Jonathan Sebastián Cabrera Asensio, trabajador social y sociólogo. Investigador independiente

Las catástrofes no afectan a todas las personas por igual. Integrar los servicios sociales en la preparación permite anticipar barreras, sostener apoyos esenciales y proteger mejor a quienes pueden quedar atrás antes, durante y después de una crisis.

Una alerta puede llegar a todos los teléfonos al mismo tiempo. Pero no todas las personas pueden reaccionar igual. Algunas entienden el mensaje, tienen coche y salen de casa en pocos minutos. Otras necesitan ayuda para levantarse, una medicación que no pueden dejar atrás, una explicación más clara o alguien que se ocupe de sus hijos. Y hay personas que, sencillamente, no tienen adónde ir.

Estas diferencias suelen aparecer cuando la emergencia ya está en marcha. Es entonces cuando se pide a los servicios sociales que encuentren alojamiento, localicen apoyos o ayuden a recomponer redes familiares y comunitarias. Se trabaja deprisa y, muchas veces, con información incompleta. Sin embargo, buena parte de lo necesario ya estaba en el territorio antes de la primera alerta.

Ahí está el problema. Seguimos preparando las catástrofes como si todo empezara el día del incendio, de la inundación o de la evacuación. No es así. La emergencia empieza antes, en las condiciones de vida que permiten a unas personas protegerse y dejan a otras dependiendo de una ayuda que quizá llegue tarde.

La parte social del riesgo

Una inundación, un incendio forestal, una erupción volcánica o una ola de calor no afectan a todo el mundo por igual. El daño depende de la fuerza del fenómeno, por supuesto, pero también de lo que había antes: una vivienda insegura, ingresos escasos, aislamiento, discapacidad, dependencia, falta de transporte, barreras idiomáticas, brecha digital o redes de apoyo muy frágiles.

Conviene detenerse aquí. La vulnerabilidad no es una etiqueta permanente. Nadie es «vulnerable» en cualquier situación y para todo. La dificultad aparece en la relación entre la persona, sus apoyos, el lugar donde vive y lo que la emergencia le exige. Alguien autónomo puede dejar de serlo si se corta el transporte, desaparece su cuidador o las instrucciones llegan por un canal que no utiliza.

La normativa española permite sostener esta mirada sin forzarla. La Ley 17/2015 relaciona la anticipación con las amenazas y las condiciones de vulnerabilidad. También reconoce el derecho a recibir información preventiva y establece principios de participación, inclusión y accesibilidad. La Norma Básica de Protección Civil de 2023 exige que los planes contemplen cartografía de vulnerabilidad y riesgo, sistemas de alerta, asistencia a todas las personas, formación y simulacros [1][2].

La Estrategia Nacional de Protección Civil de 2024 es todavía más clara: la pobreza, la edad, la falta de acceso a servicios básicos o el nivel de formación pueden agravar el impacto de una catástrofe. Y reclama cooperación entre sectores [3]. Por tanto, el marco ya existe. Lo difícil —y lo verdaderamente importante— es llevarlo a la preparación cotidiana.

Qué aportan los servicios sociales

Los servicios sociales conocen una parte del territorio que no suele aparecer en los mapas de peligrosidad. Saben dónde cuesta más llegar a los recursos, qué apoyos sostienen la vida diaria, qué entidades continúan presentes cuando otros dispositivos se retiran y en qué barrios existen redes capaces de responder. Trabajan, además, en ese espacio poco visible donde se cruzan autonomía, cuidados, relaciones y entorno.

Esto no significa convertir los expedientes en un censo de personas «vulnerables», ni compartir datos sin límites. Tampoco significa ocupar el lugar de protección civil, sanidad o los servicios de emergencia. Significa algo más sencillo: que el conocimiento social forme parte de la planificación y no se incorpore a última hora.

La literatura sobre Trabajo Social y desastres lleva años señalándolo. La preparación mejora cuando aprovecha las relaciones comunitarias y el capital social, y cuando el Trabajo Social participa en prevención, respuesta y recuperación en lugar de ser llamado únicamente para gestionar las consecuencias [4][5]. Traducido a la práctica, hay al menos cinco asuntos que no deberían faltar.

Cinco mínimos de preparación social

1. Incorporar la vulnerabilidad social al análisis territorial del riesgo

Saber hasta dónde puede llegar el fuego o qué calles se inundarán es imprescindible, pero no suficiente. Hay que mirar también dónde se concentran las barreras de movilidad, el aislamiento, la precariedad residencial, la falta de transporte o la debilidad de las redes comunitarias. No para señalar a personas ni crear listas que pronto quedarán desactualizadas. Se trata de detectar los lugares donde una instrucción aparentemente sencilla —«salga de su vivienda», «diríjase al punto de encuentro»— puede ser imposible de cumplir sin ayuda.

2. Preparar la continuidad de los apoyos esenciales

En una catástrofe no solo fallan carreteras, electricidad o comunicaciones. También puede interrumpirse la ayuda a domicilio, la atención a la dependencia, la alimentación, los centros de día, el acompañamiento a menores o el acceso a prestaciones urgentes. Para algunas personas serán unas horas difíciles; para otras, esas mismas horas pueden convertirse en un riesgo serio.

Esto obliga a tomar decisiones antes: qué apoyos no pueden detenerse, cuáles pueden reorganizarse y cómo se reforzarán los equipos si aumenta la demanda mientras parte del personal también está afectado. Esta última posibilidad a veces se olvida. Los profesionales no trabajan fuera de la catástrofe: pueden tener a su familia evacuada, carreteras cortadas o su propia vivienda en peligro.

