Carolina Fernández, Subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos. Fundación Secretariado Gitano

Mónica Chamorro, Directora del Departamento de Educación. Fundación Secretariado Gitano

Mª Teresa Andrés, Directora del Departamento de Inclusión Social. Fundación Secretariado Gitano

Myriam López de la Nieta Beño, Técnica/Responsable Territorial de Departamento de Educación. Fundación Secretariado Gitano

Puedes encontrar a Mónica, Mª Teresa y Myriam en Linkedin.

La infancia gitana es uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y que sufre una desigualdad estructural y multidimensional, agravada por la discriminación: alta incidencia de la pobreza, grave desigualdad educativa con una elevadísima tasa de fracaso escolar, segregación escolar, y extrema exclusión social de los que viven en asentamientos chabolistas.

En la actualidad se calcula que la población gitana española es de 725.000-750.000 personas (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030), representando aproximadamente el 1,5% de la población total, y siendo una de las minorías gitanas más numerosas en Europa.

La falta de datos desagregados en los indicadores generales de situación social invisibiliza la realidad de las personas gitanas, y de la infancia gitana, y eso implica que en muchas ocasiones no se perciba la situación de grave desigualdad y discriminación estructural que les afecta y, en consecuencia, no se dé una respuesta adecuada a su situación específica desde las políticas públicas.

Todos los estudios específicos sobre la realidad de las personas gitanas constatan que la población gitana es uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad social y que sufre una desigualdad estructural y multidimensional; una situación que pasa de generación en generación agravada por el factor de la discriminación, y que afecta muy especialmente a la infancia.

En el caso de la infancia gitana, los principales factores diferenciadores respecto al resto de niños y niñas son: la alta incidencia de la pobreza y la extrema pobreza (la tasa de pobreza infantil en la población gitana asciende al 89%) (FSG/ ISEAK); la incorporación tardía al sistema educativo y su grave desigualdad y desventaja educativa, que se inicia en las etapas más tempranas y conduce a una tasa de fracaso escolar del 62% (chicos y chicas que no obtienen el graduado en ESO) (FSG); el impacto negativo de la segregación escolar en sus oportunidades de desarrollo; y la realidad de la infancia gitana en asentamientos chabolistas y de infravivienda, como expresión más grave de la pobreza, la segregación y la discriminación estructural (el 50% de quienes viven en asentamientos chabolistas son menores de 16 años) (FSG/ISEAK). A todo ello hay que añadir el componente de la estigmatización social y la discriminación.

Situación sociodemográfica

De acuerdo a los datos específicos más recientes, la población gitana presenta importantes diferencias sociodemográficas en comparación con la población general. La población gitana es mucho más joven que la población general. Un 66% de las personas gitanas tienen menos de 30 años, y en la pirámide demográfica comparativa entre población gitana y no gitana, los menores de 10 años suponen un 11,5% en la población gitana frente al 4,7% en el conjunto de la población, y entre los 10 y los 19 años suponen un 12% frente al 5% del conjunto de la población (FSG/ ISEAK).

A pesar del progresivo descenso de la tasa de natalidad, destaca la alta prevalencia de niños y niñas en familias gitanas. A partir del cálculo de la estimación de población gitana en España (750.000 personas, según la Estrategia Nacional de Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020) (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030), estaríamos hablando de aproximadamente entre 170.000 y 180.000 niños y niñas gitanos. Además, los hogares de la población gitana son notablemente mayores en tamaño: casi un 50% viven en hogares de dos adultos con niños, frente al 32% del total de la población.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la infancia gitana en España?

Pobreza y exclusión social

La pobreza y la exclusión social afectan directamente y de manera grave a la infancia gitana. Según el Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza amplias capas de la población gitana se encuentran en riesgo de pobreza, el 86%. El indicador AROPE aplicado a los hogares gitanos asciende al 92%, y el 46% de las familias gitanas vive en situación de extrema pobreza, siendo el dato más alarmante el 89% de tasa de pobreza infantil, frente al 31,3% de la población infantil general: el 52% de los menores gitanos viven en hogares en situación de pobreza extrema y el 70% vive en un hogar en pobreza severa.

Ante esta situación, ¿qué fórmulas de protección existen? Desde 2020, la herramienta universal de protección social en España es el Ingreso Mínimo Vital, una prestación económica que tiene como objetivo prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas en situación de vulnerabilidad económica, y que cuenta además con un complemento específico en el caso de que haya menores en la unidad de convivencia (el llamado Complemento para Ayuda a la Infancia). Esta prestación, ideada como derecho subjetivo, ha sido objeto de un reciente estudio de la FSG (FSG/ ISEAK) para conocer el grado de alcance en la población gitana dados los niveles de pobreza que padece (realizado en 2023, en edición). Según los resultados preliminares, el IMV tiene un 29% de tasa de cobertura en la población gitana y una tasa de Non Take up del 71%, alcance muy bajo si lo comparamos con los datos del último informe de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)) que la cifran, para la población general, en el 35%. Cuando en los hogares gitanos viven uno o dos menores, esta tasa de cobertura asciende hasta el 35 y el 38% respectivamente, pero son porcentajes siempre inferiores a los alcanzados por la población general según el informe mencionado de la AIREF (38% y 44% para hogares con dos adultos y uno o dos menores respectivamente). Si en el hogar conviven tres o más menores, la tasa de cobertura comienza a descender, lo que afecta directamente a familias con situaciones más precarias por el número de personas convivientes y el hacinamiento que ello supone, con el consiguiente efecto negativo en los niños y niñas gitanos.

Una de las conclusiones de este estudio es que el IMV no reduce significativamente la incidencia de la pobreza, pero sí su intensidad en quienes la padecen, y tiene menor impacto en los hogares grandes con varias personas adultas y varios menores de edad.

Exclusión residencial

También muy unido a la pobreza económica, las condiciones de vivienda de las familias gitanas son uno de los factores clave que marcan el desarrollo personal, educativo y social de los niños, las niñas y los adolescentes gitanos, y preocupa especialmente la situación en contextos de alta vulnerabilidad y exclusión. Según el último estudio realizado sobre la situación residencial de la población gitana en España (FSG/Daleph), el 8,63% de las viviendas de familias gitanas son consideradas infraviviendas porque no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, y el 2,17% de ellas son chabolas. Además, el problema de los altos precios de la vivienda en nuestro país, y el escaso parque de vivienda pública y social, conlleva problemas de hacinamiento en los hogares, además de numerosos desahucios y desalojos que dejan a muchas familias gitanas sin vivienda, y a sus hijos e hijas sin derecho a la misma.

La existencia de asentamientos chabolistas y de infravivienda es una realidad persistente en España durante décadas. Barrios muchas veces informales en los que habitan miles de personas, familias con niños y niñas, que ven conculcados muchos de sus derechos fundamentales, que padecen situaciones sistémicas de pobreza, exclusión, discriminación y falta de oportunidades, que se mantienen y transmiten generacionalmente. Según uno de los últimos estudios realizados sobre esta problemática (FSG/ISEAK), se estima que hay 23.419 personas que viven en asentamientos chabolistas y de infravivienda en España (más de 4.500 hogares), en su mayoría pertenecientes a minorías étnicas (77% gitanas), y la mitad menores de 16 años (40% menos de 6 años). La gran mayoría de la población de estos asentamientos está en situación de pobreza y exclusión social, con una tasa de riesgo de pobreza de 93% (99% en niños y niñas). Espacios donde se da una extrema precariedad y un alto nivel de deterioro de edificaciones e infraestructuras, y donde las viviendas no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, espacios muchas veces informales, con dificultades en el acceso y mantenimiento de suministros básicos como la electricidad, el agua potable (el 90% de las infraviviendas no tiene saneamiento y el 75% no dispone de agua corriente) o el gas, y espacios que en la mayoría de los casos se encuentran segregados de los núcleos urbanos próximos, donde la comunicación en transporte y la conexión con servicios y recursos públicos es difícilmente accesible. A todo ello hay que sumar la segregación espacial, el aislamiento físico, que hace difícil el ejercicio de la ciudadanía y limita las oportunidades de desarrollo: falta de interacciones comunitarias en contextos de ciudadanía, barreras de acceso al ocio, el deporte y la cultura, brecha digital, etc.

En estos contextos la transmisión intergeneracional de la pobreza está asegurada por la falta de oportunidades, las dificultades en la vida cotidiana y el efecto negativo en la construcción de la propia identidad, por el estigma que implica residir en este tipo de barrios para la interacción social y la convivencia con el resto de la sociedad, necesaria en la infancia y la adolescencia para una socialización adecuada; todo ello impacta negativamente en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes gitanos: riesgos para la salud y la seguridad, riesgos medioambientales, riesgo para sus expectativas de vida y su identidad, y riesgo para su formación y su promoción educativa, ya que el derecho a una educación inclusiva y de calidad no está suficientemente garantizado pues el 60% de los niños y niñas que viven en asentamientos acuden a un centro escolar segregado.

Situación educativa

A esta situación de vulnerabilidad se unen los bajos niveles formativos que presenta la población gitana en términos generales. En los hogares con menores de 24 años el 51,4% tenía como nivel máximo de sus integrantes la educación primaria, el 40% la secundaria de primera etapa y sólo en el 8,4% de los hogares tenía presencia alguno de los niveles de la secundaria de segunda etapa o superiores. Casi un tercio de los hogares tienen a progenitores que o bien no fueron a la escuela o dejaron los estudios con 13 años o menos. (FSG)

Esta situación de exclusión repercute directamente en la escasa progresión educativa y social de la comunidad gitana ya que la precariedad de las condiciones de vida, los limitados ingresos, y la falta de referentes con niveles educativos que vayan más allá de la secundaria, no solo limitan los medios, recursos económicos y capital cultural que las familias gitanas pueden dedicar para la educación de sus hijos, sino también la posibilidad de tener éxito educativo, progresar socialmente y tener un trabajo y unos ingresos adecuados en el futuro que les permitan salir del círculo de la pobreza. Estos datos, con muy pocos cambios en una década, indican que hay una reproducción de la pobreza y que es necesario poner el foco, además de en medidas económicas y laborales, en el apoyo a las trayectorias educativas de esta población para que la pobreza no siga transmitiéndose intergeneracionalmente.

Estas desigualdades afectan con especial incidencia a las mujeres; tanto en el nivel educativo, con mayores tasas de analfabetismo (14%), menores porcentajes de titulación (15,5%) y menor presencia en estudios superiores (3%) que los hombres gitanos, al contrario de lo que sucede entre las mujeres de la población general. (FSG/ ISEAK).

Trayectoria educativa

La trayectoria educativa de este alumnado difiere de la del resto: tiene una esperanza de vida escolar mucho más corta, un ciclo educativo marcado por la entrada más tardía al sistema educativo y un abandono mayoritario entre los 16-17 años en su gran parte sin haber conseguido superar la secundaria obligatoria (FSG).

A los 16 años sólo el 53,7% se mantiene en el sistema educativo y dos años más tarde sólo permanece el 16,7%. El techo de este alumnado para los pocos que consiguen tener éxito es la etapa obligatoria (30% de titulados en ESO entre los 16 y 24 años).

Aunque la educación infantil tiende a normalizarse a partir de los 3 años, edad en la que se acerca bastante a las cifras del conjunto de alumnado, la tasa neta de escolarización hasta los cinco años está por debajo del dato nacional (51,4% frente al 68,7%).

La brecha con la población general es amplia en los primeros años con una diferencia de 9 puntos y no llega a cerrarse hasta los seis años. Esta etapa de atención temprana es crucial para el desarrollo psicológico y social de los menores, la estimulación de la comunicación verbal y el aprendizaje de las normas básicas de convivencia. En los grupos en situación de vulnerabilidad aporta también una socialización en rutinas, hábitos escolares y conocimientos que favorecen que el alumnado no llegue en desventaja a la educación primaria.

Factores que explican esta situación

Esta situación tiene su origen en diferentes factores:

• Unos resultados educativos muy pobres y peores que los del resto del alumnado:
  • repiten en una proporción mucho mayor: el 59,2% de los jóvenes gitanos entre 16 y 24 años ha repetido como mínimo un curso. La repetición y el desfase se produce ya en los primeros cursos de la primaria (en tercero casi la mitad del alumnado ya ha repetido).
  • gradúan en niveles obligatorios (E.S.O) en una proporción menor: en el curso 21/22 el 41,4% frente al 84% del conjunto del alumnado.
  • pocos continúan con estudios post-obligatorios (14,3% frente al 71,2% del conjunto de población) y al contrario de lo que sucede en la población general (continúa un 75,8% de mujeres frente al 67,5 de los hombres), no hay diferencias por género.
• Sobrerrepresentación en la Formación Profesional Básica como itinerario asociado al fracaso por la vía ordinaria y no a una vía de continuación de estudios: hay un 28,3% de alumnado gitano en FPB frente al 8% del conjunto de alumnado. El porcentaje de mujeres es más bajo que el de los chicos, pero sensiblemente superior al de las chicas del conjunto del alumnado en esta etapa (3 veces más). De éstos, consiguen terminar con éxito esta formación menos de la mitad (10,9%). Además, la presencia en esta etapa no se traduce en una continuidad de estudios hacia la formación profesional de ciclo medio, con porcentajes de incorporación muy bajos (de 1,5% en los dos años siguientes a la finalización).
• Dificultades en el acceso y aprendizaje con medios tecnológicos que ha acentuado la brecha abierta tras la pandemia. Tanto el acceso a internet como a los dispositivos electrónicos de uso educativo es bastante más bajo que en el resto de población: 78% de hogares gitanos con acceso a internet frente al 95,9% del resto y el 43,3% de hogares con dispositivos frente al 83,7%. Además del acceso, muchos menores no tienen competencias digitales para usarlas de manera adecuada y no tienen el apoyo de otras personas del hogar al carecer también de estas competencias (Asociación de Enseñantes con Gitanos)(VVAA).
• Una presencia importante en centros segregados. Aunque no tenemos datos exactos de la dimensión de este factor, sí sabemos por diversos estudios que una parte importante del alumnado gitano está escolarizado en estos centros (como mínimo un tercio según diversas fuentes)(European Union Agency for Fundamental Rights /FRA); (FSG) y, además, hay más alumnado en centros con una segregación alta que en aquellos que tienen niveles de concentración más bajos. La composición social de las escuelas es un aspecto fundamental de la igualdad de oportunidades educativas y este tipo de centros, como han demostrado numerosas investigaciones, tiene consecuencias negativas sobre los resultados educativos del alumnado más desfavorecido (niveles curriculares bajos, poco contacto con otras realidades…)
• Un sistema educativo poco adaptado a este alumnado y con medidas de compensación eficaces para unos pocos. El porcentaje de alumnado que no titula (fracaso escolar) se ha mantenido prácticamente invariable en una década, con un ligero descenso según el último estudio (62,8% en 2022 y 64,4% en 2012)(FSG). Esto es indicativo de una falta de eficacia de los programas y medidas que se están aplicando hasta ahora. Se necesita una atención más individualizada y continua desde etapas tempranas tanto con el alumnado gitano como con sus familias adoptando medidas específicas.

Consecuencias

Las consecuencias que se derivan de estos factores son el fracaso escolar y los altos índices de abandono del alumnado gitano, la desmotivación y el escaso interés por reengancharse. Los datos sobre estos indicadores son muestra de ello (FSG):

• La población gitana abandona prematuramente los estudios con mayor frecuencia que el conjunto de la población española y en buena medida lo hace sin titulación básica.

Un 86,3% de la juventud gitana de entre 18 y 24 años había obtenido como máximo educación secundaria obligatoria (E.S.O) y no seguía estudiando. Según los datos nacionales hay un 13,3% de jóvenes en esa situación.

Las alternativas con las que se encuentran para continuar o reengancharse a la formación son escasas por la falta de flexibilidad del sistema para absorber a este alumnado (por ejemplo, los Ciclos Formativos de Grado Medio cortan el acceso a los que tienen peores calificaciones al no haber suficiente oferta). Además, entre los jóvenes que ni estudian ni trabajan (59,4%) hay muchas más mujeres: 67,9% frente al 50,6% de los hombres.

• Los altos índices de repetición provocan que muy poco alumnado gitano llegue al final de la etapa obligatoria con la edad que le correspondería (solo el 12,2% del alumnado gitano a los 16 años está en el curso que le corresponde por edad cuando la media nacional es del 71,1%): esto genera una sobrepermanencia en el sistema educativo que lleva a la desmotivación y a no confiar en sus posibilidades de finalización de los estudios (la mitad alega como principal motivo de abandono el estar cansado de estudiar y/o no gustarle lo que estaba estudiando). Si a esto unimos la importancia que tiene el trabajo para la economía familiar, las probabilidades de abandono se multiplican. El abandono por responsabilidades familiares, que afecta a un 22,4 % de los abandonados en 2022, sigue siendo mucho más habitual en las mujeres (82 %), mientras que el abandono para buscar trabajo apenas les importa (16,7 % frente al 83,3 % de los chicos).
• La reincorporación a los estudios, tras haber abandonado en algún momento, es muy baja y además ha decrecido considerablemente desde 2012 (9% en 2023 y 23,5% en 2012).

Propuestas para romper la brecha de desigualdad de la infancia gitana

Los datos publicados recientemente de la Encuesta de Condiciones de Vida (Instituto Nacional de Estadística (INE)) revelan el incremento de la tasa de pobreza infantil. Aunque no aparezcan datos desagregados, sabemos que la infancia gitana está sobrerrepresentada en la pobreza, pero, además, está condenada a reproducir el ciclo de pobreza y exclusión durante generaciones si no se aborda su situación específica, en la que confluyen distintos factores estructurales de desigualdad, agravados por su origen étnico y la discriminación racial. Es necesario hacer frente a la pobreza infantil gitana con una perspectiva integral que cubra no sólo las carencias materiales, sino que aborde también las causas estructurales de la pobreza que se hereda, y eso pasa necesariamente por garantizar el derecho a la educación y a una vivienda digna.

Reducir la tasa de fracaso escolar del alumnado gitano debe ser un compromiso de las administraciones educativas para asegurar la igualdad de oportunidades, y para ello son necesarias actuaciones específicas y adaptadas de refuerzo y orientación educativa. Por otra parte, combatir la segregación escolar requiere de la puesta en marcha de medidas correctoras que garanticen una distribución equilibrada por centros educativos del alumnado con perfiles similares.

Los niños pobres viven en familias pobres. Reducir la pobreza severa de las familias pasa por la garantía de ingresos mínimos para una vida digna. El IMV todavía no está llegando a todas las familias potencialmente perceptoras del mismo, entre ellas muchas gitanas, hace falta ampliar su cobertura facilitando el proceso y eliminando barreras.

Por último, la Garantía Infantil es el instrumento financiero diseñado para prevenir y combatir la pobreza infantil garantizando el acceso de la infancia más vulnerable a un conjunto de servicios y recursos clave. La Garantía Infantil Europea, así como el Plan Estatal, hacen referencia de forma explícita a la infancia gitana como uno de los grupos que se enfrentan a desventajas específicas y que, por tanto, requieren especial atención en su ejecución. Sin embargo, existe el peligro de que los niños y niñas gitanos acaben quedando diluidos en este proceso de implementación de la Garantía Infantil, a pesar de ser reconocidos como uno de los grupos específicos cuyas necesidades deben ser particularmente consideradas. Para dar respuesta al mandato de la Garantía Infantil Europea y asegurar el impacto de las inversiones en la infancia gitana sería necesario establecer medidas, objetivos e indicadores desagregados específicos. En 2030 los Estados miembros deberían ser capaces de rendir cuentas sobre la reducción de la pobreza infantil gitana.

Testimonio

Faltan referentes. Hay muchos jóvenes que no tienen apoyo, que no tienen referentes, no tienen expectativas. (…) Muchas veces no es no queramos estudiar, sino que no podemos. Testimonio de Libertad Lozano, estudiante gitana de 16 años, para la campaña #EquidadEducativa de la Fundación Secretariado Gitano.

Bibliografía

Asociación de Enseñantes con Gitanos. «La AEGIT ante la brecha digital y social en los contextos vulnerables y bulnerados (COVID-19)».2020. <https://www.aecgit.org/downloads/paginas_p1/77/brecha-digital-y-social-covid-19.pdf>.

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Segunda Opinión sobre el ingreso Mínimo Vital. Madrid, 2023. <https://www.airef.es/es/centro-documental/segunda-opinion-sobre-el-ingreso-minimo-vital/>.

European Union Agency for Fundamental Rights /FRA. Encuesta EU-MIDIS II. Luxemburgo: UE, 2017.

FSG. Estudio piloto exploratorio sobre la segregación escolar del alumnado gitano. Madrid: FSG, 2022.

—. La situación educativa del alumnado gitano en España. Ed. Fundación Secretariado Gitano. Madrid, 2023.

FSG/ ISEAK. «El impacto del IMV en la situación de pobreza de la población gitana». 2024.

—. «Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza.» s.f. <https://www.gitanos.org/estudios/estudio_comparado_sobre_la_situacion_de_la_poblacion_gitana_en_espana_en_relacion_al_empleo_y_la_pobreza_2018.html.es>.

FSG/Daleph. Estudio.Mapa sobre vivienda y Población Gitana en España. Madrid, 2015.

FSG/ISEAK. «Estudio sobre el perfil y la situación de las personas en los asentamientos chabolistas y de infravivienda en España». 2023. <https://www.gitanos.org/estudios/estudio_sobre_el_perfil_y_la_situacion_de_las_personas_en_los_asentamientos_chabolistas_y_de_infravivienda_en_espana.html.es>.

Instituto Nacional de Estadística (INE). «Encuesta de condiciones de vida». 2023. <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECV2023.htm>.

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. «Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del pueblo GItano 2021-2030». 2021. <https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/poblacion-gitana/estrategia-nacional/futura-estrategia.htm>.

—. «Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España 2012-2020.» MInisterio de Derechos Sociales y Agenda 2030″. 2012. <https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/poblacion-gitana/estrategia-nacional/estrategia-nacional-para-la-inclusion-social-de-la-poblacion-gitana2012-2020.htm>.

VVAA. «Crisis de la COVID-19: impacto en hogares de la comunidad gitana». 2020. <https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/ImpactoCOVID19PoblacionGitana.aspx>.

Número 16, 2024

José Paredes García, militante ATD Cuarto Mundo

Virginia Pinto Muñoz, voluntaria permanente ATD Cuarto Mundo

Mª Elena Escribano Alonso, doctorada en Trabajo Social (Universidad Comillas)

Daniel García Blanco, equipo coordinador Cruce de Saberes ATD Cuarto Mundo

Puedes encontrar a ATD Cuarto Mundo en X (Twitter), Facebook e Instagram

1.- Introducción

En los últimos años se han señalado en repetidas ocasiones los elevados niveles de pobreza infantil existentes en España, entre los más altos de Europa. Sin embargo, no se ha hablado tanto de cómo gran parte de esta infancia que vive en pobreza la ha heredado de sus progenitores, ni de otros elementos que se transmiten de generación en generación más allá de lo material. Por ejemplo, estos datos no explican la lucha continua de estas familias para resistir y tratar de construir un futuro diferente para sus hijos e hijas: Aunque no puedas, sigues luchando por tus hijos, por tus nietos, porque lleven una vida mejor y no lleven la vida que hemos llevado nosotros: siempre marginados, arrastrados, viviendo por debajo de los puentes… Ahí estamos, luchando todavía. Este conocimiento es clave para poder realizar un análisis más completo de la realidad[1].

