Un mundo en emergencia permanente: el auge de las crisis humanitarias y de las que el mundo olvida
Por Pablo Reyero

Pablo Reyero Aubareda, Coordinador del equipo de Acción Humanitaria en Cáritas Española
En 2026, 252 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria, mientras la financiación caía. La indiferencia global y los intereses geopolíticos agravan las crisis olvidadas y el sufrimiento.
En diciembre de 2025, al presentar el Panorama Humanitario Global para 2026, el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, resumió el informe con una frase seca: hay dolor en cada página[i]. Las cifras lo confirmaban. Unos 239 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria al cerrar 2025, y en abril de 2026 ya eran 252 millones en 55 países. Al mismo tiempo, la financiación humanitaria caía a su nivel más bajo en diez años.
Vivimos una era de emergencias superpuestas, pero paradójicamente la capacidad y, sobre todo, la voluntad de responder se reduce. Y se da una segunda injusticia, menos visible y es que la atención, el dinero y la presión política no se reparten según la gravedad del sufrimiento, sino según intereses geopolíticos, mediáticos y económicos. El papa Francisco le puso nombre en Lampedusa: la globalización de la indiferencia[ii].
El resultado son las llamadas crisis olvidadas[iii], emergencias que afectan a millones de personas en lugares sin interés geoestratégico para los países donantes y de las que, en consecuencia, casi nadie habla. Este artículo sostiene que las crisis de nuestro tiempo son más graves porque los actores internacionales han antepuesto desde hace décadas sus intereses a la paz. Las denominadas crisis olvidadas son la prueba de ello, así como del fracaso de un sistema de ayuda que terminó de colapsar en enero de 2025.
| Indicador | Cifra | Fuente |
| Personas con necesidades humanitarias (abril de 2026) | 252 millones en 55 países | OCHA |
| Conflictos armados con participación estatal (2025) | 65, el máximo desde 1946 | PRIO |
| Personas en inseguridad alimentaria aguda (2025) | 266 millones en 47 países | GRFC 2026 |
| Niños con desnutrición aguda (2025) | 35,5 millones | GRFC 2026 |
| Personas desplazadas por la fuerza (fin de 2025) | 117,8 millones | ACNUR |
Guerras. Según el informe Conflict Trends del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), en 2025 se registraron 65 conflictos con participación de al menos un Estado, el máximo desde 1946. La mayoría son guerras civiles, pero los enfrentamientos directos entre Estados se duplicaron, de cuatro a ocho. Murieron unas 245.000 personas, y la violencia deliberada contra civiles se cobró más de 76.000 vidas, la cifra más alta desde el genocidio de Ruanda.
Las guerras, además, duran cada vez más. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que aplica la definición del derecho internacional humanitario y cuenta también los conflictos entre grupos no estatales, contabilizaba más de 120 conflictos armados en 2024 y más de 130 en 2025, el doble que hace quince años. Más de veinte se prolongan desde hace más de dos décadas. Según The Economist, el conflicto activo medio llevaba unos 13 años en marcha a mediados de los ochenta, y 20 en 2021. Los datos de la Escola de Cultura de Pau, que aplica un umbral más exigente (al menos cien muertes al año), lo confirman: de los 40 conflictos armados que considera activos en 2025, 24 duran ya más de una década, y la duración media ronda los 18 años[iv].
Hambre. El Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias 2026 constata que el hambre aguda se ha duplicado en una década, de unos 105 millones de personas en 2016 a 266 millones en 2025, y por primera vez se confirmaron dos hambrunas en un mismo año, en Gaza y en Sudán. Más del 80 % de quienes la padecen viven en 33 países con crisis alimentarias prolongadas.
Desplazamiento. ACNUR cifra en 117,8 millones las personas desplazadas por la fuerza a finales de 2025, una de cada 70 en el planeta. La ligera bajada respecto a 2024 se debe en buena parte a retornos forzados o en condiciones adversas a Afganistán, Siria o Sudán. Nos movemos buscando lugares seguros, pero estos son cada vez más escasos y lejanos.
Las emergencias de hoy casi nunca responden a una sola causa. Lo habitual es que se superpongan una guerra, un choque climático, una crisis económica, un desplazamiento masivo y/o un Estado incapaz de proteger a su población, y que cada factor agrave a los demás. El Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias habla expresamente de la convergencia de conflicto, choques económicos y extremos climáticos. Son crisis complejas, más largas y difíciles de resolver, y en todas ellas es la población civil con menos recursos la que paga el precio más alto.
Conflictos más numerosos, largos y crueles con los civiles. En los países donde la violencia es el factor dominante, las personas con hambre aguda pasaron de unos 74 millones en 2018 a más de 147 millones en 2025. Las guerras, además, se fragmentan: Myanmar e Israel registraron cinco conflictos distintos cada uno en 2025. Esa fragmentación multiplica los actores armados y complica el acceso humanitario.
El clima como multiplicador de riesgos. Los desastres desplazaron a 13,6 millones de personas dentro de sus países en 2025, frente a 9,9 millones en 2024, según datos del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC) analizados por la Universidad de Hamburgo. Los países que sufren a la vez desplazamientos por conflicto y por desastres se han triplicado desde 2009. Es una injusticia que quienes menos han contribuido al cambio climático sean quienes más lo padecen.
Pobreza y desigualdad. Donde los choques económicos —inflación, devaluación, deuda impagable— son el factor principal, las personas con hambre aguda se triplicaron en ocho años, hasta casi 30 millones. La pobreza y la desigualdad no son solo consecuencia de las crisis, son también su caldo de cultivo.
Más peligro para quienes ayudan. La violencia de estas crisis alcanza de lleno a los trabajadores humanitarios. En 2025, 1.187 sufrieron incidentes graves de seguridad, la cifra más alta registrada, 350 murieron, la mayoría en Gaza y Sudán, y los secuestros casi se duplicaron. El riesgo recae sobre todo en el personal local —349 de los 350 fallecidos eran trabajadores nacionales—, lo que evidencia la necesidad de revisar el reparto del riesgo entre quienes financian la respuesta y quienes la llevan a cabo en primera línea.
Nada de esto es una fatalidad. Que las guerras se alarguen durante décadas, que los enfrentamientos entre Estados se dupliquen y que la diplomacia sea incapaz de detener conflictos como los de Sudán o Gaza revela que los actores internacionales han antepuesto sus intereses geopolíticos y económicos a la estabilidad y la paz. Y allí donde no hay interés, la crisis se silencia y olvida.
Las crisis olvidadas son la prueba más clara de esa negligencia: cuando una emergencia no despierta interés, tampoco se financia su solución. La atención está extraordinariamente concentrada. De los cinco millones de artículos sobre emergencias humanitarias que la ONG CARE analizó en 2025, casi la mitad trataban de Gaza, mientras que la República Centroafricana, la crisis menos cubierta, apenas generó 1.532. El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) constata que varios países africanos aparecen año tras año en su lista de crisis desatendidas, un patrón de abandono deliberado que se repite respondiendo a intereses.
| Crisis | Dato clave | Listas en que aparece |
| Sudán | 33,7 millones de personas necesitadas de ayuda en 2026, más que en ninguna otra crisis | NRC (n.º 1) |
| Rep. Democrática del Congo | 21 millones de personas necesitadas en 2025; plan de respuesta financiado al 27,4% | NRC (n.º 2, por décimo año) |
| República Centroafricana | 1 de cada 5 habitantes vive desplazado | CARE (n.º 1), ECHO |
| Sahel central (Malí, Níger, Burkina Faso) | Planes de respuesta financiados entre el 15% y el 18% | ECHO; NRC en años previos |
| Haití | 6,4 millones de personas necesitadas y unos 1,5 millones desplazadas | ECHO |
| Afganistán | 21,9 millones de personas necesitadas; plan de respuesta financiado al 16,9% | NRC (n.º 5), ECHO |
| Refugiados rohingyas | 1,2 millones acogidos en Cox’s Bazar, el mayor campo de refugiados del mundo, en Bangladesh | ECHO |
Sudán es la mayor crisis humanitaria del mundo y una de las más ignoradas. Tras más de mil días de guerra, más de nueve millones de personas están desplazadas dentro del país y otros cuatro millones han huido. Jan Egeland, secretario general del NRC, considera incomprensible que una crisis de proporciones similares a las de Siria y Ucrania en su peor momento pueda seguir empeorando casi sin que nadie lo note[v].
