Marina Sánchez-Sierra y Pedro Fuentes
Equipo de Estudios de Cáritas Española
Puedes encontrar a Marina en X (antiguo Twitter)
¿Qué imagen se nos viene a la cabeza cuando pensamos en personas mayores? ¿Es más ventajoso a nivel de integración social ser mayor o ser joven? En el siguiente texto se analizan las características de las personas mayores en España con especial atención a su posición dentro del espacio de la integración/exclusión social.
La definición de persona mayor ha evolucionado gracias a muchas y variadas cuestiones, entre las que cabe destacar de manera inequívoca el acceso y los avances sanitarios, pero son también relevantes los cambios dados en el estilo de vida, así como las condiciones en las que se da nuestra existencia, pues no es lo mismo nacer en un país, familia, barrio, clima… o en otro. Sin embargo, de forma global los avances y transformaciones dados han derivado en una esperanza de vida más larga que con frecuencia desdibuja la idea de ser mayor y su correspondencia con la experiencia de serlo.
El mercado de empleo tiene como principal característica la precarización: contratos a tiempo parcial, personas que trabajan menos horas de las deseadas, bajo nivel de ingresos y trabajadores pobres, dificultad de acceso (sea al primer empleo o no), trayectorias interrumpidas… A esto se suma un precio de la vivienda notablemente alto, poco equiparable al nivel de los sueldos, hablemos de propiedad o de alquiler. E introducimos un tercer elemento, el nivel educativo y las trayectorias profesionales de las personas que acceden a esa categoría de persona mayor. Son tres cuestiones que están cambiando la distancia existente entre la juventud y las personas de más edad: las primeras se ven abocadas a trayectorias vitales sujetas a la improvisación, a experiencias como el coliving (anglicismo para referirse a compartir piso que pretende disfrazar que esta manera de vivir a partir de cierta edad responde a un problema estructural que aboca a personas adultas a una precariedad que les impide vivir solas), a retrasar la edad a la que se tiene el primer hijo o hija, a vivir el presente porque el futuro genera altos niveles de ansiedad por la incertidumbre del qué pasará, y a la búsqueda de experiencias porque no es factible adquirir propiedades. Mientras, las segundas, las mayores, se encuentran -y seguimos generalizando- con viviendas en propiedad ya pagadas, pensiones suficientes para vivir, y un estado de salud que les permite gozar de unos buenos años por delante antes de llegar a esa vejez en la que el cuerpo ya nos limita.
Es decir, la imagen que hubo de persona joven y exitosa como sinónimo de parte del engranaje de la productividad empresarial frente al anciano o anciana sujeta a una pensión mínima que apenas le da para (sobre)vivir, ha quedado obsoleta.
Así lo vemos al mirar los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV en adelante) del INE para 2023. El Gráfico 1 muestra cómo a medida que avanza la edad del grupo poblacional observado, aumenta la renta neta media disponible por persona, alcanzando su máximo entre las personas de 65 y más años.
Se trata de un dato ciertamente positivo para las personas mayores, y que podríamos hacernos pensar, esperanzadas, que a medida que nos hagamos mayores aumentará nuestra renta media. Una mirada más dura, por otro lado, lo que nos muestra es el empobrecimiento de una población que mira a la jubilación propia como una utopía irrealizable.
También hemos de mirar a las diferencias por género. Si la esperanza de vida en España es de 83,1 años, hay una diferencia de 5 años entre hombres y mujeres: este valor es de 80,4 años para ellos, frente al 85,6 de ellas (Esperanza de vida al nacer 2022, INE). Un dato ventajoso para las mujeres… ¿o quizá es más complejo?
Efectivamente, no solo es importante el tiempo que nos queda por delante, sino también la calidad de vida que disfrutemos durante ese tiempo. Y si bien es cierto que a los 65 años la esperanza de vida con buena salud es similar en hombres y mujeres (10,7 y 10,3 respectivamente), el porcentaje de años que esperamos vivir con esa buena salud a lo largo de nuestra vida es notablemente menor entre las mujeres: 44,7% de buena vida para ellas, 56,5% para ellos. Por tanto, de media las mujeres ciertamente vivimos más años, pero en general durante más tiempo vivimos peor en el sentido de que vivimos con limitaciones funcionales y de discapacidad (Mujeres y hombres en España, INE 2022).
En definitiva, las mujeres esperan vivir proporcionalmente menos años en buenas condiciones, algo que se corresponde con cómo se sienten ellas. Si a priori podríamos pensar en una reducción lógica que, efectivamente, ellas viven peor los años que les quedan porque les quedan más años de vejez, los datos nos dicen que no se trata únicamente de esto, pues la diferencia con los hombres en la autopercepción a nivel de salud está presente desde los 15 años (gráfico 2), aunque sí es cierto que la distancia entre hombres y mujeres se va acentuando de forma más notable a partir de los 65 años.
Las condiciones de vida influyen en cuánto vivamos, pero sobre todo en cómo vivimos. Esos cuerpos femeninos más longevos están también sometidos a más pobreza económica. El reparto tradicional de tareas ha conllevado una menor presencia de las mujeres en el mercado laboral, con las consecuencias que ello ha tenido y las dificultades que siguen teniendo para acceder a este y para hacerlo en las mismas condiciones que ellos. El resultado de estas cuestiones de carácter estructural es una tasa de riesgo de pobreza para las personas mayores de 65 años que se sitúa de manera desigual entre hombres y mujeres, con valores del 15,8% para ellos y del 20,3% entre ellas, lo que supone una diferencia porcentual del 25%.
Algo que está en consonancia con la renta media de los hogares según el sexo de la persona de referencia. El siguiente gráfico muestra una visión del cociente de renta anual renta media de los hogares según si este está encabezado por un hombre o por una mujer a lo largo de una década. En él, vemos que las rentas de los hogares con persona de referencia hombre son superiores a las rentas de aquellos hogares donde la persona de referencia es una mujer, algo que ocurre de manera generalizada (línea azul oscuro), pero más acusada entre la población de mayor edad, donde la renta de los hogares encabezados por mujeres de 65 y más años en 2022 suponía el 74% de la renta media de los hogares encabezados hombres de la misma edad. Además, esa mirada longitudinal muestra cómo en la última década en ningún caso llegaron a acercarse las rentas medias de ambos tipos de hogar.
Por tanto, tienen peor vejez las mujeres también por factores de tipo estructural pues, por lo general, presentan en todas las edades tasas más elevadas de pobreza y de exclusión social y, una vez vuelven a la inactividad, cobran pensiones inferiores (Pinazo-Hernandis y Bellegarde, 2018)1 en el culmen de un ciclo de desigualdad que se perpetúa.
A la vez, los roles de género, las sitúan a ellas como cuidadoras (de parejas, ascendentes, descendientes, y de sí mismas) que, con el tiempo y cuando pasan a necesitar ser cuidadas, no es fácil de cambiar, entre otras cosas porque, en cierto modo, pierden una de las principales funciones que culturalmente daban sentido a su vida. Esto, a pesar de la incorporación de la mujer al mercado laboral y de los avances en materia de género, está lejos de ser revertido, tanto de facto como en el imaginario social, a pesar de los innegables avances transitados. En el caso de las mujeres, al cuidado de hijos e hijas se suma más tarde el de nietos y nietas, en ocasiones teniendo que compatibilizarlo con el de padres y madres ya nonagenarios que reciben cuidados de mujeres que han superado la edad de jubilación. Y, en el entre tanto, en algún momento se suma el cuidado de esas parejas con menor esperanza de vida.
Y las tareas de cuidados son complejas y tienen un coste físico y emocional que se nota especialmente en las mujeres y que revierte en esa salud a la que hacíamos mención anteriormente en un círculo ciertamente vicioso y difícil de romper.
A todo esto, se suma la presión estética del cuerpo (propio y de los dependientes a cargo, que no solo deben estar bien cuidados sino también parecerlo) y del hogar, una carga mental que no desaparece con la edad y, en definitiva, un cansancio para el que muchas veces no se vislumbra una pausa, un descanso, la satisfacción del trabajo bien hecho y, sobre todo, terminado.
Para ofrecer una mirada más exhaustiva de las condiciones de vida de las personas mayores vamos a mirar también al concepto de integración social, compuesto de diferentes dimensiones. Los datos de la EINSFOESSA 2021 (Ayala, Laparra y Rodríguez, 2022)2 muestran que los niveles de integración son más elevados entre la población de 65 y más años que entre la población general. De hecho, mientras que el 23,4% de la población española está en situación de exclusión, sea esta moderada o severa, son menos de 1 de cada 10 las personas de 65 y más años en exclusión (9,2%).
Pero las diferentes dimensiones que componen la exclusión también afectan de manera diferenciada según la edad. Así, esa primera ventaja que parecen ofrecer los años, no es tal en todas las dimensiones. Un análisis más detallado nos ofrece algunas diferencias muy claras: las personas mayores tienen notablemente menor exclusión en dos espacios de los que ya venimos hablando, el empleo y la vivienda, que preocupan menos a las personas de más edad porque ya están fuera del mercado de empleo, de un lado, y porque en la mayoría de casos ya tienen solucionada la cuestión habitacional, de otro. Sin embargo, las dimensiones de educación, política, aislamiento y conflicto social son más excluyentes para ellas.
Prestamos atención a la dimensión de la vivienda por su especial relevancia, tanto en el peso que tiene sobre los presupuestos familiares y sus gastos, como por lo que significa para el desarrollo del proyecto vital. Así, los datos del Módulo de Calidad de Vida de la ECV 2023 nos permiten también ver el componente subjetivo de esta cuestión, encontrando que hay más insatisfacción con la vivienda a menor edad de la persona de referencia del hogar. Insatisfacción que se entiende de manera general y que puede referirse a diferentes aspectos: tamaño, precio, lugar donde se encuentra, etc. Es importante reseñar que aún en el grupo que más satisfacción muestra, que es el de 65 y más años, hay más de un 10% de personas que siguen sin encontrar en su casa el lugar que les gustaría.
Tal y como señala el informe Análisis y Perspectivas de 2023, entre 2015 y 2022 el precio de la vivienda ha aumentado un 51%; un 74% en el caso de la vivienda nueva. La misma vivienda que, nueva, en 2015 costaría 100.000€, en las mismas condiciones en el año 2022 tendría un precio de 174.000€3. Cabe pensar, pues, que el precio es uno de los elementos que dificultan el acceso a la vivienda y que, por ende, puede estar produciendo insatisfacción, bien por la imposibilidad de acceso, bien porque las posibilidades de gasto para la vivienda no son suficientes para adquirir una casa que cumpla los requisitos que una familia requiere y/o desea.
El estudio cualitativo sobre la situación de las personas mayores en la provincia de Salamanca realizado por la Cáritas Diocesana de dicha diócesis en 20224 refleja, desde una perspectiva cualitativa, la diferente participación de las personas mayores en actividades socio-culturales. Residentes de zonas rurales indicaban que hay poca oferta para ellos y ellas y, no solo eso, sino que muchas veces se inician actividades, pero estas no mantienen su continuidad en el tiempo. Por su parte, las personas con un menor nivel de ingresos señalaban cómo los precios eran un hándicap para poder participar, incluso aunque fueran simbólicos, cuando sí existían actividades. En definitiva, la búsqueda de rentabilidad es lo que genera que estas actividades terminen por considerarse o ser no sostenibles.
No obstante, es importante señalar algo de lo que comentan en uno de los grupos de discusión llevados a cabo: Llevaba con el cartel de una excursión dos meses y medio, no se me había apuntado nadie, gracias a un patrocinador lo he sacado gratuito, y se han apuntado por eso, porque pagando no iba nadie, y se han apuntado 18, en un autocar de 50 (GD7.3)5. Aquí vemos cómo, por un lado, el hacer la actividad gratuita ha supuesto un incentivo a la participación, pero, a la vez, el nivel de participación sigue siendo bajo. No podemos valorar solo con esta información, pero sí debe hacernos reflexionar. Vivimos en una sociedad que no mira a la vejez desde su potencialidad, sino que más bien la niega –desde la ironía que supone no mirar y, por ende, cuidar el lugar al que llegaremos si tenemos éxito vital a nivel biológico, es decir, si no morimos antes. Por tanto, aunque existen espacios y actividades diseñados solo para la participación de los mayores, cabe preguntarse si se elaboran y piensan desde su propia mirada: ¿qué quieren? ¿qué les motivaría a una mayor participación? ¿contrastan las respuestas a estas preguntas con los modelos de ocio o acompañamiento que se les ofrecen? Y, por último, pero no menos importante: ¿son suficientes?
Y cabe una reflexión adicional: ¿hasta qué punto es necesario que se diseñen y lleven a cabo actividades específicas para personas mayores? ¿No contribuye esto a su aislamiento social, no intra, pero sí intergeneracional? ¿Acaso no cabría pensar en hacer inclusivos espacios generalistas para personas adultas, también? E, incluso, buscar la mezcla intergeneracional que favorezca a personas de diferentes edades, reconociendo así que las personas mayores pueden aportar a quienes son más jóvenes.
En cuanto a la participación política, si miramos el siguiente gráfico vemos en el barómetro de julio de 2024 del CIS que de forma generalizada la probabilidad de voto aumenta a medida que lo hace la edad, si bien en el último grupo etario, 75 o más años, las personas que aseguran que si mañana hubiera elecciones irían a votar desciende. Aun así, su participación seguiría siendo mayor que la de las personas de hasta 54 años. Esto nos habla de la implicación de las personas de más edad en el proceso electoral.
Así lo confirma también el hecho de que la participación electoral es más elevada a medida que aumenta la edad, si bien no hay diferencias significativas a partir de los 55 años. En las elecciones generales de julio de 2023 declaran haber ido a votar más del 85% de las personas de 65 y más años. La abstención, por el contrario, es un fenómeno más extendido entre el electorado de menos de 55 años.
No obstante, no podemos olvidar que la participación política, ir a ejercer el derecho al voto cada cuatro años, no es un indicador en sí mismo de integración política.
La soledad es un problema social cada vez más acuciante que ya ha comenzado a estudiarse entre las personas mayores, aunque no solo. En parte este fenómeno está relacionado con el hecho de vivir sin compañía, lo que ocurre en el caso del 25,3% de personas de 65 y más años según la Encuesta sobre relaciones sociales y afectivas pospandemia (III) del CIS (marzo, 2023).
No obstante, debemos diferenciar entre soledad y aislamiento, siendo la primera una cuestión de carácter subjetivo y, el segundo, una cuestión más fácilmente medible. Esto es, la soledad es el sentimiento y el aislamiento el hecho de no tener contactos sociales para hacer diversas actividades en compañía.
Según Álvarez (1996)6, la soledad alude a un estado psicológico que sucede a consecuencia de pérdidas en el sistema de soporte individual, disminución de la participación de las actividades dentro de la sociedad a la que pertenece y sensación de fracaso en su vida. En el caso de las personas de más edad, la pérdida de relaciones (sistema de soporte individual) puede darse como proceso propio del envejecimiento, a medida que algunas de las personas cercanas van falleciendo, o puede ocurrir que algo a simple vista tan ínfimo como las barreras arquitectónicas en el hogar (la falta de un ascensor, sin ir más lejos) impidan a la persona poder salir al exterior y socializar. Pero también pueden deberse al hecho de vivir lejos de la familia, por ejemplo, o a la sensación de que ante la vulnerabilidad propia no se cuenta con apoyos suficientes para ser cuidado/a, sin olvidarnos de cómo lo digital se ha convertido en un mundo y una sociedad más en la que parece que hay que estar para existir, y que queda lejos a tantas personas mayores.
Un elemento importante es el fallecimiento del cónyuge quien, en última instancia, sigue siendo conviviente y acompañante. A raíz de esto puede presentarse un duelo inhibido o crónico, que según Gramlich (Rodríguez y Castro, 2019:131)7 es común en el anciano y representa la raíz de numerosos síntomas psicológicos y sociales.
En datos, casi el 70% de las personas mayores experimentan sentimientos de soledad de distinta intensidad (Yanguas et al., 2020)8, de los cuales el 14,8% incluso soledad grave o muy grave. Para las mujeres tiene más impacto la soledad emocional, aquella que se siente por falta de apoyos y derivada de sentimientos de abandono o vacío, mientras que para los hombres tiene más peso la soledad social, es decir, aquella más vinculada a la carencia de amistades.
Efectivamente, en el siguiente gráfico vemos cómo al agrupar las respuestas de las personas que dicen sentirse solas siempre o casi siempre por edades, la soledad es notablemente más alta en las personas de más edad.
Es importante, en cualquier caso, no caer en una visión simplista que nos haga pensar que las personas mayores están bien porque sufren menos situaciones de exclusión social. De hecho, que estén comparativamente mejor o peor que la población general al mirar porcentajes no es determinante por sí mismo, pues mientras haya personas, cualesquiera que sean sus características sociodemográficas, en situación de exclusión, no hay un estar bien, o estar mejor, pues seguimos teniendo trabajo por delante como sociedad para lograr integrar a esas partes que están quedando fuera, descuidadas.
Notas:
[1] Pinazo-Hernandis, S. y Bellegarde, M. D. La soledad de las personas mayores. Conceptualización, valoración e intervención. Fundación Pilares, 2018. Disponible en: https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_soledad_mayores/eu_def/fpilares-estudio05-SoledadPersonasMayores-Web.pdf
2 Ayala, L., Laparra, M. y Rodríguez, G. (coods.). Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España. Madrid: Fundación FOESSA y Cáritas Española, 2022.
3 Fundación FOESSA. Análisis y Perspectivas 2023. Ingresos y gastos: Una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida. Madrid: Fundación FOESSA y Cáritas Española, 2023. Disponible en: https://www.caritas.es/producto/ingresos-y-gastos-una-ecuacion-que-condiciona-nuestra-calidad-de-vida/
4 y 5 Observatorio de la Realidad de Cáritas Diocesana de Salamanca. La situación de las personas mayores. Salamanca: Cáritas Diocesana de Salamanca, 2022. Disponible en: https://www.caritasalamanca.org/wp-content/uploads/2023/03/INFORME-Mayores-Caritas.pdf
6 Álvarez, E. A. “La amistad en la edad avanzada”. Geriátrika, 12/6, 1996; p.51.
7 Rodríguez, E. y Castro, C. “Soledad y aislamiento, barreras y condicionamientos en el ámbito de las personas mayores en España”, Ehquidad, N12, 2019; págs. 127-154. Disponible en: https://www.proquest.com/openview/4d0bb3ebe15193f24f67efb3f9370f83/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2050632
8 Yanguas, J., M. Pérez-Salanova, M.D. Puga, F. Tarazona, A. Losada, M. Márquez, M. Pedroso y S. Pinazo. El reto de la soledad en las personas mayores. Barcelona: Fundación Bancaria ”la Caixa”, 2020.
Raúl Flores Martos, director técnico de la Fundación FOESSA
Daniel Rodríguez de Blas, miembro del comité técnico de la Fundación FOESSA
La Inteligencia Artificial (IA) ha emergido como una fuerza dominante en el panorama tecnológico actual. Aunque sus fundamentos teóricos se remontan al siglo XX, cuando pioneros como Alan Turing comenzaron a explorar la idea de máquinas capaces de pensar, ha sido en las últimas décadas cuando la IA ha experimentado un crecimiento exponencial y ha empezado a integrarse profundamente en nuestras vidas. Desde asistentes virtuales en nuestros hogares hasta algoritmos que personalizan la publicidad en nuestras redes sociales, la IA está en todas partes moldeando nuestras interacciones, decisiones y comportamientos.
Esta tecnología está revolucionando una amplia gama de sectores. En la medicina, la IA facilita diagnósticos precisos y tratamientos personalizados; en la agricultura, optimiza la producción y reduce el desperdicio; en la educación, ofrece experiencias de aprendizaje adaptativas y accesibles. Cada avance parece confirmar que estamos en el umbral de una transformación sin precedentes donde la IA no solo optimiza procesos existentes, sino que también abre la puerta a innovaciones que antes eran inimaginables.
La IA se presenta como una herramienta poderosa en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Al aprovechar las capacidades de la IA para analizar datos y prever tendencias, esta tecnología puede resultar de gran utilidad para identificar patrones y ofrecer soluciones innovadoras que aborden tanto las causas profundas como los síntomas inmediatos de estos problemas.
Una de las mayores fortalezas de la IA es su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y descubrir patrones que no son evidentes a simple vista. En el contexto de la pobreza y la exclusión, la IA puede utilizarse para identificar patrones a varios niveles que pueden resultar útiles para mitigar realidades de vulnerabilidad.
A nivel macro, la IA puede analizar datos económicos y sociales para anticipar eventos que incrementan la pobreza tales como recesiones económicas, aumentos en el desempleo o desastres naturales. Por ejemplo, el análisis combinado de datos de empleo e ingresos, de precios de bienes básicos y de tasas de inflación puede ayudar a prever periodos de recesión o de dificultades para el acceso a bienes y servicios de determinados colectivos. Esto permitiría tanto a administraciones públicas como a organizaciones del tercer sector a diseñar políticas y respuestas adecuadas antes de que los problemas se agraven.
A nivel individual, la IA puede identificar a personas y familias en riesgo de caer en la pobreza antes de que esto ocurra. Algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar datos sobre ingresos, gastos, niveles de deuda y otros factores personales para predecir quiénes podrían necesitar asistencia y en qué momento. Por ejemplo, ya se han desarrollado sistemas de IA que pueden predecir el riesgo de desahucio con semanas de antelación, lo que permite a las autoridades intervenir y ofrecer apoyo antes de que las familias pierdan sus hogares.
La predicción y prevención de la pobreza y exclusión serían elementos deseables para evitar que familias cayesen en situaciones críticas, pero la IA también puede suponer un buen apoyo para mejorar las medidas e intervenciones con las familias que ya se encuentran en situación de pobreza. La eficiencia es clave cuando se trata de distribuir recursos limitados para combatir la pobreza y la IA puede desempeñar un papel crucial en la optimización de los programas de ayuda, asegurando que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.
En nuestro país existen muchos tipos de intervenciones destinadas a paliar las situaciones de pobreza y exclusión. Algunos actúan o pretenden actuar con la intención de resolver la carestía o insuficiencia de ingresos como los programas de empleo, el Ingreso Mínimo Vital o las rentas de inserción autonómicas. Otros en cambio buscan mejorar las condiciones de vida de las personas desde la reducción del gasto en partidas fundamentales como los programas de acceso a vivienda. Los sistemas de IA pueden ofrecer modelos de medición del impacto de todas estas intervenciones y programas de forma individual o incluso de manera combinada de tal forma que se gane en eficiencia y eficacia.
Por otro lado, la IA también permite la personalización de los acompañamientos adaptando los programas a las necesidades específicas de las personas. Por ejemplo, plataformas de IA pueden recomendar qué tipo de apoyo (financiero, educativo, laboral, de salud, etc.) es más apropiado para cada individuo o familia basándose en sus circunstancias particulares. Esto asegura que cada persona acompañada reciba el tipo de ayuda específica que le permitirá mejorar su situación.
Por tanto, la aplicación de la IA en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en nuestro país puede ofrecer un potencial significativo para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. Al permitir una predicción precisa y una respuesta proactiva a las crisis y al optimizar la distribución y efectividad de los recursos, la IA podría transformar la forma en que como sociedad estamos abordando estos desafíos complejos.
La Inteligencia Artificial (IA) está transformando el mundo del trabajo a una velocidad sin precedentes, ofreciendo tanto oportunidades como desafíos. En este epígrafe, exploraremos las luces y sombras de esta revolución tecnológica en el ámbito del empleo, analizando cómo la IA está creando nuevos puestos de trabajo y redefiniendo los existentes, mientras que también plantea amenazas de desplazamiento y reubicación de empleos. Al considerar tanto los beneficios como los riesgos, es crucial reflexionar sobre el impacto de la IA en diferentes grupos sociales y la necesidad de políticas que mitiguen los efectos adversos.
A pesar de las preocupaciones sobre la automatización, aquellas personas que ven la botella medio llena en este tema hacen referencia a dos elementos clave: la generación de oportunidades laborales y el empoderamiento de determinados perfiles que pueden valerse de la IA para liberarse de tareas repetitivas. Con respecto al primer argumento, parece obvio que a medida que las empresas adoptan tecnologías avanzadas, surgen necesidades de habilidades específicas que impulsan la creación de empleos en sectores sobre todo vinculados a la tecnología y al manejo de datos. Es segundo gran argumento que se esgrime para defender la IA es que, además de crear nuevos empleos, la IA está liberando a los trabajadores existentes de cargas poco creativas o satisfactorias. Es decir, al automatizar tareas repetitivas y sin valor añadido, estos perfiles liberan una buena parte de su tiempo, permitiéndoles así que se concentren en trabajos más creativos y de alto valor.
Sin embargo, junto con la creación de oportunidades, la IA también plantea serios desafíos. La automatización a buen seguro desplazará a trabajadores y trabajadoras, especialmente en roles rutinarios y repetitivos, eliminando buena parte de estos puestos de empleo.
El debate está abierto y son múltiples las estimaciones optimistas que dicen que la IA terminará generando más empleo del que destruya, pero también se reiteran las estimaciones en el sentido contrario que dicen que se destruirá más empleo del que se cree. Lo que parece evidente es que el empleo se trasformará y, más allá del saldo final, se generarán empleos en unos sectores y/o territorios y se perderán en otros. Lo que parece claro es que habrá perdedores, como en todas las crisis y transformaciones, y habrá que pensar y diseñar itinerarios de inclusión para aquellas personas a las que la moneda les salga cruz. Un enfoque proactivo de políticas e intervenciones ayudaría a mitigar los riesgos y aprovechar los beneficios.
