La crisis y reconfiguración del sistema de cooperación internacional
Por Víctor Genina y David Pardaillan
Ver másPor Ana Cristina García
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Palabras clave: cooperación internacional, Ayuda Humanitaria, Cáritas, desarrollo humano, financiación internacional
Dr. Víctor Genina. Director de Desarrollo Humano Integral en Caritas Internationalis
David Pardaillan. CEO en Geostrategic Dynamics
La crisis de la cooperación internacional, marcada por recortes y tensiones geopolíticas, desafía la ayuda humanitaria. Cáritas afronta este reto uniendo la respuesta de emergencia y el desarrollo humano integral.
El sistema de cooperación internacional atraviesa la transformación más profunda desde la creación del régimen de ayuda al desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial. La conjunción de un repliegue unilateral sin precedentes por parte de los Estados Unidos, una reorientación estratégica de Europa hacia el gasto en defensa, y un shock macroeconómico global precipitado por la guerra en Oriente Medio ha configurado lo que los organismos multilaterales califican como una tormenta perfecta que nos aleja cada vez más de la consecución de los ODS y, a los donantes, del compromiso de asignar el 0,7% del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)[1]. Ésta experimentó en 2025 su mayor contracción anual registrada (un 23,3%)[2] y las proyecciones para 2026 apuntan a un tercer año consecutivo de caída, hasta situarse en su nivel más bajo desde 2014[3]. Este artículo analiza las dimensiones estructurales de esta crisis, sus dinámicas geopolíticas y las implicaciones directas para las organizaciones que operan sobre el terreno, con especial atención al papel de la Confederación Caritas.
El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que suspendía durante noventa días toda la actividad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Lo que comenzó como una revisión administrativa derivó en la demolición sistemática de la agencia de desarrollo más grande del mundo. En marzo de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la cancelación oficial del 83% de los programas de USAID (aproximadamente 5.200 de los 6.200 existentes) tras una revisión de seis semanas[4]. El 1 de julio de 2025, USAID fue disuelta definitivamente como agencia independiente, y sus funciones residuales fueron absorbidas por el Departamento de Estado.
El impacto cuantitativo de esta decisión es difícil de exagerar. La AOD estadounidense cayó un 56,9% en 2025, la mayor reducción registrada por cualquier donante en un solo año. En términos absolutos, el gasto humanitario de Estados Unidos pasó de más de 14.000 millones de dólares en 2024 a apenas 3.700 millones en 2025. El cierre de la agencia, paradójicamente, ha tenido un coste propio: el gobierno ha reservado 19.200 millones de dólares para liquidar los más de 4.000 contratos y subvenciones terminados, una cifra que el Congreso ha cuestionado sin obtener explicaciones satisfactorias[5].
Esta retirada no ha sido, sin embargo, absoluta ni permanente. A partir de agosto de 2026, la Administración ha canalizado casi 2.000 millones de dólares hacia programas de salud y asistencia humanitaria, pero lo ha hecho a través de un mecanismo radicalmente distinto: la financiación se dirige primordialmente a organizaciones confesionales (World Vision, Compassion International, Samaritan’s Purse y, en menor medida, Catholic Relief Services, uno de los socios estadounidenses de la Confederación Cáritas) mediante la estrategia America First Global Health Strategy[6]. La ayuda se ha reanudado, sí, pero con condiciones geográficas explícitas (los fondos no pueden destinarse a Afganistán ni a Yemen) y con un énfasis declarado en la salud materno-infantil y la lucha contra enfermedades transmisibles, en detrimento de otros ámbitos como la gobernanza, los derechos humanos o la sociedad civil. El Departamento de Estado ha instruido además a sus embajadas para que presionen a los países receptores a firmar una declaración de comercio en lugar de ayuda (trade over aid) que rechaza explícitamente el papel de Estados Unidos como principal proveedor de asistencia humanitaria en favor de relaciones comerciales que beneficien a las empresas estadounidenses[7].
Europa, que durante décadas se presentó como el pilar más estable y predecible de la cooperación internacional, ha emprendido su propio repliegue, aunque con una secuencia más escalonada y, si se quiere, más silenciosa. La AOD alemana cayó un 17% en 2025; la francesa, un 11%; la británica, un 11%[8]. En términos acumulados, el Reino Unido ha visto reducir su AOD un 45% entre 2020 y 2026; Alemania, un 37% entre 2023 y 2026; y Francia, un 30% en el mismo período. Alemania, que en 2025 se convirtió por primera vez en el mayor donante mundial en términos absolutos con 29 100 millones de dólares, ha confirmado en su presupuesto de 2026 recortes adicionales a la cooperación mientras incrementa su gasto en defensa hasta los 82.700 millones de euros[9].
La Unión Europea, por su parte, ha articulado esta reorientación en el marco financiero plurianual 2028-2034[10]. La propuesta de la Presidencia irlandesa del Consejo, presentada el 10 de octubre de 2026, contempla una reducción del 8% respecto a la propuesta inicial de la Comisión, con un recorte de aproximadamente 38.000 millones de euros en el instrumento Global Europe, que financia la acción exterior, la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. El programa Global Europe perdería un 17% de su dotación, mientras que las partidas de competitividad, investigación y defensa se reducirían en menor proporción. La ayuda humanitaria, con una dotación indicativa de 25.000 millones de euros, se mantiene nominalmente, pero su blindaje dista de estar garantizado en las negociaciones finales[11].
El telón de fondo de esta reconfiguración es el programa ReArm Europe / Readiness 2030, que movilizará hasta 800.000 millones de euros en inversión en defensa durante los próximos años. La lógica que subyace es explícita: ante la amenaza rusa y la creciente volatilidad global, los recursos se redirigen hacia la seguridad nacional. 2026 marca en efecto un giro radical del apoyo al desarrollo hacia el gasto militar. El gasto en defensa alcanza nuevos récords mientras los presupuestos humanitarios se recortan y los fondos se reorientan hacia prioridades políticas más visibles, en un proceso que erosiona silenciosamente la capacidad de Europa para prevenir crisis en las regiones frágiles donde se gestan sus riesgos a largo plazo[12]. Esta priorización no es meramente coyuntural; responde a una redefinición estructural de las prioridades estratégicas europeas que, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), se traducirá en que la AOD europea seguirá cayendo por lo menos hasta 2028[13].
La retirada de los donantes tradicionales habría sido grave por sí sola. Pero su coincidencia con la escalada del conflicto en Asia Occidental, con el cierre de facto del estrecho de Ormuz, ha creado una coyuntura de consecuencias sistémicas. Por ese estrecho transita aproximadamente el 30% del comercio mundial de fertilizantes, y los productores del Golfo figuran entre los principales proveedores de amoníaco y urea. El Banco Mundial estima que los precios de los fertilizantes se han incrementado un 26,2%, con la urea un 49% por encima de los niveles previos al conflicto[14].
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierte que casi 45 millones de personas adicionales podrían caer en inseguridad alimentaria aguda si el conflicto se prolonga y el precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril[15]. ONU Mujeres estima que 11,7 millones de mujeres y niñas adicionales en 28 países podrían verse afectadas por la inseguridad alimentaria antes de finales de 2026[16].
A esta presión sobre los precios de la energía y los alimentos se suma una crisis financiera de proporciones históricas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que el país en desarrollo mediano destina ya aproximadamente el 9,5% de sus ingresos fiscales al pago de intereses de la deuda, la proporción más alta en veinticinco años y más del triple que la de los países de renta alta[17]. Los países en desarrollo deben hacer frente a vencimientos de deuda externa por valor de 400.000 millones de dólares en 2026, con los intereses absorbiendo un tercio de esa cantidad. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que la deuda pública mundial se encuentra en su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial y superará el 100% del PIB global antes de 2030[18].
