Sociólogo. Equipo de Estudios de Cáritas Española
El género es un factor explicativo ineludible en cualquier análisis. Por regla general si comparamos la situación entre varones y mujeres, estas últimas llevan la peor parte.
La última encuesta FOESSA sobre exclusión social así lo manifiesta. Las mujeres tienen peores condiciones de empleo y están más presentes en la mayoría de los indicadores de pobreza y exclusión social…
En este breve artículo queremos llamar la atención sobre uno de los datos en los que esta realidad se nos muestra con mayor contundencia, a más de apuntar con claridad que la cuestión de género tiene, sobre todo, una causa estructural.
Al preguntar a la población desempleada sobre que pasaría si encontraran hoy mismo un empleo, entre aquellos que respondían que no podrían aceptarlo por responsabilidades familiares, tan solo el 8,2% eran varones, frente a un 91,7% de mujeres. Los varones podrían dejar de ejercer inmediatamente sus responsabilidades familiares, las mujeres no.
El rol de los cuidados, de todo lo reproductivo sigue asignado a fuego a la mujer. Este dato concreto no es sino uno más de entre muchos y lo hemos elegido por su contundencia. Y porque nos abre la vía a la reflexión sobre el proceso de asignación de roles, que no es inocente, y manifiesta un modelo que primero las cataloga como importantes y secundarios, y después los distribuye sexualmente.
Marte es la producción y la competencia, venus la reproducción y el cuidado. Marte es importante, Venus secundaria. Sus respectivos roles son reconocidos y recompensados social, cultural y económicamente como tales.
No tenemos que explicar la importancia del acceso al empleo como mecanismo de integración social, y como esta asignación de rol pone a las mujeres en mayor dificultad. De igual manera, cuando entre los criterios para conceder y mantener una renta mínima se incluye sin más consideración el de ser buscador activo de empleo, obviando que muchas mujeres no pueden serlo, porque ponerse a trabajar tiene consecuencias muy graves sobre aquellos a los que cuida.
Pero más allá de esto, la asignación y valoración social de los roles es una realidad socialmente construida, que no responde en su mayor parte a ningún tipo de determinismo natural, y que en tanto constructo es posible y deseable su modificación, tanto en su asignación como en su consideración social.
Sería muy importante que los varones comencemos a sumir tareas reproductivas y de cuidados, que se cambien leyes y hábitos de organización del trabajo… pero no para descargar a la mujer de tareas secundarias, sino para que aprendamos que eso de cuidar es socialmente mucho más interesante que el competir, y que sin reproducción nada se puede producir. Para afirmar que el sostenimiento y el cuidado de la vida es el sentido último del vivir social.
Técnico equipo Estudios Cáritas Española
Cohesión social es un concepto que nos remite a ideas como valores compartidos, capital social, pertenencia, orden social, integración, igualdad y un largo etcétera. Es un concepto para algunos autores ambiguo e incluso ambivalente. En este post la retratamos desde la percepción que tienen las personas, tanto de su supervivencia material como desde la relación y el vínculo social que les une a los demás.
Desde este punto de vista, la fotografía de la España de hoy nos lleva a construir una imagen de país formada por cuatro diferentes sociedades, que tienden a distanciarse y a establecer entre ellas relaciones de desconfianza.
La gran mayoría social se encontraría en la sociedad de las oportunidades, un espacio adaptado a los mecanismos de participación social y a los valores que nuestro modelo de desarrollo representa. Las personas que la disfrutan sienten tener razón en sus ideas y prácticas cotidianas en cuanto a lo que es necesario hacer para salir adelante. Consumen en pro del desarrollo humano pero no acaban de asociar modelo de vida y crisis ecosocial. Al mirar hacia los otros cada vez practican menos la empatía y la solidaridad. Se han adaptado a los valores de la revolución neoliberal donde la responsabilidad individual explica casi todas las contingencias.
La sociedad insegura está representada por aquellos que tienen un empleo precario, insuficiente y un futuro incierto. Temen que en la próxima sacudida de la economía se pueden precipitar hacia la exclusión social. No se ven estancados pero sí sienten debilitar sus oportunidades y los lazos que les unen a la mayoría social.
Pero hay un grupo cada vez más numeroso de personas a las que caracteriza la desconfianza, la sociedad estancada. Desconfianza hacia los acomodados de la sociedad, hacia las instituciones que nos representan y nos protegen. Es una desconfianza contradictoria ya que son las personas que más necesitarían tanto de las instituciones como del apoyo del resto de la sociedad. Llevan más de una década pidiendo ayuda, reclamando protección porque se encuentran cada vez más a la intemperie, pero sus reclamos no se traducen en políticas públicas fuertes, dado que vivimos en un Estado de Bienestar low-cost.
El retrato lo completan aquellas personas y hogares que viven en la supervivencia pura y dura como objetivo cotidiano, la sociedad expulsada. En algún momento estuvieron protegidos pero ya no lo están, y el sistema ha dejado de pensar en ellos. Han roto sus vínculos con el resto porque ya no sienten que se les tenga en cuenta. Han dejado de participar socialmente porque la agenda política les ignora.
Los hilos que atraviesan el conjunto social tienden a debilitarse y a crear fragmentaciones y algunas polaridades. Estamos olvidando el sentido primigenio de nuestros Estados del Bienestar: no permitir dejar a nadie atrás ante las desigualdades, desde que nacemos hasta que morimos.
Equipo técnico de la Fundación FOESSA
El panorama social en España consolida los signos de desigualdad que llevamos tiempo conociendo, con una población en situación de integración plena que se recupera y comienza a acercarse a valores similares a los obtenidos antes de la crisis, pero con un grupo en exclusión aún muy numeroso y notablemente superior en la exclusión más severa al de 2007. Este escenario, debido a las desigualdades que presenta, significa graves riesgos para la construcción de una sociedad cohesionada.
10 años después del comienzo de la crisis económica, y 4 años después de su punto de inflexión, hemos recuperado los niveles previos a la crisis en el caso de la integración plena, pero no en los de la exclusión. Así, el porcentaje de población en integración plena es ligeramente inferior al registrado antes de la crisis, 48,9% en 2007 frente al 48,4% en 2018, si bien la exclusión social sigue siendo notablemente superior, especialmente la severa, al año 2007. La población en situación de exclusión ha pasado del 16,4% en 2007 al 18,4 actual, lo que significa un aumento del 12,2%, llegando dicho incremento a un 39,7% en el caso de la población en situación de exclusión severa, que en 2018 afecta al 8,8% del conjunto de la población.
Un incremento de 1,2 millones de personas más en el espacio de la exclusión. Esta es la factura en términos de exclusión social que nuestra sociedad ha pagado tras una crisis económica de 6 años y 4 años de recuperación.
En un contexto de análisis de este ciclo de diez años, donde tanto la población como los hogares han crecido en España, el aumento con respecto a 2007, de las situaciones de exclusión es más marcado conforme más severa es la misma. La exclusión más moderada ofrece una ligera bajada y un sustancial incremento la más severa. 4,1 millones de personas permanecen en una situación de exclusión severa, reduciéndose tan solo en 924 mil personas desde 2013. En el caso de los hogares, la evolución de los datos de exclusión es aún más marcada. En la actualidad tenemos 3,2 millones de hogares en situación de exclusión, 628 mil más que en 2007, con 1,5 millones en situación de exclusión severa frente a los 914 mil de 2007, lo que significa que hay 587 mil hogares más en esta situación que antes de la crisis, un 64,1%.
