Patxi Velasco Fano, Dibujante y Director CEIP María de la O

La expresión nacer con un pan debajo del brazo ha sido utilizada muchas veces para referirse a aquellos niños que, al llegar al mundo, parecen traer consigo una fortuna o una oportunidad una cualidad, una esperanza. Pero no todos reciben ese pan tierno y lleno de nutrientes que le ayudara a crecer, muchos al nacer reciben una condena, un estigma de exclusión y pobreza que atrofia el crecimiento y limita su desarrollo. ¿Ese pan bueno no debería estar presente en todo ser humano por el hecho de nacer? de hecho todo nacimiento debe ser entendido como una esperanza y una oportunidad, todo niño o niña al nacer es un regalo para su sociedad, un pan bueno… entonces pensemos: ¿Hay un momento, una estructura, un sistema que descarta y condena a la infancia desde el mismo momento de nacer? ¿Por qué todos nacemos desnudos, pero la cuna en la que te colocan determina tanto? Recientemente se leía en un artículo los demoledores datos de pobreza infantil y el periodista afirmaba que más del 80% sería siempre pobre. ¿Cómo saca esta desesperanzadora conclusión? ¿Qué oportunidades tiene quien nace en la pobreza y la exclusión? ¿Es una condición permanente o podemos cambiar las cosas? 

Ruiz Román, C. et al. (2023) Voces que no(s) cuentan. Análisis de la exclusión social desde las metáforas y propuestas para hacer pedagogía social. Colección Estudios de FOESSA 52.

El determinismo 

El determinismo es la idea de que nuestras acciones y destinos están determinados por factores externos, como el lugar y las circunstancias en las que nacemos. En el contexto de la pobreza, esta idea adquiere una relevancia perturbadora. Nacer en un barrio marginal, donde la violencia, la precariedad y la falta de oportunidades son la norma, parece marcar profundamente el futuro de muchos niños y niñas. Las estadísticas son claras: aquellos que nacen en contextos de pobreza extrema tienen más probabilidades de abandonar la escuela, caer en el desempleo o, en el peor de los casos, terminar en la cárcel. 

Un estudio de 2018 de la Universidad de Harvard encontró que los niños nacidos en barrios desfavorecidos de Estados Unidos tienen una probabilidad significativamente mayor de acabar en prisión en comparación con aquellos nacidos en barrios de clase media o alta. Este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. En América Latina, la pobreza y la marginación tienen un impacto devastador sobre las oportunidades de vida, perpetuando un ciclo intergeneracional de exclusión. El barrio en el que naces se convierte en una especie de sello de destino, donde las barreras para escapar parecen insuperables. 

Expectativas y prejuicios: un peso que aplasta 

Además del entorno material, las expectativas sociales también juegan un papel crucial. Aquellos que nacen en la pobreza a menudo cargan con un estigma que va más allá de su situación económica. La sociedad suele verlos como personas sin futuro, sin ambiciones o, peor aún, como potenciales delincuentes. Esta forma de pensar, estos prejuicios, refuerza un círculo vicioso: las bajas expectativas que la sociedad tiene sobre los pobres contribuyen a limitar las oportunidades que estos tienen para prosperar. 

Un niño que crece escuchando que de ese barrio no sale nada bueno puede llegar a interiorizar esta narrativa y, sin las herramientas necesarias, aceptar que su destino es inmutable. Esta autoimagen reducida, alimentada por el prejuicio externo, puede ser tan peligrosa como la pobreza material misma. La presión social para cumplir con estas expectativas negativas lleva a muchos jóvenes a resignarse a un futuro predeterminado por su entorno. 

El poder de la educación: la llave de la transformación 

A pesar de lo sombrío de este panorama, la historia ha demostrado una y otra vez que el destino no está completamente sellado. Si bien el entorno en el que nacemos influye fuertemente en nuestras vidas, la educación tiene un poder transformador capaz de romper este ciclo. La educación no es solo un derecho, sino una herramienta vital para construir un camino fuera de la pobreza. 

Sin embargo, la educación no es solo un derecho de aquellos pocos afortunados que logran escapar. Es responsabilidad de la sociedad asegurar que todos, sin importar su origen, tengan acceso a una educación de calidad. Esto no se limita a simplemente construir escuelas en los barrios pobres, sino a ofrecer programas educativos que aborden las necesidades particulares de los niños y jóvenes en contextos vulnerables. Es necesario combatir la deserción escolar, ofrecer apoyo psicológico y emocional, y proporcionar modelos de rol que demuestren que otro futuro es posible. 

La esperanza: la chispa que enciende el cambio 

Si bien la educación es una herramienta fundamental, hay algo que va más allá de las oportunidades y los recursos: la esperanza. Es la creencia en un futuro mejor lo que permite a las personas salir de los entornos más adversos. Esta esperanza, que puede ser sembrada a través del amor, el apoyo comunitario o incluso la religión, es lo que permite a los individuos ver más allá de su situación actual y luchar por algo mejor. 

Los barrios marginales están llenos de potenciales luces esperando ser encendidas. El cambio no puede venir solo de políticas públicas o programas educativos, aunque estos sean esenciales. El verdadero cambio ocurre cuando las personas creen en su propia capacidad para transformar su destino. Un maestro que inspire a un estudiante, un líder comunitario que organice actividades deportivas, o una madre que sacrifique todo para que sus hijos asistan a la escuela: estos son ejemplos de cómo la esperanza puede abrir las puertas que el determinismo nos puede cerrar. La clave está en personas que acompañan a otras personas en sus procesos.  

Propongamos quitar el peso de los que nacen con la carga de la exclusión y la pobreza y seamos sociedad que acompaña y sea pan bueno aunque no les haya venido por nacimiento debajo del brazo. 

Número 18, 2024

José Paredes García, militante ATD Cuarto Mundo

Virginia Pinto Muñoz, voluntaria permanente ATD Cuarto Mundo

Mª Elena Escribano Alonso, doctorada en Trabajo Social (Universidad Comillas)

Daniel García Blanco, equipo coordinador Cruce de Saberes ATD Cuarto Mundo

Puedes encontrar a ATD Cuarto Mundo en X (Twitter), Facebook e Instagram

1.- Introducción

En los últimos años se han señalado en repetidas ocasiones los elevados niveles de pobreza infantil existentes en España, entre los más altos de Europa. Sin embargo, no se ha hablado tanto de cómo gran parte de esta infancia que vive en pobreza la ha heredado de sus progenitores, ni de otros elementos que se transmiten de generación en generación más allá de lo material. Por ejemplo, estos datos no explican la lucha continua de estas familias para resistir y tratar de construir un futuro diferente para sus hijos e hijas: Aunque no puedas, sigues luchando por tus hijos, por tus nietos, porque lleven una vida mejor y no lleven la vida que hemos llevado nosotros: siempre marginados, arrastrados, viviendo por debajo de los puentes… Ahí estamos, luchando todavía. Este conocimiento es clave para poder realizar un análisis más completo de la realidad[1].

Entender mejor las dinámicas de reproducción de la pobreza, así como las resistencias y esfuerzos de quienes las sufren por escapar de ellas es clave para poder desarrollar herramientas que rompan de manera efectiva con este círculo de transmisión intergeneracional y promover proyectos de promoción personal y familiar adaptados a las diferentes realidades. Con la ambición de profundizar en este campo, en marzo de 2021 ATD Cuarto Mundo España puso en marcha el proyecto Romper con la Herencia de la Extrema Pobreza.

2.- Condiciones para trabajar conjuntamente

Este trabajo se ha desarrollado siguiendo la línea metodológica del Cruce de Saberes[2], que implica un trabajo entre diversos agentes sociales que aportan conocimientos complementarios de diferente origen: personas en situación de pobreza (saber experiencial – saber vivido), personas que ejercen responsabilidades asociativas, profesionales, políticas (saberes de acción) y personas del ámbito de la investigación (saber académico). Estas diferentes personas se agrupan en grupos de pares o pertenencia, lo que garantiza la autonomía de los saberes específicos de cada grupo de agentes (Tabla 1). En el caso de este proyecto se formaron tres grupos: militantes Cuarto Mundo[3], activistas sociales y académicas. Tanto las preguntas de investigación como el análisis y producción de resultados se han trabajado y acordado conjuntamente entre todos los grupos.

