Del dato a la acción

Un mundo que no mejora igual para todos

J. Jesús Bellido López

Investigador en Conservación de la Naturaleza. Voluntario Cáritas Parroquia Virgen del Camino (Málaga)

Puedes encontrar a J. Jesús Bellido en Linkedin

 

 

Cada persona es un mundo, con sus ilusiones, miedos, prejuicios, proyectos… y los emigrantes son, no lo olvidemos, personas que atraviesan por unas circunstancias muy particulares. Por lo tanto, salvo en casos muy claros de guerras, hambrunas, desastres naturales u otros potentes impactos, es una tarea titánica y, posiblemente, muy ambiciosa, pretender diagnosticar las causas precisas que las mueven a abandonar sus hogares. A veces, será la suma de factores negativos los que irán predisponiendo a individuos, a familias enteras, a tener preparadas las maletas, si es que tienen algo de valor que llevar con ellos. Luego, tal vez, llega la circunstancia detonante, que fuerza la toma de una decisión que ya se estaba gestando desde mucho antes. Esa causa detonadora puede terminar eclipsando al resto que también habrán sido responsables del proceso que los alejará de su patria.

En el caso de España, cada año son miles los migrantes que recaban aquí, bien como destino final, bien como puente hacia Europa. De acuerdo a los datos obtenidos gracias a Cáritas Española, sabemos que, en los últimos años (2009-2019), en las parroquias de todo el país se han atendido a personas de hasta 193 nacionalidades distintas de todos los rincones del mundo.

Si no podemos responder a la pregunta del porqué migran, sí tenemos herramientas para valorar qué aspectos de su vida podrían mejorar en un país de acogida como es España. Consideramos de la máxima relevancia destacar este punto pues, según nos recuerda el papa Francisco en la encíclica Fratelli tutti, existen sectores sociales en los que el inmigrante es visto como un usurpador que no ofrece nada. Así, se llega a pensar ingenuamente que los pobres son peligrosos o inútiles y que los poderosos son generosos benefactores.

Este breve análisis se fundamenta en The Legatum Prosperity Index 2019. Se trata de un Índice de Prosperidad elaborado como un instrumento práctico para ayudar a identificar las medidas concretas que deben adoptarse para contribuir a fortalecer los caminos que conducen de la pobreza a la prosperidad y para proporcionar una hoja de ruta a medida que las naciones trazan su camino. El Índice consta de tres dominios (Comunidades Empoderadas, Sociedades Inclusivas y Economías Abiertas) que se dividen en 12 pilares de prosperidad (cuatro por dominio). Este índice se desarrolla y actualiza cada año por el Instituto Legatum, un centro de estudios con sede en Londres que tiene la visión de crear un movimiento mundial de personas comprometidas con la creación de vías para pasar de la pobreza a la prosperidad y la transformación de la sociedad. Una de las conclusiones más relevantes del Legatum Prosperity Index 2019 es que mientras que la prosperidad mundial sigue mejorando, la brecha entre los países más fuertes y los más débiles va en aumento.

En el caso de España se observa cómo la brecha que menciona el Índice es una realidad palpable. Especialmente reseñables son los casos de Libertad personal, Condiciones de vida y Educación con más de 20 puntos de diferencia. Así, de entrada, el poner un pie en España les ofrece una mejora instantánea en esos aspectos sin olvidar otros tan relevantes como la seguridad o la salud.

Y no podemos olvidar que, dentro de los países desarrollados, España ocupaba en 2019 el puesto 25 del ranking, por lo que, para esas personas, todavía existen mejores opciones para tratar de ser parte de esa prosperidad, reservada a unos pocos.

En este escenario, es de esperar que la marea migratoria continúe. Así, es una obligación moral de los países de destino el estar preparados para su acogida e integración pues es difícil no vincular la prosperidad de unos con las carencias de otros. Además, en la esfera internacional, se deben propugnar medidas contundentes que permitan la reducción de las desigualdades entre los países de origen y llegada, así como el florecimiento de la prosperidad en los países más pobres.

 

Referencias

Fundación FOESSA, 2019. VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2019. Fundación FOESSA.

Legatum Institute Foundation 2019. The Legatum Prosperity Index. A tool for transformation Overview 2019. Editado por Legatum Institute Foundation. https://li.com/reports/2019-legatum-prosperity-index/

Papa Francisco. Carta encíclica Fratelli tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. 3 de octubre de 2020.

 

Número 8, 2021
A fondo

Desplazamiento: la gentrificación como proceso de expulsión en Madrid

Daniel Sorando, sociólogo. Profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

Álvaro Ardura, arquitecto. Profesor en la Universidad Politécnica de Madrid.

Puedes encontrar a Daniel Sorando y a Álvaro Ardura en Twitter.

 

1. La gentrificación es un proceso de expulsión

Las dificultades de acceso a una vivienda adecuada y segura son, junto con la baja calidad del empleo, los principales caminos hacia la exclusión social en España (FOESSA, 2019). Sumemos que la debilidad de la política de vivienda y la continua promoción del mercado inmobiliario son una seña de identidad de la economía política española (Méndez, 2019). El resultado es la polarización entre grupos enriquecidos y empobrecidos por este sistema de provisión residencial. Entre los grupos sociales más golpeados por este modelo las consecuencias son múltiples: sobrecarga financiera del coste de la vivienda, inseguridad vital, pautas de hacinamiento y efectos sobre la salud física y mental. Asimismo, la fragilidad residencial genera consecuencias en términos del arraigo territorial vinculado a la vivienda, en la medida en que el lugar de residencia da acceso a una red única de relaciones sociales y accesos a equipamientos y servicios de todo tipo (educativos, sanitarios, culturales, etc.) (Logan y Molotch, 1987). Por tanto, la incapacidad para mantener el lugar de residencia ligada a los procesos de gentrificación da lugar a desarraigos con importantes consecuencias en cada una de las esferas de la vida cotidiana (Elliot-Cooper et al., 2020).

Los procesos de gentrificación consisten en la sustitución de los usuarios y residentes de un territorio (un barrio, por ejemplo), de tal modo que los nuevos son de una clase social con más recursos que los desplazados por el proceso. Esta dinámica responde a un complejo conjunto de acciones económicas, políticas y sociales que incluyen la inversión en la mejora de las condiciones del territorio considerado (Clark, 2005). Al respecto, Franquesa (2007) sostiene que la gentrificación es una estrategia del urbanismo neoliberal que consiste en la lógica de vaciar el territorio de la población previa (definida como portadora de degradación e insolvente económicamente) para llenarlo de nuevos usuarios y residentes (con un muy superior capital económico). Allá donde este proceso es viable, el interés del capital no se limita a la vivienda, sino que, además, incluye otras estrategias de atracción de capitales vinculadas al ocio y los servicios, así como los flujos turísticos. En España y el resto de los países del sur de Europa tiene especial peso la estrategia turística, dado que el turismo suple la falta de demanda local suficiente que el capital inmobiliario necesita para generar plusvalías (Cocola Gant, 2016). En cada caso, los habitantes que no pueden afrontar el coste del barrio una vez gentrificado son desplazados.

2. El desplazamiento tiene diferentes manifestaciones

La principal consecuencia de la gentrificación en términos de (in)justicia social es el desplazamiento de los habitantes previos, habitualmente caracterizados por disponer de bajos ingresos y residir en viviendas en régimen de alquiler (Slater, 2006). Dentro de esta población la diversidad es muy importante e incluye hogares envejecidos, a menudo unipersonales; hogares monoparentales; y/o inmigrantes extranjeros fuertemente precarizados. Marcuse (1985) establece tres tipos de desplazamiento: el desplazamiento directo, el desplazamiento excluyente y la presión del desplazamiento. En primer lugar, y según sus causas, el desplazamiento directo puede ser económico o físico. Se trata de un desplazamiento económico cuando es el efecto de la revalorización del barrio de residencia, mientras que es físico cuando es consecuencia del abandono del mantenimiento de la vivienda por parte de sus propietarios. Adicionalmente, y según su posición temporal, el desplazamiento directo puede serlo del último residente desplazado o incluir a los hogares previos también desplazados en el proceso (desplazamiento directo en cadena). Este último tipo de desplazamiento dificulta la cuantificación del proceso (Elliot-Cooper et al., 2020).

En segundo lugar, el desplazamiento excluyente ocurre cuando la gentrificación de un barrio impide su elección a una serie de grupos sociales que lo hubieran escogido en otras condiciones y que, de esta manera, observa cómo sus opciones en el mercado residencial disminuyen. Finalmente, la presión del desplazamiento ocurre cuando el contexto residencial de los hogares residentes en un barrio en proceso de gentrificación se transforma de tal modo que propicia su abandono por parte de los hogares más precarizados: cuando sus redes de apoyo abandonan el lugar, las tiendas que dirigen o consumen han de liquidar por la llegada de nuevos comercios para otra clientela, y/o cuando declinan los servicios públicos (Atkinson, 2015; Elliot-Cooper et al., 2020).

3. El desplazamiento en una sociedad de propietarios: el caso español

En España, el desplazamiento ha encontrado un obstáculo en el régimen de tenencia, mayoritariamente en propiedad, que protege a los hogares ante el desplazamiento directo. Sin embargo, el porcentaje de alquiler privado en sus principales ciudades es equivalente al registrado en otras ciudades europeas y, además, está espacialmente concentrado en los barrios gentrificados. Por otra parte, la metamorfosis del ciclo inmobiliario desde las hipotecas hacia los alquileres ha dado lugar a una incipiente ola de desplazamientos en la segunda década del siglo XXI. Desde la crisis financiera de 2008, la vía española habitual de acceso residencial ha comenzado a cambiar, con un trasvase desde la propiedad hacia el alquiler privado mientras el porcentaje de vivienda social en alquiler permanece en valores irrelevantes. Este giro es más abrupto en las grandes áreas metropolitanas como la Comunidad de Madrid, donde las viviendas en régimen de alquiler de mercado pasaron del 12,9% al 21,0% entre 2004 y 2017, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE). El caso español participa de una dinámica internacional de financiarización del alquiler promotora de la más reciente ola de gentrificación (Hyra et al., 2020). Esta tendencia es particularmente relevante en España por el enorme esfuerzo económico que implica. De media, el 15% de los ciudadanos de la OCDE se ve obligado a dedicar el 40% o más de sus ingresos disponibles a la vivienda. En España ese porcentaje se dispara hasta el 37% para la población que vive de alquiler, según los datos de la OCDE.

