Inma Mora Sánchez

Periodista y experta en estudios de género. Responsable de Comunicación de HelpAge International España

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Introducción

En los últimos meses, ha llegado a los medios de comunicación una palabra que aún era desconocida para muchas personas: edadismo. Este concepto hace referencia a los estereotipos, los prejuicios y la discriminación que existe en nuestra sociedad hacia las personas mayores. No se trata de un fenómeno nuevo, pero la actual crisis sanitaria, económica y humanitaria ha hecho más evidente que nunca que las personas mayores son ignoradas y excluidas en muchos ámbitos de nuestra realidad y que es necesario contar con normativas sólidas para proteger sus derechos y dignidad como personas.

Si bien hoy se considera que todas las personas tienen los mismos derechos, las primeras teorías sobre los derechos humanos eran muy distintas. De hecho, ni la Declaración de Derechos de Virginia, en el contexto de la Independencia de Estados Unidos (1776) ni la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa (1789) consideraron a las mujeres como titulares de derechos. Es decir, el concepto de ser humano excluía a más de la mitad de la población. El concepto de ser humano como titular de derechos se basaba en la capacidad para ser individuos autónomos. Desde esta perspectiva, no solo se excluía a gran parte la población que no era considerada autosuficiente, sino que además se justificaba su exclusión social a través de estereotipos y creencias que aún siguen presentes en nuestro imaginario colectivo.

Hoy, las teorías relativas al concepto de ser humano, así como todo lo relacionado sobre los derechos, han evolucionado. La autonomía no se considera un requisito para ser titular de derechos, sino el objetivo mismo de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son una herramienta para garantizar que las personas puedan vivir de forma autónoma, gozando de una vida segura, saludable y libre de violencia, independientemente de las condiciones o características de cada individuo. Sin embargo, en nuestra realidad aún siguen presentes muchas creencias y estereotipos que justifican la discriminación hacia grupos o colectivos de personas por motivos de género, origen, orientación sexual, discapacidad o edad, entre otros. Así, los estereotipos que existen sobre qué significa ser una persona mayor siguen siendo la base de la discriminación social durante la vejez, lo que limita a las personas de edad avanzada el pleno ejercicio de sus derechos, especialmente, en momentos de crisis como la que estamos viviendo.

Edadismo y violencia contra las personas mayores

Podemos definir el edadismo como los estereotipos (¿qué pensamos de las personas mayores?), prejuicios (¿qué sentimos hacia las personas mayores?) y discriminación (¿cómo nos comportamos con las personas mayores?) hacia las personas mayores. El edadismo se manifiesta de múltiples formas, que pueden ir desde el lenguaje despectivo a la vulneración de derechos, como la salud o el derecho a una vida independiente. Existen multitud de actitudes edadistas que están socialmente aceptadas y que pasan totalmente desapercibidas al basarse en muchas creencias y estereotipos sobre la vejez. Al igual que hace unos años nos costaba más detectar los llamados micromachismos, hoy nos sigue costando reconocer nuestro propio edadismo.

Vivimos en una sociedad donde prima lo nuevo, la juventud, la belleza sin arrugas ni canas. Mientras que la juventud se asocia a belleza, fuerza y vitalidad, la vejez se asocia a fealdad, fragilidad y dependencia. Por ello, a veces, es muy difícil detectar conductas edadistas que, incluso, pueden nacer sin ninguna mala intención. Por ejemplo, es habitual escuchar expresiones como abuelitos o nuestros mayores para referirnos a personas adultas mayores. ¿Qué reflejan estas expresiones? A pesar de que puedan parecer formas de hablar inofensivas e, incluso, afectuosas, son un claro ejemplo de la actitud paternalista que existe hacia las personas de más edad. Este tipo de expresiones infantilizan a mujeres y hombres en edad adulta, con capacidad (y derecho) para decidir sobre sí mismas y que son mucho más que abuelos o abuelas.

Podemos encontrar múltiples ejemplos donde se niega a las personas mayores su capacidad para decidir sobre la propia vida, lo que supone una vulneración de sus derechos, y lo que, además, puede llegar a provocar graves situaciones de violencia y abusos. A pesar de que aún es un problema muy desconocido por gran parte de la población, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis personas mayores de 60 años sufre violencia o abusos. Además, se estima que el porcentaje es mucho más alto, ya que se trata de un problema muy invisibilizado y muchas personas mayores no denuncian o no tienen la posibilidad de hacerlo.

La violencia contra las personas mayores puede definirse como todas las acciones u omisiones únicas o repetidas que, bien de forma intencionada o por negligencia, se comenten contra personas mayores y vulneran su integridad física, sexual, psicológica o atentando contra su dignidad, autonomía o derechos fundamentales. Algunas definiciones añaden que esta violencia se ejerce dentro de una relación de confianza, cuidado, convivencia o dependencia[1]. Si bien es cierto que las personas dependientes o con algún tipo de discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir violencia -y, además, mayor dificultad para poder denunciarla-, el abuso y maltrato hacia las personas mayores no solo se da en relaciones de cuidado o dependencia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Red Internacional para la Prevención del Maltrato de las personas mayores también señalan el maltrato estructural y social que existe hacia las personas de edad avanzada y que se refleja en la discriminación en las políticas gubernamentales, en la asignación de recursos económicos y en los prejuicios y estereotipos que existen sobre la vejez y las personas mayores. Este tipo de violencia estructural tiene unas consecuencias muy graves en la vida de las personas mayores y en el pleno disfrute de sus derechos humanos.

Al igual que en otros tipos de violencia o discriminación, como la violencia machista o el racismo, encontramos distintas formas de maltrato o abuso por motivos de edad: desde el maltrato físico o la violencia sexual a la negación de alimentos, refugio o asistencia. Se trata de una forma de violencia que tiene su origen en una cultura basada en relaciones de poder y en estereotipos y creencias sociales y culturales. Por ello, para poder eliminar la violencia y la discriminación hacia las personas mayores, es necesario eliminar el edadismo y cambiar la percepción que tenemos de la vejez y de las personas mayores.

Debemos tener en cuenta, además, que al hablar de personas mayores no nos referimos a un grupo homogéneo y que la discriminación estructural a la que se enfrentan depende también de otros factores sociales, lo que puede provocar situaciones de discriminación múltiple. En este sentido, hombres y mujeres no envejecen de la misma forma y se enfrentan a realidades muy distintas. Según los datos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), a nivel global, hay 84 hombres por cada 100 mujeres de 60 años o más y solo hay 61 hombres por cada 100 mujeres de 80 años o más. Sin embargo, la mayor esperanza de vida de las mujeres no se corresponde con una mayor calidad de vida, ya que las desigualdades de género que sufren las mujeres de todas las edades limitan su acceso a los recursos, al empleo, a las pensiones y, en definitiva, a sus derechos. Por ello, las mujeres mayores se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza, discriminación y violencia. Asimismo, tampoco podemos olvidarnos de otros tipos de discriminación (como los basados en el origen, la orientación sexual o la discapacidad) que pueden agravar las situaciones de violencia y abusos, así como otras situaciones en las que existen menos herramientas y posibilidades para denunciar la violencia o la discriminación (como vivir en áreas aisladas, en zonas de conflicto o no tener acceso a medios de comunicación o transporte).

