Mario Arroyo Alba y José Luis Graus Pina

Trabajadores sociales en Redes Sociedad Cooperativa

Puedes encontrar a Mario Arroyo, José Luis Graus y Redes Sociedad Cooperativa en Twitter.

La vivienda en la acción social es fundamental. No sólo hay que leerlo en clave de necesidad, sino también en clave de derechos. No todas las personas tienen garantizado ese derecho y sin embargo es fundamental para tener una vida digna. ¿Cómo podemos abordar esta cuestión con las personas afectadas, con las profesionales implicadas y con la sociedad en su conjunto?

Punto de partida

En el momento actual tener un trabajo no supone una garantía para escapar de la exclusión o de la vulnerabilidad. En concreto, casi 2,5 millones de personas con empleo (el 13% de la población empleada) no consigue abandonar su situación de pobreza relativa[i]. Del mismo modo, poder acceder a una vivienda completa o compartida tampoco es garantía de inclusión, siendo 1.300.000 los hogares que sufren inadecuación de la vivienda y casi 800.000 los que sufren inseguridad[ii]. Hablamos así de realidades de precariedad y de trabajos indecentes, pero también de viviendas poco dignas. Una combinación que refleja hoy la condición de vida de muchas personas.

Tener un techo bajo el que vivir no garantiza la seguridad y el afecto necesarios para muchas familias cuando es en condiciones inseguras o inadecuadas. Tampoco asegura la intimidad que va afianzando la personalidad, las condiciones básicas y mínimas para poder estudiar o descansar adecuadamente, o la construcción de un proyecto vital de presente y futuro. Las posibilidades de acceso a una vivienda y sus condiciones, al igual que el empleo u otro tipo de ingresos, nos ubican en un determinado lugar social que condiciona mucho nuestra existencia. Queremos profundizar en estas cuestiones y alcanzar algunas propuestas de cara a promover una intervención social en pro del cambio.

Un retrato de la situación

En los últimos tiempos las medidas restrictivas derivadas de la pandemia por COVID19, como el confinamiento domiciliario, han evidenciado sobremanera la importancia de contar con una vivienda digna y segura. En el trabajo que realizamos desde REDES, y también a través de las pantallas de nuestros dispositivos, hemos podido comprobar de cerca las grandes desigualdades existentes en materia de vivienda entre clases sociales. La pandemia nos ha introducido virtualmente en el hogar de los demás y estas diferencias en las condiciones de habitabilidad han sido retratadas a nivel global. Al margen del impacto de la propia enfermedad y de la vivienda como factor de riesgo, el confinamiento durante muchos días en casas pequeñas, en estado precario, con déficits en los servicios y las instalaciones, o en condiciones de hacinamiento, se ha indicado como fuente de efectos adversos sobre la salud[iii]. Así, esta nueva crisis nos ha expuesto especialmente ante la conjunción de tres tipos de desigualdad[iv] (la desigualdad vital, la desigualdad existencial y la desigualdad de recursos) y nos ha demostrado literalmente que la desigualdad mata.

Pero el problema de la vivienda no es algo novedoso. Para los oprimidos, la vivienda siempre está en crisis debido a la subordinación de su uso social al valor económico[v]. Según esta lectura, actualmente la vivienda se encontraría ante los mayores niveles de mercantilización de la historia a nivel global como resultado de la combinación de tres procesos: desreglamentación, financiarización y globalización. Ya estuvo en el epicentro de la Gran Recesión en 2008 a través de la crisis hipotecaria y ha mutado adaptándose a los tiempos con la burbuja de los alquileres. En concreto, en nuestro país la vivienda continúa siendo un bien en el que se expresa una fuerte desigualdad social como consecuencia de la liberalización y de la financiarización, del desmantelamiento de las instituciones públicas en esta materia y de la venta de patrimonio público[vi]. Las secuelas extremas de este problema continúan más de una década después, como demuestran los 54.006 lanzamientos practicados en nuestro país en el pasado 2019[vii], siendo 14.193 como consecuencia de procedimientos de ejecuciones hipotecarias y 36.467 como consecuencia de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Así, progresivamente, la vivienda se ha convertido en un factor prioritario de vulnerabilidad y exclusión.

