A fondo

La pobreza y la exclusión social deben erradicarse en beneficio del bien común

Víctor Renes Ayala, Sociólogo

 

La desigualdad, la pobreza y la exclusión social no son algo que solo padecen determinados grupos humanos, sino que es algo que revierte sobre la propia sociedad. En beneficio del bien común de todos y todas necesitamos erradicarla.

 

I

Hace poco me preguntaron por qué debe erradicarse la pobreza y la exclusión social[1]. Y después de un momento de duda pensé que me lo estaban preguntando por considerar que las personas en esa situación eran personas en situación de injusticia, debido a que la pobreza y la exclusión social es negación de derechos dado que en ella la dignidad humana queda negada y, por lo tanto, es injusto. Pero me decidí por pensar que me lo estaban preguntando desde otro punto de vista, el de una sociedad que conoce y sabe que la pobreza y la exclusión existe y, sin embargo, no acomete su erradicación. ¿No lo acomete porque no lo considera posible, rentable, beneficioso?, ¿porque considera que no es de su responsabilidad, o por un sin número de explicaciones que demoran el asunto para cuando se pueda? Sin olvidar que todo ello queda aderezado por la duda de si la sociedad tiene alguna responsabilidad, no sea que, si es cuestión de la responsabilidad, quede remitida a la competencia o incompetencia, a la responsabilidad o irresponsabilidad de los individuos, y, en concreto, de quienes están en esas situaciones.

La pobreza, por tanto, es un hecho que, como tal, oscila entre la paradoja de su realidad y de su invisibilidad; entre ser reconocido como un hecho existente, y ser considerado como un fenómeno social secundario a la hora de la toma de decisiones, especialmente en las decisiones que estructuran la sociedad. No cabe duda de que nuestra sociedad sabe que tiene un problema histórico en este tema, no en vano somos la 4ª economía del euro con una de las tasas de pobreza más altas. Pero la sociedad ha ido deglutiendo que la pobreza no tiene por qué estar en la primera página de la agenda, preocupada como está por salir de dos crisis sistémicas y prácticamente seguidas, la del 2008 y la de la pandemia. ¡Ahora lo que debe primar es el crecimiento! Cuestión en la que nunca se para nadie a pensar más en ello, porque se considera evidente y porque nunca se hace una retrospectiva de cómo, después de la crisis y con un nuevo crecimiento en expansión, se está haciendo frente a la desigualdad, a la pobreza, a la exclusión. ¿Es que una vez retomado el crecimiento se absorbe algo más que determinados efectos surgidos por tal crisis? ¿Todos? ¿Y la pobreza y la exclusión ya existente ante-crisis? ¿Y la estructura de la propia realidad de pobreza, y su dimensiones y condiciones, y su reproducción, y su permanencia, y su futuro dadas las decisiones que organizan y estructuran la propia sociedad?

Hubo una expectativa, allá por la década de los 80 y 90 en la que la pobreza estuvo en la agenda de la sociedad, de modo que la pobreza tenía toda una serie de retos que el propio modelo social tenía que afrontar. La pobreza estaba en el debate público, el famoso debate de los ocho millones de pobres, y eso ponía encima de la mesa que la problemática social tenía que contemplar este aspecto. Podíamos decir que ello nos llevaba a hacernos cargo de la pobreza en la construcción del Estado del bienestar. Y eso nos debía llevar a encargarnos de la pobreza ante la sociedad del crecimiento. Pero esto empezó a pesar cada vez más, y a lo más que llegamos fue a cargar con la pobreza en un modelo de desarrollo social precario. En definitiva, la pobreza siguió siendo un reto estructural.

Porque, a partir de la puesta en la primera página de la agenda, pronto las aguas volvieron a su cauce, y en el desarrollo de la Agenda Lisboa 2000, volvió a ser puesto todo bajo el paradigma del crecimiento. De modo que la propia actuación por la inclusión social, la propia política contra la pobreza, quedaba bajo el signo de lo que contribuía al crecimiento económico, que es lo que sancionaba las decisiones como acertadas o no. Cierto que se puede decir que esto es demasiado simple. Sí, si no se considera que una realidad compleja no se puede reducir a uno solo de sus elementos. Pero no, si se tiene presente cuál es el parámetro que articula esa complejidad. No se trata de olvidar las políticas por la inclusión social, como elemento significativo más elocuente de la complejidad. Pero tampoco se puede olvidar que esa misma estrategia se definía desde el parámetro del crecimiento. La inclusión lo debía ser en la sociedad del crecimiento, y eso en todos los ámbitos, empleo, formación, protección social, actividad de la economía verde, incluso inteligente, con todo lo que eso supone de gestión y construcción de sociedad desde las NTI.

Y cuando la respuesta se enfrenta con este proceso de pérdida de vigencia de la pobreza en la sociedad como cuestión sustantiva, la respuesta ante la pregunta formulada apunta a ponerlo de nuevo en valor. Dicho esto, debo reconocer que la pregunta que me formularon ha quedado sin responder. Porque para mí, la pobreza y la exclusión social hay que erradicarla por el Bien Común. Soy consciente de que esta respuesta se enfrenta con el muro que la ha dejado fuera de la agenda. Por otra parte, parecería lógico que la erradicación de la pobreza deba ser en beneficio de quienes la padecen. Y no es ilógico proponerlo así. ¿Por qué entonces focalizarlo sobre el Bien Común?

En primer lugar, precisar que en este enfoque no solo no están ausentes quienes se encuentran en estas situaciones, sino que están incluidos. Y, en segundo lugar y más importante, porque es un enfoque que no invisibiliza la responsabilidad de la sociedad, sino todo lo contrario. La cuestión es: si la pobreza es un hecho que hay que analizar como fenómeno social, es decir, como una relación social estructurada y estructurante de la sociedad, tenemos que contemplar los dos polos de esa relación, la pobreza y la sociedad en la que la pobreza existe, y la relación que se establece entre los dos. Análisis en el que ahora no podemos entrar, pero en el que me parece muy importante insistir en la conexión que se produce entre los dos polos.

Sin vida en común no hay sociedad. Por ello son decisivos los principios y valores que se tomen como los referentes que estructuran las grandes decisiones. Para ser sociedad deben girar en el sentido de construir vinculación social. Por ello, las formas de sociedad, las relaciones societales, en todos los ámbitos, no pueden quedar vinculadas a una sola, como está sucediendo en nuestra sociedad que están centradas en la relación de intercambio, guiada por el mercado. Así se trasmutan las relaciones de sociabilidad y societalidad que se generan desde las relaciones de reciprocidad y de redistribución.

Si tomamos como paradigma lo que es una red, sabemos que una red tienes conexión con todos los puntos. La red no tiene un principio y un final, sino que es la conexión entre todos; cualquier cosa que afecta a un punto, afecta a toda la red. Esa imagen de red sirve para analizar el conjunto de la sociedad, que es sistémica. Cada elemento tiene un gran valor, pero sus objetivos y fines están interrelacionados e interconectados; como en la sociedad. Hay que tener una visión holística y retroactiva, integral y global para desvelar todas sus potencialidades.

Esto es básico para poder plantear el tema del Bien Común como condicionante de lo que supone y exige la perspectiva de la erradicación de la pobreza. Y lo primero que constatamos es que el Bien Común es un referente que en nuestra sociedad ha quedado para el discurso, y este en muy contadas ocasiones. Y con ello no nos referimos solo a la pérdida de derechos, sino de la pérdida de las condiciones de acceso a los bienes necesarios para la satisfacción de necesidades básicas basadas en los derechos. Porque sin ello ni la dignidad de las personas ni lo que supone y exige una sociedad digna, son viables. Pero hoy constatamos que, cada vez más, todo gira en torno al individuo con olvido y menos aprecio de lo colectivo, de lo público. En esta lógica, aparece la culpabilidad individual ante la pobreza y la exclusión ocultando así que es un fracaso colectivo, e invisibiliza la responsabilidad colectiva.

Como una derivada, hoy no existe un concepto compartido (consenso) de lo que es el Bien Común. Su lugar lo ocupa el crecimiento económico, en el que la competitividad y la meritocracia ocupan los valores centrales. En una sociedad así, las estructuras generadoras de desigualdad quedan sin cuestionamientos, intocadas; ¿absueltas? Porque cuando se plantea el tema de la distribución, no es el Bien Común el eje del debate, sino la tributación. Y, junto con ella, la sospecha. No la sospecha de si así se puede mantener lo que con la tributación queríamos obtener, como la salud, la educación, la protección social, etc. La sospecha es que se da por entendido que es algo que le corresponde al individuo, y que eso está en la naturaleza de las cosas. ¿Qué espacio le queda al Bien Común? Y, desde ahí, ¿a la erradicación de la pobreza?

Si queremos una sociedad pacificada, donde sea posible la convivencia en la diferencia, necesariamente tenemos que generar condiciones para que todos puedan disfrutar de lo que significa ser sociedad, donde todos los seres humanos se puedan desarrollar. Justamente eso es lo que pretende la erradicación de la pobreza. Conviene señalar que lo contrario genera sociedades agresivas, muy agresivas. Y lo estamos viendo a nivel mundial con las guerras continuas, con los millones de refugiados y de inmigrantes económicos que hay hoy en el mundo. Y no nos damos cuenta de que la pobreza y la exclusión social no son algo que solo padecen determinados grupos humanos, sino que son algo que revierte sobre la propia sociedad. Por ello, decimos que en beneficio del Bien Común de todos necesitamos erradicarla.

Lo que, entre otras cosas implica que los recursos necesarios para ello no deben ser considerados como un gasto, sino como una inversión. Y es una inversión social que genera beneficios de todo orden: todos los seres humanos pueden contribuir a la sociedad y esto genera incluso crecimiento económico. Las crisis que estamos sufriendo no pueden ser superadas simplemente con recortes de gasto, exigen, necesitan inversión. ¿No es la pobreza y la exclusión una crisis estructural, sistémica, permanente? Para salir de una crisis hay que invertir en generar oportunidades de todo tipo.

 

II

¿Focalizar la erradicación de la pobreza y la exclusión social desde el Bien Común hace olvidar a las personas? Nada más lejos de la realidad. La cuestión es, ¿desde dónde se plantea y se construye el Bien Común? Recordemos que estamos hablando de la dignidad humana como fundamento del orden político y social, según el art. 10 de la Constitución, que es lo que anda en juego en la erradicación de estas situaciones. De esto trata el Bien Común, de la dignidad de la persona, especialmente en las situaciones que está más negada. Esto es lo que debe demandar la máxima atención de la sociedad, de los poderes públicos y de la propia ciudadanía, pues en ello definimos qué sociedad somos y queremos ser.

El art. 9.2. de la Constitución dice: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. ¿Por qué no está en la primera página de la agenda, social, económica, política y cívica, cuando se trata de la pobreza y la exclusión social? El Bien Común se la juega cuando pretendemos hacer frente a las desigualdades, a la pobreza y a la exclusión social. Y ello solo se consigue promoviendo las condiciones de la libertad e igualdad, y removiendo los obstáculos que impiden el bienestar de todos. Llama la atención que eso no aparezca cuando se está tratando de personas y grupos que no tienen tales condiciones, pues su propia pobreza y exclusión social se convierte en obstáculo para su erradicación.

¿Cómo afrontarlo? Depende del lugar social desde donde nos situemos, pues desde ahí veremos los obstáculos y las condiciones imprescindibles. Y para ello solo hay una respuesta: El bienestar social implica que hay que mirar desde los últimos y desde ahí ver a toda la sociedad. Y al ver toda la sociedad ver todo lo que necesita para que realmente todos podamos seguir siendo sociedad en plenitud y en dignidad.

