Las causas que obligan a las personas migrantes y refugiadas a abandonar sus países de origen y emprender un camino en la mayoría de las ocasiones peligroso y con final incierto, son variadas. De forma general, las personas refugiadas se mueven por una necesidad de salvar sus vidas y las personas migrantes lo hacen en busca de una vida mejor y con más oportunidades. Sin embargo, todas sufren las consecuencias de unos ordenamientos jurídicos de puerta estrecha que les condenan a vivir en la irregularidad en las sociedades de acogida durante años.

Resulta difícil comprender cómo es posible que haya ordenamientos jurídicos internacionales ampliamente ratificados que permitan la libre circulación de mercancías y capitales; pero no existan instrumentos similares para la libre circulación de las personas. En estos momentos, aunque la inmensa mayoría de los países miembros de la ONU adoptaron en Marrakech el primer acuerdo global para avanzar en este sentido, prácticamente no ha habido avances, y persiste una ausencia flagrante de canales legales y seguros para la movilidad de las personas en el mundo. Esta situación estructural es la causa fundamental de la irregularidad de millones de personas en el mundo: al no poder llegar y establecerse en las sociedades de acogida sino es de forma irregular.

En relación con eso, Europa, y específicamente nuestro país, no es ajena a esta situación de cierre de fronteras y restricción de la movilidad humana, que produce un mayor enriquecimiento de las mafias, y una búsqueda de rutas alternativas cada vez más largas y peligrosas, para las familias y personas. Una vez llegan, la realidad a la que deben integrarse las personas no es nada halagüeña.

De hecho, distintos estudios evidencian que el modelo migratorio español y su marco legislativo está condicionado a las necesidades del mercado de trabajo, motivo por el cual se considera generador de exclusión social y de una propuesta integradora débil. Circunstancias que se entienden en nuestro modelo por los rasgos propios en los que más de un 20% de nuestro producto interior bruto (P.I.B), unos 250.000 millones de euros, se encuentra dentro de la economía sumergida. Es precisamente sobre este sustrato de vulnerabilidad en el que trabajan más de un 30% de los inmigrantes en nuestro país, en aquellos sectores necesitados de una gran cantidad de mano de obra en condiciones precarias (servicio doméstico, cuidados, hostelería, agricultura, construcción, etc.).

Por ello, algunos autores señalan que España está generando un modelo propio dentro de los modelos de integración, que ha venido en denominarse un modelo patchwork de integración, que consiste en no tener un desarrollo normativo claro, ni dirigido, y que se viene configurando con cierta dosis de improvisación, y que tiene en su extremo más doloroso, el rostro de las personas en situación administrativa irregular.

El Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EASIE/ CSIC) ha concluido en un reciente trabajo de investigación sobre las percepciones de los españoles hacia el colectivo inmigrante, que actualmente el rechazo antinmigrante es claramente minoritario en nuestro país y que siguen prevaleciendo actitudes benévolas o neutras hacia la inmigración y los inmigrantes.

Sin embargo, esta coexistencia tranquila, e incluso, de relaciones cordiales, aunque distantes, se sustenta sobre un sustrato éticamente cuestionable. La población de origen inmigrante continúa ocupando las peores posiciones sociales y económicas dentro de nuestra sociedad, como refleja el estudio llevado a cabo por la Universidad de Comillas en colaboración con la Fundación FOESSA y Cáritas.

En ese último peldaño es donde precisamente se encuentran las personas en situación administrativa de irregularidad. Desde hace tiempo Cáritas viene alertando sobre el importante aumento del número de personas en situación administrativa irregular que son atendidas a través de sus programas y recursos en todo el país.

La destrucción de empleo y la condicionalidad de nuestro marco jurídico al mercado laboral está empujando a la irregularidad sobrevenida a muchas familias y personas migrantes, que, al no encontrar un empleo, se ven abocadas a una situación administrativa irregular.

Pese a la reciente aprobación del Reglamento de Extranjería por parte del Gobierno que supone un avance orientado a facilitar el acceso de estas personas al mercado laboral, esta reforma perpetúa el enfoque de una política migratoria condicionada al mercado laboral y, en todo caso, tiene un alcance limitado al dejar fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad.

En suma, esta realidad invisible que condena en nuestro país a más de 500.000 personas a vivir en la irregularidad, es la que pretende revertir el movimiento “Regularización Ya”, con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende llevar al Congreso para la regularización extraordinaria de las personas migrantes que viven en situación administrativa irregular en nuestro país.

Cuando quedan casi dos meses para que finalice el plazo para la recogida de firmas, esta ILP va camino de convertirse en una de las movilizaciones sociales que ha logrado cosechar más firmas en nuestra democracia. De esta forma, bajo el título de Esenciales, la propuesta de ley ha logrado sumar más de 800 organizaciones sociales y eclesiales, que llevan desde principios de año, recogiendo firmas y que, hasta la fecha, han alcanzado más de 450.000.

Esta iniciativa y lo que se está construyendo alrededor de ella, son signos para la esperanza en nuestra sociedad. Necesitamos un modelo de acogida que no esté supeditado únicamente al mercado laboral, esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos.

Número 12, 2022

Eduardo Bericat, Catedrático de Sociología de la Universidad de Sevilla

En este artículo se sugiere que la atención a la subjetividad de los destinatarios de los servicios sociales debe ser un rasgo básico en cualquier nuevo modelo de trabajo social.

Los individuos de las sociedades desarrolladas otorgamos una importancia creciente a nuestras vivencias y mundos de vida, a todos aquellos elementos que pueblan la interioridad de los seres humanos. Las emociones y estados de ánimo que sentimos, nuestras ideas y creencias acerca del mundo, los valores e ideologías con los que juzgamos a personas y cosas, las opiniones y las expectativas, o los sueños y los deseos, no solamente constituyen ámbitos esenciales de nuestro modo de vida, sino que determinan cada vez con mayor fuerza nuestro bienestar. Actualmente, la realidad del mundo subjetivo parece imponerse a la realidad del mundo objetivo. De ahí que hablemos del retorno a la subjetividad, de una reciente macrotendencia social que impulsa en muchos ámbitos el predominio de lo subjetivo sobre lo objetivo.

Desde esta perspectiva, cabe preguntarse: ¿a qué deberían los trabajadores sociales prestar una atención preferente, a las condiciones de vida (objetivas) o a las vivencias y experiencias (subjetivas) de las personas necesitadas de apoyo? ¿están los actuales servicios sociales más orientados hacia el tratamiento de los hechos objetivos o de los subjetivos? ¿debería hacerse un mayor esfuerzo por incorporar la subjetividad a la asistencia social? ¿Qué beneficios se derivarían de un reequilibrio del eje objetivo-subjetivo en las estrategias de asistencia, apoyo y cuidado?

El desacoplamiento objetivo-subjetivo y el retorno de la subjetividad

Tras dos siglos de modernización persiguiendo el progreso material y la mejora de las condiciones económicas de la población, nos hemos despertado comprobando que todo este desarrollo no ha servido para alcanzar la mayor felicidad para el mayor número, según expresión del utilitarista Jeremy Bentham. El fabuloso crecimiento de la riqueza no ha evitado la expansión del sufrimiento y la infelicidad. Pandemias emocionales como la soledad, la depresión, el estrés, la ansiedad, el sinsentido, el aburrimiento, la falta de respeto, o el miedo, afectan cada día a una mayor parte de la población.

El hecho determinante es que hoy el bienestar material y el bienestar emocional no caminan en paralelo, es decir, que el logro de uno no conduce directa y necesariamente al otro. Y dado que las condiciones de vida (objetivas) y las vivencias (subjetivas) están desacopladas, nos vemos obligados a perseguir simultáneamente ambos tipos de bienestar. Así, Gallup nos advierte del crecimiento global de la infelicidad en el mundo, mostrando que el Índice de Sentimientos Negativos ha aumentado un 38% de 2006 a 2021, pasando de 24 a 33 puntos en una escala de 0 a 100^[1].

En su columna periodística, Manuel Vicent escribe una historia que ilustra^[2], desde una perspectiva micro, el desacoplamiento entre lo subjetivo y lo objetivo^[3]. Cuenta que a su amigo no le van mal las cosas: tiene buena salud, su mujer le quiere, sus hijos le respetan, un buen pasar económico, suficientes amigos, ilusión por viajar, y afición a la música, la pintura, la lectura y la buena mesa. Pero cuando le preguntó: ‘Y tú ¿qué tal estás?’ Su respuesta fue: ‘Muy jodido, la verdad’. Vicent concluye señalando que vivir bien y sentirse mal es algo cada vez más común.

Los múltiples desacoplamientos objetivo-subjetivos, entre ellos el del bienestar material y emocional, son la condición necesaria del actual retorno a la subjetividad, caracterizado por el hecho de que las realidades del mundo interior de los individuos (sus vivencias, emociones, percepciones, pensamientos, expectativas, etc.) predominan sobre las realidades del mundo exterior. El universo interior del yo, el sí-mismo, no solamente adquiere cada vez más fuerza y relevancia, sino también, paradójicamente, una incuestionable sensación de realidad.

Tanto el llamado giro emocional de las ciencias sociales, como la profunda preocupación de las personas por su bienestar emocional, forman parte de este retorno a la subjetividad. Con Aristóteles, hemos vuelto a creer que la felicidad es el bien supremo al que todos los seres humanos aspiran. Por ello, cuando las sociedades se muestran incapaces de garantizar el bienestar subjetivo de la población, los sujetos encuentran muchos motivos para lanzarse a una desenfrenada búsqueda individualista de la felicidad. Esto explica que las psicologías positivas, las psicoterapias individualistas, y la industria de la felicidad personal, hayan experimentado durante los últimos tiempos un crecimiento exponencial.

La felicidad como output social

En las actuales circunstancias, el logro del bienestar emocional constituye una meta social irrenunciable, por lo que su análisis resulta absolutamente necesario. La felicidad es la emoción autorreflexiva por excelencia, pues nos induce a valorar, tanto individual como colectivamente, si la vida real que llevamos concuerda con nuestras verdaderas potencialidades.

Muchos estudios, entre ellos todos los Informes Mundiales de la Felicidad editados por J. Helliwell, R. Layard, y J. Sachs^[4], muestran que el bienestar emocional de las personas depende en gran medida de sus circunstancias sociales, esto es, que constituye un output de la propia sociedad. Sin embargo, vemos que, obviando toda evidencia científica, la mayoría de los modelos de búsqueda de la felicidad instituidos en el discurso social tienen un carácter puramente individualista. Estos discursos responsabilizan en exclusiva al individuo de su propio sufrimiento e infelicidad y, por este motivo, son injustos y alienantes. En este caso, la culpa solo añade un fardo más a la carga emocional que las personas ya soportan sobre sus espaldas.

La crisis del covid-19 ha servido como banco de pruebas para demostrar que las estructuras y procesos sociales tienen un gran impacto sobre el bienestar emocional. Esta crisis sanitaria, social, económica, política, y personal, hizo que muchos españoles sintieran⁵:  miedo a enfermar (58%) y a morir (58%); tristeza (69%), soledad (34%), depresión (39%) e inquietud por la suspensión de contactos sociales (39%); enfado (57%), peor opinión sobre el gobierno (60%), o pesimismo respecto al futuro de sus hijos (54%) y al de España (54%). En el plano personal, aunque el nivel de orgullo se mantuvo relativamente alto (89%), los españoles se mostraron tensos (76%), preocupados por la situación general (91%), y por la salud y el bienestar emocional de las personas (49%).

Todo este malestar emocional menoscabó la felicidad de los españoles. Ahora bien, ni esas emociones negativas afectaron uniformemente a todos los grupos de población, ni tampoco redujeron en la misma medida sus niveles de felicidad. El análisis sociológico de la distribución de los sentimientos muestra cómo las lógicas sociales de esta crisis generaron una gran desigualdad socioemocional. Por ejemplo, las personas mayores tuvieron más miedo a morir que los jóvenes (70% vs. 40%). Pero los jóvenes estuvieron más preocupados por la pérdida del empleo que los mayores (48% vs. 29%).

El temor a enfermar también se extendió más entre la clase baja que entre la alta (56% vs. 50%). Pero aquí, como en otros casos, la verdadera desigualdad emocional se manifiesta en el grado que un determinado sentimiento reduce nuestro nivel de felicidad. Mientras que el miedo a enfermar reduce un 7% la felicidad de las personas de clase baja, apenas tiene ningún efecto en la felicidad de las clases altas. El diferente impacto que un sentimiento tiene sobre la felicidad nos informa de su relevancia vital. Como prueban los datos, las consecuencias vitales de caer enfermo son mucho más graves para las personas de clase baja que para las de clase alta.

En suma, las desigualdades sociales, como demostramos en el libro Excluidos de la felicidad⁶, no afectan solamente a las tradicionales variables mediante las que solemos definir una situación social (ingresos, nivel educativo, situación laboral, estado civil, lugar de residencia, etc., etc.), sino fundamentalmente, y en último término, a nuestros sentimientos y bienestar emocional. La subjetividad de los individuos opera como un sumidero al que van a parar todos los vertidos de la sociedad. De ahí que en las vivencias de los individuos queden registradas, como en el papel de un delicado sismógrafo, las improntas de todos los procesos y lógicas sociales.

Emociones, experiencias y trabajo social

A nadie se le escapa que vivir con buen estado de ánimo, esperanzado, comprometido, contento, querido, feliz, respetado, orgulloso, seguro y satisfecho, constituye para todas las personas un valor en sí mismo. A la inversa, los sentimientos de tristeza, desesperación, tedio, indiferencia, soledad, incertidumbre, insatisfacción, depresión, vergüenza, estrés, o humillación, son otras tantas caras con las que se le presentan al ser humano el sufrimiento, el malestar emocional y la infelicidad.

