En marcha

Alfabetización energética para la intervención social en plena crisis COVID-19

Nuria Baeza Roca

Trabajadora Social y doctora en Sociología. Socia de la cooperativa AeioLuz Evolución Energética.

Puedes encontrar a Nuria Baeza en Twitter y Linkedin; y a la cooperativa AeioLuz en Twitter y Linkedin.

 

La experiencia del confinamiento durante la crisis del COVID-19 ha evidenciado la necesidad de garantizar los suministros energéticos a toda la población, como un mínimo de soporte vital con el que poder, tan siquiera, quedarse en casa.

La dependencia energética de nuestra sociedad es innegable. Las tecnologías han hecho algo más llevadero este encierro; poder encender cualquiera de nuestros dispositivos para conectarnos con el mundo exterior ha sido vital para seguir sintiéndonos unidos, en comunicación. Para muchos ha supuesto la posibilidad de seguir trabajando, estudiando. Sin las tecnologías y sin los suministros energéticos la hecatombe hubiese sido aún peor.

Que funcione la nevera, que podamos poner la lavadora, ver las noticias en nuestra televisión, cargar la batería del teléfono móvil, todo depende de que a nuestro hogar llegue el suministro eléctrico. No acabamos de tomar conciencia de cómo tendríamos que cambiar nuestra vida si nos viéramos forzados a vivir sin energía eléctrica. ¿Puedes imaginarlo?

En estos meses veremos incrementadas nuestras facturas de suministros, porque estar 24 horas en casa, significa que hemos consumido más energía de lo habitual… muchos podremos asumir el coste, pero para otros hogares, ya era difícil antes del estado de alarma. Pagar las facturas ya era difícil desde hace tiempo.

Conscientes de esta realidad, hace cinco años surgió la cooperativa AeioLuz, que aborda una de las manifestaciones de la pobreza más común y tangible; la denominada Pobreza Energética.  Para todos son fácilmente reconocibles las situaciones que viven las familias en esta circunstancia; dificultad económica para hacer frente al pago de las facturas de suministros del hogar, estrés por la acumulación de deudas, angustia y ansiedad por la incertidumbre de si será posible mantener el suministro o si se producirá la desconexión. Pero las repercusiones van más allá de lo económico. No tener una confortabilidad en el hogar afecta a la salud física, porque se pasa excesivo frío en invierno o demasiado calor en verano. Afecta al descanso, a la higiene, a la alimentación, al rendimiento escolar. Afecta incluso a las relaciones sociales; carecer de un lugar confortable donde vivir dificulta poder compartir tu hogar con otros, recibir visitas, formar comunidad.

Existen colectivos especialmente sensibles a esta realidad; las familias con varios menores en casa, los hogares monomarentales y los hogares unipersonales de mayores de 65 años. Lamentablemente, la vulnerabilidad energética ya se estudia como un factor determinante de muertes prematuras[1].

Porque pensamos que se trata de algo más que incapacidad económica de pagar facturas, en AeioLuz hablamos de Vulnerabilidad Energética[2] y no tanto de Pobreza Energética. Hablamos de la vulneración al derecho a vivir una vida digna. Hablamos de Derecho a la energía.

Un problema común

La realidad que se vive en los hogares más vulnerables es muy compleja. Los problemas se superponen unos a otros, acumulándose y haciendo difícil encontrar una única solución. Antes podía ser suficiente encontrar un empleo. Ahora sabemos que, en muchas ocasiones, ni siquiera con un trabajo las familias pueden superar la pobreza y la exclusión. Son necesarias actuaciones conjuntas, desde muchos frentes y coordinadas para ayudar a las familias a mejorar sus condiciones de vida.

Son muchos los hogares que recurren a los servicios sociales públicos y a entidades privadas como Cáritas a solicitar ayudas económicas para garantizar el pago mes a mes de sus facturas. La cuantía económica que se destina a pagar a las compañías privadas comercializadoras como parte de los presupuestos municipales de acción social y por parte de entidades de acción sociocaritativa, asciende anualmente a varios millones de euros[3]. Pero no suele ser suficiente.  Es frecuente que los hogares en situación de exclusión combinen la atención de varias entidades para cubrir intermitentemente esta necesidad. Incluso la tramitación del Bono Social requiere del trabajo de profesionales públicos para que las empresas privadas apliquen dichos descuentos reconocidos por ley.

