Efectos de la precarización alimentaria en el bienestar de las personas. Otras respuestas para la transformación de la ayuda alimentaria
Claudia Rocío Magaña- González
Profesoras y integrantes del Equipo de Investigación sobre la alimentación en contextos vulnerables. Escuela de Trabajo social – Universidad de Barcelona
El artículo aborda los efectos de la precarización alimentaria en el bienestar de las personas y por las respuestas que están abriendo brechas en el modelo hegemónico de ayuda alimentaria. Es una investigación de carácter exploratorio sobre la precarización alimentaria y su incidencia en el bienestar en el contexto de la crisis económica del 2008. El trabajo de campo se ha realizado en dos barrios de Barcelona, entre el 2015 hasta 2020. Se empleó una metodología cualitativa, pasando de métodos más convencionales a metodologías participativas en las etapas finales. A partir de los resultados se reflexiona sobre la necesidad de transformar el actual modelo de ayuda alimentaria para avanzar en el cumplimiento del derecho a la alimentación en el marco de una mayor igualdad y justicia social.
Introducción
Asegurar el alimento y la subsistencia diarios aparece en el imaginario colectivo como un problema de los países del Sur. Sin embargo, en los países del Norte global se está lejos de erradicar la privación y precariedad alimentaria de una parte importante de la población. En el contexto de las últimas crisis económica y sanitaria, la respuesta [1]basada en el incremento de dispositivos de ayuda alimentaria, amortigua la situación, pero no la resuelve y repercute negativamente en el bienestar de las personas.
La pandemia pone de relieve que el tema de la precarización alimentaria no es un problema coyuntural, sino que requiere de medidas estructurales y políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación y que no consideren la inseguridad alimentaria como una dimensión más de pobreza, sino como un hecho social en sí mismo.
El objetivo de este texto es compartir algunas reflexiones en torno a los resultados de una investigación realizada en dos barrios de la ciudad de Barcelona, desde el 2015 hasta el 2020. El trabajo de campo incluyó la participación de residentes de los barrios (personas mayores, familias migrantes y familias monoparentales); profesionales de los servicios sociales y de salud y de entidades de acción social y activistas vinculados a diferentes iniciativas comunitarias. La metodología cualitativa consistió en entrevistas y grupos focales en las primeras etapas y a partir de la tercera etapa, en la que las propias personas interpelaron el proceso, se incorporaron métodos más participativos.
El texto se estructura en cuatro apartados. El primero analiza la precarización alimentaria y sus impactos en el bienestar de las personas; el segundo presenta las estrategias adoptadas por las personas para afrontar las situaciones de precariedad alimentaria y los impactos que genera la solicitud de ayuda alimentaria; el tercero aborda las diferentes concepciones de la alimentación y el tipo de respuestas que se articulan en torno a ellas; el cuarto presenta una reflexión final acerca de la necesidad de transitar hacia otro modelo de intervención e investigación (Muñoz, et al. 2021) que sitúe el derecho a la alimentación en el centro, desde una perspectiva de igualdad y justicia social.
1. La precarización alimentaria y sus impactos en el bienestar
El aumento del desempleo y la precariedad generados a partir de la crisis económica del 2008[2] en España, y concretamente en Barcelona, han incidido en el agravamiento de los procesos de vulnerabilidad y de exclusión social (Laparra y Pérez Eransus, 2012). Los efectos de estos procesos van más allá de la dimensión económica y afectan múltiples esferas de la vida social de las personas (Zurdo y López, 2013). Estos itinerarios de descalificación y exclusión impactan en las diferentes dimensiones del bienestar de las personas: material, corporal, relacional, decisional y temporal (Fournier, Godrie y McAll, 2014)[3].
La dimensión material se ve afectada por la situación económica, laboral y habitacional, lo que afecta también a la dimensión corporal repercutiendo en la salud física y mental de las personas. La falta de control sobre el acceso a los alimentos debilita la autonomía de los sujetos y su poder decisional, lo que puede generar estrés y depresión, así como diferentes enfermedades crónicas (Garthwaite, Collins y Bambra, 2015). Este escenario afecta a la vida cotidiana de las personas, a sus tiempos y a sus formas de organización doméstica (Durán et al., 2021). También, repercute en la dimensión relacional ya que puede modificar tanto la dinámica familiar como las interacciones sociales. Impacta en la dimensión decisional, al producir el debilitamiento en la capacidad de tomar decisiones. En cuanto a la dimensión temporal, se afectan las rutinas cotidianas y los tiempos de vida (Fournier, Godrie y McAll, 2014).