3. Revisar alertas, evacuaciones y alojamientos desde la vida real

Sobre el papel, evacuar parece una acción concreta. En la vida real abre muchas preguntas. ¿La persona puede desplazarse sola? ¿Ha comprendido el mensaje? ¿Tiene transporte? ¿Puede separarse de quien la cuida o de quien depende de ella? ¿El alojamiento provisional admite apoyos técnicos, ofrece intimidad y permite continuar tratamientos y cuidados?

Estas preguntas no deberían aparecer por primera vez en mitad de la evacuación. La Orden PCI/1283/2019 exige información accesible, protocolos específicos y participación de las personas con discapacidad en ejercicios y simulacros [6]. No consiste en adaptar al final un plan ya cerrado. Consiste en pensarlo desde el principio para vidas distintas, no para un ciudadano abstracto que siempre entiende, siempre puede moverse y siempre tiene recursos.

4. Acordar quién hace qué y qué información necesita

La coordinación no puede depender de que dos profesionales se conozcan y conserven sus números de teléfono. Servicios sociales, protección civil, sanidad, entidades sociales y redes comunitarias deben saber quién activa cada recurso, cómo se comunica una necesidad y dónde termina la responsabilidad de cada cual.

También hay que acordar qué información es necesaria, con qué fundamento se comparte, quién puede consultarla y cuánto tiempo se conserva. Coordinar no equivale a abrir expedientes sociales. Muchas veces bastará con datos agregados, mapas de necesidades y responsables localizables. Lo decisivo no es acumular información, sino disponer de la adecuada cuando todavía resulta útil.

5. Formar, ensayar y corregir

Un plan que nunca se ha probado sigue siendo, en buena medida, una suposición. Los servicios sociales deben participar en la formación y los simulacros, no como invitados de última hora, sino poniendo a prueba la accesibilidad de los mensajes, la continuidad de los cuidados, la acogida y las derivaciones. También deben participar personas con necesidades y capacidades diferentes.

Es en los ejercicios donde aparecen los fallos más simples y, a veces, más graves: una instrucción que nadie entiende, un transporte que no se previó, un teléfono que no responde o un recurso que figura en el inventario, pero no puede activarse. Después toca corregir y volver a ensayar. No es la parte más vistosa de la preparación, pero probablemente sea una de las más honestas. La investigación internacional recuerda, además, que los profesionales sociales necesitan conocer las estructuras de mando, los planes y los recursos de emergencia antes de tener que trabajar dentro de ellos [7].

Coordinar sin desdibujar funciones

Incorporar los servicios sociales a la preparación no significa encargarles cualquier problema que tenga un componente humano. Su papel debe estar delimitado: aportar diagnóstico social, anticipar barreras, preparar la continuidad de apoyos, conectar sistemas y fortalecer capacidades comunitarias. Para hacerlo necesitan tiempo, formación, procedimientos claros y presencia estable en los espacios donde se planifica.

Si solo se les llama cuando faltan camas, alimentos o respuestas, actuarán tarde y bajo presión. Resolverán lo inmediato, como tantas veces ocurre, pero se habrá perdido la oportunidad de reducir parte del daño.

El Marco de Sendai recuerda que el riesgo depende de la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y las capacidades disponibles [8]. Los servicios sociales trabajan precisamente en esa zona menos visible: las condiciones que permiten a una persona comprender, decidir, desplazarse, cuidarse y recibir apoyo.

Por eso la emergencia empieza antes. Prepararse no es aprender a esperar mejor el desastre. Es mirar con tiempo quién puede quedar atrás y retirar, mientras aún se puede, algunas de las barreras que convertirán una amenaza en una catástrofe profundamente desigual.

Referencias bibliográficas

[1] España. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Boletín Oficial del Estado, núm. 164, 10 de julio de 2015.

[2] España. Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. Boletín Oficial del Estado, núm. 147, 21 de junio de 2023.

[3] España. Estrategia Nacional de Protección Civil. Orden PJC/1430/2024, de 16 de diciembre. Boletín Oficial del Estado, núm. 304, 18 de diciembre de 2024.

[4] Mathbor, G. M. “Enhancement of Community Preparedness for Natural Disasters: The Role of Social Work in Building Social Capital for Sustainable Disaster Relief and Management”. International Social Work, vol. 50, núm. 3, 2007, pp. 357-369. https://doi.org/10.1177/0020872807076049.

[5] Rapeli, M. “Social Capital in Social Work Disaster Preparedness Plans: The Case of Finland”. International Social Work, vol. 61, núm. 6, 2018, pp. 1054-1066. https://doi.org/10.1177/0020872817695643.

[6] España. Orden PCI/1283/2019, de 27 de diciembre, para la mejora de la atención a las personas con discapacidad y otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. Boletín Oficial del Estado, núm. 3, 3 de enero de 2020.

[7] Drolet, J. L.; Lewin, B. y Pinches, A. “Social Work Practitioners and Human Service Professionals in the 2016 Alberta (Canada) Wildfires: Roles and Contributions”. The British Journal of Social Work, vol. 51, núm. 5, 2021, pp. 1663-1679. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab141.

[8] United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. United Nations, 2015.

Octubre 2026

Esteban Buch Sánchez. PhD. en Trabajo Social. Coordinador General Diaconía España. .

