Alfonso Apicella, Responsable de campañas mundiales, Caritas Internationalis

Mª José Pérez de La Romana, Técnico de sensibilización, responsable de la campaña Juntos, Cáritas Española

Este artículo analiza el impacto de la crisis medioambiental en poblaciones vulnerables en el mundo y España a través de la campaña de Cáritas: Juntos. Actuemos hoy por un mañana mejor. Se exploran los objetivos de la campaña, problemas específicos y experiencias concretas que destacan la desigualdad en la crisis medioambiental. En España, la campaña promueve la sensibilización social para el cambio y la adaptación, instando hacia la ecología integral y la acción comunitaria, así como la participación política.

1. Introducción

En un mundo cada vez más consciente de la crisis medioambiental y sus consecuencias para la vida en general, y de la salud de la humanidad en particular (OMS, 2021), ésta no puede considerarse aislada de las desigualdades sociales (UN DESA, 2016). En este contexto nace la campaña Juntos. Actuemos hoy por un mañana mejor de Cáritas Internationalis (confederación internacional de organizaciones caritativas católicas de ayuda humanitaria y desarrollo, presente en más de 160 países).

Es una campaña de sensibilización y movilización social sobre la crisis medioambiental, cuyo objetivo principal es promover la ecología integral. Exige, además, la democratización de los procesos de desarrollo, mediante la participación de las comunidades locales, especialmente, las más vulnerables (Manor, 2014; Arnstein, 1969) donde el impacto de la degradación medioambiental es mayor (Stern, 2007).

2. Causas y consecuencias de la crisis medioambiental y su impacto desigual

La crisis medioambiental es un problema global de impacto desigual. Los estudios científicos realizados durante décadas (Landsberg, 1970) demuestran que el origen de la crisis radica principalmente en la actividad humana, la era del Antropoceno, (Oreskes, 2004), que provoca problemas ambientales significativos, como el cambio climático. Sus consecuencias son la pérdida de bienestar humano en todas sus dimensiones (Adger, 2022; Menk et al., 2022; Tschakert et al., 2017), incluido el entorno natural habitable.

El cambio climático genera un aumento de las temperaturas globales con consecuencias extremas: sequías, inundaciones, tormentas más intensas… Esto afecta a comunidades enteras incidiendo, por ejemplo, en la escasez de agua, de alimentos, problemas de salud, pérdida de oportunidades educativas, laborales (por los daños en infraestructuras), y del patrimonio y la identidad cultural.

Además, la pérdida de biodiversidad debilita los ecosistemas y reduce la capacidad regenerativa de la Tierra, por ejemplo, se reduce la polinización de cultivos y la purificación del agua. Esto constata que todo está conectado (papa Francisco, 2015) a través de ecosistemas de vida que se cruzan y que, además de biológicos, también son genéticos, familiares, culturales, sociales, políticos y medioambientales. Este marco, postulado por Urie Bronfenbrenner (1994) a través del Modelo Ecológico del Desarrollo Humano (MEDH) se basa en los estudios de la relación entre la persona y el medioambiente de Hawley (1944). Para ellos, no hay áreas de desarrollo humano y medioambiental que no se vean afectadas de forma recíproca en tiempos de ebullición mundial (El País, 2023).

Las poblaciones más vulnerables se enfrentan, pues, a desafíos aún mayores que el resto, entendidos desde una perspectiva interseccional (Kaijser y Kronsell, 2014). Por ejemplo, las comunidades más pobres suelen residir en áreas propensas a desastres naturales, sin una buena capacidad de adaptación, por carecer de sistemas de alerta temprana y refugios seguros. Y todavía son más vulnerables las mujeres (Dimistrov, 2019) y las personas con discapacidades (Kosanic et al., 2022), debido a sus circunstancias socioeconómicas y a las desigualdades estructurales preexistentes.

El cambio climático agravará la inseguridad alimentaria, sobre todo de las poblaciones dependientes de la agricultura de subsistencia (Wheeler y Braun, 2013), porque la falta de agua o las inundaciones, así como patrones climáticos erráticos, harán imprevisibles los calendarios agrícolas. La disminución de las cosechas, producen el incremento de los precios de unos alimentos que también pierden calidad. Eso impacta en el acceso a los alimentos de las comunidades más vulnerables en el mundo.

El cambio climático influye también en el ámbito educativo mundial (Porter, 2021). La investigación Young Lives de la Universidad de Oxford revela cómo la exposición durante la infancia a impactos climáticos como sequías e inundaciones tiene un impacto desigual en su desarrollo porque afecta a la nutrición y obstaculiza el proceso educativo infantil. Además, estos eventos interrumpen a menudo el funcionamiento de las escuelas y ponen en riesgo la seguridad de todos.

Por otra parte, el cambio climático amenaza el patrimonio y la identidad cultural de las comunidades en todo el mundo (Steadman et al., 2022). Multitud de sitios históricos y culturales están en riesgo de erosión, inundaciones y daños irreparables. Estos lugares son fundamentales para la comprensión de la historia y la identidad de una comunidad, y su pérdida puede tener un impacto profundo en la cohesión social y el sentido de pertenencia. Además, la adaptación de las comunidades a nuevas realidades climáticas supone la alteración de patrones culturales, cambios en la arquitectura y las tradiciones locales, entre otras.

3. Problemáticas y experiencias concretas a nivel internacional

La escasez de recursos naturales, la inseguridad alimentaria, los desplazamientos forzados y las migraciones climáticas, las limitaciones crecientes de acceso al agua y saneamiento a causa de la crisis medioambiental, han hecho que ésta condicione el trabajo de Caritas Internationalis, convirtiéndose en una cuestión transversal. Esta fue la situación que llevó a la red mundial de Cáritas a lanzar una campaña mundial sobre ecología integral, es decir, sobre la conexión entre el respeto por el planeta y la justicia social. Veamos a continuación algunas realidades que la inspiraron.

En África, Cáritas ha implementado proyectos de agricultura sostenible en comunidades rurales, que promueven la agro-ecología. Los agricultores locales aprenden técnicas sostenibles que mejoran la producción y la adaptan a condiciones climáticas cambiantes. Por ejemplo, Cáritas Diocesana de Bulawayo, en Zimbabue trabaja contra la pobreza, la desigualdad y la inseguridad alimentaria en un proyecto integral: un huerto comunitario donde miembros de la comunidad trabajan y aprenden sobre agricultura (preparación de la tierra y formas de cultivo), obteniendo alimentos básicos e impulsando su crecimiento económico con la venta de los excedentes. Se han beneficiado 50 hogares directamente, pero toda la comunidad de forma indirecta, ya que se benefician de otras actividades como la cría de aves de corral y el comercio colectivo.

En América Latina, Cáritas desarrolla un programa sobre sinodalidad ecológica, que significa buscar formas más eficaces de abordar las cuestiones socioambientales, enfocándolas en el agua, mediante la participación de todas las partes interesadas, especialmente las comunidades indígenas. Un ejemplo es el caso de Cáritas Chile, en su trabajo sobre reducción de riesgos en desastres, principalmente terremotos y deslizamientos de tierra, en todo el país. Para ello, han desarrollado programas de capacitación y concienciación en comunidades vulnerables, formando a las personas en prevención y acción ante desastres naturales, creando comités locales de gestión de riesgos, y prestando asistencia humanitaria inmediata en situaciones de desastre (distribución de alimentos, agua y refugio a las comunidades afectadas).

En la región del Pacífico, la experiencia de Cáritas Australia llamada Catholic Earthcare Australia forma a los estudiantes de 120 escuelas para liderar la resiliencia en sus comunidades, y comprender la conexión entre el grito de la tierra y el grito de los pobres (Laudato sí, 49).