Haití es la crisis olvidada de las Américas. Las bandas, con entre 12.000 y 20.000 miembros, superan a la policía y a la misión internacional de apoyo, y dominan mediante la violencia cerca del 90 % de Puerto Príncipe, las principales carreteras y hasta rutas marítimas. Sin embargo, el llamamiento humanitario estaba financiado al 25 % en 2026. En su visita al país, el secretario general de la ONU, António Guterres, fue tajante: La mayor vergüenza no es la violencia de las bandas. La mayor vergüenza es la indiferencia[vi].
Las consecuencias del olvido van mucho más allá de las fronteras de cada crisis.
Inestabilidad que se contagia. Las crisis desatendidas no hacen sino crecer y extenderse. La guerra de Sudán ha empujado a millones de personas hacia Chad, Sudán del Sur, Egipto o Libia, países ya frágiles. La violencia del Sahel avanza hacia los países costeros de África occidental, y Haití se ha convertido en plataforma del tráfico de drogas y armas en el Caribe.
El desarrollo, abandonado. Cuando toda la ayuda disponible se destina a mantener a la gente con vida, desaparece la inversión en escuelas, sanidad, empleo o instituciones. Las crisis se cronifican, la pobreza se hereda y décadas de avances se pierden.
Generaciones perdidas. El 39 % de las personas desplazadas en el mundo son niños. Millones crecen sin escuela, entre la violencia y la precariedad, y con frecuencia reclutados por grupos armados. En Haití, el reclutamiento forzoso de menores por las bandas aumentó un 70 % en un año. Sin educación ni oportunidades, esas generaciones difícilmente podrán construir sociedades sobre bases democráticas, de justicia y de respeto a la dignidad humana.
Estados y regiones que colapsan. Cuando el Estado deja de prestar servicios y la ayuda internacional se retira, el vacío lo ocupan milicias, bandas o redes criminales. Así se han hundido regiones enteras, del Sahel a los Grandes Lagos.
Más violencia, más muros. La respuesta de los países más ricos tiende a ser la de blindarse, reforzando fronteras, endureciendo el asilo y tratando las crisis como ajenas y como amenazas de seguridad, no como emergencias humanitarias.
Y todo ello engendra un círculo vicioso en el que la reducción de la ayuda genera mayores crisis, causando más desplazamiento y hambre, que hace que el miedo se contagie, se levanten muros y no se recuerde la razón por la que se ayudaba en un primer momento. El resultado sería un mundo cada vez más fragmentado y enfrentado, con los puentes de la cooperación y la fraternidad seriamente dañados.
Que existan crisis olvidadas año tras año revela, además, el fracaso de un sistema de ayuda oficial al desarrollo que depende de los intereses de cada donante. Los mismos 33 países llevan una década en el informe sobre crisis alimentarias. En 2025, ese sistema, que ya no funcionaba, se derrumbó.
La ONU pidió para ese año 47.000 millones de dólares para 190 millones de personas y recibió unos 12.000 millones, el peor resultado en una década, de modo que llegó a 25 millones de personas menos que en 2024. La ayuda humanitaria y al desarrollo cayó en conjunto casi una cuarta parte, unos 175.000 millones de dólares.
El detonante fue el desmantelamiento, en enero de 2025, de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), que financiaba alrededor del 47 % del llamamiento humanitario global. Ante semejante recorte, Fletcher lanzó en febrero el Humanitarian Reset, el reinicio humanitario. Su punto de partida era reconocer que el sistema construido en torno a grandes agencias internacionales había llegado a su fin, y que la salida no podía ser solo fusionar agencias, recortar plantillas y priorizar cada vez más. Ya no se podía hacer más con menos.
Aun así, la primera respuesta fue la hiperpriorización. La ONU redujo su llamamiento para 2026 a 33.000 millones de dólares y priorizó 23.000 millones para salvar a 87 millones de vidas, renunciando de partida a atender a más de 150 millones de personas que reconocía como necesitadas.
La retirada de Estados Unidos arrastró además a otros donantes, que parecen aceptar que solo merece la pena financiar lo que ofrece algún retorno. Le siguieron recortes europeos ligados al aumento del gasto en defensa. El Reino Unido, por ejemplo, pasó de 2.263 millones de dólares en 2024 a 645,8 millones a mitad de 2026. El papa León XIV lo denunció ante el Programa Mundial de Alimentos: los conflictos se alimentan con más facilidad de lo que se alimenta a las personas[vii].
La Unión Europea, por su parte, negocia en el momento en el que se escribe este artículo su presupuesto para 2028-2034. La propuesta de la Comisión, de julio de 2025, fusiona ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo y preadhesión en un único instrumento, Global Europe, que sitúa en primer plano los intereses estratégicos de la UE, como el control migratorio o la inversión de empresas europeas. Los Estados apuntan además a la baja: el último borrador de la presidencia del Consejo, de octubre de 2026, lo rebaja de 190.000 a unos 157.000 millones de euros, un 17 % menos.
El resultado es la multiplicación de las crisis olvidadas. A mediados de 2026 los planes de respuesta solo estaban financiados al 20 %, y los peor financiados eran casi todos de crisis ya desatendidas, como los de Níger (15 %), Burkina Faso (15,6%), Afganistán (16,9%) o Malí (18,4%). Si la ayuda se reparte según intereses y no según necesidades, quienes ya son los últimos corren el riesgo de quedar abandonados del todo.
Paradójicamente, el colapso devolvió al centro una promesa que el sistema nunca había priorizado, aunque la firmase en el Grand Bargain de 2016: el liderazgo local. El verdadero reinicio no puede ser el de gestionar lo imposible; el verdadero cambio es el de un cambio de poder. La agenda de la localización trata de que las organizaciones y comunidades locales lideren su propia respuesta, y de que los actores internacionales transfieran ese liderazgo apoyando su fortalecimiento, transfiriendo tecnología y aumentando la financiación directa. Se debe perseguir ese modelo de cooperación fraterna, más horizontal, que invierta la relación entre quien da y quien recibe.
Pero la brecha es todavía enorme. El Grand Bargain se fijó como meta que el 25 % de los fondos llegara a los actores locales lo más directamente posible, pero en 2025 solo les llegó de forma directa el 4,3 %, según ALNAP. En los fondos mancomunados de la ONU, la parte destinada a ONG nacionales ha caído del 46 % en 2025 al 7 % en lo que va de 2026, según datos preliminares. Localizar, además, no puede significar trasladar el riesgo a las organizaciones locales sin darles también protección, recursos, respaldo político y legitimidad en el liderazgo. El cambio habla de compartir responsabilidades y de devolver la dignidad del liderazgo a los que desean actuar.
La salida pasa por acompañar ese liderazgo local, pero sin dejar de exigir más financiación, tanto para responder como para prepararse, de modo que las crisis no se complejicen y cronifiquen.
1. Ceder el poder a las organizaciones locales. Que las comunidades lideren sus propias respuestas, con financiación directa, capacitación, tecnología y voz en las decisiones, como prometió el Grand Bargain, es el cambio de fondo. Pero la localización no puede ser una forma de abaratar la ayuda. Exige presupuestos más elevados y plurianuales, que permitan ir más allá de la emergencia e incluir programas de recuperación y desarrollo.