Las dificultades para afrontar los costes de los alquileres o para acceder a una vivienda bajo este régimen se extienden al conjunto de la población, aunque las sufren especialmente las personas más vulnerables. De esta forma, en nuestro país hay 1.150.000[viii] niños, niñas y adolescentes que, viviendo de alquiler o mediante cesión gratuita, se encuentran en riego de pobreza. Según estos datos, 2 de cada 3 de los que viven en régimen de alquiler de mercado se encontrarían así en una situación de pobreza una vez deducidos los costes de la vivienda. ¿Cuáles son los detonantes concretos de este problema? Las principales causas que explican las dificultades actuales para acceder a una vivienda en el mercado del alquiler serían el aumento de demanda, la escasez de oferta, el mayor porcentaje de hogares en riesgo de exclusión en la fracción del mercado residencial y la debilidad y/o ausencia de políticas de vivienda social y de ayudas para afrontar los alquileres[ix]. Aún está por ver cómo evolucionará este problema próximamente como derivada de la crisis del coronavirus, pero podemos intuir un agravamiento debido a la merma de los ingresos y de la capacidad económica de las familias, al afrontamiento de las deudas como consecuencia del fin de las moratorias y a los futuros impagos.

En el territorio en el que REDES desarrolla su trabajo muchas familias tienen que invertir más del 70% de su renta disponible para poder acceder a una vivienda completa. En esta tesitura están actualmente un 40% de las más de 800 familias a las que acompañamos, que también tienen serias dificultades para acometer el resto de los gastos. No hay que olvidar que un 20% de las mismas se ven obligadas a compartir piso.

Los impactos de la crisis residencial

Estas realidades producen una serie de impactos que debemos explicitar:

A) Impactos psicológicos y afectivos. Sin duda, como comentábamos al principio, la vivienda es un factor que da, o debiera dar, seguridad y pertenencia. Cuando los precios del alquiler son altos, como es el caso, estamos constatando que un número no pequeño de familias cambian al menos una vez al año de vivienda, generándose así sentimientos de inestabilidad e inseguridad. Esa misma sensación se reproduce cuando son varios núcleos familiares los que conviven bajo el mismo techo y se carece de espacios propios suficientes para el desarrollo vital.

Cuando la vivienda es casa y no hogar también tiene consecuencias sobre la sensación de pertenencia y arraigo. Produce así un impacto emocional negativo que de un modo imperceptible afecta al progreso de las personas que lo viven, especialmente en el caso de niñas y niños, que siempre son el eslabón más frágil de la cadena.   ¿Cómo afecta esta situación a nuestra vida, a nuestro desarrollo, al crecimiento infantil, al proceso educativo, a las relaciones y a la convivencia? Podemos atestiguar que las familias que viven estas situaciones tienen un plus de estrés que, sin duda, condiciona su cotidianidad de forma importante.

B) Impactos socioespaciales y efectivos. La desigualdad y la exclusión en el ámbito residencial están influyendo en la segregación urbana y en la (re)producción de guetos. Están contribuyendo a transformar la cartografía de las grandes ciudades y a evidenciar así las viejas y las nuevas periferias[x]. También se están multiplicando los desplazamientos forzosos y la expulsión de los territorios, lo que produce una exclusión geográfica.

Propuestas y protestas

En clave crítica y autocrítica nos gustaría recoger y proponer algunas alternativas de actuación.

A) La primera tiene que ver con el enfoque con el que afrontamos el problema de la vivienda desde el ámbito de la intervención social, basado muchas veces en las necesidades y dejando en segundo plano los derechos. La vivienda no es solo un elemento esencial que garantiza la dignidad humana, es un derecho fundamental e irrenunciable reconocido a nivel estatal e internacional. Partir de esta premisa nos garantiza poner el foco de la responsabilidad de asegurar esta necesidad y este derecho sobre aquellas instituciones y agentes que deben hacerse cargo, y no sobre la espalda de las personas que sufren esta problemática. También nos permitirá identificar los factores determinantes y señalar los actores que participan activa o pasivamente de la crisis de la vivienda a través de su hipermercantilización.

B) La segunda propuesta va encaminada a demandar que la vivienda no sea tratada exclusivamente como una mercancía y a reivindicar su valor de uso, exigiendo que se produzcan los cambios estructurales necesarios (jurídicos, políticos, económicos) para ello, principalmente mediante el impulso de actuaciones públicas en materia de vivienda que no reproduzcan el modelo de regulación de los mercados de suelo, vivienda e hipotecario[xi] que a partir de la década de los 50 ha contribuido en nuestro país a generar esta crisis habitacional. Demandar así medidas[xii] urgentes basadas en la vivienda de titularidad pública, en la regulación de los precios de los alquileres o en la prohibición de los desahucios.