Y así, en todo el mundo hay experiencias de Cáritas relativas a la ecología integral.

4. La campaña Juntos: objetivos y alcance global

La campaña Juntos. Actuemos hoy por un mañana mejor fue lanzada por Caritas Internationalis en diciembre de 2021 y concluirá a finales de 2024. Pretende un cambio social y político mundial con el objetivo de alcanzar la justicia social y medioambiental para todos. La perspectiva para conseguirlo es la ecología integral, que implica cuidar de las personas y del planeta. Su fundamentación son las encíclicas Laudato sí y Fratelli tutti del papa Francisco, ahora reforzadas por la reciente exhortación apostólica, Laudate Deum.

Es una campaña de sensibilización y movilización pública para promover una mayor conciencia sobre la interconexión existente entre los seres humanos, la naturaleza y la sociedad, y buscar la armonía y el equilibrio en esta relación. Por eso es clave la transformación hacia sociedades y comunidades de cuidados. Y si bien el público objetivo al que se dirige la campaña es el de la iglesia católica, también se extiende a la sociedad en general, a entidades plurales. Un reto así, requiere de la implicación de toda la humanidad.

La campaña parte de experiencias comunitarias como las ya descritas para:

1. Concienciar, informando a la sociedad sobre la importancia de considerar todos los aspectos de la ecología, incluyendo la preservación del medioambiente, la equidad social y económica, y la responsabilidad ética hacia las generaciones futuras.
2. Promover cambios de comportamiento, fomentando acciones individuales y colectivas que reduzcan el impacto ambiental, como la reducción de desechos, la conservación de recursos naturales y la adopción de estilos de vida más sostenibles.
3. Abogar por políticas y prácticas sostenibles, presionando a los gobiernos y a las organizaciones a que actúen de forma más respetuosa y equitativa con el medioambiente y la sociedad.
4. Fomentar la solidaridad entre las comunidades locales y globales, reconociendo la corresponsabilidad en la protección del planeta y el bienestar de sus habitantes.

A escala mundial, se celebran seminarios web y actos anuales de movilización de la confederación de Cáritas, para reforzar los mensajes de justicia climática y social que sustentan la iniciativa, y visibilizar y animar su trabajo global.

A un año de que la campaña termine, el reto es haber puesto en el foco de la acción de Cáritas la ecología integral como un objetivo irrenunciable. Su consolidación se prolongará más allá de la campaña, ya que cambios tan profundos requieren tiempo y los resultados se verán en el medio y largo plazo.

5. Adaptación de la campaña Juntos. Actuemos hoy por un mañana mejor a la realidad española

5.1- La crisis socioambiental y su impacto desigual en España

No nos servirá describir los síntomas, si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. ¿Por qué no podemos detenernos a pensarlo? En esta reflexión propongo que nos concentremos en el paradigma tecnocrático dominante y en el lugar del ser humano y de su acción en el mundo (LS, 101).

Según los científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA en Nueva York, Julio de 2023 ha sido el mes más caluroso que cualquier otro en el registro de temperatura global. Y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) declara 2022 como el año más cálido en España.

En un artículo publicado por Greenpeace el 20 de diciembre de 2022, ya declaraba el año como horribilis para España con incendios, sequías, olas de calor e inundaciones. Y según la Agencia Española de Meteorología (14-9-2023), este verano ha sido el tercero más cálido desde que existen registros, con cuatro olas de calor y prediciendo un otoño más cálido de lo normal, como estamos experimentando. Las cosechas se han reducido por la sequía, las DANAs han inundado poblaciones y ocasionado la muerte de personas. Es urgente enfrentar las consecuencias que ya sufren tanto la ciudadanía, especialmente la más vulnerable, como los seres vivos de todos los ecosistemas.

5.2 – Causas principales y consecuencias para la población

En España, las consecuencias principales de la crisis medioambiental son las siguientes:

– Incremento de las temperaturas: los veranos serán cada vez más cálidos y los inviernos más duros.

– Desertificación: Según el Ministerio de Medio Ambiente, el 75% del suelo español está en proceso de desertificación. Entre las causas, que son variadas, se encuentra la deforestación para cultivos y ganadería, los incendios de gran magnitud, o el incremento de infraestructuras (artificialización del suelo).

– Recursos hídricos cada vez más escasos y mala calidad del agua. A pesar de contar con una extensa red de embalses y aguas subterráneas, el problema del agua en España es grave, porque cada vez es más escasa (se acentúan las temporadas de sequía) y porque su gestión tendría que mejorar. El reparto del agua es desigual en el territorio. Como dice Greenpeace España: Además de la sequía agravada por el cambio climático, las políticas de un recurso tan vital como éste hacen que más del 80 % del agua se destine al regadío intensivo e industrial en detrimento de la agricultura más tradicional y familiar y pone en riesgo el consumo humano. Poca agua, mal gestionada y contaminada.

– Incendios: Greenpeace decía en 2022, en relación a España, que: No es casual que un mal año de sequía sea un mal año de incendios. Sin olvidar que el 95% de los incendios tienen origen humano, un territorio más caliente, más seco y por tanto más inflamable es el escenario perfecto para que ocurra un incendio de alta intensidad.

– Contaminación atmosférica: nos referimos a la ocasionada por la acción humana en las zonas industriales, las ciudades y las plantas de generación de energía, que se agrava por las largas temporadas anticiclónicas sin lluvias.

Pero como todo está conectado (encíclica Laudato Sí), no podemos obviar que las consecuencias aquí citadas se relacionan y retroalimentan, generando otros efectos, como la pérdida de biodiversidad, aumento de las especies invasoras, o las de carácter social: pérdida de cosechas, incremento de precios, enfermedades respiratorias, entre otras.

Por todo ello, la Iglesia española ha asumido la invitación del papa Francisco a mirar, reflexionar y actuar sobre lo que ocurre en la Tierra, nuestra casa común, y a la humanidad, la familia humana que somos. Cáritas Española, junto a Caritas Internationalis y las Cáritas del mundo, dedica la campaña a poner el foco en la ecología integral como un proceso comunitario que debe culminar en adoptar estilos de vida nuevos, respetuosos con el medioambiente y todas las criaturas.

5.3- Fundamentación y objetivos de la campaña en España

La campaña Juntos invita a la transformación ecológica a escala mundial. Cáritas Española la fundamenta en los CUIDADOS. Ante un mundo y una humanidad dolientes, se impone actuar en clave de fragilidad que necesita de cuidados.

Cáritas Española fundamenta la campaña en cuatro claves:

• La necesidad de los cuidados en una sociedad del descuido y la desconexión.
• El Dios “todocuidadoso”, como origen y modelo de los cuidados.
• La comunidad cristiana como cuidadora.
• Claves de acción para promover el cuidado: el cuidado de uno mismo, la cultura del encuentro que implica cuidar a las personas más vulnerables, el cuidado del bien común, el cuidado del planeta, y vivir una espiritualidad que anime y motive el cuidado.

El objetivo es compartido con CI: la conversión ecológica global, que traducimos en:

– Incorporar la ecología integral a la institución, mediante la revisión de las infraestructuras para adaptarlas a la sostenibilidad medioambiental; y revisar los cuidados a todos los agentes de Cáritas, promoviendo el autocuidado, el cuidado en comunidad y la comunidad que cuida a las personas más vulnerables.

– Promover las comunidades de cuidados, que significa incorporar los 7 objetivos de la Plataforma de Acción Laudato Sí, una iniciativa del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano: escuchar y hacer frente al clamor de la tierra y de los empobrecidos, promover una economía ecológica, unos estilos de vida sencilla, una educación ecológica, una espiritualidad ecológica, y promover la participación en común.