La cuestión, pues, hay que llevarla a este lugar. ¿Qué ocurre cuando se hace la pregunta desde el lugar social de los últimos? ¿Qué se escucha ahí? ¿Alguien les está oyendo? Cuando se comparten estas preguntas con ellos mismos, la visión resultante responde a la cosmología social que está gobernando la intervención social en las situaciones de pobreza y exclusión, pues la intervención social es la concreción de la relación entre los dos polos de la relación pobreza-sociedad. ¿Una cosmología social? [2] La antropología dice que nunca quedamos al margen de una comprensión de la realidad, de unos valores a los que da cuerpo en su facticidad, de la suma acabada de representaciones del mundo y de la sociedad. Esto es, de una cosmología del espacio, tiempo, cuerpo (ser corpóreo), mundo. Así pues, ¿qué cosmología está sucediendo en el abordaje de la pobreza y la exclusión social?

En una cosmología social el espacio es un espacio existencial, lugar de experiencia de relación con el mundo de un ser esencialmente situado en relación con un medio. Pero lo que constatamos es que se está produciendo un no-lugar. No hay espacio, no hay lugar de relación con el mundo institucional que está cerrado, no abierto incluso físicamente, pero también relacionalmente, del que el mundo de la pobreza y la exclusión está EX-pulsado y no puede plantear sus condiciones de vida. Se ha cerrado lo presencial especialmente para quien necesita acompañamiento y asistencia incluso en la propia comprensión de su situación; o sea, para la relación persona (en pobreza y exclusión) y sociedad (la institución de la sociedad que debe hacerse cargo y encargarse de ello). Quien carga con la realidad no es el compromiso entre institución y persona, sino la persona sola, fuera de y abajo, ante unas instituciones que se han cerrado incluso a la propia reclamación, pues cuando se logra conectar, es muy habitual escuchar: no hay citas disponibles. Está perdida en ese no-lugar.

Pero ni las relaciones de las personas con quienes tienen la legitimidad, autoridad, capacidad para la intervención social, quedan enclaustradas en ese espacio, porque los procesos ni se paran ni se detienen. Por lo que la lógica de esa cosmo-logía, es también la del tiempo, del tiempo de los procesos que recorren la vida de los EX-pulsados. Por una parte, el tiempo de la urgencia ante los obstáculos para la supervivencia, con el que no se conectado ni se ha comprendido. Se trata de hechos que acaecen, no de los discursos o explicaciones. Por otra, del tiempo del proceso, largo y complejo, de ejercer su libertad y dignidad; su proceso de desarrollo humano. Pue si el espacio se clausura en el propio marco institucional, el proceso del tiempo de afrontar su realidad, ni es considerado ni es reclamable.

Qué corporeidad, como dimensión de esa cosmo-logía, qué concreción, qué comprensión, tienen sus necesidades. Prácticamente se puede resumir en la i-lógica de las carencias. ¿Y todo lo que las necesidades implican de desarrollo de capacidades y potencialidades? En estas situaciones ni son consideradas, ni se relacionan con los sujetos. Desde esta cosmo-logía no aparece este real y determinante cambio de concepción de la necesidad. Los sujetos, comprendidos como carentes, quedan igualmente comprendidos como no activos, y, por tanto, como no-actores. Vale preguntar en qué queda remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Quedan sin presencia, sin ser sujetos, sin ser sociedad. O sea, son los fuera de, los EX.

En esta cosmo-logía, ¿qué relación hay con el otro, con el mundo de los otros? Los otros no están ni en la agenda, ni en la comprensión de la relación pobreza-sociedad. Hay una relación abstracta derivada del distanciamiento entre el polo institucional (sociedad), y el polo personal (situación de pobreza y exclusión) que hace imposible el diálogo del encuentro. Se ha producido la pérdida de los vínculos sociales. No es extraño, pues, que nos cueste pensar en la alteridad. Se cierra la capacidad de comprender el sentido, o sea, la relación sujetos-medio social y sociedad. Con ello nos referimos al sentido que los seres humanos pueden dar a sus relaciones recíprocas; el sentido social. Y es precisamente de ese sentido del que hablan también los individuos cuando se preguntan o se inquietan por el sentido de su vida.

Pudiera parecer esta cosmología algo abstracto y desconectado del mundo de las personas, de los últimos de la sociedad. No es así. ¿Por qué? Lo que se escucha cuando se “está con y en” sus situaciones, espacios, tiempos, necesidades, y se oyen sus expresiones y vivencias, todo empieza por “SIN”: sin ingresos; sin RMI/IMV (y encima con requerimiento de una devolución imposible por la incongruencia entre esas tibias prestaciones); sin atención; sin posibilidad de que alguien presencialmente les ayude, oriente, acompañe; sin información: sin informática, cuestión dada por supuesto pues se impone como la única vía de intentar hacer algo; sin saber por qué  (o sea, por qué se ha creado este laberinto en el que se pierden, por qué no te oyen, por qué no te cogen el teléfono, por qué no te escuchan ni te contestan, por qué no te dan cita; por qué se dilatan hasta …); sin tiempo de respuesta, …..

Perdidos en un laberinto en el que se han visto instalados, sin que nadie explique por qué. Sin el acompañamiento que cualquier otra situación, aun menos grave, exige. Sin retornar a la atención presencial que en otros ámbitos sociales es real hace tiempo, pero que en este sector brilla por su ausencia. Sin que ni siquiera los servicios sociales comunitarios puedan resolverlo, encontrándose ellos mismos con el cuello del embudo que impide realizar su función. Sin dudar en exigir que las personas sean expertas telemáticas como quienes realizan este trabajo. Pero, eso sí, sin abordar ni la brecha digital, ni sus deudas, ni su desempleo, ni los fracasos escolares, formativos, laborales de los que siempre son acusados, ocultando así el fracaso de la sociedad en estos ámbitos, etc.

En resumen, ¿quiénes son? Ya ni siquiera son el grupo de pobres y excluidos. Son simplemente el grupo ‘sin’; o sea, el grupo de los nadie y los nada, de los que quedan invisibilizados; los sin grupo. Y, de remate, a su costa, porque resulta que la cuestión acaba siendo que no han resuelto ni afrontado su inexperiencia, incluso su incapacidad para ser los expertos tecnológicos que se exige como una evidencia indiscutible. Y se oculta el propio sentido de la pobreza y la exclusión. Y se niegan sus potencialidades y capacidades. Y se inutiliza su capacidad de actor de su propia realidad.

¡¡Paradójico, si no fuera sangrante!! ¡¡Cómo es posible que, en los momentos de máxima necesidad, se coloquen las máximas dificultades para los máximos necesitados!! ¿Que esto suena tremebundo? Hagamos comunidad, al menos de vivir en sociedad, de vivir en común las condiciones que no existen y los obstáculos que sí existen. Hagamos la comunicación de experiencia de vida para que cuenten, relaten, narren su realidad, lo que les dicen y lo que no les dicen, … Y luego vemos si esto es exagerado, o simplemente sangrante.

El Bien Común dice que para poder saber de qué estamos hablando, debemos ponernos en el final de la sociedad para poder ver los obstáculos a la justicia, la igualdad, la solidaridad, la libertad, la participación, el bienestar y la dignidad de todos y todas, para así poder erradicar la pobreza y la exclusión en beneficio de toda la sociedad. ¿No será que es esto lo que está en cuestión?

 

[1]  EAPN-ES (2021). «La pobreza y la exclusión social deben erradicarse en beneficio del bien común» Entrevista a Víctor Renes Ayala. Recuperado de: https://www.eapn.es/noticias/1460/%2522la-pobreza-y-la-exclusion-social-deben-erradicarse-en-beneficio-del-bien-comun%2522 [04 de enero de 2022].

[2] Hemos tratado este tema en Renes, V.: “Una nueva cosmología social”. En Documentación Social, nº 187. Madrid, 2017.

Editorial

Hacia una fiscalidad social que sea sinónimo de garantía y protección de los derechos

El pagar más o menos impuestos es un discurso recurrente que se lanza desde diferentes posturas ideológicas, pero que no se relacionan con el obligado y necesario sostenimiento financiero de un estado de bienestar que ha de integrar las dificultades de ingresos de una parte de la población. Por tanto, ¿es la fiscalidad justa una noción subjetiva o una realidad pragmática? Entre los derechos y deberes de la ciudadanía, el artículo 31 de la Constitución española recoge que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Eso significa que el impuesto es un tipo de obligación que, para ser percibida como legítima por la ciudadanía requiere una justificación.  Así, si el impuesto puede justificarse por la necesidad de financiar las instituciones cuyo propósito es mantener el orden público y la convivencia, asegurar la existencia de servicios públicos o proteger las libertades individuales. Sin embargo, no es evidente que imperativos éticos puedan justificar el establecimiento de tasas elevadas, para asegurar una redistribución justa de la riqueza.

Así, según el barómetro del CIS de julio de 2020 sobre Opinión Pública y Política Fiscal[1], una amplia mayoría de la población considera que vive en un país con enormes diferencias sociales y fiscales, donde el 80% cree que los impuestos no se cobran de forma justa en relación con la riqueza. En consecuencia, los impuestos no solo deben ser abordados desde una obligación legal, sino que deben conformarse, por un lado, a partir de normas justas, proporcionales y redistributivas, y por otro, un principio de solidaridad propio de los estados de bienestar, que solo es posible mediante una verdadera conciencia fiscal, que se aprende, crea y consolida a través de una educación en valores asociados a unos principios de cohesión y solidaridad social.

Aquí asociamos la noción de justicia fiscal con la de justicia o equidad social que, a su vez, se aglutina en torno al principio de consentimiento fiscal. La justica fiscal incluye por tanto una dimensión democrática de consentimiento real a las elecciones o decisiones fiscales que son tomadas por un determinado gobierno competente. En otras palabras, un impuesto puede considerarse justo sólo si es un impuesto aceptado y comprendido por el conjunto de la ciudadanía que tributa.

Los impuestos nunca son neutrales. Los impuestos son un indicador del tipo de sociedad que se quiere construir. Son el semáforo del compromiso social que desarrollamos como sociedad con el bien común y el interés general. En otras palabras, la fiscalidad es el instrumento que nos ayuda a definir dónde se sitúa el interés general y se relaciona de manera inmediata con la definición del Estado como social y de derecho. El papel de la política fiscal es precisamente la principal herramienta que permite configurar el presupuesto del Estado y por tanto va a marcar fuertemente las políticas sociales y económicas, la existencia de servicios públicos, su alcance y/o cobertura. Es decir, el estado de bienestar no es posible sin un presupuesto, sin una política fiscal redistributiva ante los déficits estructurales del sistema social y económico del momento.

En el marco y contexto europeo, la fiscalidad juega tradicionalmente un papel determinante como zócalo para el mantenimiento de un modelo social, tanto para la ciudadanía como para las empresas y otros agentes sociales y económicos. Sin embargo, esto se debe hacer en un contexto muchas veces adverso, debiendo luchar contra la evasión fiscal y otros abusos fiscales que ponen en peligro el contrato social que tradicionalmente une a ciudadanos y gobiernos, y que también son una amenaza a las reglas económicas de la libre competencia en condiciones justas.

Si bien la justicia social es un valor que promueve el buen respeto de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad, su corolario debería ser precisamente una justicia fiscal y redistributiva. Sin una fiscalidad justa difícilmente se pueden cubrir las inversiones sociales que requiere un sistema de protección social suficiente, que es capaz de amortiguar las desigualdades sociales existentes y previniendo la aparición de nuevas formas y brechas en la sociedad. De la misma manera, solo por tener un sistema fiscal adecuado contamos con servicios públicos eficaces y de calidad para el conjunto de la ciudadanía: redes de transportes y carreteras, sistema sanitario y judicial universales, un impulso económico para la creación de empresas, etc.

