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A fondo

La crisis y reconfiguración del sistema de cooperación internacional

Dr. Víctor Genina. Director de Desarrollo Humano Integral en Caritas Internationalis

David Pardaillan. CEO en Geostrategic Dynamics

 

La crisis de la cooperación internacional, marcada por recortes y tensiones geopolíticas, desafía la ayuda humanitaria. Cáritas afronta este reto uniendo la respuesta de emergencia y el desarrollo humano integral.

 

Introducción

El sistema de cooperación internacional atraviesa la transformación más profunda desde la creación del régimen de ayuda al desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial. La conjunción de un repliegue unilateral sin precedentes por parte de los Estados Unidos, una reorientación estratégica de Europa hacia el gasto en defensa, y un shock macroeconómico global precipitado por la guerra en Oriente Medio ha configurado lo que los organismos multilaterales califican como una tormenta perfecta que nos aleja cada vez más de la consecución de los ODS y, a los donantes, del compromiso de asignar el 0,7% del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)[1]. Ésta experimentó en 2025 su mayor contracción anual registrada (un 23,3%)[2] y las proyecciones para 2026 apuntan a un tercer año consecutivo de caída, hasta situarse en su nivel más bajo desde 2014[3]. Este artículo analiza las dimensiones estructurales de esta crisis, sus dinámicas geopolíticas y las implicaciones directas para las organizaciones que operan sobre el terreno, con especial atención al papel de la Confederación Caritas.

 

I. El vacío estadounidense

El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que suspendía durante noventa días toda la actividad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Lo que comenzó como una revisión administrativa derivó en la demolición sistemática de la agencia de desarrollo más grande del mundo. En marzo de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la cancelación oficial del 83% de los programas de USAID (aproximadamente 5.200 de los 6.200 existentes) tras una revisión de seis semanas[4]. El 1 de julio de 2025, USAID fue disuelta definitivamente como agencia independiente, y sus funciones residuales fueron absorbidas por el Departamento de Estado.

El impacto cuantitativo de esta decisión es difícil de exagerar. La AOD estadounidense cayó un 56,9% en 2025, la mayor reducción registrada por cualquier donante en un solo año. En términos absolutos, el gasto humanitario de Estados Unidos pasó de más de 14.000 millones de dólares en 2024 a apenas 3.700 millones en 2025. El cierre de la agencia, paradójicamente, ha tenido un coste propio: el gobierno ha reservado 19.200 millones de dólares para liquidar los más de 4.000 contratos y subvenciones terminados, una cifra que el Congreso ha cuestionado sin obtener explicaciones satisfactorias[5].

Esta retirada no ha sido, sin embargo, absoluta ni permanente. A partir de agosto de 2026, la Administración ha canalizado casi 2.000 millones de dólares hacia programas de salud y asistencia humanitaria, pero lo ha hecho a través de un mecanismo radicalmente distinto: la financiación se dirige primordialmente a organizaciones confesionales (World Vision, Compassion International, Samaritan’s Purse y, en menor medida, Catholic Relief Services, uno de los socios estadounidenses de la Confederación Cáritas) mediante la estrategia America First Global Health Strategy[6]. La ayuda se ha reanudado, sí, pero con condiciones geográficas explícitas (los fondos no pueden destinarse a Afganistán ni a Yemen) y con un énfasis declarado en la salud materno-infantil y la lucha contra enfermedades transmisibles, en detrimento de otros ámbitos como la gobernanza, los derechos humanos o la sociedad civil. El Departamento de Estado ha instruido además a sus embajadas para que presionen a los países receptores a firmar una declaración de comercio en lugar de ayuda (trade over aid) que rechaza explícitamente el papel de Estados Unidos como principal proveedor de asistencia humanitaria en favor de relaciones comerciales que beneficien a las empresas estadounidenses[7].

 

II. La retirada europea: rearme antes que desarrollo

Europa, que durante décadas se presentó como el pilar más estable y predecible de la cooperación internacional, ha emprendido su propio repliegue, aunque con una secuencia más escalonada y, si se quiere, más silenciosa. La AOD alemana cayó un 17% en 2025; la francesa, un 11%; la británica, un 11%[8]. En términos acumulados, el Reino Unido ha visto reducir su AOD un 45% entre 2020 y 2026; Alemania, un 37% entre 2023 y 2026; y Francia, un 30% en el mismo período. Alemania, que en 2025 se convirtió por primera vez en el mayor donante mundial en términos absolutos con 29 100 millones de dólares, ha confirmado en su presupuesto de 2026 recortes adicionales a la cooperación mientras incrementa su gasto en defensa hasta los 82.700 millones de euros[9].

La Unión Europea, por su parte, ha articulado esta reorientación en el marco financiero plurianual 2028-2034[10]. La propuesta de la Presidencia irlandesa del Consejo, presentada el 10 de octubre de 2026, contempla una reducción del 8% respecto a la propuesta inicial de la Comisión, con un recorte de aproximadamente 38.000 millones de euros en el instrumento Global Europe, que financia la acción exterior, la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. El programa Global Europe perdería un 17% de su dotación, mientras que las partidas de competitividad, investigación y defensa se reducirían en menor proporción. La ayuda humanitaria, con una dotación indicativa de 25.000 millones de euros, se mantiene nominalmente, pero su blindaje dista de estar garantizado en las negociaciones finales[11].

El telón de fondo de esta reconfiguración es el programa ReArm Europe / Readiness 2030, que movilizará hasta 800.000 millones de euros en inversión en defensa durante los próximos años. La lógica que subyace es explícita: ante la amenaza rusa y la creciente volatilidad global, los recursos se redirigen hacia la seguridad nacional. 2026 marca en efecto un giro radical del apoyo al desarrollo hacia el gasto militar. El gasto en defensa alcanza nuevos récords mientras los presupuestos humanitarios se recortan y los fondos se reorientan hacia prioridades políticas más visibles, en un proceso que erosiona silenciosamente la capacidad de Europa para prevenir crisis en las regiones frágiles donde se gestan sus riesgos a largo plazo[12]. Esta priorización no es meramente coyuntural; responde a una redefinición estructural de las prioridades estratégicas europeas que, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), se traducirá en que la AOD europea seguirá cayendo por lo menos hasta 2028[13].