La exclusión social tiene un carácter contra cíclico, aumenta rápidamente en situaciones de crisis pero desciende más lentamente cuando se producen los procesos de recuperación. El cierre del ciclo lo hacemos con un grupo mayor de personas en exclusión. El futuro cercano no nos permite ser optimistas en términos de atención social. La presión sobre los servicios sociales públicos y las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social no está amainando tanto como lo que el crecimiento del empleo pronosticaría. Sobre todo si tenemos en cuenta que 6 millones de personas se encuentran en este momento situadas en la frontera entre la integración precaria y la exclusión más moderada, grupo que incrementará los datos de atención en el momento que el ciclo de recuperación económica pierda fuerza.
Sin embargo parecería que, nuevamente, el pensamiento social colectivo hiciera invisible esta realidad como sucedía en el año 2007.
Pedro Fuentes Rey, técnico del equipo de Estudios de Cáritas Española
Las políticas públicas y la intervención social del tercer sector en contextos de exclusión social hacen, con mucha frecuencia, un especial hincapié en la activación de las personas. Haciendo un análisis que sitúa la causa en el terreno de lo personal. Los datos de la EINSFOESSA 2021 desmienten que este sea el problema central, poniendo de manifiesto que son los propios mecanismos de integración social los que fallan. ¿ha llegado la hora de poner ahí el acento?
La encuesta EINSFOESSA 2021 ha indagado sobre el grado en que las personas realizan o no actividades de inserción, de mejora de su empleabilidad, de aprendizaje… es decir, si están activadas es porque realizan actividades como trabajar, estudiar, formarse o acudir a diversos programas formativos o laborales, entre otros, a los ofrecidos por los servicios sociales públicos y privados para superar la situación en la que se encuentran, pero especialmente para encontrar un empleo.
Este gráfico nos muestra el porcentaje de activación en función del nivel de integración y, por tanto, de las condiciones de vida del hogar. Lo primero que se observa es que sea cual sea la posición respecto a la integración social, se da un altísimo porcentaje de hogares en los que, al menos un miembro, realiza este tipo de actividades. Siendo incluso ligeramente superior en los hogares en la zona de exclusión. En principio no parece que el problema de la activación sea el elemento principal a abordar en la intervención.
Si acercamos un poco la lupa y miramos ahora solo a las personas perceptoras de algún tipo de prestación económica, los datos no corroboran el mantra de su efecto desincentivador de la activación.
Aun en el caso del grupo en el que el nivel de activación es menor, (los perceptores de renta mínima autonómica o estatal) esta es ligeramente superior al 50%, y nada demuestra que la causa de la bajada sea responsabilidad de la prestación.
De este gráfico podemos extraer dos conclusiones complementarias: la primera, que cuanto más se cobra por una prestación, más nivel de activación se produce. Y la segunda, que la reducción de la intensidad de las actividades de activación quizá se deba más al tiempo de permanencia en la situación que, en la medida que se incrementa, provoca desánimo.
Así, tenemos un colectivo de personas nada desdeñable que queda fuera de los procesos normalizados de integración que de manera masiva están haciendo esfuerzos por acceder a alguno de ellos (están activados). Un grupo que suele obtener una respuesta centrada, en ocasiones de manera obsesiva, en activarlos, quizá porque, como sociedad, asumimos acríticamente la visión liberal de la pobreza que responsabiliza al individuo, y solo a él de su situación.
Empeñarse en facilitar una llave a quien intenta y no puede abrir una determinada puerta y olvidarse de descorrer los cerrojos del interior no parece la mejor de las maneras de plantear el asunto. Lo que no funciona son los mecanismos de integración social, que, si alguna vez lo hicieron, ya no dan respuesta a todas las personas.
El empleo ya no es accesible para todas, y cuando lo es, no protege de la pobreza y la exclusión de forma universal. La formación estudiada apenas acerca al desarrollo profesional en ese campo. No existen espacios fuera del mercado donde aportar a los demás nuestros saberes o haceres. Los lazos comunitarios son hoy escasos y débiles. Realmente no es extraño el desánimo si el resultado de la inversión en activación no lleva a cubrir, o tan siquiera a acercarse a las expectativas con las que se hace, o con las que se les vende. Y, a pesar de ello, los que se desaminan son una minoría.
Daniel Rodríguez de Blas, Comité Técnico de la Fundación FOESSA.
Ángeles, 35 años, vive con su hija Martina que acaba de cumplir los 4. Desde que terminó su proceso formativo en hostelería ha ido encadenando contratos temporales alternándolos con periodos de desempleo. 2023 fue un buen año porque estuvo casi todo el año trabajando con un único contrato que le brindaba ingresos suficientes, pero a principios de 2024 todo se torció y aún no ha conseguido encontrar un empleo que le permita conciliar. Durante los primeros meses cobró la prestación por desempleo y algún otro subsidió al que tenía derecho, pero después sus ingresos se quedaron en cero obligándolas a recurrir a entidades de solidaridad para mantener sus necesidades básicas.
Aunque el de Ángeles y Martina es un caso inventado no es una historia alejada de la realidad ni ajena a las profesionales de Cáritas y muchas otras organizaciones que ejercen como entidades mediadoras para que las familias puedan acceder al IMV.
El pasado 10 de abril la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) emitió su Tercera Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (i), afirmando que desde sus inicios, el IMV ha elevado el número de hogares protegidos por una prestación de último recurso y llega a colectivos muy vulnerables, pero hay margen para mejorar su diseño, despliegue y gestión (ii)
Volviendo a nuestras ficticias, pero tan reales, Ángeles y Martina, puede ser que a pesar de atravesar graves dificultades económicas en el presente no hayan solicitado el IMV bien por desconocimiento, por verse ajenas al mundo de las prestaciones o por sentirse incapaces de tramitar solicitudes con tan alta carga de burocracia. No sería un caso aislado, la AIRef, en la mencionada publicación, afirma que en 2023 el 56% de los hogares elegibles para percibir el IMV no lo solicitaron.
También pudiera ser que sí lo solicitasen, que asesoradas por alguna de las entidades mediadoras conociesen su derecho y decidiesen ejercer el mismo solicitando la citada prestación a lo largo de 2024. Y también pudiera ser que, dados los ingresos estables y suficientes declarados en 2023, se les denegase. Esta es otra de las deficiencias detectadas en el diseño y gestión del IMV; que para decidir la aprobación o no de un expediente se tienen en cuenta los datos económicos del ejercicio anterior por lo que pueden darse claras disonancias entre la situación económica del año anterior (buenos ingresos, en el ejemplo de nuestras Ángeles y Martina), la situación actual (ningún ingreso) y la decisión final de la Administración (denegar la solicitud).(iii)
Sea como fuere el caso de Ángeles y Martina, la AIReF nos deja claro en su publicación que el IMV alcanzó en 2023 al 36 % de sus potenciales beneficiarios. Es decir, que sólo han percibido la prestación poco más de un tercio del conjunto de las familias que, a priori, tendrían derecho al mismo.
La propia AIReF en sus propuestas nos brinda dos claves que ayudarían a los cientos de miles de ángeles y martinas que viven en nuestro país, y de paso liberaría de buena y tediosa carga de trabajo a nuestras valiosas trabajadoras sociales.
Por un lado, la AIReF esgrime la necesidad de que el IMV articule una reforma que permita la verificación de los requisitos económicos para el acceso y revisiones de la prestación utilizando datos más vinculados al presente (por ejemplo, las cotizaciones sociales) y de esta forma disminuir la frecuencia e importes de las revisiones y reembolsos y captar mejor las situaciones de pobreza sobrevenida.
Pero esto no debería ser más que un camino hacia el objetivo último, una idea que también aparece en el escrito de la AIReF: acelerar la transformación hacia un modelo de gestión del conjunto de prestaciones no contributivas (IMV, CAPI, subsidios por desempleo, …) más automático y que se actúe de oficio.