2. Financiar la preparación y no solo el salvar vidas. La reducción de riesgos, la preparación ante desastres y la acción anticipatoria deben tener un presupuesto serio y acorde a las amenazas climáticas en los países más expuestos. Según la ONU, los desastres cuestan ya unos 2,3 billones de dólares al año si se suman sus efectos en cadena. Prepararse antes de la sequía o la inundación salva vidas y evita emergencias carísimas de revertir o que desembocan en crisis mayores en las sociedades más frágiles.
3. Recuperar la diplomacia humanitaria y de paz. La ayuda alivia, pero no resuelve. Como advirtió Fletcher ante el Consejo de Seguridad en agosto de 2026, la tragedia de Sudán no es que no sepamos qué hacer[viii]. Hace falta presión política sostenida para proteger a la población civil y a quienes la socorren, negociar el acceso humanitario y abrir caminos hacia la paz.
4. Financiar según necesidades y según riesgos. La ayuda debe asignarse por la gravedad del sufrimiento, no por intereses ni titulares. Pero también hay que tener en cuenta el riesgo de que una emergencia desatendida degenere en una crisis compleja y de gobernanza que después impida la recuperación. Llegar a tiempo puede ser la diferencia entre una crisis pasajera y una crónica.
El mundo de 2026 vive una contradicción difícil de sostener. Nunca hubo tantos conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, las guerras duran más que nunca, el hambre aguda se ha duplicado en una década y más de 250 millones de personas necesitan ayuda para sobrevivir. Y, sin embargo, la financiación humanitaria está en mínimos de diez años, y la que queda se reparte cada vez más según intereses políticos y económicos, no según necesidades ni como parte de un esfuerzo planificado que apunte al desarrollo sostenible y la paz.
El primer reto es encontrar la manera de financiar a quienes más lo necesitan, hacerlo desde los principios humanitarios, la justicia y la dignidad, no desde el cálculo geopolítico, y devolviendo el liderazgo y con ello la dignidad a la población local de esas regiones frágiles. Como recuerda León XIV, los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino[ix], su situación es fruto de decisiones y de estructuras que pueden cambiarse. Igual que algunos Estados construyeron sistemas de bienestar para que nadie quedara abandonado dentro de sus fronteras, el mundo necesita recuperar la idea de un estado del bienestar global, que garantice unos mínimos de protección a quienes nacen en los lugares hoy más frágiles del planeta.
El segundo reto es la paz. Ninguna crisis prolongada se resuelve con ayuda humanitaria. Hace falta una diplomacia que busque activamente el fin de los conflictos, proteja a la población civil y a quienes la socorren, y no se resigne a gestionar emergencias eternas.
El tercero nos interpela a todos. Las crisis olvidadas no nos son ajenas, están conectadas con nuestras decisiones de consumo, con nuestras políticas migratorias y comerciales, y con lo que elegimos mirar. Hace falta una ciudadanía que mire, que acepte su parte de responsabilidad y que exija a sus gobiernos una cooperación fraterna, capaz de revertir las relaciones de poder que perpetúan la desigualdad.
[i] Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, en la rueda de prensa de presentación del Panorama Humanitario Global 2026. Sede de la ONU, Nueva York, 3 de diciembre de 2025. Traducción propia.
[ii] Francisco, homilía durante su visita a Lampedusa (Italia), 8 de julio de 2013.
[iii] La Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO) define las crisis olvidadas como situaciones de crisis humanitaria graves y prolongadas en las que la población afectada recibe poca o ninguna ayuda internacional y en las que no existe voluntad política de resolverlas, en parte por la falta de interés mediático. La UE destina a ellas al menos el 15 % de su presupuesto humanitario inicial.
[iv] Elaboración propia a partir del listado de conflictos armados y sus años de inicio de la Escola de Cultura de Pau (UAB), Alerta 2026! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.
[v] Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), en el comunicado de presentación del informe sobre las crisis de desplazamiento más desatendidas. Oslo, 4 de junio de 2026. Traducción propia.
[vi] António Guterres, secretario general de la ONU, durante su visita a Haití. Puerto Príncipe, 16 de junio de 2026. Traducción propia.
[vii] León XIV, discurso ante la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, en la sede del PMA. Roma, 22 de junio de 2026. Traducción propia.
[viii] Tom Fletcher, en la sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación humanitaria en Sudán, 24 de agosto de 2026. Traducción propia.
[ix] León XIV, exhortación apostólica Dilexi te, sobre el amor hacia los pobres, n. 14. Firmada el 4 de octubre de 2025 y publicada el 9 de octubre de 2025.

Palabras clave: cooperación internacional, Ayuda Humanitaria, Cáritas, desarrollo humano, financiación internacional
Dr. Víctor Genina. Director de Desarrollo Humano Integral en Caritas Internationalis
David Pardaillan. CEO en Geostrategic Dynamics
La crisis de la cooperación internacional, marcada por recortes y tensiones geopolíticas, desafía la ayuda humanitaria. Cáritas afronta este reto uniendo la respuesta de emergencia y el desarrollo humano integral.
El sistema de cooperación internacional atraviesa la transformación más profunda desde la creación del régimen de ayuda al desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial. La conjunción de un repliegue unilateral sin precedentes por parte de los Estados Unidos, una reorientación estratégica de Europa hacia el gasto en defensa, y un shock macroeconómico global precipitado por la guerra en Oriente Medio ha configurado lo que los organismos multilaterales califican como una tormenta perfecta que nos aleja cada vez más de la consecución de los ODS y, a los donantes, del compromiso de asignar el 0,7% del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)[1]. Ésta experimentó en 2025 su mayor contracción anual registrada (un 23,3%)[2] y las proyecciones para 2026 apuntan a un tercer año consecutivo de caída, hasta situarse en su nivel más bajo desde 2014[3]. Este artículo analiza las dimensiones estructurales de esta crisis, sus dinámicas geopolíticas y las implicaciones directas para las organizaciones que operan sobre el terreno, con especial atención al papel de la Confederación Caritas.
El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que suspendía durante noventa días toda la actividad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Lo que comenzó como una revisión administrativa derivó en la demolición sistemática de la agencia de desarrollo más grande del mundo. En marzo de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la cancelación oficial del 83% de los programas de USAID (aproximadamente 5.200 de los 6.200 existentes) tras una revisión de seis semanas[4]. El 1 de julio de 2025, USAID fue disuelta definitivamente como agencia independiente, y sus funciones residuales fueron absorbidas por el Departamento de Estado.
El impacto cuantitativo de esta decisión es difícil de exagerar. La AOD estadounidense cayó un 56,9% en 2025, la mayor reducción registrada por cualquier donante en un solo año. En términos absolutos, el gasto humanitario de Estados Unidos pasó de más de 14.000 millones de dólares en 2024 a apenas 3.700 millones en 2025. El cierre de la agencia, paradójicamente, ha tenido un coste propio: el gobierno ha reservado 19.200 millones de dólares para liquidar los más de 4.000 contratos y subvenciones terminados, una cifra que el Congreso ha cuestionado sin obtener explicaciones satisfactorias[5].
Esta retirada no ha sido, sin embargo, absoluta ni permanente. A partir de agosto de 2026, la Administración ha canalizado casi 2.000 millones de dólares hacia programas de salud y asistencia humanitaria, pero lo ha hecho a través de un mecanismo radicalmente distinto: la financiación se dirige primordialmente a organizaciones confesionales (World Vision, Compassion International, Samaritan’s Purse y, en menor medida, Catholic Relief Services, uno de los socios estadounidenses de la Confederación Cáritas) mediante la estrategia America First Global Health Strategy[6]. La ayuda se ha reanudado, sí, pero con condiciones geográficas explícitas (los fondos no pueden destinarse a Afganistán ni a Yemen) y con un énfasis declarado en la salud materno-infantil y la lucha contra enfermedades transmisibles, en detrimento de otros ámbitos como la gobernanza, los derechos humanos o la sociedad civil. El Departamento de Estado ha instruido además a sus embajadas para que presionen a los países receptores a firmar una declaración de comercio en lugar de ayuda (trade over aid) que rechaza explícitamente el papel de Estados Unidos como principal proveedor de asistencia humanitaria en favor de relaciones comerciales que beneficien a las empresas estadounidenses[7].
