image_pdfimage_print
Nº 24 IV ETAPA

Cooperación internacional y acción humanitaria ante un cambio de época

En un escenario de crisis y recursos menguantes, la cooperación internacional y la acción humanitaria afrontan el reto de defender la solidaridad, responder a las emergencias y avanzar hacia un mundo más justo.

Editorial

Ensanchar la mirada

En un escenario de crisis y recursos menguantes, la cooperación internacional y la acción humanitaria afrontan el reto de defender la solidaridad, responder a las emergencias y avanzar hacia un mundo más justo.

Ver más
A fondo

La crisis y reconfiguración del sistema de cooperación internacional

Por Víctor Genina y David Pardaillan

Ver más
A fondo

Un mundo en emergencia permanente: el auge de las crisis humanitarias y de las que el mundo olvida

Por Pablo Reyero

Ver más
A fondo

Cooperar en un mundo desigual: política, poder y justicia global

Por Ana Cristina García

Ver más
Con voz propia

Treinta años de transformación del modelo social

Tres décadas de cambios han transformado las familias, los cuidados y los roles de género en España, pero persisten desigualdades que obligan a repensar cómo sostenemos la vida de forma colectiva.
Por Raquel Martínez

Ver más
Acción social

La acción social y caritativa como elemento democratizador

La acción social y caritativa acompaña el sufrimiento y promueve derechos, vínculos y justicia. Desde Cáritas, el texto propone caridad política y esperanza para una sociedad fraterna y común.
Por Sergio Leopoldo

Ver más
Ciencia social

La pobreza también se paga a plazos

El alquiler social alivia la presión residencial, pero no elimina la vulnerabilidad económica. El concepto de microprima de pobreza muestra cómo pequeños pagos recurrentes estrechan el presupuesto familiar, condicionan las decisiones cotidianas y el bienestar.
Por Héctor Fernández

Ver más
En marcha

Cuando cuidar no es incluir. Dependencia, derechos e integración social

Los cuidados de larga duración son un derecho, pero no garantizan inclusión. El texto cuestiona si el sistema de dependencia sostiene vidas autónomas, comunitarias y plenamente ciudadanas de verdad.
Por Agustín Huete

Ver más
Del dato a la acción

Vivienda compartida, derechos fragmentados

Casi una de cada cuatro personas atendidas por Cáritas vive en habitaciones realquiladas o subarrendadas. Una solución que evita la calle, pero no garantiza estabilidad, seguridad ni un hogar.
Por Thomas Ubrich

Ver más
Sin palabras

Equilibrios frágiles

Una sociedad sostenida sobre equilibrios frágiles, donde la precariedad, la desigualdad y el difícil acceso a la vivienda condicionan el presente y amenazan las oportunidades de las nuevas generaciones.

Ver más
Documentación

Una sola salud: la Plataforma One Health

La salud de las personas no puede separarse de la de los animales, los ecosistemas y las condiciones sociales en que vivimos. Esa es la convicción que impulsa la Plataforma One Health.
Por Raúl Flores

Ver más
Conversamos

Proceso de participación para el cambio y la esperanza

Conversamos con Ana Abril sobre el papel de Cáritas en la incidencia política, dando voz a las personas vulnerables y promoviendo una sociedad más justa que garantice la dignidad, los derechos y la esperanza para todos.

Ver más
Editorial

Ensanchar la mirada

Documentación Social ha dedicado buena parte de su trayectoria a mirar de cerca: la pobreza que se hereda, la vivienda que expulsa, el empleo que ya no protege, los derechos que existen en el papel y se diluyen en una ventanilla. Dedicar un número a la cooperación internacional y a la acción humanitaria podría parecer un desvío. Pero no lo es. Es, más bien, una manera de completar esa mirada.

A través de tres miradas complementarias, este número analiza la crisis del sistema de cooperación, la multiplicación de las emergencias humanitarias y el olvido al que quedan relegadas muchas de ellas, así como la influencia de intereses que no siempre responden a las necesidades de las poblaciones afectadas. Más allá de estos diagnósticos, conviene plantear una pregunta fundamental: ¿por qué debería importarnos todo aquello desde aquí?

Desde una mirada más egoísta, desde lo que nos interpela, la respuesta está en la estrecha relación entre las dinámicas globales y las realidades que encontramos cada día en nuestros pueblos y nuestros barrios. Quien trabaja en un servicio de acogida, en un centro de día o en un proyecto de empleo sabe que las llamadas crisis olvidadas tienen nombre y apellidos en nuestros barrios. Las guerras que abren los telediarios son la razón por la que alguien llega a una parroquia buscando dónde dormir; el hambre que se mide en millones en un informe internacional es, aquí, una persona que necesita empadronarse para poder ir al médico.

No hay dos realidades, una social y otra internacional. Hay una misma realidad de exclusión que se manifiesta a distintas escalas y que, cada vez más, se encuentra en la misma calle.

Pero desde una mirada que trascienda el impacto que tiene aquí lo que ocurre allí, debe importarnos porque hablamos de seres humanos. Debe interpelarnos como miembros de una misma especie, como parte responsable, también, de las consecuencias que el consumo y estilo de vida de una parte del planeta tiene sobre la otra. Debe importarnos por pura humanidad.

Las dinámicas de la cooperación internacional también resultan familiares para quienes conocen la intervención social en España: la ayuda que se reparte según la visibilidad y no según la necesidad; la financiación a corto plazo y cada vez más condicionada, que impide acompañar procesos y obliga a vivir de convocatoria en convocatoria; la tentación de atender solo la urgencia y abandonar lo estructural; el riesgo que se traslada a quien está en primera línea; la deuda que estrecha el margen de decisión, sea el de un país o el de una familia.

También el olvido funciona igual. Las crisis olvidadas tienen su equivalente cercano en los barrios que no salen en las noticias, en las poblaciones o comunidades que no votan o no cuentan, en los problemas que se cronifican precisamente porque nadie los mira. Mirar fuera, en este sentido, no nos distrae de lo de dentro: nos ayuda a entenderlo mejor. Los mecanismos que producen exclusión no conocen fronteras, y las respuestas que funcionan tampoco deberían conocerlas.

En tiempos de recursos escasos reaparece siempre el mismo argumento: primero lo nuestro. Hoy se usa para justificar recortes en cooperación en nombre de otras prioridades, sean presupuestarias o de seguridad. Este discurso no es nuevo para quienes trabajamos en lo social, porque es exactamente el mismo que se utiliza, dentro de nuestras fronteras, para racionar la protección y decidir quién merece ser atendido y quién no.

Conviene desmontarlo con calma. El Estado de bienestar se construyó sobre una visión poderosa (aunque en peligro): que el lugar y las condiciones en que uno nace no deberían decidir su destino. La pregunta que plantea la cooperación internacional es si esa intuición se detiene en la frontera. Una sociedad que se acostumbra a olvidar a quienes están lejos acaba aprendiendo también a olvidar a quienes tiene cerca. La fraternidad, como recordaba el papa Francisco en Fratelli tutti, o es universal o se queda en simpatía entre los nuestros.

La crisis de la cooperación ofrece, además, una oportunidad para revisar sus fundamentos. Durante décadas se habló de ayuda, de donantes y receptores, de proyectos diseñados en un lugar para ejecutarse en otro. Hoy se habla cada vez con más fuerza de liderazgo local, de apropiación, de que las comunidades definan qué desarrollo quieren. Desde el Sur llegan además voces que reclaman algo distinto: relaciones justas, reglas equitativas, capacidad de decidir.

La intervención social en España recorrió un camino parecido (y sigue): del asistencialismo al enfoque de derechos, de atender a a acompañar con, del beneficiario a la persona protagonista de su propio proceso. Esa experiencia, con sus aciertos y sus contradicciones, tiene mucho que aportar al debate internacional. Y el debate internacional tiene mucho que devolvernos: pocas lecciones sobre participación son tan valiosas como las que vienen de comunidades que llevan décadas reclamando que se las escuche en lugar de decidir por ellas.

España vive este momento con una posición singular. Cuenta con un marco legal que sitúa la coherencia de políticas y la solidaridad global en el centro, ha asumido compromisos de financiación explícitos y tiene una tradición de cooperación descentralizada que acerca lo internacional a comunidades autónomas, ayuntamientos, asociaciones y parroquias. Pero los compromisos solo se sostienen si hay una ciudadanía que los reclame. Y esa ciudadanía no se improvisa, debe formarse, informarse y cultivarse.

Ahí encuentra su sentido un número como este. Las cifras, por sí solas, rara vez despiertan compromiso; a menudo producen el efecto contrario, una especie de fatiga que invita a apartar la vista. Lo que una revista puede hacer es ofrecer contexto, conectar lo que parece lejano con lo que nos resulta cotidiano y recordar que detrás de cada tendencia hay decisiones, y que las decisiones pueden cambiarse.

Ensanchar la mirada no significa mirar hacia otro lado. Significa mirar lo mismo, la pobreza, la exclusión, los derechos negados… a otra escala, y descubrir que las preguntas son idénticas: quién decide, quién se queda fuera, quién paga. Lo internacional no es un tema más. Es la misma pregunta por los derechos humanos de las personas, formulada con el mundo entero como horizonte.

Ojalá las páginas que siguen sirvan para eso, para que lo lejano deje de ser ajeno.

 

Número 24, 2026
A fondo

La crisis y reconfiguración del sistema de cooperación internacional

Dr. Víctor Genina. Director de Desarrollo Humano Integral en Caritas Internationalis

David Pardaillan. CEO en Geostrategic Dynamics

 

La crisis de la cooperación internacional, marcada por recortes y tensiones geopolíticas, desafía la ayuda humanitaria. Cáritas afronta este reto uniendo la respuesta de emergencia y el desarrollo humano integral.

 

Introducción

El sistema de cooperación internacional atraviesa la transformación más profunda desde la creación del régimen de ayuda al desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial. La conjunción de un repliegue unilateral sin precedentes por parte de los Estados Unidos, una reorientación estratégica de Europa hacia el gasto en defensa, y un shock macroeconómico global precipitado por la guerra en Oriente Medio ha configurado lo que los organismos multilaterales califican como una tormenta perfecta que nos aleja cada vez más de la consecución de los ODS y, a los donantes, del compromiso de asignar el 0,7% del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)[1]. Ésta experimentó en 2025 su mayor contracción anual registrada (un 23,3%)[2] y las proyecciones para 2026 apuntan a un tercer año consecutivo de caída, hasta situarse en su nivel más bajo desde 2014[3]. Este artículo analiza las dimensiones estructurales de esta crisis, sus dinámicas geopolíticas y las implicaciones directas para las organizaciones que operan sobre el terreno, con especial atención al papel de la Confederación Caritas.

 

I. El vacío estadounidense

El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que suspendía durante noventa días toda la actividad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Lo que comenzó como una revisión administrativa derivó en la demolición sistemática de la agencia de desarrollo más grande del mundo. En marzo de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la cancelación oficial del 83% de los programas de USAID (aproximadamente 5.200 de los 6.200 existentes) tras una revisión de seis semanas[4]. El 1 de julio de 2025, USAID fue disuelta definitivamente como agencia independiente, y sus funciones residuales fueron absorbidas por el Departamento de Estado.

El impacto cuantitativo de esta decisión es difícil de exagerar. La AOD estadounidense cayó un 56,9% en 2025, la mayor reducción registrada por cualquier donante en un solo año. En términos absolutos, el gasto humanitario de Estados Unidos pasó de más de 14.000 millones de dólares en 2024 a apenas 3.700 millones en 2025. El cierre de la agencia, paradójicamente, ha tenido un coste propio: el gobierno ha reservado 19.200 millones de dólares para liquidar los más de 4.000 contratos y subvenciones terminados, una cifra que el Congreso ha cuestionado sin obtener explicaciones satisfactorias[5].

Esta retirada no ha sido, sin embargo, absoluta ni permanente. A partir de agosto de 2026, la Administración ha canalizado casi 2.000 millones de dólares hacia programas de salud y asistencia humanitaria, pero lo ha hecho a través de un mecanismo radicalmente distinto: la financiación se dirige primordialmente a organizaciones confesionales (World Vision, Compassion International, Samaritan’s Purse y, en menor medida, Catholic Relief Services, uno de los socios estadounidenses de la Confederación Cáritas) mediante la estrategia America First Global Health Strategy[6]. La ayuda se ha reanudado, sí, pero con condiciones geográficas explícitas (los fondos no pueden destinarse a Afganistán ni a Yemen) y con un énfasis declarado en la salud materno-infantil y la lucha contra enfermedades transmisibles, en detrimento de otros ámbitos como la gobernanza, los derechos humanos o la sociedad civil. El Departamento de Estado ha instruido además a sus embajadas para que presionen a los países receptores a firmar una declaración de comercio en lugar de ayuda (trade over aid) que rechaza explícitamente el papel de Estados Unidos como principal proveedor de asistencia humanitaria en favor de relaciones comerciales que beneficien a las empresas estadounidenses[7].

 

II. La retirada europea: rearme antes que desarrollo

Europa, que durante décadas se presentó como el pilar más estable y predecible de la cooperación internacional, ha emprendido su propio repliegue, aunque con una secuencia más escalonada y, si se quiere, más silenciosa. La AOD alemana cayó un 17% en 2025; la francesa, un 11%; la británica, un 11%[8]. En términos acumulados, el Reino Unido ha visto reducir su AOD un 45% entre 2020 y 2026; Alemania, un 37% entre 2023 y 2026; y Francia, un 30% en el mismo período. Alemania, que en 2025 se convirtió por primera vez en el mayor donante mundial en términos absolutos con 29 100 millones de dólares, ha confirmado en su presupuesto de 2026 recortes adicionales a la cooperación mientras incrementa su gasto en defensa hasta los 82.700 millones de euros[9].

La Unión Europea, por su parte, ha articulado esta reorientación en el marco financiero plurianual 2028-2034[10]. La propuesta de la Presidencia irlandesa del Consejo, presentada el 10 de octubre de 2026, contempla una reducción del 8% respecto a la propuesta inicial de la Comisión, con un recorte de aproximadamente 38.000 millones de euros en el instrumento Global Europe, que financia la acción exterior, la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. El programa Global Europe perdería un 17% de su dotación, mientras que las partidas de competitividad, investigación y defensa se reducirían en menor proporción. La ayuda humanitaria, con una dotación indicativa de 25.000 millones de euros, se mantiene nominalmente, pero su blindaje dista de estar garantizado en las negociaciones finales[11].

