José Luis Graus, equipo de desarrollo organizativo y responsable de voluntariado en Cáritas Española.
El libro El arte de ejercer la ciudadanía (2023), de los autores Carlos Berzosa, Emilio José Gómez Ciriano y Francisca Sauquillo, constituye una profunda reflexión sobre el estado actual de los derechos humanos y la ciudadanía en un contexto marcado por el neoliberalismo y sus implicaciones socioeconómicas. A través de un enfoque plural y colaborativo, el texto pretende aportar soluciones a la crisis mundial que atraviesa el ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos, al tiempo que llama a la acción colectiva y consciente.
El prólogo, a cargo de Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO y presidente de la Fundación Cultura de la Paz, ofrece una visión histórica y ética sobre la importancia de la educación, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. Mayor Zaragoza destaca la necesidad de una ciudadanía global activa, comprometida con la igualdad y la dignidad humana, que se enfrente a las amenazas del autoritarismo, la desigualdad y el deterioro ambiental. Este marco introductorio posiciona al lector en la urgencia de repensar y actuar sobre los desafíos contemporáneos.
El primer capítulo, escrito por Carlos Berzosa, profundiza en el contexto neoliberal, detallando cómo las políticas económicas globales han erosionado los derechos sociales y económicos. Berzosa ilustra cómo la crisis económica de 2008 exacerbó la desigualdad y debilitó el estado de bienestar, reduciendo las oportunidades para la mayoría de la población mundial de disfrutar plenamente de sus derechos humanos.
Emilio José Gómez Ciriano, en el segundo capítulo, aborda la relación entre los derechos y la ciudadanía en un entorno cada vez más hostil y fragmentado. Reflexiona sobre los efectos nocivos de la meritocracia y el individualismo exacerbado que han deteriorado las relaciones comunitarias y la democracia participativa. Propone recuperar el sentido de comunidad a través de la solidaridad y la acción colectiva.
El tercer capítulo, a cargo de Francisca Sauquillo, analiza los derechos humanos de cuarta generación, como el derecho a la identidad sexual, la memoria democrática y la muerte digna. Estos derechos emergen en un contexto donde las cuestiones éticas y sociales son cada vez más complejas, y requieren una reflexión profunda para garantizar la protección y la dignidad de todos los seres humanos.
En resumen, El arte de ejercer la ciudadanía es una obra que invita a la reflexión crítica y el debate social en torno a los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía en tiempos convulsos. Los autores plantean propuestas que van más allá de la emotividad inmediata y promueven una transformación social basada en la solidaridad, la justicia y la participación activa. Este libro resulta fundamental para quienes deseen comprender las dinámicas actuales del poder, la política y los derechos, y para aquellos comprometidos en la construcción de un futuro más igualitario y democrático.
De la lectura de El arte de ejercer la ciudadanía surgen varias propuestas concretas para abordar los desafíos sociales, políticos y económicos actuales desde una perspectiva que prioriza los derechos humanos y la participación activa de la ciudadanía. A continuación, se destacan las más relevantes:
1. Revalorización de los derechos sociales y económicos: Carlos Berzosa propone reforzar el Estado del bienestar y recuperar los derechos sociales que han sido mermados por el neoliberalismo. Plantea que, para ello, es necesario un modelo de desarrollo más equitativo que promueva la redistribución de la riqueza, a través de políticas fiscales progresivas y el fortalecimiento del sector público. Este enfoque aboga por que los Estados garanticen un nivel de vida digno para toda la población.
2. Recuperación del sentido comunitario: Emilio José Gómez Ciriano destaca la importancia de revitalizar la comunidad frente al individualismo exacerbado. Propone que se fomente una cultura de solidaridad y cooperación, basada en el respeto mutuo y el diálogo. Gómez Ciriano sugiere que el fortalecimiento de los vínculos comunitarios es esencial para enfrentar los efectos de la meritocracia y el aislamiento social, promovidos por el neoliberalismo.