Desde hace más de una década, los análisis de la Fundación FOESSA reiteran el mensaje de que la pobreza y exclusión estructurales en España se relacionan con la debilidad de nuestro modelo de protección social y, en especial, de nuestro modelo distributivo. La pandemia de COVID-19 ha evidenciado la necesidad de reimpulsar y fortalecer el estado de bienestar social para responder a todas las necesidades y demandas sociales. La actual crisis social exige de una reparación y reconstrucción que sólo puede pasar por profundas reformas de nuestro modelo económico, productivo y social, en particular a través del sistema de garantía de ingresos que ofrezca cobertura suficiente y digna a todas las personas y familias que lo necesiten.

Las políticas de recaudación y fiscalidad son las principales herramientas instrumentales para el estado de las que disponemos para lograrlo. Podemos referirnos al impuesto progresivo, sus justificaciones y reformas, los debates sobre el impuesto sobre sucesiones, la necesidad o viabilidad de un impuesto de sociedades y al capital financiero, o incluso cualquier otra forma de impuesto sobre el patrimonio, nuevo o no. También puede afectar a las herramientas fiscales que tienen como objetivo corregir los déficits estructurales asociados al IRPF o al impuesto de valor añadido, como principales instrumentos de recaudación estatal.

Es por tanto fundamental devolver su sentido a la recaudación de impuestos desde un enfoque de derechos humanos y compensatorio para asegurar la financiación de las políticas públicas que beneficien a toda la comunidad, en particular a los grupos más desfavorecidos; y de esta manera, reducir las crecientes desigualdades entre los estratos de la sociedad que acumulan más renta y los que menos tienen, u otras formas de desigualdad social o de género o circunstancial sobrevenida. En suma, la fiscalidad da sentido a la siguiente afirmación: no hay sociedad sin impuestos, es decir que no hay sociedad justa sin impuestos justos que incluya a toda la ciudadanía.

 

[1] Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Barómetro sobre Opinión Pública y Política Fiscal 2020. Disponible en: http://datos.cis.es/pdf/Es3290marMT_A.pdf

 

Número 9, 2021

Una justicia fiscal para más justicia social

Documentación

Una manera diferente de hablar de la pobreza

Thomas Ubrich

Equipo de Estudios de Cáritas Española

 

 

La pobreza es una gravísima violación de los derechos humanos. Esta afirmación es la premisa para luchar eficazmente para su erradicación y aliviar sus efectos desde una responsabilidad colectiva.

En este sentido, es fundamental que como sociedad evolucionemos en la mirada que tenemos sobre la pobreza y las personas que la padecen. Este es el principal mensaje que transmite el video compartido por Olivier De Schutter, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos: Una manera diferente de hablar de la pobreza.

La pobreza, la exclusión y la desigualdad social no son problemas individuales sino estructurales. Es primordial cambiar nuestra perspectiva hacia un enfoque centrado en el individuo y superar el maniqueísmo que sugiere la existencia de una escisión entre personas pobres merecedoras y personas pobres malas y aprovechadoras. Persiste la idea que las personas pobres son pobres porque quieren o porque no hacen lo suficiente para salir de esta situación.

Dicho argumento explica la pobreza y su reproducción intergeneracional desde una visión de individualismo extremo. No obstante, tenemos que superarla para transformar las estructuras reales que condicionan las desigualdades.

En suma, la lucha contra la pobreza requiere, por un lado, ayudar a las personas en situación de mayor fragilidad, pero también fomentando las capacidades y las potencialidades acompañando su autonomía y, por otro lado, modificar las reglas que generan la precariedad y profundizan las desigualdades.

 

Una manera diferente de hablar de la pobreza: https://www.youtube.com/watch?v=xad8XEzDqww

 

Número 8, 2021
Ciencia social

Javier Alonso Torréns. Polipatología social y políticas sociales al servicio del “polibienestar”

Raúl Flores Martos y Thomas Ubrich

Equipo de Estudios de Cáritas Española

 

 

Javier Alonso Torréns ha sido un sociólogo comprometido con la justicia social. Con este artículo queremos rendir homenaje a su labor investigadora y su importante legado en el ámbito de la sociología aplicada y la investigación social. En concreto, a la gran aportación que hizo a la sociología de la pobreza, mediante el análisis de la politología social. Queremos agradecerle su luz y su cercanía, su trabajo y su apoyo incondicional a la labor que desde Cáritas y la Fundación FOESSA hacemos en favor de las personas en situación de exclusión social.

 

1 – Un sociólogo comprometido con la justicia social

El pasado mes de enero nos dejaba Javier Alonso Torréns. Ha sido un sociólogo comprometido con la justicia social y precursor de la sociología aplicada y de la sociología de la pobreza. Un luchador incansable, que miraba el barrio y el mundo desde los ojos de los más débiles. Un investigador pionero en las técnicas y en el análisis de los fenómenos sociales que frenaban el desarrollo humano integral y la equidad.

Con este artículo, pretendemos reivindicar su labor investigadora, su capacidad para enseñar sociología aplicada y transmitir valores a la investigación social. Y en concreto la gran aportación que hizo a la sociología de la pobreza, mediante el análisis de la politología social.

2 – El origen del análisis de la polipatología social

En el año 1998 la editorial de Cáritas publicaba la investigación titulada: Las condiciones de vida de la población pobre en España, dentro de la Colección estudios de la Fundación FOESSA, una investigación ambiciosa y que supuso una gran aportación a la sociología de la pobreza. Fue el fruto de cuatro años de trabajo acumulado, del Equipo de Investigación Sociológica (EDIS) con Javier Alonso Torrens como director, y con las aportaciones de cinco investigadores (Luis Ayala, Fernando Esteve, Antonio García Lizana, Rafael Muñoz de Bustillo, Víctor Renes y Gregorio Rodríguez Cabrero).

Dentro de los fines de la investigación se subrayaba el objetivo de profundizar en la multidimensionalidad de la pobreza. Un propósito ambicioso y adelantado a su tiempo, puesto que se diseñaba mucho antes que la ONU contemplara el uso del índice de pobreza multidimensional y antes de que la Agenda 2030, a través de los ODS reforzaran la necesaria meta de reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

La observación (basada en una muestra extremadamente amplia, de 29.592 familias y 115.062 personas) de la acumulación de problemas en diferentes dimensiones de la vida, en las mismas familias y las mismas personas, permitió analizar la polipatología social de las personas en situación de pobreza. Para su medición se partía de un sistema de 36 indicadores estructurados en siete bloques temáticos (vivienda, educación, trabajo, salud, integración personal/familiar, integración social del territorio, estado de ánimo), y que tiene algunos puntos comunes y de conexión con la actual medición de la exclusión social, mediante el ISES (índice sintético de la exclusión social) de la Fundación FOESSA basado en 35 indicadores y ocho dimensiones de problemas de exclusión.

3 – La polipatología social en la investigación de la exclusión social

En aquellos últimos años del siglo XX, Javier Alonso sentaba las bases de la polipatología social en el mundo de los pobres. La citada investigación constituyó un paso decisivo para la comprensión de las condiciones de vida de la población, con una mirada más allá de la dimensión puramente económica, tradicionalmente abordada por la pobreza relativa (insuficiencia de ingresos). Y una investigación que pondría los cimientos de lo que posteriormente se ha desarrollado en el entorno de la Fundación FOESSA, para la operativización y medición de la exclusión social.

La polipatología social se puede observar en las distintas oleadas de la Encuesta sobre integración y necesidades sociales (EINSFOESSA), a través de diferentes análisis, aunque cabe destacar:

3.1. Población que sufre dificultades en muchas dimensiones de la vida

El ISES de FOESSA explora 35 indicadores que señalan situaciones de exposición a situaciones de exclusión social y lo hace a través de ocho dimensiones que tienen una especial relevancia en las condiciones de vida de las personas, y en su participación de la vida social: el empleo, el consumo, la participación cívico-política, la educación, la vivienda, la salud, el conflicto social y el aislamiento social. Desde la lógica de la acumulación de los problemas y de los itinerarios de exclusión social, es bastante frecuente que las personas/familias que están afectadas por indicadores de alguna de estas dimensiones, con el paso del tiempo, también acaben estando afectadas por otras dimensiones.

La característica más clara de la desventaja, la pobreza y la exclusión, es el padecimiento simultaneo de diversos males y carencias y por eso se hace difícil su tratamiento y más complicado su análisis. El fenómeno tiene muchas facetas y muchas caras simultáneamente. Se llama originariamente efecto Mateo por la cita bíblica del capítulo 13, versículo 12 del Evangelio de San Mateo, que dice textualmente: Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. En otras palabras, males llaman más males y bienes atraen muchos más bienes.

Por su parte, el sociólogo creyente y comprometido que era Javier, pero también apegado a la tierra y naturaleza, repetía como un mantra, pero siempre con benevolencia y compasión, el dicho popularmente conocido: a perro flaco, todo son pulgas, esta es otra forma de decir que las desgracias nunca vienen solas. Se entiende como el perro flaco a aquellas personas con menos recursos y las pulgas son los problemas. Así, aquellas personas que son desgraciadas, suelen atraer nuevas desgracias sobre ellas.

 

Gráfico 1. Distribución porcentual de la población española según la presencia de problemas de exclusión social en diversas dimensiones

 

A través de la EINSFOESSA vemos como la acumulación de problemas de distintas dimensiones ha venido ocurriendo desde el origen de esta medición y afectando una buena parte de la población. La situación más grave por la acumulación de dificultades y que mejor ejemplifica la polipatología social, la encontramos en aquellos hogares con cuatro o más dimensiones afectadas. Una situación que antes de la gran recesión solo afectaba al 2,6% de las familias, pero que, en la segunda oleada de la anterior crisis, rozaba el 8% de los hogares, y que incluso en la postcrisis y fase de recuperación del año 2018, seguía afectando a más del 5% de la sociedad y duplicando los valores del año 2007.

3.2. Población que acumula tantas dificultades y dificultades tan graves que se alejan extremadamente de la vida integrada

No son pocas las familias que se ven afectadas por 8, por 12, o incluso por 16 indicadores del sistema de 35 indicadores; lo que acaba provocando una acumulación en el valor del ISES que multiplica por 7 el valor medio del ISES[1] en la sociedad. Este extremo de la exclusión social (exclusión severa), resulta especialmente preocupante, ya que refleja la acumulación de una cantidad de dificultades que construyen una experiencia vital totalmente alejada de una participación social normalizada y que provoca la expulsión del espacio social.

De igual manera que algunas personas enfermas, con edades avanzadas o con dificultades de salud limitantes, a menudo contraen otras enfermedades, acumulando distintos problemas de salud, las personas y el cuerpo social en general, se asimilan al cuerpo humano, ya que determinados fenómenos sociales de pobreza y exclusión atraen nuevos problemas sociales y constituyen la polipatología social.

 

Gráfico 2. Distribución porcentual de la población española en intervalos del Índice Sintético de Exclusión Social (ISES)

 

El grupo poblacional, representado en su extremo con ISES > 7, al que denominamos sociedad expulsada, es la demostración de cómo la espiral de la exclusión social y la pobreza hunde a muchas personas y familias hasta situaciones de polipatología social extrema. Una realidad, que no ha dejado de incrementarse desde el año 2008, tanto en las fases de crisis, como en las fases de recuperación económica y que nos dibujan, un proceso de enquistamiento y cronificación de las situaciones de acumulación de dificultades en la sociedad, y ante las que no se está actuando con los recursos suficientes o con los recursos necesarios, a juzgar por el incremento sostenido en el tiempo.