Cada sentimiento cumple una función de señal, pues es reflejo fiel de alguna dimensión de la experiencia que está viviendo la persona vulnerable necesitada de apoyo, de cuidado, o de atención social. Ahora bien, según nos advierte John Dewey, cometemos un error al creer que las emociones son cosas tan simples y compactas como las palabras que solemos usar para designarlas. Muy al contrario, para el filósofo pragmatista las emociones son cualidades de una experiencia compleja y cambiante⁷, y sólo en el marco de esa experiencia concreta adquieren un significado nítido y un sentido pleno.

La atención a la subjetividad que propugnamos para un nuevo modelo de trabajo social no se agota en el mero registro y consideración del mundo interior de los sujetos, como si tal subjetividad nada tuviera que ver con su contexto de vida y situación social. Proponemos que la experiencia humana de las personas vulnerables sea la categoría analítica que oriente y vertebre las acciones sociales de asistencia, apoyo y cuidado. Experiencias que constituyen procesos de vida concretos, con principio y final, que les suceden a personas determinadas, de carne y hueso, con nombre y apellidos. Experiencias compuestas tanto de hechos subjetivos (vivencias, emociones, etc.), como objetivos (cosas que les pasan en función del contexto o de la situación), y que conforman para el sí mismo una unidad vital. Experiencias que emergen de la interacción que los individuos mantienen con su mundo (natural, social, personal), y que se desenvuelven entre las afectaciones que el mundo les causa como sujetos pacientes (padeceres), y las acciones con que ellos, sujetos agentes, tratan de modificar el mundo (haceres).

La atención a la subjetividad de las personas nos lleva al análisis de la experiencia singular y concreta que subyace a la necesidad de asistencia, apoyo o cuidado. Desde nuestra perspectiva, el conocimiento de los factores y parámetros objetivos causantes de la vulnerabilidad social, aunque inexcusable, no es suficiente para comprender integralmente esa experiencia vital, ni tampoco para definir las estrategias de apoyo y salida más eficientes. Sin tomar en consideración los sentimientos, los valores, las actitudes, los recursos, las preferencias o las expectativas de los propios interesados, difícilmente podremos activar los resortes necesarios para que las personas puedan hacer frente a su propia situación. Ni entenderemos sus auténticas necesidades, ni podremos contar con el concurso de su voluntad.

Sin duda, la incorporación de la subjetividad a un nuevo modelo de trabajo social aportaría muchos beneficios. Para terminar, aquí mencionaremos solamente tres: a) acercaría los servicios sociales a los sujetos destinatarios, fomentando una verdadera atención personal y personalizada; b) la integración de los factores sociales objetivos, causantes de la vulnerabilidad, en la experiencia particular de los sujetos destinatarios, posibilitaría una mejor definición e implementación de las estrategias de asistencia; y c) el reconocimiento de que, más allá del bienestar material, la felicidad y el bienestar emocional tienen una importancia vital clave, ubicaría la actuación de los trabajadores sociales en el marco de una auténtica empatía.

Bibliografía

[1]Clifton, J. Blind Spot. The Global Rise of Unhappiness and How Leaders Missed It. Gallup Press, 2022.

^[2] Manuel Vicent, Tedio Vital. El País, 30-01-2022.

^[3] Bericat, E. “Emociones y desigualdad socioemocional en tiempos de crisis: la COVID-19 en España”, en J. F. Tezanos (Ed.) Cambios sociales en tiempos de pandemia. Madrid: CIS, 2022. Los datos proceden del Estudio CIS, 3298. Efectos y consecuencias del coronavirus (I), octubre-2020.

^[4] Bericat, E. Excluidos de la felicidad. La estratificación social del bienestar emocional en España. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2018.

Número 12, 2022

Ana Aliende Urtasun, Universidad Pública de Navarra-Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Departamento Sociología y Trabajo Social. Profesora de Cambio Social.

Joseba García Martín, Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea y Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador postdoctoral Margarita Salas.

En los últimos años, la compasión ha recuperado el prestigio como práctica cotidiana asociada a la importancia que posee cultivar la escucha y atender el sufrimiento; sin embargo, aún es tratada con desconfianza en determinados foros intelectuales. Así lo hemos constatado en congresos, jornadas y seminarios en los que hemos presentado resultados de nuestra investigación[1] con organizaciones sociales que trabajan en coyunturas de vulnerabilidad. La sorpresa, generalmente, se encuentra en considerar la compasión como un elemento central en el cuidado. Algunos investigadores la vinculan a relaciones jerárquicas, caritativas, que encubren la discriminación y que dificultan la igualdad y el acceso a derechos. Aquí, desde una mirada más amplia e inclusiva, entendemos que las prácticas compasivas forman parte del cambio y la movilización social, dado que se trata de una respuesta al dolor, la fragilidad y la pérdida. La creciente red de organizaciones que desde estas lógicas buscan transformar el mundo en un lugar más igualitario, colaborativo y sostenible dan muy buena cuenta de ello.

Desde el último cuarto del siglo XX es habitual que la compasión forme parte de investigaciones científicas, especialmente en el campo de las ciencias de la salud y, desde hace algo menos, el término ha trascendido hacia el ámbito de los cuidados, la economía, la política, la espiritualidad o el ecofeminismo. Etimológicamente la palabra remite a la griega sympatheia que, siglos después, pasa a ser cum-pattior, literalmente padecer con, nunca el propio sentir. En un sentido amplio en contenidos, matices y experiencias, podemos entender la compasión como un vector que apunta hacia la diversidad de modos de vincularse con los seres capaces de sufrir. Esta definición incluye humanos y no humanos, estableciendo entre ellos lazos de tipo horizontal, alejándose así de relaciones jerárquicas de poder y planteamientos tradicionales religiosos.

Bruno Latour (2001), considerado uno de los pensadores contemporáneos más originales e influyentes, destaca que colaborar implica una disposición activa y una producción de vínculos que entraña un conjunto amplio de movimientos, mediaciones, juegos y estrategias. En el caso de la compasión, este juego se genera en torno a la pérdida y a la capacidad de percibir la vulnerabilidad y el dolor. El dolor no es de uno y nadie se libra del él. A través del cuidado de cuerpos y lugares, circulan prácticas, discursos y representaciones compasivas que incentivan la investigación en las ciencias humanas y sociales.

En las últimas décadas se ha afianzado la necesidad de pensar las prácticas compasivas en el marco de construcción de sociedades más justas, igualitarias y sostenibles. Esta tendencia no es española ni europea, sino que es parte de un resurgimiento global. Dicho proceso se ha afianzado por el premio que la plataforma TED otorgó a Karen Armstrong en 2008, por su defensa de un mundo más atento y cohesionado a partir de lógicas y dinámicas compasivas. La organización que se impulsó tras el premio logró movilizar a más de 150 organizaciones y pensadores de las tres religiones monoteístas. De él surge la plataforma Charter for Compassion (2009) y una cátedra asociada. La Carta de la Compasión se publica ese mismo año en sesenta lugares diferentes de todo el mundo y se difunde en distintos espacios de culto, así como en instituciones seculares. Estas organizaciones trabajan las relaciones entre salud, bienestar y cuidados, impulsando innovaciones y cambios mediados por la compasión en la gestión de la vulnerabilidad y los cuidados. De todas ellas se deduce que los vínculos compasivos demandan el avance de derechos sociales y libertades relacionados con las mediaciones tecnológicas, el trabajo, el parentesco y el envejecimiento. Estos desarrollos se producen al amparo de aproximaciones teóricas y evidencias empíricas que, desde finales de la década de 1970, describen la capacidad transformadora de la compasión[2].

A través de la coparticipación y el empoderamiento de los actores en la toma de decisiones, las prácticas compasivas colocan la vida en el centro, contribuyendo a reestructurar las dinámicas contemporáneas basadas en el individualismo y el utilitarismo. Esto queda subrayado en la medida en que la compasión surge de la acción y de la colaboración, pues es una práctica que va más allá de una reacción puntual que genera lazos estables e igualitarios. De ahí que se entienda como una de las bases de la vida en común que posee una dimensión transformadora y vinculante.

Las situaciones de cuidado compasivo ayudan a comprender la resonancia y a definir políticas públicas. Las experiencias recogidas a lo largo de nuestro trabajo de campo guardan relación con el padecer con en situaciones de soledad, fragilidad, dolor y pérdida, tanto en espacios públicos como privados. El cultivo de la compasión de profesionales y voluntarios muestra la fortaleza de quienes son capaces de atestiguar el dolor y acompañarlo de manera activa, a pesar de lo incómodo que resultan muchas situaciones. Se acercan y persisten en la atención del sufriente, sabiendo que nadie puede dolerse ni en cuerpo ni en mente ajena. Al mismo tiempo dejan hacer, pues acompañan y atienden sin recurrir al juicio o buscar el dominio, protegiendo al vínculo de lo que el antropólogo David Le Breton (2006) llama la palabra desbocada. Están ahí, en la acción del presente, atendiendo y escuchando con la dificultad que entrañan las situaciones de vulnerabilidad que ligan, de entrada, a dos partes con problemas para la reciprocidad.

En un grupo de discusión realizado con voluntariado de un centro socio-sanitario, una de las participantes destacaba: creo que de lo que más he aprendido en estos años es a callar. A callar. A no hablar. A silenciar los pensamientos, los sentimientos propios para poder escuchar. En ese mismo grupo, otra participante acentuaba la importancia de lo que denomina la aproximación consciente, es decir, la disposición decidida y reflexiva necesaria para acercarse a alguien que está sufriendo y que no sabes cómo está. Eso, afirma, no se improvisa. Es una escucha que se cultiva y se mantiene, que se apoya en lo que ocurre mientras ocurre, confiando en que la situación de fragilidad entre las partes involucradas genere complicidad y reciprocidad. Este vínculo es difícil de alumbrar, dado su carácter inmaterial. Como afirma otro de los voluntarios: no hay un discurso verbal con el que hablar estas cosas. Se trata de dar voz propia… que se puede ir construyendo de otras maneras. Una certeza de existir que pone el foco en dos lugares diferentes y complementarios, en la importancia de la presencia y en la experimentación de nuevas formas de existencia.

Las lógicas compasivas enriquecen las formas de entender las acciones colectivas y la colaboración. La compasión se identifica con una dinámica de relaciones horizontales, emocionalmente intensas y vinculantes que buscan moverse para comprender los elementos que median en el sufrimiento. Asimismo, están relacionadas con el acompañamiento y la proximidad física y emocional. En las entrevistas y los grupos de discusión las personas reflexionan sobre la compasión como una lógica que busca padecer con, acompañar a, sintonizar con …  que está emparentada con la acogida y la sensibilidad. Implícitamente no tiene nada que ver con dar pena, distanciándose del imaginario compasivo vinculado a la lógica católica. Las prácticas y racionalidades desplegadas nutren el sentido de la escucha y percepción del dolor y el sufrimiento. Así lo verbaliza una entrevistada: compasión no es solo escucharte, es ayudarte también. Me refiero a que necesitas a un igual a tu lado. La compasión es una práctica de acción, pensamiento y cuidado. Una sensibilidad, reciprocidad y sentido igualitario que aporta un elemento diferencial.

Asimismo, a través de la compasión se busca ampliar el foco mediante la producción de comunidades y ciudades pensadas en términos de cuidados, igualdad y sostenibilidad de la vida tal y como propone la perspectiva feminista (Chinchilla, 2020). De esto, sin embargo, no hay un modelo único, sino que representa una movilización y unas trayectorias de aprendizaje que, en cada lugar, en cada territorio, adquieren contenidos distintos según las necesidades y anhelos de la ciudadanía. Los planteamientos son abiertos y ambiciosos, pensados para crear condiciones de cuidado más allá de la tradicional división sexual del trabajo. Todo ello, sin embargo, no está exento de complejidades como destaca una joven voluntaria en otro grupo de discusión: si la compasión nos ayuda a quitarnos la etiqueta de cuidadoras puede ser algo muy bueno; sin embargo, si se interpreta como algo que a las mujeres nos sale y a los hombres no, pues puede crear algo peligroso…

***

Actualmente, las prácticas compasivas que se observan en los ámbitos sociosanitarios contribuyen a afianzar la igualdad en la medida en que plantean una sensibilidad y una complicidad para hacerse cargo de la interdependencia y precariedad que constituye el sostenimiento de la vida. Desde la perspectiva de la compasión se amplía el marco de referencia hacia todo lo que vive, cuestionando la dimensión feminizada de los cuidados y apuntando hacia otros modos de prestar atención. La compasión impulsa un movimiento recíproco de resonancia, vínculo y acción colectiva cuando se comprende lo colaborativo para prolongarlo, desde el respeto entre las partes a todo lo que sufre. La compasión, ni es una emoción, ni es caridad, ni define cualidades subjetivas o capacidades empáticas. Más bien designa actividad, vínculos y acciones colaborativas relacionadas con el cuarto pilar del estado de bienestar: el derecho a cuidar y ser cuidado, actuando en común, perdiendo la independencia sin perder la libertad. Construyendo igualdad.

Bibliografía

• Abel, J. y Clarke, L. The Compassion Project. London: Aster, 2020.
• Armstrong, K. Doce pasos hacia una vida compasiva. Barcelona: Paidós, 2017.
• Chinchilla, I. La ciudad de los cuidados. Madrid: Libros de la Catarata, 2020.
• Halifax, J. (2020). Estar con los que mueren. Barcelona: Kairós, 2020.
• Kabat-Zinn, J. La práctica de la atención plena. Barcelona: Kairós, 2017.
• Latour, B. ¿Dónde estoy? Una guía para habitar el planeta. Barcelona: Taurus, 2021.
• Le Breton, D. El silencio. Madrid: Sequitur, 2006.
• Mies, M. y Shiva, V. Ecofeminismo. Barcelona: Ycaria, 2016.
• Sennett, R. El respeto. Barcelona: Anagrama, 2003.
• Stevens, F. y Taber, K. “The neuroscience of empathy and compassion in pro-social behavior”. Neuropsychologia, 159, 2021: 107925. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2021.107925.
• Wuthnow, R. Actos de compasión. Madrid: Alianza, 1996.