3. Educación en derechos humanos: Tanto el prólogo de Federico Mayor Zaragoza como los capítulos de los otros autores insisten en la necesidad de una educación orientada a la ciudadanía global, que forme a individuos críticos, solidarios y comprometidos con la igualdad y la justicia. Proponen una educación integral que no solo incluya el conocimiento teórico, sino también la vivencia práctica de los derechos humanos, fomentando la participación y el compromiso ciudadano desde edades tempranas.
4. Protección de los derechos de cuarta generación: Francisca Sauquillo aboga por la protección y promoción de los derechos emergentes, como el derecho a la memoria democrática, la identidad sexual, la muerte digna y el acceso a un medio ambiente saludable. Estas propuestas incluyen la revisión de las legislaciones nacionales e internacionales para garantizar que estos derechos sean reconocidos y respetados en todo el mundo.
5. Fomento de la participación ciudadana activa: Se propone que la ciudadanía no sea meramente espectadora, sino que se convierta en protagonista activa de la gobernanza, tanto a nivel local como global. El libro aboga por crear mecanismos que favorezcan la implicación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, la lucha contra la corrupción, y la supervisión de las políticas públicas, con especial énfasis en los derechos humanos.
6. Lucha contra la desigualdad y la pobreza: Una de las propuestas clave es la necesidad de erradicar las enormes desigualdades económicas y sociales existentes, tanto entre países como dentro de ellos. El libro propone una acción global coordinada para reducir la brecha entre ricos y pobres, con medidas que incluyan reformas fiscales justas, redistribución de recursos, y políticas de desarrollo sostenible que promuevan el bienestar de las poblaciones más vulnerables.
7. Fortalecimiento del multilateralismo y las instituciones internacionales: Los autores sugieren que es fundamental revitalizar organismos internacionales como las Naciones Unidas para que puedan enfrentar los desafíos globales, desde los conflictos armados hasta el cambio climático. Además, proponen un rediseño del sistema multilateral que elimine las estructuras de poder dominadas por unos pocos países y promueva un enfoque más democrático y equitativo.
Estas propuestas subrayan la necesidad de un cambio estructural profundo, en el que la ciudadanía, bien informada y educada en derechos humanos, juegue un papel central en la transformación social hacia un mundo más justo y sostenible.
Ana Abril
Coordinadora equipo Incidencia Política y Análisis Jurídico, Cáritas Española
Puedes encontrar a Ana Abril en X (antiguo Twitter).
Transformar las situaciones de injusticia e impulsar cambios en las causas que generan desigualdad, pobreza y exclusión, forma parte de la misión e identidad de Cáritas.
De ahí el compromiso firme con promover cambios en la legislación y las políticas como vía imprescindible para el acceso y garantía de los derechos humanos de todas las personas en todos los ámbitos desde lo local a lo internacional. En este marco desarrollamos procesos de incidencia política que parten de las vulneraciones de derechos de las personas y pueblos con objetivo de revertir esas situaciones a través de la propuesta de políticas y de su efectiva aplicación.
Un momento especialmente importante para realizar propuestas que posibiliten una sociedad más justa se produce en las elecciones generales, cuando los partidos deben plasmar sus compromisos en los programas electorales. Cáritas, en cada convocatoria electoral, presenta a los partidos políticos sus propuestas con el objetivo de que, en un primer momento, sean incorporadas en los programas y, posteriormente, se desarrollen durante la legislatura concretándose en leyes y políticas que sean implementadas y evaluadas.
Determinar cuáles son estas propuestas es una decisión clave en una doble vertiente. Internamente implica fijar aquellos temas en los que Cáritas va a focalizar su acción de incidencia política en los próximos años a través de un proceso que establece las prioridades. Externamente supone optar por los ámbitos que consideramos prioritarios para la construcción del bien común, una elección de los espacios en los que avanzar hacia una sociedad más justa.