El impacto de la pandemia en las personas mayores

Sin duda, las personas mayores han sido las más afectadas por la crisis sanitaria y humanitaria provocada por la Covid-19. Desde los primeros meses de esta pandemia, hemos visto que los problemas a los que se están enfrentando las personas mayores no son consecuencia exclusiva de una mayor tasa de mortalidad en edades avanzadas, sino también de la discriminación que sufren y de las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. Ya en el mes de mayo, António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, presentó el informe “Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older persons” donde se señalaban algunos de los derechos de las personas mayores que se han visto afectados por la respuesta a la crisis, como el derecho a la vida, a la salud, a la autonomía personal, a la atención sanitaria, a los cuidados paliativos, a la seguridad y a disfrutar de una vida libre de violencias, abusos o negligencias. Por ello, desde muchas organizaciones que trabajan por los derechos de las personas mayores, se ha reclamado a los Estados que respondan a la crisis teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas mayores y las barreras adicionales a las que se enfrentan.

Es muy frecuente encontrarnos con medidas, programas o leyes que ignoran las necesidades de las personas de edad avanzada e, incluso, son excluidas de datos y estadísticas oficiales. Las medidas tomadas de forma urgente ante situaciones de grave crisis o en contextos humanitarios, a menudo, no incluyen una perspectiva de edad y, por ello, las consecuencias de cualquier emergencia pueden ser aún más graves. Por ello, es fundamental contar con normas que protejan los derechos de las personas mayores y crear medidas específicas que ayuden a eliminar la discriminación por razón de edad.

En el documento “Time For A U Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age”, elaborado por un grupo de personas expertas y representantes de distintas organizaciones civiles, se analiza el impacto que ha tenido la pandemia en los derechos de las personas mayores y cómo una Convención por los derechos de las personas mayores podría ser un gran paso hacia la igualdad y la inclusión. En este informe se muestra cómo la crisis ha demostrado que es necesario actuar de forma urgente para proteger los derechos de las personas mayores y se centra en seis aspectos fundamentales: la igualdad y no discriminación, la autonomía, el cuidado, la salud el derecho a una vida libre de violencia y la seguridad social.

Siguiendo este informe, la pandemia ha demostrado que la discriminación por razón de edad no se trata de la misma forma que otras formas de discriminación. Si bien ante situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo, algunos derechos humanos pueden verse limitados (como el derecho a la libertad de movimiento), estas restricciones no pueden ser discriminatorias y basarse en la edad. A pesar de que el riesgo de padecer problemas de salud graves ante un contagio de Covid-19 puede aumentar con la edad, algunas medidas no han tenido en cuenta la diversidad que existe entre las personas mayores y, en muchas ocasiones, se ha ignorado el impacto negativo que tienen los largos periodos de aislamiento en su bienestar físico, mental y cognitivo. De hecho, cuando en julio se empezaron a flexibilizar las medidas restrictivas tomadas al inicio de la pandemia, HelpAge International detectó medidas basadas en la edad en al menos 48 países.[2] Según los datos recogidos por la organización, a medida que los países iban superando el pico de la pandemia y los gobiernos empezaban a flexibilizar las medidas de contención del virus, las personas mayores tuvieron que seguir normas más restrictivas que el resto de la población. Así, por ejemplo, durante el desconfinamiento en diversos países no se ha permitido a las personas mayores abandonar sus casas o entrar en centros comerciales, mientras que sí podían hacerlo personas más jóvenes.

Es muy importante que todas las medidas que limitan la libertad de movimientos y que afectan a derechos tan básicos, no se basen en aspectos como la edad, sino en evidencias científicas y médicas que tengan en cuenta la diversidad que existe entre las personas mayores. Todas las medidas que se pongan en marcha en este sentido, además, deben ser temporales y revisarse de forma periódica y estar pensadas para causar los mínimos daños colaterales. Si bien es esencial crear estrategias para contener la propagación del virus, no podemos olvidarnos del resto de problemas de salud y de las consecuencias que pueden tener los largos periodos de aislamiento. A pesar de que existen multitud de medidas y programas que se basan en la edad (inicio de la escuela, prestaciones, ayudas para personas desempleadas, etc.), las medidas que restringen los derechos humanos no pueden basarse en aspectos como la edad, el sexo o la procedencia. Además, las medidas basadas en la edad pueden aumentar la estigmatización de las personas mayores y refuerzan los estereotipos que existen en el imaginario colectivo.

Volviendo al informe “Time For A Un Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age”, vemos que estas medidas han implicado también que las personas mayores vieran mermado su derecho a la autonomía y a la libertad de elección. Según los expertos, se ha negado el derecho de las personas mayores a recibir información y tomar sus propias decisiones sobre los tratamientos médicos y se han establecido límites de edad en los protocolos de triaje. A pesar de que esta no era una práctica nueva, se ha hecho visible durante la pandemia cuando los hospitales de todo el mundo se han visto colapsados. En este caso, no solo se está negando el derecho a la autonomía de las personas mayores, sino que también se ha violado su derecho a la vida y a la salud. Además, tal y como se ha denunciado desde múltiples organizaciones, durante la pandemia, se ha negado el derecho a la salud a muchas personas mayores de distintas formas, como el acceso a tratamientos y pruebas médicas. En España, el “Estudio del impacto de la COVID-19 en las personas con enfermedad crónica», realizado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), afirma que casi siete de cada diez consultas de pacientes con patologías crónicas fueron canceladas como consecuencia de la pandemia de coronavirus y, de las que no sufrieron anulaciones, el 66% fueron aplazadas.

También las carencias que existen en los servicios de atención y cuidados se han puesto de manifiesto con esta crisis. A nivel global, se han suspendido muchos servicios de atención durante el confinamiento, lo que ha implicado que las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas dependientes no tuvieran el apoyo necesario. Además, distintas investigaciones apuntan que el personal de asistencia y cuidados no ha contado con la protección necesaria para realizar su trabajo y, en todo el mundo, se han detectado multitud de errores en la gestión de centros residenciales. En España, el duro informe de Médicos del Mundo “Poco, tarde y mal”, publicado en agosto, expone cómo la excesiva mortalidad de las personas mayores es consecuencia de los problemas estructurales y sistémicos del modelo de residencias.

Por último, es importante señalar que algunas de las medidas que se han adoptado para hacer frente a la crisis sanitaria han aumentado también el riesgo de sufrir violencia, abandono, discriminación o pobreza. El aislamiento ha implicado un mayor riesgo de violencia machista y ha dificultado la posibilidad de pedir ayuda y denunciar situaciones de violencia. Además, el cierre de algunos servicios básicos, como bancos, ha dejado a muchas personas mayores sin acceso a sus ingresos o prestaciones en algunas partes del mundo.

Estrategias para acabar con el edadismo y la violencia en la vejez

Como hemos visto a lo largo de este artículo, la violencia hacia las personas mayores se basa en unas creencias culturales y sociales aprendidas a lo largo de nuestra vida. Por ello, lo primero que debemos hacer para acabar con el abuso y el maltrato en la vejez es promover una actitud positiva hacia las personas mayores y cambiar la percepción que tenemos sobre ellas. Las personas mayores, al igual que cualquier grupo de edad, está formado por personas muy diversas y debemos huir de estereotipos que no se corresponden con la realidad. Es fundamental que tengamos en cuenta que estamos hablando de personas adultas, con capacidad de decisión y que tienen el derecho a decidir sobre su propia vida -también en situaciones de dependencia o discapacidad-. Debemos considerarlas parte activa de la población y reconocer su gran potencial económico, cultural y social.