El telón de fondo de esta reconfiguración es el programa ReArm Europe / Readiness 2030, que movilizará hasta 800.000 millones de euros en inversión en defensa durante los próximos años. La lógica que subyace es explícita: ante la amenaza rusa y la creciente volatilidad global, los recursos se redirigen hacia la seguridad nacional. 2026 marca en efecto un giro radical del apoyo al desarrollo hacia el gasto militar. El gasto en defensa alcanza nuevos récords mientras los presupuestos humanitarios se recortan y los fondos se reorientan hacia prioridades políticas más visibles, en un proceso que erosiona silenciosamente la capacidad de Europa para prevenir crisis en las regiones frágiles donde se gestan sus riesgos a largo plazo[12]. Esta priorización no es meramente coyuntural; responde a una redefinición estructural de las prioridades estratégicas europeas que, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), se traducirá en que la AOD europea seguirá cayendo por lo menos hasta 2028[13].

 

III. La tormenta perfecta: el shock de Asia Occidental y la crisis macroeconómica

La retirada de los donantes tradicionales habría sido grave por sí sola. Pero su coincidencia con la escalada del conflicto en Asia Occidental, con el cierre de facto del estrecho de Ormuz, ha creado una coyuntura de consecuencias sistémicas. Por ese estrecho transita aproximadamente el 30% del comercio mundial de fertilizantes, y los productores del Golfo figuran entre los principales proveedores de amoníaco y urea. El Banco Mundial estima que los precios de los fertilizantes se han incrementado un 26,2%, con la urea un 49% por encima de los niveles previos al conflicto[14].

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierte que casi 45 millones de personas adicionales podrían caer en inseguridad alimentaria aguda si el conflicto se prolonga y el precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril[15]. ONU Mujeres estima que 11,7 millones de mujeres y niñas adicionales en 28 países podrían verse afectadas por la inseguridad alimentaria antes de finales de 2026[16].

A esta presión sobre los precios de la energía y los alimentos se suma una crisis financiera de proporciones históricas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que el país en desarrollo mediano destina ya aproximadamente el 9,5% de sus ingresos fiscales al pago de intereses de la deuda, la proporción más alta en veinticinco años y más del triple que la de los países de renta alta[17]. Los países en desarrollo deben hacer frente a vencimientos de deuda externa por valor de 400.000 millones de dólares en 2026, con los intereses absorbiendo un tercio de esa cantidad. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que la deuda pública mundial se encuentra en su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial y superará el 100% del PIB global antes de 2030[18].

 

IV. La trampa de la incertidumbre: el fin de la previsibilidad

Uno de los efectos más corrosivos de esta reconfiguración no es tanto la reducción del volumen de recursos como la destrucción de la previsibilidad. Las organizaciones humanitarias y de desarrollo han construido históricamente sus capacidades sobre la base de ciclos de financiación plurianuales que permitían planificar intervenciones, contratar personal cualificado y comprometerse con las comunidades a largo plazo. Ese modelo se ha roto.

El secretario general de Caritas Internationalis, Alistair Dutton, lo ha expresado con una franqueza que resume la situación[19]: Nos están pidiendo que hagamos más con menos. Vamos a hacer menos con menos[20]. La financiación humanitaria internacional ha caído aproximadamente un 30% entre 2022 y 2025, y trece de los veinte mayores donantes recortaron su ayuda en 2025. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha recibido apenas 3.000 millones de dólares de los 8.500 millones que necesita este año (un 32%) y ha perdido 8.000 efectivos desde 2024[21].

La incertidumbre no solo afecta la cantidad, sino la estructura misma de la financiación. La proporción de fondos asignados a proyectos específicos (frente a los fondos no restringidos y flexibles) ha pasado del 19% en 2022 al 51% en 2026. Esto significa que las organizaciones tienen cada vez menos margen para decidir dónde y cómo asignar sus recursos. Como señala Devex, la financiación disponible se tiene que gastar en muy poco tiempo y no hay ninguna certidumbre de que haya continuidad[22].

Esta volatilidad tiene un coste humano directo. El 88% de las organizaciones encuestadas por ONU Mujeres reportaron impactos moderados o graves como resultado de los recortes en 2025, y el 45% dispone de menos de seis meses de financiación operativa[23]. En Chad, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras ha documentado que más de una de cada cinco mujeres embarazadas y lactantes examinadas en los primeros seis meses de 2026 presentaba desnutrición aguda moderada o grave[24].

 

V. Los límites de la sustitución privada

Ante el vacío dejado por los Estados, ha emergido con fuerza la narrativa de que la filantropía privada puede llenar el hueco. Los datos, sin embargo, desmienten esta expectativa. Entre 2020 y 2023, las contribuciones filantrópicas al desarrollo ascendieron a 68.200 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 10% del volumen de la AOD[25]. Dicho de otro modo: por cada dólar filantrópico, diez dólares provenían de la ayuda pública. La filantropía no puede, ni por escala ni por diseño, sustituir la función redistributiva del Estado.

Más allá de la cuestión cuantitativa, la sustitución por capital privado plantea riesgos estructurales de rendición de cuentas y legitimidad. Como advierte la Alianza para la Rendición de Cuentas Humanitaria en su informe de 2026, cuando el capital privado opera sin mandatos democráticos, sin supervisión parlamentaria y sin mecanismos significativos de participación ciudadana, el resultado es una financiación menos transparente, menos responsable y menos equitativa[26]. Las fundaciones privadas tienen más discrecionalidad para decidir dónde y a quién financian, lo que puede producir una distribución geográfica altamente desigual: algunos países atraen múltiples donantes por su escala o por la facilidad para operar en ellos, mientras otros quedan excluidos no porque sus necesidades sean menores, sino porque no son destinos habituales de la financiación filantrópica.

La OCDE ha subrayado que la filantropía no puede igualar la escala de la AOD, aunque aporta capacidades distintivas como flexibilidad, tolerancia al riesgo y potencial catalítico[27]. El riesgo es que, en ausencia de un marco público robusto, la filantropía se convierta en un instrumento de influencia política y económica al servicio de los intereses de los donantes, profundizando las asimetrías de poder que la cooperación al desarrollo pretendía corregir.

 

VI. La respuesta del Sur Global: el intento de pasar de la dependencia a la agencia

Paradójicamente, la retirada de los donantes tradicionales ha generado una reacción en el Sur Global que merece una lectura matizada. Lejos de la alarma que cabría esperar, algunos líderes africanos han recibido los recortes con una mezcla de resignación y alivio. El presidente de Kenia, William Ruto, ha declarado que África quiere inversión y asociación igualitaria, no ayuda, y ha subrayado que las nuevas relaciones no deben construirse sobre la dependencia, sino sobre la igualdad soberana; no sobre la caridad, sino sobre la inversión mutuamente beneficiosa[28]. El representante permanente de Nigeria ante la ONU, Jimoh Ibrahim, ha ido aún más allá: África es un continente rico que no necesita ayuda de otros continentes para desarrollarse. Lo que necesitamos es comercio, colaboración, cooperación y asociación[29].

Esta postura no es meramente retórica. Refleja una conciencia creciente de que el modelo de ayuda tradicional (con sus condicionalidades, burocracia y asimetrías) ha servido con frecuencia más a los intereses de los donantes que a las necesidades de los receptores. Como documenta el Overseas Development Institute, lejos de lamentar el impacto de los recortes, las reflexiones de los líderes africanos se han centrado en la necesidad de autosuficiencia, y muchos gobiernos han respondido con decisiones presupuestarias concretas: Nigeria incrementó su asignación sanitaria doméstica en doscientos millones de dólares en el plazo de un mes tras el anuncio de los recortes; Ghana eliminó el límite a la parte del impuesto nacional al seguro de salud destinada al sector sanitario ; y Etiopía creó un fondo de respuesta a desastres financiado mediante una nueva contribución fiscal[30]. La Unión Africana ha adoptado resoluciones que describen la esclavitud y el colonialismo como crímenes históricos y reclaman marcos de justicia reparatoria, en un giro discursivo que busca redefinir los términos del compromiso internacional.

Esta reconfiguración de las relaciones Norte-Sur abre oportunidades para modelos de cooperación basados en la reciprocidad y la soberanía, pero también plantea riesgos. La transición hacia la autosuficiencia financiera requiere instituciones sólidas, movilización de recursos domésticos y diversificación económica, condiciones que no todos los países del Sur Global cumplen en la misma medida. El riesgo de que el vacío dejado por los donantes tradicionales sea ocupado por potencias con agendas geopolíticas propias es real y ya se está materializando en forma de acuerdos bilaterales de carácter transaccional, con limitado impacto en mejoras estructurales que beneficien a las poblaciones.

 

VII. Opacidad, legalidad y la crisis de la rendición de cuentas

La crisis de la cooperación internacional no es solo financiera; es también una crisis de transparencia y de legalidad. La retirada de USAID ha estado marcada por una opacidad deliberada: el gobierno estadounidense prohibió la contratación de antiguos empleados de la agencia para gestionar su propio cierre, y el Congreso no ha obtenido explicaciones claras sobre el destino de los 19.200 millones de dólares asignados a la liquidación[31]. La ayuda reanudada en 2026 se canaliza mediante acuerdos bilaterales con condiciones geográficas y políticas explícitas que excluyen a determinados países, se concentran en algunos, y priorizan sectores alineados con los intereses estratégicos de Washington.

En el ámbito regional, incluso en Europa, la opacidad también se ha instalado. La Unión Europea ha sido objeto de escrutinio por enterrar auditorías relacionadas con la financiación de ciertos proyectos en zona de conflicto y por resistirse al acceso público a documentos judiciales[32]. La consecuencia es que la rendición de cuentas (tanto hacia los contribuyentes de los países donantes como hacia las poblaciones beneficiarias) se ha debilitado precisamente en el momento en que más necesaria sería.

Conclusión: el doble pilar de Cáritas ante la nueva realidad

En este contexto de contracción, incertidumbre y reconfiguración geopolítica, la Confederación Cáritas se enfrenta al desafío de sostener simultáneamente sus dos pilares fundacionales: la acción humanitaria de emergencia y la promoción del desarrollo humano integral. El Marco Estratégico 2024-2030 de Caritas Internationalis ya identificó esta doble misión como eje de su identidad: salvar vidas, reducir riesgos y reconstruir comunidades y promover el desarrollo humano integral sostenible y el cuidado de la creación[33].

La coyuntura actual exige una reflexión profunda sobre cómo equilibrar ambos pilares. Por un lado, la urgencia humanitaria (350 millones de personas necesitan asistencia vital este año) demanda una respuesta inmediata, flexible y coordinada con los actores locales. Cáritas ha reiterado su llamamiento a financiar íntegramente el llamamiento de la ONU 87 millones de vidas, a revertir los recortes a la AOD y a restaurar el compromiso del 0,7 % del PNB, y a proporcionar financiación directa, flexible y plurianual a los agentes locales y nacionales[34]. La localización no es solo una cuestión de eficiencia; es una cuestión de respeto a la agencia y de sostenibilidad.

Por otro lado, el pilar del desarrollo humano integral (que aborda las causas estructurales de la pobreza, la injusticia y la vulnerabilidad) corre el riesgo de ser el más sacrificado en un entorno de recursos menguantes y horizontes temporales acortados. La tentación de concentrar todos los esfuerzos en la respuesta de emergencia, abandonando la inversión en capacidades locales, sistemas de salud, educación y gobernanza, sería un error estratégico de consecuencias incalculables. Cáritas tiene la oportunidad de articular un modelo que integre ambos pilares de manera coherente: utilizar la respuesta humanitaria como puerta de entrada para fortalecer las estructuras locales, y emplear el desarrollo humano integral como marco para reducir la necesidad de futuras intervenciones de emergencia.

En un mundo donde los Estados se repliegan y los donantes privados imponen sus propias prioridades, la Confederación Cáritas (con sus 165 organizaciones nacionales, presencia en más de 200 países y territorios, su arraigo comunitario y su identidad de fe), posee una ventaja comparativa única: la capacidad de operar allí donde otros no llegan, de permanecer cuando otros se retiran, y de dar voz a quienes no la tienen.

Puede decirse que esa ventaja es compartida, en general y en mayor o menor grado, por las organizaciones basadas en la fe, las cuales están cobrando cada vez más importancia como socios implementadores confiables de agencias de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales vis-a-vis las organizaciones seculares. En otras palabras, en el marco de un sistema de cooperación internacional en crisis, las organizaciones que gozan de la confianza entre las comunidades, por su arraigo en ellas, se encuentran en mejor posición que muchas de las organizaciones no confesionales.

Esto se ve fortalecido también por los valores que sustentan el actuar de las organizaciones: la fidelidad a los principios de respeto de la dignidad humana –todos creados a imagen y semejanza de Dios—y de ahí la exigencia de solidaridad y justicia social, son fundamentos sólidos que dan plenitud de sentido al servicio de las personas en necesidad y al cuidado del planeta.

 

[1] Naciones Unidas. Financing for Sustainable Development Report 2026: Implementing the Sevilla Commitment. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Nueva York, 2026; págs. 1-3.

[2] OCDE. “ODA projections for 2026 and the near-term: Implications for vulnerable countries and sectors”. OECD Policy Briefs, n.º 59, OECD Publishing, París, 19 de junio de 2026; pág. 3.

[3] OCDE. A historic decline in foreign aid: Preliminary 2025 ODA data. OECD, París, 9 de abril de 2026; pág. 1.

[4] AP News. «Secretary of State Rubio says purge of USAID programs complete, with 83% of agency’s programs gone», 10 de marzo de 2025.

[5] Devex. «Devex Newswire: Democrats call for details of USAID shutdown costs», 21 de mayo de 2026.

[6] Departamento de Estado de los Estados Unidos. «United States Announces Historic $2 Billion in Health and Humanitarian Assistance to Faith-Based Organizations», 6 de agosto de 2026.

[7] United States Mission to the United Nations, Ambassador Mike Waltz, U.S. Representative to the United Nations. «Remarks at a Trade Over Aid Initiative Launch Event», 27 de abril de 2026.

[8] The Guardian. «UK, German and French aid cuts will take ‘devastating toll’ on most vulnerable, says study», 23 de mayo de 2026.

[9] OCDE. A historic decline in foreign aid: Preliminary 2025 ODA data. OECD, París, 9 de abril de 2026; pág. 2.

[10] Devex. «Devex Newswire: Defense spending surges as development budgets slide», 13 de febrero de 2026.

[11] VOICE. «Council negotiating box: a reprieve for humanitarian action, but deep cuts to EU external action», 12 de octubre de 2026.

[12] Royal United Services Institute. «Defence Up, Aid Down: Europe’s New Security Blind Spot». 1 de julio de 2026; págs. 1-3.

[13] SIPRI. Trends in World Military Expenditure, 2025. SIPRI Fact Sheet, Estocolmo, abril de 2026; págs. 1-2.

[14] FAO. «Presentation of the Global Agrifood Implications of the 2026 Conflict in the Middle East, Impacts on energy and fertilizer trade, and food security». Roma, abril de 2026.

[15] WFP. «WFP projects food insecurity could reach record levels as a result of Middle East escalation», 17 de marzo de 2026.

[16] UN Women. «Middle East escalation threatens food security for an additional 11.7 million women and girls by the end of 2026», 2 de octubre de 2026.