Los sesgos algorítmicos representan uno de los mayores desafíos en la implementación justa y equitativa de la IA. Estos sesgos pueden perpetuar y amplificar desigualdades existentes, afectando a individuos y grupos vulnerables.
Por ejemplo, los sistemas de IA que diagnostican enfermedades de la piel han sido criticados por su menor precisión en personas con tonos de piel más oscuros debido a conjuntos de datos de entrenamiento que contienen principalmente imágenes de personas con piel clara. De manera similar, el software COMPAS utilizado en los tribunales de EE. UU. tiende a predecir con mayor probabilidad la reincidencia de personas afroamericanas en comparación con personas blancas, reflejando y reforzando prejuicios raciales preexistentes en el sistema de justicia penal.
Los sesgos de interacción en redes sociales pueden llevar a la creación de cámaras de eco donde se refuerzan las opiniones existentes y se excluyen otras perspectivas. Abordar estos sesgos mediante la implementación de estrategias de diseño y evaluación éticas es fundamental para asegurar que la IA sirva a la sociedad de manera equitativa.
El desarrollo y la implementación de la IA requieren recursos significativos, incluyendo acceso a grandes cantidades de datos, capacidades de procesamiento computacional avanzadas y talento especializado. Actualmente, solo un número limitado de empresas tecnológicas poseen estos recursos a una escala tal que les permite liderar el campo de la IA.
La concentración del poder de la IA en manos de unas pocas corporaciones puede aumentar la brecha de ingresos entre las empresas tecnológicas y otras industrias, situándolas en una posición privilegiada para influir en los marcos regulatorios y en las políticas económicas. Además, si el acceso a tecnologías avanzadas se limita a quienes pueden permitírselas, las desigualdades en el acceso a servicios críticos como la educación y la atención médica pueden aumentar.
Para que la IA sea beneficiosa y equitativa, es esencial una gobernanza ética y políticas públicas que aborden sus impactos. La adquisición y el desarrollo de las nuevas herramientas para la humanidad encuentran su valor y su riesgo en el para qué se utilicen y en el cómo se implementen. Por ello los sistemas de gobernanza de la esfera pública, especialmente de las administraciones estatales y supra estatales, tienen que asumir un papel crucial en la orientación de esta nueva herramienta y en la generación de políticas públicas que acompañen a la inteligencia artificial en su servicio a la humanidad.
En este sentido, la UNESCO[1] enfatiza la necesidad de una brújula ética en la IA, recomendando marcos regulatorios y medidas que promuevan la justicia, la equidad y la inclusión.
La IA representa una de las innovaciones más potentes y transformadoras de nuestra era, con el potencial de definir el curso de nuestro futuro colectivo. Para que esta tecnología cumpla verdaderamente el sueño de mejorar nuestra sociedad, es crucial diseñarla y desplegarla basándonos en una visión de futuro que refleje nuestros valores y aspiraciones más elevados, en lugar de simplemente replicar los patrones del pasado. Crear sistemas de IA que miren hacia adelante nos daría la oportunidad de reconfigurar nuestras estructuras sociales y económicas para beneficiar a todos, no solo a unos pocos. Este es el reto y la oportunidad que tenemos ante nosotros, y la visión de un futuro mejor debe guiarnos en cada paso del camino.
[1] UNESCO, Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Paris, 2022.
Los niños y las niñas son sujetos de Derechos Humanos. La Declaración Universal, y con posterioridad la Convención de Derechos de la Infancia de Naciones Unidas nos lo recuerda. Sin embargo, desde la infancia estamos generando una brecha, o brechas, que de no corregirse solo puede devenir en una sociedad y en un mundo todavía más desigual e injusto.
Una situación que nos habla de la falta de garantía de derechos humanos y de la insuficiente dedicación de las políticas sociales dirigidas a la infancia en particular y, a la familia en general, visualizando un proceso de transmisión de las dificultades socio-económicas de una generación a otra. En donde el mayor riesgo que tienen las personas que han vivido su primera etapa vital dentro de un hogar en pobreza, de sufrir problemas económicos y situaciones de pobreza en su vida adulta, es lo que denominamos transmisión intergeneracional de la pobreza.
Riesgo al que se le suma la sensación de falta de seguridad que muchos niños o niñas viven y que no les permite vivir sin miedos. Si no nos sentimos con seguridad, no es posible sentirnos con autonomía y libertad para tomar decisiones, por ejemplo. Algo que, si bien es importante en cualquier etapa o momento vital, en la infancia y, especialmente en momentos de transición a la vida adulta es esencial.
Dejar atrás los miedos y mirar hacia la auto confianza y seguridad de todos los niños, niñas y adolescentes es fundamental para caminar en romper la herencia de la pobreza. Entendiendo que, la pobreza en general, y de manera específica en la infancia y en las familias con hijos e hijas depende de decisiones políticas, en donde, España y sus sucesivos gobiernos, han destacado por su escasa capacidad de reducirla.
No obstante, cualquier sociedad que aspire a la justicia y a una igualdad de oportunidades real no debería considerar la inversión en la infancia como una responsabilidad exclusiva de los progenitores, sino como una tarea de toda la sociedad orientada al bien común. Es, por tanto, necesario y urgente diseñar una política pública específicamente dirigida a luchar contra la transmisión intergeneracional de la pobreza y la exclusión social a partir de una atención integral y coordinada desde las políticas públicas y las entidades de la acción social. Y, para ello, la visión integral de la infancia como punto de partida desde un enfoque de derechos humanos y el conocimiento de la realidad de los niños y niñas y del territorio constituye el criterio clave desde el que programar las políticas sociales.
Todo esto nos lleva a lo realmente importante: a los niños y a las niñas. El coste de desatender a la infancia es enorme. Hay que situar a la infancia como protagonistas dentro de un mundo de personas adultas. Solo una sociedad que prefiera la equidad y la cohesión social a la desigualdad y la precariedad, empezando por la infancia, estará dispuesta a realizar el esfuerzo de compartir los recursos y fortalecer los mecanismos colectivos de redistribución y protección.
De ahí la importancia de artículos como los que aparecen en el presente número de Documentación Social en donde se ponga de manifiesto que la infancia sí importa, en donde no son sólo un asunto de sus familias (que, sin duda lo son) sino de toda la sociedad en su conjunto. El presente de muchas personas, y especialmente el futuro de nuestra sociedad, depende de cómo protejamos las familias y especialmente a la infancia. Nuestra sociedad no puede permitirse embargar el bienestar futuro por no querer afrontar el presente de los niños y niñas.
Carolina Fernández, Subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos. Fundación Secretariado Gitano
Mónica Chamorro, Directora del Departamento de Educación. Fundación Secretariado Gitano
Mª Teresa Andrés, Directora del Departamento de Inclusión Social. Fundación Secretariado Gitano
Myriam López de la Nieta Beño, Técnica/Responsable Territorial de Departamento de Educación. Fundación Secretariado Gitano
Puedes encontrar a Mónica, Mª Teresa y Myriam en Linkedin.
La infancia gitana es uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y que sufre una desigualdad estructural y multidimensional, agravada por la discriminación: alta incidencia de la pobreza, grave desigualdad educativa con una elevadísima tasa de fracaso escolar, segregación escolar, y extrema exclusión social de los que viven en asentamientos chabolistas.
En la actualidad se calcula que la población gitana española es de 725.000-750.000 personas (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030), representando aproximadamente el 1,5% de la población total, y siendo una de las minorías gitanas más numerosas en Europa.
La falta de datos desagregados en los indicadores generales de situación social invisibiliza la realidad de las personas gitanas, y de la infancia gitana, y eso implica que en muchas ocasiones no se perciba la situación de grave desigualdad y discriminación estructural que les afecta y, en consecuencia, no se dé una respuesta adecuada a su situación específica desde las políticas públicas.
Todos los estudios específicos sobre la realidad de las personas gitanas constatan que la población gitana es uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad social y que sufre una desigualdad estructural y multidimensional; una situación que pasa de generación en generación agravada por el factor de la discriminación, y que afecta muy especialmente a la infancia.
En el caso de la infancia gitana, los principales factores diferenciadores respecto al resto de niños y niñas son: la alta incidencia de la pobreza y la extrema pobreza (la tasa de pobreza infantil en la población gitana asciende al 89%) (FSG/ ISEAK); la incorporación tardía al sistema educativo y su grave desigualdad y desventaja educativa, que se inicia en las etapas más tempranas y conduce a una tasa de fracaso escolar del 62% (chicos y chicas que no obtienen el graduado en ESO) (FSG); el impacto negativo de la segregación escolar en sus oportunidades de desarrollo; y la realidad de la infancia gitana en asentamientos chabolistas y de infravivienda, como expresión más grave de la pobreza, la segregación y la discriminación estructural (el 50% de quienes viven en asentamientos chabolistas son menores de 16 años) (FSG/ISEAK). A todo ello hay que añadir el componente de la estigmatización social y la discriminación.
De acuerdo a los datos específicos más recientes, la población gitana presenta importantes diferencias sociodemográficas en comparación con la población general. La población gitana es mucho más joven que la población general. Un 66% de las personas gitanas tienen menos de 30 años, y en la pirámide demográfica comparativa entre población gitana y no gitana, los menores de 10 años suponen un 11,5% en la población gitana frente al 4,7% en el conjunto de la población, y entre los 10 y los 19 años suponen un 12% frente al 5% del conjunto de la población (FSG/ ISEAK).
A pesar del progresivo descenso de la tasa de natalidad, destaca la alta prevalencia de niños y niñas en familias gitanas. A partir del cálculo de la estimación de población gitana en España (750.000 personas, según la Estrategia Nacional de Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020) (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030), estaríamos hablando de aproximadamente entre 170.000 y 180.000 niños y niñas gitanos. Además, los hogares de la población gitana son notablemente mayores en tamaño: casi un 50% viven en hogares de dos adultos con niños, frente al 32% del total de la población.
¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la infancia gitana en España?
La pobreza y la exclusión social afectan directamente y de manera grave a la infancia gitana. Según el Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza amplias capas de la población gitana se encuentran en riesgo de pobreza, el 86%. El indicador AROPE aplicado a los hogares gitanos asciende al 92%, y el 46% de las familias gitanas vive en situación de extrema pobreza, siendo el dato más alarmante el 89% de tasa de pobreza infantil, frente al 31,3% de la población infantil general: el 52% de los menores gitanos viven en hogares en situación de pobreza extrema y el 70% vive en un hogar en pobreza severa.
Ante esta situación, ¿qué fórmulas de protección existen? Desde 2020, la herramienta universal de protección social en España es el Ingreso Mínimo Vital, una prestación económica que tiene como objetivo prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas en situación de vulnerabilidad económica, y que cuenta además con un complemento específico en el caso de que haya menores en la unidad de convivencia (el llamado Complemento para Ayuda a la Infancia). Esta prestación, ideada como derecho subjetivo, ha sido objeto de un reciente estudio de la FSG (FSG/ ISEAK) para conocer el grado de alcance en la población gitana dados los niveles de pobreza que padece (realizado en 2023, en edición). Según los resultados preliminares, el IMV tiene un 29% de tasa de cobertura en la población gitana y una tasa de Non Take up del 71%, alcance muy bajo si lo comparamos con los datos del último informe de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)) que la cifran, para la población general, en el 35%. Cuando en los hogares gitanos viven uno o dos menores, esta tasa de cobertura asciende hasta el 35 y el 38% respectivamente, pero son porcentajes siempre inferiores a los alcanzados por la población general según el informe mencionado de la AIREF (38% y 44% para hogares con dos adultos y uno o dos menores respectivamente). Si en el hogar conviven tres o más menores, la tasa de cobertura comienza a descender, lo que afecta directamente a familias con situaciones más precarias por el número de personas convivientes y el hacinamiento que ello supone, con el consiguiente efecto negativo en los niños y niñas gitanos.
Una de las conclusiones de este estudio es que el IMV no reduce significativamente la incidencia de la pobreza, pero sí su intensidad en quienes la padecen, y tiene menor impacto en los hogares grandes con varias personas adultas y varios menores de edad.
También muy unido a la pobreza económica, las condiciones de vivienda de las familias gitanas son uno de los factores clave que marcan el desarrollo personal, educativo y social de los niños, las niñas y los adolescentes gitanos, y preocupa especialmente la situación en contextos de alta vulnerabilidad y exclusión. Según el último estudio realizado sobre la situación residencial de la población gitana en España (FSG/Daleph), el 8,63% de las viviendas de familias gitanas son consideradas infraviviendas porque no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, y el 2,17% de ellas son chabolas. Además, el problema de los altos precios de la vivienda en nuestro país, y el escaso parque de vivienda pública y social, conlleva problemas de hacinamiento en los hogares, además de numerosos desahucios y desalojos que dejan a muchas familias gitanas sin vivienda, y a sus hijos e hijas sin derecho a la misma.
La existencia de asentamientos chabolistas y de infravivienda es una realidad persistente en España durante décadas. Barrios muchas veces informales en los que habitan miles de personas, familias con niños y niñas, que ven conculcados muchos de sus derechos fundamentales, que padecen situaciones sistémicas de pobreza, exclusión, discriminación y falta de oportunidades, que se mantienen y transmiten generacionalmente. Según uno de los últimos estudios realizados sobre esta problemática (FSG/ISEAK), se estima que hay 23.419 personas que viven en asentamientos chabolistas y de infravivienda en España (más de 4.500 hogares), en su mayoría pertenecientes a minorías étnicas (77% gitanas), y la mitad menores de 16 años (40% menos de 6 años). La gran mayoría de la población de estos asentamientos está en situación de pobreza y exclusión social, con una tasa de riesgo de pobreza de 93% (99% en niños y niñas). Espacios donde se da una extrema precariedad y un alto nivel de deterioro de edificaciones e infraestructuras, y donde las viviendas no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, espacios muchas veces informales, con dificultades en el acceso y mantenimiento de suministros básicos como la electricidad, el agua potable (el 90% de las infraviviendas no tiene saneamiento y el 75% no dispone de agua corriente) o el gas, y espacios que en la mayoría de los casos se encuentran segregados de los núcleos urbanos próximos, donde la comunicación en transporte y la conexión con servicios y recursos públicos es difícilmente accesible. A todo ello hay que sumar la segregación espacial, el aislamiento físico, que hace difícil el ejercicio de la ciudadanía y limita las oportunidades de desarrollo: falta de interacciones comunitarias en contextos de ciudadanía, barreras de acceso al ocio, el deporte y la cultura, brecha digital, etc.
En estos contextos la transmisión intergeneracional de la pobreza está asegurada por la falta de oportunidades, las dificultades en la vida cotidiana y el efecto negativo en la construcción de la propia identidad, por el estigma que implica residir en este tipo de barrios para la interacción social y la convivencia con el resto de la sociedad, necesaria en la infancia y la adolescencia para una socialización adecuada; todo ello impacta negativamente en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes gitanos: riesgos para la salud y la seguridad, riesgos medioambientales, riesgo para sus expectativas de vida y su identidad, y riesgo para su formación y su promoción educativa, ya que el derecho a una educación inclusiva y de calidad no está suficientemente garantizado pues el 60% de los niños y niñas que viven en asentamientos acuden a un centro escolar segregado.
A esta situación de vulnerabilidad se unen los bajos niveles formativos que presenta la población gitana en términos generales. En los hogares con menores de 24 años el 51,4% tenía como nivel máximo de sus integrantes la educación primaria, el 40% la secundaria de primera etapa y sólo en el 8,4% de los hogares tenía presencia alguno de los niveles de la secundaria de segunda etapa o superiores. Casi un tercio de los hogares tienen a progenitores que o bien no fueron a la escuela o dejaron los estudios con 13 años o menos. (FSG)
Esta situación de exclusión repercute directamente en la escasa progresión educativa y social de la comunidad gitana ya que la precariedad de las condiciones de vida, los limitados ingresos, y la falta de referentes con niveles educativos que vayan más allá de la secundaria, no solo limitan los medios, recursos económicos y capital cultural que las familias gitanas pueden dedicar para la educación de sus hijos, sino también la posibilidad de tener éxito educativo, progresar socialmente y tener un trabajo y unos ingresos adecuados en el futuro que les permitan salir del círculo de la pobreza. Estos datos, con muy pocos cambios en una década, indican que hay una reproducción de la pobreza y que es necesario poner el foco, además de en medidas económicas y laborales, en el apoyo a las trayectorias educativas de esta población para que la pobreza no siga transmitiéndose intergeneracionalmente.
Estas desigualdades afectan con especial incidencia a las mujeres; tanto en el nivel educativo, con mayores tasas de analfabetismo (14%), menores porcentajes de titulación (15,5%) y menor presencia en estudios superiores (3%) que los hombres gitanos, al contrario de lo que sucede entre las mujeres de la población general. (FSG/ ISEAK).
La trayectoria educativa de este alumnado difiere de la del resto: tiene una esperanza de vida escolar mucho más corta, un ciclo educativo marcado por la entrada más tardía al sistema educativo y un abandono mayoritario entre los 16-17 años en su gran parte sin haber conseguido superar la secundaria obligatoria (FSG).
A los 16 años sólo el 53,7% se mantiene en el sistema educativo y dos años más tarde sólo permanece el 16,7%. El techo de este alumnado para los pocos que consiguen tener éxito es la etapa obligatoria (30% de titulados en ESO entre los 16 y 24 años).
Aunque la educación infantil tiende a normalizarse a partir de los 3 años, edad en la que se acerca bastante a las cifras del conjunto de alumnado, la tasa neta de escolarización hasta los cinco años está por debajo del dato nacional (51,4% frente al 68,7%).
La brecha con la población general es amplia en los primeros años con una diferencia de 9 puntos y no llega a cerrarse hasta los seis años. Esta etapa de atención temprana es crucial para el desarrollo psicológico y social de los menores, la estimulación de la comunicación verbal y el aprendizaje de las normas básicas de convivencia. En los grupos en situación de vulnerabilidad aporta también una socialización en rutinas, hábitos escolares y conocimientos que favorecen que el alumnado no llegue en desventaja a la educación primaria.
Esta situación tiene su origen en diferentes factores:
Las consecuencias que se derivan de estos factores son el fracaso escolar y los altos índices de abandono del alumnado gitano, la desmotivación y el escaso interés por reengancharse. Los datos sobre estos indicadores son muestra de ello (FSG):
Un 86,3% de la juventud gitana de entre 18 y 24 años había obtenido como máximo educación secundaria obligatoria (E.S.O) y no seguía estudiando. Según los datos nacionales hay un 13,3% de jóvenes en esa situación.
Las alternativas con las que se encuentran para continuar o reengancharse a la formación son escasas por la falta de flexibilidad del sistema para absorber a este alumnado (por ejemplo, los Ciclos Formativos de Grado Medio cortan el acceso a los que tienen peores calificaciones al no haber suficiente oferta). Además, entre los jóvenes que ni estudian ni trabajan (59,4%) hay muchas más mujeres: 67,9% frente al 50,6% de los hombres.
Los datos publicados recientemente de la Encuesta de Condiciones de Vida (Instituto Nacional de Estadística (INE)) revelan el incremento de la tasa de pobreza infantil. Aunque no aparezcan datos desagregados, sabemos que la infancia gitana está sobrerrepresentada en la pobreza, pero, además, está condenada a reproducir el ciclo de pobreza y exclusión durante generaciones si no se aborda su situación específica, en la que confluyen distintos factores estructurales de desigualdad, agravados por su origen étnico y la discriminación racial. Es necesario hacer frente a la pobreza infantil gitana con una perspectiva integral que cubra no sólo las carencias materiales, sino que aborde también las causas estructurales de la pobreza que se hereda, y eso pasa necesariamente por garantizar el derecho a la educación y a una vivienda digna.
Reducir la tasa de fracaso escolar del alumnado gitano debe ser un compromiso de las administraciones educativas para asegurar la igualdad de oportunidades, y para ello son necesarias actuaciones específicas y adaptadas de refuerzo y orientación educativa. Por otra parte, combatir la segregación escolar requiere de la puesta en marcha de medidas correctoras que garanticen una distribución equilibrada por centros educativos del alumnado con perfiles similares.
Los niños pobres viven en familias pobres. Reducir la pobreza severa de las familias pasa por la garantía de ingresos mínimos para una vida digna. El IMV todavía no está llegando a todas las familias potencialmente perceptoras del mismo, entre ellas muchas gitanas, hace falta ampliar su cobertura facilitando el proceso y eliminando barreras.
Por último, la Garantía Infantil es el instrumento financiero diseñado para prevenir y combatir la pobreza infantil garantizando el acceso de la infancia más vulnerable a un conjunto de servicios y recursos clave. La Garantía Infantil Europea, así como el Plan Estatal, hacen referencia de forma explícita a la infancia gitana como uno de los grupos que se enfrentan a desventajas específicas y que, por tanto, requieren especial atención en su ejecución. Sin embargo, existe el peligro de que los niños y niñas gitanos acaben quedando diluidos en este proceso de implementación de la Garantía Infantil, a pesar de ser reconocidos como uno de los grupos específicos cuyas necesidades deben ser particularmente consideradas. Para dar respuesta al mandato de la Garantía Infantil Europea y asegurar el impacto de las inversiones en la infancia gitana sería necesario establecer medidas, objetivos e indicadores desagregados específicos. En 2030 los Estados miembros deberían ser capaces de rendir cuentas sobre la reducción de la pobreza infantil gitana.
Faltan referentes. Hay muchos jóvenes que no tienen apoyo, que no tienen referentes, no tienen expectativas. (…) Muchas veces no es no queramos estudiar, sino que no podemos. Testimonio de Libertad Lozano, estudiante gitana de 16 años, para la campaña #EquidadEducativa de la Fundación Secretariado Gitano.
Asociación de Enseñantes con Gitanos. «La AEGIT ante la brecha digital y social en los contextos vulnerables y bulnerados (COVID-19)».2020. <https://www.aecgit.org/downloads/paginas_p1/77/brecha-digital-y-social-covid-19.pdf>.
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Segunda Opinión sobre el ingreso Mínimo Vital. Madrid, 2023. <https://www.airef.es/es/centro-documental/segunda-opinion-sobre-el-ingreso-minimo-vital/>.
European Union Agency for Fundamental Rights /FRA. Encuesta EU-MIDIS II. Luxemburgo: UE, 2017.
FSG. Estudio piloto exploratorio sobre la segregación escolar del alumnado gitano. Madrid: FSG, 2022.
—. La situación educativa del alumnado gitano en España. Ed. Fundación Secretariado Gitano. Madrid, 2023.
FSG/ ISEAK. «El impacto del IMV en la situación de pobreza de la población gitana». 2024.
—. «Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza.» s.f. <https://www.gitanos.org/estudios/estudio_comparado_sobre_la_situacion_de_la_poblacion_gitana_en_espana_en_relacion_al_empleo_y_la_pobreza_2018.html.es>.
FSG/Daleph. Estudio.Mapa sobre vivienda y Población Gitana en España. Madrid, 2015.
FSG/ISEAK. «Estudio sobre el perfil y la situación de las personas en los asentamientos chabolistas y de infravivienda en España». 2023. <https://www.gitanos.org/estudios/estudio_sobre_el_perfil_y_la_situacion_de_las_personas_en_los_asentamientos_chabolistas_y_de_infravivienda_en_espana.html.es>.
Instituto Nacional de Estadística (INE). «Encuesta de condiciones de vida». 2023. <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECV2023.htm>.
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. «Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del pueblo GItano 2021-2030». 2021. <https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/poblacion-gitana/estrategia-nacional/futura-estrategia.htm>.
—. «Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España 2012-2020.» MInisterio de Derechos Sociales y Agenda 2030″. 2012. <https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/poblacion-gitana/estrategia-nacional/estrategia-nacional-para-la-inclusion-social-de-la-poblacion-gitana2012-2020.htm>.
VVAA. «Crisis de la COVID-19: impacto en hogares de la comunidad gitana». 2020. <https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/ImpactoCOVID19PoblacionGitana.aspx>.
Ana Abril
Coordinadora equipo Incidencia Política y Análisis Jurídico, Cáritas Española
Puedes encontrar a Ana Abril en X (antiguo Twitter).
Transformar las situaciones de injusticia e impulsar cambios en las causas que generan desigualdad, pobreza y exclusión, forma parte de la misión e identidad de Cáritas.
De ahí el compromiso firme con promover cambios en la legislación y las políticas como vía imprescindible para el acceso y garantía de los derechos humanos de todas las personas en todos los ámbitos desde lo local a lo internacional. En este marco desarrollamos procesos de incidencia política que parten de las vulneraciones de derechos de las personas y pueblos con objetivo de revertir esas situaciones a través de la propuesta de políticas y de su efectiva aplicación.
Un momento especialmente importante para realizar propuestas que posibiliten una sociedad más justa se produce en las elecciones generales, cuando los partidos deben plasmar sus compromisos en los programas electorales. Cáritas, en cada convocatoria electoral, presenta a los partidos políticos sus propuestas con el objetivo de que, en un primer momento, sean incorporadas en los programas y, posteriormente, se desarrollen durante la legislatura concretándose en leyes y políticas que sean implementadas y evaluadas.