Los profesionales de la acción social, que no necesariamente están formados en materias energéticas, entienden que existe una relación directa entre consumo de energía y coste de las facturas y solicitan la implicación de las familias para racionalizar y economizar su consumo energético. Las estrategias familiares que se ponen en marcha suelen centrarse en la reducción del consumo energético; apagar luces, cocinar lo justo, reducir las horas de calefacción, abrigarse más en casa e invertir en medidas que mejoren la eficiencia[4]. Todas estas acciones tienen la intención de que la cuantía de las facturas disminuya, pero muchas veces el esfuerzo por ahorrar tiene un resultado limitado que no es achacable al uso de la energía. Otros factores ajenos a los esfuerzos de las familias por consumir lo justo son los responsables de que las facturas no desciendan; el mercado energético y sus precios y la escasa eficiencia energética de los edificios.

Estos factores nos afectan a todos. De hecho, pocos de nosotros sabemos descifrar nuestra factura de la luz, poco sabemos en qué mercado compramos la energía, menos aún, a qué precio. No es fácil comparar las tarifas que nos proponen y muy pocos consumidores sabemos que hay más trescientas comercializadoras a las que se puede contratar los suministros.

El trabajo de AeioLuz

La propuesta de trabajo de AeioLuz, parte precisamente del conocimiento del funcionamiento del mercado energético. Somos alfabetizadores energéticos. La formación y el conocimiento es la manera de manejarse en el opaco mercado de la energía. Ahorro, eficiencia y sostenibilidad son el resultado de nuestro trabajo. La sostenibilidad medioambiental, la Transición Ecológica y el cuidado de la Casa Común son el telón de fondo de nuestras actuaciones; nuestra Misión y Visión.

Cuando trabajamos para administraciones públicas o entidades de acción socio caritativa para afrontar problemas de Vulnerabilidad Energética, coordinamos nuestra formación con los planes de intervención familiar que los técnicos proponen a las personas que acompañan. Las estrategias contra la Vulnerabilidad Energética son un hilo más del que tirar para actuar sobre las complejas situaciones de las familias. Son un modo de intervenir en la economía doméstica, en la organización interna de las dinámicas familiares. Pueden ser una herramienta más de la intervención social que tiene efectos económicos rápidos y aumenta las capacidades de agencia de las familias.

Cómo lo hacemos

Es fundamental previamente formar a las personas técnicas, al voluntariado y a los órganos directivos. Nuestra experiencia nos enseña que estos conocimientos son igualmente útiles para todas las personas implicadas en la intervención social. La formación que impartimos produce ahorro energético y económico en todos los participantes. Ocurre que, partiendo de una lectura comprensiva de las facturas de suministros (luz, agua, gas, telefonía), llegamos a entender los mecanismos del mercado energético y nos reconocemos tan desinformados como las familias con las que trabajamos. Este reconocimiento produce un efecto igualador que nos sitúa en el acompañamiento a los procesos de una forma mucho más empática.

Y la parte más fundamental; formación a los hogares en situación de Vulnerabilidad Energética. A través de diferentes formatos y adaptados al público asistente, centramos nuestro interés en aprender a gestionar la economía doméstica de una manera sostenible. Cada participante aprende a realizar un diagnóstico de sus usos energéticos. Aprende a utilizar los electrodomésticos y los suministros de la manera más eficiente posible. Analizamos las facturas en conjunto y comprobamos la variabilidad entre las distintas compañías, dentro de las mismas y en los diferentes mercados donde estas operan.

Aprendemos a reconocer a partir de las necesidades de cada hogar qué mercado, qué tarifa y qué precios son los más adecuados y aprendemos trucos para ahorrar. Y lo hacemos en grupo. Por varias razones; porque comprobamos juntos que la desinformación en común, porque comparamos los precios a los que compramos la energía y porque aprendemos unos de los otros. Aprendemos a necesitar menos, gastar menos y pagar a un precio justo.

Completamos la formación con una atención individualizada por familia, donde acompañamos los trámites y gestiones que han de acometer ante las compañías comercializadoras. Acompañar este proceso es fundamental ya que no es frecuente que las compañías faciliten los cambios.

Los ahorros generados con la optimización de la contratación y con los cambios de hábitos ya son importantes, pero en muchas ocasiones es necesaria una actuación directa en los hogares.

