Sebastián Mora Rosado

Universidad Pontificia Comillas

 

Lejos de cumplirse las profecías secularizadoras, asistimos a un renacer de religiosidades que se manifiestan en formas y contextos nuevos. Las religiones, si se liberan de adherencias de intolerancia y se desarrollan más allá de la esfera de lo estrictamente personal, pueden hacer una notable contribución a la producción social del altruismo y a la creación de sentido vital.

La teoría de la secularización predijo hace años la relación inversa que existía entre proceso de modernización y las religiones. Dibujaban un mapa conceptual que, a modo weberiano, mostraba “las afinidades electivas” que existían entre modernización y secularización. Las manifestaciones religiosas quedarían relegadas a la esfera privada de las personas creyentes. Estas personas conformarían un reducido grupo minoritario en contextos de erosión del fenómeno religioso. Como los mismos teóricos de la secularización reconocen, sus profecías fueron un error. Peter Berger, uno de los referentes de la sociología de la religión, que en los años sesenta vaticinaba un mundo secularizado radical, acabó reconociendo su error y plegándose a los “numerosos altares de la modernidad” o los procesos de “desecularización” del mundo[1].

A pesar de los augurios, la experiencia religiosa nunca se fue de la vida de las personas, del sentido de las comunidades y de las esperanzas de los pueblos. Hoy hablamos de un resurgimiento del hecho religioso, aunque eso no signifique, en ningún caso, un retorno a situaciones pasadas. Deberemos estar más atentos a las diversas formas de expresión y manifestación de lo religioso que al declive de las prácticas religiosas, y poner atención a las nuevas formas de aparición en el espacio público de las religiones como dinamismo interno de las sociedades civiles.

España, en este contexto, no deja de ser un caso peculiar como en tantas otras cosas. Como bien dice Pérez Argote (2012) España ha sufrido dos oleadas de intensa secularización y está metida de lleno en una tercera. La primera, que se remonta al siglo XIX, adquiere una fisonomía anticlerical aguda que brotará en diversos movimientos sociales, intelectuales y políticos a través de todo el siglo XX y llega a nuestros días. La segunda oleada acontece a partir de los años setenta, sufriendo una secularización intensa y rápida en un país de una sólida tradición católica. La caída de una dictadura apoyada, en mayor o menor grado, por la Iglesia católica; los aires de libertad y el proceso modernizador produjeron una rápida caída de la práctica religiosa. Entre otras manifestaciones aparece, con mucha claridad, como las instituciones clásicas que mediaban en la experiencia religiosa han sufrido una “crisis de mediación” acelerada. Además, conexo a este proceso de descenso de la práctica religiosa, la Iglesia católica del postconcilio inicia un proceso de “secularización interna” (Luckman) que llega hasta nuestros días. Por último, y metidos de lleno en dicha experiencia, la tercera oleada que refiere Pérez Argote tiene como referencia la pluralidad de las religiones y la pluralidad de experiencias de lo religioso. España, con una historia de monopolio excluyente en lo religioso, a favor del catolicismo, empieza a experimentar de manera novedosa el horizonte de la pluralidad. Esta pluralidad religiosa es simétrica a la pluralidad social, política y cultural que estamos viviendo. Especial incidencia, en esta esfera, tienen los movimientos migratorios que han supuesto una plusvalía de riqueza cultural y religiosa a una geografía que era bastante monocorde.

Este recorrido muestra cómo a pesar de las intensas y diversas oleadas que hemos vivido en lo religioso, este ámbito sigue siendo un hecho sociológico relevante. Importante para todas las personas que viven, experimentan y construyen su universo simbólico relacional desde cosmovisiones religiosas y significativas también a nivel social y político. Porque, repito una vez más, a pesar de los pronósticos la religión no ha quedado recluida a mera experiencia privada, sino que manifiesta su viveza, de forma ambivalente, en el ámbito público (Casanova, 1994). Lo religioso conforma la arquitectura simbólica de muchas personas en nuestras sociedades  -especialmente apreciable en relación con las situaciones límites y la “gestión de las contingencias” (Lübbe)- y, además tienen un rol relevante y legítimo en la esfera pública (Díaz-Salazar, 2007).

Esta permanente presencia de las experiencias religiosas en las mediaciones personales y la incidencia deliberativa que tienen en la esfera pública ha sufrido una fuerte indiferencia desde los ámbitos de la intervención social. Quizá por desconocimiento, o por entender que lo religioso -escondido en la conciencia interior de cada persona- es un espacio irracional e inaccesible o, en el peor de los casos, por una fuerte orientación laicista que trata de expulsar las experiencias religiosas y sus implicaciones de la vida social. No deja de llamar la atención este hecho cuando la intervención social desarrolla su función en contextos de fragilidad en los que lo religioso tiene un papel relevante, como hemos mencionado, en la vida de las personas. Despliega su labor entre minorías étnicas y culturales que otorgan una fuerte configuración religiosa a su cotidianeidad. Se desenvuelve en redes organizativas y plataformas en la que las organizaciones de inspiración religiosa son abundantes y, por último, está implicada en luchas sociales y políticas que exigen una presencia plural en el «ágora pública».

Es indudable que el fenómeno religioso es socialmente ambiguo y muy complejo en sus manifestaciones. En nuestros días hay fenómenos religiosos amparando actos terroristas, movimientos cristianos sustentando la deriva extremista de muchos países (el último ejemplo lo tenemos en Brasil), cosmovisiones doctrinales de iglesias y comunidades religiosas que fomentan la intolerancia, etc. La cara oculta del hecho religioso es alargada pero no por ello agota todas las posibilidades de humanización que radican en ellas.

Creo que es importante volver a reflexionar desde los ámbitos de la intervención social sobre las diversas dimensiones que “lo religioso” puede aportar a la lucha contra la pobreza y la exclusión. De manera sumaria, sin carácter exhaustivo,  y como provocación de futuro, es indispensable detenerse en la capacidad de “producción social del altruismo” (Baubérot) que muestran las religiones, atender al potencial de paideia cívica que pueden desarrollar las diversas confesiones y, para terminar, es clave rescatar las posibles “reservas de sentido” (Habermas) que nutran el desmoralizado espacio público de nuestras democracias.

Un hecho que creo que nadie discute es la aportación a la intervención social de las religiones. En nuestro entorno estatal sin duda el catolicismo[2], hablando en términos cuantitativos, tiene una presencia mayor. Aunque cada día la presencia en la intervención social de las Iglesias y confesiones religiosas se amplía. Diakonía[3] (red de acción social de las Iglesias y entidades evangélicas de España) tiene una cobertura e intensidad importante en nuestro Estado. Las minorías religiosas muestran las potencialidades de ayuda y procura que surgen de sus organizaciones y de los creyentes (Gómez Babillo, 2015). No debemos tampoco olvidar el papel de “minorías creativas” (Benedicto XVI) dentro de las tradiciones religiosas que están detrás de nuevos modelos de economía social, banca ética y consumo responsable. Siendo, estas minorías creativas, punta de lanza de muchos proyectos alternativos al modo de producción capitalista.

Quizá es la vertiente más conocida de las religiones. Ahora bien, no menos relevante es la posibilidad de las comunidades y confesiones religiosas para promover la participación social y política. Las Iglesias no tienen, o no deben tener, ningún tipo de privilegio en la sociedad, sin embargo, nadie debe sustraerle su derecho a ser parte de la sociedad civil. En este sentido podemos rescatar sus prácticas para “producir civismo”. Debemos buscar en cada sociedad los ámbitos en los que existen “fábricas de producción de ciudadanía” y favorecer su expansión (Díaz-Salazar, 2007 pág. 161). En unas sociedades que viven bajo el signo de la “fatiga civil”, liberar ámbitos de educación ciudadana es un reto que las religiones, al menos como posibilidad, tienen en sus tradiciones.

Por último, rescatando el pensamiento de Habermas, las tradiciones religiosas tienen un “potencial de sentido” que proveen a nuestras sociedades seculares de resortes inexistentes en otros ámbitos. Para el pensador alemán no basta el proceso cognitivo para lograr que los contenidos morales de los derechos fundamentales se transformen en conciencia (Habermas, 2006a, pág. 34). Es decir, no es suficiente con conocer qué debemos hacer sino para qué y por qué debemos hacerlo. Desde esta convicción nos advierte que el Estado no puede desalentar a los creyentes y a las comunidades religiosas para que se abstengan de manifestarse como tales también de una manera política, pues no puede saber si, en caso contrario, la sociedad secular no se estaría desconectando y privando de importantes reservas para la creación de sentido (Habermas, 2006b, pág. 138). En un mundo ausente de sentido vital en muchas de sus actuaciones, entresacar el poder de sentido de las confesiones religiosas en su aparición en el «ágora pública» es esencial.

Esta evocación de las tradiciones religiosas quiere ser una provocación para pensarnos desde la intervención social porque no podemos renunciar a ningún recurso que construya escenarios liberados. Esta provocación debe comenzar desde las mismas tradiciones religiosas que deben hacer un ejercicio de autocrítica intenso para liberar de las adiposidades intolerantes que la historia ha dejado en sus códigos morales y religiosos. Someterse al escrutinio público de la crítica para desde una “religión pública potenciar una democracia laica” que acoja a los más débiles.

Bibliografía

Casanova, J. (1994): Public Religions in the Modern World. Chicago: University Chicago Press.

Díaz-Salazar, R. (2007): Democracia laica y religión pública. Barcelona: Taurus.

Habermas, J (2006 a): «¿Los fundamentos prepolíticos del Estado democrático?, en Ratzinger y Habermas, Dialéctica de la secularización. Sobre razón y la religión. Madrid: Encuentro.

Habermas, J (2006 b): Entre naturalismo y religión. Barcelona: Paidos.

Pérez Argote, A. (2012): Cambio religioso en España: los avatares de la secularización. Madrid: CIS.

Gomez Babillo, C. (2015): «Solidaridad en momentos de crisis. La red de apoyo y ayuda de las minorías religiosas», en García Castaño, F.J,  Megías Megías, A, Ortega Torres, J.  (coords.). Actas del VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España. Universidad de Granada. Accesible en http://migraciones.ugr.es/pages/publicaciones/congresos/garciacastano2015

[1] The desecularization of the world. Grand Rapids, 1999 y The many Altars of Modernity .De Gruyter, 2014 son el título de dos obras de Peter Berger

[2] Accesible en https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2018/06/Memoria-actividades-Iglesia-Catolica-2016.pdf

[3] Accesible en http://estudioaccionsocial.diaconia.es/

Abril 2019

Pedro Fuentes Rey

Sociólogo. Equipo de estudios Cáritas Española

En el entorno de las organizaciones de acción social están emergiendo desde hace tiempo nuevas formas de hacer que suponen novedad y sobre todo,  parece que cuestionan algunos de los elementos que el modelo mayoritario asume como imprescindibles y consensuados.  Desentrañamos algunas de esas cuestiones, señalando los debates que parece estas experiencias están poniendo encima de la mesa.

 

Resulta exagerado hablar de paradigma al referirnos a la acción social, sin entrar en ese debate, usaremos el término para referirnos a la manera de comprender la realidad,  de fundamentar el Método (así, con mayúsculas) de intervención,  y de definir el papel de los agentes de la acción social.

Una manera de comprender y definir que en este campo, como en cualquier otro, toma forma de “paradigma” cuando es compartida por la totalidad o, al menos, por la inmensa mayoría de quienes reflexionan sobre la materia y, por ende, prescriben los contenidos de la formación de los agentes, sancionan como buenas o no las intervenciones y legitiman el status quo.

A juicio de algunos, los paradigmas evolucionan y, al de otros, revolucionan. No entraremos aquí a mediar en esa disputa, nos basta con quedarnos con la idea compartida por ambas corrientes de que si bien se trata de constructos sólidos y resistentes al cambio, no son inmutables y mutan.

Queremos en este artículo abordar de manera, aún muy tentativa, la pregunta sobre si está emergiendo un nuevo paradigma en la acción social que, por evolución o por revolución, pueda estar poniendo en cuestión las seguridades de actual paradigma.

Otra forma de mirar la realidad

En muchos lugares, centros, recursos y servicios de tipologías diferentes (residenciales, formativos, ocupacionales, de ocio…) llevan tempo experimentado la mixtura. Los requisitos de admisión no tienen que ver con un determinado perfil, sino con la necesidad u oportunidad de su oferta en el proceso de la persona. E incluso en algunos de ellos, enraizados en un territorio y abiertos a la participación de y a la interacción con la población no demandante del recurso.

Una mezcla, hasta no hace mucho denostada como muy peligrosa por la mirada de la hiperespecialización,  que en bastantes de estos lugares está resultando profundamente enriquecedora y favorecedora de los procesos de inserción. Que lejos de provocar “contagios negativos” genera sinergias inesperadas.

Un modelo de gestión de centros, espacios y servicios que está comenzando a mirar la realidad que enfrenta de una manera más holística y más centrada en comprender que trabajamos con personas que, es cierto,  tienen problemas, pero estos no las definen. Y que junto a sus carencias y necesidades, ante todo son personas con potencialidades y capacidades que deben ser descubiertas y explotadas.

Participar y empoderar

Muchas entidades de la acción social están impulsando programas específicos o acciones transversales a los que ya tienen, en los que se busca crecer en cantidad y calidad de la participación de los, hasta ahora, considerados como beneficiarios o destinatarios.

Participación no solo ya en el desarrollo de los proyectos en los que están implicados, sino en eso que vino en llamarse la incidencia política, que ya no pretende ser la voz de los que no la tienen, sino darles la voz directamente, porque sus situaciones y problemáticas no les han vuelto mudos, solamente nos ha hecho sordos a los demás.

Un tipo de empoderamiento que no solo trabaja la protesta y la propuesta, sino que desarrolla experiencias de autogestión o autosolución de problemas mientras esa protesta y propuesta se materializa en leyes y presupuestos, cosa esta de natural lenta. Así, bancos de tiempo, cooperativas de compras, incluso ollas comunes… emergen impulsadas desde la acción social.

Experiencias y realidades que hacen emerger la pregunta por el sujeto de la acción social.  Que pueden estar girando la mirada para empujar a las organizaciones a dar el paso de convertirse en organizaciones “con” en lugar de ser organizaciones “para”. Grupos en las que conviven y trabajan juntas, en igualdad,  gentes solidarias “con” y gentes afectadas “por.” Y que, desde luego, confrontan con un modelo de hiperprofesionalización de la acción social, en el que el sujeto esta nítida y claramente situado a un lado de la mesa, lo que convierte al otro en  el objeto de intervención.

El acompañamiento

Como causa o como consecuencia, probablemente ambas, de todo lo anterior, algunos  agentes de la acción social están experimentando una modificación en su rol tradicional.

En tanto hemos puesto la mirada en la persona, el rol de hiperespecialista en un determinado aspecto de la realidad se modifica, y ya no es el prescriptor de lo que hay que hacer, es más como no existen los “personólogos”, la construcción del conocimiento en el que apoyarse pasa de ser un patrimonio de alguien, a un proceso de construcción colectiva.

La participación activa de las personas que antes eran los beneficiarios de mi acción, resta poder, resitúa las relaciones pues ahora hacemos juntos, relaciones que siguen siendo asimétricas, pero esa asimetría se recoloca en nuevos parámetros.

En general cambios en el rol del agente que se agruparían en una nueva comprensión que parece estamos llamando “acompañamiento”, en la que el agente no es ya prescriptor de la acción con distancia terapéutica, sino el compañero de un camino que desde la empatía y la implicación responsable, lo recorre también, al menos temporalmente.

De la realidad al papel, para volver a la realidad

De manera consciente hemos comenzado a definir los probables elementos de un nuevo paradigma relatando acciones reales, concretas. Que esto está ocurriendo es innegable. La lectura que hacemos aquí  ya no lo es.

La realidad siempre va por delante del pensamiento, y la descrita no es, ni toda ni la mayor parte de ella. Solo la que nos parece más innovadora y con más capacidad de transformación, a mejor, de la acción social.

Pero junto esta tendencias, también hay otras que plantean una vuelta radical a la especialización y la profesionalización, quienes apuestan por la protocolización exhaustiva de la acción…

En cualquier caso, hay una realidad que debería retarnos. Situados en uno u otro punto de este debate, y probablemente en ninguno de los dos, los agentes y las organizaciones de la acción social, hacen, pero no escriben lo que hacen (más allá del proyecto al financiador). Hacen pero no se paran a reflexionar despegándose de lo concreto para preguntarse por los “porqués” y por los “cómos”.

Esa agrafia y ese activismo son dos errores a enmendar. Solo así seremos capaces de que los cambios que se están de hecho incorporando en el proceso de mejora continua, puedan sobrevivir al agente o al grupo que los hace.  Y quizá, a modificar el paradigma, evolucionando o revolucionándolo.

Noviembre 2019

Antonio Prieto Clemente

Técnico de Orientación. Consejería de Empleo de la CAM. Experto formador y asesor de entidades públicas y privadas en programas de formación, orientación e inserción laboral.

Puedes encontrar a Antonio Prieto en Linkedin y Facebook.

En tiempos del COVID, la orientación laboral necesita dar respuesta a un mercado de trabajo voraz y paradójico, con dificultades para la coordinación entre administraciones y con el reto pendiente de la innovación.

Si los personajes de Gabo[1] fueron capaces de encontrar el amor en los tiempos del cólera, los ciudadanos tienen que poder acceder a los servicios de orientación laboral en un momento tan destructivo para el empleo como es la situación de emergencia sanitaria que vivimos en respuesta al Covid-19.

En esta reflexión se identifican y analizan los factores críticos que es necesario abordar para gestionar la atención a los desempleados asumiendo nuevos retos y la necesidad de acometer antiguas deficiencias. Por supuesto, concreto algunas propuestas de acción en respuesta a estos retos: aquí y ahora.

Ésta es una reflexión inacabada que necesita de vuestras aportaciones, que se irán anotando escrupulosamente para su difusión actualizada. Muchas gracias por anticipado.

Mercado de trabajo paradójico

El mercado de trabajo actual se caracteriza por la destrucción de empleo[2], especialmente en los sectores de comercio, hostelería, construcción e industria afectando sobre todo a autónomos y PYMES, al mismo tiempo paradójicamente, se ve imposibilitado para cubrir la demanda de trabajadores de ciertos sectores como sanidad, servicios sociales, servicios telemáticos, logística y distribución, y agricultura no pueden cubrir sus vacantes.

Esto ocurre en un momento en que los servicios de intermediación de las administraciones públicas y las agencias de colocación se están colapsando, difundiendo ofertas de empleo por diferentes canales cuya información va replicándose y rebotando cíclicamente por las redes sociales completamente desactualizada y generando una distorsión en la captación de candidatos y en la gestión de ofertas de empleo. En este sentido convendría que los intermediadores del mercado de trabajo públicos (servicios públicos de empleo) y privados (agencias de colocación principalmente) gestionasen, con exclusividad[3], cada una de las oferta de empleo, para evitar duplicidad de esfuerzos y distorsión en la gestión,  adquiriendo el compromiso de la cobertura de vacantes.

En esta situación, las ayudas para mantener el tejido productivo de autónomos y PYMES son absolutamente necesarias, ya que son quienes más empleo han creado en España durante la crisis de 2008[4] y su recuperación requiere mucho tiempo.

Por otro lado, es necesario impulsar la adaptación de las empresas a procesos productivos y comerciales virtuales y acelerar su proceso de informatización y la universalización de la banda ancha en todo el territorio nacional para favorecer el teletrabajo. Medidas aprobadas desde 2010 en la Estrategia Europea 2020, cuya aplicación sufre un evidente retraso, y que ya necesitábamos mucho antes de la crisis sanitaria, para facilitar la incorporación de personas con dificultades de movilidad (discapacidad, ámbito rural, privación de libertad, conciliación, etc.) al mercado de trabajo.

No podemos olvidar la necesidad de regular las condiciones de laborales del teletrabajo.

Los trabajadores desempleados tendrán que reciclarse a ocupaciones de sectores deficitarios en mano de obra. Este reciclaje ha de ser muy rápido, sin apenas procesos formativos, por lo que es fundamental contar con el asesoramiento de un orientador laboral que indique cuál puede ser la ocupación colindante, con demanda en el mercado, susceptible de satisfacer el mayor porcentaje de requerimientos posibles con las competencias que ya posee el candidato[5]. Ejemplos: de dependiente a televendedor, de recepcionista a teleoperador, de pinche a preparador de catering.

Para aprovechar al máximo las competencias de las personas desempleadas y hacer una reclasificación eficaz es muy importante la evaluación por competencias del candidato, y la descripción de los requerimientos del puesto de trabajo por competencias, sólo así podremos hacer casación eficaz.

La brecha digital se añade a la brecha laboral de los más vulnerables

Porcentaje de usuarios frecuentes de Internet en relación con renta mensual. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares 2013, INE

A las dificultades habituales para encontrar empleo de los colectivos más vulnerables, en estos momentos se añaden las dificultades para utilizar internet, porque no saben o porque no pueden, para acceder a información de ofertas de empleo, gestionar ayudas y prestaciones, realizar trámites ante la administración pública: la brecha digital se suma a la brecha laboral.

Es por esto que, a pesar de los grandes esfuerzos que están haciendo los equipos de orientación para adaptar sus servicios y actividades a las videoconferencias, con excelentes resultados, sólo estamos respondiendo a los desempleados que cuentan con recursos suficientes para acceder a internet y un mínimo de habilidades informáticas. No estamos llegando a colectivos que ya tenían grandes dificultades para acceder al mercado laboral antes de la crisis sanitaria.

Por eso, además de la teleorientación es necesario reforzar la atención presencial con las máximas precauciones e incrementar la orientación laboral telefónica y videotelefónica, ya que esta población sí que suele disponer de teléfono móvil.

Mejorar la coordinación entre empleo, servicios sociales y educación

Atender a los colectivos más vulnerables, en estos momentos más que nunca, requiere de una coordinación estrecha entre los servicios de empleo, los centros educativos, los servicios sociales y la sociedad civil organizada (ONG, redes…), especialmente en el ámbito local:

Los alumnos, con edad laboral, que compaginaban (o no) su formación presencial con el empleo o con la búsqueda de empleo se quedarán sin acceder a la transformación de esta formación presencial en teleformación si no tienen recursos informáticos suficientes. Además, tendrán graves dificultades para acceder a la oferta formativa virtual, la información sobre ofertas de empleo, los recursos públicos y la tramitación de solicitudes y ayudas.

Estas dificultades ya las estaban padeciendo las personas vulnerables y en riesgo de exclusión social atendidas por los servicios sociales municipales, a los que se suman los nuevos desempleados que no pueden acceder a los subsidios extraordinarios, los autónomos que no pueden declarar cese de actividad y todos los trabajadores de la economía sumergida[6] que no pueden acceder a ninguna ayuda por desempleo. Como consecuencia, las bolsas de pobreza se están disparando y los bancos de alimentos se están agotando[7] especialmente en el ámbito urbano de las grandes ciudades.

Por eso es absolutamente necesaria la coordinación de los servicios públicos de empleo, servicios sociales y educación en el ámbito local a través de mesas de empleo o equipos de coordinación permanentes que sean capaces de:

1. Identificar los individuos, familias y grupos que están en situación de riesgo social y de pobreza.
2. Canalizar las ayudas de forma eficiente y eficaz en el menor tiempo posible a los sujetos anteriores.
3. Facilitar el acceso a las prestaciones sociales, por desempleo y educativas a través de mecanismos, procedimientos y actividades adaptadas a las características y posibilidades de los colectivos objeto.
4. Mantener el apoyo a esos colectivos con asesoramiento e itinerarios de inserción sociolaboral viables, sostenibles y accesibles.

En este sentido tenemos que aprovechar que los servicios sociales municipales y las ONG han demostrado durante la crisis económica su capacidad para estar en contacto directo con las personas más vulnerables y llegar a donde los servicios de empleo y educativos no pueden llegar con sus medidas, recursos, prestaciones y asesoramiento.

Orientadores y orientadoras laborales: entre la precariedad y la innovación

Jamás nadie podía prever una situación de crisis como la que estamos viviendo. El incremento exponencial del desempleo junto con las dificultades de atención como consecuencia del confinamiento y de la aplicación de las medidas preventivas, nos ha empujado a improvisar nuevas metodologías de acción, intermediación, preparación laboral, orientación laboral e integración sociolaboral: diagnósticos de empleabilidad por teléfono, diseño de itinerarios por correo-e, actividades de entrenamiento en técnicas y habilidades sociolaborales y para la búsqueda de empleo a través de videoconferencias, video teléfono o en espacios abiertos a voces para mantener la distancia de seguridad y por supuesto: el acompañamiento personalizado, utilizando todos los medios posibles, en muchos casos asumiendo riesgos sanitarios para poder atender presencialmente a personas vulnerables: no había otra manera.

La innovación y utilización de la radio y aplicaciones informáticas ha sido tan espectacular como la edición de recursos de información, formación o asesoramiento en páginas webs, blogs, redes sociales…

No cabe duda de que esta situación (lejos de bloquearnos) nos ha hecho crecer profesionalmente, pero a costa de:

• Sobrecargar los tiempos de dedicación con jornadas interminables de teletrabajo para la atención a personas, añadiéndole el tiempo necesario para el diseño y gestión de nuevas herramientas y nuevas actividades y modalidades de atención. En muchos casos sobrecarga de actividades de gestión justificativa y búsqueda de recursos.
• Incrementar el estrés producido por esta sobrecarga de dedicación y el contacto con las nuevas situaciones perentorias que viven las personas que atendemos… incremento de impotencia y frustración.
• Diversificar nuestras funciones para poder ofrecer una respuesta inmediata a las necesidades de las personas y mantener las entidades.

Ahora más que nunca es necesaria una respuesta a las necesidades que tenemos como orientadores inmersos en este mercado de trabajo voraz y paradójico, con pocas posibilidades de coordinación y apoyo entre administraciones y con el reto de la innovación permanente para mantener nuestro compromiso con los desempleados y la sociedad. Necesitamos:

• Formación instrumental, con metodologías flexibles y adaptadas, en utilización de recursos telemáticos para la atención individual y grupal.
• Formación en técnicas y habilidades para abordar las situaciones de bloqueo, tanto de usuarios como de técnicos, aprovechando al máximo sus propios recursos: Coaching aplicado a la orientación laboral y al liderazgo de equipos de trabajo.
• Supervisión externa de apoyo y soporte para conseguir resultados en estos nuevos retos.
• Coordinación para la sistematización y socialización de la experiencia a través de la difusión e intercambio de buenas prácticas en plataformas y redes especializadas.

[1] Gabriel García Márquez

[2]  El desempleo ha pasado de un 13,6% en diciembre a un 14,5% en mayo. Instituto Nacional de Estadística

[3] En España. la intermediación laboral no puede tener ánimo de lucro por lo que las empresas pueden encargar la captación de candidatos idóneos para cubrir sus vacantes a varias entidades intermediadoras a la vez. No existe exclusividad en la intermediación de las ofertas de empleo.

[4] El 99% de las empresas en España tienen menos de 50 trabajadores y emplean al 53% de los trabajadores.

[5] Transferibilidad de habilidades de trabajadores en los sectores potencialmente afectados Covid-19. Banco de España.

[6] Según el informe de Empleo irregular en España de ASEMPLEO. El 20 20% del PIB se produce en economía sumergida y supone en torno al 13% de la población activa.

[7]Las entidades solidarias quintuplican en un mes la entrega de alimentos y productos básicos. Estamos bajo mínimos https://www.elconfidencial.com/espana/2020-04-18/coronavirus-banco-alimentos-comida-solidaria_2555024/

Agosto 2020

Fernando Fantova

Consultor social.

Puedes encontrar a Fernando Fantova en Facebook, Twitter y Linkedin, además de su página web.

El artículo nos propone una reflexión sobre la posibilidad de otro modelo de intervención social. Se proponen cinco líneas estratégicas que permitirían construir una intervención social universal, sectorial (e integrada) y comunitaria. En otras palabras, el modelo comunitario de acción social.

Posiblemente en la mente, en los sentimientos, en los valores, en los actos, en las decisiones, en las organizaciones de no pocas personas dedicadas a la intervención social (a la acción social, a los servicios sociales) podemos percibir, de forma más explícita o implícita, un modelo, una concepción, una comprensión de esa labor, consistente en hacerse cargo de manera integral de la satisfacción de las necesidades (o de las carencias) de una persona o grupo de personas, para, posteriormente (incluso inmediatamente), ir dejando de dar respuesta a unas u otras de dichas necesidades a medida que las propias personas u otros agentes están en (mejores) condiciones de hacerlo, cuando esto puede suceder y sucede.

Esta visión de la acción social, esta forma de pensarla y practicarla parece verse reforzada, además, en momentos o situaciones de emergencia (como la generada por la pandemia de la covid-19), en los que, en buena medida, lo que está en juego es la propia supervivencia de muchas personas, por la afectación en cadena, rápida, intensa e imprevisible de diferentes áreas críticas de su vida. Sin embargo, esa concepción, seguramente, hunde sus raíces en la historia de esa actividad que ahora denominamos intervención social (o, a los efectos de este artículo, sin mayores distinciones, acción social o servicios sociales) y que, en nuestro entorno, es realizada, en buena medida, desde disciplinas y profesiones como el trabajo social, la educación social, la psicología de la intervención social, la integración social, la asistencia personal y otras.

En esa historia, la intervención social se construyó en muchos momentos como una acción (final y) residual frente a otros modos de satisfacción de necesidades (de cualquier necesidad) de las personas: si no tenías la capacidad funcional para dar satisfacción a algunas de tus necesidades, si no tenías recursos con los que dar respuesta (directa o indirectamente) a ellas, si no tenías relaciones primarias que te facilitasen dicha satisfacción, si no eras titular de algún derecho o garantía para obtener respuesta a ciertas necesidades, entonces, en la medida en que todo eso sucediese, tu situación de exclusión social y vulnerabilidad general te llevaba a ser objeto de intervención social, destinataria de la acción social, usuario de los servicios sociales.

La evolución de nuestra sociedad y de los diferentes mecanismos (profesiones, sistemas, organizaciones, instituciones) de los que disponemos las personas para satisfacer nuestras necesidades ha ido poniendo en cuestión, ha hecho entrar en crisis este modelo (de última red) residual de acción social, en contextos en los que la creciente complejidad interconectada de los riesgos a los que nos enfrentamos hace que consideremos, en general, más valiosa la respuesta a las necesidades que se realiza desde la especialización sectorial (por necesidades: salud, alimentación, seguridad, transporte, cuidados y otras) y recelamos, en general, de supuestas proveedoras integrales o inespecíficas de respuesta al conjunto de nuestras diversas necesidades.

¿Qué pasa, entonces, si los subsistemas o disciplinas correspondientes van mejorando su capacidad técnica de respuesta a diversas necesidades (como las de alojamiento o vestido, por citar otros dos ejemplos) y va perdiendo sentido y utilidad que, desde la intervención social, pretendamos alojar o vestir (por seguir con los mismos dos ejemplos)? ¿Qué pasa si, como ha sucedido en esta pandemia, parece hundirse, por ejemplo, la reputación o deseabilidad de las residencias de mayores, resistente ejemplo de ese modelo de hacerse cargo integralmente desde los servicios sociales del que estamos hablando? ¿Qué pasa si importantes capas de población, excluidas por procesos estructurales del acceso, por ejemplo, a la calefacción o la atención odontológica, entienden que, en último caso, podrán ir a los servicios sociales públicos o del tercer sector para poder acceder a esos bienes (y eso será misión imposible)?