Cristina Yebra Gómez. Especialista en prevención del suicidio. Coordinadora del proyecto Zoé (prevención del suicidio), Diaconía España.

Vilma Hidalgo López-Chávez. PhD en Psicología. Técnica de Proyectos de Diaconía España.

Puedes encontrar a Esteban Buch en Linkedin, Google Académico y ReasearchGate; a Cristina Yebra en Linkedin y a Vilma Hidalgo en Linkedin y ReasearchGate.

Introducción

Son muy limitadas las iniciativas sociales que aborden la prevención del suicidio como un objetivo de la intervención con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. La comprensión del suicidio se ha complejizado en el ámbito de la construcción de conocimiento científico; pero en la práctica profesional, persiste como un problema de salud, a solucionar desde perspectivas disciplinares que fragmentan un fenómeno que es de naturaleza multidimensional, donde confluyen múltiples factores en relación y sobre el cual, las desigualdades sociales, las condiciones de pobreza, exclusión social y situaciones de vulnerabilidad, tienen una notable y reconocida influencia.

En ese sentido, durante la experiencia de trabajo en Diaconía con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad se ha identificado la necesidad de la cuestión del suicidio como una problemática que necesariamente debe estar presente en las estrategias de intervención en el ámbito de la acción social.

Determinantes sociales de riesgo de suicidio en grupos socialmente vulnerables

De acuerdo con lo anterior, es necesario abordar el suicidio desde las problemáticas que rodean a las personas en condición de vulnerabilidad. Estudios realizados en diversos países han demostrado que en los períodos de crisis e inestabilidad económica se tienden a intensificar los indicadores de suicidio. Entre otros, se hace referencia a la cronificación de la pobreza, los desahucios, ejecuciones hipotecarias, migraciones forzosas, la falta de vivienda accesible, la precariedad laboral y el desempleo de larga duración (Navarrete, Herrera y León, 2019). El impacto emocional de estas circunstancias trae aparejado vivencias asociadas al sufrimiento, la desesperanza, la pérdida del control sobre la vida, el quiebre de proyectos futuros y con ello, experiencias subjetivas desencadenantes de alteraciones emocionales y conductas de riesgo que pueden precipitar el acto suicida.

Otros estudios registran una fuerte correlación entre el desempleo de larga duración y los factores de riesgo de suicidio. Crawford y Prince (1999), constataron el aumento de las tasas de suicidio en jóvenes hombres desempleados que vivían en condiciones de extrema privación social. Por su parte, Nordt, Warnke, Seifritz y Kawohl (2015), tras analizar los datos de 63 países de todo el mundo en el año 2000 y 2011 evidenciaron que una de cada cinco personas que se quita la vida, lo hace por causas relacionadas con el desempleo, aunque este comportamiento tiene diferente impacto y grados de expresión según el entorno. En términos porcentuales, The Lancet Psychiatry (2011), estimó que el aumento del riesgo relativo asociado al desempleo oscila entre un 20%-30%.

Esta relación entre factores de exclusión y riesgo de suicidio también ha sido constatada desde la experiencia de Diaconía en la atención con colectivos en situación de vulnerabilidad, específicamente con mujeres víctimas de trata y explotación sexual, solicitantes de asilo y protección internacional y personas migrantes, personas en situación de sinhogarismo. Es necesario resaltar que sobre este tema la producción del conocimiento ha sido limitada. Por lo general, la literatura profundiza en los efectos de las desigualdades sociales y situaciones de exclusión sobre la salud mental, relegando a un segundo plano al suicidio como objetivo central de investigación.

Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género se encuentra detrás del 25% de los suicidios de mujeres y el riesgo de ideación suicida es hasta 12 veces superior en las mujeres la vivencian. Este comportamiento resulta relevante cuando se conoce que, en España, entre un 15 y un 20 por ciento de las mujeres ha sido víctimas de violencias y de ellas, un 60% presentan problemas psicológicos graves o moderados. Un estudio realizado sobre esta problemática demostró que el 80% de las víctimas de violencia de género habían pensado en el suicidio como única opción de salir de su situación y que, de ellas, un 65% había tenido uno o más intentos autolíticos (Observatorio de Salud de la Mujer, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005).

Para las víctimas de trata y explotación sexual, los factores de riesgo se agravan, pues experimentan situaciones de extrema violencia psicológica, física, sexual, aparejado a coerciones y amenazas que atentan contra la libertad y dignidad de las mujeres. Se estima que, en España, un total de 45.000 mujeres y niñas se encuentran en situación de prostitución, de las cuales el 90 y el 95 por ciento de ellas son víctimas de trata (Ministerio del interior, Gobierno de España, 2021). El sufrimiento generado ante una exposición constante a situaciones atemorizantes, con pérdida del espacio de seguridad, desencadena, con frecuencias, problemáticas asociadas a crisis de ansiedad aguda y cronificada, estrés postraumático, trastornos del sueño, episodios disociativos.

En cuanto a los colectivos migrantes, como todo proceso de transición, la migración constituye un periodo de desequilibrio personal y familiar, que implica cambios vitales profundos y disruptivos, con alta carga de estrés e incertidumbre. Si bien, no existe una relación directa entre la migración, el suicidio y las enfermedades mentales, la tensión cotidiana que supone el proceso de adaptación, aparejado al desconocimiento del ambiente y a las barreras propias del lugar de destino, puede desencadenar situaciones que atentan contra la salud e integridad psicosocial de la persona migrante. La acumulación de factores de riesgo aumenta ante condiciones de exclusión social, vivencias discriminatorias, carencia de redes de apoyo social, barreras de acceso a los servicios básicos, situaciones de irregularidad y duelo migratorio.