[1] Nuestra investigación sobre la emergencia de organizaciones que cuidan desde prácticas denominadas compasivas se enmarca en el proyecto “Sharing Society. El impacto de las acciones colectivas colaborativas en la transformación de las sociedades contemporáneas” (CSO2016-78107-R). Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

[2] Esto se ha producido en diferentes disciplinas, entre las que destacan las ciencias de la salud (Kabbat-Zinn, 2017), la sociología (Wurthnow, 1996; Sennett, 2003), la antropología (Halifax, 2020) y la historia (Armstrong, 2017). Todas estas contribuciones, más muchas otras, han contribuido al enriquecimiento del término, influyendo en la contemporánea gestión de los espacios sociosanitarios, particularmente en el ámbito anglosajón. Por si eso no fuera poco, la movilización comunitaria e igualitaria de la compasión activadas desde distintas perspectivas feministas (Mies y Shiva, 2016) han llevado el concepto a otros ámbitos sociales. En esta expansión ocupan un lugar relevante las evidencias científicas asociadas al deseo de aliviar el sufrimiento, gestionar la incertidumbre y generar bienestar (Stevens y Taber, 2021). En la actualidad se encuentra presente en los cuidados, la precariedad vital y las coyunturas atravesadas por el dolor, la pérdida y el sufrimiento (Abel y Clarke, 2020).

Número 12, 2022

Monseñor Santiago Agrelo Martínez, Arzobispo emérito de Tánger

Puedes encontrar a monseñor Santiago Agrelo en Twitter.

No importa a la política; no importa a la información; no parece que importe en modo alguno a la sociedad: No importa que el número de muertos en las fronteras del sur de Europa sobrepase cada año las centenas. No importa que sean jóvenes los que mueren, no importa que entre ellos sean muchas las mujeres, no importa que donde mueren mujeres, con ellas mueran niños y bebés. No importa si esos hombres, esas mujeres, esos niños, esos bebés, mueren en el desierto o en el mar, de hambre o de frío, deshidratados o ahogados… No importa si, antes de hundirse en la muerte, esa humanidad pobre ha sido desposeída de sus pertenencias, humillada, vejada, esclavizada, engañada, violada, torturada. A nadie importa que el poder impida identificar a torturadores, a vejadores, a violadores, a verdugos, a asesinos de pobres; a nadie importa que el poder arroje a sus víctimas a la oscuridad del olvido.

Para la política, para la información, para la buena conciencia de muchos ciudadanos, puede que para la buena conciencia de muchos cristianos, esos muertos no existen: estaríamos hablando de nadie. Contados, son miles; pero si buscas nombrarlos, para ellos no hay nombre, son nadie, son números, y los números no tienen padre ni madre, no tienen marido ni esposa, no tienen hijos, no tienen hermanos, no tienen amigos; los números no pasan hambre ni sed, no sienten frío ni calor, los números no aman, no esperan, no sufren, no gritan, no mueren.

Reducir en la conciencia social lo humano a dígitos, exige la complicidad de los poderes del Estado, de los medios de comunicación social, de las élites culturales; exige manipulación del lenguaje, perversión de valores, deformación de principios, y si hablamos de fe cristiana, exige manipulación, deformación del evangelio que decimos profesar.

Pisar pobres y presumir de fe en Cristo es una blasfemia.

En la frivolidad de mi arrogancia puedo llamarme cristiano y empujar a los pobres al hambre y a la sed, a la desnudez y a la soledad, al abandono y a la muerte, sin caer en la cuenta de que estoy maltratando y matando al Cristo de quien presumo ser seguidor.

En la frivolidad de mi arrogancia puedo engañarme a mí mismo y recitar de principio a fin un credo desencarnado, ortodoxo en apariencia, un credo sin Cristo Jesús ungido y enviado por el Espíritu Santo a evangelizar a los pobres, un credo sin Iglesia de Cristo ungida y enviada por el mismo Espíritu a ser evangelio para los pobres, un credo sin el Dios de Jesús de Nazaret.

Líbrame, Señor, de esa fe que anestesia el horror; líbrame de oraciones que se preocupan del más allá y no de quienes en la soledad de una barca a la deriva mueren de hambre, de sed, de desesperación; líbrame de una comunión que deja fuera de mí el cuerpo sufriente de Cristo Jesús; líbrame de esa conciencia que no me acusa de abandonar en poder de la muerte a mis hermanos pobres; líbrame de la arrogancia con que lleno de fosos, vallas y cepos el camino de tus hijos hacia el pan; líbrame de mí mismo para que los pobres tengan una oportunidad.

Nos hemos inventado una fe sin encarnación, un credo sin carne.

En la Sagrada Escritura, la palabra carne es nombre de humanidad. Cuando de la costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre, el hombre exclamó: “¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne!”.

Allí estaba entera la humanidad, y de toda ella se dice: hueso de mis huesos, carne de mi carne.

Hombre y mujer: ¡Una sola carne! Cristo y la Iglesia: ¡Una sola carne! La humanidad entera: ¡Una sola carne!

Lo incongruente en nuestro modo de vivir la fe tiene que ver con esa unidad. Podemos tener un credo que no la niega pero la olvida: En ese credo conviven un Cristo sin pobres, una humanidad sin Cristo; para esa fe, comulgar con Cristo no significa comulgar con la humanidad; el olvido en que dejo al que sufre, no lo veo como olvido en que dejo a Cristo. En ese credo, Cristo queda sin cuerpo, sin pobres; comulgar con Cristo no significa acudirlo en los pobres; despreciarlos a ellos no significa menospreciarlo a él. En ese credo, desde esa fe, Cristo y los pobres se quedan en ideas, no pasan de ser dos ideas, dos conceptos, dos imágenes: ¡No llegan a ser una carne ni pueden llegar a dolernos!: ideas, conceptos, imágenes, no tienen hambre ni sed, no sangran, no enferman, no sueñan, no aman, no existen.

Para una fe deformada, aunque hablemos de Cristo y de pobres, continuamos hablando de nadie.

Número 12, 2022

Puedes escuchar la conversación con Javier Rubio en Youtube, iVoox y Spotify.

Número 12, 2022

Rosario Novalbos Gómez. Socióloga. Directora Contraluz Investigación y Consultoría Social. Vocal SANNAS Empresas por el triple Balance.

Puedes encontrar a Rosario Novalbos en Twitter, Linkedin y en esta página web.

Puedes encontrar más información del proyecto Tercio Terol en esta página web.

Nos encontramos en una encrucijada de caminos en lo referente a la generación, distribución y utilización de energía con implicaciones económicas, sociológicas y políticas sin precedentes en nuestro sistema económico y formas y estilos de vida.

Por un lado, la crisis ecológica, cuyo máximo exponente visible han sido los aumentos de temperatura por efecto del cambio climático, ha mostrado este año con miles y miles de hectáreas calcinadas y miles de muertos las consecuencias más indeseadas posibles.

Por otro lado, el contexto geopolítico de la guerra Rusia-Ucrania nos hace situarnos por primera vez en Europa en un contexto de posible escasez de electricidad y gas, con la consiguiente tendencia alcista en los mercados y recortes en la utilización de energías (decrecimiento forzado), todo ello en un momento clave de inflación al alza en todos los países y aumento de precios de la luz y la energía. La descarbonización de la economía se hace acuciante y urgente, y no convienen los atajos, como parece la UE ha decidido tomar nombrando energías verdes al gas y la nuclear.

Si bien las políticas europeas ya habían contemplado la transición ecológica en España con un peso relevante en las energías renovables, y esta había quedado enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con un volumen de fondos significativo para esa área, la presión para tomar decisiones cortoplacistas puede hacer olvidar la hoja de ruta. España tenía una posibilidad de generar proyectos de desarrollo participativo, verde, equitativo y justo, alrededor de la soberanía energética y con la figura de las comunidades energéticas renovables como motor.

Los operadores económicos de las grandes eléctricas habían puesto manos a la obra cubriendo amplios espacios de territorio de manera cuasi indiscriminada de huertos solares y políticas comerciales de autoconsumo. Por otro lado, la ciudadanía insatisfecha y agotada, viendo el aumento progresivo del precio de la luz y, por primera vez, las ventajas del apoyo económico de las administraciones al autoconsumo, se han comenzado a plantear el mismo como una opción de ahorro. La pregunta que nos queda es ¿qué espacio puede tener la ciudadanía empoderándose con ayuda de otros agentes económicos y políticos, para alcanzar la soberanía energética local?

Este artículo tiene la simple pretensión de desarrollar dos esferas. Por un lado, enmarcar el desarrollo de las comunidades energéticas como elementos de participación ciudadana, emprendimiento colectivo verde y sostenible y actores de impacto en el territorio, que actúan como elementos de soberanía energética. Por otro lado, basándonos en el estudio de caso de la Comunidad Energética Tercio Terol, primera del municipio de Madrid, qué obstáculos hay que remover para su desarrollo y qué medidas implementar para su instauración.

Una vez removidos obstáculos, como el impuesto al sol, e instauradas políticas más favorecedoras del autoconsumo, el siguiente paso es la aparición de la Comunidad Energética.

En el RDL 23/2020 que modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico,  su artículo 6 incluye la siguiente definición de comunidad energética:  Entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de las entidades jurídicas y que éstas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios, y la finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o en las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.

Entonces, las características novedosas y principales de esta figura son:

• La diversidad de actores; ciudadanía, pymes, administraciones principalmente locales, etc. Todas ellas conforman una nueva entidad jurídica capaz de operar.
• La apertura a nuevos actores, el dinamismo de la entidad en sus entradas y salidas, apoyado principalmente en figuras jurídicas como la asociación o la cooperativa.
• La democratización de la toma de decisiones y la gobernanza de la organización.
• El carácter de emprendimiento triple balance, porque incide en tres esferas: la medioambiental, la económica y la social.

Las comunidades energéticas introducen una serie de potencialidades de las que carecen el mero autoconsumo individual y principalmente colectivo. En contraprestación supone una serie de requerimientos más complejos, dado su mayor de nivel de ambición en cuanto al impacto para la ciudadanía, el territorio, la economía y el medio ambiente.

Aquí se puede ver algunas de las principales ventajas y los correspondientes requerimientos necesarios:

• Permite a los actores diseñar las estrategias y hojas de ruta de su camino hacia la soberanía y la eficiencia energética; genera empoderamiento ciudadano. En consecuencia, supone una serie de requisitos más complejos para sus participantes de información, formación, análisis del entorno, conocimiento tecnológico, resolución de conflictos y generación de consensos, etc.
• Permite aunar intereses políticos, ciudadanos y empresariales en los modelos híbridos, donde varios actores están en juego. Permite en consecuencia acercar las esferas de lo ciudadano, lo económico y lo político. Esto supone requerimientos para conocer y valorar elementos normativos, financieros y participativos en ocasiones muy especializados. En cierto modo, enlaza con una política de lo concreto para llegar a puntos de consenso al introducir el elemento del bien común.
• Permite impactar en el territorio, mejorando el tejido económico y apoyando la economía verde. Introduce requisitos de análisis económico desde una perspectiva ecológica y de sostenibilidad de los proyectos. Estos elementos son necesarios para que cumpla su función de generar desarrollo sostenible endógeno. Este valor es fundamental en las políticas de apoyo a los municipios en cuanto al reto demográfico, donde con buen criterio se ha puesto la mirada la política.
• Permite adquirir conocimientos tecnológicos de energías renovables acercando la tecnología a la sociedad, eliminando la pobreza energética, apoyando la eficiencia y generando empoderamiento ciudadano. Esto supone conocer las potencialidades de los espacios, las respuestas tecnológicas diferenciadas, los consumos y sus posibles vías de reducción, así como las potencialidades de las tecnologías asociadas a la transición ecológica, etc.

Por todas estas razones, para poder desarrollar el modelo de Comunidad Energética, las políticas públicas tienen que desarrollar una labor ingente, orientada a introducir operadores a través de oficinas de difusión de las Comunidades Energéticas Renovables, con recursos públicos que aporten información, formación, asesoramiento (legal, económico, tecnológico y social), dinámicas de gobernanza, resolución de conflictos, etc.

Este reto es más acuciante si cabe en aquellos territorios donde por sus características sociodemográficas es menos habitual el contacto con la participación social, la economía y la energía, o la política, y que se relacionan sociológicamente con los pueblos y los barrios de ciudades con mayores problemas de pobreza energética y menor empoderamiento social. Si queremos que el modelo más soberano llegue a los espacios más necesitados, solo es posible conseguirse desde el apoyo de un operador lo más neutro posible en lo que a intereses económicos se refiere; el Estado, con la colaboración del tejido económico de las pymes y el tejido asociativo.

Con la experiencia del carabanchelero barrio del Tercio Terol vamos a desarrollar la primera comunidad energética del Municipio de Madrid, donde han sido fundamentales para arrancar su iniciativa el liderazgo de Ligth Humanity con Eugenio Gonzalez Calderón al frente, ONG promotora, el apoyo del personal de dinamización vecinal de la FRAMV en la Asociación Tercio Terol y el de la Fundación San Martín de Porres.  Contraluz Investigación y consultoría social ha dado apoyo a la ONG Ligth Humanity en esta primera fase del proceso.

En el camino, se han detectados aquellos elementos que han permitido su construcción, así como los que limitan su crecimiento, lo que puede y debe servir como ejemplo para otras propuestas futuras.