Y puestos a soñar, y soñando que las ángeles y martinas estén siempre en el centro de nuestros modelos de gestión e inclusión y que todas estas medidas sean útiles para facilitarles la vida y no para complicársela… En un momento histórico en el que la administración (Seguridad Social, Hacienda, etc.) cuenta con la inmensa mayoría de los datos de ingresos de la inmensa mayoría de la ciudadanía, ¿Por qué no se automatiza el acceso al IMV cuando se identifican casos de familias que cumplen con los requisitos? ¿Estamos tecnológicamente tan lejos de que el acceso al IMV sea tan sencillo como el acceso a una prestación por desempleo o una pensión por viudedad o se trata de un tema de voluntad política?
Sea por unos motivos o por otros, el hecho de que el IMV en 2023 haya llegado sólo al 17% de los hogares en riesgo de pobreza (iv), datos también proporcionados por la AIReF, nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de implementar modificaciones en el diseño y la gestión de la prestación y la automatización, en pro de facilitar y ajustar las decisiones a las realidades que viven las familias en el presente (y no en el ejercicio anterior), debe ser una clave tenida muy en cuenta.
i https://www.airef.es/wp-content/uploads/2024/07/IMV/Tercera-Opinion-del-IMV.-Julio-2024.pdf
iii Aunque el IMV contempla la posibilidad de que se tengan en cuenta los datos económicos actuales en aquellos supuestos en los que la situación de vulnerabilidad económica haya sobrevenido durante el año en curso (Artículo 11.5 Ley IMV), la realidad es que en 2023 sólo se han aprobado el 2% de los expedientes que han solicitado tener en cuenta los ingresos del año en curos.
iv Teniendo en cuenta el umbral del 40% de la mediana.
María Moscardó Bolinches. Trabajadora Social. Técnica de la Fundación FOESSA
Puedes encontrar a María en X
España cuenta con uno de los índices de fecundidad más bajos del mundo, un récord que ostenta ya desde hace varios años y que no parece mostrar ningún síntoma de cambio, a corto plazo. Pero, ¿existe una respuesta al por qué? Para tratar de responder esta pregunta es conveniente tener presente que la familia se ve influenciada y se va adaptando a una sociedad en constante cambio. Desde hace varias décadas se viene produciendo un descenso de la fecundidad que se demuestra en todos los países europeos y que se puede atribuir a diferentes causas, como los cambios en los esquemas familiares que tradicionalmente han sido aceptados, las consecuencias de las continuas crisis económicas, la precariedad laboral o el impacto de la insuficiencia de las políticas públicas, especialmente aquellas que tienen que ver con el apoyo a las familias o los cuidados.
Las políticas familiares juegan un papel crucial en la decisión de tener hijos e hijas, porque influyen en aspectos sociales y económicos que importan a las familias y que van desde las transferencias monetarias, a los permisos parentales o el acceso gratuito a plazas públicas educativas los tres primeros años de vida de los niños y niñas.
Sin embargo, no es cuestión de poner el foco únicamente en las políticas familiares como motor para promover la fecundidad, sino también de considerar su relevancia en los procesos de transformación demográfica y las condiciones de vida de las personas.
En este sentido, hace unas semanas, algunos titulares recogían los últimos datos de la estadística continua de población (INE): La población de España crece en 900 personas al día y se acerca ya a los 48,7 millones; Los datos confirman que el crecimiento de la población en España sigue debiéndose al incremento de personas extranjeras; La mayor cifra de la historia, gracias a la llegada de personas nacidas en otros países. Según los datos del INE, el reciente crecimiento demográfico en España no se atribuye al aumento en la tasa de fecundidad, sino al incremento de la inmigración.
No debemos olvidar que las políticas, en general, y las familiares, en particular, no solo benefician a las familias o a las personas que las componen, sino que también contribuyen al bienestar general de la sociedad, fomentando un crecimiento poblacional sostenible y equilibrado.
Número 17, 2024
Olivia Pérez, responsable de Comunicación de Cáritas Valencia
Puedes encontrar a Olivia en X (Twitter)
La convivencia en un espacio tan reducido como una habitación es complicada. Ahora Ana busca un lugar donde vivir ella sola, sin papeles, y, por lo tanto, sin contrato, es prácticamente imposible encontrar un lugar en el que vivir si, además, cuenta con unos ingresos muy limitados echando horas limpiando algunas casas.
Ana no es un caso aislado. En España, hay casi cuatro millones de viviendas vacías, según el consumo eléctrico que no se genera en ellas (dato que recoge el último censo de población y viviendas del INE publicado en junio de 2023). Y sin embargo, el mismo Instituto Nacional, unos meses antes, había informado de que: un total de 28.552 personas sin hogar han sido usuarias de centros asistenciales de alojamiento y/o restauración en el año 2022, de las cuales 7.277 han pernoctado en espacios públicos o alojamientos de fortuna. Por alojamientos de fortuna se refiere a hall de un inmueble, cajero, portal, coche, …[1].
Por suerte, Ana aun o ha necesitado instalarse en uno de estos alojamientos de fortuna, pero como muchas personas, cada vez más, vive en un piso o una habitación compartida en situación de subarriendo, que probablemente, no salen a la luz en las encuestas (muchas de las subarrendadoras no empadronan a las personas que instalan en su casa para no perder alguna ayuda o, simplemente, por falta de empatía). Las condiciones físicas y las situaciones emocionales a las que se tienen que enfrentar las personas en estas habitaciones compartidas provocan experiencias muy negativas para ellas, muchas de las cuales incluyen vulneraciones de sus derechos: de acceso a una vivienda segura, pero también, de desarrollo personal, dignidad, acceso a la atención sanitaria, entre otros.
Amal (cuyo nombre tampoco es real, por supuesto) es de origen magrebí y hace unos años tuvo que divorciarse de su marido maltratador. Con sus dos hijos y el apoyo de su Cáritas diocesana y del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española ha tenido que enfrentarse a un injusto desahucio cuando el banco decidió echarlos del piso en el que vivían. Está siendo un proceso largo y complicado, pero Amal y sus queridas amigas de Cáritas lo están enfrentando juntas hasta hacer una reclamación en el DESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que ha pedido medidas cautelares a la justicia española para que ella y sus hijos no puedan ser arrojados a la calle.
A Dios rogando… y no con el mazo, sino con la incidencia política actuando. Si nos creemos que, de verdad, el derecho de acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental de TODAS las personas, probablemente no podamos seguir esperando a que las cosas se resuelvan solas.
[1] INE, Nota de Prensa de la “Encuesta a las personas sin hogar. Año 2022”: Un total de 28.552 personas sin hogar son atendidas en centros asistenciales de alojamiento y restauración en 2022, un 24,5% más que en 2012. Consultado en línea en https://www.ine.es/prensa/epsh_2022.pdf el 4 de marzo de 2024.
Thomas Ubrich, equipo de estudios de Cáritas Española
Puedes encontrar a Thomas en X (antiguo Twitter).
Las personas migrantes son un grupo particularmente vulnerable. Su situación es frágil y a menudo viven en condiciones extremadamente precarias, con ingresos muy bajos y grandes dificultades para acceder al empleo, a la vivienda e incluso a la salud. Los discursos estigmatizadores contra ellas alientan la indiferencia de la opinión pública hacia su situación y explican el apoyo a políticas que reducen sus derechos en nuestro territorio.
En general, las personas migrantes en situación irregular sufren mayores vulneraciones de derechos, lo que provoca que la exclusión social les afecte tres veces más que a la población española. Estas personas casi no reciben ningún tipo de ayuda: los ayuntamientos y comunidades les ponen muchas dificultades si no están empadronados al menos un año.
