Antes de marzo de 2020, la geografía de las ciudades se caracterizaba ya por fenómenos que hemos llegado a analizar y conocer bien, como son la gentrificación, la estigmatización territorial de ciertas zonas y, en general, diferentes formas de segregación, económica, social, cultural y étnica en particular. Sin embargo, al no aportar soluciones satisfactorias a todos estos problemas, con el paso del tiempo se han hecho estructurales.
Por su parte, la pandemia ha puesto de manifiesto, más si cabe, las desigualdades profundamente arraigadas de nuestros entornos urbanos. Tanto es así, que las zonas urbanas son la zona cero de la pandemia de COVID-19, aglutinando la inmensa mayoría de los casos comunicados. De hecho, las ciudades están sufriendo las peores consecuencias de la crisis, muchas de ellas con sistemas de salud sobrecargados, altas concentraciones de pobreza, empleo precarizado, acentuándose las profundas fracturas sociales preexistentes e incluso haciendo emerger nuevas formas de desigualdad dentro de las ciudades.
La crisis del coronavirus y su corolario, el confinamiento, nos ha dado un espejo donde mirar la forma en que la hemos construido y pensado nuestras ciudades; finalmente sobre la forma que vivimos y sufrimos cuando las condiciones de vida no son las adecuadas.
Investigaciones rigurosas han apuntado ya, a que los más afectados han sido los barrios y las zonas urbanas densas, y esto no es nada nuevo en sí mismo: las grandes epidemias históricas, como la peste, el cólera, la «gripe española” a principios de siglo XX se extendieron principalmente en lugares donde se concentraba la población, lo que parece obvio. Sin duda, existe una correlación entre el tamaño de la ciudad y el número de víctimas.
Sin embargo, lamentamos que en la mente de quienes gestionan lo público, los vínculos entre la salud pública y la planificación urbana no existen, o solo de manera excepcional. La preocupación por la salud o la toma en consideración de las desigualdades sociales ha desaparecido de nuestra manera de construir las ciudades. Por lo contrario, el modelo que predomina entre las actuales ciudades españolas es el de una ciudad productivista, pensada para un residente varón, sano, solvente y activo. En cambio, este modelo no parece adaptarse a los retos actuales y futuros de una gran parte de la sociedad, altamente precarizada, con cada vez más personas dependientes, desempleadas, jubiladas, migrantes y sin hogar. Las personas más pobres y vulnerables son empujadas sistemáticamente a los pliegues de la ciudad, a sus márgenes. Además, la falta de planificación y políticas que pongan en el centro a los niños, niñas y adolescentes, son algunas muestras de una profunda crisis de los cuidados.
Al inicio de esta crisis se destacaba el carácter casi democrático de la pandemia, que no dejaba a ningún estrato social o territorio exento de virus; y es cierto, el virus está afectando a diputados, ministros y consejeros de multinacionales, así como a los desempleados y a las personas sin hogar. Pero ahora, con mayor perspectiva, conocemos la sobreexposición a la Covid-19 que sufren ciertos barrios, cuyos vecinos y vecinas acumulan mayores factores de vulnerabilidad.
La mayor circulación del virus en los barrios más desfavorecidos puede explicarse, por un lado, por su composición social y, por otro lado, por determinadas especificidades territoriales intrínsecas. Las características de estos barrios, su alta densidad de población, el hacinamiento de las viviendas son algunos de los factores que contribuyen al aumento de la propagación del virus en estos territorios y que se correlacionan con el exceso de mortalidad vinculado a COVID-19.
Cada vez que emerge una crisis, tenemos una nueva oportunidad para reflexionar y reajustar la forma en la que vivimos, nos relacionamos y miramos hacia el futuro. Con el surgimiento de esta crisis social y sanitaria cabe repensar la ciudad; hacia dentro en nuestras casas y hogares, así como hacia fuera, en nuestra relación con el espacio público y con otros, tratando superar el necesario distanciamiento social que nos protege del contagio, pero que no debe hacernos olvidar nunca nuestra solidaridad y humanidad hacia los más desfavorecidos.
Reinventar la ciudad y el entorno urbano debe ser oportunidad para romper las desigualdades, caminar hacia una ciudad cohesionada y más justa que favorezca el vivir juntos, la ayuda mutua y la prevención de la soledad y el aislamiento. En otras palabras, (re)construir un entorno urbano favorable a la existencia y al fortalecimiento de la comunidad, teniendo en cuenta a las personas, las necesidades, debilidades y capacidades de cada uno.
Jesús Rivera Navarro, profesor titular de universidad. Departamento de Sociología y Comunicación. Universidad de Salamanca.
En los comienzos del siglo XXI, las encuestas poblacionales realizadas nos indicaban que España era un país tolerante con la inmigración, incluso más que otros países de nuestro entorno. Esta percepción ha ido cambiando a lo largo del tiempo habiendo atisbos de un mayor rechazo a la inmigración (Cea D’Ancona, 2016).
El objetivo del estudio, que presentamos en este artículo, fue analizar como la actitud hacia la inmigración en barrios desfavorecidos en Madrid influía en la percepción que los residentes de dichos barrios tenían respecto al uso de espacios públicos y tiendas de alimentación.
Esta investigación forma parte del estudio cualitativo HHH (Heart Healhty Hoods). El proyecto original HHH fue financiado por el European Research Council (ERC) con el objetivo de entender el entorno urbano físico y social en relación con la salud cardiovascular. El proyecto cualitativo HHH analiza las cuatro dimensiones urbanas relacionadas con el riesgo de enfermedades cardiovasculares y crónicas: actividad física, alimentación, consumo de tabaco y alcohol.
En este estudio usamos entrevistas semi-estructuradas (ESEs) y grupos de discusión (GD) como técnicas complementarias.
Después de un proceso de selección que incluía los 128 barrios existentes en Madrid en el año 2014, tres barrios de diferente nivel socioeconómico fueron escogidos: San Diego (bajo NSE –nivel socioeconómico-), en el cual los inmigrantes suponían el 28,9% de la población; El Pilar (NSE medio), en el cual los inmigrantes constituían el 11,4% de la población y Nueva España, con 9,1% de inmigrantes (NSE alto) (para más detalle de la selección de los barrios, ver Rivera et al., 2019). En este artículo, solo incluiremos los análisis realizados en el barrio de NSE bajo y medio, que es dónde fundamentalmente se concentran la población inmigrante.
Para la confección de los ESEs y GDs, seleccionamos a los participantes según los siguientes criterios: sexo, edad, nivel educativo, número de hijos, empleo, ingresos, responsabilidades familiares en relación a hijos y/o nietos, años de residencia en el barrio y país de origen. Realizamos 20 ESEs (10 en cada barrio) y 25 GDs (14 en el barrio de NSE bajo y 11 en el medio). Además, entrevistamos a cuatro informantes clave en cada uno de los dos barrios, éstos eran directores/as de colegios y responsables de los centros de Madrid-Salud (salud comunitaria) más cercanos a cada uno de los dos barrios.
Hicimos las ESEs, con una duración aproximada de 60 minutos, entre 2016 y 2018. Los GDs fueron realizados entre 2018 y 2019, y su duración aproximada fue de 90 minutos; el número de participantes en los GDs osciló entre 5 y 8 personas.
Los discursos obtenidos con ambas técnicas fueron transcritos literalmente. Los verbatims (citas) extraídas de dichos discursos son literales y su identificación hace referencia a las características de los ESSs y GDs (ejemplo: hombres jubilados, barrio de NSE bajo). Usamos la teoría hermenéutica-interpretativa para analizar los discursos. Nos ayudamos del software ATLAS.ti-8 para el proceso de análisis.
Encontramos tres categorías extraídas de los discursos generados en las ESSs y GDs. Las categorías señaladas fueron: 1) convivencia entre población inmigrante y nativa; 2) uso de espacios públicos; 3) tiendas de alimentación de inmigrantes.
Tanto en el barrio de NSE bajo como en el medio, los inmigrantes fueron acusados de empeorar las condiciones del barrio y propiciar cambios no deseados. La difícil convivencia con los inmigrantes se argumentaba en base a las fiestas que estos realizaban en sus casas hasta altas horas de la noche, las barbacoas en los balcones de sus casas, la aglomeración de gente en los sitios donde vivían y su tendencia a beber en la calle.
“…El otro día yo fui a casa de un amigo y en un edificio había unos inmigrantes haciendo una barbacoa en un balcón, con el toldo bajado y yo dije ‘Estos van a quemar la casa’…” (GD14, amas de casa mayores de 65 año, barrio de NSE bajo).
Algunos de los entrevistados y participantes en los GDs identificaron a los inmigrantes que vivían en sus barrios como una amenaza, especialmente cuando se hablaba del uso de los espacios públicos; específicamente, se decía que los inmigrantes que estaban en los parques bebían y actuaban de un modo que disuadía al resto de los residentes a visitar dichos parques. El uso de este espacio por parte de los inmigrantes implicaba ruidos hasta muy tarde, comportamientos agresivos hacia los vecinos y la utilización de los parques y canchas de baloncesto para beber y comer. En concreto, en el barrio de bajo NSE algunas bandas latinoamericanas pedían dinero a aquellos que querían usar las canchas de baloncesto. Por tanto, el sentimiento de inseguridad era uno de los principales motivos para no usar los espacios públicos en estos barrios.
“Las canchas de baloncesto que hay en el barrio han sido tomadas por las bandas de latinoamericanos, que piden dinero para utilizarlas o simplemente para estar en ellas” (ESE2, hombre jubilado, 75 años, barrio de NSE bajo)
Los participantes en el estudio criticaron el crecimiento de las tiendas de alimentación y restaurantes regentados por inmigrantes en Madrid. En concreto, se decía que en las tiendas de alimentación pertenecientes a inmigrantes latinos y chinos, sus productos tenían peor calidad que en otras tiendas. Además, se culpabilizó a esas tiendas de la desaparición de las tiendas de toda la vida o pequeñas tiendas de barrio, que eran muy bien valoradas por los vecinos.
“…Sí, yo prefiero hacer mi compra donde yo vea que el tendero no me engañe, por eso yo no voy a las tiendas de inmigrantes (GD8, amas de casa mayores de 65 años, barrio de NSE medio).
En España, durante los años 60, 70 y 80, la identificación de los residentes en grandes ciudades con su barrio era muy importante. Mucha gente de estas ciudades procedía, originariamente, del ámbito rural y los residentes de los barrios de NSE bajo y medio trataron de reconstruir los lazos sociales, que tenían en sus pueblos, en sus barrios urbanos (Sorando, Ardura, 2016). La llegada de los inmigrantes significó un trastorno en la cotidianidad y en el uso de recursos públicos de los habitantes de estos barrios. El incremento de la población inmigrante tuvo también un impacto en la imagen de los españoles respecto a este colectivo. Esta tendencia se ajusta a la teoría defended neighbourhood hypothesis (Van Heerden, Ruedin, 2019), ya que, en España, como país donde había pocos inmigrantes hasta 1999, la llegada de los mismos tuvo un importante impacto en las actitudes de los ciudadanos, especialmente en la gran ciudad. Este impacto se tradujo en percepciones negativas hacia los inmigrantes, como se ha visto en nuestro estudio. Según la teoría mencionada, a medida que pasa el tiempo el rechazo debería disminuir, pero eso no parece que haya sucedido en el caso de España, y para explicar dicha tendencia podríamos utilizar la group threat theory (Van Heerden, Ruedin, 2019), la cual explica como la competencia por diferentes tipos de recursos acrecienta el conflicto y el rechazo. Además, esta percepción negativa de los inmigrantes constituye un factor importante para entender la construcción de estereotipos (Calavita, 2004). El rechazo, al que aludimos, puede tener un impacto de salud en los propios inmigrantes, así la literatura destaca posibles efectos como aislamiento, estrés y malestar general (Viruell-Fuentes, 2007). De igual manera, la percepción de problemas de convivencia entre residentes inmigrantes y nativos, descritos en los resultados, puede afectar a la salud de los residentes, por ejemplo, dificultando el descanso por la noche o impidiendo la actividad física debido a la amenaza de la presencia de inmigrantes en espacios públicos.
Por otra parte, esta imagen negativa de los inmigrantes tiene una consecuencia directa en la percepción de los espacios públicos y en las tiendas de alimentación. De esta manera, las tiendas de alimentación regentadas por inmigrantes es un factor determinante para considerar la inclusión y exclusión social a nivel local. En algunas publicaciones, se destaca como algunos de estos establecimientos han revitalizado la vida del barrio y han contribuido al enriquecimiento del entorno alimentario (Díez et al., 2017). Estos datos no concuerdan con los de nuestro estudio.