Determinar cuáles son estas propuestas es una decisión clave en una doble vertiente. Internamente implica fijar aquellos temas en los que Cáritas va a focalizar su acción de incidencia política en los próximos años a través de un proceso que establece las prioridades. Externamente supone optar por los ámbitos que consideramos prioritarios para la construcción del bien común, una elección de los espacios en los que avanzar hacia una sociedad más justa.
En expresión de Adela Cortina, edificar una sociedad justa es cosa de todos. Sin embargo, las personas en situación de exclusión participan en procesos electorales en mucha menor medida que las personas en situación de integración. Si la media de personas que no participan es del 6,5% en el conjunto de la población, esta cifra sube hasta el 13,9% en el caso de la población en situación de exclusión y el 17,5% en las situaciones de exclusión severa.
La desafección política de las personas que en situación de vulnerabilidad es una constante en todos los procesos electorales. Esto requeriría de una reflexión profunda como sociedad, ya que quienes más tendrían que sentir que las políticas públicas son la vía para garantizar los derechos, protección social, educación, vivienda, empleo, salud, … para la igualdad de oportunidades, para lograr esa red que protege a todas las personas, son las que perciben que los procesos políticos no tienen nada que ver con su situación. Esta pérdida del sentido de ciudadanía, de ser parte de la sociedad, es un factor claro de los procesos de exclusión donde las personas van estando cada vez más alejadas del espacio central de pertenencia e integración en la sociedad. La erosión del día a día, las múltiples situaciones de vulneración de derechos unas tangibles y otras sutiles, generan una distancia con las decisiones que se toman en los centros de poder.
La incidencia política tiene como objetivo promover o cambiar normas y políticas o su aplicación para el acceso efectivo y garantía de los derechos. Y también implica el fortalecimiento de la sociedad civil, esa sociedad civil de la que formamos parte todas las personas sin excepción, generando cauces de participación que vinculen a la ciudadanía (en un concepto que no excluye a nadie) con la toma de decisiones. Frente a la invisibilidad de las realidades de exclusión[i] la opción es ponerlas en el centro de la agenda pública y frente a la impotencia que genera desmovilización y desvinculación es generar espacios que equilibren las relaciones de poder, que ofrezcan vías de posibilidad para que quienes parece que no son relevantes tengan un lugar en los espacios de toma de decisión.
Desde todas estas perspectivas vinculadas a la incidencia política era imprescindible que las personas participantes en los proyectos de Cáritas fueran parte del proceso de definición de las propuestas políticas para las elecciones de 2023.
Y, desde un marco más amplio, responde a la identidad y misión de nuestra entidad, a nuestros valores y objetivos[ii] definidos en el V Plan Estratégico y a los procesos que se están desarrollando desde hace tiempo en las Cáritas Diocesanas que ponen la participación en el centro como factor transversal, requisito previo y necesario en todo proceso.
Por todo ello, en un proceso estratégico de definición de las prioridades de la organización en su acción de incidencia política, la participación directa forma parte de lo esencial.
Siendo la razón fundamental de los procesos de incidencia partir de las realidades de injusticia y de las vulneraciones de los derechos de las personas con el objetivo de impulsar normas y políticas que transformen esas situaciones, resulta evidente que quienes están sufriendo esas realidades deben formar parte de la identificación y elección de las prioridades.
Los tiempos políticos marcan los procesos de incidencia. De poco sirve un buen proceso si se llega tarde para poder influir en los espacios adecuados y con los actores oportunos.
Este proceso se inició casi dos años antes del final teórico de la legislatura (se inició en febrero de 2022 con elecciones previstas en diciembre de 2023) de modo que aun produciéndose el adelanto electoral el proceso estaba desarrollado y las propuestas definidas.
Identificación de las vulneraciones y priorización
A través de los proyectos de Cáritas de migraciones, vivienda, empleo, asentamientos, violencias machistas, infancia, personas en situación de sin hogar, empleo de hogar, mayores, trata, rural, … se propuso a las personas participantes en ellos incorporarse a este proceso de definición de las propuestas de Cáritas para las elecciones generales. También se incorporaron en él los grupos de participantes ya constituidos de forma estable en la Confederación.
A esta invitación se sumaron 990 personas en 95 grupos a lo largo de todo el territorio.
Este proceso ha estado marcado por las dos dimensiones, externa e interna. Esta doble vertiente de ser parte de la polis y de decisiones políticas y ser parte de Cáritas y de las opciones de la institución dio lugar a un primer momento, en los grupos de contexto y diálogo sobre las diversas citas electorales (locales, autonómicas y estatales) y un segundo momento, sobre el objetivo del proceso interno de definición de las propuestas de Cáritas.
La participación tiene una dimensión personal y colectiva. En lo personal ejerciendo esa ciudadanía activa que parte de nuestra implicación, visión y experiencia; y en lo colectivo porque solo desde la generación de comunidad, de sentido de corresponsabilidad, de vinculación con un propósito común podemos influir para transformar la realidad. De este modo, cada persona compartió las vulneraciones de derechos que constata en su vida e indicó cuáles serían sus prioridades para que Cáritas se centrara en ellas. Posteriormente, a partir de las reflexiones y aportaciones personales se alcanzaron conclusiones colectivas priorizando dos ámbitos en cada uno de los grupos.
Las conclusiones de estos grupos con la identificación de vulneraciones de derechos y la priorización de los focos para la incidencia política generaron un análisis global de prioridades entre las que destacaron temas relacionados con el empleo, la vivienda y las vías de regularización de las personas migrantes. Ese análisis también reflejó temas transversales que tienen un efecto en el acceso a los derechos, así de forma reiterada reflejaron barreras como la administración electrónica o la complejidad de los trámites en diferentes ámbitos.
Las conclusiones de estos grupos fueron la base sobre la que desarrollar la segunda fase del proceso. En esta fase, siguiendo la metodología del árbol de problemas en los procesos de incidencia política[iii], se trabajó en 15 espacios temáticos, partiendo de las vulneraciones de derechos definidas, los efectos y las causas de esas vulneraciones definiendo la causa prioritaria.
El proceso tenía como objetivo determinar las propuestas políticas para las elecciones generales, pero todo lo que emergiera de este proceso participativo era relevante, todo es reflexión y aportaciones que podían enriquecer procesos también en otros ámbitos. Por ello, esta fue una de las claves desde el inicio: todo suma.
Dos ejemplos de resultados que aportaron a otros procesos:
El compromiso de Cáritas no es solo presentar las propuestas a los partidos para que los incorporen en los programas electorales, sino que estas propuestas constituyen las prioridades de incidencia política durante la legislatura, el eje de un trabajo hondo y sostenido que para ser viable implica que las propuestas tengan que estar muy ajustadas en número.
Por ello el proceso previo realizado por los grupos de participantes y los grupos temáticos fue llevado a una jornada en la que, partiendo de los resultados y las conclusiones alcanzados, era necesario optar por 8 propuestas.
En una jornada en las que participaron representantes de los 15 grupos con personas de las Cáritas Diocesanas y de los grupos de participantes se priorizaron 8 causas relacionadas con leyes y políticas para que constituyeran las propuestas políticas en las elecciones generales de 2023.
Esta priorización se realizó desde el diálogo, las reflexiones compartidas, las vinculaciones existentes entre lo identificado por unos grupos y otros, y también estuvieron presentes las dudas, la esperanza o el escepticismo de los cambios reales posibles en las políticas.
Como hemos señalado este es un proceso clave en la institución que requiere un proceso de aprobación en los órganos confederales. Este aspecto fue señalado y explicitado en el proceso previo y en la jornada de priorización, para que el conjunto de participación y construcción interna del proceso fuera compartido.
Aprobado el documento de propuestas políticas para las elecciones generales, además de la estrategia de interlocución política, es clave que los agentes de Cáritas y el conjunto de la sociedad conozcan y se identifiquen con las propuestas para una sociedad más justa, y para ello se desarrolló una estrategia de comunicación y sensibilización.
Todo ello fue presentado, antes de ser lanzado públicamente, en una jornada a la que fueron invitadas todas las personas que participaron en el proceso. En esa jornada se rindieron cuentas del conjunto del proceso, de los resultados de cada fase, de las propuestas y de la estrategia de comunicación. De esto modo, todas las personas que formaron parte del proceso en alguna de las etapas pudieron tener una devolución directa de los resultados y un espacio abierto de intercambio y aportación.
Las propuestas fueron presentadas en reuniones con los partidos políticos señalando el proceso de participación que había dado lugar a las mismas. Posteriormente se realizó en análisis de los programas electorales en cuanto a la incorporación y en qué medida de las propuestas realizadas por Cáritas.
Este proceso ha sido un paso en un camino a consolidar y profundizar. La participación de las personas en situación de vulnerabilidad en la institución y en la construcción del bien común, siendo parte central de la sociedad que, conjuntamente, queremos construir, es imprescindible.
Desde esa premisa este proceso nos marca aprendizajes para el futuro. Algunos de ellos son:
Algunos grupos de participantes existían previamente, otros se constituyeron con motivo de este proceso, en unos y otros constatamos la valoración positiva por participar en este proceso[v] y en los segundos, el deseo de dar continuidad.
En todos ellos la conciencia clara de los derechos y de su vulneración fue una constante y la conciencia de que la vía grupal y colectiva de defensa de los derechos es una alternativa ante los riesgos que a veces implica la defensa individual[vi].
Este proceso ha constituido un paso significativo en la participación vinculada a la toma de decisiones interna en un proceso estratégico como es la definición de las prioridades de incidencia política y en la vinculación con la construcción de lo público para generar un cauce de influencia en los actores políticos. La voluntad es seguir consolidando procesos de participación como principio transversal para el ejercicio de los derechos y porque solo alcanzaremos una sociedad justa si todas las personas somos parte imprescindible de ese proyecto.
[i] “Este precariado político tiene una especial incidencia en el precariado social. Las personas al margen de lo social son también personas al margen de lo político. La exclusión social, como se analizó en el capítulo anterior, es una exclusión discursiva: sin voz ni visibilidad”. Sebastián Mora. “Voces insólitas. La participación de las personas en proceso de exclusión en el tercer sector de acción social como espacio político”
[ii] “La advocacy promueve el reparto equitativo del poder” Un modelo de advocacy ignaciana Frank Turner sj https://www.educatemagis.org/wp-content/uploads/2015/10/ian_esp_online1-Ign-Adv-Netw-SP.pdf
[iii] Manual para la facilitación de procesos de Incidencia Política. Wola https://www.wola.org/wp-content/uploads/2005/06/atp_manual_para_facilitacion_jun_05-1.pdf
[iv] La participación de las personas y familias vulneradas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos: propuestas de Cáritas para la 2ª Estrategia Nacional Integral para Personas sin hogar. Sonia Olea. Documentación Social
[v] “A los participantes en este proceso nos ha parecido muy interesante, gratificante, interactivo y sobre todo valoramos haber podido poner voz a nuestros derechos vulnerados”. Grupo de participantes.
[vi] El Informe de Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar, elaborado por Cáritas mostraba como el 68% de las personas no denunciaba situaciones de vulneración de derechos por miedo a perder su trabajar y el 23% (se incrementaba hasta el 48% en el caso de los temporeros) por sentir que no iba a tener ningún resultado.
Número 15, 2023
Esteban Buch Sánchez. PhD. en Trabajo Social. Coordinador General Diaconía España. .
Cristina Yebra Gómez. Especialista en prevención del suicidio. Coordinadora del proyecto Zoé (prevención del suicidio), Diaconía España.
Vilma Hidalgo López-Chávez. PhD en Psicología. Técnica de Proyectos de Diaconía España.
Puedes encontrar a Esteban Buch en Linkedin, Google Académico y ReasearchGate; a Cristina Yebra en Linkedin y a Vilma Hidalgo en Linkedin y ReasearchGate.
Son muy limitadas las iniciativas sociales que aborden la prevención del suicidio como un objetivo de la intervención con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. La comprensión del suicidio se ha complejizado en el ámbito de la construcción de conocimiento científico; pero en la práctica profesional, persiste como un problema de salud, a solucionar desde perspectivas disciplinares que fragmentan un fenómeno que es de naturaleza multidimensional, donde confluyen múltiples factores en relación y sobre el cual, las desigualdades sociales, las condiciones de pobreza, exclusión social y situaciones de vulnerabilidad, tienen una notable y reconocida influencia.
En ese sentido, durante la experiencia de trabajo en Diaconía con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad se ha identificado la necesidad de la cuestión del suicidio como una problemática que necesariamente debe estar presente en las estrategias de intervención en el ámbito de la acción social.
De acuerdo con lo anterior, es necesario abordar el suicidio desde las problemáticas que rodean a las personas en condición de vulnerabilidad. Estudios realizados en diversos países han demostrado que en los períodos de crisis e inestabilidad económica se tienden a intensificar los indicadores de suicidio. Entre otros, se hace referencia a la cronificación de la pobreza, los desahucios, ejecuciones hipotecarias, migraciones forzosas, la falta de vivienda accesible, la precariedad laboral y el desempleo de larga duración (Navarrete, Herrera y León, 2019). El impacto emocional de estas circunstancias trae aparejado vivencias asociadas al sufrimiento, la desesperanza, la pérdida del control sobre la vida, el quiebre de proyectos futuros y con ello, experiencias subjetivas desencadenantes de alteraciones emocionales y conductas de riesgo que pueden precipitar el acto suicida.
Otros estudios registran una fuerte correlación entre el desempleo de larga duración y los factores de riesgo de suicidio. Crawford y Prince (1999), constataron el aumento de las tasas de suicidio en jóvenes hombres desempleados que vivían en condiciones de extrema privación social. Por su parte, Nordt, Warnke, Seifritz y Kawohl (2015), tras analizar los datos de 63 países de todo el mundo en el año 2000 y 2011 evidenciaron que una de cada cinco personas que se quita la vida, lo hace por causas relacionadas con el desempleo, aunque este comportamiento tiene diferente impacto y grados de expresión según el entorno. En términos porcentuales, The Lancet Psychiatry (2011), estimó que el aumento del riesgo relativo asociado al desempleo oscila entre un 20%-30%.
Esta relación entre factores de exclusión y riesgo de suicidio también ha sido constatada desde la experiencia de Diaconía en la atención con colectivos en situación de vulnerabilidad, específicamente con mujeres víctimas de trata y explotación sexual, solicitantes de asilo y protección internacional y personas migrantes, personas en situación de sinhogarismo. Es necesario resaltar que sobre este tema la producción del conocimiento ha sido limitada. Por lo general, la literatura profundiza en los efectos de las desigualdades sociales y situaciones de exclusión sobre la salud mental, relegando a un segundo plano al suicidio como objetivo central de investigación.
Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género se encuentra detrás del 25% de los suicidios de mujeres y el riesgo de ideación suicida es hasta 12 veces superior en las mujeres la vivencian. Este comportamiento resulta relevante cuando se conoce que, en España, entre un 15 y un 20 por ciento de las mujeres ha sido víctimas de violencias y de ellas, un 60% presentan problemas psicológicos graves o moderados. Un estudio realizado sobre esta problemática demostró que el 80% de las víctimas de violencia de género habían pensado en el suicidio como única opción de salir de su situación y que, de ellas, un 65% había tenido uno o más intentos autolíticos (Observatorio de Salud de la Mujer, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005).
Para las víctimas de trata y explotación sexual, los factores de riesgo se agravan, pues experimentan situaciones de extrema violencia psicológica, física, sexual, aparejado a coerciones y amenazas que atentan contra la libertad y dignidad de las mujeres. Se estima que, en España, un total de 45.000 mujeres y niñas se encuentran en situación de prostitución, de las cuales el 90 y el 95 por ciento de ellas son víctimas de trata (Ministerio del interior, Gobierno de España, 2021). El sufrimiento generado ante una exposición constante a situaciones atemorizantes, con pérdida del espacio de seguridad, desencadena, con frecuencias, problemáticas asociadas a crisis de ansiedad aguda y cronificada, estrés postraumático, trastornos del sueño, episodios disociativos.
En cuanto a los colectivos migrantes, como todo proceso de transición, la migración constituye un periodo de desequilibrio personal y familiar, que implica cambios vitales profundos y disruptivos, con alta carga de estrés e incertidumbre. Si bien, no existe una relación directa entre la migración, el suicidio y las enfermedades mentales, la tensión cotidiana que supone el proceso de adaptación, aparejado al desconocimiento del ambiente y a las barreras propias del lugar de destino, puede desencadenar situaciones que atentan contra la salud e integridad psicosocial de la persona migrante. La acumulación de factores de riesgo aumenta ante condiciones de exclusión social, vivencias discriminatorias, carencia de redes de apoyo social, barreras de acceso a los servicios básicos, situaciones de irregularidad y duelo migratorio.
A los factores de riesgo antes mencionados, podrían sumarse otros relativos al trauma psicológico de haber experimentado conflictos violentos en sus lugares de procedencia, la incertidumbre en cuanto a la situación administrativa y los plazos para su resolución y en algunos casos, los niveles de estigmatización y discriminación en las comunidades receptoras. Estos factores de riesgo tienden a agravarse en las personas solicitantes de asilo y protección internacional, quienes, por lo general, han vivido situaciones traumáticas en sus lugares de procedencia. Una investigación realizada en la Unidad de Conducta Suicida UPII Cicerón, identifica que un 16% de las personas refugiadas y desplazadas por las guerras tiene ideas de suicidio.
La relación entre suicidio y factores de exclusión social también queda patente en las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo, fenómeno que ha crecido en un 24,5% en los últimos diez años. En referencia con el sinhogarismo, algunos estudios han abordado este fenómeno en relación con el suicidio. Sin embargo, cabe destacar que sobre esta cuestión existe una escasísima producción científica. Y es que, si en la introducción hacíamos alusión a los factores acumulativos como constituyente del riesgo de conducta suicida, debemos de asumir que quienes mayores factores de riesgo acumulan en la población general son las personas sin hogar (Calvo-García , Giralt Vázquez, Calvet Roura, & Carbonells Sánchez, 2016) ya que presentan tasas sumamente superiores a la de la población general en problemas de salud mental (Ball, Cobb-Richardson, Connolly, Bujosa, & O`Neal, 2005) y enfermedades crónicas (Toro, Tricckett, Wall, & Salem, 1991), a parte de la grave situación de exclusión social que aumenta la precariedad bio-psico-social (Moreno-Márques, 2009).
Por otro lado, desde Diaconía asumimos el reto de trabajar por la prevención del suicidio, poniendo especial énfasis en los grupos vulnerables que atendemos desde la entidad (solicitantes de asilo y refugio, víctimas de trata de seres humanos y personas sin hogar y en riesgo de exclusión social). Desde entonces, entendimos que como entidad social no solo nos podemos limitar a la sensibilización, sino que es necesario dirigir nuestras acciones de prevención al plano de la intervención. No nos referimos a la intervención sobre la conducta suicida ni hacemos alusión al proceso terapéutico, pues consideramos que estas situaciones deben ser tratadas por expertos sumamente cualificados y especializados en esta materia. Cuando hablamos de intervención, nos referimos a realizar acciones preventivas dentro del marco de la intervención social de los programas de la entidad. Partiendo de este marco, recomendamos dos tipos de actuaciones: Intervención y protocolos.
Ball, S., Cobb-Richardson, P., Connolly, A., Bujosa, C., & O`Neal, T. (2005). Subtance abuse and personality disorders in homeless drop-in center clients: symptom severity and psychotherapy retention in a randomized clinical trial. Comprehensive Psychiatry(46), 371-379.
Calvo-García, F., Giralt Vázquez, C., Calvet Roura, A., & Carbonells Sánchez, X. (2016). Riesgo de suicidio en población sin hogar. Obtenido de Clínica y Salud: https://www.elsevier.es/es-revista-clinica-salud-364-pdf-S1130527416300238
Crawford MJ., y Prince, M. (1999). Increasing rates of suicide in young men in England during the 1980s: the importance of social context. National Library of Medicine, 49(10); p.1419-23.
Lemmi, V., et al. (2016). Suicide and poverty in low-income and middle-income countries: a systematic review. The Lancet Psychiatry. 3. 774-783. 10.1016/S2215-0366(16)30066-9.
Ministerio del interior. (2021). Trata y explotación de seres humanos en España Balance estadístico 2017-2021. Gobierno de España.
Moreno-Márques, G. (2009). Characteristics and profiles of homeless people in Bizkaia. The challenge of a diversified attention, 37-57.
Navarrete,M.E., Herrera, j. y León, P. (2019). Los límites de la prevención del suicidio. Revista de la Asociación de española Neuropsiquiatría, vol. No (135); p.193-214.
Nordt, C., Warnke, I., Seifritz, E., y Kawohl, W. (2015). Modelling suicide and unemployment: a longitudinal analysis covering 63 countries, 2000-11. National Library of Medicine, 2(3), 239-45.
Observatorio de Salud de la Mujer. (2005). Informe de Salud y género. Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid.
Toro, P., Tricckett, E., Wall, D., & Salem, D. (1991). Homelessness in the United States. Anecological perspective. American Psychologist, 1208-1218.
Andrea Martín Gallego. MA in Social Science. Universidad Carlos III- Instituto Juan March
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Los sistemas democráticos no surgen ex nihilo. Estos han sido diseñados en momentos históricos concretos por actores políticos con intereses personales y colectivos, modelando los proyectos para generar lo que consideran óptimo. Las instituciones cumplen funciones latentes y manifiestas contribuyendo a la transformación o reproducción del status quo. Al centrar los análisis en los outputs electorales perdemos de vista los procesos y dinámicas políticas que los encuadran y generan (Moreno Pestaña 2021).
Un análisis rico y realista de los resultados será aquel que discuta los factores estructurales que interaccionen con los sistemas representativos para dar cuenta de la generación de bolsas de ciudadanía pasiva en España. En otras palabras, aquellos que contemplen la falta de integración social como motor de la apatía política.
En las sociedades occidentales las democracias se han configurado como sistemas políticos que permiten a la ciudadanía cambiar el gobierno mediante la participación en las elecciones. Consecuentemente, quienes participan en los comicios tienen más probabilidad de ver sus demandas representadas, interviniendo directa o indirectamente en la toma de decisiones (Lipset 1959). Para que el funcionamiento sea óptimo, quienes están dentro del sistema parlamentario han de considerar las demandas de los votantes; por el contrario, la ciudadanía ha de asumir críticamente las decisiones tomadas por los políticos (íbid.). Esta teoría, sin embargo, no se refleja fielmente en la práctica (gráfico 1).
Los sistemas democráticos en los que el voto es la forma hegemónica de participación política asumen que la norma es acudir a los comicios. La otra cara de la moneda, la abstención electoral, es una desviación de la virtud democrática de la ciudadanía. La apatía política no se distribuye aleatoria ni homogéneamente entre los estratos sociales, formándose bolsas de ciudadanía pasiva con características notablemente distintas a aquellas que sí participan. Acudir a los comicios o participar en política no está exclusivamente motivada por razones utilitarias (Linz & Stephan 1996), sino que las estructuras sociales facilitan o dificultan la estabilidad, eficacia y eficiencia de los sistemas democráticos. Por tanto, las explicaciones para la ausencia de ciertos sectores sociales en la vida política vertebradas por un solo factor, ya sea económico, ideológico o la voluntad individual, son parciales al carecer de visión panorámica y aproximación sociológica (Sen 1992).
El abstencionismo es un comportamiento político preocupante tanto por la omisión de demandas de la ciudadanía pasiva como por el peso extraordinario que tiene el voto de aquellos que sí lo hacen. El desbalance participativo junto a las diferencias sociales y económicas de cada bloque se traducen en un cortocircuito representativo en la toma de decisiones y la distribución de sus consecuencias, como el impacto de las externalidades positivas y negativas de las decisiones económicas, laborales o ambientales. Para llenar las democracias formales de significado práctico y político es necesario conocer las dinámicas sociales y los mecanismos institucionales y organizacionales que generan desigualdades jalonando el ideal representativo (Moreno Pestaña 2021).
Las personas excluidas políticamente, los abstencionistas, no se involucran en partidos u organizaciones del tercer sector y tampoco son representantes políticos, suelen encontrarse en situación de exclusión social. El carácter dinámico, multidimensional y procesual de la exclusión social (FOESSA 2019b) hace que personas que siguen distintos itinerarios exclusógenos acaben manifestando comportamientos políticos parejos. Precisamente, reconocer la entidad de la exclusión social como fenómeno social y decisión política es crucial para no asociar espuriamente factores que pueden influir en los procesos y resultados electorales.
La abstención trasciende las barreras electorales y permea en todos los tipos de participación política. Parece ser que las personas en situación de exclusión social también son menos tendentes a involucrarse en asociaciones del tercer sector, promover iniciativas ciudadanas y ser miembros de partidos políticos y sindicatos (FOESSA 2019a; Justel 1990; Trujillo & Gómez 2011). Es decir, no solo las personas en situación de exclusión social no son representantes si no que están infrarrepresentadas a través de todas las vías de participación política.
Tras la celebración de las elecciones municipales y algunas autonómicas el pasado 28 de mayo todas las miradas y los análisis tratan de vaticinar los resultados de los comicios nacionales del 23 de julio. Todas las lecturas de la pasada y futura jornada electoral están vertebrados por la división exacerbada de los partidos de derechas e izquierdas, así como la importancia del bloque abstencionista.
