Editorial

Hacia una fiscalidad social que sea sinónimo de garantía y protección de los derechos

El pagar más o menos impuestos es un discurso recurrente que se lanza desde diferentes posturas ideológicas, pero que no se relacionan con el obligado y necesario sostenimiento financiero de un estado de bienestar que ha de integrar las dificultades de ingresos de una parte de la población. Por tanto, ¿es la fiscalidad justa una noción subjetiva o una realidad pragmática? Entre los derechos y deberes de la ciudadanía, el artículo 31 de la Constitución española recoge que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Eso significa que el impuesto es un tipo de obligación que, para ser percibida como legítima por la ciudadanía requiere una justificación.  Así, si el impuesto puede justificarse por la necesidad de financiar las instituciones cuyo propósito es mantener el orden público y la convivencia, asegurar la existencia de servicios públicos o proteger las libertades individuales. Sin embargo, no es evidente que imperativos éticos puedan justificar el establecimiento de tasas elevadas, para asegurar una redistribución justa de la riqueza.

Así, según el barómetro del CIS de julio de 2020 sobre Opinión Pública y Política Fiscal[1], una amplia mayoría de la población considera que vive en un país con enormes diferencias sociales y fiscales, donde el 80% cree que los impuestos no se cobran de forma justa en relación con la riqueza. En consecuencia, los impuestos no solo deben ser abordados desde una obligación legal, sino que deben conformarse, por un lado, a partir de normas justas, proporcionales y redistributivas, y por otro, un principio de solidaridad propio de los estados de bienestar, que solo es posible mediante una verdadera conciencia fiscal, que se aprende, crea y consolida a través de una educación en valores asociados a unos principios de cohesión y solidaridad social.

Aquí asociamos la noción de justicia fiscal con la de justicia o equidad social que, a su vez, se aglutina en torno al principio de consentimiento fiscal. La justica fiscal incluye por tanto una dimensión democrática de consentimiento real a las elecciones o decisiones fiscales que son tomadas por un determinado gobierno competente. En otras palabras, un impuesto puede considerarse justo sólo si es un impuesto aceptado y comprendido por el conjunto de la ciudadanía que tributa.

Los impuestos nunca son neutrales. Los impuestos son un indicador del tipo de sociedad que se quiere construir. Son el semáforo del compromiso social que desarrollamos como sociedad con el bien común y el interés general. En otras palabras, la fiscalidad es el instrumento que nos ayuda a definir dónde se sitúa el interés general y se relaciona de manera inmediata con la definición del Estado como social y de derecho. El papel de la política fiscal es precisamente la principal herramienta que permite configurar el presupuesto del Estado y por tanto va a marcar fuertemente las políticas sociales y económicas, la existencia de servicios públicos, su alcance y/o cobertura. Es decir, el estado de bienestar no es posible sin un presupuesto, sin una política fiscal redistributiva ante los déficits estructurales del sistema social y económico del momento.

En el marco y contexto europeo, la fiscalidad juega tradicionalmente un papel determinante como zócalo para el mantenimiento de un modelo social, tanto para la ciudadanía como para las empresas y otros agentes sociales y económicos. Sin embargo, esto se debe hacer en un contexto muchas veces adverso, debiendo luchar contra la evasión fiscal y otros abusos fiscales que ponen en peligro el contrato social que tradicionalmente une a ciudadanos y gobiernos, y que también son una amenaza a las reglas económicas de la libre competencia en condiciones justas.

Si bien la justicia social es un valor que promueve el buen respeto de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad, su corolario debería ser precisamente una justicia fiscal y redistributiva. Sin una fiscalidad justa difícilmente se pueden cubrir las inversiones sociales que requiere un sistema de protección social suficiente, que es capaz de amortiguar las desigualdades sociales existentes y previniendo la aparición de nuevas formas y brechas en la sociedad. De la misma manera, solo por tener un sistema fiscal adecuado contamos con servicios públicos eficaces y de calidad para el conjunto de la ciudadanía: redes de transportes y carreteras, sistema sanitario y judicial universales, un impulso económico para la creación de empresas, etc.