C) La tercera tiene que ver con impulsar, apoyar y/o difundir respuestas comunitarias o cooperativas frente a esta problemática que generen alternativas lo más sostenibles e inclusivas posibles y que pongan el acento en la desmercantilización.

D) La cuarta está basada en incidir sobre uno de los procesos básicos de la intervención social: la derivación. Usando así una perspectiva basada en activos y no sólo en recursos, mediante la recomendación de activos o prescripción social[xiii], que invita a participar de aquello que se encuentra en la comunidad y que produce bienestar. Esto puede servir para poner en contacto a personas que sufren la exclusión residencial con aquellos colectivos sociales o iniciativas comunitarias basadas en relaciones de apoyo mutuo, reciprocidad y solidaridad y que, además de afrontar problemas comunes, generan redes y vínculos que promueven el bienestar personal y la reducción de las desigualdades.

En definitiva, creemos que una intervención transformadora para afrontar el problema de la vivienda debe pivotar alrededor de tres ejes: el contexto social en el que nos estamos moviendo, las personas que tienen necesidad de una vivienda y los profesionales y entidades que trabajamos en lo social. La transformación se producirá de un modo justo si se producen movimientos en los tres ejes. De nada sirve que se produzcan cambios en la realidad de las personas, si en el contexto o en nosotras no se producen cambios de modo simultáneo.

Sin duda es necesario leer la realidad de la vivienda con una óptica más grande. Una vivienda estable y digna permitirá mejorar la seguridad y pertenencia de las personas, afianzar las oportunidades de vínculos, incrementar la salud de las familias y posibilitará un avance en otras cuestiones tales como el incremento de las competencias.

Este tema queda tremendamente abierto en este momento histórico que vivimos, tenemos pendiente un decreto del Gobierno en el que se buscará una solución para el tema de los desahucios y no solo para los generados en el tiempo de la pandemia. La regulación del mercado del alquiler, la convivencia en determinados lugares marcados por la vulnerabilidad. Todo ello y más cuestiones, sin duda, son los retos que nos toca emprender de modo permanente.

[i] Fundación FOESSA. “Vulneración de Derechos: Trabajo decente”. Focus, 2020.  https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2020/10/Focus_Trabajo_Decente_Octubre-2020.pdf

[ii] Fundación FOESSA. “Vulneración de Derechos: Vivienda”. Focus, 2019. https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/06/Focus-Vivienda-FOESSA.pdf

[iii] Marí-Dell’Olmo, M., et. al. “Desigualtats socials i Covid-19 a Barcelona”. Barcelona Societat. Revista de coneixement i anàlisi social, 26, 2020; pp. 46-52.

[iv] Therborn, G. La desigualdad mata. Madrid: Alianza Editorial, 2015; p. 58.

[v] Madden, D. y Marcuse, P. En defensa de la vivienda. Madrid: Capitán Swing, 2016; pp. 35-63.

[vi] García Pérez, E. y Janoschka, M. “Derecho a la vivienda y crisis económica: la vivienda como problema en la actual crisis económica”. Ciudad y Territorio, 188, Ministerio de Fomento, 2016, pp. 213-228.

[vii] Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

[viii] Fuente: Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil, a través de datos de 2018 de la ECV del INE, 2020.

[ix] Arrondo, M. y Bosch, J. “La exclusión residencial en España”. VIII Informe FOESSA. Documento de trabajo 3.3. FOESSA, 2019; pp. 5.

[x] Ávila, D. et al. (Observatorio Metropolitano). “Órdenes urbanos: centros y periferias en el Madrid neoliberal”, en Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala, Cartografía de la ciudad capitalista. Transformación y conflicto social en el Estado español. Madrid: Traficantes de Sueños, 2016.

[xi] López, I. y Rodríguez, E. Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010). Madrid: Traficantes de Sueños, 2010; pp.265-313.