En las últimas elecciones la tasa de abstención fue la más alta desde el año 2007, habiendo 104 municipios en los cuales el 50% de la población no acudió a las urnas (Sangiao 2023). Para explicar la pasividad ciudadana se ha recurrido al castigo de los votantes de izquierdas, la desafección política generalizada y a la privación material. Todos estos factores dan cuenta parcialmente del fenómeno, pero la discusión es más exhaustiva al observar las motivaciones abstencionistas desde las distintas dimensiones de la exclusión.
Hay un vasto corpus teórico señalando a la pobreza y a la exclusión social como motores abstencionistas (Geys 2006; Riba & Cuxart 2000; Wolfinger & Rosenstone 1980). Estos conceptos están interrelacionados, pero debemos reconocer su singularidad para poder abordarlos de forma separada. El concepto de exclusión se escinde del de pobreza dado que al profundizar en el segundo se observa la emergencia del primero. Este incluye a personas socialmente vulnerables sin sufrir necesariamente privación económica severa.
El nivel de conflictividad en el barrio y dentro del hogar, el estado y propiedad de la vivienda, situación laboral, estado de salud, nivel educativo o el grado de involucración en la comunidad son los factores exclusógenos con los que FOESSA clasifica a las personas en el continuo de integración y exclusión. Esta variedad evidencia la diversidad de itinerarios de exclusión posibles en un contexto donde la propiedad de la vivencia es un tema candente, desmantelamiento de la salud pública y desaparición de la función integradora del trabajo (Laparra 2001). Con ello sugiero que las personas en situación de exclusión social pueden ser muy distintas ente sí, pero todas coinciden en no encontrarse perfectamente integradas en las sociedades, no siendo partícipes de su vida pública.
En cuanto estas divisiones entre excluidos e integrados políticamente cristalizan, los primeros están sistemáticamente infrarrepresentados redundando en la sobrerrepresentación de los segundos, quienes tienen con más recursos económicos, socio-relacionales y políticos. El último recurso mencionado es especialmente interesante dado que quienes más declaran no participar en las elecciones nacionales en las encuestas de FOESSA, la mayor parte no se definen ideológicamente, ya sea porque no saben o no contestan (gráfico 2). Asimismo, también es menos probable que tomen parte de iniciativas ciudadanas, menos aún en sindicatos o partidos políticos. Las personas en situación de exclusión social parecen contar con menos recursos y facilidades para configurar su ideología, no contando con los recursos internos ni externos que motiven su activación política.
Estar incluido en la sociedad, participar de ella y contribuir con la configuración de los espacios públicos y políticos, es fundamental para sentirse capaz y motivado para intervenir en la vida política. Las maneras de conseguirlo son tan diversas como los itinerarios exclusógenos. Las alternativas son diversas, como por ejemplo eliminar trabas burocráticas, favorecer la accesibilidad en las ciudades, frenar el desmantelamiento de los servicios sanitarios y educativos o promover la creación de iniciativas ciudadanas (FOESSA 2019; Moreno Pestaña 2021).
De cara a las próximas elecciones y debates sobre los sistemas representativos y gubernamentales sería interesante incluir nuevas líneas argumentales. Además de prestar atención a la ubicación ideológica individual en el espectro de izquierda y derecha es necesario considerar cómo la jerarquización de las instituciones y organizaciones políticas condicionan igualmente la abstención. Se debe visibilizar y poner en valor las plataformas locales y movimientos sociales dado que favorecen el acceso del grueso de la ciudadanía en procesos decisivos y de intervención social. La abstención electoral es el síntoma más sangrante de la exclusión política, pero no por ello han de desatenderse otros indicadores del desafecto con el sistema político y representativo.
La exclusión política es un cortocircuito democrático; la inclusión social parece ser de los pocos antídotos contra ello.
FOESSA. (2019a). Desigualdad Y Participación Política. Madrid: FOESSA
FOESSA. (2019b). VIII informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Madrid: FOESSA.
Geys, B. (2006). Explaining voter turnout: A review of aggregate-level research. Electoral Studies, 25:637-663.
Justel, M. (1990). Panorama de la abstención electoral en España. Revista de Estudio Políticos (Nueva Época), 68:343-396.
Laparra, M. (2001). Una Perspectiva De Conjunto Sobre El Espacio Social De La Exclusión en Pobreza y exclusión: la ‘malla de seguridad’ en España, editado por L. Moreno. Madrid: CSIC Politeya.
Linz, J. J., & Stepan, A. C. (1996). Toward consolidated democracies. Journal of Democracy, 7(2), 14-33. doi:10.1353/jod.1996.0031
Lipset, S.M. (1960). Political Man: The Social Basis of Politics. New York: Double-day.
Moreno Pestana, J.L. (2021). Los pocos y los mejores. Madrid: Akal.
Sangiao, S. (2023) ‘La España que no vota: en 104 municipios se abstuvo más de la mitad de la población.’, El Público. https://www.publico.es/politica/espana-no-vota-104- municipios-abstuvo-mitad-poblacion.html
Riba, C., & Cuxart, A. (2000). Associationism and electoral participation: a multilevel study of 2000 Spanish general election. Journal of Economic Literature Classification:1- 33.
Sen, Amartya. 1992. Sobre conceptos y medidas de pobreza. Comercio Exterior, 42(4):310-322.
Trujillo Carmona, M., & Gómez Fortes, B. (2011). Los excluidos también pueden votar: abstención y exclusión social en España. Fundación Alternativas.
Wolfinger, R. E, & Rosenstone, S. J. (1980). Who Votes?. New Haven: Yale University Press.
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Antonio Izquierdo Escribano, Catedrático de Sociología de la Universidad de A Coruña.
Me propongo dialogar con los lectores sobre un malestar que nos aqueja como sociedad. Aún no sé cómo medirlo, pero sí como expresarlo. Me inquieta que nos importen más las palabras que los hechos y que los gritos ahoguen los razonamientos. Que nos entreguemos en cuerpo y alma al poder de las gargantas y de la propaganda, en lugar de atender al pensamiento y la ciencia. Que prevalezca con tanto descaro la cultura de la declaración frente a la cultura de la experiencia.
En el mes de mayo hemos vivido dos acontecimientos que revelan la fuerza de la cultura para dividir a las personas. Uno ha sido el racismo en el fútbol y otro la supuesta inmortalidad del terrorismo etarra. Un racismo primario que se cimenta en el color de la piel. Y una herencia sanguinaria que persigue a los descendientes hasta el fin de sus días. Son dos mecanismos culturales para jerarquizar a los grupos humanos.
Cuando etiquetamos según una única categoría falseamos la realidad porque todos tenemos varias afiliaciones y formas de identificación. Mujer, madre, viuda, limpiadora, católica, andaluza, etcétera. Marcar a una población por el color o por un pasado tiene serias consecuencias para sus vidas ¿Expulsarlos, ilegalizarlos? Pero además cualquier clasificación rígida que reduce la diversidad y la pluralidad de las gentes a una dimensión asfixia el conocimiento. No es sólo un error político y ético sino también epistemológico.
La racialización y la mistificación de ETA expresan la fuerza de la agresión cultural. Una muchedumbre violenta ha gritado mono y tonto a un jugador negro. Y una masa mediática ha ahogado la voz particular de los municipios. La realidad es que ninguno de estos hechos sirve para que mejore el equipo de fútbol ni la calidad de nuestra vida cotidiana. Me pregunto a qué obedece esta explosión de individualismo zoológico y de agresividad electoral. Lo cierto es que nuestra democracia actúa más como una concha que como una esponja. Elegimos repeler antes que absorber.
Hasta hace poco, el trabajo se bastaba para integrarnos en la sociedad. Ya no. El trabajo no da para mantener el decoro ni para elaborar la identidad. No cubre las necesidades básicas ni nos permite elegir la manera como nos vemos. No podemos pagar vivienda, comida y medicamentos, ni tampoco cultivar nuestra imagen como consumidores. La clase social pierde fuelle ante la estratificación del poder de compra y el estado de derecho no consigue moderar el rechazo cultural y la desigualdad económica.
En esta situación el miedo social busca un flotador identitario (ideológico o racial) para evitar que la humillación laboral nos separe de la sociedad. Ese salvavidas es el de una marca cultural dominante. Eso explica que el censo electoral tenga más fuerza identitaria que un censo demográfico. El paso siguiente es el de negarle al inmigrante la ciudadanía o distinguir entre buenos y malos españoles. El color de la piel o las banderas se utilizan para comerciar con los sentimientos y obtener un beneficio.
Los dos episodios que nos ocupan (el racismo y el nacionalismo furioso) revelan un deslizamiento de la cuestión social hacia la división cultural. La exclusión cultural implica apartar a seres humanos de los compromisos y hábitos en los que nos reconocemos. Desligarlos de lo que es común a nuestra humanidad que no es otra cosa sino la pluralidad de identidades, es decir, el ser diversamente diferentes. Los marcadores culturales (idioma, religión, jerarquía racial, alimentación, costumbres, etcétera) evolucionan con el tiempo y las circunstancias.
En los informes Foessa nos preocupamos por medir las privaciones que amargan nuestras vidas. A eso le llamamos exclusión social. Distinguimos ocho dimensiones que condensan las desgracias que afligen a los hogares. Dos de esas brechas son la participación política y la conflictividad social. Ambas dan lugar a prácticas culturales que incluyen o excluyen. El racismo y la estigmatización del pasado son dos prácticas culturales que envenenan la convivencia y desvirtúan el objeto de la votación.
Entonces, ¿a qué llamamos cultura?
Las dos ideas más comunes de cultura nos hablan de obras espléndidas y de un conjunto de valores y costumbres. Hay una tercera acepción que es la cultura del consumo. Vivir para comprar. Y aún podríamos añadir una cuarta voz, a saber, el proceso de desarrollo espiritual que amuebla la cabeza masticando las experiencias. De todas un poco y de ninguna en exceso.
Desde estos supuestos culturales integraría tanto los hábitos que aplicamos en la vida cotidiana como el patrimonio acumulado en la sucesión de generaciones. Una forma de vivir, de pensar y de comunicarnos donde la palabra y la experiencia son prácticas culturales que nos juntan o separan.
Me inquieta que la realidad virtual o la inteligencia artificial nos insensibilicen ante la experiencia que hemos vivido en los últimos años. Los trabajadores inmigrantes recogieron y transportaron los alimentos durante el confinamiento; y la política de los ERTES o la subida del salario mínimo protegieron a los más vulnerables en la pandemia. Estoy cuestionando la metamorfosis de la cuestión social en exclusión cultural.
Es verdad que la masa que asiste a los encuentros de fútbol no refleja a la población española por edad, sexo o clase social. Al fútbol no van las élites, ni los pobres, pero sí las clases medias inseguras. Esas que votan contra la inmigración en toda Europa. También es cierto que más de un tercio de la población se ha desentendido de las elecciones municipales y que a los inmigrantes no se les considera ciudadanos con derecho a voto. Esto supone que más del 40% de la población adulta no se siente políticamente incluida. La mayoría de los desafectos son ciudadanos de título, pero no de hecho. Los otros ni eso.
Sabemos que en los sucesos de mayo de 2023 se combinan, en dosis distintas, la cuestión social y la exclusión cultural, pero mi conclusión es que los impulsos identitarios que nos separan se han impuesto a las razones solidarias que nos integran.
Lorena Sánchez González. Trabajadora Social de Servicios sociales atención primaria. Ayuntamiento de Toledo.
En servicios sociales trabajamos con toda la población, pues cualquier persona es susceptible de acudir a ellos en cualquier momento de su vida por múltiples necesidades y problemáticas. Por tanto, las profesionales de los mismos acompañamos los procesos vitales de todas las personas que acuden a nosotras, pero sobre todo de las más vulnerables o de aquellas que se encuentran en situaciones de riesgo y/o exclusión social.
Al hablar de exclusión social tenemos que tener en cuenta que no se trata de un estado estático o de una carencia exclusivamente material. Robert Castell (1991) lo llamaba proceso de desafiliación social, concepto que transmite la idea de trayectoria, de procesos, de personas que se desenganchan progresivamente y caen. Es un proceso, asimismo, de acumulación de esa desafiliación en diferentes dimensiones. Por tanto, para poder trabajar con las personas más vulnerables, tenemos que hacerlo de una forma integral y con un enfoque holístico, entendido este como la manera de ver las cosas en su globalidad, en su conjunto y en su complejidad.
Desde mi experiencia como trabajadora social en los servicios sociales de atención primaria, he constatado que si trabajamos con personas en procesos de riesgo o exclusión social únicamente desde la cobertura de necesidades personales, sociales y familiares, a no es suficiente para salir de la situación de vulnerabilidad. La consideración o invisibilización de las emociones que experimenta y siente la persona influye positiva o negativamente en los procesos de intervención desde los que apoyamos a dichas personas para afrontar sus trayectorias. Es importante abordar y trabajar la dimensión emocional integrada con el resto de las dimensiones del ser humano.
Esta idea tomó mucha más fuerza con la situación de emergencia sociosanitaria que vivimos. Durante los meses de confinamiento y siguientes, las profesionales de los servicios sociales fuimos testigos directos de múltiples problemáticas derivadas de esta situación. Además de las cuestiones relacionadas con lo monetario y lo material, muchas personas se vieron afectadas emocionalmente, dando paso a una crisis también en este terreno. A partir de esta constatación, desde los equipos de servicios sociales se valoró la importancia de seguir trabajando la parte más sensible de las personas desde un lugar donde ellas se pudiesen encontrar cómodas y seguras. De ahí que uno de nuestros principales objetivos fuese construir espacios emocionales seguros donde poder abordar las emociones que contribuyen al desencadenante de las situaciones de vulnerabilidad.
Así, en el año 2020 nace el proyecto NOS CONSTRUIMOS, gestado en el marco de los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Toledo y financiado a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Concejalía de Servicios Sociales, en colaboración con otras entidades y asociaciones.
Un aspecto importante y novedoso del proyecto NOS CONSTRUIMOS fue visibilizar que ante situaciones sobrevenidas, excepcionales o llegadas de forma traumática una persona puede experimentar múltiples emociones, entre ellas: miedo, tristeza, ira, enfado, frustración, etc. que, mantenidas en el tiempo y sin herramientas para identificarlas y gestionarlas, pueden derivar en procesos de riesgo y/o de exclusión social.
Para llevar a cabo todo nuestro trabajo y conseguir así los objetivos marcados, el proyecto se divide en tres dimensiones que se integran y complementan entre ellas. Hablamos de una dimensión artística y creativa, otra de participación en los recursos de la ciudad y la tercera de registro documental. La metodología del proyecto transita de una dimensión a otra, trabajando con la persona, con el grupo y con la comunidad.
Para acceder al proyecto las personas tienen que contar con un plan de atención social en servicios sociales y participar activamente en él. Este aspecto es importante porque para abordar la dimensión emocional de la persona desde otros lugares, no vinculados a la entrevista y al trabajo en el despacho, sino, sobre todo, ligados a la participación, debe existir un vínculo con la profesional de referencia. Intentar que las personas acepten otras metodologías de trabajo, que interaccionen con los recursos de la ciudad o que participen en grupos, a veces es difícil si no se ha generado ese vínculo y clima de confianza.
El punto en común entre todas las personas que han participado ha sido una sobrecarga emocional que puede llegar por múltiples situaciones: cuidadoras de personas dependientes, personas enfermas, aisladas, sin red social y familiar, personas con cuadros de ansiedad y depresión, personas con fuertes sentimientos de soledad, etc. Personas unidas por unas emociones que todas ellas, de alguna forma u otra, identifican y reconocen, cohesionando al grupo y desdibujando cualquier diferencia económica, social y formativa que pudiese existir entre ellas.
A la vez, otro de los objetivos de los servicios sociales es fomentar la participación de las personas en el ámbito comunitario, por lo que quisimos contar con los recursos culturales de la ciudad. El proyecto se desarrolla principalmente en el Casco Histórico de Toledo, una de las 15 ciudades españolas que están incluidas en la lista de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Es una ciudad con un impresionante patrimonio artístico y cultural, y por este motivo quisimos trabajar con los espacios culturales existentes acercándolos a las personas participantes para que conozcan la historia de su ciudad, y sus espacios llenos de arte y cultura. Convertir estos en espacios terapéuticos a los que puedan acudir siempre que lo necesiten, puesto que el arte y la cultura son herramientas con las que afrontar momentos de dificultad. Por este motivo se presentó el proyecto al Consorcio de la ciudad, solicitando su colaboración con el mismo, encontrando un punto en común: trabajar al servicio de las personas. Desde entonces existe una colaboración estrecha entre el consorcio y los servicios sociales, trabajando conjuntamente para que el proyecto NOS CONSTRUIMOS se siga llevando a cabo.
A día de hoy hemos realizado dos ediciones del proyecto y estamos trabajando para poner en funcionamiento la tercera. El objetivo principal sigue siendo la CREACION DE ESPACIOS DE BIENESTAR EMOCIONAL, pero también pretendemos poner mirada donde es difícil hacerlo. Tomar conciencia de lo que sentimos y poder ofrecer una respuesta es complicado, a veces asusta lo que percibimos y esto repercute en la salud mental, física y emocional de la persona.
Se han llevado a cabo múltiples actividades y talleres. Destacamos, por ejemplo, la creación de obras colectivas donde se plasma todo el trabajo emocional realizado. Dichas obras han formado parte de exposiciones en diferentes lugares de la ciudad; hemos puesto en funcionamiento el proyecto TEJIENDO EMOCIONES, donde a través del arte de tejer hemos trabajado el aquí y ahora, además de generar un espacio donde se han compartido experiencias, utilizando la palabra y el grupo como espacio sanador; hemos generado espacios para tejer en público y se han llevado a cabo talleres con asociaciones y empresas locales. En el aprovechamiento cultural de la ciudad se han realizado visitas a los museos, espacios públicos y llevado a cabo rutas por la ciudad. Y, en paralelo, se ha generado un registro documental de todo el proceso creativo y de las experiencias individuales y colectivas generadas en él. Nuestra intención es que la experiencia sea conocida y compartida, así como ofrecer otras metodologías de trabajo en servicios sociales de atención primaria, mostrándose el trabajo a través de las redes y de otros medios de difusión. Hemos generado un vídeo documental, un podcast y se ha participado en varios congresos sobre trabajo social y patrimonio.
La participación de las personas en todas las actividades planteadas ha sido muy elevada, además de evaluar con éxito los logros obtenidos. De cara a la III edición nos planteamos seguir trabajando nuestro objetivo principal, teniendo en cuenta los resultados y los logros alcanzados en ediciones anteriores, así como cubrir las nuevas necesidades.
Seguiremos apostando y poniendo en valor la red y sinergias generadas entre las personas participantes. A día de hoy, estamos muy orgullosas y evaluamos positivamente que se han convertido en un grupo de personas que quedan de forma natural, se apoyan y comparten situaciones. Existe movimiento generado por su propia iniciativa, siendo un valor añadido al proyecto. Las conexiones que se generan y las iniciativas que se promueven dan lugar a la sostenibilidad del grupo.
NOS CONSTRUIMOS, DESDE EL INTERIOR AL EXTERIOR tiene un efecto multiplicador. Este año hemos participado en el mercadillo navideño que organiza el consorcio de la ciudad, donando todo el material generado en sus talleres a la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido ADACE.
Para poner en funcionamiento este tipo de proyectos se necesita que todos los actores implicados rememos en la misma dirección, pero, sobre todo, es necesario que las personas participantes depositen en nuestros equipos y en sus profesionales su confianza y lo más valioso que el ser humano tiene dentro: sus emociones.
GRACIAS por vuestra confianza y gracias por todas las emociones depositadas en los espacios de bienestar emocional.
Castel, R. De l’indigence à l’exclusion, la désaffiliation. Précarité du travail et vulnérabilité relationnelle. In Jacques DANZELOT: Face à l‟exclusion. Le modèle français. Paris: Esprit, 1991.
Las causas que obligan a las personas migrantes y refugiadas a abandonar sus países de origen y emprender un camino en la mayoría de las ocasiones peligroso y con final incierto, son variadas. De forma general, las personas refugiadas se mueven por una necesidad de salvar sus vidas y las personas migrantes lo hacen en busca de una vida mejor y con más oportunidades. Sin embargo, todas sufren las consecuencias de unos ordenamientos jurídicos de puerta estrecha que les condenan a vivir en la irregularidad en las sociedades de acogida durante años.
Resulta difícil comprender cómo es posible que haya ordenamientos jurídicos internacionales ampliamente ratificados que permitan la libre circulación de mercancías y capitales; pero no existan instrumentos similares para la libre circulación de las personas. En estos momentos, aunque la inmensa mayoría de los países miembros de la ONU adoptaron en Marrakech el primer acuerdo global para avanzar en este sentido, prácticamente no ha habido avances, y persiste una ausencia flagrante de canales legales y seguros para la movilidad de las personas en el mundo. Esta situación estructural es la causa fundamental de la irregularidad de millones de personas en el mundo: al no poder llegar y establecerse en las sociedades de acogida sino es de forma irregular.
En relación con eso, Europa, y específicamente nuestro país, no es ajena a esta situación de cierre de fronteras y restricción de la movilidad humana, que produce un mayor enriquecimiento de las mafias, y una búsqueda de rutas alternativas cada vez más largas y peligrosas, para las familias y personas. Una vez llegan, la realidad a la que deben integrarse las personas no es nada halagüeña.
De hecho, distintos estudios evidencian que el modelo migratorio español y su marco legislativo está condicionado a las necesidades del mercado de trabajo, motivo por el cual se considera generador de exclusión social y de una propuesta integradora débil. Circunstancias que se entienden en nuestro modelo por los rasgos propios en los que más de un 20% de nuestro producto interior bruto (P.I.B), unos 250.000 millones de euros, se encuentra dentro de la economía sumergida. Es precisamente sobre este sustrato de vulnerabilidad en el que trabajan más de un 30% de los inmigrantes en nuestro país, en aquellos sectores necesitados de una gran cantidad de mano de obra en condiciones precarias (servicio doméstico, cuidados, hostelería, agricultura, construcción, etc.).
Por ello, algunos autores señalan que España está generando un modelo propio dentro de los modelos de integración, que ha venido en denominarse un modelo patchwork de integración, que consiste en no tener un desarrollo normativo claro, ni dirigido, y que se viene configurando con cierta dosis de improvisación, y que tiene en su extremo más doloroso, el rostro de las personas en situación administrativa irregular.
El Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EASIE/ CSIC) ha concluido en un reciente trabajo de investigación sobre las percepciones de los españoles hacia el colectivo inmigrante, que actualmente el rechazo antinmigrante es claramente minoritario en nuestro país y que siguen prevaleciendo actitudes benévolas o neutras hacia la inmigración y los inmigrantes.
Sin embargo, esta coexistencia tranquila, e incluso, de relaciones cordiales, aunque distantes, se sustenta sobre un sustrato éticamente cuestionable. La población de origen inmigrante continúa ocupando las peores posiciones sociales y económicas dentro de nuestra sociedad, como refleja el estudio llevado a cabo por la Universidad de Comillas en colaboración con la Fundación FOESSA y Cáritas.
En ese último peldaño es donde precisamente se encuentran las personas en situación administrativa de irregularidad. Desde hace tiempo Cáritas viene alertando sobre el importante aumento del número de personas en situación administrativa irregular que son atendidas a través de sus programas y recursos en todo el país.
La destrucción de empleo y la condicionalidad de nuestro marco jurídico al mercado laboral está empujando a la irregularidad sobrevenida a muchas familias y personas migrantes, que, al no encontrar un empleo, se ven abocadas a una situación administrativa irregular.
Pese a la reciente aprobación del Reglamento de Extranjería por parte del Gobierno que supone un avance orientado a facilitar el acceso de estas personas al mercado laboral, esta reforma perpetúa el enfoque de una política migratoria condicionada al mercado laboral y, en todo caso, tiene un alcance limitado al dejar fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad.
En suma, esta realidad invisible que condena en nuestro país a más de 500.000 personas a vivir en la irregularidad, es la que pretende revertir el movimiento “Regularización Ya”, con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende llevar al Congreso para la regularización extraordinaria de las personas migrantes que viven en situación administrativa irregular en nuestro país.
Cuando quedan casi dos meses para que finalice el plazo para la recogida de firmas, esta ILP va camino de convertirse en una de las movilizaciones sociales que ha logrado cosechar más firmas en nuestra democracia. De esta forma, bajo el título de Esenciales, la propuesta de ley ha logrado sumar más de 800 organizaciones sociales y eclesiales, que llevan desde principios de año, recogiendo firmas y que, hasta la fecha, han alcanzado más de 450.000.
Esta iniciativa y lo que se está construyendo alrededor de ella, son signos para la esperanza en nuestra sociedad. Necesitamos un modelo de acogida que no esté supeditado únicamente al mercado laboral, esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos.
Mihaela Vancea, politóloga. Responsable de investigación en protección social, Programa Desigualdad 0, Oxfam Intermón
Puedes encontrar a Mihaela Vancea en Linkedin.
Las últimas estimaciones basadas en encuestas propias y en micro simulaciones (EINSFOESSA 2021; Monitor de Desigualdad Caixabank 2021; El Observatorio Social Fundación ‘la Caixa’ 2022) muestran que la crisis de la COVID-19 ha acrecentado las desigualdades socioeconómicas y la pobreza en España, una situación que seguramente se agudizará con la fuerte subida de los precios. El impacto sobre las personas jóvenes resulta ser particularmente intenso frente al resto de grupos de edad, debido a su escasa incorporación al mercado laboral, su extrema precariedad laboral, y el limitado acceso a las prestaciones sociales.