Europa, que durante décadas se presentó como el pilar más estable y predecible de la cooperación internacional, ha emprendido su propio repliegue, aunque con una secuencia más escalonada y, si se quiere, más silenciosa. La AOD alemana cayó un 17% en 2025; la francesa, un 11%; la británica, un 11%[8]. En términos acumulados, el Reino Unido ha visto reducir su AOD un 45% entre 2020 y 2026; Alemania, un 37% entre 2023 y 2026; y Francia, un 30% en el mismo período. Alemania, que en 2025 se convirtió por primera vez en el mayor donante mundial en términos absolutos con 29 100 millones de dólares, ha confirmado en su presupuesto de 2026 recortes adicionales a la cooperación mientras incrementa su gasto en defensa hasta los 82.700 millones de euros[9].
La Unión Europea, por su parte, ha articulado esta reorientación en el marco financiero plurianual 2028-2034[10]. La propuesta de la Presidencia irlandesa del Consejo, presentada el 10 de octubre de 2026, contempla una reducción del 8% respecto a la propuesta inicial de la Comisión, con un recorte de aproximadamente 38.000 millones de euros en el instrumento Global Europe, que financia la acción exterior, la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. El programa Global Europe perdería un 17% de su dotación, mientras que las partidas de competitividad, investigación y defensa se reducirían en menor proporción. La ayuda humanitaria, con una dotación indicativa de 25.000 millones de euros, se mantiene nominalmente, pero su blindaje dista de estar garantizado en las negociaciones finales[11].
El telón de fondo de esta reconfiguración es el programa ReArm Europe / Readiness 2030, que movilizará hasta 800.000 millones de euros en inversión en defensa durante los próximos años. La lógica que subyace es explícita: ante la amenaza rusa y la creciente volatilidad global, los recursos se redirigen hacia la seguridad nacional. 2026 marca en efecto un giro radical del apoyo al desarrollo hacia el gasto militar. El gasto en defensa alcanza nuevos récords mientras los presupuestos humanitarios se recortan y los fondos se reorientan hacia prioridades políticas más visibles, en un proceso que erosiona silenciosamente la capacidad de Europa para prevenir crisis en las regiones frágiles donde se gestan sus riesgos a largo plazo[12]. Esta priorización no es meramente coyuntural; responde a una redefinición estructural de las prioridades estratégicas europeas que, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), se traducirá en que la AOD europea seguirá cayendo por lo menos hasta 2028[13].
La retirada de los donantes tradicionales habría sido grave por sí sola. Pero su coincidencia con la escalada del conflicto en Asia Occidental, con el cierre de facto del estrecho de Ormuz, ha creado una coyuntura de consecuencias sistémicas. Por ese estrecho transita aproximadamente el 30% del comercio mundial de fertilizantes, y los productores del Golfo figuran entre los principales proveedores de amoníaco y urea. El Banco Mundial estima que los precios de los fertilizantes se han incrementado un 26,2%, con la urea un 49% por encima de los niveles previos al conflicto[14].
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierte que casi 45 millones de personas adicionales podrían caer en inseguridad alimentaria aguda si el conflicto se prolonga y el precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril[15]. ONU Mujeres estima que 11,7 millones de mujeres y niñas adicionales en 28 países podrían verse afectadas por la inseguridad alimentaria antes de finales de 2026[16].
A esta presión sobre los precios de la energía y los alimentos se suma una crisis financiera de proporciones históricas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que el país en desarrollo mediano destina ya aproximadamente el 9,5% de sus ingresos fiscales al pago de intereses de la deuda, la proporción más alta en veinticinco años y más del triple que la de los países de renta alta[17]. Los países en desarrollo deben hacer frente a vencimientos de deuda externa por valor de 400.000 millones de dólares en 2026, con los intereses absorbiendo un tercio de esa cantidad. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que la deuda pública mundial se encuentra en su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial y superará el 100% del PIB global antes de 2030[18].
Uno de los efectos más corrosivos de esta reconfiguración no es tanto la reducción del volumen de recursos como la destrucción de la previsibilidad. Las organizaciones humanitarias y de desarrollo han construido históricamente sus capacidades sobre la base de ciclos de financiación plurianuales que permitían planificar intervenciones, contratar personal cualificado y comprometerse con las comunidades a largo plazo. Ese modelo se ha roto.
El secretario general de Caritas Internationalis, Alistair Dutton, lo ha expresado con una franqueza que resume la situación[19]: Nos están pidiendo que hagamos más con menos. Vamos a hacer menos con menos[20]. La financiación humanitaria internacional ha caído aproximadamente un 30% entre 2022 y 2025, y trece de los veinte mayores donantes recortaron su ayuda en 2025. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha recibido apenas 3.000 millones de dólares de los 8.500 millones que necesita este año (un 32%) y ha perdido 8.000 efectivos desde 2024[21].
La incertidumbre no solo afecta la cantidad, sino la estructura misma de la financiación. La proporción de fondos asignados a proyectos específicos (frente a los fondos no restringidos y flexibles) ha pasado del 19% en 2022 al 51% en 2026. Esto significa que las organizaciones tienen cada vez menos margen para decidir dónde y cómo asignar sus recursos. Como señala Devex, la financiación disponible se tiene que gastar en muy poco tiempo y no hay ninguna certidumbre de que haya continuidad[22].
Esta volatilidad tiene un coste humano directo. El 88% de las organizaciones encuestadas por ONU Mujeres reportaron impactos moderados o graves como resultado de los recortes en 2025, y el 45% dispone de menos de seis meses de financiación operativa[23]. En Chad, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras ha documentado que más de una de cada cinco mujeres embarazadas y lactantes examinadas en los primeros seis meses de 2026 presentaba desnutrición aguda moderada o grave[24].
Ante el vacío dejado por los Estados, ha emergido con fuerza la narrativa de que la filantropía privada puede llenar el hueco. Los datos, sin embargo, desmienten esta expectativa. Entre 2020 y 2023, las contribuciones filantrópicas al desarrollo ascendieron a 68.200 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 10% del volumen de la AOD[25]. Dicho de otro modo: por cada dólar filantrópico, diez dólares provenían de la ayuda pública. La filantropía no puede, ni por escala ni por diseño, sustituir la función redistributiva del Estado.
Más allá de la cuestión cuantitativa, la sustitución por capital privado plantea riesgos estructurales de rendición de cuentas y legitimidad. Como advierte la Alianza para la Rendición de Cuentas Humanitaria en su informe de 2026, cuando el capital privado opera sin mandatos democráticos, sin supervisión parlamentaria y sin mecanismos significativos de participación ciudadana, el resultado es una financiación menos transparente, menos responsable y menos equitativa[26]. Las fundaciones privadas tienen más discrecionalidad para decidir dónde y a quién financian, lo que puede producir una distribución geográfica altamente desigual: algunos países atraen múltiples donantes por su escala o por la facilidad para operar en ellos, mientras otros quedan excluidos no porque sus necesidades sean menores, sino porque no son destinos habituales de la financiación filantrópica.
La OCDE ha subrayado que la filantropía no puede igualar la escala de la AOD, aunque aporta capacidades distintivas como flexibilidad, tolerancia al riesgo y potencial catalítico[27]. El riesgo es que, en ausencia de un marco público robusto, la filantropía se convierta en un instrumento de influencia política y económica al servicio de los intereses de los donantes, profundizando las asimetrías de poder que la cooperación al desarrollo pretendía corregir.