Los resultados de nuestro estudio nos indican que mejorar la relación entre residentes inmigrantes y nativos podrían incrementar el uso de espacios públicos, mejorando consecuentemente su salud. Una lista de posibles acciones debería incluir: trabajo educativo en el barrio; trabajo con inmigrantes en los servicios sociales para interiorizar ciertas normas sociales; transformación de las tiendas de alimentación de inmigrantes para que se conviertan en sustitutos de las tiendas de toda la vida, mejorando la calidad de vida de los residentes; y promoción de una visión más realista de los inmigrantes por parte de los medios de comunicación.
José Luis Molina (Catedrático), Hugo Valenzuela-García (Agregado), Miranda J Lubbers (Agregada), GRAFO-Departament d’Antropologia social i cultural (UAB).
Puedes encontrar a José Luis Molina en Twitter; y a Miranda J. Lubbers en Twitter.
El II Premio de investigación de la Fundación FOESSA (2019-2020) nos permitió abordar una investigación sobre la dimensión relacional y emocional de la experiencia de la pobreza en España. Para ello, adoptamos una estrategia de investigación mixta, consistente en la combinación de entrevistas en profundidad (20), análisis de redes personales y observación etnográfica en centros de atención social de Cáritas, ubicados en cuatro puntos de la geografía española: Castelló, Madrid, Albacete y Cataluña (Valenzuela García, Lubbers, & Molina, 2020). A través de los crudos testimonios de las personas usuarias, el instructivo diálogo con los profesionales y la observación directa de los centros y sus dinámicas, ha sido posible entender mejor los mecanismos que inciden en lo que hemos denominado un proceso continuado de pérdida, un proceso que aboca a llamar a la puerta de Cáritas u otras organizaciones asistenciales. A través de una perspectiva relacional es posible observar, no solo la privación material y el deterioro de la salud, sino también las dramáticas transformaciones que tienen lugar en el mundo social y simbólico de las personas vulnerables a lo largo de un proceso que, en ocasiones, puede ser felizmente revertido.
A nivel global, la desigualdad no ha dejado de crecer desde los años 80, erosionando tanto lo que habitualmente entendemos por clases medias como otros sectores sociales (Piketty, 2019). Este fenómeno es especialmente dramático en nuestro país, como demuestra el VIII Informe FOESSA que, antes de la actual pandemia, estimaba que el 18,4% de la población española (8,5 millones) estaba estancado en la exclusión, nada menos que 1,2 millones más que antes de la crisis del 2008-9 (Fundación FOESSA, 2019). En estas condiciones estructurales, susceptibles de empeorar, la pérdida del empleo, un divorcio, una enfermedad crónica, la muerte de un familiar querido y, por supuesto, una adicción, por citar algunos de los casos más comunes, pueden desencadenar ese proceso continuado de pérdida que lleva a la exclusión. Podemos resumirlo del siguiente modo:
a) Eventos desencadenantes y autodiagnóstico erróneo. En una situación de creciente vulnerabilidad y desprotección, alguno de los eventos que hemos comentado (o varios de ellos al mismo tiempo) pueden dificultar afrontar las obligaciones cotidianas, el alquiler o hipoteca, las cuotas a la Seguridad Social, o los gastos imprevistos. Por regla general el diagnóstico de la situación es erróneo: se suele considerar algo puntual, una mala racha, y no el inicio de un proceso acumulativo de deterioro.
b) Erosión acelerada del capital social. Al experimentar dificultades suele recurrirse primero a los lazos fuertes (familiares y amigos para obtener pequeños préstamos o ayudas puntuales) o, alternativamente, se opta por no pedir ayuda. En ambos casos se produce un deterioro del capital social, ya sea por la fatiga provocada en los lazos de apoyo (motivada por una dependencia crónica) o bien por la falta de interacción social motivada por la imposibilidad de costear su mantenimiento (asistencia a celebraciones, regalos, etc.) y la imposibilidad de mantener la reciprocidad de los intercambios, condición sine qua non de la sostenibilidad de la relación. Esto lleva a que las redes personales se hagan más pequeñas, y a menudo homogéneas en términos de nivel socioeconómico, lo que redunda en un mayor nivel de exclusión.
c) Aparición del estigma y la vergüenza asociados a un cambio de estatus. La situación de dependencia crónica, el hecho de no poder disponer del nivel de consumo asociado al grupo en el que estas personas se clasifican, conlleva a menudo que se les recrimine su situación y que se sientan avergonzadas por experimentar una situación de la que suelen sentirse responsables. Este estigma es a menudo reproducido en las regulaciones burocráticas que rigen el funcionamiento de las instituciones y el reparto de fondos o la provisión de servicios.
d) Contacto con las instituciones socio-caritativas y afrontamiento de situaciones de vivienda, alimentación, salud y deudas inasumibles, a menudo con instituciones públicas, en un contexto en el que el acceso al trabajo no garantiza la superación de situaciones de vulnerabilidad.
Este proceso es bien conocido por los profesionales de Cáritas con los que hemos tenido la oportunidad de conversar, aunque quizá no de una forma tan sintética y descarnada. Veamos a continuación algunas reflexiones que, esperamos, contribuyan a mejorar su trabajo.
Disponer de redes personales pequeñas y en la mayoría de las veces formadas por personas también en riesgo de exclusión (lo que se denomina redes homófilas; es decir, constituidas en buena parte por personas de similares características socioeconómicas), redes personales formadas exclusivamente por familiares (especialmente en el caso de las mujeres que tienen que sacar adelante a sus familias) y redes personales con presencia de profesionales son indicadores relacionales de la existencia de una situación de vulnerabilidad.
La Figura 1 presenta el caso de Joaquín (se usan siempre pseudónimos y la persona en cuestión no se representa), un caso en el que la red personal es mínima y con presencia importante de profesionales. En todos los casos analizados el apoyo emocional aportado por estos últimos (en términos de atención, comprensión y ayuda) se ha valorado como esencial. Por esa razón algunos usuarios se refieren a esos profesionales como su familia, una familia ficticia que resulta sin embargo crucial en tanto en cuanto adopta roles (y proporciona apoyos) reservados para unos lazos familiares que ya no están presentes – aunque eso no implica que no sean recuperables.
La Figura 2 muestra la red de Encarna, una mujer que ejerce el rol de cuidadora de una familia ampliada, con la mayoría de sus miembros en situación de dependencia o necesidad. En estas condiciones estas mujeres no pueden disponer de espacios de socialización alternativos, también importantes para el bienestar emocional, ni tampoco de tiempo para realizar actividades que no estén relacionadas con la reproducción de la unidad doméstica. La situación se agrava cuando se tienen que ocupar de personas dependientes al tiempo que trabajan, lo cual les obliga a hacer dobles y triples jornadas.
La Figura 3 muestra un caso en el que el profesional ya dispone de un rol periférico, aunque mantiene el contacto, lo cual es un indicador de que la red personal se está recuperando a través de la aparición de círculos sociales diferenciados de familiares y amigos o conocidos, que permiten a la persona recuperar la autoestima y la independencia. Este acceso a nuevas relaciones a menudo se acompaña con el acceso a distintas realidades socioeconómicas y nuevas oportunidades vitales.
En general, una red amplia y diversa, con diferentes círculos (amistades, trabajo, actividades sociales o deportivas, familia) indica una vida plena y satisfactoria. Esta red es la primera que sufre las consecuencias del proceso de pérdida que hemos descrito.
El voluntariado es un elemento fundamental de la acción socio-caritativa, al encarnar los valores del compromiso por los demás, la solidaridad y la igualdad, entre otros. Sin embargo, los voluntarios son también representantes de la sociedad general y, por tanto, en algunos casos suelen reproducir los discursos dominantes, entre ellos muy especialmente el prejuicio sobre quién merece la ayuda (porque se asume que no es culpable de su situación) y quién no la merece (porque se asume que se aprovecha de ella). La Figura 4 representa el discurso dominante que hemos llamado el estigma de los desclasados, o la clasificación de las personas excluidas y/o dependientes en categorías de merecimiento, incluyendo a aquellas personas con las que tienen contacto frecuente pero que consideran no merecedoras de la ayuda.
Estos prejuicios no son nuevos, sino que se pueden encontrar de forma reiterada en los discursos de justificación de la exclusión en todo el mundo. Por ello entendemos que los cursos de formación deberían reconocer la existencia de estos discursos y permitir a los voluntarios y voluntarias realizar su propia reflexión sobre esta cuestión. También sería interesante, en el transcurso de estos cursos, que participasen los distintos agentes (profesionales y voluntarios, naturalmente, pero también usuarios) mediante foros abiertos – por ejemplo, grupos focales.
Una de las lecciones aprendidas más importantes de este trabajo es que la red comunitaria constituye una protección del proceso de deterioro descrito anteriormente. En este sentido, las personas que consiguen (con la ayuda de Cáritas y otras organizaciones sociales) salir adelante manifiestan su disposición a devolver con generosidad la atención recibida, actuando como voluntarios/as o ayudando activamente a otras personas en situación de necesidad. Entendemos que esta solidaridad puede orientarse a actividades encaminadas a la creación de redes comunitarias que vayan más allá de las instituciones (en proceso de creciente burocratización) y descansen en asociaciones vecinales, clubs deportivos, entidades culturales, escuelas y ayuntamientos, entre otras. Estas iniciativas orientadas, por ejemplo, a promover buenas prácticas se han mostrado eficientes y permitirían a estas personas ejercer activamente un derecho de ciudadanía que nunca se les debería haber arrebatado. Resulta fundamental, no obstante, que estas iniciativas no se entiendan como lógicas impuestas de arriba abajo, sino al contrario, como iniciativas acompañadas, promovidas e incentivadas por todos los agentes, de manera que los participantes se sientan involucrados en la toma de decisiones y se sientan co-responsables de sus logros. Pensamos que ese es el verdadero reto de las instituciones de lucha contra la pobreza: lograr la inclusión y la creación de redes sociales sostenibles mediante la participación activa de los propios agentes involucrados[1].
Fundación FOESSA (2019). VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid.
Piketty, T. (2019). Capital e ideología. Barcelona: Grupo Planeta.
Valenzuela Garcia, H., Lubbers, M. J., & Molina, J. L. (2020). Vivo entre cuatro paredes: La vulnerabilidad relacional en contextos de exclusión social. Madrid: Cáritas Española; Fundación FOESSA.
[1] Este es, precisamente, el punto de partida de un nuevo proyecto que sustenta parte de la reflexión de este artículo: “Dimensión comunitaria, redes sociales y exclusión social” (Acrónimo: DIMCOM). Proyecto I + D + i. Retos de Investigación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. IP: Hugo Valenzuela y Miranda J. Lubbers. Ref. PID2019-111251RB-I00. Periodo: junio 2019- junio 2023.
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Sebastián Mora Rosado, Universidad Pontificia Comillas
La pandemia producida por la COVID-19 se ha convertido en un hecho singular y totalizante. Los accesos a la realidad están monopolizados por el desarrollo y los efectos de esta. Todas las esferas de la existencia, desde la conciencia más íntima a la vida pública, se han visto conmovidas y removidas por la evolución de la COVID-19. El evidente impacto en la salud pública ha venido acompañado de consecuencias gravísimas en el orden económico, político y social. Además, en el imaginario social la vulnerabilidad de lo humano, olvidada en una sociedad individualista y tecno-optimista, está ocupando un puesto central en nuestras experiencias personales y colectivas.
Aunque de manera más silenciosa y menos analizada, la pandemia ha supuesto también una auténtica transformación en la percepción de tiempo histórico. La contracción del presente, como vivencia del tiempo de la modernidad tardía (Rosa, 2016) , se ha visto intensificada de manera notable. Necesitamos pasar rápido por el pasado, incluso el más cercano, y el futuro es tan indeterminado que se difumina como ámbito de experiencia o se utiliza como mera vía de escape. En definitiva, hemos puesto el mundo entre paréntesis hasta nuevo aviso. Esto no significa una ralentización del tiempo social, incluso puede suponer una mayor aceleración social (hacer más cosas en menos tiempo) aunque para acabar en el mismo sitio. No paramos de correr para retornar eternamente a lo mismo. Por eso en la Gran Recesión (2009) se proclamó la refundación del capitalismo, para aceleradamente pasar a repetir lo mismo.