Desde hace más de una década, los análisis de la Fundación FOESSA reiteran el mensaje de que la pobreza y exclusión estructurales en España se relacionan con la debilidad de nuestro modelo de protección social y, en especial, de nuestro modelo distributivo. La pandemia de COVID-19 ha evidenciado la necesidad de reimpulsar y fortalecer el estado de bienestar social para responder a todas las necesidades y demandas sociales. La actual crisis social exige de una reparación y reconstrucción que sólo puede pasar por profundas reformas de nuestro modelo económico, productivo y social, en particular a través del sistema de garantía de ingresos que ofrezca cobertura suficiente y digna a todas las personas y familias que lo necesiten.

Las políticas de recaudación y fiscalidad son las principales herramientas instrumentales para el estado de las que disponemos para lograrlo. Podemos referirnos al impuesto progresivo, sus justificaciones y reformas, los debates sobre el impuesto sobre sucesiones, la necesidad o viabilidad de un impuesto de sociedades y al capital financiero, o incluso cualquier otra forma de impuesto sobre el patrimonio, nuevo o no. También puede afectar a las herramientas fiscales que tienen como objetivo corregir los déficits estructurales asociados al IRPF o al impuesto de valor añadido, como principales instrumentos de recaudación estatal.

Es por tanto fundamental devolver su sentido a la recaudación de impuestos desde un enfoque de derechos humanos y compensatorio para asegurar la financiación de las políticas públicas que beneficien a toda la comunidad, en particular a los grupos más desfavorecidos; y de esta manera, reducir las crecientes desigualdades entre los estratos de la sociedad que acumulan más renta y los que menos tienen, u otras formas de desigualdad social o de género o circunstancial sobrevenida. En suma, la fiscalidad da sentido a la siguiente afirmación: no hay sociedad sin impuestos, es decir que no hay sociedad justa sin impuestos justos que incluya a toda la ciudadanía.

 

[1] Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Barómetro sobre Opinión Pública y Política Fiscal 2020. Disponible en: http://datos.cis.es/pdf/Es3290marMT_A.pdf

 

Número 9, 2021

Una justicia fiscal para más justicia social

A fondo

Mano a mano, por una sociedad más justa, libre y alegre

Nerea García Llorente

Abogada y formadora en Asociación Otro Tiempo

 

La historia de las mujeres y los feminismos han sido habitualmente invisibilizadas y, por ello, muchas personas desconocemos su recorrido, sus protagonistas o su contenido. No podemos hablar de un único feminismo, pues las propuestas son variadas con corrientes como el ecofeminismo, el feminismo decolonial, el comunitario o el radical. Actualmente, las propuestas feministas están en boca de muchas y muchos y los avances sociales, económicos y jurídicos de las últimas décadas son palpables e innegables.

En la historia occidental reciente resulta sintomático que la mujer que redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en respuesta a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 fuera guillotinada. Olympe de Gouges fue sentenciada a muerte por ello en 1793 y de ahí que debamos seguir insistiendo y recordando que los Derechos Humanos son también derechos de las mujeres.

 

 

Las dinámicas de transformación social de las últimas décadas en nuestro país son difíciles de explicar sin los imprescindibles aportes de los movimientos feministas. Estos avances se han producido en las instituciones, en las calles, en las casas y en los centros educativos. Se han desarrollado a nivel de barrios, de regiones y construyendo redes internacionales. Los nombramos en plural porque las luchas han sido numerosas y variadas, lideradas por mujeres con circunstancias variopintas. En ellas participan jóvenes, abuelas, mujeres de orígenes dispares, racializadas, en silla de ruedas, lesbianas, precarias, académicas y diversas. Nos nutrimos unas a otras, aprendemos de nuestras ancestras y nuestras vecinas.

Con los feminismos proponemos ampliar la mirada, poner el ojo en lo que no estábamos teniendo en cuenta, destapar opresiones y violencias y proponer un mundo más justo. Algunas hablamos de ponerse las gafas moradas para referirnos a esta nueva forma de mirar, de entender y de estar en el mundo. En el ámbito académico solemos referirnos a incluir la perspectiva de género o las acciones género-transformadoras.