[17] UNDP. «Highest borrowing costs in decades push developing countries to brink of liquidity crisis», 11 de octubre de 2026.

[18] Fondo Monetario Internacional. Fiscal Monitor: «Global Debt Is Heading to 100% of GDP — What Can Governments Do? «, octubre de 2026.

[19] Caritas Internationalis. «Caritas Internationalis at UNGA: Aid cuts put millions at risk as humanitarian needs reach record levels», 22 de septiembre de 2026.

[20] America Magazine, The Jesuit Review. «Global Catholic charity head says they’re doing ‘less with less’ after Trump’s foreign aid cuts», 1 de octubre de 2026.

[21] UNHCR. «‘Efficiency has limits’: UNHCR chief warns refugee protection is buckling under cuts», 12 de octubre de 2026.

[22] Devex. «As humanitarian funding shrinks, can long-term partnerships fill the gap?», 2 de octubre de 2026.

[23] UN Women. «Beyond the Breaking Point: The continuing impact of funding cuts on women’s organisations in humanitarian settings», Nueva York, julio de 2026.

[24] Médicos Sin Fronteras. «1 de cada 5 mujeres embarazadas en Adré sufre desnutrición en medio de recortes de fondos», 31 de julio de 2026.

[25] OECD. Private Philanthropy for Development (Third Edition). París, marzo de 2026; pág. 4.

[26] Alliance Magazine. «Beyond the market mirage: Philanthropy must democratise finance or risk deepening a legitimacy crisis», 3 de marzo de 2026.

[27] Center for Global Development. «What Does Philanthropy’s Global Footprint Tell Us About Its Role in a Changing Aid Landscape?», 9 de junio de 2026.

[28] AriseNews. «Ruto: Africa Wants Investment, Equal Partnership, Not Aid», 12 de mayo de 2026.

[29] Premium Times. «Africa is rich, doesn’t need aid – Jimoh Ibrahim», 2 de agosto de 2026.

[30] Overseas Development Institute. «African leadership amid disruptions to US aid». Londres, 20 de enero de 2026; págs. 1-2.

[31] The Guardian. «‘Ignorance and cruelty’: former USAID official details devastation inflicted by Doge cuts», 18 de abril de 2026.

[32] Investigate Europe. «Secrecy Tracker: Commission buries Gaza audits as EU top court faces transparency backlash», 14 de julio de 2026.

[33] Caritas Internationalis. Marco Estratégico de la Confederación Caritas 2024-2030. Una familia humana, una casa común; págs. 5-9.

[34] UN OCHA. «87 Million Lives: Delivering on the Promise», 14 de septiembre de 2026.

 

Número 24, 2026
A fondo

Un mundo en emergencia permanente: el auge de las crisis humanitarias y de las que el mundo olvida

Pablo Reyero Aubareda, Coordinador del equipo de Acción Humanitaria en Cáritas Española

 

En 2026, 252 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria, mientras la financiación caía. La indiferencia global y los intereses geopolíticos agravan las crisis olvidadas y el sufrimiento.

 

En diciembre de 2025, al presentar el Panorama Humanitario Global para 2026, el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, resumió el informe con una frase seca: hay dolor en cada página[i]. Las cifras lo confirmaban. Unos 239 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria al cerrar 2025, y en abril de 2026 ya eran 252 millones en 55 países. Al mismo tiempo, la financiación humanitaria caía a su nivel más bajo en diez años.

Vivimos una era de emergencias superpuestas, pero paradójicamente la capacidad y, sobre todo, la voluntad de responder se reduce. Y se da una segunda injusticia, menos visible y es que la atención, el dinero y la presión política no se reparten según la gravedad del sufrimiento, sino según intereses geopolíticos, mediáticos y económicos. El papa Francisco le puso nombre en Lampedusa: la globalización de la indiferencia[ii].

El resultado son las llamadas crisis olvidadas[iii], emergencias que afectan a millones de personas en lugares sin interés geoestratégico para los países donantes y de las que, en consecuencia, casi nadie habla. Este artículo sostiene que las crisis de nuestro tiempo son más graves porque los actores internacionales han antepuesto desde hace décadas sus intereses a la paz. Las denominadas crisis olvidadas son la prueba de ello, así como del fracaso de un sistema de ayuda que terminó de colapsar en enero de 2025.

 

Gravedad de las crisis

IndicadorCifraFuente
Personas con necesidades humanitarias (abril de 2026)252 millones en 55 paísesOCHA
Conflictos armados con participación estatal (2025)65, el máximo desde 1946PRIO
Personas en inseguridad alimentaria aguda (2025)266 millones en 47 paísesGRFC 2026
Niños con desnutrición aguda (2025)35,5 millonesGRFC 2026
Personas desplazadas por la fuerza (fin de 2025)117,8 millonesACNUR

 

Guerras. Según el informe Conflict Trends del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), en 2025 se registraron 65 conflictos con participación de al menos un Estado, el máximo desde 1946. La mayoría son guerras civiles, pero los enfrentamientos directos entre Estados se duplicaron, de cuatro a ocho. Murieron unas 245.000 personas, y la violencia deliberada contra civiles se cobró más de 76.000 vidas, la cifra más alta desde el genocidio de Ruanda.

Las guerras, además, duran cada vez más. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que aplica la definición del derecho internacional humanitario y cuenta también los conflictos entre grupos no estatales, contabilizaba más de 120 conflictos armados en 2024 y más de 130 en 2025, el doble que hace quince años. Más de veinte se prolongan desde hace más de dos décadas. Según The Economist, el conflicto activo medio llevaba unos 13 años en marcha a mediados de los ochenta, y 20 en 2021. Los datos de la Escola de Cultura de Pau, que aplica un umbral más exigente (al menos cien muertes al año), lo confirman: de los 40 conflictos armados que considera activos en 2025, 24 duran ya más de una década, y la duración media ronda los 18 años[iv].

Hambre. El Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias 2026 constata que el hambre aguda se ha duplicado en una década, de unos 105 millones de personas en 2016 a 266 millones en 2025, y por primera vez se confirmaron dos hambrunas en un mismo año, en Gaza y en Sudán. Más del 80 % de quienes la padecen viven en 33 países con crisis alimentarias prolongadas.

Desplazamiento. ACNUR cifra en 117,8 millones las personas desplazadas por la fuerza a finales de 2025, una de cada 70 en el planeta. La ligera bajada respecto a 2024 se debe en buena parte a retornos forzados o en condiciones adversas a Afganistán, Siria o Sudán. Nos movemos buscando lugares seguros, pero estos son cada vez más escasos y lejanos.

 

Crisis multicausales

Las emergencias de hoy casi nunca responden a una sola causa. Lo habitual es que se superpongan una guerra, un choque climático, una crisis económica, un desplazamiento masivo y/o un Estado incapaz de proteger a su población, y que cada factor agrave a los demás. El Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias habla expresamente de la convergencia de conflicto, choques económicos y extremos climáticos. Son crisis complejas, más largas y difíciles de resolver, y en todas ellas es la población civil con menos recursos la que paga el precio más alto.

Conflictos más numerosos, largos y crueles con los civiles. En los países donde la violencia es el factor dominante, las personas con hambre aguda pasaron de unos 74 millones en 2018 a más de 147 millones en 2025. Las guerras, además, se fragmentan: Myanmar e Israel registraron cinco conflictos distintos cada uno en 2025. Esa fragmentación multiplica los actores armados y complica el acceso humanitario.

El clima como multiplicador de riesgos. Los desastres desplazaron a 13,6 millones de personas dentro de sus países en 2025, frente a 9,9 millones en 2024, según datos del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC) analizados por la Universidad de Hamburgo. Los países que sufren a la vez desplazamientos por conflicto y por desastres se han triplicado desde 2009. Es una injusticia que quienes menos han contribuido al cambio climático sean quienes más lo padecen.

Pobreza y desigualdad. Donde los choques económicos —inflación, devaluación, deuda impagable— son el factor principal, las personas con hambre aguda se triplicaron en ocho años, hasta casi 30 millones. La pobreza y la desigualdad no son solo consecuencia de las crisis, son también su caldo de cultivo.

Más peligro para quienes ayudan. La violencia de estas crisis alcanza de lleno a los trabajadores humanitarios. En 2025, 1.187 sufrieron incidentes graves de seguridad, la cifra más alta registrada, 350 murieron, la mayoría en Gaza y Sudán, y los secuestros casi se duplicaron. El riesgo recae sobre todo en el personal local —349 de los 350 fallecidos eran trabajadores nacionales—, lo que evidencia la necesidad de revisar el reparto del riesgo entre quienes financian la respuesta y quienes la llevan a cabo en primera línea.

Nada de esto es una fatalidad. Que las guerras se alarguen durante décadas, que los enfrentamientos entre Estados se dupliquen y que la diplomacia sea incapaz de detener conflictos como los de Sudán o Gaza revela que los actores internacionales han antepuesto sus intereses geopolíticos y económicos a la estabilidad y la paz. Y allí donde no hay interés, la crisis se silencia y olvida.

 

Crisis olvidadas

Las crisis olvidadas son la prueba más clara de esa negligencia: cuando una emergencia no despierta interés, tampoco se financia su solución. La atención está extraordinariamente concentrada. De los cinco millones de artículos sobre emergencias humanitarias que la ONG CARE analizó en 2025, casi la mitad trataban de Gaza, mientras que la República Centroafricana, la crisis menos cubierta, apenas generó 1.532. El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) constata que varios países africanos aparecen año tras año en su lista de crisis desatendidas, un patrón de abandono deliberado que se repite respondiendo a intereses.

CrisisDato claveListas en que aparece
Sudán33,7 millones de personas necesitadas de ayuda en 2026, más que en ninguna otra crisisNRC (n.º 1)
Rep. Democrática del Congo21 millones de personas necesitadas en 2025; plan de respuesta financiado al 27,4%NRC (n.º 2, por décimo año)
República Centroafricana1 de cada 5 habitantes vive desplazadoCARE (n.º 1), ECHO
Sahel central (Malí, Níger, Burkina Faso)Planes de respuesta financiados entre el 15% y el 18%ECHO; NRC en años previos
Haití6,4 millones de personas necesitadas y unos 1,5 millones desplazadasECHO
Afganistán21,9 millones de personas necesitadas; plan de respuesta financiado al 16,9%NRC (n.º 5), ECHO
Refugiados rohingyas1,2 millones acogidos en Cox’s Bazar, el mayor campo de refugiados del mundo, en BangladeshECHO
Fuentes: DG ECHO, NRC y CARE.

 

Sudán es la mayor crisis humanitaria del mundo y una de las más ignoradas. Tras más de mil días de guerra, más de nueve millones de personas están desplazadas dentro del país y otros cuatro millones han huido. Jan Egeland, secretario general del NRC, considera incomprensible que una crisis de proporciones similares a las de Siria y Ucrania en su peor momento pueda seguir empeorando casi sin que nadie lo note[v].

Haití es la crisis olvidada de las Américas. Las bandas, con entre 12.000 y 20.000 miembros, superan a la policía y a la misión internacional de apoyo, y dominan mediante la violencia cerca del 90 % de Puerto Príncipe, las principales carreteras y hasta rutas marítimas. Sin embargo, el llamamiento humanitario estaba financiado al 25 % en 2026. En su visita al país, el secretario general de la ONU, António Guterres, fue tajante: La mayor vergüenza no es la violencia de las bandas. La mayor vergüenza es la indiferencia[vi].

 

Las consecuencias del olvido

Las consecuencias del olvido van mucho más allá de las fronteras de cada crisis.

Inestabilidad que se contagia. Las crisis desatendidas no hacen sino crecer y extenderse. La guerra de Sudán ha empujado a millones de personas hacia Chad, Sudán del Sur, Egipto o Libia, países ya frágiles. La violencia del Sahel avanza hacia los países costeros de África occidental, y Haití se ha convertido en plataforma del tráfico de drogas y armas en el Caribe.

El desarrollo, abandonado. Cuando toda la ayuda disponible se destina a mantener a la gente con vida, desaparece la inversión en escuelas, sanidad, empleo o instituciones. Las crisis se cronifican, la pobreza se hereda y décadas de avances se pierden.

Generaciones perdidas. El 39 % de las personas desplazadas en el mundo son niños. Millones crecen sin escuela, entre la violencia y la precariedad, y con frecuencia reclutados por grupos armados. En Haití, el reclutamiento forzoso de menores por las bandas aumentó un 70 % en un año. Sin educación ni oportunidades, esas generaciones difícilmente podrán construir sociedades sobre bases democráticas, de justicia y de respeto a la dignidad humana.

Estados y regiones que colapsan. Cuando el Estado deja de prestar servicios y la ayuda internacional se retira, el vacío lo ocupan milicias, bandas o redes criminales. Así se han hundido regiones enteras, del Sahel a los Grandes Lagos.

Más violencia, más muros. La respuesta de los países más ricos tiende a ser la de blindarse, reforzando fronteras, endureciendo el asilo y tratando las crisis como ajenas y como amenazas de seguridad, no como emergencias humanitarias.

Y todo ello engendra un círculo vicioso en el que la reducción de la ayuda genera mayores crisis, causando más desplazamiento y hambre, que hace que el miedo se contagie, se levanten muros y no se recuerde la razón por la que se ayudaba en un primer momento. El resultado sería un mundo cada vez más fragmentado y enfrentado, con los puentes de la cooperación y la fraternidad seriamente dañados.

 

Menos dinero para aliviar más sufrimiento

Que existan crisis olvidadas año tras año revela, además, el fracaso de un sistema de ayuda oficial al desarrollo que depende de los intereses de cada donante. Los mismos 33 países llevan una década en el informe sobre crisis alimentarias. En 2025, ese sistema, que ya no funcionaba, se derrumbó.

La ONU pidió para ese año 47.000 millones de dólares para 190 millones de personas y recibió unos 12.000 millones, el peor resultado en una década, de modo que llegó a 25 millones de personas menos que en 2024. La ayuda humanitaria y al desarrollo cayó en conjunto casi una cuarta parte, unos 175.000 millones de dólares.

El detonante fue el desmantelamiento, en enero de 2025, de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), que financiaba alrededor del 47 % del llamamiento humanitario global. Ante semejante recorte, Fletcher lanzó en febrero el Humanitarian Reset, el reinicio humanitario. Su punto de partida era reconocer que el sistema construido en torno a grandes agencias internacionales había llegado a su fin, y que la salida no podía ser solo fusionar agencias, recortar plantillas y priorizar cada vez más. Ya no se podía hacer más con menos.

Aun así, la primera respuesta fue la hiperpriorización. La ONU redujo su llamamiento para 2026 a 33.000 millones de dólares y priorizó 23.000 millones para salvar a 87 millones de vidas, renunciando de partida a atender a más de 150 millones de personas que reconocía como necesitadas.