A los factores de riesgo antes mencionados, podrían sumarse otros relativos al trauma psicológico de haber experimentado conflictos violentos en sus lugares de procedencia, la incertidumbre en cuanto a la situación administrativa y los plazos para su resolución y en algunos casos, los niveles de estigmatización y discriminación en las comunidades receptoras. Estos factores de riesgo tienden a agravarse en las personas solicitantes de asilo y protección internacional, quienes, por lo general, han vivido situaciones traumáticas en sus lugares de procedencia.  Una investigación realizada en la Unidad de Conducta Suicida UPII Cicerón, identifica que un 16% de las personas refugiadas y desplazadas por las guerras tiene ideas de suicidio.

La relación entre suicidio y factores de exclusión social también queda patente en las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo, fenómeno que ha crecido en un 24,5% en los últimos diez años. En referencia con el sinhogarismo, algunos estudios han abordado este fenómeno en relación con el suicidio. Sin embargo, cabe destacar que sobre esta cuestión existe una escasísima producción científica. Y es que, si en la introducción hacíamos alusión a los factores acumulativos como constituyente del riesgo de conducta suicida, debemos de asumir que quienes mayores factores de riesgo acumulan en la población general son las personas sin hogar (Calvo-García , Giralt Vázquez, Calvet Roura, & Carbonells Sánchez, 2016) ya que presentan tasas sumamente superiores a la de la población general en problemas de salud mental (Ball, Cobb-Richardson, Connolly, Bujosa, & O`Neal, 2005) y enfermedades crónicas (Toro, Tricckett, Wall, & Salem, 1991), a parte de la grave situación de exclusión social que aumenta la precariedad bio-psico-social (Moreno-Márques, 2009).

Pautas para la prevención de suicidio con colectivos vulnerables desde la experiencia de Diaconía

Por otro lado, desde Diaconía asumimos el reto de trabajar por la prevención del suicidio, poniendo especial énfasis en los grupos vulnerables que atendemos desde la entidad (solicitantes de asilo y refugio, víctimas de trata de seres humanos y personas sin hogar y en riesgo de exclusión social). Desde entonces, entendimos que como entidad social no solo nos podemos limitar a la sensibilización, sino que es necesario dirigir nuestras acciones de prevención al plano de la intervención. No nos referimos a la intervención sobre la conducta suicida ni hacemos alusión al proceso terapéutico, pues consideramos que estas situaciones deben ser tratadas por expertos sumamente cualificados y especializados en esta materia. Cuando hablamos de intervención, nos referimos a realizar acciones preventivas dentro del marco de la intervención social de los programas de la entidad. Partiendo de este marco, recomendamos dos tipos de actuaciones: Intervención y protocolos.

• Intervención: En este sentido, conocer el fenómeno del suicidio ampliamente puede dar pistas sobre el qué hacer y cómo hacerlo. Concretamente, la propuesta que creemos que mejor se adapta a las entidades del Tercer Sector guarda relación con los factores de protección. Es decir, no solo tomar acciones preventivas en lo relativo a los factores de riesgo asociados a la conducta suicida que pueden presentarse en las personas, sino desarrollar itinerarios de trabajo con las personas usuarias que profundicen en la promoción y fortalecimiento de los factores protectores. En el marco del Tercer Sector, estos factores se pueden promocionar, incentivar y desarrollar como parte de la intervención social. Factores de protección como el establecimiento de redes formales e informales de apoyo, la prevención del absentismo escolar, la lucha por el acceso y mantenimiento a la vivienda, facilitar el acceso a los servicios de salud mental y atención médica, acceso a oportunidades laborales, desarrollado de habilidades de afrontamiento y resiliencia, entre otras acciones. De esta manera, queremos incidir en la necesidad de trabajar la prevención desde la promoción de los factores de protección de índole social desde el Tercer Sector, conociendo los factores de riesgo de la persona para así potenciar los protectores que formen parten de su sistema.
• Protocolos: Cuando nos referimos a protocolos hacemos alusión a la elaboración de estos de acuerdo con las características del colectivo de atención. Es decir, es necesario la elaboración e implementación de protocolos de prevención y actuación en caso de intentos de suicidio ajustados al colectivo que atendemos y, también, al centro o dispositivo de atención. En este sentido, Diaconía viene trabajando en el desarrollo de protocolos con los diferentes colectivos que atendemos en la entidad (solicitantes de asilo y refugio, mujeres víctimas de trata de seres humanos, migrantes y personas en riesgo de exclusión social), entendiendo que un protocolo no puede generalizarse para todos los centros o dispositivos donde intervenimos. Es por ello, que creemos necesario primeramente conocer ampliamente el colectivo con el que intervenimos (definiendo los factores de riesgo y protección), explorando la ideación suicida durante la primera entrevista psicológica, que los equipos de atención directa con dicho colectivo estén formados en prevención del suicidio, que estos mismos equipos participen en la revisión de los protocolos de prevención y actuación y que, finalmente, se formen en la aplicación de este protocolo para su posterior evaluación.

Referencia bibliográfica

Ball, S., Cobb-Richardson, P., Connolly, A., Bujosa, C., & O`Neal, T. (2005). Subtance abuse and personality disorders in homeless drop-in center clients: symptom severity and psychotherapy retention in a randomized clinical trial. Comprehensive Psychiatry(46), 371-379.