En expresión de Adela Cortina, edificar una sociedad justa es cosa de todos. Sin embargo, las personas en situación de exclusión participan en procesos electorales en mucha menor medida que las personas en situación de integración. Si la media de personas que no participan es del 6,5% en el conjunto de la población, esta cifra sube hasta el 13,9% en el caso de la población en situación de exclusión y el 17,5% en las situaciones de exclusión severa.
La desafección política de las personas que en situación de vulnerabilidad es una constante en todos los procesos electorales. Esto requeriría de una reflexión profunda como sociedad, ya que quienes más tendrían que sentir que las políticas públicas son la vía para garantizar los derechos, protección social, educación, vivienda, empleo, salud, … para la igualdad de oportunidades, para lograr esa red que protege a todas las personas, son las que perciben que los procesos políticos no tienen nada que ver con su situación. Esta pérdida del sentido de ciudadanía, de ser parte de la sociedad, es un factor claro de los procesos de exclusión donde las personas van estando cada vez más alejadas del espacio central de pertenencia e integración en la sociedad. La erosión del día a día, las múltiples situaciones de vulneración de derechos unas tangibles y otras sutiles, generan una distancia con las decisiones que se toman en los centros de poder.
La incidencia política tiene como objetivo promover o cambiar normas y políticas o su aplicación para el acceso efectivo y garantía de los derechos. Y también implica el fortalecimiento de la sociedad civil, esa sociedad civil de la que formamos parte todas las personas sin excepción, generando cauces de participación que vinculen a la ciudadanía (en un concepto que no excluye a nadie) con la toma de decisiones. Frente a la invisibilidad de las realidades de exclusión[i] la opción es ponerlas en el centro de la agenda pública y frente a la impotencia que genera desmovilización y desvinculación es generar espacios que equilibren las relaciones de poder, que ofrezcan vías de posibilidad para que quienes parece que no son relevantes tengan un lugar en los espacios de toma de decisión.
Desde todas estas perspectivas vinculadas a la incidencia política era imprescindible que las personas participantes en los proyectos de Cáritas fueran parte del proceso de definición de las propuestas políticas para las elecciones de 2023.
Y, desde un marco más amplio, responde a la identidad y misión de nuestra entidad, a nuestros valores y objetivos[ii] definidos en el V Plan Estratégico y a los procesos que se están desarrollando desde hace tiempo en las Cáritas Diocesanas que ponen la participación en el centro como factor transversal, requisito previo y necesario en todo proceso.
Por todo ello, en un proceso estratégico de definición de las prioridades de la organización en su acción de incidencia política, la participación directa forma parte de lo esencial.
Siendo la razón fundamental de los procesos de incidencia partir de las realidades de injusticia y de las vulneraciones de los derechos de las personas con el objetivo de impulsar normas y políticas que transformen esas situaciones, resulta evidente que quienes están sufriendo esas realidades deben formar parte de la identificación y elección de las prioridades.
Los tiempos políticos marcan los procesos de incidencia. De poco sirve un buen proceso si se llega tarde para poder influir en los espacios adecuados y con los actores oportunos.
Este proceso se inició casi dos años antes del final teórico de la legislatura (se inició en febrero de 2022 con elecciones previstas en diciembre de 2023) de modo que aun produciéndose el adelanto electoral el proceso estaba desarrollado y las propuestas definidas.
Identificación de las vulneraciones y priorización
A través de los proyectos de Cáritas de migraciones, vivienda, empleo, asentamientos, violencias machistas, infancia, personas en situación de sin hogar, empleo de hogar, mayores, trata, rural, … se propuso a las personas participantes en ellos incorporarse a este proceso de definición de las propuestas de Cáritas para las elecciones generales. También se incorporaron en él los grupos de participantes ya constituidos de forma estable en la Confederación.
A esta invitación se sumaron 990 personas en 95 grupos a lo largo de todo el territorio.
Este proceso ha estado marcado por las dos dimensiones, externa e interna. Esta doble vertiente de ser parte de la polis y de decisiones políticas y ser parte de Cáritas y de las opciones de la institución dio lugar a un primer momento, en los grupos de contexto y diálogo sobre las diversas citas electorales (locales, autonómicas y estatales) y un segundo momento, sobre el objetivo del proceso interno de definición de las propuestas de Cáritas.