3.- Descubrimientos y aprendizajes

A lo largo del proceso de Cruce de Saberes se han señalado tres niveles que juegan un papel determinante en relación con la herencia de la extrema pobreza:

• La mochila heredada. Para poder romper con la extrema pobreza es fundamental partir del reconocimiento de aquellas experiencias que se trasmiten de generación en generación marcando de manera clara la vida de quienes las reciben y limitando las posibilidades reales de cambio. Estas vivencias generan culpabilidad, el desarrollo de un autoconcepto negativo y el aislamiento en redes de apoyo que no consiguen ir más allá de la supervivencia.
• Engranajes de reproducción y cambio: hay dinámicas en las que es fundamental profundizar para poder entender mejor las responsabilidades que cada cual tenemos frente a la extrema pobreza, abordando las preguntas y retos que nos plantean desde la posición social que ocupamos. Algunas de estas dinámicas deben ser trabajadas principalmente por quienes viven en pobreza: el uso de la dignidad como escudo; la fuga como mecanismo de afrontamiento; la resistencia cotidiana que no consigue ir más allá de la supervivencia. Otras deben ser abordadas por el resto de la sociedad: los prejuicios y el efecto que estos tienen; la importancia de entender mejor lo que es la pobreza y las dimensiones ocultas de esta; la comunicación sobre las realidades de pobreza y la transformación de espacios en los que se participa. Por último, hay algunas dinámicas sobre las que hay que actuar conjuntamente: la retroalimentación de lo negativo; el espejismo del esfuerzo que invisibiliza los privilegios; la implicación de todas las familias, no solo de las que viven en pobreza, y de toda la familia sin dejar a nadie atrás.
• Claves para romper: Una vez reconocida la mochila heredada y trabajados los elementos en los que hay que profundizar, podremos sumar fuerzas, establecer luchas compartidas y alianzas que permitan avanzar en torno a las claves que nos permitirán generar un nuevo escenario de justicia y equidad que no deje a nadie fuera: la participación, la acogida y reconocimiento y la garantía de oportunidad básicas más allá de lo material,

Es importante señalar que estas no son meras palabras y conceptos, sino que señalan dinámicas y cuestionamientos que se han vivido a lo largo del proceso. Este proyecto hay sido una experiencia práctica de cómo cambiando la manera de relacionarnos es posible transformar algunas dimensiones clave de la reproducción de la pobreza.

4.- Claves de transformación y cambio

Hay varios elementos importantes que han permitido avanzar en común y cambiar la mirada de las personas participantes. Para que esto sea posible, la animación del proceso debe ser rigurosa, cuidando tanto las grandes etapas como los pequeños pasos que fundamentan el proceso para que este sea respetuoso con los diferentes grupos de pares.

Un aspecto esencial es tomar en cuenta desde el principio las relaciones de poder que se cruzan en estos espacios de manera constante. Abordarlas es clave para poder desarrollar una vinculación y un diálogo fructífero, en el que cada grupo de pares pueda atreverse a cuestionar las ideas ajenas al mismo tiempo que permite revisar las propias.

Para construir un espacio de confianza y seguridad más allá de las desigualdades de partida entre las personas participantes es fundamental incluir una etapa que trabaje la identificación con el propio grupo de pares. En el Cruce de Saberes las aportaciones no se hacen de manera individual, sino que se elaboran dentro de cada espacio grupal, donde se construye colectivamente el conocimiento que se pone en diálogo con los otros. En los grupos de pares cada persona aporta a partir de su experiencia y fuentes de conocimiento, y es en ese diálogo donde se va reconociendo lo que hay en común y la aportación que se puede hacer para ampliar la mirada de los demás grupos. Posteriormente, cada espacio de pares puede ver cómo su idea es escuchada y comprendida por otros. Ver como lo que se aporta enriquece el pensamiento de otro grupo ayuda a poner en valor el propio conocimiento. Al mismo tiempo, esto potencia que cada grupo asuma la responsabilidad que tiene para construir y compartir su conocimiento específico, ya que si ningún otro puede hacerlo en su lugar.

Para que el intercambio entre grupos que parten con herramientas y dinámicas de participación tan diferentes sea posible, la cuestión no es tanto ponerse unos al nivel de otros, sino ser capaces de generar un espacio de encuentro en el que todos puedan compartir desde sus saberes y experiencias. Por ejemplo, no se trata de utilizar solo palabras simples que todo el mundo pueda entender, sino conseguir que cada grupo pueda aportar sus propios términos clave, lo que requiere tomar el tiempo necesario para que éstos sean comprendidos por los demás, enriqueciendo así el proceso colectivo.

Al mismo tiempo, este trabajo de comprensión mutua permite descubrir que las mismas palabras tienen sentidos muy diferentes en función de las experiencias de cada cual. Entender los diferentes significados y el porqué de estos es un elemento clave del proceso, ya que permite descubrir que nadie tiene la verdad absoluta, que hay otras maneras de mirar la realidad desde diferentes posiciones y que todas aportan algo válido para construir una mirada más amplia sobre la realidad de la pobreza.

Pero el proceso no puede limitarse a un mero diálogo sobre conceptos. En el trabajo con las palabras hay grupos que tienen más experiencia y reconocimiento que otros, y por ello es importante dedicar tiempo a otras formas de comunicación y reflexión, por ejemplo a través de la expresión corporal o artística. También los juegos informales favorecen el encuentro a otros niveles en los que, superadas las vergüenzas iniciales que pueden provocar, es posible conectar y generar confianza de una manera más profunda.

Por último, hay también tiempos de trabajo en grupos mixtos, en los que se mezclan participantes de cada uno de los grupos de pares (no se hace al principio del proceso, sino cuando ya hay una trayectoria y confianza suficiente). Esto permite experimentar las condiciones necesarias para desarrollar un trabajo y aprendizaje conjunto. Por ejemplo, supone colocarse frente al reto de descubrir qué ritmo permite entrar a todos en la dinámica, así como situarse en otros niveles diferentes de aquellos en los que suelen estar. Son espacios de aprendizaje privilegiados.

5.- Pistas a futuro

Durante este proceso se ha podido experimentar en primera persona cómo transformar las dinámicas de reproducción de la pobreza. Por ejemplo, se han confrontado las dificultades y barreras que dificultan la participación, y se han construido condiciones de acogida y reconocimiento que permitieran desarrollar espacios de lucha colectiva y alianzas.

Este proyecto señala a los distintos grupos participantes algunas pistas a futuro:

• Para quienes viven en situación de pobreza, el Cruce de Saberes supone la oportunidad y el reto de poder hablar de su realidad. Poner palabras a sus vivencias y analizarlas colectivamente permite transformar su propia vida a partir de un cuestionamiento constructivo que surge en el diálogo. Les permite, además, identificarse con otras personas en situación de pobreza, así como desarrollar, más allá del estigma, una identidad positiva, en clave de lucha colectiva. También abre la puerta a generar alianzas con otros actores sociales, favoreciendo el sentirse parte de la sociedad de manera amplia.
• Para espacios activistas, el Cruce de Saberes es una herramienta para abrir la acogida y la participación. Es una muestra de cómo hacer posible la inclusión de quienes siempre suelen estar expulsados, tanto en espacios de lucha colectiva como en la vida cotidiana, de cómo acogerles junto con todo lo que pueden aportar. Pero es importante recordar que el Cruce de Saberes no es solo una metodología, sino un proceso de transformación y cambio de mirada para abrir los espacios comunes.
• Para el mundo académico, el Cruce de Saberes muestra que no se puede entender la pobreza sin escuchar las diferentes perspectivas y entender lo que cada grupo aporta, tanto en positivo como en negativo. Sin esta participación diversa, tanto la realidad de la pobreza que se va construyendo en la investigación social como las formas de erradicarla que surgen de ella siempre contendrán puntos ciegos. Así, las nuevas formas de investigación deben plantearse desde la relación, desde el atreverse a tomar contacto con la realidad, asumiendo conscientemente que ello alterará sin remedio las características de la relación, generando transformaciones personales y colectivas.

Tanto el documento del informe como el vídeo que recoge cómo se ha desarrollado el proceso se pueden encontrar en la página: https://atdcuartomundo.es/2024/03/14/romper-con-la-herencia-de-la-extrema-pobreza/

[1] Un buen ejemplo de esto es la investigación realizada por la Universidad de Oxford y ATD Cuarto Mundo Internacional Las dimensiones ocultas de la pobreza [ATD Cuarto Mundo, Oxford University [2019] (https://www.atd-cuartomundo.org/representacion-international/indicadores-de-pobreza/)]

[2] El Cruce de Saberes es una dinámica desarrollada por ATD Cuarto Mundo Internacional e implementada en distintos proyectos a lo largo de los últimos 30 años en diferentes países del mundo. Para más información se puede consultar https://www.atd-cuartomundo.org/que-hacemos/pensar-y-actuar-juntos/cruce-de-saberes/ o el monográfico ¿De quién es el conocimiento? Emancipación, Cruce de Saberes y lucha contra la pobreza en https://www.revue-quartmonde.org/11190

[3] Personas en situación de pobreza que se comprometen dentro el Movimiento ATD Cuarto Mundo en la lucha por los derechos de todos y todas.