Calvo-García, F., Giralt Vázquez, C., Calvet Roura, A., & Carbonells Sánchez, X. (2016). Riesgo de suicidio en población sin hogar. Obtenido de Clínica y Salud: https://www.elsevier.es/es-revista-clinica-salud-364-pdf-S1130527416300238

Crawford MJ., y Prince, M. (1999). Increasing rates of suicide in young men in England during the 1980s: the importance of social context. National Library of Medicine, 49(10); p.1419-23.

Lemmi, V., et al. (2016). Suicide and poverty in low-income and middle-income countries: a systematic review. The Lancet Psychiatry. 3. 774-783. 10.1016/S2215-0366(16)30066-9.

Ministerio del interior. (2021). Trata y explotación de seres humanos en España Balance estadístico 2017-2021. Gobierno de España.

Moreno-Márques, G. (2009). Characteristics and profiles of homeless people in Bizkaia. The challenge of a diversified attention, 37-57.

Navarrete,M.E., Herrera, j. y León, P. (2019). Los límites de la prevención del suicidio. Revista de la Asociación de española Neuropsiquiatría, vol. No (135); p.193-214.

Nordt, C., Warnke, I., Seifritz, E., y Kawohl, W. (2015). Modelling suicide and unemployment: a longitudinal analysis covering 63 countries, 2000-11. National Library of Medicine, 2(3), 239-45.

Observatorio de Salud de la Mujer. (2005). Informe de Salud y género. Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid.

Toro, P., Tricckett, E., Wall, D., & Salem, D. (1991). Homelessness in the United States. Anecological perspective. American Psychologist, 1208-1218.

Número 14, 2023

Esteban Buch Sánchez, coordinador general de Diaconía España

Miguel Ángel Martínez Gómez, técnico de proyectos de Diaconía España

Juan José Padial Suárez, técnico de seguimiento de Diaconía España

Puedes encontrar en Linkedin a Esteban Buch, a Miguel Ángel Martínez y a Juan José Padial.

Introducción

En las últimas décadas la sociedad ha sido sometida a un constante proceso de cambios, motivados por gran pluralidad de factores sociales, políticos y económicos, los cuáles, han determinado grandes desajustes en las formas de concebir los estratos sociales. Dichos factores, no solo han afectado de manera directa e indirecta a todos aquellos procesos subyacentes propios de una sociedad, sino que ha generado la aparición de nuevos perfiles de pobreza y retos sociales, que han sido agravados por las crisis generadas tras los años 2008, 2018 y la actual crisis post pandémica consecuencia de la Covid-19. Esta incipiente falta de oportunidades ha suscitado la aparición de nuevas formas de abordar los distintos yacimientos de pobreza, así como plantar nuevos modelos de financiación que permitan paliar los efectos generados por los acontecimientos acaecidos (García, 2017).

Cuando se decide intervenir sobre el fenómeno de la pobreza, caben diferentes formas de plantear la intervención. Sin entrar en el debate de cuál metodología es más o menos efectiva, desde Diaconía España creemos firmemente que, independientemente de la metodología, el abordaje de este fenómeno debe ser de manera integral. La experiencia que en la entidad hemos cosechado a través de nuestro Servicio de Atención a la Urgencia Social de Diaconía (SAUSD) a lo largo de 25 años de trayectoria, pero también la fundamentación teórica que desde el siglo XX se viene estableciendo, nos permite concluir que el abordaje de este fenómeno debe hacerse desde un enfoque multidimensional. Es decir, no reducir este fenómeno solo a la falta de oportunidades que tiene un individuo o familia para disponer de los recursos suficientes para cubrir necesidades básicas, sino también las condiciones psicosociales, políticas y económicas, entre otras.

Red de pobreza multidimensional

Es necesario entender la pobreza, como aquella situación donde no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de una persona debido a una limitación en el acceso a recursos básicos tales como: la vivienda, la educación, la alimentación, entre otros (Ruiz-Varona, 2018). Muchos a autores como Corredor (2022) entienden la pobreza como un concepto amplio y diverso donde se recogen diferentes aspectos relativos a los sistemas de interacción de los individuos con el medio que les rodea. Dicho tópico despierta un gran interés en los procesos de investigación que se realizan en los estudios de ciencias sociales (Natal, 2018). Por dicho motivo, es necesario entender la existencia de los diversos enfoques utilizados para comprender la realidad de la pobreza en la sociedad abordándolo desde una perspectiva multidimensional (Cortés, 2021). Algunos enfoques solo se centran exclusivamente a los ingresos y al consumo, pero en realidad la pobreza va más allá de todo eso y debe ser entendida desde un enfoque globalizador y multidimensional donde se relacionen todos aquellos aspectos que convergen en los procesos que subyacen a esta.

La Red de Pobreza Multidimensional (Multidimensional Poverty Peer Network) se establece como aquella medición de la pobreza, donde se reflejan las múltiples carencias a las que se enfrentan las personas al mismo tiempo (Ponce, 2019). Por tanto, se establece la multidimensionalidad del fenómeno en la siguiente figura (Figura 1):

Figura 1: Concepto Multidimensional de la Pobreza

De acuerdo con lo establecido anteriormente, a partir de la crisis generada por el Covid-19, el concepto de riesgo de pobreza y/o exclusión social se amplía no solo para considerar los términos monetarios (nivel de renta) y materiales, sino nuevos elementos que ameritan un abordaje integral y multidimensional (Lusting y Martínez, 2022). En este caso en concreto, como entidad del Tercer Sector, en Diaconía creemos urgente y necesario que se aplique este enfoque de forma transversal en las convocatorias de subvenciones públicas (Sarasa et al., 2016).