La participación tiene una dimensión personal y colectiva. En lo personal ejerciendo esa ciudadanía activa que parte de nuestra implicación, visión y experiencia; y en lo colectivo porque solo desde la generación de comunidad, de sentido de corresponsabilidad, de vinculación con un propósito común podemos influir para transformar la realidad. De este modo, cada persona compartió las vulneraciones de derechos que constata en su vida e indicó cuáles serían sus prioridades para que Cáritas se centrara en ellas. Posteriormente, a partir de las reflexiones y aportaciones personales se alcanzaron conclusiones colectivas priorizando dos ámbitos en cada uno de los grupos.
Las conclusiones de estos grupos con la identificación de vulneraciones de derechos y la priorización de los focos para la incidencia política generaron un análisis global de prioridades entre las que destacaron temas relacionados con el empleo, la vivienda y las vías de regularización de las personas migrantes. Ese análisis también reflejó temas transversales que tienen un efecto en el acceso a los derechos, así de forma reiterada reflejaron barreras como la administración electrónica o la complejidad de los trámites en diferentes ámbitos.
Las conclusiones de estos grupos fueron la base sobre la que desarrollar la segunda fase del proceso. En esta fase, siguiendo la metodología del árbol de problemas en los procesos de incidencia política[iii], se trabajó en 15 espacios temáticos, partiendo de las vulneraciones de derechos definidas, los efectos y las causas de esas vulneraciones definiendo la causa prioritaria.
El proceso tenía como objetivo determinar las propuestas políticas para las elecciones generales, pero todo lo que emergiera de este proceso participativo era relevante, todo es reflexión y aportaciones que podían enriquecer procesos también en otros ámbitos. Por ello, esta fue una de las claves desde el inicio: todo suma.
Dos ejemplos de resultados que aportaron a otros procesos:
El compromiso de Cáritas no es solo presentar las propuestas a los partidos para que los incorporen en los programas electorales, sino que estas propuestas constituyen las prioridades de incidencia política durante la legislatura, el eje de un trabajo hondo y sostenido que para ser viable implica que las propuestas tengan que estar muy ajustadas en número.
Por ello el proceso previo realizado por los grupos de participantes y los grupos temáticos fue llevado a una jornada en la que, partiendo de los resultados y las conclusiones alcanzados, era necesario optar por 8 propuestas.
En una jornada en las que participaron representantes de los 15 grupos con personas de las Cáritas Diocesanas y de los grupos de participantes se priorizaron 8 causas relacionadas con leyes y políticas para que constituyeran las propuestas políticas en las elecciones generales de 2023.
Esta priorización se realizó desde el diálogo, las reflexiones compartidas, las vinculaciones existentes entre lo identificado por unos grupos y otros, y también estuvieron presentes las dudas, la esperanza o el escepticismo de los cambios reales posibles en las políticas.
Como hemos señalado este es un proceso clave en la institución que requiere un proceso de aprobación en los órganos confederales. Este aspecto fue señalado y explicitado en el proceso previo y en la jornada de priorización, para que el conjunto de participación y construcción interna del proceso fuera compartido.
Aprobado el documento de propuestas políticas para las elecciones generales, además de la estrategia de interlocución política, es clave que los agentes de Cáritas y el conjunto de la sociedad conozcan y se identifiquen con las propuestas para una sociedad más justa, y para ello se desarrolló una estrategia de comunicación y sensibilización.
Todo ello fue presentado, antes de ser lanzado públicamente, en una jornada a la que fueron invitadas todas las personas que participaron en el proceso. En esa jornada se rindieron cuentas del conjunto del proceso, de los resultados de cada fase, de las propuestas y de la estrategia de comunicación. De esto modo, todas las personas que formaron parte del proceso en alguna de las etapas pudieron tener una devolución directa de los resultados y un espacio abierto de intercambio y aportación.