La metáfora de la guerra, ampliamente utilizada por políticos y opinadores, fundamenta y argumenta esta excepcionalidad. En esta puesta entre paréntesis -aceleración estática-, el pasado queda sepultado y el futuro desdibujado. Una sociedad sin memoria y sin orientación a futuro es una sociedad moribunda. Sobrevive, pero no vive.
Para romper el cerco del presente es una exigencia ética analizar, valorar y evaluar las políticas públicas implementadas, la actuación de las diversas administraciones, la participación de la sociedad civil organizada y las responsabilidades que tenemos como ciudadanía. Pero, no menos necesario es rememorar el sufrimiento acontecido como memoria peligrosa (Metz, 2002), como interrogante que nos dejan los que se han ido en el olvido; como apertura de un presente que no puede agotarse en la mera instantaneidad y se tiene que abrir a la duración del tiempo histórico. Nuestra sociedad no puede pasar por encima del sufrimiento amontonado hace pocos meses en las morgues de campaña, ni ocultar la brutal injusticia que están padeciendo las personas más vulnerables y no dar el debido culto a la fraternidad de los ausentes (Barreto, 2020). El presente contraído, como totalidad de nuestra existencia, no puede acallar la memoria del sufrimiento y la injusticia padecida por las personas más fragilizadas. El pasado no es solo una estación previa al presente, sino acontecimiento de justicia y reconciliación. Desvelar las injusticias acontecidas y sufridas por las personas fragilizadas, en vez de cubrirlas bajo un velo de ignorancia, es un ejercicio de justicia débil, pero absolutamente necesario para anticipar el futuro. El diabólico trato dado a nuestros mayores, la indigna política migratoria agravada en tiempos de pandemia, el incremento intenso de la desigualdad y la exclusión social no pueden sepultarse en los pozos del olvido.
El presente, como situación de emergencia permanente, nos ancla irremediablemente en el corto plazo. No miramos hacia atrás, pero tampoco levantamos la cabeza al futuro. Miramos hacia abajo, a lo presente y urgente, al tiempo real como un ahora sincronizado que ha roto el hilo de la humanidad. Es absolutamente indudable la necesidad de centrarse en lo urgente y necesario, pero no puede hacernos olvidar el hilo de humanidad que nos constituye, a riesgo de convertirnos en meros supervivientes. Un tiempo sin duración, sin aroma (Han, 2015) nos hace vivir la historia como un destino inevitable. La instantaneidad de lo vivido, la eterna repetición de lo mismo crea la sensación de no sentir el paso del tiempo. Si cerramos los ojos parece qué, desde el mes de marzo, cuando explosionó la pandemia, no ha pasado el tiempo.
El miedo se eterniza en el presente contraído agotando los resortes de esperanza en el futuro. Un tiempo sin duración, como el que estamos viviendo, que pone el mundo entre paréntesis hasta nuevo aviso, acaba robando el futuro a millones de personas (Lanceros, 2017). Por eso, no podemos encerrarnos en la mera espera desde la burbuja del presente. Esperar es anticipar, transformar y convertir en realidad las potencialidades inéditas del presente. Espera y anticipación, como actitud y praxis social, son los mimbres para vivir en un presente dilatado. Como decía el apóstol Pedro a los cristianos esperando y acelerando la venida del Reino (2 Pe 3,12).
La excepcional situación que estamos viviendo exige una intensa atención al presente y a sus requerimientos sanitarios, sociales y políticos. No podemos evadirnos de la cruda realidad del presente. Ahora bien, o somos capaces como sociedad de dilatar el presente o acabaremos cayendo continuamente en la repetición de lo idéntico. Especialmente para las personas excluidas, expulsadas y oprimidas. Como nos recordaba Walter Benjamin, en su Tesis VIII Sobre el Concepto de historia (2008), debemos caer en la cuenta que la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos es la regla. Para lo expulsados del bienestar, el presente contraído es la permanencia de la barbarie, la injusticia y la opresión. Por eso trabajar por la justicia es redimir al tiempo histórico del presente eterno de la excepcionalidad desde prácticas y narrativas que, asentadas sobre la experiencia colectiva y la memoria subversiva, sean capaces de anticipar el futuro comunitario.
Barreto, D. (2020). «La pregunta por quienes se han ido y la cultura de la solidaridad». Iglesia Viva, (281), 131-132. Retrieved from https://iviva.org/revistas/281/281-37-DANIEL.pdf
Benjamin, W. (2008). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México D.F: Itaca.
Han, B. (2015). El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. Barcelona: Herder.
Lanceros, P. (2017). El robo del futuro. Fronteras, miedos, crisis. Madrid: Libros de la Catarata.
Metz, J. B. (2002). Dios y el Tiempo. Nueva teología política. Madrid: Trotta.
Rosa, H. (2016). Alienación y Aceleración. Hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía. Madrid: Katz.
Médico, asesor estratégico de la Campaña de Acceso a medicamentos de Médicos Sin Fronteras.
Puedes encontrar a Tammam Aloudat en Twitter.
Debo admitir que, en algunas circunstancias, las cosas buenas pueden brotar de cosas malas. El Renacimiento puede surgir de la Edad Media, los derechos humanos de levantarse ante la tiranía y el humanitarismo de la guerra. Una sola muerte fuera de una tienda en Minneapolis puede, como hemos visto recientemente, encender una llama por un cambio que aún podría poner en marcha un cambio global.
Sin embargo, la transición rara vez es limpia. Con demasiada frecuencia, las huellas del mal original persisten para empañar el nuevo mundo que nace.
La medicina tropical cae claramente en esta categoría. Una disciplina fundada para proteger a los soldados del imperio de las enfermedades y permitir su continua opresión de los súbditos coloniales, se ha transformado en las últimas décadas en una disciplina de salud global que, al menos en principio, busca el acceso equitativo a la atención médica de calidad para todos.
Hoy en día, la salud global, incluido el movimiento para promover el acceso a los medicamentos —nuestro propio enfoque en la Campaña de Acceso de MSF— todavía lleva el residuo de un pasado racista y colonial que, aunque rechazamos e intentamos deshacernos de él, permanece en muchos de los detalles de cómo se construye, mantiene y funciona el sistema.
Esta discrepancia entre quienes ostentan el poder y los que no, a la hora de determinar la política sanitaria mundial, no deja de sorprenderme cuando doy un pequeño paseo por Ginebra cerca de nuestras oficinas. Ahí están la ONU, la Organización Mundial de la Salud, GAVI, el Fondo Mundial, UNICEF y otros. A través de las ventanas se ven reuniones en las que se toman decisiones de las que depende millones de vidas en todo el mundo. Las personas en esas oficinas, junto con las grandes fundaciones, los donantes gubernamentales de salud y otros en la oligarquía mundial de la salud, tienen mucho poder y poca rendición de cuentas.
Es un pensamiento muy curioso. Lo que sucede aquí define las oportunidades de vida de familias y comunidades a miles y miles de kilómetros de distancia, lejos del lago Ginebra y sus lujosos autos diplomáticos que bordean su brillante orilla.
Es sabido que el colonialismo ha cambiado drásticamente su rostro en las últimas décadas. El neocolonialismo hoy en día no lo llevan a cabo soldados con armas y bayonetas, lo hacen personas con trajes elegantes que tienen los antecedentes, las conexiones y los recursos para decidir el destino de los demás.
Con demasiada frecuencia, incluso con las mejores intenciones, los actores sanitarios pueden, sin saberlo, ser complacientes con ese comportamiento colonial. Hay una línea muy delgada, apenas un pelo, entre ser defensor del derecho a la salud de las personas y ser una herramienta colonial que les lanza las migajas para que callen mientras siguen siendo explotadas.
Las actitudes neocolonialistas en las organizaciones médicas y humanitarias se pueden discernir de muchas maneras: las decisiones estratégicas se toman exclusivamente en la parte superior de las jerarquías y en los centros de poder, generalmente por un grupo reducido de personas; los que toman las decisiones más importantes son mucho más privilegiados y corren mucho menos riesgo que los afectados por ellas; Las consultas y la incidencia tienen lugar entre un grupo limitado y exclusivo de personas que ni son diversas ni están dispuestas a alejarse de las convenciones.
No es una situación saludable.
Sin embargo, exigir y promulgar un cambio total de este sistema corre el riesgo de dañar a las mismas personas a las que servimos en Médicos Sin Fronteras (MSF) y cuyas vidas y salud dependen de la forma en que las cosas funcionan ahora, admitidas como imperfectas.
Por otro lado, presionar por reformas menores podría ser incluso peor. Harán poco más que abordar los síntomas y no las raíces de la injusticia y profundizarán la complicidad de la salud mundial en el continuo y opresivo statu quo. No reducirán la desigualdad del poder de decisión sobre quién vive y quién muere.
Por lo tanto, sugiero aquí un enfoque alternativo, una reforma no reformista basada en un concepto presentado por primera vez por filósofos y sociólogos en el siglo pasado en relación con los movimientos laborales. Este tipo de reforma tiene como objetivo generar un cambio fundamental que tenga las necesidades humanas como el fin óptimo en lugar de la preservación del sistema de poder.
Es un sistema de reforma que se origina en las personas que la necesitan y tiene como objetivo lograr lo que requieren, en lugar de emanar de un brillante palacio junto a un lago en Europa. Y aunque no tiene como objetivo romper el sistema a toda costa, claramente quiere remodelar tanto el sistema como el equilibrio de poder para satisfacer las necesidades más importantes de la mayoría de la ciudadanía.
Este enfoque se opone rotundamente a la reforma reformista, actualmente generalizada, que considera lo que es posible solo dentro de los límites del statu quo y trata de mejorar los resultados a través de enfoques de arriba hacia abajo que nunca desafían la jerarquía de poder que causa el daño en primer lugar.
La Campaña de Acceso de MSF trabaja en la elaboración de políticas que eliminen las barreras de acceso a medicamentos, vacunas y diagnósticos que impiden que algunos de los pacientes más vulnerables obtengan la atención médica que necesitan.
Ahora, la COVID-19 ha situado los problemas que abordamos todos los días en el centro del escenario global: la disponibilidad de nuevas herramientas médicas como tratamientos y vacunas, los precios, los monopolios de algunas compañías farmacéuticas, la competición entre países ricos para acaparar esos recursos a expensas de los países más pobres, y la falta de cooperación global a favor de estrechos intereses nacionalistas, han pasado a ser el centro de atención.
Nada de esto es nuevo, es solo una desigualdad en salud sobrecargada. Sin embargo, el objeto de mi texto no es discutir esa parte de la historia que resultará en medicinas y vacunas que estarán más disponibles para los ricos y seguirán eludiendo a los pobres.
No. El tema que me preocupa hoy es que la COVID-19 ha enfatizado, además de las desigualdades económicas y nacionalistas, el gran desequilibrio de poder entre quienes están tratando de abordar el problema. Los más afectados, una vez más, han sido pasados por alto en la urgencia por encontrar soluciones. Nada sobre nosotros, sin nosotros es el llamado de atención de la sociedad civil en todas partes para una inclusión y participación significativas en el desarrollo de soluciones a los problemas que los afectan principalmente. Es más importante en esta época de COVID-19 que nunca antes y, una vez más, está siendo ignorado.
Ahí es donde volvemos a la reforma no reformista y la necesidad de poner a los pacientes y sus comunidades en el asiento del conductor. Y si la noción de reforma no reformista parece demasiado radical en el ámbito de la salud mundial actual —como una persona con vaqueros rotos y una camisa raída que grita en una fiesta de gala— nos consuela ya que MSF siempre ha sido exactamente eso, la persona desaliñada que grita en la fiesta educada y los que irrumpen en contextos imposibles para proporcionar medicamentos a personas que pocos creen que deberían recibirlos.
Sin embargo, también en MSF debemos auto examinarnos. Antes de enfurecernos contra el aparato, debemos mirarnos en el espejo y decidir deshacernos de nuestros propios vestigios de un pasado colonial. Para ser honestos con nuestros objetivos, tenemos que convertirnos en una idea y en una organización descolonizadas y descolonizadoras que toma su legitimidad del compromiso y el poder de las personas en el extremo receptor de nuestros servicios y no solo de aquellos en la parte superior de nuestra jerarquía.
Ser un profesional de la salud global, como organización o como individuo, debería ser un acto radical de rebelión contra el sistema de poder.
Dr. Tammam Aloudat, asesor estratégico de la Campaña de Acceso a medicamentos de Médicos Sin Fronteras. Tammam Aloudat es un médico sirio. Ha trabajado como profesional médico humanitario durante los últimos 20 años con MSF y el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Daniel Sorando, sociólogo. Profesor en la Universidad Complutense de Madrid.