 

III. La tormenta perfecta: el shock de Asia Occidental y la crisis macroeconómica

La retirada de los donantes tradicionales habría sido grave por sí sola. Pero su coincidencia con la escalada del conflicto en Asia Occidental, con el cierre de facto del estrecho de Ormuz, ha creado una coyuntura de consecuencias sistémicas. Por ese estrecho transita aproximadamente el 30% del comercio mundial de fertilizantes, y los productores del Golfo figuran entre los principales proveedores de amoníaco y urea. El Banco Mundial estima que los precios de los fertilizantes se han incrementado un 26,2%, con la urea un 49% por encima de los niveles previos al conflicto[14].

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierte que casi 45 millones de personas adicionales podrían caer en inseguridad alimentaria aguda si el conflicto se prolonga y el precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril[15]. ONU Mujeres estima que 11,7 millones de mujeres y niñas adicionales en 28 países podrían verse afectadas por la inseguridad alimentaria antes de finales de 2026[16].

A esta presión sobre los precios de la energía y los alimentos se suma una crisis financiera de proporciones históricas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que el país en desarrollo mediano destina ya aproximadamente el 9,5% de sus ingresos fiscales al pago de intereses de la deuda, la proporción más alta en veinticinco años y más del triple que la de los países de renta alta[17]. Los países en desarrollo deben hacer frente a vencimientos de deuda externa por valor de 400.000 millones de dólares en 2026, con los intereses absorbiendo un tercio de esa cantidad. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que la deuda pública mundial se encuentra en su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial y superará el 100% del PIB global antes de 2030[18].

 

IV. La trampa de la incertidumbre: el fin de la previsibilidad

Uno de los efectos más corrosivos de esta reconfiguración no es tanto la reducción del volumen de recursos como la destrucción de la previsibilidad. Las organizaciones humanitarias y de desarrollo han construido históricamente sus capacidades sobre la base de ciclos de financiación plurianuales que permitían planificar intervenciones, contratar personal cualificado y comprometerse con las comunidades a largo plazo. Ese modelo se ha roto.

El secretario general de Caritas Internationalis, Alistair Dutton, lo ha expresado con una franqueza que resume la situación[19]: Nos están pidiendo que hagamos más con menos. Vamos a hacer menos con menos[20]. La financiación humanitaria internacional ha caído aproximadamente un 30% entre 2022 y 2025, y trece de los veinte mayores donantes recortaron su ayuda en 2025. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha recibido apenas 3.000 millones de dólares de los 8.500 millones que necesita este año (un 32%) y ha perdido 8.000 efectivos desde 2024[21].

La incertidumbre no solo afecta la cantidad, sino la estructura misma de la financiación. La proporción de fondos asignados a proyectos específicos (frente a los fondos no restringidos y flexibles) ha pasado del 19% en 2022 al 51% en 2026. Esto significa que las organizaciones tienen cada vez menos margen para decidir dónde y cómo asignar sus recursos. Como señala Devex, la financiación disponible se tiene que gastar en muy poco tiempo y no hay ninguna certidumbre de que haya continuidad[22].

Esta volatilidad tiene un coste humano directo. El 88% de las organizaciones encuestadas por ONU Mujeres reportaron impactos moderados o graves como resultado de los recortes en 2025, y el 45% dispone de menos de seis meses de financiación operativa[23]. En Chad, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras ha documentado que más de una de cada cinco mujeres embarazadas y lactantes examinadas en los primeros seis meses de 2026 presentaba desnutrición aguda moderada o grave[24].

 

V. Los límites de la sustitución privada

Ante el vacío dejado por los Estados, ha emergido con fuerza la narrativa de que la filantropía privada puede llenar el hueco. Los datos, sin embargo, desmienten esta expectativa. Entre 2020 y 2023, las contribuciones filantrópicas al desarrollo ascendieron a 68.200 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 10% del volumen de la AOD[25]. Dicho de otro modo: por cada dólar filantrópico, diez dólares provenían de la ayuda pública. La filantropía no puede, ni por escala ni por diseño, sustituir la función redistributiva del Estado.

Más allá de la cuestión cuantitativa, la sustitución por capital privado plantea riesgos estructurales de rendición de cuentas y legitimidad. Como advierte la Alianza para la Rendición de Cuentas Humanitaria en su informe de 2026, cuando el capital privado opera sin mandatos democráticos, sin supervisión parlamentaria y sin mecanismos significativos de participación ciudadana, el resultado es una financiación menos transparente, menos responsable y menos equitativa[26]. Las fundaciones privadas tienen más discrecionalidad para decidir dónde y a quién financian, lo que puede producir una distribución geográfica altamente desigual: algunos países atraen múltiples donantes por su escala o por la facilidad para operar en ellos, mientras otros quedan excluidos no porque sus necesidades sean menores, sino porque no son destinos habituales de la financiación filantrópica.

La OCDE ha subrayado que la filantropía no puede igualar la escala de la AOD, aunque aporta capacidades distintivas como flexibilidad, tolerancia al riesgo y potencial catalítico[27]. El riesgo es que, en ausencia de un marco público robusto, la filantropía se convierta en un instrumento de influencia política y económica al servicio de los intereses de los donantes, profundizando las asimetrías de poder que la cooperación al desarrollo pretendía corregir.

 

VI. La respuesta del Sur Global: el intento de pasar de la dependencia a la agencia

Paradójicamente, la retirada de los donantes tradicionales ha generado una reacción en el Sur Global que merece una lectura matizada. Lejos de la alarma que cabría esperar, algunos líderes africanos han recibido los recortes con una mezcla de resignación y alivio. El presidente de Kenia, William Ruto, ha declarado que África quiere inversión y asociación igualitaria, no ayuda, y ha subrayado que las nuevas relaciones no deben construirse sobre la dependencia, sino sobre la igualdad soberana; no sobre la caridad, sino sobre la inversión mutuamente beneficiosa[28]. El representante permanente de Nigeria ante la ONU, Jimoh Ibrahim, ha ido aún más allá: África es un continente rico que no necesita ayuda de otros continentes para desarrollarse. Lo que necesitamos es comercio, colaboración, cooperación y asociación[29].