Las propuestas fueron presentadas en reuniones con los partidos políticos señalando el proceso de participación que había dado lugar a las mismas. Posteriormente se realizó en análisis de los programas electorales en cuanto a la incorporación y en qué medida de las propuestas realizadas por Cáritas.
Este proceso ha sido un paso en un camino a consolidar y profundizar. La participación de las personas en situación de vulnerabilidad en la institución y en la construcción del bien común, siendo parte central de la sociedad que, conjuntamente, queremos construir, es imprescindible.
Desde esa premisa este proceso nos marca aprendizajes para el futuro. Algunos de ellos son:
Algunos grupos de participantes existían previamente, otros se constituyeron con motivo de este proceso, en unos y otros constatamos la valoración positiva por participar en este proceso[v] y en los segundos, el deseo de dar continuidad.
En todos ellos la conciencia clara de los derechos y de su vulneración fue una constante y la conciencia de que la vía grupal y colectiva de defensa de los derechos es una alternativa ante los riesgos que a veces implica la defensa individual[vi].
Este proceso ha constituido un paso significativo en la participación vinculada a la toma de decisiones interna en un proceso estratégico como es la definición de las prioridades de incidencia política y en la vinculación con la construcción de lo público para generar un cauce de influencia en los actores políticos. La voluntad es seguir consolidando procesos de participación como principio transversal para el ejercicio de los derechos y porque solo alcanzaremos una sociedad justa si todas las personas somos parte imprescindible de ese proyecto.
[i] “Este precariado político tiene una especial incidencia en el precariado social. Las personas al margen de lo social son también personas al margen de lo político. La exclusión social, como se analizó en el capítulo anterior, es una exclusión discursiva: sin voz ni visibilidad”. Sebastián Mora. “Voces insólitas. La participación de las personas en proceso de exclusión en el tercer sector de acción social como espacio político”
[ii] “La advocacy promueve el reparto equitativo del poder” Un modelo de advocacy ignaciana Frank Turner sj https://www.educatemagis.org/wp-content/uploads/2015/10/ian_esp_online1-Ign-Adv-Netw-SP.pdf
[iii] Manual para la facilitación de procesos de Incidencia Política. Wola https://www.wola.org/wp-content/uploads/2005/06/atp_manual_para_facilitacion_jun_05-1.pdf
[iv] La participación de las personas y familias vulneradas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos: propuestas de Cáritas para la 2ª Estrategia Nacional Integral para Personas sin hogar. Sonia Olea. Documentación Social
[v] “A los participantes en este proceso nos ha parecido muy interesante, gratificante, interactivo y sobre todo valoramos haber podido poner voz a nuestros derechos vulnerados”. Grupo de participantes.
[vi] El Informe de Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar, elaborado por Cáritas mostraba como el 68% de las personas no denunciaba situaciones de vulneración de derechos por miedo a perder su trabajar y el 23% (se incrementaba hasta el 48% en el caso de los temporeros) por sentir que no iba a tener ningún resultado.
Número 15, 2023
Mª Eugenia Rodríguez Fernández
Trabajadora Social del Centro La Anjana. Cáritas Diocesana de Santander
La participación de las personas con las que trabajamos es una preocupación y una apuesta que desde Cáritas Diocesana de Santander mantenemos con fuerza. En ese contexto recibimos una propuesta de la Universidad de Cantabria para poner en marcha, de manera conjunta, una experiencia piloto. Se trata de un grupo de reflexión en el que los participantes abordan aspectos de su vida, entendiendo por tal no solo su situación de dificultad, sino, sobre todo, su condición de ciudadanos y ciudadanas.
El Taller de Personas sin Hogar, el Hogar Belén y el Centro de la Mujer La Anjana son los elegidos para iniciar el trabajo. Son proyectos de Cáritas Diocesana de Santander en los que las personas participantes son estables en el tiempo y tienen un alto grado de compromiso con el proyecto. Esto hace posible realizar un trabajo de largo recorrido con compromiso de permanencia.