Álvaro Ardura, arquitecto. Profesor en la Universidad Politécnica de Madrid.
Puedes encontrar a Daniel Sorando y a Álvaro Ardura en Twitter.
Las dificultades de acceso a una vivienda adecuada y segura son, junto con la baja calidad del empleo, los principales caminos hacia la exclusión social en España (FOESSA, 2019). Sumemos que la debilidad de la política de vivienda y la continua promoción del mercado inmobiliario son una seña de identidad de la economía política española (Méndez, 2019). El resultado es la polarización entre grupos enriquecidos y empobrecidos por este sistema de provisión residencial. Entre los grupos sociales más golpeados por este modelo las consecuencias son múltiples: sobrecarga financiera del coste de la vivienda, inseguridad vital, pautas de hacinamiento y efectos sobre la salud física y mental. Asimismo, la fragilidad residencial genera consecuencias en términos del arraigo territorial vinculado a la vivienda, en la medida en que el lugar de residencia da acceso a una red única de relaciones sociales y accesos a equipamientos y servicios de todo tipo (educativos, sanitarios, culturales, etc.) (Logan y Molotch, 1987). Por tanto, la incapacidad para mantener el lugar de residencia ligada a los procesos de gentrificación da lugar a desarraigos con importantes consecuencias en cada una de las esferas de la vida cotidiana (Elliot-Cooper et al., 2020).
Los procesos de gentrificación consisten en la sustitución de los usuarios y residentes de un territorio (un barrio, por ejemplo), de tal modo que los nuevos son de una clase social con más recursos que los desplazados por el proceso. Esta dinámica responde a un complejo conjunto de acciones económicas, políticas y sociales que incluyen la inversión en la mejora de las condiciones del territorio considerado (Clark, 2005). Al respecto, Franquesa (2007) sostiene que la gentrificación es una estrategia del urbanismo neoliberal que consiste en la lógica de vaciar el territorio de la población previa (definida como portadora de degradación e insolvente económicamente) para llenarlo de nuevos usuarios y residentes (con un muy superior capital económico). Allá donde este proceso es viable, el interés del capital no se limita a la vivienda, sino que, además, incluye otras estrategias de atracción de capitales vinculadas al ocio y los servicios, así como los flujos turísticos. En España y el resto de los países del sur de Europa tiene especial peso la estrategia turística, dado que el turismo suple la falta de demanda local suficiente que el capital inmobiliario necesita para generar plusvalías (Cocola Gant, 2016). En cada caso, los habitantes que no pueden afrontar el coste del barrio una vez gentrificado son desplazados.
La principal consecuencia de la gentrificación en términos de (in)justicia social es el desplazamiento de los habitantes previos, habitualmente caracterizados por disponer de bajos ingresos y residir en viviendas en régimen de alquiler (Slater, 2006). Dentro de esta población la diversidad es muy importante e incluye hogares envejecidos, a menudo unipersonales; hogares monoparentales; y/o inmigrantes extranjeros fuertemente precarizados. Marcuse (1985) establece tres tipos de desplazamiento: el desplazamiento directo, el desplazamiento excluyente y la presión del desplazamiento. En primer lugar, y según sus causas, el desplazamiento directo puede ser económico o físico. Se trata de un desplazamiento económico cuando es el efecto de la revalorización del barrio de residencia, mientras que es físico cuando es consecuencia del abandono del mantenimiento de la vivienda por parte de sus propietarios. Adicionalmente, y según su posición temporal, el desplazamiento directo puede serlo del último residente desplazado o incluir a los hogares previos también desplazados en el proceso (desplazamiento directo en cadena). Este último tipo de desplazamiento dificulta la cuantificación del proceso (Elliot-Cooper et al., 2020).
En segundo lugar, el desplazamiento excluyente ocurre cuando la gentrificación de un barrio impide su elección a una serie de grupos sociales que lo hubieran escogido en otras condiciones y que, de esta manera, observa cómo sus opciones en el mercado residencial disminuyen. Finalmente, la presión del desplazamiento ocurre cuando el contexto residencial de los hogares residentes en un barrio en proceso de gentrificación se transforma de tal modo que propicia su abandono por parte de los hogares más precarizados: cuando sus redes de apoyo abandonan el lugar, las tiendas que dirigen o consumen han de liquidar por la llegada de nuevos comercios para otra clientela, y/o cuando declinan los servicios públicos (Atkinson, 2015; Elliot-Cooper et al., 2020).
En España, el desplazamiento ha encontrado un obstáculo en el régimen de tenencia, mayoritariamente en propiedad, que protege a los hogares ante el desplazamiento directo. Sin embargo, el porcentaje de alquiler privado en sus principales ciudades es equivalente al registrado en otras ciudades europeas y, además, está espacialmente concentrado en los barrios gentrificados. Por otra parte, la metamorfosis del ciclo inmobiliario desde las hipotecas hacia los alquileres ha dado lugar a una incipiente ola de desplazamientos en la segunda década del siglo XXI. Desde la crisis financiera de 2008, la vía española habitual de acceso residencial ha comenzado a cambiar, con un trasvase desde la propiedad hacia el alquiler privado mientras el porcentaje de vivienda social en alquiler permanece en valores irrelevantes. Este giro es más abrupto en las grandes áreas metropolitanas como la Comunidad de Madrid, donde las viviendas en régimen de alquiler de mercado pasaron del 12,9% al 21,0% entre 2004 y 2017, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE). El caso español participa de una dinámica internacional de financiarización del alquiler promotora de la más reciente ola de gentrificación (Hyra et al., 2020). Esta tendencia es particularmente relevante en España por el enorme esfuerzo económico que implica. De media, el 15% de los ciudadanos de la OCDE se ve obligado a dedicar el 40% o más de sus ingresos disponibles a la vivienda. En España ese porcentaje se dispara hasta el 37% para la población que vive de alquiler, según los datos de la OCDE.
A pesar de ser la principal consecuencia de la gentrificación, el desplazamiento apenas ha sido estudiado debido a las dificultades que entraña su medición (Easton et al., 2020). Este artículo aborda dichas dificultades y se suma a otros esfuerzos en la misma dirección (López-Gay et al., 2020). Con este fin se emplea una fuente de gran valor: la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) a escala inframunicipal, ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid. La base de datos obtenida contiene los movimientos residenciales con origen y/o destino en el municipio de Madrid entre 2011 y 2018. No obstante, en esta investigación la base se ha restringido al conjunto de los movimientos residenciales cuyo distrito de destino difiere del de origen. La razón es que los movimientos en el interior del mismo distrito no tienen un impacto potencial sobre las actividades cotidianas semejante a la mudanza hacia otros distritos. Por ejemplo, la permanencia en el mismo distrito no tiene por qué impedir el mantenimiento del centro escolar, la asociación vecinal o las redes de apoyo mutuo informales.
Con estos datos se ha calculado un indicador de desplazamiento definido del siguiente modo: el porcentaje que los movimientos residenciales de baja de una categoría de población suponen sobre el total de personas residentes de dicha categoría al principio del período considerado. Este indicador permite comparar la intensidad de bajas residenciales entre distritos muy dispares en su composición social, dado que se contrasta el porcentaje de residentes de cada categoría que ha abandonado un distrito, independientemente de su peso poblacional en el mismo. De lo contrario sólo podríamos informar del hecho evidente de que es en los distritos donde más población hay de cada categoría (por ejemplo, de personas con estudios primarios) donde más bajas de dicha categoría se registran. En cambio, el indicador presentado aquí permite observar la intensidad de las bajas residenciales como si en todos los distritos hubiera el mismo número de residentes de cada categoría. Para no perder información, junto con el indicador de bajas residenciales se ofrece, para cada distrito y variable, la distribución de cada variable (esto es, su estructura).
Las variables analizadas son aquellas ofrecidas por la EVR con mayor capacidad para diferenciar entre grupos sociales desiguales en los recursos que permiten el acceso a una vivienda: el nivel educativo y el lugar de nacimiento. En el caso del nivel educativo, diferentes investigaciones han probado la sólida correlación entre esta variable y el nivel socioeconómico (Tammaru et al., 2016). Las categorías en que se divide el nivel educativo son estudios primarios (1G), secundarios (2G) y superiores (3G). En cambio, en el caso del lugar de nacimiento la relación no es directa, dada la heterogeneidad interna a las categorías de personas nacidas en España y en el extranjero. Desafortunadamente, no disponemos de datos sobre el país de nacimiento de las personas nacidas en el extranjero, lo cual no permite diferenciar entre orígenes desiguales. No obstante, la alta proporción de personas nacidas en países no pertenecientes a la OCDE sobre el total de nacidos en el extranjero (un 75,4% en el municipio de Madrid en 2011, según el Censo de 2011 del INE) permite utilizar a este grupo como aproximación a la intersección entre desventaja socioeconómica y discriminación étnica. Por último, es preciso señalar que estos indicadores albergan cierto error de observación porque parte de las bajas registradas entre 2011 y 2018 en cada distrito las realizan personas que podrían no residir allí en 2011.
Por último, tan sólo se toman los movimientos realizados por personas mayores de 15 años, con el fin de excluir a niños/as que no han tenido ocasión de completar la ESO (y, por tanto, sólo pueden figurar en la categoría de estudios primarios). Al respecto, los datos reflejan una elevada cantidad de movimientos residenciales de las personas con estudios primarios por una deficiencia importante de los datos de estudios: su no actualización. Esto implica que muchas personas pueden figurar dentro de la categoría de estudios primarios o secundarios por haberse empadronado en edad infantil o adolescente. Dado que este registro no se actualiza sino con cada nuevo empadronamiento, incluso si han obtenido estudios superiores permanecerán en la categoría en la que fueron empadronados. No obstante, este sesgo no tiene por qué ser diferencial entre distritos, de modo que sus efectos se asumen constantes entre estos y, por tanto, no impiden el análisis comparativo entre los mismos.
Los distritos con mayor intensidad de bajas residenciales entre las personas con estudios primarios y secundarios coinciden con aquellos donde estos grupos tenían un peso menor ya en 2011 (ver tabla 1). Por tanto, se confirma el carácter excluyente de estos distritos, los cuales se localizan fundamentalmente en la conocida como almendra central de Madrid (el interior de la M30)[1]. En este contexto, el caso más pronunciado es Centro, donde se registra la intensidad mayor de bajas entre todas las categorías de nivel educativo (como consecuencia de la alta movilidad residencial que permite su importante mercado de vivienda en alquiler). No obstante, la intensidad más alta se da entre las personas con estudios primarios, las cuales constituían un porcentaje notablemente inferior a la media del municipio en 2011. Esta pauta se repite (con menor intensidad) en el resto de los distritos de la almendra central madrileña, si bien destacan dos casos atípicos al respecto: Tetuán y Usera. En primer lugar, en Tetuán se observa que en 2011 la población con menor nivel de estudios tenía un peso igual a la media del municipio (y no por debajo, como en el resto de los distritos de la almendra central). Esto significa que la alta intensidad de bajas de este grupo entre 2011 y 2018 ha supuesto su desplazamiento de un distrito todavía no gentrificado al inicio del proceso. Mientras que, en segundo lugar, en Usera (y, hasta cierto punto, Carabanchel) se observa una alta intensidad de bajas en las personas con estudios primarios a pesar de no encontrarse en la almendra central y de contar con un elevado peso de este grupo en 2011, lo cual podría estar indicando un proceso incipiente de gentrificación.
Las dinámicas anteriores, descritas para las personas sin estudios superiores, se repiten de forma parcialmente análoga entre las personas nacidas en el extranjero, cuyas pautas de movilidad residencial son más intensas a las de las personas nacidas en España en todos los distritos (ver tabla 2). De nuevo, los distritos con mayor intensidad de bajas entre las personas nacidas en el extranjero son aquellos que componen la almendra central de Madrid y, una vez más, con la notable excepción de Usera (distrito exterior a la almendra central que, no obstante, registra una sobresaliente intensidad de bajas entre esta población, lo cual también se observa con intensidad menor en Moratalaz y San Blas). En cambio, en este caso la estructura en 2011 de los distritos centrales de Madrid no es homogénea, sino que al comienzo de la década había una importante presencia de personas nacidas en el extranjero en algunos de sus distritos como Centro y Tetuán.