Lo que pasa, posiblemente, es que la intervención social (la acción social, los servicios sociales), tanto pública como solidaria, se ha de preguntar si hay otro modelo, otra forma de comprenderse y de producirse. Y la respuesta podría ser que sí, que lo hay, pero que hay que entender que representa un giro copernicano, un cambio de paradigma, un salto cualitativo respecto al modelo anterior, ya que estamos hablando de una intervención social que:

• Abandonando su posicionamiento como actividad orientada a una parte de la población, se declara y se pretende universal, se construye como valiosa para todas y cada una de las personas de la sociedad. Se acabó el soniquete de los que más lo necesitan, los colectivos vulnerables y expresiones por el estilo.
• Abandonando su ambición integral, identifica con claridad a qué necesidades, potencialidades, problemas o demandas de las personas pretende dar respuesta y se integra con otras respuestas sectoriales o parciales. Se acabó el soniquete de la atención integral, la visión holística y demás.
• Abandonando su tradición de hacerse cargo de las personas, incluso alejándolas y protegiéndolas de sus redes familiares y comunitarias, se transforma en una intervención social que busca desencadenar cambios en las comunidades, imbricarse en la vida de la comunitaria, atender a las personas en la comunidad y a través de la comunidad, de la mano de otros servicios y agentes comunitarios. Se acabó una intervención social dispuesta a apartar de la vista de la comunidad a personas rechazadas, discriminadas o excluidas por ella.

Por tanto, postulamos aquí que podemos identificar prácticas realmente existentes y conocimiento construido que apuntarían a una intervención social universal, sectorial (e integrada) y comunitaria. Seguramente, tanto en la Administración pública como en la economía solidaria, sigue predominando una acción social residual, (pretendidamente) integral y desconectada de las comunidades, pero hay mimbres, hay algunos mimbres que permitirían girar hacia ese modelo de acción social de base comunitaria y abierto a la diversidad del que estamos hablando. Postulamos que estamos hablando de modelos alternativos, es decir, que universalidad, sectorialidad y base comunitaria van de la mano (del mismo modo que el modelo residual y pretendidamente integral supone y necesita el alejamiento de la comunidad).

Tomando conciencia de la envergadura de la apuesta alternativa que se está planteando, para finalizar este breve artículo, se proponen a continuación (y después se glosan) cinco líneas estratégicas que permitirían construir, poner a prueba, pulir y escalar el modelo comunitario de acción social que se pretende dibujar:

1. Separar radicalmente la intervención social (cuyo objeto sería la interacción) de las actividades de asignación de recursos económicos o materiales para necesidades de subsistencia o similares.

2. Impulsar con fuerza la transición desde una intervención social de carácter mera o principalmente práctico a otra basada en el conocimiento científico.

3. Apostar por el desarrollo tecnológico y la digitalización de los servicios sociales.

4. Entender la construcción de los servicios sociales como un proceso de innovación social en las comunidades en las que éstas van generando, aceptando, modulando y modificando normas, instituciones, valores y consensos reguladores de la vida cotidiana e interdependiente de las personas en los domicilios, vecindarios y territorios.

5. Forjar una alianza estratégica con las políticas e intervenciones urbanísticas y de vivienda en el marco de una acción comunitaria transversal y una gobernanza integrada del bienestar.

En primer lugar, diremos que, en una sociedad tan mercantilizada como la nuestra y con tantos obstáculos estructurales y emergentes para el acceso de importantes segmentos poblacionales a bienes físicos de primera necesidad (como el alimento, el vestido o la energía, o, también, al alojamiento), cabe considerar prácticamente imposible que se configure y posicione una intervención social dedicada a promover y proteger la interacción de todas las personas (es decir, su autonomía para decisiones y actividades de la vida diaria en relaciones primarias familiares y comunitarias) mientras las estructuras y agentes de los servicios sociales tengan encomendada, a la vez, la tramitación de ayudas para la obtención de dichos bienes, tramitación que debiera corresponder a los Departamentos correspondientes a dichos bienes (como Comercio, Industria o Vivienda) o, en su defecto, a Departamentos de Hacienda (y en el caso de organizaciones solidarias, posiblemente, también a estructuras y agentes diferenciados).

En segundo lugar, la intervención social y sus disciplinas y profesiones deben hacer un esfuerzo por superar su actual estadio de desarrollo dominado por un saber hacer artesanal práctico para, sin desconocer nunca la importancia de la pericia profesional, entrar decididamente en una etapa de intervención social de carácter o base científica, con las consecuencias y condiciones que ello conlleva en términos de configuración de las comunidades y redes de conocimiento, de las dinámicas y procedimientos para su construcción y avance del saber y de las herramientas, instrumentos, aplicaciones y plataformas de evaluación de la intervención y sus efectos.

En tercer lugar, la acción social, como cualquier otra actividad, debe ser objeto de un desarrollo e innovación tecnológica que la incorpore a la capa digital y que le permita beneficiarse de la comunicación telemática, la inteligencia artificial distribuida, el procesamiento de grandes cantidades de datos, el internet de las cosas (también de las llevables) o las plataformas colaborativas, tanto para su realización, gestión y gobierno como para su integración vertical (intrasectorial) y horizontal (intersectorial) con otras ramas de actividad.

En cuarto lugar, se ha de entender que este modelo de intervención social puede llegar a afectar, a mayor o menor escala territorial y humana, al cambio y la innovación en la comprensión y configuración del contrato social, entendido como el conjunto de normas asumidas por las personas (individual y colectivamente) sobre lo que pueden esperar de otras personas o instancias y lo que deben aportar. Estamos hablando de una acción social organizada y profesionalizada que busca nuevas e importantes sinergias con las relaciones y redes primarias de carácter familiar y comunitario, brindándoles aportes y esperando que brinden apoyos.

Por último, el giro desde una intervención social residual a una de base comunitaria representa un cambio en la manera en la que los servicios sociales se relacionan y se integran con otros ámbitos de actividad, en las intervenciones y políticas transversales de igualdad y atención a la diversidad (de género, generacional, funcional y cultural), que podríamos englobar como acción comunitaria, y, por tanto, en la gobernanza del conjunto de políticas sociales. En ese marco, la intervención social, posiblemente, está llamada a una especial integración y alianza con la intervención urbanística y habitacional, para la consecución de territorios y comunidades amigables, inteligentes y sostenibles.

Septiembre 2020

J.  Maymí

Técnico del Observatori Diocesà de la Pobresa i l’Exclusió Social de Girona

Estudio cualitativo realizado en base a entrevistas en profundidad con mujeres participantes de Cáritas con el objetivo de conocer el impacto de la COVID-19 en su vida cotidiana.

El año 2020 marcará un antes y un después. Es como si socialmente nos encontráramos en un cruce de caminos, completamente paralizados por una capa húmeda de invisibilidad impenetrable para los ojos humanos, sin saber qué hacer. La pandemia del coronavirus de 2019-2020 es esta niebla. Estamos inmersos en un momento de cambio, un proceso que nos sitúa en una especie de dimensión desconocida, un período de transición incierto y encarado hacia un nuevo equilibrio que está comportando quebrantamientos y rupturas, duelos y pérdidas. Es como si nos dirigiéramos hacia un horizonte desconocido, vulnerables, perdidos en medio del océano en una barquita modesta y sin rumbo.

En contextos tan extremos y excepcionales como el actual, es fácil que puedan emerger situaciones equiparables a algunos de los elementos siguientes:

A.- Los canales de acceso a la salud pública se pueden ver alterados por razones de naturaleza diversa, al menos temporalmente, circunstancia que puede comportar más obstáculos y barreras de accesibilidad a unos servicios universales básicos y de primera necesidad, así como una disminución de su eficacia y calidad.

B.- Es posible que haga acto de presencia la idea del chivo expiatorio, la estigmatización del otro, del extraño, producto en la mayor parte de los casos de un exceso de información que se podría traducir, sencillamente, con una convivencia con la desinformación.

C.- El umbral hacia la universalización de la vulnerabilidad está cada vez más cerca y las consecuencias son previsibles, es decir, más situaciones de riesgo entre los sectores poblacionales en exclusión social y, al mismo tiempo, una sensible ampliación de los sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad o de exclusión.

D.- En situaciones críticas y extremas, sale lo mejor y lo peor de las personas. Los cambios de hábitos y cómo inciden en los comportamientos son un aspecto importante a tener en cuenta. Es posible que la tendencia que se va imponiendo dificulte cada vez más la capacidad de interrelaciones físicas y de proximidad entre las personas, incrementando las barreras relacionales en sectores poblacionales cada vez más significativos.

E.- El papel que las nuevas tecnologías tienen en nuestras vidas es determinante, y nada nos indica que esta presencia se pueda revertir. La convivencia con la virtualidad se acentuará aún más para convertirse en un obstáculo para unos y un reto para otros, pero que ya nadie puede rehuir.

Ante esta situación, entre los meses de mayo y julio del presente año, desde el Observatori Diocesà de la Pobresa i l’Exclusió Social de Girona se realizaron un total de 14 entrevistas en profundidad a mujeres participantes de Cáritas, con el objetivo de conocer el impacto de la COVID-19 desde ópticas diferentes, buscando esta incidencia tanto a nivel familiar como en relación con la vivienda, la situación laboral, económica y a la capacidad de tener (o no) aseguradas las necesidades básicas, sin olvidar la dimensión relacional y la salud.

La totalidad de las entrevistas son los relatos de mujeres adultas, todas ellas en edad productiva, y que comparten dos denominadores comunes que se han escogido a modo de precondición para poder hacer las entrevistas. La primera es que se ha procurado garantizar un nivel comunicacional óptimo. La segunda es que fueran mujeres emprendedoras, es decir, con un objetivo personal y laboral inequívoco que trasciende su rol procreador y familiar.

Entre las observaciones de las informantes y en relación con la composición de los hogares y el estado de las viviendas se pueden destacar dos grandes tendencias. Una primera es que se intuye un incremento de la cohesión familiar y de la solidaridad interna en aquellos hogares formados por personas con relaciones de parentesco. Por el contrario, aquellos hogares compuestos por personas sin relaciones de parentesco no experimentan esta misma reacción vinculada a la cohesión, donde sus miembros tienden hacia un modelo de vidas paralelas –sin desatender reciprocidades de solidaridad interna para cuestiones básicas de la vida cotidiana. Así mismo, la constitución y permanencia de estos hogares es de naturaleza temporal y efímera.

Las semanas de confinamiento han hecho más visibles las limitaciones y deficiencias –en el caso de haberlas– de la vivienda, así como los hándicaps y limitaciones del entorno urbano. Una de las tendencias que se intuyen es que, entre aquellos que se lo pueden permitir, su proyecto más inmediato es el de cambiar de vivienda. La pandemia no solo ha mostrado los puntos débiles del piso o de la casa donde se vive, sino que se empiezan a percibir los inconvenientes y riesgos que comporta vivir en las áreas urbanas. Algunas de las informantes manifiestan que su mirada no solo afecta a la vivienda, sino también a la ciudad, valorada ahora negativamente, de manera que el nuevo interés se centra en el extrarradio urbano y, también, en el mundo rural.

Sobre la situación laboral y económica de los hogares, uno de los aspectos que se constata es una tendencia a la baja de los ingresos antes de la COVID-19 y los que se computan en el momento de la entrevista, si bien esta dinámica no compromete, en ningún caso, a asumir los gastos básicos mensuales de cada vivienda. Esta es la tendencia general, pero también es cierto que durante las semanas de confinamiento hay quienes han trabajado más y han incrementado los ingresos. Una posible hipótesis explicativa en relación con estos casos y que se tendría que poner a prueba es que las personas con una situación laboral poco estable y condicionada por la temporalidad han visto multiplicar sus posibilidades de trabajo, pero también es cierto que han tenido que asumir riesgos de contagio más elevados derivados de esta actividad.

Otra fenomenología a destacar, en el caso de las personas que siguieron trabajando o que en el transcurso de las semanas de confinamiento acabaron perdiendo el trabajo, es el nivel de afectación que la pandemia ha evidenciado en los centros de trabajo –transversalmente–, la falta de reacción, la emergencia de las deficiencias organizativas, así como una combinación entre desprotección y provisionalidad que han experimentado las personas empleadas, al menos durante las primeras semanas de confinamiento. Estas situaciones han afectado, en mayor o menor medida, psicológicamente en el estado anímico a las personas que han trabajado bajo presión, desprotegidas y en condiciones adversas.

La frustración y la impotencia que se respira a causa de la pandemia en algunas entrevistas hay que atribuirla, también, a la interrupción temporal y/o la ralentización de las tramitaciones de permisos de trabajo, solicitudes de ayudas, entre otras gestiones. La sensación a la hora de expresar esta situación es similar a la de una especie de congelación, una parálisis de las instituciones, ya que se percibe un impasse / silencio institucional y administrativo que está provocando angustia y preocupación.

Si tomamos el universo de las mujeres entrevistadas, la brecha digital es prácticamente inexistente. Las personas que no tienen aptitudes y conocimientos telemáticos suficientes –solo en dos casos– tienen recursos para suplirlos y pedir ayuda –una ayuda que puede ser remunerada. Con más o menos dificultades, los 14 hogares hacen un uso habitual de las nuevas tecnologías y en algún caso se han beneficiado de la ayuda de la escuela para tener los dispositivos necesarios. La tendencia que se deriva de esta muestra es que hay un volumen significativo entre los participantes de Cáritas en general que están familiarizados con las nuevas tecnologías y las utilizan habitualmente, a veces con deficiencias y dificultades en relación con el estado de móviles, tabletas y/o ordenadores.  

Una percepción recurrente derivada del efecto de las semanas de confinamiento y a la entrada de las diferentes fases de apertura, es que hay personas que se han acostumbrado a la reclusión, creando un mundo propio, reducido, limitado, pero acogedor y suficiente para ir tirando. Este fenómeno se ha traducido en que es presumible que un número significativo de personas no haya tenido prisa por salir de casa y hacer vida social, no tanto por tener miedo de sufrir las consecuencias de una posible infección a causa del coronavirus, sino por el simple hecho de abandonar una zona de confort que sigue percibida como un recurso vigente y activo. Esto provoca que para algunas las salidas ya no sean como antes, son más cortas, y para otras son menos frecuentes, mientras que también hay quienes se han resistido a salir tanto como han podido.

Si la incidencia de este fenómeno cristaliza y se convierte en significativo a nivel social, es evidente que incidirá en otra de las tendencias que se desprenden de las entrevistas, y es que ha habido una disminución del abanico de opciones tradicionales y cotidianas asociadas a la sociabilidad personal y directa mientras que, paralelamente, la práctica de las comunicaciones entre las personas mediante las nuevas tecnologías experimenta un incremento evidente.

Hacia dónde conduce todo ello hoy por hoy es una incógnita. Con los datos reunidos hasta el momento, todo parece indicar que en los próximos meses se entre en una situación de riesgo que comporte un aumento notable de los índices de aislamiento social. Según las reflexiones que aportan las informantes en relación con sus redes relacionales, la verdad es que no está claro si estas tienden a aumentar o a disminuir, lo que sí que está claro es que, primero, por regla general las informantes cuentan con unas redes relacionales débiles fuera del ámbito familiar, a veces inexistentes, y segundo, también se puede afirmar que la afectación de la pandemia no ha contribuido, en ningún caso, a incrementarlas.

Un tema que ha sorprendido en las entrevistas y en el análisis comparativo resultante es la poca incidencia que han tenido los contagios de la COVID-19 entre las participantes y su red relacional más próxima. La mayor parte, como mucho, han sabido de casos de personas conocidas más allá de su círculo más íntimo. Hasta el momento en que se hicieron las entrevistas (mayo a julio 2020) la incidencia de contagios en el círculo más restringido fue prácticamente inexistente. Es muy probable que una segunda ola de entrevistas a las mismas mujeres podría variar los resultados ya que, a partir del mes de septiembre la incidencia de contagios se extiende sin signos de remitir.

Viendo la situación social que supuestamente está generando la pandemia del coronavirus en la recta final del año, cuando algunas de las informantes hablaban de temores relacionados con la estabilidad de su salud mental en caso de prolongación temporal incierta de la crisis sanitaria, lo lógico es que estén a las puertas de una situación personal y familiar cada vez más delicada. El riesgo de la vulnerabilidad de los hogares es más elevado y preocupante cada día que pasa.

Noviembre 2020

Mario Arroyo Alba y José Luis Graus Pina

Trabajadores sociales en Redes Sociedad Cooperativa

Puedes encontrar a Mario Arroyo, José Luis Graus y Redes Sociedad Cooperativa en Twitter.

La vivienda en la acción social es fundamental. No sólo hay que leerlo en clave de necesidad, sino también en clave de derechos. No todas las personas tienen garantizado ese derecho y sin embargo es fundamental para tener una vida digna. ¿Cómo podemos abordar esta cuestión con las personas afectadas, con las profesionales implicadas y con la sociedad en su conjunto?

Punto de partida

En el momento actual tener un trabajo no supone una garantía para escapar de la exclusión o de la vulnerabilidad. En concreto, casi 2,5 millones de personas con empleo (el 13% de la población empleada) no consigue abandonar su situación de pobreza relativa[i]. Del mismo modo, poder acceder a una vivienda completa o compartida tampoco es garantía de inclusión, siendo 1.300.000 los hogares que sufren inadecuación de la vivienda y casi 800.000 los que sufren inseguridad[ii]. Hablamos así de realidades de precariedad y de trabajos indecentes, pero también de viviendas poco dignas. Una combinación que refleja hoy la condición de vida de muchas personas.

Tener un techo bajo el que vivir no garantiza la seguridad y el afecto necesarios para muchas familias cuando es en condiciones inseguras o inadecuadas. Tampoco asegura la intimidad que va afianzando la personalidad, las condiciones básicas y mínimas para poder estudiar o descansar adecuadamente, o la construcción de un proyecto vital de presente y futuro. Las posibilidades de acceso a una vivienda y sus condiciones, al igual que el empleo u otro tipo de ingresos, nos ubican en un determinado lugar social que condiciona mucho nuestra existencia. Queremos profundizar en estas cuestiones y alcanzar algunas propuestas de cara a promover una intervención social en pro del cambio.

Un retrato de la situación

En los últimos tiempos las medidas restrictivas derivadas de la pandemia por COVID19, como el confinamiento domiciliario, han evidenciado sobremanera la importancia de contar con una vivienda digna y segura. En el trabajo que realizamos desde REDES, y también a través de las pantallas de nuestros dispositivos, hemos podido comprobar de cerca las grandes desigualdades existentes en materia de vivienda entre clases sociales. La pandemia nos ha introducido virtualmente en el hogar de los demás y estas diferencias en las condiciones de habitabilidad han sido retratadas a nivel global. Al margen del impacto de la propia enfermedad y de la vivienda como factor de riesgo, el confinamiento durante muchos días en casas pequeñas, en estado precario, con déficits en los servicios y las instalaciones, o en condiciones de hacinamiento, se ha indicado como fuente de efectos adversos sobre la salud[iii]. Así, esta nueva crisis nos ha expuesto especialmente ante la conjunción de tres tipos de desigualdad[iv] (la desigualdad vital, la desigualdad existencial y la desigualdad de recursos) y nos ha demostrado literalmente que la desigualdad mata.

Pero el problema de la vivienda no es algo novedoso. Para los oprimidos, la vivienda siempre está en crisis debido a la subordinación de su uso social al valor económico[v]. Según esta lectura, actualmente la vivienda se encontraría ante los mayores niveles de mercantilización de la historia a nivel global como resultado de la combinación de tres procesos: desreglamentación, financiarización y globalización. Ya estuvo en el epicentro de la Gran Recesión en 2008 a través de la crisis hipotecaria y ha mutado adaptándose a los tiempos con la burbuja de los alquileres. En concreto, en nuestro país la vivienda continúa siendo un bien en el que se expresa una fuerte desigualdad social como consecuencia de la liberalización y de la financiarización, del desmantelamiento de las instituciones públicas en esta materia y de la venta de patrimonio público[vi]. Las secuelas extremas de este problema continúan más de una década después, como demuestran los 54.006 lanzamientos practicados en nuestro país en el pasado 2019[vii], siendo 14.193 como consecuencia de procedimientos de ejecuciones hipotecarias y 36.467 como consecuencia de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Así, progresivamente, la vivienda se ha convertido en un factor prioritario de vulnerabilidad y exclusión.

Las dificultades para afrontar los costes de los alquileres o para acceder a una vivienda bajo este régimen se extienden al conjunto de la población, aunque las sufren especialmente las personas más vulnerables. De esta forma, en nuestro país hay 1.150.000[viii] niños, niñas y adolescentes que, viviendo de alquiler o mediante cesión gratuita, se encuentran en riego de pobreza. Según estos datos, 2 de cada 3 de los que viven en régimen de alquiler de mercado se encontrarían así en una situación de pobreza una vez deducidos los costes de la vivienda. ¿Cuáles son los detonantes concretos de este problema? Las principales causas que explican las dificultades actuales para acceder a una vivienda en el mercado del alquiler serían el aumento de demanda, la escasez de oferta, el mayor porcentaje de hogares en riesgo de exclusión en la fracción del mercado residencial y la debilidad y/o ausencia de políticas de vivienda social y de ayudas para afrontar los alquileres[ix]. Aún está por ver cómo evolucionará este problema próximamente como derivada de la crisis del coronavirus, pero podemos intuir un agravamiento debido a la merma de los ingresos y de la capacidad económica de las familias, al afrontamiento de las deudas como consecuencia del fin de las moratorias y a los futuros impagos.

En el territorio en el que REDES desarrolla su trabajo muchas familias tienen que invertir más del 70% de su renta disponible para poder acceder a una vivienda completa. En esta tesitura están actualmente un 40% de las más de 800 familias a las que acompañamos, que también tienen serias dificultades para acometer el resto de los gastos. No hay que olvidar que un 20% de las mismas se ven obligadas a compartir piso.

Los impactos de la crisis residencial

Estas realidades producen una serie de impactos que debemos explicitar:

A) Impactos psicológicos y afectivos. Sin duda, como comentábamos al principio, la vivienda es un factor que da, o debiera dar, seguridad y pertenencia. Cuando los precios del alquiler son altos, como es el caso, estamos constatando que un número no pequeño de familias cambian al menos una vez al año de vivienda, generándose así sentimientos de inestabilidad e inseguridad. Esa misma sensación se reproduce cuando son varios núcleos familiares los que conviven bajo el mismo techo y se carece de espacios propios suficientes para el desarrollo vital.

Cuando la vivienda es casa y no hogar también tiene consecuencias sobre la sensación de pertenencia y arraigo. Produce así un impacto emocional negativo que de un modo imperceptible afecta al progreso de las personas que lo viven, especialmente en el caso de niñas y niños, que siempre son el eslabón más frágil de la cadena.   ¿Cómo afecta esta situación a nuestra vida, a nuestro desarrollo, al crecimiento infantil, al proceso educativo, a las relaciones y a la convivencia? Podemos atestiguar que las familias que viven estas situaciones tienen un plus de estrés que, sin duda, condiciona su cotidianidad de forma importante.

B) Impactos socioespaciales y efectivos. La desigualdad y la exclusión en el ámbito residencial están influyendo en la segregación urbana y en la (re)producción de guetos. Están contribuyendo a transformar la cartografía de las grandes ciudades y a evidenciar así las viejas y las nuevas periferias[x]. También se están multiplicando los desplazamientos forzosos y la expulsión de los territorios, lo que produce una exclusión geográfica.

Propuestas y protestas

En clave crítica y autocrítica nos gustaría recoger y proponer algunas alternativas de actuación.

A) La primera tiene que ver con el enfoque con el que afrontamos el problema de la vivienda desde el ámbito de la intervención social, basado muchas veces en las necesidades y dejando en segundo plano los derechos. La vivienda no es solo un elemento esencial que garantiza la dignidad humana, es un derecho fundamental e irrenunciable reconocido a nivel estatal e internacional. Partir de esta premisa nos garantiza poner el foco de la responsabilidad de asegurar esta necesidad y este derecho sobre aquellas instituciones y agentes que deben hacerse cargo, y no sobre la espalda de las personas que sufren esta problemática. También nos permitirá identificar los factores determinantes y señalar los actores que participan activa o pasivamente de la crisis de la vivienda a través de su hipermercantilización.

B) La segunda propuesta va encaminada a demandar que la vivienda no sea tratada exclusivamente como una mercancía y a reivindicar su valor de uso, exigiendo que se produzcan los cambios estructurales necesarios (jurídicos, políticos, económicos) para ello, principalmente mediante el impulso de actuaciones públicas en materia de vivienda que no reproduzcan el modelo de regulación de los mercados de suelo, vivienda e hipotecario[xi] que a partir de la década de los 50 ha contribuido en nuestro país a generar esta crisis habitacional. Demandar así medidas[xii] urgentes basadas en la vivienda de titularidad pública, en la regulación de los precios de los alquileres o en la prohibición de los desahucios.

C) La tercera tiene que ver con impulsar, apoyar y/o difundir respuestas comunitarias o cooperativas frente a esta problemática que generen alternativas lo más sostenibles e inclusivas posibles y que pongan el acento en la desmercantilización.

D) La cuarta está basada en incidir sobre uno de los procesos básicos de la intervención social: la derivación. Usando así una perspectiva basada en activos y no sólo en recursos, mediante la recomendación de activos o prescripción social[xiii], que invita a participar de aquello que se encuentra en la comunidad y que produce bienestar. Esto puede servir para poner en contacto a personas que sufren la exclusión residencial con aquellos colectivos sociales o iniciativas comunitarias basadas en relaciones de apoyo mutuo, reciprocidad y solidaridad y que, además de afrontar problemas comunes, generan redes y vínculos que promueven el bienestar personal y la reducción de las desigualdades.

En definitiva, creemos que una intervención transformadora para afrontar el problema de la vivienda debe pivotar alrededor de tres ejes: el contexto social en el que nos estamos moviendo, las personas que tienen necesidad de una vivienda y los profesionales y entidades que trabajamos en lo social. La transformación se producirá de un modo justo si se producen movimientos en los tres ejes. De nada sirve que se produzcan cambios en la realidad de las personas, si en el contexto o en nosotras no se producen cambios de modo simultáneo.

Sin duda es necesario leer la realidad de la vivienda con una óptica más grande. Una vivienda estable y digna permitirá mejorar la seguridad y pertenencia de las personas, afianzar las oportunidades de vínculos, incrementar la salud de las familias y posibilitará un avance en otras cuestiones tales como el incremento de las competencias.

Este tema queda tremendamente abierto en este momento histórico que vivimos, tenemos pendiente un decreto del Gobierno en el que se buscará una solución para el tema de los desahucios y no solo para los generados en el tiempo de la pandemia. La regulación del mercado del alquiler, la convivencia en determinados lugares marcados por la vulnerabilidad. Todo ello y más cuestiones, sin duda, son los retos que nos toca emprender de modo permanente.

[i] Fundación FOESSA. “Vulneración de Derechos: Trabajo decente”. Focus, 2020.  https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2020/10/Focus_Trabajo_Decente_Octubre-2020.pdf

[ii] Fundación FOESSA. “Vulneración de Derechos: Vivienda”. Focus, 2019. https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/06/Focus-Vivienda-FOESSA.pdf

[iii] Marí-Dell’Olmo, M., et. al. “Desigualtats socials i Covid-19 a Barcelona”. Barcelona Societat. Revista de coneixement i anàlisi social, 26, 2020; pp. 46-52.

[iv] Therborn, G. La desigualdad mata. Madrid: Alianza Editorial, 2015; p. 58.

[v] Madden, D. y Marcuse, P. En defensa de la vivienda. Madrid: Capitán Swing, 2016; pp. 35-63.

[vi] García Pérez, E. y Janoschka, M. “Derecho a la vivienda y crisis económica: la vivienda como problema en la actual crisis económica”. Ciudad y Territorio, 188, Ministerio de Fomento, 2016, pp. 213-228.

[vii] Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

[viii] Fuente: Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil, a través de datos de 2018 de la ECV del INE, 2020.

[ix] Arrondo, M. y Bosch, J. “La exclusión residencial en España”. VIII Informe FOESSA. Documento de trabajo 3.3. FOESSA, 2019; pp. 5.

[x] Ávila, D. et al. (Observatorio Metropolitano). “Órdenes urbanos: centros y periferias en el Madrid neoliberal”, en Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala, Cartografía de la ciudad capitalista. Transformación y conflicto social en el Estado español. Madrid: Traficantes de Sueños, 2016.

[xi] López, I. y Rodríguez, E. Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010). Madrid: Traficantes de Sueños, 2010; pp.265-313.

[xii] ONU. Directrices para la Aplicación del Derecho a una Vivienda Adecuada. Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, 2020. https://undocs.org/es/A/HRC/43/43

[xiii] Observatorio de Salud de Asturias. Guía ampliada para la recomendación de activos (“prescripción social”) en el sistema sanitario. https://obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/guia_ampliada_af.pdf

Diciembre 2020

Mónica López, Directora General Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

1. Contexto

La llegada a la Unión Europea de un millón de personas refugiadas, principalmente de Siria en el año 2015, escapando de la guerra, y la realidad del desplazamiento forzado de miles de personas marcó un punto de inflexión en Europa, poniendo de manifiesto las deficiencias del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), basado en un Reglamento de Dublín de reparto de personas solicitantes de PI obsoleto e ineficiente, Reglamento de reconocimiento, Reglamento de procedimiento y Directiva de acogido incapaces de dar una respuesta adecuada a la situación del momento, y la necesidad urgente de reformarlo bajo el principio de solidaridad y responsabilidad compartida entre los Estados miembro.  

El contexto de rechazo a la migración en los países occidentales, que ya en ese momento comenzaba a incrementarse, hizo que desde las organizaciones de Derechos Humanos preocupadas porque Europa virase hacia una política más restrictiva tanto con la llegada de personas como con su acogida, se pusiera sobre la mesa la importancia de que dicha reforma se hiciera desde un enfoque de protección de los derechos de las personas y de acuerdo con la Convención de Ginebra. No obstante, la falta de voluntad política para cumplir con los compromisos de reubicación1 de los distintos Estados miembro y la proliferación de acuerdos de externalización de las fronteras como el firmado con Turquía2, abocaron al fracaso de la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo de 2016. 

En septiembre de 2020, la Comisión Europea presentó un nuevo conjunto de propuestas legislativas que componen el Pacto Europeo de Migración y Asilo como un intento renovado de avanzar hacia la reforma y construcción de un verdadero Sistema Europeo Común de Asilo. Tras años de duras negociaciones, el Pacto fue aprobado el 14 de mayo de 2024 y entró en vigor el 11 de junio de 2024, estableciendo un periodo transitorio de dos años para su implementación,3 de manera que la mayoría de los textos solo serán aplicables desde mediados de junio de 2026. Por tanto, se abre ahora una fase de implementación del Pacto en la que los Estados miembro deberán preparar sus sistemas de asilo y ajustarlos a las nuevas normas europeas. 

El 12 de junio de 2024, la Comisión Europea presentó el Plan Común de Implementación del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE para apoyar y orientar a los Estados miembro en la preparación de sus respectivos Planes Nacionales de Implementación, los cuales deben estar listos para el 12 de diciembre de 2024. España debe presentar a la Comisión un primer borrador de su Plan Nacional en octubre de 2024. 

El enfoque y resultado final de las negociaciones del Pacto, como se esperaba desde las organizaciones de DDHH, no ha dado como resultado un instrumento basado en la solidaridad de los Estados ni en la responsabilidad en la gestión de la migración poniendo en el centro a las personas que huyen de sus países para poner a salvo sus vidas o para iniciar un proyecto vital en Europa que les permita desarrollarse en libertad y seguridad.  

No obstante, el Pacto es un marco que deja cierto margen de actuación a los Estados en sus planes de implementación y pondrá de manifiesto en qué lugar se coloca cada uno de ellos en la definición de las políticas de migración y asilo.  

2. Aspectos más relevantes del pacto español y propuests para el plan de implementación español. 

El Pacto Europeo de Migración y Asilo es un documento de una alta complejidad que recoge numerosas medidas que afectan a las personas migrantes y refugiadas, como son la recopilación y uso de datos biométricos en el registro de las personas, la regulación de los distintos procedimientos de asilo, la determinación del Estado miembro responsable del estudio de la solicitud de asilo, medidas de contingencia, planificación y respuesta frente a situaciones de crisis, entre otras.  

Una de las cuestiones de mayor relevancia para las personas migrantes y refugiadas que lleguen a Europa es el acceso al territorio. Conforme a lo recogido en el Pacto, todas las personas que accedan a territorio europeo de manera irregular serán registradas y sujetas a controles de su identidad, riesgo de seguridad, vulnerabilidad y salud. Se retendrá a las personas en la frontera y se realizará un triaje para determinar si acceden a un procedimiento de asilo o si acceden a uno de retorno.  