• Posibilidades constructivas. Los edificios de la Colonia Tercio Terol del municipio de Madrid son pequeñas viviendas construidas durante el franquismo. Cuentan con espacio en sus tejados cuya producción de energía solar sobrepasa los autoconsumos, generando excedentes para el entorno que pueden ser comercializados y repercutir en nuevos avances verdes y sociales dentro de la comunidad energética. Por ejemplo, los polígonos industriales serían los espacios con estas mismas características, (mayor capacidad de producción que de consumo), sobre los que ya han puesto la mirada las administraciones públicas.
• Posibilidades participativas. La colonia cuenta con actores sociales que trabajan en el territorio de manera activa y con dinámicas participativas de acción social que han llevado a intervenciones como el Plan urbanístico de la colonia, como asociaciones de vecinos, empresas de inserción, fundaciones, colegios públicos y sus AFAs, grupos de consumo, etc. El trabajo del personal especializado de la FRAMV ha sido vital para el desarrollo de este proyecto.
• Posibilidades sociodemográficas. El entorno del Tercio Terol se encuentra en un proceso de gentrificación en el que la comunidad energética puede ser un elemento clave de integración social. Por un lado, la población que en un primer momento ocupó las viviendas provenientes del éxodo rural, se encuentra envejecida, algunos en situación de pobreza energética. Por otro lado, se produce un flujo constante de población más joven, profesionales de clase media, con interés por la transformación socio ecológica de la sociedad y su entorno urbano. Un adecuado trabajo de los actores sociales implicados puede permitir un espacio intergeneracional de apoyo y solidaridad mutuo.
• Posibilidades territoriales. Alrededor del Tercio Terol se encuentran zonas con amplio nivel de pobreza energética, como el Alto de San Isidro. El crecimiento y consolidación desde un punto central permitiría acceder a ellos tanto como productores como usuarios lo que sería crucial para la lucha contra la pobreza energética. También permitiría tener acceso a zonas industriales reconvertidas en polos de gran interés cultural, como el Polígono ISO.
• Generación de alianzas, ODS 17. La experiencia previa de participación y acción social ha permitido la creación de alianzas entre la ciudadanía y ONG dedicadas al desarrollo de la energía solar solidaria y la creación de empleo para colectivos en riesgo de exclusión, asociaciones de vecinos, etc.
• La alineación con otras políticas públicas que ponen la mirada en la zona y la transición ecológica, especialmente las relacionadas con fondos europeos para eficiencia energética.
• Equidad de género en la gobernanza. La transformación ecológica debe hacerse incluyendo a las mujeres tradicionalmente más aisladas de lo tecnológico, tanto como elemento que reduzca esta brecha tecnológica, como para potenciar una mirada feminista de las comunidades energéticas.

Las principales limitaciones para el proceso serían las siguientes:

• Barreras burocráticas asociadas a la autorización de utilización de espacios por protección patrimonial.
• La falta de experiencias previas dentro del entorno más cercano del municipio de Madrid que hayan permitido la transmisión de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, acelerando los procesos.
• La carencia de Oficinas de Transformación Comunitaria, totalmente especializadas, en donde se pueda centralizar todo el conocimiento y la experiencia adquirida, y difundir la información, dar formación, asesorar a administraciones públicas y el vecindario interesado, y dar la confianza necesaria a la ciudadanía a la hora de afrontar este proyecto.
• La dinamización vecinal es fundamental en este proceso, especialmente para acercarse a los colectivos más desfavorecidos y alejados de estas dinámicas, quienes a fin de cuentas más lo necesitan. Aspectos como formación de grupo motor al principio de los procesos es de vital relevancia para este tipo de proyectos.

En definitiva, sería necesario centralizar la información adecuada para guiar, en el caso que nos ocupa, a que el sol de Tercio se quede en el Tercio, pero también a decenas de barrios y municipios en reto demográfico que lo necesita. Se necesita que los y las ciudadanas tuvieran fácil acceso a gestionar y conseguir que sus tejados les proporcionen esa independencia y autosuficiencia energética que se ha tornado absolutamente necesaria, y que tantos beneficios aportaría desde el punto de vista de la ecología, la economía e, incluso, la geopolítica.

Número 12, 2022

Gonzalo Fanjul Suárez, director de investigaciones de la Fundación porCausa

Cristina Fuentes Lara, profesora ayudante doctora de la Universidad Rey Juan Carlos y coordinadora de investigaciones de la Fundación porCausa

Puedes encontrar en Twitter a Gonzalo Fanjul y a Cristina Fuentes

En las tres últimas décadas, España se ha convertido en uno de los principales países de destino de la inmigración en Europa. La definición de nuestro modelo ha estado marcada por la deriva del conjunto de la UE, con algunas particularidades. La gestión de la inmigración irregular ilustra bien las contradicciones del sistema y la necesidad de reforma.

Introducción

La migración es un hecho natural, la población mundial se ha ido moviendo desde su propia existencia y se ha perpetuado durante siglos. Centrándonos únicamente en el siglo XXI, estas primeras décadas se han caracterizado por una alta movilidad geográfica, en la que el punto diferencial respecto a otras épocas es la movilidad entre distintos continentes.

Las causas de la migración es una disciplina altamente investigada (Castles, 2010; Aruj, 2008; Abu-Warda, 2008; Micolta León, 2005). Sin embargo, para este artículo se van a destacar dos que resultan especialmente significativas. En primer lugar, los efectos de la globalización, como es: el desarrollo de las tecnologías, sobre todo, la generalización de las formas de comunicación -redes sociales y softwares de comunicación-; la reducción de los precios y de la duración de los vuelos internacionales; y el desarrollo económico desigual -aumento de las diferencias entre los países del Norte Global y del Sur Global-.

En segundo lugar, los factores intrínsecos de los países o de regiones concretas que incentivan movimientos de población. Estos factores pueden ser conflictos bélicos como la guerra en Afganistán (2001 y 2022), la guerra de Birmania (2005), el conflicto armado en Malí (2012 y 2019), la guerra de Sudán (2013), la guerra de Siria (2015), el conflicto de Yemen (desde 2015 hasta la actualidad), el conflicto bélico en Nigeria (2016) o la guerra de Somalia (desde 2016 hasta la actualidad). Existen otras circunstancias que, sin ser conflictos bélicos directos, generan desplazamientos de la población como las primaveras árabes (2010), la situación de Venezuela (desde 2017), y los migrantes climáticos que se desplazan a causa de la sequía y la hambruna.

El efecto que tienen los movimientos migratorios sobre los cambios sociales, jurídicos, económicos, culturales, demográficos y políticos son indudables, tanto es así que define a las migraciones internacionales como hecho social por excelencia (Soriano-Miras y Sobczyk, 2018). Sin embargo, si bien la movilidad de población es un fenómeno natural los derechos de las personas migrantes no están totalmente reconocidos al existir trabas para regularizar su situación administrativa; y es que, pese a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) reconoce la migración como derecho su aplicación práctica no lo garantiza como tal.

Un escenario legislativo cambiante en extranjería

La migración como hecho social se ha caracterizado en España por una legislación tardía y no exenta de polémica; tanto es así, que en multiplicidad de ocasiones se ha empleado como arma política y electoral. La primera ley de extranjería en España data de 1985, como un requisito obligatorio de la Unión Europea -anteriormente conocida como Comunidad Económica Europea (CEE)- para que España ingresará dentro de la UE. La lógica radica en que al convertirse España en un país de la UE las personas extranjeras que residían en España eran automáticamente europeos. De tal forma, que España creó una ley de extranjería que se adaptará al acervo comunitario y pasó a ser la Ley Orgánica 7/1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (Fuentes-Lara, 2019).

La problemática de esta ley vino de dos factores. Por un lado, la ley no tuvo en consideración que existía población residente e incluso que había nacido en Ceuta y Melilla que no tenían documentación española, y, por ende, no podían regularizar su situación administrativa y justificar la nacionalidad española; y pasaban a ser consideradas como personas extranjeras (Soddu, 2002). Este hecho provocó manifestaciones de gran calado en Ceuta y Melilla. Por otro lado, el movimiento asociativo calificó esta ley como la más dura de Europa en materia migratoria. El motivo no era otro que el hecho de que la Ley 7/1985 estaba enfocada hacia un tratamiento policial y de control de la migración restringiendo los derechos de las personas migrantes. Debido a que la ley contaba con deficiencias técnicas el Tribunal Constitucional señaló que la ley era inconstitucional. Eso sí, pasaron 13 años desde la sentencia hasta la nueva Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Soriano-Miras, 2011).

La Ley 4/2000 introduce el concepto de integración social regido por el acervo comunitario. El Consejo de Tampere (1999) y el Tratado de Ámsterdam (2000) fijaron la necesidad de promover la integración de las personas migrantes como ciudadanía dentro del tejido social europeo. Este imperativo europeo en materia de migración, unido al interés del gobierno español socialista, dio lugar a la Ley 4/2000, que fue considerada de las más progresistas de Europa en materia migratoria (Relaño, 2004).

Esta ley dotaba a las personas extranjeras de los mismos derechos que la población nacional sin necesidad de permisos de residencia o de trabajo, se flexibilizan los trámites administrativos para conseguir los permisos; y al considerar igualdad de derechos también las personas extranjeras podían acceder a las prestaciones sociales. La igualdad manifiesta de la Ley 4/2000 estaba verdaderamente enfocada a alcanzar la integración real de las personas migrantes en España. Como señala Solanes (2008) la adquisición de derechos y libertades no puede considerarse como el fin de la integración sino el origen de la misma (p. 209). La Ley 4/2000 no se llegó a aplicar, ni siquiera se elaboró el Reglamento de ejecución de la legislación. Antes de ello se inició la reforma de la ley ya que el Partido Popular ganó las elecciones.

La reforma de la Ley 4/2000, que se denominó Ley 8/2000 recupera el espíritu de la Ley de 1985 al poner el foco de atención en el control de los flujos migratorios y realizar la diferenciación a la hora de la concesión de derechos entre migrante irregular, es decir, aquel que no tiene la documentación administrativa para residir en España en vigor, y migrante regular, que es aquella persona que cuenta con permiso de residencia o de trabajo. La Ley 8/2000 no fue respaldada por ningún partido político -a excepción del PP-, y el tercer sector se movilizó bajo los lemas papeles para todos y todas y ningún ser humano es ilegal (Fuentes-Lara, 2021).

El movimiento social de rechazo a la Ley 8/2000 aglutinó a medio centenar de asociaciones, organizaciones religiosas de la Iglesia católica y sindicatos, en lo que era abiertamente un retroceso en la legislación migratoria. Este movimiento de ciudadanía puede considerarse como el antecedente del movimiento de Regularización Ya. Las movilizaciones del tercer sector y partidos políticos llevaron a un recurso de inconstitucionalidad que se resolvió dos años después, en la Sentencia del Tribunal Supremo del 20 de marzo de 2003, donde se señalaba la inconstitucionalidad de 13 apartados del Reglamento.

La influencia de los partidos políticos en la elaboración de la legislación migratoria ha sido una tónica en la gestión de la migración en España. En 2004, con la llegada al Gobierno del PSOE se articuló un nuevo Reglamento -no reforma de Ley- el RD 2393/2004, de 30 de diciembre. Este reglamento se centra en el ámbito laboral aportando la novedad de la contratación de recuperación del sistema general de contratación como vía para la inmigración legal y la consagración del arraigo social y laboral para la regulación (Solanes, 2010).

El nuevo marco social y migratorio de España unido a la nueva jurisprudencia europea demandaban una nueva reforma de la Ley 4/2004. La Ley 2/2009 presenta: a) cambio en los flujos migratorios laborales marcando el factor de la capacidad de acogida de trabajadores migrantes irregulares según las necesidades del mercado laboral; b) aumentar la lucha contra la migración irregular; c) fortalecer la integración; y d) adaptar la ley a las competencias laborales de las comunidades autónomas. La Ley 2/2009 no vuelve sobre la igualdad de la Ley 4/2000, en esta nueva reforma se marca la diferencia entre “ser” extranjero y “ser” nacional (Soriano-Miras, 2011) e introduce medidas a efectos prácticos como que las personas migrantes irregulares puedan empadronarse en los municipios, derechos de reunión y manifestación, concesión automática de la autorización de trabajo a las personas reagrupadas y protección del menor migrante.

Desde 2012 y hasta la actualidad no se ha emprendido ninguna reforma de la Ley Orgánica 4/2000. Es cierto que el actual Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha elaborado un Reglamento para facilitar la inclusión de los menores migrantes tutelados una vez hayan alcanzado la mayoría de edad. También ha aprobado una reforma del Reglamento que facilita las condiciones de arraigo y la contratación en origen, entre otras medidas. En virtud de las manifestaciones del Ministerio y lo obsoleta que está la Ley 4/2000 no se descarta una nueva reforma o una nueva ley de extranjería (Fuentes-Lara, 2021).

El fenómeno de la irregularidad en España

Como hemos indicado anteriormente, la migración es un proceso racional, sujeto a incentivos reconocibles y, hasta cierto punto, predecibles. Si el incremento de los conflictos, la persecución política o los desastres naturales han multiplicado las magnitudes del desplazamiento forzoso durante los últimos años, en el caso de las migraciones económicas las razones de la movilidad humana están relacionadas, primordialmente, con la expectativa de ingreso y con las oportunidades de empleo en destino. Otros factores –como la existencia de diásporas, la distancia, el idioma y, claro está, las facilidades legales– juegan un papel importante a la hora de determinar el destino de los flujos, pero no reemplazan nunca a los dos primeros como vectores fundamentales.

Lo que esto significa es que un sistema de puertas semi-cerradas –es decir, ausencia generalizada de oportunidades de migración legal– como el que impera en Europa puede llevar a encarecer, alargar o encanallar las rutas migratorias, pero difícilmente lograrán contener el grueso de los flujos. Porque la alternativa a un sistema con oportunidades de migración no es la ausencia de movilidad humana, sino la migración irregular.

España es un ejemplo ilustrativo de este proceso. Las etapas recientes de dinamismo económico y creación de empleo –sobre todo en sectores de cualificación baja y media– atrajeron a nuestro país a un número sin precedentes de trabajadores y trabajadoras, que llegaron en parte con sus familias. Aunque la inmensa mayoría de estas personas accedieron de manera regular –como trabajadores, turistas o solicitantes de asilo– una parte fue condenada a la irregularidad sobrevenida al carecer de permiso de residencia y trabajo.  Cuando la oportunidad de trabajar desaparecía, los flujos de migración económica se adaptaban de forma natural (ver gráfico adjunto).