Actualmente, las personas jóvenes (de 16 a 29 años) son el grupo de edad con la segunda tasa de pobreza más alta (22,7%), cuatro puntos más que en 2008 (Alianza por la Juventud, 2022). Según Ayala Cañón et al. (2022), hay 2,7 millones de personas jóvenes entre 16 y 34 años afectadas por procesos de exclusión social, la mitad en exclusión severa (especialmente de empleo y vivienda), para las que resulta prácticamente imposible independizarse y comenzar a realizar su proyecto vital. Por rápida o ágil que sea la recuperación económica post-crisis, las consecuencias sobre la población joven requieren medidas urgentes, que generen empleo de calidad y mejoren los sistemas de protección social que permitan erradicar la pobreza juvenil y evitar la exclusión social.
Hasta 2020, España era el único país de la UE que no contaba con un programa estatal de renta mínima como una red de protección en la lucha contra la pobreza severa y la exclusión social. El 1 de junio de 2020, acelerado a raíz de la crisis de la COVID-19, se pone en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a través del Real Decreto-ley 20/2020, como una medida de protección social que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Con su aprobación, el Gobierno esperaba llegar a 850.000 hogares (unos 2,3 millones de personas), erradicando así la pobreza extrema (1,6 millones de personas en 2020), haciéndola compatible con otras rentas salariales e incluyendo incentivos al empleo. Tras dos años de vigencia, aún no se dispone de su desarrollo reglamentario, por lo que se mantienen muchas incógnitas sobre determinados elementos de su puesta en marcha y sus posibles efectos.
A lo largo de 2021, se actualizaron las cuantías correspondientes a las diferentes categorías del IMV. De la misma manera, se modificaron las cuantías correspondientes a 2022, con un incremento puntual entre marzo y junio de 2022 de un 18% como resultado del alza de precios. La evolución de los expedientes aprobados y el número de beneficiarios ha ido ganando impulso a lo largo de los dos años de vigencia de este instrumento, alcanzando en marzo de 2022 un total de 1.064.809 personas beneficiarias (46% de lo inicialmente previsto por el gobierno). Las razones del retraso son múltiples, pudiendo citarse las dificultades para su acceso y solicitud, así como la dificultad de los trámites de comprobación de los requisitos, que hizo que la ratio entre solicitudes presentadas y aprobadas fuera muy baja en 2020 y 2021, para crecer paulatinamente durante 2022.
En 2020, la proporción de población joven entre 16 y 29 años con carencia material severa llegaba a un 18,4%, mientras que la población adulta de 30 a 64 años con carencia material severa representaba un 15,2%. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) era también más alta para la población joven entre 16 y 29 años (30,3%), en comparación con la población adulta entre 30 y 44 años (25,6%) o entre 45 a 64 años (26,4%) (ECV, INE). No obstante, de acuerdo con los últimos datos disponibles de finales de 2021, referidos a la distribución poblacional de los beneficiarios del IMV por grupos de edad, es significativo el escaso peso de las personas más jóvenes frente a las adultas.
Aunque la población joven resulta ser uno de los colectivos más afectados por la crisis sanitaria, y probablemente también por el alza de precios, el diseño del IMV deja fuera a muchas personas jóvenes. En concreto, no contempla a las personas jóvenes de 18 a 23 años, aunque cumplan los requisitos de renta, y perjudica a las personas jóvenes de 23 a 30 años al exigirles más requisitos que para el resto de la población adulta. De hecho, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Juventud Española (CJE) en el informe Ingreso Mínimo Vital: ¿es justo con la juventud?, señalan la posible inconstitucionalidad que podría constituir esta discriminación por edad.
En este contexto, es imperativo seguir avanzando en la senda de la protección social y laboral de la población joven. Garantizar el derecho al IMV para todas las personas jóvenes es un paso esencial en la lucha contra la pobreza y la exclusión social de las mismas. En este sentido, proponemos ampliar el acceso al IMV para personas entre 18 y 23 años, equiparar los requisitos de acceso para las personas solicitantes entre 18 y 30 años con las del resto de población adulta, y asegurar la complementariedad con las Rentas Mínimas Autonómicas (RMA). Solo unas medidas sociales inclusivas y articuladas territorialmente tendrán suficiente capacidad para reducir la pobreza y la exclusión social de la población joven en España, probablemente, uno de los colectivos más olvidados durante los últimos dos años.
Alianza por la Juventud (2022) Una década por la juventud. Consejo de la Juventud de España. https://alianzaporlajuventud.es/
Ayala, L.; O. Cantó (coords.) (2022) Radiografía de medio siglo de desigualdad en España. Características y factores que explican que España sea uno de los países más desiguales de Europa. El Observatorio Social, Fundación ‘la Caixa’. https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/documents/22890/492074/T01_ID_ES_AyalaCant%C3%B3.pdf/a0746431-109f-e009-6c77-296c378f0438?t=1642072938395
Ayala Cañon, L.; Laparra Navarro, M.; Rodríguez Cabrero, G. (coords.) (2022). Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España. Madrid: Cáritas Española y Fundación FOESSA. https://www.caritas.es/main-files/uploads/sites/31/2022/01/Informe-FOESSA-2022.pdf
Hernández Diez, E.; Presno Linera, M. A.; Fernández de Céspedes, G. (2021). Ingreso mínimo vital: ¿es justo con la Juventud? Consejo de la Juventud de España. http://www.cmpa.es/datos/571/Ingreso_Minimo_Vital3.pdf
Víctor Renes Ayala, Sociólogo
La desigualdad, la pobreza y la exclusión social no son algo que solo padecen determinados grupos humanos, sino que es algo que revierte sobre la propia sociedad. En beneficio del bien común de todos y todas necesitamos erradicarla.
Hace poco me preguntaron por qué debe erradicarse la pobreza y la exclusión social[1]. Y después de un momento de duda pensé que me lo estaban preguntando por considerar que las personas en esa situación eran personas en situación de injusticia, debido a que la pobreza y la exclusión social es negación de derechos dado que en ella la dignidad humana queda negada y, por lo tanto, es injusto. Pero me decidí por pensar que me lo estaban preguntando desde otro punto de vista, el de una sociedad que conoce y sabe que la pobreza y la exclusión existe y, sin embargo, no acomete su erradicación. ¿No lo acomete porque no lo considera posible, rentable, beneficioso?, ¿porque considera que no es de su responsabilidad, o por un sin número de explicaciones que demoran el asunto para cuando se pueda? Sin olvidar que todo ello queda aderezado por la duda de si la sociedad tiene alguna responsabilidad, no sea que, si es cuestión de la responsabilidad, quede remitida a la competencia o incompetencia, a la responsabilidad o irresponsabilidad de los individuos, y, en concreto, de quienes están en esas situaciones.
La pobreza, por tanto, es un hecho que, como tal, oscila entre la paradoja de su realidad y de su invisibilidad; entre ser reconocido como un hecho existente, y ser considerado como un fenómeno social secundario a la hora de la toma de decisiones, especialmente en las decisiones que estructuran la sociedad. No cabe duda de que nuestra sociedad sabe que tiene un problema histórico en este tema, no en vano somos la 4ª economía del euro con una de las tasas de pobreza más altas. Pero la sociedad ha ido deglutiendo que la pobreza no tiene por qué estar en la primera página de la agenda, preocupada como está por salir de dos crisis sistémicas y prácticamente seguidas, la del 2008 y la de la pandemia. ¡Ahora lo que debe primar es el crecimiento! Cuestión en la que nunca se para nadie a pensar más en ello, porque se considera evidente y porque nunca se hace una retrospectiva de cómo, después de la crisis y con un nuevo crecimiento en expansión, se está haciendo frente a la desigualdad, a la pobreza, a la exclusión. ¿Es que una vez retomado el crecimiento se absorbe algo más que determinados efectos surgidos por tal crisis? ¿Todos? ¿Y la pobreza y la exclusión ya existente ante-crisis? ¿Y la estructura de la propia realidad de pobreza, y su dimensiones y condiciones, y su reproducción, y su permanencia, y su futuro dadas las decisiones que organizan y estructuran la propia sociedad?
Hubo una expectativa, allá por la década de los 80 y 90 en la que la pobreza estuvo en la agenda de la sociedad, de modo que la pobreza tenía toda una serie de retos que el propio modelo social tenía que afrontar. La pobreza estaba en el debate público, el famoso debate de los ocho millones de pobres, y eso ponía encima de la mesa que la problemática social tenía que contemplar este aspecto. Podíamos decir que ello nos llevaba a hacernos cargo de la pobreza en la construcción del Estado del bienestar. Y eso nos debía llevar a encargarnos de la pobreza ante la sociedad del crecimiento. Pero esto empezó a pesar cada vez más, y a lo más que llegamos fue a cargar con la pobreza en un modelo de desarrollo social precario. En definitiva, la pobreza siguió siendo un reto estructural.
Porque, a partir de la puesta en la primera página de la agenda, pronto las aguas volvieron a su cauce, y en el desarrollo de la Agenda Lisboa 2000, volvió a ser puesto todo bajo el paradigma del crecimiento. De modo que la propia actuación por la inclusión social, la propia política contra la pobreza, quedaba bajo el signo de lo que contribuía al crecimiento económico, que es lo que sancionaba las decisiones como acertadas o no. Cierto que se puede decir que esto es demasiado simple. Sí, si no se considera que una realidad compleja no se puede reducir a uno solo de sus elementos. Pero no, si se tiene presente cuál es el parámetro que articula esa complejidad. No se trata de olvidar las políticas por la inclusión social, como elemento significativo más elocuente de la complejidad. Pero tampoco se puede olvidar que esa misma estrategia se definía desde el parámetro del crecimiento. La inclusión lo debía ser en la sociedad del crecimiento, y eso en todos los ámbitos, empleo, formación, protección social, actividad de la economía verde, incluso inteligente, con todo lo que eso supone de gestión y construcción de sociedad desde las NTI.
Y cuando la respuesta se enfrenta con este proceso de pérdida de vigencia de la pobreza en la sociedad como cuestión sustantiva, la respuesta ante la pregunta formulada apunta a ponerlo de nuevo en valor. Dicho esto, debo reconocer que la pregunta que me formularon ha quedado sin responder. Porque para mí, la pobreza y la exclusión social hay que erradicarla por el Bien Común. Soy consciente de que esta respuesta se enfrenta con el muro que la ha dejado fuera de la agenda. Por otra parte, parecería lógico que la erradicación de la pobreza deba ser en beneficio de quienes la padecen. Y no es ilógico proponerlo así. ¿Por qué entonces focalizarlo sobre el Bien Común?
En primer lugar, precisar que en este enfoque no solo no están ausentes quienes se encuentran en estas situaciones, sino que están incluidos. Y, en segundo lugar y más importante, porque es un enfoque que no invisibiliza la responsabilidad de la sociedad, sino todo lo contrario. La cuestión es: si la pobreza es un hecho que hay que analizar como fenómeno social, es decir, como una relación social estructurada y estructurante de la sociedad, tenemos que contemplar los dos polos de esa relación, la pobreza y la sociedad en la que la pobreza existe, y la relación que se establece entre los dos. Análisis en el que ahora no podemos entrar, pero en el que me parece muy importante insistir en la conexión que se produce entre los dos polos.
Sin vida en común no hay sociedad. Por ello son decisivos los principios y valores que se tomen como los referentes que estructuran las grandes decisiones. Para ser sociedad deben girar en el sentido de construir vinculación social. Por ello, las formas de sociedad, las relaciones societales, en todos los ámbitos, no pueden quedar vinculadas a una sola, como está sucediendo en nuestra sociedad que están centradas en la relación de intercambio, guiada por el mercado. Así se trasmutan las relaciones de sociabilidad y societalidad que se generan desde las relaciones de reciprocidad y de redistribución.
Si tomamos como paradigma lo que es una red, sabemos que una red tienes conexión con todos los puntos. La red no tiene un principio y un final, sino que es la conexión entre todos; cualquier cosa que afecta a un punto, afecta a toda la red. Esa imagen de red sirve para analizar el conjunto de la sociedad, que es sistémica. Cada elemento tiene un gran valor, pero sus objetivos y fines están interrelacionados e interconectados; como en la sociedad. Hay que tener una visión holística y retroactiva, integral y global para desvelar todas sus potencialidades.
Esto es básico para poder plantear el tema del Bien Común como condicionante de lo que supone y exige la perspectiva de la erradicación de la pobreza. Y lo primero que constatamos es que el Bien Común es un referente que en nuestra sociedad ha quedado para el discurso, y este en muy contadas ocasiones. Y con ello no nos referimos solo a la pérdida de derechos, sino de la pérdida de las condiciones de acceso a los bienes necesarios para la satisfacción de necesidades básicas basadas en los derechos. Porque sin ello ni la dignidad de las personas ni lo que supone y exige una sociedad digna, son viables. Pero hoy constatamos que, cada vez más, todo gira en torno al individuo con olvido y menos aprecio de lo colectivo, de lo público. En esta lógica, aparece la culpabilidad individual ante la pobreza y la exclusión ocultando así que es un fracaso colectivo, e invisibiliza la responsabilidad colectiva.
Como una derivada, hoy no existe un concepto compartido (consenso) de lo que es el Bien Común. Su lugar lo ocupa el crecimiento económico, en el que la competitividad y la meritocracia ocupan los valores centrales. En una sociedad así, las estructuras generadoras de desigualdad quedan sin cuestionamientos, intocadas; ¿absueltas? Porque cuando se plantea el tema de la distribución, no es el Bien Común el eje del debate, sino la tributación. Y, junto con ella, la sospecha. No la sospecha de si así se puede mantener lo que con la tributación queríamos obtener, como la salud, la educación, la protección social, etc. La sospecha es que se da por entendido que es algo que le corresponde al individuo, y que eso está en la naturaleza de las cosas. ¿Qué espacio le queda al Bien Común? Y, desde ahí, ¿a la erradicación de la pobreza?
Si queremos una sociedad pacificada, donde sea posible la convivencia en la diferencia, necesariamente tenemos que generar condiciones para que todos puedan disfrutar de lo que significa ser sociedad, donde todos los seres humanos se puedan desarrollar. Justamente eso es lo que pretende la erradicación de la pobreza. Conviene señalar que lo contrario genera sociedades agresivas, muy agresivas. Y lo estamos viendo a nivel mundial con las guerras continuas, con los millones de refugiados y de inmigrantes económicos que hay hoy en el mundo. Y no nos damos cuenta de que la pobreza y la exclusión social no son algo que solo padecen determinados grupos humanos, sino que son algo que revierte sobre la propia sociedad. Por ello, decimos que en beneficio del Bien Común de todos necesitamos erradicarla.
Lo que, entre otras cosas implica que los recursos necesarios para ello no deben ser considerados como un gasto, sino como una inversión. Y es una inversión social que genera beneficios de todo orden: todos los seres humanos pueden contribuir a la sociedad y esto genera incluso crecimiento económico. Las crisis que estamos sufriendo no pueden ser superadas simplemente con recortes de gasto, exigen, necesitan inversión. ¿No es la pobreza y la exclusión una crisis estructural, sistémica, permanente? Para salir de una crisis hay que invertir en generar oportunidades de todo tipo.
¿Focalizar la erradicación de la pobreza y la exclusión social desde el Bien Común hace olvidar a las personas? Nada más lejos de la realidad. La cuestión es, ¿desde dónde se plantea y se construye el Bien Común? Recordemos que estamos hablando de la dignidad humana como fundamento del orden político y social, según el art. 10 de la Constitución, que es lo que anda en juego en la erradicación de estas situaciones. De esto trata el Bien Común, de la dignidad de la persona, especialmente en las situaciones que está más negada. Esto es lo que debe demandar la máxima atención de la sociedad, de los poderes públicos y de la propia ciudadanía, pues en ello definimos qué sociedad somos y queremos ser.
El art. 9.2. de la Constitución dice: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. ¿Por qué no está en la primera página de la agenda, social, económica, política y cívica, cuando se trata de la pobreza y la exclusión social? El Bien Común se la juega cuando pretendemos hacer frente a las desigualdades, a la pobreza y a la exclusión social. Y ello solo se consigue promoviendo las condiciones de la libertad e igualdad, y removiendo los obstáculos que impiden el bienestar de todos. Llama la atención que eso no aparezca cuando se está tratando de personas y grupos que no tienen tales condiciones, pues su propia pobreza y exclusión social se convierte en obstáculo para su erradicación.
¿Cómo afrontarlo? Depende del lugar social desde donde nos situemos, pues desde ahí veremos los obstáculos y las condiciones imprescindibles. Y para ello solo hay una respuesta: El bienestar social implica que hay que mirar desde los últimos y desde ahí ver a toda la sociedad. Y al ver toda la sociedad ver todo lo que necesita para que realmente todos podamos seguir siendo sociedad en plenitud y en dignidad.
La cuestión, pues, hay que llevarla a este lugar. ¿Qué ocurre cuando se hace la pregunta desde el lugar social de los últimos? ¿Qué se escucha ahí? ¿Alguien les está oyendo? Cuando se comparten estas preguntas con ellos mismos, la visión resultante responde a la cosmología social que está gobernando la intervención social en las situaciones de pobreza y exclusión, pues la intervención social es la concreción de la relación entre los dos polos de la relación pobreza-sociedad. ¿Una cosmología social? [2] La antropología dice que nunca quedamos al margen de una comprensión de la realidad, de unos valores a los que da cuerpo en su facticidad, de la suma acabada de representaciones del mundo y de la sociedad. Esto es, de una cosmología del espacio, tiempo, cuerpo (ser corpóreo), mundo. Así pues, ¿qué cosmología está sucediendo en el abordaje de la pobreza y la exclusión social?
En una cosmología social el espacio es un espacio existencial, lugar de experiencia de relación con el mundo de un ser esencialmente situado en relación con un medio. Pero lo que constatamos es que se está produciendo un no-lugar. No hay espacio, no hay lugar de relación con el mundo institucional que está cerrado, no abierto incluso físicamente, pero también relacionalmente, del que el mundo de la pobreza y la exclusión está EX-pulsado y no puede plantear sus condiciones de vida. Se ha cerrado lo presencial especialmente para quien necesita acompañamiento y asistencia incluso en la propia comprensión de su situación; o sea, para la relación persona (en pobreza y exclusión) y sociedad (la institución de la sociedad que debe hacerse cargo y encargarse de ello). Quien carga con la realidad no es el compromiso entre institución y persona, sino la persona sola, fuera de y abajo, ante unas instituciones que se han cerrado incluso a la propia reclamación, pues cuando se logra conectar, es muy habitual escuchar: no hay citas disponibles. Está perdida en ese no-lugar.
Pero ni las relaciones de las personas con quienes tienen la legitimidad, autoridad, capacidad para la intervención social, quedan enclaustradas en ese espacio, porque los procesos ni se paran ni se detienen. Por lo que la lógica de esa cosmo-logía, es también la del tiempo, del tiempo de los procesos que recorren la vida de los EX-pulsados. Por una parte, el tiempo de la urgencia ante los obstáculos para la supervivencia, con el que no se conectado ni se ha comprendido. Se trata de hechos que acaecen, no de los discursos o explicaciones. Por otra, del tiempo del proceso, largo y complejo, de ejercer su libertad y dignidad; su proceso de desarrollo humano. Pue si el espacio se clausura en el propio marco institucional, el proceso del tiempo de afrontar su realidad, ni es considerado ni es reclamable.
Qué corporeidad, como dimensión de esa cosmo-logía, qué concreción, qué comprensión, tienen sus necesidades. Prácticamente se puede resumir en la i-lógica de las carencias. ¿Y todo lo que las necesidades implican de desarrollo de capacidades y potencialidades? En estas situaciones ni son consideradas, ni se relacionan con los sujetos. Desde esta cosmo-logía no aparece este real y determinante cambio de concepción de la necesidad. Los sujetos, comprendidos como carentes, quedan igualmente comprendidos como no activos, y, por tanto, como no-actores. Vale preguntar en qué queda remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Quedan sin presencia, sin ser sujetos, sin ser sociedad. O sea, son los fuera de, los EX.
En esta cosmo-logía, ¿qué relación hay con el otro, con el mundo de los otros? Los otros no están ni en la agenda, ni en la comprensión de la relación pobreza-sociedad. Hay una relación abstracta derivada del distanciamiento entre el polo institucional (sociedad), y el polo personal (situación de pobreza y exclusión) que hace imposible el diálogo del encuentro. Se ha producido la pérdida de los vínculos sociales. No es extraño, pues, que nos cueste pensar en la alteridad. Se cierra la capacidad de comprender el sentido, o sea, la relación sujetos-medio social y sociedad. Con ello nos referimos al sentido que los seres humanos pueden dar a sus relaciones recíprocas; el sentido social. Y es precisamente de ese sentido del que hablan también los individuos cuando se preguntan o se inquietan por el sentido de su vida.
Pudiera parecer esta cosmología algo abstracto y desconectado del mundo de las personas, de los últimos de la sociedad. No es así. ¿Por qué? Lo que se escucha cuando se “está con y en” sus situaciones, espacios, tiempos, necesidades, y se oyen sus expresiones y vivencias, todo empieza por “SIN”: sin ingresos; sin RMI/IMV (y encima con requerimiento de una devolución imposible por la incongruencia entre esas tibias prestaciones); sin atención; sin posibilidad de que alguien presencialmente les ayude, oriente, acompañe; sin información: sin informática, cuestión dada por supuesto pues se impone como la única vía de intentar hacer algo; sin saber por qué (o sea, por qué se ha creado este laberinto en el que se pierden, por qué no te oyen, por qué no te cogen el teléfono, por qué no te escuchan ni te contestan, por qué no te dan cita; por qué se dilatan hasta …); sin tiempo de respuesta, …..
Perdidos en un laberinto en el que se han visto instalados, sin que nadie explique por qué. Sin el acompañamiento que cualquier otra situación, aun menos grave, exige. Sin retornar a la atención presencial que en otros ámbitos sociales es real hace tiempo, pero que en este sector brilla por su ausencia. Sin que ni siquiera los servicios sociales comunitarios puedan resolverlo, encontrándose ellos mismos con el cuello del embudo que impide realizar su función. Sin dudar en exigir que las personas sean expertas telemáticas como quienes realizan este trabajo. Pero, eso sí, sin abordar ni la brecha digital, ni sus deudas, ni su desempleo, ni los fracasos escolares, formativos, laborales de los que siempre son acusados, ocultando así el fracaso de la sociedad en estos ámbitos, etc.
En resumen, ¿quiénes son? Ya ni siquiera son el grupo de pobres y excluidos. Son simplemente el grupo ‘sin’; o sea, el grupo de los nadie y los nada, de los que quedan invisibilizados; los sin grupo. Y, de remate, a su costa, porque resulta que la cuestión acaba siendo que no han resuelto ni afrontado su inexperiencia, incluso su incapacidad para ser los expertos tecnológicos que se exige como una evidencia indiscutible. Y se oculta el propio sentido de la pobreza y la exclusión. Y se niegan sus potencialidades y capacidades. Y se inutiliza su capacidad de actor de su propia realidad.
¡¡Paradójico, si no fuera sangrante!! ¡¡Cómo es posible que, en los momentos de máxima necesidad, se coloquen las máximas dificultades para los máximos necesitados!! ¿Que esto suena tremebundo? Hagamos comunidad, al menos de vivir en sociedad, de vivir en común las condiciones que no existen y los obstáculos que sí existen. Hagamos la comunicación de experiencia de vida para que cuenten, relaten, narren su realidad, lo que les dicen y lo que no les dicen, … Y luego vemos si esto es exagerado, o simplemente sangrante.
El Bien Común dice que para poder saber de qué estamos hablando, debemos ponernos en el final de la sociedad para poder ver los obstáculos a la justicia, la igualdad, la solidaridad, la libertad, la participación, el bienestar y la dignidad de todos y todas, para así poder erradicar la pobreza y la exclusión en beneficio de toda la sociedad. ¿No será que es esto lo que está en cuestión?
[1] EAPN-ES (2021). «La pobreza y la exclusión social deben erradicarse en beneficio del bien común» Entrevista a Víctor Renes Ayala. Recuperado de: https://www.eapn.es/noticias/1460/%2522la-pobreza-y-la-exclusion-social-deben-erradicarse-en-beneficio-del-bien-comun%2522 [04 de enero de 2022].
[2] Hemos tratado este tema en Renes, V.: “Una nueva cosmología social”. En Documentación Social, nº 187. Madrid, 2017.
Pilar Pallero, técnica de investigación del Equipo de Estudios de Cáritas Española.
Marina Sánchez-Sierra, técnica de investigación del Equipo de Estudios de Cáritas Española.
Es inevitable, al tratar cualquier tema, no hacer una alusión a la COVID-19 y a la diferencia establecida, como si de dos eras históricas diferentes se tratase, entre el mundo pre-pandemia y el escenario post-pandemia. En ese salto temporal de gran afectación social, las tecnologías de la comunicación y las pantallas han pasado a ser casi un órgano más de nuestro cuerpo. Encerrados en nuestros hogares, se han convertido aún más en ventanas al mundo exterior, que durante el confinamiento era el interior de otros hogares. Ha habido un avance hacia la instauración digital a una velocidad inesperada. Así ha sido con medidas como el teletrabajo, la administración electrónica o la educación online. Este último es el punto en el que nos centramos: ¿es la educación digital una herramienta transformadora hacia la igualdad y la cohesión social o, por el contrario, nos encontramos ante un nuevo elemento de diferenciación y de exclusión social?