Estos procesos afectan todas las dimensiones del bienestar e inciden también en la alimentación (Llobet et al., 2020b) favoreciendo, la emergencia de situaciones de inseguridad alimentaria (Heflin, London y Scott, 2011). También limitan el acceso físico, social y económico de las personas a los alimentos y su disponibilidad en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades y particularidades alimentarias de las personas (Pollard y Booth, 2019). De esta manera, las familias tienen que adaptarse al hacer la cesta de la compra o en el consumo, ante la escasez de recursos económicos y la situación de privación material (Díaz Méndez, García Espejo y Otero Estévez, 2018). Por otro lado, los procesos también tienen efectos en la dimensión sociocultural, ya que puede generar cambios en las formas de vida habituales (Medina, Aguilar y Fornons, 2015). Se produce, por tanto, una transformación de los procesos y prácticas alimentarias, en los cuales las personas tienen que desarrollar diversas estrategias de afrontamiento (Gracia, 2015).
2. Estrategias de afrontamiento y la visibilización pública de la demanda de ayuda alimentaria
Las personas con las que se ha reflexionado sobre los impactos que causa la precarización alimentaria ponen en marcha estrategias cotidianas para hacer frente a los diversos impactos de las crisis, eligiendo diferentes opciones diferenciadas a lo largo de las etapas del proceso alimentario (obtención, elaboración y consumo) (Llobet, et al. 2019). La pérdida de la capacidad adquisitiva afecta negativamente tanto al volumen de alimentos consumidos como su variedad. Por ello, en la fase de obtención de alimentos se ven afectadas las rutinas, la periodicidad y organización de los tiempos dedicados a comprarlos. Esto es visible en los espacios a los que acuden las personas, sobre todo en busca de ofertas. En muchas ocasiones se prioriza el precio como criterio de elección y compra de alimentos. A su vez, se realizan ajustes entre lo que se consume y compra con la finalidad de minimizar el gasto y evitar el desaprovechamiento, por ejemplo, adquirir marcas blancas u ofertas en alimentos frescos.
En la fase de elaboración de alimentos el modelo de comida se desestructura, sobre todo simplificando la comida ternaria. Se elabora un solo plato para que todas las personas puedan alimentarse. Es decir que se privilegia el consumo de todos los miembros de la unidad familiar y se prioriza el no desperdicio de alimentos, provocando que ese mismo plato se termine o se desarrolle la cocina de aprovechamiento. Otra estrategia es la adopción de un patrón alimentario basado en alimentos de bajo coste que se caracteriza por alimentos altamente calóricos y grasas que genere sensación de saciedad. Otra estrategia es la sustitución de alimentos frescos por congelados, el cual reduce el coste del presupuesto familiar. Estas estrategias producen la reducción de la calidad de productos consumidos y de la cantidad ingerida en cada comida, lo que obliga a la creatividad para diversificar las maneras de preparar comidas.
Un efecto en el consumo de alimentos es la disminución del número y/o frecuencia de las comidas realizadas a lo largo del día. En muchas ocasiones se suprimen comidas, como el desayuno o se simplifican. A su vez, aparecen diferencias en el consumo: por ejemplo, en muchas ocasiones las mujeres dejan de consumir alimentos para amortiguar el impacto de la escasez alimentaria en los más jóvenes.
Todas estas estrategias tienen efectos a nivel físico y psicológico de las personas, en muchas ocasiones provocan malnutrición (desnutrición o sobrepeso) y también genera ansiedad alimentaria. Esta última hace referencia a que las personas muchas veces están preocupadas por resolver una necesidad básica que impacta en el estado mental dada la incertidumbre alimentaria.
La solicitud de la ayuda para la alimentación afecta de maneras muy diversas y negativas a las personas. El modelo de ayuda benéfico-asistencial hegemónico concibe su función como una concesión o un don alimentario. Al enmarcar la solicitud de ayuda como un acto caritativo, que no sólo reproduce la idea de la superioridad moral de la persona o entidad que realiza este acto, sino que implica un gesto de poder que produce la humillación de las personas que son beneficiarias de dicha ayuda (Cary y Roi, 2013). Esto a su vez conlleva el desarrollo de estigma y vergüenza social para las personas que solicitan ayuda. Si bien las ayudas pueden proporcionar alivio inmediato, pero no resuelven la demanda, no aseguran una buena nutrición, ni garantizan el uso de alimentos adecuados a la cultura (Riches, 2011). La caridad alimentaria ofrece una respuesta ineficaz a la pobreza alimentaria (Riches y Tarasuk, 2014),
Otro efecto de este tipo de repuestas es la individualización de la pobreza y su vivencia en el espacio privado. Este proceso refuerza la visión del hambre como un problema circunscrito a la familia o al individuo y que se atiende mediante soluciones individuales, obviando la perspectiva estructural y macrosocial de las relaciones de poder que existen entre individuos y grupos sociales (Riches, 2011). Las personas se convierten, desde esta perspectiva, en responsables de la situación de desigualdad social que viven (McAll, 2017) y la perpetuación de esta situación se presenta como consecuencia del éxito o fracaso personal de los mismos individuos y de sus acciones (Berti et al., 2017). Eso tiene un impacto importante en las personas, que se sienten culpables, infantilizadas y maltratadas por mensajes las culpabilizan de su situación (Rouillé d’Orfeuil, 2018).