El gráfico adjunto muestra la evolución de la inmigración irregular en nuestro país durante los últimos años. Esta sigue, en general, una tendencia similar a la de los flujos regulares. Los números absolutos crecieron durante los primeros años de la pasada década y cayeron de forma abrupta desde 2005: primero como consecuencia de la regulación extraordinaria que se produjo ese año, después debido a los efectos de la Gran Recesión en el mercado de trabajo y en el atractivo de nuestro país como destino de la inmigración. Los años 2013 y 2014 marcaron el suelo de ambas tendencias en las dos últimas décadas, con cifras absolutas de irregularidad entre las 10.000 y las 77.000 personas. (Gálvez Iniesta 2020)

Desde entonces hasta ahora, los números no han hecho más que crecer. De acuerdo con las estimaciones más recientes (Fanjul y Gálvez-Iniesta 2022), entre 475.000 y 514.000 migrantes residían sin papeles en España a finales de 2020. Esto significa que en torno al 13,4%-14,5% de los migrantes extracomunitarios (8,7%-9,5% sobre el total de inmigrantes) que viven en nuestro país están en situación irregular. La mayoría de estos migrantes (70%) procede de países de América Latina como Colombia y Honduras (los venezolanos se han beneficiado de un permiso de residencia temporal por razones humanitarias). África juega un papel menor en este fenómeno: solo el 11% de los migrantes irregulares son africanos, a pesar de que esta región aporta el 34% del total de extranjeros en España. Marruecos es el principal país de la región, con el 6% de las personas en situación administrativa irregular.

Las consecuencias de un fenómeno de esta magnitud son tanto éticas como prácticas. La carencia de papeles supone un grave factor de vulnerabilidad social, sobre todo considerando que una de cada cuatro personas en situación irregular tiene menos de 19 años y seis de cada diez son mujeres, la mayor parte empleadas en sectores donde abunda la explotación laboral, como el de los cuidados. Aunque carecemos de datos específicos de pobreza para los migrantes sin papeles, sabemos que el riesgo de exclusión severa en las personas extranjeras es tres veces más alto que el de los nacionales (FOESSA 2022), lo que sugiere una situación extremadamente delicada. Aunque el sistema español protege sobre el papel derechos fundamentales de todos los ciudadanos residentes en nuestro país, con independencia de su situación administrativa, la realidad es que existen todo tipo de barreras prácticas al acceso a la justicia, la salud o la educación.

Desde el punto de vista práctico, la irregularidad constituye lo más parecido a un disparo en el pie. Un trabajador informal (nacional o extranjero, con papeles o sin ellos) es un actor económico activo, pero incompleto. Su trabajo y su contribución al progreso de la economía son reales, como lo son sus contribuciones a través del consumo y los impuestos indirectos. Tienen el potencial de contribuir al crecimiento económico, la innovación y la productividad, y, si son jóvenes, apuntalan la pirámide demográfica por su base (Fanjul y Gálvez-Iniesta 2020).

Estos trabajadores, sin embargo, carecen de la oportunidad de realizar contribuciones fiscales directas a través del IRPF y de las aportaciones –propias y del empresario– a la Seguridad Social. La Fundación porCausa hizo en 2020 una estimación de este coste de oportunidad, que se elevaba, de media, a los 3.250 euros netos por trabajador y año (Gálvez-Iniesta 2020).

Todo este conjunto de razones éticas y prácticas, así como el hecho de que las regularizaciones han sido una herramienta habitual de la política de Estado en el pasado, conforman la base de la Iniciativa Legislativa Popular puesta en marcha a finales de 2021. La campaña Esenciales, una coalición de cerca de 800 organizaciones sociales entre las que destaca el movimiento migrante Regularización Ya, sustenta esta ILP con el propósito de entregar al Congreso al menos 500.000 firmas antes de final de 2022. En el momento de escribir estas líneas, el número de firmantes ya ha superado los 450.000.

Hasta ahora, la respuesta del Gobierno a esta demanda social ha sido ambigua. Por un lado, niegan la posibilidad de realizar una regularización extraordinaria –utilizando argumentos dudosos, como una supuesta prohibición europea–; por otro, han introducido una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería que flexibiliza las condiciones de arraigo e introduce una nueva forma de arraigo por formación. En la práctica, los expertos consideran que esta es una regularización encubierta que permitirá a decenas de miles de trabajadores obtener un permiso de residencia y trabajo. La medida, sin embargo, no solo resulta menos inmediata que una regularización extraordinaria, sino que deja fuera por ahora a un grupo tan significativo como el de los menores de edad no trabajadores.

Conclusión: Cómo romper la lógica bulímica del modelo

La situación de irregularidad a la que está condenada medio millón de personas en nuestro país constituye una constatación del fracaso del sistema. En una peligrosa lógica bulímica, el sistema de puerta semicerrada atrae a trabajadores y desplazados forzosos a los que no permite residir de manera legal, pero a los que eventualmente tendrá que regularizar. Esta lógica magnifica el sufrimiento de quienes la padecen y multiplica los costes para el conjunto de la sociedad.

El sistema debe ser reformado sin que eso signifique perder el control de nuestras fronteras. Entre la situación actual y una supuesta política de puertas abiertas existen numerosas posibilidades para hacer la regulación migratoria más justa y más inteligente. Estas alternativas comienzan por reforzar el compromiso de España con el marco legal internacional en materia de protección, pero pasa también por programas de movilidad laboral más abundantes, predecibles y garantistas con los derechos de las trabajadoras. Este es el camino que ha tomado, tímidamente, el Gobierno con su reforma más reciente, y es el camino que debe proponer a Europa y a los países que, como Alemania, comparten necesidades similares para los próximos años.

Bibliografía

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Número 12, 2022

Ana Cristina Nápoles, Cáritas Diocesana de Zaragoza

Paco Pardo García, Cáritas Diocesana de Girona

Las personas que hoy día se ven obligadas a recurrir a la migración como salvoconducto a una vida mejor, más digna, más justa, se ven expuestas a un viaje físico y emocional de enorme desgaste. La experiencia migratoria, como acontecimiento vital, implica una resiliencia especial para hacer frente a todas las dificultades y obstáculos, que la realidad más voraz pone ante el inmigrante, haciendo que la vulnerabilidad aparezca de manera constante en el proceso migratorio de estas personas, obligándolas a lidiar con estresores diarios que provienen desde todos los ámbitos de la sociedad y con los que la persona inmigrante debe mantener un intenso pulso  para evitar el colapso de su salud física y mental. Desde Cáritas, la acogida, atención y acompañamiento de esta realidad es una prioridad sin reservas y un deber como comunidad.

Si tuviéramos la máquina del tiempo que describe el escritor británico Herbert George Wells en su libro The Time Machine (Londres 1895), el reto sería volver atrás en el tiempo, y buscar a los primeros homínidos de África Central, aquellos primeros antepasados de nuestra especie, los australopitecos, y hacerles una pregunta muy básica: ¿por qué os movéis de un lado a otro?, ¿lo hacéis solos, en grupo? ¿Qué buscáis?, ¿por qué ahora?, ¿cómo os sentís? ¿Qué problemas os encontráis?

Migrar parece algo innato, ¿lo tenemos incorporado en nuestro ADN?, Joseba Achotegui, psiquiatra y psicoterapeuta con larga trayectoria en el campo de las migraciones nos recuerda, que los humanos descendemos de seres que, a lo largo de la evolución, han emigrado exitosamente muchas veces, por lo que poseemos capacidades para adaptarnos a los cambios migratorios. La movilidad de nuestra especie ha sido más la norma que la excepción^[1]. Si es así, y tenemos esa capacidad innata para movernos, para buscar un ambiente mejor, con más recursos, con un clima que nos satisfaga entre otras necesidades o motivaciones, ¿qué pasa cuando la persona migra y tiene ante sí unas leyes que se lo impiden, se lo dificultan, lo estigmatizan? y si vamos más allá, una vez que la persona ha llegado a su ubicación, a su Dorado, ¿por qué se les ve como una amenaza? ¿por qué sus derechos se ven continuamente vulnerados? ¿Cómo esta carrera de obstáculos afecta a nivel mental y emocional de la persona migrante?.

Los procesos migratorios no son fáciles, son complejos, poliédricos, forzados y ponen en juego la resiliencia y la capacidad de las personas para hacer frente a este desafío vital. El impacto psicológico para los migrantes es importante y saber acompañar estas situaciones es fundamental para su bienestar, el de las personas que dependen de ellas y también para la sociedad de acogida.

En este artículo pretendemos explicar qué significa hoy día migrar para las personas, cómo afecta a la salud mental del migrante cada etapa de su proceso migratorio y, por último, dar pistas o mostrar qué acciones se pueden incorporar, potenciar, a nuestra acción social, para reforzar la resiliencia que todo y toda migrante lleva en su mochila y que necesita poner en práctica.

PRIMERA PARTE: ¿Qué supone hoy emigrar para las personas?

En la víspera de mi partida, pasé un rato hablando con mi mujer y especialmente con mi madre, porque sabía que iba a pasar algún tiempo antes de que volvieran a saber de mí. No quería que sospecharan que estaba a punto de iniciar una travesía para la que no había ninguna garantía de éxito^[2].

Este extracto del libro de Kalilou Jammeh, es testimonio en primera persona y una prueba más, del desafío vital que supone hoy día salir o huir de un país y querer buscarse la vida en otro. Continuamente somos testigos de esa carrera de obstáculos, haciendo de algo que siempre fue natural en el ser humano, una auténtica odisea bien propia del libro de Homero.

León y Rebeca Grinberg en Migración y Exilio^[3] comentaban que la migración, en cuanto experiencia traumática, podría entrar en la categoría de los así llamados traumatismos acumulativos y de tensión, con reacciones no siempre ruidosas y aparentes, pero de efectos profundos y duraderos. En el hecho de migrar en relación a la psique, todo dependerá de la personalidad del sujeto previa al viaje y de un sin fin de circunstancias que harán que ese proceso tenga un devenir u otro.

El relato y testimonio de los migrantes, nos proporciona  imágenes de deshumanización continua de maltrato y violencia en las fronteras más calientes de nuestro planeta, en ese tránsito hacia la tierra prometida,^[4] con rupturas familiares, exclusión o llegados a su destino, con la reacción antiinmigración de personas y partidos políticos con actitud claramente racista, o de unas leyes de extranjería que van a contracorriente de una Declaración de los Derechos Humanos muchas veces cerrada en un cajón.

Según el Informe sobre las migraciones en el mundo 2022 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se estima que son un total de 281 millones de migrantes internacionales (datos 2020), un 3,4% de la población mundial, que se han visto obligados y obligadas a buscarse la vida fuera de su país natal. A esta cifra hay que añadir los 84,9 millones de personas desplazadas (refugiados solicitantes de asilo, desplazados internos) que se vieron obligadas por conflictos armados, persecución política, orientación sexual, cambio climático, entre otros, a abandonar su cuna natal y probar suerte en otra tierra ^[5].

Todos estos factores piden a sus protagonistas, un esfuerzo titánico a nivel mental y emocional. Un viaje donde lo físico se mezcla con los sentimientos, en el que el relato de lo vivido marcará un antes y un después en sus vidas y en las vidas de aquellos que dejaron temporalmente.

SEGUNDA PARTE: Momentos del proceso migratorio.

PARTIR-HUIR

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (Art. 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948^[6]).

No poder satisfacer unas necesidades tan básicas como las que se describen en este artículo 25.1, provoca la sensación de la que hablaba Martin Seligman en sus estudios sobre indefensión aprendida. Ese miedo para algunos es paralizante haga lo que haga nada cambiará o es la oportunidad para huir de esa situación de vulnerabilidad, de esa falta de derechos básicos, la solución para muchos y muchas de estas personas se hallará en la migración, en formato legal o clandestino, lo que exigirá a la persona un esfuerzo mental de responsabilidad sin garantías. Simplemente PARTIR-HUIR.

Esta situación va a iniciar toda una larga lista de estresores que la persona encontrará en el camino, todo dependerá de cómo la persona gestionará esos momentos y a quién va a tener a su lado para acompañarle en esa toma de decisiones vitales de efecto inmediato.

Cuando ese miedo del que hablamos no viene provocado por lo económico o por la falta de oportunidades del contexto y sí por la sensación real de persecución por motivos de género, orientación sexual, religión, ideas políticas o por miedo a morir en un conflicto armado, como es una guerra, son esos estresores los que movilizan a la persona o la paralizan: irse o quedarse, continuar igual o lanzarse a una aventura de riesgos y situaciones que mental y emocionalmente pasarán factura.

EL VIAJE-DURANTE

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. (este es un artículo de la declaración de DDHH? ¿Cuál?
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país (Art.13 Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948).
3. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país (Art. 14.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948).

En esa decisión forzada a partir, a huir, ya se dan las primeras rupturas con las que va a lidiar más tarde la persona que migra en forma de duelos. La familia y seres queridos, la lengua que uno habla por la que se verbalizan lo que uno siente, la cultura y sus costumbres, la tierra y su paisaje, el estatus social, el contacto con el grupo de pertenencia, los riesgos para la integridad física. En esos momentos la persona se encuentra en un tránsito vital que le exige una desgaste enorme de energía y le obliga a seguir adelante, paralelo al objetivo esencial que es llegar a ese país, a esa ciudad, a ese refugio soñado en el que espera encontrar la solución a sus problemas y a la de los que se han quedado en origen. Una misión de vida y unas expectativas que más tarde por desgracia deberán adaptarse a una realidad con la que la persona no contaba y deberá lidiar.

Qué fácil es viajar como un turista cuando sabes que te esperan con los brazos abiertos, todo lo contrario cuando ese viaje se realiza en condiciones precarias, con intermediarios que dan nulo valor a la vida de las personas y si al codiciado dinero, un viaje lleno de penurias, violencia física y psíquica, con un desgaste emocional tremendo, en un anhelo de llegar al Dorado.