El conjunto de estas pautas es coherente con los procesos de gentrificación empíricamente contrastados durante las últimas décadas en la almendra central de Madrid (García, 2014; Sorando y Ardura, 2018; Sorando y Leal, 2019; López-Gay et al, 2020; Porcel y Antón, 2020). En concreto, el indicador de intensidad de bajas residenciales revela una mayor intensidad del desplazamiento entre los grupos más precarizados en los distritos con mayor llegada de personas en el polo opuesto (con estudios superiores, fundamentalmente). Estos procesos de gentrificación suponen un desplazamiento a menudo involuntario, como consecuencia del encarecimiento del coste de la vida en los distritos del centro de Madrid. Entre estas dinámicas destaca la inflación de las rentas del alquiler, tal como se observa en la tabla 3, dado que es en tales distritos donde se concentra el mayor porcentaje de población en alquiler, un mayor incremento de las rentas (al cual se suma el caso de Usera, lo cual permite explicar sus pautas intensas de desplazamiento) y un precio más alto del metro cuadrado.
Madrid ha sido objeto de sucesivas olas especulativas que, en la última década, han escogido el alquiler como principal estrategia de enriquecimiento a costa de las condiciones de vida de los hogares más precarizados. En esta dinámica, los actores con más recursos han afianzado el carácter exclusivo y excluyente de los distritos centrales del municipio de Madrid, de modo que los hogares más desfavorecidos (con menor nivel socioeconómico y mayor discriminación étnica) siguen siendo desplazados de su territorio. Además, este proceso parece estar ampliándose hacia algunos distritos del Sur, como Usera y Carabanchel, sugiriendo un avance del frente de la gentrificación que expulsa a las clases populares hacia periferias cada vez más distantes donde la vulneración de sus derechos sociales permanece cada vez más invisible.
Atkinson, R. “Losing one’s place: Narratives of neighbourhood change, market injustice and symbolic displacement”. Housing, Theory and Society, 32(4), 2015; pp. 373-388.
Clark, E. “The order and simplicity of gentrification: a political challenge”, en Atkinson, R. y Bridge, G. (eds.), Gentrification in a Global Context: The New Urban Colonialism. Londres: Routledge, 2005; pp. 256–264.
Cocola-Gant, A. “Tourism gentrification”, en Lees, L. y Phillips, M. (eds), Handbook of Gentrification Studies. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 2018; pp. 281–293.
Easton, S., Lees, L., Hubbard, P. y Tate, N. “Measuring and mapping displacement: The problem of quantification in the battle against gentrification”. Urban studies, 57(2), 2020; pp. 286-306.
Elliott-Cooper, A., Hubbard, P. y Lees, L. “Moving beyond Marcuse: Gentrification, displacement and the violence of un-homing”. Progress in Human Geography, 44(3), 2020; pp. 492-509.
FOESSA. VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: FOESSA, 2019.
Franquesa, J. “Vaciar y llenar, o la lógica espacial de la neoliberalización”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 118, 2007; pp. 123-150.
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Hyra, D., Fullilove, M., Moulden, D. y Silva, K. Contextualizing Gentrification Chaos: The Rise of the Fifth Wave (draft version, 2020). Disponible en: https://www.american.edu/spa/metro-policy/upload/contextualizing-gentrification-chaos.pdf
Logan, J. y Molotch, H. Urban Fortunes. The Political Economy of Place. Berkeley: University of California Press, 1987.
López-Gay, A., Andújar-Llosa, A. y Salvati, L. “Residential Mobility, Gentrification and Neighborhood Change in Spanish Cities: A Post-Crisis Perspective”. Spatial Demography, 2020.
Marcuse, P. “Gentrification, abandonment and displacement: connections, causes and policy responses in New York City”. Journal of Urban and Contemporary Law, 28, 1985; pp. 195–240.
Méndez, R. Ciudades en venta. Estrategias financieras y nuevo ciclo inmobiliario en España. Valencia: Universitat de Valencia, 2019
Porcel, S. y Antón, F. “Ciudad postindustrial y dinámicas socio-residenciales en España: un análisis comparativo de cinco metrópolis”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 24, 2020.
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Sorando, D. y Ardura, Á. “Procesos y dinámicas de gentrificación en las ciudades españolas”. Papers: Regió Metropolitana de Barcelona, 60, 2018; pp. 34-47.
Sorando, D. y Leal, J. “Distantes y desiguales: el declive de la mezcla social en Barcelona y Madrid”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 167, 2019; pp. 125-148.
Tammaru, T., Marcińczak, S., Van Ham, M. y Musterd, S. Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. Oxford: Routledge, 2016.
[1] Estos distritos son Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí y Moncloa.
Javier Burón, Gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona
Eduardo González de Molina, Investigador de la Gerencia de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona y Doctorando por la Universidad Pompeu Fabra
Puedes encontrar a Javier Burón en Twitter y en Linkedin; y a Eduardo González de Molina en Twitter y en Linkedin.
La temática de la presente publicación, llamada Una ciudad más humana y más justa, viene como anillo al dedo con la iniciativa que vamos a exponer en este artículo: el Convenio con Entidades Sin Ánimo de Lucro, una novedosa política pública de vivienda basada en la colaboración público-comunitaria. Siendo esta medida no sólo una solución innovadora para aumentar el parque de vivienda asequible, sino también una fórmula para coadyuvar a ciudades más humanas y justas. Para ello, este artículo pretende abordar cuatro objetivos: primero, exponer el cooperativismo de cesión de uso como un modelo alternativo de convivencia habitacional más humano; segundo, explicar la vivienda asequible como modelo de acceso a la vivienda más justo que otras alternativas; tercero, exponer la colaboración público-comunitaria como la política pública de vivienda que garantiza la viabilidad de estos modelos; y cuarto, analizar como esta política permite consolidar a futuro un ecosistema de promotores de vivienda asequible profesional y diversificado.
El proceso de urbanización neoliberal lleva configurando nuestras ciudades desde hace más de cuarenta años (Harvey, 2019). En esa configuración, las ciudades se han rediseñado más como espacios para invertir que como espacios para vivir. Ciudades que pierden sus espacios comunes, que introducen su lógica mercantil por doquier, donde los procesos de concentración y acumulación son el anverso de los procesos de exclusión y expulsión (Sassen, 2015). Este modelo de ciudad deviene en un lugar frío, individualizado, solitario, atomizado y con débiles lazos sociales. En otras palabras, una ciudad deshumanizada.
En este contexto, la vivienda se muestra como centro neurálgico de estos procesos. En las grandes ciudades, cerca de dos tercios del suelo urbano está destinado a uso residencial. El edificio residencial es diseñado arquitectónicamente por los promotores inmobiliarios bajo la lógica de maximización de beneficio: minimización de los espacios comunes y maximización de los espacios privados. Un edificio de propiedad horizontal u vertical, habitado por propietarios o inquilinos de su vivienda, está diseñado para no producir ningún tipo de lazo social ni de comunidad. El edificio se fragmenta como una colmena y los espacios comunes son auténticos no-lugares (Auge, 2009), espacios pensados exclusivamente para el tránsito. El vecino es un auténtico extraño. Hecho que no se pretende solucionar, sino que está normalizado e incluso se considera deseable. La comunidad de vecinos no es más que una comunidad de intereses, donde la participación es muy débil y los conflictos se terminan resolviendo, en ocasiones, vía demanda judicial.
Si queremos construir una ciudad más humana, donde sus habitantes se sienten con-ciudadanos y existen espacios que fomentan y profundizan vínculos sociales, el modelo de convivencia residencial actual debe cambiar. Existen muchos modelos alternativos, pero uno de los más prometedores es la vivienda cooperativa en cesión de uso.
A diferencia del anterior modelo, el edifico residencial es diseñado desde el principio por sus futuros habitantes. Ese diseño se hace desde la participación y la co-decisión, donde la lógica de organización espacial se equilibra: conviven en armonía espacios comunes y espacios privados. Los espacios comunes se diseñan para satisfacer necesidades comunes y para fomentar relaciones sociales: comedor comunitario, coworking, sala multiusos, lavandería, taller, huerto urbano, etc. Todo ello sin eliminar la imprescindible privacidad de la vivienda. Un modelo en donde, en lugar de perder, se gana libertad. Libertad tanto para quedarte en tu hogar como para socializar con tus vecinos. Un modelo que permite mantener las virtudes de lo privado mientras potencia las posibilidades de lo común. Aquí los vecinos no son extraños. La democracia no es una palabra hueca. Los conflictos se dirimen bajo otra lógica. Un modelo que además crea barrio, al aprovechar los bajos del edificio para dinamizar actividades conectadas con el entorno. El edificio residencial ya no es una colmena, sino un pueblo en miniatura. En lugar de un mosaico de individuos aislados, aparece una comunidad articulada: una de las materias primas para producir ciudades más humanas.
Una ciudad más justa se garantiza a través del derecho a la ciudad: una ciudad entendida como bien común (Lefebvre, 1975). El derecho a la ciudad es definido internacionalmente en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social (2004: 2). Es un derecho colectivo, complejo e interdependiente con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, que pretende fomentar la igualdad de oportunidades y el equitativo acceso a los derechos sociales y a la vida urbana. Una pieza clave del derecho a la ciudad es el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada (Ponce Solé, 2008). En nuestro país el derecho a la vivienda (Art. 47, C.E.), si bien no es un derecho fundamental exigible ante un tribunal, es un principio rector que mandata a los poderes públicos a que definan y ejecuten las políticas públicas imprescindibles para hacer efectivo tal derecho (Pisarello, 2009). Por lo tanto, el despliegue de unas políticas públicas de vivienda que, a través de diversas fórmulas, provea de acceso asequible a una vivienda digna y adecuada a todos los ciudadanos es una obligación por parte de la administración pública.
Pensamos que hay que armar un auténtico servicio público de vivienda basado en el principio del universalismo proporcional (Francis-Oliviero, et al., 2020), que, aplicado al campo de la vivienda, significa organizar un sistema donde todos, según su nivel de ingresos, tengan acceso a una vivienda digna. En la práctica, significa tener tres modalidades de vivienda: vivienda social para hogares en situación de vulnerabilidad, vivienda asequible para aquellos con cierto nivel de ingresos, pero con dificultades para pagar precios de mercado, y vivienda libre, para aquellos que puedan y quieran pagar precios de mercado.
El proveedor habitual de vivienda social es el sector público, aunque en ocasiones también los proveen entidades sociales, como Cáritas, Habitat3 o la Fundación Arrels, entre otras. El proveedor habitual de vivienda libre es el sector privado mercantil con ánimo de lucro. ¿Y la vivienda asequible? La vivienda asequible no la puede proveer el sector privado por si solo porque no es suficientemente rentable, mientras que el sector público tiene limitaciones presupuestarias para cubrir toda la demanda presente y futura. Para ello, existen distintas fórmulas, bien a través de la colaboración público-privada con empresas con ánimo de lucro limitado o bien a través de la colaboración público-comunitaria con entidades sin ánimo de lucro, como cooperativas de vivienda y fundaciones. Esta última fórmula es la que expondremos más adelante.
No solo es importante designar quién será el proveedor de la vivienda asequible, sino que también es importante resaltar que hay diferentes servicios de vivienda asequible: primero, el acceso a la compra de la vivienda de protección oficial (VPO), a través de su régimen general; segundo, el alquiler de vivienda de protección oficial, también con un precio de régimen general; y hay una tercera vía, que no es ni la compra ni el alquiler, sino la adquisición del derecho de uso de una vivienda durante 99 años, donde se paga un capital inicial y una cuota mensual asequible por el derecho de uso, pero no se adquiere la propiedad ni se puede alquilar.
De estas tres fórmulas, la compra de VPO ha sido la habitual en el caso en España, el problema de esta fórmula ha sido que se ha descalificado después de un determinado periodo y eso ha hecho que España no disponga de un parque de vivienda social y asequible similar al de los países europeos. Mientras que el alquiler asequible, una fórmula importante porque cubre necesidades habitacionales de diferentes grupos poblacionales, no se ha apostado hasta el último quinquenio, donde desde el Estado Central, algunas comunidades autónomas y algunos entes locales están optando por recorrer este camino. Por último, la fórmula de adquisición del derecho de uso asequible está en fase embrionaria, siendo Cataluña y Euskadi y particularmente Barcelona y Vitoria-Gasteiz las administraciones pioneras que están apostando decididamente por este modelo.