En AeioLuz, visitamos las viviendas de las familias y realizamos una diagnosis energética, analizando el consumo de los electrodomésticos y buscando puntos donde la eficiencia no es óptima; mal aislamiento, fugas en puertas y ventanas, electrodomésticos viejos, grifos y cisternas que gotean… Instalamos elementos de eficiencia pasiva en los puntos críticos y de esta forma disminuimos el consumo y, por consiguiente, las facturas. Esta visita domiciliaria la realizan técnicos energéticos y técnicos sociales de AeioLuz, de manera que se prolonga la intervención social en el propio domicilio.

Los gastos del hogar suponen cerca del 30% del presupuesto de las familias. Aprender a ahorrar energía y pagar un precio justo por ella puede ayudar a equilibrar este presupuesto. Los resultados que hemos obtenido a lo largo de estos años nos indican que las familias ahorran de media más de 300 euros anuales en sus facturas de suministros. Y que las instituciones pueden atender a más necesidades, porque la demanda media de las ayudas en suministros por familia desciende un 25%.

Y lo que es aún mejor. Al reducirse la demanda energética, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo que se contribuye a la mitigación del Calentamiento Global.

El futuro tras la crisis del COVID-19 profundizará aún más las desigualdades y la pobreza. La Vulnerabilidad Energética se va a agudizar mientras no se garantice el derecho a la energía.

La descarbonización de la economía y la instalación descentralizada de producción de energía renovable son una oportunidad para cambiar de modelo económico y construir un futuro sostenible. Un futuro inclusivo, más igualitario y más justo.

[1] Tirado, S. et al (2016) Radiografía de la Pobreza energética. Barcelona. Fundación La Caixa.

[2] Pellicer, V. (2018) Ampliando la comprensión de la pobreza energética desde el enfoque de capacidades. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo. Zaragoza. Red Española de Estudios de Desarrollo.

[3] Sólo el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia invirtió en 2019 más de 700.000 euros en ayudas directas para Pobreza energética.

[4] FOESSA (2017) Desprotección social y estrategias familiares. Madrid: Fundación FOESSA.

Ciencia social

Derecho a la energía, cambio climático y protección social en tiempos del COVID-19 y más allá

Cristina Linaje Hervás

Politóloga, técnica del equipo de Incidencia de Cáritas Española

 

El debate sobre la garantía de los suministros básicos energéticos y, específicamente, la ineficiencia energética de la vivienda en España, será uno de los factores a considerar en el nuevo ciclo político que marcará la agenda del Gobierno, una vez hayamos superado la emergencia causada por el COVID-19. Una mejora en la eficiencia energética que no olvide a los más vulnerables.

 

Llevamos días confinados en nuestros hogares y posiblemente, hoy más que nunca, somos conscientes de la importancia de contar con una vivienda segura y adecuada. Un bien valioso que, haciendo nuestras las palabras de la Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda, se ha convertido en la primera línea de defensa frente al coronavirus. También ahora más que nunca, podemos entender por qué ya desde el año 1991 Naciones Unidas nos alertaba de que el contenido del derecho humano a la vivienda no puede desvincularse del acceso de ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición como son el acceso al agua o la energía en sus distintas formas y, por tanto, fundamentales para un desarrollo de la vida en condiciones de dignidad[1]. Resulta asimismo importante sumar las telecomunicaciones a este listado, con un papel fundamental en posibilitar el seguimiento médico de aquellas personas contagiadas que permanecen en su residencia o, simplemente, en hacer más llevadera la soledad forzosa de muchas personas en estos días de aislamiento obligatorio.

Dada su importancia, las organizaciones sociales hemos puesto de manifiesto la necesidad de que el gobierno garantizase, entre otras medidas y como mínimo durante la duración del estado de alarma, la protección de las familias frente al corte de suministros por impago, extendiendo esta protección incluso más allá de su vigencia hasta que la situación sanitaria, social y económica quede plenamente restablecida o al menos ofrezca visos de situarse en esa senda de recuperación. En un primer momento, el gobierno recogió parcialmente esta demanda, dentro del paquete de medidas contempladas por el RD-ley 8/2020 para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 aprobado el 17 de marzo. Decimos parcialmente porque, en su diseño no había contemplado a las más de 1,5 millones de familias que han optado, informada o desinformadamente, por abandonar el mercado regulado y contratar su suministro eléctrico en el mercado libre. Una carencia que habría sido subsanada dentro del nuevo paquete de medidas recogido en el RD-ley 11/2020 de 31 de marzo, garantizando esta protección para todas las personas independientemente del mercado al que pertenezcan.