El actual contexto de pandemia y las diversas crisis que se acumulan están haciendo estragos especialmente entre la población más vulnerable. La mirada sociológica nos hace temer que los datos de la próxima oleada de la EINSFOESSA (Encuesta sobre integración y necesidades sociales de la Fundación FOESSA), actualmente en fase de trabajo de campo, muestren aflorar un nuevo empeoramiento, con el surgimiento de nuevas brechas y nuevos problemas, así como de una mayor profundidad de los problemas ya existentes.

4 – Políticas sociales eficaces orientadas al polibienestar

La aportación de Javier Alonso y de EDIS a la sociología de la pobreza, no solo se concentró en la parte metodológica de desarrollar indicadores, nuevas mediciones, o nuevos análisis estadísticos, tampoco quedó circunscrita a la tarea más de diagnóstico de la realidad y de las condiciones de vida, sino que en su trayectoria y experiencia realizó aportaciones sugerentes a la investigación social operativa y aplicada. Buena prueba de ello es su contribución en La agenda de investigación en exclusión y desarrollo, coordinada por Fernando Vidal y Víctor Renes en el año 2007, en la que plantea la tesis de que los problemas de la pobreza, de la marginación o de la exclusión social ni son exclusivamente monetarios, ni se arreglan sólo con dinero. Desde esta constatación es necesario tener en cuenta que la lucha contra la pobreza y también, en teoría, se llega al convencimiento de que los programas de lucha contra la pobreza y la exclusión deben ser interdisciplinares y tocar y solucionar conjuntamente todos los aspectos carenciales que afecten a la persona o las familias que los padecen.

Por todos estos motivos, la concepción multidimensional de la pobreza y la comprensión de los fenómenos de empobrecimiento y exclusión social como procesos conectados, interrelacionados y en muchas ocasiones acumulados, es estrictamente necesaria para el diseño y sobre todo ejecución y buen desarrollo de las políticas sociales orientadas a luchar contra la pobreza, la exclusión social, y en general contra la desigualdad y la injusticia que se encuentran en el origen de estos fenómenos.

En definitiva, el bienestar de las personas y de una sociedad, debe ser construido desde la mirada de la polipatología y del polibienestar que Javier resumía en: El Bienestar se compone de muchos elementos: tener salud, también estabilidad emocional y afectiva, disponer de una vivienda digna y confortable, tener una cultura adecuada, tener resuelta la ocupación gratificante, disponer de elementos y equipamientos personales y familiares, recursos, en fin, acordes con el desarrollo actual, tener también resuelto los aspectos de ocio y del tiempo libre, gozar de una satisfactoria convivencia y tener a mano los principales servicios para resolver todos los problemas.

Descanse en paz Javier Alonso Torrens. Agradecidos y afortunados por haberte conocido y haber aprendido tanto.

5 – Referencias bibliográficas

EDIS (Equipo de Investigación Sociológica), Ayala L., Esteve, F. García A., Muñoz R. (1998). Las condiciones de vida de la población pobre en España. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA.

FOESSA (2008). VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas: Fundación FOESSA.

FOESSA (2014). VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas;  Fundación FOESSA.

FOESSA (2019). VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas;  Fundación FOESSA.

Laparra M. y Pérez Eransus B. (coord.) (2010). El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA.

Vidal F. y Renes V. (coord.) (2007). La agenda de investigación en exclusión y desarrollo social. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA

 

[1] El valor del ISES es el resultado de la suma de los valores específicos (cada indicador tiene su valor propio) de cada uno de los 35 potenciales indicadores afectados. De forma que un hogar puede registrar un valor muy alto en el ISES, ya sea porque está afectado por indicadores muy graves, o porque está afectado por muchos indicadores que suman un valor importante.

Ciencia social

A propósito de la vulnerabilidad relacional: reflexiones para la intervención social

José Luis Molina (Catedrático), Hugo Valenzuela-García (Agregado), Miranda J Lubbers (Agregada), GRAFO-Departament d’Antropologia social i cultural (UAB).

Puedes encontrar a José Luis Molina en Twitter; y a Miranda J. Lubbers en Twitter.

 

Introducción

El II Premio de investigación de la Fundación FOESSA (2019-2020) nos permitió abordar una investigación sobre la dimensión relacional y emocional de la experiencia de la pobreza en España. Para ello, adoptamos una estrategia de investigación mixta, consistente en la combinación de entrevistas en profundidad (20), análisis de redes personales y observación etnográfica en centros de atención social de Cáritas, ubicados en cuatro puntos de la geografía española: Castelló, Madrid, Albacete y Cataluña (Valenzuela García, Lubbers, & Molina, 2020). A través de los crudos testimonios de las personas usuarias, el instructivo diálogo con los profesionales y la observación directa de los centros y sus dinámicas, ha sido posible entender mejor los mecanismos que inciden en lo que hemos denominado un proceso continuado de pérdida, un proceso que aboca a llamar a la puerta de Cáritas u otras organizaciones asistenciales. A través de una perspectiva relacional es posible observar, no solo la privación material y el deterioro de la salud, sino también las dramáticas transformaciones que tienen lugar en el mundo social y simbólico de las personas vulnerables a lo largo de un proceso que, en ocasiones, puede ser felizmente revertido.

Un proceso continuado de pérdida en un contexto de desigualdad creciente

A nivel global, la desigualdad no ha dejado de crecer desde los años 80, erosionando tanto lo que habitualmente entendemos por clases medias como otros sectores sociales (Piketty, 2019). Este fenómeno es especialmente dramático en nuestro país, como demuestra el VIII Informe FOESSA que, antes de la actual pandemia, estimaba que el 18,4% de la población española (8,5 millones) estaba estancado en la exclusión, nada menos que 1,2 millones más que antes de la crisis del 2008-9 (Fundación FOESSA, 2019). En estas condiciones estructurales, susceptibles de empeorar, la pérdida del empleo, un divorcio, una enfermedad crónica, la muerte de un familiar querido y, por supuesto, una adicción, por citar algunos de los casos más comunes, pueden desencadenar ese proceso continuado de pérdida que lleva a la exclusión. Podemos resumirlo del siguiente modo:

a) Eventos desencadenantes y autodiagnóstico erróneo. En una situación de creciente vulnerabilidad y desprotección, alguno de los eventos que hemos comentado (o varios de ellos al mismo tiempo) pueden dificultar afrontar las obligaciones cotidianas, el alquiler o hipoteca, las cuotas a la Seguridad Social, o los gastos imprevistos. Por regla general el diagnóstico de la situación es erróneo: se suele considerar algo puntual, una mala racha, y no el inicio de un proceso acumulativo de deterioro.

b) Erosión acelerada del capital social. Al experimentar dificultades suele recurrirse primero a los lazos fuertes (familiares y amigos para obtener pequeños préstamos o ayudas puntuales) o, alternativamente, se opta por no pedir ayuda. En ambos casos se produce un deterioro del capital social, ya sea por la fatiga provocada en los lazos de apoyo (motivada por una dependencia crónica) o bien por la falta de interacción social motivada por la imposibilidad de costear su mantenimiento (asistencia a celebraciones, regalos, etc.) y la imposibilidad de mantener la reciprocidad de los intercambios, condición sine qua non de la sostenibilidad de la relación. Esto lleva a que las redes personales se hagan más pequeñas, y a menudo homogéneas en términos de nivel socioeconómico, lo que redunda en un mayor nivel de exclusión.

c) Aparición del estigma y la vergüenza asociados a un cambio de estatus. La situación de dependencia crónica, el hecho de no poder disponer del nivel de consumo asociado al grupo en el que estas personas se clasifican, conlleva a menudo que se les recrimine su situación y que se sientan avergonzadas por experimentar una situación de la que suelen sentirse responsables. Este estigma es a menudo reproducido en las regulaciones burocráticas que rigen el funcionamiento de las instituciones y el reparto de fondos o la provisión de servicios.

d) Contacto con las instituciones socio-caritativas y afrontamiento de situaciones de vivienda, alimentación, salud y deudas inasumibles, a menudo con instituciones públicas, en un contexto en el que el acceso al trabajo no garantiza la superación de situaciones de vulnerabilidad.

Este proceso es bien conocido por los profesionales de Cáritas con los que hemos tenido la oportunidad de conversar, aunque quizá no de una forma tan sintética y descarnada. Veamos a continuación algunas reflexiones que, esperamos, contribuyan a mejorar su trabajo.

Reflexiones para la intervención social

Indicadores relacionales de vulnerabilidad

Disponer de redes personales pequeñas y en la mayoría de las veces formadas por personas también en riesgo de exclusión (lo que se denomina redes homófilas; es decir, constituidas en buena parte por personas de similares características socioeconómicas), redes personales formadas exclusivamente por familiares (especialmente en el caso de las mujeres que tienen que sacar adelante a sus familias) y redes personales con presencia de profesionales son indicadores relacionales de la existencia de una situación de vulnerabilidad.

La Figura 1 presenta el caso de Joaquín (se usan siempre pseudónimos y la persona en cuestión no se representa), un caso en el que la red personal es mínima y con presencia importante de profesionales. En todos los casos analizados el apoyo emocional aportado por estos últimos (en términos de atención, comprensión y ayuda) se ha valorado como esencial. Por esa razón algunos usuarios se refieren a esos profesionales como su familia, una familia ficticia que resulta sin embargo crucial en tanto en cuanto adopta roles (y proporciona apoyos) reservados para unos lazos familiares que ya no están presentes – aunque eso no implica que no sean recuperables.

Figura 1. El mundo social de Joaquín: mínimo y con presencia de profesionales.

 

La Figura 2 muestra la red de Encarna, una mujer que ejerce el rol de cuidadora de una familia ampliada, con la mayoría de sus miembros en situación de dependencia o necesidad. En estas condiciones estas mujeres no pueden disponer de espacios de socialización alternativos, también importantes para el bienestar emocional, ni tampoco de tiempo para realizar actividades que no estén relacionadas con la reproducción de la unidad doméstica. La situación se agrava cuando se tienen que ocupar de personas dependientes al tiempo que trabajan, lo cual les obliga a hacer dobles y triples jornadas.

Figura 2. La red social de Encarna: familiares y un profesional

 

La Figura 3 muestra un caso en el que el profesional ya dispone de un rol periférico, aunque mantiene el contacto, lo cual es un indicador de que la red personal se está recuperando a través de la aparición de círculos sociales diferenciados de familiares y amigos o conocidos, que permiten a la persona recuperar la autoestima y la independencia. Este acceso a nuevas relaciones a menudo se acompaña con el acceso a distintas realidades socioeconómicas y nuevas oportunidades vitales.

Figura 3. La red personal de un Laureano que da signos de recuperar su mundo social, con círculos diferenciados.

 

En general, una red amplia y diversa, con diferentes círculos (amistades, trabajo, actividades sociales o deportivas, familia) indica una vida plena y satisfactoria. Esta red es la primera que sufre las consecuencias del proceso de pérdida que hemos descrito.

Repensar el rol del voluntariado y su formación

El voluntariado es un elemento fundamental de la acción socio-caritativa, al encarnar los valores del compromiso por los demás, la solidaridad y la igualdad, entre otros. Sin embargo, los voluntarios son también representantes de la sociedad general y, por tanto, en algunos casos suelen reproducir los discursos dominantes, entre ellos muy especialmente el prejuicio sobre quién merece la ayuda (porque se asume que no es culpable de su situación) y quién no la merece (porque se asume que se aprovecha de ella). La Figura 4 representa el discurso dominante que hemos llamado el estigma de los desclasados, o la clasificación de las personas excluidas y/o dependientes en categorías de merecimiento, incluyendo a aquellas personas con las que tienen contacto frecuente pero que consideran no merecedoras de la ayuda.

Figura 4. El estigma de los desclasados: merecimiento.