Como veremos ahora, Barcelona acaba de firmar un Convenio con Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)[1], con las asociaciones representativas de cooperativas y fundaciones de la ciudad, para promover alquiler asequible y vivienda asequible en cesión de uso. Ambas modalidades alternativas de acceso a la vivienda que permiten el cumpliendo progresivo del derecho a la vivienda y, por tanto, del derecho a la ciudad. Soluciones habitacionales que promueven una ciudad justa, buscando que nadie se quede atrás.
Si hacemos un recorrido histórico del despliegue de las políticas públicas de vivienda en nuestro país, podremos observar como el cumplimiento del derecho a la vivienda ha estado lejos de lograrse. Una muestra de ello es el parque de vivienda social y asequible de nuestro país: menos del 2% del stock según datos recientes de la OCDE (2020), posición que nos sitúa a la cola de Europa. Esta escasez de vivienda asequible es un evidente fallo de mercado: frente a un aumento de la demanda la oferta no está reaccionando. Mientras que esta creciente demanda insatisfecha obliga al sector público a aumentar la oferta a escala y ritmo necesario, ese mismo sector público dispone de recursos limitados para poder satisfacer toda esa demanda. Por eso, entre otros motivos, debe colaborar con terceros para maximizar la productividad de sus recursos públicos. Colaborar para aumentar la oferta de vivienda asequible, compartiendo recursos, riesgos y beneficios.
Para ello, el Ayuntamiento de Barcelona ha decido apostar por una doble vía: la colaboración público-privada con empresas mercantiles para construir viviendas destinadas al alquiler asequible, a través de Habitatge Metrópolis Barcelona, un operador público-privado metropolitano inspirado en las Housing Associations europeas (Mullins, 2010). Y la colaboración público-comunitaria, con fundaciones y cooperativas para construir viviendas destinadas al alquiler asequible y a la vivienda en cesión de uso a través del Convenio ESAL inspirado en los modelos europeos y anglosajones de Community Land Trust (Meehan, 2014).
La colaboración público-comunitaria para la promoción de vivienda asequible en cesión de uso es una alternativa que garantiza el acceso a una vivienda asequible, el mantenimiento de la titularidad pública del suelo, la imposibilidad de la especulación inmobiliaria, la estabilidad de los usuarios, y la democracia y gestión comunitaria del edificio. Mientras que la colaboración para la promoción de alquiler asequible genera alto impacto social en la medida que las fundaciones que se encargan de gestionar los alquileres tienen un largo recorrido y ponen al inquilino en el centro de su servicio.
En este sentido, en el mes de noviembre el Ayuntamiento de Barcelona y las asociaciones más representativas de la promoción social (XES, FCHC, Cohabitac y GHS) firmaron un convenio para construir o rehabilitar, al menos, 1.000 viviendas asequibles en solares y edificios municipales. De las 1.000 viviendas en torno al 60% serán destinadas a alquiler y 40% a cesión de uso. Un asunto clave es la selección de los usuarios de las viviendas: en el caso de las viviendas de alquiler asequible, la selección la realizará el Ayuntamiento entre los demandantes de VPO y habrá reservas para facilitar el acceso a jóvenes y personas con discapacidad física. Mientras que, en el caso de la cesión de uso, por respeto a la propia esencia del hecho cooperativo, serán los futuros usuarios los que se agrupen en proyectos, aunque las personas deberán también estar inscritas en el registro de demandantes de VPO. Por otra parte, se reservan suelos específicamente destinados a proyectos para personas mayores y personas con discapacidad intelectual.
El modelo funciona de la siguiente manera: el Ayuntamiento pone a disposición de fundaciones y cooperativas suelo o edificios de propiedad municipal en régimen de cesión de uso durante 99 años (el suelo es siempre público). Finalizado este periodo, suelo y viviendas se consolidan en el patrimonio municipal, sin perjuicio de que el derecho de superficie se puede volver a constituir. Además, la asignación del suelo o los edificios a concretas cooperativas o fundaciones la realizarán consensuadamente las organizaciones firmantes, como permite la ley 18/2007 de Derecho a la Vivienda, siempre garantizando la concurrencia, aunque no a través de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Los criterios de asignación del suelo o edificio a concretos proyectos, fijados en el convenio, garantizan robustamente el interés general: celeridad e industrialización en la construcción o rehabilitación, capacidad técnica-económica, eficiencia energética y reducción del precio de cuotas y alquileres, todo ello evitando la concentración de proyectos en pocos gestores.
El convenio permite ganar eficiencia al acortar notablemente el periodo de construcción/rehabilitación, al reducir el gasto público (se pasa de un 100% de financiación pública a, excluido el suelo, a menos de un 25%) y al generar sinergias entre proyectos que facilitarán el acceso conjunto a financiación nacional (ICF, ICO, etc.) y europea (BEI, NGE, etc.). Pero la auténtica clave de bóveda del funcionamiento de esta colaboración es el suelo. El suelo representa entre el 20% de los costes de promoción en suelos protegidos, el 30% en suelo libre y hasta 50% en suelo de zonas urbanas altamente demandadas. El suelo es, además, un recurso escaso, susceptible de usos alternativos y que debe ser utilizado estratégicamente por el sector público para maximizar su rendimiento social presente y sobre todo futuro. Por eso, las administraciones públicas de todos los niveles pueden aportar y reservar suelos disponibles para promocionar este modelo. No obstante, para promover la mixtura social y evitar crear guetos, el suelo debe estar situado en lugares demandados.
Este camino tiene que ser leído como un proceso de consolidación y profesionalización de un sector de proveedores sociales que puede aportar mucho valor a la solución de la crisis de vivienda. Y no solo a corto plazo, produciendo vivienda asequible. Sino que a medio y largo plazo generando un operador público-comunitario, que beba de la tradición occidental de los Community Land Trusts, y sea capaz de apoyar los nuevos proyectos usando parte de los excedentes de los proyectos más consolidados.
En este sentido, las entidades firmantes de este convenio se comprometen junto con el Ayuntamiento a trabajar por constituir dicho operador. Y, como primera muestra, las cooperativas y fundaciones que sean beneficiarias de los suelos, edificios y subvenciones públicas se comprometen a dedicar, una vez amortizados sus créditos, el 50% de sus beneficios a dotar el operador público-social de Barcelona.
Sin un ecosistema de vivienda solvente y diversificado (entidades públicas y privados con y sin ánimo de lucro) y metropolitano no seremos capaces de generar soluciones a la escala y con las exigencias que la crisis habitacional nos demanda. Y en el caso de la ciudad Barcelona, se estructura ya con claridad un sistema de promoción de la vivienda social y asequible de tres vías: la promoción pública de alquiler social por parte de la empresa municipal de vivienda (IMHAB) como recurso central, la promoción delegada con la colaboración con empresas con ánimo de lucro para generar y gestionar alquiler asequible (HMB) y con entidades sociales sin ánimo de lucro (Convenio ESAL) en la generación y gestión de vivienda social y asequible.
En definitiva, las políticas públicas de impulso del cooperativismo de cesión de uso y del alquiler asequible a través de la colaboración público-comunitaria están todavía en una fase de infancia. Si queremos institucionalizar esta política, es crítico el alineamiento de todos los niveles de la administración, aportando un modelo jurídico estable y detallado, facilitando financiación, ayudas, crédito y avales, y aportando suelo público en lugares demandados. Construir una ciudad más humana y justa requiere de paso corto y mirada larga. Experimentar y escalar soluciones alternativas que conjuguen comunidad con asequibilidad.
[1] Este apartado se basa y expande el artículo que publicamos en La Vanguardia (08/12/2020). Disponible aquí: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201208/6102144/alianza-publico-comunitaria-vivienda-asequible.html
[2] Texto del convenio firmado consultable (de momento en catalán) en: https://habitatge.barcelona/es/noticia/alianza-con-promotores-sociales-y-cooperativos-para-construir-un-millar-de-viviendas-asequibles_1007223
[3] Este apartado se basa y expande el artículo que publicamos en La Vanguardia (08/12/2020). Disponible aquí: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201208/6102144/alianza-publico-comunitaria-vivienda-asequible.html
Javier Segura del Pozo, médico salubrista y epidemiólogo
Puedes encontrar a Javier Segura del Pozo en Twitter
Las epidemias rompen la normalidad y crean situaciones extraordinarias. Como tal, aparentemente son lo más opuesto a lo cotidiano, a lo normal. Sin embargo, desde otro punto de vista, las epidemias (y las pandemias) dejan al descubierto elementos de nuestra normalidad y de nuestra sociedad, que están ocultos, pero muy presentes y activos, en los periodos interepidémicos. La epidemia sería la resultante de la ruptura de un equilibrio inestable y el consecuente surgimiento de casos más numerosos de los esperados de una enfermedad (o de una enfermedad nueva). Sería el resultado del desborde de una situación de riesgo y vulnerabilidad previa a la epidemia.
Un ejemplo son los brotes epidémicos de gastroenteritis víricas en las residencias de personas mayores, que investigué en mis primeros años de práctica epidemiológica, cuando merced a un modelo de externalización de las residencias de personas mayores, se optó por una reducción de la plantilla de las cuidadoras de los residentes no válidos[1] y una precarización de sus condiciones de contratación. Oficialmente el origen de los brotes eran los norovirus, pero en la realidad, las epidemias nos hablaban de la precariedad laboral y la búsqueda de la plusvalía en la gestión de estas instituciones. Los brotes, aunque eran percibidos como la ruptura de la vida cotidiana de las residencias, no dejaban de describirnos aspectos de esta. Por desgracia, las mismas causas han tenido un evidente protagonismo en las muertes en las residencias durante este año pandémico. El asesino no era tanto el coronavirus, sino la precariedad laboral en las residencias y cierto modelo de final de vida como negocio rentable.
Famosas epidemias y pandemias anteriores también nos dieron pistas de situaciones de nuestra estructura social, económica, política y urbanística, que estaban en el origen de estas alarmas epidémicas: el brote de las vacas locas nos puso sobre aviso sobre el sistema de alimentación caníbal del ganado, la epidemia de la gripe aviar sobre los riesgos de los métodos de ganadería intensiva, la de ébola sobre las políticas devastadoras de terrenos selváticos, donde viven animales salvajes portadores de virus, etc. Todas ellas nos advertían sobre las consecuencias de la progresiva sobreexplotación medioambiental, el crecimiento insostenible e irresponsable, la rapiña neocolonialista, la rápida globalización epidémica a través del comercio y los vuelos internacionales, las consecuencias ambientales y agropecuarias de un consumismo exacerbado, además de la mayor vulnerabilidad al contagio de las poblaciones más depauperadas, como consecuencia de la creciente desigualdad social, entre otras amenazas a la vida. Se podría resumir, que las epidemias nos hablan de las consecuencias de tener en un sistema económico y político muy poco cuidadoso con las personas, sus derechos humanos y su medioambiente. Les dejo a ustedes que pongan el nombre a este sistema.
Me dirán que siempre han existido epidemias. Y es cierto. Pero también que siempre han retratado la sociedad donde han surgido. Y que es con el nacimiento de la industrialización, la urbanización y el proletariado (es decir, con el capitalismo), cuando estas epidemias adquieren las formas, la intensidad y la extensión que seguimos sufriendo en nuestras urbes. Por eso es la ciudad industrial la que dio el impulso definitivo al desarrollo de la salud pública y la epidemiologia, tal como la entendemos hoy en día. Precisamente, por la necesidad de afrontar el reto que supusieron las epidemias de cólera y otras enfermedades que asolaron las ciudades del novecientos. Las epidemias ponían el foco y el interés de la medicina y de los gobernantes en las miserables condiciones de vida de las clases populares en los barrios bajos de las grandes ciudades. La miseria de los pobres que también amenazaba la salud de los barrios burgueses y aristocráticos.
Así pues, desde el nacimiento de la medicina social y la cuestión social, las epidemias nos hablan paradójicamente del statu quo del periodo interepidémico. De la normalidad social escondida. Como estaban escondidas, bajo la monumentalidad de los centros de las ensanchadas ciudades liberales, las infraviviendas de estos barrios periféricos, las infrahumanas condiciones de trabajo en las industrias, la pertinaz malnutrición, la escandalosa mortalidad maternoinfantil y la muerte prematura del proletariado. No solo era un fenómeno urbano. Si médicos sociales como Rudolf Virchow, describían a mediados del siglo XIX la desigualdad social como origen de los brotes infecciosos en ciudades como Berlín, casi un siglo antes, otro médico, Johann Peter Frank, describía la miseria del campesinado, desposeído de sus tierras y esclavizado, como la madre de las enfermedades y epidemias[2].