Entender mejor las dinámicas de reproducción de la pobreza, así como las resistencias y esfuerzos de quienes las sufren por escapar de ellas es clave para poder desarrollar herramientas que rompan de manera efectiva con este círculo de transmisión intergeneracional y promover proyectos de promoción personal y familiar adaptados a las diferentes realidades. Con la ambición de profundizar en este campo, en marzo de 2021 ATD Cuarto Mundo España puso en marcha el proyecto Romper con la Herencia de la Extrema Pobreza.

2.- Condiciones para trabajar conjuntamente

Este trabajo se ha desarrollado siguiendo la línea metodológica del Cruce de Saberes[2], que implica un trabajo entre diversos agentes sociales que aportan conocimientos complementarios de diferente origen: personas en situación de pobreza (saber experiencial – saber vivido), personas que ejercen responsabilidades asociativas, profesionales, políticas (saberes de acción) y personas del ámbito de la investigación (saber académico). Estas diferentes personas se agrupan en grupos de pares o pertenencia, lo que garantiza la autonomía de los saberes específicos de cada grupo de agentes (Tabla 1). En el caso de este proyecto se formaron tres grupos: militantes Cuarto Mundo[3], activistas sociales y académicas. Tanto las preguntas de investigación como el análisis y producción de resultados se han trabajado y acordado conjuntamente entre todos los grupos.

3.- Descubrimientos y aprendizajes

A lo largo del proceso de Cruce de Saberes se han señalado tres niveles que juegan un papel determinante en relación con la herencia de la extrema pobreza:

• La mochila heredada. Para poder romper con la extrema pobreza es fundamental partir del reconocimiento de aquellas experiencias que se trasmiten de generación en generación marcando de manera clara la vida de quienes las reciben y limitando las posibilidades reales de cambio. Estas vivencias generan culpabilidad, el desarrollo de un autoconcepto negativo y el aislamiento en redes de apoyo que no consiguen ir más allá de la supervivencia.
• Engranajes de reproducción y cambio: hay dinámicas en las que es fundamental profundizar para poder entender mejor las responsabilidades que cada cual tenemos frente a la extrema pobreza, abordando las preguntas y retos que nos plantean desde la posición social que ocupamos. Algunas de estas dinámicas deben ser trabajadas principalmente por quienes viven en pobreza: el uso de la dignidad como escudo; la fuga como mecanismo de afrontamiento; la resistencia cotidiana que no consigue ir más allá de la supervivencia. Otras deben ser abordadas por el resto de la sociedad: los prejuicios y el efecto que estos tienen; la importancia de entender mejor lo que es la pobreza y las dimensiones ocultas de esta; la comunicación sobre las realidades de pobreza y la transformación de espacios en los que se participa. Por último, hay algunas dinámicas sobre las que hay que actuar conjuntamente: la retroalimentación de lo negativo; el espejismo del esfuerzo que invisibiliza los privilegios; la implicación de todas las familias, no solo de las que viven en pobreza, y de toda la familia sin dejar a nadie atrás.
• Claves para romper: Una vez reconocida la mochila heredada y trabajados los elementos en los que hay que profundizar, podremos sumar fuerzas, establecer luchas compartidas y alianzas que permitan avanzar en torno a las claves que nos permitirán generar un nuevo escenario de justicia y equidad que no deje a nadie fuera: la participación, la acogida y reconocimiento y la garantía de oportunidad básicas más allá de lo material,

Es importante señalar que estas no son meras palabras y conceptos, sino que señalan dinámicas y cuestionamientos que se han vivido a lo largo del proceso. Este proyecto hay sido una experiencia práctica de cómo cambiando la manera de relacionarnos es posible transformar algunas dimensiones clave de la reproducción de la pobreza.

4.- Claves de transformación y cambio

Hay varios elementos importantes que han permitido avanzar en común y cambiar la mirada de las personas participantes. Para que esto sea posible, la animación del proceso debe ser rigurosa, cuidando tanto las grandes etapas como los pequeños pasos que fundamentan el proceso para que este sea respetuoso con los diferentes grupos de pares.

Un aspecto esencial es tomar en cuenta desde el principio las relaciones de poder que se cruzan en estos espacios de manera constante. Abordarlas es clave para poder desarrollar una vinculación y un diálogo fructífero, en el que cada grupo de pares pueda atreverse a cuestionar las ideas ajenas al mismo tiempo que permite revisar las propias.

Para construir un espacio de confianza y seguridad más allá de las desigualdades de partida entre las personas participantes es fundamental incluir una etapa que trabaje la identificación con el propio grupo de pares. En el Cruce de Saberes las aportaciones no se hacen de manera individual, sino que se elaboran dentro de cada espacio grupal, donde se construye colectivamente el conocimiento que se pone en diálogo con los otros. En los grupos de pares cada persona aporta a partir de su experiencia y fuentes de conocimiento, y es en ese diálogo donde se va reconociendo lo que hay en común y la aportación que se puede hacer para ampliar la mirada de los demás grupos. Posteriormente, cada espacio de pares puede ver cómo su idea es escuchada y comprendida por otros. Ver como lo que se aporta enriquece el pensamiento de otro grupo ayuda a poner en valor el propio conocimiento. Al mismo tiempo, esto potencia que cada grupo asuma la responsabilidad que tiene para construir y compartir su conocimiento específico, ya que si ningún otro puede hacerlo en su lugar.

Para que el intercambio entre grupos que parten con herramientas y dinámicas de participación tan diferentes sea posible, la cuestión no es tanto ponerse unos al nivel de otros, sino ser capaces de generar un espacio de encuentro en el que todos puedan compartir desde sus saberes y experiencias. Por ejemplo, no se trata de utilizar solo palabras simples que todo el mundo pueda entender, sino conseguir que cada grupo pueda aportar sus propios términos clave, lo que requiere tomar el tiempo necesario para que éstos sean comprendidos por los demás, enriqueciendo así el proceso colectivo.

Al mismo tiempo, este trabajo de comprensión mutua permite descubrir que las mismas palabras tienen sentidos muy diferentes en función de las experiencias de cada cual. Entender los diferentes significados y el porqué de estos es un elemento clave del proceso, ya que permite descubrir que nadie tiene la verdad absoluta, que hay otras maneras de mirar la realidad desde diferentes posiciones y que todas aportan algo válido para construir una mirada más amplia sobre la realidad de la pobreza.

Pero el proceso no puede limitarse a un mero diálogo sobre conceptos. En el trabajo con las palabras hay grupos que tienen más experiencia y reconocimiento que otros, y por ello es importante dedicar tiempo a otras formas de comunicación y reflexión, por ejemplo a través de la expresión corporal o artística. También los juegos informales favorecen el encuentro a otros niveles en los que, superadas las vergüenzas iniciales que pueden provocar, es posible conectar y generar confianza de una manera más profunda.

Por último, hay también tiempos de trabajo en grupos mixtos, en los que se mezclan participantes de cada uno de los grupos de pares (no se hace al principio del proceso, sino cuando ya hay una trayectoria y confianza suficiente). Esto permite experimentar las condiciones necesarias para desarrollar un trabajo y aprendizaje conjunto. Por ejemplo, supone colocarse frente al reto de descubrir qué ritmo permite entrar a todos en la dinámica, así como situarse en otros niveles diferentes de aquellos en los que suelen estar. Son espacios de aprendizaje privilegiados.

5.- Pistas a futuro

Durante este proceso se ha podido experimentar en primera persona cómo transformar las dinámicas de reproducción de la pobreza. Por ejemplo, se han confrontado las dificultades y barreras que dificultan la participación, y se han construido condiciones de acogida y reconocimiento que permitieran desarrollar espacios de lucha colectiva y alianzas.

Este proyecto señala a los distintos grupos participantes algunas pistas a futuro:

• Para quienes viven en situación de pobreza, el Cruce de Saberes supone la oportunidad y el reto de poder hablar de su realidad. Poner palabras a sus vivencias y analizarlas colectivamente permite transformar su propia vida a partir de un cuestionamiento constructivo que surge en el diálogo. Les permite, además, identificarse con otras personas en situación de pobreza, así como desarrollar, más allá del estigma, una identidad positiva, en clave de lucha colectiva. También abre la puerta a generar alianzas con otros actores sociales, favoreciendo el sentirse parte de la sociedad de manera amplia.
• Para espacios activistas, el Cruce de Saberes es una herramienta para abrir la acogida y la participación. Es una muestra de cómo hacer posible la inclusión de quienes siempre suelen estar expulsados, tanto en espacios de lucha colectiva como en la vida cotidiana, de cómo acogerles junto con todo lo que pueden aportar. Pero es importante recordar que el Cruce de Saberes no es solo una metodología, sino un proceso de transformación y cambio de mirada para abrir los espacios comunes.
• Para el mundo académico, el Cruce de Saberes muestra que no se puede entender la pobreza sin escuchar las diferentes perspectivas y entender lo que cada grupo aporta, tanto en positivo como en negativo. Sin esta participación diversa, tanto la realidad de la pobreza que se va construyendo en la investigación social como las formas de erradicarla que surgen de ella siempre contendrán puntos ciegos. Así, las nuevas formas de investigación deben plantearse desde la relación, desde el atreverse a tomar contacto con la realidad, asumiendo conscientemente que ello alterará sin remedio las características de la relación, generando transformaciones personales y colectivas.

Tanto el documento del informe como el vídeo que recoge cómo se ha desarrollado el proceso se pueden encontrar en la página: https://atdcuartomundo.es/2024/03/14/romper-con-la-herencia-de-la-extrema-pobreza/

[1] Un buen ejemplo de esto es la investigación realizada por la Universidad de Oxford y ATD Cuarto Mundo Internacional Las dimensiones ocultas de la pobreza [ATD Cuarto Mundo, Oxford University [2019] (https://www.atd-cuartomundo.org/representacion-international/indicadores-de-pobreza/)]

[2] El Cruce de Saberes es una dinámica desarrollada por ATD Cuarto Mundo Internacional e implementada en distintos proyectos a lo largo de los últimos 30 años en diferentes países del mundo. Para más información se puede consultar https://www.atd-cuartomundo.org/que-hacemos/pensar-y-actuar-juntos/cruce-de-saberes/ o el monográfico ¿De quién es el conocimiento? Emancipación, Cruce de Saberes y lucha contra la pobreza en https://www.revue-quartmonde.org/11190

[3] Personas en situación de pobreza que se comprometen dentro el Movimiento ATD Cuarto Mundo en la lucha por los derechos de todos y todas.

Número 16, 2024

Ernesto García López, antropólogo social y cultural. Programa Desigualdad Cero – Oxfam Intermón

Puedes encontrar a Ernesto en Linkedin

La Garantía de Ingresos constituye una de las herramientas principales para luchar contra la pobreza y la carencia material severa. En un país como España, con una de las tasas de pobreza y desigualdad más elevadas de Europa, este instrumento se revela como una pieza esencial dentro de la arquitectura de las políticas de protección social. Por eso, con la aprobación definitiva de la Ley del Ingreso Mínimo Vital, se dio un paso muy significativo en esta dirección, siendo una medida largamente esperada por algunas capas de la sociedad, lo cual generó grandes expectativas de cara a su despliegue.

Han pasado casi tres años y se vuelve necesario analizar cómo ha sido su puesta en marcha. Los datos no parecen demasiado alentadores. El Ingreso Mínimo Vital solo está llegando al 16% de los hogares que cumplen los requisitos económicos para solicitarlo. Así lo afirma el informe publicado el pasado mes de febrero de 2024 por parte de la ONG Oxfam Intermón y el centro de pensamiento Future Policy Lab, según el cual esta prestación podría reducir la tasa de pobreza severa en más de cinco puntos para toda España, pero está llegando solo a los dos puntos de reducción.

El estudio, titulado La garantía de ingresos como derecho de ciudadanía. El impacto del Ingreso Mínimo Vital y su articulación con las Rentas Mínimas autonómicas: una estimación[1], se basa en una simulación a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Además de evaluar la tasa de cobertura de la prestación, el informe estima el potencial del IMV y los programas autonómicos para reducir la pobreza y la desigualdad. De realizarse las pertinentes mejoras en el IMV para aumentar su tasa de cobertura, la pobreza severa en España podría reducirse en más de cinco puntos desde el 8,7% actual, llegando prácticamente a erradicarse en Madrid o País Vasco. Sin embargo, esta reducción de la desigualdad y la pobreza no se está produciendo.

Según el estudio (elaborado por los sociólogos José Antonio Noguera, Álex G. de la Prada y Emma Álvarez Cronin), esto se debe a problemas de dos tipos. Por un lado, algunos requisitos y condiciones de acceso de la prestación impiden una cobertura más amplia, por dejar fuera a determinados colectivos. Por otro, problemas como el desconocimiento de su existencia, las dificultades relativas a la solicitud (brecha digital, burocracia…) o el estigma social asociado a ser beneficiario de este tipo de prestaciones hacen que algunas personas no lleguen a solicitarla.

A través de un análisis comparativo de tres comunidades autónomas (País Vasco, Cataluña y Madrid), el estudio muestra que una estrategia adecuada de combinación de esta prestación con otras rentas mínimas de aplicación autonómica puede mejorar sustancialmente su alcance, como ocurre en el País Vasco. En sentido opuesto, en comunidades como la de Madrid se está produciendo una sustitución prácticamente completa de la renta mínima por el Ingreso Mínimo Vital, sin que esos recursos se reorienten a otras prestaciones similares. En un punto intermedio, en Cataluña las dos prestaciones se complementan y alcanzan así a más personas.

[1] Disponible en: https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/garantia-ingresos-derechos-ciudadania

Número 16, 2024

Thomas Ubrich, equipo de estudios de Cáritas Española

Puedes encontrar a Thomas en X (antiguo Twitter).

Las personas migrantes son un grupo particularmente vulnerable. Su situación es frágil y a menudo viven en condiciones extremadamente precarias, con ingresos muy bajos y grandes dificultades para acceder al empleo, a la vivienda e incluso a la salud. Los discursos estigmatizadores contra ellas alientan la indiferencia de la opinión pública hacia su situación y explican el apoyo a políticas que reducen sus derechos en nuestro territorio.

En general, las personas migrantes en situación irregular sufren mayores vulneraciones de derechos, lo que provoca que la exclusión social les afecte tres veces más que a la población española. Estas personas casi no reciben ningún tipo de ayuda: los ayuntamientos y comunidades les ponen muchas dificultades si no están empadronados al menos un año.

En España el actual marco legal es insuficiente e inadaptado, lo que muchas veces genera un abandono institucional casi completo de estas personas que se ven abocadas a la economía sumergida y a ir al Banco de Alimentos u otras pocas entidades obligadas a rescatar, apoyar y ayudar de estas personas.

En definitiva, actúan junto a las personas migrantes para que sus derechos sean respetados y sus necesidades primarias cubiertas en todas partes. También trabajan diariamente para promover su integración y cambiar la percepción que tiene la sociedad española sobre estas personas.

Las personas en situación administrativa irregular en nuestro país son una realidad invisible, aunque muy presente y cada vez más numerosa. De forma estructural, no disponemos de cifras precisas sobre el número de extranjeros en situación administrativa irregular en España. Su realidad no es reconocida en los datos oficiales.

Desde la Fundación FOESSA se ha realizado una estimación de las personas residentes sin estatus legal en nuestro país a partir de los datos aportados por las Cáritas Diocesanas de todo el territorio español. Según este cálculo, en el año 2022, aproximadamente una tercera parte de la población acompañada a través de sus programas y recursos se encuentra en situación administrativa irregular, al menos 500.000 personas que necesitan del apoyo de Cáritas un periodo medio que oscila entre 1 y 2 años. Esta cifra representa un incremento del 43% con respecto del dato estimado en el año 2019, que se situaba en torno a 350.000 personas.

Para Cáritas, toda persona tiene derecho a que se preserve su dignidad e integridad. No obstante, tanto Cáritas como otras organizaciones sociales se ven forzadas a una especialización hacia la atención o acompañamiento de estas personas para paliar la desprotección que les afecta. La garantía de los derechos humanos de todas las personas migradas no puede estar en manos de las organizaciones sociales o de la sociedad civil, sino de las instituciones públicas del Estado que son los titulares de obligaciones. Para ello, es fundamental poder avanzar hacia una puesta en práctica real de las vías legales para obtener una autorización de residencia y/o trabajo que en la actualidad han tenido un desarrollo normativo escaso. Además, debemos avanzar en una solución jurídica que garantice todos sus derechos y que no deje en el limbo de la irregularidad a personas que llevan años siendo nuestras vecinas y aportando a nuestra sociedad.

Hace poco más de un año, al salir de la pandemia y afrontando la dura crisis inflacionaria, el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, vaticinaba en su país el fin de la abundancia y de la despreocupación…

Con esto no quiso anunciar el final de una época en la que cada uno vive personalmente en la opulencia (todo el mundo sabe que no es así), sino el cambio de un régimen económico en el que los recursos están disponibles en abundancia a un régimen en el que los recursos son escasos y por lo tanto más caros. Porque cuando habla de abundancia, el presidente francés también habla de dinero público e inversión estatal, y augura un cambio de tendencia, que podría venir acompañado de una vuelta a políticas de rigor, de austeridad y de sacrificios adicionales.

Este cambio ciertamente conducirá a una forma de vida occidental más sobria, una forma de vida que muchos han estado pidiendo desde hace mucho tiempo, por razones ecológicas. Ante el colapso de la biodiversidad, el sobreconsumo de los recursos del planeta y el calentamiento global, la sobriedad debería ser, una meta por la que luchar para que toda la humanidad pueda seguir viviendo con dignidad.

Sin duda, hay motivos estructurales, climáticos, sociales, demográficos y tecnológicos que podría sostener la actual crisis inflacionaria o al menos que los precios de muchos bienes de primera necesidad pueden mantenerse en un nivel bastante elevado. Una dinámica que no encuentra una correspondencia en los ingresos de los trabajadores y, por tanto, podría abundar en la pauperización de gran parte de la población.

En paralelo a esto, es cierto que la ciudadanía occidental está poco a poco tomando conciencia de que el paradigma de una sociedad basada en un crecimiento infinito y sostenido en el tiempo, ya no puede tener cabida. Al menos tendremos que ir orientándonos hacia un crecimiento sostenible económica y socialmente. Eso sí un crecimiento inclusivo, pero para ello es primordial considerar la igualdad de oportunidades durante el crecimiento económico para todos los que participan en la economía. En otras palabras, requiere a priori de una integración social suficiente para participar plenamente en la sociedad.

Por su parte, España es una sociedad globalmente rica, que dedica una parte importante de sus recursos a la protección social. Sin embargo, son muchos los análisis que nos reafirman que la pobreza persiste en los periodos de bonanza económica y aumenta de forma notable en los periodos de crisis, y esto se relaciona principalmente con la debilidad de nuestro modelo de protección social y, en especial, de nuestro modelo distributivo. La desigualdad se mantiene alta a lo largo de los años y a pesar de sucesivos procesos de recuperación económica que hemos dicho no son capaces de reducir las brechas, sino que éstas se cronifican en niveles preocupantes, en particular para los grupos poblacionales más frágiles.

Y son precisamente estos grupos poblacionales, que no pueden cubrir sus necesidades más básicas, se ven obligadas a realizar una serie de difíciles arbitrajes, responder a dilemas imposibles entre calentar la vivienda o comer menos productos frescos y saludables… todas ellas estrategias que generan tensiones, incertidumbre y sufrimiento para todos los miembros de la familia.

Dicho de otra manera, es imprescindible repensar cómo gastamos y distribuimos los recursos disponibles y las riquezas que generamos para responder a diversos imperativos. Pero esto debe de hacerse siempre incluyendo la idea de suficiencia de los más frágiles, porque no basta con tener lo justo y estrictamente necesario. Tenemos que exigir y apelar por que se proteja y garantice el derecho a un nivel de vida adecuado. Para ello, tenemos que pensar qué se necesita para cubrir los gastos necesarios e imprevistos, pero incorporando la noción de holgura, es decir favorecer vivir en condiciones dignas que nos permitan tomar decisiones adecuadas sobre nuestra existencia y percepción del mundo.

La relación entre una vida digna y la cobertura de necesidades básicas es estrecha. Por tanto, debe reconocerse y defenderse la ineludible dignidad de toda persona, que debe materializarse en el reconocimiento y promoción de los derechos humanos. Para que nadie quede socialmente excluido, el Estado, junto a todos los agentes de la sociedad civil, debe permanecer presente y activo al servicio del bien común, orientados al bien de las personas, en particular de las más vulnerables. Además, cada persona tiene la responsabilidad de decidir si quiere vivir con holgura o abundancia a costa de los demás. En este sentido, fortalecer los mecanismos de inclusión de la ciudadanía en nuestra sociedad requiere también de decisiones personales que permitan re-vincularnos como comunidad y ciudadanía.

En nuestro país, el sistema de protección social y, más específicamente, las prestaciones que forman la última red de garantía de ingresos se mantienen como un factor determinante de las condiciones de vida y la suficiencia de las rentas de los hogares. Y la sostenibilidad de este sistema se encuentra estrechamente condicionado a la capacidad que tengamos para desarrollar una pedagogía fiscal que nos permita tomar conciencia de que un mejor Estado de Bienestar necesita que todos seamos conscientes de sus costes y de las seguridades que nos ofrece. Y en este proceso cabe plantearse la necesidad de acometer una reforma en profundidad del sistema fiscal y redistributivo.

En definitiva, para hacer frente a los grandes retos globales, y hacerlo luchando eficazmente contra diferentes manifestaciones de la desigualdad, es necesario combinar diferentes instrumentos de política orientada a la construcción de una sociedad más equitativa y cohesionada que pase irrevocablemente y ante todo por exigir la protección y garantía de los derechos humanos, en particular para los sectores más frágiles y expulsados de la población. Pero también es fundamental que tomemos conciencia como sociedad y como comunidad para favorecer esa transformación social.

Número 14, 2023

Thomas Ubrich, equipo de Estudios de Cáritas Española.

¿Podemos afirmar que el dinero da la felicidad? Desde luego que mal no viene… pero, ni su carencia puede explicar por sí solo las situaciones de vulnerabilidad social, ni cuando lo hay puede determinar nuestra calidad de vida.