Esta postura no es meramente retórica. Refleja una conciencia creciente de que el modelo de ayuda tradicional (con sus condicionalidades, burocracia y asimetrías) ha servido con frecuencia más a los intereses de los donantes que a las necesidades de los receptores. Como documenta el Overseas Development Institute, lejos de lamentar el impacto de los recortes, las reflexiones de los líderes africanos se han centrado en la necesidad de autosuficiencia, y muchos gobiernos han respondido con decisiones presupuestarias concretas: Nigeria incrementó su asignación sanitaria doméstica en doscientos millones de dólares en el plazo de un mes tras el anuncio de los recortes; Ghana eliminó el límite a la parte del impuesto nacional al seguro de salud destinada al sector sanitario ; y Etiopía creó un fondo de respuesta a desastres financiado mediante una nueva contribución fiscal[30]. La Unión Africana ha adoptado resoluciones que describen la esclavitud y el colonialismo como crímenes históricos y reclaman marcos de justicia reparatoria, en un giro discursivo que busca redefinir los términos del compromiso internacional.

Esta reconfiguración de las relaciones Norte-Sur abre oportunidades para modelos de cooperación basados en la reciprocidad y la soberanía, pero también plantea riesgos. La transición hacia la autosuficiencia financiera requiere instituciones sólidas, movilización de recursos domésticos y diversificación económica, condiciones que no todos los países del Sur Global cumplen en la misma medida. El riesgo de que el vacío dejado por los donantes tradicionales sea ocupado por potencias con agendas geopolíticas propias es real y ya se está materializando en forma de acuerdos bilaterales de carácter transaccional, con limitado impacto en mejoras estructurales que beneficien a las poblaciones.

 

VII. Opacidad, legalidad y la crisis de la rendición de cuentas

La crisis de la cooperación internacional no es solo financiera; es también una crisis de transparencia y de legalidad. La retirada de USAID ha estado marcada por una opacidad deliberada: el gobierno estadounidense prohibió la contratación de antiguos empleados de la agencia para gestionar su propio cierre, y el Congreso no ha obtenido explicaciones claras sobre el destino de los 19.200 millones de dólares asignados a la liquidación[31]. La ayuda reanudada en 2026 se canaliza mediante acuerdos bilaterales con condiciones geográficas y políticas explícitas que excluyen a determinados países, se concentran en algunos, y priorizan sectores alineados con los intereses estratégicos de Washington.

En el ámbito regional, incluso en Europa, la opacidad también se ha instalado. La Unión Europea ha sido objeto de escrutinio por enterrar auditorías relacionadas con la financiación de ciertos proyectos en zona de conflicto y por resistirse al acceso público a documentos judiciales[32]. La consecuencia es que la rendición de cuentas (tanto hacia los contribuyentes de los países donantes como hacia las poblaciones beneficiarias) se ha debilitado precisamente en el momento en que más necesaria sería.

Conclusión: el doble pilar de Cáritas ante la nueva realidad

En este contexto de contracción, incertidumbre y reconfiguración geopolítica, la Confederación Cáritas se enfrenta al desafío de sostener simultáneamente sus dos pilares fundacionales: la acción humanitaria de emergencia y la promoción del desarrollo humano integral. El Marco Estratégico 2024-2030 de Caritas Internationalis ya identificó esta doble misión como eje de su identidad: salvar vidas, reducir riesgos y reconstruir comunidades y promover el desarrollo humano integral sostenible y el cuidado de la creación[33].

La coyuntura actual exige una reflexión profunda sobre cómo equilibrar ambos pilares. Por un lado, la urgencia humanitaria (350 millones de personas necesitan asistencia vital este año) demanda una respuesta inmediata, flexible y coordinada con los actores locales. Cáritas ha reiterado su llamamiento a financiar íntegramente el llamamiento de la ONU 87 millones de vidas, a revertir los recortes a la AOD y a restaurar el compromiso del 0,7 % del PNB, y a proporcionar financiación directa, flexible y plurianual a los agentes locales y nacionales[34]. La localización no es solo una cuestión de eficiencia; es una cuestión de respeto a la agencia y de sostenibilidad.

Por otro lado, el pilar del desarrollo humano integral (que aborda las causas estructurales de la pobreza, la injusticia y la vulnerabilidad) corre el riesgo de ser el más sacrificado en un entorno de recursos menguantes y horizontes temporales acortados. La tentación de concentrar todos los esfuerzos en la respuesta de emergencia, abandonando la inversión en capacidades locales, sistemas de salud, educación y gobernanza, sería un error estratégico de consecuencias incalculables. Cáritas tiene la oportunidad de articular un modelo que integre ambos pilares de manera coherente: utilizar la respuesta humanitaria como puerta de entrada para fortalecer las estructuras locales, y emplear el desarrollo humano integral como marco para reducir la necesidad de futuras intervenciones de emergencia.

En un mundo donde los Estados se repliegan y los donantes privados imponen sus propias prioridades, la Confederación Cáritas (con sus 165 organizaciones nacionales, presencia en más de 200 países y territorios, su arraigo comunitario y su identidad de fe), posee una ventaja comparativa única: la capacidad de operar allí donde otros no llegan, de permanecer cuando otros se retiran, y de dar voz a quienes no la tienen.

Puede decirse que esa ventaja es compartida, en general y en mayor o menor grado, por las organizaciones basadas en la fe, las cuales están cobrando cada vez más importancia como socios implementadores confiables de agencias de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales vis-a-vis las organizaciones seculares. En otras palabras, en el marco de un sistema de cooperación internacional en crisis, las organizaciones que gozan de la confianza entre las comunidades, por su arraigo en ellas, se encuentran en mejor posición que muchas de las organizaciones no confesionales.

Esto se ve fortalecido también por los valores que sustentan el actuar de las organizaciones: la fidelidad a los principios de respeto de la dignidad humana –todos creados a imagen y semejanza de Dios—y de ahí la exigencia de solidaridad y justicia social, son fundamentos sólidos que dan plenitud de sentido al servicio de las personas en necesidad y al cuidado del planeta.