La realidad de la pobreza en España: análisis pre-post Covid-19

Si antes de la pandemia los datos de la pobreza en nuestro país ya eran preocupantes, después de la crisis sanitaria encontramos datos sumamente preocupantes. Centrándonos en la definición primaria de la pobreza, el dato más importante para comprender este fenómeno tras la pandemia es el crecimiento de la Privación Material Severa, que pasa del 4,7% al 7% en un año. Con un incremento del 49% y que significa que en España hay 3,3 millones de personas que se encuentran en esta situación (Utría, 2019). También se incrementa el porcentaje de personas que llegan con mucha dificultad a fin de mes, que pasa del 7,8% al 10% de la población, lo que se traduce en 4,73 millones de personas. La tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza y/o exclusión social, pasa del 25,3% hasta el 26,4% en tan solo un año, alcanzando la cifra de 12,4 millones de personas. El riesgo de pobreza, se incrementa tres décimas, hasta alcanzar el 21% de la población española, afectando a 9,9 millones de personas (Instituto Nacional de Estadística, 2021). Estos datos reflejan que la situación de precariedad y pobreza están relacionados con otros elementos como la cohesión social.

Trasladando esta realidad a la operativa que como entidad tenemos puesta en marcha para la atención integral de este fenómeno, nos encontramos diferentes obstáculos para la presentación de proyectos a subvenciones públicas que aborden la multidimensionalidad e integralidad de la pobreza (Rodríguez, 2020). Debido a esto, se decide desde Diaconía España establecer como objetivo de este estudio analizar y detectar las causas de la imposibilidad de presentación de propuestas de abordaje integral de la pobreza y, tras este, emanar propuestas que permitan reconfigurar el tablero actual sobre el que las entidades del Tercer Sector se mueven. También, como objetivo subyacente, este estudio se plantea poner de manifiesto la importancia de establecer políticas de financiación activas, que permitan la reconstrucción de los pilares sociales afectados tangiblemente por los efectos de la crisis de la Covid–19, así como los efectos arrastrados de la crisis de la postmodernidad (Parajuá, 2015).

Con las convocatorias nacionales y autonómicas de financiación de proyectos sociales para 2023 a la vuelta de la esquina, desde Diaconía España se considera necesario que se lleve a cabo un proceso de reflexión sobre la necesidad de abordaje holístico de esta problemática y que cuya conclusión permee no solo en la práctica de las entidades sobre su intervención contra la pobreza, sino también en las administraciones competentes para que promuevan la emanación de políticas sociales integrales. Para este caso, se entiende por política social integral sobre este fenómeno aquella que conjuga programas de generación de trabajo e ingreso, desarrollo humano y social y protección social, implantada, monitoreada y evaluada de forma intersectorial (diferentes sectores), descentralizada (diferentes niveles de gobierno), participativa (diferentes poderes gubernamentales —ejecutivo, legislativo y judicial—, organizaciones de la sociedad civil, empresas y voluntariado), asegurando el protagonismo de los pobres, focalizada en las áreas geográficas donde se concentra la pobreza y las familias más pobres, con prioridad en los grupos con alto grado de exclusión por región geográfica, género, raza, situación del jefe de familia, desempleo, grado de escolaridad, salud, etcétera (Engel, 2004:11). Pero, sumado a lo anterior, desde nuestra entidad también se cree que esta reflexión debe servir para apuntalar los compromisos contraídos con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.

Metodología

De acuerdo con la realidad antes descrita y a la realidad que como entidad del Tercer Sector experimenta Diaconía, se realiza un proceso de revisión documental haciendo uso de una metodología descriptiva mixta mediante la aplicación indicadores cienciométricos (Díaz, 2019). Este se realiza a través de un análisis comparativo entre la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2019-2023) y las principales subvenciones de ámbito nacional y autonómico a cargo de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para su ejecución en el 2022 para ver de qué forma esta estrategia permea en las diferentes convocatorias.

El criterio de selección de las subvenciones para el análisis antes citado se ha seguido bajo los siguientes parámetros:

• La presencia de Diaconía en el territorio nacional.
• El porcentaje del índice AROPE por comunidad autónoma, conforme a los datos publicados por la red EAPN 2021.
• El número de habitantes por comunidad autónoma.

De acuerdo con lo anterior, se seleccionan las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias con sus respectivas subvenciones, a las que se suma la convocatoria de IRPF estatal. Asimismo, se hizo un estudio en profundización de aquellas variables directas e indirectas que podían contribuir al desarrollo de investigación, centro esto en los aspectos de rigurosidad que poseen estudios similares a este.