Paradójicamente, la retirada de los donantes tradicionales ha generado una reacción en el Sur Global que merece una lectura matizada. Lejos de la alarma que cabría esperar, algunos líderes africanos han recibido los recortes con una mezcla de resignación y alivio. El presidente de Kenia, William Ruto, ha declarado que África quiere inversión y asociación igualitaria, no ayuda, y ha subrayado que las nuevas relaciones no deben construirse sobre la dependencia, sino sobre la igualdad soberana; no sobre la caridad, sino sobre la inversión mutuamente beneficiosa[28]. El representante permanente de Nigeria ante la ONU, Jimoh Ibrahim, ha ido aún más allá: África es un continente rico que no necesita ayuda de otros continentes para desarrollarse. Lo que necesitamos es comercio, colaboración, cooperación y asociación[29].
Esta postura no es meramente retórica. Refleja una conciencia creciente de que el modelo de ayuda tradicional (con sus condicionalidades, burocracia y asimetrías) ha servido con frecuencia más a los intereses de los donantes que a las necesidades de los receptores. Como documenta el Overseas Development Institute, lejos de lamentar el impacto de los recortes, las reflexiones de los líderes africanos se han centrado en la necesidad de autosuficiencia, y muchos gobiernos han respondido con decisiones presupuestarias concretas: Nigeria incrementó su asignación sanitaria doméstica en doscientos millones de dólares en el plazo de un mes tras el anuncio de los recortes; Ghana eliminó el límite a la parte del impuesto nacional al seguro de salud destinada al sector sanitario ; y Etiopía creó un fondo de respuesta a desastres financiado mediante una nueva contribución fiscal[30]. La Unión Africana ha adoptado resoluciones que describen la esclavitud y el colonialismo como crímenes históricos y reclaman marcos de justicia reparatoria, en un giro discursivo que busca redefinir los términos del compromiso internacional.
Esta reconfiguración de las relaciones Norte-Sur abre oportunidades para modelos de cooperación basados en la reciprocidad y la soberanía, pero también plantea riesgos. La transición hacia la autosuficiencia financiera requiere instituciones sólidas, movilización de recursos domésticos y diversificación económica, condiciones que no todos los países del Sur Global cumplen en la misma medida. El riesgo de que el vacío dejado por los donantes tradicionales sea ocupado por potencias con agendas geopolíticas propias es real y ya se está materializando en forma de acuerdos bilaterales de carácter transaccional, con limitado impacto en mejoras estructurales que beneficien a las poblaciones.
La crisis de la cooperación internacional no es solo financiera; es también una crisis de transparencia y de legalidad. La retirada de USAID ha estado marcada por una opacidad deliberada: el gobierno estadounidense prohibió la contratación de antiguos empleados de la agencia para gestionar su propio cierre, y el Congreso no ha obtenido explicaciones claras sobre el destino de los 19.200 millones de dólares asignados a la liquidación[31]. La ayuda reanudada en 2026 se canaliza mediante acuerdos bilaterales con condiciones geográficas y políticas explícitas que excluyen a determinados países, se concentran en algunos, y priorizan sectores alineados con los intereses estratégicos de Washington.
En el ámbito regional, incluso en Europa, la opacidad también se ha instalado. La Unión Europea ha sido objeto de escrutinio por enterrar auditorías relacionadas con la financiación de ciertos proyectos en zona de conflicto y por resistirse al acceso público a documentos judiciales[32]. La consecuencia es que la rendición de cuentas (tanto hacia los contribuyentes de los países donantes como hacia las poblaciones beneficiarias) se ha debilitado precisamente en el momento en que más necesaria sería.
En este contexto de contracción, incertidumbre y reconfiguración geopolítica, la Confederación Cáritas se enfrenta al desafío de sostener simultáneamente sus dos pilares fundacionales: la acción humanitaria de emergencia y la promoción del desarrollo humano integral. El Marco Estratégico 2024-2030 de Caritas Internationalis ya identificó esta doble misión como eje de su identidad: salvar vidas, reducir riesgos y reconstruir comunidades y promover el desarrollo humano integral sostenible y el cuidado de la creación[33].
La coyuntura actual exige una reflexión profunda sobre cómo equilibrar ambos pilares. Por un lado, la urgencia humanitaria (350 millones de personas necesitan asistencia vital este año) demanda una respuesta inmediata, flexible y coordinada con los actores locales. Cáritas ha reiterado su llamamiento a financiar íntegramente el llamamiento de la ONU 87 millones de vidas, a revertir los recortes a la AOD y a restaurar el compromiso del 0,7 % del PNB, y a proporcionar financiación directa, flexible y plurianual a los agentes locales y nacionales[34]. La localización no es solo una cuestión de eficiencia; es una cuestión de respeto a la agencia y de sostenibilidad.
Por otro lado, el pilar del desarrollo humano integral (que aborda las causas estructurales de la pobreza, la injusticia y la vulnerabilidad) corre el riesgo de ser el más sacrificado en un entorno de recursos menguantes y horizontes temporales acortados. La tentación de concentrar todos los esfuerzos en la respuesta de emergencia, abandonando la inversión en capacidades locales, sistemas de salud, educación y gobernanza, sería un error estratégico de consecuencias incalculables. Cáritas tiene la oportunidad de articular un modelo que integre ambos pilares de manera coherente: utilizar la respuesta humanitaria como puerta de entrada para fortalecer las estructuras locales, y emplear el desarrollo humano integral como marco para reducir la necesidad de futuras intervenciones de emergencia.
En un mundo donde los Estados se repliegan y los donantes privados imponen sus propias prioridades, la Confederación Cáritas (con sus 165 organizaciones nacionales, presencia en más de 200 países y territorios, su arraigo comunitario y su identidad de fe), posee una ventaja comparativa única: la capacidad de operar allí donde otros no llegan, de permanecer cuando otros se retiran, y de dar voz a quienes no la tienen.
Puede decirse que esa ventaja es compartida, en general y en mayor o menor grado, por las organizaciones basadas en la fe, las cuales están cobrando cada vez más importancia como socios implementadores confiables de agencias de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales vis-a-vis las organizaciones seculares. En otras palabras, en el marco de un sistema de cooperación internacional en crisis, las organizaciones que gozan de la confianza entre las comunidades, por su arraigo en ellas, se encuentran en mejor posición que muchas de las organizaciones no confesionales.
Esto se ve fortalecido también por los valores que sustentan el actuar de las organizaciones: la fidelidad a los principios de respeto de la dignidad humana –todos creados a imagen y semejanza de Dios—y de ahí la exigencia de solidaridad y justicia social, son fundamentos sólidos que dan plenitud de sentido al servicio de las personas en necesidad y al cuidado del planeta.
[1] Naciones Unidas. Financing for Sustainable Development Report 2026: Implementing the Sevilla Commitment. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Nueva York, 2026; págs. 1-3.
[2] OCDE. “ODA projections for 2026 and the near-term: Implications for vulnerable countries and sectors”. OECD Policy Briefs, n.º 59, OECD Publishing, París, 19 de junio de 2026; pág. 3.
[3] OCDE. A historic decline in foreign aid: Preliminary 2025 ODA data. OECD, París, 9 de abril de 2026; pág. 1.
[4] AP News. «Secretary of State Rubio says purge of USAID programs complete, with 83% of agency’s programs gone», 10 de marzo de 2025.
[5] Devex. «Devex Newswire: Democrats call for details of USAID shutdown costs», 21 de mayo de 2026.
[6] Departamento de Estado de los Estados Unidos. «United States Announces Historic $2 Billion in Health and Humanitarian Assistance to Faith-Based Organizations», 6 de agosto de 2026.
[7] United States Mission to the United Nations, Ambassador Mike Waltz, U.S. Representative to the United Nations. «Remarks at a Trade Over Aid Initiative Launch Event», 27 de abril de 2026.
[8] The Guardian. «UK, German and French aid cuts will take ‘devastating toll’ on most vulnerable, says study», 23 de mayo de 2026.
[9] OCDE. A historic decline in foreign aid: Preliminary 2025 ODA data. OECD, París, 9 de abril de 2026; pág. 2.