 

[1] Naciones Unidas. Financing for Sustainable Development Report 2026: Implementing the Sevilla Commitment. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Nueva York, 2026; págs. 1-3.

[2] OCDE. “ODA projections for 2026 and the near-term: Implications for vulnerable countries and sectors”. OECD Policy Briefs, n.º 59, OECD Publishing, París, 19 de junio de 2026; pág. 3.

[3] OCDE. A historic decline in foreign aid: Preliminary 2025 ODA data. OECD, París, 9 de abril de 2026; pág. 1.

[4] AP News. «Secretary of State Rubio says purge of USAID programs complete, with 83% of agency’s programs gone», 10 de marzo de 2025.

[5] Devex. «Devex Newswire: Democrats call for details of USAID shutdown costs», 21 de mayo de 2026.

[6] Departamento de Estado de los Estados Unidos. «United States Announces Historic $2 Billion in Health and Humanitarian Assistance to Faith-Based Organizations», 6 de agosto de 2026.

[7] United States Mission to the United Nations, Ambassador Mike Waltz, U.S. Representative to the United Nations. «Remarks at a Trade Over Aid Initiative Launch Event», 27 de abril de 2026.

[8] The Guardian. «UK, German and French aid cuts will take ‘devastating toll’ on most vulnerable, says study», 23 de mayo de 2026.

[9] OCDE. A historic decline in foreign aid: Preliminary 2025 ODA data. OECD, París, 9 de abril de 2026; pág. 2.

[10] Devex. «Devex Newswire: Defense spending surges as development budgets slide», 13 de febrero de 2026.

[11] VOICE. «Council negotiating box: a reprieve for humanitarian action, but deep cuts to EU external action», 12 de octubre de 2026.

[12] Royal United Services Institute. «Defence Up, Aid Down: Europe’s New Security Blind Spot». 1 de julio de 2026; págs. 1-3.

[13] SIPRI. Trends in World Military Expenditure, 2025. SIPRI Fact Sheet, Estocolmo, abril de 2026; págs. 1-2.

[14] FAO. «Presentation of the Global Agrifood Implications of the 2026 Conflict in the Middle East, Impacts on energy and fertilizer trade, and food security». Roma, abril de 2026.

[15] WFP. «WFP projects food insecurity could reach record levels as a result of Middle East escalation», 17 de marzo de 2026.

[16] UN Women. «Middle East escalation threatens food security for an additional 11.7 million women and girls by the end of 2026», 2 de octubre de 2026.

[17] UNDP. «Highest borrowing costs in decades push developing countries to brink of liquidity crisis», 11 de octubre de 2026.

[18] Fondo Monetario Internacional. Fiscal Monitor: «Global Debt Is Heading to 100% of GDP — What Can Governments Do? «, octubre de 2026.

[19] Caritas Internationalis. «Caritas Internationalis at UNGA: Aid cuts put millions at risk as humanitarian needs reach record levels», 22 de septiembre de 2026.

[20] America Magazine, The Jesuit Review. «Global Catholic charity head says they’re doing ‘less with less’ after Trump’s foreign aid cuts», 1 de octubre de 2026.

[21] UNHCR. «‘Efficiency has limits’: UNHCR chief warns refugee protection is buckling under cuts», 12 de octubre de 2026.

[22] Devex. «As humanitarian funding shrinks, can long-term partnerships fill the gap?», 2 de octubre de 2026.

[23] UN Women. «Beyond the Breaking Point: The continuing impact of funding cuts on women’s organisations in humanitarian settings», Nueva York, julio de 2026.

[24] Médicos Sin Fronteras. «1 de cada 5 mujeres embarazadas en Adré sufre desnutrición en medio de recortes de fondos», 31 de julio de 2026.

[25] OECD. Private Philanthropy for Development (Third Edition). París, marzo de 2026; pág. 4.

[26] Alliance Magazine. «Beyond the market mirage: Philanthropy must democratise finance or risk deepening a legitimacy crisis», 3 de marzo de 2026.

[27] Center for Global Development. «What Does Philanthropy’s Global Footprint Tell Us About Its Role in a Changing Aid Landscape?», 9 de junio de 2026.

[28] AriseNews. «Ruto: Africa Wants Investment, Equal Partnership, Not Aid», 12 de mayo de 2026.

[29] Premium Times. «Africa is rich, doesn’t need aid – Jimoh Ibrahim», 2 de agosto de 2026.

[30] Overseas Development Institute. «African leadership amid disruptions to US aid». Londres, 20 de enero de 2026; págs. 1-2.

[31] The Guardian. «‘Ignorance and cruelty’: former USAID official details devastation inflicted by Doge cuts», 18 de abril de 2026.

[32] Investigate Europe. «Secrecy Tracker: Commission buries Gaza audits as EU top court faces transparency backlash», 14 de julio de 2026.

[33] Caritas Internationalis. Marco Estratégico de la Confederación Caritas 2024-2030. Una familia humana, una casa común; págs. 5-9.

[34] UN OCHA. «87 Million Lives: Delivering on the Promise», 14 de septiembre de 2026.

 

Número 24, 2026
Conversamos

ATRAPADOS, cuando el cine interpela a la indiferencia

Puedes escuchar la conversación con Iñaki Mercero y Jorge Martínez en Youtube, iVoox y Spotify.

Número 22, 2026
En marcha

Las personas, imprescindibles para construir una sociedad más justa

Ana Abril

Coordinadora equipo Incidencia Política y Análisis Jurídico, Cáritas Española

Puedes encontrar a Ana Abril en X (antiguo Twitter).

 

Transformar las situaciones de injusticia e impulsar cambios en las causas que generan desigualdad, pobreza y exclusión, forma parte de la misión e identidad de Cáritas.

De ahí el compromiso firme con promover cambios en la legislación y las políticas como vía imprescindible para el acceso y garantía de los derechos humanos de todas las personas en todos los ámbitos desde lo local a lo internacional. En este marco desarrollamos procesos de incidencia política que parten de las vulneraciones de derechos de las personas y pueblos con objetivo de revertir esas situaciones a través de la propuesta de políticas y de su efectiva aplicación.