[xii] ONU. Directrices para la Aplicación del Derecho a una Vivienda Adecuada. Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, 2020. https://undocs.org/es/A/HRC/43/43

[xiii] Observatorio de Salud de Asturias. Guía ampliada para la recomendación de activos (“prescripción social”) en el sistema sanitario. https://obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/guia_ampliada_af.pdf

Diciembre 2020

Gabriela Alexandra Monge Sarango

Socióloga

1. De un país de emigrantes a un país de inmigrantes

Cuando se aborda el tema de las actitudes hacia la inmigración, es importante señalar que a finales del siglo XX y especialmente principios del siglo XXI (año 2000) el porcentaje de inmigrantes en España se incrementó notablemente, llegando al año 2012 con un saldo migratorio de 5,7 millones de inmigrantes que representaba el 21,1% de la población española. Esto era el reflejo de la expansión económica y el crecimiento del empleo que experimentó el país, apoyada en una estructura de demanda basada sobre todo en el consumo, sobre el que tuvieron un gran peso los servicios y la inversión en construcción, En ese sentido, en pleno momento de bonanza económica la valoración por parte de los ciudadanos hacia la inmigración era de una aceptación condicional. Los autóctonos reconocían la necesidad de mano de obra; este discurso de aceptación ejercía de contrapeso frente aquel que surgía en contra como consecuencia de una serie de inconvenientes a los que tenía que hacer frente el país, como la llamada crisis de los cayucos en 2006, que puso en evidencia que la regulación de los flujos migratorios irregulares no estaba siendo eficaz para controlar el volumen de entrada.

Sin embargo, el panorama de bonanza económica se transformó como consecuencia de la crisis económica en la que entró el país, en el cual las desigualdades sociales se incrementaron y se produjo un empobrecimiento del conjunto de la sociedad española, el desempleo fue una de las principales causas que se derivó de la crisis. En ese contexto, la actitud hacia la inmigración también experimentó un cambio, la población autóctona pasó de tener una actitud favorable a adoptar una postura de desconfianza agravada por la percepción de amenaza y competición por los recursos, como es el trabajo, las ayudas sociales y servicios. Esta posición pasó a ser la más difundida, sobre todo, en aquellos sectores en los cuales en un principio tenían una visión de aceptación condicionada de este fenómeno.

Sin embargo, a partir del año 2016 con el inicio de la recuperación económica, se han incrementado nuevamente el porcentaje de inmigrantes en nuestro país, en donde aún son notorios los efectos de la crisis económica y la tasa de paro aún es elevada. Esto ha suscitado el interés por parte de la opinión pública y, según uno de los resultados obtenidos por el barómetro del CIS de diciembre de 2018, la inmigración era el sexto problema que más preocupaba al 12,5% de los encuestados. En los últimos tiempos ha estado presente en el debate social como consecuencia de los acontecimientos que han aparecido en los medios de comunicación y en la agenda política (la crisis de los refugiados, la llegada del Aquarius, el auge de partidos antiinmigración en otros países y la más reciente la crisis del Open Arms).

Por tanto, en este contexto es importante hablar sobre la percepción que la población autóctona tiene hacia el fenómeno de la inmigración. Para ello se han tomado en cuenta los datos recogidos en los estudios sobre actitudes hacia la inmigración de 2008, 2012 y 2017 (el último disponible) llevados a cabo por el CIS. De éstos se ha podido extraer los siguientes resultados:

2. Percepción del fenómeno migratorio en una etapa de recuperación económica

En primer lugar, cuando hablamos sobre ‘la valoración hacia la inmigración’ de forma muy general se puede decir que la mayoría de la población española valora positivamente el fenómeno de la inmigración, aunque a lo largo del periodo de estudio el porcentaje ha experimentado cierta variación, coincidiendo con un contexto económico bastante complicado, descendiendo en 2012 a un 49% e incrementándose para el año 2017 nuevamente el hasta situarse en un 59,7%.

Por otro lado, cuando se abordó la valoración hacia la inmigración según las características sociodemográficas de la población, los resultados nos muestran que: de las personas que valoran positivamente este fenómeno, el 52,9% son hombres, la franja de edad que muestra una posición positiva ante la inmigración 32% se sitúa en la franja de edad de 35-49 años, el 35,2% tiene estudios secundarios y se sitúan en el eje político centro-izquierda (48,7% y 42% respectivamente) y el 49,5% de la población considera que su situación económica es buena.

De las personas que valoran negativamente este fenómeno el 52,5% son mujeres, la franja de edad en el que este posicionamiento es más evidente 31,3% es en mayores de 65 años, el 56% tiene estudios primarios, y se sitúan en el eje político centro-izquierda (50,5% y 27,3% respectivamente) el 35,8% considera que su situación económica es buena y el 22,4% que su situación es mala.