4. Cómo medir el desplazamiento: el gran desafío.

A pesar de ser la principal consecuencia de la gentrificación, el desplazamiento apenas ha sido estudiado debido a las dificultades que entraña su medición (Easton et al., 2020). Este artículo aborda dichas dificultades y se suma a otros esfuerzos en la misma dirección (López-Gay et al., 2020). Con este fin se emplea una fuente de gran valor: la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) a escala inframunicipal, ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid. La base de datos obtenida contiene los movimientos residenciales con origen y/o destino en el municipio de Madrid entre 2011 y 2018. No obstante, en esta investigación la base se ha restringido al conjunto de los movimientos residenciales cuyo distrito de destino difiere del de origen. La razón es que los movimientos en el interior del mismo distrito no tienen un impacto potencial sobre las actividades cotidianas semejante a la mudanza hacia otros distritos. Por ejemplo, la permanencia en el mismo distrito no tiene por qué impedir el mantenimiento del centro escolar, la asociación vecinal o las redes de apoyo mutuo informales.

Con estos datos se ha calculado un indicador de desplazamiento definido del siguiente modo: el porcentaje que los movimientos residenciales de baja de una categoría de población suponen sobre el total de personas residentes de dicha categoría al principio del período considerado. Este indicador permite comparar la intensidad de bajas residenciales entre distritos muy dispares en su composición social, dado que se contrasta el porcentaje de residentes de cada categoría que ha abandonado un distrito, independientemente de su peso poblacional en el mismo. De lo contrario sólo podríamos informar del hecho evidente de que es en los distritos donde más población hay de cada categoría (por ejemplo, de personas con estudios primarios) donde más bajas de dicha categoría se registran. En cambio, el indicador presentado aquí permite observar la intensidad de las bajas residenciales como si en todos los distritos hubiera el mismo número de residentes de cada categoría. Para no perder información, junto con el indicador de bajas residenciales se ofrece, para cada distrito y variable, la distribución de cada variable (esto es, su estructura).

Las variables analizadas son aquellas ofrecidas por la EVR con mayor capacidad para diferenciar entre grupos sociales desiguales en los recursos que permiten el acceso a una vivienda: el nivel educativo y el lugar de nacimiento. En el caso del nivel educativo, diferentes investigaciones han probado la sólida correlación entre esta variable y el nivel socioeconómico (Tammaru et al., 2016). Las categorías en que se divide el nivel educativo son estudios primarios (1G), secundarios (2G) y superiores (3G). En cambio, en el caso del lugar de nacimiento la relación no es directa, dada la heterogeneidad interna a las categorías de personas nacidas en España y en el extranjero. Desafortunadamente, no disponemos de datos sobre el país de nacimiento de las personas nacidas en el extranjero, lo cual no permite diferenciar entre orígenes desiguales. No obstante, la alta proporción de personas nacidas en países no pertenecientes a la OCDE sobre el total de nacidos en el extranjero (un 75,4% en el municipio de Madrid en 2011, según el Censo de 2011 del INE) permite utilizar a este grupo como aproximación a la intersección entre desventaja socioeconómica y discriminación étnica. Por último, es preciso señalar que estos indicadores albergan cierto error de observación porque parte de las bajas registradas entre 2011 y 2018 en cada distrito las realizan personas que podrían no residir allí en 2011.

Por último, tan sólo se toman los movimientos realizados por personas mayores de 15 años, con el fin de excluir a niños/as que no han tenido ocasión de completar la ESO (y, por tanto, sólo pueden figurar en la categoría de estudios primarios). Al respecto, los datos reflejan una elevada cantidad de movimientos residenciales de las personas con estudios primarios por una deficiencia importante de los datos de estudios: su no actualización. Esto implica que muchas personas pueden figurar dentro de la categoría de estudios primarios o secundarios por haberse empadronado en edad infantil o adolescente. Dado que este registro no se actualiza sino con cada nuevo empadronamiento, incluso si han obtenido estudios superiores permanecerán en la categoría en la que fueron empadronados. No obstante, este sesgo no tiene por qué ser diferencial entre distritos, de modo que sus efectos se asumen constantes entre estos y, por tanto, no impiden el análisis comparativo entre los mismos.

5. Gentrificación y desplazamiento en la ciudad de Madrid

Los distritos con mayor intensidad de bajas residenciales entre las personas con estudios primarios y secundarios coinciden con aquellos donde estos grupos tenían un peso menor ya en 2011 (ver tabla 1). Por tanto, se confirma el carácter excluyente de estos distritos, los cuales se localizan fundamentalmente en la conocida como almendra central de Madrid (el interior de la M30)[1]. En este contexto, el caso más pronunciado es Centro, donde se registra la intensidad mayor de bajas entre todas las categorías de nivel educativo (como consecuencia de la alta movilidad residencial que permite su importante mercado de vivienda en alquiler). No obstante, la intensidad más alta se da entre las personas con estudios primarios, las cuales constituían un porcentaje notablemente inferior a la media del municipio en 2011. Esta pauta se repite (con menor intensidad) en el resto de los distritos de la almendra central madrileña, si bien destacan dos casos atípicos al respecto: Tetuán y Usera. En primer lugar, en Tetuán se observa que en 2011 la población con menor nivel de estudios tenía un peso igual a la media del municipio (y no por debajo, como en el resto de los distritos de la almendra central). Esto significa que la alta intensidad de bajas de este grupo entre 2011 y 2018 ha supuesto su desplazamiento de un distrito todavía no gentrificado al inicio del proceso. Mientras que, en segundo lugar, en Usera (y, hasta cierto punto, Carabanchel) se observa una alta intensidad de bajas en las personas con estudios primarios a pesar de no encontrarse en la almendra central y de contar con un elevado peso de este grupo en 2011, lo cual podría estar indicando un proceso incipiente de gentrificación.

Tabla 1. Estructura en 2011 e indicador de desplazamiento entre 2011 y 2018 según distrito y nivel educativo. Población mayor de 15 años.  Fuente: elaboración propia a partir de la EVR (Ayuntamiento de Madrid) y el Censo de 2011 (INE).

 

Las dinámicas anteriores, descritas para las personas sin estudios superiores, se repiten de forma parcialmente análoga entre las personas nacidas en el extranjero, cuyas pautas de movilidad residencial son más intensas a las de las personas nacidas en España en todos los distritos (ver tabla 2). De nuevo, los distritos con mayor intensidad de bajas entre las personas nacidas en el extranjero son aquellos que componen la almendra central de Madrid y, una vez más, con la notable excepción de Usera (distrito exterior a la almendra central que, no obstante, registra una sobresaliente intensidad de bajas entre esta población, lo cual también se observa con intensidad menor en Moratalaz y San Blas). En cambio, en este caso la estructura en 2011 de los distritos centrales de Madrid no es homogénea, sino que al comienzo de la década había una importante presencia de personas nacidas en el extranjero en algunos de sus distritos como Centro y Tetuán.

Tabla 2. Estructura en 2011 e indicador de desplazamiento entre 2011 y 2018 según distrito y lugar de nacimiento. Población mayor de 15 años. Fuente: elaboración propia a partir de la EVR (Ayuntamiento de Madrid) y el Padrón continuo (INE).

 

El conjunto de estas pautas es coherente con los procesos de gentrificación empíricamente contrastados durante las últimas décadas en la almendra central de Madrid (García, 2014; Sorando y Ardura, 2018; Sorando y Leal, 2019; López-Gay et al, 2020; Porcel y Antón, 2020). En concreto, el indicador de intensidad de bajas residenciales revela una mayor intensidad del desplazamiento entre los grupos más precarizados en los distritos con mayor llegada de personas en el polo opuesto (con estudios superiores, fundamentalmente). Estos procesos de gentrificación suponen un desplazamiento a menudo involuntario, como consecuencia del encarecimiento del coste de la vida en los distritos del centro de Madrid. Entre estas dinámicas destaca la inflación de las rentas del alquiler, tal como se observa en la tabla 3, dado que es en tales distritos donde se concentra el mayor porcentaje de población en alquiler, un mayor incremento de las rentas (al cual se suma el caso de Usera, lo cual permite explicar sus pautas intensas de desplazamiento) y un precio más alto del metro cuadrado.

Tabla 3. Porcentaje de población residente en alquiler en 2011, porcentaje de incremento del alquiler desde 2011 hasta 2018 y precio medio de la renta por metro cuadrado de las viviendas en alquiler en 2018 según distrito.  Fuente: elaboración propia a partir del Censo de 2011 (INE) y los datos del portal inmobiliario Fotocasa.

6. Conclusiones: no es ciudad para pobres

Madrid ha sido objeto de sucesivas olas especulativas que, en la última década, han escogido el alquiler como principal estrategia de enriquecimiento a costa de las condiciones de vida de los hogares más precarizados. En esta dinámica, los actores con más recursos han afianzado el carácter exclusivo y excluyente de los distritos centrales del municipio de Madrid, de modo que los hogares más desfavorecidos (con menor nivel socioeconómico y mayor discriminación étnica) siguen siendo desplazados de su territorio. Además, este proceso parece estar ampliándose hacia algunos distritos del Sur, como Usera y Carabanchel, sugiriendo un avance del frente de la gentrificación que expulsa a las clases populares hacia periferias cada vez más distantes donde la vulneración de sus derechos sociales permanece cada vez más invisible.

7. Referencias

Atkinson, R. “Losing one’s place: Narratives of neighbourhood change, market injustice and symbolic displacement”. Housing, Theory and Society, 32(4), 2015; pp. 373-388.

Clark, E. “The order and simplicity of gentrification: a political challenge”, en Atkinson, R. y Bridge, G. (eds.), Gentrification in a Global Context: The New Urban Colonialism. Londres: Routledge, 2005; pp. 256–264.

Cocola-Gant, A. “Tourism gentrification”, en Lees, L. y Phillips, M. (eds), Handbook of Gentrification Studies. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 2018; pp. 281–293.

Easton, S., Lees, L., Hubbard, P. y Tate, N. “Measuring and mapping displacement: The problem of quantification in the battle against gentrification”. Urban studies, 57(2), 2020; pp. 286-306.

Elliott-Cooper, A., Hubbard, P. y Lees, L. “Moving beyond Marcuse: Gentrification, displacement and the violence of un-homing”. Progress in Human Geography, 44(3), 2020; pp. 492-509.

FOESSA. VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: FOESSA, 2019.

Franquesa, J. “Vaciar y llenar, o la lógica espacial de la neoliberalización”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 118, 2007; pp. 123-150.