Sin duda, la educativa es una de las dimensiones de la exclusión social. La educación es una parte fundamental de la dimensión socializadora de un aprendizaje consciente. El sistema educativo y todo lo que lo compone (programaciones, asignaturas, contenidos, valores, etc.) transmite las normas sociales y la regulación institucional compartidos colectivamente. Se trata de un ámbito de actuación social que busca impregnar a las generaciones más jóvenes de los elementos fundamentales para hacer funcionar el sistema social imperante en cada momento, pues es en los centros educativos donde se inicia la vida en sociedad más allá del ámbito familiar e independientemente del mismo. En este sentido, el sistema educativo va también transformando su fondo y su forma para dar respuestas a otras maquinarias que hacen funcionar la sociedad, siendo el más evidente el sistema trabajo o, en otras palabras, el mercado laboral. La evolución de ambos sistemas está estrechamente vinculada, lo vemos en la relación de nivel de estudios-condiciones laborales futuras, de tal modo que se retroalimentan.
En este artículo incluimos en esa relación a la revolución tecnológica y lo que ha significado en las últimas décadas: otras formas de hacer, producir y proceder, pero sobre todo de comunicarnos y de interactuar socialmente. Y en ese proceso de cambio, lejos de instaurarse una mayor igualdad y justicia social, han prevalecido las diferencias sociales y el acceso desigual a los beneficios y perjuicios de estos dos sistemas. Hablamos de las diferentes brechas que ambos generan entre unos colectivos y otros, propiciando oportunidades de manera desigual, estableciendo una diferenciación de modos de vida dignos de unos frente a las dificultades y carencias de otros. Se abre así un espacio de exclusión social permanente para determinados grupos sociales en función de criterios normativos compartidos que abren y cierran puertas para una calidad de vida apta de la que no todos disfrutan.
Esta exclusión social, por tanto, está muy ligada a cómo el sistema educativo genera o equipara las oportunidades para que los más jóvenes opten a mejoras que sus familias no tuvieron. A cómo la educación contribuye a romper con la transferencia intergeneracional de la carencia para ir integrando oportunidades en el presente y de cara a la generación futura. Y, cómo herramienta ya básica en nuestra sociedad, las tecnologías de la información también conllevan una diferenciación entre quienes tienen acceso satisfactorio a ellas y quienes no: una brecha digital que hay que gestionar y que requiere actuar en tres frentes: acceso a la infraestructura, esto es, contar con una buena conexión a internet; acceso a dispositivos, pues a pesar de que casi el total de la población tiene teléfono móvil, este dispositivo no es óptimo para muchas tareas, entre ellas las escolares; y el desarrollo de habilidades y capacidades para desenvolverse en el entorno, no solo a nivel práctico, sino también en cuanto a gestión de la información e incluso, y más en la juventud, la gestión emocional de los mensajes que pueden estar recibiéndose constantemente.
Pero, ¿cómo interactúa la exclusión social con la dimensión educativa en el momento actual de hiperconectividad? Recordemos que la exclusión es un proceso multidimensional (FOESSA 2019, Subirats 2004; entre otros) no ligado únicamente a los recursos económicos, que suele ser el primer elemento con el que la relacionamos, sino que incluye también otras dimensiones, donde la educativa es una herramienta elemental, hasta la Gran Recesión de 2008 pensábamos que un buen nivel de estudios nos garantizaba un también buen futuro.
La educación tiene un gran potencial como herramienta de lucha contra la exclusión pues, por un lado, la educación como sistema institucional público permite la interacción social con quienes son diferentes. El alumnado se interrelaciona con personas y familias diferentes a las de su entorno. Esto hace que niños y niñas observen, aprendan y comprendan otras formas de ver el mundo, de vivir, otras costumbres, lo que, de algún modo, les ayuda a fomentar los sentimientos de solidaridad y, además, está generando amplitud en sus expectativas de vida, es decir, están viendo trayectorias vitales diferentes a las que pueden visualizar en sus familias y entorno cercano. De otro lado, busca que se alcance un determinado nivel de conocimientos y aprendizajes que faciliten la entrada al sistema laboral, a un mercado laboral exigente y competitivo que puede dificultar o facilitar una trayectoria profesional exitosa y estable que apuntale la salida de la situación de exclusión, rompiendo con la transmisión de la pobreza de una generación a la siguiente, o evitando que la persona o la familia caiga en ella.
Pero tal como señalamos, ambos sistemas están inmersos en una revolución tecnológica que ha ido generando una necesidad nueva y una dependencia social de lo digital. Ambos sistemas se empapan de una velocidad inquietante de transformación por medio de las tecnologías. Es decir, crean una sociedad hiperconectada. Es indudable que cada vez pasamos más tiempo “conectados” a la red, y el uso de comillas es para indicar cómo esa conexión puede suponer una desconexión con el mundo físico (el espacio que ocupamos, la noción del tiempo, las personas que están a nuestro alrededor, el propio cuerpo[1], incluso). Sin embargo, la digitalización continúa avanzando, cada vez más rápido, adentrándose en todos los ámbitos de la vida. Desde hace más de una década tener un ordenador (o dispositivo similar), conexión a internet y habilidades suficientes para manejarse en el entorno digital, eran prácticamente básicos para realizar los estudios superiores, pues se comparten documentos de lectura obligatoria o para ampliar un temario que también está “colgado” online, es una herramienta de investigación, sirve para redactar y presentar trabajos, y para comunicarse con el profesorado y con compañeros y compañeras. Todo esto ha ido mucho más allá a raíz de la llegada de la COVID, que trajo la modalidad de la educación online a la educación primaria y a la educación media.
Así, si la exclusión educativa se hace medible en las dificultades prácticas existentes para acceder al sistema educativo, o en la imposibilidad de acceso al mismo, la exclusión digital se convierte en un factor de medición de esta exclusión.
Todos los indicadores relativos a la inclusión educativa o a la fortaleza del sistema educativo para integrar la diversidad individual y la diversidad colectiva se ven empañados por la salida de este sistema de jóvenes y adolescentes. El sistema educativo actual, la hiperconectividad y la brecha digital, producto también de la carencia material y de la insuficiencia del sistema laboral para evitar la exclusión social, echa fuera personas, familias y colectivos a través de lo que llaman fracaso y abandono educativo. Una denominación que nos permite olvidar que formamos parte de un todo estructural y socialmente construido, y que esos fracasos y abandonos no son individuales sino colectivos, pues muchas veces es el propio sistema el que empuja hacia fuera al alumnado considerado más problemático, habiendo una rendición anticipada por parte del ámbito educativo ante quienes necesitan más apoyo del mismo. Es decir, el fracaso escolar o el abandono no deben ser mirados solo desde quien sale del trayecto educativo, sino especialmente como un fallo del propio sistema que no ha sabido ayudar y potenciar a ese alumnado.
Lo digital, en todo esto, se convierte en un arma de doble filo que demanda una gestión educativa diferente: una educación centrada en la persona, en la capacidad del sistema en su totalidad para atraer de fuera hacia dentro, de la periferia al centro, desde la exclusión, en definitiva, hacia la cohesión social, y donde la responsabilidad compartida permita una inclusión social basada también en una inclusión afectiva y de los cuidados. Los espacios virtuales ya no tan nuevos como las redes sociales no deben olvidar que las sociedades positivas se crean en base a sujetos que también requieren la atención personalizada desde la perspectiva psico-emocional, y esta debe comenzar a trabajarse en la escuela, para que niños y niñas sepan desenvolverse en lo virtual y que este entorno tenga también una normatividad compartida de respeto hacia los demás, para que adquieran capacidad crítica frente a la pantalla, y para que sepan que también tienen el derecho –y la necesidad- de desenvolverse en el mundo físico, el derecho a la desconexión.
Fundación FOESSA. VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas Española, Fundación FOESSA, 2019.
Gobierno de España (2021). Plan España Digital 2025. Disponible en:
Puig Punyet, E. Los cuerpos rotos. La digitalización de la vida tras la COVID-19. Clave Intelectual: Madrid, 2020.
Subirats, J. (director). Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. Barcelona: Fundación La Caixa, 2004. Disponible en: https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/240906/vol16_es.pdf
Zafra, R. El Entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital. Anagrama: Barcelona, 2017.
[1] En relación a la distancia con el cuerpo en el mundo digital: “…porque tenemos cuerpo, pero no esquivan que la hipervisibilidad del mundo digital es lo que en estos tiempos se posiciona implacable, derivando hacia la supremacía de la visión, en detrimento del oído, el olfato o el tacto en nuestras relaciones online (Zafra, 2017:164).
Equipo de Estudios de Cáritas Española
La pobreza es una gravísima violación de los derechos humanos. Esta afirmación es la premisa para luchar eficazmente para su erradicación y aliviar sus efectos desde una responsabilidad colectiva.
En este sentido, es fundamental que como sociedad evolucionemos en la mirada que tenemos sobre la pobreza y las personas que la padecen. Este es el principal mensaje que transmite el video compartido por Olivier De Schutter, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos: Una manera diferente de hablar de la pobreza.
La pobreza, la exclusión y la desigualdad social no son problemas individuales sino estructurales. Es primordial cambiar nuestra perspectiva hacia un enfoque centrado en el individuo y superar el maniqueísmo que sugiere la existencia de una escisión entre personas pobres merecedoras y personas pobres malas y aprovechadoras. Persiste la idea que las personas pobres son pobres porque quieren o porque no hacen lo suficiente para salir de esta situación.
Dicho argumento explica la pobreza y su reproducción intergeneracional desde una visión de individualismo extremo. No obstante, tenemos que superarla para transformar las estructuras reales que condicionan las desigualdades.
En suma, la lucha contra la pobreza requiere, por un lado, ayudar a las personas en situación de mayor fragilidad, pero también fomentando las capacidades y las potencialidades acompañando su autonomía y, por otro lado, modificar las reglas que generan la precariedad y profundizan las desigualdades.
Una manera diferente de hablar de la pobreza: https://www.youtube.com/watch?v=xad8XEzDqww
Raúl Flores Martos y Thomas Ubrich
Equipo de Estudios de Cáritas Española
Javier Alonso Torréns ha sido un sociólogo comprometido con la justicia social. Con este artículo queremos rendir homenaje a su labor investigadora y su importante legado en el ámbito de la sociología aplicada y la investigación social. En concreto, a la gran aportación que hizo a la sociología de la pobreza, mediante el análisis de la politología social. Queremos agradecerle su luz y su cercanía, su trabajo y su apoyo incondicional a la labor que desde Cáritas y la Fundación FOESSA hacemos en favor de las personas en situación de exclusión social.
El pasado mes de enero nos dejaba Javier Alonso Torréns. Ha sido un sociólogo comprometido con la justicia social y precursor de la sociología aplicada y de la sociología de la pobreza. Un luchador incansable, que miraba el barrio y el mundo desde los ojos de los más débiles. Un investigador pionero en las técnicas y en el análisis de los fenómenos sociales que frenaban el desarrollo humano integral y la equidad.
Con este artículo, pretendemos reivindicar su labor investigadora, su capacidad para enseñar sociología aplicada y transmitir valores a la investigación social. Y en concreto la gran aportación que hizo a la sociología de la pobreza, mediante el análisis de la politología social.
En el año 1998 la editorial de Cáritas publicaba la investigación titulada: Las condiciones de vida de la población pobre en España, dentro de la Colección estudios de la Fundación FOESSA, una investigación ambiciosa y que supuso una gran aportación a la sociología de la pobreza. Fue el fruto de cuatro años de trabajo acumulado, del Equipo de Investigación Sociológica (EDIS) con Javier Alonso Torrens como director, y con las aportaciones de cinco investigadores (Luis Ayala, Fernando Esteve, Antonio García Lizana, Rafael Muñoz de Bustillo, Víctor Renes y Gregorio Rodríguez Cabrero).
Dentro de los fines de la investigación se subrayaba el objetivo de profundizar en la multidimensionalidad de la pobreza. Un propósito ambicioso y adelantado a su tiempo, puesto que se diseñaba mucho antes que la ONU contemplara el uso del índice de pobreza multidimensional y antes de que la Agenda 2030, a través de los ODS reforzaran la necesaria meta de reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
La observación (basada en una muestra extremadamente amplia, de 29.592 familias y 115.062 personas) de la acumulación de problemas en diferentes dimensiones de la vida, en las mismas familias y las mismas personas, permitió analizar la polipatología social de las personas en situación de pobreza. Para su medición se partía de un sistema de 36 indicadores estructurados en siete bloques temáticos (vivienda, educación, trabajo, salud, integración personal/familiar, integración social del territorio, estado de ánimo), y que tiene algunos puntos comunes y de conexión con la actual medición de la exclusión social, mediante el ISES (índice sintético de la exclusión social) de la Fundación FOESSA basado en 35 indicadores y ocho dimensiones de problemas de exclusión.
En aquellos últimos años del siglo XX, Javier Alonso sentaba las bases de la polipatología social en el mundo de los pobres. La citada investigación constituyó un paso decisivo para la comprensión de las condiciones de vida de la población, con una mirada más allá de la dimensión puramente económica, tradicionalmente abordada por la pobreza relativa (insuficiencia de ingresos). Y una investigación que pondría los cimientos de lo que posteriormente se ha desarrollado en el entorno de la Fundación FOESSA, para la operativización y medición de la exclusión social.
La polipatología social se puede observar en las distintas oleadas de la Encuesta sobre integración y necesidades sociales (EINSFOESSA), a través de diferentes análisis, aunque cabe destacar:
El ISES de FOESSA explora 35 indicadores que señalan situaciones de exposición a situaciones de exclusión social y lo hace a través de ocho dimensiones que tienen una especial relevancia en las condiciones de vida de las personas, y en su participación de la vida social: el empleo, el consumo, la participación cívico-política, la educación, la vivienda, la salud, el conflicto social y el aislamiento social. Desde la lógica de la acumulación de los problemas y de los itinerarios de exclusión social, es bastante frecuente que las personas/familias que están afectadas por indicadores de alguna de estas dimensiones, con el paso del tiempo, también acaben estando afectadas por otras dimensiones.
La característica más clara de la desventaja, la pobreza y la exclusión, es el padecimiento simultaneo de diversos males y carencias y por eso se hace difícil su tratamiento y más complicado su análisis. El fenómeno tiene muchas facetas y muchas caras simultáneamente. Se llama originariamente efecto Mateo por la cita bíblica del capítulo 13, versículo 12 del Evangelio de San Mateo, que dice textualmente: Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. En otras palabras, males llaman más males y bienes atraen muchos más bienes.
Por su parte, el sociólogo creyente y comprometido que era Javier, pero también apegado a la tierra y naturaleza, repetía como un mantra, pero siempre con benevolencia y compasión, el dicho popularmente conocido: a perro flaco, todo son pulgas, esta es otra forma de decir que las desgracias nunca vienen solas. Se entiende como el perro flaco a aquellas personas con menos recursos y las pulgas son los problemas. Así, aquellas personas que son desgraciadas, suelen atraer nuevas desgracias sobre ellas.
A través de la EINSFOESSA vemos como la acumulación de problemas de distintas dimensiones ha venido ocurriendo desde el origen de esta medición y afectando una buena parte de la población. La situación más grave por la acumulación de dificultades y que mejor ejemplifica la polipatología social, la encontramos en aquellos hogares con cuatro o más dimensiones afectadas. Una situación que antes de la gran recesión solo afectaba al 2,6% de las familias, pero que, en la segunda oleada de la anterior crisis, rozaba el 8% de los hogares, y que incluso en la postcrisis y fase de recuperación del año 2018, seguía afectando a más del 5% de la sociedad y duplicando los valores del año 2007.
3.2. Población que acumula tantas dificultades y dificultades tan graves que se alejan extremadamente de la vida integrada
No son pocas las familias que se ven afectadas por 8, por 12, o incluso por 16 indicadores del sistema de 35 indicadores; lo que acaba provocando una acumulación en el valor del ISES que multiplica por 7 el valor medio del ISES[1] en la sociedad. Este extremo de la exclusión social (exclusión severa), resulta especialmente preocupante, ya que refleja la acumulación de una cantidad de dificultades que construyen una experiencia vital totalmente alejada de una participación social normalizada y que provoca la expulsión del espacio social.
De igual manera que algunas personas enfermas, con edades avanzadas o con dificultades de salud limitantes, a menudo contraen otras enfermedades, acumulando distintos problemas de salud, las personas y el cuerpo social en general, se asimilan al cuerpo humano, ya que determinados fenómenos sociales de pobreza y exclusión atraen nuevos problemas sociales y constituyen la polipatología social.
El grupo poblacional, representado en su extremo con ISES > 7, al que denominamos sociedad expulsada, es la demostración de cómo la espiral de la exclusión social y la pobreza hunde a muchas personas y familias hasta situaciones de polipatología social extrema. Una realidad, que no ha dejado de incrementarse desde el año 2008, tanto en las fases de crisis, como en las fases de recuperación económica y que nos dibujan, un proceso de enquistamiento y cronificación de las situaciones de acumulación de dificultades en la sociedad, y ante las que no se está actuando con los recursos suficientes o con los recursos necesarios, a juzgar por el incremento sostenido en el tiempo.
El actual contexto de pandemia y las diversas crisis que se acumulan están haciendo estragos especialmente entre la población más vulnerable. La mirada sociológica nos hace temer que los datos de la próxima oleada de la EINSFOESSA (Encuesta sobre integración y necesidades sociales de la Fundación FOESSA), actualmente en fase de trabajo de campo, muestren aflorar un nuevo empeoramiento, con el surgimiento de nuevas brechas y nuevos problemas, así como de una mayor profundidad de los problemas ya existentes.
La aportación de Javier Alonso y de EDIS a la sociología de la pobreza, no solo se concentró en la parte metodológica de desarrollar indicadores, nuevas mediciones, o nuevos análisis estadísticos, tampoco quedó circunscrita a la tarea más de diagnóstico de la realidad y de las condiciones de vida, sino que en su trayectoria y experiencia realizó aportaciones sugerentes a la investigación social operativa y aplicada. Buena prueba de ello es su contribución en La agenda de investigación en exclusión y desarrollo, coordinada por Fernando Vidal y Víctor Renes en el año 2007, en la que plantea la tesis de que los problemas de la pobreza, de la marginación o de la exclusión social ni son exclusivamente monetarios, ni se arreglan sólo con dinero. Desde esta constatación es necesario tener en cuenta que la lucha contra la pobreza y también, en teoría, se llega al convencimiento de que los programas de lucha contra la pobreza y la exclusión deben ser interdisciplinares y tocar y solucionar conjuntamente todos los aspectos carenciales que afecten a la persona o las familias que los padecen.
Por todos estos motivos, la concepción multidimensional de la pobreza y la comprensión de los fenómenos de empobrecimiento y exclusión social como procesos conectados, interrelacionados y en muchas ocasiones acumulados, es estrictamente necesaria para el diseño y sobre todo ejecución y buen desarrollo de las políticas sociales orientadas a luchar contra la pobreza, la exclusión social, y en general contra la desigualdad y la injusticia que se encuentran en el origen de estos fenómenos.
En definitiva, el bienestar de las personas y de una sociedad, debe ser construido desde la mirada de la polipatología y del polibienestar que Javier resumía en: El Bienestar se compone de muchos elementos: tener salud, también estabilidad emocional y afectiva, disponer de una vivienda digna y confortable, tener una cultura adecuada, tener resuelta la ocupación gratificante, disponer de elementos y equipamientos personales y familiares, recursos, en fin, acordes con el desarrollo actual, tener también resuelto los aspectos de ocio y del tiempo libre, gozar de una satisfactoria convivencia y tener a mano los principales servicios para resolver todos los problemas.
Descanse en paz Javier Alonso Torrens. Agradecidos y afortunados por haberte conocido y haber aprendido tanto.
EDIS (Equipo de Investigación Sociológica), Ayala L., Esteve, F. García A., Muñoz R. (1998). Las condiciones de vida de la población pobre en España. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA.
FOESSA (2008). VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas: Fundación FOESSA.
FOESSA (2014). VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA.
FOESSA (2019). VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA.
Laparra M. y Pérez Eransus B. (coord.) (2010). El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA.
Vidal F. y Renes V. (coord.) (2007). La agenda de investigación en exclusión y desarrollo social. Madrid: Cáritas; Fundación FOESSA
[1] El valor del ISES es el resultado de la suma de los valores específicos (cada indicador tiene su valor propio) de cada uno de los 35 potenciales indicadores afectados. De forma que un hogar puede registrar un valor muy alto en el ISES, ya sea porque está afectado por indicadores muy graves, o porque está afectado por muchos indicadores que suman un valor importante.
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Sebastián Mora Rosado, Universidad Pontificia Comillas
La pandemia producida por la COVID-19 se ha convertido en un hecho singular y totalizante. Los accesos a la realidad están monopolizados por el desarrollo y los efectos de esta. Todas las esferas de la existencia, desde la conciencia más íntima a la vida pública, se han visto conmovidas y removidas por la evolución de la COVID-19. El evidente impacto en la salud pública ha venido acompañado de consecuencias gravísimas en el orden económico, político y social. Además, en el imaginario social la vulnerabilidad de lo humano, olvidada en una sociedad individualista y tecno-optimista, está ocupando un puesto central en nuestras experiencias personales y colectivas.
Aunque de manera más silenciosa y menos analizada, la pandemia ha supuesto también una auténtica transformación en la percepción de tiempo histórico. La contracción del presente, como vivencia del tiempo de la modernidad tardía (Rosa, 2016) , se ha visto intensificada de manera notable. Necesitamos pasar rápido por el pasado, incluso el más cercano, y el futuro es tan indeterminado que se difumina como ámbito de experiencia o se utiliza como mera vía de escape. En definitiva, hemos puesto el mundo entre paréntesis hasta nuevo aviso. Esto no significa una ralentización del tiempo social, incluso puede suponer una mayor aceleración social (hacer más cosas en menos tiempo) aunque para acabar en el mismo sitio. No paramos de correr para retornar eternamente a lo mismo. Por eso en la Gran Recesión (2009) se proclamó la refundación del capitalismo, para aceleradamente pasar a repetir lo mismo.
La metáfora de la guerra, ampliamente utilizada por políticos y opinadores, fundamenta y argumenta esta excepcionalidad. En esta puesta entre paréntesis -aceleración estática-, el pasado queda sepultado y el futuro desdibujado. Una sociedad sin memoria y sin orientación a futuro es una sociedad moribunda. Sobrevive, pero no vive.
Para romper el cerco del presente es una exigencia ética analizar, valorar y evaluar las políticas públicas implementadas, la actuación de las diversas administraciones, la participación de la sociedad civil organizada y las responsabilidades que tenemos como ciudadanía. Pero, no menos necesario es rememorar el sufrimiento acontecido como memoria peligrosa (Metz, 2002), como interrogante que nos dejan los que se han ido en el olvido; como apertura de un presente que no puede agotarse en la mera instantaneidad y se tiene que abrir a la duración del tiempo histórico. Nuestra sociedad no puede pasar por encima del sufrimiento amontonado hace pocos meses en las morgues de campaña, ni ocultar la brutal injusticia que están padeciendo las personas más vulnerables y no dar el debido culto a la fraternidad de los ausentes (Barreto, 2020). El presente contraído, como totalidad de nuestra existencia, no puede acallar la memoria del sufrimiento y la injusticia padecida por las personas más fragilizadas. El pasado no es solo una estación previa al presente, sino acontecimiento de justicia y reconciliación. Desvelar las injusticias acontecidas y sufridas por las personas fragilizadas, en vez de cubrirlas bajo un velo de ignorancia, es un ejercicio de justicia débil, pero absolutamente necesario para anticipar el futuro. El diabólico trato dado a nuestros mayores, la indigna política migratoria agravada en tiempos de pandemia, el incremento intenso de la desigualdad y la exclusión social no pueden sepultarse en los pozos del olvido.
El presente, como situación de emergencia permanente, nos ancla irremediablemente en el corto plazo. No miramos hacia atrás, pero tampoco levantamos la cabeza al futuro. Miramos hacia abajo, a lo presente y urgente, al tiempo real como un ahora sincronizado que ha roto el hilo de la humanidad. Es absolutamente indudable la necesidad de centrarse en lo urgente y necesario, pero no puede hacernos olvidar el hilo de humanidad que nos constituye, a riesgo de convertirnos en meros supervivientes. Un tiempo sin duración, sin aroma (Han, 2015) nos hace vivir la historia como un destino inevitable. La instantaneidad de lo vivido, la eterna repetición de lo mismo crea la sensación de no sentir el paso del tiempo. Si cerramos los ojos parece qué, desde el mes de marzo, cuando explosionó la pandemia, no ha pasado el tiempo.
El miedo se eterniza en el presente contraído agotando los resortes de esperanza en el futuro. Un tiempo sin duración, como el que estamos viviendo, que pone el mundo entre paréntesis hasta nuevo aviso, acaba robando el futuro a millones de personas (Lanceros, 2017). Por eso, no podemos encerrarnos en la mera espera desde la burbuja del presente. Esperar es anticipar, transformar y convertir en realidad las potencialidades inéditas del presente. Espera y anticipación, como actitud y praxis social, son los mimbres para vivir en un presente dilatado. Como decía el apóstol Pedro a los cristianos esperando y acelerando la venida del Reino (2 Pe 3,12).