Un momento especialmente importante para realizar propuestas que posibiliten una sociedad más justa se produce en las elecciones generales, cuando los partidos deben plasmar sus compromisos en los programas electorales. Cáritas, en cada convocatoria electoral, presenta a los partidos políticos sus propuestas con el objetivo de que, en un primer momento, sean incorporadas en los programas y, posteriormente, se desarrollen durante la legislatura concretándose en leyes y políticas que sean implementadas y evaluadas.

Determinar cuáles son estas propuestas es una decisión clave en una doble vertiente. Internamente implica fijar aquellos temas en los que Cáritas va a focalizar su acción de incidencia política en los próximos años a través de un proceso que establece las prioridades. Externamente supone optar por los ámbitos que consideramos prioritarios para la construcción del bien común, una elección de los espacios en los que avanzar hacia una sociedad más justa.

Ser parte de la polis

En expresión de Adela Cortina, edificar una sociedad justa es cosa de todos. Sin embargo, las personas en situación de exclusión participan en procesos electorales en mucha menor medida que las personas en situación de integración. Si la media de personas que no participan es del 6,5% en el conjunto de la población, esta cifra sube hasta el 13,9% en el caso de la población en situación de exclusión y el 17,5% en las situaciones de exclusión severa.

La desafección política de las personas que en situación de vulnerabilidad es una constante en todos los procesos electorales. Esto requeriría de una reflexión profunda como sociedad, ya que quienes más tendrían que sentir que las políticas públicas son la vía para garantizar los derechos, protección social, educación, vivienda, empleo, salud, … para la igualdad de oportunidades, para lograr esa red que protege a todas las personas, son las que perciben que los procesos políticos no tienen nada que ver con su situación. Esta pérdida del sentido de ciudadanía, de ser parte de la sociedad, es un factor claro de los procesos de exclusión donde las personas van estando cada vez más alejadas del espacio central de pertenencia e integración en la sociedad. La erosión del día a día, las múltiples situaciones de vulneración de derechos unas tangibles y otras sutiles, generan una distancia con las decisiones que se toman en los centros de poder.

La incidencia política tiene como objetivo promover o cambiar normas y políticas o su aplicación para el acceso efectivo y garantía de los derechos. Y también implica el fortalecimiento de la sociedad civil, esa sociedad civil de la que formamos parte todas las personas sin excepción, generando cauces de participación que vinculen a la ciudadanía (en un concepto que no excluye a nadie) con la toma de decisiones. Frente a la invisibilidad de las realidades de exclusión[i] la opción es ponerlas en el centro de la agenda pública y frente a la impotencia que genera desmovilización y desvinculación es generar espacios que equilibren las relaciones de poder, que ofrezcan vías de posibilidad para que quienes parece que no son relevantes tengan un lugar en los espacios de toma de decisión.

Ser parte de Cáritas

Desde todas estas perspectivas vinculadas a la incidencia política era imprescindible que las personas participantes en los proyectos de Cáritas fueran parte del proceso de definición de las propuestas políticas para las elecciones de 2023.

Y, desde un marco más amplio, responde a la identidad y misión de nuestra entidad, a nuestros valores y objetivos[ii] definidos en el V Plan Estratégico y a los procesos que se están desarrollando desde hace tiempo en las Cáritas Diocesanas que ponen la participación en el centro como factor transversal, requisito previo y necesario en todo proceso.

Por todo ello, en un proceso estratégico de definición de las prioridades de la organización en su acción de incidencia política, la participación directa forma parte de lo esencial.

Proceso de construcción de las propuestas políticas de Cáritas

Siendo la razón fundamental de los procesos de incidencia partir de las realidades de injusticia y de las vulneraciones de los derechos de las personas con el objetivo de impulsar normas y políticas que transformen esas situaciones, resulta evidente que quienes están sufriendo esas realidades deben formar parte de la identificación y elección de las prioridades.

Una premisa: la anticipación

Los tiempos políticos marcan los procesos de incidencia. De poco sirve un buen proceso si se llega tarde para poder influir en los espacios adecuados y con los actores oportunos.

Este proceso se inició casi dos años antes del final teórico de la legislatura (se inició en febrero de 2022 con elecciones previstas en diciembre de 2023) de modo que aun produciéndose el adelanto electoral el proceso estaba desarrollado y las propuestas definidas.

Identificación de las vulneraciones y priorización

A través de los proyectos de Cáritas de migraciones, vivienda, empleo, asentamientos, violencias machistas, infancia, personas en situación de sin hogar, empleo de hogar, mayores, trata, rural, … se propuso a las personas participantes en ellos incorporarse a este proceso de definición de las propuestas de Cáritas para las elecciones generales. También se incorporaron en él los grupos de participantes ya constituidos de forma estable en la Confederación.

A esta invitación se sumaron 990 personas en 95 grupos a lo largo de todo el territorio.

Este proceso ha estado marcado por las dos dimensiones, externa e interna. Esta doble vertiente de ser parte de la polis y de decisiones políticas y ser parte de Cáritas y de las opciones de la institución dio lugar a un primer momento, en los grupos de contexto y diálogo sobre las diversas citas electorales (locales, autonómicas y estatales) y un segundo momento, sobre el objetivo del proceso interno de definición de las propuestas de Cáritas.

La participación tiene una dimensión personal y colectiva. En lo personal ejerciendo esa ciudadanía activa que parte de nuestra implicación, visión y experiencia; y en lo colectivo porque solo desde la generación de comunidad, de sentido de corresponsabilidad, de vinculación con un propósito común podemos influir para transformar la realidad. De este modo, cada persona compartió las vulneraciones de derechos que constata en su vida e indicó cuáles serían sus prioridades para que Cáritas se centrara en ellas. Posteriormente, a partir de las reflexiones y aportaciones personales se alcanzaron conclusiones colectivas priorizando dos ámbitos en cada uno de los grupos.

Las conclusiones de estos grupos con la identificación de vulneraciones de derechos y la priorización de los focos para la incidencia política generaron un análisis global de prioridades entre las que destacaron temas relacionados con el empleo, la vivienda y las vías de regularización de las personas migrantes. Ese análisis también reflejó temas transversales que tienen un efecto en el acceso a los derechos, así de forma reiterada reflejaron barreras como la administración electrónica o la complejidad de los trámites en diferentes ámbitos.