García, E. “Gentrificación en Madrid: de la burbuja a la crisis”. Revista de Geografía Norte Grande, 58, 2014; pp. 71-91.

Hyra, D., Fullilove, M., Moulden, D. y Silva, K. Contextualizing Gentrification Chaos: The Rise of the Fifth Wave (draft version, 2020). Disponible en: https://www.american.edu/spa/metro-policy/upload/contextualizing-gentrification-chaos.pdf

Logan, J. y Molotch, H. Urban Fortunes. The Political Economy of Place. Berkeley: University of California Press, 1987.

López-Gay, A., Andújar-Llosa, A. y Salvati, L. “Residential Mobility, Gentrification and Neighborhood Change in Spanish Cities: A Post-Crisis Perspective”. Spatial Demography, 2020.

Marcuse, P. “Gentrification, abandonment and displacement: connections, causes and policy responses in New York City”. Journal of Urban and Contemporary Law, 28, 1985; pp. 195–240.

Méndez, R. Ciudades en venta. Estrategias financieras y nuevo ciclo inmobiliario en España. Valencia: Universitat de Valencia, 2019

Porcel, S. y Antón, F. “Ciudad postindustrial y dinámicas socio-residenciales en España: un análisis comparativo de cinco metrópolis”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 24, 2020.

Slater, T. “The eviction of critical perspectives from gentrification research”. International Journal of Urban and Regional Research, 30(4), 2006; pp. 737-757.

Sorando, D. y Ardura, Á. “Procesos y dinámicas de gentrificación en las ciudades españolas”. Papers: Regió Metropolitana de Barcelona, 60, 2018; pp. 34-47.

Sorando, D. y Leal, J. “Distantes y desiguales: el declive de la mezcla social en Barcelona y Madrid”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 167, 2019; pp. 125-148.

Tammaru, T., Marcińczak, S., Van Ham, M. y Musterd, S. Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. Oxford: Routledge, 2016.

 

[1] Estos distritos son Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí y Moncloa.

 

 

Número 7, 2021
Con voz propia

El mundo entre paréntesis

Voiced by Amazon Polly

Sebastián Mora Rosado, Universidad Pontificia Comillas

 

 

La pandemia producida por la COVID-19 se ha convertido en un hecho singular y totalizante. Los accesos a la realidad están monopolizados por el desarrollo y los efectos de esta. Todas las esferas de la existencia, desde la conciencia más íntima a la vida pública, se han visto conmovidas y removidas por la evolución de la COVID-19. El evidente impacto en la salud pública ha venido acompañado de consecuencias gravísimas en el orden económico, político y social. Además, en el imaginario social la vulnerabilidad de lo humano, olvidada en una sociedad individualista y tecno-optimista, está ocupando un puesto central en nuestras experiencias personales y colectivas.

Aunque de manera más silenciosa y menos analizada, la pandemia ha supuesto también una auténtica transformación en la percepción de tiempo histórico. La contracción del presente, como vivencia del tiempo de la modernidad tardía (Rosa, 2016) , se ha visto intensificada de manera notable. Necesitamos pasar rápido por el pasado, incluso el más cercano, y el futuro es tan indeterminado que se difumina como ámbito de experiencia o se utiliza como mera vía de escape. En definitiva, hemos puesto el mundo entre paréntesis hasta nuevo aviso. Esto no significa una ralentización del tiempo social, incluso puede suponer una mayor aceleración social (hacer más cosas en menos tiempo) aunque para acabar en el mismo sitio. No paramos de correr para retornar eternamente a lo mismo. Por eso en la Gran Recesión (2009) se proclamó la refundación del capitalismo, para aceleradamente pasar a repetir lo mismo.

La metáfora de la guerra, ampliamente utilizada por políticos y opinadores, fundamenta y argumenta esta excepcionalidad. En esta puesta entre paréntesis -aceleración estática-, el pasado queda sepultado y el futuro desdibujado. Una sociedad sin memoria y sin orientación a futuro es una sociedad moribunda. Sobrevive, pero no vive.

Para romper el cerco del presente es una exigencia ética analizar, valorar y evaluar las políticas públicas implementadas, la actuación de las diversas administraciones, la participación de la sociedad civil organizada y las responsabilidades que tenemos como ciudadanía.  Pero, no menos necesario es rememorar el sufrimiento acontecido como memoria peligrosa (Metz, 2002), como interrogante que nos dejan los que se han ido en el olvido; como apertura de un presente que no puede agotarse en la mera instantaneidad y se tiene que abrir a la duración del tiempo histórico. Nuestra sociedad no puede pasar por encima del sufrimiento amontonado hace pocos meses en las morgues de campaña, ni ocultar la brutal injusticia que están padeciendo las personas más vulnerables y no dar el debido culto a la fraternidad de los ausentes (Barreto, 2020).  El presente contraído, como totalidad de nuestra existencia, no puede acallar la memoria del sufrimiento y la injusticia padecida por las personas más fragilizadas. El pasado no es solo una estación previa al presente, sino acontecimiento de justicia y reconciliación. Desvelar las injusticias acontecidas y sufridas por las personas fragilizadas, en vez de cubrirlas bajo un velo de ignorancia, es un ejercicio de justicia débil, pero absolutamente necesario para anticipar el futuro. El diabólico trato dado a nuestros mayores, la indigna política migratoria agravada en tiempos de pandemia, el incremento intenso de la desigualdad y la exclusión social no pueden sepultarse en los pozos del olvido.

El presente, como situación de emergencia permanente, nos ancla irremediablemente en el corto plazo. No miramos hacia atrás, pero tampoco levantamos la cabeza al futuro. Miramos hacia abajo, a lo presente y urgente, al tiempo real como un ahora sincronizado que ha roto el hilo de la humanidad. Es absolutamente indudable la necesidad de centrarse en lo urgente y necesario, pero no puede hacernos olvidar el hilo de humanidad que nos constituye, a riesgo de convertirnos en meros supervivientes. Un tiempo sin duración, sin aroma (Han, 2015)  nos hace vivir la historia como un destino inevitable. La instantaneidad de lo vivido, la eterna repetición de lo mismo crea la sensación de no sentir el paso del tiempo. Si cerramos los ojos parece qué, desde el mes de marzo, cuando explosionó la pandemia, no ha pasado el tiempo.

El miedo se eterniza en el presente contraído agotando los resortes de esperanza en el futuro. Un tiempo sin duración, como el que estamos viviendo, que pone el mundo entre paréntesis hasta nuevo aviso, acaba robando el futuro a millones de personas (Lanceros, 2017). Por eso, no podemos encerrarnos en la mera espera desde la burbuja del presente. Esperar es anticipar, transformar y convertir en realidad las potencialidades inéditas del presente. Espera y anticipación, como actitud y praxis social, son los mimbres para vivir en un presente dilatado. Como decía el apóstol Pedro a los cristianos esperando y acelerando la venida del Reino (2 Pe 3,12).

La excepcional situación que estamos viviendo exige una intensa atención al presente y a sus requerimientos sanitarios, sociales y políticos. No podemos evadirnos de la cruda realidad del presente. Ahora bien, o somos capaces como sociedad de dilatar el presente o acabaremos cayendo continuamente en la repetición de lo idéntico. Especialmente para las personas excluidas, expulsadas y oprimidas. Como nos recordaba Walter Benjamin, en su Tesis VIII Sobre el Concepto de historia (2008), debemos caer en la cuenta que la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos es la regla. Para lo expulsados del bienestar, el presente contraído es la permanencia de la barbarie, la injusticia y la opresión. Por eso trabajar por la justicia es redimir al tiempo histórico del presente eterno de la excepcionalidad desde prácticas y narrativas que, asentadas sobre la experiencia colectiva y la memoria subversiva, sean capaces de anticipar el futuro comunitario.

Bibliografía

Barreto, D. (2020). «La pregunta por quienes se han ido y la cultura de la solidaridad». Iglesia Viva, (281), 131-132. Retrieved from https://iviva.org/revistas/281/281-37-DANIEL.pdf

Benjamin, W. (2008). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México D.F: Itaca.

Han, B. (2015). El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. Barcelona: Herder.

Lanceros, P. (2017). El robo del futuro. Fronteras, miedos, crisis. Madrid: Libros de la Catarata.

Metz, J. B. (2002). Dios y el Tiempo. Nueva teología política. Madrid: Trotta.

Rosa, H. (2016). Alienación y Aceleración. Hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía. Madrid: Katz.

 

 

Número 7, 2021
Acción social

A propósito de la vivienda. Apuntes para una acción social transformadora

Mario Arroyo Alba y José Luis Graus Pina

Trabajadores sociales en Redes Sociedad Cooperativa

Puedes encontrar a Mario Arroyo, José Luis Graus y Redes Sociedad Cooperativa en Twitter.

 

La vivienda en la acción social es fundamental. No sólo hay que leerlo en clave de necesidad, sino también en clave de derechos. No todas las personas tienen garantizado ese derecho y sin embargo es fundamental para tener una vida digna. ¿Cómo podemos abordar esta cuestión con las personas afectadas, con las profesionales implicadas y con la sociedad en su conjunto?

 

Punto de partida

En el momento actual tener un trabajo no supone una garantía para escapar de la exclusión o de la vulnerabilidad. En concreto, casi 2,5 millones de personas con empleo (el 13% de la población empleada) no consigue abandonar su situación de pobreza relativa[i]. Del mismo modo, poder acceder a una vivienda completa o compartida tampoco es garantía de inclusión, siendo 1.300.000 los hogares que sufren inadecuación de la vivienda y casi 800.000 los que sufren inseguridad[ii]. Hablamos así de realidades de precariedad y de trabajos indecentes, pero también de viviendas poco dignas. Una combinación que refleja hoy la condición de vida de muchas personas.

Tener un techo bajo el que vivir no garantiza la seguridad y el afecto necesarios para muchas familias cuando es en condiciones inseguras o inadecuadas. Tampoco asegura la intimidad que va afianzando la personalidad, las condiciones básicas y mínimas para poder estudiar o descansar adecuadamente, o la construcción de un proyecto vital de presente y futuro. Las posibilidades de acceso a una vivienda y sus condiciones, al igual que el empleo u otro tipo de ingresos, nos ubican en un determinado lugar social que condiciona mucho nuestra existencia. Queremos profundizar en estas cuestiones y alcanzar algunas propuestas de cara a promover una intervención social en pro del cambio.