Más allá de la situación de vulnerabilidad extrema que miles de familias enfrentan en estas semanas, lo cierto es que el debate sobre la garantía de los suministros básicos y su conceptualización como derechos que deben ser garantizados para el conjunto de la población desde criterios de accesibilidad, asequibilidad y acceso suficiente debe trascender la emergencia generada por la pandemia del covid-19 y nos devuelve de lleno a una problemática social que resulta especialmente acuciante en el caso de la energía eléctrica, vivamos o no en tiempos de coronavirus, y cuya incidencia alcanza a entre 3,5 y 8,1 millones de personas en España, dependiendo del indicador utilizado[2]. Es momento, por tanto, de poner las luces cortas mientras dure esta crisis y asegurar el suministro energético de las familias para que no quede condicionado a su capacidad de pago, pero sin olvidarnos de encender las largas y definir políticas que ofrezcan soluciones estructurales y preventivas, capaces de poner fin a esta problemática de forma definitiva, y de ir cobrando un protagonismo paulatino frente a otras medidas prestacionales como el bono social.

En artículos anteriores de Documentación Social nos hemos asomado al perfil y a las consecuencias de la pobreza energética entre las personas en exclusión social, a partir de datos de la encuesta Foessa de 2018 y hemos profundizado en los factores del mercado energético español que condicionan e incluso determinan que un creciente sector de la sociedad esté o pueda estar próxima a una situación de pobreza energética. En ambos casos, además, se ha puesto de manifiesto el vínculo existente entre renta de las familias y precios energéticos en ascenso desde una interrelación con enorme capacidad explicativa de esta problemática. Un vínculo que nos afianza en una concepción de la pobreza energética como una expresión más de la pobreza económica que enfrentan muchas familias en nuestro país, pero que igualmente debe provocarnos una reflexión sobre la razonabilidad de la configuración actual de los precios de la energía eléctrica.

Partiendo de las premisas anteriores, en este artículo queremos poner el foco en el tercer aspecto que, desde la mirada de Cáritas Española contribuye a agravar la imposibilidad de muchos hogares de un pleno disfrute del derecho a la energía, como es la ineficiencia energética de la vivienda en España, desde las medidas previstas por el Gobierno para su abordaje, que necesariamente se vinculan con la relevancia que la agenda climática y sus políticas tendrán previsiblemente en este nuevo ciclo político, una vez hayamos superado la emergencia causada por el COVID-19.

La transición a una economía y una sociedad que no comprometa el futuro del planeta

En los últimos años, la preocupación por el cambio climático ha cobrado fuerza en el debate público de la mano de una evidencia científica cada vez más contundente sobre las consecuencias sociales y económicas que conllevaría el aumento de la temperatura global del planeta por encima de los 2ºC. España, el país más vulnerable de Europa a sus efectos, se ha sumado a este esfuerzo internacional desde el marco de actuación de la Unión Europea (UE), nivel desde el que se articula una parte muy sustantiva del marco normativo relacionado con su lucha como parte del cumplimiento de los objetivos comprometidos en el Acuerdo de París suscrito en 2015. Un marco normativo europeo que, por el momento, ya ha determinado sus objetivos de reducción de emisiones a 2030 y que igualmente ha anunciado el compromiso con la neutralidad climática a 2050 a través del denominado Pacto Verde Europeo y el desarrollo de una Ley del Clima europea.

En respuesta a este mandato, el gobierno español se ha comprometido a aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, como marco regulador de los distintos planes, estrategias y políticas a desplegar, y cuya tramitación parlamentaria se ha visto necesariamente pospuesta por el estado de alarma en el que nos encontramos.  En paralelo se está terminando de definir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que concreta los objetivos sectoriales de descarbonización para España en la próxima década y las actuaciones para lograrlo. En su marco, la apuesta por la mejora de la eficiencia energética de la vivienda ocupa un lugar destacado tanto como medida para reducir nuestras emisiones, como para disminuir la vulnerabilidad energética de los hogares.