En España el actual marco legal es insuficiente e inadaptado, lo que muchas veces genera un abandono institucional casi completo de estas personas que se ven abocadas a la economía sumergida y a ir al Banco de Alimentos u otras pocas entidades obligadas a rescatar, apoyar y ayudar de estas personas.
En definitiva, actúan junto a las personas migrantes para que sus derechos sean respetados y sus necesidades primarias cubiertas en todas partes. También trabajan diariamente para promover su integración y cambiar la percepción que tiene la sociedad española sobre estas personas.
Las personas en situación administrativa irregular en nuestro país son una realidad invisible, aunque muy presente y cada vez más numerosa. De forma estructural, no disponemos de cifras precisas sobre el número de extranjeros en situación administrativa irregular en España. Su realidad no es reconocida en los datos oficiales.
Desde la Fundación FOESSA se ha realizado una estimación de las personas residentes sin estatus legal en nuestro país a partir de los datos aportados por las Cáritas Diocesanas de todo el territorio español. Según este cálculo, en el año 2022, aproximadamente una tercera parte de la población acompañada a través de sus programas y recursos se encuentra en situación administrativa irregular, al menos 500.000 personas que necesitan del apoyo de Cáritas un periodo medio que oscila entre 1 y 2 años. Esta cifra representa un incremento del 43% con respecto del dato estimado en el año 2019, que se situaba en torno a 350.000 personas.
Para Cáritas, toda persona tiene derecho a que se preserve su dignidad e integridad. No obstante, tanto Cáritas como otras organizaciones sociales se ven forzadas a una especialización hacia la atención o acompañamiento de estas personas para paliar la desprotección que les afecta. La garantía de los derechos humanos de todas las personas migradas no puede estar en manos de las organizaciones sociales o de la sociedad civil, sino de las instituciones públicas del Estado que son los titulares de obligaciones. Para ello, es fundamental poder avanzar hacia una puesta en práctica real de las vías legales para obtener una autorización de residencia y/o trabajo que en la actualidad han tenido un desarrollo normativo escaso. Además, debemos avanzar en una solución jurídica que garantice todos sus derechos y que no deje en el limbo de la irregularidad a personas que llevan años siendo nuestras vecinas y aportando a nuestra sociedad.
Thomas Ubrich, equipo de Estudios de Cáritas Española.
¿Podemos afirmar que el dinero da la felicidad? Desde luego que mal no viene… pero, ni su carencia puede explicar por sí solo las situaciones de vulnerabilidad social, ni cuando lo hay puede determinar nuestra calidad de vida.
Ahora bien, es manifiesto que el hecho de disponer o no de dinero, y según cuánto disponemos, tiene un impacto más o menos positivo en nuestro sentimiento de felicidad y sobre nuestra percepción de estar incluido o menos. Parece que de hecho esta relación es incluso más pronunciada cuando uno es más pobre que cuando uno es más rico. Una razón para entender esta afirmación es que el hecho de disponer de dinero es más eficaz para satisfacer necesidades deficientes o no cubiertas, que para satisfacer necesidades superiores, es decir las relacionadas con la autorrealización.
La falta de dinero suficiente para poder cubrir las necesidades esenciales obliga a muchas familias a hacer renuncias, arbitrajes imposibles entre comer productos frescos o poder llenar el depósito del coche, pagar el abono mensual de transporte, o comprar ropa nueva, materiales escolares o incluso posibilitar que los hijos acudan a una excursión del colegio. Estas estrategias o decisiones obligadas hacen muchos estragos en las familias y sus miembros, dejando heridas y cicatrices fruto de la ansiedad y el miedo al mañana que bloquea el poder planificarse y vivir con tranquilidad.
Globalmente, el 7% de las personas de 16 o más años reconoce no haberse sentido feliz nunca o solo alguna vez durante el año 2022[1]. Este porcentaje fue mayor a medida que descendía el nivel de ingresos, alcanzando casi el 10% de las que tenían ingresos bajos, frente al 5% de las de ingresos altos; es decir generando una brecha de desigualdad de 5 puntos porcentuales entre los que más tienen y los que menos.
De la misma manera, la percepción de sentirse excluido de la sociedad (de acuerdo o totalmente de acuerdo) es casi 4 veces mayor entre la población con menos ingresos (12%) frente a la que más tiene (3,4%).
Asimismo, algo similar ocurre si observamos la percepción de soledad, una vez más un nivel de ingresos más bajo parece asociarse con el sentimiento más negativo: un 4,1% del primer quintil de ingresos reconoce sentirse siempre solo frente al 0,5% del quinto quintil. Se trata de un sentimiento muy relacionado con el sentimiento de satisfacción con la vida, felicidad o inclusión, a su vez muy relacionado con la posibilidad de poder pedir ayuda a personas del entorno social más cercano: el 11,6% de las personas con los ingresos más bajos dijo no poder pedir ayuda a familiares, amigos o vecinos, frente al 3,4% de las personas con los mayores ingresos.
En suma, tal vez no existan los medios ni los recursos para garantizar la felicidad, pero sin duda, las autoridades públicas pueden y deben garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado de todas las personas y familias, independientemente de su origen, su situación de dependencia o discapacidad, su composición familiar, su género, o cualquier otra cuestión que genere una situación de desventaja. Esta protección debe pasar indudablemente por un sistema de garantía de ingresos mínimos, así como de políticas públicas y sociales adecuadas y suficientes para permitir cubrir las necesidades básicas y esenciales, pero también asegurar una participación social en condiciones de dignidad y de libertad de elección.
[1] Módulos de salud y calidad de vida, ECV 2022, INE.
Pedro Fuentes, equipo Estudios de Cáritas Española
Los datos de la EINSFOESSA 2021, referidos al año 2020 nos permiten calcular el estrés financiero en los hogares, que en su relación con el pago del alquiler implica que este gasto puede suponer hasta más o mucho más del 30% de los ingresos. Esta medida del 30% se viene aplicando históricamente[1] para hablar del mercado inmobiliario, si bien la UE habla hoy del 40% como umbral.
En primer lugar, observamos como para el conjunto de los hogares de España que vive de alquiler (incluyendo modalidades como las habitaciones y otras aún más informales,) el coste del alquiler pone en situación de estrés al 47 % (31% moderado y 16% extremo.)
Si cruzamos ahora el indicador de estrés con la situación de pobreza económica, vemos como el nivel de estrés se eleva hasta el 61% de los hogares en situación de pobreza severa (ingresos inferiores al 40% de la renta mediana), y como para el resto de las situaciones, este supone una situación de estrés moderado para uno de cada tres hogares. Hecho que nos indica la existencia de un amplísimo sector de hogares en una situación de vulnerabilidad ante el alquiler, apuntando ya hacia la magnitud del problema social que supone la vivienda.
A estos datos hay que sumarle la evolución de los precios, que con carácter general y según el informe anual que publica el portal inmobiliario Idealista[2] alcanzó en enero de 2023 su máximo histórico con un coste de 11,6 € el metro cuadrado de media en España, (mucho más elevado en determinadas zonas.) Esto supone un incremento del 9% sobre el precio de enero de 2022. Por otra parte, la evolución de los salarios está lejos de seguir este ritmo. Con estos elementos añadidos, podemos afirmar que el problema es hoy aún de mayor magnitud que en la fecha recogida en el gráfico.
Probablemente estemos ante el problema número uno que hoy afronta la sociedad en España, que más allá de los empeoramientos coyunturales por las crisis, tiene un carácter claramente estructural. Un problema ante el que el margen de acción para las iniciativas del tercer sector es muy estrecho, y que para afrontarlo exige de profundos cambios políticos y económicos.