Esta forma de mirar nos ayuda a entender que el mundo no es neutral. Que algunos sujetos tienen privilegios, y otros, menos derechos. Ello depende de varias circunstancias cruzadas, como son la clase, el género o la orientación sexual. Se presenta como “neutral” el modelo del BBVAH (blanco, burgués, varón, adulto, heterosexual) y todas las personas que no cumplan esos requisitos quedan jerárquicamente por debajo. Así, alguien negro, pobre, mujer, viejo y/o homosexual tendrá menos oportunidades o posibilidades de ejercer derechos o desarrollarse. Será, por tanto, “el otro, la otra”, el diferente, quien debe hacer un esfuerzo por “encajar”.

Somos diversas, no queremos ser desiguales. Por ello, una de las herramientas propuestas han sido las acciones positivas (anteriormente denominadas discriminaciones positivas), para favorecer la equidad y la igualdad de oportunidades, reconociendo que no todas partimos desde los mismos lugares y es necesario reconocer expresamente esas desigualdades y compensarlas temporalmente para facilitar que el lugar de llegada sea similar. La combinación de luchas contra el racismo, el machismo y la opresión heterosexual, que interseccionan y se entrecruzan, ha sido otra herramienta de los feminismos, principalmente fuera de Europa, y tiene a una de sus máximas exponentes en Audre Lorde, quien dijo: No hay jerarquías en la opresión.

Una forma de desigualdad es no estar representada, no aparecer, estar invisibilizada (que no es lo mismo que ser invisible). Esta omisión se produce en los libros de texto, en los deportes, en las investigaciones médicas. Un ejemplo muy visual de la infrarrepresentación de las mujeres en la historia puede ser una visita a cualquier museo. Es más habitual que las mujeres estén presentes como imagen desnuda que como pintoras. Como denunciaron las Guerrilla Girls en 1989: ¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Metropolitan Museum?. Menos del 5% de los artistas en las secciones de Arte Moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. Este colectivo de artistas diversas realizó una acción de desobediencia civil con máscaras de simios ante el MOMA, denunciando que en su última exposición solo 13 de los 169 autores eran mujeres. Así mostraron al público la discriminación de las mujeres en el arte y acusaron a las instituciones de mantener (por acción u omisión) esta discriminación.

En esta línea de denuncia de la discriminación, la cultura de la violación o la gordofobia en el mundo del arte, podemos encontrar otros colectivos nacionales, como son: Herstoricas, Liceu de dones y Xarxa pels bons tractes. Todas ellas proponen recorridos alternativos en las colecciones artísticas y en los paseos por las calles de nuestros barrios. El urbanismo feminista está realizando en las últimas décadas grandes aportes para hacer las ciudades más habitables para todos.

Otra de las principales contribuciones de los movimientos feministas de nuestro país, enredados con los saberes de otras latitudes, es haber reivindicado la importancia de los cuidados y exigir una vida digna de ser vivida. El concepto de la vida digna de ser vivida se nutre de la cosmovisión de los pueblos originarios indígenas, proviene de la palabra quechua “sumak kawasay” y la palabra aimara “suma qamaña”, que han sido traducidas como buen vivir o vida en plenitud en Ecuador, y vivir bien en Bolivia, respectivamente. Ambas cosmovisiones hacen referencia a la realización ideal, armoniosa y plena de la vida humana en relación con la Pachamama o Madre Tierra. En una visión actualizada, el concepto del buen vivir iría muy unido con satisfacer las necesidades tomando solo lo necesario, con la vocación de perdurar y estar en equilibrio con la tierra.

Las mujeres organizadas hemos sido capaces de poner en valor todo el trabajo necesario para que la vida siga, dando mucha importancia a los cuidados, que tradicionalmente se han realizado en espacios privados (los hogares) y que han tendido a darse por sentado y asignarse a las mujeres sin reconocimiento económico y con escaso valor social. De ahí que en las huelgas feministas del 8M de 2018 y 2019 se apelara a las huelgas de cuidados y no solo a las huelgas en los espacios de trabajo asalariado, que principalmente están copadas por hombres. Este nuevo concepto de huelga superaba la visión productiva de presionar a los empresarios y plantea una crítica completa al sistema, ampliando los espacios de denuncia también al consumo o a los lugres estudiantiles.