[10] Devex. «Devex Newswire: Defense spending surges as development budgets slide», 13 de febrero de 2026.
[11] VOICE. «Council negotiating box: a reprieve for humanitarian action, but deep cuts to EU external action», 12 de octubre de 2026.
[12] Royal United Services Institute. «Defence Up, Aid Down: Europe’s New Security Blind Spot». 1 de julio de 2026; págs. 1-3.
[13] SIPRI. Trends in World Military Expenditure, 2025. SIPRI Fact Sheet, Estocolmo, abril de 2026; págs. 1-2.
[14] FAO. «Presentation of the Global Agrifood Implications of the 2026 Conflict in the Middle East, Impacts on energy and fertilizer trade, and food security». Roma, abril de 2026.
[15] WFP. «WFP projects food insecurity could reach record levels as a result of Middle East escalation», 17 de marzo de 2026.
[16] UN Women. «Middle East escalation threatens food security for an additional 11.7 million women and girls by the end of 2026», 2 de octubre de 2026.
[17] UNDP. «Highest borrowing costs in decades push developing countries to brink of liquidity crisis», 11 de octubre de 2026.
[18] Fondo Monetario Internacional. Fiscal Monitor: «Global Debt Is Heading to 100% of GDP — What Can Governments Do? «, octubre de 2026.
[19] Caritas Internationalis. «Caritas Internationalis at UNGA: Aid cuts put millions at risk as humanitarian needs reach record levels», 22 de septiembre de 2026.
[20] America Magazine, The Jesuit Review. «Global Catholic charity head says they’re doing ‘less with less’ after Trump’s foreign aid cuts», 1 de octubre de 2026.
[21] UNHCR. «‘Efficiency has limits’: UNHCR chief warns refugee protection is buckling under cuts», 12 de octubre de 2026.
[22] Devex. «As humanitarian funding shrinks, can long-term partnerships fill the gap?», 2 de octubre de 2026.
[23] UN Women. «Beyond the Breaking Point: The continuing impact of funding cuts on women’s organisations in humanitarian settings», Nueva York, julio de 2026.
[24] Médicos Sin Fronteras. «1 de cada 5 mujeres embarazadas en Adré sufre desnutrición en medio de recortes de fondos», 31 de julio de 2026.
[25] OECD. Private Philanthropy for Development (Third Edition). París, marzo de 2026; pág. 4.
[26] Alliance Magazine. «Beyond the market mirage: Philanthropy must democratise finance or risk deepening a legitimacy crisis», 3 de marzo de 2026.
[27] Center for Global Development. «What Does Philanthropy’s Global Footprint Tell Us About Its Role in a Changing Aid Landscape?», 9 de junio de 2026.
[28] AriseNews. «Ruto: Africa Wants Investment, Equal Partnership, Not Aid», 12 de mayo de 2026.
[29] Premium Times. «Africa is rich, doesn’t need aid – Jimoh Ibrahim», 2 de agosto de 2026.
[30] Overseas Development Institute. «African leadership amid disruptions to US aid». Londres, 20 de enero de 2026; págs. 1-2.
[31] The Guardian. «‘Ignorance and cruelty’: former USAID official details devastation inflicted by Doge cuts», 18 de abril de 2026.
[32] Investigate Europe. «Secrecy Tracker: Commission buries Gaza audits as EU top court faces transparency backlash», 14 de julio de 2026.
[33] Caritas Internationalis. Marco Estratégico de la Confederación Caritas 2024-2030. Una familia humana, una casa común; págs. 5-9.
[34] UN OCHA. «87 Million Lives: Delivering on the Promise», 14 de septiembre de 2026.
Cooperante Cáritas Española
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el COVID-19 pandemia global. Ríos de tinta han corrido desde entonces, sin embargo, cada día se nos presentan más dudas que certezas. La evolución de la enfermedad está siendo tan desigual en Asia, África, Europa o América que lo único cierto es que los modelos de contención y mitigación no son replicables en todos los contextos.
Lo singular de este virus, en relación con epidemias anteriores, es que ha traspasado todas las fronteras y se ha propagado mucho más rápido de lo que los gobiernos de todo el mundo han podido prever. Como consecuencia, los sistemas de salud pública de medio planeta se han colapsado y los recursos de protección individual se han agotado al mismo tiempo que la psicosis social estallaba. Y es ese componente universal lo que hace que el coronavirus sobrepase la dimensión sanitaria. Una vez que el virus se ha propagado libremente por todo el mundo, el impacto se empieza a notar también en el modelo de desarrollo económico capitalista, en un notable cambio en nuestras relaciones interpersonales y cómo nos afecta a nivel psicosocial. Y es que, por primera vez en nuestra historia reciente estamos asistiendo a un fenómeno global de pánico e incertidumbre del que nadie está a salvo, ni siquiera la población de los países occidentales, factor que ha aumentado su trascendencia a nivel planetario.
En este escenario, que muchos calificarían como apocalíptico, no debemos perder de vista que no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a un reto semejante. Si echamos la vista atrás, la peste negra, una de las peores epidemias de la historia, causó entre 50 y 200 millones de muertes en el siglo XIV. La viruela acabó con la vida de entre 25 y 50 millones a partir del siglo XVI y el cólera durante los siglos XIX y XX mató a entre 50 y 100 millones de personas. La gripe española, muy recordada estos días, se saldó con entre 20 y 50 millones de fallecidos. Sin olvidarnos del VIH Sida que a día de hoy ya ha matado a 32 millones de personas y sigue siendo una de las grandes amenazas junto a la tuberculosis y la malaria.
Si estos casos ya habían caído en el olvido, también encontramos buenos ejemplos en nuestra historia más reciente. La gripe A (H1N1) ha sido considerada la primera (y única hasta el COVID-19) pandemia de nuestro siglo. Se registraron casos en más de 200 países y provocó la muerte de 284.000 personas en 2009. Por su parte, más de 11.000 personas perdieron la vida a causa del ébola de 2014 a 2016[1] y un nuevo brote resurgió en África Occidental y en la República Democrática del Congo en 2019. El zika se detectó en Sudamérica, América Central y el Caribe entre 2015 y 2016 y actualmente se ha extendido fuera del continente. Y por extraño que parezca, el sarampión, que tiene vacuna desde hace casi 60 años, amenaza en 2020 a más de 117 millones de niños en 37 países al haberse paralizado las campañas de inmunización desde la irrupción del coronavirus.
Si hay un denominador común al rápido repaso de epidemias que acabamos de hacer es que la mayor parte de afectados durante el siglo XXI se encuentra en países del sur. Y no es casualidad. La debilidad de sus sistemas sanitarios no permite hacer frente a la explosión de casos. Desde la falta de medios para la detección temprana de contagios, pasando por la escasez de camas hospitalarias, equipos de protección individual y respiradores, el lento y costoso desarrollo de soluciones farmacológicas y la dificultad de los estados para implementar medidas de confinamiento.
Contrario al caso asiático, donde se registraron los primeros contagios de COVID-19 y que parece haber contenido el virus con más éxito que en Europa, existe bastante incertidumbre entre la comunidad científica sobre el impacto y la propagación de la pandemia en África. En este continente la reflexión es, si cabe, aún más pesimista y el dilema se plantea entre sobrevivir al coronavirus o morir de hambre. La población más vulnerable de los países en desarrollo vive al día, dependientes de una economía de subsistencia que les impide aprovisionarse de víveres[2] y con la dificultad añadida del aumento de la inflación, la reducción de las remesas y la escasez de productos básicos. Especialmente vulnerables son las zonas rurales, donde el aislamiento es mayor y la gente no tiene un acceso fácil a la comida o el agua. En estos contextos, donde la inseguridad alimentaria ya afecta a millones de personas, medidas como el confinamiento total resultan impensables. Estas familias no podrán sobrevivir si permanecen encerradas en sus hogares, más aun teniendo en cuenta que muchas viven en condiciones de hacinamiento, por lo que encerrarlos en espacios pequeños y sin medidas de higiene puede incluso aumentar el número de contagios.