Vivienda e ineficiencia energética en España

El mal estado de las viviendas en términos de condiciones de habitabilidad contribuye a agravar la incidencia de la pobreza energética, de forma que si un hogar habita en una vivienda poco eficiente necesitará dedicar un porcentaje de renta mayor para asegurar la satisfacción de su demanda de servicios energéticos. Según datos de la Fundación Renovables, el 53% de los edificios en España carece de aislamiento térmico y más de 1,5 millones de hogares requieren actuaciones de urgencia. Una situación que nuevamente golpea más a quien ya acumula otros rasgos de vulnerabilidad como es el caso de la población en situación de exclusión social severa, cuyas viviendas presentan un grado de ineficiencia por deterioro en porcentajes que duplican el de la población general[3].

Una realidad que no sólo tiene consecuencias en las personas en forma de agravamiento de la vulnerabilidad energética. Igualmente contribuye en gran medida al problema del calentamiento global ya que el gasto energético en edificios en España supone aproximadamente un 31% de la demanda final de energía, con un fuerte peso de los combustibles fósiles sobre todo en el sector residencial[4]. Es decir, cuanto peor es el aislamiento mayor será el consumo de energía necesario para alcanzar la conocida como temperatura de confort tanto en invierno como en verano, y con ello, las emisiones potenciales de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

No resulta extraño, por tanto, que la apuesta por la mejora de la eficiencia energética en este sector ocupe un lugar destacado tanto en las actuaciones del PNIEC como en la Estrategia Nacional de Pobreza Energética 2019-2013 aprobada por el gobierno en abril del pasado año, conjuntamente con el autoconsumo térmico o eléctrico en asociación. En lo concreto, establecen intervenciones a corto, medio y largo plazo orientadas a la rehabilitación integral y mejora de la envolvente térmica en 1,2 millones de edificios en una década, así como de renovación de instalaciones térmicas de calefacción y agua caliente sanitaria en 300 mil viviendas cada año.

Eficiencia energética sí, pero desde planteamientos inclusivos capaces de no dejar a nadie atrás

Ahora bien, lo que pareciera una aproximación razonable para contribuir a la prevención de la pobreza energética, a la vez que permite dar respuesta a los compromisos ambientales, puede tener sin embargo un efecto muy desdibujado justamente frente a uno de los dos objetivos a los que declara destinarse, por dos motivos principales. El primero es la falta de capacidad económica de los sectores excluidos para sufragar el coste que tales rehabilitaciones y mejoras implicarían. Por ello, es urgente acompañar estos objetivos con mecanismos de financiación adaptados a su realidad, que preferentemente tendrán que ser a coste cero para ser efectivos.

Una segunda barrera tiene que ver con el régimen de tenencia de la vivienda. Sabemos que las familias en exclusión social residen en viviendas alquiladas en un porcentaje mucho mayor al de la población general, lo que necesariamente implica ofrecer un tratamiento especial a colectivos de especial vulnerabilidad que residen en viviendas en régimen de alquiler, y la puesta en marcha de una combinación de regulación e incentivos capaces de superar el conocido como dilema entre el arrendador y el arrendatario sin que ello genere un efecto indeseado en forma de aumento del precio de los alquileres e inacceso a viviendas que hayan mejorado sus condiciones de eficiencia y habitabilidad, en una lógica similar al efecto que la gentrificación ha tenido en muchos barrios de nuestras ciudades.

En definitiva, las políticas públicas destinadas a frenar el cambio climático que igualmente están orientadas a abordar estructuralmente la pobreza energética deberán dialogar con las características particulares de aquellos hogares que con mayor intensidad ven vulnerado su derecho a la energía, desplegando medidas de protección e incentivos adaptados a su realidad, evitando así que tales segmentos sociales queden excluidos o penalizados en el proceso de transición a una sociedad energéticamente más eficiente.

Bibliografía

[1] Observación General nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Accesible en: https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-4-derecho-una-vivienda-adecuada-parrafo-1-del-articulo-11-del-pacto

[2] Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética 2019-2023.

[3] La encuesta EINSFOESSA 2018 muestra que un 10,8% de las familias en situación de exclusión severa, frente a un 4,2% de la población general, declara residir en una vivienda que presenta una o varias de las siguientes situaciones: deficiencias graves en la construcción, necesidad de rehabilitar instalaciones eléctricas, o necesidad de cambiar puertas y/o ventanas.

[4] Fundación Renovables: Hacia una Transición Energética Sostenible. Propuestas para afrontar los retos globales. Accesible en: https://fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2018/03/Hacia-una-Transicion-Energetica-Sostenible-Fundacion-Renovables-032018.pdf