Durante la realización del triaje y de los procedimientos en frontera el Pacto establece una ficción jurídica de no entrada. Esto supone que las personas recién llegadas de manera irregular que se encuentran de hecho en territorio europeo, no tendrían por qué estar sujetas a la aplicación de los derechos y garantías del resto de personas que están en territorio europeo, vulnerando así los más básicos derechos fundamentales. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, establece que, donde un Estado parte ejerza su jurisdicción, incluso de forma extraterritorial, debe garantizar todos los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.   

Por otra parte, el Pacto recoge que los Estados deben asegurar que las personas migrantes se mantengan a disposición de las autoridades durante todo el proceso de solicitud de protección internacional de retorno, limitando su entrada y circulación no autorizadas. Esta medida supone un riesgo real de un uso excesivo por parte de los Estados de medidas privativas de libertad, que deberían ser de aplicación excepcional o nula, sobre todo en los supuestos en los que las personas retenidas sean niños y niñas o personas especialmente vulnerables.   

El Pacto prevé acelerar y aumentar las expulsiones a quienes se considere que no merecen protección mediante un procedimiento único de asilo y retorno, la digitalización de la gestión de los retornos, la cooperación con terceros países y el incentivo del retorno voluntario mediante programas de readmisión y reintegración. 

En este marco se prevé la posibilidad de ampliar el plazo de detención de las personas en procedimiento de retorno hasta seis meses, lo que supone que, por ejemplo, una persona que ha solicitado asilo en una de las fronteras y su solicitud ha sido rechazada pueda estar privada de libertad hasta seis meses antes de ejecutar su expulsión sin haber cometido delito alguno, simplemente por haber intentado entrar de manera irregular en territorio europeo. Así, el plan de implementación español, debe recoger la no ampliación en ningún supuesto del plazo actual de 60 días de internamiento recogidos en la legislación nacional. 

Asimismo, España debería recoger en su plan de implementación la puesta en marcha de programas de retorno voluntario asistido, asegurando que las personas retornadas reciban apoyo para su reintegración y se respeten sus derechos durante todo el proceso, así como derivar a programas especiales de retornos productivos a las personas que quieren emprender un proyecto empresarial asociado al retorno. 

En lo relativo a la acogida de las personas solicitantes de protección internacional, el Pacto recoge que los Estados deben garantizar que las condiciones materiales de acogida, (que suponen la cobertura de un alojamiento y de las necesidades básicas en forma de prestaciones económicas, o bien en especie) proporcionen a las personas solicitantes un nivel de vida adecuado, acceso a atención sanitaria e incorporar todas las mejoras en materia de inclusión laboral, educación y salud. Se trata de un factor clave para determinar si un Estado Miembro está bien preparado para responder frente a situaciones de crisis y poder activar medidas de solidaridad, como el reparto de personas solicitantes entre los distintos Estados. 

Es necesario que el Plan de Implementación español establezca un protocolo de evaluación de necesidades específicas de acogida que contemple formación al personal en el diagnóstico de situaciones de especial necesidad,  posibilidad de derivación a profesionales médicos u otros profesionales especializados en la detección de vulnerabilidades, atención psicológica, rehabilitación y tratamiento médico inmediato para víctimas de tortura y violencia, creación de espacios seguros dentro de los centros de acogida para mujeres, niños y niñas, personas LGBTIQ+ y otras personas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables, así como el establecimiento de una herramienta específica basada en el interés superior del menos para evaluar la situación de niños y niñas, adaptando las condiciones de acogida a sus necesidades. 

En cuanto a la inclusión de las personas refugiadas, el Pacto armoniza y clarifica sus derechos. Entre otras novedades, los Estados deben expedir permisos de residencia y documentos de viaje en el plazo de 90 días, con validez superior a 1 año y garantizando el mantenimiento de la unidad familiar. Además, deben adoptar medidas para agilizar el reconocimiento de cualificaciones y capacidad suficiente para asegurar el acceso a la educación, al empleo en igualdad de condiciones, a la libertad de asociación y afiliación, a la Seguridad Social, atención sanitaria, medidas de integración temprana, así como acceso a la vivienda.   

Si bien es positivo que el Pacto amplíe el reconocimiento de derechos a las personas beneficiarias de protección internacional, en España existen numerosas barreras administrativas, además del racismo y la xenofobia, que impiden el acceso efectivo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).   

Por último, cabe mencionar que el propio Pacto establece un mecanismo independiente de monitoreo  del cumplimiento por parte de los Estados del derecho de no devolución y de todos los otros los derechos y garantías que asisten a las personas solicitantes de protección internacional, especialmente menores no acompañados, familias con niños y niñas, mujeres solas y madres: el derecho a la información, al asesoramiento legal y a la asistencia jurídica, a un intérprete, el derecho a permanecer y a recurso efectivo, el derecho a la identificación temprana de necesidades especiales, a la detención como último recurso (garantía de examen individualizado y prohibición de esta medida si la salud está en riesgo), además de garantías especiales para la protección de niños y niñas, especialmente aquellos sin referentes familiares.  

En el plan de implementación español, este mecanismo de monitoreo debería implicar en su funcionamiento al Defensor del Pueblo, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, el ACNUR y a las organizaciones de la sociedad civil, con el mandato para investigar, proponer sanciones en caso de vulneración de los derechos fundamentales en las fronteras y legitimación activa para remitir estas vulneraciones a los correspondientes procedimientos penales o civiles. 

En definitiva, el Pacto Europeo de Migración y Asilo no es el marco esperado ni deseado para una Europa que debería ser un garante de los Derechos Humanos de todas las personas y un ejemplo de solidaridad y protección de las más necesitadas. A pesar de ello, España puede liderar, a través de su plan de implementación, una Europa comprometida con los derechos de las personas migrantes y refugiadas, más humana y solidaria conforme a los valores y principios promulgados en su Carta de Derechos Fundamentales. 

Número 18, 2024

Pedro Fuentes Rey

Equipo de Estudios de Cáritas Española

1. Y eso de los otros derechos…

Cuando hablamos de los otros derechos nos referimos al derecho a soñar, al derecho a la diferencia, al derecho a la ternura… y en general a muchas otras cuestiones aún por formular. Entramos de lleno en ese territorio de lo que todavía está por regular, por nombrar e incluso por descubrir. Nos posicionamos en búsqueda, lo que nos empuja a utilizar un lenguaje más cercano a la poesía que al derecho positivo, sin que eso signifique que nos conformamos con ella, sino que, junto a ella, queremos avanzar en la construcción del entramado de contenidos y normas que también ha de terminar afectando a esos otros derechos.

Pero en lugar de dejarnos afectar por la poca claridad terminológica, disfrutemos de ella, démonos la oportunidad de avanzar, sin agobiarnos por la precisión racional. Seamos, como diría Morín[1], racionales pero no racionalizadores.

El proceso de formulación de los Derechos Humanos no es más que el recorrido que hemos ido haciendo para poner nombre y traducir al lenguaje de la razón, lo intuido, lo sentido, o lo previamente conocido con ojos de lo no racional. Proceso este que no podemos dar por terminado a riesgo de declararnos poseedores del conocimiento definitivo de la condición humana.

Un conocido texto de Eduardo Galeano comienza así: El derecho de soñar no figura entre los treinta derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él, y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed[2].

Estamos pues en el terreno de lo más hondamente humano, en el terreno de las fuentes. Estamos hablando de cosas que están en el origen de nuestra realidad. Los aviones no existirían sin el recurrente sueño humano de volar. Esa experiencia onírica que todos y todas hemos sentido alguna vez en carne propia, se ha podido hacer casi real, porque algunos continuaron soñándola despiertos.

Pero la fuente no es sólo origen, a ella retornamos a beber cuando tenemos sed. La sanación que nos provoca la ternura es, de nuevo, otra experiencia universal, ¡pobre de la persona que no haya podido disfrutar de la medicina de un abrazo!

En ese sentido, los otros derechos son también metas. Cuando soñamos, especialmente si lo hacemos juntos y despiertos, el contenido de esos sueños nos lleva de vuelta al paraíso, a una realidad en la que ese conjunto de principios que hemos llamado Derechos Humanos, los unos y los otros, son una realidad efectiva. Los sueños colectivos son el maná de nuestro tránsito por el desierto, son el antídoto a la pesadilla que muchas veces supone la realidad. Son la argamasa que ha soldado la historia de la liberación humana.

Construir un mundo, una sociedad a escala humana, donde la justicia y la dignidad puedan desplegarse plenamente para todos y cada una, constituye el contenido común de nuestros sueños compartidos, ¿cómo no afirmar entonces el derecho a soñar?

Podemos decir con Walt Whitman: Que estás aquí – que existe la vida y la identidad, /Que prosigue el poderoso drama, y que/ puedes contribuir con un verso[3]. Y nos encontramos con la subjetividad, con el yo como sujeto, como constructor.

El ser humano, para serlo, necesita ser sujeto y para ello ha de apoyarse en su derecho a ser feliz, a equivocarse, a ser diferente… Negar la subjetividad es quitar a la persona su condición de sujeto, y por tanto, convertirlo en objeto. La persona es, por nacer, lo más importante que se puede ser. Si bien está condicionado por multitud de cuestiones, es esencialmente un sujeto libre, con capacidades que pone en juego, es responsable de su vida y de su mundo.

Y en ese vivir, se encuentra con los otros. La subjetividad no se construye sino en relación, sin la intersubjetividad tampoco hay sujeto. Somos seres en relación con otros a los que reconocemos como legítimos en la convivencia[4]. Lo humano ha de ser entendido como algo unido a su rol social, a su papel activo, protagonista, participativo… en el proceso de hacer sociedad/comunidad. Lo Humano conforma un proyecto que no está acabado, que precisa del aporte de todos los que lo componen.

2. La acción social a la luz de los otros derechos

Acercarnos siquiera tentativamente a estos otros derechos nos puede ayudar mucho en la acción social. En primer lugar a superar la lógica del recurso convencional. Necesitamos curarnos de la obsesión por el cuantum que nos lleva frecuentemente a identificar la necesidad sólo como carencia, como falta de algo, cuando las necesidades son, o pueden ser, también potencias. La necesidad sentida como potencia desarrolla las potencialidades y los recursos propios de quien así la siente, generando dinámicas de protagonismo y participación.

Y del mismo modo, cuando pensamos en recursos, nos vienen a la mente los recursos convencionales, que son aquellos que se agotan en tanto se usan (el dinero por ejemplo). Sin embargo, hay otro tipo de recursos, no convencionales[5], como: la conciencia social, la energía solidaria, la capacidad de ayuda mutua, la dedicación y entrega de los agentes… que tienen la propiedad de incrementarse con el uso.

Unos y otros son necesarios y están vinculados por una relación de complementariedad. El trabajo en clave de los derechos, y de los otros derechos en particular nos puede ayudar a poner en marcha acciones y respuestas que tienen su base en la utilización de estos recursos no convencionales, para que la ausencia o escasez de los convencionales no sea la excusa que nos paralice. Podemos seguir haciendo, aún sin un euro.

Hemos de aprender también a dejar espacio al sujeto que pasa por lo que Joaquín García Roca[6] presenta como el reconocimiento del otro como tal. Si yo no reconozco a quien tengo enfrente como sujeto, no le estoy quitando su condición, pero desde luego, estoy dificultando mucho la realización concreta y tangible de esa propiedad.

Reconocer, supone acoger algo que ya existe pero para posicionarse activamente. Supone nombrar y sobre todo dar la palabra. Supone abrirnos a las consecuencias de la reciprocidad como guía del proceso de diálogo.

Un proceso que es, por definición, asimétrico, lo que nos ha de llevar a poner el acento en el método. Quizá ha llegado el momento de superar lo de la distancia terapéutica, para sustituirla por la cercanía terapéutica, en la que, dejándonos afectar profundamente, seamos capaces de hacer del otro el actor fundamental del proceso de salida. Dejarse afectar no es echarse la culpa, ni es cargar con la responsabilidad.

Dejar espacio para la subjetividad, comporta también aceptar que los conceptos, modos, comprensiones… no son necesariamente uniformes, ni unos son ser mejores que otros. A veces los criterios no coindicen, y las personas que acompañamos también tienen el derecho a la diferencia, y a la búsqueda de la felicidad desde su propia subjetividad.

Por último, nuestra acción necesita herramientas técnicas, las mejores disponibles, pero esto es perfectamente compatible con elementos que transitan por los entornos de la intuición, que no están, ni pueden estar encerrados en los límites de una herramienta. Necesitamos recuperar y utilizar la intuición, tengamos cuidado con que la entrevista no suprima a la escucha, que el plan no elimine el proceso.

Nuestra tarea ha de ser de procesos. Los objetivos, los programas…, son instrumentales a los procesos; o sea, con ser muy importantes no son lo importante. Los objetivos y los programas se pueden medir cuantitativamente, los procesos sólo cualitativamente. Un proceso no acaba nunca, un programa o un proyecto sí. Los procesos suelen ser altamente ineficientes, pues para muy poco (cuantitativamente) hace falta mucho (cualitativa y también cuantitativamente) recuperemos y reivindiquemos ese tipo de ineficiencia.

[1] Morin, E. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO, 1999; pág 7.

[2] Galeano, E. El derecho de soñar. El País, 26-12-1996.

[3] Whitman, W. ¡Oh, mi yo! ¡Oh, vida!! Fragmento

[4] Maturana, H. Emociones y Lenguaje en Educación y Política. Barcelona: Dolmen, 2001

[5] Max-Neef, M.; Elizalde, A. y Hoppenhayn, M. Desarrollo a escala humana. Barcelona: Icaria, 1994.

[6] García Roca, J. «Itinerarios culturales de la solidaridad”. Corintios XIII, nº 76, octubre-diciembre 1995. Madrid: Cáritas Española; págs 125 y 126.

Raúl Flores Martos, director técnico de la Fundación FOESSA

Daniel Rodríguez de Blas, miembro del comité técnico de la Fundación FOESSA

Introducción a la Inteligencia Artificial y su impacto

La Inteligencia Artificial (IA) ha emergido como una fuerza dominante en el panorama tecnológico actual. Aunque sus fundamentos teóricos se remontan al siglo XX, cuando pioneros como Alan Turing comenzaron a explorar la idea de máquinas capaces de pensar, ha sido en las últimas décadas cuando la IA ha experimentado un crecimiento exponencial y ha empezado a integrarse profundamente en nuestras vidas. Desde asistentes virtuales en nuestros hogares hasta algoritmos que personalizan la publicidad en nuestras redes sociales, la IA está en todas partes moldeando nuestras interacciones, decisiones y comportamientos.

Esta tecnología está revolucionando una amplia gama de sectores. En la medicina, la IA facilita diagnósticos precisos y tratamientos personalizados; en la agricultura, optimiza la producción y reduce el desperdicio; en la educación, ofrece experiencias de aprendizaje adaptativas y accesibles. Cada avance parece confirmar que estamos en el umbral de una transformación sin precedentes donde la IA no solo optimiza procesos existentes, sino que también abre la puerta a innovaciones que antes eran inimaginables.

La IA como herramienta para mitigar la pobreza y la exclusión

La IA se presenta como una herramienta poderosa en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Al aprovechar las capacidades de la IA para analizar datos y prever tendencias, esta tecnología puede resultar de gran utilidad para identificar patrones y ofrecer soluciones innovadoras que aborden tanto las causas profundas como los síntomas inmediatos de estos problemas.

Predicción y prevención: anticiparse a la pobreza

Una de las mayores fortalezas de la IA es su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y descubrir patrones que no son evidentes a simple vista. En el contexto de la pobreza y la exclusión, la IA puede utilizarse para identificar patrones a varios niveles que pueden resultar útiles para mitigar realidades de vulnerabilidad.

A nivel macro, la IA puede analizar datos económicos y sociales para anticipar eventos que incrementan la pobreza tales como recesiones económicas, aumentos en el desempleo o desastres naturales. Por ejemplo, el análisis combinado de datos de empleo e ingresos, de precios de bienes básicos y de tasas de inflación puede ayudar a prever periodos de recesión o de dificultades para el acceso a bienes y servicios de determinados colectivos. Esto permitiría tanto a administraciones públicas como a organizaciones del tercer sector a diseñar políticas y respuestas adecuadas antes de que los problemas se agraven.

A nivel individual, la IA puede identificar a personas y familias en riesgo de caer en la pobreza antes de que esto ocurra. Algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar datos sobre ingresos, gastos, niveles de deuda y otros factores personales para predecir quiénes podrían necesitar asistencia y en qué momento. Por ejemplo, ya se han desarrollado sistemas de IA que pueden predecir el riesgo de desahucio con semanas de antelación, lo que permite a las autoridades intervenir y ofrecer apoyo antes de que las familias pierdan sus hogares.

Mejora de la eficiencia en los programas de ayuda

La predicción y prevención de la pobreza y exclusión serían elementos deseables para evitar que familias cayesen en situaciones críticas, pero la IA también puede suponer un buen apoyo para mejorar las medidas e intervenciones con las familias que ya se encuentran en situación de pobreza. La eficiencia es clave cuando se trata de distribuir recursos limitados para combatir la pobreza y la IA puede desempeñar un papel crucial en la optimización de los programas de ayuda, asegurando que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

En nuestro país existen muchos tipos de intervenciones destinadas a paliar las situaciones de pobreza y exclusión. Algunos actúan o pretenden actuar con la intención de resolver la carestía o insuficiencia de ingresos como los programas de empleo, el Ingreso Mínimo Vital o las rentas de inserción autonómicas. Otros en cambio buscan mejorar las condiciones de vida de las personas desde la reducción del gasto en partidas fundamentales como los programas de acceso a vivienda. Los sistemas de IA pueden ofrecer modelos de medición del impacto de todas estas intervenciones y programas de forma individual o incluso de manera combinada de tal forma que se gane en eficiencia y eficacia.

Por otro lado, la IA también permite la personalización de los acompañamientos adaptando los programas a las necesidades específicas de las personas. Por ejemplo, plataformas de IA pueden recomendar qué tipo de apoyo (financiero, educativo, laboral, de salud, etc.) es más apropiado para cada individuo o familia basándose en sus circunstancias particulares. Esto asegura que cada persona acompañada reciba el tipo de ayuda específica que le permitirá mejorar su situación.

Por tanto, la aplicación de la IA en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en nuestro país puede ofrecer un potencial significativo para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. Al permitir una predicción precisa y una respuesta proactiva a las crisis y al optimizar la distribución y efectividad de los recursos, la IA podría transformar la forma en que como sociedad estamos abordando estos desafíos complejos.

IA y empleo: luces y sombras en el futuro del trabajo

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando el mundo del trabajo a una velocidad sin precedentes, ofreciendo tanto oportunidades como desafíos. En este epígrafe, exploraremos las luces y sombras de esta revolución tecnológica en el ámbito del empleo, analizando cómo la IA está creando nuevos puestos de trabajo y redefiniendo los existentes, mientras que también plantea amenazas de desplazamiento y reubicación de empleos. Al considerar tanto los beneficios como los riesgos, es crucial reflexionar sobre el impacto de la IA en diferentes grupos sociales y la necesidad de políticas que mitiguen los efectos adversos.

A pesar de las preocupaciones sobre la automatización, aquellas personas que ven la botella medio llena en este tema hacen referencia a dos elementos clave: la generación de oportunidades laborales y el empoderamiento de determinados perfiles que pueden valerse de la IA para liberarse de tareas repetitivas. Con respecto al primer argumento, parece obvio que a medida que las empresas adoptan tecnologías avanzadas, surgen necesidades de habilidades específicas que impulsan la creación de empleos en sectores sobre todo vinculados a la tecnología y al manejo de datos. Es segundo gran argumento que se esgrime para defender la IA es que, además de crear nuevos empleos, la IA está liberando a los trabajadores existentes de cargas poco creativas o satisfactorias. Es decir, al automatizar tareas repetitivas y sin valor añadido, estos perfiles liberan una buena parte de su tiempo, permitiéndoles así que se concentren en trabajos más creativos y de alto valor.

Sin embargo, junto con la creación de oportunidades, la IA también plantea serios desafíos. La automatización a buen seguro desplazará a trabajadores y trabajadoras, especialmente en roles rutinarios y repetitivos, eliminando buena parte de estos puestos de empleo.

El debate está abierto y son múltiples las estimaciones optimistas que dicen que la IA terminará generando más empleo del que destruya, pero también se reiteran las estimaciones en el sentido contrario que dicen que se destruirá más empleo del que se cree. Lo que parece evidente es que el empleo se trasformará y, más allá del saldo final, se generarán empleos en unos sectores y/o territorios y se perderán en otros. Lo que parece claro es que habrá perdedores, como en todas las crisis y transformaciones, y habrá que pensar y diseñar itinerarios de inclusión para aquellas personas a las que la moneda les salga cruz. Un enfoque proactivo de políticas e intervenciones ayudaría a mitigar los riesgos y aprovechar los beneficios.

Retos y Desafíos de la IA

1. Sesgos algorítmicos y su impacto

Los sesgos algorítmicos representan uno de los mayores desafíos en la implementación justa y equitativa de la IA. Estos sesgos pueden perpetuar y amplificar desigualdades existentes, afectando a individuos y grupos vulnerables.

Por ejemplo, los sistemas de IA que diagnostican enfermedades de la piel han sido criticados por su menor precisión en personas con tonos de piel más oscuros debido a conjuntos de datos de entrenamiento que contienen principalmente imágenes de personas con piel clara. De manera similar, el software COMPAS utilizado en los tribunales de EE. UU. tiende a predecir con mayor probabilidad la reincidencia de personas afroamericanas en comparación con personas blancas, reflejando y reforzando prejuicios raciales preexistentes en el sistema de justicia penal.

Los sesgos de interacción en redes sociales pueden llevar a la creación de cámaras de eco donde se refuerzan las opiniones existentes y se excluyen otras perspectivas. Abordar estos sesgos mediante la implementación de estrategias de diseño y evaluación éticas es fundamental para asegurar que la IA sirva a la sociedad de manera equitativa.

2. El riesgo de la concentración de la IA

El desarrollo y la implementación de la IA requieren recursos significativos, incluyendo acceso a grandes cantidades de datos, capacidades de procesamiento computacional avanzadas y talento especializado. Actualmente, solo un número limitado de empresas tecnológicas poseen estos recursos a una escala tal que les permite liderar el campo de la IA.

La concentración del poder de la IA en manos de unas pocas corporaciones puede aumentar la brecha de ingresos entre las empresas tecnológicas y otras industrias, situándolas en una posición privilegiada para influir en los marcos regulatorios y en las políticas económicas. Además, si el acceso a tecnologías avanzadas se limita a quienes pueden permitírselas, las desigualdades en el acceso a servicios críticos como la educación y la atención médica pueden aumentar.

3. Gobernanza ética y políticas públicas

Para que la IA sea beneficiosa y equitativa, es esencial una gobernanza ética y políticas públicas que aborden sus impactos. La adquisición y el desarrollo de las nuevas herramientas para la humanidad encuentran su valor y su riesgo en el para qué se utilicen y en el cómo se implementen. Por ello los sistemas de gobernanza de la esfera pública, especialmente de las administraciones estatales y supra estatales, tienen que asumir un papel crucial en la orientación de esta nueva herramienta y en la generación de políticas públicas que acompañen a la inteligencia artificial en su servicio a la humanidad.

En este sentido, la UNESCO[1] enfatiza la necesidad de una brújula ética en la IA, recomendando marcos regulatorios y medidas que promuevan la justicia, la equidad y la inclusión.

Conclusión

La IA representa una de las innovaciones más potentes y transformadoras de nuestra era, con el potencial de definir el curso de nuestro futuro colectivo. Para que esta tecnología cumpla verdaderamente el sueño de mejorar nuestra sociedad, es crucial diseñarla y desplegarla basándonos en una visión de futuro que refleje nuestros valores y aspiraciones más elevados, en lugar de simplemente replicar los patrones del pasado. Crear sistemas de IA que miren hacia adelante nos daría la oportunidad de reconfigurar nuestras estructuras sociales y económicas para beneficiar a todos, no solo a unos pocos. Este es el reto y la oportunidad que tenemos ante nosotros, y la visión de un futuro mejor debe guiarnos en cada paso del camino.

[1] UNESCO, Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Paris, 2022.

Número 17, 2024

L. Íñigo Gimeno Giménez, máster en Doctrina Social de la Iglesia por la UPSA. Administrador de sistemas en la Fundación Pablo VI.

Puedes encontrar a L. Íñigo Gimeno en Linkedin.

Introducción

En septiembre pasado se cumplió el 8º aniversario de la aprobación por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas del documento llamado Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, más conocido en su forma breve como Agenda 2030. Prácticamente se trata del paso del ecuador desde su aprobación, de esos 15 años que se puso como plazo el gobierno de la humanidad para alcanzar una serie de metas: erradicar el hambre y la pobreza, alcanzar una educación universal, la igualdad social y de género, tomar medidas irreversibles contra el cambio climático, etc. Esta efeméride hace de este un buen momento para reflexionar sobre la Agenda. No en lo que respecta a su cumplimiento -de eso ya se dedican otros-, sino desde una perspectiva de Iglesia. ¿Qué tiene que decir la Iglesia sobre la Agenda 2030? Se trata de juzgarla mediante el instrumento que nos ofrece la Iglesia, su doctrina social.

Para este tipo de análisis, el papa Juan XXIII propone la metodología que posteriormente se ha aceptado como la más adecuada para esta materia, basada en tres acciones: ver, juzgar y actuar¹. Primero haremos una breve descripción de la Agenda, para luego juzgarla desde los principios de la doctrina social de la Iglesia y, por último, hacer una propuesta de acción muy concreta.

¿De dónde proviene la inquietud por descubrir este posible alineamiento entre la Agenda y la doctrina social? En un mundo que se rompe, en el que las desigualdades son cada vez mayores, donde la emergencia climática es cada día más urgente, las guerras son cada vez más inhumanas, los movimientos migratorios no hacen más que multiplicarse, al igual que el número de desplazados, y una larga lista de cicatrices por donde sangra nuestro mundo, la Iglesia, los discípulos de Cristo, no podemos permanecer impasibles².

Es importante destacar que la Agenda es un elemento neutral desde el punto de vista político, a pesar del continuo intento de ideologizarla. Al menos, en su concepción, ya que este acuerdo adoptado por unanimidad representó un compromiso político significativo para transformar el mundo. Entre estos países encontramos representantes de todos los espectros políticos, de muy variadas formas de gobierno, unas democráticas, otras dictaduras y otra clase de autocracias o teocracias, de distintas influencias religiosas. La Agenda 2030 busca un enfoque integral y transversal que abarca una amplia gama de temas de desarrollo humano, económico y ambiental. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la componen se centran en la universalidad, la inclusión y la sostenibilidad, apuntando a unir a los países y a las personas en un esfuerzo común para promover la prosperidad, proteger el planeta y asegurar la paz y la justicia para todos.

La Agenda 2030

La maternidad de la Agenda, es decir, quien la gesta y da a luz, es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, más conocido por sus siglas, PNUD. Después de varias décadas publicando su informe anual sobre desarrollo humano³, en el que sitúa a la persona en el centro de este proceso⁴, empieza a analizar las causas estructurales y los problemas comunes más urgentes que resolver.

En el año 2000, el entonces secretario general de la ONU, el ghanés Kofi Annan, convoca la Cumbre del Milenio, con la intención de establecer una agenda global para el desarrollo sostenible y abordar los problemas detectados anteriormente. De esta cumbre surge la Agenda del Milenio. Se la considera un hito importante en la historia del desarrollo mundial, ya que estableció ocho objetivos comunes y, por primera vez, se establece un compromiso para trabajar juntos. Tenía como meta el año 2015, y aunque no se logró cumplir íntegramente, supuso un gran avance y logró una reducción de la pobreza extrema a nivel mundial.

En 2015, los líderes mundiales adoptaron una nueva agenda, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que ampliaron y profundizaron el alcance de la propuesta anterior, y establecieron nuevas metas para el desarrollo global hasta el año 2030. A este nuevo conjunto de objetivos lo conocemos como la Agenda 2030. Y tiene asociada un conjunto de indicadores para vigilar su cumplimiento de manera mucho más eficaz.

La Agenda 2030 va más allá de una mera definición de objetivos, metas e indicadores. Ha sido creada sobre una propuesta moral, sobre un conjunto de valores de humanidad, basada en la dignidad de la persona y los derechos humanos (derechos económicos, sociales, civiles, políticos, culturales, desarrollo, etc.). Coloca la igualdad y la no discriminación en el centro de sus esfuerzos. Busca asegurar que nadie se quede atrás y que estos valores universales sean promovidos y protegidos en todos los niveles de la sociedad.

Los 17 ODS de la Agenda 2030 son⁵:

La doctrina social de la Iglesia

Esta doctrina, como conjunto de enseñanzas sociales impartido de forma sistemática por la Iglesia católica, son la herramienta que nos permite juzgar la realidad, en este caso, la Agenda 2030. Recordemos brevemente cuáles son⁶: la dignidad de la persona, la búsqueda del bien común, la distribución universal de los bienes, el principio de solidaridad y el de subsidiariedad. Sin duda, de todos estos principios, el más importante es el reconocimiento de la dignidad de la persona, como narra el libro del Génesis: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza (Gen 1, 27). Dios nos hace a las personas iguales a Él en dignidad y derechos, y eso es DON. El mejor de los regalos que podía hacer Dios a la humanidad. Y gracias a este reconocimiento, somos acreedores de los demás derechos humanos. Dios pone al ser humano en el centro de la Creación,

Algunos análisis y críticas a la Agenda 2030

Han corrido ríos de tinta sobre la Agenda en estos 8 años. Críticas bien fundamentadas, como la hecha por el sociólogo Carlos Gómez Gil para la Fundación Hogar del Empleado (2019)⁷.  El autor habla de la importancia de obtener compromisos concretos por parte de los gobiernos o de la importancia de mejorar el conocimiento técnico y científico en torno a los ODS, así como de la importancia de la transparencia de los datos.

También encontramos todo un mar de bulos, como que pretende destruir la familia, fomentar la eugenesia o la invasión migratoria, eliminar el consumo de carne, etc.

Pero, ¿qué dice la Iglesia sobre la Agenda? En 2015, el Papa Francisco pronuncia un discurso en la Asamblea de la ONU⁸, pocas horas antes de su votación, donde aprueba, en términos generales, la Agenda, de la que dice que es esperanza para el mundo, oportunidad. Advierte sobre la importancia de la educación para su implantación, que no será efectiva hasta que haya una auténtica distribución universal de los bienes -materiales, espirituales y religiosos-. Advierte sobre el peligro de quedarnos en la letra y no en el espíritu, olvidándonos de las personas que hay detrás. El papa ve cierto exceso de ambición en las metas de la Agenda, y expresa cierto temor a que ésta se convierta en un brindis al sol.

Al año siguiente, en 2016, el nuncio ante la ONU, Mons. Bernardito Auza -hoy nuncio ante el Gobierno de España-, publica una nota en la que matiza la posición de la Santa Sede ante la Agenda⁹. En ella dice que la Santa Sede está de acuerdo con la mayoría de los objetivos y metas, aunque se siente en la obligación de hacer ciertas observaciones. Habla de salud sexual y derechos reproductivos -la salud es un corolario del derecho a la vida y no puede incluir el acabar con la vida de una persona-, de su preferencia de desarrollo humano integral frente a desarrollo sostenible (en línea con el magisterio social) y promoción de mujeres y niñas frente a empoderamiento -para evitar una visión desordenada de la autoridad como poder-.

Ni el nuncio, ni el papa, acusan a la Agenda de ideológica, ni proabortista, ni masona. Reconocen el mérito que supone una iniciativa que aúna la voluntad de los gobiernos de los 193 países de la ONU.