Uno de los efectos más corrosivos de esta reconfiguración no es tanto la reducción del volumen de recursos como la destrucción de la previsibilidad. Las organizaciones humanitarias y de desarrollo han construido históricamente sus capacidades sobre la base de ciclos de financiación plurianuales que permitían planificar intervenciones, contratar personal cualificado y comprometerse con las comunidades a largo plazo. Ese modelo se ha roto.
El secretario general de Caritas Internationalis, Alistair Dutton, lo ha expresado con una franqueza que resume la situación[19]: Nos están pidiendo que hagamos más con menos. Vamos a hacer menos con menos[20]. La financiación humanitaria internacional ha caído aproximadamente un 30% entre 2022 y 2025, y trece de los veinte mayores donantes recortaron su ayuda en 2025. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha recibido apenas 3.000 millones de dólares de los 8.500 millones que necesita este año (un 32%) y ha perdido 8.000 efectivos desde 2024[21].
La incertidumbre no solo afecta la cantidad, sino la estructura misma de la financiación. La proporción de fondos asignados a proyectos específicos (frente a los fondos no restringidos y flexibles) ha pasado del 19% en 2022 al 51% en 2026. Esto significa que las organizaciones tienen cada vez menos margen para decidir dónde y cómo asignar sus recursos. Como señala Devex, la financiación disponible se tiene que gastar en muy poco tiempo y no hay ninguna certidumbre de que haya continuidad[22].
Esta volatilidad tiene un coste humano directo. El 88% de las organizaciones encuestadas por ONU Mujeres reportaron impactos moderados o graves como resultado de los recortes en 2025, y el 45% dispone de menos de seis meses de financiación operativa[23]. En Chad, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras ha documentado que más de una de cada cinco mujeres embarazadas y lactantes examinadas en los primeros seis meses de 2026 presentaba desnutrición aguda moderada o grave[24].
Ante el vacío dejado por los Estados, ha emergido con fuerza la narrativa de que la filantropía privada puede llenar el hueco. Los datos, sin embargo, desmienten esta expectativa. Entre 2020 y 2023, las contribuciones filantrópicas al desarrollo ascendieron a 68.200 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 10% del volumen de la AOD[25]. Dicho de otro modo: por cada dólar filantrópico, diez dólares provenían de la ayuda pública. La filantropía no puede, ni por escala ni por diseño, sustituir la función redistributiva del Estado.
Más allá de la cuestión cuantitativa, la sustitución por capital privado plantea riesgos estructurales de rendición de cuentas y legitimidad. Como advierte la Alianza para la Rendición de Cuentas Humanitaria en su informe de 2026, cuando el capital privado opera sin mandatos democráticos, sin supervisión parlamentaria y sin mecanismos significativos de participación ciudadana, el resultado es una financiación menos transparente, menos responsable y menos equitativa[26]. Las fundaciones privadas tienen más discrecionalidad para decidir dónde y a quién financian, lo que puede producir una distribución geográfica altamente desigual: algunos países atraen múltiples donantes por su escala o por la facilidad para operar en ellos, mientras otros quedan excluidos no porque sus necesidades sean menores, sino porque no son destinos habituales de la financiación filantrópica.
La OCDE ha subrayado que la filantropía no puede igualar la escala de la AOD, aunque aporta capacidades distintivas como flexibilidad, tolerancia al riesgo y potencial catalítico[27]. El riesgo es que, en ausencia de un marco público robusto, la filantropía se convierta en un instrumento de influencia política y económica al servicio de los intereses de los donantes, profundizando las asimetrías de poder que la cooperación al desarrollo pretendía corregir.
Paradójicamente, la retirada de los donantes tradicionales ha generado una reacción en el Sur Global que merece una lectura matizada. Lejos de la alarma que cabría esperar, algunos líderes africanos han recibido los recortes con una mezcla de resignación y alivio. El presidente de Kenia, William Ruto, ha declarado que África quiere inversión y asociación igualitaria, no ayuda, y ha subrayado que las nuevas relaciones no deben construirse sobre la dependencia, sino sobre la igualdad soberana; no sobre la caridad, sino sobre la inversión mutuamente beneficiosa[28]. El representante permanente de Nigeria ante la ONU, Jimoh Ibrahim, ha ido aún más allá: África es un continente rico que no necesita ayuda de otros continentes para desarrollarse. Lo que necesitamos es comercio, colaboración, cooperación y asociación[29].
Esta postura no es meramente retórica. Refleja una conciencia creciente de que el modelo de ayuda tradicional (con sus condicionalidades, burocracia y asimetrías) ha servido con frecuencia más a los intereses de los donantes que a las necesidades de los receptores. Como documenta el Overseas Development Institute, lejos de lamentar el impacto de los recortes, las reflexiones de los líderes africanos se han centrado en la necesidad de autosuficiencia, y muchos gobiernos han respondido con decisiones presupuestarias concretas: Nigeria incrementó su asignación sanitaria doméstica en doscientos millones de dólares en el plazo de un mes tras el anuncio de los recortes; Ghana eliminó el límite a la parte del impuesto nacional al seguro de salud destinada al sector sanitario ; y Etiopía creó un fondo de respuesta a desastres financiado mediante una nueva contribución fiscal[30]. La Unión Africana ha adoptado resoluciones que describen la esclavitud y el colonialismo como crímenes históricos y reclaman marcos de justicia reparatoria, en un giro discursivo que busca redefinir los términos del compromiso internacional.
Esta reconfiguración de las relaciones Norte-Sur abre oportunidades para modelos de cooperación basados en la reciprocidad y la soberanía, pero también plantea riesgos. La transición hacia la autosuficiencia financiera requiere instituciones sólidas, movilización de recursos domésticos y diversificación económica, condiciones que no todos los países del Sur Global cumplen en la misma medida. El riesgo de que el vacío dejado por los donantes tradicionales sea ocupado por potencias con agendas geopolíticas propias es real y ya se está materializando en forma de acuerdos bilaterales de carácter transaccional, con limitado impacto en mejoras estructurales que beneficien a las poblaciones.
La crisis de la cooperación internacional no es solo financiera; es también una crisis de transparencia y de legalidad. La retirada de USAID ha estado marcada por una opacidad deliberada: el gobierno estadounidense prohibió la contratación de antiguos empleados de la agencia para gestionar su propio cierre, y el Congreso no ha obtenido explicaciones claras sobre el destino de los 19.200 millones de dólares asignados a la liquidación[31]. La ayuda reanudada en 2026 se canaliza mediante acuerdos bilaterales con condiciones geográficas y políticas explícitas que excluyen a determinados países, se concentran en algunos, y priorizan sectores alineados con los intereses estratégicos de Washington.
En el ámbito regional, incluso en Europa, la opacidad también se ha instalado. La Unión Europea ha sido objeto de escrutinio por enterrar auditorías relacionadas con la financiación de ciertos proyectos en zona de conflicto y por resistirse al acceso público a documentos judiciales[32]. La consecuencia es que la rendición de cuentas (tanto hacia los contribuyentes de los países donantes como hacia las poblaciones beneficiarias) se ha debilitado precisamente en el momento en que más necesaria sería.
En este contexto de contracción, incertidumbre y reconfiguración geopolítica, la Confederación Cáritas se enfrenta al desafío de sostener simultáneamente sus dos pilares fundacionales: la acción humanitaria de emergencia y la promoción del desarrollo humano integral. El Marco Estratégico 2024-2030 de Caritas Internationalis ya identificó esta doble misión como eje de su identidad: salvar vidas, reducir riesgos y reconstruir comunidades y promover el desarrollo humano integral sostenible y el cuidado de la creación[33].