5.4- Experiencias significativas de la campaña

– EXPERIENCIA DE CÁRITAS OVIEDO

Cáritas Oviedo ha puesto el foco en el autocuidado para cuidar, que permite, desde hace años, promover proyectos que velan por el trabajo cooperativo y consciente.

La campaña Juntos, favorece el apoyo de las acciones emprendidas y permite, además, generar nuevas estrategias de sensibilización.

La capilarización de la campaña se impulsa a través de un técnico para darla a conocer en todos los ámbitos y a todos los equipos. Consiste en lanzar a los Responsables de Programas nuevas preguntas que interpelen sus acciones cotidianas. La estrategia de sensibilización propuesta por Cáritas española para el 2024 (punto 5. 5) se vertebra desde el Proyecto Espacios con Corazón.

Los dos proyectos iniciados a finales del año 2021 que tratan de velar fuertemente por el autocuidado y la ayuda mutua son:

Tendiendo Puentes.  Proyecto enmarcado en el Programa de Voluntariado y Formación. Su objetivo es promover el autocuidado entre los agentes través de la reflexión y la búsqueda de significado colectivo. La variedad de personas en los distintos programas de Cáritas es tal, que se ve la necesidad de poner en común tanta riqueza, incluida la espiritual, para aprender y cuidar unos de otros. El proyecto genera espacios de encuentro con un técnico que pone al servicio estrategias para la reflexión grupal. Vela por la cohesión y el espíritu colaborativo.

Comunidades de cuidado: Trabajar desde este enfoque es un camino que ha recorrido sus primeras fases de desarrollo en la diócesis. Los procesos sobre consolidar la atención son clave actualmente, y se acompañan de procesos formativos permanentes. La ampliación y la construcción de nuevas redes comunitarias y el impulso de la ayuda mutua se vertebra desde dos centros neurálgicos: La comunidad de cuidado del Proyecto de Red Hogares, perteneciente al programa de Personas Sin Hogar y la comunidad de cuidado creada en torno al proyecto Espacios con Corazón. Ambas promueven el tejido comunitario en siete localidades distintas dentro de la región.

Actualmente, las comunidades se enfrentan a nuevos retos y posibilidades de la mano de la ecología y la espiritualidad para abordar las distas dimensiones que entraña en cuidado de la casa común.

– EXPERIENCIA DE CÁRITAS PLASENCIA

Su apuesta ha sido práctica, y se ha centrado en el grupo de personas residentes en el Centro de Reinserción de Personas Sin Hogar.

Se inició con la realización de tres talleres, que se ampliaron a seis por lo positivo de la experiencia, y la propia demanda de los participantes. Su contenido fue el siguiente:

• Los autocuidados: el tiempo y el esfuerzo que se dedicaban a sí mismos y sobre esas pequeñas cosas que les proporcionan felicidad y bienestar.
• Su comunidad de cuidados: cómo aportaban positivamente en ella y cómo su comunidad les protege y les cuida.
• Deterioro medioambiental: qué sabían sobre sus causas y consecuencias.
• Aportaciones en positivo: qué podían hacer de manera individual y en comunidad, para mejorar en el cuidado de nuestra única casa común: el planeta.
• Experiencia final sobre la conexión con la naturaleza a través de los cinco sentidos.

Todo este trabajo tuvo como fruto una exposición de fotografías realizadas por los participantes, en las que cada uno de ellos pudo plasmar sus pensamientos y sentimientos nacidos de las horas de convivencia y diálogo.

– EXPERIENCIA DE CÁRITAS TENERIFE

A las afueras de San Cristóbal de La Laguna, Cáritas hace años que tiene un huerto en el que trabajan personas participantes de distintos programas de la entidad. La mayoría son de Tenerife, pero algunas están en situación de asilo o refugio político. También confluye un voluntariado variado que va desde una congregación religiosa, hasta habitantes de la localidad.

Una persona dirige toda la acción. Durante la jornada, se trabaja la tierra para que produzca hortalizas, frutas, que luego formarán parte de la dieta de los participantes. Si se quiere, también supone el aprendizaje de un oficio. La agricultura orgánica puede ser un modo de vida. De hecho, enfrente hay otro huerto, más grande, que es una empresa de inserción social: la producción orgánica se vende a colegios y residencias de mayores de la isla.

El huerto es, además, un espacio de encuentro entre las personas, cada una con su realidad. Todas tienen algo que aportar: charla, escucha o conocimientos.

La campaña Juntos ha servido para constatar que ya eran y son una comunidad de cuidados, que pone a la vida en el centro. Las personas que participan del proyecto se cuidan entre sí, y cuidan del espacio natural en el que trabajan. Esto los lleva a una nueva dimensión del cuidado, con base local, pero con perspectiva global.

5.5.- Los cuidados nos sostienen. Abraza la ecología integral: una estrategia de sensibilización para la incidencia política local

2024 será el último año de campaña, pero su objetivo continuará más allá. Cáritas Española ha preparado una estrategia de sensibilización dirigida a las comunidades de cuidados y a grupos diversos, con el fin de realizar incidencia política local.

La iniciativa gira en torno a una exposición que recorrerá España en los próximos años. Muestra qué ocurre en el mundo, y en España, en temas socioambientales, en clave de derechos humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible. También plantea acciones que ya se están realizando. Pero sobre todo es un espacio de encuentro para la reflexión y el trabajo en grupos plurales. Para facilitarlo, la propuesta consta de materiales y dinámicas que ayuden al trabajo en red, a la identificación de causas socioambientales vulneradas locales, y a la incidencia política local.

Dentro del material hay una colección de podcast titulada El Camino Verde: rumbo a la ecología integral, a los que se puede acceder en los enlaces siguientes:

• Transición energética y agotamiento de recursos https://youtu.be/O8qYFQ3z4wo
• Buen vivir y vivir bien https://youtu.be/Y-4kNBK51M8
• Cuidados y sostenibilidad frente al cambio climático https://youtu.be/z1HNL3DFutk
• Cuidado integral: la persona y la naturaleza constituyen comunidades https://youtu.be/a_QfqaeXAz4
• Consumismo y decrecimiento https://youtu.be/3fhZDKnTHr0
• La ciudad como hábitat y su dependencia del medio rural https://youtu.be/qb06Cqie9Dw

6. Conclusiones: Hacia un enfoque inclusivo y sostenible

La campaña pone la causa socioambiental en foco de la Iglesia y la sociedad, pero el proceso hacia la ecología integral tendrá un recorrido más largo junto a otras religiones, entidades, sociedades y culturas diversas, corporaciones y políticas. Superar la crisis medioambiental sin dejar a nadie atrás, implica sumar la diversidad de voces de todas las sociedades humanas.  Es por ello que el papa Francisco ha lanzado, el 4 de octubre, la segunda parte de Laudato sí, la exhortación apostólica titulada Laudate Deum (Alabad a Dios) que continuará inspirando el camino. La campaña Juntos asumirá, sobre todo, su último capítulo titulado Motivaciones espirituales, que nos recuerda que todos somos responsables en el respeto y protección de la belleza de la creación en comunión, de manera sinodal, comprometiéndonos en la reconciliación con el mundo que nos acoge (LD,69).

Referencias bibliográficas

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Número 15, 2023

Romina Gallegos Brito, Equipo de Programas del Programa Universitario Amazónico – PUAM

Soc. Susana Espinosa Soto, Secretaria General del Programa Universitario Amazónico – PUAM

Puedes encontrar a Romina en Linkedin y a Susana en Linkedin y en X (antiguo Twitter)

En 2023 Ecuador retoma la convocatoria a una consulta popular nacional para definir la explotación o no de petróleo en el territorio del Parque Nacional Yasuní. Con el 60% gana el dejar el crudo bajo tierra. Sin embargo, la dinámica socio territorial es más compleja, y se ha llegado a instrumentalizar la voz del territorio amazónico y a su gente.