Número 16, 2024

Thomas Ubrich, equipo de estudios de Cáritas Española

Puedes encontrar a Thomas en X (antiguo Twitter).

Las personas migrantes son un grupo particularmente vulnerable. Su situación es frágil y a menudo viven en condiciones extremadamente precarias, con ingresos muy bajos y grandes dificultades para acceder al empleo, a la vivienda e incluso a la salud. Los discursos estigmatizadores contra ellas alientan la indiferencia de la opinión pública hacia su situación y explican el apoyo a políticas que reducen sus derechos en nuestro territorio.

En general, las personas migrantes en situación irregular sufren mayores vulneraciones de derechos, lo que provoca que la exclusión social les afecte tres veces más que a la población española. Estas personas casi no reciben ningún tipo de ayuda: los ayuntamientos y comunidades les ponen muchas dificultades si no están empadronados al menos un año.

En España el actual marco legal es insuficiente e inadaptado, lo que muchas veces genera un abandono institucional casi completo de estas personas que se ven abocadas a la economía sumergida y a ir al Banco de Alimentos u otras pocas entidades obligadas a rescatar, apoyar y ayudar de estas personas.

En definitiva, actúan junto a las personas migrantes para que sus derechos sean respetados y sus necesidades primarias cubiertas en todas partes. También trabajan diariamente para promover su integración y cambiar la percepción que tiene la sociedad española sobre estas personas.

Las personas en situación administrativa irregular en nuestro país son una realidad invisible, aunque muy presente y cada vez más numerosa. De forma estructural, no disponemos de cifras precisas sobre el número de extranjeros en situación administrativa irregular en España. Su realidad no es reconocida en los datos oficiales.

Desde la Fundación FOESSA se ha realizado una estimación de las personas residentes sin estatus legal en nuestro país a partir de los datos aportados por las Cáritas Diocesanas de todo el territorio español. Según este cálculo, en el año 2022, aproximadamente una tercera parte de la población acompañada a través de sus programas y recursos se encuentra en situación administrativa irregular, al menos 500.000 personas que necesitan del apoyo de Cáritas un periodo medio que oscila entre 1 y 2 años. Esta cifra representa un incremento del 43% con respecto del dato estimado en el año 2019, que se situaba en torno a 350.000 personas.

Para Cáritas, toda persona tiene derecho a que se preserve su dignidad e integridad. No obstante, tanto Cáritas como otras organizaciones sociales se ven forzadas a una especialización hacia la atención o acompañamiento de estas personas para paliar la desprotección que les afecta. La garantía de los derechos humanos de todas las personas migradas no puede estar en manos de las organizaciones sociales o de la sociedad civil, sino de las instituciones públicas del Estado que son los titulares de obligaciones. Para ello, es fundamental poder avanzar hacia una puesta en práctica real de las vías legales para obtener una autorización de residencia y/o trabajo que en la actualidad han tenido un desarrollo normativo escaso. Además, debemos avanzar en una solución jurídica que garantice todos sus derechos y que no deje en el limbo de la irregularidad a personas que llevan años siendo nuestras vecinas y aportando a nuestra sociedad.

Hace poco más de un año, al salir de la pandemia y afrontando la dura crisis inflacionaria, el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, vaticinaba en su país el fin de la abundancia y de la despreocupación…

Con esto no quiso anunciar el final de una época en la que cada uno vive personalmente en la opulencia (todo el mundo sabe que no es así), sino el cambio de un régimen económico en el que los recursos están disponibles en abundancia a un régimen en el que los recursos son escasos y por lo tanto más caros. Porque cuando habla de abundancia, el presidente francés también habla de dinero público e inversión estatal, y augura un cambio de tendencia, que podría venir acompañado de una vuelta a políticas de rigor, de austeridad y de sacrificios adicionales.

Este cambio ciertamente conducirá a una forma de vida occidental más sobria, una forma de vida que muchos han estado pidiendo desde hace mucho tiempo, por razones ecológicas. Ante el colapso de la biodiversidad, el sobreconsumo de los recursos del planeta y el calentamiento global, la sobriedad debería ser, una meta por la que luchar para que toda la humanidad pueda seguir viviendo con dignidad.

Sin duda, hay motivos estructurales, climáticos, sociales, demográficos y tecnológicos que podría sostener la actual crisis inflacionaria o al menos que los precios de muchos bienes de primera necesidad pueden mantenerse en un nivel bastante elevado. Una dinámica que no encuentra una correspondencia en los ingresos de los trabajadores y, por tanto, podría abundar en la pauperización de gran parte de la población.

En paralelo a esto, es cierto que la ciudadanía occidental está poco a poco tomando conciencia de que el paradigma de una sociedad basada en un crecimiento infinito y sostenido en el tiempo, ya no puede tener cabida. Al menos tendremos que ir orientándonos hacia un crecimiento sostenible económica y socialmente. Eso sí un crecimiento inclusivo, pero para ello es primordial considerar la igualdad de oportunidades durante el crecimiento económico para todos los que participan en la economía. En otras palabras, requiere a priori de una integración social suficiente para participar plenamente en la sociedad.

Por su parte, España es una sociedad globalmente rica, que dedica una parte importante de sus recursos a la protección social. Sin embargo, son muchos los análisis que nos reafirman que la pobreza persiste en los periodos de bonanza económica y aumenta de forma notable en los periodos de crisis, y esto se relaciona principalmente con la debilidad de nuestro modelo de protección social y, en especial, de nuestro modelo distributivo. La desigualdad se mantiene alta a lo largo de los años y a pesar de sucesivos procesos de recuperación económica que hemos dicho no son capaces de reducir las brechas, sino que éstas se cronifican en niveles preocupantes, en particular para los grupos poblacionales más frágiles.

Y son precisamente estos grupos poblacionales, que no pueden cubrir sus necesidades más básicas, se ven obligadas a realizar una serie de difíciles arbitrajes, responder a dilemas imposibles entre calentar la vivienda o comer menos productos frescos y saludables… todas ellas estrategias que generan tensiones, incertidumbre y sufrimiento para todos los miembros de la familia.

Dicho de otra manera, es imprescindible repensar cómo gastamos y distribuimos los recursos disponibles y las riquezas que generamos para responder a diversos imperativos. Pero esto debe de hacerse siempre incluyendo la idea de suficiencia de los más frágiles, porque no basta con tener lo justo y estrictamente necesario. Tenemos que exigir y apelar por que se proteja y garantice el derecho a un nivel de vida adecuado. Para ello, tenemos que pensar qué se necesita para cubrir los gastos necesarios e imprevistos, pero incorporando la noción de holgura, es decir favorecer vivir en condiciones dignas que nos permitan tomar decisiones adecuadas sobre nuestra existencia y percepción del mundo.

La relación entre una vida digna y la cobertura de necesidades básicas es estrecha. Por tanto, debe reconocerse y defenderse la ineludible dignidad de toda persona, que debe materializarse en el reconocimiento y promoción de los derechos humanos. Para que nadie quede socialmente excluido, el Estado, junto a todos los agentes de la sociedad civil, debe permanecer presente y activo al servicio del bien común, orientados al bien de las personas, en particular de las más vulnerables. Además, cada persona tiene la responsabilidad de decidir si quiere vivir con holgura o abundancia a costa de los demás. En este sentido, fortalecer los mecanismos de inclusión de la ciudadanía en nuestra sociedad requiere también de decisiones personales que permitan re-vincularnos como comunidad y ciudadanía.

En nuestro país, el sistema de protección social y, más específicamente, las prestaciones que forman la última red de garantía de ingresos se mantienen como un factor determinante de las condiciones de vida y la suficiencia de las rentas de los hogares. Y la sostenibilidad de este sistema se encuentra estrechamente condicionado a la capacidad que tengamos para desarrollar una pedagogía fiscal que nos permita tomar conciencia de que un mejor Estado de Bienestar necesita que todos seamos conscientes de sus costes y de las seguridades que nos ofrece. Y en este proceso cabe plantearse la necesidad de acometer una reforma en profundidad del sistema fiscal y redistributivo.