La coyuntura actual exige una reflexión profunda sobre cómo equilibrar ambos pilares. Por un lado, la urgencia humanitaria (350 millones de personas necesitan asistencia vital este año) demanda una respuesta inmediata, flexible y coordinada con los actores locales. Cáritas ha reiterado su llamamiento a financiar íntegramente el llamamiento de la ONU 87 millones de vidas, a revertir los recortes a la AOD y a restaurar el compromiso del 0,7 % del PNB, y a proporcionar financiación directa, flexible y plurianual a los agentes locales y nacionales[34]. La localización no es solo una cuestión de eficiencia; es una cuestión de respeto a la agencia y de sostenibilidad.
Por otro lado, el pilar del desarrollo humano integral (que aborda las causas estructurales de la pobreza, la injusticia y la vulnerabilidad) corre el riesgo de ser el más sacrificado en un entorno de recursos menguantes y horizontes temporales acortados. La tentación de concentrar todos los esfuerzos en la respuesta de emergencia, abandonando la inversión en capacidades locales, sistemas de salud, educación y gobernanza, sería un error estratégico de consecuencias incalculables. Cáritas tiene la oportunidad de articular un modelo que integre ambos pilares de manera coherente: utilizar la respuesta humanitaria como puerta de entrada para fortalecer las estructuras locales, y emplear el desarrollo humano integral como marco para reducir la necesidad de futuras intervenciones de emergencia.
En un mundo donde los Estados se repliegan y los donantes privados imponen sus propias prioridades, la Confederación Cáritas (con sus 165 organizaciones nacionales, presencia en más de 200 países y territorios, su arraigo comunitario y su identidad de fe), posee una ventaja comparativa única: la capacidad de operar allí donde otros no llegan, de permanecer cuando otros se retiran, y de dar voz a quienes no la tienen.
Puede decirse que esa ventaja es compartida, en general y en mayor o menor grado, por las organizaciones basadas en la fe, las cuales están cobrando cada vez más importancia como socios implementadores confiables de agencias de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales vis-a-vis las organizaciones seculares. En otras palabras, en el marco de un sistema de cooperación internacional en crisis, las organizaciones que gozan de la confianza entre las comunidades, por su arraigo en ellas, se encuentran en mejor posición que muchas de las organizaciones no confesionales.
Esto se ve fortalecido también por los valores que sustentan el actuar de las organizaciones: la fidelidad a los principios de respeto de la dignidad humana –todos creados a imagen y semejanza de Dios—y de ahí la exigencia de solidaridad y justicia social, son fundamentos sólidos que dan plenitud de sentido al servicio de las personas en necesidad y al cuidado del planeta.
[1] Naciones Unidas. Financing for Sustainable Development Report 2026: Implementing the Sevilla Commitment. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Nueva York, 2026; págs. 1-3.
[2] OCDE. “ODA projections for 2026 and the near-term: Implications for vulnerable countries and sectors”. OECD Policy Briefs, n.º 59, OECD Publishing, París, 19 de junio de 2026; pág. 3.
[3] OCDE. A historic decline in foreign aid: Preliminary 2025 ODA data. OECD, París, 9 de abril de 2026; pág. 1.
[4] AP News. «Secretary of State Rubio says purge of USAID programs complete, with 83% of agency’s programs gone», 10 de marzo de 2025.
[5] Devex. «Devex Newswire: Democrats call for details of USAID shutdown costs», 21 de mayo de 2026.
[6] Departamento de Estado de los Estados Unidos. «United States Announces Historic $2 Billion in Health and Humanitarian Assistance to Faith-Based Organizations», 6 de agosto de 2026.
[7] United States Mission to the United Nations, Ambassador Mike Waltz, U.S. Representative to the United Nations. «Remarks at a Trade Over Aid Initiative Launch Event», 27 de abril de 2026.
[8] The Guardian. «UK, German and French aid cuts will take ‘devastating toll’ on most vulnerable, says study», 23 de mayo de 2026.
[9] OCDE. A historic decline in foreign aid: Preliminary 2025 ODA data. OECD, París, 9 de abril de 2026; pág. 2.
[10] Devex. «Devex Newswire: Defense spending surges as development budgets slide», 13 de febrero de 2026.
[11] VOICE. «Council negotiating box: a reprieve for humanitarian action, but deep cuts to EU external action», 12 de octubre de 2026.
[12] Royal United Services Institute. «Defence Up, Aid Down: Europe’s New Security Blind Spot». 1 de julio de 2026; págs. 1-3.
[13] SIPRI. Trends in World Military Expenditure, 2025. SIPRI Fact Sheet, Estocolmo, abril de 2026; págs. 1-2.
[14] FAO. «Presentation of the Global Agrifood Implications of the 2026 Conflict in the Middle East, Impacts on energy and fertilizer trade, and food security». Roma, abril de 2026.
[15] WFP. «WFP projects food insecurity could reach record levels as a result of Middle East escalation», 17 de marzo de 2026.
[16] UN Women. «Middle East escalation threatens food security for an additional 11.7 million women and girls by the end of 2026», 2 de octubre de 2026.
[17] UNDP. «Highest borrowing costs in decades push developing countries to brink of liquidity crisis», 11 de octubre de 2026.
[18] Fondo Monetario Internacional. Fiscal Monitor: «Global Debt Is Heading to 100% of GDP — What Can Governments Do? «, octubre de 2026.
[19] Caritas Internationalis. «Caritas Internationalis at UNGA: Aid cuts put millions at risk as humanitarian needs reach record levels», 22 de septiembre de 2026.
[20] America Magazine, The Jesuit Review. «Global Catholic charity head says they’re doing ‘less with less’ after Trump’s foreign aid cuts», 1 de octubre de 2026.
[21] UNHCR. «‘Efficiency has limits’: UNHCR chief warns refugee protection is buckling under cuts», 12 de octubre de 2026.
[22] Devex. «As humanitarian funding shrinks, can long-term partnerships fill the gap?», 2 de octubre de 2026.
[23] UN Women. «Beyond the Breaking Point: The continuing impact of funding cuts on women’s organisations in humanitarian settings», Nueva York, julio de 2026.
[24] Médicos Sin Fronteras. «1 de cada 5 mujeres embarazadas en Adré sufre desnutrición en medio de recortes de fondos», 31 de julio de 2026.
[25] OECD. Private Philanthropy for Development (Third Edition). París, marzo de 2026; pág. 4.
[26] Alliance Magazine. «Beyond the market mirage: Philanthropy must democratise finance or risk deepening a legitimacy crisis», 3 de marzo de 2026.
[27] Center for Global Development. «What Does Philanthropy’s Global Footprint Tell Us About Its Role in a Changing Aid Landscape?», 9 de junio de 2026.
[28] AriseNews. «Ruto: Africa Wants Investment, Equal Partnership, Not Aid», 12 de mayo de 2026.
[29] Premium Times. «Africa is rich, doesn’t need aid – Jimoh Ibrahim», 2 de agosto de 2026.
[30] Overseas Development Institute. «African leadership amid disruptions to US aid». Londres, 20 de enero de 2026; págs. 1-2.
[31] The Guardian. «‘Ignorance and cruelty’: former USAID official details devastation inflicted by Doge cuts», 18 de abril de 2026.
[32] Investigate Europe. «Secrecy Tracker: Commission buries Gaza audits as EU top court faces transparency backlash», 14 de julio de 2026.
[33] Caritas Internationalis. Marco Estratégico de la Confederación Caritas 2024-2030. Una familia humana, una casa común; págs. 5-9.
[34] UN OCHA. «87 Million Lives: Delivering on the Promise», 14 de septiembre de 2026.

Pablo Reyero Aubareda, Coordinador del equipo de Acción Humanitaria en Cáritas Española
En 2026, 252 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria, mientras la financiación caía. La indiferencia global y los intereses geopolíticos agravan las crisis olvidadas y el sufrimiento.
