trata: de contar con prácticas sociales cercanas y reales, orientadas por fuertes principios normativos, pero que no se queden en la mera afirmación ideológica. Prácticas de colaboración, de cooperación, de comunión, de solidaridad, de simplicidad, de autocontención, que desmientan el discurso hoy hegemónico del amoral y asocial homo economicus. Este es el reto y el valor de las economías alternativas: constituirse en inéditos viables, en soluciones practicables no percibidas [6] que nos permitan visualizar, ya y aquí, ese otro mundo posible que todavía no es.

[1] Polanyi, K. El sustento del hombre. Barcelona: Mondadori, 1994; pág. 121.

[2] Ibid, pág. 92

[3] Latouche, S. Decrecimiento y posdesarrollo. Barcelona: El Viejo Topo, 2009.

[4] Boyle, M. Vivir sin dinero. Barcelona: Capitán Swing, 2016.

[5] Wright, E. O. Construyendo utopías reales. Barcelona: Akal, 2014.

[6] Freire, P. Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI, 1980.