En definitiva, para hacer frente a los grandes retos globales, y hacerlo luchando eficazmente contra diferentes manifestaciones de la desigualdad, es necesario combinar diferentes instrumentos de política orientada a la construcción de una sociedad más equitativa y cohesionada que pase irrevocablemente y ante todo por exigir la protección y garantía de los derechos humanos, en particular para los sectores más frágiles y expulsados de la población. Pero también es fundamental que tomemos conciencia como sociedad y como comunidad para favorecer esa transformación social.

Número 14, 2023

El análisis de las condiciones de vida y los niveles de integración y exclusión social tras la pandemia, nos permite concluir que uno de los retos que tenemos por delante como sociedad es repensar y adaptar los servicios sociales a nuevas realidades y necesidades sociales.

Por un lado, tenemos enormes desafíos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerables y la integración de la población inmigrante. Por otro, la magnitud y diversidad de las situaciones de exclusión severa no solo demandan una mayor intervención por parte de los servicios sociales, sino un continuo proceso de adaptación, tanto del modelo de trabajo social como del modelo de organización.

Recordamos que, en los países industrializados, se designan por servicios sociales, el conjunto de instituciones, servicios y programas públicos, comunitarios y acción solidaria que buscan la prevención, readaptación y protección social de las personas, familias, grupos o colectivos para asegurar su bienestar y favorecer su autonomía de manera temporal o crónica.

En otras palabras, los servicios sociales buscan ayudar a la ciudadanía a conseguir condiciones de vida digna en un entorno saludable de convivencia, es decir una integración que además de cubrir las cuestiones materiales, tienen que buscar también la participación y el ejercicio de los derechos de ciudadanía.

Después de cada crisis, viene un momento de oportunidad para preguntarse sobre las fortalezas y debilidades estructurales de nuestro país, en particular en materia de protección y lucha contra pobreza y las desigualdades. En este caso, la experiencia y peculiaridad de lo vivido con la pandemia, nos presenta una nueva oportunidad para repensar los servicios sociales y restablecer el trabajo de proximidad y comunitario.

Las consecuencias económicas y sociales de la COVID-19 han significado una nueva amenaza de fractura en nuestra sociedad, haciendo emerger nuevas problemáticas o consolidarse otras que ya eran latentes en el periodo previo a la crisis sanitaria que también precisan de una intervención integral y ajustada.

De nuevo se comprueba como el empleo por sí sólo no puede garantizar la integración social. Los datos de la EINSFOESSA 2021 revelan la proporción especialmente elevada de empleos precarios e inestables y el consecuente aumento del fenómeno de los trabajadores pobres; o bien la persistencia de niveles altos de empleos irregulares, y las dificultades para salir del desempleo, entre otros motivos, por la cronificación del desempleo de larga duración.

Además, otros factores de fragilidad son de corte sociológico, como es la evolución de las estructuras familiares; en concreto el aumento continuo del número de hogares pequeños, en particular los hogares monoparentales; o son socioeconómicos, en especial la carga cada vez mayor de los costos de vivienda y de suministros en el presupuesto de los hogares. El modelo de todos propietarios que aún era la norma ya no funciona; así asistimos a un bloqueo de los itinerarios vitales – especialmente traumático entre los más jóvenes que se ven negado su proceso de emancipación, y alimenta un sentimiento de degradación y precariedad vital.

Por último, la pandemia y la crisis asociada también han pasado su factura en las relaciones sociales, que han sufrido desgaste y debilitamiento. Tensando y erosionando las redes familiares y comunitarias de apoyo mutuo, lo que ha generado en muchos casos un aumento de los problemas de aislamiento social y el recrudecimiento de problemáticas de salud mental.

Las experiencias inéditas asociadas a los periodos de confinamientos y en general el distanciamiento social han hecho más necesario que nunca el volver a vincularnos, a conectar con la comunidad. En este contexto, abogamos por repensar el trabajo social para (re)valorizar su labor esencial en la lucha contra la pobreza y la creación de oportunidades para facilitar el acceso a los derechos.

Esto debe pasar, por un lado, por el fortalecimiento de los servicios sociales en términos de recursos, y por otro, por formar a los profesionales de lo social haciendo hincapié en el desarrollo de las prácticas de ir hacia, que deben constituir el nuevo modelo de trabajo social, y en el trabajo social colectivo. De manera más amplia, se plantea restaurar la proximidad de los servicios sociales a las personas destinatarias, lo que pasaría por la reducción de las distancias no solo físicas sino también simbólicas entre las partes.

En definitiva, el campo de los servicios sociales y la solidaridad están ante una encrucijada capital: ser continuistas, es decir atrapados en las inercias del presente, o ser un vector de cambio y motor de innovación para proteger y promover el acceso de todas las personas a sus derechos.

El debate ya se ha iniciado…

Número 11, 2022

Número 10, 2022

Bea Oliveros Fernández

Psicóloga sanitaria. Profesora de la Facultad Padre Ossó (Universidad de Oviedo)

Puedes encontrar a Bea Oliveros en Twitter y Linkedin

1.- Introducción

El 14 de marzo de 2020 marca un hito en la historia contemporánea de España: se decreta un estado de alarma, que supone el inicio de lo que serían muchas y variadas restricciones para la interacción social. Desde el confinamiento domiciliario total del inicio, a las restricciones locales posteriores, a partir de ese día nos vimos abocados a un estilo de vida que confrontaba directamente con nuestro modelo cultural de relación, basado en la presencia, el contacto y el encuentro.

La precipitación a la hora de tomar y desarrollar medidas de aislamiento social; la incertidumbre, fruto del desconocimiento de la situación (que afectaba a todos los ámbitos de la vida económica, política y social); el temor objetivo por una amenaza real, que atentaba contra la supervivencia personal y colectiva, etc. son algunos de los elementos que han configurado la cotidianeidad de la vida social en los últimos meses y que han tenido un fuerte impacto en la salud mental de la población. Tras meses de medidas de carácter restrictivo, la OMS ha definido la fatiga pandémica como aquella afección que genera un conjunto de emociones vinculadas a la desmotivación para seguir las normas y al cansancio de estas.

Sin embargo, el objetivo de este artículo no es tanto incidir en las enfermedades mentales que surgen de mano de la pandemia, sino revisar el impacto que tendría un incremento de los trastornos de salud mental (en adelante TSM) en los hogares más vulnerables. Se pretende repensar las prácticas de acción social, no únicamente como un factor de acompañamiento, sino también como un elemento de prevención y protección.

2.- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud mental?

Pudiera parecer que la salud mental es un concepto unívoco, sin ambigüedades, ampliamente aceptado e interpretado. Sin embargo, en este momento es fundamental hacer una revisión del concepto de salud mental y de sus implicaciones para la ciudadanía y, sobre todo, para aquellos hogares más vulnerables.

La OMS (2013) define la salud mental como un estado de bienestar en el que la persona desarrolla sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad (p.5). A la vista de esta definición, la salud mental es algo más que la ausencia de enfermedad mental y está formada por diferentes elementos sobre los que se podría reflexionar.

1. Un estado. Esto supone un ajuste a la realidad subjetiva de la persona (en base a su vínculo social y los recursos con los que puede contar a nivel comunitario) y permanencia en el tiempo (de forma que los desequilibrios emocionales, naturales y por tanto adaptativos, no estarían descritos en esta definición).
2. De bienestar. Basado en los principios de equidad, justicia y libertad, podría interpretarse como la capacidad del entorno para generar y distribuir de forma equitativa, los recursos necesarios y suficientes para la satisfacción de las necesidades.
3. La persona puede desarrollar sus capacidades. Lo que supone una riqueza de experiencias lo suficientemente plurales, que permitan a los individuos tener un espacio de desarrollo en el que sentirse acogidos y útiles, al margen del tipo de capacidades que posean.
4. Capacidad para hacer frente al estrés normal. Entramos aquí en la dicotomía normalidad vs. anormalidad y en cómo influye ésta en el diagnóstico de la salud. El estrés considerado normal ha de ser aquel que permite el desarrollo de la vida en circunstancias de cobertura básica de necesidades. En el momento en que existe privación, aislamiento, soledad, falta de acceso a la vivienda o a los recursos sanitarios… ya no se estaría valorando una situación de normalidad. Este criterio diagnóstico merece atención y desarrollo porque puede ser una de las causas que expliquen la mayor presencia de TSM en los hogares más próximos a la exclusión. Y esto es así porque hablamos de hogares sometidos a la presencia de factores estresores de forma continuada en el tiempo, lo que cronifica la situación de vulnerabilidad y también la presencia de TSM.
5. Trabajar de forma productiva. Entendiendo este trabajo productivo como una forma de contribución social desde diferentes ámbitos vitales: económico, laboral, político, relacional, etc., y no únicamente una contribución desde el acceso al empleo.
6. Contribución a la comunidad. Este último elemento es, posiblemente, el más significativo de todos, ya que vincula la salud mental del individuo al ámbito relacional: no podemos hablar de salud mental ajustada, cuando no hay un entorno en el que ajustarla.