En diciembre de 2025, al presentar el Panorama Humanitario Global para 2026, el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, resumió el informe con una frase seca: hay dolor en cada página[i]. Las cifras lo confirmaban. Unos 239 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria al cerrar 2025, y en abril de 2026 ya eran 252 millones en 55 países. Al mismo tiempo, la financiación humanitaria caía a su nivel más bajo en diez años.
Vivimos una era de emergencias superpuestas, pero paradójicamente la capacidad y, sobre todo, la voluntad de responder se reduce. Y se da una segunda injusticia, menos visible y es que la atención, el dinero y la presión política no se reparten según la gravedad del sufrimiento, sino según intereses geopolíticos, mediáticos y económicos. El papa Francisco le puso nombre en Lampedusa: la globalización de la indiferencia[ii].
El resultado son las llamadas crisis olvidadas[iii], emergencias que afectan a millones de personas en lugares sin interés geoestratégico para los países donantes y de las que, en consecuencia, casi nadie habla. Este artículo sostiene que las crisis de nuestro tiempo son más graves porque los actores internacionales han antepuesto desde hace décadas sus intereses a la paz. Las denominadas crisis olvidadas son la prueba de ello, así como del fracaso de un sistema de ayuda que terminó de colapsar en enero de 2025.
| Indicador | Cifra | Fuente |
| Personas con necesidades humanitarias (abril de 2026) | 252 millones en 55 países | OCHA |
| Conflictos armados con participación estatal (2025) | 65, el máximo desde 1946 | PRIO |
| Personas en inseguridad alimentaria aguda (2025) | 266 millones en 47 países | GRFC 2026 |
| Niños con desnutrición aguda (2025) | 35,5 millones | GRFC 2026 |
| Personas desplazadas por la fuerza (fin de 2025) | 117,8 millones | ACNUR |
Guerras. Según el informe Conflict Trends del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), en 2025 se registraron 65 conflictos con participación de al menos un Estado, el máximo desde 1946. La mayoría son guerras civiles, pero los enfrentamientos directos entre Estados se duplicaron, de cuatro a ocho. Murieron unas 245.000 personas, y la violencia deliberada contra civiles se cobró más de 76.000 vidas, la cifra más alta desde el genocidio de Ruanda.
Las guerras, además, duran cada vez más. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que aplica la definición del derecho internacional humanitario y cuenta también los conflictos entre grupos no estatales, contabilizaba más de 120 conflictos armados en 2024 y más de 130 en 2025, el doble que hace quince años. Más de veinte se prolongan desde hace más de dos décadas. Según The Economist, el conflicto activo medio llevaba unos 13 años en marcha a mediados de los ochenta, y 20 en 2021. Los datos de la Escola de Cultura de Pau, que aplica un umbral más exigente (al menos cien muertes al año), lo confirman: de los 40 conflictos armados que considera activos en 2025, 24 duran ya más de una década, y la duración media ronda los 18 años[iv].
Hambre. El Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias 2026 constata que el hambre aguda se ha duplicado en una década, de unos 105 millones de personas en 2016 a 266 millones en 2025, y por primera vez se confirmaron dos hambrunas en un mismo año, en Gaza y en Sudán. Más del 80 % de quienes la padecen viven en 33 países con crisis alimentarias prolongadas.
Desplazamiento. ACNUR cifra en 117,8 millones las personas desplazadas por la fuerza a finales de 2025, una de cada 70 en el planeta. La ligera bajada respecto a 2024 se debe en buena parte a retornos forzados o en condiciones adversas a Afganistán, Siria o Sudán. Nos movemos buscando lugares seguros, pero estos son cada vez más escasos y lejanos.
Las emergencias de hoy casi nunca responden a una sola causa. Lo habitual es que se superpongan una guerra, un choque climático, una crisis económica, un desplazamiento masivo y/o un Estado incapaz de proteger a su población, y que cada factor agrave a los demás. El Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias habla expresamente de la convergencia de conflicto, choques económicos y extremos climáticos. Son crisis complejas, más largas y difíciles de resolver, y en todas ellas es la población civil con menos recursos la que paga el precio más alto.
Conflictos más numerosos, largos y crueles con los civiles. En los países donde la violencia es el factor dominante, las personas con hambre aguda pasaron de unos 74 millones en 2018 a más de 147 millones en 2025. Las guerras, además, se fragmentan: Myanmar e Israel registraron cinco conflictos distintos cada uno en 2025. Esa fragmentación multiplica los actores armados y complica el acceso humanitario.
El clima como multiplicador de riesgos. Los desastres desplazaron a 13,6 millones de personas dentro de sus países en 2025, frente a 9,9 millones en 2024, según datos del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC) analizados por la Universidad de Hamburgo. Los países que sufren a la vez desplazamientos por conflicto y por desastres se han triplicado desde 2009. Es una injusticia que quienes menos han contribuido al cambio climático sean quienes más lo padecen.
Pobreza y desigualdad. Donde los choques económicos —inflación, devaluación, deuda impagable— son el factor principal, las personas con hambre aguda se triplicaron en ocho años, hasta casi 30 millones. La pobreza y la desigualdad no son solo consecuencia de las crisis, son también su caldo de cultivo.
Más peligro para quienes ayudan. La violencia de estas crisis alcanza de lleno a los trabajadores humanitarios. En 2025, 1.187 sufrieron incidentes graves de seguridad, la cifra más alta registrada, 350 murieron, la mayoría en Gaza y Sudán, y los secuestros casi se duplicaron. El riesgo recae sobre todo en el personal local —349 de los 350 fallecidos eran trabajadores nacionales—, lo que evidencia la necesidad de revisar el reparto del riesgo entre quienes financian la respuesta y quienes la llevan a cabo en primera línea.
Nada de esto es una fatalidad. Que las guerras se alarguen durante décadas, que los enfrentamientos entre Estados se dupliquen y que la diplomacia sea incapaz de detener conflictos como los de Sudán o Gaza revela que los actores internacionales han antepuesto sus intereses geopolíticos y económicos a la estabilidad y la paz. Y allí donde no hay interés, la crisis se silencia y olvida.
Las crisis olvidadas son la prueba más clara de esa negligencia: cuando una emergencia no despierta interés, tampoco se financia su solución. La atención está extraordinariamente concentrada. De los cinco millones de artículos sobre emergencias humanitarias que la ONG CARE analizó en 2025, casi la mitad trataban de Gaza, mientras que la República Centroafricana, la crisis menos cubierta, apenas generó 1.532. El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) constata que varios países africanos aparecen año tras año en su lista de crisis desatendidas, un patrón de abandono deliberado que se repite respondiendo a intereses.
| Crisis | Dato clave | Listas en que aparece |
| Sudán | 33,7 millones de personas necesitadas de ayuda en 2026, más que en ninguna otra crisis | NRC (n.º 1) |
| Rep. Democrática del Congo | 21 millones de personas necesitadas en 2025; plan de respuesta financiado al 27,4% | NRC (n.º 2, por décimo año) |
| República Centroafricana | 1 de cada 5 habitantes vive desplazado | CARE (n.º 1), ECHO |
| Sahel central (Malí, Níger, Burkina Faso) | Planes de respuesta financiados entre el 15% y el 18% | ECHO; NRC en años previos |
| Haití | 6,4 millones de personas necesitadas y unos 1,5 millones desplazadas | ECHO |
| Afganistán | 21,9 millones de personas necesitadas; plan de respuesta financiado al 16,9% | NRC (n.º 5), ECHO |
| Refugiados rohingyas | 1,2 millones acogidos en Cox’s Bazar, el mayor campo de refugiados del mundo, en Bangladesh | ECHO |
Sudán es la mayor crisis humanitaria del mundo y una de las más ignoradas. Tras más de mil días de guerra, más de nueve millones de personas están desplazadas dentro del país y otros cuatro millones han huido. Jan Egeland, secretario general del NRC, considera incomprensible que una crisis de proporciones similares a las de Siria y Ucrania en su peor momento pueda seguir empeorando casi sin que nadie lo note[v].