Sin embargo, el fenómeno migratorio es muy amplio y por tanto sería un error abordarlo a partir de una sola cuestión, para ello se ha establecido una clasificación en grandes grupos de actitudes y opiniones hacia la inmigración a partir de una reducción de 22 variables (análisis factorial).

A partir de esta clasificación de actitudes/opiniones sobre la inmigración se procedió a conocer cómo se agrupa la población española entorno a las mismas, para ello se realizó un análisis de conglomerados que nos dio como resultado 4 grupos de población, siendo el grupo 1 (pro-acogida de inmigración) en donde mayoritariamente se concentra la población (40%), el grupo 2 (universalismo limitado) con el 33%, el grupo 3 (los españoles primero) que alcanza el 16% y el grupo 4 (antiinmigración) que llega al 11%.

De esta tabla se puede extraer que, el grupo 1 (pro-acogida de inmigración) es el que tiene una actitud más abierta hacia a la inmigración, pues se muestra en desacuerdo con la idea de que la inmigración tiene un impacto negativo en las ayudas y servicios y a favor de mantener contacto directo e indirecto con este grupo de población, de otorgarles derechos, y consideran este fenómeno es positivo para la economía y el mercado laboral. El grupo 2 (universalismo limitado) considera que este fenómeno tiene un impacto negativo en las ayudas, servicios, economía y mercado laboral, y no muestra oposición a mantener contacto directo con esta población, pues es algo que no puede controlar y se muestra a favor de otorgar derechos a la población inmigrante, aunque fuera del ámbito laboral/de estudio muestra rechazo a mantener contacto indirecto con esta población. El grupo 3 (los españoles primero), considera que la inmigración tiene impacto negativo para el conjunto del país y muestra desacuerdo ante la posibilidad de otorgar derechos a las personas inmigrantes. Finalmente, el grupo 4 (antiinmigración), muestra una postura más radical respecto a los otros grupos, pues rechaza mantener algún tipo de contacto (directo e indirecto) con la población inmigrante y considera que este fenómeno tiene un impacto negativo para el país

Asimismo, se ha comprobado que cada grupo de población está compuesto de la siguiente manera: El grupo pro-acogida de inmigración, está compuesto mayoritariamente por hombres (57,5%), la franja de edad mayoritaria (38,2%) es de 35-49 años, el 41,3% de personas de este grupo tiene estudios superiores (universitarios), el 59,1% se auto-identifica con una ideología de izquierda, el 52% considera que su situación económica es buena, y el 64,7% se considera de clase social media y el 25% de clase media-baja.

El grupo de universalismo limitado está compuesto mayoritariamente por mujeres (50,2%), la franja de edad mayoritaria (32%) es de 50-64 años, el 40% tiene estudios secundarios, el 51% se auto-identifica con una ideología de centro, seguido por un 33,2% que se considera de izquierda, el 46,6% considera que su situación económica es buena y el 14,8% considera que es mala, y el 62,5% se considera de clase social media y el 27% de clase media-baja.

El grupo caracterizado como  los españoles primero, está compuesto mayoritariamente por hombres (54,3%), la franja mayoritaria de edad (36%) es 35-49 años, el 48,6% tiene estudios primarios, el 57,5% se auto-identifica con una ideología de centro y un 23% con la izquierda, el 36% considera que su situación económica es buena, el 15% considera que es mala y el 10% considera que es muy mala. El 53,6% se considera de clase media y el 26,8% de clase media-baja y el 12,3% de clase baja.

El grupo antiinmigración está compuesto mayoritariamente por mujeres (53,6%), la franja mayoritaria de edad (33%) es de más de 65 años y el 71,9% tiene estudios primarios, el 39,7% se auto-identifica con una ideología de centro y un 33,3% con la derecha, el 34,4% considera que su situación económica es buena, el 18,8% que es mala y el 9,4% que es muy mala. Finalmente, el 59,1% de las personas se considera de clase media, el 25,8% de clase media-baja y el 7,5% de clase baja.