Ahora bien, es manifiesto que el hecho de disponer o no de dinero, y según cuánto disponemos, tiene un impacto más o menos positivo en nuestro sentimiento de felicidad y sobre nuestra percepción de estar incluido o menos. Parece que de hecho esta relación es incluso más pronunciada cuando uno es más pobre que cuando uno es más rico. Una razón para entender esta afirmación es que el hecho de disponer de dinero es más eficaz para satisfacer necesidades deficientes o no cubiertas, que para satisfacer necesidades superiores, es decir las relacionadas con la autorrealización.

La falta de dinero suficiente para poder cubrir las necesidades esenciales obliga a muchas familias a hacer renuncias, arbitrajes imposibles entre comer productos frescos o poder llenar el depósito del coche, pagar el abono mensual de transporte, o comprar ropa nueva, materiales escolares o incluso posibilitar que los hijos acudan a una excursión del colegio. Estas estrategias o decisiones obligadas hacen muchos estragos en las familias y sus miembros, dejando heridas y cicatrices fruto de la ansiedad y el miedo al mañana que bloquea el poder planificarse y vivir con tranquilidad.

Globalmente, el 7% de las personas de 16 o más años reconoce no haberse sentido feliz nunca o solo alguna vez durante el año 2022[1]. Este porcentaje fue mayor a medida que descendía el nivel de ingresos, alcanzando casi el 10% de las que tenían ingresos bajos, frente al 5% de las de ingresos altos; es decir generando una brecha de desigualdad de 5 puntos porcentuales entre los que más tienen y los que menos.

Sentirse feliz solo alguna vez o nunca

Fuente: elaboración propia a partir datos modulo anual 2022 ECV, INE

Nota: Los quintiles de ingreso se obtienen al ordenar la población desde el individuo más pobre al más rico y luego dividir esa población en cinco partes iguales. Un “quintil” representa el 20% (o un quinto) del número total de individuos de una población determinada.

De la misma manera, la percepción de sentirse excluido de la sociedad (de acuerdo o totalmente de acuerdo) es casi 4 veces mayor entre la población con menos ingresos (12%) frente a la que más tiene (3,4%).

Sentirse excluido

Fuente: elaboración propia a partir datos modulo anual 2022 ECV, INE

Asimismo, algo similar ocurre si observamos la percepción de soledad, una vez más un nivel de ingresos más bajo parece asociarse con el sentimiento más negativo: un 4,1% del primer quintil de ingresos reconoce sentirse siempre solo frente al 0,5% del quinto quintil. Se trata de un sentimiento muy relacionado con el sentimiento de satisfacción con la vida, felicidad o inclusión, a su vez muy relacionado con la posibilidad de poder pedir ayuda a personas del entorno social más cercano: el 11,6% de las personas con los ingresos más bajos dijo no poder pedir ayuda a familiares, amigos o vecinos, frente al 3,4% de las personas con los mayores ingresos.

Siempre sentirse solo

Fuente: elaboración propia a partir datos modulo anual 2022 ECV, INE

En suma, tal vez no existan los medios ni los recursos para garantizar la felicidad, pero sin duda, las autoridades públicas pueden y deben garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado de todas las personas y familias, independientemente de su origen, su situación de dependencia o discapacidad, su composición familiar, su género, o cualquier otra cuestión que genere una situación de desventaja. Esta protección debe pasar indudablemente por un sistema de garantía de ingresos mínimos, así como de políticas públicas y sociales adecuadas y suficientes para permitir cubrir las necesidades básicas y esenciales, pero también asegurar una participación social en condiciones de dignidad y de libertad de elección.

[1] Módulos de salud y calidad de vida, ECV 2022, INE.

Número 14, 2023

Thomas Ubrich, equipo de estudios Cáritas Española.

La metodología del PRCVD nos acerca de manera real y concreta a las necesidades que debe cubrir cada tipo de familia, así como a las consecuencias de la privación de la satisfacción de dichas necesidades. Nos ofrece así un enfoque amplio de las necesidades sociales que surge de la mirada y el deseo de realizar una intervención preventiva e integral.

Introducción

En el debate público sobre la pobreza surge inevitable e insistentemente una pregunta: ¿qué es ser pobre? En una sociedad de mercado donde se pueden satisfacer a partir de la compra la mayor parte de las necesidades de la vida diaria –lo que exige tener ingresos suficientes para costearla– esta pregunta suele tomar una forma más precisa y concreta: ¿por debajo de qué nivel de ingresos podemos considerar que somos pobres? ¿Cuánto necesitas como mínimo para vivir dignamente?

Existen reflexiones en la literatura académica que permiten una definición general de lo que es la pobreza. Volveremos sobre esto brevemente en este artículo. Por otro lado, actualmente no hay una respuesta satisfactoria a la segunda pregunta, más concreta. En el tema de la pobreza, como en el de la desigualdad, no se puede escapar de una posición normativa. Por lo tanto, se hace preciso establecer mediante qué proceso desarrollar dicho estándar de referencia para asegurarle una legitimidad social, política y científica lo más amplia y robusta posible.

Es en gran parte para responder a este objetivo de legitimación social, pero también para analizar con más realidad y detalle qué situación y qué sufrimiento viven las familias cuando tienen que renunciar a necesidades básicas por no poder costearlas, que se ha desarrollado un trabajo en los últimos años que tiene como objetivo, siguiendo las propuestas previas en diferentes países del entorno europeo, desarrollar y analizar el Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (PRCVD en adelante).

El artículo está organizado de la siguiente manera. Primero discutimos brevemente los límites de los puntos de referencia existentes para definir un nivel de vida mínimo decente (I). Luego presentamos algunos aportes conceptuales y teóricos que pueden haber inspirado la construcción del presupuesto de referencia (II). A continuación, el artículo presenta y explica el método que se ha escogido en la construcción del PRCVD (III). Por último, presentamos la relevancia de tener el PRCVD para la intervención social, el diseño de políticas sociales y su relación con la acción social para la inclusión social: de la necesidad de una intervención integral (IV).

I. Puntos de referencia existentes para acercarse a un nivel de vida mínimo digno y sus límites

Hoy en España hay varios referentes en el debate en torno a lo que es un nivel de vida mínimo digno. El primer indicador, el oficial y más difundido, es el umbral de pobreza monetaria publicado por el INE y Eurostat. En realidad, deberíamos hablar de umbrales de pobreza monetaria porque existen varios niveles, definidos como un determinado porcentaje de los ingresos que permiten un nivel de vida de referencia, en este caso el nivel de vida medio. El INE actualiza anualmente dos umbrales, situados respectivamente en el 40% y el 60% del nivel de vida medio. Por su parte, en los llamados indicadores de Laeken, utilizados a nivel de la Unión Europea, se ha fijado el umbral del 60% para calcular la tasa de riesgo de pobreza. En 2020, el umbral de pobreza monetaria del 60% era, para una sola persona, ligeramente superior a los 800 euros al mes en España.

Estos umbrales son muy útiles para hacer el seguimiento de la evolución de los riesgos de pobreza y hacer comparaciones a nivel europeo. También permiten evaluar en qué medida ha empeorado o no la situación de estas poblaciones en riesgo de pobreza. Sin embargo, se basan en una convención estadística cuyos límites se perciben claramente: ¿por qué 60% y no 58% o 63%? ¿Por qué tomar como referencia una mediana y no un nivel de vida medio? De hecho, estas opciones no se basan en ningún análisis objetivo de los fenómenos de la pobreza y en ningún caso hacen referencia a las condiciones de vida.

Otro punto de referencia puede ser tomar el nivel de vida proporcionado por los mínimos sociales. La mayoría de los países europeos garantizan así una renta mínima. Esta definición político-administrativa de la pobreza adolece de límites evidentes, ya que al bajar este umbral de ingresos garantizados se reduce automáticamente el número de pobres, y viceversa. Estos beneficios sociales definen, en realidad, el nivel de ingresos que una sociedad se compromete a garantizar a las personas más desfavorecidas, pero en modo alguno garantizan alcanzar un nivel de vida mínimo digno que les permita salir de la pobreza. En España se utiliza el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que es el umbral de renta que sirve para establecer si se tiene o no derecho a acceder a ayudas por parte de las administraciones. Son muchas las fuentes que consideran que una de las causas de la falta de eficiencia y cobertura del sistema de protección social español para luchar contra la pobreza es precisamente que los umbrales de renta son demasiado reducidos.

II. Aportes conceptuales y teóricos: ¿Qué necesitamos para vivir decentemente?

Como decíamos, la definición de estos umbrales relativos se basa únicamente en una aproximación económica de los ingresos disponibles por los hogares y no tiene en cuenta las circunstancias concretas de los mismos ni la diversidad de necesidades que pueden afrontar según sus circunstancias sociales y características sociodemográficas.

Una alternativa para la medición de la pobreza es utilizar una aproximación que parta precisamente de las necesidades de los hogares, definiendo una cesta básica de bienes (vivienda, alimentación, ropa, ocio, etc.) y servicios y derechos (cuidado de menores y dependientes, transporte, educación, etc.) que se consideren imprescindibles para una existencia digna.

Cabe, por tanto, introducir brevemente el concepto de dignidad en su relación con la cobertura de necesidades básicas. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente (Fratelli Tutti, 2020). Esta dignidad no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser y va más allá de cualquier cambio cultural y época de la historia. En materia de derechos humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado (Art.25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) implica garantizar la accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, disponibilidad, idoneidad y calidad en cada uno de los ámbitos. De esta manera, la tradicional jerarquización de las necesidades (Maslow, 1943) se muestra inadecuada e incompleta y, en consecuencia, es fundamental buscar inspiración en elementos y aspectos del desarrollo humano (Elizalde, 2000) que se asocian directamente con las dimensiones de las estrategias de afrontamiento de las situaciones de privación. De hecho, debe complementarse con el enfoque de capacidad (Sen 1987 y 1993), según el cual la pobreza no se puede reducir a la falta de ingresos o recursos, sino fundamentalmente a la ausencia de capacidad: las personas en situación de pobreza son aquellas que no cuentan con la libertad o capacidad de elegir y, por tanto, no pueden llevar a cabo su proyecto de vida. La dignidad intrínseca a cada ser humano exige asegurar que todas las personas tengan garantizado el acceso a sus derechos, autonomía, y participación en la vida social. Dicho de otra manera, las situaciones de privación y las correspondientes decisiones de renuncia a un bien de primera necesidad, está directamente erosionando una capacidad de desarrollo humano y, por tanto, hablamos de derechos vulnerados para las personas y familias.

III. Aspectos de la metodología del PRCVD

Frente a estas premisas teóricas y las limitaciones de los indicadores oficiales, en el año 2020 Cáritas y FOESSA quisieron iniciar un trabajo destinado a desarrollar un Presupuesto de referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (PRCVD).

Inspirado en otras experiencias europeas -sobre el que la UE también está trabajando con el objetivo de definir una metodología común de medición en los estados miembros-, el enfoque adoptado opta por un método mixto de evaluación de necesidades, pero fuertemente enmarcado por la experiencia. El proyecto consistió en reunir a grupos de expertos para desarrollar un consenso sobre el contenido de la canasta de bienes y servicios necesarios en España para vivir dignamente. Posteriormente, se procedió a calcular, testear y probar el PRCVD entre una muestra representativa de hogares.

Pues bien, una vez definida esta cesta básica, se procedió a calcular un presupuesto de referencia teniendo en cuenta no sólo las variaciones regionales o locales en el coste de la vida, sino también y de manera fundamental, las necesidades específicas de cada tipo de hogar según su composición y sus circunstancias. Es decir, el presupuesto de referencia es diferente para cada hogar en la medida en que cada uno de ellos tienen circunstancias diferentes (tipo de familia, lugar de residencia, etc.).

Esta metodología analiza todos los gastos mínimos en bienes y servicios necesarios para que una familia participe efectivamente en la vida social, con miras a una inclusión social sostenible y no a la mera supervivencia. Este indicador contempla no solo el acceso a los alimentos, sino también otros bienes necesarios tales como la vivienda y su equipamiento o suministros, como la energía o internet. Además, toma en cuenta el acceso a derechos como la educación, el ocio, los gastos sanitarios o la atención a las situaciones de dependencia. Al final, por tanto, las necesidades identificadas no se limitaban a las necesidades consideradas como vitales desde un punto de vista meramente biológico, sino que también incluía las necesidades consideradas socialmente necesarias para vivir decentemente en una sociedad determinada. En resumen, el presupuesto resultante es la suma de ocho partidas de gastos necesarios para que cualquier hogar pueda vivir en condiciones dignas.

Finalmente, con el fin de testear y construir el modelo definitivo, se ha realizado una encuesta a una muestra representativa de 2.500 hogares de toda España con el objetivo de recabar información acerca de sus características y necesidades específicas, identificando así su PRCVD y valorando a partir de la información de ingresos si estos son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Asimismo, se ha indagado sobre las estrategias que adoptan las familias para solventar las dificultades económicas y la escasez de ingresos.

Los resultados son aleccionadores. Nos permiten obtener una clasificación para ubicar al conjunto de la sociedad en tres grupos: las familias que obtienen unos ingresos suficientes para cubrir sus necesidades (el 44,8%), las que se sitúan con unos ingresos cercanos a su presupuesto (23,7%) y, por último, aquellas cuyos ingresos quedan muy por debajo de lo que necesitarían para vivir con dignidad (el 31,5%). Casi un tercio de los hogares en España se encuentran en graves dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, es decir, que cerca de 6 millones de familias disponen de ingresos inferiores al 85% de su PRCVD. Se trata de un porcentaje de hogares muy superior a la tasa de pobreza relativa (20,7%) y a la tasa AROPE (25,3%) calculadas por el INE en 2019, lo que muestra que el PRCVD es más sensible a una identificación de las carencias más amplia y detallada.

Además de medir los niveles de privación, el análisis del PRCVD nos permite comprender las condiciones de vida de las personas que menos ingresos tienen en España, a través del conocimiento de las estrategias que despliegan para enfrentarse a sus dificultades. El análisis de dichas estrategias permite cuestionar las representaciones de la pobreza y las necesidades sociales, en otras palabras, de los estilos de vida de los hogares. En particular, nos permite acercar la mirada a las familias más frágiles, cuyo colchón es pequeño o inexistente y tratan de afrontar la falta o la pérdida de capacidad económica del hogar a través de variadas tácticas para sortear sus dificultades económicas. La constatación es inequívoca: estas estrategias no son inocuas en la vida de las personas y familias que las tienen que activar. De hecho, es más apropiado afirmar que no son decisiones, sino imposiciones marcadas por la privación, maniobras para la supervivencia con consecuencias negativas directas en todos los miembros del hogar.

Y es que hay personas que pueden verse obligadas a renunciar a la educación y a la propia salud, a reducir gastos en ropa y alimentación y a aceptar trabajos en condiciones precarias. La intensidad de estas decisiones es aún mayor en contexto de crisis y mayor precariedad de las familias. De hecho, sería muy útil poder estudiar casi en tiempo real el tipo de decisiones que se están tomando en la actualidad ante la dura y persistente inflación que azota a los hogares. Cuáles son y han sido los efectos directos de esta nueva crisis económica en la vida de las familias, qué pasos han dado para intentar mantenerse a flote, y qué diferentes estrategias se han puesto en práctica para hacer frente a una situación de dificultad sostenida en el tiempo.

IV. El PRCVD, ¿una herramienta para renovar las prácticas de apoyo y políticas de inclusión social?

La utilidad de esta metodología nace de la propia experiencia que Cáritas tienen en intervención social y de la que se vale FOESSA para iniciar y fundamentar el cuestionamiento de indicadores ya existentes, y para abrir el camino y desarrollar el indicador que presentamos. Éste permite el análisis de las condiciones de vida reales de la población, adaptando dicho presupuesto a las características específicas de cada tipo de hogar, de forma que la pobreza no se defina de manera abstracta y atendiendo únicamente a los ingresos, sino de una forma concreta, en relación con las necesidades reales de los hogares.

Así, el PRCVD da respuesta al fuerte desafío de la observación social: nos invita a descubrir a los invisibles, a quienes no utilizan los servicios sociales porque muchas veces no cumplen los criterios establecidos para medir la pobreza más severa y crónica, o porque creen que no es para ellos, pero cuyos ingresos no llegan ni se acercan al presupuesto de referencia. El estudio del PRCVD revela a un sector de la población que, sin ser pobre, cuenta con recursos modestos y experimenta periódicamente insuficiencias presupuestarias o tensiones para llegar a fin de mes.

En este sentido, el PRCVD brinda una visión más amplia de la estratificación social y los grados de dificultades sociales asociados con ella, sin invisibilizar las difíciles situaciones que afrontan y en las que viven las clases trabajadoras, a pesar de que no se sitúen por debajo del umbral de la pobreza relativa. El PRCVD pretende completar y enriquecer el sistema de observación social de la pobreza y la exclusión social y entregar diagnósticos más certeros de los riesgos de descohesión social y para orientar mejor la acción pública.

Mientras que el análisis del riesgo de pobreza y/o de la tasa AROPE nos ayuda tradicionalmente a reforzar la certeza de la necesidad de dotar a nuestro sistema de protección social de una garantía de ingresos de los hogares cuando estos no son suficientes, y facilitar el acceso a puestos de trabajo que generen ingresos adecuados y condiciones laborales que eviten la precariedad. Por su parte, el análisis del PRCVD ofrece un indicador adicional y complementario, destacando qué es lo que los hogares necesitan realmente para vivir dignamente y analizando qué les ocurre cuando sus ingresos no les permiten alcanzar este presupuesto mínimo. Sin duda, al identificar claramente las partidas de gasto familiar, el presupuesto de referencia complementa los indicadores existentes y se posiciona como una herramienta potencialmente útil y eficaz para poder apoyar al trabajo social con las familias, así como orientar las políticas de inclusión social.

El análisis del PRCVD se plantea como una contribución a la reflexión sobre la optimización de las políticas sociales y el gasto social desde un abordaje multinivel y multidimensional que vaya más allá de los ingresos disponibles. El análisis del PRCVD y las estrategias de los hogares viene a apoyar a las administraciones públicas en su reflexión sobre la oferta de servicios a implementar para ayudar a las personas con dificultad a acceder a los bienes y servicios considerados necesarios. El objetivo de una vida digna debe ser abordado de manera sistémica, es decir que se impone la necesidad de una intervención integral.

De hecho, el diagnóstico es claro, el origen de la precariedad y la carencia material está cada vez más asociado a la vivienda y los suministros, que se presentan como las partidas que más ingresos absorben del colchón económico de las familias. Los hogares con una situación residencial más inestable, en especial cuando éstos deben pagar un alquiler, suelen encontrarse en peor situación en cuanto a dificultades y al número de estrategias que deben activar para mantenerse a flote. En otras palabras, aunque sea primordial incidir sobre la garantía de ingresos mínimos, es fundamental actuar simultáneamente sobre otras esferas de la vida y proteger el acceso a otros derechos. De hecho, además de la vivienda, muchos de los gastos que se recortan son también fundamentales para una vida digna: salud, educación e incluso las relaciones sociales y los cuidados y ayudas a otros. Por lo tanto, las políticas públicas deben orientarse a contrarrestar las causas de la pobreza y, también, a paliar sus efectos velando, en primer lugar, por asegurar unos ingresos mínimos a las familias por la vía del empleo (u otras) y complementar cuando éstos no sean suficientes.

Conclusiones

En España, el ingreso digno es (mucho) más alto que la línea de pobreza relativa. Un presupuesto digno permite tener recursos suficientes para las necesidades básicas de la vida diaria, pero también para participar en la vida social. Cáritas y FOESSA han impulsado una metodología innovadora y eficaz para analizar las condiciones de vida reales de las personas y familias. El PRCVD ofrece un enfoque más abierto, que va más allá de una aceptación «estática» de las necesidades sociales. Por el contrario, las analiza como una cuestión en evolución, variable en el tiempo y en el espacio.

De esta manera, el PRCVD puede aportar una visión más amplia y orientar de manera más certera las estrategias de inclusión social, enmarcándolas en un proceso de prevención de los riesgos de pobreza y exclusión social. No se trata sólo de satisfacer necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud), sino de responder a la necesidad de estar en condiciones de participar efectivamente en la vida social (invitar a amigos, poseer algunos de los mismos juguetes o materiales que tus compañeros de clase, etc.).

Referencias

Declaración Universal de DDHH.

ENCÍCLICA Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social

Elizalde, A. (2000). “Desarrollo a Escala Humana: conceptos y experiencias”. Revista Internacional de Desenvolvimiento Local. vol. 1, n.° 1, p. 51-62, Set. 2000.

FUNDACION FOESSA (2022): El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo. Análisis y Perspectivas. Octubre 2022.

Maslow, A. (1943): Una teoría sobre la motivación humana

Sen, A. (1987). The Standard of Living. Cambridge: Cambridge University Press.

Sen, A. (1993). “Capability and Well-being”, en M. Nussbaum y A. Sen (eds.) The Quality of Life. Oxford

Número 14, 2023

Puedes escuchar la conversación con Javier Rubio en Youtube, iVoox y Spotify.

Número 12, 2022

Thomas Ubrich, equipo Estudios de Cáritas Española

Puedes encontrar a Thomas Ubrich en Twitter y Linkedin

En los últimos meses, una nueva crisis de tipo inflacionario ha agravado una situación social y económica todavía muy inestable e incierta como resultado de la crisis social y sanitaria asociada a la COVID-19.

La inflación ha ido creciendo hasta alcanzar máximos no vistos en 37 años y en julio ascendía al 10,8%. La Comisión Europea estima que cerraremos el año 2022 con una inflación global del 8,1%, y parece ser que llega para quedarse, ya que según la OCDE este dato seguirá en máximos en España, al menos, hasta el año 2024.

Toda la sociedad, empresas y familias, se está viendo afectada por el encarecimiento del coste de la vida: los recibos están aumentando y cada vez cuesta más llenar la nevera y pagar las facturas. El aumento de los precios erosiona el valor de los salarios y ahorros reales, empobreciendo así a las familias. Pero sin duda, de nuevo los más vulnerables son los más afectados. Los hogares de ingresos bajos y medios son generalmente más vulnerables a la alta inflación que los más ricos, debido a la respectiva composición de sus ingresos, activos y en particular de sus canastas de consumo.

Así, si el aumento del costo de la vida nos impacta a todos, este aumento que afecta particularmente al precio de los alimentos, la vivienda y el transporte, afecta más a las personas y familias más pobres, por la importante participación que estos gastos ocupan en su presupuesto. Los gastos esenciales (vivienda + alimentación + transporte) suponen reservar 61€ de cada 100€, y por tanto reducir a 29€ de cada 100€ a otros gastos igualmente importantes y necesario como son el vestido y el calzado, las comunicaciones, la sanidad, la educación y un largo etcétera.

Además, si desglosamos los datos de inflación, se ve que las mayores subidas de precios corresponden a los productos y servicios esenciales. Así, la inflación correspondiente a los gastos en vivienda y suministros (agua, luz, gas…) alcanzaba en junio de 2022 el 19%, igual que la partida de transportes. Por su parte, el crecimiento de los precios de la alimentación superaba el 13%.