Haití es la crisis olvidada de las Américas. Las bandas, con entre 12.000 y 20.000 miembros, superan a la policía y a la misión internacional de apoyo, y dominan mediante la violencia cerca del 90 % de Puerto Príncipe, las principales carreteras y hasta rutas marítimas. Sin embargo, el llamamiento humanitario estaba financiado al 25 % en 2026. En su visita al país, el secretario general de la ONU, António Guterres, fue tajante: La mayor vergüenza no es la violencia de las bandas. La mayor vergüenza es la indiferencia[vi].
Las consecuencias del olvido van mucho más allá de las fronteras de cada crisis.
Inestabilidad que se contagia. Las crisis desatendidas no hacen sino crecer y extenderse. La guerra de Sudán ha empujado a millones de personas hacia Chad, Sudán del Sur, Egipto o Libia, países ya frágiles. La violencia del Sahel avanza hacia los países costeros de África occidental, y Haití se ha convertido en plataforma del tráfico de drogas y armas en el Caribe.
El desarrollo, abandonado. Cuando toda la ayuda disponible se destina a mantener a la gente con vida, desaparece la inversión en escuelas, sanidad, empleo o instituciones. Las crisis se cronifican, la pobreza se hereda y décadas de avances se pierden.
Generaciones perdidas. El 39 % de las personas desplazadas en el mundo son niños. Millones crecen sin escuela, entre la violencia y la precariedad, y con frecuencia reclutados por grupos armados. En Haití, el reclutamiento forzoso de menores por las bandas aumentó un 70 % en un año. Sin educación ni oportunidades, esas generaciones difícilmente podrán construir sociedades sobre bases democráticas, de justicia y de respeto a la dignidad humana.
Estados y regiones que colapsan. Cuando el Estado deja de prestar servicios y la ayuda internacional se retira, el vacío lo ocupan milicias, bandas o redes criminales. Así se han hundido regiones enteras, del Sahel a los Grandes Lagos.
Más violencia, más muros. La respuesta de los países más ricos tiende a ser la de blindarse, reforzando fronteras, endureciendo el asilo y tratando las crisis como ajenas y como amenazas de seguridad, no como emergencias humanitarias.
Y todo ello engendra un círculo vicioso en el que la reducción de la ayuda genera mayores crisis, causando más desplazamiento y hambre, que hace que el miedo se contagie, se levanten muros y no se recuerde la razón por la que se ayudaba en un primer momento. El resultado sería un mundo cada vez más fragmentado y enfrentado, con los puentes de la cooperación y la fraternidad seriamente dañados.
Que existan crisis olvidadas año tras año revela, además, el fracaso de un sistema de ayuda oficial al desarrollo que depende de los intereses de cada donante. Los mismos 33 países llevan una década en el informe sobre crisis alimentarias. En 2025, ese sistema, que ya no funcionaba, se derrumbó.
La ONU pidió para ese año 47.000 millones de dólares para 190 millones de personas y recibió unos 12.000 millones, el peor resultado en una década, de modo que llegó a 25 millones de personas menos que en 2024. La ayuda humanitaria y al desarrollo cayó en conjunto casi una cuarta parte, unos 175.000 millones de dólares.
El detonante fue el desmantelamiento, en enero de 2025, de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), que financiaba alrededor del 47 % del llamamiento humanitario global. Ante semejante recorte, Fletcher lanzó en febrero el Humanitarian Reset, el reinicio humanitario. Su punto de partida era reconocer que el sistema construido en torno a grandes agencias internacionales había llegado a su fin, y que la salida no podía ser solo fusionar agencias, recortar plantillas y priorizar cada vez más. Ya no se podía hacer más con menos.
Aun así, la primera respuesta fue la hiperpriorización. La ONU redujo su llamamiento para 2026 a 33.000 millones de dólares y priorizó 23.000 millones para salvar a 87 millones de vidas, renunciando de partida a atender a más de 150 millones de personas que reconocía como necesitadas.
La retirada de Estados Unidos arrastró además a otros donantes, que parecen aceptar que solo merece la pena financiar lo que ofrece algún retorno. Le siguieron recortes europeos ligados al aumento del gasto en defensa. El Reino Unido, por ejemplo, pasó de 2.263 millones de dólares en 2024 a 645,8 millones a mitad de 2026. El papa León XIV lo denunció ante el Programa Mundial de Alimentos: los conflictos se alimentan con más facilidad de lo que se alimenta a las personas[vii].
La Unión Europea, por su parte, negocia en el momento en el que se escribe este artículo su presupuesto para 2028-2034. La propuesta de la Comisión, de julio de 2025, fusiona ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo y preadhesión en un único instrumento, Global Europe, que sitúa en primer plano los intereses estratégicos de la UE, como el control migratorio o la inversión de empresas europeas. Los Estados apuntan además a la baja: el último borrador de la presidencia del Consejo, de octubre de 2026, lo rebaja de 190.000 a unos 157.000 millones de euros, un 17 % menos.
El resultado es la multiplicación de las crisis olvidadas. A mediados de 2026 los planes de respuesta solo estaban financiados al 20 %, y los peor financiados eran casi todos de crisis ya desatendidas, como los de Níger (15 %), Burkina Faso (15,6%), Afganistán (16,9%) o Malí (18,4%). Si la ayuda se reparte según intereses y no según necesidades, quienes ya son los últimos corren el riesgo de quedar abandonados del todo.
Paradójicamente, el colapso devolvió al centro una promesa que el sistema nunca había priorizado, aunque la firmase en el Grand Bargain de 2016: el liderazgo local. El verdadero reinicio no puede ser el de gestionar lo imposible; el verdadero cambio es el de un cambio de poder. La agenda de la localización trata de que las organizaciones y comunidades locales lideren su propia respuesta, y de que los actores internacionales transfieran ese liderazgo apoyando su fortalecimiento, transfiriendo tecnología y aumentando la financiación directa. Se debe perseguir ese modelo de cooperación fraterna, más horizontal, que invierta la relación entre quien da y quien recibe.
Pero la brecha es todavía enorme. El Grand Bargain se fijó como meta que el 25 % de los fondos llegara a los actores locales lo más directamente posible, pero en 2025 solo les llegó de forma directa el 4,3 %, según ALNAP. En los fondos mancomunados de la ONU, la parte destinada a ONG nacionales ha caído del 46 % en 2025 al 7 % en lo que va de 2026, según datos preliminares. Localizar, además, no puede significar trasladar el riesgo a las organizaciones locales sin darles también protección, recursos, respaldo político y legitimidad en el liderazgo. El cambio habla de compartir responsabilidades y de devolver la dignidad del liderazgo a los que desean actuar.
La salida pasa por acompañar ese liderazgo local, pero sin dejar de exigir más financiación, tanto para responder como para prepararse, de modo que las crisis no se complejicen y cronifiquen.
1. Ceder el poder a las organizaciones locales. Que las comunidades lideren sus propias respuestas, con financiación directa, capacitación, tecnología y voz en las decisiones, como prometió el Grand Bargain, es el cambio de fondo. Pero la localización no puede ser una forma de abaratar la ayuda. Exige presupuestos más elevados y plurianuales, que permitan ir más allá de la emergencia e incluir programas de recuperación y desarrollo.
2. Financiar la preparación y no solo el salvar vidas. La reducción de riesgos, la preparación ante desastres y la acción anticipatoria deben tener un presupuesto serio y acorde a las amenazas climáticas en los países más expuestos. Según la ONU, los desastres cuestan ya unos 2,3 billones de dólares al año si se suman sus efectos en cadena. Prepararse antes de la sequía o la inundación salva vidas y evita emergencias carísimas de revertir o que desembocan en crisis mayores en las sociedades más frágiles.