Por ello, desde las instituciones públicas y las organizaciones sociales, se debe promover su participación en la sociedad y en la toma de decisiones y fomentar iniciativas que promuevan el envejecimiento activo, ya sea desde el fomento del empleo o la formación, como programas de actividades lúdicas y deportivas.

Asimismo, para que las personas mayores puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos, se debe fomentar el conocimiento sobre discriminación y maltrato hacia las personas mayores y los recursos existentes. Como hemos visto, el edadismo y la violencia hacia las personas mayores aún son problemas muy invisibilizados y, por ello, ante situaciones de violencia, abusos o discriminación puede que muchas personas no sepan reconocer dicha violencia o no sepan cómo actuar ni dónde denunciarla. Es muy importante que las personas mayores conozcan cuáles son sus derechos y poner a su disposición asistencia legal. Además, debemos tener en cuenta otros tipos de discriminación, especialmente la discriminación y violencia machista y crear recursos específicos para las mujeres mayores.

En el contexto de esta crisis, todas las instituciones públicas y organizaciones civiles deben trabajar para dar una respuesta inclusiva. Entre otras cosas, es importante asegurar que las personas mayores tengan acceso a la información sobre los riesgos a los que se enfrentan y cómo pueden protegerse de ellos para que puedan tomar sus propias decisiones de forma consciente y respetando las indicaciones de las instituciones competentes. Por otro lado, las estadísticas oficiales deben recopilar información y datos de calidad sobre el impacto que está teniendo la Covid-19 en las personas mayores, así como los efectos que está teniendo la pandemia en otros aspectos de su vida. Por último, es de vital importancia que los sistemas de salud garanticen a las personas mayores el acceso a los servicios médicos en igualdad de condiciones y prestar especial atención a las personas refugiadas o que viven en contextos especialmente graves.

Aún es difícil saber el impacto real que tendrá la pandemia de Covid-19 en las personas mayores a nivel global, pero sí sabemos que cualquier respuesta a la crisis debe basarse en la defensa de los derechos fundamentales. Para ello, es importante contar con las herramientas y estrategias necesarias a nivel nacional e internacional. Una convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores ayudaría a incorporar la perspectiva de edad en la toma de decisiones y sentaría las bases para futuras normativas nacionales que fomentaran la calidad de vida durante la vejez y un cambio en el modelo de cuidados y de asistencia sanitaria.

Bibliografía

• Sleap,B.; Allen, R.; Byrnes, A.;  Doron, I.; Georgantzi, N.; Mitchell, B. (2020). Time For A Un Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age.

[https://www.age-platform.eu/sites/default/files/Discussion_Paper_COVID-19_Time_for_a_UN_Convention-Aug2020.pdf]

• Sleap, B. (2020). Easing of COVID-19 lockdown strategies discriminates against older people around the world. HelpAge International.

[https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/easing-of-covid19-lockdown-strategies-discriminates-against-older-people-around-the-world/]

• Barranco Avilés, M.C.; Vicente Echevarría,I. (2020). La discriminación por razón de edad en España. Conclusiones y recomendaciones para el contexto español desde un enfoque basado en derechos. HelpAge International España.[ http://helpage.es/download/5e2ade8f1b4a5]
• Médicos Sin Fronteras.(2020). Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de las personas mayores en las residencias durante la COVID-19 en España. Agosto 2020. [https://www.msf.es/sites/default/files/attachments/medicossinfronteras-informe-covid19-residencias.pdf].
• Plataforma de Pacientes.(2020). Estudio del impacto de la COVID-19 en las personas con enfermedad crónica.

[https://www.plataformadepacientes.org/sites/default/files/informe_covid19_final_web_ok.pdf]

• United Nations Coordinated Appeal. (2020). Global Humanitarian Response Plan Covid-19. April – December 2020 Global [https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHRP-COVID19_May_Update.pdf]
• United Nations. (2020). Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older persons. Mayo 2020. [https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_covid-19_and_older_persons_1_may_2020.pdf].

[1] Barranco Avilés, M.C.;  Vicente Echevarría, I. (2020). La discriminación por razón de edad en España. Conclusiones y recomendaciones para el contexto español desde un enfoque basado en derechos. HelpAge International España.

[2] Sleap,B.;  Allen, R.; Byrnes, A..; Doron, I.; Georgantzi, N.;  Mitchell, B. (2020). Time For A Un Convention On The Rights Of Older Persons. How the COVID-19 pandemic has shown the need to protect our rights in older age [https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/easing-of-covid19-lockdown-strategies-discriminates-against-older-people-around-the-world/]

Número 6, 2020

Mercedes Sastre, Universidad Complutense

Rosa Martínez y Susana Roldán, Universidad Rey Juan Carlos

1 – Introducción

El aumento de la esperanza de vida constituye un logro social histórico, pero plantea nuevas necesidades y retos. Uno de los principales es garantizar una atención adecuada a las personas dependientes. Para ello se requiere un sistema público de cuidados que permita afrontar situaciones que, por su naturaleza, no es fácil cubrir con recursos privados, incluso en familias con economías desahogadas. El buen funcionamiento del sistema de cuidados de larga duración (CLD) tiene un enorme impacto en el bienestar y la seguridad de las personas mayores, sus principales usuarios. Múltiples organismos internacionales han reconocido la importancia de desarrollar unas políticas que son parte crucial del llamado Cuarto Pilar del Estado de Bienestar.

España inició tardíamente la cobertura de esta necesidad social. Como en otros regímenes de bienestar familistas, el cuidado de las personas dependientes descansaba tradicionalmente en las familias, con una participación creciente de trabajadoras domésticas de origen extranjero contratadas generalmente en condiciones precarias. En suma, un cuidado básicamente informal y muy feminizado, con escasa presencia de la atención profesional y muy baja financiación pública. La aprobación en 2006 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD), puso en marcha un sistema público homologable al de otros países desarrollados, pero existe, tras trece años de andadura, una clara insatisfacción con los logros obtenidos.

Las deficiencias del sistema de cuidados han resultado más patentes tras la irrupción de la pandemia y los elevados índices de letalidad entre las personas mayores que viven en residencias, pero los problemas existían ya antes de la extensión del coronavirus. Este artículo hace un repaso del origen y desarrollo del sistema de atención a la dependencia en España, analizando la situación actual con un foco especial en los indicadores de los últimos meses, ya en plena era COVID. En la parte final se exponen las líneas de cambio que, a nuestro juicio, permitirían dotarnos en el futuro de un modelo mejor.

2 – La atención a la dependencia en España: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Tras décadas de práctica inexistencia de protección social en el ámbito de la atención a la dependencia, la aprobación de la Ley 39/2006 puso en marcha en España un sistema encaminado a garantizar, como derecho subjetivo, el cuidado de las personas que, por su edad y/o situaciones de enfermedad o discapacidad, necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria (alimentarse, vestirse, desplazarse, etc.). Hasta entonces, la atención a estas personas recaía en las familias, con un apoyo residual de los servicios sociales a las personas carentes de recursos. La financiación del cuidado en el nuevo sistema corre a cargo de la Administración Central, las comunidades autónomas y los propios usuarios a través de los copagos, que en ningún caso pueden suponer una barrera de acceso al sistema.