Por tanto, a partir de estos datos se pueden extraer importantes conclusiones, de forma general se puede afirmar que la mayoría de la población española (59,7%) percibió positivamente la inmigración en el año 2017, así mismo, se puede observar que un 40% de la población muestra una posición muy abierta a este fenómeno, personas que se les podría denominar pro-inmigración. Estas personas se caracterizan por tener un mayor nivel académico, más jóvenes en edad, y cuya situación económica es buena, estas personas no perciben el fenómeno migratorio como una amenaza o competencia por los recursos.

Por otro lado, es importante señalar que una parte importante de la población considera que los inmigrantes tienen un impacto negativo en las ayudas y servicios, en la economía y el mercado laboral. Este argumento se entiende como ‘normal’ en un contexto de crisis económica y de recuperación de la misma, pues tal y como se ha puesto de manifiesto en el VIII Informe FOESSA, la recuperación económica no ha llegado a todas las familias españolas y hay un porcentaje importante de la población que se encuentra en un espacio de exclusión social. Así mismo, este argumento sobre la inmigración también contrasta con la realidad vivida en los últimos años en nuestro país, ya que la gestión de la crisis fue afrontada por parte del gobierno con importantes recortes en las partidas de gasto social. Por otro lado, diversos datos expuestos en numerosas investigaciones contradicen esta información como por ejemplo como se mostró en el VIII Informe FOESSA que pone de manifiesto que las personas inmigrantes aportan el 10% de la seguridad social, sin embargo, el 50% de la población española piensa que reciben más de lo que tributan. Así mismo, los datos aportados por servicios sociales reflejaron que para el año 2015 el 15% de los usuarios de los servicios sociales fueron extranjeros y sólo el 9,7% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo en 2017 fueron extranjeros.

Finalmente, cabe señalar que un sector importante de la población (77%) se muestra partidaria de otorgar derechos a los inmigrantes.

3. Reflexiones finales

Con todo esto y tomando en cuenta los últimos acontecimientos ocurridos es momento de reflexionar sobre este tema y replantearnos ciertos aspectos que influyen en esta percepción de este fenómeno, haciendo especial hincapié en el auge del discurso xenófobo en ciertos sectores de la población, el cual ha sido reforzado por algunos partidos políticos quienes han mostrado una postura abierta de rechazo al fenómeno migratorio, usando como argumentos su capacidad de integración social, cumplimiento de reglas de convivencia y la asociación del colectivo inmigrante con la delincuencia; así mismo, se ha difundido la idea de que el estado sobreprotege a la población inmigrante de los efectos de la crisis a través de ayudas, subvenciones y servicios, dejando casi desprotegida a la población autóctona. Para hacer frente a este discurso es importante hacer uso de los datos publicados por los diferentes organismos del estado, investigaciones y mostrar la realidad tal y como es; en ese sentido cobra un papel fundamental/de responsabilidad los medios de comunicación, los cuales deben ser veraces y objetivos y mostrar con datos la realidad del fenómeno migratorio.

Así mismo, cabe señalar que durante varios años España presumió de haber logrado la integración de más de 6 millones de inmigrantes sin haber suscitado la aparición de movimientos xenófobos, convirtiéndose en un ejemplo de integración en comparación con el resto de países europeos. Sin embargo, esta integración ha tenido aspectos positivos entre los que cabe destacar la plena normalización legal de su situación y ausencia de guetos, pero también ha tenido aspectos negativos, como son las condiciones laborales que empeoran cuando se habla de inmigrantes y la escasa presencia pública. Por ahora, los inmigrantes procedentes de países pobres o que se encuentran inmersos en guerras internas ocupan una posición secundaria tanto en la estructura de empleo y riqueza como en la del prestigio social.

En ese sentido, desde la acción social es importante generar encuentro y convivencia entre la población autóctona e inmigrante, con el objetivo de desmontar mitos que surgen como consecuencia de la falta de conocimiento y/o del miedo a lo desconocido y tender puentes entre las diversas culturas y religiones que conviven en nuestro país; pero este encuentro ante todo debe estar dirigido tanto para inmigrantes como para la población autóctona, huyendo de aquella intervención enfocada a la población inmigrante que lo único que consigue es incrementar los guetos y sectarismo.

Estas son algunas de las cuestiones sobre las que debemos reflexionar, tomando en cuenta que actualmente España tiene que hacer frente a dilemas relacionados con la estructura poblacional (una población envejecida y el notable descenso de los nacimientos, las altas tasas de paro, etc) que afectan tanto al crecimiento económico del país como el pacto generacional vigente.

4. Bibliografía

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Número 3, 2019