3. Recuperar la diplomacia humanitaria y de paz. La ayuda alivia, pero no resuelve. Como advirtió Fletcher ante el Consejo de Seguridad en agosto de 2026, la tragedia de Sudán no es que no sepamos qué hacer[viii]. Hace falta presión política sostenida para proteger a la población civil y a quienes la socorren, negociar el acceso humanitario y abrir caminos hacia la paz.
4. Financiar según necesidades y según riesgos. La ayuda debe asignarse por la gravedad del sufrimiento, no por intereses ni titulares. Pero también hay que tener en cuenta el riesgo de que una emergencia desatendida degenere en una crisis compleja y de gobernanza que después impida la recuperación. Llegar a tiempo puede ser la diferencia entre una crisis pasajera y una crónica.
El mundo de 2026 vive una contradicción difícil de sostener. Nunca hubo tantos conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, las guerras duran más que nunca, el hambre aguda se ha duplicado en una década y más de 250 millones de personas necesitan ayuda para sobrevivir. Y, sin embargo, la financiación humanitaria está en mínimos de diez años, y la que queda se reparte cada vez más según intereses políticos y económicos, no según necesidades ni como parte de un esfuerzo planificado que apunte al desarrollo sostenible y la paz.
El primer reto es encontrar la manera de financiar a quienes más lo necesitan, hacerlo desde los principios humanitarios, la justicia y la dignidad, no desde el cálculo geopolítico, y devolviendo el liderazgo y con ello la dignidad a la población local de esas regiones frágiles. Como recuerda León XIV, los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino[ix], su situación es fruto de decisiones y de estructuras que pueden cambiarse. Igual que algunos Estados construyeron sistemas de bienestar para que nadie quedara abandonado dentro de sus fronteras, el mundo necesita recuperar la idea de un estado del bienestar global, que garantice unos mínimos de protección a quienes nacen en los lugares hoy más frágiles del planeta.
El segundo reto es la paz. Ninguna crisis prolongada se resuelve con ayuda humanitaria. Hace falta una diplomacia que busque activamente el fin de los conflictos, proteja a la población civil y a quienes la socorren, y no se resigne a gestionar emergencias eternas.
El tercero nos interpela a todos. Las crisis olvidadas no nos son ajenas, están conectadas con nuestras decisiones de consumo, con nuestras políticas migratorias y comerciales, y con lo que elegimos mirar. Hace falta una ciudadanía que mire, que acepte su parte de responsabilidad y que exija a sus gobiernos una cooperación fraterna, capaz de revertir las relaciones de poder que perpetúan la desigualdad.
[i] Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, en la rueda de prensa de presentación del Panorama Humanitario Global 2026. Sede de la ONU, Nueva York, 3 de diciembre de 2025. Traducción propia.
[ii] Francisco, homilía durante su visita a Lampedusa (Italia), 8 de julio de 2013.
[iii] La Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO) define las crisis olvidadas como situaciones de crisis humanitaria graves y prolongadas en las que la población afectada recibe poca o ninguna ayuda internacional y en las que no existe voluntad política de resolverlas, en parte por la falta de interés mediático. La UE destina a ellas al menos el 15 % de su presupuesto humanitario inicial.
[iv] Elaboración propia a partir del listado de conflictos armados y sus años de inicio de la Escola de Cultura de Pau (UAB), Alerta 2026! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.
[v] Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), en el comunicado de presentación del informe sobre las crisis de desplazamiento más desatendidas. Oslo, 4 de junio de 2026. Traducción propia.
[vi] António Guterres, secretario general de la ONU, durante su visita a Haití. Puerto Príncipe, 16 de junio de 2026. Traducción propia.
[vii] León XIV, discurso ante la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, en la sede del PMA. Roma, 22 de junio de 2026. Traducción propia.
[viii] Tom Fletcher, en la sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación humanitaria en Sudán, 24 de agosto de 2026. Traducción propia.
[ix] León XIV, exhortación apostólica Dilexi te, sobre el amor hacia los pobres, n. 14. Firmada el 4 de octubre de 2025 y publicada el 9 de octubre de 2025.
Ana Cristina García Morales. Trabajadora Social. Coordinadora del equipo de Fortalecimiento Institucional en el Área de Cooperación Internacional de Cáritas Española
¿Puede hablarse de cooperación para el desarrollo cuando las mismas dinámicas políticas y económicas que generan desigualdad condicionan también las políticas de cooperación?
La cooperación internacional no tiene lugar al margen de las relaciones económicas y políticas que organizan el mundo. Decidir cuánto se financia, dónde se interviene, qué problemas se consideran prioritarios o qué soluciones se apoyan implica también decidir qué intereses se consideran relevantes y quién tiene capacidad de implementarlos.
Esto no significa que la cooperación sea negativa por estar vinculada a la política. Toda política pública implica decisiones sobre recursos, prioridades e intereses. El tema central es diferente, es preguntarnos qué lugar ocupan en esas decisiones sobre los derechos humanos, la autonomía de las sociedades y las necesidades de quienes sufren las consecuencias de la desigualdad.
Por eso, más que preguntarnos si la cooperación está politizada, deberíamos preguntarnos: ¿quién decide?, ¿quién se beneficia?, ¿quién asume los costes?
Estas preguntas son importantes porque se pueden ver claras contradicciones del sistema internacional. Mientras la cooperación intenta reducir la pobreza y fortalecer derechos, muchos países afrontan una creciente presión de la deuda que limita su margen para invertir en servicios públicos y en la garantía de los derechos. Mientras se impulsa la transición energética, aumenta la demanda mundial de minerales cuya extracción puede generar importantes impactos sociales y ambientales. Y mientras se reconoce la necesidad de adaptarse al cambio climático, muchos de los países más vulnerables disponen de menos recursos para financiar esa adaptación.
La cooperación no puede limitarse, a paliar las consecuencias de un sistema desigual. Si queremos contribuir a la justicia global, debemos mirar también hacia las estructuras que producen y reproducen esa desigualdad.
La financiación es imprescindible para el desarrollo. Los Estados necesitan recursos para construir infraestructuras, ampliar los sistemas sanitarios y educativos, transformar sus economías o responder a situaciones de emergencia. Endeudarse tampoco es en sí mismo un problema. El endeudamiento puede permitir realizar inversiones que un país no podría financiar únicamente con sus recursos disponibles.
La cuestión cambia cuando el coste de esa deuda reduce la capacidad de los Estados para atender otras necesidades. En ese momento, la deuda deja de ser únicamente un instrumento financiero y pasa a convertirse en una cuestión de política pública: qué se paga, qué se retrasa y qué derechos quedan condicionados por la disponibilidad de recursos.
El problema tiene grandes dimensiones, como se puede ver en el informe de UNCTAD, la deuda externa de los países en desarrollo alcanzó los 12,3 billones de dólares en 2025. Ese mismo año, los países menos adelantados destinaron, de media, el 18,2 % de sus ingresos por exportaciones al servicio de la deuda externa y el 17,6 % de sus ingresos públicos al servicio de la deuda pública externa y con garantía pública (UNCTAD, 2026).
Cuando se reduce el espacio fiscal, los gobiernos disponen de menos capacidad para sostener inversiones en educación, sanidad, protección social o adaptación al cambio climático. La presión del servicio de la deuda está reduciendo el margen de muchos países para financiar objetivos de desarrollo y que el coste de los intereses de la deuda externa a largo plazo aumentó casi un 14 % en 2025 (UNCTAD, 2026).
Esto no significa que toda deuda genere dependencia ni que los acreedores determinen automáticamente las políticas de un Estado, pero sí significa que determinadas situaciones de endeudamiento pueden reducir de manera importante el margen de decisión económica y política. Cuando un país necesita dedicar una parte creciente de sus ingresos a mantener su solvencia, sus opciones de política pública pueden quedar condicionadas por las exigencias de los mercados, los acreedores o las instituciones financieras internacionales.