Amazonía: territorio inexplorado, que ha sido fuente para la generación de diversos estereotipos, y en función de intereses económicos se han plantado posiciones y miradas reduccionistas sobre lo que acontece en él. Entre el proceso de colonización y exterminio de América hasta el siglo XX hemos optado por hablar sobre la Amazonía o bioma amazónico sin su gente. Han surgido todo tipo de expertos/as para hablar sobre este territorio sin considerar lo que su gente dice, siente, y exige.

También, tenemos la línea de quienes sólo subrayan las características de la selva, su humedad, y capacidad que tiene para la producción de oxígeno y agua. Sobre todo, los componentes que facilitan el resguardo de 150 mil hasta 200 mil millones de toneladas de carbono cada año (Laboris, 2019). Por otra parte, una mirada indigenista objetivó de manera esencialista a las poblaciones indígenas, como una suerte de diferenciación racializada positiva (Hall, 2013), provocando una romanización a las condiciones de pobreza de las poblaciones, y una folclorización de sus prácticas culturales y espirituales.

Está la mirada de quienes representan a los intereses económicos nacionales e internacionales, que ven a este territorio como espacio para su beneficio y lucro. Y, por otra parte, se encuentran las iglesias, resalta una rama particular de la Iglesia católica[i] que ha intentado generar procesos de apertura para el protagonismo social, político, cultural, económico y espiritual de los pueblos de la Amazonía.

Además, que en las últimas dos décadas existe una mirada a la tenencia del control de este territorio ante el incremento de actividades ilícitas, como el narcotráfico, extorsión, o la trata de personas, sobre todo a mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Esto ha desatado una ola de violencias en las zonas de frontera. Los gobiernos de la región han permitido que reaparezcan gobiernos del norte global para ayudar a controlar la inseguridad en los territorios.

Por último, tenemos la mirada de los mismos pueblos indígenas, que a través de sus procesos organizativos y de enfrentamiento con todas estas miradas han posicionado otra forma de entender su vida y territorio, una que nos exige escuchar su voz. Entonces, ¿Cuál es la mirada que pesa y que toma las decisiones?

Vemos que la Amazonía es un lugar plural en ebullición constante, con dinámicas socioculturales y de conflictos socioambientales que replantean constantemente sus vínculos. Vemos a la Amazonía como un gran territorio en disputa, donde día con día se desarrollan enfrentamientos de todo tipo por determinar quién tiene la legitimidad de palabra sobre su presente y futuro.

La gran diversidad sociocultural en este territorio permite que se relacionen aproximadamente 33.6 millones de habitantes dentro del bioma amazónico. De los cuales 2,5 millones son pueblos indígenas, que representan entre 377 y 511 nacionalidades, y a 120 pueblos en aislamiento voluntario o pueblos libres[ii]. La población también está compuesta por pueblos mestizos, campesinos, afros – quilombolas, ribereños y urbanos. Uno de los temas que caracteriza a este territorio es la disputa entre la demarcación del territorio tradicional indígena y el avance de la frontera extractiva y urbana. Las organizaciones indígenas exigen que se los considere como los guardianes naturales en el equilibrio del bioma y planeta, y exigen procesos que garanticen la titulación de sus territorios (COICA, 2021).

Consulta Popular del Yasuní – Amazonía Ecuatoriana

Para observar un poco más de cerca las disputas en el territorio nos trasladamos a la Amazonía Ecuatoriana, al Parque Nacional Yasuní[iii]. Aquí logramos identificar 4 dinámicas de relación/tensión que marcan históricamente a este territorio:

• Primera, las políticas colonizadoras promovidas por Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) desde 1969, junto con el boom de la explotación petrolera en el país. Esto ocasionó un movimiento migratorio considerable hacia la Amazonía, acarreando enfrentamientos por la convivencia forzada entre colonos y pueblos indígenas.
• Segunda, el reconocimiento por parte de la UNESCO por la biodiversidad del territorio y la creación del Parque Nacional Yasuní en 1979. Generando un tipo de protección legal al territorio, y obligando al ministerio de ambiente a cumplirla.
• Tercera, la demanda histórica en el reconocimiento y la garantía de derechos sobre el territorio de la Reserva Étnica Waorani[iv] que fue legalizada en 1990. Y que en 1987 con la matanza a Mons. Alejandro Labaka y la Hna. Inés Arango, sumada a los enfrentamientos con la petrolera CEPE, la necesidad en la protección a los pueblos no contactados Tagaeri y Taromenane[v].
• Cuarta, los enfrentamientos entre los pueblos en aislamiento voluntario o pueblos libres, Tagaeri y Taromenane con la población Waorani de reciente contacto, y con los trabajadores de las empresas petroleras. Resaltando las masacres de 2003, 2006 y 2013.

Identificamos dos elementos transversales a estas cuatro dinámicas. El primero, es el discurso extractivista que se enfoca en la priorización de los ingresos económicos que el gobierno puede recibir, y que el modelo de desarrollo neoliberal le exige cumplir. Como sabemos, esta posición no toma en consideración la consulta a los pueblos indígenas sobre la soberanía de su territorio, si están o no a favor de la explotación, como lo promueve el Convenio de la OIT -169.

El segundo elemento transversal es la realidad material de las comunidades indígenas que viven dentro de la Reserva Étnica Waorani, y el Yasuní. La situación socioeconómica de la población no es la de comunidades que ven la distribución equitativa de los ingresos para mejorar su calidad de vida. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 70% de las personas en la Amazonía está bajo condiciones de pobreza multidimensional[vi], y los pueblos indígenas son cuatro veces más propensos a vivir en extrema pobreza. Particularmente, el 82% de los pueblos indígenas que viven en el borde del Yasuní viven en pobreza (Amazon Frontlines, 2023).

Esta multidimensionalidad de la pobreza se ve reflejada en patologías y deficiencias en la salud de la población Waorani de esta zona. Por ejemplo, el 40,7% de los niños y niñas menores de 5 años tiene desnutrición infantil crónica (Cóndor, 2023)[vii]. Además, existe un alto índice de embarazo adolescente, que ha impedido, en especial a las mujeres, concluir su educación o insertarse laboralmente. Esta situación se agrava cuando la lectura más amplia del territorio muestra que el eje principal de la reproducción social y económica es la actividad petrolera. Lamentablemente, las realidades en las que convive la industria extractiva con las comunidades están marcadas por las condiciones en las que se negocia su explotación. De alguna forma, las poblaciones ceden soberanía a las empresas extractivas a cambio de que éstas brinden a la población algunas condiciones básicas de un bienestar que, por lo general, es impuesto por realidades ajenas.

Y, ¿por qué tendría que cederse soberanía a cambio de mejores condiciones de vida? Porque al parecer las poblaciones que han vivido históricamente sobre los recursos naturales que financian la operación estatal no son merecedoras de servicios públicos de calidad que garanticen su vida y la protección de sus culturas. Por lo tanto, con plena certeza que el Estado no proveerá lo que por derecho les corresponde, estas poblaciones han negociado con cada empresa que ha llegado a explotar el petróleo. Las consecuencias de ello lo han vivido generaciones de la población Waorani en esta región, y por supuesto el entorno en el que viven.