Proporción de los ingresos destinados a vivienda y alimentos según nivel de ingresos de los hogares

Fuente: Elaboración propia basada en la Encuesta de presupuestos familiares (INE). Extraído de FOESSA (2022). Análisis y Perspectivas: El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo.

Esto supone que las familias deben dedicar casi toda su capacidad de gasto a cubrir las necesidades más básicas: vivienda, alimentación y transporte. Si antes de la crisis de la inflación, los hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales (el 31,7% del total de hogares) destinaban a estas tres partidas 61 de cada 100 de los euros que ingresaban, al terminar el año estarán dedicando 80 de cada 100 euros que ingresen. Peor les iba a las familias con ingresos menores a 1.000 euros (el 14,8% del total de hogares en España), que antes de la crisis se veían obligados a dedicar casi el 70% de esa cantidad exclusivamente a vivienda y alimentación y que al finalizar el año superaran los 80 de cada 100 euros.

Proporción de gastos esenciales (vivienda+alimentos+transporte) en 2021 y simulación de 2021+IPC a junio, según nivel de ingresos de los hogares

Fuente: Elaboración propia basada en la Encuesta de presupuestos familiares e índice de precios de consumo (INE). Extraído de FOESSA (2022). Análisis y Perspectivas: El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo.

La crisis inflacionaria nos plantea nuevamente el reto de una reforma profunda de nuestro sistema de protección social. Por un lado, necesitamos medidas urgentes capaces de paliar y mitigar el sufrimiento actual de las personas más vulnerables. Y por otro, es también esencial mejorar las políticas que protegen a los más vulnerables y luchan con medidas preventivas contra las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.

Esteban Buch Sánchez, coordinador general de Diaconía España

Miguel Ángel Martínez Gómez, técnico de proyectos de Diaconía España

Juan José Padial Suárez, técnico de seguimiento de Diaconía España

Puedes encontrar en Linkedin a Esteban Buch, a Miguel Ángel Martínez y a Juan José Padial.

Introducción

En las últimas décadas la sociedad ha sido sometida a un constante proceso de cambios, motivados por gran pluralidad de factores sociales, políticos y económicos, los cuáles, han determinado grandes desajustes en las formas de concebir los estratos sociales. Dichos factores, no solo han afectado de manera directa e indirecta a todos aquellos procesos subyacentes propios de una sociedad, sino que ha generado la aparición de nuevos perfiles de pobreza y retos sociales, que han sido agravados por las crisis generadas tras los años 2008, 2018 y la actual crisis post pandémica consecuencia de la Covid-19. Esta incipiente falta de oportunidades ha suscitado la aparición de nuevas formas de abordar los distintos yacimientos de pobreza, así como plantar nuevos modelos de financiación que permitan paliar los efectos generados por los acontecimientos acaecidos (García, 2017).

Cuando se decide intervenir sobre el fenómeno de la pobreza, caben diferentes formas de plantear la intervención. Sin entrar en el debate de cuál metodología es más o menos efectiva, desde Diaconía España creemos firmemente que, independientemente de la metodología, el abordaje de este fenómeno debe ser de manera integral. La experiencia que en la entidad hemos cosechado a través de nuestro Servicio de Atención a la Urgencia Social de Diaconía (SAUSD) a lo largo de 25 años de trayectoria, pero también la fundamentación teórica que desde el siglo XX se viene estableciendo, nos permite concluir que el abordaje de este fenómeno debe hacerse desde un enfoque multidimensional. Es decir, no reducir este fenómeno solo a la falta de oportunidades que tiene un individuo o familia para disponer de los recursos suficientes para cubrir necesidades básicas, sino también las condiciones psicosociales, políticas y económicas, entre otras.

Red de pobreza multidimensional

Es necesario entender la pobreza, como aquella situación donde no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de una persona debido a una limitación en el acceso a recursos básicos tales como: la vivienda, la educación, la alimentación, entre otros (Ruiz-Varona, 2018). Muchos a autores como Corredor (2022) entienden la pobreza como un concepto amplio y diverso donde se recogen diferentes aspectos relativos a los sistemas de interacción de los individuos con el medio que les rodea. Dicho tópico despierta un gran interés en los procesos de investigación que se realizan en los estudios de ciencias sociales (Natal, 2018). Por dicho motivo, es necesario entender la existencia de los diversos enfoques utilizados para comprender la realidad de la pobreza en la sociedad abordándolo desde una perspectiva multidimensional (Cortés, 2021). Algunos enfoques solo se centran exclusivamente a los ingresos y al consumo, pero en realidad la pobreza va más allá de todo eso y debe ser entendida desde un enfoque globalizador y multidimensional donde se relacionen todos aquellos aspectos que convergen en los procesos que subyacen a esta.

La Red de Pobreza Multidimensional (Multidimensional Poverty Peer Network) se establece como aquella medición de la pobreza, donde se reflejan las múltiples carencias a las que se enfrentan las personas al mismo tiempo (Ponce, 2019). Por tanto, se establece la multidimensionalidad del fenómeno en la siguiente figura (Figura 1):

Figura 1: Concepto Multidimensional de la Pobreza

De acuerdo con lo establecido anteriormente, a partir de la crisis generada por el Covid-19, el concepto de riesgo de pobreza y/o exclusión social se amplía no solo para considerar los términos monetarios (nivel de renta) y materiales, sino nuevos elementos que ameritan un abordaje integral y multidimensional (Lusting y Martínez, 2022). En este caso en concreto, como entidad del Tercer Sector, en Diaconía creemos urgente y necesario que se aplique este enfoque de forma transversal en las convocatorias de subvenciones públicas (Sarasa et al., 2016).

La realidad de la pobreza en España: análisis pre-post Covid-19

Si antes de la pandemia los datos de la pobreza en nuestro país ya eran preocupantes, después de la crisis sanitaria encontramos datos sumamente preocupantes. Centrándonos en la definición primaria de la pobreza, el dato más importante para comprender este fenómeno tras la pandemia es el crecimiento de la Privación Material Severa, que pasa del 4,7% al 7% en un año. Con un incremento del 49% y que significa que en España hay 3,3 millones de personas que se encuentran en esta situación (Utría, 2019). También se incrementa el porcentaje de personas que llegan con mucha dificultad a fin de mes, que pasa del 7,8% al 10% de la población, lo que se traduce en 4,73 millones de personas. La tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza y/o exclusión social, pasa del 25,3% hasta el 26,4% en tan solo un año, alcanzando la cifra de 12,4 millones de personas. El riesgo de pobreza, se incrementa tres décimas, hasta alcanzar el 21% de la población española, afectando a 9,9 millones de personas (Instituto Nacional de Estadística, 2021). Estos datos reflejan que la situación de precariedad y pobreza están relacionados con otros elementos como la cohesión social.

Trasladando esta realidad a la operativa que como entidad tenemos puesta en marcha para la atención integral de este fenómeno, nos encontramos diferentes obstáculos para la presentación de proyectos a subvenciones públicas que aborden la multidimensionalidad e integralidad de la pobreza (Rodríguez, 2020). Debido a esto, se decide desde Diaconía España establecer como objetivo de este estudio analizar y detectar las causas de la imposibilidad de presentación de propuestas de abordaje integral de la pobreza y, tras este, emanar propuestas que permitan reconfigurar el tablero actual sobre el que las entidades del Tercer Sector se mueven. También, como objetivo subyacente, este estudio se plantea poner de manifiesto la importancia de establecer políticas de financiación activas, que permitan la reconstrucción de los pilares sociales afectados tangiblemente por los efectos de la crisis de la Covid–19, así como los efectos arrastrados de la crisis de la postmodernidad (Parajuá, 2015).

Con las convocatorias nacionales y autonómicas de financiación de proyectos sociales para 2023 a la vuelta de la esquina, desde Diaconía España se considera necesario que se lleve a cabo un proceso de reflexión sobre la necesidad de abordaje holístico de esta problemática y que cuya conclusión permee no solo en la práctica de las entidades sobre su intervención contra la pobreza, sino también en las administraciones competentes para que promuevan la emanación de políticas sociales integrales. Para este caso, se entiende por política social integral sobre este fenómeno aquella que conjuga programas de generación de trabajo e ingreso, desarrollo humano y social y protección social, implantada, monitoreada y evaluada de forma intersectorial (diferentes sectores), descentralizada (diferentes niveles de gobierno), participativa (diferentes poderes gubernamentales —ejecutivo, legislativo y judicial—, organizaciones de la sociedad civil, empresas y voluntariado), asegurando el protagonismo de los pobres, focalizada en las áreas geográficas donde se concentra la pobreza y las familias más pobres, con prioridad en los grupos con alto grado de exclusión por región geográfica, género, raza, situación del jefe de familia, desempleo, grado de escolaridad, salud, etcétera (Engel, 2004:11). Pero, sumado a lo anterior, desde nuestra entidad también se cree que esta reflexión debe servir para apuntalar los compromisos contraídos con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.

Metodología

De acuerdo con la realidad antes descrita y a la realidad que como entidad del Tercer Sector experimenta Diaconía, se realiza un proceso de revisión documental haciendo uso de una metodología descriptiva mixta mediante la aplicación indicadores cienciométricos (Díaz, 2019). Este se realiza a través de un análisis comparativo entre la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2019-2023) y las principales subvenciones de ámbito nacional y autonómico a cargo de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para su ejecución en el 2022 para ver de qué forma esta estrategia permea en las diferentes convocatorias.

El criterio de selección de las subvenciones para el análisis antes citado se ha seguido bajo los siguientes parámetros:

• La presencia de Diaconía en el territorio nacional.
• El porcentaje del índice AROPE por comunidad autónoma, conforme a los datos publicados por la red EAPN 2021.
• El número de habitantes por comunidad autónoma.

De acuerdo con lo anterior, se seleccionan las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias con sus respectivas subvenciones, a las que se suma la convocatoria de IRPF estatal. Asimismo, se hizo un estudio en profundización de aquellas variables directas e indirectas que podían contribuir al desarrollo de investigación, centro esto en los aspectos de rigurosidad que poseen estudios similares a este.

Resultados

Cabe mencionar que la estrategia nacional de lucha contra la pobreza y la exclusión divide su acción en cuatro metas, de las cuales se desprenden objetivos y líneas de actuación para cada una de ellas. A la luz del análisis anterior y apoyándonos en investigaciones cercanas a este ámbito tales como las de Rovira (2019) y las de Vasco (2021), hemos obtenido los siguientes resultados distribuidos por las metas recogidas en la estrategia nacional:

• Meta 1 – Combatir la pobreza: Se observa que esta meta excluye en gran manera la intervención de las entidades del Tercer Sector y no se percibe un enfoque multidimensional de la pobreza. A pesar del título de la meta, ésta mantiene un enfoque económico de la pobreza en sus líneas de actuación. Si bien se han tomado algunas medidas, como la solicitud de gestión del IMV, consideramos que, ante los mejorables resultados de esta meta, se deben hacer esfuerzos tangibles para implicar más a las entidades del Tercer Sector en las líneas de actuación de dicha meta, ya que somos testigos directos tras el Covid, de los nuevos rostros de la pobreza que hay que analizar sumando a estas líneas de actuación. Con todo, a la luz de la estrategia nacional, no se encuentran referencias a las líneas de actuación de esta meta en las subvenciones analizadas.
• Meta 2 – Eficacia y Eficiencia de las políticas y Meta 3 – Protección social ante los riesgos del ciclo vital: Las metas 2 y 3 son las que contemplan y recogen mayoritariamente el trabajo de las entidades del Tercer Sector, pues centran sus objetivos en la educación equitativa e inclusiva, en la formación-empleo y en la protección social, que incluyen la salud y la vivienda. Es decir, contemplan más dimensiones de la pobreza. Tanto el estatal como los IRPF autonómicos recogen en sus bases de forma mayoritaria lo planteando, aunque las líneas subvencionables de actuación son muy vagas en cuanto se refieren a colectivos en situación de pobreza. En este sentido, se echa en falta líneas en las subvenciones que incidan en la multidimensinalidad y las problemáticas generadas por el Covid-19, donde las entidades del Tercer Sector podrían jugar un importante papel, y que cobra mayor relevancia tras la pandemia. Tales como programas de sensibilización sobre la marginalización de la pobreza y la aporofobia (recientemente tipificada como delito de odio en el código penal), nuevas formas de consumo sostenible y programas que atiendan las consecuencias de la pobreza y exclusión social.  
• Meta 4 – Eficacia y Eficiencia de las políticas: No hay correspondencia entre la meta y las diferentes subvenciones. Las líneas de actuación de dicha meta se excluyen de los IRPF. Más allá de programas para fomentar el movimiento asociativo y el trabajo en red, no se financia la participación de las entidades del Tercer Sector en el desarrollo de políticas sociales ni su interlocución con actores sociales. No se considera que el Estado no deba tener injerencia en esta materia, sino todo lo contrario; la lucha contra la pobreza pasa total y enteramente por decisiones políticas. Sin embargo, ante los mejorables resultados obtenidos y las consecuencias del Covid-19, entendemos que el papel de las Entidades del Tercer Sector debe incrementarse. La experiencia, la confianza y el trato directo con los beneficiarios nos proporciona un lugar de privilegio para un análisis multidimensional de la pobreza.

Conclusiones

Los resultados antes mencionados nos permiten obtener conclusiones sobre este fenómeno y su abordaje desde el sector público y Tercer Sector:

1. La estrategia nacional contra la pobreza existente fue creada en una época en la cual no existían muchos de los desafíos y desigualdades actuales que se han producido tras la Crisis del Covid-19. Los datos disponibles confirman la necesidad de revisar las acciones habituales del pasado, y que pasarían por entender la pobreza de forma multidimensional y otorgarle mayor relevancia a las entidades del Tercer Sector (Marba et al., 2022).
2. Se echa en falta mayor énfasis en las problemáticas agravadas por la contingencia sanitaria, como es la brecha digital (Robles et al., 2022).
3. A pesar del papel protagónico del Tercer Sector que se refiere en la estrategia nacional, consideramos que el campo de acción de las entidades es aún muy limitado.
4. Convenimos, al igual que la propia estrategia, que ésta y las líneas subvencionables plantean acciones paliativas frente a la pobreza desde sus múltiples dimensiones que pueden contribuir al cambio y el impacto social.
5. Por ello, se necesita mayor énfasis en la prevención y sensibilización, que aborden modelos de consumo sostenible y visibilicen nuevos fenómenos como la aporofobia (Rojas, 2018).
6. Ante la imposibilidad del Estado para efectuar sus actuaciones económicas frente a la pobreza, el Tercer Sector debería ser contemplado como aliado en esta prestación de servicio.

Propuestas

Por lo anterior, desde Diaconía España se creen necesarias contemplar las siguientes propuestas que son fruto del análisis y conclusiones anteriores:

1. Es urgente y se requiere de forma imperativa una ley integral frente a la pobreza que tenga eco en las diferentes autonomías.
2. Se necesitan líneas subvencionables que financien exclusivamente, aunque también las diferentes dimensiones en particular, el abordaje integral de la pobreza desde un análisis multidimensional.
3. Es necesario impulsar proyectos preventivos y de sensibilización que incidan en los múltiples factores potenciadores de situaciones de pobreza, como la aporofobia, nuevas formas de consumo sostenible y causas estructurales de la pobreza.
4. Sería de alto impacto una mayor participación de las entidades del Tercer Sector para las propuestas de futuras estrategias nacionales de lucha contra este fenómeno.
5. Creemos que el compromiso de España con la Agenda 2030 debe permear aún más en futuras estrategias de lucha contra la pobreza.

En Diaconía tenemos un fuerte compromiso con la lucha contra la pobreza y la exclusión social y creemos firmemente que este fenómeno está sujeto a voluntades que escapan del radio de acción de cualquier ONG. Sin embargo, creemos que hay mucho terreno por cubrir y queremos formar parte de la solución y no del problema.

La necesidad de abordar de manera integral y multidimensional todos aquellos aspectos relativos a la pobreza y a la financiación de la misma, será indispensable para generar respuestas ante la incipiente confrontación de la realidad (Urbina, 2016), promoviendo y generando actuaciones que permitan dar respuesta  la problemática detectada, con el objetivo de favorecer políticas inclusivas, que fomenten el cambio en la interacción social y disminuyan los índices y tasas de pobreza mencionadas (Wallerstein, 1996). Apostar por políticas generadoras de cambio, que fomenten la financiación de proyectos sociales favorecerá el cambio social y hará frente al choque de realidad existente promoviendo actuaciones de calidad y regeneradoras a nivel social, económico y político (Pina y Torres, 2004).

Bibliografía

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Díaz, S. E. A. (2019). Uso de indicadores cienciométricos: Uso de Indicadores Cienciométricos en el estudio de la producción científica Colombiana en el área de Matemáticas (Spanish Edition). Editorial Académica Española.

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Wallerstein, I., (Presidente), I. C. W. J., Humanidades, C. U. D. I. I. E. C. Y., & Mastrángelo, S. (1996). Abrir las ciencias sociales: Informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales (10.^a ed.). SIGLO XXI Editores.

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Número 11, 2022

Mihaela Vancea, politóloga. Responsable de investigación en protección social, Programa Desigualdad 0, Oxfam Intermón

Puedes encontrar a Mihaela Vancea en Linkedin.

Introducción

Las últimas estimaciones basadas en encuestas propias y en micro simulaciones (EINSFOESSA 2021; Monitor de Desigualdad Caixabank 2021; El Observatorio Social Fundación ‘la Caixa’ 2022) muestran que la crisis de la COVID-19 ha acrecentado las desigualdades socioeconómicas y la pobreza en España, una situación que seguramente se agudizará con la fuerte subida de los precios. El impacto sobre las personas jóvenes resulta ser particularmente intenso frente al resto de grupos de edad, debido a su escasa incorporación al mercado laboral, su extrema precariedad laboral, y el limitado acceso a las prestaciones sociales.

Actualmente, las personas jóvenes (de 16 a 29 años) son el grupo de edad con la segunda tasa de pobreza más alta (22,7%), cuatro puntos más que en 2008 (Alianza por la Juventud, 2022). Según Ayala Cañón et al. (2022), hay 2,7 millones de personas jóvenes entre 16 y 34 años afectadas por procesos de exclusión social, la mitad en exclusión severa (especialmente de empleo y vivienda), para las que resulta prácticamente imposible independizarse y comenzar a realizar su proyecto vital. Por rápida o ágil que sea la recuperación económica post-crisis, las consecuencias sobre la población joven requieren medidas urgentes, que generen empleo de calidad y mejoren los sistemas de protección social que permitan erradicar la pobreza juvenil y evitar la exclusión social.

El IMV: una prestación social que discrimina a la población joven 

Hasta 2020, España era el único país de la UE que no contaba con un programa estatal de renta mínima como una red de protección en la lucha contra la pobreza severa y la exclusión social.  El 1 de junio de 2020, acelerado a raíz de la crisis de la COVID-19, se pone en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a través del Real Decreto-ley 20/2020, como una medida de protección social que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Con su aprobación, el Gobierno esperaba llegar a 850.000 hogares (unos 2,3 millones de personas), erradicando así la pobreza extrema (1,6 millones de personas en 2020), haciéndola compatible con otras rentas salariales e incluyendo incentivos al empleo. Tras dos años de vigencia, aún no se dispone de su desarrollo reglamentario, por lo que se mantienen muchas incógnitas sobre determinados elementos de su puesta en marcha y sus posibles efectos.

A lo largo de 2021, se actualizaron las cuantías correspondientes a las diferentes categorías del IMV. De la misma manera, se modificaron las cuantías correspondientes a 2022, con un incremento puntual entre marzo y junio de 2022 de un 18% como resultado del alza de precios. La evolución de los expedientes aprobados y el número de beneficiarios ha ido ganando impulso a lo largo de los dos años de vigencia de este instrumento, alcanzando en marzo de 2022 un total de 1.064.809 personas beneficiarias (46% de lo inicialmente previsto por el gobierno). Las razones del retraso son múltiples, pudiendo citarse las dificultades para su acceso y solicitud, así como la dificultad de los trámites de comprobación de los requisitos, que hizo que la ratio entre solicitudes presentadas y aprobadas fuera muy baja en 2020 y 2021, para crecer paulatinamente durante 2022.

Gráfico 1. Evolución del IMV, diciembre 2020-marzo 2022.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos sobre la distribución territorial de las personas beneficiadas por el IMV (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, diversos años)

En 2020, la proporción de población joven entre 16 y 29 años con carencia material severa llegaba a un 18,4%, mientras que la población adulta de 30 a 64 años con carencia material severa representaba un 15,2%. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) era también más alta para la población joven entre 16 y 29 años (30,3%), en comparación con la población adulta entre 30 y 44 años (25,6%) o entre 45 a 64 años (26,4%) (ECV, INE). No obstante, de acuerdo con los últimos datos disponibles de finales de 2021, referidos a la distribución poblacional de los beneficiarios del IMV por grupos de edad, es significativo el escaso peso de las personas más jóvenes frente a las adultas.

Gráfico 2. Distribución de titulares del IMV por tramos de edad, noviembre 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de datos sobre la distribución territorial de las personas beneficiadas por el IMV (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, noviembre 2021)

Garantizar el derecho al IMV a la población joven

Aunque la población joven resulta ser uno de los colectivos más afectados por la crisis sanitaria, y probablemente también por el alza de precios, el diseño del IMV deja fuera a muchas personas jóvenes. En concreto, no contempla a las personas jóvenes de 18 a 23 años, aunque cumplan los requisitos de renta, y perjudica a las personas jóvenes de 23 a 30 años al exigirles más requisitos que para el resto de la población adulta. De hecho, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Juventud Española (CJE) en el informe Ingreso Mínimo Vital: ¿es justo con la juventud?, señalan la posible inconstitucionalidad que podría constituir esta discriminación por edad.

En este contexto, es imperativo seguir avanzando en la senda de la protección social y laboral de la población joven. Garantizar el derecho al IMV para todas las personas jóvenes es un paso esencial en la lucha contra la pobreza y la exclusión social de las mismas. En este sentido, proponemos ampliar el acceso al IMV para personas entre 18 y 23 años, equiparar los requisitos de acceso para las personas solicitantes entre 18 y 30 años con las del resto de población adulta, y asegurar la complementariedad con las Rentas Mínimas Autonómicas (RMA). Solo unas medidas sociales inclusivas y articuladas territorialmente tendrán suficiente capacidad para reducir la pobreza y la exclusión social de la población joven en España, probablemente, uno de los colectivos más olvidados durante los últimos dos años.