Quiero huir de mi pasado, de los sueldos de miseria y las mentes estrechas. Si me quedo aquí me tendré que casar y tener siete hijos como padre. Me sabe mal dejar a mi madre sola, porque todas mis hermanas ya están casadas. Pero no puedo seguir aquí, en una gasolinera en medio de la nada^[7].

En este momento del proceso migratorio es importante mencionar como es este viaje para muchas mujeres^[8], niñas y adolescentes. Son colectivos muy expuestos a la violencia, al crimen organizado, a la trata, a una vulneración flagrante de derechos humanos, necesitados de una protección en tránsito que muchas veces brilla por su ausencia, haciendo más peligrosa la situación y teniendo unas repercusiones psicológicas más que relevantes en forma de trauma que, si no se acompañan, condicionarán el resto del proceso migratorio.

AQUÍ-INCERTIDUMBRE

Ante una nueva forma de vida, el clima (…) ruidos en fábricas y residencias, comidas, agitación, inseguridad en que se vive, los sacrificios que se hacen por ahorrar privándose de todo, etc. originan un fuerte problema de salud, perturbaciones nerviosas, casos de enfermos mentales, anemias^[9].

Llegados a su nueva patria, ¿qué dificultades encuentra la persona que emigra? El Dr. Jorge Soler en su libro ¿Por qué lloran los inmigrantes? Sentirse enfermo lejos de casa, hace hincapié en el valor que le dan las personas migrantes a disponer de un buen estado de salud física, pero también mental, el inmigrante llega a nuestro país con un importante capital de salud^[10]. ¿Qué les enferma? ¿Qué les hace llorar?, es aquí cuando el contexto social, la falta de derechos, de oportunidades, los obstáculos se amontonan y hacen que la persona se asfixie y caiga en situaciones de vulnerabilidad que dificultan los duelos de la migración (Achotegui 1999), haciendo que el proceso migratorio no avance, con las consecuencias que tiene para su protagonista y colateralmente, para las personas que dejó allí, pero también para la sociedad de acogida que es testigo de un sufrimiento mental arrollador e innecesario.

A la migración no se la debe ver como una causa de trastorno psíquico/mental, migrar no es sinónimo de trastorno, pero sí debemos considerar a la migración, al hecho de migrar, como un factor de riesgo para la salud mental y emocional de las personas que emigran (Achotegui^[11]). Algunos migrantes pueden venir de su tierra de origen con alguna vulnerabilidad, como puede ser una enfermedad física, problemas de diversidad funcional, trastornos en el ámbito de la salud mental entre otras situaciones, que al añadir un acontecimiento vital como es una migración y todo lo que rodea a ésta, pueden dificultar el proceso migratorio y empeorar las vulnerabilidades que presentaban desde el país de origen.

Por otro lado, están todas aquellas personas que partieron de su país en un estado físico/mental bueno, sin ninguna vulnerabilidad físico/mental a destacar, y que debido a las dificultades y peligros del viaje y una vez en destino, la exposición a los estresores del contexto (actitudes racistas, ley de extranjería, vulneración de derechos fundamentales, entre otros obstáculos) a su intensidad y tiempo de exposición, pueden llegar a presentar síntomas del área de la depresión, de la ansiedad, reacciones psicosomáticas, signos de confusión que van a requerir una atención especial relacionada con la salud mental y emocional.

Los duelos de la migración se van a elaborar siempre y cuando se le permita a la persona poderlos gestionar y ello conlleva poder acceder a un trabajo digno, a una vivienda, a una atención sanitaria que le comprenda y respete su particularidad cultural, a oportunidades educativas, a participar de la comunidad, en el espacio político…, y actualmente muchos de estos muros empiezan por una ley de extranjería que hace difícil sortearlos, lo que obliga al/la migrante a vivir en una vulnerabilidad no deseada con efectos muy directos a la salud físico y mental. En el caso concreto de la salud, varios son los estudios^[12] que hablan de cómo la llegada de personas migrantes no constituye grupos de riesgo específicos, sino que es la situación social de marginación, soledad, hacinamiento y pobreza que vive el migrante en su proceso migratorio, lo que contribuye a que presente determinadas enfermedades.

En este momento del proceso migratorio, la incertidumbre suele ser la tónica en el día a día de estas personas. ¿Dónde voy a buscar trabajo?, ¿tengo derecho o acceso a una vivienda? ¿Puedo participar en algún espacio social, político…? ¿A nivel educativo mis hijos pueden ir al colegio? entre otras preguntas que tienen alerta a la persona en un estrés continuo.

En ese contexto hay que hablar de la noche como momento en el que muchos migrantes más sienten sus duelos, es un momento duro a nivel emocional y psicológico (Achotegui, 2017)^[13]. Al más puro estilo Dickens, pero salvando las diferencias, el migrante revive su particular Cuento de Navidad, pero sus visitas en la noche tienen que ver con la familia, los hijos, la soledad que uno vive, los problemas del día a día que impiden normalizar la situación. Es muy importante tener presente en nuestro trabajo y servicio a estas personas, cómo viven la noche y cómo se sienten.

Las redes de apoyo (Rascón Gómez, 2017)^[14] en estos momentos también van a ser protagonistas y tendrán un papel fundamental que pueden ayudar mucho a las personas migrantes a sostener las adversidades y estresores de su particular viaje a la estabilidad. Potenciando la creación de redes de apoyo, se va a potenciar la resiliencia del migrante ayudándolo a recuperarse de situaciones en las que se ha visto vulnerable a nivel mental y físico. El contacto, la vinculación con otras personas es terapéutico.

FUTURO-ESPERANZA

Desde la infancia y a lo largo de nuestra vida, la cultura popular nos habla de no perder la esperanza, no perder la fe, ¿qué les da esperanza a los migrantes? ¿Qué idea, objeto o persona les ayuda a seguir día a día?

El proceso migratorio pasa factura a la esfera emocional del migrante, nada es gratuito y ese futuro soñado tiene un coste físico/mental que la persona va a relativizar, dado que lo contrario supondría asumir un fracaso del que no se está preparado ni se vislumbraba al inicio de esta aventura.

Llegados a este punto, es importante mencionar que los hijos e hijas de los migrantes tienen un papel muy relevante en la valoración del proceso migratorio de sus padres y madres. El estrés, la melancolía, la desesperación, los momentos de confusión entre otras emociones, sensaciones, percepciones y vivencias, pueden y deben quedar en un recuerdo que no altere el futuro; de ahí el necesario acompañamiento y apoyo psicológico que exige un acontecimiento de estas características. Si el ascensor social funciona con los hijos de los inmigrantes, el reto habrá tenido un sentido, por lo contrario, un clima familiar de resentimiento, de exclusión, de vulnerabilidad, de duelos y traumas no resueltos, afectará de lleno a la esfera emocional de toda la familia, recuperando viejos traumas y heridas de un viaje, de una situación que únicamente buscaba una oportunidad. Alejandro Portes nos avisa de lo importante que va a ser una buena adaptación psicosocial de los hijos e hijas de la migración dada la especial importancia por cuanto incide en sus logros y en su integración en otros ámbitos^[15].

TERCERA PARTE: ¿Qué acciones podemos llevar a cabo desde Cáritas para acompañar estas situaciones?

El contexto social, geopolítico y económico mundial fuerza a las personas a tomar la decisión de salir, huir, emigrar. En Cáritas somos agentes de ayuda y promoción de las personas, por tanto debemos ser sensibles a esta realidad y ser conscientes de cómo afecta a nivel psicosocial una continua exposición a la vulnerabilidad de derechos, a estresores continuos que imponen leyes, normativas y un contexto de control a las personas.

La acogida no es el único espacio para hablar de la esfera emocional. En cualquier otro servicio, acción, tenemos la oportunidad de hablar con las personas que han recorrido medio mundo y conviven con nosotros sobre cómo se sienten, qué añoran, qué esperanza y fe tienen ante el futuro. Preguntarles cómo viven su vulnerabilidad, compartir en comunidad sentimientos, pensamientos, esa esfera emocional, les ayudará y nos ayudará como personal voluntario y técnico a entender y comprender mejor el momento por el que pasa la persona en su proceso migratorio, haciendo mucho más efectiva y productiva nuestra acción.

Las personas migrantes deben encontrar en su nueva comunidad, los espacios necesarios para poder hablar y compartir. No se trata de los problemas de unos u otros, la vulneración de derechos es un asunto capital para todas y todos. Las emociones son universales y por tanto universal debe ser nuestra mirada hacia la migración.

Nuestra acción social a nivel proactivo, preventivo y de promoción, debe alejar a las personas migrantes de futuros trastornos, duelos mal elaborados o traumas. Importante la creación de programas psicoeducativos y psicosociales que incrementen los factores protectores y la salud mental de los migrantes, como pueden ser preguntas específicas dentro de la acogida que sondeen la esfera emocional, creación de grupos de empoderamiento, de apoyo psicológico, talleres de psicoeducación, espacios de participación que generan un ambiente de inclusión, espacios compartidos con la ciudadanía para hacer más comunidad y fortalecer la resiliencia de todas y todos..

Como interlocutores de las administraciones públicas, y junto a otras entidades y agentes sociales y promotores de salud, no es baladí que la salud emocional de las personas que atendemos en nuestras acciones es una prioridad. Respecto al ámbito de las migraciones es fundamental que estemos en espacios, mesas de diálogo y encuentros que permitan dar la cobertura necesaria en materia de bienestar emocional al hecho migratorio, trabajando en el marco de un plan de intervención comunitaria en el ámbito de las migraciones.

Cáritas tiene como una de sus misiones luchar contra la vulneración de los derechos de las personas. Las leyes de extranjería son herramientas que tiene un Estado para regular el flujo de migrantes en su territorio. Estas leyes son el estresor principal para los migrantes, unas leyes que dificultan el acceso a derechos esenciales, que tienen que ver con el bienestar físico y emocional de las personas. Nuestro trabajo en este ámbito debe ser evitar el olvido de esta situación dando voz a los participantes que sufren esta dificultad de acceso a derechos básicos inalienables.

Hacer eco de las dificultades de acceso a derechos básicos que tiene la población migrada es hacer eco de la justicia social necesaria para hablar de una ciudadanía inclusiva. La sensibilización y denuncia debe generarse desde la base, desde todos los proyectos y servicios que están en la trinchera. La vulneración de derechos tiene el efecto de enfermar física y emocionalmente, y en el caso de las personas que emigran supone que al hecho de dejar absolutamente todo ALLÍ, los estresores que padecen que no son pocos, les hacen vulnerables dando cabida a un tsunami emocional al que deben hacer frente y en el que va a ser fundamental nuestra acogida, atención y acompañamiento de esa fragilidad.

Formar a todos los agentes de Cáritas en la identificación de situaciones de riesgo para la salud mental y emocional de las personas que atendemos, es clave para entender la dimensión global de las problemáticas que presenta la persona. Voluntarios y personal técnico deben adoptar un rol de promotor de la salud frente a la vulnerabilidad. La migración provoca en sus protagonistas un desgaste físico y mental al que podemos ayudar a gestionar si sabemos poner en cada momento la palabra/s adecuadas a lo que sucede ante nosotros. La psicoeducación es una herramienta muy poderosa que permite ser conscientes de que nos pasa, ponerles nombre y apellidos a las sensaciones, pensamientos, emociones que experimentamos nosotros y las personas que atendemos.

Se ha de garantizar desde la administración que las personas que viven un proceso migratorio accedan a los mismos derechos que la ciudadanía, acceso a una vivienda, a un trabajo digno, a una educación de calidad, a una atención sanitaria universal, a una participación en la esfera pública, mientras se trabaja en ello, nuestro día a día en las Cáritas parroquiales es continuar en actitud preventiva y de promoción para evitar que los migrantes, como emprendedores sociales y portadores de ese ADN migratorio de antaño, queden expuestos a un bucle emocional negativo que empañe sus sueños expectativas, sus esperanzas de avanzar hacia su Dorado particular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

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^[1] Achotegui, J. Emigrar en el Siglo XXI. El Síndrome de Ulises. Síndromes del inmigrante con estrés crónico y múltiple. Ediciones El Mundo de la Mente.2010; pág. 24.

^[2] Jammeh K. El Viaje de Kalilu. Plataforma Editorial. Barcelona. 2009; pág 24.

^[3] Grinberg. L; Grinberg,R. Migración y Exilio. Biblioteca Nueva.1996; pág 25.

^[4] Martínez.O. Los Migrantes que no importan. Icaria Editorial. 2010.

^[5] Informe sobre las migraciones 2022. Organización Internacional para las Migraciones OIM. Pág 19.

^[6] https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

^[7] Belkacemi.L. Amazic. L’odissea d’un algerià a Barcelona. Llibres de l’Índex . 2005; pág 16. (traducción al castellano).

^[8] Cortés Maisonave, Almudena. «Mujeres migrantes y refugiadas en la Frontera Sur: resistencias de género y violencias encarnadas». Anuario CIDOB de la Inmigración 2019 (noviembre de 2019), p. 128-140. DOI: doi. org/10.24241/Anuario CIDOB mi.2019.128.

^[9] Babiano.J y Fernández Asperilla.A. La patria en la maleta. Historia social de la emigración española a Europa. Centro de Documentación de las Migraciones-Fundación 1º de Mayo. 2009; pág 98.

^[10] Soler.J. ¿Por qué lloran los inmigrantes?. Sentirse enfermo lejos de casa. Editorial Milenio. 2009; pág 41.

^[11] Achotegui.J. La inteligencia migratoria. Manual para inmigrantes en dificultades. NED Ediciones. 2017; pág 17-18.

^[12] Jansá. JM. Inmigración Extranjera en el Estado Español. Consideraciones desde la salud pública. Rev. Esp Salud Pública 1998;72:168-168. Núm 3 Mayo-Junio 1998.

^[13] Achotegui.J. La inteligencia migratoria. Manual para inmigrantes en dificultades. NED Ediciones. 2017; pág 111..