La dependencia económica sobre el petróleo

Ecuador, desde sus orígenes republicanos, ha atravesado por distintos períodos de su sustento principal económico. El cacao y el banano fueron en distintos períodos los productos que sostuvieron la economía nacional, colocándonos en el radar como un país primario exportador. Una vez que se vivió el boom petrolero iniciada la segunda mitad del siglo XX, la zona norte sudamericana se afianzó a la esperanza que trajo el descubrimiento de yacimientos de petróleo que lograban ser competitivos a nivel mundial. Sin ser de la mejor calidad, el petróleo encontrado en Ecuador ingresó cantidades inimaginadas de dinero al Estado. Un país tan pequeño en comparación a sus vecinos se convirtió de principal interés para industrias extranjeras que ya tenían tecnología y experiencia en el manejo de este recurso.

Desde la mentalidad servil a los poderes hegemónicos que es común en nuestra región, los gobernantes vieron que su principal rol en este gran negocio era establecer las condiciones óptimas para obtener la mayor cantidad de recursos del petróleo. En la práctica, eso significó que se gobernara a través de los intereses de las empresas extranjeras que estaban dispuestas a instalar sus operaciones para extraer el petróleo. A cambio, estas economías, pequeñas en comparación a las globales, disfrutaron del flujo de recursos sin tener necesariamente una meta de desarrollo clara, o un plan para cuando este recurso empezara a escasear.

Actualmente, el mundo vive la fase tardía del petróleo como principal recurso energético. Además, tras cincuenta años de explotación, los pasivos ambientales de esta actividad marcan una irreversible afectación a la vida de los territorios explotados. Eric Toussaint et al. (2023) junto a otros economistas socializaron un posicionamiento con una explicación técnica económica de las reales consecuencias de detener la explotación petrolera en el Yasuní[viii]. En este posicionamiento se deja ver la gravedad de poner la avaricia sobre recursos económicos muy limitados por encima de la sostenibilidad de un entorno tan frágil como el del Yasuní y la vida de sus poblaciones.

Mecanismos del derecho a la participación

En el marco de todas las posibilidades del ejercicio de la participación y soberanía de nuestro país, de la aparente apuesta por el cambio de la matriz productiva nacional en 2007 se lanza la propuesta por parte del gobierno de Rafael Correa Yasuní Itt[ix] para dejar el crudo bajo tierra. El objetivo se enfocaba en recibir donaciones internacionales para evitar explotar el bloque petrolero 43: Ishpingo, Tiputini y Tambococha del Yasuní. Una propuesta nunca antes pensada para un país petrolero. Sin embargo, el proyecto no prosperó, lo que desencadenó que en 2013 el expresidente Correa solicitara a la Asamblea Nacional que se declare de interés nacional la explotación petrolera del Yasuní.

Ante esta situación surge la presencia del colectivo Yasunidos quienes lideran la convocatoria a consulta popular para decidir a nivel nacional si se debía o no explotar el Yasuní. Se recolectaron 727.947 firmas a nivel nacional para garantizar la consulta nacional. Pero, el proceso de calificación por parte del Consejo Nacional Electoral fue poco transparente y anularon una gran cantidad de firmas para evitar la consulta (Coryat, 2014). Quienes apoyábamos la propuesta veíamos cómo el esfuerzo y convocatoria nacional que se había realizado se diluía al no ser más una prioridad del gobierno.

Diez años después, el 9 de mayo del 2023 la Corte Constitucional dio paso para la realización de la Consulta Popular sobre el Yasuní[x]. La Corte confirmó que en 2013 sí se habrían conseguido las firmas suficientes para realizar la consulta. Pocos días más tarde, el 17 de mayo del 2023 se disolvió la Asamblea Nacional y se convocó a elecciones anticipadas para elegir nuevo gobierno, poder legislativo y se incluyeron dos consultas populares sobre temas socio ambientales: Yasuní y Chocó Andino[xi]. En esta ocasión la consulta surge en medio de una gran crisis socio política, económica y de gobernabilidad del gobierno de Guillermo Lasso.

La campaña por la conservación del Yasuní ocasionó un gran movimiento y debate a nivel nacional, en esta ocasión los medios tradicionales buscaban escuchar las voces de los territorios para mostrar la cara del desarrollo en la selva. Las voces y presencias de líderes indígenas mostraban diversos rostros de la representación y organización indígena amazónica. Vemos constantemente nuevos casos de corrupción dentro de la empresa estatal petrolera, y también al interno de las mismas organizaciones y representantes indígenas. Posiciones muy diversas, que muestran los intereses y alianzas políticas que también han ejercido los pueblos amazónicos a lo largo de estas últimas dos décadas. La disputa por la palabra legítima evidenciaba la fragmentación social en las comunidades amazónicas.

El debate de pensarnos como un país petrolero sin extractivismo ha ocasionado grandes divisiones sociales y políticas, sin mencionar el aumento de los romanticismos extremos, por un lado, los conservacionismos aferrados a que las comunidades viven bien como están. Y por el otro lado, un neoliberalismo incapaz de reconocer que la fórmula que se ha aplicado por cinco décadas sigue sin funcionar.

Pese a todo ello, el pasado 20 de agosto del 2023 se dio un resultado histórico el 60% de la población nacional había dicho SÍ a mantener bajo suelo los aproximadamente 726 millones de barriles de petróleo del bloque 43. Esta primera cara de la moneda daba cuenta de un avance legislativo único ante el modelo extractivista tradicional. Pero, del otro lado, el resultado en las provincias de Orellana con el 57,99% y Sucumbíos con el 51,91% dijeron NO. En estas provincias la explotación petrolera es su principal actividad económica.

Este resultado hizo que el gobierno desestime la voz nacional, y pida que se respete la voz de las provincias que solicitan que se mantenga la explotación petrolera de este bloque. No se han compartido los datos más sectorizados para evidenciar si efectivamente las comunidades cercanas al Yasuní querían la explotación petrolera, o no. Lo que sí hemos identificado, es el revés discursivo oficial para contrargumentar y afirmar de la manera más descarada que el país debería respetar lo que las comunidades locales dicen sobre la explotación petrolera. Esta muestra de desesperación y falta de credibilidad política nos hace creer que la participación es válida, solo si atiende el interés extractivo.

Ante esta postura del gobierno, vemos que las luchas y resistencias históricas de pueblos como Sarayaku, Tundayme, Sinangoe, Texaco-Chevron, entre otras tantas deberían ser también reconocidas. En su momento, fueron calificadas como terroristas, ya que amenazaban el aparente desarrollo y estabilidad del país. En agosto, el gobierno de Lasso contraargumentó que esta decisión electoral representa un suicidio nacional, y que analizará la manera de dar la vuelta a esta circunstancia que perjudica a la gente en el territorio.

Conclusiones

El modelo de república que se ha formado en Ecuador ha dado la espalda a su propia fragilidad. En un contexto beneficiado por su megadiversidad cultural y ambiental, hemos optado por aquello que homogeniza y elimina lo diverso. Las realidades que no son funcionales a este modelo de desarrollo simplemente son excluidas. ¿De qué? Del ejercicio de sus derechos fundamentales, del gozo de los beneficios que trae un recurso sobre el que han vivido ancestralmente, de la importancia de hacer escuchar su voz a través de mecanismos democráticos. Es en estas realidades marginalizadas en donde las poblaciones no pueden tener medios materiales para reproducir su vida y son aquellos que primero salen, de sus territorios o del país, a buscar medios de subsistencia. Entonces, cargamos como país la deshonra de amenazar la vida de los propios compatriotas y el territorio en el que vivimos.