Conclusiones

Podemos concluir que ambas comparten un mismo punto de partida: poner a la persona en el centro. También comparten objetivos comunes, como la promoción del desarrollo sostenible, la justicia socioambiental y el respeto por la dignidad humana. Aunque pueden existir diferencias en los enfoques y perspectivas, ambas iniciativas buscan abordar los desafíos globales desde una visión integral y holística, reconociendo la interconexión entre los diferentes ámbitos de la vida humana y la importancia de la colaboración entre actores a nivel global para lograr un cambio positivo y duradero.

También tienen planteamientos diferentes. Mientras que la DSI se basa en principios y valores morales inspirados en la fe, en la teología moral (CA 55), la Agenda 2030 es una iniciativa global que busca abordar los desafíos desde un enfoque más pragmático, basado en los ODS. Ambas comparten áreas de interés y objetivos comunes. Juntas, pueden contribuir a la construcción de un mundo más justo, solidario y sostenible. Aun así, la Agenda tiene una serie de carencias respecto a la DSI, como las señaladas por el Vaticano, u otras como no dar suficiente importancia a lo espiritual para el desarrollo integral de la persona, no resaltar el valor de la vida rural frente el peligro que supone el éxodo a las ciudades, no destacar suficientemente la importancia y el valor de la actividad humana de cuidados o la ausencia de un ODS dedicado a la comunicación responsable.

Por último, quiero hacer una propuesta para aproximar a la Iglesia y la sociedad, un diálogo entre dos caminos de actuación. Mi propuesta para el laico, para las instituciones y para la empresa, se puede canalizar mediante la RSC, mediante la colaboración con ONGD -especialmente con aquellas vinculadas con la Iglesia Católica, como es el caso de Cáritas-. El segundo camino es el que parte de los ODS, buscando el desarrollo y cumplimiento de las propuestas comunes con la DSI. Se trata de partir desde los puntos polémicos ya señalados, buscar los puntos de acuerdo y colaborar. Es fundamental desarrollar un Estado solidario, sostenible, en el que prime la igualdad de oportunidades, que procure una sociedad feminista, ecológica y solidaria.

Notas

1. Juan XXIII, Mater et Magistra, Roma: Librería Editrice Vaticana, 1961; nº236.
2. Concilio Ecuménico Vaticano II. Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, nº1. Roma: Librería Editrice Vaticana, 1965; nº1.
3. Haq, M. U., Sen, A, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe de Desarrollo Humano 1990 Nueva York: Naciones Unidas, 1990.
4. Concepto de desarrollo. Visto en el sitio web de investigación de las Naciones Unidas “Biblioteca Dag Hammarskjöld”. Recuperado de https://research.un.org/es/docs/dev/intro (consultado el 15/2/2024).
5. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Visto en sitio web de Naciones Unidas. Recuperado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/ (consultado 15/2/2024).
6. Pontificio Consejo «Justicia y Paz». Compendio de la doctrina social de la Iglesia, capítulos tercero y cuarto. Ciudad del Vaticano 2004. Otros autores proponen algunas variaciones respecto a la enumeración de los principios.
7. Gómez Gil, C., “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): una revisión crítica”. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, nº140, 2017/18; p. 107-118.
8. Francisco. Visita a la ONU – Discurso del Santo Padre. Recuperado de: https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-visita.html (consultado 16/2/2025).
9. Auza, Mons. B. Nota de la Santa Sede en el primer aniversario de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ciudad del Vaticano 2016.

Número 16, 2024

Médicos del Mundo

Puedes encontrar a Médicos del Mundo en Linkedin y X.

La intervención psicosocial que Médicos del Mundo (en adelante MdM) lleva a cabo en Melilla, es especialmente necesaria y relevante si se considera la especificidad del contexto en el cual opera. Melilla, es una ciudad en la cual se produce una concentración de flujos migratorios, tanto de la población africana como de la asiática, representando la puerta de entrada de la Unión Europea. Por otro lado, las personas migrantes que entran en Europa a través de Melilla se enfrentan a un sistema sanitario nuevo para ellas, que se encuentra estructuralmente saturado y del cual no tienen asegurado el acceso debido a su situación administrativa irregular.

En este contexto, MdM lleva desde 2016 desarrollado un proyecto de intervención en Melilla cuyo principal objetivo es: Contribuir a garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas de la ciudad de Melilla, y en particular el derecho a la salud. Desde 2020, junto a las variadas intervenciones de acceso a la salud – intervención en calle, sanitaria básica, con acompañamientos y derivación a los servicios públicos de salud- se han introducido las intervenciones psicosociales que han tenido como finalidad, por un lado, detectar situaciones de vulnerabilidad psicosocial y de acceso a recursos de salud mental, y por otro generar espacios de intervención reparadora desde una mirada psicosocial a los perfiles más vulnerables.

Una de las estrategias clave ha sido generar grupos de apoyo y espacios seguros para mujeres migrantes con impactos interseccionales marcados por la violencia de género y la exclusión social. Los enfoques de la intervención en salud mental y apoyo psicosocial son coherentes con los que plantea MdM en distintos territorios e incluyen: el enfoque psicosocial; el enfoque transcultural e interdisciplinar; enfoque terapéutico en casos de trauma; enfoque de derechos humanos y enfoque de género. Todos ellos, tal y como se explicará más adelante, implican una mirada concreta de la realidad y de los contextos que rodean la intervención.

Los problemas de salud mental que se producen en el contexto de Melilla están determinados por diferentes ejes de desigualdad que se cruzan entre sí: el modelo de determinantes sociales de la salud nos enseña que la clase social, el género, la raza/etnia (entre otros factores) determinan maneras diferentes de vivir y de enfermar. Las desigualdades sociales, además de producir resultados en salud desiguales, tienen también un elevado costo emocional. Sin olvidar, desde una perspectiva de género, los impactos diferenciales de los procesos migratorios y las dinámicas de exclusión en el caso de las mujeres migrantes.

Tipología perfiles

El perfil de personas con las que se interviene en salud mental y apoyo psicosocial en Melilla, Titulares de derecho según la nomenclatura que utiliza Mdm (en adelante TdD), es diverso y se describe a continuación:

• Personas migrantes, principalmente residentes en Melilla de manera irregular y de origen mayoritariamente marroquí, que presentan obstáculos en la accesibilidad al sistema público de salud y otros recursos sociosanitarios. Las dificultades para regularizarse en Melilla generan situaciones de exclusión ampliamente extendidas en el tiempo.
• Menores migrantes no acompañados/as, tanto residentes en centros de protección como en situación de sinhogarismo. En el estudio realizado en 2022 en el marco del proyecto Salud mental en colectivos vulnerables: contribución práctica a la Estrategias de salud mental del Sistema Nacional de Salud 2021-2026, se detectan problemas de consumo de sustancias en los/as menores como estrategia disfuncional de afrontamiento.
• Solicitantes de Protección Internacional: Melilla como lugar de tránsito, forma parte de las rutas migratorias de muchas personas que huyen de situaciones de persecución, violencia y/o tortura en sus contextos de origen. Esto hace especialmente relevante detectar los perfiles más vulnerables a nivel psicosocial, por un lado, para que puedan recibir la atención adecuada a su situación en cuanto a salud mental, y por otro, porque los propios impactos psicosociales pueden ser la clave para argumentar la pertinencia de solicitar Protección Internacional, lo cual ya es una forma de garantizar parte de sus derechos.
• Personas de origen migrante y/o racializado que sufren algún tipo de enfermedad física y/o de trastorno psicológico, ellas o algún miembro de su familia, y con las que se interviene de manera individual, grupal y/o familiar.
• Mujeres de origen migrante que participan en actividades grupales para mejorar su bienestar y fomentar el empoderamiento, gran parte de ellas en situaciones de gran precariedad, marcadas por el aislamiento social.
• Mujeres, y menores migrantes y/o racializados/as víctimas de violencia de género a distintos niveles con múltiples barreras de acceso para acceder a recursos especializados.
• Profesionales de diversas áreas de intervención sociosanitaria que participan en actividades formativas para incrementar sus conocimientos con el objetivo de mejorar su intervención y el trabajo en red.

Impactos psicosociales

Tal como se refleja en el Informe Salud mental en población vulnerabilizada, los impactos psicosociales detectados con más frecuencia en los perfiles antes descritos son:

• Trastornos adaptativos, sintomatología ansioso-depresiva cronificada y vinculada a condicionantes sociales y situaciones de extrema precariedad sostenidas en el tiempo.
• Sintomatología coherente con trauma complejo en supervivientes de violencias interseccionales, con énfasis en las VDG.
• Trastornos adictivos, tanto por consumo de sustancias como estrategia disfuncional de afrontamiento, como otras adicciones comportamentales, especialmente en Menores no acompañados/as y jóvenes extutelados/as.
• Patologías duales sin seguimiento especializado.
• Duelos migratorios complejos en la gran mayoría de las personas migrantes. (Achotegui 2022)
• Un alto porcentaje de las personas atendidas has estado expuestas a situaciones de violencia y/o a situaciones potencialmente traumáticas en origen tránsito o a su llegada a Melilla.

Intervenciones psicosociales en Salud Mental

Por todo lo expuesto con anterioridad, el núcleo de las intervenciones de Médicos de Mundo en Salud Mental pone el foco en determinados aspectos no siempre presentes en el Sistema Nacional de salud, como son:

• Las violencias de género y sus impactos interseccionales en un contexto de tránsito migratorio.
• El duelo migratorio y el estrés aculturativo. Especialmente el duelo migratorio complejo, agravado por situaciones de alta vulnerabilidad (Sayed-Ahmad Beirutí coord 2007)
• Los impactos traumáticos, las estrategias disociativas y conductas compensatorias en personas expuestas a situaciones potencialmente traumáticas.

Las intervenciones planteadas desde MdM operan a distintos niveles (Gráfico 1)

Gráfico 1- Intervención en salud mental y apoyo psicosocial en MdM (Adaptación Guía IASC 2007)

En este contexto, se describen a continuación las tipologías de intervenciones psicosociales que han tenido impactos positivos en los TdD con los que MdM interviene en Melilla.

Grupos de apoyo y empoderamiento para mujeres: son espacios grupales seguros, conducidos tanto por la psicóloga como por técnicas de intervención y de mediación intercultural, con apoyo lingüístico cuando es necesario. Se abordan por un lado desde un enfoque formativo en cuanto a perspectiva de género, y con un enfoque terapéutico que ayuda a identificar violencias de género y a iniciar procesos de empoderamiento. Las mujeres que avanzan en el proceso formativo y terapéutico tienen además la oportunidad de asumir un rol activo, exponiendo sus avances en sesiones semiestructuradas con mujeres participantes de otras actividades. Esto permite facilitar un espacio informal en el que resolver dudas y generar vínculos entre mujeres con distintos niveles de adherencia a la intervención y de autorreflexión con las temáticas. Las mujeres que lideran las sesiones consiguen afianzar sus conocimientos, y se empoderan al convertirse en referentes de sus iguales.

Formaciones en primeros auxilios psicológicos para entidades que trabajan en el terreno, especialmente en situaciones de calle. Debido a la gran demanda de apoyo psicosocial entre personas migrantes, se ha identificado la necesidad de formar a los colectivos que intervienen en el terreno como agentes esenciales en el cuidado y la promoción de la salud mental. Las formaciones responden al doble objetivo de: dotar a los equipos de calle de zonas de tránsito de recursos para el abordaje de intervenciones con personas migrantes en situación de vulnerabilidad psicosocial; facilitar espacios para hablar de salud mental, mejorando así la atención a TdD con problemas de salud mental y estableciendo mecanismos de trabajo en red, detección y derivación de casos más vulnerables.

Intervención individual y acompañamiento psicosocial individualizado. Las intervenciones psicológicas individuales se realizan prioritariamente con mujeres en su mayoría con sintomatología traumática asociada a múltiples violencias de género y a contextos marcados por la exclusión social. Se trata de una atención de carácter terapéutico, llevada a cabo por profesionales de la psicología, que abordan una problemática en salud mental con vocación de continuidad. Dichas intervenciones pueden terminar con la derivación y acompañamiento al sistema público de salud mental cuando esto es requerido o a recursos especializados. El acompañamiento psicosocial consiste en una intervención más indirecta, y/o puntual, que se realiza en contextos más informales, con la finalidad de realizar acciones que permitan la vinculación y adherencia de personas en situación de vulnerabilidad que, por su propio contexto o por factores culturales, es complicado que accedan a sesiones individuales y grupales más estandarizadas. Estas atenciones pueden ser realizadas por profesionales de la psicología o por profesionales de otros sectores (social, sanitario) con formación en acompañamiento psicosocial.  En el caso de Melilla estas intervenciones se realizan sobre todo con mujeres migrantes y con Menores no acompañados/as y/o jóvenes no tutelados en ocasiones en situación irregular y en contexto de sinhogarismo. Ambas tipologías de intervención son complementarias.

Mediación intercultural en acciones de salud mental. Debido a la vecindad de Melilla con Marruecos, y situarse como punto clave de las rutas migratorias hacia Europa, la mayoría de TdD que recurren a MdM tienen dificultades para acceder con garantías a recursos públicos de salud general y, aún más, de salud mental. En el caso de MdM Melilla las mediadoras, proporcionan un soporte imprescindible en las intervenciones, tanto individuales, como grupales, familiares, formativas y terapéuticas.

En 2023, la propuesta metodológica reflejada en la Guía metodológica, acompañamiento psicosocial y atención en salud mental con población vulnerabilizada, está siendo testada en distintos territorios incluyendo Melilla, que este año está centrando su recogida de información en las mujeres migrantes con las que se viene interviniendo tanto a nivel individual como en grupos de apoyo. Como fase final, de dicha investigación acción, se están identificando y diseñando prácticas innovadoras con un componente comunitario. Estas prácticas sitúan énfasis en lo preventivo y en lo reparador con un componente de novedad, con respecto a las intervenciones que ya se vienen haciendo en el territorio. Se trata de identificar actividades que puedan tener un efecto sobre la integración de las personas participantes y que potencialmente aporten un impacto positivo en la salud mental, con apoyo en el tejido social y comunitario. (La base de la pirámide). Dichas prácticas tendrán que ver con el uso del espacio público compartido, por parte de las TdD con las que se interviene a nivel grupal e individual.

El reto sigue siendo garantizar el derecho a la salud, incluida la salud mental en lugares de llegada y tránsito migratorio, para ello además de las acciones específicas de intervención y acompañamiento directo con poblaciones vulnerables, es imprescindible el trabajo comunitario y la sensibilización vinculada a derechos humanos y convivencia intercultural.

Tal y como ya apuntaba Ignacio Martín Baró: Si la base de la salud mental de un pueblo se encuentra en la existencia de unas relaciones humanizadoras, de unos vínculos colectivos (…) en los que no se niegue la humanidad de nadie, entonces la construcción de una sociedad más justa no es solo un problema económico y político. Es también y por principio un problema de salud Mental (Martín Baró I. 1984).

Bibliografía

Achotegui, J. Los Siete Duelos de la Migración y la Interculturalidad. Ned Ediciones, 2022.

Comité Permanente entre Organismos. Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes. Ginebra, IASC , 2007.

Hofstede, G. Culture´s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations.  USA, Sage Publications, 2021 (2nd Edition.)

Médicos del Mundo. Melilla: diagnóstico de una sanidad enferma propuestas para un sistema sanitario público, universal y de calidad. Abril 2019. https://www.medicosdelmundo.org/sites/default/files/informe_sanidad_melilla.pdf

Médicos del Mundo, La salud naufraga en la Frontera Sur, junio 2021. https://fronterasur.medicosdelmundo.org/wp-content/uploads/2021/06/Frontera_Sur_informe.pdf

Médicos del Mundo. Guía metodológica, acompañamiento psicosocial y atención en salud mental con población vulnerabilizada. Mayo 2022.

https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/publicaciones/guia-metodologica-acompanamiento-psicosocial-y-atencion-en

Médicos del Mundo. Salud mental en poblaciones vulnerabilizadas. Mayo 2022. https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/publicaciones/salud-mental-en-poblaciones-vulnerabilizadas

Organización Mundial de la Salud. World Mental Health Report. Transforming Mental Health for All. 2022

Pérez-Sales P. Psicología y Psiquiatría Transcultural. Bases prácticas para la Acción- Desclée de Brouwer. Biblioteca de psicología, 2004.

Ruiz Álvarez, M. et al. Los determinantes sociales de la salud en España (2010-2021): una revisión exploratoria de la literatura. Revista Española de Salud Pública Volumen 96, 2022.

Sayed-Ahmad Beirutí, N. (Coordinador). Programa de atención a población inmigrante en Salud Mental. Junta de Andalucía, Grupo de Trabajo de salud Mental e inmigración, 2007.

Número 15, 2023

Hernán Fioravanti, Andrea Ariza, Lluís Benlloch y Mireia López, miembros de La Dula cooperativa de investigación social y acción comunitaria

Puedes encontrar a la cooperativa La Dula en su web, en Twitter, Facebook e Instagram.

La vivienda pública es uno de los principales mecanismos con el que cuentan las instituciones públicas a la hora de garantizar el derecho a la vivienda y revertir algunas de las desigualdades sociales y territoriales que atraviesan nuestras sociedades. Al mismo tiempo, si las políticas de vivienda pública no siguen lógicas de redistribución social y reducción de las desigualdades, se corre el riesgo de que se conviertan, paradójicamente, en un factor que reproduce dinámicas de segregación y exclusión social. Es por ello, que el objetivo de este artículo es reflexionar sobre algunos de los retos que enfrentan hoy en día las políticas de vivienda pública en el contexto español, así como ofrecer algunas claves de intervención para el futuro.

Este artículo se basa en los resultados de dos estudios realizados por la cooperativa de investigación social La Dula, en colaboración con la Cátedra de Vivienda y Derecho a la Ciudad de la Universidad de Valencia: Vivienda pública y mezcla social: análisis y propuestas por unos entornos de vivienda pública más justos (2022) y El Derecho de Tanteo y Retracto en el marco de las políticas de vivienda pública: implicaciones sociales y territoriales en el contexto valenciano (2023). Se trata de dos estudios etnográficos que analizan diferentes dimensiones de las políticas de vivienda pública en el contexto valenciano, pero con reflexiones que pueden hacerse extensibles a otros territorios del Estado español.

A partir de las conclusiones de estas investigaciones, en este artículo proponemos tres grandes retos para una agenda de vivienda pública centrada en la reducción de las desigualdades. Antes de pasar a desgranarlos, consideramos necesario apuntalar dos claves que definen nuestra manera de entender la vivienda. Por un lado, se trata de un derecho básico y un determinante social de la salud, por lo que la actual crisis habitacional tiene importantes repercusiones psicosociales que requieren de una urgente respuesta pública. Por otro lado, concebimos el derecho a la vivienda como algo indisociable del derecho a la ciudad, en la medida en que la vivienda no solo permite cubrir necesidades materiales básicas, sino que es un elemento clave a través del cual nos vinculamos al entorno barrial, desplegamos redes de relaciones vecinales y tejemos identidades compartidas.

Mejorar el parque de vivienda pública existente para evitar que genere y reproduzca desigualdades

El parque de vivienda pública español se ha caracterizado, de forma mayoritaria, por importantes dinámicas de abandono y segregación. El modelo más común ha sido el de grandes bloques de viviendas de bajo coste heredados del franquismo o construidos durante la década de los ochenta. Inmuebles obsoletos y de calidades constructivas deficitarias, que la falta de gestión e inversiones públicas ha llevado a un mal estado de conservación. Bloques que, en muchos casos, además, se han ubicado en barrios periféricos caracterizados por el estigma territorial, la concentración de la pobreza y la segregación de poblaciones de etnia gitana y origen extranjero.

En los últimos años, en el marco del nuevo ciclo político iniciado en 2015, las administraciones públicas de territorios como el valenciano han dedicado importantes esfuerzos a revertir esta situación. Por un lado, han comenzado a dedicarse algunas inversiones a la rehabilitación de edificios de vivienda pública degradados, si bien el estado de abandono es tan generalizado que aún resta mucho por hacer. Consideramos que invertir en el mantenimiento material del parque de vivienda pública ha de continuar siendo una prioridad de las instituciones públicas, ya que las condiciones materiales no solo tienen un impacto directo en el bienestar y la dignidad de quienes las habitan, sino que además inciden en las dinámicas de convivencia y conflicto que caracterizan estos edificios y barrios.

Por otro lado, también se han comenzado a dedicar recursos a una mejor gestión del parque público, como evidencia la contratación por parte de la empresa gestora del parque autonómico valenciano de un servicio de atención de proximidad e intervención social, el cual actúa en los barrios de mayor complejidad afectados por las dinámicas previamente descritas. Dejando a un lado las contradicciones que puede suponer la externalización de un servicio de este tipo, se trata de una iniciativa que consideramos que debería mantenerse en el futuro, en la medida en que puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de quienes residen en vivienda pública, en su mayoría perfiles sociales en situación de vulnerabilidad con los cuales es fundamental trabajar de forma coordinada y con una perspectiva social y comunitaria. En este sentido, resulta clave que estos programas vayan más allá de un enfoque asistencial o de mediación en situaciones de conflicto, impulsando procesos de trabajo comunitario y fomentando espacios compartidos de encuentro que puedan resultar transformadores.

Ampliar el parque de vivienda pública para dar respuesta a la emergencia habitacional

Además, el parque de vivienda pública español se caracteriza por ser uno de los más reducidos del contexto europeo, representando a penas un 2,5% del total de viviendas, muy por debajo de otros territorios como Países Bajos (30%), Austria (24%) o Dinamarca (20,9%) (Dirección General de Vivienda y Suelo, 2020). Un déficit estructural que se debe en gran parte al modelo de viviendas de protección oficial para la compra-venta, el cual ha supuesto una continua pérdida y privatización de las inversiones públicas realizadas en este ámbito a lo largo de las últimas décadas (Pareja y Sánchez, 2017).

El nuevo ciclo político vivido en algunas comunidades autónomas en los últimos años ha supuesto también un punto de inflexión en este sentido (Paleo y Quintiá, 2020). Gobiernos como el de la Generalitat Valenciana han comenzado a dedicar notables recursos a la ampliación del parque público, así como a la consolidación de un modelo que priorice el alquiler y garantice la cualificación permanente de las viviendas públicas. Otro objetivo que a nuestro parecer debe situarse entre las prioridades de la agenda pública, en la medida en que revertir décadas de déficit estructural exige una fuerte apuesta política a largo plazo.

Entre las múltiples estrategias movilizadas para aumentar el parque público (promoción pública, compra directa, concurso, etc.), el Derecho de Tanteo y Retracto se ha convertido en uno de las más eficaces. Los derechos de adquisición preferente de las administraciones públicas se han ampliado en algunas comunidades autónomas a casos de procesos hipotecarios y grandes operaciones inmobiliarias. En particular, el estudio realizado en el contexto valenciano ha permitido evidenciar que se trata de una de las herramientas que está permitiendo aumentar el parque público de forma más ágil y económica, al mismo tiempo que permite intervenir en situaciones de emergencia habitacional.

Además, el estudio pone de relieve que también está contribuyendo a generar un parque público con una mayor descentralización y protagonismo de las administraciones municipales, cuestiones que pueden ser fundamentales a la hora de abordar algunas de las problemáticas mencionadas. Al mismo tiempo, están emergiendo nuevos retos, entre los que destacan la necesidad de una planificación estratégica de ampliación del parque público que vaya más allá de las oportunidades de compra que se dan en el mercado inmobiliario, destinar mayores recursos económicos y humanos para gestionar un parque público cada vez más amplio y distribuido, y la necesidad de una mayor coordinación entre las administraciones autonómicas y los diferentes agentes locales involucrados.

Diversificar el parque de vivienda pública para fomentar la mezcla social y evitar la segregación

Por último, queremos destacar la importancia de emprender acciones públicas orientadas a fomentar una mayor diversidad del parque público y de quienes lo habitan. La ampliación mediante la herramienta del Tanteo y Retracto también resulta de interés en este sentido, ya que está contribuyendo a una mayor distribución territorial y diversidad tipológica, y permitiendo que el sistema de vivienda pública llegue a municipios que previamente contaban con un reducido o nulo parque público. Al mismo tiempo, también se detectan casos en que las adquisiciones realizadas se ubican en los mismos barrios segregados donde ya se concentra la vivienda pública, lo que podría contribuir a reproducir dinámicas de segregación y exclusión residencial previamente existentes.

Además, la ampliación y diversificación del parque público también está ayudando a fomentar la mezcla social, un concepto controvertido que pensamos que puede resultar de interés si se orienta a garantizar que los colectivos más empobrecidos no sean relegados a barrios periféricos y estigmatizados. La aplicación del Tanteo y Retracto también resulta de interés en este sentido, como ilustra el caso valenciano donde esta cuestión se está fomentando de dos maneras. Por un lado, muchas adquisiciones se encuentran en edificios donde hay también vivienda privada, lo que provoca una convivencia a nivel de edificio, no exenta de retos, entre propietarios privados e inquilinos de vivienda pública. Por otro lado, en algunos procesos de adjudicación se están aprobando declaraciones de excepcionalidad, lo cual permite incluir otros criterios (situaciones de emergencia residencial, jóvenes, gente mayor, diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia machista, población con rentas de trabajo, etc.) y fomentar, por lo tanto, la convivencia de perfiles sociales más diversos.

Los casos analizados muestran que diversificar los perfiles de residentes en vivienda pública es clave a la hora de evitar dinámicas de segregación, pero, al mismo tiempo, dar respuesta a las necesidades habitacionales de los colectivos más vulnerables no debe dejar de ser la prioridad de las políticas de vivienda pública (Arthurson, Levin y Ziersch, 2015). En este sentido, consideramos fundamental que las iniciativas de mezcla social impulsadas en el ámbito de la vivienda pública se realicen desde una perspectiva interseccional y centrada en las desigualdades. Se deben evitar propuestas de mezcla social centradas en lo que parece una suerte de diversidad cómoda, en las cuales existe el riesgo de desdibujar ejes de desigualdad como la clase social, el origen o la etnicidad, centrales en las dinámicas de exclusión residencial.

En conclusión, consideramos que la vivienda pública es una herramienta fundamental a la hora de fomentar el derecho a la vivienda y dar respuesta a la fuerte crisis habitacional que atraviesa el Estado español en los últimos años. Pero no solo eso, sino que pensamos que continuar actuando en torno a los diferentes retos señalados en este artículo puede contribuir a que el sistema de vivienda pública funcione como lo que pensamos que debe ser ante todo: un mecanismo capaz de reducir las desigualdades, redistribuir la riqueza y fomentar el derecho a la ciudad.

Bibliografía

Arthurson, K.; Levin, I.; Ziersch, A. “Social mix, ‘[A] very, very good idea in a vacuum but you have to do it properly!’ Exploring social mix in a right to the city framework”. International Journal of Housing Policy, 15(4), 2015; p. 418-435.

Dirección General de Vivienda y Suelo, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín especial vivienda social 2020. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2020.

Fioravanti, H.; Ariza, A.; Benlloch, L.; López, M. El Dret de Tanteig i Retracte en el marc de les polítiques d’habitatge públic. Implicacions socials i territorials al context valencià. València: Càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat, 2023.

Fioravanti, H.; Benlloch, L.; López, M.; Ariza, A. Habitatge públic i mescla social. Anàlisi i propostes per uns entorns de vivenda pública més justos. València: Càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat, 2022.

Paleo Mosquera, N.; Quintiá, A. Las políticas de vivienda desde una perspectiva multinivel: un análisis comparado de la legislación autonómica. En N. Paleo Mosquera y A. Nogueira López (Eds.), Políticas y derecho a la vivienda: gente sin casa y casas sin gente (pp. 309–349). Valencia: Tirant Lo Blanch, 2020

Pareja-Eastaway, M.; Sánchez-Martínez, T. “More social housing? A critical analysis of social housing provision in Spain”. Critical Housing Analysis, 4(1), 2017; p. 124-131.

Número 14, 2023

Equipo de Inclusión de Cáritas Española

La preocupación por las mujeres en situación de sin hogar, creciente en el día a día de nuestros programas y recursos, nos ha llevado a poner la mirada en su realidad, no solo por el incremento numérico de mujeres acompañadas, hoy ya suponen el 20% frente al 80% de hombres, sino, fundamentalmente, por la constatación de su especial situación de exclusión. La interacción de múltiples factores supone una clara vulneración de derechos humanos. Además, incorporando la perspectiva de género, nos encontramos con aspectos específicos que agravan su exclusión y vulnerabilidad.

Conocer en profundidad su vida y su situación de sinhogarismo, nos llevó a revisar lo escrito e investigado, y a realizar una encuesta en nuestras Cáritas actualizando nuestros datos, focalizando en ellas y, lo más importante, entendimos que son las propias mujeres quienes nos tienen que hablar de su realidad: esta es la parte fundamental de nuestro estudio que comienza en 2022. Se trataba de conocer mejor la realidad de las mujeres en situación de sin hogar, obtener pistas, adaptar y mejorar nuestra respuesta en la intervención. Entrevistamos a 28 mujeres en profundidad, y organizamos 4 grupos de discusión, escuchando a las propias mujeres poniéndolas en el centro, no solo en su dimensión de sin hogar, sino en la totalidad de sus vivencias. Los resultados de la investigación nos interpelan.

Un trabajo, una habitación y un gato. La situación de las mujeres sin hogar acompañadas por Cáritas, ya está publicado.  El título es una cita literal de las palabras de una mujer entrevistada al preguntarle por sus expectativas de futuro, cómo se veía y como le gustaría verse. El estudio nos demuestra que las ayudas no son suficientes para vivir plena y dignamente, pero, sobre todo, reclaman poder ser las autoras de su propia historia. Para ello, el trabajo es la llave para conseguir unos ingresos que permitan de manera autónoma el segundo elemento: una habitación. Todo lo recogido en el estudio nos recuerda de forma constante y contundente la necesidad de un espacio de seguridad, en primer lugar, pero también de intimidad, de desarrollo, de calma, donde poder vivir y digerir las dificultades de estas vidas (pasadas y presentes). Y, por último, un gato, el tercer elemento, es la necesidad de vinculación, de generar red de apoyo y de compañía.

Las personas en situación de sin hogar no son invisibles, cada día constatamos que la invisibilidad está en la ceguera de quienes no queremos ver, ceguera aun mayor cuando hablamos de mujeres. Ahora toca repensar nuestra intervención, mirar y escuchar, y si caminamos junto a ellas iremos encontrando como mejorar nuestro acompañamiento.

Aportaciones sustanciales del estudio

Las mujeres nos han transmitido su necesidad de un espacio físico y emocional seguro. Sus vivencias de violencias machistas, tanto en la infancia como en la edad adulta, tiene como consecuencia un miedo real que perdura en el tiempo. Las mujeres que están en situación de calle, ven agravada su exposición a la violencia que siguen sintiendo en los recursos para personas sin hogar.

Como consecuencia, ellas retrasan lo más posible su llegada a la calle y a los albergues lo que agrava su deterioro y las hace aún más invisibles. Las mujeres que son madres, viven la maternidad como una herida por la incapacidad para ocuparse de sus hijas e hijos y cargan con una culpabilidad que les provoca un gravísimo dolor emocional. El sinhogarismo es causa y consecuencia de enfermedades mentales en el mismo sentido en que lo son las adicciones, siendo un factor antecedente y/o la rendición ante el dolor y la desesperanza. Las historias de las mujeres a las que hemos escuchado nos hablan de soledad y aislamiento por la desconfianza y nos enfrentan a nuestra mirada prejuiciosa que les devuelven una imagen de sí mismas que mina su autoestima y les hace dudar sobre su propia dignidad.

Las mujeres, para poder sanar sus heridas y reconocerse como personas con plenos derechos, necesitan un espacio físico y emocional donde sentirse a salvo. Un espacio que les permite generar vínculos, construir de nuevo relaciones de confianza y afecto.

Lo importante es repensar

Repensar es preguntarnos y estar en disposición de escuchar la respuesta con la mirada abierta, contrastar, no conformarnos con hacer lo de siempre, e introducir cambios. No por el mero hecho de cambiar, sino con la intención de adaptar y ajustar nuestros programas y recursos a una realidad cambiada y cambiante, porque hemos escuchado y comprendido a las mujeres y no queremos permanecer impasibles. Si, además, la realidad acompañada es de grave vulneración de derechos humanos, sin garantizar una protección social, nos sentimos llamadas a estar al lado de quienes más nos necesitan.