^[14] Rascón Gómez. MT La importancia de las redes de apoyo en el proceso resiliente del colectivo inmigrante. Revista de Educação e Humanidades, ISSN-e 2182-018X, ISSN 2182-0171, Nº. 11, 2017, págs. 61-82

^[15] Aparicio.R;Portes.A. Crecer en España. La integración de los hijos de inmigrantes. Colección de Estudios Sociales núm. 38 Obra Social “La Caixa”. 2014; pág. 108.

Número 12, 2022

Dessirée García Roig, responsable del programa de formación e inserción, Cáritas Diocesana de Barcelona

Puedes encontrar a Dessiré García en Twitter, Instagram y Linkedin.

A continuación, se presenta una iniciativa pública de ayuda a la regularización administrativa mediante contrato laboral, impulsada por el servicio de empleo de Catalunya, que pretende dar respuesta a la problemática de las personas que se encuentran en el estado sin posibilidad de trabajar en la economía formal.

1. Introducción

Los años 70 y 80 se caracterizaron, socialmente, por la ruptura del pacto social que tanto había servido a Europa en las décadas consecutivas a la segunda guerra mundial. Ese gran acuerdo reportó, durante 30 años, los índices de mayor igualdad de oportunidades sociales para las personas en Europa. La irrupción de las políticas neoliberales económicas, el ensalzamiento del individuo por encima del colectivo y las posteriores crisis económicas que, además se han acelerado en el tiempo, han hecho que actualmente tengamos una desigualdad social que se ha acrecentado aún más tras los acontecimientos sanitarios y la situación de Guerra en Europa.

Desde el área de empleo de Cáritas Diocesana de Barcelona (en adelante Cáritas Barcelona) hemos trabajado (como es costumbre en el tercer sector) en intentar generar mayores oportunidades para quienes menos tienen y se encuentran en exclusión social. Y ello lo hacemos siendo conscientes que no podemos hablar ya de un trabajo que permita volver a la sociedad (a la inclusión social) puesto que hoy en día ha cambiado el paradigma: tener un trabajo ya no es garantía de poder cubrir las necesidades básicas hasta fin de mes.

Y si ello es así para las personas que quieren trabajar, mayor exclusión viven aquellas que han migrado en busca de mejores oportunidades, puesto que se encuentran con una realidad del país receptor que no es, para nada, aquello que creyeron que se iban a encontrar.

La experiencia que aquí explicaremos se basa en ese trabajo de acompañamiento y capacitación de las personas, pero también, de cómo la colaboración público- privada puede tener resultados positivos que reduzcan esas desigualdades y cambien la vida de las personas.

2. Breve aproximación a la migración

Sin pretender más que situar el tema y repitiendo una definición harto conocida, la migración del ser humano va referida a todo aquel tránsito y desplazamiento que hacen las personas por distintos motivos: en busca de oportunidades de empleo, cuando huyen de situaciones de conflicto, terrorismo o guerra. Si algo ha hecho la humanidad desde la antigüedad es moverse.

El Informe sobre las migraciones en el mundo 2020 de la OIM[1] (de ahora en adelanta, ONU migración), señalaba que en junio de 2019 había 272 millones de migrantes internacionales, de los cuales un tercio lo hacen por motivos laborales, de familia o estudios. La diferencia entre la situación de la migración internacional el año 2000 y la actual, es principalmente, el aumento de 98 millones de personas, pasando del 2,8% al 3,5%. En el caso del continente europeo, se acogía 82 millones de migrantes internacionales.

España no es ajeno a este fenómeno, siendo en 2019 uno de los seis países favoritos en Europa como destino. El Informe de Cáritas Barcelona señala que, en el mismo periodo, vivían más de 5.036.878 millones de personas extranjeras, lo que supone un 10% de la población total. En Cataluña más de 1,1 millón de personas son de origen extranjero, haciendo que sean el 15,32% del total de su población (5 puntos por encima de la del Estado). En esta Comunidad Autónoma es donde se ubica la acción que se explica más adelante.

Y finalmente, y lo más relevante para este artículo, la migración irregular. Si bien se puede ver ciertas reticencias por parte de organismos como ONU Migración sobre estadísticas y números del fenómeno, no por ello deja de ser importante poder cuantificar en la medida que sea posible las personas en situación administrativa irregular. En concreto, tal y como señala Cáritas Barcelona, si bien la mayor parte de volumen de personas llega por vía aérea (en menor medida por vía marítima y andando), en 2019 fueron más de 32.000 personas las que llegaron a España.

Pero ¿qué ocurre una vez consiguen (nunca fácilmente) llegar al país de destino? ¿Qué se encuentran estas personas que han puesto no solo sus ilusiones y esperanzas si no también los pocos recursos que tienen, al llegar al país de acogida? La realidad es una legislación de extranjería restrictiva, unos servicios de acogida colapsados y más y más barreras que no les permiten desarrollar el proyecto vital con el que soñaban.

3. La migración irregular. Una barrera administrativa previa a las barreras laborales

Desde el punto de vista de las personas recién llegadas son muchas las barreras que se encuentran: la vivienda, el reagrupamiento, la homologación de estudios, los impactos de esa incertidumbre en la salud mental, vivir en exclusión social en el país de llegada, entre otras. Todas ellas tienen un hilo común: la voluntad de poder trabajar para sustentarse y acceder a unas mejores condiciones de vida y un futuro para sus hijos e hijas. Pero están lejos de conseguirlo porque para poder acceder a un empleo, se debe, primero, superar la barrera administrativa.

Distintas son las posibilidades de intentar que una persona recién llegada que no tiene permiso de trabajo pueda obtenerlo. El proceso de las personas que se acercan a Cáritas Barcelona suele tener dos posibilidades: el de refugio y asilo (que por razones de extensión no explicaremos) y el del arraigo social (regulado por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España).

Este procedimiento se basa en demostrar una residencia continuada de 3 años en el país. Esto conlleva implícitamente que estas personas deban estar en esta situación por un mínimo de 3 años antes de poder iniciar los trámites de regularización (antes de este plazo no es posible que puedan firmar ningún tipo de contrato de trabajo). A partir del tercer año, si la persona consigue el resto de los requisitos administrativos entre los que debe haber un contrato de mínimo un año, podrá obtener un permiso de residencia y trabajo por duración de un año.  En este caso, hay que destacar que este proceso puede revertirse con la irregularidad sobrevenida (como hemos comentado con anterioridad) situando a la persona nuevamente en la casilla de salida (otro contrato de un año e iniciar el proceso de arraigo social). En estos casos, pocas o nulas son las iniciativas públicas que permitan prevenir esta situación (especialmente en momentos inesperados como sucedió en el periodo de pandemia).

Finalmente, a nivel administrativo, queda pendiente ver cómo se va a desarrollar el arraigo por formación: figura creada por el Real Decreto 629/2022 que permite conseguir un permiso de residencia legal válido por un período de 12 meses a aquellas personas migrantes que lleven 2 años en España y quieran obtener una formación que les ayude a insertarse laboralmente.

Los servicios laborales que ofrecen las entidades del tercer sector son mayoritariamente mediante subvenciones del servicio público autonómico (Servei d’Ocupació de Catalunya) y eso conlleva que el 100% de las subvenciones obligan a que las personas sean demandantes de empleo y, por tanto, sean personas con permiso de residencia y trabajo. Ello deja fuera de las políticas activas de empleo a las personas que no pueden trabajar en el mercado laboral ordinario, pero, además, las excluye de una atención laboral de estas entidades para conocer procesos de homologación de estudios, trabajar las competencias transversales y un mejor y más rápido conocimiento de la cultura del trabajo española, generando nuevamente una dificultad añadida para estas personas.

Pocas son las entidades en Cataluña que puedan permitirse sufragar el acompañamiento de personas en situación administrativa irregular. Este es el caso de Cáritas Barcelona, que en el ámbito laboral ha tomado la opción de seguir acompañando a estas personas en un itinerario laboral, con el fin de que, cuando se acerquen a los 3 años de residencia en Barcelona, tengan posibilidad de encontrar un contrato de un año e iniciar su proceso de regularización.

Dos son los servicios que se ofrecen desde el punto de vista de inserción laboral:

• Asesoramiento jurídico en extranjería: para informar y acompañar en procesos de regularización, prevenir la irregularidad sobrevenida (proceso por el que una persona tenía permiso de residencia y trabajo y vuelve a perderlo pasando a situación administrativa irregular). Estos procesos ayudan a eliminar la barrera administrativa que no permite entrar al mercado laboral ordinario.
• Itinerario laboral de inserción: para poder remover el resto de las barreras de tipo laboral que pueden dificultar la obtención de un puesto de trabajo para las personas migrantes. Este itinerario ofrece una acogida laboral, así como establecer el objetivo profesional, el trabajo en competencias transversales, formación específica para personas que deban reorientarse o formarse para cambiar de sector profesional y un espacio donde trabajar las entrevistas de trabajo, elaboración del currículo, hacer autocandidaturas, entre otras.

La coordinación entre ambos servicios es continua y necesaria. Es importante poder saber qué personas se acercan temporalmente a la posibilidad de regularización y eso debe estar plenamente relacionado con las posibles empresas que puedan ofrecer contratos de un año.

Dos proyectos son emblemáticos en este ámbito de la regularización para Cáritas Barcelona:

• Proyecto Font d’Oportunitats (Fuente de oportunidades): proyecto propio de la entidad (en colaboración con la Fundació Formació i Treball) en la que se hace prospección de empresas en distintos sectores. Éstas ofrecen contratos de un año y desde Cáritas se hace todo el asesoramiento jurídico y acompañamiento durante el proceso de regularización.
• Proyecto Programa Treball i Formació, línea ACOL. Esta iniciativa del Servicio de Empleo de Cataluña es una iniciativa única en el Estado Español y consiste en subvencionar un año de sueldo a las entidades que contraten personas que puedan regularizar su situación. A continuación, vamos a profundizar en esta política activa de empleo y como se trabaja desde Cáritas Barcelona.

4. Una política de empleo que tiene en cuenta los últimos de los últimos

La convocatoria de subvención Treball i Formació (trabajo y formación), línea ACOL es una política activa de empleo dirigida a las personas que pueden iniciar un proceso de regularización mediante un contrato de un año.

A continuación, se detallan las principales características de la Línea ACOL:

• Entidades beneficiarias: si bien esta iniciativa nació dirigida únicamente para entidades del tercer sector, fundaciones sin ánimo de lucro para ser más concretos, este año se ha ampliado a entidades locales y supramunicipales, sus organismos autónomos, o las entidades con competencia en materia de políticas activas de empleo, desarrollo local y de promoción del empleo, dependientes o vinculadas a aquellas.
• Personas destinatarias: Las personas en situación administrativa irregular que estén en disposición de obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo social.
• Puntuación de las personas destinatarias: la valoración se lleva a cabo mediante el sistema de baremo. Este sistema consiste en puntuar a las personas participantes de acuerdo con sus circunstancias tales como:
  • Familiares: personas a cargo, situación de mono parentalidad entre otras.
  • Sociales: si se acredita el certificado de acogida que exige la ley catalana de acogida puntuará positivamente, así como otros títulos formativos.
  • Tiempo de residencia: a partir de 5 años puntúa positivamente.
  • Otras circunstancias que demuestran su vulnerabilidad, que consten acreditadas en el informe social:
    • Situación de sinhogarismo
    • Violencia machista
    • Mujeres víctimas de tráfico de personas por explotación sexual
    • Disfuncionalidad física o cognitiva
  • Presupuesto disponible para 2022: 8.000.000€.
  • Inicio de las acciones: máximo 30 de diciembre de 2022
  • Plazo de ejecución: máximo 29 de diciembre de 2023
  • Número máximo de contrataciones a subvencionar: no puede ser superior a 12 ni superar el 50% de la plantilla media de los últimos 12 meses.

El objetivo del proyecto consiste en que las entidades contratan a estas personas en sus propias entidades, no siendo nunca en puestos de estructura, y según la escala salarial que contempla el convenio colectivo de acción social en Cataluña y el SOC subvenciona el importe de la contratación.

Durante el año de contratación las acciones que debe realizar la entidad contratante son los siguientes:

1. Acciones de contratación laboral: obligado para la entidad, consiste en el acompañamiento a todos los trámites del expediente necesarios con el departamento de extranjería y el alta en la Seguridad Social.
2. Acciones de formación: esta acción es opcional para la entidad, pero en el caso que se elija, es una acción subvencionable. Se pueden contratar acciones formativas de certificados de profesionalidad o bien formación en competencias transversales.
3. Acciones de acompañamiento para la persona: esta acción también es opcional, pero permite subvencionar un profesional que ayuda a la persona a nivel laboral, de proyección de los pasos a seguir una vez se finalice este contrato subvencionado y la persona pueda pasar al mercado ordinario.

Con este breve resumen, podemos ver como esta iniciativa se caracteriza por ser una política activa de incentivo a la contratación, que no va dirigida a empresas con ánimo de lucro, por lo particular de las personas destinatarias, que favorece el proceso de regularización  de personas que no disponen de permiso de residencia y trabajo, y que contempla la posibilidad de acompañar a estas personas a nivel laboral y formativo para que mejoren su empleabilidad y puedan encontrar trabajo una vez finalice este primer contrato.

Luces y sombras de la Línea ACOL:

Sin quitarle el simbolismo que per se tiene esta iniciativa, queremos analizar brevemente puntos positivos y ámbitos de mejora del proyecto. En el lado de los beneficios hay que destacar que:

1. Es de suma importancia disponer de esta acción pública, a pesar de ser única en todo el Estado español, porque reconoce la problemática de la irregularidad en términos de mercado laboral, y pone a disposición presupuesto público para proponer una solución a ello.
2. El hecho de que las personas coticen todo ese primer año de forma subvencionada garantiza la primera renovación (el coste de la renovación no es acción subvencionable y las entidades lo deben asumir) y permite 2 años más en los que la persona dispondrá de permiso para poder trabajar con derechos y con contrato.
3. Las acciones de acompañamiento y formación son básicas para la mejora de la empleabilidad de estas personas. Les ayuda a estar mejor posicionados, a haber desarrollado competencias específicas y transversales que reflejarán en su currículo. Así mismo, seguir trabajando en cómo superar la entrevista de trabajo y conocer las herramientas de búsqueda de empleo deben ser una constante, pero en este caso es fundamental para que pase el menor tiempo posible entre la finalización del contrato subvencionado y un contrato en el mercado ordinario.
4. Habrá que ver como el arraigo por formación se desarrolla y veremos la necesidad o no de complementar acciones formativas en las políticas de contratación, o incluso como quizá puedan concatenarse una acción formativa que puede facilitar arraigo con una de contratación. En este ámbito aún tenemos muchas dudas pendientes de resolver, pero también tenemos muchas esperanzas.