Tras diez años de poner impedimentos para hacer escuchar la voz popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní, un gobierno saliente y accidentado, en una última apuesta para medir su respaldo popular, permite que se concluya el proceso para dar paso a la consulta popular. Después de algún tiempo, seguro se olvidará que esta consulta llega diez años tarde. Que durante estos años ya se explotó y se profundizó la herida que ya estaba abierta en la región amazónica, que olvidamos que se trataba de un territorio particularmente frágil. Y ahora que, para términos políticos, no queda nada que perder, se da paso a esta consulta que busca hacer justicia con lo que ha sido un clamor social y planetario.

Aunque haya ganado la voluntad popular que detiene la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní, el país todavía no mira de frente el principal desafío de salir responsablemente de las actividades extractivas que le condenan a la desigualdad social, a los éxodos, y a la muerte de tesoros planetarios como la Amazonía. En términos históricos, podría parecer como una oportunidad imperdible para no desistir de los procesos participativos electorales que pueden entrar a cuestionar un modelo de desarrollo que trae consigo muerte y destrucción. Sin embargo, también tenemos la responsabilidad de que la acción colectiva y la toma de consciencia no inicie y culmine en las urnas. Vivir una ciudadanía plena nos pone frente al desafío de encontrar los mecanismos más adecuados, sostenibles, responsables, que protejan, en especial, las vidas más frágiles, y nos permitan hacer justicia con las víctimas de este sistema.

Bibliografía

Amazon Frontlines. 9 razones por las que la victoria del Yasuní constituye un punto de inflexión para el clima. Web Amazon Frontlines. Obtenido de (https://amazonfrontlines.org/es/chronicles/9-razones-por-las-que-la-victoria-yasuni-consituye-un-punto-de-inflexion-para-el-clima/). 2023.

COICA. Emergencia de Derechos Humanos: Sangre en la Selva. Quito. Revista Institucional COICA. No. 001. Pág. 68. 2021. Obtenido de (https://coicamazonia.org/revista-coica/)

Cóndor Salazar, J. Intervención teatral sobre alimentación, cuidados y salud materno infantil con los Waorani de la Amazonía Ecuatoriana. Quito: Tesis para obtener el grado de Magister en Salud Pública, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2023.

Coryat, Diana. Yasunidos recolectó más de 727 mil firmas para consulta popular. Web Wambra Medio Comunitario. 2014. Obtenido de (https://wambra.ec/yasunidos-recolecto-mas-de-727mil-firmas-para-consulta-popular/)

Hall, Stuart. “El Espectáculo del Otro”. En E. Restrepo, C. Walsh, & V. Vich, Sin garantías, trayectorias y problemáticas de los estudios culturales (2da Edición ed.). Ecuador: Corporación Editora Nacional. 2013.

INEC. Ecuador en Cifras. Web INEC. Obtenido de (https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sitios/Pobreza_Multidimensional/assets/infografia.pdf) 2022.

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Primicias. Explotación Yasuní Consulta Popular. Web Primicias. Obtenido de (https://www.primicias.ec/noticias/politica/explotacion-yasuni-consulta-popular-yasunidos/). 2023.

Secretaría Nacional de Planificación. Iniciativa Yasuní Itt una apuesta ecuatoriana que marca un cambio de era. Web SENPLADES. Obtenido de (https://www.planificacion.gob.ec/iniciativa-yasuni-itt-una-apuesta-ecuatoriana-que-marca-un-cambio-de-era/). 2013.

Toussaint, E. et al. “Economistas del mundo dicen ¡Sí al Yasuní!”. Comité para la abolición de deudas ilegítimas [CADTM]. Obtenido de (https://www.cadtm.org/Economistas-del-mundo-dicen-Si-al-Yasuni). 2023.

Trujillo, Montalvo. “Identificación y dinámica de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) en el Yasuní (Ecuador)”. Sistema de Información Científica Redalyc, pp. 271-296. Obtenido de (https://www.redalyc.org/journal/557/55755367011/html/).  2018.

[i] El surgimiento de la Red Eclesial Panamazónica – REPAM entre 2013 y 2014 como una apuesta de articulación territorial, como también el Sínodo Amazónico (2018-2019), y la fundación de la Conferencia Eclesial Amazónica – CEAMA han generado la oportunidad que la Iglesia Católica pueda repensar su enfoque y estructura al servicio de la realidad de los pueblos y su territorio.

[ii] Según los datos del Mapeo Panamazónico de REPAM existen 377 pueblos indígenas, sin embargo, para la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA existen 511 pueblos indígenas. Con exactitud no se ha determinado el número de pueblos en los nueve países, pero se reconoce el gran socio diversidad cultural de su resistencia posterior a la colonización.

[iii] Ubicado en la Provincia de Orellana, en la zona norte de la Amazonía Ecuatoriana el Yasuní es el área protegida más grande en la zona continental, con 1.022,736 hectáreas. Creado en 1979 y declarada como reserva de biósfera por la UNESCO en 1989. (Ministerio del Ambiente, 2015)

[iv] El estado ecuatoriano reconoce el territorio al pueblo waorani y crea la Reserva Étnica Waorani el 3 de abril de 1990. Se determinaron 678.220 hectáreas (6.782,2 km²) pero en las escrituras se entregaron 612.560 hectáreas (6.125,6 km²) por la legalización parcial de una parte del territorio a algunas comunidades del pueblo Kichwa. (Trujillo Montalvo, 2018)

[v] Para conocer más sobre este hito histórico en el territorio se puede ver el Documental de la Serie Mártires de la Amazonía de REPAM.

[vi] El índice de pobreza multidimensional identifica privaciones simultaneas de los derechos y garantías para una calidad de vida digna, que incluye 4 dimensiones (educación; empleo; salud, agua y alimentación; hábitat y vivienda) y 12 indicadores.  (INEC, 2022)

[vii] Estudio realizado por el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la vía Maxus (Provincia de Orellana), que es una de las vías de ingreso al Parque Nacional Yasuní y al territorio Waorani.

[viii] Economistas del mundo dicen ¡Sí al Yasuní! https://www.cadtm.org/Economistas-del-mundo-dicen-Si-al-Yasuni

[ix] La Iniciativa Yasuní-ITT fue parte de la estrategia internacional para la lucha contra el cambio climático, ya que la no explotación del petróleo evitaría la emisión de 407 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera. (Secretaría Nacional de Planificación , 2013)

[x] Se comprobaba que en 2013 el régimen político había anulado un proceso legítimo y legal.  (Primicias , 2023)

[xi] La primera, respecto a la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní (a nivel nacional), y segunda, la explotación minera en la región del Chocó Andino (en el Distrito Metropolitano de Quito).

Número 15, 2023

David Saurí, Profesor de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona

La pobreza hídrica o aquella que afecta a hogares incapaces de afrontar el pago de los recibos de agua, observa una importancia creciente. En el Área Metropolitana de Barcelona, este tipo de pobreza puede afectar a casi un 10 % de los hogares, que realizan esfuerzos ingentes para ahorrar agua a riesgo de dejar insatisfechas necesidades muy básicas.

El acceso a agua y saneamiento suficientes y seguros constituye una de las necesidades humanas más básicas hasta el punto de que el 28 de Julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró este acceso como un derecho humano. A raíz de esta declaración, muchas organizaciones nacionales e internacionales, especialmente las orientadas al desarrollo, así como empresas de suministro de agua, asumieron la declaración como elemento básico de sus actuaciones. Todas estas iniciativas chocan, sin embargo, con una realidad muy preocupante, ya que el acceso al agua y el saneamiento en condiciones suficientes de seguridad, fiabilidad y asequibilidad es una de las muestras más desgarradoras de las desigualdades entre el Norte y el Sur Global, (Ritchie and Roser, 2021). Estas desigualdades poco tienen que ver con la escasez de agua en términos absolutos y si con los niveles de desarrollo. Por tanto, no sorprende demasiado que, con precipitaciones abundantes y presencia de ríos caudalosos, una parte importante de la población de Amazonia o de África Ecuatorial tenga dificultades de acceso a agua mientras que los habitantes de áreas desérticas o semidesérticas del mundo rico como el Sur de California, Arizona o Australia, se pueden permitir usos suntuarios como el riego de campos de golf.