Bibliografía  

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Hernández Diez, E.; Presno Linera, M. A.; Fernández de Céspedes, G. (2021). Ingreso mínimo vital: ¿es justo con la Juventud? Consejo de la Juventud de España. http://www.cmpa.es/datos/571/Ingreso_Minimo_Vital3.pdf

Número 11, 2022

Víctor Renes Ayala, Sociólogo

La desigualdad, la pobreza y la exclusión social no son algo que solo padecen determinados grupos humanos, sino que es algo que revierte sobre la propia sociedad. En beneficio del bien común de todos y todas necesitamos erradicarla.

I

Hace poco me preguntaron por qué debe erradicarse la pobreza y la exclusión social[1]. Y después de un momento de duda pensé que me lo estaban preguntando por considerar que las personas en esa situación eran personas en situación de injusticia, debido a que la pobreza y la exclusión social es negación de derechos dado que en ella la dignidad humana queda negada y, por lo tanto, es injusto. Pero me decidí por pensar que me lo estaban preguntando desde otro punto de vista, el de una sociedad que conoce y sabe que la pobreza y la exclusión existe y, sin embargo, no acomete su erradicación. ¿No lo acomete porque no lo considera posible, rentable, beneficioso?, ¿porque considera que no es de su responsabilidad, o por un sin número de explicaciones que demoran el asunto para cuando se pueda? Sin olvidar que todo ello queda aderezado por la duda de si la sociedad tiene alguna responsabilidad, no sea que, si es cuestión de la responsabilidad, quede remitida a la competencia o incompetencia, a la responsabilidad o irresponsabilidad de los individuos, y, en concreto, de quienes están en esas situaciones.

La pobreza, por tanto, es un hecho que, como tal, oscila entre la paradoja de su realidad y de su invisibilidad; entre ser reconocido como un hecho existente, y ser considerado como un fenómeno social secundario a la hora de la toma de decisiones, especialmente en las decisiones que estructuran la sociedad. No cabe duda de que nuestra sociedad sabe que tiene un problema histórico en este tema, no en vano somos la 4ª economía del euro con una de las tasas de pobreza más altas. Pero la sociedad ha ido deglutiendo que la pobreza no tiene por qué estar en la primera página de la agenda, preocupada como está por salir de dos crisis sistémicas y prácticamente seguidas, la del 2008 y la de la pandemia. ¡Ahora lo que debe primar es el crecimiento! Cuestión en la que nunca se para nadie a pensar más en ello, porque se considera evidente y porque nunca se hace una retrospectiva de cómo, después de la crisis y con un nuevo crecimiento en expansión, se está haciendo frente a la desigualdad, a la pobreza, a la exclusión. ¿Es que una vez retomado el crecimiento se absorbe algo más que determinados efectos surgidos por tal crisis? ¿Todos? ¿Y la pobreza y la exclusión ya existente ante-crisis? ¿Y la estructura de la propia realidad de pobreza, y su dimensiones y condiciones, y su reproducción, y su permanencia, y su futuro dadas las decisiones que organizan y estructuran la propia sociedad?

Hubo una expectativa, allá por la década de los 80 y 90 en la que la pobreza estuvo en la agenda de la sociedad, de modo que la pobreza tenía toda una serie de retos que el propio modelo social tenía que afrontar. La pobreza estaba en el debate público, el famoso debate de los ocho millones de pobres, y eso ponía encima de la mesa que la problemática social tenía que contemplar este aspecto. Podíamos decir que ello nos llevaba a hacernos cargo de la pobreza en la construcción del Estado del bienestar. Y eso nos debía llevar a encargarnos de la pobreza ante la sociedad del crecimiento. Pero esto empezó a pesar cada vez más, y a lo más que llegamos fue a cargar con la pobreza en un modelo de desarrollo social precario. En definitiva, la pobreza siguió siendo un reto estructural.

Porque, a partir de la puesta en la primera página de la agenda, pronto las aguas volvieron a su cauce, y en el desarrollo de la Agenda Lisboa 2000, volvió a ser puesto todo bajo el paradigma del crecimiento. De modo que la propia actuación por la inclusión social, la propia política contra la pobreza, quedaba bajo el signo de lo que contribuía al crecimiento económico, que es lo que sancionaba las decisiones como acertadas o no. Cierto que se puede decir que esto es demasiado simple. Sí, si no se considera que una realidad compleja no se puede reducir a uno solo de sus elementos. Pero no, si se tiene presente cuál es el parámetro que articula esa complejidad. No se trata de olvidar las políticas por la inclusión social, como elemento significativo más elocuente de la complejidad. Pero tampoco se puede olvidar que esa misma estrategia se definía desde el parámetro del crecimiento. La inclusión lo debía ser en la sociedad del crecimiento, y eso en todos los ámbitos, empleo, formación, protección social, actividad de la economía verde, incluso inteligente, con todo lo que eso supone de gestión y construcción de sociedad desde las NTI.

Y cuando la respuesta se enfrenta con este proceso de pérdida de vigencia de la pobreza en la sociedad como cuestión sustantiva, la respuesta ante la pregunta formulada apunta a ponerlo de nuevo en valor. Dicho esto, debo reconocer que la pregunta que me formularon ha quedado sin responder. Porque para mí, la pobreza y la exclusión social hay que erradicarla por el Bien Común. Soy consciente de que esta respuesta se enfrenta con el muro que la ha dejado fuera de la agenda. Por otra parte, parecería lógico que la erradicación de la pobreza deba ser en beneficio de quienes la padecen. Y no es ilógico proponerlo así. ¿Por qué entonces focalizarlo sobre el Bien Común?

En primer lugar, precisar que en este enfoque no solo no están ausentes quienes se encuentran en estas situaciones, sino que están incluidos. Y, en segundo lugar y más importante, porque es un enfoque que no invisibiliza la responsabilidad de la sociedad, sino todo lo contrario. La cuestión es: si la pobreza es un hecho que hay que analizar como fenómeno social, es decir, como una relación social estructurada y estructurante de la sociedad, tenemos que contemplar los dos polos de esa relación, la pobreza y la sociedad en la que la pobreza existe, y la relación que se establece entre los dos. Análisis en el que ahora no podemos entrar, pero en el que me parece muy importante insistir en la conexión que se produce entre los dos polos.

Sin vida en común no hay sociedad. Por ello son decisivos los principios y valores que se tomen como los referentes que estructuran las grandes decisiones. Para ser sociedad deben girar en el sentido de construir vinculación social. Por ello, las formas de sociedad, las relaciones societales, en todos los ámbitos, no pueden quedar vinculadas a una sola, como está sucediendo en nuestra sociedad que están centradas en la relación de intercambio, guiada por el mercado. Así se trasmutan las relaciones de sociabilidad y societalidad que se generan desde las relaciones de reciprocidad y de redistribución.

Si tomamos como paradigma lo que es una red, sabemos que una red tienes conexión con todos los puntos. La red no tiene un principio y un final, sino que es la conexión entre todos; cualquier cosa que afecta a un punto, afecta a toda la red. Esa imagen de red sirve para analizar el conjunto de la sociedad, que es sistémica. Cada elemento tiene un gran valor, pero sus objetivos y fines están interrelacionados e interconectados; como en la sociedad. Hay que tener una visión holística y retroactiva, integral y global para desvelar todas sus potencialidades.

Esto es básico para poder plantear el tema del Bien Común como condicionante de lo que supone y exige la perspectiva de la erradicación de la pobreza. Y lo primero que constatamos es que el Bien Común es un referente que en nuestra sociedad ha quedado para el discurso, y este en muy contadas ocasiones. Y con ello no nos referimos solo a la pérdida de derechos, sino de la pérdida de las condiciones de acceso a los bienes necesarios para la satisfacción de necesidades básicas basadas en los derechos. Porque sin ello ni la dignidad de las personas ni lo que supone y exige una sociedad digna, son viables. Pero hoy constatamos que, cada vez más, todo gira en torno al individuo con olvido y menos aprecio de lo colectivo, de lo público. En esta lógica, aparece la culpabilidad individual ante la pobreza y la exclusión ocultando así que es un fracaso colectivo, e invisibiliza la responsabilidad colectiva.

Como una derivada, hoy no existe un concepto compartido (consenso) de lo que es el Bien Común. Su lugar lo ocupa el crecimiento económico, en el que la competitividad y la meritocracia ocupan los valores centrales. En una sociedad así, las estructuras generadoras de desigualdad quedan sin cuestionamientos, intocadas; ¿absueltas? Porque cuando se plantea el tema de la distribución, no es el Bien Común el eje del debate, sino la tributación. Y, junto con ella, la sospecha. No la sospecha de si así se puede mantener lo que con la tributación queríamos obtener, como la salud, la educación, la protección social, etc. La sospecha es que se da por entendido que es algo que le corresponde al individuo, y que eso está en la naturaleza de las cosas. ¿Qué espacio le queda al Bien Común? Y, desde ahí, ¿a la erradicación de la pobreza?

Si queremos una sociedad pacificada, donde sea posible la convivencia en la diferencia, necesariamente tenemos que generar condiciones para que todos puedan disfrutar de lo que significa ser sociedad, donde todos los seres humanos se puedan desarrollar. Justamente eso es lo que pretende la erradicación de la pobreza. Conviene señalar que lo contrario genera sociedades agresivas, muy agresivas. Y lo estamos viendo a nivel mundial con las guerras continuas, con los millones de refugiados y de inmigrantes económicos que hay hoy en el mundo. Y no nos damos cuenta de que la pobreza y la exclusión social no son algo que solo padecen determinados grupos humanos, sino que son algo que revierte sobre la propia sociedad. Por ello, decimos que en beneficio del Bien Común de todos necesitamos erradicarla.

Lo que, entre otras cosas implica que los recursos necesarios para ello no deben ser considerados como un gasto, sino como una inversión. Y es una inversión social que genera beneficios de todo orden: todos los seres humanos pueden contribuir a la sociedad y esto genera incluso crecimiento económico. Las crisis que estamos sufriendo no pueden ser superadas simplemente con recortes de gasto, exigen, necesitan inversión. ¿No es la pobreza y la exclusión una crisis estructural, sistémica, permanente? Para salir de una crisis hay que invertir en generar oportunidades de todo tipo.

II

¿Focalizar la erradicación de la pobreza y la exclusión social desde el Bien Común hace olvidar a las personas? Nada más lejos de la realidad. La cuestión es, ¿desde dónde se plantea y se construye el Bien Común? Recordemos que estamos hablando de la dignidad humana como fundamento del orden político y social, según el art. 10 de la Constitución, que es lo que anda en juego en la erradicación de estas situaciones. De esto trata el Bien Común, de la dignidad de la persona, especialmente en las situaciones que está más negada. Esto es lo que debe demandar la máxima atención de la sociedad, de los poderes públicos y de la propia ciudadanía, pues en ello definimos qué sociedad somos y queremos ser.

El art. 9.2. de la Constitución dice: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. ¿Por qué no está en la primera página de la agenda, social, económica, política y cívica, cuando se trata de la pobreza y la exclusión social? El Bien Común se la juega cuando pretendemos hacer frente a las desigualdades, a la pobreza y a la exclusión social. Y ello solo se consigue promoviendo las condiciones de la libertad e igualdad, y removiendo los obstáculos que impiden el bienestar de todos. Llama la atención que eso no aparezca cuando se está tratando de personas y grupos que no tienen tales condiciones, pues su propia pobreza y exclusión social se convierte en obstáculo para su erradicación.

¿Cómo afrontarlo? Depende del lugar social desde donde nos situemos, pues desde ahí veremos los obstáculos y las condiciones imprescindibles. Y para ello solo hay una respuesta: El bienestar social implica que hay que mirar desde los últimos y desde ahí ver a toda la sociedad. Y al ver toda la sociedad ver todo lo que necesita para que realmente todos podamos seguir siendo sociedad en plenitud y en dignidad.

La cuestión, pues, hay que llevarla a este lugar. ¿Qué ocurre cuando se hace la pregunta desde el lugar social de los últimos? ¿Qué se escucha ahí? ¿Alguien les está oyendo? Cuando se comparten estas preguntas con ellos mismos, la visión resultante responde a la cosmología social que está gobernando la intervención social en las situaciones de pobreza y exclusión, pues la intervención social es la concreción de la relación entre los dos polos de la relación pobreza-sociedad. ¿Una cosmología social? [2] La antropología dice que nunca quedamos al margen de una comprensión de la realidad, de unos valores a los que da cuerpo en su facticidad, de la suma acabada de representaciones del mundo y de la sociedad. Esto es, de una cosmología del espacio, tiempo, cuerpo (ser corpóreo), mundo. Así pues, ¿qué cosmología está sucediendo en el abordaje de la pobreza y la exclusión social?

En una cosmología social el espacio es un espacio existencial, lugar de experiencia de relación con el mundo de un ser esencialmente situado en relación con un medio. Pero lo que constatamos es que se está produciendo un no-lugar. No hay espacio, no hay lugar de relación con el mundo institucional que está cerrado, no abierto incluso físicamente, pero también relacionalmente, del que el mundo de la pobreza y la exclusión está EX-pulsado y no puede plantear sus condiciones de vida. Se ha cerrado lo presencial especialmente para quien necesita acompañamiento y asistencia incluso en la propia comprensión de su situación; o sea, para la relación persona (en pobreza y exclusión) y sociedad (la institución de la sociedad que debe hacerse cargo y encargarse de ello). Quien carga con la realidad no es el compromiso entre institución y persona, sino la persona sola, fuera de y abajo, ante unas instituciones que se han cerrado incluso a la propia reclamación, pues cuando se logra conectar, es muy habitual escuchar: no hay citas disponibles. Está perdida en ese no-lugar.

Pero ni las relaciones de las personas con quienes tienen la legitimidad, autoridad, capacidad para la intervención social, quedan enclaustradas en ese espacio, porque los procesos ni se paran ni se detienen. Por lo que la lógica de esa cosmo-logía, es también la del tiempo, del tiempo de los procesos que recorren la vida de los EX-pulsados. Por una parte, el tiempo de la urgencia ante los obstáculos para la supervivencia, con el que no se conectado ni se ha comprendido. Se trata de hechos que acaecen, no de los discursos o explicaciones. Por otra, del tiempo del proceso, largo y complejo, de ejercer su libertad y dignidad; su proceso de desarrollo humano. Pue si el espacio se clausura en el propio marco institucional, el proceso del tiempo de afrontar su realidad, ni es considerado ni es reclamable.

Qué corporeidad, como dimensión de esa cosmo-logía, qué concreción, qué comprensión, tienen sus necesidades. Prácticamente se puede resumir en la i-lógica de las carencias. ¿Y todo lo que las necesidades implican de desarrollo de capacidades y potencialidades? En estas situaciones ni son consideradas, ni se relacionan con los sujetos. Desde esta cosmo-logía no aparece este real y determinante cambio de concepción de la necesidad. Los sujetos, comprendidos como carentes, quedan igualmente comprendidos como no activos, y, por tanto, como no-actores. Vale preguntar en qué queda remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Quedan sin presencia, sin ser sujetos, sin ser sociedad. O sea, son los fuera de, los EX.

En esta cosmo-logía, ¿qué relación hay con el otro, con el mundo de los otros? Los otros no están ni en la agenda, ni en la comprensión de la relación pobreza-sociedad. Hay una relación abstracta derivada del distanciamiento entre el polo institucional (sociedad), y el polo personal (situación de pobreza y exclusión) que hace imposible el diálogo del encuentro. Se ha producido la pérdida de los vínculos sociales. No es extraño, pues, que nos cueste pensar en la alteridad. Se cierra la capacidad de comprender el sentido, o sea, la relación sujetos-medio social y sociedad. Con ello nos referimos al sentido que los seres humanos pueden dar a sus relaciones recíprocas; el sentido social. Y es precisamente de ese sentido del que hablan también los individuos cuando se preguntan o se inquietan por el sentido de su vida.

Pudiera parecer esta cosmología algo abstracto y desconectado del mundo de las personas, de los últimos de la sociedad. No es así. ¿Por qué? Lo que se escucha cuando se “está con y en” sus situaciones, espacios, tiempos, necesidades, y se oyen sus expresiones y vivencias, todo empieza por “SIN”: sin ingresos; sin RMI/IMV (y encima con requerimiento de una devolución imposible por la incongruencia entre esas tibias prestaciones); sin atención; sin posibilidad de que alguien presencialmente les ayude, oriente, acompañe; sin información: sin informática, cuestión dada por supuesto pues se impone como la única vía de intentar hacer algo; sin saber por qué  (o sea, por qué se ha creado este laberinto en el que se pierden, por qué no te oyen, por qué no te cogen el teléfono, por qué no te escuchan ni te contestan, por qué no te dan cita; por qué se dilatan hasta …); sin tiempo de respuesta, …..

Perdidos en un laberinto en el que se han visto instalados, sin que nadie explique por qué. Sin el acompañamiento que cualquier otra situación, aun menos grave, exige. Sin retornar a la atención presencial que en otros ámbitos sociales es real hace tiempo, pero que en este sector brilla por su ausencia. Sin que ni siquiera los servicios sociales comunitarios puedan resolverlo, encontrándose ellos mismos con el cuello del embudo que impide realizar su función. Sin dudar en exigir que las personas sean expertas telemáticas como quienes realizan este trabajo. Pero, eso sí, sin abordar ni la brecha digital, ni sus deudas, ni su desempleo, ni los fracasos escolares, formativos, laborales de los que siempre son acusados, ocultando así el fracaso de la sociedad en estos ámbitos, etc.

En resumen, ¿quiénes son? Ya ni siquiera son el grupo de pobres y excluidos. Son simplemente el grupo ‘sin’; o sea, el grupo de los nadie y los nada, de los que quedan invisibilizados; los sin grupo. Y, de remate, a su costa, porque resulta que la cuestión acaba siendo que no han resuelto ni afrontado su inexperiencia, incluso su incapacidad para ser los expertos tecnológicos que se exige como una evidencia indiscutible. Y se oculta el propio sentido de la pobreza y la exclusión. Y se niegan sus potencialidades y capacidades. Y se inutiliza su capacidad de actor de su propia realidad.

¡¡Paradójico, si no fuera sangrante!! ¡¡Cómo es posible que, en los momentos de máxima necesidad, se coloquen las máximas dificultades para los máximos necesitados!! ¿Que esto suena tremebundo? Hagamos comunidad, al menos de vivir en sociedad, de vivir en común las condiciones que no existen y los obstáculos que sí existen. Hagamos la comunicación de experiencia de vida para que cuenten, relaten, narren su realidad, lo que les dicen y lo que no les dicen, … Y luego vemos si esto es exagerado, o simplemente sangrante.

El Bien Común dice que para poder saber de qué estamos hablando, debemos ponernos en el final de la sociedad para poder ver los obstáculos a la justicia, la igualdad, la solidaridad, la libertad, la participación, el bienestar y la dignidad de todos y todas, para así poder erradicar la pobreza y la exclusión en beneficio de toda la sociedad. ¿No será que es esto lo que está en cuestión?

[1]  EAPN-ES (2021). «La pobreza y la exclusión social deben erradicarse en beneficio del bien común» Entrevista a Víctor Renes Ayala. Recuperado de: https://www.eapn.es/noticias/1460/%2522la-pobreza-y-la-exclusion-social-deben-erradicarse-en-beneficio-del-bien-comun%2522 [04 de enero de 2022].

[2] Hemos tratado este tema en Renes, V.: “Una nueva cosmología social”. En Documentación Social, nº 187. Madrid, 2017.

Enero 2022

El pagar más o menos impuestos es un discurso recurrente que se lanza desde diferentes posturas ideológicas, pero que no se relacionan con el obligado y necesario sostenimiento financiero de un estado de bienestar que ha de integrar las dificultades de ingresos de una parte de la población. Por tanto, ¿es la fiscalidad justa una noción subjetiva o una realidad pragmática? Entre los derechos y deberes de la ciudadanía, el artículo 31 de la Constitución española recoge que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Eso significa que el impuesto es un tipo de obligación que, para ser percibida como legítima por la ciudadanía requiere una justificación.  Así, si el impuesto puede justificarse por la necesidad de financiar las instituciones cuyo propósito es mantener el orden público y la convivencia, asegurar la existencia de servicios públicos o proteger las libertades individuales. Sin embargo, no es evidente que imperativos éticos puedan justificar el establecimiento de tasas elevadas, para asegurar una redistribución justa de la riqueza.

Así, según el barómetro del CIS de julio de 2020 sobre Opinión Pública y Política Fiscal[1], una amplia mayoría de la población considera que vive en un país con enormes diferencias sociales y fiscales, donde el 80% cree que los impuestos no se cobran de forma justa en relación con la riqueza. En consecuencia, los impuestos no solo deben ser abordados desde una obligación legal, sino que deben conformarse, por un lado, a partir de normas justas, proporcionales y redistributivas, y por otro, un principio de solidaridad propio de los estados de bienestar, que solo es posible mediante una verdadera conciencia fiscal, que se aprende, crea y consolida a través de una educación en valores asociados a unos principios de cohesión y solidaridad social.

Aquí asociamos la noción de justicia fiscal con la de justicia o equidad social que, a su vez, se aglutina en torno al principio de consentimiento fiscal. La justica fiscal incluye por tanto una dimensión democrática de consentimiento real a las elecciones o decisiones fiscales que son tomadas por un determinado gobierno competente. En otras palabras, un impuesto puede considerarse justo sólo si es un impuesto aceptado y comprendido por el conjunto de la ciudadanía que tributa.

Los impuestos nunca son neutrales. Los impuestos son un indicador del tipo de sociedad que se quiere construir. Son el semáforo del compromiso social que desarrollamos como sociedad con el bien común y el interés general. En otras palabras, la fiscalidad es el instrumento que nos ayuda a definir dónde se sitúa el interés general y se relaciona de manera inmediata con la definición del Estado como social y de derecho. El papel de la política fiscal es precisamente la principal herramienta que permite configurar el presupuesto del Estado y por tanto va a marcar fuertemente las políticas sociales y económicas, la existencia de servicios públicos, su alcance y/o cobertura. Es decir, el estado de bienestar no es posible sin un presupuesto, sin una política fiscal redistributiva ante los déficits estructurales del sistema social y económico del momento.

En el marco y contexto europeo, la fiscalidad juega tradicionalmente un papel determinante como zócalo para el mantenimiento de un modelo social, tanto para la ciudadanía como para las empresas y otros agentes sociales y económicos. Sin embargo, esto se debe hacer en un contexto muchas veces adverso, debiendo luchar contra la evasión fiscal y otros abusos fiscales que ponen en peligro el contrato social que tradicionalmente une a ciudadanos y gobiernos, y que también son una amenaza a las reglas económicas de la libre competencia en condiciones justas.

Si bien la justicia social es un valor que promueve el buen respeto de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad, su corolario debería ser precisamente una justicia fiscal y redistributiva. Sin una fiscalidad justa difícilmente se pueden cubrir las inversiones sociales que requiere un sistema de protección social suficiente, que es capaz de amortiguar las desigualdades sociales existentes y previniendo la aparición de nuevas formas y brechas en la sociedad. De la misma manera, solo por tener un sistema fiscal adecuado contamos con servicios públicos eficaces y de calidad para el conjunto de la ciudadanía: redes de transportes y carreteras, sistema sanitario y judicial universales, un impulso económico para la creación de empresas, etc.