En estos espacios laborales se denuncia también el techo de cristal, el suelo pegajoso, las dobles y triples jornadas, la división sexual del trabajo o la brecha salarial. El techo de cristal hace referencia a los obstáculos, a menudo invisibilizados, a los que se ven expuestas las mujeres altamente cualificadas, y por los que es difícil que alcancen los niveles jerárquicos más altos, habitualmente por temas como la maternidad o el cuidado de otros familiares. El suelo pegajoso se refiere al fenómeno por el que las mujeres suelen estar relegadas a empleos más precarios, con mayor rotación y peores salarios como son las actividades de limpieza, cuidados y atenciones personales. Las dobles y triples jornadas denuncian que las mujeres incorporadas al mercado laboral formal no han dejado de asumir las tareas domésticas de limpieza y cuidado, por lo que deben optar a convertirse en súper-woman o quedarse fuera. De media, el sueldo bruto por hora de una mujer en la Unión Europea está un 16,2% por debajo del de un hombre. En España la brecha salarial es de 14,2% y aumenta con la edad llegando al 22,3% en mujeres mayores de 55 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Esto equivale a que en España las mujeres trabajan gratis 52 días al año. Cuando hablamos de la división sexual del trabajo nos referimos a la organización social y económica en la que tradicionalmente son los hombres quienes ocupan los puestos con mayor poder e influencia, en el espacio público y productivo, y las mujeres asumen las tareas de cuidados no remunerados, en el espacio privado.

Además de construir estos nuevos conceptos y denunciar la desigualdad que de ellos se deriva, se apoyan también reivindicaciones laborales concretas, como que el país suscriba el convenio 189 de la OIT para reconocer derechos a las empleadas domésticas, que se adopte un convenio colectivo para las futbolistas, que se tomen medidas de conciliación de la vida laboral y familiar así como políticas de corresponsabilidad.

 

 

Estas desigualdades laborales forman parte de la violencia estructural que, junto a la violencia cultural, permiten y sostienen la violencia directa, esa que sí somos capaces de ver. El triángulo de la violencia de Johan Galtung nos ayuda a profundizar en las causas de las violencias más visibles, como podrían ser los asesinatos machistas y entender que los micromachismos o la educación diferenciada por sexos son su base.

Los micromachismos, término acuñado por Luis Bonino, son las sutiles maniobras de ejercicio de poder que hacen los hombres, a diario, para mantener su dominio sobre las mujeres y limitar su autonomía. Son pequeños trucos, dispositivos mentales, actitudes corporales o bromas por los que se intenta imponer la visión androcéntrica que mantenga los lugares que la cultura tradicional asigna a hombres y mujeres. Los micromachismos no tienen por qué ser intencionales ni estar planificados deliberadamente, pueden ser inconscientes. Muchas feministas han denunciado esta realidad diaria, desde raperas como Sara Socas, periodistas de Pikara Magazine, la Psicowoman en canales de youtube e infinidad de colectivos feministas y ONG’s.

Las feministas queremos cambiar el sistema, promover la vida digna y saludable, denunciando desde los pequeños micromachismos hasta las grandes violencias, como las practicas que destruyen el planeta.

El acercamiento filosófico y práctico entre feminismo y ecología ha sido una realidad histórica, especialmente visible durante los siglos XX y XXI. Esta amistad y conexión ha dejado patente que muchas acciones de cuidado del planeta han estado protagonizadas por mujeres. Podemos recorrer la historia de lucha por la tierra con mujeres lideresas, con Dorothy Stang, Macarena Valdés o Berta Cáceres, todas ellas asesinadas por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la protección de su territorio. También destaca la Premio Nobel de la Paz, Wangari Mathai, que plantó más de 47 millones de árboles en Kenia. Otra referente esencial del movimiento ecofeminista es la india Vandana Shiva, que en 1993 recibió el Premio al sustento Bien Ganado, -también llamado Premio Nobel Alternativo- tras sus aportaciones académicas y su apoyo al movimiento Chipko del Himalaya, que sigue prácticas de acción noviolenta de Ghandi.