La retirada de Estados Unidos arrastró además a otros donantes, que parecen aceptar que solo merece la pena financiar lo que ofrece algún retorno. Le siguieron recortes europeos ligados al aumento del gasto en defensa. El Reino Unido, por ejemplo, pasó de 2.263 millones de dólares en 2024 a 645,8 millones a mitad de 2026. El papa León XIV lo denunció ante el Programa Mundial de Alimentos: los conflictos se alimentan con más facilidad de lo que se alimenta a las personas[vii].

La Unión Europea, por su parte, negocia en el momento en el que se escribe este artículo su presupuesto para 2028-2034. La propuesta de la Comisión, de julio de 2025, fusiona ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo y preadhesión en un único instrumento, Global Europe, que sitúa en primer plano los intereses estratégicos de la UE, como el control migratorio o la inversión de empresas europeas. Los Estados apuntan además a la baja: el último borrador de la presidencia del Consejo, de octubre de 2026, lo rebaja de 190.000 a unos 157.000 millones de euros, un 17 % menos.

El resultado es la multiplicación de las crisis olvidadas. A mediados de 2026 los planes de respuesta solo estaban financiados al 20 %, y los peor financiados eran casi todos de crisis ya desatendidas, como los de Níger (15 %), Burkina Faso (15,6%), Afganistán (16,9%) o Malí (18,4%). Si la ayuda se reparte según intereses y no según necesidades, quienes ya son los últimos corren el riesgo de quedar abandonados del todo.

La localización: una promesa por cumplir

Paradójicamente, el colapso devolvió al centro una promesa que el sistema nunca había priorizado, aunque la firmase en el Grand Bargain de 2016: el liderazgo local. El verdadero reinicio no puede ser el de gestionar lo imposible; el verdadero cambio es el de un cambio de poder. La agenda de la localización trata de que las organizaciones y comunidades locales lideren su propia respuesta, y de que los actores internacionales transfieran ese liderazgo apoyando su fortalecimiento, transfiriendo tecnología y aumentando la financiación directa. Se debe perseguir ese modelo de cooperación fraterna, más horizontal, que invierta la relación entre quien da y quien recibe.

Pero la brecha es todavía enorme. El Grand Bargain se fijó como meta que el 25 % de los fondos llegara a los actores locales lo más directamente posible, pero en 2025 solo les llegó de forma directa el 4,3 %, según ALNAP. En los fondos mancomunados de la ONU, la parte destinada a ONG nacionales ha caído del 46 % en 2025 al 7 % en lo que va de 2026, según datos preliminares. Localizar, además, no puede significar trasladar el riesgo a las organizaciones locales sin darles también protección, recursos, respaldo político y legitimidad en el liderazgo. El cambio habla de compartir responsabilidades y de devolver la dignidad del liderazgo a los que desean actuar.

Qué podría cambiar el rumbo

La salida pasa por acompañar ese liderazgo local, pero sin dejar de exigir más financiación, tanto para responder como para prepararse, de modo que las crisis no se complejicen y cronifiquen.

1. Ceder el poder a las organizaciones locales. Que las comunidades lideren sus propias respuestas, con financiación directa, capacitación, tecnología y voz en las decisiones, como prometió el Grand Bargain, es el cambio de fondo. Pero la localización no puede ser una forma de abaratar la ayuda. Exige presupuestos más elevados y plurianuales, que permitan ir más allá de la emergencia e incluir programas de recuperación y desarrollo.

2. Financiar la preparación y no solo el salvar vidas. La reducción de riesgos, la preparación ante desastres y la acción anticipatoria deben tener un presupuesto serio y acorde a las amenazas climáticas en los países más expuestos. Según la ONU, los desastres cuestan ya unos 2,3 billones de dólares al año si se suman sus efectos en cadena. Prepararse antes de la sequía o la inundación salva vidas y evita emergencias carísimas de revertir o que desembocan en crisis mayores en las sociedades más frágiles.

3. Recuperar la diplomacia humanitaria y de paz. La ayuda alivia, pero no resuelve. Como advirtió Fletcher ante el Consejo de Seguridad en agosto de 2026, la tragedia de Sudán no es que no sepamos qué hacer[viii]. Hace falta presión política sostenida para proteger a la población civil y a quienes la socorren, negociar el acceso humanitario y abrir caminos hacia la paz.

4. Financiar según necesidades y según riesgos. La ayuda debe asignarse por la gravedad del sufrimiento, no por intereses ni titulares. Pero también hay que tener en cuenta el riesgo de que una emergencia desatendida degenere en una crisis compleja y de gobernanza que después impida la recuperación. Llegar a tiempo puede ser la diferencia entre una crisis pasajera y una crónica.

 

Conclusión: el precio de mirar hacia otro lado

El mundo de 2026 vive una contradicción difícil de sostener. Nunca hubo tantos conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, las guerras duran más que nunca, el hambre aguda se ha duplicado en una década y más de 250 millones de personas necesitan ayuda para sobrevivir. Y, sin embargo, la financiación humanitaria está en mínimos de diez años, y la que queda se reparte cada vez más según intereses políticos y económicos, no según necesidades ni como parte de un esfuerzo planificado que apunte al desarrollo sostenible y la paz.

El primer reto es encontrar la manera de financiar a quienes más lo necesitan, hacerlo desde los principios humanitarios, la justicia y la dignidad, no desde el cálculo geopolítico, y devolviendo el liderazgo y con ello la dignidad a la población local de esas regiones frágiles. Como recuerda León XIV, los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino[ix], su situación es fruto de decisiones y de estructuras que pueden cambiarse. Igual que algunos Estados construyeron sistemas de bienestar para que nadie quedara abandonado dentro de sus fronteras, el mundo necesita recuperar la idea de un estado del bienestar global, que garantice unos mínimos de protección a quienes nacen en los lugares hoy más frágiles del planeta.

El segundo reto es la paz. Ninguna crisis prolongada se resuelve con ayuda humanitaria. Hace falta una diplomacia que busque activamente el fin de los conflictos, proteja a la población civil y a quienes la socorren, y no se resigne a gestionar emergencias eternas.

El tercero nos interpela a todos. Las crisis olvidadas no nos son ajenas, están conectadas con nuestras decisiones de consumo, con nuestras políticas migratorias y comerciales, y con lo que elegimos mirar. Hace falta una ciudadanía que mire, que acepte su parte de responsabilidad y que exija a sus gobiernos una cooperación fraterna, capaz de revertir las relaciones de poder que perpetúan la desigualdad.

 

Fuentes consultadas

  • OCHA, Global Humanitarian Overview 2026: https://humanitarianaction.info/document/global-humanitarian-overview-2026
  • OCHA, panel de seguimiento 2026: https://humanitarianaction.info/
  • ONU, rueda de prensa del GHO 2026 (UNifeed): https://media.un.org/avlibrary/en/asset/d351/d3510835
  • Francisco, homilía en Lampedusa (8 de julio de 2013): https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
  • DG ECHO, crisis olvidadas 2026: https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/needs-assessment/forgotten-crises_en
  • PRIO, Conflict Trends 1946–2025: https://cyprus.prio.org/news/1204
  • CICR, Panorama humanitario 2026: https://www.icrc.org/es/articulo/panorama-humanitario-2026
  • CICR, Informe anual 2025: https://www.icrc.org/en/report/icrc-annual-report-2025
  • The Economist, «Why are civil wars lasting longer?», 17 de abril de 2023, citado en el blog de Oxfam: https://frompoverty.oxfam.org.uk/why-are-civil-wars-lasting-longer/
  • Escola de Cultura de Pau, Alerta 2026!: https://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/alerta/26/resumene.pdf
  • Global Report on Food Crises 2026: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/global-report-food-crises-2026_en
  • GRFC 2026, apéndices y notas técnicas: https://www.fightfoodcrises.net/sites/default/files/resource/file/2026_GRFC_APP_TECHNOTES.pdf
  • ACNUR, Global Trends: Forced Displacement in 2025 (junio de 2026): https://www.unhcr.org/sites/default/files/2026-06/global-trends-report-2025.pdf
  • Estudio Greenpeace–Universidad de Hamburgo sobre desplazamiento por desastres: https://www.tovima.com/climate/climate-driven-displacement-surges-as-extreme-weather-intensifies/
  • ALNAP, State of the Humanitarian System 2026, seguridad de los trabajadores humanitarios: https://alnap.org/help-library/resources/sohs-2026/chapter-3-protection-and-principles/the-deadly-constraints-of-the-humanitarian-space/
  • IRC, comunicado del 19 de agosto de 2026: https://www.rescue.org/eu/press-release/aid-worker-deaths-near-record-high-2025-driven-gaza-and-sudan
  • CARE Crisis Report 2025 (ReliefWeb): https://reliefweb.int/report/central-african-republic/10-most-under-reported-humanitarian-crises-2025
  • NRC, The world’s most neglected displacement crises (4 de junio de 2026): https://www.nrc.no/resources/reports/the-worlds-most-neglected-displacement-crises-2025
  • Euronews, sobre el informe del NRC (4 de junio de 2026): https://www.euronews.com/my-europe/2026/06/04/sudan-and-dr-congo-top-list-of-worlds-most-neglected-crises-norway-aid-group-says
  • Plan de respuesta humanitaria de Sudán 2026: https://humanitarianaction.info/plan/1514/document/sudan-humanitarian-needs-and-response-plan-2026/article/foreword-humanitarian-coordinator-2
  • International Crisis Group, Undoing Haiti’s Deadly Gang Alliance (15 de diciembre de 2025): https://www.crisisgroup.org/rpt/latin-america-caribbean/haiti/110-undoing-haitis-deadly-gang-alliance
  • Oficina de Derechos Humanos de la ONU, sobre Haití (24 de marzo de 2026): https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/03/gangs-expand-reach-haiti-amid-persistent-deadly-violence-un-human-rights
  • IRC sobre Haití: https://www.rescue.org/article/haitis-gang-violence-crisis-what-know-and-how-help
  • Democracy Now!, visita de Guterres a Haití (18 de junio de 2026): https://www.democracynow.org/2026/6/18/headlines/un_says_gang_violence_has_displaced_15_million_across_haiti
  • Noticias ONU, «Humanitarians launch $33 billion appeal for 2026» (8 de diciembre de 2025): https://news.un.org/en/story/2025/12/1166526
  • Euronews, recorte del llamamiento de la ONU para 2026 (8 de diciembre de 2025): https://euronews.com/2025/12/08/un-aid-agency-cuts-appeal-for-2026-to-28bn-after-lowest-annual-support-in-a-decade
  • NRC, falta de financiación en 2026: https://nrc.no/news/2026/alarming-lack-of-funding-for-lifesaving-aid-in-2026
  • PBS, discurso de León XIV en el Programa Mundial de Alimentos: https://pbs.org/newshour/world/pope-leo-xiv-says-wars-are-fed-faster-than-people-as-aid-money-dries-up
  • CGD, análisis de la propuesta de presupuesto exterior de la UE 2028-2034: https://www.cgdev.org/blog/big-money-big-questions-eus-external-budget-proposal-2028-2034
  • New Union Post, borrador de negociación del Consejo sobre Global Europe (10 de octubre de 2026): https://newunionpost.eu/2026/10/10/new-nego-box-eu-mff-global-europe/
  • CONCORD, recortes de la AOD europea en 2025: https://concordeurope.org/2026/04/09/the-eu-sails-away-from-international-cooperation-with-the-biggest-aid-cuts-in-a-decade/
  • ALNAP, Global Humanitarian Assistance Report 2026, reforma humanitaria: https://alnap.org/help-library/resources/global-humanitarian-assistance-gha-report-2026/humanitarian-reform-and-delivery/
  • ALNAP, State of the Humanitarian System 2026, flujos de financiación: https://alnap.org/help-library/resources/sohs-2026/chapter-4-power-imbalances-and-improving-accountability/4-1-funding-pathways-and-the-politics-behind-the-numbers/
  • PreventionWeb, el GAR 2025 y el coste real de los desastres: https://www.preventionweb.net/news/billions-trillions-flagship-un-report-reveals-true-cost-disasters-and-how-reduce-them
  • Fletcher ante el Consejo de Seguridad sobre Sudán, 24 de agosto de 2026 (AllAfrica): https://allafrica.com/stories/202608250113.html
  • León XIV, exhortación apostólica Dilexi te (texto completo en ACI Prensa): https://www.aciprensa.com/noticias/118013/texto-completo-dilexi-te-primera-exhortacion-apostolica-del-papa-leon-xiv
  • ALNAP, State of the Humanitarian System 2026, flujos de financiación: https://alnap.org/help-library/resources/sohs-2026/chapter-4-power-imbalances-and-improving-accountability/4-1-funding-pathways-and-the-politics-behind-the-numbers/
  • PreventionWeb, el GAR 2025 y el coste real de los desastres: https://www.preventionweb.net/news/billions-trillions-flagship-un-report-reveals-true-cost-disasters-and-how-reduce-them
  • Fletcher ante el Consejo de Seguridad sobre Sudán, 24 de agosto de 2026 (AllAfrica): https://allafrica.com/stories/202608250113.html
  • León XIV, exhortación apostólica Dilexi te (texto completo en ACI Prensa): https://www.aciprensa.com/noticias/118013/texto-completo-dilexi-te-primera-exhortacion-apostolica-del-papa-leon-xiv

 

[i] Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, en la rueda de prensa de presentación del Panorama Humanitario Global 2026. Sede de la ONU, Nueva York, 3 de diciembre de 2025. Traducción propia.

[ii] Francisco, homilía durante su visita a Lampedusa (Italia), 8 de julio de 2013.

[iii] La Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO) define las crisis olvidadas como situaciones de crisis humanitaria graves y prolongadas en las que la población afectada recibe poca o ninguna ayuda internacional y en las que no existe voluntad política de resolverlas, en parte por la falta de interés mediático. La UE destina a ellas al menos el 15 % de su presupuesto humanitario inicial.

[iv] Elaboración propia a partir del listado de conflictos armados y sus años de inicio de la Escola de Cultura de Pau (UAB), Alerta 2026! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.

[v] Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), en el comunicado de presentación del informe sobre las crisis de desplazamiento más desatendidas. Oslo, 4 de junio de 2026. Traducción propia.

[vi] António Guterres, secretario general de la ONU, durante su visita a Haití. Puerto Príncipe, 16 de junio de 2026. Traducción propia.

[vii] León XIV, discurso ante la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, en la sede del PMA. Roma, 22 de junio de 2026. Traducción propia.

[viii] Tom Fletcher, en la sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación humanitaria en Sudán, 24 de agosto de 2026. Traducción propia.

[ix] León XIV, exhortación apostólica Dilexi te, sobre el amor hacia los pobres, n. 14. Firmada el 4 de octubre de 2025 y publicada el 9 de octubre de 2025.