Por este motivo, la sostenibilidad de la deuda no debería medirse exclusivamente por la capacidad de devolver el dinero. También debería considerar la capacidad de un Estado para mantener los servicios públicos, proteger a su población y sostener una trayectoria de desarrollo.
Esta discusión estuvo presente en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla en 2025. El Compromiso de Sevilla incorporó, entre otras cuestiones, la necesidad de abordar las crisis de deuda, mejorar el acceso a financiación y reformar algunos elementos de la arquitectura financiera internacional. Una cuestión que se destacó fue la importancia de que los países del Sur Global tuvieran voz y voto en las mesas donde se decide las condiciones de sus préstamos y que parte de estos tuvieran una perspectiva de desarrollo (Social, ambiental, de derechos) más allá del desarrollo económico, preponderante en la mayoría de las decisiones.
Desde la perspectiva de la cooperación, esto obliga a ampliar la mirada. No basta con financiar proyectos concretos si las condiciones financieras generales reducen la capacidad de los países para sostenerlos. Tampoco basta con hablar de desarrollo si las economías dependen excesivamente de unos pocos productos de exportación o si los sistemas fiscales no consiguen movilizar suficientes recursos internos.
Una cooperación orientada a la justicia debería contribuir a que los países dispongan de espacio fiscal, institucional y político suficiente para definir sus propias prioridades de desarrollo. Esto implica prestar atención a la deuda, pero también a la fiscalidad, el comercio, la inversión y las reglas que determinan cómo se distribuyen los beneficios y los riesgos de la actividad económica.
Porque no todo lo que se presenta como financiación para el desarrollo es cooperación y no toda financiación produce necesariamente una mayor autonomía.
La dependencia no se expresa únicamente a través del ámbito económico. También puede construirse alrededor de lo que un territorio posee y otros necesitan.
En principio, tener petróleo, gas, minerales, tierras fértiles, agua o bosques debería ser una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, la abundancia de recursos naturales no garantiza por sí mismo un desarrollo más justo. La experiencia de numerosos países muestra que la dependencia de las materias primas puede generar una elevada vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de los precios internacionales y dificultar la diversificación económica y también puede reducir los beneficios que finalmente llegan a la población cuando existen instituciones débiles o sistemas poco eficaces de gestión de los ingresos derivados de los recursos (Banco Mundial, 2023).
Por eso, la cuestión no es solamente quién posee los recursos, sino quién tiene capacidad para decidir sobre ellos, quién recibe el valor generado por su explotación y quién sufre sus costes sociales y ambientales.
Esta situación además se complica con la llamada transición energética. La descarbonización de las economías requiere minerales como litio, cobre, níquel o cobalto. La demanda de minerales críticos podría casi triplicarse de aquí a 2030, según Naciones Unidas. El problema no es que estos recursos sean necesarios, sino que su extracción y procesamiento pueden reproducir relaciones de dependencia y generar importantes impactos sobre el agua, los ecosistemas, los medios de vida y los derechos de las comunidades (PNUMA, 2024) generando una clara paradoja. Necesitamos transformar profundamente nuestro modelo energético, pero no podemos hacerlo trasladando los costes de esa transformación a territorios con menor capacidad de decisión.
Es fundamental garantizar que esos materiales se extraen bajo condiciones justas, que los directamente afectados han sido consultados y han participado en la toma de decisiones, y que la distribución de los beneficios y costes se harán bajo una lógica de justicia ambiental, social y económica.
En numerosos territorios, la explotación de recursos afecta al acceso al agua, al uso de la tierra, a los medios de vida de comunidades campesinas, indígenas o ribereñas y a la conservación de ecosistemas. Cuando las poblaciones afectadas no participan de manera efectiva en las decisiones, el conflicto no es una consecuencia accidental del proyecto es un problema de quién ha tomado las decisiones y desde qué perspectiva.
La encíclica Laudato si’ introdujo este tema hablando de una crisis socioambiental y vincula la degradación ambiental con las desigualdades económicas y sociales. En este contexto, plantea el concepto de deuda ecológica entre el Norte y el Sur, relacionado con el uso históricamente desigual de los recursos naturales y con los desequilibrios comerciales y ambientales (Francisco, 2015).
Esta idea permite conectar dos problemas que generalmente se analizan por separado. La degradación ambiental puede aumentar la vulnerabilidad económica y social de un país; los impactos climáticos pueden generar nuevas necesidades de financiación; y el endeudamiento, a su vez, puede reducir la capacidad de invertir en adaptación.
La transición hacia un modelo más sostenible no puede evaluarse, solo mirando la reducción de emisiones. También debe preguntarse quién paga el coste de esa transición y quién obtiene sus beneficios.
El éxito del desarrollo no debería medirse por la cantidad de recursos naturales extraídos, exportados o transformados, sino por lo que esos recursos permiten construir en cuanto a sistemas públicos más sólidos que claramente garanticen los derechos humanos de sus poblaciones para que puedan decidir sobre su propio futuro.
Detrás de una cifra de deuda, de un acuerdo financiero o de una decisión sobre la explotación de los recursos naturales hay personas.
Una decisión que, desde la perspectiva de un Gobierno, una empresa o un banco puede aparecer como una cuestión macroeconómica puede traducirse, en otro lugar, en menos recursos para un centro de salud, pérdida de medios de vida, contaminación de las aguas, inseguridad alimentaria o desplazamiento de una comunidad.
Esta distancia entre la decisión y sus consecuencias es uno de los grandes problemas de la política internacional. Cuanto más lejos se sitúa el espacio donde se toma una decisión, más fácil resulta que quienes la toman no perciban sus efectos.
En una conferencia en el año 2017 en el marco de la Campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza de la red Enlázate por la Justicia participó Patricia Gualinga, mujer líder indígena defensora de los derechos humanos y de los derechos de los indígenas integrantes de la etnia kichwa de Sarayaku, un territorio en la Región Amazónica del Ecuador.
La intención era que nos transmitiera qué efectos estaba teniendo el modelo económico en su comunidad y si esto había generado pobreza.
Su primera intervención fue: Antes de empezar, me gustaría saber, cuando hablamos de pobreza ¿a qué se refieren?. ¿A qué se refieren cuando hablan de desarrollo?. Estuvo largo rato hablando de la riqueza cultural, riqueza en recursos naturales, en el manejo del tiempo, de conexión con la tierra y su comunidad. Esto nos hizo posicionarnos desde otro punto de vista, desde la necesidad de un acercamiento epistemológico al concepto de desarrollo.
El problema no es solamente quién decide sobre el desarrollo, sino quién tiene capacidad para definir qué significa desarrollarse.
Las personas no son únicamente receptoras de políticas. Son sujetos de derechos y deben poder participar en las decisiones que afectan a sus vidas y en participar construyendo qué desarrollo quieren para sus comunidades. Esta perspectiva está también presente en la cooperación española, cuyo marco legal reconoce el protagonismo de las sociedades de los países socios en la definición y aplicación de sus propias opciones de desarrollo (España, 2023).
Desde esta perspectiva, la participación y la apropiación local no son requisitos administrativos de un proyecto sino una cuestión de justicia.
La cooperación pierde parte de su sentido cuando convierte a las personas en destinatarias de soluciones diseñadas desde fuera y no reconoce su capacidad para definir qué problemas deben abordarse y cómo hacerlo. Cooperar incluir la capacidad en la toma de decisiones.
Aquí aparece una de las principales contradicciones de la cooperación internacional: ¿de qué sirve una política de cooperación que promueve el desarrollo sostenible si otras políticas públicas generan condiciones que dificultan ese mismo desarrollo?