Revisada y matizada la definición, se puede plantear que la salud mental se entienda como “el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad” (OMS, 2018). Ambos, individuo y comunidad, se vinculan desde una perspectiva amplia: las personas contribuyen a sus comunidades con sus capacidades de forma productiva, mientras que las comunidades proporcionan los espacios y recursos necesarios para el desarrollo de experiencias de interacción social. Personas enfermas generan comunidades enfermas; comunidades enfermas, enferman a sus miembros.

En este sentido, es interesante repensar la revisión que Carles Ariza hace sobre la manifestación de la salud mental en el ámbito de las relaciones interpersonales y, por tanto, comunitarias. Según este autor, nos encontraríamos con tres diferentes manifestaciones vinculadas a la salud mental:

1. Situaciones de gran sufrimiento o pesar para las personas. Momentos vitales en los que las personas están sometidas a una alta intensidad de estrés y no encuentran en su entorno, los recursos o apoyos necesarios para su gestión. Estaríamos hablando de personas en situación de riesgo psicosocial, que se define como la probabilidad de que un evento traumático exceda un valor específico de daños, en términos sociales y de salud mental (OMS, 2016: p. 2).
2. Situaciones vinculadas con trastornos mentales leves. Patologías mentales iniciales o leves que cursan con sintomatología de baja/media intensidad y que permiten mantener las actividades básicas de la vida diaria con una dificultad baja o media (trastornos leves de ansiedad, trastorno depresivo menor, angustia, etc.).
3. Situaciones vinculadas con trastornos mentales severos. Patologías mentales que, por su gravedad o intensidad, se convierten en enfermedades limitantes y, hasta cierto punto incapacitantes para las personas (trastornos de personalidad, brotes psicóticos, etc.).

La diferenciación que señala este autor es muy relevante si queremos entender de forma amplia el impacto de la salud mental en la vida de las personas y, más concretamente, si queremos proponer alternativas para aquellas poblaciones más afectadas por la pandemia (la económica, la política, la social y la sanitaria).

Sin embargo, también deberíamos poner la mirada sobre un elemento clave: ¿cuántas de las reacciones anormales que presenta la población, son indicadores de patología mental, y cuántas son reacciones normales a una situación anormal? Siguiendo la valoración que la OMS hace sobre esta cuestión, el impacto psicosocial de una pandemia puede incrementar la aparición de TSM en la población en base a su vulnerabilidad. Sin embargo (…), no todas las condiciones mentales que se presenten podrán calificarse como enfermedades; muchas serán reacciones normales ante una situación anormal (OPS/OMS, 2016, p.3).

Visto así, se podría plantear la siguiente cuestión: ¿es el impacto psicológico fruto de la COVID19 una reacción normal a una circunstancia claramente anormal, o realmente hay motivos para creer que se ha producido un incremento generalizado de los TSM?

3.- ¿Qué impacto ha tenido la COVID-19 sobre la salud mental de la población?

Diferentes investigaciones ahondan en el intenso impacto psicológico que ha tenido la COVID19 en la población, generando una sintomatología de intensidad variable. Sandín et al. (2020), por ejemplo, han desarrollado un estudio que sugiere que la pandemia tiene un efecto pernicioso sobre el bienestar emocional de las personas, con un posible impacto sobre los niveles de ansiedad, estrés postraumático, preocupación patológica, y problemas de sueño (p. 16). Pero estas consecuencias sobre la salud mental parecen no haber sido equivalentes en todo tipo de hogares. Así, según algunos autores, los hogares más próximos al espacio de la exclusión han sido más afectados también en el ámbito de la salud mental. Así lo muestran Parrado y León quienes concluyen que son las poblaciones con menos ingresos y mayor densidad de población en la vivienda, quienes han sido más afectadas por la pandemia desde un punto de vista psicológico (2020, p.13). El Observatorio de la Realidad Social de Cáritas señala que el empeoramiento de la salud mental en los hogares a los que Cáritas presta algún tipo de atención se manifiesta vinculado a diferentes experiencias vitales: inseguridad hacia el futuro, dificultad para gestionar la ausencia de ingresos, agotamiento por la pandemia, deterioro de las redes de apoyo social, etc. (2021, p.28).

No es una sorpresa constatar la incidencia que estas dificultades tienen sobre la salud mental en los hogares más vulnerables. Ya sabíamos que existe una correlación positiva entre los procesos de exclusión social y la aparición de problemáticas de salud mental: los problemas de salud mental son mayores en los hogares que se encuentran en situaciones más intensas de exclusión. Así lo constatan Flores y Ubrich (2014), quienes aseguran, que entre las víctimas de la pobreza y las privaciones es mayor la prevalencia de trastornos mentales o depresión. Esta mayor prevalencia puede explicarse por la acumulación de causas de trastornos mentales entre los pobres, así como por la transición de los enfermos mentales a la pobreza (p. 82). Es decir, son los hogares más vulnerables los que tienen unas tasas más altas de afectación en el ámbito de la salud mental. Haciendo una revisión de los datos obtenidos por el VII y el VIII Informe FOESSA vemos que, mientras que en 2013 la brecha entre los hogares excluidos y los integrados que presentaban un trastorno de salud mental era de 8,7 puntos porcentuales (17,4% hogares excluidos- 8,7% hogares integrados), en 2018 la brecha entre hogares en exclusión y hogares en integración con presencia de TSM se amplía hasta los 9,4 puntos porcentuales (17% hogares excluidos- 7,6% hogares integrados). No deja de ser significativo que esta brecha se haya incrementado de un año en situación de crisis económica (2013), a un año en situación de bonanza económica (2018), cuando lo natural sería que las dificultades mentales se incrementaran en la adversidad y se redujeran en la bonanza.

Gráfico I: Evolución de la presencia de TSM en los hogares

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EINS FOESSA 2013 y EINS FOESSA 2018

Siguiendo lo planteado por Parrado y León, aunque sin datos actualizados con los que poder continuar la línea comparativa, podríamos plantear que los datos sobre la presencia de TSM en los hogares durante los años 2020 y 2021 se habrá incrementado. Sería también lógico pensar, que el impacto de la pandemia sobre la salud mental también haya afectado más a los hogares situados en el espacio de la exclusión, que a los que están más integrados. Y podríamos continuar elaborando nuestra hipótesis sobre la base de que este incremento será significativamente mayor ya que los hogares más vulnerables han sido más afectados en casi todos los ámbitos de la vida: economías más ajustadas, más situaciones de privación o mayor intensidad en las mismas, puestos de trabajo más irregulares o precarios, mayor dificultad para el acceso a los recursos educativos y sanitarios, brecha digital que limita el desarrollo formativo y/o laboral, una red social de apoyo menos sólida…

Será cuestión de más tiempo e investigaciones contrastar si estas hipótesis se cumplen. Los datos proporcionados por diferentes entidades del tercer sector sí confirman este mayor impacto en los hogares vulnerables, tanto en extensión, como en intensidad. Así, por ejemplo, el último informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas (2021) indica que “es en el ámbito psicológico y emocional donde la crisis está teniendo más impacto. (…) la tensión y la ansiedad por las dificultades económicas, de convivencia y de incertidumbre ante el futuro deben estar afectando a un gran número de hogares. De hecho, un 60% de los informantes señalan que el estado psicoemocional de los miembros de su hogar ha empeorado en los dos últimos meses”(p. 23). A la vista de estas circunstancias, el papel de los poderes públicos y el tercer sector es aún más determinante en la lucha contra la desigualdad social y sus efectos, también en su vinculación con la salud mental. Solo desde una acción social coordinada se podrá proteger a los hogares vulnerables del impacto que la pandemia está y seguirá teniendo sobre la salud.

Por tanto, cobra sentido reflexionar y debatir sobre el papel de la acción social en la prevención de las patologías mentales, incluyendo en esta prevención, tanto reducir factores de riesgo, como potenciar factores que se hayan identificado como una protección.

4.- ¿Cuál es papel de la acción social en la prevención de la patología mental?