Causas de las vulneraciones

Las conclusiones de estos grupos fueron la base sobre la que desarrollar la segunda fase del proceso. En esta fase, siguiendo la metodología del árbol de problemas en los procesos de incidencia política[iii], se trabajó en 15 espacios temáticos, partiendo de las vulneraciones de derechos definidas, los efectos y las causas de esas vulneraciones definiendo la causa prioritaria.

Todo vale, todo suma

El proceso tenía como objetivo determinar las propuestas políticas para las elecciones generales, pero todo lo que emergiera de este proceso participativo era relevante, todo es reflexión y aportaciones que podían enriquecer procesos también en otros ámbitos. Por ello, esta fue una de las claves desde el inicio: todo suma.

Dos ejemplos de resultados que aportaron a otros procesos:

  • El objetivo era definir las propuestas políticas para las elecciones generales, pero algunas vulneraciones detectadas y priorizadas tenían que ver con competencias locales o autonómicas. Esto constituyó una aportación para las Cáritas Diocesanas y Regionales en la incidencia en las elecciones locales y autonómicas.
  • En el proceso de priorización de las causas algunos grupos se centraron en aspectos de sensibilización, señalando como causa de las vulneraciones de derecho la existencia de una ciudadanía de segunda o la negación de la condición de ciudadanos/as. Esto fue algo muy presente en algunos grupos y señalado como condición previa para cualquier legislativo, siendo la opción de los grupos priorizar, antes de cualquier proceso de incidencia política legislativa, un cambio en la sociedad. Estas conclusiones aportaron líneas para la sensibilización y la comunicación.

Priorización

El compromiso de Cáritas no es solo presentar las propuestas a los partidos para que los incorporen en los programas electorales, sino que estas propuestas constituyen las prioridades de incidencia política durante la legislatura, el eje de un trabajo hondo y sostenido que para ser viable implica que las propuestas tengan que estar muy ajustadas en número.

Por ello el proceso previo realizado por los grupos de participantes y los grupos temáticos fue llevado a una jornada en la que, partiendo de los resultados y las conclusiones alcanzados, era necesario optar por 8 propuestas.

En una jornada en las que participaron representantes de los 15 grupos con personas de las Cáritas Diocesanas y de los grupos de participantes se priorizaron 8 causas relacionadas con leyes y políticas para que constituyeran las propuestas políticas en las elecciones generales de 2023.

Esta priorización se realizó desde el diálogo, las reflexiones compartidas, las vinculaciones existentes entre lo identificado por unos grupos y otros, y también estuvieron presentes las dudas, la esperanza o el escepticismo de los cambios reales posibles en las políticas.

Proceso de aprobación, difusión y devolución

Como hemos señalado este es un proceso clave en la institución que requiere un proceso de aprobación en los órganos confederales. Este aspecto fue señalado y explicitado en el proceso previo y en la jornada de priorización, para que el conjunto de participación y construcción interna del proceso fuera compartido.

Aprobado el documento de propuestas políticas para las elecciones generales, además de la estrategia de interlocución política, es clave que los agentes de Cáritas y el conjunto de la sociedad conozcan y se identifiquen con las propuestas para una sociedad más justa, y para ello se desarrolló una estrategia de comunicación y sensibilización.

Todo ello fue presentado, antes de ser lanzado públicamente, en una jornada a la que fueron invitadas todas las personas que participaron en el proceso. En esa jornada se rindieron cuentas del conjunto del proceso, de los resultados de cada fase, de las propuestas y de la estrategia de comunicación. De esto modo, todas las personas que formaron parte del proceso en alguna de las etapas pudieron tener una devolución directa de los resultados y un espacio abierto de intercambio y aportación.

Interlocución política

Las propuestas fueron presentadas en reuniones con los partidos políticos señalando el proceso de participación que había dado lugar a las mismas. Posteriormente se realizó en análisis de los programas electorales en cuanto a la incorporación y en qué medida de las propuestas realizadas por Cáritas.

Claves y aprendizajes

Este proceso ha sido un paso en un camino a consolidar y profundizar. La participación de las personas en situación de vulnerabilidad en la institución y en la construcción del bien común, siendo parte central de la sociedad que, conjuntamente, queremos construir, es imprescindible.

Desde esa premisa este proceso nos marca aprendizajes para el futuro. Algunos de ellos son:

  • En procesos de medio plazo es necesario evaluar y devolver resultados en períodos de tiempo más cortos, especialmente con personas con gran movilidad, que durante los meses que transcurrieron han podido cambiar de lugar y salir de los proyectos. Mantener la continuidad en contexto de vida complejos es un reto a futuro.
  • Extender estos procesos de participación a otros procesos de propuesta a las políticas públicas como ya se ha hecho con la estrategia de personas sin hogar[iv].
  • Dar continuidad a espacios en los que la aportación e implicación en la comunidad, el barrio, las políticas locales, la defensa de los derechos, sean una constante.

Algunos grupos de participantes existían previamente, otros se constituyeron con motivo de este proceso, en unos y otros constatamos la valoración positiva por participar en este proceso[v] y en los segundos, el deseo de dar continuidad.

En todos ellos la conciencia clara de los derechos y de su vulneración fue una constante y la conciencia de que la vía grupal y colectiva de defensa de los derechos es una alternativa ante los riesgos que a veces implica la defensa individual[vi].

Este proceso ha constituido un paso significativo en la participación vinculada a la toma de decisiones interna en un proceso estratégico como es la definición de las prioridades de incidencia política y en la vinculación con la construcción de lo público para generar un cauce de influencia en los actores políticos. La voluntad es seguir consolidando procesos de participación como principio transversal para el ejercicio de los derechos y porque solo alcanzaremos una sociedad justa si todas las personas somos parte imprescindible de ese proyecto.