Un retrato de la situación

En los últimos tiempos las medidas restrictivas derivadas de la pandemia por COVID19, como el confinamiento domiciliario, han evidenciado sobremanera la importancia de contar con una vivienda digna y segura. En el trabajo que realizamos desde REDES, y también a través de las pantallas de nuestros dispositivos, hemos podido comprobar de cerca las grandes desigualdades existentes en materia de vivienda entre clases sociales. La pandemia nos ha introducido virtualmente en el hogar de los demás y estas diferencias en las condiciones de habitabilidad han sido retratadas a nivel global. Al margen del impacto de la propia enfermedad y de la vivienda como factor de riesgo, el confinamiento durante muchos días en casas pequeñas, en estado precario, con déficits en los servicios y las instalaciones, o en condiciones de hacinamiento, se ha indicado como fuente de efectos adversos sobre la salud[iii]. Así, esta nueva crisis nos ha expuesto especialmente ante la conjunción de tres tipos de desigualdad[iv] (la desigualdad vital, la desigualdad existencial y la desigualdad de recursos) y nos ha demostrado literalmente que la desigualdad mata.

Pero el problema de la vivienda no es algo novedoso. Para los oprimidos, la vivienda siempre está en crisis debido a la subordinación de su uso social al valor económico[v]. Según esta lectura, actualmente la vivienda se encontraría ante los mayores niveles de mercantilización de la historia a nivel global como resultado de la combinación de tres procesos: desreglamentación, financiarización y globalización. Ya estuvo en el epicentro de la Gran Recesión en 2008 a través de la crisis hipotecaria y ha mutado adaptándose a los tiempos con la burbuja de los alquileres. En concreto, en nuestro país la vivienda continúa siendo un bien en el que se expresa una fuerte desigualdad social como consecuencia de la liberalización y de la financiarización, del desmantelamiento de las instituciones públicas en esta materia y de la venta de patrimonio público[vi]. Las secuelas extremas de este problema continúan más de una década después, como demuestran los 54.006 lanzamientos practicados en nuestro país en el pasado 2019[vii], siendo 14.193 como consecuencia de procedimientos de ejecuciones hipotecarias y 36.467 como consecuencia de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Así, progresivamente, la vivienda se ha convertido en un factor prioritario de vulnerabilidad y exclusión.

Las dificultades para afrontar los costes de los alquileres o para acceder a una vivienda bajo este régimen se extienden al conjunto de la población, aunque las sufren especialmente las personas más vulnerables. De esta forma, en nuestro país hay 1.150.000[viii] niños, niñas y adolescentes que, viviendo de alquiler o mediante cesión gratuita, se encuentran en riego de pobreza. Según estos datos, 2 de cada 3 de los que viven en régimen de alquiler de mercado se encontrarían así en una situación de pobreza una vez deducidos los costes de la vivienda. ¿Cuáles son los detonantes concretos de este problema? Las principales causas que explican las dificultades actuales para acceder a una vivienda en el mercado del alquiler serían el aumento de demanda, la escasez de oferta, el mayor porcentaje de hogares en riesgo de exclusión en la fracción del mercado residencial y la debilidad y/o ausencia de políticas de vivienda social y de ayudas para afrontar los alquileres[ix]. Aún está por ver cómo evolucionará este problema próximamente como derivada de la crisis del coronavirus, pero podemos intuir un agravamiento debido a la merma de los ingresos y de la capacidad económica de las familias, al afrontamiento de las deudas como consecuencia del fin de las moratorias y a los futuros impagos.

En el territorio en el que REDES desarrolla su trabajo muchas familias tienen que invertir más del 70% de su renta disponible para poder acceder a una vivienda completa. En esta tesitura están actualmente un 40% de las más de 800 familias a las que acompañamos, que también tienen serias dificultades para acometer el resto de los gastos. No hay que olvidar que un 20% de las mismas se ven obligadas a compartir piso.

Los impactos de la crisis residencial

Estas realidades producen una serie de impactos que debemos explicitar:

A) Impactos psicológicos y afectivos. Sin duda, como comentábamos al principio, la vivienda es un factor que da, o debiera dar, seguridad y pertenencia. Cuando los precios del alquiler son altos, como es el caso, estamos constatando que un número no pequeño de familias cambian al menos una vez al año de vivienda, generándose así sentimientos de inestabilidad e inseguridad. Esa misma sensación se reproduce cuando son varios núcleos familiares los que conviven bajo el mismo techo y se carece de espacios propios suficientes para el desarrollo vital.

Cuando la vivienda es casa y no hogar también tiene consecuencias sobre la sensación de pertenencia y arraigo. Produce así un impacto emocional negativo que de un modo imperceptible afecta al progreso de las personas que lo viven, especialmente en el caso de niñas y niños, que siempre son el eslabón más frágil de la cadena.   ¿Cómo afecta esta situación a nuestra vida, a nuestro desarrollo, al crecimiento infantil, al proceso educativo, a las relaciones y a la convivencia? Podemos atestiguar que las familias que viven estas situaciones tienen un plus de estrés que, sin duda, condiciona su cotidianidad de forma importante.

B) Impactos socioespaciales y efectivos. La desigualdad y la exclusión en el ámbito residencial están influyendo en la segregación urbana y en la (re)producción de guetos. Están contribuyendo a transformar la cartografía de las grandes ciudades y a evidenciar así las viejas y las nuevas periferias[x]. También se están multiplicando los desplazamientos forzosos y la expulsión de los territorios, lo que produce una exclusión geográfica.

Propuestas y protestas

En clave crítica y autocrítica nos gustaría recoger y proponer algunas alternativas de actuación.

A) La primera tiene que ver con el enfoque con el que afrontamos el problema de la vivienda desde el ámbito de la intervención social, basado muchas veces en las necesidades y dejando en segundo plano los derechos. La vivienda no es solo un elemento esencial que garantiza la dignidad humana, es un derecho fundamental e irrenunciable reconocido a nivel estatal e internacional. Partir de esta premisa nos garantiza poner el foco de la responsabilidad de asegurar esta necesidad y este derecho sobre aquellas instituciones y agentes que deben hacerse cargo, y no sobre la espalda de las personas que sufren esta problemática. También nos permitirá identificar los factores determinantes y señalar los actores que participan activa o pasivamente de la crisis de la vivienda a través de su hipermercantilización.

B) La segunda propuesta va encaminada a demandar que la vivienda no sea tratada exclusivamente como una mercancía y a reivindicar su valor de uso, exigiendo que se produzcan los cambios estructurales necesarios (jurídicos, políticos, económicos) para ello, principalmente mediante el impulso de actuaciones públicas en materia de vivienda que no reproduzcan el modelo de regulación de los mercados de suelo, vivienda e hipotecario[xi] que a partir de la década de los 50 ha contribuido en nuestro país a generar esta crisis habitacional. Demandar así medidas[xii] urgentes basadas en la vivienda de titularidad pública, en la regulación de los precios de los alquileres o en la prohibición de los desahucios.

C) La tercera tiene que ver con impulsar, apoyar y/o difundir respuestas comunitarias o cooperativas frente a esta problemática que generen alternativas lo más sostenibles e inclusivas posibles y que pongan el acento en la desmercantilización.

D) La cuarta está basada en incidir sobre uno de los procesos básicos de la intervención social: la derivación. Usando así una perspectiva basada en activos y no sólo en recursos, mediante la recomendación de activos o prescripción social[xiii], que invita a participar de aquello que se encuentra en la comunidad y que produce bienestar. Esto puede servir para poner en contacto a personas que sufren la exclusión residencial con aquellos colectivos sociales o iniciativas comunitarias basadas en relaciones de apoyo mutuo, reciprocidad y solidaridad y que, además de afrontar problemas comunes, generan redes y vínculos que promueven el bienestar personal y la reducción de las desigualdades.

En definitiva, creemos que una intervención transformadora para afrontar el problema de la vivienda debe pivotar alrededor de tres ejes: el contexto social en el que nos estamos moviendo, las personas que tienen necesidad de una vivienda y los profesionales y entidades que trabajamos en lo social. La transformación se producirá de un modo justo si se producen movimientos en los tres ejes. De nada sirve que se produzcan cambios en la realidad de las personas, si en el contexto o en nosotras no se producen cambios de modo simultáneo.

Sin duda es necesario leer la realidad de la vivienda con una óptica más grande. Una vivienda estable y digna permitirá mejorar la seguridad y pertenencia de las personas, afianzar las oportunidades de vínculos, incrementar la salud de las familias y posibilitará un avance en otras cuestiones tales como el incremento de las competencias.

Este tema queda tremendamente abierto en este momento histórico que vivimos, tenemos pendiente un decreto del Gobierno en el que se buscará una solución para el tema de los desahucios y no solo para los generados en el tiempo de la pandemia. La regulación del mercado del alquiler, la convivencia en determinados lugares marcados por la vulnerabilidad. Todo ello y más cuestiones, sin duda, son los retos que nos toca emprender de modo permanente.

 

[i] Fundación FOESSA. “Vulneración de Derechos: Trabajo decente”. Focus, 2020.  https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2020/10/Focus_Trabajo_Decente_Octubre-2020.pdf

[ii] Fundación FOESSA. “Vulneración de Derechos: Vivienda”. Focus, 2019. https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/06/Focus-Vivienda-FOESSA.pdf

[iii] Marí-Dell’Olmo, M., et. al. “Desigualtats socials i Covid-19 a Barcelona”. Barcelona Societat. Revista de coneixement i anàlisi social, 26, 2020; pp. 46-52.

[iv] Therborn, G. La desigualdad mata. Madrid: Alianza Editorial, 2015; p. 58.

[v] Madden, D. y Marcuse, P. En defensa de la vivienda. Madrid: Capitán Swing, 2016; pp. 35-63.

[vi] García Pérez, E. y Janoschka, M. “Derecho a la vivienda y crisis económica: la vivienda como problema en la actual crisis económica”. Ciudad y Territorio, 188, Ministerio de Fomento, 2016, pp. 213-228.

[vii] Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

[viii] Fuente: Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil, a través de datos de 2018 de la ECV del INE, 2020.

[ix] Arrondo, M. y Bosch, J. “La exclusión residencial en España”. VIII Informe FOESSA. Documento de trabajo 3.3. FOESSA, 2019; pp. 5.

[x] Ávila, D. et al. (Observatorio Metropolitano). “Órdenes urbanos: centros y periferias en el Madrid neoliberal”, en Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala, Cartografía de la ciudad capitalista. Transformación y conflicto social en el Estado español. Madrid: Traficantes de Sueños, 2016.