La cooperación convive y en ocasiones, con decisiones comerciales, financieras, energéticas, migratorias, fiscales, sobre temas de seguridad y empresariales. Todas ellas pueden tener efectos sobre los países y comunidades con los que se coopera.
Podemos estar financiando un programa de adaptación al cambio climático mientras otras decisiones económicas contribuyen a aumentar la vulnerabilidad climática como ocurre, por ejemplo, en algunos territorios amazónicos. Podemos apoyar el desarrollo de comunidades rurales mientras determinadas dinámicas comerciales dificultan la viabilidad de sus producciones. Puede defenderse la protección de los derechos humanos y, al mismo tiempo, aumentar la presión sobre territorios ricos en recursos estratégicos sin garantizar una participación efectiva de las poblaciones afectadas.
No se trata de afirmar que estas contradicciones sean siempre deliberadas ni de atribuir a la política de cooperación la responsabilidad sobre decisiones que corresponden a otros ámbitos. Se trata de reconocer algo más sencillo, la cooperación no puede compensar por sí sola los efectos negativos de otras políticas públicas.
España ha asumido formalmente esta perspectiva. La Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global establece la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible como un principio y elemento fundamental de la política española de cooperación. La norma plantea además que los objetivos de desarrollo sostenible deben informar las políticas internas y externas con repercusiones sobre los países en desarrollo y fija el compromiso de alcanzar el 0,7 % de la renta nacional bruta en ayuda oficial al desarrollo en 2030 (España, 2023). Esto supone un avance importante pero también eleva la exigencia.
Ya no es solo qué dice la política de cooperación, sino qué efectos tienen otras políticas públicas sobre los mismos objetivos que esa cooperación pretende alcanzar. La propia OCDE, en su revisión de la cooperación española, ha señalado que España puede avanzar más en la identificación y el abordaje de los efectos transfronterizos de sus políticas nacionales (OCDE, 2026) pero también existe una cuestión básica que hay que garantizar y es la dotación de recursos económicos destinados a cooperación
En 2025, la AOD española alcanzó, según datos preliminares de la OCDE, el 0,27 % de la RNB. Supone una mejora respecto a años anteriores, pero continúa lejos del 0,7 % comprometido para 2030. Con las tendencias actuales, alcanzar ese objetivo resulta improbable (OCDE, 2026).
Esto no se limita a la Administración General del Estado. La cooperación descentralizada, una de las características diferenciales del modelo español, también afronta dificultades. El informe de presupuestos de cooperación autonómica de 2024 señalaba que diez de las diecisiete comunidades autónomas habían aplicado recortes o congelado sus fondos. En Aragón, la reducción presupuestaria superó el 76 % ese año (Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, 2024).
Estos datos no deberían utilizarse únicamente para reclamar más recursos, aunque estos sean necesarios. También cuestionan el lugar que ocupa la cooperación entre las prioridades de las políticas públicas.
La coherencia de políticas no significa que todas las políticas públicas tengan los mismos objetivos. Significa que, cuando una decisión tiene efectos negativos sobre el desarrollo o sobre los derechos de otras poblaciones, esos efectos deben poder identificarse, evaluarse y corregirse.
Cooperar también implica revisar qué efectos producen nuestras propias decisiones.
Si la cooperación quiere responder a las causas y no únicamente a las consecuencias de la desigualdad, necesita algo más que buenos proyectos. Necesita una determinada manera de entender las relaciones entre quienes cooperan.
Una cooperación orientada a la justicia debería partir, en primer lugar, de un enfoque de derechos humanos. Las personas no son simplemente beneficiarias de los programas que se ponen en marcha, sino titulares de derechos. Por eso, la cooperación debería contribuir a crear las condiciones necesarias para que puedan ejercerlos y defenderlos.
Esto está estrechamente relacionado con la participación y la apropiación local. Las comunidades y organizaciones de los países con los que se coopera deben tener capacidad real para definir sus propias prioridades y decidir sobre las cuestiones que afectan a sus vidas. Cooperar no debería significar sustituir esas decisiones, sino acompañarlas y reforzar la capacidad de las propias sociedades para llevarlas adelante.
También es necesario hablar de coherencia de políticas. La cooperación no puede analizarse de forma aislada de las decisiones económicas, comerciales, financieras, energéticas o ambientales que tienen efectos en otros países. Los objetivos que se persiguen a través de la cooperación deberían tenerse en cuenta también en esos otros ámbitos de la política pública.
A esto se suma una cuestión de justicia económica. Hablar de desarrollo implica también preguntarse por el endeudamiento, la capacidad de los Estados para movilizar recursos propios, los sistemas fiscales, las condiciones en las que acceden a financiación o la forma en que se distribuyen los beneficios de la actividad económica. No se trata solo de cuánto dinero se transfiere, sino también de las condiciones económicas que permiten o dificultan que los países puedan decidir sobre su propio desarrollo.
Por último, una cooperación justa debe incorporar una perspectiva de justicia socioambiental. La transición ecológica es imprescindible, pero no puede construirse haciendo recaer sus costes sobre territorios y poblaciones que han contribuido menos a la crisis climática y que, al mismo tiempo, cuentan con menos recursos para hacerle frente. La transición será realmente justa si, además de reducir las emisiones, tiene en cuenta quién soporta sus costes y quién se beneficia de ella.
Estos principios no son ajenos al marco de la cooperación española. La Ley 1/2023 incorpora entre sus objetivos la lucha contra la pobreza y la desigualdad, los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y la participación, y sitúa la coherencia de políticas en un lugar central (España, 2023).
Tampoco son ajenos al trabajo de las organizaciones de desarrollo. La Coordinadora sitúa entre las líneas de trabajo del sector la defensa de los derechos humanos, la igualdad, la sostenibilidad, la justicia global y la incidencia política (La Coordinadora, 2025).
El tema central no es definir desde cero qué debería ser una cooperación justa. Buena parte de los principios necesarios ya están reconocidos. El reto consiste en hacerlos efectivos y en asumir las consecuencias que tienen cuando entran en conflicto con otros intereses.
La cooperación internacional es política. No puede ser de otra manera. Decide sobre recursos, prioridades y relaciones entre actores. La cuestión no es si está o no politizada sino qué intereses orientan esa política y qué lugar ocupan en ella las personas que sufren las consecuencias de las decisiones que tomamos.
Para España, la respuesta pasa por una doble responsabilidad. Por un lado, cumplir los compromisos asumidos y dotar a la cooperación de recursos suficientes. Por otro, hacer que los objetivos de desarrollo sostenible sean relevantes también cuando se toman decisiones en ámbitos que tradicionalmente se han considerado ajenos a la cooperación.
Banco Mundial (2023). Africa’s Resource Future. Africa’s Resource Future
Coordinadora ONGD: Informe del sector de las ONGD 2025 Informe 2025 – Informe del sector de las ONGD
Naciones Unidas. Critical Energy Transition Minerals Initiative. [un.org]
OCDE: Publications Insights and context to inform policies and global dialogue. «Development Co‑operation Profiles: Spain» 2026
REPAM (2024). REPAM reafirma sus urgencias en torno a la justicia ambiental y los derechos humanos y de la naturaleza. [repam.net]
REPAM (2024). Pronunciamiento en el XI Foro Social Panamazónico (FOSPA). [ceb.bo]
UNCTAD (2024). Critical minerals boom: Global energy shift brings opportunities and risks for developing countries.
https://unctad.org/es/publication/sostenibilidad-de-la-deuda-externa-y-desarrollo-2025?utm_source=chatgpt.com «Sostenibilidad de la deuda externa y desarrollo (2025) | ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD)»
UN 2026: «External debt sustainability and development (2026) | UN Trade and Development (UNCTAD)»https://unctad.org/publication/external-debt-sustainability-and-development-2026?utm
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