Sin embargo, esta iniciativa tiene aspectos a mejorar importantes, incluso algún retroceso desde que se puso en marcha el 2020 y que destacamos a continuación:

1. El proyecto no dispone de ningún servicio de asesoramiento jurídico para que las entidades puedan sentir el apoyo a lo largo de todo el proceso de regularización.
2. El hecho de que la convocatoria se haya abierto para las administraciones públicas ha significado un cambio importante en la convocatoria. Por un lado, es positiva porque supone sensibilizar a los entes públicos locales o supralocales, pero para las organizaciones sin ánimo de lucro supone menos posibilidades de poder participar en esta convocatoria, por no hablar de un presupuesto que ya era insuficiente.
3. El baremo de las personas atiende a problemáticas sociales, y sabemos que no se pueden atender todas, pero preocupa la falta o escasa puntuación que reciben las personas que lleven mucho tiempo en el país y que no tengan personas a cargo, o en situación de sin hogar o de determinadas enfermedades mentales no diagnosticadas.
4. La ley catalana de empresas de inserción, a pesar de la enorme función social que realizan, hace que sean consideradas empresas y no puedan presentarse a esta subvención como entidades beneficiarias. El incorporarlas permitiría tener mayor variedad de perfiles a contratar más allá de los que pueden generar las entidades sociales y permitiría aumentar las posibilidades de personas que por un perfil poco cualificado se están quedando excluidos de esta convocatoria.
5. Finalmente, un factor fundamental para tener en cuenta a pesar de que es un factor externo al Servicio de Empleo, son los plazos de la Subdelegación de Gobierno que cada provincia tiene como media para resolver expedientes por arraigo social (8 meses la que más, y 2-4 meses otras). El impacto del tiempo de espera es múltiple:
   1. Por un lado, porque las entidades y el servicio de empleo tienen congelada la acción mientras se resuelven los expedientes.
   2. Supone momentos de espera y angustia para personas que no saben si finalmente podrán acceder a ese puesto de trabajo y por tanto a la regularización de su situación.
   3. Las dificultades de acceso para citas previas se han acentuado con la pandemia, especialmente para personas que suelen tener brecha digital y que aún viven más de cerca el alejamiento de la Administración pública para las personas.
   4. Por ello, creemos que es fundamental la coordinación entre administraciones para favorecer el traspaso de información, el buen hacer hacia los y las ciudadanas y para reducir tiempos de espera excesivos.

5. Participación de Cáritas Barcelona en esta iniciativa

Como se ha comentado anteriormente, los servicios de empleo y de migración de Cáritas Barcelona se coordinan para poder trabajar con las personas su situación administrativa a la vez que se trabajan la capacitación laboral. En este caso, esta coordinación se acentúa y además se amplía ofreciendo el acompañamiento jurídico a otras entidades que seleccionen personas que están siendo acompañadas por Cáritas Barcelona.

Una vez se publica la convocatoria conforme se abre el plazo para presentar el proyecto y las personas beneficiarias, en Cáritas hemos acompañado entre 100 y 200 personas que reúnen los requisitos para poder presentarse, y que, por tanto, pueden ser susceptibles de ser contratadas por otras entidades que también quieran presentarse a la subvención.

A partir de aquí el proceso se coordina entre los dos servicios. En empleo empiezan las entrevistas a las personas, la clasificación de los perfiles profesionales e informar a las personas de posibles entrevistas de selección por parte de otras entidades.

Por su parte, asesoría jurídica realiza dos acciones: se comprueban los requisitos y documentación (disponible y vigente) exigida a las personas acompañadas. Para las entidades se realiza una sesión informativa grupal donde se pone en conocimiento la subvención recién publicada y qué podemos ofrecer desde Cáritas en caso de que quieran participar y contratar a una persona atendida desde nuestros servicios.

A continuación, se abre un proceso de selección en el que trabajamos conjuntamente con las otras entidades. Cuando seleccionan a la persona o personas beneficiarias, éstas son incorporadas en el proyecto que presenta la entidad. Una vez se resuelve la convocatoria y se sabe las personas que han entrado según el baremo explicado con anterioridad, las entidades se vuelven a coordinar con Cáritas para poder presentar el contrato y la asesoría jurídica presenta en extranjería el expediente de la persona para su regularización. Pasados los meses pertinentes según cada provincia, la aprobación del expediente (o denegación en el peor de los casos) es notificado a la entidad que procederá, si es el caso, a dar de alta a la Seguridad Social e incorporar a la persona a su plantilla.

Como referencia, desde que empezó esta línea de subvenciones, Cáritas Barcelona ha gestionado los expedientes favorables siguientes: 2018: 25, 2019: 29, 2020: 25 y para el 2022 están pendientes de resolución 51 expedientes.

Como conclusión, Cáritas Barcelona (entre otras Cáritas de Cataluña) participa como entidad beneficiaria y presentamos siempre 4 candidaturas, puesto que por convicción y por misión, creemos que la política de contratación es ejemplificadora y necesaria para poder seguir acompañando a las personas en su inserción en el mercado laboral, especialmente si además se realiza un proceso de regularización administrativa.

Se ha dicho anteriormente, esta iniciativa no tiene otra igual en todo el país, y a pesar de que tenemos delante una nueva posible vía como el arraigo por formación, sabemos que estamos muy lejos de volver a vivir un proceso de regularización masiva como la que se realizó el año 2000. Por ello, cualquier acción privada o política pública que ayude a visibilizar las barreras que tienen que superar las personas en situación irregular recibirán todo nuestro apoyo. Necesitamos que las sociedades vuelvan a ser algo más que individuos.

Bibliografía

• Convocatoria Trabajo y Formación, Línea ACOL 2022. https://serveiocupacio.gencat.cat/es/detall/article/Trabajo-y-Formacion-Convocatoria-2022-00001#bloc1
• Informe sobre las migraciones en el mundo 2020. OIM, https://www.un.org/es/global-issues/migration#:~:text=Informe%20sobre%20las%20migraciones%20en%20el%20mundo%202020%20de%20la%20OIM
• Càritas Barcelona. 2020. Informe Fronteres In-visibles. Com la regularitat administrativa t’estronca el projecte vital.

[1] Informe sobre las migraciones en el mundo 2020, OIM, https://www.un.org/es/global-issues/migration#:~:text=Informe%20sobre%20las%20migraciones%20en%20el%20mundo%202020%20de%20la%20OIM

Número 12, 2022

Thomas Ubrich, equipo Estudios de Cáritas Española

Puedes encontrar a Thomas Ubrich en Twitter y Linkedin

En los últimos meses, una nueva crisis de tipo inflacionario ha agravado una situación social y económica todavía muy inestable e incierta como resultado de la crisis social y sanitaria asociada a la COVID-19.

La inflación ha ido creciendo hasta alcanzar máximos no vistos en 37 años y en julio ascendía al 10,8%. La Comisión Europea estima que cerraremos el año 2022 con una inflación global del 8,1%, y parece ser que llega para quedarse, ya que según la OCDE este dato seguirá en máximos en España, al menos, hasta el año 2024.

Toda la sociedad, empresas y familias, se está viendo afectada por el encarecimiento del coste de la vida: los recibos están aumentando y cada vez cuesta más llenar la nevera y pagar las facturas. El aumento de los precios erosiona el valor de los salarios y ahorros reales, empobreciendo así a las familias. Pero sin duda, de nuevo los más vulnerables son los más afectados. Los hogares de ingresos bajos y medios son generalmente más vulnerables a la alta inflación que los más ricos, debido a la respectiva composición de sus ingresos, activos y en particular de sus canastas de consumo.

Así, si el aumento del costo de la vida nos impacta a todos, este aumento que afecta particularmente al precio de los alimentos, la vivienda y el transporte, afecta más a las personas y familias más pobres, por la importante participación que estos gastos ocupan en su presupuesto. Los gastos esenciales (vivienda + alimentación + transporte) suponen reservar 61€ de cada 100€, y por tanto reducir a 29€ de cada 100€ a otros gastos igualmente importantes y necesario como son el vestido y el calzado, las comunicaciones, la sanidad, la educación y un largo etcétera.

Además, si desglosamos los datos de inflación, se ve que las mayores subidas de precios corresponden a los productos y servicios esenciales. Así, la inflación correspondiente a los gastos en vivienda y suministros (agua, luz, gas…) alcanzaba en junio de 2022 el 19%, igual que la partida de transportes. Por su parte, el crecimiento de los precios de la alimentación superaba el 13%.

Proporción de los ingresos destinados a vivienda y alimentos según nivel de ingresos de los hogares

Fuente: Elaboración propia basada en la Encuesta de presupuestos familiares (INE). Extraído de FOESSA (2022). Análisis y Perspectivas: El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo.

Esto supone que las familias deben dedicar casi toda su capacidad de gasto a cubrir las necesidades más básicas: vivienda, alimentación y transporte. Si antes de la crisis de la inflación, los hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales (el 31,7% del total de hogares) destinaban a estas tres partidas 61 de cada 100 de los euros que ingresaban, al terminar el año estarán dedicando 80 de cada 100 euros que ingresen. Peor les iba a las familias con ingresos menores a 1.000 euros (el 14,8% del total de hogares en España), que antes de la crisis se veían obligados a dedicar casi el 70% de esa cantidad exclusivamente a vivienda y alimentación y que al finalizar el año superaran los 80 de cada 100 euros.

Proporción de gastos esenciales (vivienda+alimentos+transporte) en 2021 y simulación de 2021+IPC a junio, según nivel de ingresos de los hogares

Fuente: Elaboración propia basada en la Encuesta de presupuestos familiares e índice de precios de consumo (INE). Extraído de FOESSA (2022). Análisis y Perspectivas: El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo.

La crisis inflacionaria nos plantea nuevamente el reto de una reforma profunda de nuestro sistema de protección social. Por un lado, necesitamos medidas urgentes capaces de paliar y mitigar el sufrimiento actual de las personas más vulnerables. Y por otro, es también esencial mejorar las políticas que protegen a los más vulnerables y luchan con medidas preventivas contra las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.

Marina Sánchez-Sierra Ramos, equipo Estudios de Cáritas Española

Puedes encontrar a Marina Sánchez-Sierra en Twitter y Linkedin

Un Lugar Seguro es lo que vende Segismundo, protagonista de la novela de Isaac Rosa. Un protagonismo que comparte con su Segismundo padre y su Segismundo hijo. Sin embargo, el Segismundo comercial es el que escribe, desde su puño, letra y frustración, esta historia en la que nos habla de meritocracia, relaciones familiares entre hombres, descreimiento, cuidados, clases y pertenencia. Y todo en el transcurso de un día.

El protagonista que narra está atrapado entre la deuda y el fracaso del nombre de su padre, y el intento de mantener a su hijo en una posición social que no le corresponde por trayectoria familiar, por cuna. Y en ese lugar vital reflexiona sobre una clase aspiracional a la que llegando como nuevo rico, por accidente social, nunca terminas de pertenecer. Describe cómo quienes han nacido en esa clase social se protegen entre sí, como un organismo, no solo unos a otros, sino como colectividad, y cómo, a su vez, se defienden del organismo invasor. Si algo nos enseña, es que sí sigue vigente la adscripción de clase, la sensación de pertenencia, solo que, quizá, no en el lugar que muchos la buscan.

Nos narra el esfuerzo de mantener a su hijo en el colegio privado en el que estudia. Sin embargo, la reflexión de los adultos y su posición social permea hacia su descendencia. Todo el mundo sabe que los niños triunfadores vienen ya triunfados de casa, dice Segis. Y con una frase nos expresa la falacia de la meritocracia, y nos recuerda la teoría del haz de trayectorias de Bourdieu, según la cual tus posibilidades de futuro dependen de tu lugar de nacimiento. Y los Segis de este libro fueron un accidente social cuando se encontraron en la cúspide.

Pero no importa, porque el sistema, el organismo, para su perfecto funcionamiento se encarga de devolverles a su lugar. Y la vida se convierte en una constante carrera en la que todo cambia para que todo siga igual (de nuevo, Bourdieu).

Y mientras Segismundo narrador siente toda la frustración de su clase, de la ausencia del padre amoroso, y de ser un padre regular, cuestiona la bondad de la mujer inmigrante –cómo no-, que cuida al Segismundo padre con demencia senil. ¿Cómo puede esa mujer desprender dicha bondad y, además, dar al señor cuidado el amor que él nunca expresó a su hijo? Nuestro narrador apela a una justicia emocional que no trae consigo la calma.

El mundo se desmorona y todos quieren su lugar seguro, que no será un lugar habitable en Marte, sino un rincón escondido de tu propia casa, un trastero o un garaje, porque a Marte solo van quienes pueden pagarlo, y el colapso no será igual para todos. Y algunos lo saben, y quieren hacer algo, y ahí está el nombre de botijeros con que les bautiza Segis, para recordarnos que los movimientos sociales, que la colectividad, que el grupo, también tiene sus lagunas, y que es más fácil hacer una crítica de lejos, cayendo en las trampas de un No future que ha dejado de ser punk para ser hegemónico, que comprometerse y hacerse parte.

Y todo esto, Isaac Rosa nos lo ofrece en una novela que puedes leer en una semana y sin exigir demasiado al lector. Muy recomendable.

Número 12, 2022