La crisis alimentaria y nutricional que ya sufren la mayor parte de los países del sur se verá, sin duda, agravada por los efectos de la pandemia, que impactará en los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: la disponibilidad, el acceso, el control y la estabilidad de los alimentos. Las familias pobres y muy pobres tendrán más dificultad para aprovisionarse de alimentos de primera necesidad y las personas desnutridas, con un sistema inmunológico debilitado, serán más vulnerables al COVID-19. Las restricciones de movimiento también limitarán el pastoreo, obligando a concentrar el rebaño en ciertas zonas y provocando conflictos entre pastores y agricultores.
Por tanto, una de las principales medidas de contención puestas en marcha por los países desarrollados, el confinamiento, solo podrá ser aplicada en aquellas zonas en las que se cuente con más reservas económicas, con mayor autosuficiencia alimentaria y menos dependientes del turismo. O por los estados menos democráticos que imponen medidas autoritarias. Países como Sierra Leona han decretado el estado de emergencia durante un año tras haber registrado un único caso positivo y en Uganda se instauró el confinamiento total e inmediato en un plazo de 24 horas cuando aún sólo habían contabilizado 44 contagios. Medidas de urgencia también han sido aplicadas en Perú y El Salvador. En el extremo contrario se encuentran países como Brasil y México, que siguen cuestionando la gravedad de la crisis. Mención especial merece Burundi, donde sus dirigentes han declarado que el país se mantiene a salvo por la gracia de Dios y que no se necesitan medidas especiales de protección. Y Nicaragua, donde se sigue dando la bienvenida al turismo y donde incluso se ha organizado la conocida marcha amor en tiempos del COVID-19. Estos ejemplos muestran el riesgo hacia una deriva autoritaria de algunos gobiernos y hace temer la imposición de medidas especialmente duras para una población ya de por sí castigada.
Si esto no fuera suficiente, nuevas informaciones[3] revelan que la contaminación aumenta la potencia de las epidemias. Y una vez más, muchos de los países en desarrollo se caracterizan por una elevada presión poblacional que vive en las regiones del planeta más afectadas por las consecuencias del cambio climático. La sequía, inundaciones y desaparición de los ecosistemas no van a frenar su ritmo devastador durante esta crisis. Así que, si a la ecuación sumamos la amenaza climática, tenemos como resultado una tormenta perfecta de previsiones catastróficas en estos contextos.
Si el coronavirus ya plantea un escenario desconcertante en las zonas más prósperas del planeta, las previsiones para los países en desarrollo auguran un desastre casi total. Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA) la pandemia podría dejar en la región un saldo de 300.000 muertos, colapsando los sistemas sanitarios de varios países y provocando la extrema pobreza de 27 millones de personas[4]. Todo ello en uno de los continentes con menor incidencia de la enfermedad.
A pesar de que la amenaza para África es inminente desde hace varias semanas, la catástrofe, sin embargo, no termina de llegar. Aunque unos estados lo viven con más intensidad que otros, desde el continente se desconfía de las previsiones y comienzan a elevarse voces contra esa visión derrotista. Algunas de ellas podemos encontrarlas en el manifiesto firmado por medio centenar de intelectuales africanos de diversas disciplinas que hacen un llamamiento a la unidad para poner en valor la inteligencia, la creatividad, los recursos endógenos, las tradiciones, la identidad diaspórica y los conocimientos científicos en la lucha contra el COVID-19[5]. Denuncian que los países occidentales están aprovechando la oportunidad para relanzar el afropesimismo propio de épocas pasadas. Según el documento, la respuesta no debe ser exagerada ni minimizada, sino racionalizada y recuerda las inversiones que muchos países han realizado para adaptar sus sistemas de salud a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Aunque muchos de ellos siguen siendo insatisfactorios y necesitan una renovación en profundidad, ponen de relieve que la atención sanitaria es a menudo social y comunitaria y se basa en vínculos culturales que requieren solidaridad y el tratamiento de la enfermedad en el ámbito familiar.
Si bien esta postura podría parecer excesivamente optimista, conviene recordar que una buena parte de los países del sur ha reaccionado ante la amenaza de la pandemia de forma mucho más rápida y coordinada de lo que lo ha hecho Europa. El cierre de fronteras, la suspensión de reuniones de carácter religioso, la cancelación de clases en todos los niveles de la educación, el toque de queda en unos casos y el confinamiento total en otros, el control de carreteras y el aislamiento y seguimiento de casos sospechosos han sido algunas de las medidas adoptadas cuando apenas se habían registrado unos pocos casos.
Algunos de los ejemplos más representativos los han protagonizado países como Sudáfrica, que unos días después de conocerse su primer caso ya había organizado un comité de expertos en salud pública y responsables médicos de los países que integran la Comunidad de Desarrollo de África Austral para ofrecer una respuesta coordinada y compartir información. O la movilización de equipos de respuesta rápida en Senegal[6] para detectar a los contagiados y aislarlos, así como hacer un seguimiento cercano de todos sus contactos. Sin olvidar el reparto de víveres en zonas rurales de numerosos países para evitar la desnutrición de la población[7].
Efectivamente, no es la primera vez que África se enfrenta a una amenaza sanitaria. Su historia reciente ha estado marcada por el ébola, el VIH, la malaria e incluso el sarampión. La gestión de estas crisis ha dejado valiosas lecciones que bien pueden suponer una ventaja en la lucha contra el COVID-19. Una veintena de países africanos ha rescatado esas prácticas y ha establecido un plan de centros de aislamiento separados de las clínicas de salud habituales para evitar el colapso sanitario y poder seguir atendiendo al resto de enfermos.
La experiencia con el ébola en África Occidental y República Democrática del Congo ya puso de manifiesto las consecuencias de recluir a las poblaciones en el medio rural, totalmente dependiente de la agricultura y la ganadería tanto para autoabastecerse como para suministrar al resto del país. Para evitar el declive de la producción agropecuaria, se optó por un confinamiento a nivel comunitario de modo que todo un pueblo se puede mantener aislado de manera conjunta y así sus habitantes puedan seguir atendiendo sus responsabilidades en los huertos y con los animales.
Aún sin certezas absolutas, se presupone que otro factor que podría tener el continente africano a su favor para frenar la incidencia de la pandemia es su demografía. Una población más joven[8], la práctica ausencia de instituciones de acogida de personas mayores (los más afectados por el COVID-19) y una eventual inmunidad de grupo podrían ser algunos de los factores que expliquen una propagación más lenta del virus en el continente.
América Latina también cuenta con sobrada experiencia en la gestión de recientes epidemias[9]. La inversión técnica y en capacitación para llevar a cabo desde 2016 la detección temprana del rotavirus del zika, así como los análisis serológicos para detectar anticuerpos en la sangre han permitido el desarrollo de modelos que comienzan a realizarse en México para identificar casos de COVID-19. La comunidad científica se ha puesto al servicio de la epidemiología para extender la tecnología a las instituciones y aumentar su fuerza de trabajo.
En Argentina se trabaja en crear un test molecular simple, sólido, económico y rápido y que tenga en cuenta la realidad de la sanidad en Latinoamérica. Este reto ya fue asumido en la lucha contra el dengue, cuando se diseñó un dispositivo que ha resultado ser muy útil en el brote epidémico que actualmente sufre la región.
Por su parte, una tecnología desarrollada entre universidades de México y EEUU en el diagnóstico de la influenza H1N1 está siendo aprovechada para reconducir el análisis hacia la evolución de los virus. Predecir las posibles mutaciones e identificar patrones ayudará en el desarrollo de una vacuna más eficaz contra el coronavirus.