[xi] López, I. y Rodríguez, E. Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010). Madrid: Traficantes de Sueños, 2010; pp.265-313.

[xii] ONU. Directrices para la Aplicación del Derecho a una Vivienda Adecuada. Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, 2020. https://undocs.org/es/A/HRC/43/43

[xiii] Observatorio de Salud de Asturias. Guía ampliada para la recomendación de activos (“prescripción social”) en el sistema sanitario. https://obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/guia_ampliada_af.pdf

 

Documentación

Capital e ideología

Imanol Zubero

Sociólogo

Puedes encontrar a Imanol Zubero en Twitter.

 

Thomas Piketty

Capital e ideología

Traducción de Daniel Fuentes Castro

Editorial Planeta, 2019

 

La economía es una ciencia social. La modelización matemática, la estadística, la teoría de juegos, son herramientas valiosas para la práctica de la ciencia económica, pero no son la economía. En febrero de 2001, elaborado en el contexto del Foro Social de Porto Alegre, el destacado economista y activista por la justicia global René Passet publicaba en Le Monde Diplomatique su “Manifeste pour une économie à finalité humaine” (Manifiesto por una economía con finalidad humana) en el que reclamaba una acción política tendiente a poner la economía en su lugar, al servicio de la comunidad humana, donde encuentra su sentido y su Dignidad.

El último libro de Piketty es, en gran medida, una prolongación de su influyente El capital en el siglo XXI (Fondo de Cultura Económica 2014; edición original en francés, 2013), aunque puede leerse perfectamente de forma independiente. Como su antecesor, Capital e ideología es un excelente, imprescindible ejercicio de análisis económico en el sentido pasettiano: una investigación con una relevante fundamentación empírica, pero que contiene mucha y muy buena sociología. Un libro que, sin perder ni un ápice de cientificidad, está al servicio de la construcción de una comunidad humana decente.

Comparto aquí cuatro notas para recomendar la lectura de un libro monumental y complejo. Me limitaré a dar algunas pinceladas sobre su diagnóstico, pero el libro también contiene una propuesta de socialismo participativo para el siglo XXI. Los datos usados en este libro provienen de la World Inequality Database (http://WID.world). Las lectoras y lectores que deseen obtener información detallada sobre las fuentes históricas, las referencias bibliográficas y los métodos utilizados en este libro pueden consultar el apéndice técnico disponible online: http://piketty.pse.ens.fr/files/AnnexeKIdeologie.pdf . Todas las series estadísticas, gráficos y tablas que se presentan en el libro también están disponibles online: http://piketty.pse.ens.fr/ideologie .

[1] Todas las sociedades necesitan justificar sus desigualdades. No es suficiente la violencia para sostenerlas. Sin esta justificación, que debe aspirar a presentarse como razonable y legítima, el sistema social estará en permanente riesgo de derrumbe. Esta es la función de la ideología, un conjunto de ideas y de discursos a priori plausibles y que tienen la finalidad de describir el modo en que debería de estructurarse una sociedad, tanto en su dimensión social como económica y política.

Los dos elementos fundamentales de esta justificación son: una teoría de las fronteras (quién forma parte de la comunidad y quien está excluido de esta, cuál es el territorio en el que se inscribe, qué relaciones debe mantener con otras comunidades y territorios) y una teoría de la propiedad (qué se puede poseer privadamente, para qué, hasta cuándo, y qué relaciones se establecen entre propietarios y no propietarios). Aunque las élites intentan siempre naturalizar las desigualdades para hacerlas incuestionables, estas son siempre un artificio socialmente construido. La desigualdad es siempre una cuestión ideológica y política.

En nuestras sociedades, el relato o la ideología justificativa de las desigualdades es de carácter propietarista y meritocrático: una ideología antigua a la que todas las élites han recurrido de una u otra manera para justificar su posición, en cualquier época y lugar. La diferencia es que la culpabilización de los más pobres ha aumentado a lo largo de la historia, hasta constituir uno de los principales rasgos distintivos del actual régimen desigualitario.

[II] Ya experimentó una crisis profunda tras la II Guerra Mundial, cuando la mayoría de los países industrializados desarrolló a gran escala un sistema de impuestos progresivos sobre la renta y sobre las herencias que redujo considerablemente la desigualdad socioeconómica. Como se observa en el gráfico, a mediados del siglo XX la progresividad fiscal fue más que considerable, especialmente en EEUU y el Reino Unido.

En ese mismo periodo la desigualdad (medida por la participación del 10 % de la población con mayor renta en la renta nacional) disminuyó sensiblemente entre 1950 y 1980, para volver a aumentar a partir de esta fecha hasta alcanzar en EEUU niveles similares a los de principios del siglo XX.

Y algo muy importante: El ascenso del Estado fiscal no sólo no impidió el crecimiento económico, sino que, por el contrario, fue un elemento central del proceso de modernización y de la estrategia de desarrollo llevada a cabo en Europa y en Estados Unidos durante el siglo XX. Los nuevos ingresos fiscales permitieron financiar gastos esenciales para el desarrollo, en particular una inversión masiva y relativamente igualitaria en educación y sanidad (o, al menos, mucho más masiva e igualitaria que todo lo que se había hecho previamente), así como gastos sociales esenciales para hacer frente al envejecimiento (como las pensiones) y estabilizar la economía y la sociedad en caso de recesión (como el seguro de desempleo).

[III] Piketty sostiene que los partidos socialdemócratas, socialistas o laboristas, a pesar de haber protagonizado la política igualitarista tras la II GM, nunca han desarrollado una doctrina consistente sobre la cuestión de la fiscalidad justa. En su opinión, el desarrollo espectacular de la progresividad fiscal sobre la renta y las herencias durante los años 1914-1945 se desarrolló generalmente con urgencia, sin una verdadera apropiación intelectual y política, lo que explica en parte la fragilidad de su materialización institucional y su cuestionamiento a partir de la década de 1980.

En particular, la carencia de un auténtico proyecto internacionalista y su apoyo acrítico de la globalización y la liberalización completa de los flujos de capital se ha convertido en el caballo de Troya de la socialdemocracia.

De este modo, entre 1980 y 2010 la participación del 50 % más pobre en Europa occidental pasó del 26 % de la renta total a un 23 %, mientras que la participación del 1 % más rico ha pasado del 7 % al 10 % de la renta total. Por su parte, en EEUU la diferencia entre la renta media del 50 % más pobre y la del 1 % más rico era, en 1970, de 1 a 26 (15.200 vs. 403.000 dólares por año y adulto), diferencia que en 2015 pasó a ser de 1 a 81 (16.200 vs 1.305.000 dólares).

En conjunto, desde 1980 es evidente el aumento de las desigualdades en todo el mundo, aunque su magnitud varía mucho de unos países a otros. En la mayoría de las regiones del mundo, ya sea la Europa socialdemócrata, Estados Unidos, la India o China, se ha experimentado una vuelta a la desigualdad desde 1980, con un fuerte aumento del porcentaje de la renta total en manos del 10 por ciento de la población con mayores ingresos y una disminución significativa del porcentaje que recibe el 50 por ciento más pobre.

[IV] ¿Cómo explicar que en esta situación de crecimiento de las desigualdades la socialdemocracia se enfrente a una crisis que parece terminal? En este punto, el más interesante y novedoso del libro (al fin y al cabo, la cuestión del aumento de la desigualdad es el tema de su anterior libro, El capital en el siglo XXI), el Piketty economista cede la voz al Piketty sociólogo.

De manera sintética: los partidos socialistas europeos y el partido demócrata en EEUU han pasado de ser el partido de los trabajadores a convertirse en el partido de los titulados. Piketty ya ofreció un adelanto de esta idea en su trabajo de 2018 Brahmin Left vs Merchant Right:Rising Inequality & the Changing Structure of Political Conflict (http://www.piketty.pse.ens.fr/files/Piketty2018.pdf).

Este desencuentro/alejamiento entre las clases populares y la izquierda tradicional ha dejado un espacio para el surgimiento y/o el reforzamiento de propuestas nativistas y xenófobas: el sentimiento de abandono de las clases populares frente a los partidos socialdemócratas ha sido un terreno fértil para los discursos contrarios a la inmigración y favorables a las ideologías nativistas. Mientras no se corrija la ausencia de ambición redistributiva, que está en el origen de ese sentimiento de abandono, es difícil ver qué puede impedir que se siga explotando ese terreno.

Y hasta aquí puedo contar. Un libro fundamental, en torno al que deberíamos abrir una extensa e intensa conversación. Nos jugamos mucho.

 

 

Número 6, 2020
Ciencia social

Las Huellas Sociales de la Pandemia

Margarita León Borja

Investigadora Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) y profesora de Ciencia Política en la Universitat Autònoma Barcelona

 

Esta crisis nos deja al tiempo un paisaje desolado y otro que alberga cierta esperanza. Una profunda crisis social y una oportunidad de rechazar las lógicas endiabladas y absurdas del capitalismo financiero global.

 

Cuando la marea baja, el Mar de Wadden deja al descubierto unas marismas extensas que permite a los caminantes pasear sobre el barro en el que los pies se hunden. ‘Alpinismo horizontal’ parece que lo llaman porque atravesar el lodazal antes de que regresen las aguas comporta un elevado riesgo. Si no logras alcanzar alguna de las islas a tiempo, el mar te arrastra en su viaje de vuelta. Se trata de una infraestructura frágil para recorrer un paisaje a un tiempo hermoso y vulnerable.

Las huellas sociales que nos dejará esta escarpada crisis serán profundas porque transitan por los surcos de la anterior. A su vez, sin embargo, si lográramos entender bien las coordenadas de la travesía, la Covid-19 nos otorga la posibilidad de reestablecer equilibrios quebrados hace tiempo.

España salió oficialmente de la crisis financiera hace sólo cinco años. En esta media década hemos lentamente recuperado niveles productivos anteriores a la Gran Recesión, pero el tejido social quedó repleto de fisuras. Multitud de indicadores sociales reflejan la consolidación de una sociedad cada vez más desigual y polarizada, en el que las experiencias vitales de unos y otros se alejan, donde el Estado de Bienestar, si bien amortigua los efectos de la desventaja social, no parece estar especialmente dotado para revertirla.