3. Concepciones de la alimentación y respuestas a la precarización alimentaria
En el trabajo de campo realizado se identificaron tres tipos de respuestas para hacer frente a la situación de precarización alimentaria, llevadas a cabo por instituciones públicas, tercer sector, sector privado e iniciativas de tipo ciudadano (Llobet et al., 2020a). Para establecer esta clasificación, se tuvieron en cuenta las concepciones de la alimentación asociadas a cada tipo de práctica y su efecto sobre el bienestar de las personas.
El primer tipo lo componen las prácticas tradicionales, que son aquellas que ya se venían realizando antes del inicio de la crisis económica del 2008, y constituyen el modelo hegemónico de la ayuda alimentaria. En el contexto de crisis, este tipo de prácticas se ha planteado como una solución de emergencia para las personas que se encuentran en una situación de precarización o exclusión social (Gómez Garrido, Carbonero Gamundí y Viladrich, 2019).
Estas prácticas se asientan en una perspectiva asistencialista que supone la concesión de un don que no implica reciprocidad (Berti et al., 2017), ya suelen consistir en la distribución de un pack de alimentos. Se trata de una medida lejana de la idea de la alimentación debe ser un derecho reconocido que permita transformar las desigualdades en materia alimentaria (Riches, 2011).
Este tipo de prácticas se fundamenta en una concepción de la alimentación como una necesidad exclusivamente biológica, desvinculada de otros aspectos de la vida de las personas (McAll et al., 2015). La seguridad alimentaria se entiende, desde esta visión, como el simple acceso de las personas a los productos alimentarios. Esta perspectiva reduce a los individuos a bocas que deben ser alimentadas, y oculta la complejidad de este hecho social y los diferentes elementos que rodean la alimentación y la definen, como el género, la edad, la posición social y la salud (McAll, 2017).
El segundo tipo de prácticas son las denominamos nuevas, que emergen en el contexto de crisis como respuestas para mejorar algunos aspectos de las prácticas de ayuda alimentaria tradicionales, pero sin cuestionar en profundidad el modelo. Este tipo de prácticas incorpora aspectos que pretenden mejorar el circuito y las formas de distribución de la ayuda alimentaria, como es el caso de la tarjeta monedero. Este recurso facilita el que las familias vayan a comprar directamente a los comercios, incrementen su capacidad de elección y de compra (Baquero, 2015) y tengan acceso a una mayor diversidad alimentaria.
Estas prácticas buscan efectos más amplios en las diferentes dimensiones del bienestar. En la dimensión material favorecen el acceso al alimento; en la dimensión decisional, toman en cuenta las particularidades alimentarias de las personas; en la dimensión corporal, contemplan la importancia de que los alimentos respondan a las necesidades nutricionales y en la dimensión relacional, reconocen la alimentación como acto social.
Estas prácticas pretenden ofrecer una respuesta más global, desde una concepción de la alimentación biopsicosocial -biológico, social y cultural- (Contreras y Gracia, 2005). La dimensión cultural que atraviesa la alimentación es un elemento fundamental, reconocido por los profesionales y activistas que trabajan desde las iniciativas ciudadanas, que señalan que la reducción de la pobreza alimentaria tiene que contemplar el acceso a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente aceptable (Pomar y Tendero, 2015).
El cuestionamiento de las prácticas tradicionales o de estas nuevas prácticas da origen a las respuestas alternativas que se construyen desde un enfoque de derecho, de autonomía y de soberanía alimentaria. Son iniciativas que abordan la inseguridad alimentaria desde una perspectiva comunitaria y social. Por un lado, subrayan que las desigualdades en materia alimentaria constituyen una responsabilidad colectiva y, al mismo tiempo, reivindican que las prácticas consideren todas las partes del sistema alimentario (producción, procesamiento, distribución y consumo) (Jacobson, 2007) y contemplen los aspectos económicos, políticos y ambientales (Kaiser et al., 2015).