 

[i] “Este precariado político tiene una especial incidencia en el precariado social. Las personas al margen de lo social son también personas al margen de lo político. La exclusión social, como se analizó en el capítulo anterior, es una exclusión discursiva: sin voz ni visibilidad”. Sebastián Mora. “Voces insólitas. La participación de las personas en proceso de exclusión en el tercer sector de acción social como espacio político”

[ii] “La advocacy promueve el reparto equitativo del poder” Un modelo de advocacy ignaciana Frank Turner sj https://www.educatemagis.org/wp-content/uploads/2015/10/ian_esp_online1-Ign-Adv-Netw-SP.pdf

[iii] Manual para la facilitación de procesos de Incidencia Política. Wola https://www.wola.org/wp-content/uploads/2005/06/atp_manual_para_facilitacion_jun_05-1.pdf

[iv] La participación de las personas y familias vulneradas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos: propuestas de Cáritas para la 2ª Estrategia Nacional Integral para Personas sin hogar. Sonia Olea. Documentación Social

[v] “A los participantes en este proceso nos ha parecido muy interesante, gratificante, interactivo y sobre todo valoramos haber podido poner voz a nuestros derechos vulnerados”. Grupo de participantes.

[vi] El Informe de Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar, elaborado por Cáritas mostraba como el 68% de las personas no denunciaba situaciones de vulneración de derechos por miedo a perder su trabajar y el 23% (se incrementaba hasta el 48% en el caso de los temporeros) por sentir que no iba a tener ningún resultado.

 

Número 15, 2023

Ciencia social

A propósito de la vulnerabilidad relacional: reflexiones para la intervención social

José Luis Molina (Catedrático), Hugo Valenzuela-García (Agregado), Miranda J Lubbers (Agregada), GRAFO-Departament d’Antropologia social i cultural (UAB).

Puedes encontrar a José Luis Molina en Twitter; y a Miranda J. Lubbers en Twitter.

 

Introducción

El II Premio de investigación de la Fundación FOESSA (2019-2020) nos permitió abordar una investigación sobre la dimensión relacional y emocional de la experiencia de la pobreza en España. Para ello, adoptamos una estrategia de investigación mixta, consistente en la combinación de entrevistas en profundidad (20), análisis de redes personales y observación etnográfica en centros de atención social de Cáritas, ubicados en cuatro puntos de la geografía española: Castelló, Madrid, Albacete y Cataluña (Valenzuela García, Lubbers, & Molina, 2020). A través de los crudos testimonios de las personas usuarias, el instructivo diálogo con los profesionales y la observación directa de los centros y sus dinámicas, ha sido posible entender mejor los mecanismos que inciden en lo que hemos denominado un proceso continuado de pérdida, un proceso que aboca a llamar a la puerta de Cáritas u otras organizaciones asistenciales. A través de una perspectiva relacional es posible observar, no solo la privación material y el deterioro de la salud, sino también las dramáticas transformaciones que tienen lugar en el mundo social y simbólico de las personas vulnerables a lo largo de un proceso que, en ocasiones, puede ser felizmente revertido.

Un proceso continuado de pérdida en un contexto de desigualdad creciente

A nivel global, la desigualdad no ha dejado de crecer desde los años 80, erosionando tanto lo que habitualmente entendemos por clases medias como otros sectores sociales (Piketty, 2019). Este fenómeno es especialmente dramático en nuestro país, como demuestra el VIII Informe FOESSA que, antes de la actual pandemia, estimaba que el 18,4% de la población española (8,5 millones) estaba estancado en la exclusión, nada menos que 1,2 millones más que antes de la crisis del 2008-9 (Fundación FOESSA, 2019). En estas condiciones estructurales, susceptibles de empeorar, la pérdida del empleo, un divorcio, una enfermedad crónica, la muerte de un familiar querido y, por supuesto, una adicción, por citar algunos de los casos más comunes, pueden desencadenar ese proceso continuado de pérdida que lleva a la exclusión. Podemos resumirlo del siguiente modo:

a) Eventos desencadenantes y autodiagnóstico erróneo. En una situación de creciente vulnerabilidad y desprotección, alguno de los eventos que hemos comentado (o varios de ellos al mismo tiempo) pueden dificultar afrontar las obligaciones cotidianas, el alquiler o hipoteca, las cuotas a la Seguridad Social, o los gastos imprevistos. Por regla general el diagnóstico de la situación es erróneo: se suele considerar algo puntual, una mala racha, y no el inicio de un proceso acumulativo de deterioro.

b) Erosión acelerada del capital social. Al experimentar dificultades suele recurrirse primero a los lazos fuertes (familiares y amigos para obtener pequeños préstamos o ayudas puntuales) o, alternativamente, se opta por no pedir ayuda. En ambos casos se produce un deterioro del capital social, ya sea por la fatiga provocada en los lazos de apoyo (motivada por una dependencia crónica) o bien por la falta de interacción social motivada por la imposibilidad de costear su mantenimiento (asistencia a celebraciones, regalos, etc.) y la imposibilidad de mantener la reciprocidad de los intercambios, condición sine qua non de la sostenibilidad de la relación. Esto lleva a que las redes personales se hagan más pequeñas, y a menudo homogéneas en términos de nivel socioeconómico, lo que redunda en un mayor nivel de exclusión.

c) Aparición del estigma y la vergüenza asociados a un cambio de estatus. La situación de dependencia crónica, el hecho de no poder disponer del nivel de consumo asociado al grupo en el que estas personas se clasifican, conlleva a menudo que se les recrimine su situación y que se sientan avergonzadas por experimentar una situación de la que suelen sentirse responsables. Este estigma es a menudo reproducido en las regulaciones burocráticas que rigen el funcionamiento de las instituciones y el reparto de fondos o la provisión de servicios.

d) Contacto con las instituciones socio-caritativas y afrontamiento de situaciones de vivienda, alimentación, salud y deudas inasumibles, a menudo con instituciones públicas, en un contexto en el que el acceso al trabajo no garantiza la superación de situaciones de vulnerabilidad.

Este proceso es bien conocido por los profesionales de Cáritas con los que hemos tenido la oportunidad de conversar, aunque quizá no de una forma tan sintética y descarnada. Veamos a continuación algunas reflexiones que, esperamos, contribuyan a mejorar su trabajo.