En nuestro país la crisis del 2008 dejó al descubierto elevados índices de desigualdad fundamentalmente por la pérdida de ingresos de los hogares situados en la parte inferior de la distribución. La misma pauta la encontramos en el resto de los países del Sur de Europa. Entre los años 2008 y 2013, la pérdida de ingresos de la decila más baja fue del 51% en Grecia, 34% en España, 28% en Italia y 24% en Portugal[1]. El aumento de la desigualdad por el deterioro de las condiciones de vida de los hogares con menos ingresos implica a su vez un mayor riesgo de pobreza para esos hogares a no ser que actúe el Estado de Bienestar. Mientras que en la UE-10 el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social no varió de manera sustancial antes y después de la crisis, en los países mediterráneos, especialmente España y Grecia, el efecto fue significativo. En nuestro país, en el transcurso de casi una década, el riesgo de pobreza aumentó en un 13,4%. Pero además, para cualquier diagnóstico sobre la vulnerabilidad resulta imprescindible analizar posibles cambios en las características de las personas en situación de pobreza. Según diversas microsimulaciones, las personas pobres desde la perspectiva de los ingresos, durante los años de la crisis económica experimentaron pérdidas de ingresos mucho más severas que aquellos que se encontraban en esa misma posición con anterioridad. Es decir, las capas más desfavorecidas de la sociedad presentan, a partir de la crisis anterior, una vulnerabilidad mayor. El perfil de las personas pobres también cambió sensiblemente tras la Gran Recesión. La pobreza infantil relativa (la ratio de hogares con personas menores de 18 años que caen por debajo de la línea de pobreza, medido como la mitad de los ingresos medios del total de hogares) en España tenía en el 2015 el peor registro de toda la Unión Europea.

Los recortes en políticas sociales y la lógica de la austeridad como respuesta a la crisis dificultó enormemente la salida de la crisis. El fuerte aumento de demanda social en España (en los peores momentos, el desempleo alcanzó el 26% de la población activa) no fueron suficientemente amortiguados con políticas redistributivas que compensaran la pérdida de ingresos de sectores importantes de la población. El comportamiento del gasto durante la crisis económica consiguió proteger a algunos colectivos, pero no alcanzó a muchos otros. Las drásticas reducciones presupuestarias de los últimos tres años de recesión económica y un cierto mantenimiento del gasto en el resto de países comunitarios hicieron que la distancia con la media de los países de la Unión Europea comenzara a aumentar recuperando los niveles de partida del año 2000. En la práctica totalidad de los presupuestos sociales, los recortes nos devolvieron a niveles de una década atrás lo que supuso una importante ruptura con la pauta de convergencia europea que llevábamos observando desde principios del 2000.

En conclusión, las políticas de austeridad unidas al extraordinario repunte del desempleo, hizo regresar a nuestro estado de bienestar a un diseño clásico, en el que preservar pensiones y protección por desempleo exigió sacrificar prácticamente todo lo demás, especialmente los ámbitos de política más marginales desde el punto de vista presupuestario como vivienda, familia o exclusión social, pero también aquéllos más universalistas como educación y sanidad. La anterior crisis nos dejó una capacidad ciertamente mermada para hacer frente a los nuevos riesgos sociales con una palpable debilidad institucional en sectores claves de nuestro Estado de bienestar. Prácticamente una década de austeridad nos dejó un paisaje con fracturas más profundas, donde la fragmentación es a su vez, cada vez más compleja. Ha crecido la distancia entre los ricos y los pobres porque estos últimos están en términos relativos peor de lo que estaban en los años anteriores a la crisis. En nuestro país, el aumento de la pobreza es un reflejo de esta desigualdad y de la escasa capacidad de nuestro Estado de bienestar de compensar o atenuar estas distancias. Unas diferencias que se convierten para algunos en cadenas incluso antes de nacer. Las desventajas tienen un efecto multiplicador con importantes ramificaciones.

La crisis del Covid-19 llega en un momento en el que la estructura social estaba iniciando una cierta, aunque lenta recuperación. Indudablemente la capacidad de aguante del tejido social está enormemente condicionada por las debilidades estructurales que hacen complicado las travesías por las distintas coyunturas. La recuperación de la actividad económica y del empleo se ha realizado con fuertes dosis de precariedad laboral en un mercado de trabajo fuertemente segmentado y con todavía un importante espacio para la economía informal. Del primer informe de Cáritas sobre el impacto de la COVID-19 en las familias acompañadas por la organización (un total de 600 entrevistas realizadas entre el 4 y el 11 de mayo del 2020) se desprende la magnitud de la fragilidad de los hogares para hacer frente a esta nueva crisis. Las emergencias son de todo tipo. La encuesta advierte de la existencia de una emergencia habitacional entre las personas en situación de grave exclusión. Un 66% de los hogares que atiende Cáritas vive en régimen de alquiler, de ellos en el mes de mayo alrededor de la mitad afirmaba no disponer de dinero suficiente para pagar gastos de suministros o directamente gastos de la vivienda. 3 de cada 10 personas en exclusión grave carece de cualquier tipo de ingresos y únicamente 1 de cada 4 en ese grupo puede sostenerse del empleo. La limitación de movimientos y el trabajo telemático ha afectado especialmente a todos aquellos sectores que concentran a trabajadores y trabajadoras precarios/as. La pérdida de empleo en sectores como el turismo, la restauración o el transporte ha sido mucho mayor que en sectores con mayor volumen de trabajo cualificado y menos dependiente de la presencialidad.

Además, como característica específica de esta crisis, el confinamiento ha generado riesgos múltiples entre la población más vulnerable. El cierre de las escuelas y la no consideración de la educación como actividad esencial llevó a un elevado número de los hogares atendidos por Cáritas a tener dificultades relacionadas con el cuidado de menores, lo que les obligó o bien a renunciar a un puesto de trabajo (el 18%), a prestar menos atención a sus hijos (12%) o incluso a tener que dejarlos solos durante al menos dos horas diarias (6%).

El impacto del confinamiento ha estado tan desigualmente repartido que el último informe de la Fundación FOESSA, Distancia Social y Derecho al Cuidado, habla del riesgo del confinamiento con tres grandes categorías: el confinamiento seguro, el confinamiento de riesgo y el desarraigo[2]. Durante semanas, el encierro indiscriminado de la población ocultó las realidades dramáticas de miles de personas ya fuera porque las condiciones de habitabilidad no permitían un confinamiento digno, por la pérdida súbita de ingresos, o por el deterioro de las condiciones de salud. Con el tiempo emergerá una realidad social que debía haber estado presente en todas las formulaciones del Estado de Alarma. En el año 2019 el VIII Informe FOESSA ya advirtió de que la salud había empezado a convertirse en el determinante más influyente en los procesos de exclusión grave en algunas partes de nuestro país. La encuesta realizada ahora por Cáritas revela que el 60% de los hogares en exclusión grave ha visto cómo empeoraba su estado psico-emocional durante el confinamiento, mientras que el 26% consideran que ha empeorado su estado físico. Así, aunque hemos escuchado muchas veces decir que el coronavirus afecta a todos por igual, sabemos que no es cierto. La edad y las patologías previas se cruzan con otras fragilidades. Es evidente que no estamos todos igualmente expuestos ni al contagio ni a las consecuencias de confinamientos imposibles. Los fuertes determinantes sociales de la salud y la capacidad de resistencia a la enfermedad y el aislamiento nos dejarán nuevas muestras de la relación entre riqueza y salud, entre precariedad y sobre-exposición al riesgo.

Sin embargo, contrariamente a lo que sucedió en la crisis anterior, los estados de bienestar han cobrado protagonismo en la lucha contra la COVID-19. En prácticamente todos los países ha habido una cierta causa común con quienes más han sufrido. En nuestro país el Estado de Alarma impuso un confinamiento prolongado y estricto que fue eficaz para luchar contra la curva de la COVID-19, pero devastador en términos sociales y económicos. Distintas fuentes nacionales e internacionales predicen para España una de las recesiones más severas en la UE con un impacto muy negativo sobre el empleo y las finanzas públicas. FUNCAS prevé un escenario de contracción del PIB en torno al 8,4% en el 2020, con el déficit público y la deuda alrededor del 10% y el 114% del PIB respectivamente. En este escenario la expectativa es que España no pueda volver a niveles pre-Covid hasta el año 2023.

A pesar del escenario económico, las medidas fiscales en España para responder a la pandemia ascendían a finales del 28 de mayo a 12,4 % del PIB, la mayor parte de este esfuerzo fiscal se concentró en medias de liquidez para empresas e individuos que tuvieron que paralizar su actividad o perdieron el empleo. Más de la mitad del gasto en estímulo fiscal (€17,8 billones, 1,5% PIB 2019) se dirigió a la financiación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Hacia finales del mes de abril, más de tres millones de trabajadores/as se habían beneficiado de los subsidios de desempleo gracias a los programas de ajuste temporal de empleo. Al contrario de lo que sucedió en la crisis económica anterior, la flexibilidad interna introducida por los ERTES y la prohibición de despidos mientras durase el Estado de Alarma contuvo enormemente el aumento del desempleo.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido la otra gran medida social introducida destinada a proteger la pérdida de ingresos de los grupos más vulnerables. Con la expectativa de llegar a 850.000 hogares, el IMV supone un logro histórico sin precedentes. Todavía quedan muchas incógnitas por resolver (su encaje con los programas de renta garantizada autonómicas y la posibilidad de mantenerlo en el tiempo) pero de momento podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que la crisis ha funcionado en esta ocasión como ventana de oportunidad para introducir una medida (sin votos en contra en el Congreso de los Diputados) que llevaba en la agenda durante mucho tiempo, pero para la que era difícil encontrar el impulso suficiente.

Pero nuestro Estado de bienestar también ha mostrado durante la COVID-19 su lado más oscuro. Pese a los esfuerzos partisanos por vincular la elevada mortalidad en las residencias de mayores a una negligente gestión política, análisis de más recorrido señalarán hacia la debilidad estructural de estas instituciones, la abusiva precariedad de las trabajadoras en el sector, la desinversión pública a lo largo de las últimas dos décadas y el escaso valor social que otorgamos a la esencial tarea de cuidar y cuidarnos, como piezas clave en la reconstrucción de esta trágica historia.

A Modo de Conclusión

Conseguiremos una detallada cartografía de las huellas sociales de la crisis con algo de tiempo, perspectiva y buenos datos. Recorrida la emergencia, deberíamos otear el horizonte y consensuar una hoja de ruta. Sin embargo, nos enfrentamos a lo que posiblemente será la mayor crisis en la historia de la democracia reciente de nuestro país con un complejo escenario político. Imaginar un proyecto de reconstrucción común se intuye difícil cuando predomina y persiste el enfrentamiento, y del todo inviable mientras duró la excepcionalidad democrática de gobernar a golpe de decreto.