Resultados

Cabe mencionar que la estrategia nacional de lucha contra la pobreza y la exclusión divide su acción en cuatro metas, de las cuales se desprenden objetivos y líneas de actuación para cada una de ellas. A la luz del análisis anterior y apoyándonos en investigaciones cercanas a este ámbito tales como las de Rovira (2019) y las de Vasco (2021), hemos obtenido los siguientes resultados distribuidos por las metas recogidas en la estrategia nacional:

• Meta 1 – Combatir la pobreza: Se observa que esta meta excluye en gran manera la intervención de las entidades del Tercer Sector y no se percibe un enfoque multidimensional de la pobreza. A pesar del título de la meta, ésta mantiene un enfoque económico de la pobreza en sus líneas de actuación. Si bien se han tomado algunas medidas, como la solicitud de gestión del IMV, consideramos que, ante los mejorables resultados de esta meta, se deben hacer esfuerzos tangibles para implicar más a las entidades del Tercer Sector en las líneas de actuación de dicha meta, ya que somos testigos directos tras el Covid, de los nuevos rostros de la pobreza que hay que analizar sumando a estas líneas de actuación. Con todo, a la luz de la estrategia nacional, no se encuentran referencias a las líneas de actuación de esta meta en las subvenciones analizadas.
• Meta 2 – Eficacia y Eficiencia de las políticas y Meta 3 – Protección social ante los riesgos del ciclo vital: Las metas 2 y 3 son las que contemplan y recogen mayoritariamente el trabajo de las entidades del Tercer Sector, pues centran sus objetivos en la educación equitativa e inclusiva, en la formación-empleo y en la protección social, que incluyen la salud y la vivienda. Es decir, contemplan más dimensiones de la pobreza. Tanto el estatal como los IRPF autonómicos recogen en sus bases de forma mayoritaria lo planteando, aunque las líneas subvencionables de actuación son muy vagas en cuanto se refieren a colectivos en situación de pobreza. En este sentido, se echa en falta líneas en las subvenciones que incidan en la multidimensinalidad y las problemáticas generadas por el Covid-19, donde las entidades del Tercer Sector podrían jugar un importante papel, y que cobra mayor relevancia tras la pandemia. Tales como programas de sensibilización sobre la marginalización de la pobreza y la aporofobia (recientemente tipificada como delito de odio en el código penal), nuevas formas de consumo sostenible y programas que atiendan las consecuencias de la pobreza y exclusión social.  
• Meta 4 – Eficacia y Eficiencia de las políticas: No hay correspondencia entre la meta y las diferentes subvenciones. Las líneas de actuación de dicha meta se excluyen de los IRPF. Más allá de programas para fomentar el movimiento asociativo y el trabajo en red, no se financia la participación de las entidades del Tercer Sector en el desarrollo de políticas sociales ni su interlocución con actores sociales. No se considera que el Estado no deba tener injerencia en esta materia, sino todo lo contrario; la lucha contra la pobreza pasa total y enteramente por decisiones políticas. Sin embargo, ante los mejorables resultados obtenidos y las consecuencias del Covid-19, entendemos que el papel de las Entidades del Tercer Sector debe incrementarse. La experiencia, la confianza y el trato directo con los beneficiarios nos proporciona un lugar de privilegio para un análisis multidimensional de la pobreza.

Conclusiones

Los resultados antes mencionados nos permiten obtener conclusiones sobre este fenómeno y su abordaje desde el sector público y Tercer Sector:

1. La estrategia nacional contra la pobreza existente fue creada en una época en la cual no existían muchos de los desafíos y desigualdades actuales que se han producido tras la Crisis del Covid-19. Los datos disponibles confirman la necesidad de revisar las acciones habituales del pasado, y que pasarían por entender la pobreza de forma multidimensional y otorgarle mayor relevancia a las entidades del Tercer Sector (Marba et al., 2022).
2. Se echa en falta mayor énfasis en las problemáticas agravadas por la contingencia sanitaria, como es la brecha digital (Robles et al., 2022).
3. A pesar del papel protagónico del Tercer Sector que se refiere en la estrategia nacional, consideramos que el campo de acción de las entidades es aún muy limitado.
4. Convenimos, al igual que la propia estrategia, que ésta y las líneas subvencionables plantean acciones paliativas frente a la pobreza desde sus múltiples dimensiones que pueden contribuir al cambio y el impacto social.
5. Por ello, se necesita mayor énfasis en la prevención y sensibilización, que aborden modelos de consumo sostenible y visibilicen nuevos fenómenos como la aporofobia (Rojas, 2018).
6. Ante la imposibilidad del Estado para efectuar sus actuaciones económicas frente a la pobreza, el Tercer Sector debería ser contemplado como aliado en esta prestación de servicio.

Propuestas

Por lo anterior, desde Diaconía España se creen necesarias contemplar las siguientes propuestas que son fruto del análisis y conclusiones anteriores:

1. Es urgente y se requiere de forma imperativa una ley integral frente a la pobreza que tenga eco en las diferentes autonomías.
2. Se necesitan líneas subvencionables que financien exclusivamente, aunque también las diferentes dimensiones en particular, el abordaje integral de la pobreza desde un análisis multidimensional.
3. Es necesario impulsar proyectos preventivos y de sensibilización que incidan en los múltiples factores potenciadores de situaciones de pobreza, como la aporofobia, nuevas formas de consumo sostenible y causas estructurales de la pobreza.
4. Sería de alto impacto una mayor participación de las entidades del Tercer Sector para las propuestas de futuras estrategias nacionales de lucha contra este fenómeno.
5. Creemos que el compromiso de España con la Agenda 2030 debe permear aún más en futuras estrategias de lucha contra la pobreza.

En Diaconía tenemos un fuerte compromiso con la lucha contra la pobreza y la exclusión social y creemos firmemente que este fenómeno está sujeto a voluntades que escapan del radio de acción de cualquier ONG. Sin embargo, creemos que hay mucho terreno por cubrir y queremos formar parte de la solución y no del problema.