Es difícil señalar un único papel de la acción social en la prevención de la patología mental, cuando sabemos que desarrollan muchos y muy diferenciados. Actualmente coexisten diferentes tipos de proyectos de acompañamiento a las personas con patologías mentales, que se configuran desde diferentes ámbitos de acción: laboral, psicológico, de crecimiento personal, de apoyo intrafamiliar, de vinculación social o comunitaria, de desarrollo de habilidades sociales y/o de relación, etcétera. En todos ellos, se hace un acompañamiento holístico a las personas a quienes presentan una patología mental de intensidad variable.

En cualquier caso, y con el objetivo de motivar el diálogo y el debate, nos animamos a proponer a continuación tres funciones esenciales que la acción social desarrolla (y debe desarrollar) en la prevención de TSM de los hogares.

1. Prevención. Siguiendo la categorización presentada por Ariza, cabría pensar que una de las funciones de la acción social en el ámbito de la salud mental es evitar que las personas con un sufrimiento psicosocial intenso den el salto a la patología mental (bien leve, bien grave). Impedir este salto, bloqueando la patologización de la población más vulnerable, es un elemento de gran protección para los hogares. Es momento de reconocer que la salud (también la física, pero especialmente la mental) ha sido la gran damnificada de un modelo sociosanitario que minimiza la trascendencia de la prevención y que interviene (en ocasiones, a mínimos) ante la presencia de la dificultad. La crisis social, relacional y económica producida por la COVID19 pone sobre la mesa un problema de gran impacto en nuestra acción social: nuestros modelos de acompañamiento, nuestros estilos de intervención y nuestras dinámicas relacionales estaban diseñadas, mayoritariamente, para personas mentalmente «sanas».

Parece que esta cuestión ha conllevado que, en ocasiones, hayamos funcionado como compartimentos estancos: derivándose la acción psicológica a los profesionales especializados, como es razonable; y asumiéndose desde la acción social, la parte de acompañamiento en el sufrimiento psicosocial, como es razonable. La relación entre ambas tipologías de profesionales ha sido más compleja y pudiera ser que, aunque se conozca la necesidad y potencia que tiene en la vida de las familias la integración de lo social y lo sanitario, no se hayan posibilitado las estrategias o las estructuras necesarias para ello desde la coordinación institucional.

El hecho es que se puede evitar que los individuos lleguen a la patologización si la acción social reconoce, legitima y acompaña el sufrimiento personal como parte de la salud del individuo y no exclusivamente, como una forma de afrontar las dificultades. De esta forma, la acción social protegería la salud de las personas apoyando en la búsqueda de los recursos/servicios/habilidades/estrategias necesarias que impidan que se cruce la línea hacia la enfermedad mental.

2. Acción. El planteamiento anterior no supone limitar nuestras prácticas de acompañamiento a personas con una patología mental: al contrario. La acción sociosanitaria debe entenderse como una ecuación donde, tanto la acción sanitaria, como la social, tengan el mismo peso y la misma pertinencia. Los diferentes proyectos de acompañamiento comunitario a personas con TSM dejan de manifiesto el gran potencial que la acción social tiene para el soporte de las personas y los hogares con estas dificultades. Es decir, desde la acción social es imprescindible seguir apoyando y acompañando a las personas que ya presentan una patología mental, impidiendo que éstas se desarrollen con agravamiento de sintomatología o en condiciones de soledad o aislamiento, lo que dificultaría su manejo y gestión.

La presencia, participación y vinculación de las personas con TSM en los diferentes servicios de acción social es un elemento protector, que permite avanzar en la génesis y desarrollo de redes de soporte comunitario, tan necesarias a la vista de las circunstancias actuales.

3. Sensibilización y denuncia. Por último, pero con una importante trascendencia, se puede plantear una última función que tiene que ver con hacer visibles y denunciar las dificultades a las que se enfrentan las personas con un TSM. Sigue existiendo un gran tabú sobre la presencia de TSM en los hogares, que se interpretan como algo vergonzante que genera gran estigma social. La estigmatización, en este caso, entendida como un proceso de construcción social que se manifiesta a través de estereotipos, prejuicios y discriminación (González, 2019, p.39). Y es en este proceso de estigmatización donde la acción social tiene su mayor tarea: rompiendo estereotipos, con formación; reduciendo prejuicios, con oportunidades de encuentro y experiencias de relación; y frenando la discriminación, con acciones significativas y presión política y social.

El desarrollo de acciones integradoras desde estas tres categorías abre una forma diferente de entender la acción social en el ámbito de la salud mental, necesaria para acometer las importantes tareas que surgen fruto del impacto ha dejado la pandemia en la salud mental de la población.

En conclusión

El objetivo de este trabajo era proponer una nueva articulación de las funciones desarrolladas por la acción social en el ámbito de la salud mental. Y esta articulación permite que la acción social se convierta no sólo en una figura de acompañamiento, sino también un elemento más de protección con el que cuentan los hogares.

A la vista de los datos, podemos afirmar que las épocas de crisis incrementan la presencia de TSM en los hogares vulnerables, pero las épocas de bonanza no reducen esta presencia. Al igual que ocurre con otros ámbitos de la vida (el empleo, el aislamiento, la pérdida de derechos…), en salud mental lo que se pierde, no se recupera. Parece que, cuando un TSM llega a un hogar vulnerable, lo hace para quedarse. No contamos con las estrategias/prácticas necesarias para apoyar a los hogares e impedir la cronificación.

Cabe suponer, por tanto, que los próximos años seguiremos detectando una mayor extensión en la presencia de TSM entre la población más vulnerable. Cada vez un mayor número de personas pasará de un sufrimiento, con el que pueden convivir, a una enfermedad que limita aún más, sus posibilidades de salir adelante. La cronificación de la enfermedad mental, las dificultades en el acceso a los servicios médicos especializados, las dificultades para adquirir los tratamientos…complican las dificultades de los hogares y funcionan como un lastre que impiden a las personas dar el salto que les permita avanzar.

En los últimos meses hemos podido observar que las visiones parcializadas de la acción no apoyan, no sostienen y no acompañan a las personas. Aunque podemos plantear esta máxima a cualquier nivel, queremos concretarla en el tema que nos ocupa: la atención parcializada a las personas con un TSM no es una opción, si queremos evitar la mayor intensidad, extensión y la cronificación en estos hogares.

La acción social puede (y debe) tomar un papel más activo en la prevención de los TSM y la mejora de vida de las personas con una patología mental. Por ello, es necesario encontrar un encaje para que las prácticas sociales sean capaces de prevenir, apoyar, acompañar y denunciar estas situaciones desde una perspectiva integral y no parcializada. Es necesario que el planteamiento sociosanitario sea real y ejecutivo y no se pierda en un plan estratégico guardado en un cajón. Que lo urgente no nos haga perder de vista lo importante. La base de esta construcción es el diálogo y, en este diálogo, no podemos ser parte pasiva o reactiva. Es cierto que dos no hablan si uno no quiere, pero no es menos cierto que si se habla con criterio, pocos oídos son capaces de evadirse. Nuestras experiencias de vinculación con las personas con TSM, nuestro conocimiento del campo y nuestro fuerte compromiso social son nuestra mejor baza para esta construcción a la que nos urge la población más vulnerable.

Hablar de salud es hablar de la vida, de la capacidad de afrontarla y disfrutarla, señala Paco López. Hablar de salud mental, también. Es hablar de la vida, de sus experiencias para disfrutar y para sufrir. Es hablar de relaciones, de las que sanan y de las que enferman. Es hablar de empleo, de renta, de educación, de vivienda, de participación política, de vínculo social o de posibilidades para vincularse. Es entender qué emociones, relaciones, cuerpo, procesos cognitivos o interacción con el medio ambiente, afectan y se dejan afectar en un entramado de vínculos que sólo tiene sentido fragmentar y esquematizar para entenderlos mejor (…). Posiblemente, hablar de salud mental sea hablar de lo que otorga sentido a la vida, de lo que nos configura como individuos, de lo que nos permite la vinculación. Posiblemente, la salud mental sea el pilar sobre el que pivota la construcción del proyecto vital de las personas. Posiblemente, no tenga sentido parcelar la salud y observarla o intervenirla desde perspectivas reduccionistas.  (…) “insistir en una visión integrada de la salud mientras mantenemos actuaciones nacidas de una orientación claramente parcial o reducida de la misma”. Posiblemente, lo inteligente a nivel estratégico sea centrar las prácticas de acción social en potenciar y posibilitar una salud mental equilibrada, en la que el continuum disfrute-sufrimiento sea aceptado y pueda ser recogido, legitimado y acompañado. Porque no olvidemos que la percepción acerca de la propia vivencia subjetiva de la realidad tiene gran trascendencia en esa dimensión tan importante de la vida a la que llamamos felicidad.