La excepcional situación que estamos viviendo exige una intensa atención al presente y a sus requerimientos sanitarios, sociales y políticos. No podemos evadirnos de la cruda realidad del presente. Ahora bien, o somos capaces como sociedad de dilatar el presente o acabaremos cayendo continuamente en la repetición de lo idéntico. Especialmente para las personas excluidas, expulsadas y oprimidas. Como nos recordaba Walter Benjamin, en su Tesis VIII Sobre el Concepto de historia (2008), debemos caer en la cuenta que la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos es la regla. Para lo expulsados del bienestar, el presente contraído es la permanencia de la barbarie, la injusticia y la opresión. Por eso trabajar por la justicia es redimir al tiempo histórico del presente eterno de la excepcionalidad desde prácticas y narrativas que, asentadas sobre la experiencia colectiva y la memoria subversiva, sean capaces de anticipar el futuro comunitario.
Barreto, D. (2020). «La pregunta por quienes se han ido y la cultura de la solidaridad». Iglesia Viva, (281), 131-132. Retrieved from https://iviva.org/revistas/281/281-37-DANIEL.pdf
Benjamin, W. (2008). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México D.F: Itaca.
Han, B. (2015). El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. Barcelona: Herder.
Lanceros, P. (2017). El robo del futuro. Fronteras, miedos, crisis. Madrid: Libros de la Catarata.
Metz, J. B. (2002). Dios y el Tiempo. Nueva teología política. Madrid: Trotta.
Rosa, H. (2016). Alienación y Aceleración. Hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía. Madrid: Katz.
Técnico del Observatori Diocesà de la Pobresa i l’Exclusió Social de Girona
Estudio cualitativo realizado en base a entrevistas en profundidad con mujeres participantes de Cáritas con el objetivo de conocer el impacto de la COVID-19 en su vida cotidiana.
El año 2020 marcará un antes y un después. Es como si socialmente nos encontráramos en un cruce de caminos, completamente paralizados por una capa húmeda de invisibilidad impenetrable para los ojos humanos, sin saber qué hacer. La pandemia del coronavirus de 2019-2020 es esta niebla. Estamos inmersos en un momento de cambio, un proceso que nos sitúa en una especie de dimensión desconocida, un período de transición incierto y encarado hacia un nuevo equilibrio que está comportando quebrantamientos y rupturas, duelos y pérdidas. Es como si nos dirigiéramos hacia un horizonte desconocido, vulnerables, perdidos en medio del océano en una barquita modesta y sin rumbo.
En contextos tan extremos y excepcionales como el actual, es fácil que puedan emerger situaciones equiparables a algunos de los elementos siguientes:
A.- Los canales de acceso a la salud pública se pueden ver alterados por razones de naturaleza diversa, al menos temporalmente, circunstancia que puede comportar más obstáculos y barreras de accesibilidad a unos servicios universales básicos y de primera necesidad, así como una disminución de su eficacia y calidad.
B.- Es posible que haga acto de presencia la idea del chivo expiatorio, la estigmatización del otro, del extraño, producto en la mayor parte de los casos de un exceso de información que se podría traducir, sencillamente, con una convivencia con la desinformación.
C.- El umbral hacia la universalización de la vulnerabilidad está cada vez más cerca y las consecuencias son previsibles, es decir, más situaciones de riesgo entre los sectores poblacionales en exclusión social y, al mismo tiempo, una sensible ampliación de los sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad o de exclusión.
D.- En situaciones críticas y extremas, sale lo mejor y lo peor de las personas. Los cambios de hábitos y cómo inciden en los comportamientos son un aspecto importante a tener en cuenta. Es posible que la tendencia que se va imponiendo dificulte cada vez más la capacidad de interrelaciones físicas y de proximidad entre las personas, incrementando las barreras relacionales en sectores poblacionales cada vez más significativos.
E.- El papel que las nuevas tecnologías tienen en nuestras vidas es determinante, y nada nos indica que esta presencia se pueda revertir. La convivencia con la virtualidad se acentuará aún más para convertirse en un obstáculo para unos y un reto para otros, pero que ya nadie puede rehuir.
Ante esta situación, entre los meses de mayo y julio del presente año, desde el Observatori Diocesà de la Pobresa i l’Exclusió Social de Girona se realizaron un total de 14 entrevistas en profundidad a mujeres participantes de Cáritas, con el objetivo de conocer el impacto de la COVID-19 desde ópticas diferentes, buscando esta incidencia tanto a nivel familiar como en relación con la vivienda, la situación laboral, económica y a la capacidad de tener (o no) aseguradas las necesidades básicas, sin olvidar la dimensión relacional y la salud.
La totalidad de las entrevistas son los relatos de mujeres adultas, todas ellas en edad productiva, y que comparten dos denominadores comunes que se han escogido a modo de precondición para poder hacer las entrevistas. La primera es que se ha procurado garantizar un nivel comunicacional óptimo. La segunda es que fueran mujeres emprendedoras, es decir, con un objetivo personal y laboral inequívoco que trasciende su rol procreador y familiar.
Entre las observaciones de las informantes y en relación con la composición de los hogares y el estado de las viviendas se pueden destacar dos grandes tendencias. Una primera es que se intuye un incremento de la cohesión familiar y de la solidaridad interna en aquellos hogares formados por personas con relaciones de parentesco. Por el contrario, aquellos hogares compuestos por personas sin relaciones de parentesco no experimentan esta misma reacción vinculada a la cohesión, donde sus miembros tienden hacia un modelo de vidas paralelas –sin desatender reciprocidades de solidaridad interna para cuestiones básicas de la vida cotidiana. Así mismo, la constitución y permanencia de estos hogares es de naturaleza temporal y efímera.
Las semanas de confinamiento han hecho más visibles las limitaciones y deficiencias –en el caso de haberlas– de la vivienda, así como los hándicaps y limitaciones del entorno urbano. Una de las tendencias que se intuyen es que, entre aquellos que se lo pueden permitir, su proyecto más inmediato es el de cambiar de vivienda. La pandemia no solo ha mostrado los puntos débiles del piso o de la casa donde se vive, sino que se empiezan a percibir los inconvenientes y riesgos que comporta vivir en las áreas urbanas. Algunas de las informantes manifiestan que su mirada no solo afecta a la vivienda, sino también a la ciudad, valorada ahora negativamente, de manera que el nuevo interés se centra en el extrarradio urbano y, también, en el mundo rural.
Sobre la situación laboral y económica de los hogares, uno de los aspectos que se constata es una tendencia a la baja de los ingresos antes de la COVID-19 y los que se computan en el momento de la entrevista, si bien esta dinámica no compromete, en ningún caso, a asumir los gastos básicos mensuales de cada vivienda. Esta es la tendencia general, pero también es cierto que durante las semanas de confinamiento hay quienes han trabajado más y han incrementado los ingresos. Una posible hipótesis explicativa en relación con estos casos y que se tendría que poner a prueba es que las personas con una situación laboral poco estable y condicionada por la temporalidad han visto multiplicar sus posibilidades de trabajo, pero también es cierto que han tenido que asumir riesgos de contagio más elevados derivados de esta actividad.
Otra fenomenología a destacar, en el caso de las personas que siguieron trabajando o que en el transcurso de las semanas de confinamiento acabaron perdiendo el trabajo, es el nivel de afectación que la pandemia ha evidenciado en los centros de trabajo –transversalmente–, la falta de reacción, la emergencia de las deficiencias organizativas, así como una combinación entre desprotección y provisionalidad que han experimentado las personas empleadas, al menos durante las primeras semanas de confinamiento. Estas situaciones han afectado, en mayor o menor medida, psicológicamente en el estado anímico a las personas que han trabajado bajo presión, desprotegidas y en condiciones adversas.
La frustración y la impotencia que se respira a causa de la pandemia en algunas entrevistas hay que atribuirla, también, a la interrupción temporal y/o la ralentización de las tramitaciones de permisos de trabajo, solicitudes de ayudas, entre otras gestiones. La sensación a la hora de expresar esta situación es similar a la de una especie de congelación, una parálisis de las instituciones, ya que se percibe un impasse / silencio institucional y administrativo que está provocando angustia y preocupación.
Si tomamos el universo de las mujeres entrevistadas, la brecha digital es prácticamente inexistente. Las personas que no tienen aptitudes y conocimientos telemáticos suficientes –solo en dos casos– tienen recursos para suplirlos y pedir ayuda –una ayuda que puede ser remunerada. Con más o menos dificultades, los 14 hogares hacen un uso habitual de las nuevas tecnologías y en algún caso se han beneficiado de la ayuda de la escuela para tener los dispositivos necesarios. La tendencia que se deriva de esta muestra es que hay un volumen significativo entre los participantes de Cáritas en general que están familiarizados con las nuevas tecnologías y las utilizan habitualmente, a veces con deficiencias y dificultades en relación con el estado de móviles, tabletas y/o ordenadores.
Una percepción recurrente derivada del efecto de las semanas de confinamiento y a la entrada de las diferentes fases de apertura, es que hay personas que se han acostumbrado a la reclusión, creando un mundo propio, reducido, limitado, pero acogedor y suficiente para ir tirando. Este fenómeno se ha traducido en que es presumible que un número significativo de personas no haya tenido prisa por salir de casa y hacer vida social, no tanto por tener miedo de sufrir las consecuencias de una posible infección a causa del coronavirus, sino por el simple hecho de abandonar una zona de confort que sigue percibida como un recurso vigente y activo. Esto provoca que para algunas las salidas ya no sean como antes, son más cortas, y para otras son menos frecuentes, mientras que también hay quienes se han resistido a salir tanto como han podido.
Si la incidencia de este fenómeno cristaliza y se convierte en significativo a nivel social, es evidente que incidirá en otra de las tendencias que se desprenden de las entrevistas, y es que ha habido una disminución del abanico de opciones tradicionales y cotidianas asociadas a la sociabilidad personal y directa mientras que, paralelamente, la práctica de las comunicaciones entre las personas mediante las nuevas tecnologías experimenta un incremento evidente.
Hacia dónde conduce todo ello hoy por hoy es una incógnita. Con los datos reunidos hasta el momento, todo parece indicar que en los próximos meses se entre en una situación de riesgo que comporte un aumento notable de los índices de aislamiento social. Según las reflexiones que aportan las informantes en relación con sus redes relacionales, la verdad es que no está claro si estas tienden a aumentar o a disminuir, lo que sí que está claro es que, primero, por regla general las informantes cuentan con unas redes relacionales débiles fuera del ámbito familiar, a veces inexistentes, y segundo, también se puede afirmar que la afectación de la pandemia no ha contribuido, en ningún caso, a incrementarlas.
Un tema que ha sorprendido en las entrevistas y en el análisis comparativo resultante es la poca incidencia que han tenido los contagios de la COVID-19 entre las participantes y su red relacional más próxima. La mayor parte, como mucho, han sabido de casos de personas conocidas más allá de su círculo más íntimo. Hasta el momento en que se hicieron las entrevistas (mayo a julio 2020) la incidencia de contagios en el círculo más restringido fue prácticamente inexistente. Es muy probable que una segunda ola de entrevistas a las mismas mujeres podría variar los resultados ya que, a partir del mes de septiembre la incidencia de contagios se extiende sin signos de remitir.
Viendo la situación social que supuestamente está generando la pandemia del coronavirus en la recta final del año, cuando algunas de las informantes hablaban de temores relacionados con la estabilidad de su salud mental en caso de prolongación temporal incierta de la crisis sanitaria, lo lógico es que estén a las puertas de una situación personal y familiar cada vez más delicada. El riesgo de la vulnerabilidad de los hogares es más elevado y preocupante cada día que pasa.
Equipo de coordinación territorial de Cáritas Bizkaia
Licenciada en Sociología. Responsable del departamento de análisis y desarrollo de Cáritas Bizkaia
El conocido y constatado fenómeno de la feminización de la pobreza ha puesto de manifiesto, hace ya algunas décadas, que la exclusión no es neutra, que opera de forma distinta en los procesos vitales de hombres y mujeres. Así, hoy casi nadie discute que los elementos a partir de los que medimos la pobreza y la exclusión también están atravesados por el sistema sexo-género, generando para las mujeres dificultades específicas que, en interacción con otras, pueden desembocar en situaciones de exclusión social que no se explican sin esa mirada de género.
Dicho de otra forma, la anteriormente citada elocuencia de los datos, debería servirnos para abrir la mirada: no se trataría de constatar que las mujeres son pobres, sino de entender que la pobreza y la exclusión están condicionadas por el género.
Esta afirmación nos lleva a plantear que los mecanismos de inclusión social tampoco son ajenos a la desigualdad de género. Para superar o al menos paliar la llamada feminización de la pobreza, es necesario generar procesos de inclusión que corrijan las desigualdades entre hombres y mujeres, que avancen hacia la equidad. De otra forma, sólo estaremos aplicando respuestas válidas para algunos, y perpetuando las dificultades específicas para la inclusión social de las mujeres, así como la imagen estereotipada de las mujeres pobres.
En resumen, comprender la exclusión a través de la mirada de género nos lleva, necesariamente, a cuestionar y modificar nuestros modelos de inclusión.
Para acercarnos a comprender la realidad de pobreza y exclusión social de las mujeres nos centraremos en indicadores relacionados con el empleo, el riesgo de pobreza y la exclusión tanto desde una perspectiva multidimensional, como reflejando la importancia de algunos indicadores específicos que están operando en esta realidad.
El empleo y la protección económica que genera a través del sistema contributivo son considerados factor clave en nuestro actual modelo de inclusión social y protección ante la pobreza. Pero constatamos diferencias significativas de género tanto en el acceso el empleo como al tipo de empleo al que se accede. Esta desigualdad de género en relación al empleo es uno de los factores que explican la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión en las mujeres.
La tasa de paro ha evolucionado de manera muy distinta entre hombres y mujeres. Tradicionalmente el paro es superior en las mujeres que en los hombres. Como efecto de la crisis, la diferencia se redujo considerablemente llegando a porcentajes entre el 25% y 26% de paro en ambos grupos. Sin embargo, cuando se ha reiniciado la recuperación y la tasa de paro ha comenzado a reducirse, la diferencia ha vuelto a aparecer. La mejora en la reducción de la tasa de paro ha impactado principalmente en la población masculina y apenas lo ha hecho en las mujeres.
La Tasa de inactividad laboral: En 2019 la población inactiva en España fue de más de 16 millones de personas. De ellas el 58% (cerca de 9 millones y medio) fueron mujeres. Esto supone un diferencial de más de 2 millones y medio de mujeres inactivas respecto a hombres. Fijándonos en los motivos principales de esta inactividad laboral también identificamos diferencias considerables. La realización de labores del hogar y percibir una pensión distinta a la jubilación o prejubilación son los motivos de inactividad mayoritarios para las mujeres. Es decir, se trata de motivos desconectados del mundo del empleo. Las mujeres superan en 2,8 millones a los hombres en el caso de la inactividad laboral por dedicarse a las labores del hogar y en 1,3 millones por percibir una pensión no contributiva.
En el caso de la inactividad por incapacidad permanente la diferencia entre hombres y mujeres es de 29.000 mujeres más en esta situación respecto a hombres en todo el Estado. En el caso de los estudios la diferencia es de 96.000 mujeres más respecto a hombres. Y la inactividad por dedicarse a actividades benéficas también se reparte de forma igualitaria entre hombres y mujeres.
La jubilación/prejubilación es el motivo de inactividad principal en el caso de los hombres y es significativamente mayor que en el de las mujeres: más de 1 millón y medio de hombres más que mujeres inactivas por este motivo. En este caso también se observa una gran desigualdad entre ambos grupos.
Jornadas parciales: Las jornadas laborales a tiempo parcial se concentran en mayor medida en las mujeres. El 74% de las jornadas a tiempo parcial las realizan las mujeres. Esto supone más de 2 millones de mujeres trabajando a jornada parcial frente a 748.000 hombres. Analizando los motivos de dichas jornadas parciales también observamos diferencias de género. En general se trata de jornadas a tiempo parcial no deseadas, fruto de no haber podido lograr un empleo a jornada completa. Esta opción es superior en el caso de los hombres (57%) que en del de las mujeres (50%). También es superior en el caso de los hombres los motivos relacionados con la formación, 14% frente a un 6% en las mujeres. En cambio, una vez más, las cuestiones relacionadas con el cuidado se distribuyen de manera desigual entre hombres y mujeres. El 14% de las mujeres optan por la jornada parcial por dedicar tiempo a los cuidados y otro 8% por dedicar tiempo a otras cuestiones familiares, frente a un 2% de los hombres en ambos casos.
En definitiva, las situaciones de paro, inactividad y contratación a tiempo parcial impactan más en las mujeres y en éstas están más presentes las cuestiones relacionadas con los cuidados y las tareas domésticas. Estas dificultades son indicadores que nos muestras un mayor alejamiento de las mujeres del modelo de la inclusión por el empleo y los derechos que éste genera.
A todo ello cabe añadir la brecha salarial, que para 2017 se situaba en 5.899€.
Se constatan mayores niveles de pobreza en las mujeres, especialmente en aquellas situaciones en las que constituyen hogares monoparentales.
Individualmente consideradas, el riesgo de pobreza en las mujeres se sitúa en el 22,2% mientras que en los hombres es del 20,9%. La evolución de este indicador ha sido distinta para unos y otras. En el caso de los hombres, éstos se han visto más afectados por la crisis, partían de un riesgo de pobreza del 18% antes de la crisis, alcanzando un 22,6% en 2016 e iniciando una tendencia descendente desde entonces hasta llegar al 20,9% actual. En cambio, las tasas de riesgo de pobreza en las mujeres vienen situándose desde el 2008 en torno al 21-22%. Esta tendencia nos lleva a plantear que la pobreza en las mujeres parece estar más vinculada estructuralmente al género y en los hombres podría estar más vinculada a acontecimientos sociales de carácter económico.
En los últimos años se ha visibilizado de forma clara que el riesgo de pobreza es mayor en los hogares donde hay menores. El riesgo de pobreza afecta al 21,5% del conjunto de la población, pero cuando centramos la mirada en los hogares con hijos/hijas a su cargo, se sitúa en el 23,2% de los hogares con 2 adultos con hijos/hijas a su cargo y se duplica en el caso de los hogares monoparentales (43%). Este dato es muy significativo desde la perspectiva de la pobreza en las mujeres, puesto que el 81% de los hogares monoparentales están encabezados por una mujer.
Si miramos el impacto de la pobreza en las condiciones materiales de vida, descubrimos una vez más, que los hogares donde la sustentadora principal es una mujer sufren en mayor medida este impacto. En todos los indicadores AROPE que miden la carencia material severa, el porcentaje de hogares en los que la sustentadora principal es una mujer es superior al de los hogares encabezados por un hombre. Destacan las situaciones relacionadas con haber tenido que reducir gastos en suministros de la vivienda (agua, calefacción, etc.…) en el que la diferencia entre los hogares encabezados por una mujer se encuentran 9,5 puntos por encima de los hogares encabezados por un hombre, haberse visto en la obligación de reducir gastos en comunicación (internet, TV, telefonía) que afectan en 5 puntos más a los hogares encabezados por una mujer, y haber sufrido retrasos en el pago de recibos en los suministros del hogar (agua, gas..) afecta en 6,4 puntos más a los hogares dependientes de una mujer (FOESSA 2018).
En la intersección producida entre el desempleo o el empleo precario, la monoparentalidad y la pobreza se genera una realidad compleja. Las situaciones de bajos ingresos siendo la única sustentadora económica de la unidad familiar, las dificultades para acceder al mercado de trabajo o a procesos de formación que puedan mejorar las oportunidades de acceso al empleo, las dificultades de conciliación de los cuidados y el empleo (cuando lo hay), interactúan entre sí generando una gran presión e incertidumbre en estas mujeres. En estas situaciones, disponer de una red de apoyo familiar o del entorno resulta clave y no siempre se produce. También resulta difícil acceder a políticas de conciliación adaptadas a las circunstancias de estas mujeres y la contratación de servicios privados de cuidado no es posible (Cáritas Bizkaia, 2017). Son este tipo de realidades complejas y multidimensionales las que generan los procesos de exclusión social.
Si observamos la situación de las mujeres desde la perspectiva multidimensional de la exclusión, descubrimos que esta afecta más a los hogares en los que la persona sustentadora principal es mujer. Un 20% de los hogares cuyo sustentador principal es mujer se encuentra en situación de exclusión social, y en el caso de los hombres la exclusión afecta al 16% de los hogares. También la exclusión severa afecta más a los hogares sustentados principalmente por una mujer (9,4%) que a los sustentados principalmente por un hombre (7,5%) (FOESSA, 2018). Si tenemos en cuenta el tipo de hogar, una vez más los hogares monoparentales aparecen en una posición destacada. No solo la pobreza, también la exclusión afecta con mayor intensidad a los hogares monoparentales: un 29% de los mismos se encuentran en situación de exclusión. Prácticamente un tercio. Hogares monoparentales que en un 86% el progenitor es una mujer (FOESSA 2018).
Si detallamos los indicadores que configuran la exclusión social más allá del empleo o los ingresos, adquieren importancia cuestiones vinculadas al eje de la salud y al relacional.
Teniendo en cuenta el sexo de la persona sustentadora principal del hogar, descubrimos que donde se dan las mayores diferencias entre hombres y mujeres son en este orden, en la existencia de situaciones de dependencia, la ausencia de una red de relaciones de apoyo (aislamiento social) y el haber sufrido situaciones de malos tratos en el hogar.
En definitiva, la pobreza y la exclusión impactan de manera especialmente significativa en la población de mujeres que son las sustentadoras principales de los hogares especialmente cuando son las únicas sustentadoras. La cuestión de las necesidades de apoyo para las actividades cotidianas de la vida, la falta de relaciones o de ayuda para situaciones de enfermedad o necesidad y el sufrir malos tratos son los principales indicadores diferenciales de exclusión entres los hogares sustentados principalmente por una mujer o por un hombre, y las labores domésticas y de cuidado son los motivos de inactividad laboral en los que se da la mayor diferencia entre hombres y mujeres. En la descripción que acabamos de realizar subyace una cuestión que atraviesa toda la mirada: el papel de las mujeres en al ámbito de los cuidados y en el espacio doméstico.
Nos encontramos en la necesidad de introducir en nuestros paradigmas de inclusión la perspectiva de los cuidados y la dimensión relacional, superando un modelo de inclusión centrado principalmente en el acceso al empleo y a los ingresos.
Asegurábamos anteriormente que el sistema sexo-género impregna los procesos de exclusión social, reproduciéndose a través de algunos binomios que asignan distinto valor a aquello que ha estado tradicionalmente ligado a las mujeres, y lo que se ha considerado «propio» de los hombres. El binomio espacio público-espacio privado explica, en gran medida, las dificultades de las mujeres para el acceso al empleo y a los derechos sociales que este genera, a los ingresos y al mundo de las relaciones que se producen en ese espacio público.
Abordar los procesos de exclusión e inclusión social de forma neutral, puede constituir un obstáculo para la mejora de la calidad de vida de algunos colectivos. Si no incorporamos una mirada de género al diseño, la puesta en marcha y la evaluación de los procesos y los mecanismos de inclusión, así como a las políticas que los enmarcan, estaremos corriendo el riesgo de perpetuar situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres.
Los datos muestran cómo la división público-privado sigue reproduciendo el sistema sexo-género, entendiendo el espacio público (productivo, remunerado, moderno, técnico, político…) como el espacio natural de los hombres y el privado (reproductivo, estático, tradicional, conservador, ligado a los cuidados, no remunerado…) como el propio de las mujeres. Esta dicotomía es una consecuencia de la división sexual del trabajo, que va acompañada de unos determinados roles asignados a cada género. Sobre lo productivo, además, ha recaído el prestigio, el valor y la toma de decisiones y en cambio, sobre lo reproductivo, se ha configurado una imagen de rutina, de algo poco importante o accesorio. A pesar de que las cosas van cambiando, son especialmente llamativos algunos datos, como por ejemplo el del número de mujeres que se encuentran en situación de inactividad laboral con respecto a los hombres por dedicarse a las labores del hogar. Así, el trabajo reproductivo y de cuidado, como actividades propias del sexo femenino, han sido subvaloradas y subordinadas, al igual que las personas que las han desempeñado (Carrasco; Borderías; Torns, 2011).
Desde la economía convencional, no hay más trabajo que el mercantil, y esta visión invisibiliza a las mujeres y/o a otros colectivos que han quedado fuera de ese tipo de trabajo. De esa forma, observamos como vuelven a ser las mujeres las que más sufren el desempleo, la inactividad, la contratación a tiempo parcial, etc. Podríamos deducir, de acuerdo con muchas aproximaciones teóricas, que las mujeres se encuentran con obstáculos para acceder al empleo, y a menudo, a través de la intervención social siguen siendo orientadas (de forma más o menos sutil) al espacio privado o, de manera cada vez más acusada, hacia ese ámbito precarizado que se ha venido llamando la mercantilización de los cuidados.