Los servicios previstos para atender a las personas dependientes incluyen la teleasistencia, la ayuda domiciliaria, los centros de día/ noche y la atención residencial, además de actuaciones preventivas y de refuerzo de la autonomía. Adicionalmente, existen tres tipos de ayudas económicas reguladas en la LAPAD: una para la contratación de un asistente personal (dirigida especialmente a los dependientes en edad activa), otra vinculada a la contratación de servicios de cuidado privados, para utilizar únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, y una última denominada prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF), diseñada en principio para un uso excepcional, pero que alcanzó finalmente un protagonismo excesivo y difícil de revertir en la práctica.

Gráfico 1. Número de personas dependientes con derecho reconocido atendidos y en lista de espera entre diciembre de 2008 y marzo de 2020

Notas: Datos a 31 de diciembre salvo para el año 2020 (datos a 31 de marzo).

Fuente: Elaboración propia con datos procedentes del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SISAAD).

El Gráfico 1 permite apreciar las distintas etapas de desarrollo del sistema a partir de 2008, primer año con datos. La fase inicial fue de puesta en marcha y expansión del sistema, llegando a superar en 2011 el millón de dependientes reconocidos y unos 740.000 atendidos. Las cifras globales ocultan importantes diferencias regionales, con comunidades más renuentes que otras a la implantación efectiva del SAAD. La evolución global positiva se trunca en el período 2012-2014, trienio que supone una auténtica paralización del sistema, con un recorte de recursos y reformas restrictivas encaminados a reducir el gasto. El número de dependientes con derecho reconocido a la espera de recibir atención (el llamado limbo de la dependencia), se redujo en estos años debido fundamentalmente al freno a las nuevas entradas (ADGSS, 2020).

A partir de 2015, el sistema se reactiva con el fin del (prorrogado) plazo de implantación y la incorporación de los dependientes de grado I al sistema, si bien la lista de espera alcanza su máximo histórico a finales de 2016, con casi 350.000 personas. En ese mismo año la mayoría de las fuerzas parlamentarias suscriben el Pacto de Estado por la Dependencia, en el que se acuerda un aumento de la financiación y la reversión de algunas de las medidas restrictivas aplicadas en 2012. Parece clara la necesidad de dotar de más recursos al sistema, cuya puesta en marcha estuvo lastrada por la crisis económica y los recortes sociales. Desde el año 2018, sin embargo, se aprecia una cierta ralentización, atribuida por los expertos a las sucesivas prórrogas presupuestarias, que han impedido cumplir los aumentos de financiación acordados. En ese contexto irrumpe la crisis sanitaria originada por la expansión de coronavirus desde principios del año 2020, cuyo impacto en las cifras de la dependencia se analizará más adelante. Antes de entrar en esa cuestión, se aportan unas breves pinceladas sobre la situación del sistema a finales de 2019.

Al terminar diciembre de 2019, el SAAD sumaba 1.385.037 de personas con algún grado de dependencia reconocido, un 34% el grado I (dependencia moderada), un 37% el Grado II (dependencia severa) y un 29% el grado III (gran dependencia). De esta cifra, 1.115.183 personas recibían algún servicio o prestación al finalizar 2019, pero para casi 270.000 personas las ayudas aún no se habían materializado. La persistencia de esta lista de espera, en la cual fallecen más de 30.000 personas al año sin llegar a recibir la ayuda reconocida, constituye una de las grandes debilidades del sistema y una clara violación de los principios inspiradores de la ley 39/2006, pero existen otros dependientes destendidos por el sistema. El grave retraso en la gestión de los expedientes, superior al año en muchas CCAA (ADGSS 2020), significa que hay en todo momento unas 150.000 solicitudes pendientes de dictamen. Además, existe evidencia indirecta de que un número importante de personas potencialmente dependientes no llegan a solicitar las ayudas, lo que rebaja aún más la cobertura real del sistema[1].

Tabla 1. Ayudas del sistema de atención a la dependencia a finales de 2019

Notas: (1) Existen más ayudas que beneficiarios porque algunas ayudas como la teleasistencia son compatibles con otras.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SISAAD.

La Tabla 1 muestra el tipo de ayudas vigentes al finalizar 2019, en la antesala de la pandemia. Señalemos que, del millón largo de beneficiarios que había en esa fecha, el 73% superaba los 65 años y un 41% eran mujeres de 80 o más años.

Como se refleja en los datos, la prestación más numerosa era la de cuidados en el entorno familiar, que, pese a su carácter teóricamente excepcional, aún recibían casi cuatro de cada diez beneficiarios. Este hecho constituye una de las principales disfunciones del sistema, ya que supone dejar en manos de las familias la responsabilidad del cuidado a cambio de una prestación muy exigua que, además, tiene un negativo impacto de género, pues la mayor parte del cuidado sigue siendo realizado por mujeres. Para las Administraciones Públicas constituye una solución de bajo coste, como muestra el dato que compara los porcentajes de beneficiarios y de coste total que suponen los cinco recursos principales del sistema: más del 38% de los beneficiarios son atendidos a través de la PECEF, pero estas ayudas, cuya cuantía media es de 247 euros/mes, solo suponen un 17% del coste total del sistema (ADGSS, 2020). Corregir esta situación requeriría una mayor inversión en servicios de proximidad (ayuda domiciliaria y centros de día), recursos actualmente infradotados y con baja intensidad horaria (la ayuda a domicilio proporcionada no supera las 12,5 horas semanales para un gran dependiente, la situación más extrema), así como ampliar la oferta de atención residencial para los casos más graves.

La atención residencial representa la situación opuesta a la PECEF: solo un 16% de los beneficiarios reciben cuidados en residencias públicas o concertadas, pero el coste de esas plazas representa casi la mitad del coste total del sistema (aunque las familias contribuyen al mismo con el copago). Las plazas disponibles en España por cada mil personas de 65 años son inferiores a las existentes en la mayoría de los países europeos (OCDE, 2019) y no cubren la demanda efectiva de atención residencial, por lo que algunas administraciones autonómicas han optado por potenciar (como situación transitoria o incluso definitiva) la prestación vinculada al servicio (PEVS), que fue concedida al 13% de los beneficiarios en 2019. Aunque el cheque-servicio puede cubrir también ayuda domiciliaria o centros de día, la ADGSS estima que entre el 70% y el 80% de las PEVS se utilizan como ayudas para financiar residencias privadas. Estas ayudas para residencias tienen una cuantía media de unos 550 euros al mes, por lo que las familias tienen que aportar de su bolsillo una parte sustancial del coste del cuidado (ADGSS, 2020).

La calidad de la atención residencial prestada a nuestros mayores ha estado en el punto de mira desde hace tiempo, cobrando un especial protagonismo durante la pandemia. Una debilidad clara del sistema es el tamaño excesivo de los centros, que dificulta la personalización del cuidado: más del 51% de las plazas se localiza en macro-residencias con más de 100 camas. Además, el modelo de atención no se ha renovado ni adaptado a las necesidades y preferencias de las personas mayores y sus familias, y existe un escaso control de la calidad de la atención prestada (comidas, espacios, atención sanitaria, ocio, etc.). Esto último resulta crucial si tenemos en cuenta que el sector público gestiona directamente solo una minoría de centros, pese a financiar (aunque de forma insuficiente) más de la mitad de las plazas disponibles, según los datos de la Estadística de Servicios Sociales dirigidos a las Personas Mayores elaborada por el IMSERSO.