Y la realidad que tenemos es que la mayoría de nuestros programas y recursos están pensados y construidos en un contexto en el que el destinatario principal son hombres. Es necesario parar, ajustar la mirada, incorporar la perspectiva de género y repensar hasta qué punto estos recursos y programas son adecuados a la realidad de las mujeres acompañadas.

Repensar nuestros recursos

Espacio físico 

El estudio revela que las mujeres participantes reclaman espacios físicos propios y diferenciados donde puedan sentirse seguras. Es imprescindible hacer una reflexión sobre la conveniencia, o no, de ampliar recursos específicos y/o valorar en qué medida se garantiza el sentimiento de seguridad en los recursos mixtos.

Los espacios hablan

En los espacios donde se acoge, donde se organizan los talleres, en los dormitorios, el comedor, la sala de estar…, se puede incorporar el enfoque de género con cambios significativos en el diseño del espacio, su personalización, lenguaje de los carteles, contenidos de las propuestas. Pero para la buena acogida y vivencia es necesaria la participación de las propias mujeres, y así contribuir a su protagonismo y la posibilidad de un espacio, en sentido amplio, en el que construir paulatinamente un proyecto de vida y de futuro, desde su dignidad, derechos, necesidades y demandas.

Repensar nuestros programas

Cuando decimos que la persona es el centro de nuestra acción no puede ser un discurso vacío, entender a cada persona como protagonista de su proceso nos tiene que focalizar la mirada. Las mujeres sin hogar nos dicen, cada una y en cada historia, que las escuchemos, que lo hagamos desde la empatía y el reconocimiento de sus derechos. Hacerlo nos tiene que llevar a replantear nuestra acción.

Las mujeres nos han priorizado el foco en la vulneración del derecho a la vivienda, salud y empleo y sus consecuencias. Reclamar el acceso a estos derechos a la Administración pública y acompañar el ejercicio de los mismos nos plantea preguntas que urgen respuestas. Si las hemos escuchado no podemos esquivar la mirada, nos interpela en el acompañamiento a sus demandas concretas: ¿Tenemos en cuenta, más allá del derecho, a la hora de adjudicar una vivienda la ubicación, el tipo de barrio o la cercanía de servicios públicos, transporte, la existencia de una red social…? ¿Cómo incorporamos a las mujeres en los programas de empleo, empresas de inserción? ¿Tenemos protocolos de prevención del acoso sexual y/o sexista en nuestros programas?

Repensar nuestro acompañamiento

Las mujeres que acompañamos tienen una mochila llena de vivencias y eventos traumáticos, muchos de ellos relacionados con violencias machistas. Esto tiene una consecuencia muy relevante en su salud física, mental y emocional y en sus procesos vitales. Nuestro acompañamiento debería tener presente su mochila desde su singularidad, orientado a desvelar y fortalecer sus capacidades y habilidades, sin subrayar constantemente las carencias.

Participación y mirada integral

Pensar desde y para ellas nos cambia los puntos de partida y el cómo acompañar los procesos. No podemos olvidar que la participación es un derecho y una necesidad, y que el protagonismo de cada historia es de la persona acompañada. Son mujeres con trayectorias vitales de exclusión (violencia y trauma) pero con fuerza, esperanza y capacidad para seguir caminando. Nuestro acompañamiento debe potenciar y apoyar el encuentro de cada una con sus fortalezas y animar también al encuentro con otras mujeres en las que apoyarse y con las que participar en sus propios procesos.

Para que esto sea posible y real, requiere salir de nuestras zonas de confort y perder en algunos aspectos el control. Las mujeres nos señalaran que algunas normas y reglas rígidas no contribuyen a que puedan tomar las riendas en su vida y recuperar su dignidad como ciudadanas con derechos.

Salud mental

La salud mental nos preocupa especialmente y nos empuja a buscar una atención integral entre el acompañamiento comunitario, social y psicológico. Para ello, es fundamental reivindicar el acceso a los recursos públicos de salud, y en particular de salud mental, como un derecho al que no podemos renunciar con una atención psicológica pública, gratuita y de calidad.

Igualmente, es necesario dar a conocer y sensibilizar a los profesionales sanitarios, psiquiatras, psicólogos y psicólogas, sobre la situación y sufrimiento de las mujeres con problemas de salud mental y emocional, así como impulsar redes y espacios de coordinación, con especial atención al trauma en mujeres en situación de sin hogar, poniendo el foco en la detección y acompañamiento (con personal propio) o derivación temprana y prioritaria a servicios de atención psicológica y psiquiátrica.

Repensar nuestros equipos

Sabemos que los procesos con las mujeres con sus mochilas llenas de vivencias, son largos, complejos y se tienen que recorrer desde la cercanía.  Es muy importante que los agentes, tanto el voluntariado como las personas contratadas, puedan abordar los procesos de forma integral, desde un equipo dotado con suficientes recursos humanos para poder afrontar cada situación desde la centralidad de la persona, ofreciendo el acompañamiento que construya el camino compartido hacia una vida digna.

Es necesaria, por tanto, la formación en nuestros equipos. La formación específica en mujer y sinhogarismo, debe incorporar la mirada de género. Hace falta educar nuestra percepción para acompañar sus caminos abordando su salud mental y emocional, y para ello necesitamos claves para mejorar nuestra intervención con mujeres víctimas de violencias machistas, víctimas de abuso sexual, mental y físico.

Conclusión

En Cáritas y desde el acompañamiento, apostamos por ponerlas en el centro, no solo en su dimensión de sin hogar, sino como personas dignas con derechos vulnerados, necesidades sin cubrir, desvinculadas de las redes sociales y afectivas, pero también con mucho que ofrecer, capacidades, resiliencia, merecedoras de protagonizar sus propias vidas, con el acompañamiento que cada una de ellas requiere.

La atención a su situación residencial es importante, pero no única. Muchas de las mujeres que acompañamos han vivido situaciones de violencia durante su infancia, en pareja, en la calle, acumulan vivencias que las hacen vivir con un miedo que está justificado desde la experiencia. En este sentido, ofrecer un espacio seguro a estas mujeres valientes y fuertes es imprescindible.  Necesitan un alojamiento, sí, pero también espacios físicos y sociales seguros para poder sanar heridas que arrastran desde la infancia, para poder reconciliarse con sus cuerpos, para poder abordar, en buena parte, una maternidad también herida que no les permite estar con sus hijas e hijos e impide volver a sí mismas, a ser.

Un proceso de sanación como protagonistas y sujetos de derechos, con capacidad de reivindicación y exigencia de los mismos, que les posibilite una mirada relacional y afectiva para reconstruir su autoestima y la confianza en las relaciones con otras personas con las que poder afianzar vínculos positivos y seguros.

Número 13, 2023

Eduardo Bericat, Catedrático de Sociología de la Universidad de Sevilla

En este artículo se sugiere que la atención a la subjetividad de los destinatarios de los servicios sociales debe ser un rasgo básico en cualquier nuevo modelo de trabajo social.

Los individuos de las sociedades desarrolladas otorgamos una importancia creciente a nuestras vivencias y mundos de vida, a todos aquellos elementos que pueblan la interioridad de los seres humanos. Las emociones y estados de ánimo que sentimos, nuestras ideas y creencias acerca del mundo, los valores e ideologías con los que juzgamos a personas y cosas, las opiniones y las expectativas, o los sueños y los deseos, no solamente constituyen ámbitos esenciales de nuestro modo de vida, sino que determinan cada vez con mayor fuerza nuestro bienestar. Actualmente, la realidad del mundo subjetivo parece imponerse a la realidad del mundo objetivo. De ahí que hablemos del retorno a la subjetividad, de una reciente macrotendencia social que impulsa en muchos ámbitos el predominio de lo subjetivo sobre lo objetivo.

Desde esta perspectiva, cabe preguntarse: ¿a qué deberían los trabajadores sociales prestar una atención preferente, a las condiciones de vida (objetivas) o a las vivencias y experiencias (subjetivas) de las personas necesitadas de apoyo? ¿están los actuales servicios sociales más orientados hacia el tratamiento de los hechos objetivos o de los subjetivos? ¿debería hacerse un mayor esfuerzo por incorporar la subjetividad a la asistencia social? ¿Qué beneficios se derivarían de un reequilibrio del eje objetivo-subjetivo en las estrategias de asistencia, apoyo y cuidado?

El desacoplamiento objetivo-subjetivo y el retorno de la subjetividad

Tras dos siglos de modernización persiguiendo el progreso material y la mejora de las condiciones económicas de la población, nos hemos despertado comprobando que todo este desarrollo no ha servido para alcanzar la mayor felicidad para el mayor número, según expresión del utilitarista Jeremy Bentham. El fabuloso crecimiento de la riqueza no ha evitado la expansión del sufrimiento y la infelicidad. Pandemias emocionales como la soledad, la depresión, el estrés, la ansiedad, el sinsentido, el aburrimiento, la falta de respeto, o el miedo, afectan cada día a una mayor parte de la población.

El hecho determinante es que hoy el bienestar material y el bienestar emocional no caminan en paralelo, es decir, que el logro de uno no conduce directa y necesariamente al otro. Y dado que las condiciones de vida (objetivas) y las vivencias (subjetivas) están desacopladas, nos vemos obligados a perseguir simultáneamente ambos tipos de bienestar. Así, Gallup nos advierte del crecimiento global de la infelicidad en el mundo, mostrando que el Índice de Sentimientos Negativos ha aumentado un 38% de 2006 a 2021, pasando de 24 a 33 puntos en una escala de 0 a 100^[1].

En su columna periodística, Manuel Vicent escribe una historia que ilustra^[2], desde una perspectiva micro, el desacoplamiento entre lo subjetivo y lo objetivo^[3]. Cuenta que a su amigo no le van mal las cosas: tiene buena salud, su mujer le quiere, sus hijos le respetan, un buen pasar económico, suficientes amigos, ilusión por viajar, y afición a la música, la pintura, la lectura y la buena mesa. Pero cuando le preguntó: ‘Y tú ¿qué tal estás?’ Su respuesta fue: ‘Muy jodido, la verdad’. Vicent concluye señalando que vivir bien y sentirse mal es algo cada vez más común.

Los múltiples desacoplamientos objetivo-subjetivos, entre ellos el del bienestar material y emocional, son la condición necesaria del actual retorno a la subjetividad, caracterizado por el hecho de que las realidades del mundo interior de los individuos (sus vivencias, emociones, percepciones, pensamientos, expectativas, etc.) predominan sobre las realidades del mundo exterior. El universo interior del yo, el sí-mismo, no solamente adquiere cada vez más fuerza y relevancia, sino también, paradójicamente, una incuestionable sensación de realidad.

Tanto el llamado giro emocional de las ciencias sociales, como la profunda preocupación de las personas por su bienestar emocional, forman parte de este retorno a la subjetividad. Con Aristóteles, hemos vuelto a creer que la felicidad es el bien supremo al que todos los seres humanos aspiran. Por ello, cuando las sociedades se muestran incapaces de garantizar el bienestar subjetivo de la población, los sujetos encuentran muchos motivos para lanzarse a una desenfrenada búsqueda individualista de la felicidad. Esto explica que las psicologías positivas, las psicoterapias individualistas, y la industria de la felicidad personal, hayan experimentado durante los últimos tiempos un crecimiento exponencial.

La felicidad como output social

En las actuales circunstancias, el logro del bienestar emocional constituye una meta social irrenunciable, por lo que su análisis resulta absolutamente necesario. La felicidad es la emoción autorreflexiva por excelencia, pues nos induce a valorar, tanto individual como colectivamente, si la vida real que llevamos concuerda con nuestras verdaderas potencialidades.

Muchos estudios, entre ellos todos los Informes Mundiales de la Felicidad editados por J. Helliwell, R. Layard, y J. Sachs^[4], muestran que el bienestar emocional de las personas depende en gran medida de sus circunstancias sociales, esto es, que constituye un output de la propia sociedad. Sin embargo, vemos que, obviando toda evidencia científica, la mayoría de los modelos de búsqueda de la felicidad instituidos en el discurso social tienen un carácter puramente individualista. Estos discursos responsabilizan en exclusiva al individuo de su propio sufrimiento e infelicidad y, por este motivo, son injustos y alienantes. En este caso, la culpa solo añade un fardo más a la carga emocional que las personas ya soportan sobre sus espaldas.

La crisis del covid-19 ha servido como banco de pruebas para demostrar que las estructuras y procesos sociales tienen un gran impacto sobre el bienestar emocional. Esta crisis sanitaria, social, económica, política, y personal, hizo que muchos españoles sintieran⁵:  miedo a enfermar (58%) y a morir (58%); tristeza (69%), soledad (34%), depresión (39%) e inquietud por la suspensión de contactos sociales (39%); enfado (57%), peor opinión sobre el gobierno (60%), o pesimismo respecto al futuro de sus hijos (54%) y al de España (54%). En el plano personal, aunque el nivel de orgullo se mantuvo relativamente alto (89%), los españoles se mostraron tensos (76%), preocupados por la situación general (91%), y por la salud y el bienestar emocional de las personas (49%).

Todo este malestar emocional menoscabó la felicidad de los españoles. Ahora bien, ni esas emociones negativas afectaron uniformemente a todos los grupos de población, ni tampoco redujeron en la misma medida sus niveles de felicidad. El análisis sociológico de la distribución de los sentimientos muestra cómo las lógicas sociales de esta crisis generaron una gran desigualdad socioemocional. Por ejemplo, las personas mayores tuvieron más miedo a morir que los jóvenes (70% vs. 40%). Pero los jóvenes estuvieron más preocupados por la pérdida del empleo que los mayores (48% vs. 29%).

El temor a enfermar también se extendió más entre la clase baja que entre la alta (56% vs. 50%). Pero aquí, como en otros casos, la verdadera desigualdad emocional se manifiesta en el grado que un determinado sentimiento reduce nuestro nivel de felicidad. Mientras que el miedo a enfermar reduce un 7% la felicidad de las personas de clase baja, apenas tiene ningún efecto en la felicidad de las clases altas. El diferente impacto que un sentimiento tiene sobre la felicidad nos informa de su relevancia vital. Como prueban los datos, las consecuencias vitales de caer enfermo son mucho más graves para las personas de clase baja que para las de clase alta.

En suma, las desigualdades sociales, como demostramos en el libro Excluidos de la felicidad⁶, no afectan solamente a las tradicionales variables mediante las que solemos definir una situación social (ingresos, nivel educativo, situación laboral, estado civil, lugar de residencia, etc., etc.), sino fundamentalmente, y en último término, a nuestros sentimientos y bienestar emocional. La subjetividad de los individuos opera como un sumidero al que van a parar todos los vertidos de la sociedad. De ahí que en las vivencias de los individuos queden registradas, como en el papel de un delicado sismógrafo, las improntas de todos los procesos y lógicas sociales.

Emociones, experiencias y trabajo social

A nadie se le escapa que vivir con buen estado de ánimo, esperanzado, comprometido, contento, querido, feliz, respetado, orgulloso, seguro y satisfecho, constituye para todas las personas un valor en sí mismo. A la inversa, los sentimientos de tristeza, desesperación, tedio, indiferencia, soledad, incertidumbre, insatisfacción, depresión, vergüenza, estrés, o humillación, son otras tantas caras con las que se le presentan al ser humano el sufrimiento, el malestar emocional y la infelicidad.

Cada sentimiento cumple una función de señal, pues es reflejo fiel de alguna dimensión de la experiencia que está viviendo la persona vulnerable necesitada de apoyo, de cuidado, o de atención social. Ahora bien, según nos advierte John Dewey, cometemos un error al creer que las emociones son cosas tan simples y compactas como las palabras que solemos usar para designarlas. Muy al contrario, para el filósofo pragmatista las emociones son cualidades de una experiencia compleja y cambiante⁷, y sólo en el marco de esa experiencia concreta adquieren un significado nítido y un sentido pleno.

La atención a la subjetividad que propugnamos para un nuevo modelo de trabajo social no se agota en el mero registro y consideración del mundo interior de los sujetos, como si tal subjetividad nada tuviera que ver con su contexto de vida y situación social. Proponemos que la experiencia humana de las personas vulnerables sea la categoría analítica que oriente y vertebre las acciones sociales de asistencia, apoyo y cuidado. Experiencias que constituyen procesos de vida concretos, con principio y final, que les suceden a personas determinadas, de carne y hueso, con nombre y apellidos. Experiencias compuestas tanto de hechos subjetivos (vivencias, emociones, etc.), como objetivos (cosas que les pasan en función del contexto o de la situación), y que conforman para el sí mismo una unidad vital. Experiencias que emergen de la interacción que los individuos mantienen con su mundo (natural, social, personal), y que se desenvuelven entre las afectaciones que el mundo les causa como sujetos pacientes (padeceres), y las acciones con que ellos, sujetos agentes, tratan de modificar el mundo (haceres).

La atención a la subjetividad de las personas nos lleva al análisis de la experiencia singular y concreta que subyace a la necesidad de asistencia, apoyo o cuidado. Desde nuestra perspectiva, el conocimiento de los factores y parámetros objetivos causantes de la vulnerabilidad social, aunque inexcusable, no es suficiente para comprender integralmente esa experiencia vital, ni tampoco para definir las estrategias de apoyo y salida más eficientes. Sin tomar en consideración los sentimientos, los valores, las actitudes, los recursos, las preferencias o las expectativas de los propios interesados, difícilmente podremos activar los resortes necesarios para que las personas puedan hacer frente a su propia situación. Ni entenderemos sus auténticas necesidades, ni podremos contar con el concurso de su voluntad.

Sin duda, la incorporación de la subjetividad a un nuevo modelo de trabajo social aportaría muchos beneficios. Para terminar, aquí mencionaremos solamente tres: a) acercaría los servicios sociales a los sujetos destinatarios, fomentando una verdadera atención personal y personalizada; b) la integración de los factores sociales objetivos, causantes de la vulnerabilidad, en la experiencia particular de los sujetos destinatarios, posibilitaría una mejor definición e implementación de las estrategias de asistencia; y c) el reconocimiento de que, más allá del bienestar material, la felicidad y el bienestar emocional tienen una importancia vital clave, ubicaría la actuación de los trabajadores sociales en el marco de una auténtica empatía.

Bibliografía

[1]Clifton, J. Blind Spot. The Global Rise of Unhappiness and How Leaders Missed It. Gallup Press, 2022.

^[2] Manuel Vicent, Tedio Vital. El País, 30-01-2022.

^[3] Bericat, E. “Emociones y desigualdad socioemocional en tiempos de crisis: la COVID-19 en España”, en J. F. Tezanos (Ed.) Cambios sociales en tiempos de pandemia. Madrid: CIS, 2022. Los datos proceden del Estudio CIS, 3298. Efectos y consecuencias del coronavirus (I), octubre-2020.

^[4] Bericat, E. Excluidos de la felicidad. La estratificación social del bienestar emocional en España. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2018.

Número 12, 2022

Esteban Buch Sánchez, coordinador general de Diaconía España

Miguel Ángel Martínez Gómez, técnico de proyectos de Diaconía España

Juan José Padial Suárez, técnico de seguimiento de Diaconía España

Puedes encontrar en Linkedin a Esteban Buch, a Miguel Ángel Martínez y a Juan José Padial.

Introducción

En las últimas décadas la sociedad ha sido sometida a un constante proceso de cambios, motivados por gran pluralidad de factores sociales, políticos y económicos, los cuáles, han determinado grandes desajustes en las formas de concebir los estratos sociales. Dichos factores, no solo han afectado de manera directa e indirecta a todos aquellos procesos subyacentes propios de una sociedad, sino que ha generado la aparición de nuevos perfiles de pobreza y retos sociales, que han sido agravados por las crisis generadas tras los años 2008, 2018 y la actual crisis post pandémica consecuencia de la Covid-19. Esta incipiente falta de oportunidades ha suscitado la aparición de nuevas formas de abordar los distintos yacimientos de pobreza, así como plantar nuevos modelos de financiación que permitan paliar los efectos generados por los acontecimientos acaecidos (García, 2017).

Cuando se decide intervenir sobre el fenómeno de la pobreza, caben diferentes formas de plantear la intervención. Sin entrar en el debate de cuál metodología es más o menos efectiva, desde Diaconía España creemos firmemente que, independientemente de la metodología, el abordaje de este fenómeno debe ser de manera integral. La experiencia que en la entidad hemos cosechado a través de nuestro Servicio de Atención a la Urgencia Social de Diaconía (SAUSD) a lo largo de 25 años de trayectoria, pero también la fundamentación teórica que desde el siglo XX se viene estableciendo, nos permite concluir que el abordaje de este fenómeno debe hacerse desde un enfoque multidimensional. Es decir, no reducir este fenómeno solo a la falta de oportunidades que tiene un individuo o familia para disponer de los recursos suficientes para cubrir necesidades básicas, sino también las condiciones psicosociales, políticas y económicas, entre otras.

Red de pobreza multidimensional

Es necesario entender la pobreza, como aquella situación donde no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de una persona debido a una limitación en el acceso a recursos básicos tales como: la vivienda, la educación, la alimentación, entre otros (Ruiz-Varona, 2018). Muchos a autores como Corredor (2022) entienden la pobreza como un concepto amplio y diverso donde se recogen diferentes aspectos relativos a los sistemas de interacción de los individuos con el medio que les rodea. Dicho tópico despierta un gran interés en los procesos de investigación que se realizan en los estudios de ciencias sociales (Natal, 2018). Por dicho motivo, es necesario entender la existencia de los diversos enfoques utilizados para comprender la realidad de la pobreza en la sociedad abordándolo desde una perspectiva multidimensional (Cortés, 2021). Algunos enfoques solo se centran exclusivamente a los ingresos y al consumo, pero en realidad la pobreza va más allá de todo eso y debe ser entendida desde un enfoque globalizador y multidimensional donde se relacionen todos aquellos aspectos que convergen en los procesos que subyacen a esta.

La Red de Pobreza Multidimensional (Multidimensional Poverty Peer Network) se establece como aquella medición de la pobreza, donde se reflejan las múltiples carencias a las que se enfrentan las personas al mismo tiempo (Ponce, 2019). Por tanto, se establece la multidimensionalidad del fenómeno en la siguiente figura (Figura 1):

Figura 1: Concepto Multidimensional de la Pobreza

De acuerdo con lo establecido anteriormente, a partir de la crisis generada por el Covid-19, el concepto de riesgo de pobreza y/o exclusión social se amplía no solo para considerar los términos monetarios (nivel de renta) y materiales, sino nuevos elementos que ameritan un abordaje integral y multidimensional (Lusting y Martínez, 2022). En este caso en concreto, como entidad del Tercer Sector, en Diaconía creemos urgente y necesario que se aplique este enfoque de forma transversal en las convocatorias de subvenciones públicas (Sarasa et al., 2016).

La realidad de la pobreza en España: análisis pre-post Covid-19

Si antes de la pandemia los datos de la pobreza en nuestro país ya eran preocupantes, después de la crisis sanitaria encontramos datos sumamente preocupantes. Centrándonos en la definición primaria de la pobreza, el dato más importante para comprender este fenómeno tras la pandemia es el crecimiento de la Privación Material Severa, que pasa del 4,7% al 7% en un año. Con un incremento del 49% y que significa que en España hay 3,3 millones de personas que se encuentran en esta situación (Utría, 2019). También se incrementa el porcentaje de personas que llegan con mucha dificultad a fin de mes, que pasa del 7,8% al 10% de la población, lo que se traduce en 4,73 millones de personas. La tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza y/o exclusión social, pasa del 25,3% hasta el 26,4% en tan solo un año, alcanzando la cifra de 12,4 millones de personas. El riesgo de pobreza, se incrementa tres décimas, hasta alcanzar el 21% de la población española, afectando a 9,9 millones de personas (Instituto Nacional de Estadística, 2021). Estos datos reflejan que la situación de precariedad y pobreza están relacionados con otros elementos como la cohesión social.

Trasladando esta realidad a la operativa que como entidad tenemos puesta en marcha para la atención integral de este fenómeno, nos encontramos diferentes obstáculos para la presentación de proyectos a subvenciones públicas que aborden la multidimensionalidad e integralidad de la pobreza (Rodríguez, 2020). Debido a esto, se decide desde Diaconía España establecer como objetivo de este estudio analizar y detectar las causas de la imposibilidad de presentación de propuestas de abordaje integral de la pobreza y, tras este, emanar propuestas que permitan reconfigurar el tablero actual sobre el que las entidades del Tercer Sector se mueven. También, como objetivo subyacente, este estudio se plantea poner de manifiesto la importancia de establecer políticas de financiación activas, que permitan la reconstrucción de los pilares sociales afectados tangiblemente por los efectos de la crisis de la Covid–19, así como los efectos arrastrados de la crisis de la postmodernidad (Parajuá, 2015).

Con las convocatorias nacionales y autonómicas de financiación de proyectos sociales para 2023 a la vuelta de la esquina, desde Diaconía España se considera necesario que se lleve a cabo un proceso de reflexión sobre la necesidad de abordaje holístico de esta problemática y que cuya conclusión permee no solo en la práctica de las entidades sobre su intervención contra la pobreza, sino también en las administraciones competentes para que promuevan la emanación de políticas sociales integrales. Para este caso, se entiende por política social integral sobre este fenómeno aquella que conjuga programas de generación de trabajo e ingreso, desarrollo humano y social y protección social, implantada, monitoreada y evaluada de forma intersectorial (diferentes sectores), descentralizada (diferentes niveles de gobierno), participativa (diferentes poderes gubernamentales —ejecutivo, legislativo y judicial—, organizaciones de la sociedad civil, empresas y voluntariado), asegurando el protagonismo de los pobres, focalizada en las áreas geográficas donde se concentra la pobreza y las familias más pobres, con prioridad en los grupos con alto grado de exclusión por región geográfica, género, raza, situación del jefe de familia, desempleo, grado de escolaridad, salud, etcétera (Engel, 2004:11). Pero, sumado a lo anterior, desde nuestra entidad también se cree que esta reflexión debe servir para apuntalar los compromisos contraídos con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.

Metodología

De acuerdo con la realidad antes descrita y a la realidad que como entidad del Tercer Sector experimenta Diaconía, se realiza un proceso de revisión documental haciendo uso de una metodología descriptiva mixta mediante la aplicación indicadores cienciométricos (Díaz, 2019). Este se realiza a través de un análisis comparativo entre la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2019-2023) y las principales subvenciones de ámbito nacional y autonómico a cargo de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para su ejecución en el 2022 para ver de qué forma esta estrategia permea en las diferentes convocatorias.

El criterio de selección de las subvenciones para el análisis antes citado se ha seguido bajo los siguientes parámetros:

• La presencia de Diaconía en el territorio nacional.
• El porcentaje del índice AROPE por comunidad autónoma, conforme a los datos publicados por la red EAPN 2021.
• El número de habitantes por comunidad autónoma.

De acuerdo con lo anterior, se seleccionan las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias con sus respectivas subvenciones, a las que se suma la convocatoria de IRPF estatal. Asimismo, se hizo un estudio en profundización de aquellas variables directas e indirectas que podían contribuir al desarrollo de investigación, centro esto en los aspectos de rigurosidad que poseen estudios similares a este.

Resultados

Cabe mencionar que la estrategia nacional de lucha contra la pobreza y la exclusión divide su acción en cuatro metas, de las cuales se desprenden objetivos y líneas de actuación para cada una de ellas. A la luz del análisis anterior y apoyándonos en investigaciones cercanas a este ámbito tales como las de Rovira (2019) y las de Vasco (2021), hemos obtenido los siguientes resultados distribuidos por las metas recogidas en la estrategia nacional:

• Meta 1 – Combatir la pobreza: Se observa que esta meta excluye en gran manera la intervención de las entidades del Tercer Sector y no se percibe un enfoque multidimensional de la pobreza. A pesar del título de la meta, ésta mantiene un enfoque económico de la pobreza en sus líneas de actuación. Si bien se han tomado algunas medidas, como la solicitud de gestión del IMV, consideramos que, ante los mejorables resultados de esta meta, se deben hacer esfuerzos tangibles para implicar más a las entidades del Tercer Sector en las líneas de actuación de dicha meta, ya que somos testigos directos tras el Covid, de los nuevos rostros de la pobreza que hay que analizar sumando a estas líneas de actuación. Con todo, a la luz de la estrategia nacional, no se encuentran referencias a las líneas de actuación de esta meta en las subvenciones analizadas.
• Meta 2 – Eficacia y Eficiencia de las políticas y Meta 3 – Protección social ante los riesgos del ciclo vital: Las metas 2 y 3 son las que contemplan y recogen mayoritariamente el trabajo de las entidades del Tercer Sector, pues centran sus objetivos en la educación equitativa e inclusiva, en la formación-empleo y en la protección social, que incluyen la salud y la vivienda. Es decir, contemplan más dimensiones de la pobreza. Tanto el estatal como los IRPF autonómicos recogen en sus bases de forma mayoritaria lo planteando, aunque las líneas subvencionables de actuación son muy vagas en cuanto se refieren a colectivos en situación de pobreza. En este sentido, se echa en falta líneas en las subvenciones que incidan en la multidimensinalidad y las problemáticas generadas por el Covid-19, donde las entidades del Tercer Sector podrían jugar un importante papel, y que cobra mayor relevancia tras la pandemia. Tales como programas de sensibilización sobre la marginalización de la pobreza y la aporofobia (recientemente tipificada como delito de odio en el código penal), nuevas formas de consumo sostenible y programas que atiendan las consecuencias de la pobreza y exclusión social.  
• Meta 4 – Eficacia y Eficiencia de las políticas: No hay correspondencia entre la meta y las diferentes subvenciones. Las líneas de actuación de dicha meta se excluyen de los IRPF. Más allá de programas para fomentar el movimiento asociativo y el trabajo en red, no se financia la participación de las entidades del Tercer Sector en el desarrollo de políticas sociales ni su interlocución con actores sociales. No se considera que el Estado no deba tener injerencia en esta materia, sino todo lo contrario; la lucha contra la pobreza pasa total y enteramente por decisiones políticas. Sin embargo, ante los mejorables resultados obtenidos y las consecuencias del Covid-19, entendemos que el papel de las Entidades del Tercer Sector debe incrementarse. La experiencia, la confianza y el trato directo con los beneficiarios nos proporciona un lugar de privilegio para un análisis multidimensional de la pobreza.

Conclusiones

Los resultados antes mencionados nos permiten obtener conclusiones sobre este fenómeno y su abordaje desde el sector público y Tercer Sector:

1. La estrategia nacional contra la pobreza existente fue creada en una época en la cual no existían muchos de los desafíos y desigualdades actuales que se han producido tras la Crisis del Covid-19. Los datos disponibles confirman la necesidad de revisar las acciones habituales del pasado, y que pasarían por entender la pobreza de forma multidimensional y otorgarle mayor relevancia a las entidades del Tercer Sector (Marba et al., 2022).
2. Se echa en falta mayor énfasis en las problemáticas agravadas por la contingencia sanitaria, como es la brecha digital (Robles et al., 2022).
3. A pesar del papel protagónico del Tercer Sector que se refiere en la estrategia nacional, consideramos que el campo de acción de las entidades es aún muy limitado.
4. Convenimos, al igual que la propia estrategia, que ésta y las líneas subvencionables plantean acciones paliativas frente a la pobreza desde sus múltiples dimensiones que pueden contribuir al cambio y el impacto social.
5. Por ello, se necesita mayor énfasis en la prevención y sensibilización, que aborden modelos de consumo sostenible y visibilicen nuevos fenómenos como la aporofobia (Rojas, 2018).
6. Ante la imposibilidad del Estado para efectuar sus actuaciones económicas frente a la pobreza, el Tercer Sector debería ser contemplado como aliado en esta prestación de servicio.