 

Estos prejuicios no son nuevos, sino que se pueden encontrar de forma reiterada en los discursos de justificación de la exclusión en todo el mundo. Por ello entendemos que los cursos de formación deberían reconocer la existencia de estos discursos y permitir a los voluntarios y voluntarias realizar su propia reflexión sobre esta cuestión. También sería interesante, en el transcurso de estos cursos, que participasen los distintos agentes (profesionales y voluntarios, naturalmente, pero también usuarios) mediante foros abiertos – por ejemplo, grupos focales.

La participación comunitaria y la creación de nuevos valores

Una de las lecciones aprendidas más importantes de este trabajo es que la red comunitaria constituye una protección del proceso de deterioro descrito anteriormente. En este sentido, las personas que consiguen (con la ayuda de Cáritas y otras organizaciones sociales) salir adelante manifiestan su disposición a devolver con generosidad la atención recibida, actuando como voluntarios/as o ayudando activamente a otras personas en situación de necesidad. Entendemos que esta solidaridad puede orientarse a actividades encaminadas a la creación de redes comunitarias que vayan más allá de las instituciones (en proceso de creciente burocratización) y descansen en asociaciones vecinales, clubs deportivos, entidades culturales, escuelas y ayuntamientos, entre otras. Estas iniciativas orientadas, por ejemplo, a promover buenas prácticas se han mostrado eficientes y permitirían a estas personas ejercer activamente un derecho de ciudadanía que nunca se les debería haber arrebatado. Resulta fundamental, no obstante, que estas iniciativas no se entiendan como lógicas impuestas de arriba abajo, sino al contrario, como iniciativas acompañadas, promovidas e incentivadas por todos los agentes, de manera que los participantes se sientan involucrados en la toma de decisiones y se sientan co-responsables de sus logros. Pensamos que ese es el verdadero reto de las instituciones de lucha contra la pobreza: lograr la inclusión y la creación de redes sociales sostenibles mediante la participación activa de los propios agentes involucrados[1].

Bibliografía

Fundación FOESSA (2019). VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid.

Piketty, T. (2019). Capital e ideología. Barcelona: Grupo Planeta.

Valenzuela Garcia, H., Lubbers, M. J., & Molina, J. L. (2020). Vivo entre cuatro paredes: La vulnerabilidad relacional en contextos de exclusión social. Madrid: Cáritas Española; Fundación FOESSA.

[1] Este es, precisamente, el punto de partida de un nuevo proyecto que sustenta parte de la reflexión de este artículo: “Dimensión comunitaria, redes sociales y exclusión social” (Acrónimo: DIMCOM). Proyecto I + D + i. Retos de Investigación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. IP: Hugo Valenzuela y Miranda J. Lubbers. Ref. PID2019-111251RB-I00. Periodo: junio 2019- junio 2023.

 

 

Número 7, 2021

 

Ciencia social

Las Huellas Sociales de la Pandemia

Margarita León Borja

Investigadora Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) y profesora de Ciencia Política en la Universitat Autònoma Barcelona

 

Esta crisis nos deja al tiempo un paisaje desolado y otro que alberga cierta esperanza. Una profunda crisis social y una oportunidad de rechazar las lógicas endiabladas y absurdas del capitalismo financiero global.

 

Cuando la marea baja, el Mar de Wadden deja al descubierto unas marismas extensas que permite a los caminantes pasear sobre el barro en el que los pies se hunden. ‘Alpinismo horizontal’ parece que lo llaman porque atravesar el lodazal antes de que regresen las aguas comporta un elevado riesgo. Si no logras alcanzar alguna de las islas a tiempo, el mar te arrastra en su viaje de vuelta. Se trata de una infraestructura frágil para recorrer un paisaje a un tiempo hermoso y vulnerable.

Las huellas sociales que nos dejará esta escarpada crisis serán profundas porque transitan por los surcos de la anterior. A su vez, sin embargo, si lográramos entender bien las coordenadas de la travesía, la Covid-19 nos otorga la posibilidad de reestablecer equilibrios quebrados hace tiempo.

España salió oficialmente de la crisis financiera hace sólo cinco años. En esta media década hemos lentamente recuperado niveles productivos anteriores a la Gran Recesión, pero el tejido social quedó repleto de fisuras. Multitud de indicadores sociales reflejan la consolidación de una sociedad cada vez más desigual y polarizada, en el que las experiencias vitales de unos y otros se alejan, donde el Estado de Bienestar, si bien amortigua los efectos de la desventaja social, no parece estar especialmente dotado para revertirla.

En nuestro país la crisis del 2008 dejó al descubierto elevados índices de desigualdad fundamentalmente por la pérdida de ingresos de los hogares situados en la parte inferior de la distribución. La misma pauta la encontramos en el resto de los países del Sur de Europa. Entre los años 2008 y 2013, la pérdida de ingresos de la decila más baja fue del 51% en Grecia, 34% en España, 28% en Italia y 24% en Portugal[1]. El aumento de la desigualdad por el deterioro de las condiciones de vida de los hogares con menos ingresos implica a su vez un mayor riesgo de pobreza para esos hogares a no ser que actúe el Estado de Bienestar. Mientras que en la UE-10 el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social no varió de manera sustancial antes y después de la crisis, en los países mediterráneos, especialmente España y Grecia, el efecto fue significativo. En nuestro país, en el transcurso de casi una década, el riesgo de pobreza aumentó en un 13,4%. Pero además, para cualquier diagnóstico sobre la vulnerabilidad resulta imprescindible analizar posibles cambios en las características de las personas en situación de pobreza. Según diversas microsimulaciones, las personas pobres desde la perspectiva de los ingresos, durante los años de la crisis económica experimentaron pérdidas de ingresos mucho más severas que aquellos que se encontraban en esa misma posición con anterioridad. Es decir, las capas más desfavorecidas de la sociedad presentan, a partir de la crisis anterior, una vulnerabilidad mayor. El perfil de las personas pobres también cambió sensiblemente tras la Gran Recesión. La pobreza infantil relativa (la ratio de hogares con personas menores de 18 años que caen por debajo de la línea de pobreza, medido como la mitad de los ingresos medios del total de hogares) en España tenía en el 2015 el peor registro de toda la Unión Europea.

Los recortes en políticas sociales y la lógica de la austeridad como respuesta a la crisis dificultó enormemente la salida de la crisis. El fuerte aumento de demanda social en España (en los peores momentos, el desempleo alcanzó el 26% de la población activa) no fueron suficientemente amortiguados con políticas redistributivas que compensaran la pérdida de ingresos de sectores importantes de la población. El comportamiento del gasto durante la crisis económica consiguió proteger a algunos colectivos, pero no alcanzó a muchos otros. Las drásticas reducciones presupuestarias de los últimos tres años de recesión económica y un cierto mantenimiento del gasto en el resto de países comunitarios hicieron que la distancia con la media de los países de la Unión Europea comenzara a aumentar recuperando los niveles de partida del año 2000. En la práctica totalidad de los presupuestos sociales, los recortes nos devolvieron a niveles de una década atrás lo que supuso una importante ruptura con la pauta de convergencia europea que llevábamos observando desde principios del 2000.

En conclusión, las políticas de austeridad unidas al extraordinario repunte del desempleo, hizo regresar a nuestro estado de bienestar a un diseño clásico, en el que preservar pensiones y protección por desempleo exigió sacrificar prácticamente todo lo demás, especialmente los ámbitos de política más marginales desde el punto de vista presupuestario como vivienda, familia o exclusión social, pero también aquéllos más universalistas como educación y sanidad. La anterior crisis nos dejó una capacidad ciertamente mermada para hacer frente a los nuevos riesgos sociales con una palpable debilidad institucional en sectores claves de nuestro Estado de bienestar. Prácticamente una década de austeridad nos dejó un paisaje con fracturas más profundas, donde la fragmentación es a su vez, cada vez más compleja. Ha crecido la distancia entre los ricos y los pobres porque estos últimos están en términos relativos peor de lo que estaban en los años anteriores a la crisis. En nuestro país, el aumento de la pobreza es un reflejo de esta desigualdad y de la escasa capacidad de nuestro Estado de bienestar de compensar o atenuar estas distancias. Unas diferencias que se convierten para algunos en cadenas incluso antes de nacer. Las desventajas tienen un efecto multiplicador con importantes ramificaciones.

La crisis del Covid-19 llega en un momento en el que la estructura social estaba iniciando una cierta, aunque lenta recuperación. Indudablemente la capacidad de aguante del tejido social está enormemente condicionada por las debilidades estructurales que hacen complicado las travesías por las distintas coyunturas. La recuperación de la actividad económica y del empleo se ha realizado con fuertes dosis de precariedad laboral en un mercado de trabajo fuertemente segmentado y con todavía un importante espacio para la economía informal. Del primer informe de Cáritas sobre el impacto de la COVID-19 en las familias acompañadas por la organización (un total de 600 entrevistas realizadas entre el 4 y el 11 de mayo del 2020) se desprende la magnitud de la fragilidad de los hogares para hacer frente a esta nueva crisis. Las emergencias son de todo tipo. La encuesta advierte de la existencia de una emergencia habitacional entre las personas en situación de grave exclusión. Un 66% de los hogares que atiende Cáritas vive en régimen de alquiler, de ellos en el mes de mayo alrededor de la mitad afirmaba no disponer de dinero suficiente para pagar gastos de suministros o directamente gastos de la vivienda. 3 de cada 10 personas en exclusión grave carece de cualquier tipo de ingresos y únicamente 1 de cada 4 en ese grupo puede sostenerse del empleo. La limitación de movimientos y el trabajo telemático ha afectado especialmente a todos aquellos sectores que concentran a trabajadores y trabajadoras precarios/as. La pérdida de empleo en sectores como el turismo, la restauración o el transporte ha sido mucho mayor que en sectores con mayor volumen de trabajo cualificado y menos dependiente de la presencialidad.

Además, como característica específica de esta crisis, el confinamiento ha generado riesgos múltiples entre la población más vulnerable. El cierre de las escuelas y la no consideración de la educación como actividad esencial llevó a un elevado número de los hogares atendidos por Cáritas a tener dificultades relacionadas con el cuidado de menores, lo que les obligó o bien a renunciar a un puesto de trabajo (el 18%), a prestar menos atención a sus hijos (12%) o incluso a tener que dejarlos solos durante al menos dos horas diarias (6%).

El impacto del confinamiento ha estado tan desigualmente repartido que el último informe de la Fundación FOESSA, Distancia Social y Derecho al Cuidado, habla del riesgo del confinamiento con tres grandes categorías: el confinamiento seguro, el confinamiento de riesgo y el desarraigo[2]. Durante semanas, el encierro indiscriminado de la población ocultó las realidades dramáticas de miles de personas ya fuera porque las condiciones de habitabilidad no permitían un confinamiento digno, por la pérdida súbita de ingresos, o por el deterioro de las condiciones de salud. Con el tiempo emergerá una realidad social que debía haber estado presente en todas las formulaciones del Estado de Alarma. En el año 2019 el VIII Informe FOESSA ya advirtió de que la salud había empezado a convertirse en el determinante más influyente en los procesos de exclusión grave en algunas partes de nuestro país. La encuesta realizada ahora por Cáritas revela que el 60% de los hogares en exclusión grave ha visto cómo empeoraba su estado psico-emocional durante el confinamiento, mientras que el 26% consideran que ha empeorado su estado físico. Así, aunque hemos escuchado muchas veces decir que el coronavirus afecta a todos por igual, sabemos que no es cierto. La edad y las patologías previas se cruzan con otras fragilidades. Es evidente que no estamos todos igualmente expuestos ni al contagio ni a las consecuencias de confinamientos imposibles. Los fuertes determinantes sociales de la salud y la capacidad de resistencia a la enfermedad y el aislamiento nos dejarán nuevas muestras de la relación entre riqueza y salud, entre precariedad y sobre-exposición al riesgo.