Estas prácticas conciben la alimentación de manera holística y complejizada y promueven un impacto global en las cinco dimensiones del bienestar de las personas a medio y largo plazo. Los huertos comunitarios o las cocinas colectivas constituyen ejemplos de este tipo de prácticas, que plantean no sólo humanizar la experiencia de las personas, sino reconocer los procesos de autonomía en torno a la alimentación (Booth et al., 2018). Estas prácticas se alejan de la concepción tradicional de la ayuda como una forma de caridad y plantean que la inseguridad alimentaria y los procesos de precarización que la producen constituyen una cuestión política que debe tener cabida en el debate público y la acción democrática (Riches, 1999).
4. El reto colectivo de avanzar hacia otras respuestas
Las desigualdades sociales en materia alimentaria se han agudizado en las últimas décadas, especialmente a partir de la crisis económica de 2008 y de la crisis sanitaria de 2020. Las denominadas colas del hambre son apenas el emergente visible de la injusticia social consolidada en nuestra sociedad. En este sentido, es necesario analizar las respuestas tanto en su capacidad de romper con la persistencia y agudización de las desigualdades como en su posible participación de la reproducción de la estructura social desigual.
Como hemos señalado, consideramos necesario transformar el enfoque con que se piensan y se llevan a cabo las respuestas. En primer lugar, se trata de frenar los efectos de la precarización alimentaria mantenida a lo largo del tiempo genera no sólo en las cinco dimensiones del bienestar global de las personas, sino también en el deterioro de la autoestima y la identidad generando un desempoderamiento. De este modo, la fragilización, vulnerabilización, culpabilización e invisibilización de las personas que se encuentran en situación de precarización alimentaria refuerza los procesos de discriminación, estigmatización y reducción identitaria.
En segundo lugar, la forma en que se organizan las respuestas debe ser repensada. Existen evidencias (Heck, y Socquet-Juglard, 2020; Payant-Hébert, 2013; Duchemin, et al., 2010.) acerca de los beneficios que suponen las respuestas que contemplan la participación y organización de las comunidades como una forma de pasar de una concepción individualizada de la alimentación a la colectivización y politización del hecho alimentario. Si bien este tipo de respuestas no inciden en todas las dimensiones del bienestar, es importante ahondar en el estudio de las prácticas nuevas y las alternativas desde una mirada microlocal situada en los barrios tanto para conocer los factores que favorecen este tipo de procesos, como su alcance en cuanto a solventar adecuadamente las necesidades existentes en el territorio.
En tercer lugar, actualmente se considera que el derecho a la alimentación de las poblaciones más desfavorecidas se resuelve a través del sistema de ayuda alimentaria. Este sistema, al depender en gran medida del actual sistema agroindustrial, facilita el acceso a los productos alimenticios, pero lo hace de forma insuficiente en términos de cantidad, calidad, diversidad y duración en el tiempo. Si lo que se busca es avanzar hacia una alimentación justa y sostenible, tal como propone la Agenda Global 2030, será necesario revisar los sistemas de ayuda alimentaria que tal como están estructurados no garantizan un cumplimiento digno del derecho a la alimentación.
En cuarto lugar, en relación al tema de las alianzas y sinergias que pueden establecerse entre el sector público y el tercer sector para avanzar hacia esta transición, la transformación del Programa Europeo FEAD (Fondo Europeo de Ayuda a la población más desfavorecida), puede ser una oportunidad para orientar esos fondos al apoyo de la transformación de las respuestas favoreciendo las iniciativas colectivas y comunitarias que eviten los procesos de individualización de la precarización alimentaria, teniendo en cuenta las experiencias a escala local que puedan ser extrapolables a contextos más amplios.
Bibliografía
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[1] Muñoz, A., Durán, P., Magaña, C.R., Llobet, M., y Piola, E. (2021). “Otras formas de co-producir conocimientos: experiencias metodológicas para transformar la desigualdad con personas en precariedad alimentaria”. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, 37(1), 109-134.
[2] El artículo ha sido elaborado en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19. No obstante, cuando hacemos referencia a la crisis, nos referimos a la iniciada en el año 2008, ya que no podemos contemplar las consecuencias que esta emergencia sanitaria y social ha producido en la población, cuestión que pretendemos abordar en el futuro.
[3] McAll, Fournier y Godrie (2014) identifican cinco dimensiones del bienestar: la material, la relacional, la corporal, la decisional y la temporal, como quedan reflejadas en el texto. Estas dimensiones han sido exploradas en: Llobet, Durán, Magaña et al. (2019).