Propuestas

Por lo anterior, desde Diaconía España se creen necesarias contemplar las siguientes propuestas que son fruto del análisis y conclusiones anteriores:

1. Es urgente y se requiere de forma imperativa una ley integral frente a la pobreza que tenga eco en las diferentes autonomías.
2. Se necesitan líneas subvencionables que financien exclusivamente, aunque también las diferentes dimensiones en particular, el abordaje integral de la pobreza desde un análisis multidimensional.
3. Es necesario impulsar proyectos preventivos y de sensibilización que incidan en los múltiples factores potenciadores de situaciones de pobreza, como la aporofobia, nuevas formas de consumo sostenible y causas estructurales de la pobreza.
4. Sería de alto impacto una mayor participación de las entidades del Tercer Sector para las propuestas de futuras estrategias nacionales de lucha contra este fenómeno.
5. Creemos que el compromiso de España con la Agenda 2030 debe permear aún más en futuras estrategias de lucha contra la pobreza.

En Diaconía tenemos un fuerte compromiso con la lucha contra la pobreza y la exclusión social y creemos firmemente que este fenómeno está sujeto a voluntades que escapan del radio de acción de cualquier ONG. Sin embargo, creemos que hay mucho terreno por cubrir y queremos formar parte de la solución y no del problema.

La necesidad de abordar de manera integral y multidimensional todos aquellos aspectos relativos a la pobreza y a la financiación de la misma, será indispensable para generar respuestas ante la incipiente confrontación de la realidad (Urbina, 2016), promoviendo y generando actuaciones que permitan dar respuesta  la problemática detectada, con el objetivo de favorecer políticas inclusivas, que fomenten el cambio en la interacción social y disminuyan los índices y tasas de pobreza mencionadas (Wallerstein, 1996). Apostar por políticas generadoras de cambio, que fomenten la financiación de proyectos sociales favorecerá el cambio social y hará frente al choque de realidad existente promoviendo actuaciones de calidad y regeneradoras a nivel social, económico y político (Pina y Torres, 2004).

Bibliografía

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Número 11, 2022

Sara Zamorano, Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el estigma. Psicóloga General Sanitaria y Doctoranda en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.

Manuel Muñoz, Catedrático en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Director de la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el estigma

Jesús Saiz, Profesor Ayudante Doctor en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Coordinador de la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma

María Salazar, Profesora Asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Directora del Centro de Rehabilitación Psicosocial Latina (Grupo 5), Comunidad de Madrid. Coordinadora de la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el estigma

Puedes encontrar a la Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma en Twitter.

¿Qué es el estigma?

La palabra estigma proviene del griego στίγμα (stigma), y hacía referencia a una marca grabada con hierro candente o de cortes realizados en el cuerpo de las personas para castigarlas y señalarlas por presuntos delitos, esclavitud, etc., de esta forma se indicaba que la persona debía ser evitada. Desde el punto de vista psicológico, la primera definición de estigma fue propuesta por Goffman (1963), que lo caracteriza como un atributo profundamente devaluador, que define a una persona como desviada, limitada e indeseable. El estigma funciona de manera dinámica, conformando una serie de procesos psicosociales basados en el intercambio de conductas entre los estigmatizados o estigmatizables y los estigmatizadores. Durante este intercambio, cada grupo tomará su rol y se relacionará desde su posición, derivando en la asunción y mantenimiento de estereotipos, prejuicios y conductas de discriminación. Generalmente, se han utilizado marcas (estigmas) para señalar a las personas de los grupos devaluados. Ese proceso estigmatizante se ha aplicado a diversas condiciones a lo largo de la historia, desde la esclavitud, hasta la homosexualidad. En el caso de los trastornos mentales esa marca es el diagnóstico y, de una u otra forma, ha estado presente en todas las sociedades humanas desde sus orígenes.

Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma

La Universidad Complutense de Madrid y la empresa de gestión de servicios sociales y sociosanitarios Grupo 5 promovieron en el año 2019 la creación de la Cátedra extraordinaria UCM-Grupo 5 Contra el Estigma. El objetivo de esta asociación es la lucha contra el estigma que afecta a personas con enfermedad mental, discapacidad, o exclusión social extrema. Los objetivos de la Cátedra son los de aunar investigación, formación, práctica profesional y campañas de sensibilización para crear un espacio en el que fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con el estigma.

Desde su creación en julio de 2019, la cátedra ha desarrollado una intensa actividad que, por circunstancias obvias, ha venido marcada por la aparición de la Covid-19. En estos dos años la cátedra ha puesto en marcha distintas actividades, cabe destacar: creación de la web www.contraelestigma.com que recoge la actividad de la cátedra; la convocatoria de dos ediciones del Premio al mejor TFM de la UCM Contra el estigma; actividades formativas para distintas entidades, entre ellas, el curso de Acciones contra el estigma impartido en el Campus Virtual de la Organización Mundial de la Salud; ha organizado jornadas sobre Arte y estigma y sobre el Estigma en los medios de comunicación; y ha organizado el webinar Estigma en Latinoamérica; en el ámbito de la investigación-acción la cátedra ha desarrollado el estudio PsiCovid-19, que ha evaluado durante un año el impacto psicológico de la Covid-19 en nuestro país; finalmente, la cátedra ha desarrollado y publicado una Guía de buenas prácticas contra el estigma que se detalla a continuación (puede descargarse la Guía y seguirse la actividad completa y las publicaciones de la cátedra en www.contraelestigma.com).

Guía de buenas prácticas Contra el estigma

La Guía de buenas prácticas contra el estigma se enmarca en el creciente interés por identificar y compartir prácticas que se hayan demostrado eficaces y efectivas entre distintos profesionales y organizaciones: las denominadas buenas prácticas. Distintos autores y organizaciones han propuesto indicadores para identificar aquellas prácticas que pueden calificarse como buenas. Algunos ejemplos pueden ser las propuestas por la UNESCO (2003), el Observatorio Internacional de Trabajo (2003), la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (2012), el Centre for Addiction and Mental Health de Canadá (2012), la fundación CEPAIM (2014), el Observatorio Internacional de Democracia Participativa (2015) o muchas de las acciones contra el estigma desarrolladas por Cáritas. Por otra parte, en el ámbito de la lucha contra el estigma, existe investigación empírica, llevada a cabo en los últimos años, sobre la eficacia de distintas intervenciones estructurales, sociales y personales que han sido recogidas en diversos artículos de revisión sistemática y meta-análisis. El objetivo de la cátedra ha sido el de poner en contacto ambas realidades (profesional e investigadora) y confeccionar una lista de criterios que ayuden a definir las buenas prácticas en la lucha contra el estigma. Siguiendo estos acercamientos, desde la cátedra se considera que una buena práctica en la lucha contra el estigma es aquella acción o proyecto que haya demostrado su utilidad en alguno de los diversos aspectos de la lucha contra el estigma y sea transferible a otros centros o instituciones, tanto por sus elementos prácticos como por los valores que la constituyen.

La Cátedra UCM – Grupo 5 Contra el Estigma publicó en 2020 la Guía de buenas prácticas contra el estigma, que pretende aportar información y directrices que puedan orientar la acción tanto de los profesionales como de las instituciones en el ámbito de la salud mental y relacionados, favoreciendo la puesta en marcha de acciones eficaces y adecuadas para luchar contra el estigma en todas sus vertientes. De este modo, la guía tiene como objetivo principal el de identificar y exponer aquellos indicadores que favorecen la creación y facilitan la evaluación de las buenas prácticas en la lucha contra el estigma.

En el diseño de la Guía se siguió una perspectiva integral al incluir distintos tipos de metodologías e información. En primer lugar, se revisó la evidencia acumulada por la investigación nacional e internacional relativa a los indicadores de buenas prácticas y la eficacia de las acciones de lucha contra el estigma. En segundo lugar, se incluyó el punto de vista de los usuarios, sus familiares y profesionales mediante grupos de discusión y entrevistas en profundidad a partir de un trabajo previo (González, 2017). Y, en tercer lugar, se emplearon los datos disponibles sobre la población general aportados por el estudio Estigmatismo desarrollado por Grupo 5 (Martín y Ahaoual, 2019).

En función de todo lo anterior se identificaron 8 indicadores de Buenas Prácticas en la lucha contra el estigma. Son los que se incluyen en la tabla 1.

Tabla 1. Indicadores de buenas prácticas contra el estigma (Guía de Buenas Prácticas Contra el Estigma, Muñoz et al., 2020)

A continuación, se comentan brevemente cada uno de los indicadores.

1. Metodología: calidad, replicabilidad y transferibilidad

En primer lugar, cabe remarcar que, a la hora de planificar una Buena Práctica, hay que seguir una metodología científica. Esto garantiza la calidad de la práctica, y se puede operativizar a través de la evaluación de necesidades (viabilidad y factibilidad), la evaluación de los resultados (impacto a corto, medio y largo plazo) y la publicación de la práctica (replicabilidad y transferibilidad).

2. Eficacia y efectividad

El segundo criterio a tener en cuenta es el de eficacia. Para pasar de la evidencia y la investigación, a la práctica, tenemos que asegurarnos de que nuestra práctica se basa en la evidencia. Cuando realicemos la planificación de una Buena Práctica, siempre es recomendable acudir a metaanálisis e investigaciones rigurosas sobre el tipo de intervención a utilizar.

3. Sostenibilidad

La práctica que pongamos en marcha debe ser sostenible. Esto es, debe ser capaz de mantenerse en el tiempo, desde un punto de vista económico, medio-ambiental y social. La estructura que la desarrolle debe poder mantenerla sin necesidad de un mayor esfuerzo económico, administrativo, técnico o social.

4. Enfoque Ético-deontológico

En este indicador, partimos de los supuestos de igualdad de derechos, igualdad de decisión y participación social, y respeto de los códigos deontológicos de cada nación y disciplina. Siempre que pongamos en marcha una práctica, tenemos que tener en cuenta los aspectos legales, deontológicos y formales.

5. Enfoque de género

Todas nuestras prácticas deberían contar con una participación de mujeres y, además, este enfoque de género debe ser transversal. Deben ser prácticas que incluyan acciones tendentes a promover la igualdad de oportunidades y denunciar situaciones de discriminación hacia la mujer, adecuar las intervenciones a las necesidades de las mujeres para darles una mayor visibilidad y valorar el rol que desempeñan como parte de la sociedad, cuestionar los valores tradicionales sexistas y no equitativos, y utilizar un lenguaje inclusivo no sexista para visibilizar a las mujeres y eliminar los estereotipos, tópicos y etiquetas que las desvalorizan.

6. Enfoque inclusivo y Participación

El sexto criterio parte de la Declaración de Derechos Humanos, y considera que una práctica inclusiva debe incluir trabajos en red, partenariado, accesibilidad para las personas que se van a beneficiar de ella, lenguaje inclusivo e interseccionalidad. Ninguna práctica que discrimine de manera implícita y/o explícita será considerada como buena, ya sea por razón del género, sexo, origen étnico-racial, religión, ideología o cualquier otra variable de carácter individual.

7. Impacto social

Toda práctica está obligada a hacer un esfuerzo por producir un impacto social que traspase los límites de su aplicación directa (personas o grupos incluidos, espacios, etc.). Es importante dar a conocer la práctica más allá del propio centro para que tenga un impacto en la sociedad (cambio de actitudes, legislación…). Es necesario también facilitar la replicabilidad de la práctica por otras personas o servicios (publicación, exposición en medios de comunicación, etc.).

8. Innovación

Una Buena Práctica debe ser innovadora, desde varios puntos de vista. Esta innovación debe ir desde crear nuevas formas de actuación que avancen hacia cambios de paradigmas en las prácticas desarrolladas, hasta incluir nuevas tecnologías. Se debe tener en cuenta que no solo debemos incluir una innovación tecnológica (tecnologías de la información), sino una innovación transformadora (a través de medios novedosos como el arte, vídeos en YouTube, Instagram, Tik-tok, etc.).

En definitiva, las acciones contra el estigma habrán de diseñarse y evaluarse considerando conjuntamente distintos indicadores de buenas prácticas. Estos indicadores deben estar siempre basados en la investigación, la evidencia empírica, los derechos humanos y la sostenibilidad. Y su eficacia debe ser evaluada de forma rigurosa, promoviendo la replicabilidad y transferibilidad de los datos y procedimientos. De este modo se avanzará en el desarrollo de una atención y acompañamiento de las personas que viven con trastornos mentales, discapacidad y/o exclusión social extrema, que mejore su salud, participación social y calidad de vida, objetivo último de la cátedra.

Para más información, puedes acudir a la página web: https://www.contraelestigma.com

Referencias

Goffman, E. (1963). Stigma: notes on the management of spoiled identity. Nueva Jersey: Prentice-Hall.

González, S. (2017). Estigma y salud mental: Estigma internalizado. (Tesis doctoral. Director: Manuel Muñoz). UCM: Madrid.

Martín, E. y Ahaoual, S. (2019). Proyecto Estigmatismo. Grupo 5/UCM/UPV. Disponible en: https://www.contraelestigma.com/resource/proyecto-estigmatismo-material/

Muñoz, M., López, A., González, S. y Ugidos, C. (2020). Guía de buenas prácticas contra el estigma. Madrid: Cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma. Disponible en: www.contraelestigma.com

Número 10, 2022

Pilar Pallero, técnica de investigación del Equipo de Estudios de Cáritas Española.

Marina Sánchez-Sierra, técnica de investigación del Equipo de Estudios de Cáritas Española.

Es inevitable, al tratar cualquier tema, no hacer una alusión a la COVID-19 y a la diferencia establecida, como si de dos eras históricas diferentes se tratase, entre el mundo pre-pandemia y el escenario post-pandemia. En ese salto temporal de gran afectación social, las tecnologías de la comunicación y las pantallas han pasado a ser casi un órgano más de nuestro cuerpo. Encerrados en nuestros hogares, se han convertido aún más en ventanas al mundo exterior, que durante el confinamiento era el interior de otros hogares. Ha habido un avance hacia la instauración digital a una velocidad inesperada. Así ha sido con medidas como el teletrabajo, la administración electrónica o la educación online. Este último es el punto en el que nos centramos: ¿es la educación digital una herramienta transformadora hacia la igualdad y la cohesión social o, por el contrario, nos encontramos ante un nuevo elemento de diferenciación y de exclusión social?

Sin duda, la educativa es una de las dimensiones de la exclusión social. La educación es una parte fundamental de la dimensión socializadora de un aprendizaje consciente. El sistema educativo y todo lo que lo compone (programaciones, asignaturas, contenidos, valores, etc.) transmite las normas sociales y la regulación institucional compartidos colectivamente. Se trata de un ámbito de actuación social que busca impregnar a las generaciones más jóvenes de los elementos fundamentales para hacer funcionar el sistema social imperante en cada momento, pues es en los centros educativos donde se inicia la vida en sociedad más allá del ámbito familiar e independientemente del mismo. En este sentido, el sistema educativo va también transformando su fondo y su forma para dar respuestas a otras maquinarias que hacen funcionar la sociedad, siendo el más evidente el sistema trabajo o, en otras palabras, el mercado laboral. La evolución de ambos sistemas está estrechamente vinculada, lo vemos en la relación de nivel de estudios-condiciones laborales futuras, de tal modo que se retroalimentan.

En este artículo incluimos en esa relación a la revolución tecnológica y lo que ha significado en las últimas décadas: otras formas de hacer, producir y proceder, pero sobre todo de comunicarnos y de interactuar socialmente. Y en ese proceso de cambio, lejos de instaurarse una mayor igualdad y justicia social, han prevalecido las diferencias sociales y el acceso desigual a los beneficios y perjuicios de estos dos sistemas. Hablamos de las diferentes brechas que ambos generan entre unos colectivos y otros, propiciando oportunidades de manera desigual, estableciendo una diferenciación de modos de vida dignos de unos frente a las dificultades y carencias de otros. Se abre así un espacio de exclusión social permanente para determinados grupos sociales en función de criterios normativos compartidos que abren y cierran puertas para una calidad de vida apta de la que no todos disfrutan.

Esta exclusión social, por tanto, está muy ligada a cómo el sistema educativo genera o equipara las oportunidades para que los más jóvenes opten a mejoras que sus familias no tuvieron. A cómo la educación contribuye a romper con la transferencia intergeneracional de la carencia para ir integrando oportunidades en el presente y de cara a la generación futura. Y, cómo herramienta ya básica en nuestra sociedad, las tecnologías de la información también conllevan una diferenciación entre quienes tienen acceso satisfactorio a ellas y quienes no: una brecha digital que hay que gestionar y que requiere actuar en tres frentes: acceso a la infraestructura, esto es, contar con una buena conexión a internet; acceso a dispositivos, pues a pesar de que casi el total de la población tiene teléfono móvil, este dispositivo no es óptimo para muchas tareas, entre ellas las escolares; y el desarrollo de habilidades y capacidades para desenvolverse en el entorno, no solo a nivel práctico, sino también en cuanto a gestión de la información e incluso, y más en la juventud, la gestión emocional de los mensajes que pueden estar recibiéndose constantemente.

Pero, ¿cómo interactúa la exclusión social con la dimensión educativa en el momento actual de hiperconectividad? Recordemos que la exclusión es un proceso multidimensional (FOESSA 2019, Subirats 2004; entre otros) no ligado únicamente a los recursos económicos, que suele ser el primer elemento con el que la relacionamos, sino que incluye también otras dimensiones, donde la educativa es una herramienta elemental, hasta la Gran Recesión de 2008 pensábamos que un buen nivel de estudios nos garantizaba un también buen futuro.

La educación tiene un gran potencial como herramienta de lucha contra la exclusión pues, por un lado, la educación como sistema institucional público permite la interacción social con quienes son diferentes. El alumnado se interrelaciona con personas y familias diferentes a las de su entorno. Esto hace que niños y niñas observen, aprendan y comprendan otras formas de ver el mundo, de vivir, otras costumbres, lo que, de algún modo, les ayuda a fomentar los sentimientos de solidaridad y, además, está generando amplitud en sus expectativas de vida, es decir, están viendo trayectorias vitales diferentes a las que pueden visualizar en sus familias y entorno cercano. De otro lado, busca que se alcance un determinado nivel de conocimientos y aprendizajes que faciliten la entrada al sistema laboral, a un mercado laboral exigente y competitivo que puede dificultar o facilitar una trayectoria profesional exitosa y estable que apuntale la salida de la situación de exclusión, rompiendo con la transmisión de la pobreza de una generación a la siguiente, o evitando que la persona o la familia caiga en ella.

Pero tal como señalamos, ambos sistemas están inmersos en una revolución tecnológica que ha ido generando una necesidad nueva y una dependencia social de lo digital. Ambos sistemas se empapan de una velocidad inquietante de transformación por medio de las tecnologías. Es decir, crean una sociedad hiperconectada. Es indudable que cada vez pasamos más tiempo “conectados” a la red, y el uso de comillas es para indicar cómo esa conexión puede suponer una desconexión con el mundo físico (el espacio que ocupamos, la noción del tiempo, las personas que están a nuestro alrededor, el propio cuerpo[1], incluso). Sin embargo, la digitalización continúa avanzando, cada vez más rápido, adentrándose en todos los ámbitos de la vida. Desde hace más de una década tener un ordenador (o dispositivo similar), conexión a internet y habilidades suficientes para manejarse en el entorno digital, eran prácticamente básicos para realizar los estudios superiores, pues se comparten documentos de lectura obligatoria o para ampliar un temario que también está “colgado” online, es una herramienta de investigación, sirve para redactar y presentar trabajos, y para comunicarse con el profesorado y con compañeros y compañeras. Todo esto ha ido mucho más allá a raíz de la llegada de la COVID, que trajo la modalidad de la educación online a la educación primaria y a la educación media.

Así, si la exclusión educativa se hace medible en las dificultades prácticas existentes para acceder al sistema educativo, o en la imposibilidad de acceso al mismo, la exclusión digital se convierte en un factor de medición de esta exclusión.

Todos los indicadores relativos a la inclusión educativa o a la fortaleza del sistema educativo para integrar la diversidad individual y la diversidad colectiva se ven empañados por la salida de este sistema de jóvenes y adolescentes. El sistema educativo actual, la hiperconectividad y la brecha digital, producto también de la carencia material y de la insuficiencia del sistema laboral para evitar la exclusión social, echa fuera personas, familias y colectivos a través de lo que llaman fracaso y abandono educativo. Una denominación que nos permite olvidar que formamos parte de un todo estructural y socialmente construido, y que esos fracasos y abandonos no son individuales sino colectivos, pues muchas veces es el propio sistema el que empuja hacia fuera al alumnado considerado más problemático, habiendo una rendición anticipada por parte del ámbito educativo ante quienes necesitan más apoyo del mismo. Es decir, el fracaso escolar o el abandono no deben ser mirados solo desde quien sale del trayecto educativo, sino especialmente como un fallo del propio sistema que no ha sabido ayudar y potenciar a ese alumnado.

Lo digital, en todo esto, se convierte en un arma de doble filo que demanda una gestión educativa diferente: una educación centrada en la persona, en la capacidad del sistema en su totalidad para atraer de fuera hacia dentro, de la periferia al centro, desde la exclusión, en definitiva, hacia la cohesión social, y donde la responsabilidad compartida permita una inclusión social basada también en una inclusión afectiva y de los cuidados. Los espacios virtuales ya no tan nuevos como las redes sociales no deben olvidar que las sociedades positivas se crean en base a sujetos que también requieren la atención personalizada desde la perspectiva psico-emocional, y esta debe comenzar a trabajarse en la escuela, para que niños y niñas sepan desenvolverse en lo virtual y que este entorno tenga también una normatividad compartida de respeto hacia los demás, para que adquieran capacidad crítica frente a la pantalla, y para que sepan que también tienen el derecho –y la necesidad- de desenvolverse en el mundo físico, el derecho a la desconexión.

Bibliografía

Fundación FOESSA. VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas Española, Fundación FOESSA, 2019.

Gobierno de España (2021). Plan España Digital 2025. Disponible en:

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf

Puig Punyet, E. Los cuerpos rotos. La digitalización de la vida tras la COVID-19. Clave Intelectual: Madrid, 2020.

Subirats, J. (director). Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. Barcelona: Fundación La Caixa, 2004. Disponible en:  https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/240906/vol16_es.pdf

Zafra, R. El Entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital. Anagrama: Barcelona, 2017.

[1] En relación a la distancia con el cuerpo en el mundo digital: “…porque tenemos cuerpo, pero no esquivan que la hipervisibilidad del mundo digital es lo que en estos tiempos se posiciona implacable, derivando hacia la supremacía de la visión, en detrimento del oído, el olfato o el tacto en nuestras relaciones online (Zafra, 2017:164).

Número 9, 2021

Mª del Pilar Castro Blanco

Doctora en Psicología. Responsable del Área de Personas Mayores y Envejecimiento de Cáritas Bizkaia. Profesora de la Universidad de Deusto.

Puedes encontrar a Mª Pilar Castro Blanco en Linkedin.

La soledad es un fenómeno que genera una preocupación creciente, especialmente en los países más desarrollados. Son abundantes los estudios que nos indican que, a pesar de las facilidades del mundo contemporáneo para la comunicación y la conexión, la soledad es una sensación -y a veces una situación- extraordinariamente frecuente. También son llamativos los datos que nos alertan sobre las consecuencias negativas de la soledad sobre la salud física y mental de la población. Por todo ello, no es extraño que se hable de ella como de un problema de salud pública, o incluso que sea considerada un asunto en el que el estado debe intervenir, lo que está llevando a la creación de observatorios, planes de intervención, e incluso a secretarías de estado y ministerios (como en Gran Bretaña y Japón).

La soledad como situación y como sensación

Entre las investigaciones encontramos algunas que hablan de la soledad como situación (escasez o pobreza objetiva de relaciones), mientras que otras se refieren a la soledad como sentimiento o sensación (más relacionada con la insatisfacción con las relaciones). Hay que señalar que no siempre hay correspondencia entre ambas, ya que no toda situación de soledad genera sensación de soledad, ni toda sensación de soledad se explica por las dimensiones de la red social de la que dispone la persona. En otras palabras, la soledad como estado se ve y se puede valorar a través de datos objetivos, como el número de personas que viven solas, el tiempo que una persona pasa sin compañía o sin hablar con otras, etc.; en cambio, la soledad sentida, tiene que ver con la valoración que la propia persona hace de sus relaciones, y depende no solo de su número, sino también -y sobre todo- de aspectos cualitativos percibidos (afinidad, reciprocidad, conflicto…), por lo que es difícil de detectar para el observador externo y requiere que sea la misma persona quien la exprese.

El sentimiento de soledad y las personas mayores

Todas las personas, independientemente de los años que tengamos, necesitamos sentirnos vinculadas y disponer de relaciones significativas en las que nos sintamos bien. Y es habitual que a lo largo de nuestra vida pasemos por momentos en los que echemos de menos diferentes apoyos, o vivamos situaciones en las que algunas relaciones no respondan a nuestras expectativas, o no nos sintamos realmente conectados o comprendidos.

Sin embargo, a pesar de que la soledad no tiene edad, tendemos a asociarla con las personas mayores, debido a las pérdidas -de relación, de salud, de roles…- que es más probable que acumulemos a media que avanzamos en la vida. Realmente no está claro que las personas mayores sean el grupo con tasas más altas de sentimiento de soledad, según han atestiguado algunos estudios recientes en torno a la COVID 19 (como el de Losada et al., 2020), pero sí quienes pueden tener mayores limitaciones para luchar contra ella, especialmente cuando se tienen dificultades de movilidad, problemas sensoriales, dependencia, edad muy avanzada, desánimo… Por ello, no es extraño que las personas mayores sean las destinatarias de una parte importante de los programas, cada vez más frecuentes, de prevención y ayuda contra la soledad.

El reto de acompañar la soledad de las personas mayores

Sin duda, la sensibilidad y conciencia colectiva acerca de la importancia de actuar contra la soledad de las personas mayores ha crecido en los últimos tiempos, y eso es una buena noticia. Fruto de ello son la gran cantidad y variedad de iniciativas de personas anónimas, organizaciones, asociaciones vecinales, empresas e instituciones, que se orientan a ella: actividades grupales, paseos adaptados, programas intergeneracionales, reflexiones acerca del urbanismo, nuevos servicios profesionales, proyectos de convivencia… También en este momento, desde Cáritas hemos querido compartir nuestra experiencia, basada en el trabajo de numerosos equipos de personas voluntarias que durante muchos años han tratado de estar cerca de la soledad de las personas mayores, y que hemos recogido en un sencillo documento de trabajo recientemente publicado.

En este momento de intensa preocupación y acción contra la soledad de las personas mayores, tenemos al menos dos retos para actuar con acierto: por una parte, entender la profundidad y variabilidad de la soledad y, por otra, evitar la generación de un estigma en torno a las personas que están y/o se sienten solas.

El primero de los retos implica reconocer y tener presente que la soledad es más que tener o no relaciones, es decir, más de lo que ven nuestros ojos. Como ya señalaron Perlman y Peplau (1981), pioneros en la investigación de la soledad, se trata del sentimiento que se produce cuando percibimos que hay una discrepancia, a nivel cuantitativo y/o cualitativo, entre las relaciones que percibimos tener y las que desearíamos. En consecuencia:

• Debemos atender a la subjetividad, y esto implica poner a cada persona como centro de cada iniciativa, escuchar a la persona y comprender sus necesidades, expectativas y su propia vivencia de las relaciones que tiene, hacer su propio plan desde su historia de vida, sus deseos… Los planes de intervención generales nos dan un marco, pero este debe ser adaptado a lo que para cada persona es satisfactorio. Y esto es acompañar, caminar junto a la persona, sin marcarle el camino ni juzgar su soledad.
• Es deseable que la intervención contra la soledad atienda tanto a la soledad objetiva como a la sentida. Por ejemplo, tendemos a organizar actividades grupales para favorecer la posibilidad de estar con otras personas y evitar la soledad no deseada (es decir, estar solo/a cuando se quiere estar con otras personas), pero puede que el tipo de relación que se establezca no sea satisfactoria y finalmente se genere un sentimiento de soledad acompañada. Es decir, favorecer el contacto con otras personas es bueno, pero puede no ser suficiente. Hace poco tiempo escuché a una mujer contar que se sentía más sola en la residencia en la que había ingresado que cuando vivía en su domicilio porque no se llevaba bien con su compañera de habitación; decía cuando vivía sola en mi casa la gente entendía mi soledad, pero ahora estoy peor porque todos piensan que ya no estoy sola y que no tengo razón para sentirme así. Sin duda, esta persona mayor también debería ser destinataria de nuestra intervención.
• No todas las relaciones son iguales ni nos satisfacen en igual medida; algunas incluso nos generan malestar. Baumeister y Leary (1995) identificaron algunos de los rasgos de las relaciones satisfactorias: afecto positivo, cierto grado de confianza para poder revelar emociones, contactos frecuentes, afinidad de intereses, reciprocidad… A ello nos referimos al hablar de la calidad de las relaciones. Además, teniendo en cuenta los modelos y tipos de apoyo social, resulta evidente que las personas necesitamos disponer de relaciones diferentes, pues no hay ninguna –ni siquiera las familiares- que pueda responder a todas nuestras necesidades. Por ello, hablamos también de la importancia de la variedad. En este sentido, y aunque no hay demasiada investigación al respecto, el trabajo con personas voluntarias nos ayuda a ser conscientes de su potencialidad y aportación única, junto con la del vecindario y la ciudadanía en general, a la lucha contra la soledad. Los vínculos establecidos desde la gratuidad favorecen el encuentro desde la libertad y la voluntad por ambas partes, lo que otorga un matiz singular a las relaciones que se establecen. Desde mi punto de vista, las instituciones pueden y deben hacer mucho para evitar la soledad no deseada, pero las relaciones de cercanía y de cuidado mutuo requieren de la participación ciudadana.

El segundo reto es evitar que la soledad de las personas mayores se convierta en un estigma, en algo de lo que avergonzarse. A pesar de que cada vez se usa más el término soledad no deseada, reconociendo que la soledad puede ser también una elección, muchas personas mayores se sienten obligadas a justificar su modo de vida y/o a sus familias (es que tienen que trabajar) y estas se ven con frecuencia negativamente juzgadas (cómo le deja vivir sola a su madre con la edad que tiene). Igualmente, es difícil para una persona mayor expresar que se siente sola, especialmente si sus condiciones de vida objetivas parecen no explicarlo (porque tiene familia, por ejemplo), por el halo de culpabilidad o de rareza que puede asociarse a la soledad aparentemente acompañada (no se esfuerza, algo habrá hecho para que los hijos no vengan, es que tiene mal carácter …). El miedo a ser juzgado/a negativamente dificulta que las personas mayores expresen sus verdaderas necesidades y pidan ayuda contra la soledad. De hecho, los instrumentos más eficaces para evaluar el sentimiento de soledad son aquellos que se refieren a ella indirectamente, sin llegar a nombrarla explícitamente.

Como se apunta desde la estrategia del Reino Unido, Campaign to End Loneliness, tener presente el estigma que genera la soledad nos puede ayudar a entender y llegar mejor a las personas. Por ejemplo, quizás deberíamos evitar las descripciones acerca de las personas mayores que se sienten solas que refuerzan los estereotipos negativos, como ha ocurrido a raíz de algunas campañas bienintencionadas que, queriendo concienciar, ahondan en la rareza de las situaciones. También es importante cómo presentemos nuestras iniciativas, pues pocas personas se sentirán atraídas a participar en un proyecto para personas solas; seguramente nos dará mejor resultado que planteemos nuestras intervenciones en clave de encuentro con otras, respondiendo a la necesidad universal de relación y de vínculo. Asimismo, no debemos olvidar que la reciprocidad en las relaciones es un factor directamente relacionado con su calidad percibida, y que, en general, a las personas nos cuesta menos dar ayuda que aceptarla. Si somos capaces de reforzar nuestras relaciones cercanas y de recuperar los vínculos y el cuidado mutuo comunitario, cada vez será más fácil escuchar frases como esta sin que nos importe que quien lo diga sea una mujer mayor que recibe el apoyo de un proyecto o la voluntaria que acude a su domicilio: Estamos muy a gusto. Compartimos un rato todas las semanas y hasta hemos llegado a sentirnos como amigas.