Es preciso cuestionar la lógica del mercado como única a aplicar en el acceso a la vivienda, lo que implica reflexionar y regular dos lógicas por ahora enfrentadas, el derecho a una vivienda y la vivienda como un bien de inversión. En la actualidad tan solo el 1,4% del parque de viviendas lo es de titularidad pública, lo que reclama una revisión del papel de lo público como agente protagonista del derecho a la vivienda. Y desde la mirada del tercer sector de acción social parece, sobre todo, necesaria la acción de incidencia y presión a los gestores de lo público como la herramienta eficaz para promover cambios realmente transformadores de esta realidad.
[1] La Enmienda Brooke, que limitó la renta de las viviendas públicas en Estados unidos (1969) al 25% de los ingresos.
[2] https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/report
Thomas Ubrich, equipo Estudios de Cáritas Española
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En los últimos meses, una nueva crisis de tipo inflacionario ha agravado una situación social y económica todavía muy inestable e incierta como resultado de la crisis social y sanitaria asociada a la COVID-19.
La inflación ha ido creciendo hasta alcanzar máximos no vistos en 37 años y en julio ascendía al 10,8%. La Comisión Europea estima que cerraremos el año 2022 con una inflación global del 8,1%, y parece ser que llega para quedarse, ya que según la OCDE este dato seguirá en máximos en España, al menos, hasta el año 2024.
Toda la sociedad, empresas y familias, se está viendo afectada por el encarecimiento del coste de la vida: los recibos están aumentando y cada vez cuesta más llenar la nevera y pagar las facturas. El aumento de los precios erosiona el valor de los salarios y ahorros reales, empobreciendo así a las familias. Pero sin duda, de nuevo los más vulnerables son los más afectados. Los hogares de ingresos bajos y medios son generalmente más vulnerables a la alta inflación que los más ricos, debido a la respectiva composición de sus ingresos, activos y en particular de sus canastas de consumo.
Así, si el aumento del costo de la vida nos impacta a todos, este aumento que afecta particularmente al precio de los alimentos, la vivienda y el transporte, afecta más a las personas y familias más pobres, por la importante participación que estos gastos ocupan en su presupuesto. Los gastos esenciales (vivienda + alimentación + transporte) suponen reservar 61€ de cada 100€, y por tanto reducir a 29€ de cada 100€ a otros gastos igualmente importantes y necesario como son el vestido y el calzado, las comunicaciones, la sanidad, la educación y un largo etcétera.
Además, si desglosamos los datos de inflación, se ve que las mayores subidas de precios corresponden a los productos y servicios esenciales. Así, la inflación correspondiente a los gastos en vivienda y suministros (agua, luz, gas…) alcanzaba en junio de 2022 el 19%, igual que la partida de transportes. Por su parte, el crecimiento de los precios de la alimentación superaba el 13%.
Proporción de los ingresos destinados a vivienda y alimentos según nivel de ingresos de los hogares
Esto supone que las familias deben dedicar casi toda su capacidad de gasto a cubrir las necesidades más básicas: vivienda, alimentación y transporte. Si antes de la crisis de la inflación, los hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales (el 31,7% del total de hogares) destinaban a estas tres partidas 61 de cada 100 de los euros que ingresaban, al terminar el año estarán dedicando 80 de cada 100 euros que ingresen. Peor les iba a las familias con ingresos menores a 1.000 euros (el 14,8% del total de hogares en España), que antes de la crisis se veían obligados a dedicar casi el 70% de esa cantidad exclusivamente a vivienda y alimentación y que al finalizar el año superaran los 80 de cada 100 euros.
Proporción de gastos esenciales (vivienda+alimentos+transporte) en 2021 y simulación de 2021+IPC a junio, según nivel de ingresos de los hogares
La crisis inflacionaria nos plantea nuevamente el reto de una reforma profunda de nuestro sistema de protección social. Por un lado, necesitamos medidas urgentes capaces de paliar y mitigar el sufrimiento actual de las personas más vulnerables. Y por otro, es también esencial mejorar las políticas que protegen a los más vulnerables y luchan con medidas preventivas contra las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.
Mihaela Vancea, politóloga. Responsable de investigación en protección social, Programa Desigualdad 0, Oxfam Intermón
Puedes encontrar a Mihaela Vancea en Linkedin.
Las últimas estimaciones basadas en encuestas propias y en micro simulaciones (EINSFOESSA 2021; Monitor de Desigualdad Caixabank 2021; El Observatorio Social Fundación ‘la Caixa’ 2022) muestran que la crisis de la COVID-19 ha acrecentado las desigualdades socioeconómicas y la pobreza en España, una situación que seguramente se agudizará con la fuerte subida de los precios. El impacto sobre las personas jóvenes resulta ser particularmente intenso frente al resto de grupos de edad, debido a su escasa incorporación al mercado laboral, su extrema precariedad laboral, y el limitado acceso a las prestaciones sociales.
Actualmente, las personas jóvenes (de 16 a 29 años) son el grupo de edad con la segunda tasa de pobreza más alta (22,7%), cuatro puntos más que en 2008 (Alianza por la Juventud, 2022). Según Ayala Cañón et al. (2022), hay 2,7 millones de personas jóvenes entre 16 y 34 años afectadas por procesos de exclusión social, la mitad en exclusión severa (especialmente de empleo y vivienda), para las que resulta prácticamente imposible independizarse y comenzar a realizar su proyecto vital. Por rápida o ágil que sea la recuperación económica post-crisis, las consecuencias sobre la población joven requieren medidas urgentes, que generen empleo de calidad y mejoren los sistemas de protección social que permitan erradicar la pobreza juvenil y evitar la exclusión social.
Hasta 2020, España era el único país de la UE que no contaba con un programa estatal de renta mínima como una red de protección en la lucha contra la pobreza severa y la exclusión social. El 1 de junio de 2020, acelerado a raíz de la crisis de la COVID-19, se pone en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a través del Real Decreto-ley 20/2020, como una medida de protección social que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Con su aprobación, el Gobierno esperaba llegar a 850.000 hogares (unos 2,3 millones de personas), erradicando así la pobreza extrema (1,6 millones de personas en 2020), haciéndola compatible con otras rentas salariales e incluyendo incentivos al empleo. Tras dos años de vigencia, aún no se dispone de su desarrollo reglamentario, por lo que se mantienen muchas incógnitas sobre determinados elementos de su puesta en marcha y sus posibles efectos.
A lo largo de 2021, se actualizaron las cuantías correspondientes a las diferentes categorías del IMV. De la misma manera, se modificaron las cuantías correspondientes a 2022, con un incremento puntual entre marzo y junio de 2022 de un 18% como resultado del alza de precios. La evolución de los expedientes aprobados y el número de beneficiarios ha ido ganando impulso a lo largo de los dos años de vigencia de este instrumento, alcanzando en marzo de 2022 un total de 1.064.809 personas beneficiarias (46% de lo inicialmente previsto por el gobierno). Las razones del retraso son múltiples, pudiendo citarse las dificultades para su acceso y solicitud, así como la dificultad de los trámites de comprobación de los requisitos, que hizo que la ratio entre solicitudes presentadas y aprobadas fuera muy baja en 2020 y 2021, para crecer paulatinamente durante 2022.
En 2020, la proporción de población joven entre 16 y 29 años con carencia material severa llegaba a un 18,4%, mientras que la población adulta de 30 a 64 años con carencia material severa representaba un 15,2%. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) era también más alta para la población joven entre 16 y 29 años (30,3%), en comparación con la población adulta entre 30 y 44 años (25,6%) o entre 45 a 64 años (26,4%) (ECV, INE). No obstante, de acuerdo con los últimos datos disponibles de finales de 2021, referidos a la distribución poblacional de los beneficiarios del IMV por grupos de edad, es significativo el escaso peso de las personas más jóvenes frente a las adultas.