La necesidad de abordar de manera integral y multidimensional todos aquellos aspectos relativos a la pobreza y a la financiación de la misma, será indispensable para generar respuestas ante la incipiente confrontación de la realidad (Urbina, 2016), promoviendo y generando actuaciones que permitan dar respuesta  la problemática detectada, con el objetivo de favorecer políticas inclusivas, que fomenten el cambio en la interacción social y disminuyan los índices y tasas de pobreza mencionadas (Wallerstein, 1996). Apostar por políticas generadoras de cambio, que fomenten la financiación de proyectos sociales favorecerá el cambio social y hará frente al choque de realidad existente promoviendo actuaciones de calidad y regeneradoras a nivel social, económico y político (Pina y Torres, 2004).

Bibliografía

Corredor, H. J. (2022). Exclusión, discriminación y pobreza de los indígenas urbanos en México (Spanish Edition) (1. ed.). Miño y Dávila editores.

Cortés, F. G. y Cortés, F. (2021). Medición multidimensional de la pobreza (1.^a ed.). FLACSO México.

Díaz, S. E. A. (2019). Uso de indicadores cienciométricos: Uso de Indicadores Cienciométricos en el estudio de la producción científica Colombiana en el área de Matemáticas (Spanish Edition). Editorial Académica Española.

García Sainz, C. (2017). « El impacto de la crisis económica en la pobreza de tiempo y la desigualdad de género”. Arbor, 193(784), 382. https://doi.org/10.3989/arbor.2017.784n2005

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2021, julio). Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2019–2021. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608

Lustig, N. y Martínez Pabón, V. (2021). “El impacto del COVID-19 en la desigualdad y la pobreza en México”. Estudios Económicos de El Colegio de México, 7–25. https://doi.org/10.24201/ee.v36i1.416

Marban Gallego, V. y Rodríguez Cabrero, G. (2021). “El Tercer Sector de Acción Social en las Comunidades Autónomas: ¿modelos de Tercer Sector o singularidades territoriales?” CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa, 103, 9. https://doi.org/10.7203/ciriec-e.103.21496

Natal, A. (2018). “Pobreza y Participación”. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 14. https://doi.org/10.29101/crcs.v0i14.9588

Parajuá, D. (2015). “Social Services: variations for containment policies of social problems”. Ehquidad Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social, 3, 107–129. https://doi.org/10.15257/ehquidad.2015.0005

Pina, V., & Torres, L. (2004). “La Financiación Privada de Infraestructuras Públicas: El Peaje en la Sombra”. Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad, 33(123), 935–958. https://doi.org/10.1080/02102412.2004.10779535

Ponce, M. G. (2019). “Medición de pobreza multidimensional de la iniciativa en pobreza y desarrollo humano”. Revista de Ciencias Sociales, 24(4), 98–113.

Robles, J. M., Molina, S. y de Marco, S. (2012). “Participación política digital y brecha digital política en España. Un estudio de las desigualdades digitales”. Arbor, 188(756), 795–810. https://doi.org/10.3989/arbor.2012.756n4012

Rodriguez, A. R. (2020). Combatiendo la pobreza desde las Universidades: Modelo de emprendimiento social como estrategia de desarrollo (Spanish Edition). Editorial Académica Española.

Rojas Lizama, D. (2018). “Aporofobia, el rechazo al pobre”. Revista de filosofía, 74, 319–321. https://doi.org/10.4067/s0718-43602018000100319

Rovira, I. (2022). “La incidencia del COVID-19 en el IRPF de 2020”. Anales de Derecho, 39. https://doi.org/10.6018/analesderecho.439021

Ruiz-Varona, A. (2018). “Pobreza y segregación racial en la financiación gubernamental de los servicios asistenciales estadounidenses”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 76, 358. https://doi.org/10.21138/bage.2526

Sarasa, S., Navarro-Varas, L. y Porcel, S. (2016). “Clase social y privación material entre los inmigrantes de países pobres en Cataluña / Social Class and Material Deprivation in Immigrants from Poor Countries Residing in Catalonia”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. https://doi.org/10.5477/cis/reis.156.117

Urbina Padilla, D. A., & Quispe, M. (2016). “La pobreza monetaria desde la perspectiva de la pobreza multidimensional: el caso peruano”. Enfoque, 2-3, 77–98. https://doi.org/10.26439/enfoque2016.n002.1871

Utria, R. A. (2021). Interpretación sociológica de la Covid 19 (Spanish Edition). SantaBárbara Editores.

Vasco, D. (2021). “Régimen fiscal de la división de la cosa en común en el IRPF. Ejemplos prácticos,” de Eduardo R. Sánchez Álvarez. Revista Crónica Tributaria, 181(4), 181–190. https://dx.doi.org/10.47092/CT.21.4.8

Wallerstein, I., (Presidente), I. C. W. J., Humanidades, C. U. D. I. I. E. C. Y., & Mastrángelo, S. (1996). Abrir las ciencias sociales: Informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales (10.^a ed.). SIGLO XXI Editores.

Wanda, E. (2004), Políticas integrales de reducción de la pobreza: el desafío de la efectividad. Banco Interamericano de Desarrollo, (en línea), julio de 2004 (consultado el 10 de abril de 2006). Disponible en http://dds.cepal.org/eventos/presentaciones/2004/0810/Engel_Wanda.pdf.

Número 11, 2022