Cuando escribo este texto, a finales del fatídico 2020, apenas tenemos información cierta sobre las causas que desencadenaron la pandemia de Covid-19, pero sí que tenemos muchas pistas de las dinámicas sociales, económicos y políticas que han favorecido la transmisión descontrolada del virus en nuestras ciudades y el impacto diferencial que ha tenido en términos de contagio, gravedad y muerte entre los grupos sociales que habitan nuestras ciudades.
Cuando llegó la pandemia, muchos y muchas estábamos poniendo en cuestión una sociedad urbana en la que hay una esquizofrenia entre el mundo productivo y el mundo reproductivo y en la que no se le da suficiente valor al mundo de los cuidados[3]. Estos siguen feminizados, precarizados y, sobre todo, escondidos a la mirada de la economía y la política, incluidas las políticas urbanas. Forman, junto a las desigualdades sociales en salud, esa parte oculta de la normalidad que antes mencionábamos. La llegada de la pandemia, y especialmente de ese confinamiento primaveral, supuso la parada del mundo productivo y el protagonismo del mundo reproductivo, del mundo de los cuidados. Creo que la pandemia nos ha hecho a las personas más conscientes de nuestra vulnerabilidad y de nuestra interdependencia. Ahora bien, ahora en diciembre de 2020, ya instalados en plena „nueva normalidad“, no se cuánto tiempo durará esa consciencia adquirida en la pasada primavera y qué consecuencias tendrá para la ciudad postcovid.
Hace unos nueve meses, la pandemia trajo a primer plano nuestra vulnerabilidad ante la enfermedad y la muerte. A los que somos sesentones, que creíamos que los 60 eran los nuevos 50, nos ha puesto ante el espejo de la fragilidad de nuestra esperanza de vida y de los proyectos aplazados para las últimas décadas de vida. La pandemia nos ha traído el miedo a la muerte prematura. También al miedo al mal final de vida y a la mala muerte. Nos ha recordado la necesidad de buscar una rápida alternativa al modelo de residencias de mayores y a encontrar, cuanto antes, la oportunidad de vivir en comunidades compasivas que sepan acompañar a la muerte y al duelo. También nos ha puesto frente a nuestra vulnerabilidad económica: de la perdida repentina del empleo y el empobrecimiento súbito.
Vulnerabilidad e interdependencia. Nuestra interdependencia se hizo más evidente que nunca durante el confinamiento. Éramos dependientes de los cuidados que nos podíamos proporcionar las personas allegadas. Por ello, también aumentó el riesgo al descuido, cuyas expresiones van desde la violencia de género que se disparó durante este periodo, a la soledad no deseada, multiplicada por esta decretada distancia social y el miedo al contacto humano. Las situaciones de soledad no deseada y desamparo identificadas durante estos meses han golpeado no solamente a las personas mayores, sino a los otros grupos sociales que ya identificamos en la encuesta que hicimos en Madrid Salud[4]. Tenían una mayor prevalencia de sensación frecuente de soledad: las personas con diagnósticos de enfermedad mental, discapacidad, en situación de calle, inmigrantes y familias monomarentales.
La dependencia económica también se visualizó por el frágil acceso a los bienes básicos. Por ejemplo, por nuestra dependencia de las cadenas de producción y distribución de alimentos. Asimismo, fuimos conscientes de la necesidad de una mayor autonomía del extranjero en la producción de material sanitario esencial (EPIS; ventiladores mecánicos, pruebas PCR, etc.) y de su valor estratégico (industria pública?).
El confinamiento nos hizo también valorar la proximidad, que venía siendo reivindicada por los que sosteníamos la bandera de lo comunitario (incluida la salud comunitaria): tener un vecindario bien dotado de infraestructuras, zonas verdes, carriles bicis o aceras, pero también de solidaridad vecinal. La ciudad de los 15 minutos popularizada por la alcaldía de Paris. Participé entonces en el diseño de modelos de desconfinamiento con arquitectos y urbanistas. Abogábamos por elegir las zonas o unidades geográficas de confinamiento más adecuadas, para minimizar el riesgo de contagio y maximizar la eficiencia para cubrir las necesidades de la vida cotidiana. Recomendábamos limitar los movimientos a la proximidad eficiente (área de movimiento para comprar, pasear, cuidar, trabajar, producir, etc.), e ir ampliándola a medida que disminuyera el riesgo de contagio y pudiera permitirse el flujo de movimientos con las zonas limítrofes. Usando otras palabras, recomendábamos configurar unidades locales integradas de trabajo productivo y reproductivo (actividades de cuidado y sostén de la vida).
Pero la pandemia también ha revalorizado el espacio público, como bien que compensa las diferencias de calidad de las viviendas (del espacio privado). Igual que la sanidad y la educación pública benefician especialmente a los que tienen menos acceso a la sanidad y educación privadas, la calle, el parque y la plaza son especialmente apreciados para quien tiene viviendas poco confortables. Por eso, el cierre de los parques y otros espacios públicos, perjudicó especialmente a las clases populares. La inequidad en la vivienda se hizo especialmente visible en el confinamiento, pero también durante la llamada segunda ola de transmisión del coronavirus, que en una ciudad como Madrid, se cebaba con mayor saña en los barrios populares del sur, donde las condiciones de habitabilidad y hacinamiento dificultaban el cumplimento eficaz de las cuarentenas y favorecían el contagio de todos los convivientes. Si ya antes de la pandemia era cada vez mas frecuente el hecho de que se viviera en habitaciones alquiladas, en vez de en pisos, el empobrecimiento pandémico aumentó el numero de viviendas donde habitaban varías familias. También hemos vuelto a considerar el espacio público como el espacio por excelencia de las relaciones comunitarias. La limitación de su acceso durante el confinamiento dificultó las acciones de los grupos vecinales de apoyo mutuo y fue fundamental para las acciones solidarias de las despensas comunitarias que se desarrollaron después del confinamiento.
La pandemia también descubrió el teletrabajo para una parte importante de la población. Sin embargo, el teletrabajo también desveló el gradiente social del mundo laboral. No todas las ocupaciones tuvieron acceso al teletrabajo. Para algunos era un privilegio. Según un estudio de los servicios sociales de Madrid[5] mientras que en los niveles más altos de renta había en torno a un 70% de trabajadores teletrabajando, por debajo de los 1.500€ de ingresos mensuales había menos de la mitad, y entre los de menos de 1.000€ la cifra solo llega al 13%. El teletrabajo también nos ha descubierto que se puede hacer desde casa casi las mismas cosas que desde la oficina, pero también que es un riesgo de mayor explotación, especialmente para las mujeres (doble jornada).
Más cosas desveladas por la pandemia: el valor de las y los trabajadores esenciales pero precarizados (cajeras y reponedoras de supermercados, limpiadoras, riders, agricultores/recolectores, transportistas, cuidadoras de personas mayores y discapacitadas, etc.). Ellos y ellas permitieron que pudiésemos estar confinados durante la primera ola, pero también fueron las que siguieron desarrollando sus trabajos precarios de forma presencial durante la segunda ola, mientras que el resto de los trabajadores de rentas medias y altas, seguían teletrabajando desde el refugio de sus casas. Esta mayor exposición al contagio no siempre se ha hecho evidente por las deficiencias de los sistemas de información en morbilidad y mortalidad que no recogen bien la variable ocupación. No tenemos todavía estudios finos sobre la mortalidad en la pandemia por clases sociales u ocupaciones.
Pero hay un interesante estudio en el Reino Unido[6] sobre la mortalidad entre marzo y junio por clases ocupacionales. Llegó a la conclusión que quien más había muerto eran las personas con ocupaciones más bajas, básicas y precarias. En el caso de los hombres, eran las personas que cuidaban, los conductores de taxi o autobús, los obreros de cadenas de producción, etc. En el caso de mujeres, eran las empleadas en tareas de cuidados domiciliarios o residenciales las que habían tendido mayores tasas de mortalidad. Probablemente se mezclaba el riesgo de la exposición en sus trabajos con los inherentes a la propia clase social, pues habia una clara sobremortalidad en aquellas personas que vivían en zonas con mayor privación social. Hay estudios parecidos en otros lugares europeos y americanos. Por otra parte, acaba de salir la cuarta ronda del estudio de seroprevalencia en España[7] que apunta a que estas profesionales mas precarizadas (cuidados, limpieza, etc.) han tenido un mayor contacto con el virus que la población general, así como las personas con menor renta.
No nos olvidemos tampoco como la pandemia ha confirmado el valor de la sanidad pública y de los servicios públicos en general, incluyendo la educación publica volcada en la teledocencia y preocupada por la brecha digital, o los servicios sociales. Así como el daño que sufrimos cuando estos servicios públicos se debilitan o se desmovilizan. Es en esas situaciones de merma de lo público cuando las redes comunitarias aparecen como un tesoro. Es decir, la pandemia nos ha vuelto a enseñar que debemos exigir servicios públicos fuertes, pero tenemos que estar preparados por si el estado nos deja tirados. En ese caso, la autoorganización previa de la ciudadanía es un activo. Lo Público puede reforzar lo Comunitario, pero lo Común no es sinónimo de lo Público.
La pandemia, como todos los test de estrés, hizo aflorar lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. En caso de amenaza, se desatan tanto las pulsiones más individualistas, autoritarias (el policía de balcón), xenófobas, sectarias y demagogas, como las más solidarias y altruistas, propias de la ética del cuidado. Entre lo peor incluyo la exacerbación de la polarización de la vida política, la imposibilidad de dialogo argumentado y consensos, la dificultad de ir más allá de las burbujas tribales informativas y de opinión, de las dos Españas
Pero si algo ha desvelado la pandemia es la ciudad desigual y segmentada en términos sociales y de salud. Las desigualdades sociales en salud acabaron dando su cara en las machaconas estadísticas diarias sobre la pandemia. Como saben, nos referimos a aquellas diferencias en salud que consideramos injustas por estar determinadas socialmente y, por tanto, ser evitables. Estas desigualdades también suelen estar escondidas en periodos interepidémicos y solo se desvelan con estudios, estadísticas y gráficos, por ejemplo los que muestra un gradiente en la prevalencia de las principales enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, artrosis, depresión…) según clase social. Pero también en mapas como los de esperanza de vida por barrios de Madrid, que muestran una diferencia de hasta 9 años de longevidad entre las personas que viven en barrios más ricos y más pobres (que se agrupan en un patrón espacial noroeste (más longevo y rico)/sureste (menos longevo y rico) y centro/periferia
España es uno de los países de Europa con mayor nivel de desigualdad social, muy incrementada tras las medidas de ajuste socioeconómico por la anterior crisis iniciada en el 2008. Esto se vio claramente cuando a finales de julio de 2020, recién estrenada la nueva normalidad, empezó a preocupar la situación epidémica de territorios urbanos muy densos y socialmente muy segmentados, como Barcelona o Madrid. En el caso de la Comunidad de Madrid, que conozco mejor, los mapas de incidencia de coronavirus mostraban desde el inicio de la segunda ola ese claro y clásico patrón espacial noroeste/sureste, antes mencionado, que llevó a que los barrios obreros del sur de la capital y las ciudades del sur de su área metropolitana llegaran a alcanzar en septiembre tasas de incidencia en 14 dias por encima de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Las diferencias con el norte urbano más rico no podían ser atribuidas a un cierto modo de vida de sus habitantes, como sí que hizo Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sino al hecho de la mayor exposición al coronavirus de estas clases populares y a su mayor vulnerabilidad (gradiente social de obesidad, diabetes, hipertensión, cardiovasculares, etc.), que implicaban una mayor gravedad y mortalidad de los casos. La mayor exposición se ha dado tanto en el ámbito doméstico (dificultades para cumplir con los aislamientos domiciliarios en viviendas hacinadas), como en el laboral (bajísimo porcentaje de teletrabajo, obligado uso del transporte público masificado en horas punta, trabajo presencial en ocupaciones precarias, presentismo, etc.)