 

Número 24, 2026

Palabras clave:

A fondo

Cooperar en un mundo desigual: política, poder y justicia global

Ana Cristina García Morales. Trabajadora Social. Coordinadora del equipo de Fortalecimiento Institucional en el Área de Cooperación Internacional de Cáritas Española

 

¿Puede hablarse de cooperación para el desarrollo cuando las mismas dinámicas políticas y económicas que generan desigualdad condicionan también las políticas de cooperación?

 

Introducción

La cooperación internacional no tiene lugar al margen de las relaciones económicas y políticas que organizan el mundo. Decidir cuánto se financia, dónde se interviene, qué problemas se consideran prioritarios o qué soluciones se apoyan implica también decidir qué intereses se consideran relevantes y quién tiene capacidad de implementarlos.

Esto no significa que la cooperación sea negativa por estar vinculada a la política. Toda política pública implica decisiones sobre recursos, prioridades e intereses. El tema central es diferente, es preguntarnos qué lugar ocupan en esas decisiones sobre los derechos humanos, la autonomía de las sociedades y las necesidades de quienes sufren las consecuencias de la desigualdad.

Por eso, más que preguntarnos si la cooperación está politizada, deberíamos preguntarnos: ¿quién decide?, ¿quién se beneficia?, ¿quién asume los costes?

Estas preguntas son importantes porque se pueden ver claras contradicciones del sistema internacional. Mientras la cooperación intenta reducir la pobreza y fortalecer derechos, muchos países afrontan una creciente presión de la deuda que limita su margen para invertir en servicios públicos y en la garantía de los derechos. Mientras se impulsa la transición energética, aumenta la demanda mundial de minerales cuya extracción puede generar importantes impactos sociales y ambientales. Y mientras se reconoce la necesidad de adaptarse al cambio climático, muchos de los países más vulnerables disponen de menos recursos para financiar esa adaptación.

La cooperación no puede limitarse, a paliar las consecuencias de un sistema desigual. Si queremos contribuir a la justicia global, debemos mirar también hacia las estructuras que producen y reproducen esa desigualdad.

 

De la financiación al endeudamiento: cuando el desarrollo tiene un precio

La financiación es imprescindible para el desarrollo. Los Estados necesitan recursos para construir infraestructuras, ampliar los sistemas sanitarios y educativos, transformar sus economías o responder a situaciones de emergencia. Endeudarse tampoco es en sí mismo un problema. El endeudamiento puede permitir realizar inversiones que un país no podría financiar únicamente con sus recursos disponibles.

La cuestión cambia cuando el coste de esa deuda reduce la capacidad de los Estados para atender otras necesidades. En ese momento, la deuda deja de ser únicamente un instrumento financiero y pasa a convertirse en una cuestión de política pública: qué se paga, qué se retrasa y qué derechos quedan condicionados por la disponibilidad de recursos.

El problema tiene grandes dimensiones, como se puede ver en el informe de UNCTAD, la deuda externa de los países en desarrollo alcanzó los 12,3 billones de dólares en 2025. Ese mismo año, los países menos adelantados destinaron, de media, el 18,2 % de sus ingresos por exportaciones al servicio de la deuda externa y el 17,6 % de sus ingresos públicos al servicio de la deuda pública externa y con garantía pública (UNCTAD, 2026).

Cuando se reduce el espacio fiscal, los gobiernos disponen de menos capacidad para sostener inversiones en educación, sanidad, protección social o adaptación al cambio climático. La presión del servicio de la deuda está reduciendo el margen de muchos países para financiar objetivos de desarrollo y que el coste de los intereses de la deuda externa a largo plazo aumentó casi un 14 % en 2025 (UNCTAD, 2026).

Esto no significa que toda deuda genere dependencia ni que los acreedores determinen automáticamente las políticas de un Estado, pero sí significa que determinadas situaciones de endeudamiento pueden reducir de manera importante el margen de decisión económica y política. Cuando un país necesita dedicar una parte creciente de sus ingresos a mantener su solvencia, sus opciones de política pública pueden quedar condicionadas por las exigencias de los mercados, los acreedores o las instituciones financieras internacionales.

Por este motivo, la sostenibilidad de la deuda no debería medirse exclusivamente por la capacidad de devolver el dinero. También debería considerar la capacidad de un Estado para mantener los servicios públicos, proteger a su población y sostener una trayectoria de desarrollo.

Esta discusión estuvo presente en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla en 2025. El Compromiso de Sevilla incorporó, entre otras cuestiones, la necesidad de abordar las crisis de deuda, mejorar el acceso a financiación y reformar algunos elementos de la arquitectura financiera internacional. Una cuestión que se destacó fue la importancia de que los países del Sur Global tuvieran voz y voto en las mesas donde se decide las condiciones de sus préstamos y que parte de estos tuvieran una perspectiva de desarrollo (Social, ambiental, de derechos) más allá del desarrollo económico, preponderante en la mayoría de las decisiones.

Desde la perspectiva de la cooperación, esto obliga a ampliar la mirada. No basta con financiar proyectos concretos si las condiciones financieras generales reducen la capacidad de los países para sostenerlos. Tampoco basta con hablar de desarrollo si las economías dependen excesivamente de unos pocos productos de exportación o si los sistemas fiscales no consiguen movilizar suficientes recursos internos.

Una cooperación orientada a la justicia debería contribuir a que los países dispongan de espacio fiscal, institucional y político suficiente para definir sus propias prioridades de desarrollo. Esto implica prestar atención a la deuda, pero también a la fiscalidad, el comercio, la inversión y las reglas que determinan cómo se distribuyen los beneficios y los riesgos de la actividad económica.

Porque no todo lo que se presenta como financiación para el desarrollo es cooperación y no toda financiación produce necesariamente una mayor autonomía.

 

La riqueza que empobrece: recursos naturales y desigualdad

La dependencia no se expresa únicamente a través del ámbito económico. También puede construirse alrededor de lo que un territorio posee y otros necesitan.

En principio, tener petróleo, gas, minerales, tierras fértiles, agua o bosques debería ser una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, la abundancia de recursos naturales no garantiza por sí mismo un desarrollo más justo. La experiencia de numerosos países muestra que la dependencia de las materias primas puede generar una elevada vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de los precios internacionales y dificultar la diversificación económica y también puede reducir los beneficios que finalmente llegan a la población cuando existen instituciones débiles o sistemas poco eficaces de gestión de los ingresos derivados de los recursos (Banco Mundial, 2023).

Por eso, la cuestión no es solamente quién posee los recursos, sino quién tiene capacidad para decidir sobre ellos, quién recibe el valor generado por su explotación y quién sufre sus costes sociales y ambientales.

Esta situación además se complica con la llamada transición energética. La descarbonización de las economías requiere minerales como litio, cobre, níquel o cobalto. La demanda de minerales críticos podría casi triplicarse de aquí a 2030, según Naciones Unidas. El problema no es que estos recursos sean necesarios, sino que su extracción y procesamiento pueden reproducir relaciones de dependencia y generar importantes impactos sobre el agua, los ecosistemas, los medios de vida y los derechos de las comunidades (PNUMA, 2024) generando una clara paradoja. Necesitamos transformar profundamente nuestro modelo energético, pero no podemos hacerlo trasladando los costes de esa transformación a territorios con menor capacidad de decisión.

Es fundamental garantizar que esos materiales se extraen bajo condiciones justas, que los directamente afectados han sido consultados y han participado en la toma de decisiones, y que la distribución de los beneficios y costes se harán bajo una lógica de justicia ambiental, social y económica.

En numerosos territorios, la explotación de recursos afecta al acceso al agua, al uso de la tierra, a los medios de vida de comunidades campesinas, indígenas o ribereñas y a la conservación de ecosistemas. Cuando las poblaciones afectadas no participan de manera efectiva en las decisiones, el conflicto no es una consecuencia accidental del proyecto es un problema de quién ha tomado las decisiones y desde qué perspectiva.

La encíclica Laudato si’ introdujo este tema hablando de una crisis socioambiental y vincula la degradación ambiental con las desigualdades económicas y sociales. En este contexto, plantea el concepto de deuda ecológica entre el Norte y el Sur, relacionado con el uso históricamente desigual de los recursos naturales y con los desequilibrios comerciales y ambientales (Francisco, 2015).

Esta idea permite conectar dos problemas que generalmente se analizan por separado. La degradación ambiental puede aumentar la vulnerabilidad económica y social de un país; los impactos climáticos pueden generar nuevas necesidades de financiación; y el endeudamiento, a su vez, puede reducir la capacidad de invertir en adaptación.

La transición hacia un modelo más sostenible no puede evaluarse, solo mirando la reducción de emisiones. También debe preguntarse quién paga el coste de esa transición y quién obtiene sus beneficios.

El éxito del desarrollo no debería medirse por la cantidad de recursos naturales extraídos, exportados o transformados, sino por lo que esos recursos permiten construir en cuanto a sistemas públicos más sólidos que claramente garanticen los derechos humanos de sus poblaciones para que puedan decidir sobre su propio futuro.

 

El rostro humano de las decisiones macroeconómicas

Detrás de una cifra de deuda, de un acuerdo financiero o de una decisión sobre la explotación de los recursos naturales hay personas.

Una decisión que, desde la perspectiva de un Gobierno, una empresa o un banco puede aparecer como una cuestión macroeconómica puede traducirse, en otro lugar, en menos recursos para un centro de salud, pérdida de medios de vida, contaminación de las aguas, inseguridad alimentaria o desplazamiento de una comunidad.

Esta distancia entre la decisión y sus consecuencias es uno de los grandes problemas de la política internacional. Cuanto más lejos se sitúa el espacio donde se toma una decisión, más fácil resulta que quienes la toman no perciban sus efectos.

En una conferencia en el año 2017 en el marco de la Campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza de la red Enlázate por la Justicia participó Patricia Gualinga, mujer líder indígena defensora de los derechos humanos y de los derechos de los indígenas integrantes de la etnia kichwa de Sarayaku, un territorio en la Región Amazónica del Ecuador.

La intención era que nos transmitiera qué efectos estaba teniendo el modelo económico en su comunidad y si esto había generado pobreza.

Su primera intervención fue: Antes de empezar, me gustaría saber, cuando hablamos de pobreza ¿a qué se refieren?. ¿A qué se refieren cuando hablan de desarrollo?. Estuvo largo rato hablando de la riqueza cultural, riqueza en recursos naturales, en el manejo del tiempo, de conexión con la tierra y su comunidad. Esto nos hizo posicionarnos desde otro punto de vista, desde la necesidad de un acercamiento epistemológico al concepto de desarrollo.

El problema no es solamente quién decide sobre el desarrollo, sino quién tiene capacidad para definir qué significa desarrollarse.

Las personas no son únicamente receptoras de políticas. Son sujetos de derechos y deben poder participar en las decisiones que afectan a sus vidas y en participar construyendo qué desarrollo quieren para sus comunidades. Esta perspectiva está también presente en la cooperación española, cuyo marco legal reconoce el protagonismo de las sociedades de los países socios en la definición y aplicación de sus propias opciones de desarrollo (España, 2023).

Desde esta perspectiva, la participación y la apropiación local no son requisitos administrativos de un proyecto sino una cuestión de justicia.

La cooperación pierde parte de su sentido cuando convierte a las personas en destinatarias de soluciones diseñadas desde fuera y no reconoce su capacidad para definir qué problemas deben abordarse y cómo hacerlo. Cooperar incluir la capacidad en la toma de decisiones.

 

Coherencia de políticas: cuando cooperar no es suficiente

Aquí aparece una de las principales contradicciones de la cooperación internacional: ¿de qué sirve una política de cooperación que promueve el desarrollo sostenible si otras políticas públicas generan condiciones que dificultan ese mismo desarrollo?

La cooperación convive y en ocasiones, con decisiones comerciales, financieras, energéticas, migratorias, fiscales, sobre temas de seguridad y empresariales. Todas ellas pueden tener efectos sobre los países y comunidades con los que se coopera.

Podemos estar financiando un programa de adaptación al cambio climático mientras otras decisiones económicas contribuyen a aumentar la vulnerabilidad climática como ocurre, por ejemplo, en algunos territorios amazónicos. Podemos apoyar el desarrollo de comunidades rurales mientras determinadas dinámicas comerciales dificultan la viabilidad de sus producciones. Puede defenderse la protección de los derechos humanos y, al mismo tiempo, aumentar la presión sobre territorios ricos en recursos estratégicos sin garantizar una participación efectiva de las poblaciones afectadas.

No se trata de afirmar que estas contradicciones sean siempre deliberadas ni de atribuir a la política de cooperación la responsabilidad sobre decisiones que corresponden a otros ámbitos. Se trata de reconocer algo más sencillo, la cooperación no puede compensar por sí sola los efectos negativos de otras políticas públicas.

España ha asumido formalmente esta perspectiva. La Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global establece la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible como un principio y elemento fundamental de la política española de cooperación. La norma plantea además que los objetivos de desarrollo sostenible deben informar las políticas internas y externas con repercusiones sobre los países en desarrollo y fija el compromiso de alcanzar el 0,7 % de la renta nacional bruta en ayuda oficial al desarrollo en 2030 (España, 2023). Esto supone un avance importante pero también eleva la exigencia.

Ya no es solo qué dice la política de cooperación, sino qué efectos tienen otras políticas públicas sobre los mismos objetivos que esa cooperación pretende alcanzar. La propia OCDE, en su revisión de la cooperación española, ha señalado que España puede avanzar más en la identificación y el abordaje de los efectos transfronterizos de sus políticas nacionales (OCDE, 2026) pero también existe una cuestión básica que hay que garantizar y es la dotación de recursos económicos destinados a cooperación

En 2025, la AOD española alcanzó, según datos preliminares de la OCDE, el 0,27 % de la RNB. Supone una mejora respecto a años anteriores, pero continúa lejos del 0,7 % comprometido para 2030. Con las tendencias actuales, alcanzar ese objetivo resulta improbable (OCDE, 2026).

Esto no se limita a la Administración General del Estado. La cooperación descentralizada, una de las características diferenciales del modelo español, también afronta dificultades. El informe de presupuestos de cooperación autonómica de 2024 señalaba que diez de las diecisiete comunidades autónomas habían aplicado recortes o congelado sus fondos. En Aragón, la reducción presupuestaria superó el 76 % ese año (Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, 2024).

Estos datos no deberían utilizarse únicamente para reclamar más recursos, aunque estos sean necesarios. También cuestionan el lugar que ocupa la cooperación entre las prioridades de las políticas públicas.

La coherencia de políticas no significa que todas las políticas públicas tengan los mismos objetivos. Significa que, cuando una decisión tiene efectos negativos sobre el desarrollo o sobre los derechos de otras poblaciones, esos efectos deben poder identificarse, evaluarse y corregirse.

Cooperar también implica revisar qué efectos producen nuestras propias decisiones.

¿Qué significa entonces una cooperación justa?