Sin embargo, contrariamente a lo que sucedió en la crisis anterior, los estados de bienestar han cobrado protagonismo en la lucha contra la COVID-19. En prácticamente todos los países ha habido una cierta causa común con quienes más han sufrido. En nuestro país el Estado de Alarma impuso un confinamiento prolongado y estricto que fue eficaz para luchar contra la curva de la COVID-19, pero devastador en términos sociales y económicos. Distintas fuentes nacionales e internacionales predicen para España una de las recesiones más severas en la UE con un impacto muy negativo sobre el empleo y las finanzas públicas. FUNCAS prevé un escenario de contracción del PIB en torno al 8,4% en el 2020, con el déficit público y la deuda alrededor del 10% y el 114% del PIB respectivamente. En este escenario la expectativa es que España no pueda volver a niveles pre-Covid hasta el año 2023.

A pesar del escenario económico, las medidas fiscales en España para responder a la pandemia ascendían a finales del 28 de mayo a 12,4 % del PIB, la mayor parte de este esfuerzo fiscal se concentró en medias de liquidez para empresas e individuos que tuvieron que paralizar su actividad o perdieron el empleo. Más de la mitad del gasto en estímulo fiscal (€17,8 billones, 1,5% PIB 2019) se dirigió a la financiación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Hacia finales del mes de abril, más de tres millones de trabajadores/as se habían beneficiado de los subsidios de desempleo gracias a los programas de ajuste temporal de empleo. Al contrario de lo que sucedió en la crisis económica anterior, la flexibilidad interna introducida por los ERTES y la prohibición de despidos mientras durase el Estado de Alarma contuvo enormemente el aumento del desempleo.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido la otra gran medida social introducida destinada a proteger la pérdida de ingresos de los grupos más vulnerables. Con la expectativa de llegar a 850.000 hogares, el IMV supone un logro histórico sin precedentes. Todavía quedan muchas incógnitas por resolver (su encaje con los programas de renta garantizada autonómicas y la posibilidad de mantenerlo en el tiempo) pero de momento podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que la crisis ha funcionado en esta ocasión como ventana de oportunidad para introducir una medida (sin votos en contra en el Congreso de los Diputados) que llevaba en la agenda durante mucho tiempo, pero para la que era difícil encontrar el impulso suficiente.

Pero nuestro Estado de bienestar también ha mostrado durante la COVID-19 su lado más oscuro. Pese a los esfuerzos partisanos por vincular la elevada mortalidad en las residencias de mayores a una negligente gestión política, análisis de más recorrido señalarán hacia la debilidad estructural de estas instituciones, la abusiva precariedad de las trabajadoras en el sector, la desinversión pública a lo largo de las últimas dos décadas y el escaso valor social que otorgamos a la esencial tarea de cuidar y cuidarnos, como piezas clave en la reconstrucción de esta trágica historia.

A Modo de Conclusión

Conseguiremos una detallada cartografía de las huellas sociales de la crisis con algo de tiempo, perspectiva y buenos datos. Recorrida la emergencia, deberíamos otear el horizonte y consensuar una hoja de ruta. Sin embargo, nos enfrentamos a lo que posiblemente será la mayor crisis en la historia de la democracia reciente de nuestro país con un complejo escenario político. Imaginar un proyecto de reconstrucción común se intuye difícil cuando predomina y persiste el enfrentamiento, y del todo inviable mientras duró la excepcionalidad democrática de gobernar a golpe de decreto.

Escucharemos promesas de lecciones aprendidas, porque lecciones hemos recibido muchas, pero podrían hundirse en el lodazal. Confiamos en que Europa nos tienda una mano cuando el paisaje europeo tiene su propia mutante volatilidad. Con unas expectativas de desempleo por encima del 20%, una deuda pública disparada y una de las presiones fiscales más bajas de toda la UE, sostener en nuestro país un escudo social que representa casi el 20% del Producto Interior Bruto requerirá de fuertes ajustes. Los enormes conflictos distributivos de muy diversa índole que explotan con virulencia en la arena política desde hace algunos años harán difícil la, por otra parte ineludible, discusión de cómo hacer las sumas y restas.

Pero la fragilidad admite también cambio y esperanza. La recompensa por horas de travesía sobre el barro de Wadden es una diversidad biológica inusual. Esta crisis nos deja al tiempo un paisaje desolado y otro que alberga cierta esperanza. Como si quisiera darnos una última oportunidad. La oportunidad de tratar con dignidad a todas aquéllas profesiones esenciales que sostienen la vida, la oportunidad de tejer hábitats sostenibles y próximos, de recuperar el valor de lo público y la celebración colectiva, de respetar y procurar el derecho a la educación y a la salud como parte de nuestros derechos fundamentales, de rechazar las lógicas endiabladas y absurdas del capitalismo financiero global. Las crisis en algunas únicas ocasiones se convierten en palancas de cambio hacia una sociedad mejor, ojalá seamos capaces de leer bien las coordenadas de este nuevo mapa.

[1] Pérez, S. y Matsaganis, M. (2017): The Political Economy of Austerity in Southern Europe New Political Economy, 23(2): 192-207.

[2] Izquierdo, A (2020): Sociología del confinamiento: https://documentacionsocial.es/5/con-voz-propia/sociologia-del-confinamiento.

A fondo

Gran Recesión y salud en España

Esteban Sánchez Moreno

Facultad de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid

 

La crisis económica que comienza en 2008, conocida como la Gran Recesión, constituyó un eje de inflexión a nivel global. En efecto, la fase de crecimiento previa desembocó en una recesión económica solo comparable, por su gravedad y la de sus efectos, con la Gran Depresión de comienzos del siglo XX. Se trata, por tanto, de un periodo central para comprender las sociedades contemporáneas, siendo sus efectos un elemento fundamental para la comprensión de dichas sociedades en el momento de escribir estas líneas. El presente artículo tiene como objetivo abordar, precisamente, algunas de dichas consecuencias. En concreto, en los párrafos que siguen se abordará el impacto de la Gran Recesión en la salud y en la calidad de vida, con especial referencia a la población residiendo en España. Se trata de dilucidar la medida en la cual el bienestar en nuestro país se vio afectado por el impacto de las crisis. Pero no solo se busca determinar el posible efecto de la crisis en la salud, sino también de comprender los mecanismos a través de los cuales se produce dicha relación. Y para ello, la hipótesis que se defenderá es que el impacto negativo de la recesión de 2008 en España solo puede comprenderse adecuadamente en el marco de la organización social de las desigualdades y el impacto de la crisis en nuestros esquemas de estratificación social.

1. La salud va por barrios

Se ha hecho ya popular esta frase: “El código postal es más importante para predecir tu salud que el código genético”. En un principio, esta afirmación puede parecer exagerada. Y de hecho lo es o, cuanto menos, se trata de una sobreactuación premeditada para poner sobre la mesa el debate en torno a la influencia de los procesos sociales en la salud y la enfermedad de las personas. Porque lo cierto es que la pobreza mata. Y en este caso no estamos ante una exageración. No solo porque existen contextos geopolíticos y sociales en los cuales la pobreza es pobreza entendida absoluta, causa de muerte prematura de forma evidente (por ejemplo, en muchos países del conteniente africano); no solo porque en determinadas sociedades la pobreza está inexorablemente ligada a una violencia estructural que es causa de muerte (piénsese en ciudades Latinoamericanas como San Salvador, Ciudad Juárez o los sectores de favelas en Río de Janeiro). En nuestro entorno más cercano, en las sociedades del bienestar, también la pobreza está vinculada a una mayor tasa de mortalidad. Esta es la conclusión de la investigación que en 2017 publicó la célebre revista The Lancet, que analizó los determinantes de la muerte prematura en un estudio multicohorte con 1,7 millones de personas. Los resultados mostraron que un estatus socioeconómico bajo estaba asociado con una reducción de 2,1 años en la esperanza de vida entre los 40 y los 85 años. Este resultado se obtuvo con una muestra procedente de siete países diferentes; ninguno de ellos era africano, ni latinoamericano, la lista no incluye La India, o países asolados por la guerra. Eran el Reino Unido, Francia, Suiza, Portugal, Italia, Estados Unidos y Australia.

La salud no se distribuye de manera aleatoria, las enfermedades no responden únicamente al azar, ni siquiera exclusivamente al azar genético. De hecho, existe una ingente evidencia empírica que pone de manifiesto que existe una conexión directa entre desigualdades sociales y desigualdades en salud, un gradiente que sugiere que la estratificación en nuestras sociedades incluye una estratificación socioeconómica de la salud y una desigual prevalencia (e incidencia) de las enfermedades en función de factores como los ingresos, el nivel educativo, el estatus de empleo o el capital social.

2. Estratificación social, salud y Gran Recesión en España

La crisis de 2008 tuvo una dimensión global, pero lo cierto es que sus efectos fueron tanto cuantitativa como cualitativamente específicos en los diferentes países que la sufrieron. En el caso de España, uno de dichos efectos consistió en una reconfiguración de la estratificación social, en la consolidación de un modelo de desigualdad basado en la exclusión social. Esta consolidación implica tanto un incremento de las desigualdades (y una cierta polarización de la población en términos socioeconómicos) como una redefinición del riesgo socioeconómico, que se ha convertido en una realidad transversal en nuestra sociedad. Lo cierto es que el incremento de las desigualdades socioeconómicas en España durante la Gran Recesión está sobradamente documentado (véase el Informe Foessa de 2014). No es este el momento de analizar este proceso ni sus causas (la profunda segmentación de nuestro mercado de trabajo, la elección de políticas de austeridad para abordar las consecuencias macroeconómicas de la crisis, un mercado de vivienda afectado por un gran riesgo financiero, etc.).

Lo importante para los objetivos de este artículo consiste en vincular este incremento de las desigualdades sociales en España durante la crisis, por un lado, y la evidencia en torno a la existencia de un gradiente social en la salud y la enfermedad, por otro. La Gran Recesión afectó de manera importante en la salud de la población europea, y España no es una excepción a un proceso que supuso un riesgo claro para la población en un amplio número de indicadores de salud y calidad de vida. La evidencia empírica al respecto es clara: la crisis de 2008 tuvo un impacto negativo en la salud de la población española.

Para comprender los procesos que explican dicho impacto es preciso mirar en diversas direcciones. En primer lugar, una crisis como la que nos ocupa genera necesariamente una situación de incertidumbre y vulnerabilidad que puede poner en riesgo el bienestar psicológico y la salud mental de la población. Más aún cuando la profundidad y gravedad de la crisis viene acompañada de un desarrollo temporal especialmente dilatado, como ocurrió en el caso español. En segundo lugar, la crisis llevó a un número creciente al deterioro de su situación económica, situando a millones de personas, incluidos menores, por debajo del umbral de la pobreza. Los ajustes familiares necesarios para afrontar la pobreza cobran diversas formas, siendo una de las más importantes un ajuste del presupuesto del hogar que puede implicar decisiones potencialmente negativas para la salud: reducción del presupuesto en alimentación, en medicinas y en cuidados de la salud, en hábitos saludables, en mantenimiento de las condiciones de habitabilidad del hogar (calefacción, suministros), etc. En tercer lugar, la situación de estrés psicosocial generada típicamente en los periodos de recesión económica se asocia con conductas de afrontamiento que suponen un riesgo para la salud, como por ejemplo el consumo de tabaco, drogas y alcohol. En cuarto lugar, las políticas utilizadas para afrontar los efectos macroeconómicos de la Gran Recesión se basaron por entero el concepto de austeridad, dando lugar a un retroceso sobresaliente en las políticas de bienestar y protección social. En España estos recortes no solo afectaron a la cobertura sanitaria y al copago en medicinas, sino también a las políticas de dependencia, familiares, por citar tan solo dos de ellas. Este retroceso del Estado de Bienestar constituye igualmente una causa potencial del deterioro de la salud de las personas.