Según UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, agua, saneamiento e higiene deberían poder estar disponibles de forma universal bajo ciertas condiciones. Así, un acceso básico al agua implicaría una fuente segura situada a no más de 15 minutos del lugar en el que se vive; el saneamiento básico consistiría en poder acceder a un WC o letrina con protección contra la infiltración del efluente en el suelo, mientras que por higiene básica se entendería el acceso a un lavamanos con agua y jabón (UNICEF Y WHO, 2019). En 2017, sólo el 29% de los habitantes de los países de bajos ingresos mayoritariamente situados en el África Subsahariana, disponían de acceso a agua potable en las condiciones mencionadas anteriormente (con una proporción todavía menor en áreas rurales) , mientras que esta cifra subía hasta el 96% en los países desarrollados (Ritchie and Roser, 2021). Las desigualdades en términos de saneamiento eran aún más exageradas. En países pobres, menos de una persona de cada cinco tenía acceso a un saneamiento seguro y fiable mientras que en los países ricos casi 9 de cada 10 personas podían disponer de este servicio. La crisis sanitaria generada por el COVID 19 también puso de manifiesto las enormes diferencias en términos de higiene. Así, sólo un 31% los habitantes de los países pobres (26% en el África subsahariana) disponían de agua y jabón para lavarse las manos, una medida básica para evitar contagios. Como ejemplo extremo de desigualdad, en el año 2017 casi 700 millones de personas (un 9% de la población mundial) no tenía ningún tipo de acceso a saneamiento mínimo debiendo defecar al aire libre, especialmente en el África subsahariana y en Asia del Sur. En conjunto y en términos absolutos, según la OMS y UNICEF, más de 2.000 millones de personas en el mundo no disponen de agua fiable y suficiente en sus hogares; 263 millones emplean 30 minutos o más para acceder a un punto de suministro de agua y más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a un saneamiento seguro (UNICEF Y WHO, 2019).

Consciente de estos retos, en 2015 las Naciones Unidas establecieron los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 6 está dedicado al agua y al saneamiento y plantea que para el año 2030 habrá que garantizar un acceso universal y equitativo a servicios de agua y saneamiento a un precio asequible. (ONU, 2015). Sin embargo, en 2023 y a siete años de la fecha prevista para alcanzar el objetivo, los progresos son muy escasos, estimándose que, en el caso de acceso al agua, se requerirían esfuerzos hasta seis veces superiores a los actuales para conseguir llegar a la meta del 2030 (United Nations, 2023).

Si bien en proporciones mucho menores, las desigualdades en el acceso al agua, el saneamiento y la higiene también existen en los países desarrollados. La idea, muy extendida, de que la población de estos países disfruta de agua segura y asequible choca con una realidad muy distinta. Se calcula, por ejemplo, que en EEUU hay unos 600.000 hogares, representando a más de 1,5 millones de personas, que no disponen de agua corriente. Colectivos muy específicos como los trabajadores temporeros agrícolas en Andalucía u otras áreas mediterráneas de España; ciertos grupos del pueblo romaní en países como Hungría o Rumanía; los refugiados en los campos griegos, los desahuciados que viven en pisos ocupados sin servicios, o, más generalmente, los sintecho de grandes ciudades europeas constituyen otros tantos colectivos sin un acceso regular y seguro a agua y saneamiento (Goddard et al 2021).

Mucho más importantes son las desigualdades derivadas de la capacidad de pago por los servicios de agua y saneamiento. Como en el caso de la pobreza energética, la pobreza hídrica entendida en términos de asequibilidad es una manifestación de la pobreza en términos generales que en 2022 afectaba a más de un 20 % de la población europea (EUROSTAT, 2023). El contexto de crisis entre 2007 y 2017, especialmente grave en los países de la Europa meridional, unido a un aumento de precios e impuestos del agua motivaron en países como España un importante incremento en el número de hogares que no podrían afrontar el pago de los servicios de agua y saneamiento (Yoon y otros, 2021).

En cuanto a estimaciones cuantitativas de la pobreza hídrica entendida en términos de asequibilidad, algunos cálculos señalan que, en promedio, los hogares europeos dedican entre un 0,3 y un 1,2% de sus ingresos a satisfacer los recibos del agua (Smets, 2017). Sin embargo, si se toma como referencia el decil de los hogares con menores ingresos, el recibo del agua puede suponer hasta el 8% de los ingresos del hogar. Una cuestión esencial es la definición de un hogar como hídricamente pobre. A falta de definiciones universales e inclusivas, es habitual utilizar un umbral de gasto lo suficientemente alto como para suponer que el pago de un servicio como el agua sólo se puede satisfacer dejando de pagar otros bienes y servicios también necesarios para unas condiciones de vida dignas en los hogares. En los casos de la pobreza hídrica y energética, el umbral se establece en base al cociente entre el gasto en agua o energía y los ingresos totales del hogar (Garcia Valiñas et al., 2010). Este cociente se puede modular, por ejemplo, considerando sólo el coste del gasto para usos esenciales del agua (Vanhille et al., 2018) en el numerador, y los hogares en riesgo de pobreza en el denominador (Domene et al., 2018). Muchos estudios han adoptado el umbral del 3% de ingresos destinados a pagar los servicios de agua como umbral de referencia para definir situaciones de pobreza hídrica (Smets, 2017; Goddard et al., 2021). A nivel europeo y según este criterio, el número de hogares en situación de pobreza hídrica es relativamente bajo. Según la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Proveedores de Agua Potable y Servicios de Aguas Residuales, las facturas de suministro de agua y saneamiento oscilan entre el 0,3% y el 1,2% de los ingresos medios de los hogares, es decir, muy lejos del 3% de referencia (EurEau, 2016). De hecho, este último umbral sólo aparece en estudios basados en entrevistas en hogares (Martins, 2016; Domene et al., 2018) pero difícilmente en escalas territoriales más amplias incluyendo algunas muy desagregadas como la sección censal.

La Unión Europea insiste en que el pago de los consumidores debe reflejar el principio de recuperación de costes que es una premisa fundamental de la Directiva Europea del Agua del año 2000. Es responsabilidad de los Estados miembros que este principio se ponga en práctica como lo es asegurar que quienes no pueden pagar sean debidamente compensados mediante subsidios u otras medidas de apoyo. En conjunto, en Europa, los cortes en el suministro de agua a los hogares que no pueden satisfacer los recibos no son una opción frecuente y menos aún en situaciones sanitarias como las derivadas de la COVID 19. Además, en algunos países, los cortes están prohibidos para hogares declarados como vulnerables como consecuencia de leyes contra la pobreza energética e hídrica como la que el Parlamento de Cataluña aprobó en 2015 (Yoon et al 2021).

En EEUU, en cambio, los fuertes incrementos del precio del agua en algunas ciudades, causados por la necesidad de renovar unas infraestructuras obsoletas en riesgo creciente de quiebra, está afectando a la capacidad de pago de las facturas por parte de los hogares con ingresos menores, con lo que los cortes en el suministro se multiplican (The Guardian, 2020). Además de la condición de ingresos bajos, los hogares más afectados también se encuentran en ciudades donde el precio del agua se ha encarecido mucho en los últimos años. Para algunos autores, si estos precios siguen subiendo con el mismo ritmo, alrededor de una cuarta parte de la población de EE.UU. podría caer en riesgo de pobreza hídrica durante la próxima década (Mack y Wrase, 2017). Dicho de otro modo, la causa del aumento de la pobreza energética e hídrica no ha sido tanto la reducción de los ingresos que determina la pobreza en general, sino el incremento del gasto en agua y energía en economía familiar (Mueller and Gasteyer, 2021).