Bibliografía

• Ariza, C. (2021): Factores sociales de vulnerabilidad para la salud mental en tiempos de pandemia. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=t0DazPjIr1Y
• Flores, R. y Ubrich, T. (Coord.): Informe sobre desarrollo social y exclusión en el Principado de Asturias. Madrid: Fundación FOESSA, 2014.
• López Jiménez, P. Competencias socioemocionales y salud en educación social. Revista de Intervención Socioeducativa, 66, 51-69.
• OMS (2021): Salud mental. Disponible en: https://www.who.int/topics/mental_health/es/
• Parrado-González, A. y León-Jariego, J.C. COVID-19: Factores asociados al malestar emocional y morbilidad psíquica en población española. Revista Española de Salud Pública, 94, 2020; p. 1-16.

Número 8, 2021

Esteban Sánchez Moreno

Facultad de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid

La crisis económica que comienza en 2008, conocida como la Gran Recesión, constituyó un eje de inflexión a nivel global. En efecto, la fase de crecimiento previa desembocó en una recesión económica solo comparable, por su gravedad y la de sus efectos, con la Gran Depresión de comienzos del siglo XX. Se trata, por tanto, de un periodo central para comprender las sociedades contemporáneas, siendo sus efectos un elemento fundamental para la comprensión de dichas sociedades en el momento de escribir estas líneas. El presente artículo tiene como objetivo abordar, precisamente, algunas de dichas consecuencias. En concreto, en los párrafos que siguen se abordará el impacto de la Gran Recesión en la salud y en la calidad de vida, con especial referencia a la población residiendo en España. Se trata de dilucidar la medida en la cual el bienestar en nuestro país se vio afectado por el impacto de las crisis. Pero no solo se busca determinar el posible efecto de la crisis en la salud, sino también de comprender los mecanismos a través de los cuales se produce dicha relación. Y para ello, la hipótesis que se defenderá es que el impacto negativo de la recesión de 2008 en España solo puede comprenderse adecuadamente en el marco de la organización social de las desigualdades y el impacto de la crisis en nuestros esquemas de estratificación social.

1. La salud va por barrios

Se ha hecho ya popular esta frase: “El código postal es más importante para predecir tu salud que el código genético”. En un principio, esta afirmación puede parecer exagerada. Y de hecho lo es o, cuanto menos, se trata de una sobreactuación premeditada para poner sobre la mesa el debate en torno a la influencia de los procesos sociales en la salud y la enfermedad de las personas. Porque lo cierto es que la pobreza mata. Y en este caso no estamos ante una exageración. No solo porque existen contextos geopolíticos y sociales en los cuales la pobreza es pobreza entendida absoluta, causa de muerte prematura de forma evidente (por ejemplo, en muchos países del conteniente africano); no solo porque en determinadas sociedades la pobreza está inexorablemente ligada a una violencia estructural que es causa de muerte (piénsese en ciudades Latinoamericanas como San Salvador, Ciudad Juárez o los sectores de favelas en Río de Janeiro). En nuestro entorno más cercano, en las sociedades del bienestar, también la pobreza está vinculada a una mayor tasa de mortalidad. Esta es la conclusión de la investigación que en 2017 publicó la célebre revista The Lancet, que analizó los determinantes de la muerte prematura en un estudio multicohorte con 1,7 millones de personas. Los resultados mostraron que un estatus socioeconómico bajo estaba asociado con una reducción de 2,1 años en la esperanza de vida entre los 40 y los 85 años. Este resultado se obtuvo con una muestra procedente de siete países diferentes; ninguno de ellos era africano, ni latinoamericano, la lista no incluye La India, o países asolados por la guerra. Eran el Reino Unido, Francia, Suiza, Portugal, Italia, Estados Unidos y Australia.

La salud no se distribuye de manera aleatoria, las enfermedades no responden únicamente al azar, ni siquiera exclusivamente al azar genético. De hecho, existe una ingente evidencia empírica que pone de manifiesto que existe una conexión directa entre desigualdades sociales y desigualdades en salud, un gradiente que sugiere que la estratificación en nuestras sociedades incluye una estratificación socioeconómica de la salud y una desigual prevalencia (e incidencia) de las enfermedades en función de factores como los ingresos, el nivel educativo, el estatus de empleo o el capital social.

2. Estratificación social, salud y Gran Recesión en España

La crisis de 2008 tuvo una dimensión global, pero lo cierto es que sus efectos fueron tanto cuantitativa como cualitativamente específicos en los diferentes países que la sufrieron. En el caso de España, uno de dichos efectos consistió en una reconfiguración de la estratificación social, en la consolidación de un modelo de desigualdad basado en la exclusión social. Esta consolidación implica tanto un incremento de las desigualdades (y una cierta polarización de la población en términos socioeconómicos) como una redefinición del riesgo socioeconómico, que se ha convertido en una realidad transversal en nuestra sociedad. Lo cierto es que el incremento de las desigualdades socioeconómicas en España durante la Gran Recesión está sobradamente documentado (véase el Informe Foessa de 2014). No es este el momento de analizar este proceso ni sus causas (la profunda segmentación de nuestro mercado de trabajo, la elección de políticas de austeridad para abordar las consecuencias macroeconómicas de la crisis, un mercado de vivienda afectado por un gran riesgo financiero, etc.).

Lo importante para los objetivos de este artículo consiste en vincular este incremento de las desigualdades sociales en España durante la crisis, por un lado, y la evidencia en torno a la existencia de un gradiente social en la salud y la enfermedad, por otro. La Gran Recesión afectó de manera importante en la salud de la población europea, y España no es una excepción a un proceso que supuso un riesgo claro para la población en un amplio número de indicadores de salud y calidad de vida. La evidencia empírica al respecto es clara: la crisis de 2008 tuvo un impacto negativo en la salud de la población española.

Para comprender los procesos que explican dicho impacto es preciso mirar en diversas direcciones. En primer lugar, una crisis como la que nos ocupa genera necesariamente una situación de incertidumbre y vulnerabilidad que puede poner en riesgo el bienestar psicológico y la salud mental de la población. Más aún cuando la profundidad y gravedad de la crisis viene acompañada de un desarrollo temporal especialmente dilatado, como ocurrió en el caso español. En segundo lugar, la crisis llevó a un número creciente al deterioro de su situación económica, situando a millones de personas, incluidos menores, por debajo del umbral de la pobreza. Los ajustes familiares necesarios para afrontar la pobreza cobran diversas formas, siendo una de las más importantes un ajuste del presupuesto del hogar que puede implicar decisiones potencialmente negativas para la salud: reducción del presupuesto en alimentación, en medicinas y en cuidados de la salud, en hábitos saludables, en mantenimiento de las condiciones de habitabilidad del hogar (calefacción, suministros), etc. En tercer lugar, la situación de estrés psicosocial generada típicamente en los periodos de recesión económica se asocia con conductas de afrontamiento que suponen un riesgo para la salud, como por ejemplo el consumo de tabaco, drogas y alcohol. En cuarto lugar, las políticas utilizadas para afrontar los efectos macroeconómicos de la Gran Recesión se basaron por entero el concepto de austeridad, dando lugar a un retroceso sobresaliente en las políticas de bienestar y protección social. En España estos recortes no solo afectaron a la cobertura sanitaria y al copago en medicinas, sino también a las políticas de dependencia, familiares, por citar tan solo dos de ellas. Este retroceso del Estado de Bienestar constituye igualmente una causa potencial del deterioro de la salud de las personas.

Como puede apreciarse, todos estos elementos giran en torno –en mayor o en menor medida– al crecimiento de las desigualdades sociales. Dicho de otra forma, tenemos sobre la mesa un puzle con tres elementos: sabemos que existen un gradiente socioeconómico en la distribución social de la salud y las enfermedades; sabemos además que las desigualdades socioeconómicas aumentaron en España de manera profunda y sostenida desde 2008 y que solo muy recientemente esta progresión se ha revertido; sabemos que la Gran Recesión tuvo un impacto negativo sobre la salud de la población, en términos generales. En este puzle, todas las piezas encajan, siempre y cuando seamos capaces de establecer un vínculo que implique una conexión entre crisis y salud a través de las desigualdades sociales.