Si la cooperación quiere responder a las causas y no únicamente a las consecuencias de la desigualdad, necesita algo más que buenos proyectos. Necesita una determinada manera de entender las relaciones entre quienes cooperan.

Una cooperación orientada a la justicia debería partir, en primer lugar, de un enfoque de derechos humanos. Las personas no son simplemente beneficiarias de los programas que se ponen en marcha, sino titulares de derechos. Por eso, la cooperación debería contribuir a crear las condiciones necesarias para que puedan ejercerlos y defenderlos.

Esto está estrechamente relacionado con la participación y la apropiación local. Las comunidades y organizaciones de los países con los que se coopera deben tener capacidad real para definir sus propias prioridades y decidir sobre las cuestiones que afectan a sus vidas. Cooperar no debería significar sustituir esas decisiones, sino acompañarlas y reforzar la capacidad de las propias sociedades para llevarlas adelante.

También es necesario hablar de coherencia de políticas. La cooperación no puede analizarse de forma aislada de las decisiones económicas, comerciales, financieras, energéticas o ambientales que tienen efectos en otros países. Los objetivos que se persiguen a través de la cooperación deberían tenerse en cuenta también en esos otros ámbitos de la política pública.

A esto se suma una cuestión de justicia económica. Hablar de desarrollo implica también preguntarse por el endeudamiento, la capacidad de los Estados para movilizar recursos propios, los sistemas fiscales, las condiciones en las que acceden a financiación o la forma en que se distribuyen los beneficios de la actividad económica. No se trata solo de cuánto dinero se transfiere, sino también de las condiciones económicas que permiten o dificultan que los países puedan decidir sobre su propio desarrollo.

Por último, una cooperación justa debe incorporar una perspectiva de justicia socioambiental. La transición ecológica es imprescindible, pero no puede construirse haciendo recaer sus costes sobre territorios y poblaciones que han contribuido menos a la crisis climática y que, al mismo tiempo, cuentan con menos recursos para hacerle frente. La transición será realmente justa si, además de reducir las emisiones, tiene en cuenta quién soporta sus costes y quién se beneficia de ella.

Estos principios no son ajenos al marco de la cooperación española. La Ley 1/2023 incorpora entre sus objetivos la lucha contra la pobreza y la desigualdad, los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y la participación, y sitúa la coherencia de políticas en un lugar central (España, 2023).

Tampoco son ajenos al trabajo de las organizaciones de desarrollo. La Coordinadora sitúa entre las líneas de trabajo del sector la defensa de los derechos humanos, la igualdad, la sostenibilidad, la justicia global y la incidencia política (La Coordinadora, 2025).

El tema central no es definir desde cero qué debería ser una cooperación justa. Buena parte de los principios necesarios ya están reconocidos. El reto consiste en hacerlos efectivos y en asumir las consecuencias que tienen cuando entran en conflicto con otros intereses.

Conclusión: cooperar para transformar

La cooperación internacional es política. No puede ser de otra manera. Decide sobre recursos, prioridades y relaciones entre actores. La cuestión no es si está o no politizada sino qué intereses orientan esa política y qué lugar ocupan en ella las personas que sufren las consecuencias de las decisiones que tomamos.

Para España, la respuesta pasa por una doble responsabilidad. Por un lado, cumplir los compromisos asumidos y dotar a la cooperación de recursos suficientes. Por otro, hacer que los objetivos de desarrollo sostenible sean relevantes también cuando se toman decisiones en ámbitos que tradicionalmente se han considerado ajenos a la cooperación.

 

Referencias bibliográficas:

Banco Mundial (2023). Africa’s Resource Future. Africa’s Resource Future

Coordinadora ONGD: Informe del sector de las ONGD 2025 Informe 2025 – Informe del sector de las ONGD

Naciones Unidas. Critical Energy Transition Minerals Initiative. [un.org]

OCDE: Publications Insights and context to inform policies and global dialogue. «Development Co‑operation Profiles: Spain» 2026

REPAM (2024). REPAM reafirma sus urgencias en torno a la justicia ambiental y los derechos humanos y de la naturaleza. [repam.net]

REPAM (2024). Pronunciamiento en el XI Foro Social Panamazónico (FOSPA). [ceb.bo]

The Guardian: Https://www.theguardian.com/global-development/2026/jul/10/developing-countries-spend-more-foreign-debt-education-aid-cuts-unesco

UNCTAD (2024). Critical minerals boom: Global energy shift brings opportunities and risks for developing countries.

https://unctad.org/es/publication/sostenibilidad-de-la-deuda-externa-y-desarrollo-2025?utm_source=chatgpt.com «Sostenibilidad de la deuda externa y desarrollo (2025) | ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD)»

UN 2026: «External debt sustainability and development (2026) | UN Trade and Development (UNCTAD)»https://unctad.org/publication/external-debt-sustainability-and-development-2026?utm

 

Número 24, 2026
Con voz propia

Treinta años de transformación del modelo social

Voiced by Amazon Polly

Raquel Martínez Buján, Profesora Titular de Sociología, Universidade da Coruña

 

El cambio social es la transformación de las formas en las que una sociedad se organiza, vive y se relaciona. No afecta sólo a las instituciones sino también a las maneras en las que convivimos, nos enamoramos y gestionamos la cotidianeidad de nuestras existencias. Mi participación en el IX Informe Foessa, junto con Antonio Izquierdo y Óscar Carpintero, me ha ofrecido un punto de partida para reflexionar sobre estas cuestiones estando mi contribución centrada en explorar la evolución que han experimentado las configuraciones familiares en España desde los años noventa.

En los últimos treinta años hemos vivido cambios significativos. Se ha consolidado la democracia, se han incorporado las mujeres al trabajo remunerado y avanzamos hacia una sociedad longeva que camina hacia una digitalización sin precedentes. Y, sin embargo, a pesar de estos avances, hay desigualdades que se muestran persistentes y que están enquistadas en los tradicionales formatos de injusticia social como la clase social, el género y la raza. A ellas se le suman nuevas dificultades ancladas en el propio devenir social como las vinculadas al acceso a una vivienda, la precarización laboral, la erosión de los vínculos comunitarios o la percepción de una distancia entre ciudadanía e instituciones.

Pero comprender estas dinámicas no sólo requiere analizar las cuestiones estructurales de las que proceden. Cada vez es más necesario entender sus efectos en las vidas cotidianas de la ciudadanía. Los cambios económicos, demográficos y tecnológicos inciden en nuestras condiciones materiales de existencia y afectan a cómo se configuran las relaciones sociales o a cómo se crean nuevas formas de exclusión social. De hecho, cada vez es más patente las tensiones que existen entre el modelo de producción dominante, que actúa bajo lógicas de acumulación económica, y el modelo de reproducción social, que requiere de tramas de vida que intensifiquen nuestra convivencia colectiva y que armen nuestra interdependencia.

Esta contradicción entre el capital y la vida nos invita a repensar  cómo de inalterables permanecen algunos patrones de nuestra co-existencia. Bien es sabido que la diversificación de las formaciones familiares y la transformación de los roles de género emergen como dos de los procesos más transformadores de la sociedad española en los últimos treinta años. Entre los principales cambios destacan el retraso en la formación de pareja y en la maternidad, el descenso sostenido de la fecundidad, la expansión de la cohabitación y el aumento de los nacimientos fuera del matrimonio. En paralelo, las actitudes sociales han evolucionado hacia una mayor aceptación de la diversidad familiar y de la igualdad entre hombres y mujeres. De hecho, la incorporación de las mujeres al empleo, el aumento de los niveles educativos y la expansión de las reivindicaciones feministas han redefinido cambios sustanciales en las trayectorias vitales.

Y, sin embargo, la división sexual del trabajo persiste en los hogares. Ésta se manifiesta especialmente en torno al reparto de las tareas domésticas y de cuidados.  El poderoso cambio en las funciones públicas y laborales de las mujeres no se ha traducido, simultáneamente, en una transformación de su posición en la intimidad. Las mujeres han asumido, en estos treinta años, responsabilidades de apoyo económico, pero con escaso alivio paralelo de sus responsabilidades familiares. Siguen ancladas en su rol de hijas, esposas y madres. Da igual el nivel educativo o que tengan un trabajo a tiempo completo. En todos los tipos de hogares, su presencia en las actividades de reproducción social es mucho mayor que la de los hombres.

Ello ha dado lugar a la reconocida crisis del cuidado, que hace referencia a esa tensión que mencionaba anteriormente entre el empleo, la reproducción humana y los límites que plantean su organización política. Todo ello nos hace reflexionar sobre cómo el trabajo productivo y el reproductivo no son esferas independientes, sino que se encuentran relacionadas y se condicionan mutuamente. A mi entender, afrontar esta crisis exige revisar algunas expectativas arraigadas en el imaginario colectivo: que las familias y, especialmente las mujeres, estarán siempre disponibles para resolver las necesidades de los hogares, sobre todo, las relacionadas con los apoyos y los cuidados. Esta disponibilidad ha tenido costes históricos que se expresan en vidas sacrificadas a través de continuas renuncias o jornadas interminables.

Pero la organización social de los cuidados no es un asunto individual que deba ser resuelto de manera privada. Forma parte de la manera en la que estructuramos a las sociedades y, por lo tanto, apela al sentido colectivo de nuestra interdependencia. No se trata de reorganizar tiempos, jornadas o voluntades que se adapten o encajen con las necesidades de sostener las vidas. Exige una apertura hacia nuevos recursos, valores y formas afectivas que sitúen en el centro aquello que suele permanecer en los márgenes.

Después de treinta años de transformación sigue estando pendiente que sepamos convivir con igualdad y que asumamos que la supervivencia depende de la disponibilidad de otras personas para proporcionarnos bienestar. Ojalá que el Informe Foessa de dentro de tres décadas esté dedicado a examinar las dimensiones que han hecho posible ese cambio.

 

Número 24, 2026
Acción social

La acción social y caritativa como elemento democratizador

Sergio Leopoldo. Trabajador Social y Técnico especialista en proyectos del Área de Transformación e Innovación. Cáritas Diocesana de Madrid.

 

Introducción

Hace casi dieciocho años, cuando era un estudiante primerizo de Trabajo Social, un profesor pronunció unas palabras sobre la identidad y la misión de las trabajadoras sociales que, desde aquel instante, quedaron grabadas en mi mente y, lo que es más importante, orientaron y resignificaron profundamente mi manera de comprender nuestra disciplina y el ejercicio profesional:

Es un democratizador– dijo, con una convicción y vehemencia que aún hoy recuerdo con nitidez.

Desde entonces, esa afirmación ha funcionado como un faro interpretativo que ha ido adquiriendo nuevos significados a lo largo de mi trayectoria vital y profesional. Hoy, desde mi ejercicio en Cáritas Diocesana de Madrid, sigue resonando con fuerza y me ayuda a comprender el sentido de la acción social y caritativa desde una perspectiva más amplia, holística e integradora.

Una mirada que busca profundizar en la misión real, que desea ir más allá de una concepción vinculada meramente al acompañamiento directo a las personas en situación de vulnerabilidad (sin obviar lo esencial de este), para poner el foco en aquellos elementos que, como señalaba mi buen profesor, democratizan: la promoción efectiva de los Derechos Humanos, la defensa de la dignidad humana y la construcción del bien común. En definitiva, la apuesta por una sociedad más justa, participativa, inclusiva y verdaderamente democrática.

Democratizar, desde la acción social y caritativa, es mucho más que defender derechos en abstracto: es encarnar la dignidad humana en lo concreto de las vidas heridas, generar vínculos de fraternidad y posibilitar que cada persona sea reconocida como sujeto pleno, capaz de participar a nivel social, político y comunitario, contribuyendo así al bien común. Democratizar es poner en práctica la opción preferencial por las personas empobrecidas y excluidas, no solo a través de la atención y el acompañamiento social, sino promoviendo procesos de justicia social, corresponsabilidad y transformación social.

En este horizonte, la acción social y caritativa revela su misión profundamente democratizadora, llamada no solo a aliviar el sufrimiento inmediato, sino a transformar las estructuras que lo generan y a construir comunidad desde la lógica del encuentro, el cuidado, la solidaridad y el servicio, anticipando así una sociedad más justa, fraterna y coherente con el proyecto del Reino.

 

Caridad política y democratización

 La Caridad también es política y supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista: «La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no sólo individualmente, sino también en la dimensión social que las une» [Fratelli tutti, 182].

Desde este paradigma, la acción sociocaritativa queda intrínsecamente ligada a la misión democratizadora. Este vínculo indisoluble exige un posicionamiento ético ante las desigualdades estructurales, situando a las instituciones que la ejercen del lado de quienes ven vulnerados su dignidad y sus derechos: la Caridad no existe sin la Justicia [Caritas in veritate, 6].

Cuando una institución como Cáritas acoge, atiende y acompaña a una persona o familia en situación de vulnerabilidad, no se trata de una cuestión meramente operativa. Esa acción señala la injusticia existente desde una opción preferencial y real por quienes la sufren y, de manera ineludible, debe ampliarse y complementarse con un mensaje claro dirigido a quienes ejercen esa altísima vocación, en palabras de Francisco, de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social [Fratelli tutti, 180].

 La Caridad, en su dimensión política y democratizadora, tiene el deber de contribuir a generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos [Fratelli tutti, 180] y a la búsqueda de la verdad como elemento esencial para la democracia, que es en sí misma un instrumento de participación en el bien común [Magnifica Humanitas, 134]. Solo así, la acción social y caritativa, en sus múltiples formas y carismas, podrá ejercer plenamente su vocación transformadora y constituirse como un auténtico motor de democratización y de transformación social al servicio del bien común.

 

Más allá de la acción: derechos, vínculos y comunidad

 La dimensión democratizadora puede y debe representarse en la práctica cotidiana de las organizaciones, orientada no solo al qué hacer, sino al cómo y el para qué se hace. Retomando la idea del apartado anterior, un proceso de acompañamiento social en Cáritas refleja un propósito de promoción individual (en términos de mejora de las condiciones de vida e integración social) y un proyecto de transformación social. Para incidir de manera plena en este aspecto, es fundamental comprender y ejercer la acción social y caritativa desde una triple mirada; derechos, vínculos y comunidad:

  • La centralidad de los Derechos Humanos como horizonte de acompañamiento: pasar del ayudar al restituir derechos. Retomando la anécdota que da origen a esta reflexión, si democratizar, como me transmitió mi buen profesor, implica dar o devolver poder al pueblo, esto es, hacer accesible a la sociedad algo que antes era restringido, entonces el acompañamiento y la intervención cotidiana deben incorporar de manera imprescindible el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH).
  • Donde se tejen vínculos, la exclusión es reversible [FOESSA, 2025]. Cuando la vida se vuelve dolorosa, no hay nada que proteja o sostenga más que la familia, las amistades, las relaciones de apoyo significativas… El capital social y relacional, como se suele conceptualizar desde el ámbito académico, es otro elemento irrenunciable e indisoluble de la intervención concreta si pretendemos ser significativos y verdaderamente democratizadores.
  • Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante [Fratelli tutti, 8]. La comunidad es el agente principal que permite vehicular la democratización. Las grandes conquistas humanas y sociales se han construido desde lo colectivo. Allí donde la sociedad civil (asociaciones, parroquias, comunidades, barrios…) se organiza para resolver cuestiones que nos afectan a todas las personas, allí donde el encuentro humano se traduce en apoyo comunitario, la democratización deja de ser una utopía, y se hace real.