Aunque la población joven resulta ser uno de los colectivos más afectados por la crisis sanitaria, y probablemente también por el alza de precios, el diseño del IMV deja fuera a muchas personas jóvenes. En concreto, no contempla a las personas jóvenes de 18 a 23 años, aunque cumplan los requisitos de renta, y perjudica a las personas jóvenes de 23 a 30 años al exigirles más requisitos que para el resto de la población adulta. De hecho, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Juventud Española (CJE) en el informe Ingreso Mínimo Vital: ¿es justo con la juventud?, señalan la posible inconstitucionalidad que podría constituir esta discriminación por edad.
En este contexto, es imperativo seguir avanzando en la senda de la protección social y laboral de la población joven. Garantizar el derecho al IMV para todas las personas jóvenes es un paso esencial en la lucha contra la pobreza y la exclusión social de las mismas. En este sentido, proponemos ampliar el acceso al IMV para personas entre 18 y 23 años, equiparar los requisitos de acceso para las personas solicitantes entre 18 y 30 años con las del resto de población adulta, y asegurar la complementariedad con las Rentas Mínimas Autonómicas (RMA). Solo unas medidas sociales inclusivas y articuladas territorialmente tendrán suficiente capacidad para reducir la pobreza y la exclusión social de la población joven en España, probablemente, uno de los colectivos más olvidados durante los últimos dos años.
Alianza por la Juventud (2022) Una década por la juventud. Consejo de la Juventud de España. https://alianzaporlajuventud.es/
Ayala, L.; O. Cantó (coords.) (2022) Radiografía de medio siglo de desigualdad en España. Características y factores que explican que España sea uno de los países más desiguales de Europa. El Observatorio Social, Fundación ‘la Caixa’. https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/documents/22890/492074/T01_ID_ES_AyalaCant%C3%B3.pdf/a0746431-109f-e009-6c77-296c378f0438?t=1642072938395
Ayala Cañon, L.; Laparra Navarro, M.; Rodríguez Cabrero, G. (coords.) (2022). Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España. Madrid: Cáritas Española y Fundación FOESSA. https://www.caritas.es/main-files/uploads/sites/31/2022/01/Informe-FOESSA-2022.pdf
Hernández Diez, E.; Presno Linera, M. A.; Fernández de Céspedes, G. (2021). Ingreso mínimo vital: ¿es justo con la Juventud? Consejo de la Juventud de España. http://www.cmpa.es/datos/571/Ingreso_Minimo_Vital3.pdf
Blanca Crespo, responsable de comunicación de REAS Red de Redes.
Puedes encontrar a REAS Red de Redes en Twitter.
Si echamos la vista atrás para conocer el recorrido de REAS Red de Redes podemos afirmar que el gran logro de estos más de 25 años de trayectoria es haber consolidado su triple dimensión: marco teórico de economía crítica, movimiento social y conjunto de prácticas y experiencias.
Invitamos a recorrer los siguientes cuadros para entender en profundidad la magnitud e impacto de esta red confederal de ámbito estatal y red de referencia en la promoción de la Economía Social y Solidaria.
En primer lugar, REAS Red de Redes ha creado todo un corpus teórico, que se complementa y nutre el de otras economías críticas y transformadoras, que cuestiona y confronta el actual sistema económico y que marca propuestas y líneas para un nuevo modelo más justo, sostenible y solidario.
Estas propuestas teóricas quedan recogidas en su Carta de Principios, espina dorsal de la red y del movimiento de la Economía Solidaria, anclada en valores tales como la equidad, el trabajo, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, el no lucro y el compromiso por el entorno. Desde este enfoque, la Economía Solidaria tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como referencia prioritaria por encima de otros intereses, subordinando la economía a su verdadera finalidad: proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser humano.
En segundo lugar, REAS RdR ha articulado una sólida base social que le constituye también como un movimiento en sí mismo, en interacción y dialogo con otros movimientos afines como el ecologismo o los feminismos.
Esta base social de lógica confederal se articula en torno a 15 redes territoriales y 5 sectoriales (la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, AERES – Asociación Española de Recuperadores de la Economía Social y Solidaria, Mesa de Finanzas Éticas, Unión Renovables y el Grupo de Cooperativas de Vivienda en Cesión de Uso), desde donde se desarrollan, bajo lógicas democráticas, participadas y de apego a los territorios, las acciones para la consecución de los tres objetivos de la red confederal: incidencia política, fomento del trabajo en red y promoción de herramientas para la Economía Solidaria, tales como el Mercado Social, el emprendizaje, la Auditoría Social o las Finanzas Éticas.
Por último, en estos años, la red y el movimiento han sido el cobijo de multitud de iniciativas prácticas, experiencias que están resolviendo las necesidades de una parte significativa de la población de la mano de proyectos de alimentación ecológica, finanzas éticas, energía renovable, comercio justo, movilidad sostenible, telefonía consciente, moda ética y sostenible…
Estas prácticas económicas, diversas y transformadoras, están presentes en todos los circuitos económicos y demuestran que se puede producir, distribuir, consumir y, muy especialmente, vivir en base a otros principios como la solidaridad, la equidad, el cuidado del medio ambiente, la cooperación, la no lucratividad, el apoyo mutuo… los principios de nuestra Carta de Economía Solidaria.
Investigador en Conservación de la Naturaleza. Voluntario Cáritas Parroquia Virgen del Camino (Málaga)
Puedes encontrar a J. Jesús Bellido en Linkedin
Cada persona es un mundo, con sus ilusiones, miedos, prejuicios, proyectos… y los emigrantes son, no lo olvidemos, personas que atraviesan por unas circunstancias muy particulares. Por lo tanto, salvo en casos muy claros de guerras, hambrunas, desastres naturales u otros potentes impactos, es una tarea titánica y, posiblemente, muy ambiciosa, pretender diagnosticar las causas precisas que las mueven a abandonar sus hogares. A veces, será la suma de factores negativos los que irán predisponiendo a individuos, a familias enteras, a tener preparadas las maletas, si es que tienen algo de valor que llevar con ellos. Luego, tal vez, llega la circunstancia detonante, que fuerza la toma de una decisión que ya se estaba gestando desde mucho antes. Esa causa detonadora puede terminar eclipsando al resto que también habrán sido responsables del proceso que los alejará de su patria.
En el caso de España, cada año son miles los migrantes que recaban aquí, bien como destino final, bien como puente hacia Europa. De acuerdo a los datos obtenidos gracias a Cáritas Española, sabemos que, en los últimos años (2009-2019), en las parroquias de todo el país se han atendido a personas de hasta 193 nacionalidades distintas de todos los rincones del mundo.
Si no podemos responder a la pregunta del porqué migran, sí tenemos herramientas para valorar qué aspectos de su vida podrían mejorar en un país de acogida como es España. Consideramos de la máxima relevancia destacar este punto pues, según nos recuerda el papa Francisco en la encíclica Fratelli tutti, existen sectores sociales en los que el inmigrante es visto como un usurpador que no ofrece nada. Así, se llega a pensar ingenuamente que los pobres son peligrosos o inútiles y que los poderosos son generosos benefactores.
Este breve análisis se fundamenta en The Legatum Prosperity Index 2019. Se trata de un Índice de Prosperidad elaborado como un instrumento práctico para ayudar a identificar las medidas concretas que deben adoptarse para contribuir a fortalecer los caminos que conducen de la pobreza a la prosperidad y para proporcionar una hoja de ruta a medida que las naciones trazan su camino. El Índice consta de tres dominios (Comunidades Empoderadas, Sociedades Inclusivas y Economías Abiertas) que se dividen en 12 pilares de prosperidad (cuatro por dominio). Este índice se desarrolla y actualiza cada año por el Instituto Legatum, un centro de estudios con sede en Londres que tiene la visión de crear un movimiento mundial de personas comprometidas con la creación de vías para pasar de la pobreza a la prosperidad y la transformación de la sociedad. Una de las conclusiones más relevantes del Legatum Prosperity Index 2019 es que mientras que la prosperidad mundial sigue mejorando, la brecha entre los países más fuertes y los más débiles va en aumento.