El diseño de los procesos de inclusión, así como su implementación y su evaluación, tendrían que incorporar una mirada que ayude a romper con la dicotomía esfera pública- esfera privada, transformando las lógicas relacionales que operan en cada uno de esas espacios, entendiendo que el trabajo es más que el empleo, dotando de valor a todas esas tareas invisibilizadas y esas relaciones que sostienen la vida y que inspiran la economía social y solidaria. No se trataría simplemente de cambiar las personas que ocupan esos espacios, sino de transformar los mismos, otorgándoles valor. Este valor será el que permita que estos espacios configuren también lo que entendemos por inclusión social y por lo tanto sean objeto de protección, fomento y desarrollo.
El enfoque multidimensional de la exclusión social nos ha permitido descubrir los diferentes factores, elementos y circunstancias que construyen este fenómeno. Esto está suponiendo un avance respecto a una mirada centrada exclusivamente en la cuestión de la pobreza y los ingresos. Resulta sugerente completar este enfoque con la perspectiva interseccional que, colocando a la persona en el centro, permite reconocer la interrelación entre género y otras categorías de diferenciación sobre las que se construyen las discriminaciones (raza, clase social, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, origen rural…) Esta mirada contribuye a mejorar los procesos de inclusión, teniendo en cuenta los rostros y poniendo la persona, y no su problemática, en el centro.
Nuestro reto no sólo es descubrir las problemáticas que afectan a hombres y mujeres de manera diferenciada, sino seguir interrogándonos sobre las causas, y avanzar hacia propuestas de solución que corrijan las desigualdades. Para ello, debemos fijarnos no sólo en los problemas que generan la exclusión, sino en los diversos rostros de las personas que la sufren. En este camino, nuestra propuesta es avanzar hacia una noción de inclusión que ponga la vida en el centro.
Carrasco, Cristina; Borderías, Cristina; Torns, Teresa (2011). El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. Madrid: Catarata.
Mouffe, Chantal (1984): «Por una teoría para fundamentar la acción política de las feministas»: Jornadas de Feminismo Socialista, Madrid: Mariarsa.
Hill Collins, Patricia; Sirma, Bilge (2019) Interseccionalidad. Madrid: Morata
FOESSA (2019) VIII Informe Sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Madrid: Fundación Foessa
Cáritas Bizkaia (2017). Dimensión Relacional en Familias Frágiles. Una mirada desde el acompañamiento realizado por Cáritas. https://www.caritasbi.org/cas/informes/estudios/
Recientes aún los ecos de la COP25, y con el sabor agridulce de sus resultados, en nuestro país comenzamos un nuevo ciclo político en el que parece que los temas de sostenibilidad, emergencia climática, transición ecológica… van a ocupar una parte significativa de la agenda institucional, con la prometida tramitación de la ley de cambio climático y transición energética, esperamos que a la altura de la preocupación social.
Tres son los elementos que nos informan de la necesidad y la urgencia de afrontar estas realidades. El tiempo perdido desde que se pusieron encima de la mesa estos temas, allá por los años setenta del siglo pasado; la evidencia científica de que es la acción humana la que hoy está provocando los cambios que nos amenazan; y la no menos evidencia de que el cambio, en los comportamientos individuales resulta necesario pero insuficiente. Hay mucho en juego y poco tiempo para hacerlo.
La transición hacia un modelo social sostenible se apoya en una evidencia: resulta imposible mantener un modelo de crecimiento sostenido en un planeta con unos recursos finitos. Y se hará, por las buenas, fruto de la conciencia, o por las malas, por pura necesidad.
Pero ese modelo social sostenible no debemos comprenderlo solo como aquello que marca los límites físicos que tiene el seguir haciendo lo mismo que hacemos, en menor medida, pero lo mismo. Si lo hacemos estaremos minando su verdadera potencia transformadora. La clave está en saber que debemos empezar a hacer otras cosas completamente diferentes. Si hacemos lo mismo, pero menos, seremos un poco menos desiguales, pero desiguales. Seremos un poco menos consumistas, pero consumistas.
No podemos olvidar que los límites no solo son físicos, sino también morales y éticos. Y que la pobreza y la exclusión social hacen insostenible cualquier sociedad que se quiera decir decente. El sur del planeta y los sures del norte no solo participan en menor medida, o en ninguno de los supuestos beneficios del modelo, sino que también sufren las peores consecuencias presentes en forma de residuos y en general de efectos de huella ecológica.
Esperamos y trabajamos por una transición ecológica justa del modelo de producción, consumo y convivencia que no convierta también a los pobres y excluidos en nuevas víctimas. Queremos una transición regulada por el bien común, que por ser el de todas y cada una de las personas que habitamos la casa común, ha de hacerse garantizando que el agua llega a todos los rincones del huerto, sin dejar zonas baldías, por mucho que estas no sean la mayoría.
Técnico del equipo de Estudios de Cáritas Española
El uso del concepto Pobreza Energética ha ido ganando terreno en los últimos años y ya no es extraño escucharlo en tertulias y medios de comunicación. Normalmente en los días de olas de frío, las familias que sufren Pobreza Energética ocupan páginas en periódicos y minutos en radios y televisiones. Tan común empieza a ser su uso que, al escuchar el concepto es sencillo deducir para cualquier oyente o lector de qué se está hablando y es fácil imaginarse qué tipo de circunstancias viven las familias que se encuentran en dicha situación.
Pero hablar de Pobreza Energética puede suponer una emboscada. Desde Foessa defendemos que la pobreza es sólo una y que los apellidos que se le agregan (pobreza energética, pobreza infantil, etc) no son sino representaciones de una realidad que afecta de forma íntegra a todos los miembros de un hogar. Y decimos que puede ser una emboscada porque, parcelando de esa forma un fenómeno tan integral y complejo como es la pobreza, se puede correr el riesgo, sobre todo desde los ámbitos que tienen la responsabilidad de liderar las políticas públicas y los procesos de intervención social, de ofrecer soluciones parceladas y paliativas que no aborden la integralidad de la situación familiar.
Una vez plasmada esta reflexión, entendiendo que el uso del concepto como tal puede tener un útil efecto comunicativo y que parcelar la realidad, siempre sin desconectarla, también puede ser ventajoso para profundizar en determinados análisis podemos abordar algunas reflexiones sobre la Pobreza Energética.
Se trata de un concepto de relativo corto recorrido, no es hasta los años 90 en el Reino Unido cuando se empieza a hablar de Pobreza Energética, la definición y medición del mismo se encuentra aún en fase de construcción y consenso académico. Así, por ejemplo, no existe una definición común en la Unión Europea y en nuestro país, el Ministerio de Transición Ecológica, en su documento de Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024[1], enunció la siguiente definición el pasado mes de abril:
La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía.
Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de esta definición, llama la atención que se mencionen los ingresos insuficientes de las familias o aspectos de ineficiencia como elementos generadores de Pobreza Energética y en cambio no se haga ninguna referencia al mercado de la energía, que marca los precios de ésta, como un factor estructural y causante. Como bien explica Francisco Lorenzo en su artículo Los apellidos de la pobreza[2], definir o denominar sirve para comprender y comprender para actuar; si además tenemos en cuenta que, según el propio documento del Ministerio, esta definición lo que pretende es guiar la Estrategia en la lucha contra la Pobreza Energética nos parece aún más significativa y relevante esa ausencia de mención al mercado de la energía.
Este aspecto es aún más importante si, tal y como evidencia el siguiente gráfico, observamos que el precio de la energía y los ingresos de los hogares han seguido dinámicas radicalmente opuestas en los últimos años. Así, entre 2008 y 2018 el precio de la energía eléctrica para una familia media[3] subió un 77,9%, mientras que el gas también vio incrementado su precio un 17,9%. Por otro lado, los ingresos de los hogares en el mismo periodo de tiempo, lejos de subir, se redujeron en un 4,3%.
Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat medido en unidades de paridad de poder de compra (PPS/kWh)[3] y la Encuesta de Condiciones de Vida del INEPara facilitar la medición de la Pobreza Energética, la mencionada Estrategia establece cuatro indicadores, que toma a su vez del Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética, y que define del siguiente modo:
La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética recaba datos en nuestro país para cada uno de los indicadores concluyendo que en 2017, último año del que se tiene información, si se analiza la evolución de cada indicador de manera independiente, sin interacción entre ellos, puede concluirse que entre el 7,4% y el 17,3% de la población española se encuentra en situación de pobreza energética, porcentajes que corresponden a entre 3,5 y 8,1 millones de personas.
Analizando el progreso de cada uno de los indicadores, vemos que tanto el de “Temperatura inadecuada” como el de “Retraso en pagos” ofrecen una evolución acorde con el ciclo económico. Es decir, desde 2008 sufrieron un incremento notable hasta 2014, pico de la crisis, y desde entonces una sostenida mejora hasta 2017.
Por otro lado, el indicador de “Gasto desproporcionado” no ha dejado de crecer desde 2008 y, a pesar de la recuperación económica, cada vez son más las familias que ven cómo la factura de energía supone un gasto excesivo en su economía doméstica. Indudablemente, el superlativo incremento del precio de la energía está detrás del crecimiento imparable de este indicador.
Por último, el indicador de “Pobreza energética escondida” muestra una reducción constante que, a partir de 2014, puede explicarse por el ciclo económico dado que, al haber pasado los años más críticos de la crisis, las estrategias de extrema reducción de gastos en las familias se han hecho cada vez menos presentes.
La Encuesta de Integración y Necesidades Sociales de FOESSA (EINSFOESSA) nos permite calcular los cuatro indicadores propuestos por la estrategia y cruzarlos con muchas otras variables de tal forma que podamos conocer un poco más lo que les pasa a las familias que viven en situación de Pobreza Energética.
Como bien señalábamos al inicio, la Pobreza Energética no es un fenómeno aislado del resto de las vivencias de las familias. De hecho, al comparar cómo afecta este fenómeno a los hogares que se encuentran en situación de exclusión, vemos que entre las familias excluidas se multiplica por cinco la probabilidad de vivir situaciones de Pobreza Energética.
La Pobreza Energética es un fenómeno que afecta a hogares y dentro de éstos a personas. Por este motivo, para describir el perfil hablaremos de tipos de hogares y de sustentadores principales de los mismos, es decir, la persona que más ingresos aporta. Y, como era de esperar, no hay sorpresas en este punto, los hogares que más sufren la Pobreza Energética son los compuestos por familias numerosas y monoparentales. Tampoco debe extrañar que, al indagar en el perfil de los sustentadores principales de los hogares más afectados, nos encontremos colectivos históricamente castigados como la población de origen inmigrante, desempleados, mujeres o personas con bajo nivel formativo. Una evidencia más de que la Pobreza Energética no es más que una representación de la pobreza en general donde dominan los mismos perfiles mencionados.
Tan solo dos apuntes que nos ayudan a matizar lo expresado: las viviendas de alquiler, por un lado, y el empleo, por otro. Con respecto a lo primero, conviene señalar que las familias que residen en viviendas de alquiler sufren en mayor medida la Pobreza Energética. En este caso, a esa afectación diferencial que tiene la exclusión sobre las familias en régimen de alquiler hay que sumar las limitaciones para acometer mejoras de eficiencia en la vivienda bien por imposibilidad (por motivos económicos o de permisos de la propiedad), bien por falta de motivación (¿para qué voy a invertir un dinero en algo que no es mío?)
Con respecto al empleo, y tampoco es novedad, subrayar el hecho de que la Pobreza Energética es un fenómeno que afecta de forma preocupante también a hogares cuyo sustentador principal cuenta con un empleo (cerca del 14% de afectación en algunos indicadores). Es decir, se trata de una nueva constatación de que, en nuestros días, contar con un empleo no blinda necesariamente a una familia contra situaciones de pobreza.
¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? ¿Qué significa para una familia vivir situaciones de Pobreza Energética?
Hay una primera y evidente consecuencia: el estado de salud. Así, por ejemplo, el porcentaje de personas que perciben su estado de salud como malo es más del doble entre las personas que no consiguen mantener una temperatura adecuada que entre aquellos que sí experimentan en su hogar una sensación de confort térmico. Un frágil estado de salud que no será un buen compañero de viaje en la lucha por salir de este contexto de pobreza, para conseguir un puesto de trabajo, por ejemplo, y que incidirá en la perpetuación de estas situaciones.
El elevado coste que las facturas de energía, recordemos y subrayemos la desigual evolución entre precios de la energía e ingresos familiares, ha llevado a un sobreendeudamiento de los hogares difícilmente sostenible. Entre las familias que están asumiendo un gasto desproporcionado en la factura energética, casi 6 de cada 10 se han visto además obligadas a reducir gastos en vestido y calzado y más de 2 de cada 10 aun así han tenido que recurrir a ahorros para cubrir gastos cotidianos.
Una vivienda en la que hace frío o en la que la factura de la luz obliga a moverse casi en penumbra no es un lugar que invite a recibir visitas, lo que en el medio o largo plazo termina generando situaciones de aislamiento social. Si la Pobreza Energética priva a las personas del calor y confort mínimo del hogar, el aislamiento aleja el calor humano y con ello una de las mejores vías para romper el círculo vicioso de la pobreza.
Consecuencias negativas sobre la salud, agravamiento de situaciones de pobreza, aislamiento…estas son algunas de las situaciones que viven hoy en día millones de personas en nuestro país y que se esconden tras el concepto de Pobreza Energética. Una realidad que es necesario abordar desde la integralidad, la definición de responsabilidades y el compromiso político porque, en estos tiempos que corren, no podemos dejar de tratar este asunto como lo que es, un Derecho… el Derecho a la Energía.
[1] https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategianacionalcontralapobrezaenergetica2019-2024_tcm30-496282.pdf
[2] https://documentacionsocial.es/2/accion-social/los-apellidos-de-la-pobreza
[3] Considerando la potencia de consumo contratada entre 2 500 kWh y 5 000 kWh (electricidad) y entre 20 y 200 GJ (gas).
Sociólogo. Equipo de Estudios de Cáritas Española
El género es un factor explicativo ineludible en cualquier análisis. Por regla general si comparamos la situación entre varones y mujeres, estas últimas llevan la peor parte.
La última encuesta FOESSA sobre exclusión social así lo manifiesta. Las mujeres tienen peores condiciones de empleo y están más presentes en la mayoría de los indicadores de pobreza y exclusión social…
En este breve artículo queremos llamar la atención sobre uno de los datos en los que esta realidad se nos muestra con mayor contundencia, a más de apuntar con claridad que la cuestión de género tiene, sobre todo, una causa estructural.
Al preguntar a la población desempleada sobre que pasaría si encontraran hoy mismo un empleo, entre aquellos que respondían que no podrían aceptarlo por responsabilidades familiares, tan solo el 8,2% eran varones, frente a un 91,7% de mujeres. Los varones podrían dejar de ejercer inmediatamente sus responsabilidades familiares, las mujeres no.
El rol de los cuidados, de todo lo reproductivo sigue asignado a fuego a la mujer. Este dato concreto no es sino uno más de entre muchos y lo hemos elegido por su contundencia. Y porque nos abre la vía a la reflexión sobre el proceso de asignación de roles, que no es inocente, y manifiesta un modelo que primero las cataloga como importantes y secundarios, y después los distribuye sexualmente.
Marte es la producción y la competencia, venus la reproducción y el cuidado. Marte es importante, Venus secundaria. Sus respectivos roles son reconocidos y recompensados social, cultural y económicamente como tales.
No tenemos que explicar la importancia del acceso al empleo como mecanismo de integración social, y como esta asignación de rol pone a las mujeres en mayor dificultad. De igual manera, cuando entre los criterios para conceder y mantener una renta mínima se incluye sin más consideración el de ser buscador activo de empleo, obviando que muchas mujeres no pueden serlo, porque ponerse a trabajar tiene consecuencias muy graves sobre aquellos a los que cuida.
Pero más allá de esto, la asignación y valoración social de los roles es una realidad socialmente construida, que no responde en su mayor parte a ningún tipo de determinismo natural, y que en tanto constructo es posible y deseable su modificación, tanto en su asignación como en su consideración social.
Sería muy importante que los varones comencemos a sumir tareas reproductivas y de cuidados, que se cambien leyes y hábitos de organización del trabajo… pero no para descargar a la mujer de tareas secundarias, sino para que aprendamos que eso de cuidar es socialmente mucho más interesante que el competir, y que sin reproducción nada se puede producir. Para afirmar que el sostenimiento y el cuidado de la vida es el sentido último del vivir social.
Raúl Flores y Daniel Rodríguez
Equipo de Estudios de Cáritas Española
El empleo constituye la fuente principal de ingresos para la mayor parte de las familias, supone un espacio de socialización, y en bastantes ocasiones de desarrollo profesional y personal. Estos elementos han hecho que históricamente el empleo se haya considerado un excelente factor de protección frente a situaciones de pobreza y exclusión social.
Entendemos y analizamos la exclusión social como la falta de participación en la vida económica, social, y cultural; debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas. Desde esta perspectiva, la EINSFOESSA de 2018 establece que el 18% de la población viven situaciones de exclusión social que les impiden una participación social plena.
Aunque tener un empleo, nunca ha sido garantía de inmunidad ante la exclusión social, la instauración de los estados de bienestar construyó un escenario en el que la población con empleo contaba con una alta probabilidad de ubicarse en el espacio de la inclusión, frente a la población desempleada que tenía un mayor riesgo de vivir la exclusión social.
La capacidad protectora del empleo se evidencia en los datos de la encuesta EINSFOESSA de 2018. Según dicha encuesta, las mayores tasas de pobreza y exclusión se siguen concentrando en el colectivo de personas desempleadas, donde un 46% se encuentran en el espacio de la exclusión (el 26% en situación de exclusión severa). Comparando estas cifras con las del conjunto de la población, donde el 18% están en situación de exclusión, puede observarse que el hecho de no contar con un empleo multiplica por 2,5 el riesgo de vivir situaciones de exclusión social.
Más allá del mayor riesgo de exclusión asociado al desempleo, la precariedad laboral manifiesta un mayor riesgo de exclusión, en varios indicadores. De un lado, la exclusión social se eleva hasta el 24% para aquellas personas que trabajan con un contrato temporal, multiplicando por 2,5 el riesgo de exclusión de aquellas personas con contrato indefinido (10%). De otro lado la exclusión alcanza el 33% entre las personas trabajadoras con una jornada parcial indeseada, multiplicando casi por 2,5 el riesgo medio de exclusión de las personas con empleo (12%).
Las acciones y proyectos que consiguen la incorporación de las personas paradas al mercado de trabajo, actúan como un primer flotador que puede evitar el hundimiento de las personas en el mar de la exclusión social. Los datos expuestos y la experiencia de la acción nos confirman que, en bastantes ocasiones, ese primer paso se da hacia un empleo intermitente, de baja calidad en tiempo de trabajo y salario, y que por tanto el riesgo de no salir a flote y mantenerse en situaciones de exclusión sigue siendo alto.
Esta situación nos enfrenta, al menos, a dos posibles reflexiones: la necesidad de replantear el modelo de empleo y la normativa reguladora, para que el trabajo sirva para vivir dignamente y permita una participación social “normalizada”; y de otro lado, la necesidad de repensar aquellos proyectos de inserción laboral que se realizan desde el tercer sector de acción social, de forma que puedan ser acciones: que apuesten por una formación con mayor capacidad integradora, con una intermediación que garantice los derechos laborales, y que persigan un acompañamiento integral de la persona en su entorno social y familiar.
Equipo técnico de la Fundación FOESSA
El panorama social en España consolida los signos de desigualdad que llevamos tiempo conociendo, con una población en situación de integración plena que se recupera y comienza a acercarse a valores similares a los obtenidos antes de la crisis, pero con un grupo en exclusión aún muy numeroso y notablemente superior en la exclusión más severa al de 2007. Este escenario, debido a las desigualdades que presenta, significa graves riesgos para la construcción de una sociedad cohesionada.
10 años después del comienzo de la crisis económica, y 4 años después de su punto de inflexión, hemos recuperado los niveles previos a la crisis en el caso de la integración plena, pero no en los de la exclusión. Así, el porcentaje de población en integración plena es ligeramente inferior al registrado antes de la crisis, 48,9% en 2007 frente al 48,4% en 2018, si bien la exclusión social sigue siendo notablemente superior, especialmente la severa, al año 2007. La población en situación de exclusión ha pasado del 16,4% en 2007 al 18,4 actual, lo que significa un aumento del 12,2%, llegando dicho incremento a un 39,7% en el caso de la población en situación de exclusión severa, que en 2018 afecta al 8,8% del conjunto de la población.
Un incremento de 1,2 millones de personas más en el espacio de la exclusión. Esta es la factura en términos de exclusión social que nuestra sociedad ha pagado tras una crisis económica de 6 años y 4 años de recuperación.
En un contexto de análisis de este ciclo de diez años, donde tanto la población como los hogares han crecido en España, el aumento con respecto a 2007, de las situaciones de exclusión es más marcado conforme más severa es la misma. La exclusión más moderada ofrece una ligera bajada y un sustancial incremento la más severa. 4,1 millones de personas permanecen en una situación de exclusión severa, reduciéndose tan solo en 924 mil personas desde 2013. En el caso de los hogares, la evolución de los datos de exclusión es aún más marcada. En la actualidad tenemos 3,2 millones de hogares en situación de exclusión, 628 mil más que en 2007, con 1,5 millones en situación de exclusión severa frente a los 914 mil de 2007, lo que significa que hay 587 mil hogares más en esta situación que antes de la crisis, un 64,1%.
La exclusión social tiene un carácter contra cíclico, aumenta rápidamente en situaciones de crisis pero desciende más lentamente cuando se producen los procesos de recuperación. El cierre del ciclo lo hacemos con un grupo mayor de personas en exclusión. El futuro cercano no nos permite ser optimistas en términos de atención social. La presión sobre los servicios sociales públicos y las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social no está amainando tanto como lo que el crecimiento del empleo pronosticaría. Sobre todo si tenemos en cuenta que 6 millones de personas se encuentran en este momento situadas en la frontera entre la integración precaria y la exclusión más moderada, grupo que incrementará los datos de atención en el momento que el ciclo de recuperación económica pierda fuerza.
Sin embargo parecería que, nuevamente, el pensamiento social colectivo hiciera invisible esta realidad como sucedía en el año 2007.
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Universidad Pontificia Comillas
Avisadores del fuego es una formulación de Walter Benjamin para revelar a aquellas personas que alzan su voz para anticipar las catástrofes sociales. Formulada en tiempos sombríos de la Europa de entreguerras recobra en nuestro días plena actualidad. El ascenso político de personajes como Trump, Salvini, Bolsonaro que son una mezcla de fascismo clásico e influencers de las redes sociales. Los crecientes discursos de odio –con fondo supremacista- hacia personas en movilidad humana forzada y el aumento de la aporofobia (odio al pobre) como discurso cotidiano nos hacen temer estar entrando en la época más sombría de nuestra humanidad (Zambrano). En este contexto no nos vale el silencio cómplice ni el análisis neutral de lo que acontece.
Adorno nos convocó a rearmarnos éticamente tras la barbarie nazi: Orientar nuestro pensamiento y acción de tal modo que Auschwitz no se repita, que no ocurra nada parecido. Más allá de la extrema singularidad del hecho de la shoah (catástrofe) empezamos a experimentar con temor y temblor que la barbarie se aproxima por múltiples frentes. Y esta barbarie nos concierne a todos y todas.
Primo Levi, en Si esto es un hombre, reconocía que los monstruos existen, pero son pocos para ser verdaderamente peligrosos; y añadía que son más peligrosos las personas corrientes que acaban convirtiéndose en espectadores indiferentes de la realidad de sufrimiento y exclusión. Son los monstruos normales (Adorno) los que acaban legitimando las situaciones ordinarias y extraordinarias de barbarie. Hemos ensanchado una zona gris en el mundo que acaba banalizando el mal (Arendt) y corremos el riesgo de convertirnos, desde silencios e indiferencias, en cómplices del mal. Monseñor Agrelo, hace unos meses tras uno de los múltiples naufragios, lo señalaba con claridad: Hoy se han ahogado 44 emigrantes, 35 frente a las costas de Túnez, 9 en las costas de Turquía. No son noticia. Que se hunda su crucero, no hace saltar las alarmas en ninguna conciencia y no da lugar a pensar en responsabilidades de nadie. Son sobrantes del naufragio de la humanidad. No merecen la atención de nadie, y si los políticos se ocupan de ellos, no es para recordar los deberes que tememos con los emigrantes, sino para decidir qué vamos a hacer con ellos, como si fuesen nuestra propiedad.
Estas zonas grises se convierten en velos que normalizan la barbarie haciéndonos convivir con las atrocidades más espeluznantes como normalidad naturalizada. Estamos construyendo relatos, valores y leyes normativas para banalizar la injusticia. Estamos edificando narraciones socialmente construidas con la capacidad de definir quién es importante y quién es superfluo. Son relatos que legitiman la construcción de residuos humanos y sustentan la inhumanidad y la crueldad. Narraciones y relatos que se interiorizan en muchas personas de nuestras sociedades y normalizan las expulsiones sin derechos, los éxodos forzados, la precariedad institucionalizada, el racismo justificado y el abuso legitimado.
Urge un rearme moral en nuestros mundos para no pactar con las barbaries que construyen fronteras inmorales, olvidos irreparables y compasiones inocuas. Debemos tejer redes de aviso del fuego de la barbarie en nuestras sociedades. Son tiempos para retomar la voz, hacer valer la acción y construir puentes de resistencia frente a los muros obscenos. Ya sabemos que es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer futuro (Casaldaliga).