Escucharemos promesas de lecciones aprendidas, porque lecciones hemos recibido muchas, pero podrían hundirse en el lodazal. Confiamos en que Europa nos tienda una mano cuando el paisaje europeo tiene su propia mutante volatilidad. Con unas expectativas de desempleo por encima del 20%, una deuda pública disparada y una de las presiones fiscales más bajas de toda la UE, sostener en nuestro país un escudo social que representa casi el 20% del Producto Interior Bruto requerirá de fuertes ajustes. Los enormes conflictos distributivos de muy diversa índole que explotan con virulencia en la arena política desde hace algunos años harán difícil la, por otra parte ineludible, discusión de cómo hacer las sumas y restas.

Pero la fragilidad admite también cambio y esperanza. La recompensa por horas de travesía sobre el barro de Wadden es una diversidad biológica inusual. Esta crisis nos deja al tiempo un paisaje desolado y otro que alberga cierta esperanza. Como si quisiera darnos una última oportunidad. La oportunidad de tratar con dignidad a todas aquéllas profesiones esenciales que sostienen la vida, la oportunidad de tejer hábitats sostenibles y próximos, de recuperar el valor de lo público y la celebración colectiva, de respetar y procurar el derecho a la educación y a la salud como parte de nuestros derechos fundamentales, de rechazar las lógicas endiabladas y absurdas del capitalismo financiero global. Las crisis en algunas únicas ocasiones se convierten en palancas de cambio hacia una sociedad mejor, ojalá seamos capaces de leer bien las coordenadas de este nuevo mapa.

[1] Pérez, S. y Matsaganis, M. (2017): The Political Economy of Austerity in Southern Europe New Political Economy, 23(2): 192-207.

[2] Izquierdo, A (2020): Sociología del confinamiento: https://documentacionsocial.es/5/con-voz-propia/sociologia-del-confinamiento.

A fondo

Mano a mano, por una sociedad más justa, libre y alegre

Nerea García Llorente

Abogada y formadora en Asociación Otro Tiempo

 

La historia de las mujeres y los feminismos han sido habitualmente invisibilizadas y, por ello, muchas personas desconocemos su recorrido, sus protagonistas o su contenido. No podemos hablar de un único feminismo, pues las propuestas son variadas con corrientes como el ecofeminismo, el feminismo decolonial, el comunitario o el radical. Actualmente, las propuestas feministas están en boca de muchas y muchos y los avances sociales, económicos y jurídicos de las últimas décadas son palpables e innegables.

En la historia occidental reciente resulta sintomático que la mujer que redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en respuesta a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 fuera guillotinada. Olympe de Gouges fue sentenciada a muerte por ello en 1793 y de ahí que debamos seguir insistiendo y recordando que los Derechos Humanos son también derechos de las mujeres.

 

 

Las dinámicas de transformación social de las últimas décadas en nuestro país son difíciles de explicar sin los imprescindibles aportes de los movimientos feministas. Estos avances se han producido en las instituciones, en las calles, en las casas y en los centros educativos. Se han desarrollado a nivel de barrios, de regiones y construyendo redes internacionales. Los nombramos en plural porque las luchas han sido numerosas y variadas, lideradas por mujeres con circunstancias variopintas. En ellas participan jóvenes, abuelas, mujeres de orígenes dispares, racializadas, en silla de ruedas, lesbianas, precarias, académicas y diversas. Nos nutrimos unas a otras, aprendemos de nuestras ancestras y nuestras vecinas.

Con los feminismos proponemos ampliar la mirada, poner el ojo en lo que no estábamos teniendo en cuenta, destapar opresiones y violencias y proponer un mundo más justo. Algunas hablamos de ponerse las gafas moradas para referirnos a esta nueva forma de mirar, de entender y de estar en el mundo. En el ámbito académico solemos referirnos a incluir la perspectiva de género o las acciones género-transformadoras.

Esta forma de mirar nos ayuda a entender que el mundo no es neutral. Que algunos sujetos tienen privilegios, y otros, menos derechos. Ello depende de varias circunstancias cruzadas, como son la clase, el género o la orientación sexual. Se presenta como “neutral” el modelo del BBVAH (blanco, burgués, varón, adulto, heterosexual) y todas las personas que no cumplan esos requisitos quedan jerárquicamente por debajo. Así, alguien negro, pobre, mujer, viejo y/o homosexual tendrá menos oportunidades o posibilidades de ejercer derechos o desarrollarse. Será, por tanto, “el otro, la otra”, el diferente, quien debe hacer un esfuerzo por “encajar”.

Somos diversas, no queremos ser desiguales. Por ello, una de las herramientas propuestas han sido las acciones positivas (anteriormente denominadas discriminaciones positivas), para favorecer la equidad y la igualdad de oportunidades, reconociendo que no todas partimos desde los mismos lugares y es necesario reconocer expresamente esas desigualdades y compensarlas temporalmente para facilitar que el lugar de llegada sea similar. La combinación de luchas contra el racismo, el machismo y la opresión heterosexual, que interseccionan y se entrecruzan, ha sido otra herramienta de los feminismos, principalmente fuera de Europa, y tiene a una de sus máximas exponentes en Audre Lorde, quien dijo: No hay jerarquías en la opresión.

Una forma de desigualdad es no estar representada, no aparecer, estar invisibilizada (que no es lo mismo que ser invisible). Esta omisión se produce en los libros de texto, en los deportes, en las investigaciones médicas. Un ejemplo muy visual de la infrarrepresentación de las mujeres en la historia puede ser una visita a cualquier museo. Es más habitual que las mujeres estén presentes como imagen desnuda que como pintoras. Como denunciaron las Guerrilla Girls en 1989: ¿Tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Metropolitan Museum?. Menos del 5% de los artistas en las secciones de Arte Moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. Este colectivo de artistas diversas realizó una acción de desobediencia civil con máscaras de simios ante el MOMA, denunciando que en su última exposición solo 13 de los 169 autores eran mujeres. Así mostraron al público la discriminación de las mujeres en el arte y acusaron a las instituciones de mantener (por acción u omisión) esta discriminación.

En esta línea de denuncia de la discriminación, la cultura de la violación o la gordofobia en el mundo del arte, podemos encontrar otros colectivos nacionales, como son: Herstoricas, Liceu de dones y Xarxa pels bons tractes. Todas ellas proponen recorridos alternativos en las colecciones artísticas y en los paseos por las calles de nuestros barrios. El urbanismo feminista está realizando en las últimas décadas grandes aportes para hacer las ciudades más habitables para todos.

Otra de las principales contribuciones de los movimientos feministas de nuestro país, enredados con los saberes de otras latitudes, es haber reivindicado la importancia de los cuidados y exigir una vida digna de ser vivida. El concepto de la vida digna de ser vivida se nutre de la cosmovisión de los pueblos originarios indígenas, proviene de la palabra quechua “sumak kawasay” y la palabra aimara “suma qamaña”, que han sido traducidas como buen vivir o vida en plenitud en Ecuador, y vivir bien en Bolivia, respectivamente. Ambas cosmovisiones hacen referencia a la realización ideal, armoniosa y plena de la vida humana en relación con la Pachamama o Madre Tierra. En una visión actualizada, el concepto del buen vivir iría muy unido con satisfacer las necesidades tomando solo lo necesario, con la vocación de perdurar y estar en equilibrio con la tierra.

Las mujeres organizadas hemos sido capaces de poner en valor todo el trabajo necesario para que la vida siga, dando mucha importancia a los cuidados, que tradicionalmente se han realizado en espacios privados (los hogares) y que han tendido a darse por sentado y asignarse a las mujeres sin reconocimiento económico y con escaso valor social. De ahí que en las huelgas feministas del 8M de 2018 y 2019 se apelara a las huelgas de cuidados y no solo a las huelgas en los espacios de trabajo asalariado, que principalmente están copadas por hombres. Este nuevo concepto de huelga superaba la visión productiva de presionar a los empresarios y plantea una crítica completa al sistema, ampliando los espacios de denuncia también al consumo o a los lugres estudiantiles.

En estos espacios laborales se denuncia también el techo de cristal, el suelo pegajoso, las dobles y triples jornadas, la división sexual del trabajo o la brecha salarial. El techo de cristal hace referencia a los obstáculos, a menudo invisibilizados, a los que se ven expuestas las mujeres altamente cualificadas, y por los que es difícil que alcancen los niveles jerárquicos más altos, habitualmente por temas como la maternidad o el cuidado de otros familiares. El suelo pegajoso se refiere al fenómeno por el que las mujeres suelen estar relegadas a empleos más precarios, con mayor rotación y peores salarios como son las actividades de limpieza, cuidados y atenciones personales. Las dobles y triples jornadas denuncian que las mujeres incorporadas al mercado laboral formal no han dejado de asumir las tareas domésticas de limpieza y cuidado, por lo que deben optar a convertirse en súper-woman o quedarse fuera. De media, el sueldo bruto por hora de una mujer en la Unión Europea está un 16,2% por debajo del de un hombre. En España la brecha salarial es de 14,2% y aumenta con la edad llegando al 22,3% en mujeres mayores de 55 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Esto equivale a que en España las mujeres trabajan gratis 52 días al año. Cuando hablamos de la división sexual del trabajo nos referimos a la organización social y económica en la que tradicionalmente son los hombres quienes ocupan los puestos con mayor poder e influencia, en el espacio público y productivo, y las mujeres asumen las tareas de cuidados no remunerados, en el espacio privado.

Además de construir estos nuevos conceptos y denunciar la desigualdad que de ellos se deriva, se apoyan también reivindicaciones laborales concretas, como que el país suscriba el convenio 189 de la OIT para reconocer derechos a las empleadas domésticas, que se adopte un convenio colectivo para las futbolistas, que se tomen medidas de conciliación de la vida laboral y familiar así como políticas de corresponsabilidad.

 

 

Estas desigualdades laborales forman parte de la violencia estructural que, junto a la violencia cultural, permiten y sostienen la violencia directa, esa que sí somos capaces de ver. El triángulo de la violencia de Johan Galtung nos ayuda a profundizar en las causas de las violencias más visibles, como podrían ser los asesinatos machistas y entender que los micromachismos o la educación diferenciada por sexos son su base.