En el caso de España se observa cómo la brecha que menciona el Índice es una realidad palpable. Especialmente reseñables son los casos de Libertad personal, Condiciones de vida y Educación con más de 20 puntos de diferencia. Así, de entrada, el poner un pie en España les ofrece una mejora instantánea en esos aspectos sin olvidar otros tan relevantes como la seguridad o la salud.
Y no podemos olvidar que, dentro de los países desarrollados, España ocupaba en 2019 el puesto 25 del ranking, por lo que, para esas personas, todavía existen mejores opciones para tratar de ser parte de esa prosperidad, reservada a unos pocos.
En este escenario, es de esperar que la marea migratoria continúe. Así, es una obligación moral de los países de destino el estar preparados para su acogida e integración pues es difícil no vincular la prosperidad de unos con las carencias de otros. Además, en la esfera internacional, se deben propugnar medidas contundentes que permitan la reducción de las desigualdades entre los países de origen y llegada, así como el florecimiento de la prosperidad en los países más pobres.
Fundación FOESSA, 2019. VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2019. Fundación FOESSA.
Legatum Institute Foundation 2019. The Legatum Prosperity Index. A tool for transformation Overview 2019. Editado por Legatum Institute Foundation. https://li.com/reports/2019-legatum-prosperity-index/
Papa Francisco. Carta encíclica Fratelli tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. 3 de octubre de 2020.
Anabel González, Psiquiatra, doctora en psiquiatría. Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC).
Puedes encontrar a Anabel González en Instagram.
Autores del estudio Impacto psicológico del fenómeno asociado al COVID-19:
Ana García Dantas (Psicóloga clínica especialista, doctora en psicología)
Ania justo (Psiquiatra, psicóloga y doctora en psicología)
Lucía del Río Casanova (psiquiatra y doctora en neurociencias y psicología clínica)
Milagrosa Sánchez (Doctora en psicología)
Lara Lavadiño (Psiquiatra)
En el estudio ISAMEC19 sobre las consecuencias emocionales de la pandemia hemos evaluado a alrededor de 5.000 personas en tres momentos: cuando se declaró el estado de alarma (de finales de marzo a primeros de abril), al final del primer periodo de confinamiento, con la desescalada (mayo) y al inicio de la segunda ola, con la apertura de los colegios y universidades (septiembre). Presentamos algunos datos sobre la evolución en este tiempo.
Estamos más acelerados que antes de la pandemia, se dispara nuestro nivel de alerta. Esto se ve de modo directo en los problemas de sueño y en la presencia de más síntomas emocionales. En este sentido, en la actualidad hay un 17,5% de personas que dicen tener más problemas de sueño que antes. Encontramos también indicadores indirectos: es nuestro cuerpo el que da señales de alarma a través de diversos tipos de somatizaciones. Aunque en el segundo momento casi un 30% somatizaba más que de costumbre, aún existe un 20% que sigue teniendo este problema, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿se quedarán muchos de estos problemas emocionales con nosotros cuando esto pase? Muchas personas recurren a diversas sustancias, como el tabaco o el alcohol, o bien a tranquilizantes, para regular el malestar. En torno a un 7% lo hace con mayor frecuencia que antes. ¿La pandemia ha propiciado un aumento de personas que hayan desatendido su autocuidado?
Un dato interesante es nuestra relación con estar dentro o estar fuera de casa. El confinamiento y las restricciones al movimiento de la población ha acrecentado nuestra sensación de claustrofobia, la medición que más aumenta (6,1% entre marzo y septiembre) de las que presentamos aquí. Esto es llamativo, ya que la segunda medición fue cuando llevábamos ya semanas confinados en nuestras casas. También estamos viendo el fenómeno contrario: a la gente le cuesta salir, está experimentando lo que se denomina agorafobia. Esto último puede deberse a que al estar en casa y limitarse las relaciones, las personas que tenían dificultades en determinados contextos sociales no han tenido que enfrentarse a ello, y ahora les cuesta el doble. Todo ello sumado a un peligro que no ha pasado y a muchas fuentes de estrés que siguen muy activas.
Vemos en la gráfica que, aunque en la tercera medición hay un descenso general respecto a la segunda, salvo en lo que se refiere a la claustrofobia, en ninguno de estos aspectos hemos vuelto a los niveles pre-pandemia. Parece que nos vamos adaptando un poco, pero no llegamos a habituarnos a lo que estamos viviendo. Esto se refleja en otro dato que hemos visto en el estudio: muchas personas continúan teniendo, a pesar de los meses transcurridos, una cierta sensación de irrealidad, de que todo esto es como un mal sueño del que no acabamos de despertarnos.
¿Cómo podemos neutralizar el efecto de un estrés sostenido como éste, de una amenaza persistente con tanto nivel de incertidumbre? Una de las claves que analizamos es el autocuidado (puede consultarse la escala utilizada en www.anabelgonzalez.es). Cuando todo esto empezó, un tercio de las personas empezaron a cuidarse más que antes, y otro tercio lo hacía peor que antes. Esto hemos visto que tiene gran influencia en cómo evolucionaron los participantes en cuanto a los indicadores de estrés, ansiedad y depresión. En esta tercera medición hay una buena noticia: es menor el porcentaje de personas que se cuidan peor.
La regla básica del autocuidado es “cuanto peor, mejor”. Es decir, cuanto peor se ponga la vida, más y mejor hemos de cuidarnos nosotros. De ese modo, podemos amortiguar los efectos de etapas como esta.
Lo bueno de tener un mal día. Cómo cuidar de nuestras emociones para estar mejor. Anabel Gonzalez. Ed. Planeta.
Justo-Alonso A, García-Dantas A, González-Vázquez AI, Sánchez-Martín M, Del Río-Casanova L. (2020). “How did Different Generations Cope with the COVID-19 Pandemic? Early Stages of the Pandemic in Spain”. Psicothema. 2020 Nov;32(4):490-500. doi: 10.7334/psicothema.168. PMID: 33073754.
González-Vazquez, A.I.; Mosquera-Barral, D.; Knipe, J.; Leeds, A.M.; Santed-German, M.A. (2018). Construction and initial validation of a scale to evaluate self-care patterns: The Self-Care Scale. Clinical Neuropsychiatry, 15, 6, 373-378.
Andrea Jarabo Torrijos, Responsable de Comunicación e Incidencia de Provivienda.
Josune Huidobro Rodríguez, Responsable de Operaciones de Provivienda.
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La crisis sanitaria de la Covid-19 se convirtió rápidamente en crisis social, en la que la vivienda ha tenido un papel clave. Este gráfico ilustra parte de los 4.681 seguimientos que realizamos durante el Estado de Alarma, en los que no solo cambiaba la realidad material de las personas con las que trabajamos, también la forma en la que los equipos la afrontan. El #Quédateencasa se extendió a todas las personas, también a aquellas que sufren exclusión residencial, y resultaba preocupante cómo afectaría el confinamiento o la paralización de plazos judiciales y administrativos. En un contexto preCovid el hacinamiento afectaba al 16,4% de la población con la que trabajamos, y el 61% de esta población no contaba con calefacción para todas las estancias de su vivienda (Provivienda, 2019). La mitad de la población atendida percibía sus viviendas deficitarias en cuanto a mantenimiento y conservación, y dos de cada diez manifestaron que dichas deficiencias eran notables (Provivienda, 2019). La importancia de esta situación de partida se reflejó en los seguimientos de situaciones de hacinamiento, pobreza energética, o problemas para pagar la renta o suministros.