Se incorporan al proyecto dos profesionales de Cáritas Diocesana de Santander y catorce participantes de los tres proyectos. Y el grupo es también acompañado por dos docentes de la Universidad de Cantabria.
Comenzamos hace un año. El primer reto era hacer grupo, para ello resultó fundamental el generar un espacio acogedor y bonito donde conocernos, compartir nuestras historias, preguntas, preocupaciones. Muy importante la creación de un clima agradable, café y dulces como elemento de acogida y disfrutando del tiempo, sin prisas.
Lo primero que nos plantemos conocer fue cuál era nuestra preocupación común, sobre la que queremos empezar a hablar y para ello recurrimos a unas sencillas preguntas absolutamente abiertas: ¿cómo veo mi futuro?, ¿qué deseo que me suceda?, ¿qué me preocupa?, ¿qué me cabrea?
En esta primera fase de consulta y deliberación democrática no se impuso ningún tema, es en el dialogo con el grupo donde se definieron los dos temas elegidos y comenzamos a indagar, trabajando juntos, compartiendo ideas y habilidades. Nos reuníamos quincenalmente.
Utilizamos papel continuo y lluvia de ideas para reflejar todas las propuestas e ir consensuando y simplificando. Haciendo mini resúmenes de lo hablado y debatido. Nadie decide por nadie, cada opinión tiene la misma validez y es el grupo el que decide si la propuesta queda o se descarta. Al final, de los 22 temas que surgieron, dos asuntos quedaron como consenso: la vivienda y el empleo.
Y sobre ellos nos pusimos a trabajar para saber más. Compartimos nuestras vivencias, leímos y escuchamos, pero no queríamos quedarnos en algo solo para el propio grupo. Nos surgió la necesidad de contárselo a otros, de denunciar, visibilizar, y de poner nuestro granito de arena para cambiar las cosas.
Para todo esto hemos realizado alrededor de 20 sesiones incluso al final intensificamos la frecuencia pasando a encuentros semanales y ahora estamos en el momento de ejecución del proceso creativo.
Estamos realizando una obra con materiales reciclados para mostrar en una exposición que se celebrará la segunda semana de noviembre de 2019, en la que presentaremos el fruto del trabajo realizado. Actualmente estamos en fase de creación, plasmando en los objetos seleccionados las ideas que queremos trasmitir. Nos queda la última fase de evaluar la experiencia y difundirla. Queremos que nuestras voces e ideas se escuchen.
Pero más allá de la experiencia concreta que, como todas, tiene sus luces y sus sombras, este artículo quiere profundizar en las razones de fondo de esta experiencia. Desde nuestro modelo de acción social, la participación es un elemento transversal. Consideramos que la participación de las personas en situación de exclusión es una referencia necesaria en todos los niveles de nuestra acción. Participar es colaborar para sentirse protagonista y sentir que lo que piensas, haces y dices es importante para la sociedad.
Porque las personas con las que trabajamos son, ante todo, personas y no son lo que les pasa. Que no necesitan que nadie hable por ellas, porque siguen teniendo voz. Que su situación, por complicada que sea, no les ha arrebatado su condición de sujetos, responsables y activos en la sociedad.
El hacer realidad las teorías nos ayudan a comprenderlas mejor, nos abren oportunidades de investigación práctica y aplicada para continuar profundizando en ellas, contando además con la participación de los, en principio “objetos” de la misma, lo que la dota de una cualidad especial, bastante poco común. Porque el conocimiento no es patrimonio de nadie, sino un tesoro para la humanidad, al que todos podemos contribuir.
En definitiva, estamos desarrollando un experimento de construcción colectiva. Con este proceso queremos demostrar que las ideas pueden convertirse en objetos tangibles y mostrar a la sociedad por medio de esa obra, que otra mirada desde y para la incorporación social es posible cuando las personas nos implicamos en el proceso y nos lo creemos. Estamos usando una herramienta de esas que no se gastan con el uso, sino más bien al contrario, más crece cuanto más se usa: la creatividad. Que, de nuevo no es patrimonio solo de genios, pues consiste en construir con aquello de lo que dispones.