 

 

En el continente africano no podemos dejar de nombrar otros proyectos en esta línea: por ejemplo, la Rural Women’s Assembly, que facilita a las mujeres el acceso a semillas no transgénicas y a servicios como la venta de productos en los mercados sin intermediarios masculinos, y el proyecto mozambiqueño Fórum Mulher que es paraguas de varias asociaciones y que realiza, entre otras actividades, campañas feministas para garantizar el acceso a medicamentos, cuidados colectivos y alimentos a mujeres seropositivas. Actualmente, Fórum Mulher acoge el secretariado de la marcha mundial de las mujeres, que es un movimiento internacional de acciones feministas para eliminar la pobreza y la violencia contra las mujeres. Desde el año 2000 se han realizado acciones por la justicia económica, denuncia del cambio climático o la protección de los derechos sexuales y reproductivos. En 2005 esta marcha presentó: Cambiar de Rumbo. Los objetivos de desarrollo para el milenio vistos a través de la carta mundial de las mujeres para la humanidad en el que se denuncia la ausencia de metas e indicadores de empoderamiento, salvo el dato de la presencia de mujeres en los parlamentos nacionales.

Lejos de caer en el esencialismo o defender que las mujeres estamos más conectadas con la naturaleza, con el ecofeminismo se pretende relacionar la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres. El ecofeminismo toma de los movimientos verdes su preocupación por el impacto de las actividades humanas en el planeta, y del feminismo toma el enfoque de género, la explicación de las actitudes patriarcales que subordinan, explotan y oprimen a más de la mitad de la población. Como dice la profesora madrileña Yayo Herrero: “el ecofeminismo nos permite comprendernos mejor como especie y tomar conciencia de la inviabilidad de la vida humana desgajada de la tierra y desconectada del resto de las personas” pues nos ayuda a analizar las estructuras económicas de consumo basadas en el dominio del Norte sobre el Sur, de los hombres sobre las mujeres, y del frenético saqueo de un volumen creciente de recursos en busca de un beneficio económico cada vez más desigualmente distribuido y que genera cantidades ingentes de residuos.

El deterioro ambiental se debe a un desarrollo económico basado en el crecimiento ilimitado que coloca a los mercados, y no a la vida, en el epicentro del análisis. La corriente ecofeminista nos recuerda la importancia de cuidar de nuestro planeta, de pensar un sistema económico sostenible, de poner la vida en el centro, la humana y la del entorno. Muchas de estas ideas se han aglutinado bajo el lema Ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista.

Todos estos movimientos liderados por mujeres ponen en el centro la importancia de una igualdad efectiva y la necesidad de construir un mundo libre de violencias. Así, en los últimos años, las argentinas gritaban “ni una menos, vivas nos queremos”, las estadounidenses denunciaron los casos de violencia sexual con el movimiento Me too, las indias se aglutinaron como las Guerreras del Sari Rosa (Gulabi Gang) en contra de las violencias y la corrupción, o las nigerianas se unieron para denunciar el secuestro y esclavitud sexual de las adolescentes de Chibok.

En torno a las violencias en conflictos armados se gritaron en Colombia lemas como “no parimos hijos para la guerra”, o en Sudáfrica “mi cuerpo no es tu escena del crimen”. Fue noticia mundial y emocionante cuando las mujeres palestinas e israelíes marcharon juntas por la paz en Jerusalén, reivindicando un acuerdo de paz. En 2016, las mujeres de la etnia Q´eqchi, obtuvieron una resolución judicial histórica: una condena por desaparición forzada, delitos contra la humanidad y asesinato, en la base militar de Sepur Zarco. Guatemala fue así el primer país en condenar a militares por delitos sexuales, en la línea de lo que otros tribunales internacionales habían ya manifestado, y es que los cuerpos de las mujeres son un arma de guerra y las vulneraciones de derechos humanos una constante. Existen un sinfín de referentes feministas por todo el planeta, buscando un mundo más justo, más habitable, más humano y equitativo. Un mundo donde las violencias no sean el camino habitual.

Las mujeres estamos expuestas a violencias machistas con manifestaciones físicas, psicológicas o simbólicas que se muestran en todos los ámbitos de nuestra vida. La obra de teatro “No solo duelen los golpes” de la activista Pamela Palenciano, explica en primera persona esta multiplicidad de manifestaciones y el proceso de deterioro de la autoestima. Los movimientos feministas han sabido aliarse, presionar y denunciar en ámbitos institucionales, laborales, en los barrios y las academias para denunciarlos y construir resistencias. Podrían escribirse hermosas y potentes historias sobre estas resistencias. Son resistencias que amplían el marco de posibilidades y que transforman nuestra forma de estar  y entender el mundo, y por lo tanto, también regeneran la agenda política.