3 – La atención a la dependencia en la era COVID: algunas cifras clave

La pandemia llego a España en un momento en el cual las cifras de la atención a la dependencia parecían mostrar una nueva ralentización, debido al retraso en la aprobación de los aumentos presupuestarios requeridos para agilizar y mejorar el sistema. En este contexto, resulta de interés analizar el efecto de la crisis del COVID sobre las grandes cifras del SAAD. Los datos de gestión más recientes del SAAD, aunque insuficientes para conocer a fondo el impacto real de la pandemia, sugieren ya algunos efectos importantes al menos en tres ámbitos: las solicitudes recibidas y resueltas, las prestaciones reconocidas y concedidas, y la estructura de las ayudas otorgadas.

a) Menos solicitudes y resoluciones

El Gráfico 2 muestra que se ha producido un importante retroceso en los ocho meses transcurridos desde finales de enero hasta finales de agosto, tanto en las solicitudes como en las resoluciones de expedientes de valoración. La disminución se concentra en los meses de abril, mayo y junio, cuando el número de expedientes de solicitud activos disminuyó en casi 50.000 personas. La cifra de expedientes resueltos, por su parte, siguió una tendencia similar (la tasa de resolución se mantuvo constante en un valor próximo al 92%).

Gráfico 2. Solicitudes y resoluciones del sistema de atención a la dependencia

Fuente: Elaboración propia con datos del SISAAD.

Existen varios factores que pueden explicar esta evolución. Por un lado, la reducción en el número de solicitudes podría reflejar una desconfianza en el sistema, especialmente acusada en el caso de la atención residencial, dadas las situaciones de precariedad puestas de manifiesto durante la primera ola de la pandemia. Por otro lado, el confinamiento pudo dificultar y retardar la presentación de solicitudes por parte de personas que querían hacerlo (aunque no se aprecia una clara recuperación de las cifras tras finalizar el estado de alarma). Por último, la reducción puede reflejar, en parte, el exceso de mortalidad de las personas ya registradas en el sistema al iniciarse la pandemia (ya que las cifras reflejan el número de expedientes activos, que cada mes se actualizan con las nuevas altas, pero descuentan las bajas).

b) Se reduce el “limbo” de la dependencia sin que aumenten los beneficiarios

A finales de agosto de 2020 había casi 1.350.000 personas en situación de dependencia reconocida, de las cuales 1.111.792 percibían alguna prestación o servicio. Las 234.577 restantes eran personas con derecho reconocido a la espera de recibir prestación. Ello implica una lista de espera del 17,4% de las personas con derecho a ayuda (Gráfico 3). Son tres puntos menos que en el mes de marzo, cuando casi el 20% de los dependientes se encontraban en el llamado limbo de la dependencia: unas 36.000 personas menos, por tanto.

Gráfico 3. Dependientes con derecho reconocido, dependientes atendidos y porcentaje de dependientes reconocidos en lista de espera para recibir servicios o prestaciones

Fuente: Elaboración propia con datos del SISAAD.

La valoración de este descenso en la lista de espera debe hacerse con cuidado en un contexto de caída en el número de solicitudes, que implica menos presión sobre el sistema. Además, la disminución del limbo se debe, en parte, a los numerosos fallecimientos ocurridos en el período considerado. La propia AGDSS alerta de que en los primeros ocho meses de 2020 han fallecido 35.277 personas que formaban parte de la lista de espera, 5.000 más que la cifra total registrada en el conjunto del año 2019. El número de personas beneficiarias de ayuda es actualmente inferior en unas 10.000 personas al existente a finales del mes de marzo, lo que implica que las personas fallecidas no han sido ni siquiera reemplazadas por las que están en lista de espera. Ello entraña, a juicio de José Manuel Ramírez, el director de la ADGSS (Remacha y Oliveres, 2020), un recorte encubierto de los servicios de atención a la dependencia. Madrid es, seguida de Cataluña, la región en la que más ha disminuido la cifra de beneficiarios.

c) Menos servicios públicos y más cuidado familiar

Desglosando por tipo de prestación o servicio se aprecia un claro retroceso de la atención residencial, con cerca de 15.000 usuarios menos en los meses considerados (una caída de casi un 9% sobre la cifra inicial), habiéndose reducido también en cierta medida el número de servicios de Ayuda a Domicilio y, sobre todo, la atención en Centros de Día. Paralelamente, ha aumentado en más de 15.000 el número de ayudas económicas para el cuidado en el entorno familiar y en más de 3.000 las ayudas para la contratación de servicios privados (Tabla 2).

Tabla 2. Número de prestaciones y servicios de atención a la dependencia por tipo ⁽¹⁾

Notas: (1) Se excluyen las prestaciones por teleasistencia y prevención de la dependencia, que se otorgan casi siempre de forma complementarias a otras prestaciones, así como también la muy minoritaria prestación económica por asistente personal.

Fuente: Elaboración propia con datos del SISAAD.

En definitiva, en el actual contexto de crisis sanitaria se ha optado de nuevo por favorecer las PECEF en detrimento de los servicios profesionales. Como han señalado recientemente Navarro y Pazos (2020), durante el confinamiento no solo no se fortalecieron los servicios públicos de cuidado, sino que muchos se suspendieron. Así, se cerraron los centros de día para la atención a personas dependientes y se redujeron sustancialmente los servicios de ayuda a domicilio (en la Comunidad de Madrid se mantuvieron solo los servicios mínimos para los dependientes de grado III y para los de grado II sin apoyo familiar). Desde el lado de la demanda, cabe sospechar que la evolución de la mortalidad por COVID en las residencias de mayores, que agravó una situación que ya se venía denunciando como insostenible, hizo que muchas familias optaran por acoger en casa a sus dependientes.

4 – ¿Cómo podemos lograr un sistema mejor?

La actual emergencia social acentúa el déficit estructural en materia de atención a la dependencia en nuestro país. Según los datos de la OCDE (2019), España dedica solamente el 0,7% del PIB a cuidados de larga duración (frente al 3,2% de Suecia, el 1,9% de Francia o el 1,5% de Alemania) y la situación sanitaria ha puesto de manifiesto la urgencia de desarrollar estos servicios esenciales que constituyen el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar.

El sistema actual, pese a establecer el derecho de las personas dependientes a ser atendidas, no garantiza una atención suficiente y de calidad, vulnerando los derechos de las personas implicadas que, en buena medida, se ven obligadas a suplir de manera individual las deficiencias del sistema. Parece imprescindible una transformación radical del modelo actual y el diseño de un nuevo sistema que subsane las deficiencias del actual. Para ello resulta esencial que el sistema se base en servicios prestados directamente por el sector público y cuente con los recursos económicos necesarios.

Como se expone con detalle en Martínez, Roldán y Sastre (2018), consideramos que el sistema debe basarse en los principios básicos de: i) carácter público, ii) universalidad, iii) cobertura y atención suficiente, iv) prestación directa de servicios, v) empleo público, vi) gratuidad del cuidado, vii) equidad de género, y viii) equidad interterritorial[2]. Todo ello requiere aumentar la inversión social y modificar el uso de los recursos públicos, para garantizar la universalidad real, aumentar la intensidad protectora y financiar con cargo a impuestos, sin copagos excluyentes, los cuidados ofrecidos por el sistema, cubriendo la participación de los usuarios los costes de alojamiento y manutención que entrañan las soluciones institucionales (centros de día, residencias, etc.), siempre en función del nivel de renta de los beneficiarios.