Estudio de caso: La pobreza hídrica en el Área Metropolitana de Barcelona: Estimación, impactos y políticas compensatorias

A pesar de la existencia de desigualdades socioespaciales en el consumo de agua, Barcelona y los mayores municipios de su área metropolitana se sitúan entre las ciudades de los países desarrollados con los consumos más bajos de agua por habitante. Este hecho tiene múltiples causas entre las que debería citarse un urbanismo muy denso, una importante concienciación social en torno al agua (en parte a consecuencia de sequías recurrentes de las décadas de 1990 y 2000), una red de distribución relativamente eficiente y unos precios del agua por lo general bastante elevados. La crisis económica que se inició en el 2008, con su repercusión sobre el bienestar de las familias, y la evolución de los precios del agua, sobre todo desde 2010, han aumentado la exposición de muchos hogares a la pobreza hídrica. Entre 2007 y 2016, mientras que el precio del agua en el área metropolitana de Barcelona aumentó un 66%, el poder adquisitivo medio de los residentes se redujo en casi un 10% (March y Sauri, 2016). En 2019, la población residente en el área metropolitana de Barcelona AMB consumió aproximadamente 105 litros de agua por persona y día, pero algunos de los municipios más densamente poblados como L’Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet, mostraron y siguen mostrando consumos per cápita diarios por debajo de los 90 litros. Alrededor del 90% de la población total del área metropolitana de Barcelona está servida por la empresa público-privada ABEMCIA (Aguas de Barcelona).

La AMB dispone de información sobre pobreza hídrica desde 2011 a partir de la Encuesta sobre Condiciones de Vida y Hábitos de la Población elaborada por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB). La determinación de los hogares afectados por pobreza hídrica se realiza usando el criterio del 3% o más de los ingresos destinados al pago del servicio de agua.

Según los últimos datos disponibles, en 2019, unos 125.000 hogares de la AMB, es decir un 9,7% del total de los hogares, estarían en situación de pobreza hídrica. Del total de hogares que superan el umbral del 3%, un 82,4% son hogares en riesgo de pobreza, por lo que se puede afirmar que este indicador contemplaría adecuadamente la situación de pobreza hídrica en la población más vulnerable (Domene et al 2020).

Más allá de las cifras, la cuestión más importante es si estos hogares pueden asumir los costes del agua asociados con mínimos básicos de higiene personal como, por ejemplo, el ducharse regularmente, vaciar regularmente el inodoro y lavarse las manos a continuación o utilizar una lavadora para lavar la ropa. Cabe recordar que en el cuarto de baño se produce más del 60% del gasto hídrico de los hogares (Domene et al., 2020) por lo que, cambios en usos y hábitos en este ámbito pueden tener repercusiones destacadas en el gasto final. A partir de los resultados de 112 entrevistas a hogares vulnerables en Barcelona, Rubí y Manresa, realizadas entre enero y junio de 2022 en el marco del proyecto AQUAPOB (Saurí y otros 2023), se deprende que los hogares vulnerables utilizan diferentes estrategias para ahorrar agua pero también que raramente están dispuestas a renunciar a usos que forman parte del metabolismo hídrico de los hogares, como, sobre todo, ducharse con regularidad (una vez al día en la mayor parte de los casos) o lavarse las manos de forma habitual. Estos usos, sin embargo, se encuentran sometidos a fuertes limitaciones que pueden afectar el confort de los residentes, como, por ejemplo, tiempos de ducha muy ajustados; abstenerse de vaciar la cisterna del inodoro después de cada uso (especialmente por las noches) o utilizar programas de lavado muy cortos. Algunos usos pueden realizarse fuera del hogar (por ejemplo, ducharse en un polideportivo o en casa de familiares). En las entrevistas, se citan habitualmente hábitos de reaprovechamiento de agua que permiten un cierto ahorro, como reutilizar agua de la cocina o de la ducha para labores de limpieza. Sin embargo, las personas entrevistadas se quejan de que todos estos esfuerzos no se traducen en una reducción del importe de los recibos, lo que genera a menudo sensaciones de frustración e impotencia. La pobreza hídrica, no reconocida hasta hace relativamente poco, evidenciaría pues la dificultad para asumir el coste económico de los flujos metabólicos del agua a pesar de su modestia. Una cuestión asimismo relevante atañe a si el agua consumida cubre de manera suficiente las necesidades específicas de ciertos colectivos de los hogares como las mujeres y los niños. De hecho, un tema recurrente en la entrevista fue el de la vigilancia constante para que niños y adolescentes no consumieran demasiada agua. Igualmente, en algunos casos se señaló las mayores necesidades de agua de las mujeres en término de higiene.

Finalmente, la encuesta también puso de manifiesto la importancia de la asistencia social en mitigar los impactos de los recibos de agua en los presupuestos familiares. Organizaciones como la Cruz Roja, Cáritas y Hábitat 3, ente otras, asesoran a los hogares para conseguir es estatus de hogar vulnerable, que facilita la obtención de subvenciones por parte de las empresas suministradoras de agua y de las administraciones con responsabilidades de gestión en el ciclo hidrológico. Las entrevistas señalaron la gran importancia de estas actuaciones, aunque en algún municipio, la mitad o más de las entrevistas indicaron no recibir ayuda alguna.

Conclusiones

La pobreza hídrica, entendida como falta de acceso a agua y saneamiento en condiciones suficientes y seguras constituye uno de los mayores retos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Este tipo de pobreza afecta principalmente a los países del Sur Global pero también puede ocurrir y de manera importante en algunos casos en los países desarrollados. En este último caso, la pobreza hídrica se manifiesta en términos de asequibilidad o problemas para pagar el coste del servicio de suministro de agua, lo cual puede conllevar una suspensión o corte en este suministro. En países como España y en el marco de unos niveles de pobreza y riesgo de exclusión social en aumento, la pobreza hídrica cobra una importancia especial en las áreas más afectadas por las crisis económicas y sanitarias de las últimas décadas que pueden coincidir con aumentos significativos del precio del agua en los últimos años. Este sería el caso del área metropolitana de Barcelona, en donde casi un 10% de los hogares se podría definir como hídricamente pobre al tener que destinar un 3% o más de su presupuesto a pagar los recibos de agua. En términos cualitativos y a partir de entrevistas, se constata para los hogares vulnerables un esfuerzo enorme por ahorrar agua (incluso poniendo en riesgo unas condiciones mínimas de confort) que no se ve reflejado según los participantes en descensos apreciables en los recibos. También se constata una presencia notable de organizaciones asistenciales que asesoran a los hogares vulnerables en la obtención de subsidios para reducir la carga económica del agua.

Resulta imprescindible seguir trabajando para mejorar la eficiencia del uso del agua en los hogares vulnerables, mediante medidas de la rehabilitación de las viviendas que pueden incluir la instalación de dispositivos de bajo consumo y otras medidas de ahorro. Sin embargo, más prometedor para mitigar los impactos de la pobreza hídrica seria aplicar tarifas sociales, como por ejemplo el establecimiento del mínimo vital del agua a coste cero o muy reducido para los hogares más vulnerables. La cooperación y la coordinación entre los diferentes actores, como los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas de suministro de agua y los propios afectados son clave para conseguir ese objetivo vital.

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