La vulnerabilidad residencial se relaciona con problemas de bienestar social y emocional (Provivienda, 2019; 2018), por lo que detectar situaciones de ansiedad, soledad no deseada o sensación de falta de control fue clave para orientar nuestra intervención durante estos meses, así como evaluar problemas relacionados con la información (confusión, fiabilidad, sobreinformación…). Es por eso, que el acompañamiento social telefónico, la escucha activa y empática, o el acercamiento a la información sobre medidas y recursos resultó especialmente necesario en este contexto. La preocupación por la pérdida de empleo o la imposibilidad de realizar trabajos de economía sumergida, y el no disponer de recursos para cubrir necesidades básicas, sobresalen como principales problemas a la finalización del confinamiento. Los miedos a perder la vivienda o a cortes de suministros son una realidad ligada a la falta de capacidad de pago.
Actualmente, encontramos un aumento de contagios que, si bien enfrenta otros interrogantes, aparece con lecciones aprendidas que deberíamos responder desde las políticas públicas: ¿cómo mitigar los problemas de vivienda en nuevos confinamientos? ¿Cómo afrontar la falta de información, su complejidad y las dificultades burocráticas en el acceso a recursos? ¿Cómo mitigar la pérdida de ingresos en familias que han quedado fuera de las medidas ligadas a la COVID?
Con el recorrido de estos seis meses, hemos modificado nuestra intervención, adaptándola a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad residencial. Sin embargo, no podemos permitirnos que esta gráfica se replique nuevamente a final de este año: las políticas públicas deben tomar nota de lo que ha ocurrido para evitar dejar atrás a las personas más vulnerables.
Provivienda (2018). Cuando la casa nos enferma: la vivienda como cuestión de salud pública. Madrid: Provivienda. Disponible en: https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/INFORME-CUANDO-LA-CASA-NOS-ENFERMA-1.pdf
Provivienda (2019). Cuando la casa nos enferma: impactos en el bienestar social y emocional. Madrid: Provivienda. Disponible en: https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/Informe-Cuando-la-casa-nos-enferma-II.pdf
Raúl Flores Martos y Daniel Rodríguez de Blas
Equipo de Estudios de Cáritas Española
Situación laboral de la población activa acompañada por Cáritas antes y después de la crisis del COVID-19. Proporción de población en cada situación según fecha y evolución de las diferentes situaciones.
La paralización de una parte importante de la economía ha provocado una rápida subida del desempleo. Mientras que en el conjunto de la sociedad española ha supuesto un incremento del 2,5%[1] entre el mes de febrero y abril, para la población acompañada por Cáritas ese incremento del paro alcanza el 20%. Por tanto, el incremento del desempleo para las familias más vulnerables ha sido ocho veces superior al incremento medio, y ha situado la tasa de paro en el 73%.
La pérdida de empleo y, por tanto, la reducción de las tasas de ocupación se ha producido tanto en el espacio del empleo formal como del empleo informal, un 12% y un 8%, respectivamente. Confirmando por tanto el importante impacto que esta crisis ha generado en tan corto espacio de tiempo. El perder el empleo es un fenómeno socialmente estresante y económicamente grave para cualquier persona, pero adquiere una dimensión especialmente preocupante entre la población más vulnerable y en exclusión. Los procesos de inserción laboral para la población acompañada por Cáritas suelen ser largos, llenos de esfuerzo y de tesón por parte de los participantes de Cáritas y de orientación y cuidado por parte de sus agentes. Y la situación actual es que una crisis de tan solo 2 meses (hasta el momento) ha podido destruir o paralizar los logros laborales que se han gestado durante años.
Esas 20 de cada 100 personas que habían logrado tener un empleo y lo han perdido de forma súbita constituyen un reto importante para la acción social de las entidades que trabajan por la inserción laboral. Será importante apoyar en las situaciones de desprotección que quedan muchos de los que tenían un empleo regular pero no tienen generada una prestación por desempleo, y en especial a los que tenían un empleo informal; Pero los programas de empleo deberán enfrentarse a dificultades tales como la desmotivación de algunos de sus participantes, más aún en un contexto de crisis con menos oportunidades, a la vez que generan reflexión y alternativas estables de empleo para un colectivo que suele ser el primero en recibir la noticia del despido cuando en el horizonte asoma, independientemente de su naturaleza e intensidad, una nueva crisis económica.
[1] Los datos proporcionados por el SEPE en los Datos nacionales de paro registrado, indican que el paro registrado ha pasado de 3.246.047 personas en febrero a 3.831.203 personas en abril de 2020.
Raúl Flores y Daniel Rodríguez
Equipo de Estudios de Cáritas Española
El empleo constituye la fuente principal de ingresos para la mayor parte de las familias, supone un espacio de socialización, y en bastantes ocasiones de desarrollo profesional y personal. Estos elementos han hecho que históricamente el empleo se haya considerado un excelente factor de protección frente a situaciones de pobreza y exclusión social.
Entendemos y analizamos la exclusión social como la falta de participación en la vida económica, social, y cultural; debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas. Desde esta perspectiva, la EINSFOESSA de 2018 establece que el 18% de la población viven situaciones de exclusión social que les impiden una participación social plena.
Aunque tener un empleo, nunca ha sido garantía de inmunidad ante la exclusión social, la instauración de los estados de bienestar construyó un escenario en el que la población con empleo contaba con una alta probabilidad de ubicarse en el espacio de la inclusión, frente a la población desempleada que tenía un mayor riesgo de vivir la exclusión social.
La capacidad protectora del empleo se evidencia en los datos de la encuesta EINSFOESSA de 2018. Según dicha encuesta, las mayores tasas de pobreza y exclusión se siguen concentrando en el colectivo de personas desempleadas, donde un 46% se encuentran en el espacio de la exclusión (el 26% en situación de exclusión severa). Comparando estas cifras con las del conjunto de la población, donde el 18% están en situación de exclusión, puede observarse que el hecho de no contar con un empleo multiplica por 2,5 el riesgo de vivir situaciones de exclusión social.
Más allá del mayor riesgo de exclusión asociado al desempleo, la precariedad laboral manifiesta un mayor riesgo de exclusión, en varios indicadores. De un lado, la exclusión social se eleva hasta el 24% para aquellas personas que trabajan con un contrato temporal, multiplicando por 2,5 el riesgo de exclusión de aquellas personas con contrato indefinido (10%). De otro lado la exclusión alcanza el 33% entre las personas trabajadoras con una jornada parcial indeseada, multiplicando casi por 2,5 el riesgo medio de exclusión de las personas con empleo (12%).
Las acciones y proyectos que consiguen la incorporación de las personas paradas al mercado de trabajo, actúan como un primer flotador que puede evitar el hundimiento de las personas en el mar de la exclusión social. Los datos expuestos y la experiencia de la acción nos confirman que, en bastantes ocasiones, ese primer paso se da hacia un empleo intermitente, de baja calidad en tiempo de trabajo y salario, y que por tanto el riesgo de no salir a flote y mantenerse en situaciones de exclusión sigue siendo alto.
Esta situación nos enfrenta, al menos, a dos posibles reflexiones: la necesidad de replantear el modelo de empleo y la normativa reguladora, para que el trabajo sirva para vivir dignamente y permita una participación social “normalizada”; y de otro lado, la necesidad de repensar aquellos proyectos de inserción laboral que se realizan desde el tercer sector de acción social, de forma que puedan ser acciones: que apuesten por una formación con mayor capacidad integradora, con una intermediación que garantice los derechos laborales, y que persigan un acompañamiento integral de la persona en su entorno social y familiar.