Por tanto, son numerosos los ejemplos que demuestran que los países del sur global no navegan a la deriva en esta crisis sanitaria. Si bien se enfrentan a una serie de debilidades que representan un agravio comparativo con respecto a los países desarrollados, su disposición a la adopción de medidas de protección y su experiencia previa no deben ser tomadas a la ligera. Sin olvidar el importante trabajo que las ONG de desarrollo y de acción humanitaria llevan décadas desarrollando y que constituyen un extenso compendio de buenas prácticas (y otras a evitar) no sólo en el sector de la salud, sino también en el de alimentación y nutrición, acceso al agua y al saneamiento, medios de vida, promoción económica, protección de la población vulnerable y gestión de las crisis humanitarias.
Aunque la pandemia sigue aún una progresión incontrolable y cada país está centrando los esfuerzos en encontrar una solución sostenible a la salida de la crisis, el mundo no puede permitirse paralizar la acción humanitaria. Hoy más que nunca resulta imprescindible la adopción de medidas que favorezcan el desarrollo de los países con menos recursos y repensar un nuevo orden mundial. Dos ideas principales subyacen en la reflexión sobre la era post COVID-19: por un lado, están los que creen que nada será como antes y abogan por la búsqueda de nuevas alternativas y el fin del feroz sistema capitalista y, por otro, los que opinan que nada va a cambiar.
Sea cual sea el futuro a medio plazo de la humanidad, no debemos olvidar que contamos con la herramienta que nos puede permitir equilibrar la balanza. La cooperación internacional al desarrollo lleva décadas desarrollando e implementando modelos de ayuda que pueden y deben ponerse al servicio de la búsqueda de soluciones ante esta crisis. Si bien es cierto que el coronavirus está poniendo a prueba la solidaridad internacional y que la capacidad de los donantes se ha visto fuertemente golpeada, el sistema de ayuda humanitaria y al desarrollo se está reorganizando para poder atender la creciente demanda internacional.
La respuesta debe estar a la altura del reto, pero no se trata únicamente de recaudar fondos. Tanto organismos internacionales como ONG están aprobando programas especiales para la lucha contra el COVID-19. Y si bien resultan imprescindibles, también es cierto que corremos el riesgo de centrar los esfuerzos exclusivamente en la lucha contra la pandemia y dejar de lado el resto de amenazas que afrontan los países en desarrollo. En muchos de ellos la incidencia no es, al menos de momento, tan significativa, y pueden sentir la presión para reorientar su labor en este sentido. Las organizaciones no especializadas en salud corren el riesgo de quedarse fuera del circuito del nuevo modelo de ayuda y de no encontrar las fuentes de financiación necesarias para atender la creciente demanda de la población vulnerable y de las continuas crisis humanitarias.
Una de las primeras medidas que se han adoptado ha sido la paralización de los procesos administrativos en los países emisores de ayuda. Esto implica que, al menos durante el tiempo que duren los estados de alerta, la imputación de gastos a los proyectos en curso se verá condicionada. Esta medida afecta tanto al mantenimiento de sedes y personal en los países receptores como al funcionamiento de las organizaciones en los países donantes.
Para reducir el impacto de la pandemia en los grandes sectores en los que interviene la cooperación internacional se debe garantizar la continuidad de las acciones ya iniciadas y que, a su vez, contribuyen a reforzar la capacidad de resiliencia de la población vulnerable. Entre las líneas prioritarias destaca la lucha contra la desnutrición y la malnutrición mediante programas de seguridad alimentaria y desarrollo rural, así como a través del reparto de víveres, garantizando una gestión transparente en los procesos de licitación impulsados por los gobiernos. Una alternativa a ello son las transferencias de efectivo, que permiten a las familias con menos recursos contar con liquidez para adquirir los alimentos y productos de primera necesidad en función de sus necesidades.
Garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento es otro de los ejes esenciales en la lucha contra cualquier enfermedad. Evitar las aglomeraciones en los pozos comunitarios y proveer a la población de estos recursos esenciales en cantidad y calidad suficientes resulta imprescindible tanto para la salud individual como para la prevención comunitaria.
Los programas educativos tampoco deben descuidarse. Las medidas especiales adoptadas por los diferentes estados han promulgado el cierre inmediato y por tiempo indefinido de los centros formativos. Poner en suspenso la educación o dar por perdido el curso escolar provocará, sin duda, un considerable retroceso en los avances alcanzados hasta la fecha y futuros abandonos escolares precisamente del grupo de población con menos opciones de capacitación.
Otro de los sectores con más riesgo de sufrir un retroceso es el relativo a la igualdad de género y contra el maltrato femenino. Si bien es cierto que son los hombres los más afectados por el virus, el mayor porcentaje de personas que trabajan en primera línea (servicios de limpieza, supermercados, atención sanitaria primaria, etc.) son mujeres, por lo que están más expuestas al contagio. Y en el caso de las que deben quedarse en casa, están sufriendo un aumento de la violencia de género. Permanecer encerradas con su agresor las hace aún más vulnerables y limita sus posibilidades de pedir ayuda.
El impacto de la pandemia sobre las mujeres también es perceptible en los sectores formales e informales de la economía por la destrucción de empleo. Son ellas las más dependientes de la economía sumergida, por lo que resulta imprescindible seguir implementando planes de creación de empleo y promoción del autoempleo para que el conjunto de la población vulnerable cuente con las herramientas que les permitan afrontar el periodo de recesión económica que ya ha comenzado.
Y, por supuesto, seguir invirtiendo en la promoción del acceso a la salud para todos los sectores de la población. El trabajo que las ONG especializadas vienen realizando en mejorar los sistemas de salud pública no se puede frenar. El intercambio de conocimientos, la dotación de equipos médicos, la investigación de ésta y del resto de enfermedades, la movilización de recursos y una gestión eficaz y transparente de los mismos son algunos de los ejes en los que se debe seguir apostando.
La estrategia debe estar clara, pero no es sencilla. Acompañar a los más vulnerables es éticamente necesario, pero también nos ayudará a conseguir un mayor equilibrio global que nos permita estar más preparados para hacer frente a ésta y a las amenazas que vendrán.
[1] Cifras recogidas en la infografía elaborada por Junior Report y publicada en https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200330/48114789119/infografia-epidemias-pandemias.html. Consulta realizada el 23/04/2020.
[2] En África Subsahariana el 89,2% de la población se desempeña en el sector informal según datos de la OIT publicados en el informe The impact of the COVID-19 on the informal economy in Africa and the related policy responses, publicado el 14/04/2020.
[3] Para más información al respecto se puede consultar la comunicación Assessing nitrogen dioxide (NO2) levels as a contributing factor to coronavirus (COVID-19) fatality, publicada en el sitio web https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720321215?via%3Dihub
[4] Resumen del informe recogido en el sitio web https://www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/eca-report-covid-19-africa-protecting-lives-and-economies. Consulta realizada el 26/04/2020.
[5] Manifiesto traducido al español y publicado en el blog de Casa África. http://blog.africavive.es/2020/04/coronavirus-juntos-podemos-salir-mas-fuertes-y-unidos/. Consulta realizada el 18/04/2020.
[6] Precisamente Senegal está colaborando con Reino Unido en la fabricación de kits portátiles rápidos que permitan detectar en tan sólo 10 minutos la presencia del virus.
[7] Ejemplos recogidos en el artículo publicado en el sitio web https://www.lavanguardia.com/internacional/20200420/48618698038/africa-rechaza-alarmismo-oms-coronavirus.html. Consulta realizada el 21/04/2020.
[8] Según datos publicados por Epdata, África es el continente con la mayor proporción de personas jóvenes. La edad media de la población africana es de 19,7 años, frente a los 42,5 años de medida de los europeos. https://www.epdata.es/datos/tendencias-poblacion-mundo-datos-graficos/411. Consulta realizada el 27/04/2020.
[9] Ejemplos extraídos del artículo https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52154158. Consulta realizada el 20/04/2020.
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