 

Democratizar desde lo cotidiano: sentido, límites y esperanza

Hablar de democratización desde la acción social y caritativa obliga a aterrizar el discurso en lo cotidiano. No se trata únicamente del posicionamiento ético-político o de grandes transformaciones estructurales (aunque sean necesarias y urgentes), sino de la coherencia diaria entre valores, prácticas y relaciones. Democratizar comienza en el sentido que le impregnamos a lo qué hacemos: cómo miramos la realidad, cómo escuchamos y acogemos el relato doloroso, cómo nos vinculamos con quienes acompañamos, cómo se toman las decisiones, cómo se ejerce y se comparte el poder… En definitiva, cómo se reconoce la voz y la dignidad del otro.

Este horizonte no está exento de matices, límites y obstáculos; algunos de ellos fruto de nuestras propias dinámicas institucionales. La acción social y caritativa se desarrolla en un contexto de desigualdades persistentes, recursos escasos y marcos estructurales que, en ocasiones, desbordan la capacidad de respuesta de las organizaciones y los agentes implicados. Existe el riesgo de caer en la frustración y el pesimismo, de reducir nuestra misión a lo asistencial y la gestión, diluyendo el sentido transformador de la intervención. Reconocer estos límites no implica renunciar al propósito profundo, sino asumirlo con humildad, realismo y una ética del cuidado también hacia quienes hacen que la acción social y caritativa sea posible.

Democratizar desde lo cotidiano exige, por tanto, una doble fidelidad: a las personas concretas, con sus historias, tiempos y procesos, y a un horizonte de justicia social que trasciende el acompañamiento individual. Es en esta tensión fecunda donde la acción social y caritativa encuentra su lugar propio y prioritario; no como sustituto de la responsabilidad social de los poderes públicos (la subsidiariedad es parte de nuestra identidad) ni como mera respuesta paliativa, sino como conciencia social crítica y espacio de participación que promueva formas de relación más justas, fraternas y humanas.

En este camino, la esperanza no es ingenuidad ni consuelo fácil; es una opción ética y política. Esperanza es creer que cada proceso de acompañamiento digno puede abrir posibilidades nuevas, que cada vínculo restaurado tiene un efecto democratizador, que cada comunidad que se fortalece amplía el espacio del bien común. Desde esta perspectiva, la acción social y caritativa se convierte en una profecía esperanzadora: anuncia y anticipa una sociedad donde nadie quede fuera, donde la dignidad no sea un privilegio y donde la democracia se viva no solo como sistema político, sino como cultura del encuentro y de la corresponsabilidad.

Entendida y vivida así, la acción social y caritativa no solo responde a la urgencia del dolor, sino que impulsa un cambio profundo: da sentido, persigue una meta y genera ciudadanía y comunidades comprometidas. No solo acompaña procesos personales, sino que ayuda a construir una sociedad más justa, participativa y humana. Democratizar, en definitiva, es seguir creyendo (y practicando) que, aunque sea a través de cosas chiquititas, la realidad es transformable [Galeano, 1989], que otra forma de vivir juntos no solo es posible, sino necesaria.

 

Referencias bibliográficas

  • Benedicto XVI. (2009). Caritas in veritate. Carta encíclica del Sumo Pontífice Benedicto XVI sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad.
  • FLORES MARTOS, R. (coord.) (2025). IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Resumen Madrid: Cáritas Española; Fundación FOESSA, 128 p. https://www.caritas.es/main-files/uploads/2025/10/IX-Informe-FOESSA-resumen.pdf
  • (2020). Fratelli tutti. Carta encíclica Fratelli tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social.
  • Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
  • Galeano, E. (1989). El libro de los abrazos. Siglo XXI Editores.
  • Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Enfoque para la programación basado en los Derechos Humanos. GNUDS | Enfoque basado en los Derechos Humanos.
  • León XIV. (2026). Magnifica humanitas: Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial.
  • Vidal, F. (2009). Pan y Rosas: Fundamentos de Exclusión Social y Empoderamiento. Madrid: Cáritas Española; Fundación FOESSA.

 

Número 24, 2026
Ciencia social

La pobreza también se paga a plazos

Héctor Fernández Bonilla. Técnico de Vivienda, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Maçanet de la Selva

 

1. Introducción

El acceso a una vivienda asequible constituye un avance fundamental para las familias que han atravesado exclusión residencial, endeudamiento o riesgo de pérdida de vivienda. Sin embargo, pagar una renta reducida no equivale automáticamente a vivir con estabilidad. Después del alquiler continúan los suministros, la alimentación, el transporte, la farmacia, los gastos escolares, las deudas y los imprevistos. En ese contexto, pequeñas cuotas mensuales pueden adquirir una importancia que resulta difícil percibir desde fuera.

Entre estos pagos aparecen tarifas sobredimensionadas, financiaciones, seguros poco revisados, compras aplazadas, suscripciones o determinados servicios domésticos. La cuestión no es calificarlos de irresponsables ni explicar la pobreza mediante decisiones individuales. La pobreza posee causas estructurales, laborales y residenciales. No obstante, analizar los gastos recurrentes permite comprender cómo algunos pagos aparentemente asumibles estrechan todavía más presupuestos ya muy frágiles.

El objetivo de este artículo es proponer una lectura social y ética de ese fenómeno. Se denomina microprima de pobreza al conjunto de pequeños costes recurrentes que, sin causar la pobreza, pesan de manera desproporcionada sobre quienes disponen de menos margen económico. La propuesta parte de la práctica profesional y busca orientar formas de acompañamiento que aumenten la información y la capacidad de decisión sin fiscalizar la vida de las familias.

 

2. Alquiler social y vulnerabilidad persistente

La vivienda digna no consiste únicamente en disponer de un techo. Implica seguridad, suministros básicos, condiciones materiales adecuadas y posibilidad real de organizar la vida cotidiana sin permanecer en una urgencia económica constante. Por ello, el derecho a la vivienda debe incluir no solo el acceso, sino también la capacidad efectiva de sostenerla.1

Una familia puede disponer de alquiler social y seguir viviendo con miedo al recibo, retrasos de pago, pobreza energética o imposibilidad de afrontar una avería. El seguimiento profesional no debería terminar con la adjudicación de la vivienda. También debe atender a ingresos, endeudamiento, contratos, suministros y capacidad de planificación. La pregunta relevante no es solo cuánto paga la familia por la vivienda, sino qué margen real le queda para vivir después de pagarla.

 

3. La microprima de pobreza

La literatura sobre la poverty premium ha mostrado que los hogares con bajos ingresos pueden terminar pagando más por bienes y servicios esenciales debido a peores condiciones contractuales, financiación más cara, barreras de acceso o falta de alternativas. La microprima de pobreza traslada ese marco a la escala cotidiana del presupuesto doméstico.2

Una cuota de 20 o 30 euros parece pequeña cuando se observa aisladamente. Sin embargo, en un hogar vulnerable compite con alimentación, farmacia, transporte, material escolar o recibos atrasados. Cuando varias cuotas se acumulan, forman una estructura fija de pagos que reduce la flexibilidad económica y aumenta la exposición a cualquier imprevisto.

El ejemplo de los servicios domésticos de agua embotellada o dispensadores permite verlo con claridad. Un coste de 28 euros mensuales equivale a 336 euros anuales. La contratación puede responder a mal sabor percibido, preocupación por la salud, dificultad para cargar garrafas o deseo de cuidar mejor a los hijos. Por tanto, no debe tratarse como un simple capricho. El análisis profesional debe comprender la función del gasto y, al mismo tiempo, hacer visible su impacto acumulado.

 

4. Decidir bajo escasez y vulnerabilidad comercial

Vivir con escasez no significa únicamente tener menos dinero. Significa disponer de menos margen para equivocarse, afrontar más urgencias y tomar decisiones bajo una carga mental constante. Una cuota se percibe como 28 euros al mes, no necesariamente como 336 euros al año. La fragmentación del precio reduce la visibilidad del coste total y favorece decisiones centradas en el alivio inmediato.

Esta situación se agrava cuando existe desigualdad de información. La empresa conoce la permanencia, las condiciones contractuales y el coste real; la familia puede fijarse en la cuota y en la promesa de comodidad, salud o seguridad. Reconocer vulnerabilidad comercial no supone afirmar que toda empresa actúe de mala fe, sino aceptar que no todas las personas consumidoras deciden con el mismo tiempo, información, competencias digitales o capacidad de comparación.3

Desde una autonomía situada, la elección sigue perteneciendo a la familia, pero debe valorarse dentro de sus condiciones reales. No basta con afirmar que una persona ha elegido. Es necesario preguntarse qué información tenía, qué presión soportaba y qué alternativas estaban verdaderamente disponibles.3

 

5. Consumo de dignidad

Uno de los mayores riesgos consiste en convertir la revisión económica en una evaluación moral de la pobreza. Las familias vulnerables no son únicamente unidades presupuestarias. Intentan cuidar a sus hijos, evitar el estigma, sostener rutinas y participar de una vida social normalizada.

Algunos consumos aparentemente prescindibles cumplen una función simbólica: permiten sentir que la casa está cuidada, que los hijos también pueden disfrutar de algo o que no toda la vida está marcada por la carencia. Esta dimensión puede denominarse consumo de dignidad. Reconocerla no obliga a ignorar el coste del gasto; obliga a abordarlo sin humillación ni superioridad moral.

La pregunta profesional no debería ser ¿por qué gastas en esto si tienes pocos ingresos?, sino ¿qué función cumple este gasto y qué impacto tiene sobre vuestra economía? El cambio de formulación permite deliberar sobre consecuencias sin reducir a la familia a sus decisiones de consumo.4

 

6. Implicaciones para el acompañamiento social

Incorporar los microgastos al acompañamiento no significa controlar. Significa ampliar la información disponible para que la familia pueda decidir con mayor autonomía. Una revisión práctica puede incluir cuotas de telefonía, internet, seguros, financiación, compras aplazadas, suscripciones y otros pagos recurrentes.

Una herramienta sencilla consiste en traducir cada cuota mensual a coste anual. También resulta útil revisar permanencias, renovaciones automáticas y alternativas reales. En determinados casos, el apoyo profesional puede facilitar una baja, una renegociación o la comprensión de un contrato. La intervención debe preguntar antes de proponer, porque no todas las alternativas son viables para todas las familias.

La educación financiera en contextos de vulnerabilidad no debería enseñar a gastar bien desde una posición paternalista. Debe ayudar a calcular, comparar, priorizar y anticipar. El objetivo no es reducir gastos por reducirlos, sino liberar margen para sostener la vivienda, prevenir nuevas deudas y disminuir el estrés económico.

 

Conclusión

Los pequeños pagos recurrentes no explican la pobreza, pero pueden endurecerla cuando se insertan en economías sin capacidad de absorción. La microprima de pobreza permite nombrar ese efecto acumulativo y desplazar el análisis desde la culpabilización hacia las condiciones concretas en las que se decide.

Garantizar una vivienda digna no consiste únicamente en reducir el alquiler. También implica que la familia pueda sostener la vida cotidiana sin que una sucesión de cuotas amenace continuamente su equilibrio. El acompañamiento social puede contribuir a ello haciendo visibles los costes, equilibrando la información y ampliando el margen de decisión, siempre desde el respeto a la autonomía y a la dignidad.

 

Notas y referencias

  1. Arrondo Segovia, M. y Bosch Meda, J. La exclusión residencial en España. VIII Informe FOESSA, documento de trabajo 3.3. Fundación FOESSA, 2019; Cruz Roja Española. La vulnerabilidad asociada al ámbito de la vivienda y pobreza energética en la población atendida por Cruz Roja. Boletín sobre Vulnerabilidad Social, n.º 17, 2018.
  2. Davies, S.; Finney, A. y Hartfree, Y. The Poverty Premium: When Low-Income Households Pay More for Essential Goods and Services. University of Bristol, 2016.
  3. Feito Grande, L. Vulnerabilidad. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, vol. 30, suplemento 3, 2007; págs. 7-22.
  4. Gracia Guillén, D. La deliberación moral: el método de la ética clínica. Triacastela, 2011.

 

Número 24, 2026
En marcha

Cuando cuidar no es incluir. Dependencia, derechos e integración social

Agustín Huete García. INICO. Universidad de Salamanca.

 

Los sistemas de cuidados de larga duración constituyen una de las transformaciones más importantes de las políticas sociales de las últimas décadas. En muchos países han supuesto el reconocimiento de un derecho a recibir apoyos cuando una persona necesita ayuda para desarrollar su vida cotidiana.

Este avance ha ampliado de forma notable la protección social, pero también plantea una cuestión de fondo. ¿Hasta qué punto los sistemas de cuidados están contribuyendo a garantizar no solo atención y apoyo, sino también integración social, participación y vida en comunidad?

Responder a esta pregunta exige situar la dependencia en el marco más amplio de los derechos de las personas con discapacidad y analizar en qué medida los cuidados actúan como instrumento para sostener proyectos de vida plenamente integrados en la sociedad.

 

Dependencia, discapacidad y derechos

La dependencia puede entenderse como una expresión concreta de discapacidad. No toda discapacidad genera dependencia, pero toda dependencia implica la necesidad de apoyos para desarrollar actividades esenciales de la vida cotidiana y sostener la autonomía personal. Desde esta perspectiva, los cuidados no constituyen un ámbito ajeno al de la discapacidad, sino una respuesta instrumental orientada a garantizar los derechos de todas las personas, independientemente de su capacidad funcional.

En las últimas décadas, la comprensión de la discapacidad ha experimentado un cambio profundo. El foco se ha desplazado desde las limitaciones individuales hacia la interacción entre la persona y el entorno, situando en el centro la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación social. Este giro encuentra su formulación más sólida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas, 2006), que reconoce la dignidad, la autonomía individual y el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

Este cambio paradigmático ha tenido traducción normativa importante sobre el diseño universal, los apoyos para la vida en entornos normalizados, la eliminación de barreras, la participación activa y la transformación del contexto. De esta forma, el bienestar no se reduce a recibir cuidados, sino que incluye la posibilidad de participar en la comunidad y mantener relaciones significativas con otras personas (Laparra et al., 2007).

La discapacidad es, entendida, así como una forma de discriminación equiparable a la de género, clase social o etnia (Berry, 1997). De la misma forma en la que se ha descrito el machismo o el racismo, se puede explicar el capacitismo como construcciones sociales heredadas de generación a generación, cuya eliminación no consiste únicamente en recibir atención o protección, supone fortalecer la presencia efectiva en los espacios comunitarios y el reconocimiento del valor de todas las personas.