Como puede apreciarse, todos estos elementos giran en torno –en mayor o en menor medida– al crecimiento de las desigualdades sociales. Dicho de otra forma, tenemos sobre la mesa un puzle con tres elementos: sabemos que existen un gradiente socioeconómico en la distribución social de la salud y las enfermedades; sabemos además que las desigualdades socioeconómicas aumentaron en España de manera profunda y sostenida desde 2008 y que solo muy recientemente esta progresión se ha revertido; sabemos que la Gran Recesión tuvo un impacto negativo sobre la salud de la población, en términos generales. En este puzle, todas las piezas encajan, siempre y cuando seamos capaces de establecer un vínculo que implique una conexión entre crisis y salud a través de las desigualdades sociales.

Esta hipótesis articula el estudio, recientemente publicado bajo el título Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España, editado por la Fundación FOESSA. Este estudio abordó la conexión entre crisis y salud situando en el centro de esta conexión las desigualdades socioeconómicas. Para ello, dichas desigualdades se definieron a dos niveles. En primer lugar, se incorporó un indicador de desigualdad económica “clásico”, los ingresos y, en concreto, la distribución de la población en quintiles según sus ingresos. Se trata de una forma ampliamente utilizada de medir la desigualdad, ya que refleja la forma en la cual un individuo (o un hogar) se diferencia con respecto a otro individuo (u otro hogar) en cuanto al presupuesto disponible.

En segundo lugar, se incorporaron indicadores de desigualdades a nivel agregado, es decir, no interindividuales, sino desigualdades sociales en sentido estricto. Nos referimos aquí a la medida en la cual las sociedades son más o menos igualitarias, más o menos desigualitarias. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de la población que se encuentra en situación de exclusión social? ¿Y cuál es el porcentaje en situación de pobreza? ¿Cuál es la tasa poblacional de desempleo de larga duración? La hipótesis que subyace es que el desempleo, o la pobreza, o la exclusión, no solo tienen un efecto sobre la persona en situación de desempleo, de pobreza o de exclusión, sino que también tienen un efecto especialmente relevante sobre todas las personas en dicha situación y sobre toda la población en general. En el estudio citado se consideró a la población según su comunidad autónoma de residencia, y se realizaron análisis que incluían indicadores agregados para cada comunidad. En concreto, las variables utilizadas fueron los porcentajes de la población de las comunidades autónomas en situación de privación material, pobreza y baja intensidad laboral (es decir, tres dimensiones de la exclusión social) y la tasa de desempleo de larga duración. Además, para asegurar la validez de los resultados, se introdujeron dos variables de control, el PIB per cápita y el gasto sanitario (como porcentaje de PIB de cada comunidad autónoma).

Es importante recordar que nuestra hipótesis establece que el impacto de la Gran Recesión en la salud podría comprenderse, parcialmente, a través de la desigualdad socioeconómica. Por ello, para contrastar dicha hipótesis era vital contar con datos longitudinales, es decir, con medidas repetidas en el tiempo. Afortunadamente, la Encuesta de Calidad de Vida del Instituto Nacional de Estadística proporciona dichos datos, en oleadas de cuatro años. Se eligió aquella que medía los años 2008, 2009, 2010 y 2011, para poder analizar adecuadamente el papel de la desigualdad en una medida de salud general durante los primeros años de la recesión.

Pues bien, nuestros resultados mostraron que el quintil de ingresos en el cual se encuentran los individuos tiene un efecto en la evolución de la salud durante la crisis, en el sentido esperado: a menos ingresos mayor es el deterioro de la salud. Pero, además, y tal vez más importante, los resultados mostraron que la distribución social de la desigualdad también tuvo un impacto en la salud, de manera que las poblaciones con mayores porcentajes de población en situación de privación material y que viven en un hogar con baja intensidad laboral. Más aún, la tasa de desempleo de larga duración también mostró un efecto negativo en la salud de la población.

3. Así pues, la salud va por barrios

Lo explicábamos recientemente en la entrevista: “La salud va por barrios”.

Estos resultados no debieran ser sorprendentes. Richard Wilkinson y su equipo de investigación han mostrado reiteradamente que las sociedades más desigualitarias son –comparadas con sociedades más igualitarias– peores para el bienestar de su población en un amplio rango de indicadores: mortalidad, salud, incidencia de enfermedades, felicidad, violencia, comisión de delitos. Se trata de una hipótesis y de una línea de investigación que se muestra especialmente relevante para explicar los efectos perversos de los procesos macrosociales en el bienestar de las sociedades.

En nuestro caso, los resultados descritos y los argumentos esgrimidos apuntan a una realidad preocupante: la sociedad española contemporánea (y, con probabilidad razonable, las sociedades europeas en general) ha experimentado cambios tan profundos que el bienestar y el acceso al mismo se ha visto también modificado. Siendo más precisos, podríamos señalar que en España la crisis de 2008 supuso la consolidación de un nuevo modelo de desigualdad –basado en procesos de exclusión– que ha problematizado, deteriorado, el bienestar de una proporción creciente de su población. Los resultados anteriormente expuestos son evidentes: cada vez más, la salud va por barrios. Y más aún: seguramente cada vez son más los barrios donde la salud comienza a ser un problema social. El deterioro de las condiciones de vida de las clases medias –diseccionado recientemente en un estudio realizado para la OCDE bajo el revelador título Bajo presión: la clase social exprimida– coincide con el incremento del protagonismo de los procesos descritos.

Es un deterioro que en España se asocia claramente a un mercado de trabajo cada vez más segmentado, cada vez más flexible, cada vez menos caracterizado por la estabilidad biográfica y cada vez más afectado por la precariedad. En la investigación Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España, analizando datos de las ediciones de 2006 y 2012 de la Encuesta Nacional de Salud, se comprobó que la relación de los diferentes estatus de empleo (empleo estable, temporal, desempleo, desempleo de larga duración, trabajo autónomo y jubilación) prácticamente se invirtió después de la crisis de 2008. Así, por ejemplo, en 2006 las dos situaciones que en mayor medida se relacionaban con un deterioro de la salud mental eran el desempleo y la jubilación; además, tener un trabajo temporal se relacionaba con peor salud mental y se empresario o autónomo no tenía un impacto significativo. Pues bien, en 2012 esta última relación se invierte (son los autónomos los que muestran mala salud mental) y la asociación con el deterioro psicológico ser reduce de manera sobresaliente en el caso de las personas jubiladas. Este último grupo, de hecho, se convirtió en uno de los ejes familiares para afrontar el deterioro en indicadores como los ingresos, o la baja intensidad y participación laboral. Si se permite la exageración, se trata del mundo al revés: nuestros/as pensionistas como soporte económico de la población activa.

4. Actuamos o enfermamos: los retos para la acción social

Como puede apreciarse, la Gran Recesión no puede definirse únicamente como una coyuntura de deterioro de la economía, sino más bien como la consolidación de una transición hacia una fase productiva asociada a un sistema de estratificación social basado en el concepto de exclusión. Este modelo ha problematizado de manera sobresaliente, especialmente en España, la comprensión del bienestar, hasta el punto de que las clases medias aparecen como protagonistas de un deterioro socioeconómico que puede describirse como un incremento de las desigualdades en los ingresos y una profunda segmentación del mercado de trabajo que resulta en un incremento de la precariedad y una ampliación de las ocupaciones afectadas por dicha precarización.

Es innegable que una década después de que estallara la crisis la coyuntura económica ha mejorado, lo que ha tenido un efecto positivo en las tasas de desempleo y en los presupuestos de los hogares. Pero es igualmente innegable que esta recuperación tiene un semblante muy diferente al del periodo de crecimiento económico previo a la crisis. El modelo ha cambiado, la exclusión social, la ampliación de las desigualdades y la problematización del mercado de trabajo son procesos característicos de nuestra sociedad. En conclusión, es razonable pensar que también persisten los riesgos relacionados con la salud descritos en este artículo. Este es, tal vez, uno de los retos de futuro para la sociedad española, un reto que consiste en diseñar acciones que redunden en una mejora de la salud y de la calidad de vida de nuestra población. En el diseño de estas acciones es absolutamente indispensable incorporar una dimensión colectiva. Si, tal y como hemos visto, procesos agregados están en el origen del deterioro de la salud, también es posible incidir en acciones que mejoren la calidad de vida. La dimensión comunitaria es vital en este punto, como también lo es una acción transformadora que contribuya a reducir las desigualdades sociales y que permita cimentar la mejora del bienestar de nuestra sociedad en criterios de justicia social.

5. Bibliografía

OCDE (2019) Under Pressure: The Squeezed Middle Class. París: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/689afed1-en

Sánchez Moreno, Esteban; de la Fuente Roldán, Iria-Noa; y Gallardo Peralta, Lorena (2019). Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España. Madrid: Fundación FOESSA.

Stringhini, S., Carmeli, S., Jokela, M., Avendaño, M., Muennig, P., Guida, F., Kivimäki, M. (2017). Socioeconomic status and the 25 × 25 risk factors as determinants of premature mortality: a multicohort study and meta-analysis of 1·7 million men and women. The Lancet, 389, 1229-1237.

Wilkinson, R. G. y Pickett, K. E. (2018). Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo. Madrid: Capitán Swing.

 

Número 2, 2019

 

Ciencia social

La identidad nacional como exclusión

Francisco José Delgado Martín

Economista

 

La historia, anota el historiador Timothy Snyder, «no se repite, pero sí instruye». Presento en este artículo unos breves contextos históricos intentando arrojar algo de luz para entender algunos de los falsos tópicos (entre ellos la identidad nacional) que sirven como “argumentos” en contra de refugiados e inmigrantes. Lo hago centrado en Estados Unidos, pero por otros pagos tienen (incluso tenemos) sus imitadores.

Allá por finales de los años 70 del siglo pasado, León Gieco cantaba lo que hoy es el destino de muchos seres humanos en muchas de las fronteras de este mundo: «Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente». Pronto las ideas económicas y las decisiones políticas cambiaron. Al historiador Eric Hobsbawm, que vivió la Gran Depresión, una profunda crisis económica, le resultaba incompresible cómo, tras las crisis del petróleo, aquellos a los que no se había escuchado durante tres décadas, aquellos que defendían un mercado totalmente libre de las restricciones del Estado, empezaran a tener la voz cantante en los años 80 del siglo XX. There is no alternative, dirán. Privatizar, desregular, competir… Cada uno a lo suyo. Confiemos todos, y todo, solo en la iniciativa privada. Los mercados ponen a cada uno en sitio. Para Hobsbawm este hecho ilustra, por un lado, «la increíble falta de memoria de los teóricos y prácticos de la economía», y, por otro, «la necesidad que la sociedad tiene de los historiadores, que son los “recordadores” profesionales de lo que sus conciudadanos desean olvidar». Ahora bien, las tres décadas de bonanza, y magros derechos, en las que no fueron escuchado los neoliberales, llevaban ya el germen de lo que vendría después. A los ojos de Pablo VI en 1967:

«Sobre estas nuevas condiciones de la sociedad ha sido construido un sistema que considera el lucro como motor esencial del progreso económico, (…) la prosperidad privada de los medios de producción, como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. Este liberalismo sin freno, que conduce a la dictadura, justamente fue denunciado por Pío XI» (Populorum progressio, n. 26. Capitalismo liberal).

En aquellos años de la Gran Depresión, en 1931 Pío XI escribe:

«[s]alta a los ojos de todos (…) que en nuestros tiempos no solo se acumulan riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos (…)». Y añadirá: «Dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de que vive toda la economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aun respirar contra su voluntad» (Quadragesimo anno, nn. 105, 106).