Desde hace más de una década, los análisis de la Fundación FOESSA reiteran el mensaje de que la pobreza y exclusión estructurales en España se relacionan con la debilidad de nuestro modelo de protección social y, en especial, de nuestro modelo distributivo. La pandemia de COVID-19 ha evidenciado la necesidad de reimpulsar y fortalecer el estado de bienestar social para responder a todas las necesidades y demandas sociales. La actual crisis social exige de una reparación y reconstrucción que sólo puede pasar por profundas reformas de nuestro modelo económico, productivo y social, en particular a través del sistema de garantía de ingresos que ofrezca cobertura suficiente y digna a todas las personas y familias que lo necesiten.

Las políticas de recaudación y fiscalidad son las principales herramientas instrumentales para el estado de las que disponemos para lograrlo. Podemos referirnos al impuesto progresivo, sus justificaciones y reformas, los debates sobre el impuesto sobre sucesiones, la necesidad o viabilidad de un impuesto de sociedades y al capital financiero, o incluso cualquier otra forma de impuesto sobre el patrimonio, nuevo o no. También puede afectar a las herramientas fiscales que tienen como objetivo corregir los déficits estructurales asociados al IRPF o al impuesto de valor añadido, como principales instrumentos de recaudación estatal.

Es por tanto fundamental devolver su sentido a la recaudación de impuestos desde un enfoque de derechos humanos y compensatorio para asegurar la financiación de las políticas públicas que beneficien a toda la comunidad, en particular a los grupos más desfavorecidos; y de esta manera, reducir las crecientes desigualdades entre los estratos de la sociedad que acumulan más renta y los que menos tienen, u otras formas de desigualdad social o de género o circunstancial sobrevenida. En suma, la fiscalidad da sentido a la siguiente afirmación: no hay sociedad sin impuestos, es decir que no hay sociedad justa sin impuestos justos que incluya a toda la ciudadanía.

[1] Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Barómetro sobre Opinión Pública y Política Fiscal 2020. Disponible en: http://datos.cis.es/pdf/Es3290marMT_A.pdf

Número 9, 2021

Thomas Ubrich

Equipo de Estudios de Cáritas Española

La pobreza es una gravísima violación de los derechos humanos. Esta afirmación es la premisa para luchar eficazmente para su erradicación y aliviar sus efectos desde una responsabilidad colectiva.

En este sentido, es fundamental que como sociedad evolucionemos en la mirada que tenemos sobre la pobreza y las personas que la padecen. Este es el principal mensaje que transmite el video compartido por Olivier De Schutter, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos: Una manera diferente de hablar de la pobreza.

La pobreza, la exclusión y la desigualdad social no son problemas individuales sino estructurales. Es primordial cambiar nuestra perspectiva hacia un enfoque centrado en el individuo y superar el maniqueísmo que sugiere la existencia de una escisión entre personas pobres merecedoras y personas pobres malas y aprovechadoras. Persiste la idea que las personas pobres son pobres porque quieren o porque no hacen lo suficiente para salir de esta situación.

Dicho argumento explica la pobreza y su reproducción intergeneracional desde una visión de individualismo extremo. No obstante, tenemos que superarla para transformar las estructuras reales que condicionan las desigualdades.

En suma, la lucha contra la pobreza requiere, por un lado, ayudar a las personas en situación de mayor fragilidad, pero también fomentando las capacidades y las potencialidades acompañando su autonomía y, por otro lado, modificar las reglas que generan la precariedad y profundizan las desigualdades.

Una manera diferente de hablar de la pobreza: https://www.youtube.com/watch?v=xad8XEzDqww

Número 8, 2021

Raúl Flores Martos y Thomas Ubrich

Equipo de Estudios de Cáritas Española

Javier Alonso Torréns ha sido un sociólogo comprometido con la justicia social. Con este artículo queremos rendir homenaje a su labor investigadora y su importante legado en el ámbito de la sociología aplicada y la investigación social. En concreto, a la gran aportación que hizo a la sociología de la pobreza, mediante el análisis de la politología social. Queremos agradecerle su luz y su cercanía, su trabajo y su apoyo incondicional a la labor que desde Cáritas y la Fundación FOESSA hacemos en favor de las personas en situación de exclusión social.

1 – Un sociólogo comprometido con la justicia social

El pasado mes de enero nos dejaba Javier Alonso Torréns. Ha sido un sociólogo comprometido con la justicia social y precursor de la sociología aplicada y de la sociología de la pobreza. Un luchador incansable, que miraba el barrio y el mundo desde los ojos de los más débiles. Un investigador pionero en las técnicas y en el análisis de los fenómenos sociales que frenaban el desarrollo humano integral y la equidad.

Con este artículo, pretendemos reivindicar su labor investigadora, su capacidad para enseñar sociología aplicada y transmitir valores a la investigación social. Y en concreto la gran aportación que hizo a la sociología de la pobreza, mediante el análisis de la politología social.

2 – El origen del análisis de la polipatología social

En el año 1998 la editorial de Cáritas publicaba la investigación titulada: Las condiciones de vida de la población pobre en España, dentro de la Colección estudios de la Fundación FOESSA, una investigación ambiciosa y que supuso una gran aportación a la sociología de la pobreza. Fue el fruto de cuatro años de trabajo acumulado, del Equipo de Investigación Sociológica (EDIS) con Javier Alonso Torrens como director, y con las aportaciones de cinco investigadores (Luis Ayala, Fernando Esteve, Antonio García Lizana, Rafael Muñoz de Bustillo, Víctor Renes y Gregorio Rodríguez Cabrero).

Dentro de los fines de la investigación se subrayaba el objetivo de profundizar en la multidimensionalidad de la pobreza. Un propósito ambicioso y adelantado a su tiempo, puesto que se diseñaba mucho antes que la ONU contemplara el uso del índice de pobreza multidimensional y antes de que la Agenda 2030, a través de los ODS reforzaran la necesaria meta de reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

La observación (basada en una muestra extremadamente amplia, de 29.592 familias y 115.062 personas) de la acumulación de problemas en diferentes dimensiones de la vida, en las mismas familias y las mismas personas, permitió analizar la polipatología social de las personas en situación de pobreza. Para su medición se partía de un sistema de 36 indicadores estructurados en siete bloques temáticos (vivienda, educación, trabajo, salud, integración personal/familiar, integración social del territorio, estado de ánimo), y que tiene algunos puntos comunes y de conexión con la actual medición de la exclusión social, mediante el ISES (índice sintético de la exclusión social) de la Fundación FOESSA basado en 35 indicadores y ocho dimensiones de problemas de exclusión.

3 – La polipatología social en la investigación de la exclusión social

En aquellos últimos años del siglo XX, Javier Alonso sentaba las bases de la polipatología social en el mundo de los pobres. La citada investigación constituyó un paso decisivo para la comprensión de las condiciones de vida de la población, con una mirada más allá de la dimensión puramente económica, tradicionalmente abordada por la pobreza relativa (insuficiencia de ingresos). Y una investigación que pondría los cimientos de lo que posteriormente se ha desarrollado en el entorno de la Fundación FOESSA, para la operativización y medición de la exclusión social.

La polipatología social se puede observar en las distintas oleadas de la Encuesta sobre integración y necesidades sociales (EINSFOESSA), a través de diferentes análisis, aunque cabe destacar:

3.1. Población que sufre dificultades en muchas dimensiones de la vida

El ISES de FOESSA explora 35 indicadores que señalan situaciones de exposición a situaciones de exclusión social y lo hace a través de ocho dimensiones que tienen una especial relevancia en las condiciones de vida de las personas, y en su participación de la vida social: el empleo, el consumo, la participación cívico-política, la educación, la vivienda, la salud, el conflicto social y el aislamiento social. Desde la lógica de la acumulación de los problemas y de los itinerarios de exclusión social, es bastante frecuente que las personas/familias que están afectadas por indicadores de alguna de estas dimensiones, con el paso del tiempo, también acaben estando afectadas por otras dimensiones.

La característica más clara de la desventaja, la pobreza y la exclusión, es el padecimiento simultaneo de diversos males y carencias y por eso se hace difícil su tratamiento y más complicado su análisis. El fenómeno tiene muchas facetas y muchas caras simultáneamente. Se llama originariamente efecto Mateo por la cita bíblica del capítulo 13, versículo 12 del Evangelio de San Mateo, que dice textualmente: Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. En otras palabras, males llaman más males y bienes atraen muchos más bienes.

Por su parte, el sociólogo creyente y comprometido que era Javier, pero también apegado a la tierra y naturaleza, repetía como un mantra, pero siempre con benevolencia y compasión, el dicho popularmente conocido: a perro flaco, todo son pulgas, esta es otra forma de decir que las desgracias nunca vienen solas. Se entiende como el perro flaco a aquellas personas con menos recursos y las pulgas son los problemas. Así, aquellas personas que son desgraciadas, suelen atraer nuevas desgracias sobre ellas.

Gráfico 1. Distribución porcentual de la población española según la presencia de problemas de exclusión social en diversas dimensiones

A través de la EINSFOESSA vemos como la acumulación de problemas de distintas dimensiones ha venido ocurriendo desde el origen de esta medición y afectando una buena parte de la población. La situación más grave por la acumulación de dificultades y que mejor ejemplifica la polipatología social, la encontramos en aquellos hogares con cuatro o más dimensiones afectadas. Una situación que antes de la gran recesión solo afectaba al 2,6% de las familias, pero que, en la segunda oleada de la anterior crisis, rozaba el 8% de los hogares, y que incluso en la postcrisis y fase de recuperación del año 2018, seguía afectando a más del 5% de la sociedad y duplicando los valores del año 2007.

3.2. Población que acumula tantas dificultades y dificultades tan graves que se alejan extremadamente de la vida integrada

No son pocas las familias que se ven afectadas por 8, por 12, o incluso por 16 indicadores del sistema de 35 indicadores; lo que acaba provocando una acumulación en el valor del ISES que multiplica por 7 el valor medio del ISES[1] en la sociedad. Este extremo de la exclusión social (exclusión severa), resulta especialmente preocupante, ya que refleja la acumulación de una cantidad de dificultades que construyen una experiencia vital totalmente alejada de una participación social normalizada y que provoca la expulsión del espacio social.

De igual manera que algunas personas enfermas, con edades avanzadas o con dificultades de salud limitantes, a menudo contraen otras enfermedades, acumulando distintos problemas de salud, las personas y el cuerpo social en general, se asimilan al cuerpo humano, ya que determinados fenómenos sociales de pobreza y exclusión atraen nuevos problemas sociales y constituyen la polipatología social.

Gráfico 2. Distribución porcentual de la población española en intervalos del Índice Sintético de Exclusión Social (ISES)

El grupo poblacional, representado en su extremo con ISES > 7, al que denominamos sociedad expulsada, es la demostración de cómo la espiral de la exclusión social y la pobreza hunde a muchas personas y familias hasta situaciones de polipatología social extrema. Una realidad, que no ha dejado de incrementarse desde el año 2008, tanto en las fases de crisis, como en las fases de recuperación económica y que nos dibujan, un proceso de enquistamiento y cronificación de las situaciones de acumulación de dificultades en la sociedad, y ante las que no se está actuando con los recursos suficientes o con los recursos necesarios, a juzgar por el incremento sostenido en el tiempo.

El actual contexto de pandemia y las diversas crisis que se acumulan están haciendo estragos especialmente entre la población más vulnerable. La mirada sociológica nos hace temer que los datos de la próxima oleada de la EINSFOESSA (Encuesta sobre integración y necesidades sociales de la Fundación FOESSA), actualmente en fase de trabajo de campo, muestren aflorar un nuevo empeoramiento, con el surgimiento de nuevas brechas y nuevos problemas, así como de una mayor profundidad de los problemas ya existentes.

4 – Políticas sociales eficaces orientadas al polibienestar

La aportación de Javier Alonso y de EDIS a la sociología de la pobreza, no solo se concentró en la parte metodológica de desarrollar indicadores, nuevas mediciones, o nuevos análisis estadísticos, tampoco quedó circunscrita a la tarea más de diagnóstico de la realidad y de las condiciones de vida, sino que en su trayectoria y experiencia realizó aportaciones sugerentes a la investigación social operativa y aplicada. Buena prueba de ello es su contribución en La agenda de investigación en exclusión y desarrollo, coordinada por Fernando Vidal y Víctor Renes en el año 2007, en la que plantea la tesis de que los problemas de la pobreza, de la marginación o de la exclusión social ni son exclusivamente monetarios, ni se arreglan sólo con dinero. Desde esta constatación es necesario tener en cuenta que la lucha contra la pobreza y también, en teoría, se llega al convencimiento de que los programas de lucha contra la pobreza y la exclusión deben ser interdisciplinares y tocar y solucionar conjuntamente todos los aspectos carenciales que afecten a la persona o las familias que los padecen.

Por todos estos motivos, la concepción multidimensional de la pobreza y la comprensión de los fenómenos de empobrecimiento y exclusión social como procesos conectados, interrelacionados y en muchas ocasiones acumulados, es estrictamente necesaria para el diseño y sobre todo ejecución y buen desarrollo de las políticas sociales orientadas a luchar contra la pobreza, la exclusión social, y en general contra la desigualdad y la injusticia que se encuentran en el origen de estos fenómenos.

En definitiva, el bienestar de las personas y de una sociedad, debe ser construido desde la mirada de la polipatología y del polibienestar que Javier resumía en: El Bienestar se compone de muchos elementos: tener salud, también estabilidad emocional y afectiva, disponer de una vivienda digna y confortable, tener una cultura adecuada, tener resuelta la ocupación gratificante, disponer de elementos y equipamientos personales y familiares, recursos, en fin, acordes con el desarrollo actual, tener también resuelto los aspectos de ocio y del tiempo libre, gozar de una satisfactoria convivencia y tener a mano los principales servicios para resolver todos los problemas.

Descanse en paz Javier Alonso Torrens. Agradecidos y afortunados por haberte conocido y haber aprendido tanto.

5 – Referencias bibliográficas

EDIS (Equipo de Investigación Sociológica), Ayala L., Esteve, F. García A., Muñoz R. (1998). Las condiciones de vida de la población pobre en España. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA.

FOESSA (2008). VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas: Fundación FOESSA.

FOESSA (2014). VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas;  Fundación FOESSA.

FOESSA (2019). VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas;  Fundación FOESSA.

Laparra M. y Pérez Eransus B. (coord.) (2010). El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA.

Vidal F. y Renes V. (coord.) (2007). La agenda de investigación en exclusión y desarrollo social. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA

[1] El valor del ISES es el resultado de la suma de los valores específicos (cada indicador tiene su valor propio) de cada uno de los 35 potenciales indicadores afectados. De forma que un hogar puede registrar un valor muy alto en el ISES, ya sea porque está afectado por indicadores muy graves, o porque está afectado por muchos indicadores que suman un valor importante.

Abril 2021

José Luis Molina (Catedrático), Hugo Valenzuela-García (Agregado), Miranda J Lubbers (Agregada), GRAFO-Departament d’Antropologia social i cultural (UAB).

Puedes encontrar a José Luis Molina en Twitter; y a Miranda J. Lubbers en Twitter.

Introducción

El II Premio de investigación de la Fundación FOESSA (2019-2020) nos permitió abordar una investigación sobre la dimensión relacional y emocional de la experiencia de la pobreza en España. Para ello, adoptamos una estrategia de investigación mixta, consistente en la combinación de entrevistas en profundidad (20), análisis de redes personales y observación etnográfica en centros de atención social de Cáritas, ubicados en cuatro puntos de la geografía española: Castelló, Madrid, Albacete y Cataluña (Valenzuela García, Lubbers, & Molina, 2020). A través de los crudos testimonios de las personas usuarias, el instructivo diálogo con los profesionales y la observación directa de los centros y sus dinámicas, ha sido posible entender mejor los mecanismos que inciden en lo que hemos denominado un proceso continuado de pérdida, un proceso que aboca a llamar a la puerta de Cáritas u otras organizaciones asistenciales. A través de una perspectiva relacional es posible observar, no solo la privación material y el deterioro de la salud, sino también las dramáticas transformaciones que tienen lugar en el mundo social y simbólico de las personas vulnerables a lo largo de un proceso que, en ocasiones, puede ser felizmente revertido.

Un proceso continuado de pérdida en un contexto de desigualdad creciente

A nivel global, la desigualdad no ha dejado de crecer desde los años 80, erosionando tanto lo que habitualmente entendemos por clases medias como otros sectores sociales (Piketty, 2019). Este fenómeno es especialmente dramático en nuestro país, como demuestra el VIII Informe FOESSA que, antes de la actual pandemia, estimaba que el 18,4% de la población española (8,5 millones) estaba estancado en la exclusión, nada menos que 1,2 millones más que antes de la crisis del 2008-9 (Fundación FOESSA, 2019). En estas condiciones estructurales, susceptibles de empeorar, la pérdida del empleo, un divorcio, una enfermedad crónica, la muerte de un familiar querido y, por supuesto, una adicción, por citar algunos de los casos más comunes, pueden desencadenar ese proceso continuado de pérdida que lleva a la exclusión. Podemos resumirlo del siguiente modo:

a) Eventos desencadenantes y autodiagnóstico erróneo. En una situación de creciente vulnerabilidad y desprotección, alguno de los eventos que hemos comentado (o varios de ellos al mismo tiempo) pueden dificultar afrontar las obligaciones cotidianas, el alquiler o hipoteca, las cuotas a la Seguridad Social, o los gastos imprevistos. Por regla general el diagnóstico de la situación es erróneo: se suele considerar algo puntual, una mala racha, y no el inicio de un proceso acumulativo de deterioro.

b) Erosión acelerada del capital social. Al experimentar dificultades suele recurrirse primero a los lazos fuertes (familiares y amigos para obtener pequeños préstamos o ayudas puntuales) o, alternativamente, se opta por no pedir ayuda. En ambos casos se produce un deterioro del capital social, ya sea por la fatiga provocada en los lazos de apoyo (motivada por una dependencia crónica) o bien por la falta de interacción social motivada por la imposibilidad de costear su mantenimiento (asistencia a celebraciones, regalos, etc.) y la imposibilidad de mantener la reciprocidad de los intercambios, condición sine qua non de la sostenibilidad de la relación. Esto lleva a que las redes personales se hagan más pequeñas, y a menudo homogéneas en términos de nivel socioeconómico, lo que redunda en un mayor nivel de exclusión.

c) Aparición del estigma y la vergüenza asociados a un cambio de estatus. La situación de dependencia crónica, el hecho de no poder disponer del nivel de consumo asociado al grupo en el que estas personas se clasifican, conlleva a menudo que se les recrimine su situación y que se sientan avergonzadas por experimentar una situación de la que suelen sentirse responsables. Este estigma es a menudo reproducido en las regulaciones burocráticas que rigen el funcionamiento de las instituciones y el reparto de fondos o la provisión de servicios.

d) Contacto con las instituciones socio-caritativas y afrontamiento de situaciones de vivienda, alimentación, salud y deudas inasumibles, a menudo con instituciones públicas, en un contexto en el que el acceso al trabajo no garantiza la superación de situaciones de vulnerabilidad.

Este proceso es bien conocido por los profesionales de Cáritas con los que hemos tenido la oportunidad de conversar, aunque quizá no de una forma tan sintética y descarnada. Veamos a continuación algunas reflexiones que, esperamos, contribuyan a mejorar su trabajo.

Reflexiones para la intervención social

Indicadores relacionales de vulnerabilidad

Disponer de redes personales pequeñas y en la mayoría de las veces formadas por personas también en riesgo de exclusión (lo que se denomina redes homófilas; es decir, constituidas en buena parte por personas de similares características socioeconómicas), redes personales formadas exclusivamente por familiares (especialmente en el caso de las mujeres que tienen que sacar adelante a sus familias) y redes personales con presencia de profesionales son indicadores relacionales de la existencia de una situación de vulnerabilidad.

La Figura 1 presenta el caso de Joaquín (se usan siempre pseudónimos y la persona en cuestión no se representa), un caso en el que la red personal es mínima y con presencia importante de profesionales. En todos los casos analizados el apoyo emocional aportado por estos últimos (en términos de atención, comprensión y ayuda) se ha valorado como esencial. Por esa razón algunos usuarios se refieren a esos profesionales como su familia, una familia ficticia que resulta sin embargo crucial en tanto en cuanto adopta roles (y proporciona apoyos) reservados para unos lazos familiares que ya no están presentes – aunque eso no implica que no sean recuperables.

Figura 1. El mundo social de Joaquín: mínimo y con presencia de profesionales.

La Figura 2 muestra la red de Encarna, una mujer que ejerce el rol de cuidadora de una familia ampliada, con la mayoría de sus miembros en situación de dependencia o necesidad. En estas condiciones estas mujeres no pueden disponer de espacios de socialización alternativos, también importantes para el bienestar emocional, ni tampoco de tiempo para realizar actividades que no estén relacionadas con la reproducción de la unidad doméstica. La situación se agrava cuando se tienen que ocupar de personas dependientes al tiempo que trabajan, lo cual les obliga a hacer dobles y triples jornadas.

Figura 2. La red social de Encarna: familiares y un profesional

La Figura 3 muestra un caso en el que el profesional ya dispone de un rol periférico, aunque mantiene el contacto, lo cual es un indicador de que la red personal se está recuperando a través de la aparición de círculos sociales diferenciados de familiares y amigos o conocidos, que permiten a la persona recuperar la autoestima y la independencia. Este acceso a nuevas relaciones a menudo se acompaña con el acceso a distintas realidades socioeconómicas y nuevas oportunidades vitales.

Figura 3. La red personal de un Laureano que da signos de recuperar su mundo social, con círculos diferenciados.

En general, una red amplia y diversa, con diferentes círculos (amistades, trabajo, actividades sociales o deportivas, familia) indica una vida plena y satisfactoria. Esta red es la primera que sufre las consecuencias del proceso de pérdida que hemos descrito.

Repensar el rol del voluntariado y su formación

El voluntariado es un elemento fundamental de la acción socio-caritativa, al encarnar los valores del compromiso por los demás, la solidaridad y la igualdad, entre otros. Sin embargo, los voluntarios son también representantes de la sociedad general y, por tanto, en algunos casos suelen reproducir los discursos dominantes, entre ellos muy especialmente el prejuicio sobre quién merece la ayuda (porque se asume que no es culpable de su situación) y quién no la merece (porque se asume que se aprovecha de ella). La Figura 4 representa el discurso dominante que hemos llamado el estigma de los desclasados, o la clasificación de las personas excluidas y/o dependientes en categorías de merecimiento, incluyendo a aquellas personas con las que tienen contacto frecuente pero que consideran no merecedoras de la ayuda.