La agenda social en torno a las violencias machistas ha sido una constante, consiguiendo cambios en la mentalidad, la legislación y los recursos. Se han aprobado leyes para los casos de violencia contra las mujeres a manos de sus parejas o ex parejas (Ley Integral de Violencia de Género a nivel nacional y con desarrollos autonómicos) si bien aún faltan desarrollos normativos en otros tipos de violencia, como la violencia sexual o la trata de seres humanos. Existen además en todas las comunidades autónomas recursos específicos como son servicios de atención integral a mujeres, alojamientos protegidos y ayudas económicas como la Renta Activa de Inserción (RAI). También se han creado juzgados especializados (461 juzgados con competencia en violencia sobre la mujer, de los cuales 106 son juzgados de violencia exclusivos) y organismos encargados del seguimiento de esta materia, como es el Observatorio Estatal y la Delegación de Gobierno frente a la violencia de género. Todo ello convierte a nuestro país en un sistema modélico a nivel internacional, a pesar de que los recortes económicos, los avances de movimientos políticos neomachistas y los estereotipos arraigados en la sociedad, hacen necesario seguir trabajando para garantizar una vida libre de violencias. Los estereotipos de género siguen vivos en nuestra sociedad, como ya denunció Naciones Unidas en la condena a España por el caso de Ángela González.

Las mujeres queremos ser dueñas de nuestro cuerpo y para ello deben rechazarse todos los imaginarios culturales que normalizan el control del cuerpo por parte de los hombres. Una de las mayores manifestaciones de dominación sobre el cuerpo de las mujeres es la violencia sexual, que afecta a 1 de cada 2 mujeres en Europa, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA). Esta organización denuncia que más del 90% de las víctimas y supervivientes son mujeres, mientras que el 97% de los agresores siguen siendo hombres. La Macroencuesta sobre violencia contra las mujeres (Ministerio de Sanidad, 2015) calcula que 1,5 millones de mujeres han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja, lo que supone el 7,2% de las residentes mayores de 16 años.

La situación traumática después de sufrir violencia sexual incluso se agrava con los obstáculos judiciales (no creer a las víctimas, culparlas por no haberse protegido o haberse expuesto por ir solas, no escuchar, la falta de formación especializada de los operadores jurídicos, etc.) si se decide interponer denuncia, como ya documentó en 2019 Amnistía Internacional con su informe “Es hora de que me creas. Un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas».

Las mujeres sabemos esto y hemos gritado alto y claro: “hermana, yo sí te creo” cuando los juzgados desprotegen y revictimizan a las denunciantes, cuando se cuestionan sus testimonios o se nos culpabiliza por la ropa. Un buen resumen de ello se puede encontrar en el grupo chileno “Las Tesis” con la canción, que ya es un himno, ‘Un violador en tu camino’.

Hemos sostenido la necesidad de proteger a las supervivientes, sin poner el foco en la ampliación de las penas sino en la reparación del daño. Los tratados internacionales nos obligan a tomar medidas de protección, reparación y justicia y ahí queda aún mucho camino por recorrer. Por eso hemos tomado las calles y las instituciones, para que se garantice el buen trato.

El éxito de las movilizaciones feministas ha tenido que ver con el contenido de las propuestas, con la visibilización de las estructuras que discriminan, y también con la forma de llevarlas a cabo. Se han tomado los espacios públicos con prácticas de desobediencia civil noviolenta, de manera creativa y divertida. Bajo el lema “si no puedo bailar, esta no es mi revolución” se han creado estrategias artísticas, animadas, alegres y diversas.

 

 

Las puestas en escena, cuidadoras y cuidadosas, amenas e inclusivas, musicales, artísticas, han tenido en cuenta el trabajo en grupo y han cuestionado el patrón de la competitividad individual. Se han tejido redes de vecinas y se han intercambiado saberes, recursos y necesidades. Dar valor a la construcción de redes y dejar fluir la sororidad entre personas diversas ha sido otro componente fundamental para estos éxitos.

El trabajo colectivo con el objetivo de construir bien común ha sido lo que ha guiado estas propuestas sugerentes que buscan mejorar la vida de las mujeres, y por tanto, mejoran la sociedad al completo. Todos ganamos con una sociedad más justa y equitativa.

 

Número 4, 2020