Reflexiones para la intervención social

Indicadores relacionales de vulnerabilidad

Disponer de redes personales pequeñas y en la mayoría de las veces formadas por personas también en riesgo de exclusión (lo que se denomina redes homófilas; es decir, constituidas en buena parte por personas de similares características socioeconómicas), redes personales formadas exclusivamente por familiares (especialmente en el caso de las mujeres que tienen que sacar adelante a sus familias) y redes personales con presencia de profesionales son indicadores relacionales de la existencia de una situación de vulnerabilidad.

La Figura 1 presenta el caso de Joaquín (se usan siempre pseudónimos y la persona en cuestión no se representa), un caso en el que la red personal es mínima y con presencia importante de profesionales. En todos los casos analizados el apoyo emocional aportado por estos últimos (en términos de atención, comprensión y ayuda) se ha valorado como esencial. Por esa razón algunos usuarios se refieren a esos profesionales como su familia, una familia ficticia que resulta sin embargo crucial en tanto en cuanto adopta roles (y proporciona apoyos) reservados para unos lazos familiares que ya no están presentes – aunque eso no implica que no sean recuperables.

Figura 1. El mundo social de Joaquín: mínimo y con presencia de profesionales.

 

La Figura 2 muestra la red de Encarna, una mujer que ejerce el rol de cuidadora de una familia ampliada, con la mayoría de sus miembros en situación de dependencia o necesidad. En estas condiciones estas mujeres no pueden disponer de espacios de socialización alternativos, también importantes para el bienestar emocional, ni tampoco de tiempo para realizar actividades que no estén relacionadas con la reproducción de la unidad doméstica. La situación se agrava cuando se tienen que ocupar de personas dependientes al tiempo que trabajan, lo cual les obliga a hacer dobles y triples jornadas.

Figura 2. La red social de Encarna: familiares y un profesional

 

La Figura 3 muestra un caso en el que el profesional ya dispone de un rol periférico, aunque mantiene el contacto, lo cual es un indicador de que la red personal se está recuperando a través de la aparición de círculos sociales diferenciados de familiares y amigos o conocidos, que permiten a la persona recuperar la autoestima y la independencia. Este acceso a nuevas relaciones a menudo se acompaña con el acceso a distintas realidades socioeconómicas y nuevas oportunidades vitales.

Figura 3. La red personal de un Laureano que da signos de recuperar su mundo social, con círculos diferenciados.

 

En general, una red amplia y diversa, con diferentes círculos (amistades, trabajo, actividades sociales o deportivas, familia) indica una vida plena y satisfactoria. Esta red es la primera que sufre las consecuencias del proceso de pérdida que hemos descrito.

Repensar el rol del voluntariado y su formación

El voluntariado es un elemento fundamental de la acción socio-caritativa, al encarnar los valores del compromiso por los demás, la solidaridad y la igualdad, entre otros. Sin embargo, los voluntarios son también representantes de la sociedad general y, por tanto, en algunos casos suelen reproducir los discursos dominantes, entre ellos muy especialmente el prejuicio sobre quién merece la ayuda (porque se asume que no es culpable de su situación) y quién no la merece (porque se asume que se aprovecha de ella). La Figura 4 representa el discurso dominante que hemos llamado el estigma de los desclasados, o la clasificación de las personas excluidas y/o dependientes en categorías de merecimiento, incluyendo a aquellas personas con las que tienen contacto frecuente pero que consideran no merecedoras de la ayuda.

Figura 4. El estigma de los desclasados: merecimiento.

 

Estos prejuicios no son nuevos, sino que se pueden encontrar de forma reiterada en los discursos de justificación de la exclusión en todo el mundo. Por ello entendemos que los cursos de formación deberían reconocer la existencia de estos discursos y permitir a los voluntarios y voluntarias realizar su propia reflexión sobre esta cuestión. También sería interesante, en el transcurso de estos cursos, que participasen los distintos agentes (profesionales y voluntarios, naturalmente, pero también usuarios) mediante foros abiertos – por ejemplo, grupos focales.

La participación comunitaria y la creación de nuevos valores

Una de las lecciones aprendidas más importantes de este trabajo es que la red comunitaria constituye una protección del proceso de deterioro descrito anteriormente. En este sentido, las personas que consiguen (con la ayuda de Cáritas y otras organizaciones sociales) salir adelante manifiestan su disposición a devolver con generosidad la atención recibida, actuando como voluntarios/as o ayudando activamente a otras personas en situación de necesidad. Entendemos que esta solidaridad puede orientarse a actividades encaminadas a la creación de redes comunitarias que vayan más allá de las instituciones (en proceso de creciente burocratización) y descansen en asociaciones vecinales, clubs deportivos, entidades culturales, escuelas y ayuntamientos, entre otras. Estas iniciativas orientadas, por ejemplo, a promover buenas prácticas se han mostrado eficientes y permitirían a estas personas ejercer activamente un derecho de ciudadanía que nunca se les debería haber arrebatado. Resulta fundamental, no obstante, que estas iniciativas no se entiendan como lógicas impuestas de arriba abajo, sino al contrario, como iniciativas acompañadas, promovidas e incentivadas por todos los agentes, de manera que los participantes se sientan involucrados en la toma de decisiones y se sientan co-responsables de sus logros. Pensamos que ese es el verdadero reto de las instituciones de lucha contra la pobreza: lograr la inclusión y la creación de redes sociales sostenibles mediante la participación activa de los propios agentes involucrados[1].

Bibliografía

Fundación FOESSA (2019). VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid.

Piketty, T. (2019). Capital e ideología. Barcelona: Grupo Planeta.

Valenzuela Garcia, H., Lubbers, M. J., & Molina, J. L. (2020). Vivo entre cuatro paredes: La vulnerabilidad relacional en contextos de exclusión social. Madrid: Cáritas Española; Fundación FOESSA.

[1] Este es, precisamente, el punto de partida de un nuevo proyecto que sustenta parte de la reflexión de este artículo: “Dimensión comunitaria, redes sociales y exclusión social” (Acrónimo: DIMCOM). Proyecto I + D + i. Retos de Investigación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. IP: Hugo Valenzuela y Miranda J. Lubbers. Ref. PID2019-111251RB-I00. Periodo: junio 2019- junio 2023.

 

 

Número 7, 2021