Casi describe nuestro presente. El The World Inequality Lab, en cuyo Comité Ejecutivo figura el economista Thomas Piketty, nos proporciona los siguientes gráficos que son lo suficientemente elocuentes como para necesitar mayores comentarios.

 

Evolución de la parte de Ingreso Nacional que pertenece al 1% más rico.

 

Evolución de la parte de Ingreso Nacional que pertenece al 50% más pobre.

 

Con soltura escribe Vargas Llosa, ufano donde los haya de las políticas neoliberales, comentando a Adam Smith: «Nadie antes (…) había (…) explicado de manera tan elocuente que la libertad económica sustenta e impulsa a todas las otras» (la cursiva es mía). Mas, como recuerda Hannah Arendt: «La superación de la pobreza es un requisito previo para la fundación de la libertad». Que, en 2017, según The United States Census Bureau, uno de cada ocho norteamericanos era pobre. Que importan las leyes. Y que importa -es significativo- que esas leyes sean aprobadas sin tener en cuenta lo más mínimo a porcentajes importantes de la población de Estados Unidos o cualquier otro país del mundo. Dice el informe de The World Inequality Lab:

«La evidencia muestra que la progresividad del sistema impositivo (considerado globalmente) es una herramienta efectiva para combatir la desigualdad. La tributación progresiva no solo reduce la desigualdad de manera directa, sino que también disminuye los incentivos a capturar fracciones crecientes de ingreso y de riqueza, al limitar su magnitud. La progresividad se redujo drásticamente en los países ricos y en algunos emergentes entre la década de 1970 y mediados de la del 2000».

Sin embargo, hoy la música que suena no es ni siquiera la de la progresividad impositiva, suena la bajada de impuestos. En Estados Unidos la aplican. Los beneficiados, los de siempre. Muchos hubo (y hay) que sostuvieron que, en el límite, todos los impuestos son un robo, sin reparar en que la producción de la riqueza es social. Y el informe sigue. Mucho se ha escrito sobre las bondades de la educación como catalizador de la igualdad de oportunidades, pero incluso han llegado a romper el posible ascensor social.

«Investigaciones recientes muestran que puede existir una brecha inmensa entre el discurso público acerca de la igualdad de oportunidades y las que efectivamente existen en el acceso a la educación. En Estados Unidos, por ejemplo, de cada cien niños cuyos padres pertenecen al decil más pobre, apenas entre veinte y treinta acceden a educación universitaria, mientras que dicha proporción asciende a noventa en el caso del decil de más altos ingresos».

Te preguntarás qué tiene que ver todo esto con la identidad nacional como exclusión. Un pequeño rodeo. Peter Berger y Thomas Luckmann en La construcción social de la realidad sostuvieron que recibir una identidad comporta adjudicarnos un lugar en el mundo. En un mundo globalizado el “lugar” bien puede ser «un trozo en un mapa». Eric Hobsbawm, en la Conferencia inaugural del congreso «Los Nacionalismos en Europa: Pasado y Presente», celebrado en Santiago de Compostela en septiembre de 1993, contaba lo siguiente:

«Si empiezo refiriéndome a la “identidad estatal” es porque, hoy en día, además de ser virtualmente universal, proporciona el modelo para todos los otros grupos que buscan una expresión política para su existencia como colectividad. Se trata, sin embargo, de una relación de doble filo. A lo largo de este siglo [XX] dos peligrosas ideas han contaminado al Estado territorial: la primera es que de alguna manera todos los ciudadanos de tal Estado pertenecen a la misma comunidad o “nación”; y la segunda es que lo que une a estos ciudadanos sería algo así como una etnicidad, lengua, cultura, raza, religión o antepasados comunes».

Primer acto: America first… los norteamericanos primero. La identidad nacional no viene a ser nada más que el trampantojo simbólico que se agita frente a la llegada de inmigrantes y refugiados. Como afirma con tino Appiah, «una vez fuera del mundo-aldea del cara a cara, un pueblo siempre es una comunidad de extraños». Extraño dice el Diccionario de la Real Academia: «De nación (…) distinta a la que se nombra o sobrentiende, en contraposición a propio». La identidad nacional, si no olvidamos los datos arriba indicados, nos remite a una falsa solidaridad. Así, causa desazón leer a Fukuyama:

«Una (…) razón por la que la identidad nacional es importante es la de mantener fuertes redes de seguridad social que mitiguen la desigualdad económica. Si los miembros de una sociedad sienten que son miembros de una familia extendida y tienen altos niveles de confianza entre ellos, es mucho más probable que apoyen programas sociales que ayuden a sus compañeros más débiles».

Reconoce que las democracias liberales se apoyan en la premisa «de la igualdad humana universal, y esa igualdad no comienza ni termina en las fronteras nacionales», pero, es necesario que haya un pero, un pero que se desliza de la inmoralidad económica a unas breves pinceladas de teoría política:

«Si bien los países sienten, con razón, la obligación moral de albergar a los refugiados y de acoger a los inmigrantes, tales obligaciones son potencialmente costosas tanto económica como socialmente, y las democracias deben equilibrarlas con otras prioridades. Democracia significa que las personas son soberanas, pero si no hay manera de delimitar quiénes son esas personas, no se podrá ejercer la elección democrática».

Segundo acto: Make America Great Again. ¿Y cómo puede ser cualquier cosa grande otra vez –en un mundo global– levantando muros, enviando (o proponiendo enviar) cuerpos y fuerzas armadas contra seres humanos exhaustos por el viaje, con la muerte en las fronteras (hombres, mujeres y también niños), criminalizando también a todos los creyentes de una religión? Así el pasado invocado es un pasado poblado de olvidos. Todo (cultura, lengua, religión…) sirvió (y puede servir) como “marcas” para adjudicar identidades y, por lo que sabemos, nada hubo (ni hay) de inocente en algunas de ellas. Sobre el color de la piel se montó la esclavitud y hoy el racismo; sobre el sexo, el género y la dominación de los hombres sobre las mujeres. Así, por ejemplo, escribe Ta-Nehisi Coates, negro norteamericano:

«El olvido es un hábito, pero también es otro componente necesario del Sueño [de ser blanco]. Ya han olvidado la magnitud del robo que los enriqueció con la esclavitud; el terror que les permitió durante un siglo escatimar el derecho a voto, y la política segregacionista que les dio sus barrios residenciales. Se han olvidado porque acordarse los haría caerse del hermoso Sueño y tener que vivir aquí abajo con nosotros, aquí en el mundo. Estoy convencido de que los Soñadores, al menos los Soñadores de hoy en día, prefieren vivir blancos a vivir libres (…). Despertarlos equivale a mancillar su nobleza, a convertirlos en humanos vulnerables, falibles y frágiles».

Frente al camino abstracto (siempre difícil) que nos podría llevar a reconocernos como nacidos «libres e iguales en dignidad y derechos», es la fragilidad por las menguantes condiciones materiales que hacen posible articular proyectos de vida la que nos puede permitir hoy reconocernos. Reconocernos en nuestra fragilidad dentro de una pluralidad de diferencias. Sin embargo, la identidad nacional viene a cumplir las funciones de una pantalla opaca que cierre la posibilidad de ponernos en el lugar del otro, de cegar la posibilidad de cumplir con nuestro deber de comportarnos «fraternalmente los unos con los otros», y también para vehicular un reactivo y bravucón odio («El odio otorga identidad (…). Les ponemos nombre a los extranjeros que odiamos y de esa forma confirmamos nuestro lugar en la tribu», anota Ta-Nehisi Coates). Hay que nombrar a los “bárbaros” como distracción de una codicia rapante. Como apuntó Bauman:

«La verdadera culpa imperdonable de las víctimas colaterales de esas fuerzas [globales], una vez que se han convertido en nómadas sin hogar, es que sacan a la luz la realidad de la (¿incurable?) fragilidad de nuestro confort y la seguridad de nuestro lugar en el mundo. Y por eso, por una lógica viciada, se tiende a verlas como unas tropas de vanguardia que están sentando sus cuarteles entre nosotros.

Estos nómadas, que lo son no de forma voluntaria, sino por el veredicto de un destino despiadado, nos recuerdan de manera irritante la vulnerabilidad de nuestra posición y la fragilidad de nuestro bienestar. Es una costumbre humana, demasiado humana, culpar y castigar a los mensajeros por el odioso contenido del mensaje que transmiten, en lugar de responsabilizar a las fuerzas mundiales incomprensibles, inescrutables, aterradoras y lógicamente resentidas que sospechamos que son las culpables del angustioso y humillante sentimiento de incertidumbre existencial que nos arrebata la confianza y causa estragos en nuestros planes de vida».

Después de la crisis de 2008 el miedo se ha instalado en nuestra vida. Y además se agita. Reflexiona Heinz Bude acerca de una afirmación de Roosevelt en su discurso de nombramiento como presidente («Lo único de lo que tenemos que tener miedo es del propio miedo»):

«El miedo vuelve a los hombres dependientes de seductores, de mentores y de jugadores. El miedo conduce a la tiranía de la mayoría, porque todos se suman por oportunismo a lo que hacen los demás. El miedo posibilita jugar con las masas que callan, porque nadie se atreve a alzar la voz, y puede acarrear una aterrorizada confusión de la sociedad entera una vez que salta la chispa. Por eso —así es como se debería entender a Roosevelt— la tarea primera y más noble de la política estatal es quitarles el miedo a los ciudadanos».

Roosevelt y su New Deal (Nuevo Acuerdo) —la intervención del Estado para recuperar la economía— en aquellos aciagos años treinta. Recordemos también, en tiempos de feminismo, la luz propia de Eleanor Roosevelt, que trabajó incansablemente para que la Declaración Universal de los Derechos Humanos viera la luz en 1948. Recordemos también que los escombros de la segunda guerra mundial se retiraron en Europa con cooperación internacional (Plan Marshall). Otras políticas fueron posibles en una crisis mucho más profunda. La identidad nacional desde luego no viene a sino a enturbiar los problemas. Si no queremos que el futuro nos sea indiferente debemos eludir la posibilidad de que vengan más años malos que nos hagan más ciegos. Como apunta Amartya Sen: «La principal esperanza de armonía en nuestro mundo atormentado reside en la pluralidad de nuestras identidades, que se cruzan entre sí y obran en contra de las profundas separaciones a lo largo de una única, tajante y resistente línea de división que supuestamente no es posible atravesar. Aquello que compartimos en tanto humanidad es desafiado brutalmente cuando nuestras diferencias son reducidas a un sistema imaginario de categorías singularmente poderosas».

 

Bibliografía

Appiah, Kwame Anthony. Las mentiras que nos unen. Repensar la identidad. Barcelona: Ed. Taurus., 2019.

Arendt, Hannah. La libertad de ser libres. Barcelona: Ed. Taurus. 2018.

Bauman, Zygmunt. Mensajeros de la globalización. Diario El País. 31.05.2015

Berger, Peter L., Luckmann Thomas. La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Ed. Amorrortu. 1995.

BUNDE, Heinz. La sociedad del miedo. Barcelona: Herder Editorial. 2017.

COATES, Ta-Nehisi. Entre el mundo y yo. Barcelona: Ed. Seix Barral. 2016

FUKUYAMA, Francis. Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento. Barcelona: Ed. Deusto. 2019.

HOBSBAWM, Eric. Historia del siglo XX. Barcelona: Crítica., 1995.

Ingreso y pobreza en Estados Unidos: 2017.

SEN, Amartya. Identidad y violencia. La ilusión del destino. Madrid: Katz Ediciones. 2007

SNYDER, Timothy. On Tyranny. Twenty Lessons from the Twentieth Century. Nueva York: Penguin Random House LLC. 2017.

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World Inequality Report 2018

 

Número 2, 2019