Paralelamente, es preciso reforzar y diversificar la oferta pública de servicios. El sistema propuesto excluye los pagos monetarios directos a los dependientes y sus cuidadores informales, por tratarse de uno de los elementos del diseño actual que más ha distorsionado su funcionamiento.

Estimaciones recientes (Navarro y Pazos, 2020) muestran que mejorar la cobertura actual del sistema en la línea de lo expuesto requeriría, además de proporcionar servicios a las personas en lista de espera y con expedientes en proceso de valoración (unas 430.000 a finales del 2019) y mejorar la intensidad y calidad de la atención prestada, incluir en el sistema a unas 400.000 personas dependientes que se estima que no han solicitado la ayuda por diversas razones. La implantación de un sistema como el descrito requeriría una importante inyección de recursos, en torno a los 11.680 millones euros según las estimaciones de Navarro y Pazos (2020), de los que se recuperarían 4.719 millones por impuestos y cotizaciones derivados de los nuevos empleos (aproximadamente medio millón). El potencial del sistema de atención a la dependencia como nicho de empleo digno, no contaminante, no deslocalizable y esencial para el bienestar constituye en sí mismo un argumento importante en un país como España, con un problema crónico de elevado desempleo.

Una reforma fiscal que redujese sustancialmente las numerosas, inconexas y a menudo regresivas desgravaciones fiscales relacionadas con la edad, la dependencia y la discapacidad podría lograr un ahorro fiscal de unos 2.140 millones de euros, lo que, teniendo en cuenta los retornos, podría llegar a rebajar sustancialmente la necesidad de recursos adicionales. Son cifras, obviamente, difíciles de asumir a corto plazo, y menos aún en el incierto escenario económico generado por la pandemia, pero resulta razonable si el cambio de sistema se implementa en un plazo temporal de unos 10 años, con un plan de choque para las mejoras más prioritarias.

5 – Conclusiones

El cuidado de las personas mayores dependientes en España constituye una necesidad social postergada a la que el sistema implantado tras la ley de Dependencia del año 2006 no ha conseguido dar respuesta. La cobertura real es baja, el proceso para obtener las ayudas, largo y farragoso, y los servicios prestados son insuficientes y no garantizan una atención adecuada. Se ha primado el cuidado informal en el seno del hogar como alternativa de bajo coste al desarrollo de unos servicios públicos bien dotados, tanto en entornos de proximidad (ayuda a domicilio y centros de día) como en residencias. Existen, además, grandes desigualdades territoriales en el funcionamiento del sistema y la información es escasa y no siempre homogénea.

La mejora en la calidad de la atención residencial constituye una necesidad prioritaria, ya que es el recurso que cubre a los dependientes más vulnerables. La elevada letalidad en estos centros durante la pandemia del COVID-19 avala las tesis de quienes vienen reclamando hace tiempo una revisión a fondo del modelo residencial, para hacerlo más atractivo y seguro. La infradotación de recursos del sistema de atención a la dependencia ha contribuido a agravar el impacto negativo de la pandemia en la vida de las personas mayores, debido al cierre de recursos de proximidad y al retroceso de una atención residencial a la que las familias miran ahora aún con mayor desconfianza.

Para revertir la situación se necesitan recursos económicos, pero también prioridad política.  El coste de un buen sistema de atención a la dependencia es obviamente superior al del modelo actual, pero es asumible si se tienen en cuenta los importantes retornos en términos de empleo, económicos y financieros y se revisan los incentivos fiscales relacionados con la discapacidad y la dependencia. Es en último término la sociedad, a través del sistema político, la que debe decidir qué modelo de protección de la dependencia quiere y cuál es el precio que está dispuesta a pagar.

6 – Referencias

ADGSS (2020). XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia. Madrid: Asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Martínez, R., Roldán, S., & Sastre, M. (2018). La atención a la dependencia en España. Evaluación del Sistema actual y propuesta de implantación de un Sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, 5/2018.

Martínez, R., Roldán, S., & Sastre, M. (2020). “Dependencia, territorio y desigualdad”, en Ayala, L. & Ruiz-Huerta, J. [dirs.], Cuarto Informe sobre la Desigualdad en España (próxima publicación), Madrid: Fundación Alternativas.

Navarro, V., & Pazos, M. [coordinadores] (2020). El Cuarto Pilar del Estado del Bienestar: una propuesta para cubrir necesidades esenciales de cuidado, crear empleo y avanzar hacia la igualdad de género. Documento de Trabajo de la Universidad Pompeu Fabra. Recuperado de: https://www.upf.edu/documents/3943251/0/INFORME+-+4%C2%BA+Pilar+del+Estado+del+Bienestar/80828c07-ae14-8419-2225-f18c2744fb93

OCDE (2019). Health at a Glance 2019: OECD Indicators. París: OCDE. https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en.

Remacha, B. & Oliveres, V. (2020). “Las muertes de personas en espera de ayuda por dependencia durante la pandemia ya superan las de todo 2019”, elDiario.es, 15 septiembre 2020. https://www.eldiario.es/sociedad/muertes-personas-espera-ayuda-dependencia-durante-pandemia-superan_1_6223314.html

[1] Según estimaciones basadas en la Encuesta Nacional de Salud de 2017 (Martínez, Roldán y Sastre, 2020) en torno al 15% de la población mayor de 65 años estaría en condiciones de solicitar ayuda del sistema de dependencia, aproximadamente 1,4 millones de personas mayores dependientes. Extrapolando esta cifra a la población total obtendríamos una cifra global de dependientes potenciales de 1,9 millones de personas.

[2] Como se desarrolla con mayor detalle en Martínez, Roldán y Sastre (2020), la atención a la dependencia muestra grandes diferencias entre territorios, que generan situaciones contrarias al principio de igualdad.

Número 6, 2020

Irene Lebrusán Murillo

Doctora en Sociología. Institute for Global Law and Policy (Harvard University) & Colaboradora Honorífica Instituto TRANSOC (Universidad Complutense de Madrid)

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1 – Introducción

El aumento de la longevidad es uno de los mayores logros de nuestra sociedad: no solo tenemos una esperanza de vida -83 años- muy superior a la mayoría de países, sino que cada vez son más numerosas las cohortes que llegan a edades avanzadas. En 2020, más de 9,2 millones de personas en España han alcanzado, al menos, los 65 años, y más de 2,8 millones superan los 80 (datos INE). Además, la experiencia de la vejez de estas personas dista enormemente de la de las vejeces del pasado pues, en su mayoría, llegan a avanzadas edades con condiciones físicas y económicas que les permiten experimentar una vejez autónoma e independiente.

La manifestación de esta independencia no debemos buscarla en una disminución de la población en residencias, pues en nuestro país siempre ha tenido un peso menor en la resolución de las necesidades habitacionales de los mayores (alrededor del 3,2%), sino en la creciente preferencia por permanecer en el propio hogar de forma independiente. Así, no solo se han reducido los hogares intergeneracionales, sino que mucho más han aumentado los hogares unipersonales entre los 65+[i]. La permanencia en el propio hogar a medida que se envejece ha recibido gran atención en la literatura internacional, bajo el concepto ageing in place (envejecer en el lugar o en la vivienda) que ha demostrado tener múltiples beneficios para la persona mayor.