No solo se ha desvelado el clasismo en ciertas miradas y políticas públicas, sino el frio calculo y aceptación de la muerte evitable. Incluso en momentos de grave riesgo de contagio, se ha evidenciado una resistencia feroz a limitar cualquier tipo de actividad comercial o de ocio, invocando la muerte de la economía (aun a pesar de que el exceso de mortalidad, la muerte de verdad, era ya evidente en el mes de septiembre). Cuando escribo estas líneas, siguen vigentes las mismas invocaciones al consumo para salvar la navidad, a pesar del escandaloso número de muertes acumuladas en esta segunda ola. Creo que se ha conseguido que la sociedad normalice estas muertes y las considere asumibles para salvar la economía. Muertes que no nos olvidemos se ensañaban con el sector más anciano, económicamente más humilde y laboralmente menos activo, que ya sufrió una selección utilitarista de sus vidas en la primera ola. Entonces se dejó morir sin atención sanitaria a miles que vivían en residencias de personas mayores y discapacitadas, siguiendo un vergonzoso protocolo de selección para la derivación a hospitales. Es decir, se ha ejercido y asumido una necropolítica[8], que más que matar, ha dejado morir, invocando una macabra ecuación muerte vs economía, en la que no todas las clases sociales ponían el mismo número de muertos en ese altar del sacrificio, ni se beneficiaban igual de la segunda parte de la ecuación.
De nuevo la pandemia que desvela; en este caso: la naturalización de la muerte en nuestras ciudades. En periodos interpandémicos la ciudadanía no sabe (¿o no quiere saber?) que la mayoría de los muertos que tenemos son evitables y que esta etiqueta tambien depende de los cambios de la percepción social. Un ejemplo son las muertes por accidentes de tráfico. Cuando había 6.000 o 9.000 muertos anuales hace unos años, se tenía como algo normal. Tuvo que haber una campaña intensiva para que se tomara conciencia de que esos muertos no tenían por qué existir y que se podían evitar. Ahora mismo nos escandalizaríamos con aquellas cifras. Ocurrió lo mismo con la contaminación atmosférica. Los mismos lideres políticos (ahora en el gobierno municipal) que animan a salir al consumo, ponían en tela de juicio las medidas de limitación a la movilidad en vehículo privado por el centro de Madrid del anterior gobierno municipal. Aunque entonces no se decía explícitamente, parece que el mensaje era asumir esas muertes por contaminación. En salud pública tenemos muchos ejemplos en que se ha enfrentado truculentamente la salud colectiva a la economía o al empleo.
Termino señalando que la desigualdad social no solo ha influido en el mayor riesgo de los y las trabajadoras precarias, sino en los grupos más vulnerables que han perdido el empleo o que ya estaban en situación de exclusión social, a los que las prometidas ayudas estatales, sin dejar de ser importantes, están llegando lenta y tardíamente por la importantes barreras burocráticas (como ocurre con el Ingreso Mínimo Vital), por lo que muchas veces han dependido de la acción solidaria de los grupos vecinales de ayuda mutua, como antes hemos dicho. Necesitamos dejar pasar un tiempo, no solo para ver cómo se comporta esta segunda ola, sino para comprobar el impacto indirecto que ha tenido esta sobrecarga del sistema sanitario y estas desigualdades sociales en la salud colectiva de la ciudadanía española. Lo que me queda claro es que la ciudad postcovid volverá a una nueva normalidad en la que mucho de lo que se ha desvelado con toda la crudeza, volverá a pasar desapercibido. ¿O tal vez no?
[1] Se llamaban así a las personas que no tenían la suficiente autonomía personal, incluido el control de esfínteres y, por lo tanto, eran una fuente y una víctima de este tipo de brotes epidémicos transmitidos por vía oral-fecal.
[2] Frank JP. „The People’s Misery: Mother of Diseases“. [Traducción del Latín e introducción de Henry Sigerist]. Bulletin of the History and Medicine. 1941;9:81-100. Pag 93. Accesible en: https://www.academia.edu/4027552/THE_PEOPLES_MISERY_MOTHER_OF_DISEASES
[3] Barbero Gutierrez, J „Experiencia 1. Plan Madrid Ciudad de los Cuidados“ Documentación social, Nº 187, 2017 (Ejemplar dedicado a: Hacia una sociedad que se cuida)-pp. 161-175
[4] Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid, 2018.“ Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid. Accesible en: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Salud/Publicaciones/Estudio-de-Salud-de-la-Ciudad-de-Madrid-2018/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f3ce3439ae292710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e6898fb9458fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
[5] Estudio sobre el impacto de la situación de confinamiento en la población de la ciudad de Madrid tras la declaración del estado de alarma por la pandemia COVID-19“. AG Familia, Igualdad y Bienestar Social, Ayuntamiento de Madrid, mayo 2020. Accesible en https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2020/05/Informe-Encuesta-Impacto-Confinamiento-Ciudad-de-Madrid.pdf
[6] “Coronavirus (COVID-19) related deaths by occupation, England and Wales: deaths registered between 9 March and 25 May 2020” Office National Statistic. United Kingdom. June 2020. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeath/bulletins/coronaviruscovid19relateddeathsbyoccupationenglandandwales/deathsregisteredbetween9marchand25may2020
[7] “Estudio ENE-COVID: Cuarta ronda estudio nacional de sero-epidemiologóa de la infección por SARS-CoV-2 en España”. 15 de diciembre de 2020. Instituto de Salud Carlos III: Accesible en: https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/15.12151220163348113.pdf
[8] Mbembe, A. Necropolitica. Barcelona: Melusina, ,2011
Anabel González, Psiquiatra, doctora en psiquiatría. Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC).
Puedes encontrar a Anabel González en Instagram.
Autores del estudio Impacto psicológico del fenómeno asociado al COVID-19:
Ana García Dantas (Psicóloga clínica especialista, doctora en psicología)
Ania justo (Psiquiatra, psicóloga y doctora en psicología)
Lucía del Río Casanova (psiquiatra y doctora en neurociencias y psicología clínica)
Milagrosa Sánchez (Doctora en psicología)
Lara Lavadiño (Psiquiatra)
En el estudio ISAMEC19 sobre las consecuencias emocionales de la pandemia hemos evaluado a alrededor de 5.000 personas en tres momentos: cuando se declaró el estado de alarma (de finales de marzo a primeros de abril), al final del primer periodo de confinamiento, con la desescalada (mayo) y al inicio de la segunda ola, con la apertura de los colegios y universidades (septiembre). Presentamos algunos datos sobre la evolución en este tiempo.
Estamos más acelerados que antes de la pandemia, se dispara nuestro nivel de alerta. Esto se ve de modo directo en los problemas de sueño y en la presencia de más síntomas emocionales. En este sentido, en la actualidad hay un 17,5% de personas que dicen tener más problemas de sueño que antes. Encontramos también indicadores indirectos: es nuestro cuerpo el que da señales de alarma a través de diversos tipos de somatizaciones. Aunque en el segundo momento casi un 30% somatizaba más que de costumbre, aún existe un 20% que sigue teniendo este problema, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿se quedarán muchos de estos problemas emocionales con nosotros cuando esto pase? Muchas personas recurren a diversas sustancias, como el tabaco o el alcohol, o bien a tranquilizantes, para regular el malestar. En torno a un 7% lo hace con mayor frecuencia que antes. ¿La pandemia ha propiciado un aumento de personas que hayan desatendido su autocuidado?
Un dato interesante es nuestra relación con estar dentro o estar fuera de casa. El confinamiento y las restricciones al movimiento de la población ha acrecentado nuestra sensación de claustrofobia, la medición que más aumenta (6,1% entre marzo y septiembre) de las que presentamos aquí. Esto es llamativo, ya que la segunda medición fue cuando llevábamos ya semanas confinados en nuestras casas. También estamos viendo el fenómeno contrario: a la gente le cuesta salir, está experimentando lo que se denomina agorafobia. Esto último puede deberse a que al estar en casa y limitarse las relaciones, las personas que tenían dificultades en determinados contextos sociales no han tenido que enfrentarse a ello, y ahora les cuesta el doble. Todo ello sumado a un peligro que no ha pasado y a muchas fuentes de estrés que siguen muy activas.
Vemos en la gráfica que, aunque en la tercera medición hay un descenso general respecto a la segunda, salvo en lo que se refiere a la claustrofobia, en ninguno de estos aspectos hemos vuelto a los niveles pre-pandemia. Parece que nos vamos adaptando un poco, pero no llegamos a habituarnos a lo que estamos viviendo. Esto se refleja en otro dato que hemos visto en el estudio: muchas personas continúan teniendo, a pesar de los meses transcurridos, una cierta sensación de irrealidad, de que todo esto es como un mal sueño del que no acabamos de despertarnos.
¿Cómo podemos neutralizar el efecto de un estrés sostenido como éste, de una amenaza persistente con tanto nivel de incertidumbre? Una de las claves que analizamos es el autocuidado (puede consultarse la escala utilizada en www.anabelgonzalez.es). Cuando todo esto empezó, un tercio de las personas empezaron a cuidarse más que antes, y otro tercio lo hacía peor que antes. Esto hemos visto que tiene gran influencia en cómo evolucionaron los participantes en cuanto a los indicadores de estrés, ansiedad y depresión. En esta tercera medición hay una buena noticia: es menor el porcentaje de personas que se cuidan peor.
La regla básica del autocuidado es “cuanto peor, mejor”. Es decir, cuanto peor se ponga la vida, más y mejor hemos de cuidarnos nosotros. De ese modo, podemos amortiguar los efectos de etapas como esta.
Lo bueno de tener un mal día. Cómo cuidar de nuestras emociones para estar mejor. Anabel Gonzalez. Ed. Planeta.
Justo-Alonso A, García-Dantas A, González-Vázquez AI, Sánchez-Martín M, Del Río-Casanova L. (2020). “How did Different Generations Cope with the COVID-19 Pandemic? Early Stages of the Pandemic in Spain”. Psicothema. 2020 Nov;32(4):490-500. doi: 10.7334/psicothema.168. PMID: 33073754.
González-Vazquez, A.I.; Mosquera-Barral, D.; Knipe, J.; Leeds, A.M.; Santed-German, M.A. (2018). Construction and initial validation of a scale to evaluate self-care patterns: The Self-Care Scale. Clinical Neuropsychiatry, 15, 6, 373-378.
Técnica de Investigación de Cáritas Española
A pesar de lo que el título del libro pueda transmitir, no nos encontramos ante un libro destinado a aquellas personas que se han enfrentado a episodios de depresión o ansiedad. Es un libro que hace referencia a todos: a ti, a mí, a quienes viven a miles de kilómetros y a los que ni siquiera tienen tiempo de plantearse cómo se sienten emocionalmente.
Al leerlo nos recuerda que todos estamos conectados, de una u otra manera, y que la realidad que vivimos la vamos construyendo, con nuestra actividad o con la falta de ella. Así, al leerlo se encienden diferentes luces en tu cabeza, pero no de forma independiente, sino como un tendido eléctrico que va uniendo ideas y pensamientos.
Para empezar, Hari explica el cambio de paradigma de ver la depresión y la ansiedad como un error del cerebro, un desajuste de sustancias químicas, para ahondar en sus verdaderas causas más allá de los desajustes físicos. Y lo que vemos es que no se trata de un problema individual, sino que es algo que nos atañe a todos y todas. Es una cuestión estructural. Pone de manifiesto la importancia de la pérdida de la tribu, y cómo los mensajes individualistas han puesto el foco en un tú que en realidad no es posible sin el resto que conformamos el nosotros. Pero si tú eres el único responsable y tú puedes lograrlo si te lo propones –y demás frases que pretenden empujarte hacia adelante, poniendo el acento en ese esfuerzo que depende solo de ti-, cuando algo te ocurre se convierte también únicamente en tu problema, y los demás no tenemos, o no tienen, por qué involucrarse. Desaparece la responsabilidad social, el cuidado, la salud como sociedad.
Establece y desarrolla nueve causas para la depresión y la ansiedad poniendo siempre el acento en el concepto y la necesidad de la conexión. Entre otras, habla de la frustración de levantarse cada día para hacer algo que no nos gusta, para comprar cosas que no nos importan demasiado ni durarán mucho tiempo. Nos muestra investigaciones científicas que relacionan el consumo –y el consumismo- con el grado de felicidad o infelicidad. Cómo esa satisfacción inmediata de la compra de un producto no es uno de los requisitos para sentirnos bien, estableciendo la diferencia entre la importancia que damos a lo que tenemos y cómo de felices nos consideramos según esa escala de valores. Se pregunta también por nuestro lugar en eso que llamamos estructura social y que parece destinado a romper los hilos que lo conforman.
Nos propone, también, unas cuantas soluciones basadas en experiencias que ya ocurren y que funcionan. Nos devuelve la esperanza poniendo el acento en lo más importante: mantener las relaciones sociales, la comunidad, la tribu, la cohesión social, la responsabilidad que todos tenemos sobre nuestra salud mental y la de los demás, sobre la construcción del verdadero bienestar social.