Comprender la soledad de las personas mayores y actuar contra ella nos ayuda a lograr una sociedad no solo más justa e inclusiva, sino también más vinculada, además de un futuro mejor para todas las personas que la componemos, independientemente de nuestra edad, pues todos necesitamos sentirnos queridos y acompañados, y el deseo de todos nosotros es llegar a envejecer.

Bibliografía

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497-529.  https://www.researchgate.net/publication/15420847_The_Need_to_Belong_Desire_for_Interpersonal_Attachments_as_a_Fundamental_Human_Motivation

Campaign to End Loneliness: https://www.campaigntoendloneliness.org/

Cáritas Española (2021). Prevenir y aliviar la soledad de las personas mayores. El papel único del voluntariado en los procesos de acompañamiento. Documentos de trabajo, 9. https://bit.ly/2ZivRRC

Castro-Blanco, M.P. (2020). La soledad y las personas mayores. Labor Hospitalaria, 326, 67-79.

Losada, A., Márquez, M., Jiménez, L., Pedroso, M. S., Gallego, L. y Fernandes, J. (2020). Diferencias en función de la edad y la autopercepción del envejecimiento en ansiedad, tristeza, soledad y sintomatología comórbida ansioso-depresiva durante el confinamiento por la COVID-19. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 55(5), 272-278. https://doi.org/10.1016/j.regg.2020.05.005Get

Perlman, D., & Peplau, L. A. (1981). Toward a social psychology of loneliness. En S. Duck, & R. Gilmour (Eds.), Personal relationships 3: Personal relationships in disorder (pp. 31-56). Londres, Reino Unido: Academic Press.

Sancho, M.; Barrio, E. del, Diaz-Veiga, P., Marsillas, S., Prieto, D. (2020). Bakardadeak. Explorando soledades entre las personas mayores que envejecen en Gipuzkoa. Instituto Matía

Número 8, 2021

Jesús Rivera Navarro, profesor titular de universidad. Departamento de Sociología y Comunicación. Universidad de Salamanca.

Introducción

En los comienzos del siglo XXI, las encuestas poblacionales realizadas nos indicaban que España era un país tolerante con la inmigración, incluso más que otros países de nuestro entorno. Esta percepción ha ido cambiando a lo largo del tiempo habiendo atisbos de un mayor rechazo a la inmigración (Cea D’Ancona, 2016).

El objetivo del estudio, que presentamos en este artículo, fue analizar como la actitud hacia la inmigración en barrios desfavorecidos en Madrid influía en la percepción que los residentes de dichos barrios tenían respecto al uso de espacios públicos y tiendas de alimentación.

Metodología

Diseño y marco geográfico

Esta investigación forma parte del estudio cualitativo HHH (Heart Healhty Hoods). El proyecto original HHH fue financiado por el European Research Council (ERC) con el objetivo de entender el entorno urbano físico y social en relación con la salud cardiovascular. El proyecto cualitativo HHH analiza las cuatro dimensiones urbanas relacionadas con el riesgo de enfermedades cardiovasculares y crónicas: actividad física, alimentación, consumo de tabaco y alcohol.

En este estudio usamos entrevistas semi-estructuradas (ESEs) y grupos de discusión (GD) como técnicas complementarias.

Después de un proceso de selección que incluía los 128 barrios existentes en Madrid en el año 2014, tres barrios de diferente nivel socioeconómico fueron escogidos: San Diego (bajo NSE –nivel socioeconómico-), en el cual los inmigrantes suponían el 28,9% de la población; El Pilar (NSE medio), en el cual los inmigrantes constituían el 11,4% de la población y Nueva España, con 9,1% de inmigrantes (NSE alto) (para más detalle de la selección de los barrios, ver Rivera et al., 2019). En este artículo, solo incluiremos los análisis realizados en el barrio de NSE bajo y medio, que es dónde fundamentalmente se concentran la población inmigrante.

Participantes

Para la confección de los ESEs y GDs, seleccionamos a los participantes según los siguientes criterios: sexo, edad, nivel educativo, número de hijos, empleo, ingresos, responsabilidades familiares en relación a hijos y/o nietos, años de residencia en el barrio y país de origen. Realizamos 20 ESEs (10 en cada barrio) y 25 GDs (14 en el barrio de NSE bajo y 11 en el medio). Además, entrevistamos a cuatro informantes clave en cada uno de los dos barrios, éstos eran directores/as de colegios y responsables de los centros de Madrid-Salud (salud comunitaria) más cercanos a cada uno de los dos barrios.

Trabajo de campo

Hicimos las ESEs, con una duración aproximada de 60 minutos, entre 2016 y 2018. Los GDs fueron realizados entre 2018 y 2019, y su duración aproximada fue de 90 minutos; el número de participantes en los GDs osciló entre 5 y 8 personas.

Análisis del discurso

Los discursos obtenidos con ambas técnicas fueron transcritos literalmente. Los verbatims (citas) extraídas de dichos discursos son literales y su identificación hace referencia a las características de los ESSs y GDs (ejemplo: hombres jubilados, barrio de NSE bajo). Usamos la teoría hermenéutica-interpretativa para analizar los discursos. Nos ayudamos del software ATLAS.ti-8 para el proceso de análisis.

Resultados

Encontramos tres categorías extraídas de los discursos generados en las ESSs y GDs. Las categorías señaladas fueron: 1) convivencia entre población inmigrante y nativa; 2) uso de espacios públicos; 3) tiendas de alimentación de inmigrantes.

Convivencia entre población inmigrante y nativa

Tanto en el barrio de NSE bajo como en el medio, los inmigrantes fueron acusados de empeorar las condiciones del barrio y propiciar cambios no deseados. La difícil convivencia con los inmigrantes se argumentaba en base a las fiestas que estos realizaban en sus casas hasta altas horas de la noche, las barbacoas en los balcones de sus casas, la aglomeración de gente en los sitios donde vivían y su tendencia a beber en la calle.

“…El otro día yo fui a casa de un amigo y en un edificio había unos inmigrantes haciendo una barbacoa en un balcón, con el toldo bajado y yo dije ‘Estos van a quemar la casa’…” (GD14, amas de casa mayores de 65 año, barrio de NSE bajo).

Uso de espacios públicos

Algunos de los entrevistados y participantes en los GDs identificaron a los inmigrantes que vivían en sus barrios como una amenaza, especialmente cuando se hablaba del uso de los espacios públicos; específicamente, se decía que los inmigrantes que estaban en los parques bebían y actuaban de un modo que disuadía al resto de los residentes a visitar dichos parques. El uso de este espacio por parte de los inmigrantes implicaba ruidos hasta muy tarde, comportamientos agresivos hacia los vecinos y la utilización de los parques y canchas de baloncesto para beber y comer. En concreto, en el barrio de bajo NSE algunas bandas latinoamericanas pedían dinero a aquellos que querían usar las canchas de baloncesto. Por tanto, el sentimiento de inseguridad era uno de los principales motivos para no usar los espacios públicos en estos barrios.

“Las canchas de baloncesto que hay en el barrio han sido tomadas por las bandas de latinoamericanos, que piden dinero para utilizarlas o simplemente para estar en ellas” (ESE2, hombre jubilado, 75 años, barrio de NSE bajo)

Tiendas de alimentación

Los participantes en el estudio criticaron el crecimiento de las tiendas de alimentación y restaurantes regentados por inmigrantes en Madrid. En concreto, se decía que en las tiendas de alimentación pertenecientes a inmigrantes latinos y chinos, sus productos tenían peor calidad que en otras tiendas. Además, se culpabilizó a esas tiendas de la desaparición de las tiendas de toda la vida o pequeñas tiendas de barrio, que eran muy bien valoradas por los vecinos.

“…Sí, yo prefiero hacer mi compra donde yo vea que el tendero no me engañe, por eso yo no voy a las tiendas de inmigrantes (GD8, amas de casa mayores de 65 años, barrio de NSE medio).

Discusión y conclusiones

En España, durante los años 60, 70 y 80, la identificación de los residentes en grandes ciudades con su barrio era muy importante. Mucha gente de estas ciudades procedía, originariamente, del ámbito rural y los residentes de los barrios de NSE bajo y medio trataron de reconstruir los lazos sociales, que tenían en sus pueblos, en sus barrios urbanos (Sorando, Ardura, 2016). La llegada de los inmigrantes significó un trastorno en la cotidianidad y en el uso de recursos públicos de los habitantes de estos barrios. El incremento de la población inmigrante tuvo también un impacto en la imagen de los españoles respecto a este colectivo. Esta tendencia se ajusta a la teoría defended neighbourhood hypothesis (Van Heerden, Ruedin, 2019), ya que, en España, como país donde había pocos inmigrantes hasta 1999, la llegada de los mismos tuvo un importante impacto en las actitudes de los ciudadanos, especialmente en la gran ciudad. Este impacto se tradujo en percepciones negativas hacia los inmigrantes, como se ha visto en nuestro estudio. Según la teoría mencionada, a medida que pasa el tiempo el rechazo debería disminuir, pero eso no parece que haya sucedido en el caso de España, y para explicar dicha tendencia podríamos utilizar la group threat theory (Van Heerden, Ruedin, 2019), la cual explica como la competencia por diferentes tipos de recursos acrecienta el conflicto y el rechazo. Además, esta percepción negativa de los inmigrantes constituye un factor importante para entender la construcción de estereotipos (Calavita, 2004). El rechazo, al que aludimos, puede tener un impacto de salud en los propios inmigrantes, así la literatura destaca posibles efectos como aislamiento, estrés y malestar general (Viruell-Fuentes, 2007). De igual manera, la percepción de problemas de convivencia entre residentes inmigrantes y nativos, descritos en los resultados, puede afectar a la salud de los residentes, por ejemplo, dificultando el descanso por la noche o impidiendo la actividad física debido a la amenaza de la presencia de inmigrantes en espacios públicos.

Por otra parte, esta imagen negativa de los inmigrantes tiene una consecuencia directa en la percepción de los espacios públicos y en las tiendas de alimentación. De esta manera, las tiendas de alimentación regentadas por inmigrantes es un factor determinante para considerar la inclusión y exclusión social a nivel local. En algunas publicaciones, se destaca como algunos de estos establecimientos han revitalizado la vida del barrio y han contribuido al enriquecimiento del entorno alimentario (Díez et al., 2017). Estos datos no concuerdan con los de nuestro estudio.

Los resultados de nuestro estudio nos indican que mejorar la relación entre residentes inmigrantes y nativos podrían incrementar el uso de espacios públicos, mejorando consecuentemente su salud. Una lista de posibles acciones debería incluir: trabajo educativo en el barrio; trabajo con inmigrantes en los servicios sociales para interiorizar ciertas normas sociales; transformación de las tiendas de alimentación de inmigrantes para que se conviertan en sustitutos de las tiendas de toda la vida, mejorando la calidad de vida de los residentes; y promoción de una visión más realista de los inmigrantes por parte de los medios de comunicación.

Referencias

• Blinder, S, Lundgren, L. (2018). “Roots of group threat: anti-prejudice motivations and implicit bias in perception of immigrants as threats”. Ethnic and Ratial Studies, 42; p. 1971-1989.
• Calavita, K. (2004). Un «ejército de reserva de delincuentes». La criminalización y el castigo económico de los inmigrantes en España. Revista Española de Investigación Criminológica: REIC, 2; 1696-9219.
• Cea D’Ancona, M. (2016). “Immigration as a threat: Explaining the Changing Pattern of xenophobia in Spain”, Journal of International Migration and Integration, 17; p. 569-591.
• Díez, J, Conde, P, Sandín, M, Urtasun, M, López, R, Carrero, J.L, Gittelsohn, J, Franco, M. (2017). “Understanding the local food environment; A participatory photovoice project in a low-income area in Madrid”, Spain, Health & Place, 43; p. 95-103.
• Rivera, J, Franco, M, Conde, P, Sandín, M, Gutiérrez, M, Cebrecos, A, Sainz, A, Gittelsohn, J.(2019). “Understanding urban health inequalities: Methods and design of the Heart Health Hoods Qualitative Project”. Gaceta Sanitaria, 33; p. 517-522.
• Sorando, D, Ardura, A. (2016). First we take Manhattan: la destrucción creativa de las ciudades. Madrid: Editorial Catarata.
• Van Heerden, S, Ruedin, D, (2019). “How attitudes towards immigrants are shaped by residential context: The role of ethnic diversity dynamics and immigrant visibility”. Urban Studies, 56; p. 317-334.
• Viruell-Fuentes, E.A. (2007). “Beyond acculturation: Immigration, discrimination, and health research among Mexicans in the United States”. Social Science and Medicine. 65; p. 1524-1535.

Número 7, 2021

Red de Profesionales y Entidades de Intervención Comunitaria

Los momentos de crisis a lo largo de la historia han servido para repensar y redefinir los modelos sociales existentes. En el que nos encontramos ahora no iba a ser una excepción, aún más teniendo en cuenta todas las capacidades, instrumentos y herramientas analíticas de las que dispone la sociedad actual. Como marco general, podemos empezar diciendo que en el contexto actual el papel que están teniendo las redes sociales y las opciones telefónicas y/o virtuales que nos permiten seguir trabajando a distancia, están siendo determinantes para afrontarlo. Además, la creatividad y flexibilidad en las respuestas debe considerarse otra forma también contagiosa de impulsar procesos colectivos diversos que permiten proporcionar un bienestar impensable en otras etapas históricas de nuestras sociedades occidentales. Pero a la vez, también nos plantean otro reto más con aquellos colectivos en donde la brecha digital o el acceso a internet se encuentra muy limitado. Es decir, parece estar generándose un nuevo contexto de relación predominante en donde ciertos colectivos también lo tienen difícil para adentrarse.

Por otra parte, la trascendencia del Coronavirus, aunque afecta prioritariamente al ámbito sanitario, es un fenómeno que pone en juego muchos aspectos de la vida social, económica, política e incluso de nuestra percepción del mundo. Un problema que se genera en el ámbito global debe buscar soluciones en lo local, en las consecuencias que el mismo tiene en la vida de las personas.

Y esto nos hace ver que no todo el mundo tiene las mismas condiciones para afrontarlas; algunas por ser víctimas de despidos por parte de sus empresas, otras por sus propias condiciones habitacionales (no es lo mismo afrontar esta crisis en un chalet con jardín que en un piso de 60 metros cuadrados donde conviven 5 o 6 personas); otras por perder los recursos de apoyo que les permitían que sus hijos siguieran las tareas escolares al mismo nivel que el resto o por no tener los medios tecnológicos o de conectividad necesarios para ello en sus hogares; otras por perder el acceso a la alimentación que les facilitaba el comedor escolar, teniendo que sustituirlo por ayudas a la alimentación a todas luces insuficientes en algunas comunidades autónomas, etc. Esto es, cuestiones que desvelan las situaciones de desigualdad que ya existían de antes y que ahora se ponen en evidencia de manera más palpable, especialmente en ciertos contextos de vulnerabilidad.

La escasez de experiencias previas ante una catástrofe de esta magnitud, implica un necesario aprendizaje político sobre la marcha, que permita ir dimensionando el problema y tomando decisiones difíciles pero necesarias. La escasez de recursos humanos y materiales para afrontarlo generan mucha incertidumbre y preocupación en la población. El papel de los diferentes canales y medios de comunicación, fundamentales en un momento como este, tienen un reto de transparencia y fiabilidad de gran complejidad. Finalmente, el reflejo de todo ello en la vida puertas adentro de la ciudadanía, inquieta por lo que pueda durar y qué consecuencias pueda traer, y muy consciente de sus limitaciones y posibilidades para afrontar esta situación, son cuatro cuestiones que nos hacen pensar en la importancia de un abordaje comunitario de los problemas.

Contando con esta limitación y a la vez oportunidad si se cuenta con medidas compensatorias, vamos a intentar sacar algunas conclusiones comunes extraídas de la experiencia evaluada de diferentes procesos comunitarios que se llevan a cabo en nuestro país desde hace años, en el que como profesionales y entidades nos encontramos directamente implicadas/os y que nos ponen encima de la mesa una estrategia comunitaria que puede ser fundamental para esta situación actual y también para otras posibles similares en el futuro:

1 – Los procesos comunitarios permiten que los territorios cuenten con una organización propia para afrontar cualquier reto que surja en sus comunidades. Entre las posibilidades que pueden irrumpir en ellas, para las que se pueden generar protocolos y/o mecanismos de organización como respuesta anticipatoria, podría encontrarse una crisis sanitaria como ésta. Lo que este momento que vivimos nos expresa, es la necesidad de previsión en los territorios de la posibilidad de que se produzca una situación así. Hacerlo supondría en este contexto, no únicamente un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, generales y específicos, que operan para superar o paliar sus efectos, sino también salvar vidas.

Lo comunitario no sería fundamental en estos momentos si entendemos por ello actividades listas para consumir por parte de un barrio o una ciudad (al contrario, podría ser considerado como algo a suspender o peligroso por posibles contagios). Tampoco lo es si pensamos que su principal enfoque está en lo preventivo o promocional, en el antes de. En cambio, si atendemos a su fuerte dimensión organizativa y relacional, la organización comunitaria se convierte en una estrategia clave para afrontar y salir de cualquier crisis y reforzar a los territorios en generar para el futuro medidas anticipadoras consensuadas (que además cuenten con una experiencia y respuesta propias adaptadas a las características de cada lugar). Los espacios de relación, tanto técnicos como ciudadanos, en un momento de la historia como este en donde contamos con lo virtual como soporte básico de intervención, están ayudando mucho a definir estrategias comunes, identificar y compartir los recursos disponibles. La efectividad de las respuestas en gran medida depende de su articulación. En una situación sobrevenida como esta, más aún teniendo en cuenta las medidas tomadas por el gobierno en cuanto al confinamiento y la distancia obligatoria, la eficacia dependerá en gran parte de las relaciones previas existentes a través de las cuales las estrategias actuales se enriquecen o empobrecen. Pero además de lo que ocurre hoy, muchos procesos comunitarios se están preparando para la crisis social y económica que tendremos que afrontar cuando la sanitaria afloje. Se está haciendo desde sus mesas o grupos de empleo, de educación o vivienda, partiendo de todo lo que las diferentes entidades y recursos, vecindad e instituciones están viendo y detectando, empleando esa inteligencia colectiva que nos permite llegar en común hasta donde solos no podemos.

2 – Esto viene a avalar una de las conclusiones fundamentales de las evaluaciones comunitarias llevadas a cabo en muchos de estos procesos: la mejora de la información para la intervención y el aumento de la capacidad del territorio para mejorar su propia realidad. Además, una vez que el territorio se ha dotado de nuevos mecanismos metodológicos de construcción de conocimiento compartido, se genera la posibilidad de ir mejorando y actualizando sus herramientas e instrumentos. Esto, muy unido a la capacitación técnica en elaboración de diagnósticos compartidos, puede ser muy efectivo para ajustar en tiempos de crisis la realidad a la puesta en marcha de recursos, servicios o iniciativas ciudadanas colaborativas.

Los equipos comunitarios en el desarrollo de esta crisis están teniendo un papel fundamental en la canalización y conexión de iniciativas, así como en asegurar que la información relevante para cada territorio y comunidad llega a todos sus miembros. En muchos casos, los procesos están sirviendo para ajustar mejor necesidad/iniciativa y conectar lo que se está haciendo en los barrios y ciudades, evitando duplicidades en tareas que pueden ser o no oportunas. Las iniciativas ciudadanas espontáneas, como estamos viendo, pueden ser claves para satisfacer demandas concretas que además pueden llegar a salvar vidas (confección de materiales de protección, identificación y apoyo a personas mayores, redes de apoyo mutuo, traducción y adaptación de materiales educativos sanitarios, etc.). Por lo tanto, una conclusión importante que el momento está aportado los procesos comunitarios es la necesidad de reforzar el papel que la ciudadanía tiene en los territorios en tiempos normalizados, mejorando el concepto de democracia participativa y profundizando más en todo lo que la vecindad puede aportar en las comunidades.

3 – Otro de los principales logros conseguidos en los procesos y que se están poniendo a prueba en este contexto es la mejora de la capacidad inclusiva del territorio. En la medida en que hayamos sido capaces de visualizar, reconocer e incorporar a los procesos todas las realidades existentes en nuestros territorios a lo largo del tiempo, se lograrán proporcionalmente su inclusión en los procesos cumpliendo un papel activo. Y en esta crisis sanitaria, contar con todas estas realidades y poder llegar a ellas sin obstáculos o barreras iniciales que vencer es fundamental. El efecto que esto puede tener para evitar brotes xenófobos es difícil de medir, y en este sentido se continúa trabajando con sumo cuidado para que nuestro imaginario colectivo se construya en estos momentos de forma incluyente. Así, estamos evitando dejarnos en el margen realidades vulnerables y poco conocidas para la mayoría. Sí es importante decir según las relaciones que estamos estableciendo, que muchos colectivos vulnerables no disponen de datos suficientes ni para descargarse imágenes o vídeos, y si no disponemos de equipos o medidas para realizar un seguimiento, están quedando fuera del sistema de información y difusión. En este sentido, los procesos se han dotado de registros comunes de trabajo entre recursos, elaboración de diagnósticos previos rápidos de necesidades en estas comunidades (cuyos contactos son posibles por los vínculos anteriores establecidos con el proceso) y están intentando poner en marcha otras medidas compensatorias que ubiquen a todas las personas y colectivos en igualdad de posiciones, al menos en el manejo de información relevante. En este sentido, se están llevado a cabo iniciativas ya existentes con anterioridad y adaptadas para mantener refuerzos educativos en estrecha colaboración con los centros educativos y las AMPAS, se está sirviendo de agentes canalizador de información, se está asesorando en cómo atender a la diversidad en estos momentos desde una perspectiva de salud, se están empleando las mesas y los espacios generados en salud comunitaria para la toma de decisiones, etc.

4 – El trabajo desarrollado para potenciar un sentido de pertenencia común en todos nuestros barrios y localidades está cumpliendo hoy un papel importante en esta crisis: por un lado, porque contribuye a la identificación comunitaria con un objetivo común. No sólo el miedo al contagio actúa para que las personas se queden en casa, también que nos sintamos parte activa de la solución, preocupándose y cuidando del vecino/a, trasladando necesidades a los recursos, construyendo redes de apoyo vecinal…

Si además nuestro barrio, pueblo o ciudad, cuenta con una pertenencia en positivo, implicada y propositiva, esto es mucho más fácil. En este sentido, desde los procesos se han lanzado mensajes de ánimo, campañas de refuerzo de estos sentimientos que atienden a toda la diversidad existente, y la respuesta ha sido inmensa, y sin duda estos días está brotando mucho esta narrativa común que nos permite sentir orgullo de la movilización de nuestras comunidades en un fin común.

5 – En cambio, si bien observamos todas estas aportaciones para ahora y el futuro de los procesos, también se han detectado cuestiones a mejorar: la rivalidad o competencia entre agentes y recursos, la búsqueda de protagonismos en un momento con un peso simbólico tan importante para las comunidades, se ha acentuado. También se ha reforzado la tendencia a la individualización de la atención, perdiendo en parte la perspectiva que permite a entidades y servicios poner en marcha estrategias de intervención más amplias y consensuadas, que también nos permita contar con todo lo existente para proporcionar mayor calidad y proyección a las respuestas. Pero todo esto lo que nos dice es que aún nos queda mucho trabajo por delante para hacer de estos procesos comunitarios algo sostenible y con verdadero calado. Una vez más, seguimos convencidos de que este es el camino. Ni mejor ni peor que otros, pero al menos igual de necesario si queremos contar con el mayor recurso que poseen nuestros territorios para hacer frente a una crisis: su comunidad.

6 – Y el reto en los próximos meses será ajustar la dinámica de los procesos comunitarios activos a la nueva configuración socio-territorial en cada lugar, porque muchas cosas habrán cambiado y será el momento de observar su capacidad de adaptación a realidades sensiblemente diferentes, sin perder sus identificadores, sus componentes, sus instrumentos y métodos, su necesidad de seguir registrando sus avances, descubrimientos y logros para favorecer la más que necesaria transferencia a territorios más o menos próximos, su potencial para incorporar a más y hasta nuevos actores que no han participado con anterioridad, etc. También será un mayúsculo desafío demostrar que la clave de proceso es fundamental y que determinadas soluciones requerirán sus propios tiempos; periodos inciertos en los que la organización de la comunidad será clave para vertebrar las respuestas que vengan desde las instituciones y sus ámbitos de servicios sociales, salud, educación, empleo… con las que se impulsen desde otros agentes protagonistas de la comunidad (recursos, entidades ciudadanas, grupos informales…), sumando a nuevos actores clave como el empresarial también disminuido por la coyuntura de crisis. Etapas en las que cualquier incidencia puede producir nuevas incertidumbres y hasta conflictos en los que habrá que intervenir y mediar, para canalizar la frustración y energía existente hacia la resolución de las situaciones más complejas. El reto será demostrar que realmente los procesos comunitarios pueden ser parte fundamental y contribuir a la construcción de soluciones colectivas, particularmente en el marco de una sociedad poco acostumbrada ya a pensar conjuntamente y actuar de manera colaborativa.

7 – Y como pieza clave de este nuevo tiempo, los equipos comunitarios serán esenciales para visibilizar la bondad y utilidad de los procesos y orientarlos hacia los aspectos críticos en cada lugar, sin perder su fundamental función de catalizadores de las fórmulas organizativas que atiendan la renovada complejidad que ya se está conformando en relación con la diversa incidencia de la crisis en cada territorio. Ante la tentación de que se puedan sumar más efectivos a los recursos sectoriales ya existentes, particularmente en aquellos ámbitos con más carencias, es el momento de enfatizar la imperiosa necesidad de contar con profesionales inespecíficos que aborden sobre todo aspectos de las dimensiones relacionales y organizativas antes citadas, también expertos/as en la identificación de ámbitos de potencial generación de conflictos para reconvertirlos en esferas de oportunidad ante la adversidad. Y en perspectiva intercultural, que profundicen en el trabajo comunitario para visibilizar las ventajas de la diversidad en una coyuntura en la que pueden aflorar determinados intereses para que sea valorada como un lastre para la mejora colectiva. En este sentido, cabe resaltar la capacidad de resiliencia y la experiencia que pueden aportar ahora muchas personas, familias y grupos humanos que han atravesado situaciones críticas antes de sumarse a sus nuevos lugares de acogida.

Aunque en ocasiones la intervención comunitaria puede parecer intangible, inmensurable o de más larga trayectoria, es una dimensión fundamental en la construcción de la sociedad. Lo vemos en todas las iniciativas individuales y colectivas que han ido surgiendo de forma altruista desde que comenzó esta crisis. Si además, desde los territorios aportamos el método, los espacios de relación, el apoyo mutuo, la gestión de la información, el conocimiento compartido, la mediación en conflictos, etc. la potencia de lo comunitario es enorme.

A lo largo de esta crisis hemos escuchado mucho hablar de comunidad y de la necesidad de recuperar esta dimensión en todos los ámbitos. Y es cierto. Hay que recuperar esta estrategia ahora más que nunca. Pero como profesionales creemos que esto no puede dejarse a expensas de buenas voluntades de personas, colectivos, entidades o profesionales. Consideramos que tiene el suficiente peso y trascendencia como para ser asumido por nuestras administraciones y organizaciones públicas como forma de organizar y dar sentido territorial a los recursos existentes; profesionalizar y poner en valor este trabajo que requiere de formación, experiencia y sobre todo método. Asumir de forma responsable que es bien cierto el lema adoptado de #EsteVirusloParamosEntreTodos, pero sin procesos comunitarios sostenibles en el tiempo, y sin equipos profesionales liberados que se ocupen de garantizar la participación en ellos de todas/os en igualdad de condiciones, los retos que sobrevienen y golpean a nuestros territorios son mucho más difíciles de afrontar.

Por eso creemos que es indispensable reforzar nuestro sistema inmunológico contra este y cualquier otro virus o agente perturbador de nuestro bienestar común. Y hay que hacerlo con cabeza y con corazón, permitiendo que el latido comunitario alcance a regar cada una de nuestras vulnerabilidades y fortalezas.

Personas que han participado en la elaboración del artículo y miembros de la Red de profesionales y entidades de intervención comunitaria

Isabel Ralero Rojas – IntermediAcción Toledo

Almudena López Morillas – CEAR

Irene Gil Gimeno – CEAR

Antonio Gala Alarcón – La Rueca Asociación

Susana Camacho Arpa – Accem y Fundación Secretariado Gitano

Manuel Basagoiti Rodríguez – Educación, Cultura y Solidaridad

Mario Aragón Álvarez – La Rueca Asociación

Alexis Mesa Marrero – Fundación General de la Universidad de La Laguna

Vicente Manuel Zapata Hernández – Universidad de La Laguna

Número 6, 2020

Víctor Renes Ayala

Sociólogo

Esta afirmación condensa una cuestión esencial y una dificultad sustantiva. Cuestión esencial: no hay sociedad sin vida en común; ser parte de una sociedad no es realizable al margen de la vida en común. Dificultad: lo común no pertenece a la propiedad, sino que es categoría relacional. Y cuando hablamos de derecho, reconocemos que si lo es debe ser jurídicamente reclamable, y una categoría relacional no puede dar pie a ello[1].

A qué nos referimos cuando reclamamos la comunidad. La satisfacción de las necesidades sociales, como idea de justicia social, ha dado pie a los derechos sociales, derechos de segunda generación. Las instituciones de bienestar han sido, por encima de todo, un proyecto de vida en común. El estado social ha sido la última encarnación de la idea de comunidad, es decir, la materialización institucional de esa idea en su forma moderna de ‘totalidad imaginada’, forjada a partir de la conciencia y la aceptación de la dependencia recíproca, el compromiso, la lealtad, la solidaridad y la confianza [2].

Ahora bien, nuestra sociedad está cuestionando esta ‘totalidad’ con la afirmación del individualismo metodológico. Este proyecto ha entrado en crisis desde el momento en que se están cuestionando los sistemas de bienestar. Lo que está haciendo que se vaya abandonando la idea de comunidad. Sin embargo, aún sigue siendo una aspiración en nuestras sociedades lograr una sociedad cohesionada. Lo que, como efecto necesario, implica un bien común al que deberían aspirar todos los ciudadanos. Sin ello es difícil mantener una sociedad cohesionada con un grado aceptable de inclusión social y ni siquiera hubiera sido posible el comportamiento cívico ante la crisis sanitaria del COVID-19. Además, si todas las personas tienen el derecho de pertenecer a una comunidad, hay que ser conscientes de que es un derecho imposible si no existe esa comunidad. Estamos ante un tema que se desenvuelve entre contradicciones y paradojas.

Lo común como categoría relacional. Este derecho solo puede existir como resultado de compartir un conjunto de responsabilidades individuales y colectivas que lo fundamenten. Es, pues, fruto de un compromiso colectivo. Como el comportamiento de la ciudadanía en cómo ha afrontado esta crisis sanitaria, a través del ‘confinamiento solidario’, con el compromiso de la población para preservar lo Común, en este caso el ‘bienestar colectivo’.

Vivir en común representa colaborar en común. Pero no deja de ser un derecho, aunque sea relacional. O sea, no se puede reducir al habitual concepto de Propiedad, con el que se suele relacionar el derecho. Porque el concepto de Propiedad acaba absorbiendo el de Apropiación y el de Posesión. Y esta confusión genera efectos perversos porque reduce esos aspectos a la dimensión jurídica de la relación Persona / Bienes, que acaba reduciendo todo a Propiedad.

El concepto de propiedad, concepto jurídico, no proporciona ‘significados’ a la relación persona – sociedad – bienes, sino solo dominio. Y no se puede reducir todo a propiedad. Porque, en la relación jurídica (propiedad), ¿quién se apropia de quién? Además, en esa relación de apropiación, ¿quién posee a quién? Por tanto, no está en juego solo el derecho como una relación jurídica, sino como proceso de humanización / des-humanización. Y en este proceso se produce un proceso de ‘personalización’ (aun en la esfera societal), o de ‘cosificación’ (también en la esfera societal), según sea la persona quien se apropie de las cosas, o las cosas se apropien de la persona.