Sin embargo, la cuestión de la vivienda ocupada no ha recibido la atención necesaria. Lo cierto es que, aunque la calidad residencial ha mejorado entre los mayores en los últimos años, determinados problemas no han sido aún resueltos para todos los hogares, poniendo en riesgo los beneficios de la permanencia en el entorno conocido o, incluso, la misma permanencia. Tampoco se reflexiona lo suficiente sobre el hecho de que no solo cambian los hogares (su forma, sus necesidades, capacidades y deseos), sino que también lo hace el entorno residencial.

Este artículo reflexiona sobre la importancia que tiene la vivienda en el proceso de envejecimiento y los diferentes desajustes que aparecen en el proceso de envejecer en relación con la vivienda y el entorno en España. Se plantean las dos dimensiones principales (que no únicas) que ponen en riesgo la continuidad en el entorno conocido y deseado por las personas que tienen más de 65 años en España (umbral establecido convencionalmente de entrada en la vejez).

2 – La importancia de envejecer en la vivienda y en el espacio conocido

En consonancia con la mayor longevidad y la mayor autonomía referidas, las personas prefieren vivir de forma autónoma en su propia vivienda hasta edades muy avanzadas, y si pueden, hasta el momento de su muerte [ii].

La preferencia a permanecer en casa a medida que se envejece no solo es mayoritaria, sino que es positiva para la salud y para el bienestar, incluso para quienes se encuentran en situación de dependencia[iii]. Además, permanecer en el lugar conocido cumple una importante función psicosocial, pues se configura como parte de la representación social [iv] y resulta fundamental en la autodefinición[v] [vi], anclando las identidades de las personas y generando un sentido de pertenencia [vii]. Su trascendencia es aún mayor durante la vejez, pues no solo es un elemento clave en la calidad de vida y bienestar [viii] [ix], sino que contribuye a situar la identidad durante esta etapa vital para la que no solemos estar preparados.

La cuestión identitaria es especialmente relevante debido a que la ausencia de socialización de cara a la vejez[x] hace que envejecer se convierta en un desafío para la identidad [xi], siendo difícil de definir y, en ocasiones, de afrontar. De ahí que la continuidad en el entorno conocido (donde conozco y me conocen) cumpla una función fundamental de conexión entre la vejez y las etapas anteriores y, por lo tanto, con la propia identidad.

Por último, el envejecimiento en el hogar implica una decisión activa y la expresión fáctica de un deseo, simbolizando así control sobre la propia vida y permitiendo experimentar la vejez como una etapa de continuidad, añadida a las demás y no yuxtapuesta[xii]. En este sentido, se considera que la permanencia en la vivienda, continuar siendo independiente y evitar la ruptura con esa identidad espacial es clave en la redefinición y experiencia en positivo de esa nueva vejez referida. Por último, que las personas mayores permanezcan en sus casas es la opción más económica para el Estado [xiii].

No obstante, las características de las viviendas ocupadas pueden convertirse en un impedimento para dicha permanencia y sus beneficios, teniendo la vivienda deficiente un efecto extremadamente negativo sobre la salud en la vejez y asociándose a una mayor morbilidad [xiv].

3 – Poder continuar en el espacio conocido

El análisis estadístico y el trabajo cualitativo[xv], que incluyó entrevistas y visitas a las viviendas, reveló aspectos relacionados con la habitabilidad de la misma, el edificio y el entorno que podían poner en serio peligro la continuidad en el espacio conocido y el bienestar. La primera dimensión serían las propias características y el estado de la vivienda, que, como señala la OMS, condicionan no solo la equidad social sino la sanitaria. En segundo lugar, nos encontramos con lo que hemos denominado la asequibilidad económica, afectada por los condicionantes de contexto (dimensión económica o coste de habitar) y con formas de solidaridad familiar descendiente que pueden reducir los recursos destinados al bienestar residencial.

a) La dimensión imprescindible para continuar en el entorno conocido: las condiciones residenciales

A pesar de la mejora en materia de vivienda en el periodo 1991-2011[xvi], en investigaciones anteriores constatamos que, en España, 1.596.675 personas mayores de 65 años sufrían vulnerabilidad residencial extrema (el 20,1%)[xvii]. Esta situación de riesgo no venía determinada tanto por la acumulación de muchas carencias o categorías negativas de bajo impacto sino por la existencia de problemas muy graves de habitabilidad. Incluso cuando los problemas no se acumulaban, algunos mayores experimentaban problemas de gravedad que impediría cualquier bienestar en la vejez:

Tabla 1: Problemas detectados en las viviendas y número de personas mayores de 65 años a las que afectan (España, 2011)

Fuente: adaptación de Lebrusán Murillo, I. (2019: 140)[xviii].

Puesto que aún no tenemos un nuevo Censo, desconocemos si estos datos han mejorado. No obstante, es poco probable que hayan podido solucionar aquellos problemas de gravedad que no se solucionaron durante la vida laboral. Por otra parte, la consulta de otras estadísticas, y aun no existiendo variables comparables, ponen en duda esta posibilidad. Según la EU-SILC, en 2018, más de 55.000 personas mayores en España (el 0,6%) sufrían graves carencias en su vivienda, aumentado hasta el 1,8% de quienes vivían bajo el umbral de la pobreza. Además, más de 18.000 carecen tanto de inodoro como de bañera o ducha en el interior de su vivienda (el 0,4% de quienes sufrían más pobreza) y el 13,5% del total de personas mayores sufren goteras, humedades o podredumbre, y la cifra se eleva hasta los 20,6% para quienes están bajo el umbral de pobreza y tienen más de 65 años.

Las personas mayores que sufren estas condiciones tan extremas de privación residencial y no cuentan con mecanismos (o recursos) para solucionarlas, desarrollan a menudo diferentes mecanismos de autodefensa. El acercamiento cualitativo permitió constatar una fuerte disonancia con la percepción o dimensión subjetiva de la vivienda: las personas afectadas por condiciones residenciales que ponían en riesgo la continuidad en el entorno conocido minimizaban su impacto en la vida cotidiana e, incluso, consideraban las condiciones de la vivienda mejores de lo que eran desde un punto de vista objetivo. En ocasiones, esta percepción era el resultado del contraste o contraposición con la historia residencial previa. Por ejemplo, haber vivido situaciones de exclusión residencial (especialmente en el caso del chabolismo) se planteaba como una mejora inequívoca en la situación personal, minimizando así el impacto de situaciones residenciales objetivamente intolerables. En otras ocasiones, la negación del problema surgía para evitar el riesgo de perder la autonomía e incluso, como un mecanismo de defensa psicológica ante la situación de vulnerabilidad. Esta podía ser tan extrema que las personas que la sufrían no solicitaban ayudas públicas a las que hubieran podido acceder, entre otras cosas, por vergüenza o por reducir el riesgo a ser sacados de su hogar. Por último, se constató que, a mayor apego, mejor consideración subjetiva de la vivienda, pero especialmente, mayor rechazo a reconocer la mala situación objetiva de la vivienda.

b) La segunda dimensión: la asequibilidad económica y la capacidad de hacer frente a los gastos esperados e inesperados

Esta dimensión refiere los gastos relacionados con la vivienda y su mantenimiento, incluyendo tanto costes derivados de la propia tenencia (alquiler o pagos de hipoteca pendientes), el habitar (servicios como el agua, la luz…) como otro tipo de gastos planificables (IBI, gastos de comunidad) o inesperados (derramas o rehabilitación tanto de la vivienda como del edificio). Cabría pensar que la seguridad económica que potencialmente proporcionaría la pensión permite afrontar con soltura estas cuestiones al conjunto de los mayores, pero esto no es cierto para todos ellos: el 3,7% de los 65+ sufren sobrecarga del costo la vivienda, cifra que aumenta hasta el 16,5% entre aquellos bajo el umbral de la pobreza (Eurostat-SILC). Además, el 43,9% de los mayores experimenta al menos cierta dificultad para llegar a fin de mes (ECV, INE).