 

Atención a la dependencia e inclusión social

El reconocimiento de un derecho subjetivo a los cuidados representa un avance indudable en la protección social, sin embargo, la provisión de cuidados no garantiza por sí misma mayores niveles de inclusión social. Un sistema puede atender adecuadamente necesidades básicas de apoyo y, al mismo tiempo, mantener a las personas alejadas de los espacios ordinarios de participación.

Esta tensión refleja la coexistencia de dos lógicas diferentes. El modelo social de la discapacidad sitúa el foco en la autonomía, la vida independiente y la transformación de la comunidad. El enfoque asistencial, en cambio, organiza la respuesta en torno a la atención, la protección y la gestión de necesidades de cuidado. No se trata de perspectivas incompatibles, pero tampoco son fácilmente conciliables.

Con frecuencia, los sistemas de cuidados se desarrollan a partir de servicios concebidos originalmente para atender situaciones de dependencia asociadas al envejecimiento. Esa orientación inicial deja una huella duradera en su funcionamiento. La dependencia tiende a traducirse en un catálogo de servicios mayoritariamente asistenciales, mientras que los apoyos más estrechamente vinculados con la vida independiente y la participación comunitaria ocupan un lugar marginal.

En la práctica, buena parte de los apoyos se organizan en torno a cuatro respuestas principales: atención en el hogar, centros de día, atención residencial y prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (Ley 39/2006). Estos recursos son imprescindibles, pero su diseño (y sobre todo su materialización) puede favorecer dos formas de confinamiento: por un lado, confinamiento domiciliario cuando la respuesta se limita a sostener la permanencia en casa sin ampliar las oportunidades de participación social. Por otro, confinamiento institucional cuando la residencia se convierte en una solución no abierta a la comunidad.

De este modo, la promoción de la autonomía tiende a quedar vinculada al espacio doméstico y al desempeño de actividades básicas de la vida diaria, sin embargo, la vida independiente no se agota en el autocuidado, e implica la posibilidad real de decidir dónde y con quién vivir, participar en la comunidad y desarrollar un proyecto vital propio.

Aunque muchos sistemas incluyen formalmente servicios destinados a promover la autonomía personal, su desarrollo efectivo suele ser limitado. En España, por ejemplo, la prestación de asistencia personal representa solo una fracción muy reducida del total de prestaciones del sistema (IMSERSO, 2025). Resulta difícil hablar de un despliegue real de la vida independiente cuando el instrumento más claramente alineado con ese enfoque mantiene un carácter residual.

Esta cuestión se refleja también en la forma en que se evalúan los sistemas – generalmente mediante indicadores de personas atendidas, tiempos de espera o intensidad de prestaciones- que raramente permiten analizar hasta qué punto los apoyos prestados amplían la autonomía, fortalecen las redes sociales, o aumentan las oportunidades de integración. Sin esta información resulta difícil valorar en qué medida el sistema de dependencia está contribuyendo a sostener proyectos de vida plenamente incluidos en la comunidad.

 

Cuidar para vivir en comunidad

Los cuidados no son un fin en sí mismos, sino una herramienta instrumental destinada a sostener el ejercicio efectivo de derechos, la participación y el proyecto vital de las personas que precisan apoyos intensos. Situar la dependencia dentro del marco conceptual de la discapacidad la reubica en el terreno de la ciudadanía y los derechos.

El reconocimiento jurídico del derecho es una condición necesaria, pero no suficiente. Un derecho social exige una cartera clara y diversa de prestaciones y servicios, financiación suficiente y sostenida, acceso homogéneo y equitativo, procedimientos accesibles, garantías de calidad, coordinación institucional y evaluación de resultados en términos de inclusión y calidad de vida. Pero, sobre todo, requiere pararse a pensar en qué medida los recursos se están aplicando en beneficio de una inclusión social efectiva.

La experiencia acumulada muestra que los sistemas de cuidados pueden ampliar la cobertura sin modificar de manera sustantiva el modelo de apoyos. Cuando la dependencia se formula principalmente como necesidad permanente de cuidados y se traduce en un catálogo dominado por servicios asistenciales, se consolida una brecha entre el estándar normativo de vida independiente e inclusión en la comunidad y un modelo operativo centrado en la atención.

El diseño institucional importa: si el catálogo se estructura principalmente en torno al hogar, el centro de día y la residencia, el modelo tenderá a organizar la vida al interior de esos espacios. Aún en un contexto de graves restricciones presupuestarias, los sistemas pueden mantener intacta la arquitectura formal, generando una apariencia de éxito (Huete García, 2015). La arquitectura administrativa no es neutra: procedimientos complejos y tiempos prolongados dificultan el ejercicio efectivo del derecho, y, si no se evalúan resultados en términos de autonomía e inclusión, el sistema tenderá a medirse por el volumen de prestaciones y no por la ampliación real de oportunidades.

El problema no es sólo conceptual sino institucional: mientras el campo de la discapacidad ha incorporado con claridad el lenguaje de derechos y ciudadanía, los sistemas de cuidados han tendido a permanecer más anclados en lógicas asistenciales y mercantiles. Desde esta perspectiva, los cuidados se convierten en un fin en sí mismos, no en un medio para sostener la autonomía, la dignidad y la participación de las personas que necesitan apoyos para desarrollar proyectos de vida.

 

Bibliografía

Berry, J. W. (1997). « Immigration, acculturation, and adaptation ». Applied Psychology: An International Review, 46(1), 5–34.

Huete García, A. (2015). “El impacto de la LAPAD en el movimiento asociativo de la discapacidad”. Documentación Social, 177, 151–170.

Instituto de Mayores y Servicios Sociales. (IMSERSO). (2025). Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Estadísticas. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Laparra, M., Obradors, A., Pérez Eransus, B., Pérez Yruela, M., Renes, V., Sarasa, S., Subirats, J., & Trujillo, M. (2007). “Una propuesta de consenso sobre el concepto de exclusión: Implicaciones metodológicas”. Revista Española del Tercer Sector, 5, 15–58.

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Boletín Oficial del Estado, 299, 44142–44156.

Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ONU.

 

Número 24, 2026
Del dato a la acción

Vivienda compartida, derechos fragmentados

Thomas Ubrich. Comité técnico Fundación FOESSA

 

En 2025, 266.435 personas atendidas por Cáritas vivían en habitaciones realquiladas o subarrendadas: casi una de cada cuatro personas atendidas. El dato no constituye una estimación del conjunto de España ni permite calcular cuántas personas se encuentran en esta situación en nuestro país. Refleja, sin embargo, una realidad de una magnitud difícil de ignorar entre la población en situación de vulnerabilidad acompañada por Cáritas.

El realquiler de habitaciones se ha convertido así en un fenómeno plenamente visible para la acción social. Durante mucho tiempo, compartir piso y alquilar una habitación estuvo asociado principalmente a determinadas etapas vitales, como los años de estudio, y se entendía como una fórmula generalmente temporal. Hoy, para muchas personas y familias, responde a una lógica muy distinta: es una estrategia de supervivencia residencial ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en el mercado ordinario.

No es el hecho de compartir vivienda lo que genera exclusión. El problema aparece cuando se hace por necesidad, sin alternativas y en condiciones de informalidad, inseguridad jurídica, hacinamiento o ausencia de garantías mínimas. Familias enteras pueden verse obligadas a desarrollar su vida cotidiana en una sola habitación y a compartir el resto de la vivienda con personas desconocidas. En función de sus condiciones concretas, algunas de estas situaciones pueden encajar en las categorías de vivienda insegura o inadecuada de la clasificación ETHOS de FEANTSA.

El realquiler cumple, además, una función paradójica: puede evitar situaciones extremas de sinhogarismo, especialmente la vida en la calle, pero está lejos de garantizar un hogar. Tener un techo no implica disponer de estabilidad, intimidad, seguridad en la tenencia o capacidad para construir un proyecto de vida.

Esta realidad plantea un reto también para la intervención social. ¿Estamos acompañando situaciones transitorias o gestionando una precariedad residencial que se está cronificando? Regular determinados aspectos del subarriendo podría ofrecer mayor protección frente a abusos, pero no debería convertir esta fórmula en una respuesta estructural y aceptable a la exclusión residencial.

La intervención requiere actuar en dos planos. En el inmediato, detectar abusos, reforzar el acompañamiento jurídico y social y garantizar alternativas ante situaciones de especial vulnerabilidad. En el estructural, ampliar el acceso a vivienda adecuada y estable y evitar que los recursos sociales terminen adaptándose indefinidamente a un mercado residencial excluyente.

El reto no es proporcionar simplemente un techo. Es garantizar el derecho a un hogar.

 

Para ampliar la lectura y la reflexión sobre esta realidad social y su contexto más amplio, se recomienda consultar el informe Análisis y Perspectivas 2026, elaborado por el Comité Técnico de la Fundación FOESSA. En particular, el capítulo 4. Subarriendo informal de habitaciones: nueva forma de exclusión residencial y social que incorpora la contribución del Observatorio Cáritas Cataluña (Miriam Feu, Caye Gómez, Josep Maymí, Guillermo Oteros y Marina Pous).

 

Número 24, 2026
Sin palabras

Equilibrios frágiles

Pepe Montalvá. Laico escolapio / Tipógrafo, fotógrafo y diseñador

Puedes encontrar a Pepe en Instagram

 

 

La ilustración representa una sociedad construida sobre equilibrios frágiles. Viviendas precarias, espacios superpuestos y personas que los habitan reflejan las fracturas que denuncia FOESSA: precariedad laboral, desigualdad y dificultades para acceder a una vivienda digna. Un hogar que debería sostener la vida se convierte, para muchos, en factor de exclusión. Un panorama donde los más pequeños observan, impávidos, sin ser conscientes de las dificultades a las que se enfrentarán en un futuro.

 

Número 24, 2026
Documentación

Una sola salud: la Plataforma One Health

Raúl Flores Martos. Coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española y Secretario Técnico de la Fundación FOESSA

 

La pandemia de COVID 19 nos dejó una lección que corremos el riesgo de olvidar. Un virus que saltó de los animales a las personas puso en jaque los sistemas sanitarios, paralizó la economía y golpeó con más fuerza a quienes ya estaban en los márgenes. Fue la prueba de que vivimos en un sistema de interdependencias. Esa intuición tiene nombre: One Health, Una Sola Salud.

Qué es y qué persigue

La Plataforma One Health nació en noviembre de 2021. Hoy reúne a más de 120 entidades: consejos de profesiones sanitarias, universidades, sociedades científicas, fundaciones, empresas y organizaciones sociales.

Su objetivo es promover una gobernanza para la salud, de modo que la salud oriente también las decisiones sobre vivienda, urbanismo, alimentación, energía o medio ambiente. Para ello impulsa este enfoque en todo el Estado, dialoga con quienes toman decisiones, lo divulga entre la ciudadanía, favorece la colaboración entre disciplinas y elabora documentos de consenso.

El III Congreso: One Health en acción

Los días 27, 28 y 29 de mayo de 2026, el Instituto de Salud Carlos III acogió en Majadahonda (Madrid) el III Congreso Nacional One Health, bajo el lema One Health en acción: conectando ideas, personas y soluciones.

Su aportación central fue la Guía de implementación del enfoque One Health en las políticas públicas, elaborada con participación del tercer sector. Parte de que la salud humana depende de la salud animal, de la ambiental y de los determinantes sociales, y propone cuatro líneas de actuación:

  • Reforzar la gobernanza y el marco institucional para que los distintos sectores decidan de forma coordinada.
  • Desarrollar sistemas de vigilancia ecosistémica y de salud pública preventiva.
  • Incorporar los determinantes sociales a las políticas de salud.
  • Impulsar la educación, la investigación y la generación de evidencia.

El código postal como predictor de salud

Cáritas Española participó en la mesa dedicada a los determinantes sociales y ambientales. Su aportación partió de una idea: la exclusión es multidimensional, y el lugar donde vivimos y la forma en que vivimos determinan cuánto vivimos.

El V Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía constata hasta 8,8 años de diferencia en la esperanza de vida entre barrios ricos y pobres de una misma ciudad. En Sevilla, quien vive en Santa Clara tiene una esperanza de vida similar a la de Japón; quien vive en el Polígono Norte, comparable a la de Corea del Norte.

La desigualdad también marca cómo vivimos. La precariedad laboral se asocia a una mayor prevalencia de depresión, y la infancia no escapa a este gradiente. Un estudio de Carrilero, Dalmau-Bueno y García-Altés sobre la población menor de 15 años en Cataluña encontró desigualdad socioeconómica en 25 de las 29 patologías analizadas: a menor renta, mayor probabilidad de enfermar, hasta el doble en casos como la obesidad o la tuberculosis. Igualar su morbilidad a la de las familias de renta media alta evitaría unos 155.000 procesos de enfermedad.

De ahí una propuesta concreta: invertir en las primeras etapas de la vida. Veinte de los veintisiete países de la Unión Europea cuentan con una prestación universal por crianza que reduce la pobreza infantil. España sigue sin tenerla.

Mirar la realidad con ojos de Una Sola Salud

One Health nos invita a sumar al análisis de la exclusión una dimensión que suele quedar en la periferia: el entorno. La vivienda con humedades que enferma, la pobreza energética que convierte el calor en un riesgo vital, los barrios con menos verde y más contaminación. Los riesgos ambientales no se reparten por igual.

El ecosistema no es el decorado: es el conector. Laudato si’ lo expresó con claridad al afirmar que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental.

Proponer desde Una Sola Salud

Esta mirada es imprescindible para transformar. Las políticas de vivienda, empleo o energía son políticas de salud. Necesitamos datos que crucen variables sociales, sanitarias y ambientales en el territorio, junto con la voz del tercer sector y de las comunidades afectadas.

Reducir la desigualdad no es solo un imperativo ético. Es una estrategia de sostenibilidad de la vida y del propio Estado de bienestar: cada euro invertido en vivienda, empleo o protección a la infancia ahorra costes muy superiores al final del circuito, en los hospitales.

One Health no es una etiqueta técnica. Es una forma de mirar que nos recuerda que nadie se salva solo y que cuidar a las personas, a la comunidad y a la casa común es una misma tarea.

Más información: onehealthplataforma.es

Referencia

Carrilero, N., Dalmau-Bueno, A. y García-Altés, A. (2021). Socioeconomic inequalities in 29 childhood diseases: evidence from a 1,500,000 children population retrospective study. BMC Public Health, 21, 1150. https://doi.org/10.1186/s12889-021-11230-9

 

 

Número 24, 2026
Conversamos

Proceso de participación para el cambio y la esperanza

Puedes escuchar la conversación con Ana Abril en Youtube, iVoox y Spotify.

 

 

Número 24, 2026