Hay muchas relaciones entrecruzadas que no se pueden reducir al concepto de propiedad, y son fundamentales para el desarrollo humano. ‘Apropiarse’ del común, que no significa hacerse propietario, significaría otra cosa. Poseer la comunidad no es ser su propietario. No despojamos a nadie de nada si poseemos con los demás la comunidad, con las responsabilidades compartidas. En esa relación social establecemos las bases de una sociedad que vive en común. Si alguien se hace propietario, lo común mengua o desaparece.

Por tanto hay que unir ambos aspectos, comunidad – derechos. Pues bien, al considerar su intrínseca relación estamos considerando la vinculación social como un bien común, y la exclusión como la ruptura de ese derecho, por lo que la vida en común queda quebrada, con fracturas que generan rupturas y dejan fuera de la sociedad. Lo que traduce esa relación en inclusión – derechos. De ahí que incrementar las relaciones horizontales mediante la recuperación de la comunidad y la participación de todos, colectivos vulnerables incluidos, sea una contribución a la existencia de la comunidad y a la posibilidad de ejercer ese derecho a la comunidad. En otros términos, aparece la vinculación social como un bien común que alcanzar. Ello implica no solamente la existencia del derecho al bien, sino a que el bien sea gestionado en común y que, en consecuencia, su uso lo sea, también, en régimen comunitario.

Si algo hemos podido constatar en la crisis sanitaria del COVID-19 es que se ha generado una reacción de vinculación de múltiples formas. La expresión diaria de aplauso es la más significativa. En ella se ha producido la presencia, en ausencia física, pero presencia real de sanitarios, servidores públicos, trabajadores de lo esencial. La ciudadanía les ha hecho ser, y ha hecho comunidad con ellos; nos vinculamos con ellos. Ha puesto en valor el bien común de la salud, del que todos participamos y, como contribución responsable, se ha puesto a disposición de este bien la propia libertad. Hay más expresiones: el surgimiento de redes de ayuda y cuidado, de profesiones que se ponen al servicio de otros, etc. En qué han coincidido todos. Que o bien se defendía responsablemente el bien de la salud entre todos, o todos perdíamos. Apropiarnos de la salud, es no ser propietario de mi decisión de romper el consenso común, y así poseer el mejor y mayor bien. Lo que es cuestión de toda la comunidad.

El catalizador ha sido el derecho al bien para lo que la comunidad es un bien necesario y, por ello, creado por todos. Esto es más significativo que denominarlo derecho. ¿Por qué? Pensemos en la salud. Solemos decir que tenemos derecho a la salud. Pero la salud es un bien ante el que tenemos derecho a una sanidad que nos garantice la salud. Y no es juego de palabras. La comunidad es un bien que no debe ser discutible ni negociable. Como es un bien, debemos poner los medios, comunitarios en este caso, sanitarios en el ejemplo. Y los medios son aportados por todos, y disfrutados por el común, como comunidad. Esto también nos saca del estrecho concepto del derecho reducido a propiedad.

Por ello, para consolidar este bien, es decisivo rescatar la importancia de los vínculos comunitarios —ya sea con las personas, con el territorio o con la naturaleza— y afianzar los valores compartidos que crean comunidad. En este sentido afirmamos que lo común no pertenece a la propiedad, sino a la categoría relacional.

Todo ello plantea muchas cuestiones, pero hay una destacada: la articulación entre políticas públicas (su objetivo es el ejercicio de los derechos) y la acción comunitaria. Se suelen reducir las políticas públicas a la acción específica con las situaciones vulnerables. Pero la acción comunitaria debe ser la dinámica básica desde la que realizar la acción específica. Lo que afecta a la Comunidad, debe ser resuelto desde una mirada comunitaria, asentada territorialmente y desde la confluencia y vertebración de todos los agentes políticos, técnicos y ciudadanos protagonistas.

Pero, la acción comunitaria no es reductible a la acción ‘en’ la comunidad, sino que es acción de la comunidad; o sea, solo puede ser comunitaria siendo acción de la comunidad, creando comunidad. Cierto que no se puede simplificar la acción contra la pobreza; hay que trabajar específicamente las situaciones vulnerables. La acción de promoción social (objetivo de las políticas de derechos) exige la dimensión específica, pero debe ser comunitaria, de y desde la comunidad. Ineludible si no queremos una sociedad cuyo tejido social rechace lo distinto, lo diferente, especialmente si éste es pobre, excluido, vulnerable. Por ello la acción comunitaria asienta en los territorios las bases necesarias para que el desarrollo de las políticas públicas en lo local sea más efectiva y eficiente.

Además, la existencia de una acción comunitaria en red permite poner en relación a todos los recursos de cada territorio, multiplicando su impacto en la población. Sin olvidar que la dimensión comunitaria promueve un sentimiento de pertenencia a un territorio, lo que facilita que la ciudadanía se preocupe por su vecino o vecina, trasladando necesidades a los recursos, permitiendo construir redes de apoyo vecinal, de cuidados y sostenimiento de la vida.

La existencia del derecho implica, en consecuencia, la tensión permanente de creación de comunidad, la que crea sociedad. Crear sociedad, es crear tejido social, tejido comunitario, red ciudadana, vinculación social y ciudadanía, a la que contribuye con su acción de acogida, acompañamiento, encuentro. Hay que activar y dar valor social lo que implica vivir en común, tener comunidad. Por ejemplo, la creación de espacios de encuentro y acogida; espacios para la inclusión social, donde sea relevante lo que le pasa al otro; el espacio del don, de la gratuidad, del apoyo, de la relacionalidad, de la comunidad; favorecer y potenciar la educación para aceptar las diferencias como un valor superando las barreras que excluyen; profundizar el espacio de lo social, de lo común; la creación de redes de solidaridad. Y tantos otros. No sé cuál es el coronavirus permanente que necesitamos, pero sin la C, no de Coronavirus, sino de Compartir, Cooperar, Corresponsabilidad, Coparticipación, Com-pasión, Común, COMUNIDAD, incluso Cariño (afecto, empatía, encuentro), difícilmente podemos vivir en común en sociedad, en sociedad cohesionada y accesible, menos aún fraterna.

[1] Tomamos estas referencias del VIIIº Informe Foessa, cap. 6.

[2] Z. Bauman: El tiempo apremia. Conversaciones con Citlali Rovirosa-Madrazo. Barcelona 2010: Arcadia.

Número 5, 2020

Almudena Iglesias Moro

Técnica de Cáritas Diocesana de Salamanca

1. Lo integral del ser humano

En la creación, el sujeto transforma el espacio donde interviene y mientras lo hace deposita en sus creaciones emociones y significados. […] El proceso creador permite la aparición de lo que somos y de cómo actuamos, poniendo en juego la memoria, el saber, la percepción, la experiencia, lo consciente y lo inconsciente. La obra de arte funciona como metáfora del mundo en la que las representaciones son la (re)presentación de algo ya presentado, de algo anterior que se actualiza. Comporta una mirada atrás y un reajuste. Es repetición de las primeras imágenes y creación, […] que permite la concreción de lo mismo, pero de otra manera, reestructurando el «yo» (Moreno, 2016).

Si partimos del concepto holístico de persona entendemos que los seres humanos se desarrollan en un cuerpo en el que existen pensamientos y emociones. Así pues, se consideran tres núcleos que configuran a la persona: el cognitivo, el emocional y el corporal. Entender la persona sin una de esas partes es negar su totalidad (Rossi, 2006).

Como planteaba Bisquerra (2006) hemos desatendido la parte emocional y la corporal para destacar la razón y los pensamientos.

Sin embargo, son cada vez más las propuestas a nivel educativo y social que valoran la necesidad del trabajo emocional para favorecer el desarrollo integral de las personas.

2. El arte

Es en este sentido la necesidad de incorporar el arte para conmover, para emocionar. Para poder explicar y entender con más claridad nuestras emociones. Se utiliza el arte como instrumento mediador para conectar a la persona con su identidad individual y grupal.

Mediante diferentes expresiones artísticas somos capaces de proyectar nuestro “YO” para abordar dificultades, elaborar conflictos que ayuden a la reconciliación personal y a la proyección de un “YO” incluido, autónomo y con esperanza (Si somos capaces de soñarlo, somos capaces de lograrlo).

El arte nos permite crear un universo simbólico donde podemos visualizar nuestra realidad o la que queramos que sea, real o inventada. Ese universo puede dibujarse, bailarse, modificarse, inventarse y facilitar soñar con otra realidad que es la que nos gustaría que fuera.

3. Arte y exclusión social

La intervención artística es una maravillosa herramienta de mediación para trabajar con personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión social independientemente de su nivel cultural, su procedencia, edad, etc.

Atrás quedaron las épocas en las que el arte y la cultura en general eran elitistas y solo para minorías.

El arte nos iguala y puede establecer lenguajes universales que traspasa las fronteras económicas y políticas. No es necesario tener estudios para emocionarnos. El arte está al alcance de todos, aunque haya diferentes niveles.

Hay estudios que demuestran que las personas independientemente de dónde seamos nos entristecemos y nos alegramos por las mismas cosas. Nos sentimos solos por las mismas cosas. Sentimos celos por las mismas cosas, etc.

El arte facilita que afloren las emociones y la intervención social ayuda a entender por qué aparecen ese tipo de emociones, qué significan y cómo las recibimos.

En la intervención social lo importante no es el resultado final. Éste es solo una excusa. Lo importante es el proceso y todo lo vivido y reflexionado en ese camino. Lo fundamental es el aprendizaje que se produce y que orienta a las personas a conseguir la autonomía y la inclusión.

También pueden afectar en el tipo de relaciones de los participantes. Se consiguen establecer relaciones igualitarias que dentro de los contextos más formales se ven dificultadas por la asignación de los diferentes roles o funciones que desarrolla cada uno. Para esto, es importante que la participación en estas actividades artísticas sea plural. Por ejemplo, proponer una actividad teatral de creación colectiva en una casa para personas sin hogar implicaría la participación de técnicos, voluntarios, residentes.

No hace falta tener conocimientos técnicos para que cada uno pueda encontrar su sitio en la actividad (director, actor, diseñador, maquillaje, vestuario, etc.). El desarrollo de esta intervención iguala a las personas independientemente de la función que luego tengan en la casa. Se generan espacios y momentos de verdaderas relaciones horizontales que pueden traspasar la propia actividad. Y de manera indirecta y amena se trabaja la cohesión de grupo, la autoestima de los participantes, la creatividad. En fin, valores y potencialidades que se pueden extrapolar a la vida cotidiana.

4. Romper barreras

Son muchos los espacios que pueden ser utilizados para actividades artísticas. Esto supone por un lado, la normalización de los espacios y, también, el que las instituciones sociales salgan de sus recursos para utilizar otros públicos o compartidos incluso con otros grupos.

Al salir de los típicos espacios de las instituciones sociales se rompen barreras físicas que no solo acercan a estos colectivos a la sociedad y a la cultura, sino que también sirve para que la sociedad tenga una toma de contacto con realidades a las que de otra forma quizá no se acercaría o incluso rechazarían.

La normalización de los espacios produce un fenómeno de sensibilización y hasta contagio social. La curiosidad humana nos lleva a querer conocer, a querer saber de otras experiencias, de otras vidas. Pero cuando el contexto es amable es más fácil el acercamiento. Sensibilizar conlleva un proceso de aprendizaje y en ocasiones incluso de desaprender y eliminar barreras.

También supone la ruptura de falsos mitos que limitan la participación de determinados colectivos en actos culturales y sociales. A veces estas limitaciones parten de las mismas personas que se sienten excluidas por desconocimiento y ellas mismas se vetan negándose de alguna manera su derecho a la participación y a formar parte de la sociedad.

5. Hablan los artistas

Formar parte de estos procesos artísticos genera cambios en dos direcciones tanto de quien participa como de quien facilita la actividad. Algunas opiniones de facilitadores y participantes nos dan pistas en primera persona de lo que puede suponer para ellos.

Santiago, participante de un proyecto artístico de creación colectiva en Cáritas Diocesana de Salamanca da las gracias por la ilusión devuelta a todas las personas que de alguna manera nos han ayudado a entender que tenemos muchos valores que los teníamos escondidos por circunstancias de la vida, que nos mermaron como personas. Gracias por permitirnos formar parte de ese proyecto (artístico) que a unos les ha devuelto la ilusión por seguir luchando por una vida digna y a otros le ha despertado la vena artística.

Moisés Moe, presidente de la Asociación Juvenil de Break dance de Salamanca y facilitador del proyecto ConFusiones. Lo que pasa en la calle desarrollado desde Cáritas Diocesana de Salamanca nos habla de “la necesidad de todo tipo de actividades relacionadas con el Arte, no solo para personas en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad social, sino para el mundo en general ya que, desde la prehistoria, por mera intuición o naturaleza hemos sido seres artísticos, por lo tanto, desde el planteamiento de intervenir desde el arte impulsamos/motivamos a volver a las raíces. Para las personas tiene muchos significados, siempre al menos en mi experiencia positivos, nos ayuda a relacionarnos y compartir de una manera sana con los demás”

Antonio, técnico de Cáritas Diocesana de Salamanca añade: Gozar de la experiencia de los procesos creativos con personas en situación de vulnerabilidad, es un viaje inédito siempre que se cuente con la motivación precisa, los medios adecuados y la libertad bien entendida. Confiere a las personas el reconocimiento que difícilmente consiguen en otros contextos sociales, pero sobre todo consiguen conocerse más a sí mismos y descubren la cantidad de ‘fantasmas’ que durante tanto tiempo les encorsetaron tan injustamente. Es un maravilloso viaje al interior de uno mismo que siempre te lleva a lugares mejores. Siempre.

6. Haciendo sociedad

Por último, las intervenciones artísticas no solo producen cambios individuales si no que pueden configurar la filosofía y el espíritu de un barrio entero y convertirlo en un barrio social y acogedor incluyendo la participación de vecinos y vecinas. Así lo resume Inma Cid presidenta de la Asociación de vecinos ZOES, desde el Barrio del Oeste en Salamanca. Quizá el barrio más inclusivo, artístico, participativo y social de la ciudad:

La cultura dejó hace años de ser unidireccional. Se ejerce desde los templos culturales (teatros, museos, auditorios…) hacia la población, además la ciudadanía también tiene capacidad para ofrecer iniciativas artísticas que logran que en las calles la cultura no sea de nadie siendo de todos, de vecinos que ceden y autorizan los espacios – lienzo (puertas de garajes, muros, fachadas); las tiendas donde se adquieren los materiales y pinturas; los bares donde los artistas comen, etc.

La Galería Urbana en el Barrio del Oeste es un modelo de participación ciudadana para dinamizar la cultura en un barrio que carece de equipamientos culturales, zonas deportivas, zonas ajardinadas; es arte efímero, temporal y transitorio pero tiene su calado social y un fuerte componente simbólico; crea sentido de pertenencia y orgullo de barrio. Ha atraído más comercio. Escasean los locales con el cartel Se Alquila. Además, está contribuyendo a convertir las calles del Barrio del Oeste en un museo al aire libre abierto las 24h del día, los 365 días del año que reclama el interés de quienes deciden visitarlo por esta razón.

La calle es más nuestra y escenario de la cultura a pie de calle, a pie de barrio. Sin invasión, sin apropiación, más bien como intervención de la ciudadanía. Los jóvenes artistas van y vienen; fotógrafos que plasman lo que ocurre en la calle; visitantes atraídos por la actividad; vecinos que se deleitan con lo que acontece… creando un ambiente dinámico, participativo de interés intergeneracional, ¡se respira arte y late el arte con el impulso de la Asociación Vecinal ZOES!

El reto de seguir girando y dando calor para aumentar la calidad de vida y ayudar a cambiar el paso al barrio. El reto es que el proyecto supere a las personas”.

Número 4, 2020

Francisco Lorenzo

Sociólogo, Director del área de Acción Social de Cáritas Española

Según se recoge en el III Plan Estratégico de la Plataforma del Tercer Sector: el Tercer Sector de Acción Social es el ámbito formado por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando, por medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar.

Más allá de la definición formal, hablar del Tercer Sector, es referirnos a entidades con forma jurídica propia (asociación o fundación, en la mayoría de los casos), sin ánimo de lucro y «fuera del sector público», que desarrollan proyectos (de atención directa, de sensibilización, de incidencia política…) orientados al bienestar y a los derechos de la ciudadanía (la lucha contra la pobreza, la exclusión, la discriminación…).

Cabe destacar también el carácter voluntario de estas entidades, pues la mayoría de ellas cuenta con la participación de un significativo número de personas voluntarias (en torno a 2,5 millones en total). Ahora bien, son muchas las organizaciones que además cuentan con personal remunerado; es más, un proceso significativo que ha tenido lugar a lo largo de las últimas décadas, ha sido la profesionalización de determinados puestos y servicios propios de estas entidades.

Sobre esta cuestión se han generado gran cantidad de debates y reflexiones, por lo que no trataremos con este texto ni de reabrir, ni de cerrar de manera definitiva dicha cuestión. Daremos por hecho que, en la medida en la que esta profesionalización conlleva una mejora de las iniciativas desarrolladas, de los servicios prestados a quienes más los necesitan y de la gestión de (casi siempre escasos) recursos con los que se cuentan para ello, debe considerarse una buena noticia[1].

Este proceso se ha visto reforzado también por cierta tendencia a la sofisticación de las propias entidades. No es extraño, por ello, que algunas organizaciones soliciten apoyo a empresas especializadas para que les ayuden a trabajar sobre certificaciones de calidad, herramientas de gestión, definición de un plan estratégico, medidas para una mayor transparencia económica, estrategias para la sostenibilidad, campañas de comunicación y de captación de fondos, medición del impacto…

Y, en un nuevo acto de confianza, reconocemos que todo ello es imprescindible en la medida en la que no se lleva a cabo como mera cuestión formal o estética, sino que pretende un mejor funcionamiento, una mejor atención a sus destinatarios y una mejor rendición de cuentas.

Ahora bien, insistiendo de nuevo en la necesidad de todo ello (evitemos así caer en la tentación de la demagogia más burda), sugiero un proceso de reflexión y revisión complementaria que nos ayude a mejorar cuestiones también fundamentales para las entidades del Tercer Sector; de cara a no renunciar –por olvido o distracción –al sentido último que tiene la sociedad civil cuando se organiza en favor del bien común.

Dado el carácter de fondo de las cuestiones que se van a plantear, se recomienda llevar a cabo este proceso de reflexión de manera sosegada, íntima y periódica… es decir, como esos exámenes de conciencia de los que hablaban algunas abuelas.

Consideramos que tiene sentido abordar estos dilemas en los distintos espacios en los que se estructura la entidad: tanto en los órganos de máxima decisión, como en el grupo local de voluntariado, ya que, aun con diferente nivel de responsabilidad, el sentido y la estrategia debería construirse desde todos estos lugares.

La propuesta es revisar los siguientes dilemas:

• Sostenibilidad vs. orientación a destinatarios.
• Interés propio vs incidencia.
• Adaptación individual vs. transformación estructural.
• Receptores vs. participantes.

Sí, efectivamente, reconozcamos la trampa tendida a quien está leyendo este artículo: en los cuatro dilemas propuestos, ambas posiciones pueden ser compatibles e incluso deseables, por lo tanto, obligar a elegir (y a descartar una de las opciones) es tramposo e incluso irresponsable. Por ello, no debemos entenderlos como decisiones excluyentes, sino como tendencias en la que podamos identificar a qué dedicamos más tiempo, recursos, esfuerzo, motivaciones…

Además, cabe señalar que estas cuestiones son menos relevantes en el caso aquellas entidades en las que destinatarios y socios coinciden (las llamadas «asociaciones de usuarios»).

Hechas las aclaraciones, vayamos a ello:

Dilema 1

El primer aspecto sobre el que reflexionar responde a una pregunta de sentido: ¿para quién?

Imaginemos una comarca rural en la que hay un único Centro de salud. Imaginemos también que, por diferentes motivos, este dispositivo se cierra. No resulta complicado entender quiénes son los principales perjudicados de esta decisión.

Traslademos ahora esta cuestión al Tercer Sector: ¿Quiénes son las personas más afectadas en caso de que tuviéramos que cerrar nuestra entidad? ¿Serían los destinatarios, las personas contratadas, las voluntarias…?

Sí, es cierto que el médico también se vería perjudicado en la situación hipotética mencionada, pero, resulta evidente que, en términos cuantitativos y cualitativos, las peores consecuencias serían para los vecinos que dejarían de contar con un servicio que les resulta imprescindible.

En el Tercer Sector, periódicamente debemos formularnos esta pregunta y tratar de responderla con honestidad pues, la auto-referencialidad supone un riesgo a tener en cuenta.

Dilema 2

En ocasiones las entidades buscan espacios de relación con la Administración Pública. Entre otras cosas, para recordar que la garantía de derechos es competencia pública pues, de lo contrario, se asume el riesgo de la arbitrariedad.

En ocasiones también, el objetivo de estos espacios de trabajo es solicitar una serie de ventajas para el funcionamiento de la propia entidad.

Como ya se ha mencionado anteriormente, ambos objetivos son legítimos e incluso recomendables en la medida en la que permitan a las entidades dar un mejor servicio a sus destinatarios.

Ahora bien, si los espacios de trabajo están orientados al interés propio en lugar de a la incidencia (cambio de políticas públicas en favor de los destinatarios) aparece de nuevo la tentación de «ser para nosotros mismos».

Dilema 3

Son muchas las personas y entidades implicadas de manera habitual en nuestro ámbito de trabajo y en los procesos en los que nos vemos inmersos; tanto internos, como externos (personas contratadas y voluntarias, personas atendidas, Administración pública, empresas, socios y donantes, medios de comunicación…).

Interactuamos con todas ellas. Ahora bien, no a todas les pedimos, les proponemos o incluso, les exigimos el mismo nivel de cambio en sus conductas cotidianas.

Deberíamos preguntarnos por tanto si estamos orientados a promover la adaptación individual a un modelo que no cuestionamos y, por ende, no queremos transformar.

Dilema 4

Por último, y en parte relacionado con el dilema anterior, una de las asignaturas pendientes (a pesar de los avances producidos en los últimos años) tiene que ver con la participación de los destinatarios en las propias organizaciones.

Las personas contratadas y voluntarias que integran las mismas, tienen capacidad de decidir sobre su funcionamiento y orientación. No solo acuden a ejecutar sino también (en mayor medida) a proponer, evaluar, organizar… los proyectos e incluso cuestiones estratégicas de la propia entidad.

¿Tienen esa posibilidad las personas atendidas o son (les reducimos a) meros receptores de bienes o servicios?

En resumen, el Tercer Sector debe velar periódicamente por evitar la tentación de convertirse en una estructura orientada a la gestión de su propia subsistencia. Su dimensión política (el bien común) solo se consolida en la medida en la que se centre en las personas destinatarias, en el reconocimiento de su dignidad y en la garantía de sus derechos. Y para ello, las entidades deben apostar por hacer las cosas cada vez mejor, por tener los recursos adecuados y los marcos legislativos necesarios, pero sin olvidar que estas cuestiones son solo mediaciones y no el objetivo que en el pasado impulsó su creación.

[1] No descartamos eso sí, plantear más adelante, una reflexión sobre si el proceso de institucionalización de la solidaridad dificulta al Tercer Sector ser sociedad civil movilizada.

Número 3, 2019

Francisco Lorenzo

Sociólogo

Las palabras son importantes. No se trata de reivindicar un excesivo purismo lingüístico, sino de comprender que la semántica construye una forma de interpretar la realidad y, por lo tanto, de abordarla.

En el ámbito de la pobreza, de la exclusión o de «las problemáticas sociales» en general, esta regla también se cumple. Así, los cambios que se han ido produciendo en el lenguaje específico sobre la materia han ido de la mano de la configuración de diferentes corpus teóricos, los cuales han conllevado prácticas distintas. Es decir, nuevas formas de hacer han requerido también nuevas maneras de denominar la realidad.

Es cierto que, en ocasiones, esta pretensión ha generado debates que, lejos de permitir avanzar a la hora de comprender y de proponer soluciones, parecen haberse convertido en un fin en sí mismo. El caso más representativo es el dilema (nunca resuelto de manera definitiva) en torno a cómo denominar a las personas que acuden a los servicios o dispositivos sociales en busca de apoyo; beneficiarios, clientes, usuarios, participantes… Son solo algunas de las designaciones empleadas, cada una de ellas con un matiz diferencial.

En cualquier caso, y aun a riesgo de eternizarnos en la resolución de estas disyuntivas, hemos de reconocer la importancia de las palabras, pues, como ya hemos dicho, nos hacen comprender la realidad de una manera determinada. Fundamentalmente cuando no solo se abordan en ámbitos especializados y con criterios técnicos, sino cuando se convierten en debates triviales aparentemente resueltos sin la necesidad de fundamentos teóricos.

Resulta sencillo encontrar distintos ejemplos en los que las palabras empleadas para designar una realidad conllevan una forma concreta de comprenderla. Nos acabamos de referir a la manera en la que se denomina a una persona cuando acude a un dispositivo en busca de ayuda pero, de forma más explícita, ocurre también cuando son las características las que terminan por definir a la persona.

La teoría nos dice que los adjetivos son palabras que acompañan al sustantivo para expresar una cualidad de la cosa designada por él o para determinar o limitar la extensión del mismo. Así, cuando éramos pequeños, en el colegio aprendíamos que una casa podía ser bonita, un coche nuevo, una persona amable y un paisaje espectacular.

Lo que no nos enseñaron es que, en ocasiones, en lugar de caracterizar al nombre, la función del adjetivo es eclipsarlo hasta el punto de que el sustantivo no sea más que un excipiente sobre el que se apoya el componente realmente definitorio. Así, drogodependiente, inmigrante y discapacitado dejan de ser adjetivos, reduciendo a la persona a un único atributo, aparentemente capaz de definir toda su globalidad.

En gran medida, este uso tiene relación con la tendencia a definir a algunas personas desde sus carencias (sin hogar, sin papeles, sin…), obviando por completo las posibles potencialidades. A fin de cuentas, simplificar supone reducir, lo que, en una sociedad que apuesta por explicaciones que impliquen el menor número de caracteres, resulta una práctica bien valorada.

Ahora bien, obviar la complejidad de la realidad social (y, por lo tanto, humana) nos lleva a pagar el elevado precio de la determinación desde el origen, pues, como decía Goethe: «Trata a un hombre tal como es, y seguirá siendo lo que es; trátalo como puede y debe ser, y se convertirá en lo que puede y debe ser».

Como ya hemos señalado, esta forma de acercarnos «al problema» (y en ocasiones así es percibida la persona en sí misma), nos invita a una manera concreta de trabajar en el ámbito de la acción social: no es lo mismo intervenir que asistir, que acompañar, que…

Pero no solo son las personas afectadas por la pobreza o las formas de acercarnos a las mismas las que se ven afectadas por este proceso de designación-acción. El propio fenómeno (la pobreza en sí) se caracteriza con «apellidos» en multitud de ocasiones, obligándonos a hacer una distinción entre aquellos que nos ayudan a la comprensión del mismo y los que nos distraen o, incluso, nos confunden.

En términos de intensidad, estamos familiarizados con tres formas de referirnos a la pobreza: absoluta, extrema y relativa. Más allá de definiciones precisas, estos términos nos permiten, intuitivamente, ordenar la gravedad con la que la pobreza “golpea” a una persona, a una región o en el seno de un hogar: si bien, los dos primeros términos nos remiten a una intensidad tan elevada que parece incuestionable, el término relativo nos obliga a la comparación con el entorno.

Además, esta caracterización deja de ser intuitiva y pasa a objetivarse en la medida en la que se establecen umbrales absolutos (1,25 dólares al día) o relativos (60% de la renta mediana), lo que nos permite concretar e incluso medir; ahora bien, esto no evita la existencia de debates al respecto de la adecuación de los mismos.

En las últimas décadas (y especialmente durante la pasada crisis), han aparecido nuevos «apellidos» de la pobreza. Nos referimos a términos como pobreza infantil, pobreza femenina, pobreza energética, pobreza sanitaria, etc. para adentrarnos en la realidad de algunos colectivos o en la carencia de determinados bienes básicos.

Pero, ¿cómo han de interpretarse estas caracterizaciones de la pobreza? ¿Son fenómenos nuevos propios de una realidad cambiante o no son más que manifestaciones concretas de «la misma pobreza de siempre»? Probablemente se den ambas cuestiones… e, incluso, alguna más.

Que la realidad está sometida a un proceso de cambio rápido y constante resulta evidente en un mundo cada vez más líquido (tal y como señalaba Bauman). Ahora bien, que muchas de estas manifestaciones son concreciones de algo tan arraigado como las situaciones de pobreza también puede parecer obvio.

Entonces, ¿qué nos aporta de esencial esta caracterización y en qué resulta únicamente una distracción sin apenas fundamento?

En cuanto a lo primero, cabe destacar que toda manifestación de un fenómeno debe ser analizada con atención. Es decir, que en nuestro país tengamos una tasa de pobreza infantil elevada respecto a la media de la UE nos obliga a revisar las políticas de protección a la familia y a la infancia existentes, pues no parecen ser suficientemente protectoras como para revertir esta tendencia.

Un análisis similar se puede llevar a cabo cuando nos referimos a recursos concretos: ¿qué precio de mercado tienen en nuestro país las distintas formas de energía? Siendo un bien imprescindible, ¿en qué medida está garantizado públicamente el acceso a la misma?

Estas cuestiones automáticamente nos llevan a analizar aspectos concretos de nuestro sistema de bienestar y, por ello, a repensar el trabajo de la incidencia política que es necesario llevar a cabo. Entonces, adjetivar nos permite identificar y orientar algunas acciones concretas.

Ahora bien, existe un riesgo cuando interpretamos estas manifestaciones como cuestiones decididamente novedosas (las nuevas pobrezas) o incluso, cuando las absolutizamos, concediéndoles el rango de fenómenos diferenciados.

Lo primero no es más que un tema casi más propio del marketing que de la acción social. En esto, las propias entidades sociales, en su afán de concienciar a la sociedad o incluso a los políticos, sobre determinadas realidades, han caído en la tentación de crear un producto con entidad propia, fácilmente comunicable.

El caso de la pobreza infantil es paradigmático en este sentido pues, sobre una base real (tasa elevada de pobreza en aquellos hogares en los que hay menores), se ha hecho referencia a un fenómeno que parecía prácticamente único y aislado, siendo esto necesariamente erróneo (¿acaso se pueden encontrar niños o niñas pobres dentro de familias acomodadas?, es decir, ¿no es la pobreza infantil una manifestación concreta de la pobreza familiar, e incluso, de la pobreza general?).

Quiero insistir en la base real que sustenta esta parcialización de la realidad (la pobreza infantil existe y es real, no es inventada). La cual, añadida a la visión parcial, por ejemplo, de las entidades especializadas en colectivos concretos, llevan a una pseudo priorización que aun legítima, en ocasiones eclipsa la gravedad de un fenómeno más amplio, el cual no termina de ser comprendido en su globalidad, y menos aún, atendido desde las instituciones públicas, dejando así pasar una oportunidad inmejorable para ello (¿no sería más oportuno un plan de lucha contra la pobreza global que uno orientado solo a paliar los efectos de la pobreza energética?).

Pero existe además otro riesgo en relación a la acción social, tanto para los servicios sociales públicos como para los proyectos desarrollados por aquellas entidades que se encuentran «en primera línea de fuego»: desarrollar una atención ante problemáticas específicas en lugar de optar por la atención integral a las personas.

Atender problemáticas nos lleva a tamizar de manera artificial, a dejar de reconocer la dignidad de cada ser humano, a no comprender las singularidades, a despreciar la globalidad, a fragmentar a la persona (y a desconectar cada fragmento de la misma), a construir espacios ficticios que tienen más de gueto que de lugar de encuentro e integración, a desvincular (por dentro y por fuera), a etiquetar, a atender síntomas sin comprender causas, a diferenciar y a excluir (aún más).

Volvamos de nuevo al principio: denominar para comprender, y comprender para actuar. Puede que el uso adecuado de las palabras no conlleve una acción realmente acertada, pero el mal uso de las mismas, sin duda alguna, aniquila cualquier oportunidad de estar a la altura.

Número 2, 2019