Figura 4. El estigma de los desclasados: merecimiento.

Estos prejuicios no son nuevos, sino que se pueden encontrar de forma reiterada en los discursos de justificación de la exclusión en todo el mundo. Por ello entendemos que los cursos de formación deberían reconocer la existencia de estos discursos y permitir a los voluntarios y voluntarias realizar su propia reflexión sobre esta cuestión. También sería interesante, en el transcurso de estos cursos, que participasen los distintos agentes (profesionales y voluntarios, naturalmente, pero también usuarios) mediante foros abiertos – por ejemplo, grupos focales.

La participación comunitaria y la creación de nuevos valores

Una de las lecciones aprendidas más importantes de este trabajo es que la red comunitaria constituye una protección del proceso de deterioro descrito anteriormente. En este sentido, las personas que consiguen (con la ayuda de Cáritas y otras organizaciones sociales) salir adelante manifiestan su disposición a devolver con generosidad la atención recibida, actuando como voluntarios/as o ayudando activamente a otras personas en situación de necesidad. Entendemos que esta solidaridad puede orientarse a actividades encaminadas a la creación de redes comunitarias que vayan más allá de las instituciones (en proceso de creciente burocratización) y descansen en asociaciones vecinales, clubs deportivos, entidades culturales, escuelas y ayuntamientos, entre otras. Estas iniciativas orientadas, por ejemplo, a promover buenas prácticas se han mostrado eficientes y permitirían a estas personas ejercer activamente un derecho de ciudadanía que nunca se les debería haber arrebatado. Resulta fundamental, no obstante, que estas iniciativas no se entiendan como lógicas impuestas de arriba abajo, sino al contrario, como iniciativas acompañadas, promovidas e incentivadas por todos los agentes, de manera que los participantes se sientan involucrados en la toma de decisiones y se sientan co-responsables de sus logros. Pensamos que ese es el verdadero reto de las instituciones de lucha contra la pobreza: lograr la inclusión y la creación de redes sociales sostenibles mediante la participación activa de los propios agentes involucrados[1].

Bibliografía

Fundación FOESSA (2019). VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid.

Piketty, T. (2019). Capital e ideología. Barcelona: Grupo Planeta.

Valenzuela Garcia, H., Lubbers, M. J., & Molina, J. L. (2020). Vivo entre cuatro paredes: La vulnerabilidad relacional en contextos de exclusión social. Madrid: Cáritas Española; Fundación FOESSA.

[1] Este es, precisamente, el punto de partida de un nuevo proyecto que sustenta parte de la reflexión de este artículo: “Dimensión comunitaria, redes sociales y exclusión social” (Acrónimo: DIMCOM). Proyecto I + D + i. Retos de Investigación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. IP: Hugo Valenzuela y Miranda J. Lubbers. Ref. PID2019-111251RB-I00. Periodo: junio 2019- junio 2023.

Número 7, 2021

Margarita León Borja

Investigadora Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) y profesora de Ciencia Política en la Universitat Autònoma Barcelona

Esta crisis nos deja al tiempo un paisaje desolado y otro que alberga cierta esperanza. Una profunda crisis social y una oportunidad de rechazar las lógicas endiabladas y absurdas del capitalismo financiero global.

Cuando la marea baja, el Mar de Wadden deja al descubierto unas marismas extensas que permite a los caminantes pasear sobre el barro en el que los pies se hunden. ‘Alpinismo horizontal’ parece que lo llaman porque atravesar el lodazal antes de que regresen las aguas comporta un elevado riesgo. Si no logras alcanzar alguna de las islas a tiempo, el mar te arrastra en su viaje de vuelta. Se trata de una infraestructura frágil para recorrer un paisaje a un tiempo hermoso y vulnerable.

Las huellas sociales que nos dejará esta escarpada crisis serán profundas porque transitan por los surcos de la anterior. A su vez, sin embargo, si lográramos entender bien las coordenadas de la travesía, la Covid-19 nos otorga la posibilidad de reestablecer equilibrios quebrados hace tiempo.

España salió oficialmente de la crisis financiera hace sólo cinco años. En esta media década hemos lentamente recuperado niveles productivos anteriores a la Gran Recesión, pero el tejido social quedó repleto de fisuras. Multitud de indicadores sociales reflejan la consolidación de una sociedad cada vez más desigual y polarizada, en el que las experiencias vitales de unos y otros se alejan, donde el Estado de Bienestar, si bien amortigua los efectos de la desventaja social, no parece estar especialmente dotado para revertirla.

En nuestro país la crisis del 2008 dejó al descubierto elevados índices de desigualdad fundamentalmente por la pérdida de ingresos de los hogares situados en la parte inferior de la distribución. La misma pauta la encontramos en el resto de los países del Sur de Europa. Entre los años 2008 y 2013, la pérdida de ingresos de la decila más baja fue del 51% en Grecia, 34% en España, 28% en Italia y 24% en Portugal[1]. El aumento de la desigualdad por el deterioro de las condiciones de vida de los hogares con menos ingresos implica a su vez un mayor riesgo de pobreza para esos hogares a no ser que actúe el Estado de Bienestar. Mientras que en la UE-10 el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social no varió de manera sustancial antes y después de la crisis, en los países mediterráneos, especialmente España y Grecia, el efecto fue significativo. En nuestro país, en el transcurso de casi una década, el riesgo de pobreza aumentó en un 13,4%. Pero además, para cualquier diagnóstico sobre la vulnerabilidad resulta imprescindible analizar posibles cambios en las características de las personas en situación de pobreza. Según diversas microsimulaciones, las personas pobres desde la perspectiva de los ingresos, durante los años de la crisis económica experimentaron pérdidas de ingresos mucho más severas que aquellos que se encontraban en esa misma posición con anterioridad. Es decir, las capas más desfavorecidas de la sociedad presentan, a partir de la crisis anterior, una vulnerabilidad mayor. El perfil de las personas pobres también cambió sensiblemente tras la Gran Recesión. La pobreza infantil relativa (la ratio de hogares con personas menores de 18 años que caen por debajo de la línea de pobreza, medido como la mitad de los ingresos medios del total de hogares) en España tenía en el 2015 el peor registro de toda la Unión Europea.

Los recortes en políticas sociales y la lógica de la austeridad como respuesta a la crisis dificultó enormemente la salida de la crisis. El fuerte aumento de demanda social en España (en los peores momentos, el desempleo alcanzó el 26% de la población activa) no fueron suficientemente amortiguados con políticas redistributivas que compensaran la pérdida de ingresos de sectores importantes de la población. El comportamiento del gasto durante la crisis económica consiguió proteger a algunos colectivos, pero no alcanzó a muchos otros. Las drásticas reducciones presupuestarias de los últimos tres años de recesión económica y un cierto mantenimiento del gasto en el resto de países comunitarios hicieron que la distancia con la media de los países de la Unión Europea comenzara a aumentar recuperando los niveles de partida del año 2000. En la práctica totalidad de los presupuestos sociales, los recortes nos devolvieron a niveles de una década atrás lo que supuso una importante ruptura con la pauta de convergencia europea que llevábamos observando desde principios del 2000.

En conclusión, las políticas de austeridad unidas al extraordinario repunte del desempleo, hizo regresar a nuestro estado de bienestar a un diseño clásico, en el que preservar pensiones y protección por desempleo exigió sacrificar prácticamente todo lo demás, especialmente los ámbitos de política más marginales desde el punto de vista presupuestario como vivienda, familia o exclusión social, pero también aquéllos más universalistas como educación y sanidad. La anterior crisis nos dejó una capacidad ciertamente mermada para hacer frente a los nuevos riesgos sociales con una palpable debilidad institucional en sectores claves de nuestro Estado de bienestar. Prácticamente una década de austeridad nos dejó un paisaje con fracturas más profundas, donde la fragmentación es a su vez, cada vez más compleja. Ha crecido la distancia entre los ricos y los pobres porque estos últimos están en términos relativos peor de lo que estaban en los años anteriores a la crisis. En nuestro país, el aumento de la pobreza es un reflejo de esta desigualdad y de la escasa capacidad de nuestro Estado de bienestar de compensar o atenuar estas distancias. Unas diferencias que se convierten para algunos en cadenas incluso antes de nacer. Las desventajas tienen un efecto multiplicador con importantes ramificaciones.

La crisis del Covid-19 llega en un momento en el que la estructura social estaba iniciando una cierta, aunque lenta recuperación. Indudablemente la capacidad de aguante del tejido social está enormemente condicionada por las debilidades estructurales que hacen complicado las travesías por las distintas coyunturas. La recuperación de la actividad económica y del empleo se ha realizado con fuertes dosis de precariedad laboral en un mercado de trabajo fuertemente segmentado y con todavía un importante espacio para la economía informal. Del primer informe de Cáritas sobre el impacto de la COVID-19 en las familias acompañadas por la organización (un total de 600 entrevistas realizadas entre el 4 y el 11 de mayo del 2020) se desprende la magnitud de la fragilidad de los hogares para hacer frente a esta nueva crisis. Las emergencias son de todo tipo. La encuesta advierte de la existencia de una emergencia habitacional entre las personas en situación de grave exclusión. Un 66% de los hogares que atiende Cáritas vive en régimen de alquiler, de ellos en el mes de mayo alrededor de la mitad afirmaba no disponer de dinero suficiente para pagar gastos de suministros o directamente gastos de la vivienda. 3 de cada 10 personas en exclusión grave carece de cualquier tipo de ingresos y únicamente 1 de cada 4 en ese grupo puede sostenerse del empleo. La limitación de movimientos y el trabajo telemático ha afectado especialmente a todos aquellos sectores que concentran a trabajadores y trabajadoras precarios/as. La pérdida de empleo en sectores como el turismo, la restauración o el transporte ha sido mucho mayor que en sectores con mayor volumen de trabajo cualificado y menos dependiente de la presencialidad.

Además, como característica específica de esta crisis, el confinamiento ha generado riesgos múltiples entre la población más vulnerable. El cierre de las escuelas y la no consideración de la educación como actividad esencial llevó a un elevado número de los hogares atendidos por Cáritas a tener dificultades relacionadas con el cuidado de menores, lo que les obligó o bien a renunciar a un puesto de trabajo (el 18%), a prestar menos atención a sus hijos (12%) o incluso a tener que dejarlos solos durante al menos dos horas diarias (6%).

El impacto del confinamiento ha estado tan desigualmente repartido que el último informe de la Fundación FOESSA, Distancia Social y Derecho al Cuidado, habla del riesgo del confinamiento con tres grandes categorías: el confinamiento seguro, el confinamiento de riesgo y el desarraigo[2]. Durante semanas, el encierro indiscriminado de la población ocultó las realidades dramáticas de miles de personas ya fuera porque las condiciones de habitabilidad no permitían un confinamiento digno, por la pérdida súbita de ingresos, o por el deterioro de las condiciones de salud. Con el tiempo emergerá una realidad social que debía haber estado presente en todas las formulaciones del Estado de Alarma. En el año 2019 el VIII Informe FOESSA ya advirtió de que la salud había empezado a convertirse en el determinante más influyente en los procesos de exclusión grave en algunas partes de nuestro país. La encuesta realizada ahora por Cáritas revela que el 60% de los hogares en exclusión grave ha visto cómo empeoraba su estado psico-emocional durante el confinamiento, mientras que el 26% consideran que ha empeorado su estado físico. Así, aunque hemos escuchado muchas veces decir que el coronavirus afecta a todos por igual, sabemos que no es cierto. La edad y las patologías previas se cruzan con otras fragilidades. Es evidente que no estamos todos igualmente expuestos ni al contagio ni a las consecuencias de confinamientos imposibles. Los fuertes determinantes sociales de la salud y la capacidad de resistencia a la enfermedad y el aislamiento nos dejarán nuevas muestras de la relación entre riqueza y salud, entre precariedad y sobre-exposición al riesgo.

Sin embargo, contrariamente a lo que sucedió en la crisis anterior, los estados de bienestar han cobrado protagonismo en la lucha contra la COVID-19. En prácticamente todos los países ha habido una cierta causa común con quienes más han sufrido. En nuestro país el Estado de Alarma impuso un confinamiento prolongado y estricto que fue eficaz para luchar contra la curva de la COVID-19, pero devastador en términos sociales y económicos. Distintas fuentes nacionales e internacionales predicen para España una de las recesiones más severas en la UE con un impacto muy negativo sobre el empleo y las finanzas públicas. FUNCAS prevé un escenario de contracción del PIB en torno al 8,4% en el 2020, con el déficit público y la deuda alrededor del 10% y el 114% del PIB respectivamente. En este escenario la expectativa es que España no pueda volver a niveles pre-Covid hasta el año 2023.

A pesar del escenario económico, las medidas fiscales en España para responder a la pandemia ascendían a finales del 28 de mayo a 12,4 % del PIB, la mayor parte de este esfuerzo fiscal se concentró en medias de liquidez para empresas e individuos que tuvieron que paralizar su actividad o perdieron el empleo. Más de la mitad del gasto en estímulo fiscal (€17,8 billones, 1,5% PIB 2019) se dirigió a la financiación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Hacia finales del mes de abril, más de tres millones de trabajadores/as se habían beneficiado de los subsidios de desempleo gracias a los programas de ajuste temporal de empleo. Al contrario de lo que sucedió en la crisis económica anterior, la flexibilidad interna introducida por los ERTES y la prohibición de despidos mientras durase el Estado de Alarma contuvo enormemente el aumento del desempleo.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido la otra gran medida social introducida destinada a proteger la pérdida de ingresos de los grupos más vulnerables. Con la expectativa de llegar a 850.000 hogares, el IMV supone un logro histórico sin precedentes. Todavía quedan muchas incógnitas por resolver (su encaje con los programas de renta garantizada autonómicas y la posibilidad de mantenerlo en el tiempo) pero de momento podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que la crisis ha funcionado en esta ocasión como ventana de oportunidad para introducir una medida (sin votos en contra en el Congreso de los Diputados) que llevaba en la agenda durante mucho tiempo, pero para la que era difícil encontrar el impulso suficiente.

Pero nuestro Estado de bienestar también ha mostrado durante la COVID-19 su lado más oscuro. Pese a los esfuerzos partisanos por vincular la elevada mortalidad en las residencias de mayores a una negligente gestión política, análisis de más recorrido señalarán hacia la debilidad estructural de estas instituciones, la abusiva precariedad de las trabajadoras en el sector, la desinversión pública a lo largo de las últimas dos décadas y el escaso valor social que otorgamos a la esencial tarea de cuidar y cuidarnos, como piezas clave en la reconstrucción de esta trágica historia.

A Modo de Conclusión

Conseguiremos una detallada cartografía de las huellas sociales de la crisis con algo de tiempo, perspectiva y buenos datos. Recorrida la emergencia, deberíamos otear el horizonte y consensuar una hoja de ruta. Sin embargo, nos enfrentamos a lo que posiblemente será la mayor crisis en la historia de la democracia reciente de nuestro país con un complejo escenario político. Imaginar un proyecto de reconstrucción común se intuye difícil cuando predomina y persiste el enfrentamiento, y del todo inviable mientras duró la excepcionalidad democrática de gobernar a golpe de decreto.

Escucharemos promesas de lecciones aprendidas, porque lecciones hemos recibido muchas, pero podrían hundirse en el lodazal. Confiamos en que Europa nos tienda una mano cuando el paisaje europeo tiene su propia mutante volatilidad. Con unas expectativas de desempleo por encima del 20%, una deuda pública disparada y una de las presiones fiscales más bajas de toda la UE, sostener en nuestro país un escudo social que representa casi el 20% del Producto Interior Bruto requerirá de fuertes ajustes. Los enormes conflictos distributivos de muy diversa índole que explotan con virulencia en la arena política desde hace algunos años harán difícil la, por otra parte ineludible, discusión de cómo hacer las sumas y restas.

Pero la fragilidad admite también cambio y esperanza. La recompensa por horas de travesía sobre el barro de Wadden es una diversidad biológica inusual. Esta crisis nos deja al tiempo un paisaje desolado y otro que alberga cierta esperanza. Como si quisiera darnos una última oportunidad. La oportunidad de tratar con dignidad a todas aquéllas profesiones esenciales que sostienen la vida, la oportunidad de tejer hábitats sostenibles y próximos, de recuperar el valor de lo público y la celebración colectiva, de respetar y procurar el derecho a la educación y a la salud como parte de nuestros derechos fundamentales, de rechazar las lógicas endiabladas y absurdas del capitalismo financiero global. Las crisis en algunas únicas ocasiones se convierten en palancas de cambio hacia una sociedad mejor, ojalá seamos capaces de leer bien las coordenadas de este nuevo mapa.

[1] Pérez, S. y Matsaganis, M. (2017): The Political Economy of Austerity in Southern Europe New Political Economy, 23(2): 192-207.

[2] Izquierdo, A (2020): Sociología del confinamiento: https://documentacionsocial.es/5/con-voz-propia/sociologia-del-confinamiento.

Julio 2020

Esteban Sánchez Moreno

Facultad de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid

La crisis económica que comienza en 2008, conocida como la Gran Recesión, constituyó un eje de inflexión a nivel global. En efecto, la fase de crecimiento previa desembocó en una recesión económica solo comparable, por su gravedad y la de sus efectos, con la Gran Depresión de comienzos del siglo XX. Se trata, por tanto, de un periodo central para comprender las sociedades contemporáneas, siendo sus efectos un elemento fundamental para la comprensión de dichas sociedades en el momento de escribir estas líneas. El presente artículo tiene como objetivo abordar, precisamente, algunas de dichas consecuencias. En concreto, en los párrafos que siguen se abordará el impacto de la Gran Recesión en la salud y en la calidad de vida, con especial referencia a la población residiendo en España. Se trata de dilucidar la medida en la cual el bienestar en nuestro país se vio afectado por el impacto de las crisis. Pero no solo se busca determinar el posible efecto de la crisis en la salud, sino también de comprender los mecanismos a través de los cuales se produce dicha relación. Y para ello, la hipótesis que se defenderá es que el impacto negativo de la recesión de 2008 en España solo puede comprenderse adecuadamente en el marco de la organización social de las desigualdades y el impacto de la crisis en nuestros esquemas de estratificación social.

1. La salud va por barrios

Se ha hecho ya popular esta frase: “El código postal es más importante para predecir tu salud que el código genético”. En un principio, esta afirmación puede parecer exagerada. Y de hecho lo es o, cuanto menos, se trata de una sobreactuación premeditada para poner sobre la mesa el debate en torno a la influencia de los procesos sociales en la salud y la enfermedad de las personas. Porque lo cierto es que la pobreza mata. Y en este caso no estamos ante una exageración. No solo porque existen contextos geopolíticos y sociales en los cuales la pobreza es pobreza entendida absoluta, causa de muerte prematura de forma evidente (por ejemplo, en muchos países del conteniente africano); no solo porque en determinadas sociedades la pobreza está inexorablemente ligada a una violencia estructural que es causa de muerte (piénsese en ciudades Latinoamericanas como San Salvador, Ciudad Juárez o los sectores de favelas en Río de Janeiro). En nuestro entorno más cercano, en las sociedades del bienestar, también la pobreza está vinculada a una mayor tasa de mortalidad. Esta es la conclusión de la investigación que en 2017 publicó la célebre revista The Lancet, que analizó los determinantes de la muerte prematura en un estudio multicohorte con 1,7 millones de personas. Los resultados mostraron que un estatus socioeconómico bajo estaba asociado con una reducción de 2,1 años en la esperanza de vida entre los 40 y los 85 años. Este resultado se obtuvo con una muestra procedente de siete países diferentes; ninguno de ellos era africano, ni latinoamericano, la lista no incluye La India, o países asolados por la guerra. Eran el Reino Unido, Francia, Suiza, Portugal, Italia, Estados Unidos y Australia.

La salud no se distribuye de manera aleatoria, las enfermedades no responden únicamente al azar, ni siquiera exclusivamente al azar genético. De hecho, existe una ingente evidencia empírica que pone de manifiesto que existe una conexión directa entre desigualdades sociales y desigualdades en salud, un gradiente que sugiere que la estratificación en nuestras sociedades incluye una estratificación socioeconómica de la salud y una desigual prevalencia (e incidencia) de las enfermedades en función de factores como los ingresos, el nivel educativo, el estatus de empleo o el capital social.

2. Estratificación social, salud y Gran Recesión en España

La crisis de 2008 tuvo una dimensión global, pero lo cierto es que sus efectos fueron tanto cuantitativa como cualitativamente específicos en los diferentes países que la sufrieron. En el caso de España, uno de dichos efectos consistió en una reconfiguración de la estratificación social, en la consolidación de un modelo de desigualdad basado en la exclusión social. Esta consolidación implica tanto un incremento de las desigualdades (y una cierta polarización de la población en términos socioeconómicos) como una redefinición del riesgo socioeconómico, que se ha convertido en una realidad transversal en nuestra sociedad. Lo cierto es que el incremento de las desigualdades socioeconómicas en España durante la Gran Recesión está sobradamente documentado (véase el Informe Foessa de 2014). No es este el momento de analizar este proceso ni sus causas (la profunda segmentación de nuestro mercado de trabajo, la elección de políticas de austeridad para abordar las consecuencias macroeconómicas de la crisis, un mercado de vivienda afectado por un gran riesgo financiero, etc.).

Lo importante para los objetivos de este artículo consiste en vincular este incremento de las desigualdades sociales en España durante la crisis, por un lado, y la evidencia en torno a la existencia de un gradiente social en la salud y la enfermedad, por otro. La Gran Recesión afectó de manera importante en la salud de la población europea, y España no es una excepción a un proceso que supuso un riesgo claro para la población en un amplio número de indicadores de salud y calidad de vida. La evidencia empírica al respecto es clara: la crisis de 2008 tuvo un impacto negativo en la salud de la población española.

Para comprender los procesos que explican dicho impacto es preciso mirar en diversas direcciones. En primer lugar, una crisis como la que nos ocupa genera necesariamente una situación de incertidumbre y vulnerabilidad que puede poner en riesgo el bienestar psicológico y la salud mental de la población. Más aún cuando la profundidad y gravedad de la crisis viene acompañada de un desarrollo temporal especialmente dilatado, como ocurrió en el caso español. En segundo lugar, la crisis llevó a un número creciente al deterioro de su situación económica, situando a millones de personas, incluidos menores, por debajo del umbral de la pobreza. Los ajustes familiares necesarios para afrontar la pobreza cobran diversas formas, siendo una de las más importantes un ajuste del presupuesto del hogar que puede implicar decisiones potencialmente negativas para la salud: reducción del presupuesto en alimentación, en medicinas y en cuidados de la salud, en hábitos saludables, en mantenimiento de las condiciones de habitabilidad del hogar (calefacción, suministros), etc. En tercer lugar, la situación de estrés psicosocial generada típicamente en los periodos de recesión económica se asocia con conductas de afrontamiento que suponen un riesgo para la salud, como por ejemplo el consumo de tabaco, drogas y alcohol. En cuarto lugar, las políticas utilizadas para afrontar los efectos macroeconómicos de la Gran Recesión se basaron por entero el concepto de austeridad, dando lugar a un retroceso sobresaliente en las políticas de bienestar y protección social. En España estos recortes no solo afectaron a la cobertura sanitaria y al copago en medicinas, sino también a las políticas de dependencia, familiares, por citar tan solo dos de ellas. Este retroceso del Estado de Bienestar constituye igualmente una causa potencial del deterioro de la salud de las personas.