Los micromachismos, término acuñado por Luis Bonino, son las sutiles maniobras de ejercicio de poder que hacen los hombres, a diario, para mantener su dominio sobre las mujeres y limitar su autonomía. Son pequeños trucos, dispositivos mentales, actitudes corporales o bromas por los que se intenta imponer la visión androcéntrica que mantenga los lugares que la cultura tradicional asigna a hombres y mujeres. Los micromachismos no tienen por qué ser intencionales ni estar planificados deliberadamente, pueden ser inconscientes. Muchas feministas han denunciado esta realidad diaria, desde raperas como Sara Socas, periodistas de Pikara Magazine, la Psicowoman en canales de youtube e infinidad de colectivos feministas y ONG’s.

Las feministas queremos cambiar el sistema, promover la vida digna y saludable, denunciando desde los pequeños micromachismos hasta las grandes violencias, como las practicas que destruyen el planeta.

El acercamiento filosófico y práctico entre feminismo y ecología ha sido una realidad histórica, especialmente visible durante los siglos XX y XXI. Esta amistad y conexión ha dejado patente que muchas acciones de cuidado del planeta han estado protagonizadas por mujeres. Podemos recorrer la historia de lucha por la tierra con mujeres lideresas, con Dorothy Stang, Macarena Valdés o Berta Cáceres, todas ellas asesinadas por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la protección de su territorio. También destaca la Premio Nobel de la Paz, Wangari Mathai, que plantó más de 47 millones de árboles en Kenia. Otra referente esencial del movimiento ecofeminista es la india Vandana Shiva, que en 1993 recibió el Premio al sustento Bien Ganado, -también llamado Premio Nobel Alternativo- tras sus aportaciones académicas y su apoyo al movimiento Chipko del Himalaya, que sigue prácticas de acción noviolenta de Ghandi.

 

 

En el continente africano no podemos dejar de nombrar otros proyectos en esta línea: por ejemplo, la Rural Women’s Assembly, que facilita a las mujeres el acceso a semillas no transgénicas y a servicios como la venta de productos en los mercados sin intermediarios masculinos, y el proyecto mozambiqueño Fórum Mulher que es paraguas de varias asociaciones y que realiza, entre otras actividades, campañas feministas para garantizar el acceso a medicamentos, cuidados colectivos y alimentos a mujeres seropositivas. Actualmente, Fórum Mulher acoge el secretariado de la marcha mundial de las mujeres, que es un movimiento internacional de acciones feministas para eliminar la pobreza y la violencia contra las mujeres. Desde el año 2000 se han realizado acciones por la justicia económica, denuncia del cambio climático o la protección de los derechos sexuales y reproductivos. En 2005 esta marcha presentó: Cambiar de Rumbo. Los objetivos de desarrollo para el milenio vistos a través de la carta mundial de las mujeres para la humanidad en el que se denuncia la ausencia de metas e indicadores de empoderamiento, salvo el dato de la presencia de mujeres en los parlamentos nacionales.

Lejos de caer en el esencialismo o defender que las mujeres estamos más conectadas con la naturaleza, con el ecofeminismo se pretende relacionar la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres. El ecofeminismo toma de los movimientos verdes su preocupación por el impacto de las actividades humanas en el planeta, y del feminismo toma el enfoque de género, la explicación de las actitudes patriarcales que subordinan, explotan y oprimen a más de la mitad de la población. Como dice la profesora madrileña Yayo Herrero: “el ecofeminismo nos permite comprendernos mejor como especie y tomar conciencia de la inviabilidad de la vida humana desgajada de la tierra y desconectada del resto de las personas” pues nos ayuda a analizar las estructuras económicas de consumo basadas en el dominio del Norte sobre el Sur, de los hombres sobre las mujeres, y del frenético saqueo de un volumen creciente de recursos en busca de un beneficio económico cada vez más desigualmente distribuido y que genera cantidades ingentes de residuos.

El deterioro ambiental se debe a un desarrollo económico basado en el crecimiento ilimitado que coloca a los mercados, y no a la vida, en el epicentro del análisis. La corriente ecofeminista nos recuerda la importancia de cuidar de nuestro planeta, de pensar un sistema económico sostenible, de poner la vida en el centro, la humana y la del entorno. Muchas de estas ideas se han aglutinado bajo el lema Ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista.

Todos estos movimientos liderados por mujeres ponen en el centro la importancia de una igualdad efectiva y la necesidad de construir un mundo libre de violencias. Así, en los últimos años, las argentinas gritaban “ni una menos, vivas nos queremos”, las estadounidenses denunciaron los casos de violencia sexual con el movimiento Me too, las indias se aglutinaron como las Guerreras del Sari Rosa (Gulabi Gang) en contra de las violencias y la corrupción, o las nigerianas se unieron para denunciar el secuestro y esclavitud sexual de las adolescentes de Chibok.

En torno a las violencias en conflictos armados se gritaron en Colombia lemas como “no parimos hijos para la guerra”, o en Sudáfrica “mi cuerpo no es tu escena del crimen”. Fue noticia mundial y emocionante cuando las mujeres palestinas e israelíes marcharon juntas por la paz en Jerusalén, reivindicando un acuerdo de paz. En 2016, las mujeres de la etnia Q´eqchi, obtuvieron una resolución judicial histórica: una condena por desaparición forzada, delitos contra la humanidad y asesinato, en la base militar de Sepur Zarco. Guatemala fue así el primer país en condenar a militares por delitos sexuales, en la línea de lo que otros tribunales internacionales habían ya manifestado, y es que los cuerpos de las mujeres son un arma de guerra y las vulneraciones de derechos humanos una constante. Existen un sinfín de referentes feministas por todo el planeta, buscando un mundo más justo, más habitable, más humano y equitativo. Un mundo donde las violencias no sean el camino habitual.

Las mujeres estamos expuestas a violencias machistas con manifestaciones físicas, psicológicas o simbólicas que se muestran en todos los ámbitos de nuestra vida. La obra de teatro “No solo duelen los golpes” de la activista Pamela Palenciano, explica en primera persona esta multiplicidad de manifestaciones y el proceso de deterioro de la autoestima. Los movimientos feministas han sabido aliarse, presionar y denunciar en ámbitos institucionales, laborales, en los barrios y las academias para denunciarlos y construir resistencias. Podrían escribirse hermosas y potentes historias sobre estas resistencias. Son resistencias que amplían el marco de posibilidades y que transforman nuestra forma de estar  y entender el mundo, y por lo tanto, también regeneran la agenda política.

La agenda social en torno a las violencias machistas ha sido una constante, consiguiendo cambios en la mentalidad, la legislación y los recursos. Se han aprobado leyes para los casos de violencia contra las mujeres a manos de sus parejas o ex parejas (Ley Integral de Violencia de Género a nivel nacional y con desarrollos autonómicos) si bien aún faltan desarrollos normativos en otros tipos de violencia, como la violencia sexual o la trata de seres humanos. Existen además en todas las comunidades autónomas recursos específicos como son servicios de atención integral a mujeres, alojamientos protegidos y ayudas económicas como la Renta Activa de Inserción (RAI). También se han creado juzgados especializados (461 juzgados con competencia en violencia sobre la mujer, de los cuales 106 son juzgados de violencia exclusivos) y organismos encargados del seguimiento de esta materia, como es el Observatorio Estatal y la Delegación de Gobierno frente a la violencia de género. Todo ello convierte a nuestro país en un sistema modélico a nivel internacional, a pesar de que los recortes económicos, los avances de movimientos políticos neomachistas y los estereotipos arraigados en la sociedad, hacen necesario seguir trabajando para garantizar una vida libre de violencias. Los estereotipos de género siguen vivos en nuestra sociedad, como ya denunció Naciones Unidas en la condena a España por el caso de Ángela González.

Las mujeres queremos ser dueñas de nuestro cuerpo y para ello deben rechazarse todos los imaginarios culturales que normalizan el control del cuerpo por parte de los hombres. Una de las mayores manifestaciones de dominación sobre el cuerpo de las mujeres es la violencia sexual, que afecta a 1 de cada 2 mujeres en Europa, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA). Esta organización denuncia que más del 90% de las víctimas y supervivientes son mujeres, mientras que el 97% de los agresores siguen siendo hombres. La Macroencuesta sobre violencia contra las mujeres (Ministerio de Sanidad, 2015) calcula que 1,5 millones de mujeres han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja, lo que supone el 7,2% de las residentes mayores de 16 años.

La situación traumática después de sufrir violencia sexual incluso se agrava con los obstáculos judiciales (no creer a las víctimas, culparlas por no haberse protegido o haberse expuesto por ir solas, no escuchar, la falta de formación especializada de los operadores jurídicos, etc.) si se decide interponer denuncia, como ya documentó en 2019 Amnistía Internacional con su informe “Es hora de que me creas. Un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas».

Las mujeres sabemos esto y hemos gritado alto y claro: “hermana, yo sí te creo” cuando los juzgados desprotegen y revictimizan a las denunciantes, cuando se cuestionan sus testimonios o se nos culpabiliza por la ropa. Un buen resumen de ello se puede encontrar en el grupo chileno “Las Tesis” con la canción, que ya es un himno, ‘Un violador en tu camino’.

Hemos sostenido la necesidad de proteger a las supervivientes, sin poner el foco en la ampliación de las penas sino en la reparación del daño. Los tratados internacionales nos obligan a tomar medidas de protección, reparación y justicia y ahí queda aún mucho camino por recorrer. Por eso hemos tomado las calles y las instituciones, para que se garantice el buen trato.

El éxito de las movilizaciones feministas ha tenido que ver con el contenido de las propuestas, con la visibilización de las estructuras que discriminan, y también con la forma de llevarlas a cabo. Se han tomado los espacios públicos con prácticas de desobediencia civil noviolenta, de manera creativa y divertida. Bajo el lema “si no puedo bailar, esta no es mi revolución” se han creado estrategias artísticas, animadas, alegres y diversas.

 

 

Las puestas en escena, cuidadoras y cuidadosas, amenas e inclusivas, musicales, artísticas, han tenido en cuenta el trabajo en grupo y han cuestionado el patrón de la competitividad individual. Se han tejido redes de vecinas y se han intercambiado saberes, recursos y necesidades. Dar valor a la construcción de redes y dejar fluir la sororidad entre personas diversas ha sido otro componente fundamental para estos éxitos.

El trabajo colectivo con el objetivo de construir bien común ha sido lo que ha guiado estas propuestas sugerentes que buscan mejorar la vida de las mujeres, y por tanto, mejoran la sociedad al completo. Todos ganamos con una sociedad más justa y equitativa.

 

Número 4, 2020