Esta hipótesis articula el estudio, recientemente publicado bajo el título Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España, editado por la Fundación FOESSA. Este estudio abordó la conexión entre crisis y salud situando en el centro de esta conexión las desigualdades socioeconómicas. Para ello, dichas desigualdades se definieron a dos niveles. En primer lugar, se incorporó un indicador de desigualdad económica “clásico”, los ingresos y, en concreto, la distribución de la población en quintiles según sus ingresos. Se trata de una forma ampliamente utilizada de medir la desigualdad, ya que refleja la forma en la cual un individuo (o un hogar) se diferencia con respecto a otro individuo (u otro hogar) en cuanto al presupuesto disponible.

En segundo lugar, se incorporaron indicadores de desigualdades a nivel agregado, es decir, no interindividuales, sino desigualdades sociales en sentido estricto. Nos referimos aquí a la medida en la cual las sociedades son más o menos igualitarias, más o menos desigualitarias. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de la población que se encuentra en situación de exclusión social? ¿Y cuál es el porcentaje en situación de pobreza? ¿Cuál es la tasa poblacional de desempleo de larga duración? La hipótesis que subyace es que el desempleo, o la pobreza, o la exclusión, no solo tienen un efecto sobre la persona en situación de desempleo, de pobreza o de exclusión, sino que también tienen un efecto especialmente relevante sobre todas las personas en dicha situación y sobre toda la población en general. En el estudio citado se consideró a la población según su comunidad autónoma de residencia, y se realizaron análisis que incluían indicadores agregados para cada comunidad. En concreto, las variables utilizadas fueron los porcentajes de la población de las comunidades autónomas en situación de privación material, pobreza y baja intensidad laboral (es decir, tres dimensiones de la exclusión social) y la tasa de desempleo de larga duración. Además, para asegurar la validez de los resultados, se introdujeron dos variables de control, el PIB per cápita y el gasto sanitario (como porcentaje de PIB de cada comunidad autónoma).

Es importante recordar que nuestra hipótesis establece que el impacto de la Gran Recesión en la salud podría comprenderse, parcialmente, a través de la desigualdad socioeconómica. Por ello, para contrastar dicha hipótesis era vital contar con datos longitudinales, es decir, con medidas repetidas en el tiempo. Afortunadamente, la Encuesta de Calidad de Vida del Instituto Nacional de Estadística proporciona dichos datos, en oleadas de cuatro años. Se eligió aquella que medía los años 2008, 2009, 2010 y 2011, para poder analizar adecuadamente el papel de la desigualdad en una medida de salud general durante los primeros años de la recesión.

Pues bien, nuestros resultados mostraron que el quintil de ingresos en el cual se encuentran los individuos tiene un efecto en la evolución de la salud durante la crisis, en el sentido esperado: a menos ingresos mayor es el deterioro de la salud. Pero, además, y tal vez más importante, los resultados mostraron que la distribución social de la desigualdad también tuvo un impacto en la salud, de manera que las poblaciones con mayores porcentajes de población en situación de privación material y que viven en un hogar con baja intensidad laboral. Más aún, la tasa de desempleo de larga duración también mostró un efecto negativo en la salud de la población.

3. Así pues, la salud va por barrios

Lo explicábamos recientemente en la entrevista: “La salud va por barrios”.

Estos resultados no debieran ser sorprendentes. Richard Wilkinson y su equipo de investigación han mostrado reiteradamente que las sociedades más desigualitarias son –comparadas con sociedades más igualitarias– peores para el bienestar de su población en un amplio rango de indicadores: mortalidad, salud, incidencia de enfermedades, felicidad, violencia, comisión de delitos. Se trata de una hipótesis y de una línea de investigación que se muestra especialmente relevante para explicar los efectos perversos de los procesos macrosociales en el bienestar de las sociedades.

En nuestro caso, los resultados descritos y los argumentos esgrimidos apuntan a una realidad preocupante: la sociedad española contemporánea (y, con probabilidad razonable, las sociedades europeas en general) ha experimentado cambios tan profundos que el bienestar y el acceso al mismo se ha visto también modificado. Siendo más precisos, podríamos señalar que en España la crisis de 2008 supuso la consolidación de un nuevo modelo de desigualdad –basado en procesos de exclusión– que ha problematizado, deteriorado, el bienestar de una proporción creciente de su población. Los resultados anteriormente expuestos son evidentes: cada vez más, la salud va por barrios. Y más aún: seguramente cada vez son más los barrios donde la salud comienza a ser un problema social. El deterioro de las condiciones de vida de las clases medias –diseccionado recientemente en un estudio realizado para la OCDE bajo el revelador título Bajo presión: la clase social exprimida– coincide con el incremento del protagonismo de los procesos descritos.

Es un deterioro que en España se asocia claramente a un mercado de trabajo cada vez más segmentado, cada vez más flexible, cada vez menos caracterizado por la estabilidad biográfica y cada vez más afectado por la precariedad. En la investigación Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España, analizando datos de las ediciones de 2006 y 2012 de la Encuesta Nacional de Salud, se comprobó que la relación de los diferentes estatus de empleo (empleo estable, temporal, desempleo, desempleo de larga duración, trabajo autónomo y jubilación) prácticamente se invirtió después de la crisis de 2008. Así, por ejemplo, en 2006 las dos situaciones que en mayor medida se relacionaban con un deterioro de la salud mental eran el desempleo y la jubilación; además, tener un trabajo temporal se relacionaba con peor salud mental y se empresario o autónomo no tenía un impacto significativo. Pues bien, en 2012 esta última relación se invierte (son los autónomos los que muestran mala salud mental) y la asociación con el deterioro psicológico ser reduce de manera sobresaliente en el caso de las personas jubiladas. Este último grupo, de hecho, se convirtió en uno de los ejes familiares para afrontar el deterioro en indicadores como los ingresos, o la baja intensidad y participación laboral. Si se permite la exageración, se trata del mundo al revés: nuestros/as pensionistas como soporte económico de la población activa.

4. Actuamos o enfermamos: los retos para la acción social

Como puede apreciarse, la Gran Recesión no puede definirse únicamente como una coyuntura de deterioro de la economía, sino más bien como la consolidación de una transición hacia una fase productiva asociada a un sistema de estratificación social basado en el concepto de exclusión. Este modelo ha problematizado de manera sobresaliente, especialmente en España, la comprensión del bienestar, hasta el punto de que las clases medias aparecen como protagonistas de un deterioro socioeconómico que puede describirse como un incremento de las desigualdades en los ingresos y una profunda segmentación del mercado de trabajo que resulta en un incremento de la precariedad y una ampliación de las ocupaciones afectadas por dicha precarización.

Es innegable que una década después de que estallara la crisis la coyuntura económica ha mejorado, lo que ha tenido un efecto positivo en las tasas de desempleo y en los presupuestos de los hogares. Pero es igualmente innegable que esta recuperación tiene un semblante muy diferente al del periodo de crecimiento económico previo a la crisis. El modelo ha cambiado, la exclusión social, la ampliación de las desigualdades y la problematización del mercado de trabajo son procesos característicos de nuestra sociedad. En conclusión, es razonable pensar que también persisten los riesgos relacionados con la salud descritos en este artículo. Este es, tal vez, uno de los retos de futuro para la sociedad española, un reto que consiste en diseñar acciones que redunden en una mejora de la salud y de la calidad de vida de nuestra población. En el diseño de estas acciones es absolutamente indispensable incorporar una dimensión colectiva. Si, tal y como hemos visto, procesos agregados están en el origen del deterioro de la salud, también es posible incidir en acciones que mejoren la calidad de vida. La dimensión comunitaria es vital en este punto, como también lo es una acción transformadora que contribuya a reducir las desigualdades sociales y que permita cimentar la mejora del bienestar de nuestra sociedad en criterios de justicia social.

5. Bibliografía

OCDE (2019) Under Pressure: The Squeezed Middle Class. París: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/689afed1-en

Sánchez Moreno, Esteban; de la Fuente Roldán, Iria-Noa; y Gallardo Peralta, Lorena (2019). Gran Recesión, desigualdades sociales y salud en España. Madrid: Fundación FOESSA.

Stringhini, S., Carmeli, S., Jokela, M., Avendaño, M., Muennig, P., Guida, F., Kivimäki, M. (2017). Socioeconomic status and the 25 × 25 risk factors as determinants of premature mortality: a multicohort study and meta-analysis of 1·7 million men and women. The Lancet, 389, 1229-1237.

Wilkinson, R. G. y Pickett, K. E. (2018). Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo. Madrid: Capitán Swing.

Número 2, 2019