Como puede apreciarse, todos estos elementos giran en torno –en mayor o en menor medida– al crecimiento de las desigualdades sociales. Dicho de otra forma, tenemos sobre la mesa un puzle con tres elementos: sabemos que existen un gradiente socioeconómico en la distribución social de la salud y las enfermedades; sabemos además que las desigualdades socioeconómicas aumentaron en España de manera profunda y sostenida desde 2008 y que solo muy recientemente esta progresión se ha revertido; sabemos que la Gran Recesión tuvo un impacto negativo sobre la salud de la población, en términos generales. En este puzle, todas las piezas encajan, siempre y cuando seamos capaces de establecer un vínculo que implique una conexión entre crisis y salud a través de las desigualdades sociales.

Esta hipótesis articula el estudio, recientemente publicado bajo el título Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España, editado por la Fundación FOESSA. Este estudio abordó la conexión entre crisis y salud situando en el centro de esta conexión las desigualdades socioeconómicas. Para ello, dichas desigualdades se definieron a dos niveles. En primer lugar, se incorporó un indicador de desigualdad económica “clásico”, los ingresos y, en concreto, la distribución de la población en quintiles según sus ingresos. Se trata de una forma ampliamente utilizada de medir la desigualdad, ya que refleja la forma en la cual un individuo (o un hogar) se diferencia con respecto a otro individuo (u otro hogar) en cuanto al presupuesto disponible.

En segundo lugar, se incorporaron indicadores de desigualdades a nivel agregado, es decir, no interindividuales, sino desigualdades sociales en sentido estricto. Nos referimos aquí a la medida en la cual las sociedades son más o menos igualitarias, más o menos desigualitarias. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de la población que se encuentra en situación de exclusión social? ¿Y cuál es el porcentaje en situación de pobreza? ¿Cuál es la tasa poblacional de desempleo de larga duración? La hipótesis que subyace es que el desempleo, o la pobreza, o la exclusión, no solo tienen un efecto sobre la persona en situación de desempleo, de pobreza o de exclusión, sino que también tienen un efecto especialmente relevante sobre todas las personas en dicha situación y sobre toda la población en general. En el estudio citado se consideró a la población según su comunidad autónoma de residencia, y se realizaron análisis que incluían indicadores agregados para cada comunidad. En concreto, las variables utilizadas fueron los porcentajes de la población de las comunidades autónomas en situación de privación material, pobreza y baja intensidad laboral (es decir, tres dimensiones de la exclusión social) y la tasa de desempleo de larga duración. Además, para asegurar la validez de los resultados, se introdujeron dos variables de control, el PIB per cápita y el gasto sanitario (como porcentaje de PIB de cada comunidad autónoma).

Es importante recordar que nuestra hipótesis establece que el impacto de la Gran Recesión en la salud podría comprenderse, parcialmente, a través de la desigualdad socioeconómica. Por ello, para contrastar dicha hipótesis era vital contar con datos longitudinales, es decir, con medidas repetidas en el tiempo. Afortunadamente, la Encuesta de Calidad de Vida del Instituto Nacional de Estadística proporciona dichos datos, en oleadas de cuatro años. Se eligió aquella que medía los años 2008, 2009, 2010 y 2011, para poder analizar adecuadamente el papel de la desigualdad en una medida de salud general durante los primeros años de la recesión.

Pues bien, nuestros resultados mostraron que el quintil de ingresos en el cual se encuentran los individuos tiene un efecto en la evolución de la salud durante la crisis, en el sentido esperado: a menos ingresos mayor es el deterioro de la salud. Pero, además, y tal vez más importante, los resultados mostraron que la distribución social de la desigualdad también tuvo un impacto en la salud, de manera que las poblaciones con mayores porcentajes de población en situación de privación material y que viven en un hogar con baja intensidad laboral. Más aún, la tasa de desempleo de larga duración también mostró un efecto negativo en la salud de la población.

3. Así pues, la salud va por barrios

Lo explicábamos recientemente en la entrevista: “La salud va por barrios”.

Estos resultados no debieran ser sorprendentes. Richard Wilkinson y su equipo de investigación han mostrado reiteradamente que las sociedades más desigualitarias son –comparadas con sociedades más igualitarias– peores para el bienestar de su población en un amplio rango de indicadores: mortalidad, salud, incidencia de enfermedades, felicidad, violencia, comisión de delitos. Se trata de una hipótesis y de una línea de investigación que se muestra especialmente relevante para explicar los efectos perversos de los procesos macrosociales en el bienestar de las sociedades.

En nuestro caso, los resultados descritos y los argumentos esgrimidos apuntan a una realidad preocupante: la sociedad española contemporánea (y, con probabilidad razonable, las sociedades europeas en general) ha experimentado cambios tan profundos que el bienestar y el acceso al mismo se ha visto también modificado. Siendo más precisos, podríamos señalar que en España la crisis de 2008 supuso la consolidación de un nuevo modelo de desigualdad –basado en procesos de exclusión– que ha problematizado, deteriorado, el bienestar de una proporción creciente de su población. Los resultados anteriormente expuestos son evidentes: cada vez más, la salud va por barrios. Y más aún: seguramente cada vez son más los barrios donde la salud comienza a ser un problema social. El deterioro de las condiciones de vida de las clases medias –diseccionado recientemente en un estudio realizado para la OCDE bajo el revelador título Bajo presión: la clase social exprimida– coincide con el incremento del protagonismo de los procesos descritos.

Es un deterioro que en España se asocia claramente a un mercado de trabajo cada vez más segmentado, cada vez más flexible, cada vez menos caracterizado por la estabilidad biográfica y cada vez más afectado por la precariedad. En la investigación Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España, analizando datos de las ediciones de 2006 y 2012 de la Encuesta Nacional de Salud, se comprobó que la relación de los diferentes estatus de empleo (empleo estable, temporal, desempleo, desempleo de larga duración, trabajo autónomo y jubilación) prácticamente se invirtió después de la crisis de 2008. Así, por ejemplo, en 2006 las dos situaciones que en mayor medida se relacionaban con un deterioro de la salud mental eran el desempleo y la jubilación; además, tener un trabajo temporal se relacionaba con peor salud mental y se empresario o autónomo no tenía un impacto significativo. Pues bien, en 2012 esta última relación se invierte (son los autónomos los que muestran mala salud mental) y la asociación con el deterioro psicológico ser reduce de manera sobresaliente en el caso de las personas jubiladas. Este último grupo, de hecho, se convirtió en uno de los ejes familiares para afrontar el deterioro en indicadores como los ingresos, o la baja intensidad y participación laboral. Si se permite la exageración, se trata del mundo al revés: nuestros/as pensionistas como soporte económico de la población activa.

4. Actuamos o enfermamos: los retos para la acción social

Como puede apreciarse, la Gran Recesión no puede definirse únicamente como una coyuntura de deterioro de la economía, sino más bien como la consolidación de una transición hacia una fase productiva asociada a un sistema de estratificación social basado en el concepto de exclusión. Este modelo ha problematizado de manera sobresaliente, especialmente en España, la comprensión del bienestar, hasta el punto de que las clases medias aparecen como protagonistas de un deterioro socioeconómico que puede describirse como un incremento de las desigualdades en los ingresos y una profunda segmentación del mercado de trabajo que resulta en un incremento de la precariedad y una ampliación de las ocupaciones afectadas por dicha precarización.

Es innegable que una década después de que estallara la crisis la coyuntura económica ha mejorado, lo que ha tenido un efecto positivo en las tasas de desempleo y en los presupuestos de los hogares. Pero es igualmente innegable que esta recuperación tiene un semblante muy diferente al del periodo de crecimiento económico previo a la crisis. El modelo ha cambiado, la exclusión social, la ampliación de las desigualdades y la problematización del mercado de trabajo son procesos característicos de nuestra sociedad. En conclusión, es razonable pensar que también persisten los riesgos relacionados con la salud descritos en este artículo. Este es, tal vez, uno de los retos de futuro para la sociedad española, un reto que consiste en diseñar acciones que redunden en una mejora de la salud y de la calidad de vida de nuestra población. En el diseño de estas acciones es absolutamente indispensable incorporar una dimensión colectiva. Si, tal y como hemos visto, procesos agregados están en el origen del deterioro de la salud, también es posible incidir en acciones que mejoren la calidad de vida. La dimensión comunitaria es vital en este punto, como también lo es una acción transformadora que contribuya a reducir las desigualdades sociales y que permita cimentar la mejora del bienestar de nuestra sociedad en criterios de justicia social.

5. Bibliografía

OCDE (2019) Under Pressure: The Squeezed Middle Class. París: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/689afed1-en

Sánchez Moreno, Esteban; de la Fuente Roldán, Iria-Noa; y Gallardo Peralta, Lorena (2019). Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España. Madrid: Fundación FOESSA.

Stringhini, S., Carmeli, S., Jokela, M., Avendaño, M., Muennig, P., Guida, F., Kivimäki, M. (2017). Socioeconomic status and the 25 × 25 risk factors as determinants of premature mortality: a multicohort study and meta-analysis of 1·7 million men and women. The Lancet, 389, 1229-1237.

Wilkinson, R. G. y Pickett, K. E. (2018). Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo. Madrid: Capitán Swing.

Número 2, 2019

Francisco José Delgado Martín

Economista

La historia, anota el historiador Timothy Snyder, «no se repite, pero sí instruye». Presento en este artículo unos breves contextos históricos intentando arrojar algo de luz para entender algunos de los falsos tópicos (entre ellos la identidad nacional) que sirven como “argumentos” en contra de refugiados e inmigrantes. Lo hago centrado en Estados Unidos, pero por otros pagos tienen (incluso tenemos) sus imitadores.

Allá por finales de los años 70 del siglo pasado, León Gieco cantaba lo que hoy es el destino de muchos seres humanos en muchas de las fronteras de este mundo: «Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente». Pronto las ideas económicas y las decisiones políticas cambiaron. Al historiador Eric Hobsbawm, que vivió la Gran Depresión, una profunda crisis económica, le resultaba incompresible cómo, tras las crisis del petróleo, aquellos a los que no se había escuchado durante tres décadas, aquellos que defendían un mercado totalmente libre de las restricciones del Estado, empezaran a tener la voz cantante en los años 80 del siglo XX. There is no alternative, dirán. Privatizar, desregular, competir… Cada uno a lo suyo. Confiemos todos, y todo, solo en la iniciativa privada. Los mercados ponen a cada uno en sitio. Para Hobsbawm este hecho ilustra, por un lado, «la increíble falta de memoria de los teóricos y prácticos de la economía», y, por otro, «la necesidad que la sociedad tiene de los historiadores, que son los “recordadores” profesionales de lo que sus conciudadanos desean olvidar». Ahora bien, las tres décadas de bonanza, y magros derechos, en las que no fueron escuchado los neoliberales, llevaban ya el germen de lo que vendría después. A los ojos de Pablo VI en 1967:

«Sobre estas nuevas condiciones de la sociedad ha sido construido un sistema que considera el lucro como motor esencial del progreso económico, (…) la prosperidad privada de los medios de producción, como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. Este liberalismo sin freno, que conduce a la dictadura, justamente fue denunciado por Pío XI» (Populorum progressio, n. 26. Capitalismo liberal).

En aquellos años de la Gran Depresión, en 1931 Pío XI escribe:

«[s]alta a los ojos de todos (…) que en nuestros tiempos no solo se acumulan riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos (…)». Y añadirá: «Dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de que vive toda la economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aun respirar contra su voluntad» (Quadragesimo anno, nn. 105, 106).

Casi describe nuestro presente. El The World Inequality Lab, en cuyo Comité Ejecutivo figura el economista Thomas Piketty, nos proporciona los siguientes gráficos que son lo suficientemente elocuentes como para necesitar mayores comentarios.

Evolución de la parte de Ingreso Nacional que pertenece al 1% más rico.

Evolución de la parte de Ingreso Nacional que pertenece al 50% más pobre.

Con soltura escribe Vargas Llosa, ufano donde los haya de las políticas neoliberales, comentando a Adam Smith: «Nadie antes (…) había (…) explicado de manera tan elocuente que la libertad económica sustenta e impulsa a todas las otras» (la cursiva es mía). Mas, como recuerda Hannah Arendt: «La superación de la pobreza es un requisito previo para la fundación de la libertad». Que, en 2017, según The United States Census Bureau, uno de cada ocho norteamericanos era pobre. Que importan las leyes. Y que importa -es significativo- que esas leyes sean aprobadas sin tener en cuenta lo más mínimo a porcentajes importantes de la población de Estados Unidos o cualquier otro país del mundo. Dice el informe de The World Inequality Lab:

«La evidencia muestra que la progresividad del sistema impositivo (considerado globalmente) es una herramienta efectiva para combatir la desigualdad. La tributación progresiva no solo reduce la desigualdad de manera directa, sino que también disminuye los incentivos a capturar fracciones crecientes de ingreso y de riqueza, al limitar su magnitud. La progresividad se redujo drásticamente en los países ricos y en algunos emergentes entre la década de 1970 y mediados de la del 2000».

Sin embargo, hoy la música que suena no es ni siquiera la de la progresividad impositiva, suena la bajada de impuestos. En Estados Unidos la aplican. Los beneficiados, los de siempre. Muchos hubo (y hay) que sostuvieron que, en el límite, todos los impuestos son un robo, sin reparar en que la producción de la riqueza es social. Y el informe sigue. Mucho se ha escrito sobre las bondades de la educación como catalizador de la igualdad de oportunidades, pero incluso han llegado a romper el posible ascensor social.

«Investigaciones recientes muestran que puede existir una brecha inmensa entre el discurso público acerca de la igualdad de oportunidades y las que efectivamente existen en el acceso a la educación. En Estados Unidos, por ejemplo, de cada cien niños cuyos padres pertenecen al decil más pobre, apenas entre veinte y treinta acceden a educación universitaria, mientras que dicha proporción asciende a noventa en el caso del decil de más altos ingresos».

Te preguntarás qué tiene que ver todo esto con la identidad nacional como exclusión. Un pequeño rodeo. Peter Berger y Thomas Luckmann en La construcción social de la realidad sostuvieron que recibir una identidad comporta adjudicarnos un lugar en el mundo. En un mundo globalizado el “lugar” bien puede ser «un trozo en un mapa». Eric Hobsbawm, en la Conferencia inaugural del congreso «Los Nacionalismos en Europa: Pasado y Presente», celebrado en Santiago de Compostela en septiembre de 1993, contaba lo siguiente:

«Si empiezo refiriéndome a la “identidad estatal” es porque, hoy en día, además de ser virtualmente universal, proporciona el modelo para todos los otros grupos que buscan una expresión política para su existencia como colectividad. Se trata, sin embargo, de una relación de doble filo. A lo largo de este siglo [XX] dos peligrosas ideas han contaminado al Estado territorial: la primera es que de alguna manera todos los ciudadanos de tal Estado pertenecen a la misma comunidad o “nación”; y la segunda es que lo que une a estos ciudadanos sería algo así como una etnicidad, lengua, cultura, raza, religión o antepasados comunes».

Primer acto: America first… los norteamericanos primero. La identidad nacional no viene a ser nada más que el trampantojo simbólico que se agita frente a la llegada de inmigrantes y refugiados. Como afirma con tino Appiah, «una vez fuera del mundo-aldea del cara a cara, un pueblo siempre es una comunidad de extraños». Extraño dice el Diccionario de la Real Academia: «De nación (…) distinta a la que se nombra o sobrentiende, en contraposición a propio». La identidad nacional, si no olvidamos los datos arriba indicados, nos remite a una falsa solidaridad. Así, causa desazón leer a Fukuyama:

«Una (…) razón por la que la identidad nacional es importante es la de mantener fuertes redes de seguridad social que mitiguen la desigualdad económica. Si los miembros de una sociedad sienten que son miembros de una familia extendida y tienen altos niveles de confianza entre ellos, es mucho más probable que apoyen programas sociales que ayuden a sus compañeros más débiles».

Reconoce que las democracias liberales se apoyan en la premisa «de la igualdad humana universal, y esa igualdad no comienza ni termina en las fronteras nacionales», pero, es necesario que haya un pero, un pero que se desliza de la inmoralidad económica a unas breves pinceladas de teoría política:

«Si bien los países sienten, con razón, la obligación moral de albergar a los refugiados y de acoger a los inmigrantes, tales obligaciones son potencialmente costosas tanto económica como socialmente, y las democracias deben equilibrarlas con otras prioridades. Democracia significa que las personas son soberanas, pero si no hay manera de delimitar quiénes son esas personas, no se podrá ejercer la elección democrática».

Segundo acto: Make America Great Again. ¿Y cómo puede ser cualquier cosa grande otra vez –en un mundo global– levantando muros, enviando (o proponiendo enviar) cuerpos y fuerzas armadas contra seres humanos exhaustos por el viaje, con la muerte en las fronteras (hombres, mujeres y también niños), criminalizando también a todos los creyentes de una religión? Así el pasado invocado es un pasado poblado de olvidos. Todo (cultura, lengua, religión…) sirvió (y puede servir) como “marcas” para adjudicar identidades y, por lo que sabemos, nada hubo (ni hay) de inocente en algunas de ellas. Sobre el color de la piel se montó la esclavitud y hoy el racismo; sobre el sexo, el género y la dominación de los hombres sobre las mujeres. Así, por ejemplo, escribe Ta-Nehisi Coates, negro norteamericano:

«El olvido es un hábito, pero también es otro componente necesario del Sueño [de ser blanco]. Ya han olvidado la magnitud del robo que los enriqueció con la esclavitud; el terror que les permitió durante un siglo escatimar el derecho a voto, y la política segregacionista que les dio sus barrios residenciales. Se han olvidado porque acordarse los haría caerse del hermoso Sueño y tener que vivir aquí abajo con nosotros, aquí en el mundo. Estoy convencido de que los Soñadores, al menos los Soñadores de hoy en día, prefieren vivir blancos a vivir libres (…). Despertarlos equivale a mancillar su nobleza, a convertirlos en humanos vulnerables, falibles y frágiles».

Frente al camino abstracto (siempre difícil) que nos podría llevar a reconocernos como nacidos «libres e iguales en dignidad y derechos», es la fragilidad por las menguantes condiciones materiales que hacen posible articular proyectos de vida la que nos puede permitir hoy reconocernos. Reconocernos en nuestra fragilidad dentro de una pluralidad de diferencias. Sin embargo, la identidad nacional viene a cumplir las funciones de una pantalla opaca que cierre la posibilidad de ponernos en el lugar del otro, de cegar la posibilidad de cumplir con nuestro deber de comportarnos «fraternalmente los unos con los otros», y también para vehicular un reactivo y bravucón odio («El odio otorga identidad (…). Les ponemos nombre a los extranjeros que odiamos y de esa forma confirmamos nuestro lugar en la tribu», anota Ta-Nehisi Coates). Hay que nombrar a los “bárbaros” como distracción de una codicia rapante. Como apuntó Bauman:

«La verdadera culpa imperdonable de las víctimas colaterales de esas fuerzas [globales], una vez que se han convertido en nómadas sin hogar, es que sacan a la luz la realidad de la (¿incurable?) fragilidad de nuestro confort y la seguridad de nuestro lugar en el mundo. Y por eso, por una lógica viciada, se tiende a verlas como unas tropas de vanguardia que están sentando sus cuarteles entre nosotros.

Estos nómadas, que lo son no de forma voluntaria, sino por el veredicto de un destino despiadado, nos recuerdan de manera irritante la vulnerabilidad de nuestra posición y la fragilidad de nuestro bienestar. Es una costumbre humana, demasiado humana, culpar y castigar a los mensajeros por el odioso contenido del mensaje que transmiten, en lugar de responsabilizar a las fuerzas mundiales incomprensibles, inescrutables, aterradoras y lógicamente resentidas que sospechamos que son las culpables del angustioso y humillante sentimiento de incertidumbre existencial que nos arrebata la confianza y causa estragos en nuestros planes de vida».

Después de la crisis de 2008 el miedo se ha instalado en nuestra vida. Y además se agita. Reflexiona Heinz Bude acerca de una afirmación de Roosevelt en su discurso de nombramiento como presidente («Lo único de lo que tenemos que tener miedo es del propio miedo»):

«El miedo vuelve a los hombres dependientes de seductores, de mentores y de jugadores. El miedo conduce a la tiranía de la mayoría, porque todos se suman por oportunismo a lo que hacen los demás. El miedo posibilita jugar con las masas que callan, porque nadie se atreve a alzar la voz, y puede acarrear una aterrorizada confusión de la sociedad entera una vez que salta la chispa. Por eso —así es como se debería entender a Roosevelt— la tarea primera y más noble de la política estatal es quitarles el miedo a los ciudadanos».

Roosevelt y su New Deal (Nuevo Acuerdo) —la intervención del Estado para recuperar la economía— en aquellos aciagos años treinta. Recordemos también, en tiempos de feminismo, la luz propia de Eleanor Roosevelt, que trabajó incansablemente para que la Declaración Universal de los Derechos Humanos viera la luz en 1948. Recordemos también que los escombros de la segunda guerra mundial se retiraron en Europa con cooperación internacional (Plan Marshall). Otras políticas fueron posibles en una crisis mucho más profunda. La identidad nacional desde luego no viene a sino a enturbiar los problemas. Si no queremos que el futuro nos sea indiferente debemos eludir la posibilidad de que vengan más años malos que nos hagan más ciegos. Como apunta Amartya Sen: «La principal esperanza de armonía en nuestro mundo atormentado reside en la pluralidad de nuestras identidades, que se cruzan entre sí y obran en contra de las profundas separaciones a lo largo de una única, tajante y resistente línea de división que supuestamente no es posible atravesar. Aquello que compartimos en tanto humanidad es desafiado brutalmente cuando nuestras diferencias son reducidas a un sistema imaginario de categorías singularmente poderosas».

Bibliografía

Appiah, Kwame Anthony. Las mentiras que nos unen. Repensar la identidad. Barcelona: Ed. Taurus., 2019.

Arendt, Hannah. La libertad de ser libres. Barcelona: Ed. Taurus. 2018.

Bauman, Zygmunt. Mensajeros de la globalización. Diario El País. 31.05.2015

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HOBSBAWM, Eric. Historia del siglo XX. Barcelona: Crítica., 1995.

Ingreso y pobreza en Estados Unidos: 2017.

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World Inequality Report 2018

Número 2, 2019