Más complejas de cuantificar resultan otras cuestiones. Concretamente, lo que denominaremos sobrecoste de la localización apareció en varios testimonios como una amenaza a la continuidad en el barrio. Este sobrecoste se presenta asociado al habitar en algunas ciudades, pudiendo aumentar en función de la localización concreta de la vivienda en la ciudad y como resultado de algunos procesos urbanos, como la gentrificación y la turistificación. Cuando un espacio sufre este cambio poblacional, es habitual que el tejido comercial pierda su carácter previo y se adecúe a las demandas de la nueva población, dejando de dar cobertura a las necesidades de los mayores que viven en el área. Ejemplo serían la sustitución de comercios tradicionales por comercios gourmet, poco asequibles, por comercios étnicos (económicamente accesibles, pero con una oferta que no da respuesta a la demanda de las personas mayores) o por comercio especializado y de grandes superficies que sustituye al comercio de proximidad. Esto provoca largos desplazamientos para la compra diaria o un encarecimiento de la cesta de la compra inasumible para ciertas economías. En definitiva, los mayores quedan aislados económicamente. Este tipo de aislamiento puede suponer, en el largo plazo, un inevitable abandono del barrio.

La dimensión más económica del habitar puede verse afectada por efectos derivados de la solidaridad familiar (rasgo característico estructural de la sociedad española) al reducir los recursos propios. Ante las necesidades de los descendientes (desempleo, un revés económico, una separación) la cantidad de recursos económicos disponibles para mejorar o rehabilitar la vivienda o dar respuesta a nuevas necesidades, queda reducida. En ocasiones, la manifestación de la solidaridad familiar va más allá de la transferencia económica puntual y puede producirse la vuelta al hogar de hijos ya emancipados, en ocasiones acompañados de sus propias familias, con la consiguiente reducción en los recursos del hogar mayor. Una última manifestación constatada entre personas de mejor situación socioeconómica sería la pérdida de recursos inmobiliarios al ceder la segunda residencia a los hijos en necesidad de vivienda, lo que supone dejar de contar con una posible forma de financiar necesidades que surgen en la vejez.

4 – Conclusiones

Las personas mayores desean y deciden permanecer independientes y, a poder ser, en su vivienda, frente a otras opciones o alternativas residenciales. Como hemos señalado, esta permanencia tiene numerosos aspectos positivos. Sin embargo, no todas las viviendas reúnen las características necesarias para que esta permanencia sea positiva o posible. Algunas viviendas no reúnen características adecuadas para un envejecimiento de calidad, y un número nada desdeñable incumple los parámetros mínimos para residir en ellas. Por otra parte, e incluso sin analizar las características urbanísticas del entorno y la accesibilidad, a veces la permanencia en el entorno no es posible debido a procesos ocultos de expulsión derivados de la lógica económica.

Cuando analizamos la situación residencial de las personas que tienen más de 65 años, estamos haciendo referencia al proceso vital de habitar. Esto significa que la referencia sincrónica contiene en realidad un proceso social y temporal de amplio alcance: es el resultado de una trayectoria residencial durante el ciclo del hogar que no siempre ha podido ser resuelta de forma efectiva. Obviar esta realidad supone dejar de lado las necesidades de un grupo amplio de población: en la heterogeneidad del grupo 65+, cada vez más numeroso, se esconden situaciones residenciales diversas, no siempre adecuadas y que ponen en riesgo el deseo de continuar en el espacio deseado, con las consecuencias que eso tendría en el bienestar de estas personas y en su identidad espacial y personal. El hecho de llevar toda una vida en el sistema residencial parece no ser una garantía para tener una vivienda adecuada y de calidad. Esta es una cuestión clave al reflexionar sobre la situación de las personas mayores y sobre su capacidad para continuar formando parte del entorno que conocen (y donde son reconocidos).

Las reflexiones que se han presentado invitan a repensar la forma en la que se deben abordar las necesidades residenciales en la vejez, en la importancia que tienen para la permanencia en la vivienda y el espacio conocido de las personas mayores y qué mecanismos, objetivos o subjetivos, pueden estar interviniendo en las relaciones disfuncionales que un grupo de personas experimenta con su vivienda durante la vejez.

5 – Referencias bibliográficas

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[i] Zamora López, F., Barrios, L., Lebrusán, I., Parant, A., & Delgado, M. «Households of the elderly in Spain: Between solitude and family solidarities.» Ageing, Lifestyles and Economic Crises. Routledge, 2017. 135-148.

[ii] Fernández-Carro, C. (2014) ‘Ageing in Place’ in Europe a multidimensional approach to independent living in later life. Universitat Autònoma de Barcelona.

[iii] Pinzón-Pulido, S. A. (2016). Atención residencial vs. atención domiciliaria en la provisión de cuidados de larga duración a personas mayores en situación de dependencia. Tesis doctoral. Sevilla: Universidad de Sevilla

[iv] Milgram, S. (1984). Cities as social representations. Social representations, 289-309.

[v] Proshansky, H., Fabian A., & Kaminoff, R. (1983). Place identity: Physical world socialization of the self. Journal of Environmental Psychology 3. 57-83.

[vi] Valera, S., & Pol, E. (1994). El concepto de identidad social urbana: una aproximación entre la psicología social y la psicología ambiental. Anuario de psicología/The UB Journal of psychology, (62), 5-24.

[vii] Preece, J. (2020). Belonging in working-class neighbourhoods: dis-identification, territorialisation and biographies of people and place. Urban Studies, 57(4), 827-843.

[viii] Rowles, G. D. (1993). Evolving images of place in aging and ‘aging in place’. Generations, 17(2), 65-70.

[ix] Oswald, F., & Kaspar, R. (2012). On the quantitative assessment of perceived housing in later life. Journal of Housing for the Elderly, 26(1-3), 72-93.

[x] Rosow, I. (1974). Socialization to old age. Univ of California Press.

[xi] Caradec, V. (2012). Sociologie de la vieillesse et du vieillissement. París. Armand Colin.

[xii] Lebrusán Murillo, I.: La vivienda en la vejez: problemas y estrategias para envejecer en sociedad. Politeya: estudios de política y sociedad, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 243 p. ISBN: 978-84-00-10546-4

[xiii] Oldman, C. (2003). Devicing, theorizing and self-justification a critique of independent living. Critical Social Policy 23:44-62.

[xiv] Saiegh, B. (2012). Relación entre las condiciones de la vivienda y mortalidad en la población española mayor de 65 años. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos.

[xv] Se realizaron 41 entrevistas y un grupo de discusión.

[xvi] Lebrusán Murillo, I. (2015) «La inadecuación residencial después de los 65 años: carencias en viviendas que no se adaptan.» Documentación social 176: 37-54.

[xvii] Lebrusán Murillo, I.: La vivienda en la vejez: problemas y estrategias para envejecer en sociedad. Politeya: estudios de política y sociedad, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 243 p. ISBN: 978-84-00-10546-4

[xviii] Ibídem

Número 6, 2020