Como dijimos, se trata de un proceso en marcha, aún no hemos acometido la fase de difusión, y por consiguiente tampoco hemos realizado una evaluación del conjunto de la experiencia. Queremos, al final, elaborar una guía y recoger los resultados del experimento. Es un camino en construcción y negociación constante por lo que cuando finalice el proceso podremos plasmar en un documento más completo todo el aprendizaje por si a alguien más le sirviera.
No obstante, como esto de evaluar y aprender no es algo que se haga de golpe al final, algunas cosas sí que vamos viendo muy claras.
El espacio en el que estamos se convierte en clave, fundamentalmente si logramos que este sea bonito y cómodo. Que resulte acogedor y que cuidarlo sea una responsabilidad compartida. Vamos a intentar sentirnos como en “nuestra propia casa” con “nuestra familia”. Elemento que resulta especialmente significativo para personas para las que esta experiencia no pertenece a su cotidianeidad, personas sin hogar, lo que es mucho más amplio y sobre todo más hondo que sin techo.
El VIII Informe FOESSA nos enfrenta al proceso de construcción de una sociedad desvinculada, cada vez más individualista, por el contrario, en nuestra experiencia ha resultado clave la capacidad de generar vínculos emocionales entre los participantes del proceso. Gentes que no se conocían pero hemos ido desarrollando lazos afectivos y una relación de confianza, en el sentido de que nos “fiamos con” los otros de un proyecto que compartimos. Las personas en situación de exclusión social también sufren, y probablemente en mayor medida, las consecuencias de un modelo social que nos aísla y deja las soluciones al arbitrio de la iniciativa individual, del sálvese quien pueda.
Esta confianza ha permitido que todos los participantes nos sintamos escuchados, que nuestras ideas se debatan al mismo nivel, ninguna persona sabe más que otra, ninguna opinión cuenta más que la de otro. Todos decimos tonterías y todos damos en el clavo, no tenemos miedo a compartir lo que pensamos, nadie lo juzga, y sobre todo nadie te juzga solo se escucha y se debate. Y hasta a veces se consensúa, de manera que lo que termina saliendo no es ni lo tuyo ni lo mío, sino lo nuestro. Experiencia esta muy nueva para personas que, de habitual no solo no son escuchadas, sino que ni quiera son vistas, que están, socialmente invisibilizadas.
Y por último, el tiempo. No hay prisa, los procesos duran lo que tengan que durar, los plazos son los que hayan de ser porque los ritmos son diferentes pero terminan acompasándose. Los que corren se esperan y los lentos se apresuran. El tiempo es nuestro aliado no nuestro enemigo. Hemos roto la lógica de los plazos, de los tiempos que de habitual, damos a los demás para que hagan lo que les decimos que tienen que hacer.
Probablemente, al finalizar podremos decir muchas más cosas, de eso se trata. De empoderarnos para alzar la voz.
Activista en Derechos Humanos y consultora de ISI Argonauta
La participación es un derecho reconocido en los principales instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y un principio básico y requisito imprescindible para el logro de todos los demás derechos humanos.
El derecho a la participación en los asuntos públicos se encuentra reconocido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ampliado en la Observación nº 25 sobre Participación en los Asuntos Públicos y Derecho al Voto del Comité de Derechos Humanos. También está recogido como derecho fundamental en la Constitución española en su artículo 23.
En ellos se establece que todas las personas, sin discriminación alguna, tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, justas y auténticas y tener acceso a la función pública, en el marco de procesos democráticos basados en el consentimiento del pueblo que garanticen su goce efectivo junto a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, cualquiera que sea la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado.
Como derecho humano obliga a los Estados a respetar, proteger y garantizar que todas las personas puedan participar en los asuntos públicos y establece un deber en la ciudadanía en cuanto que forma parte del propio ejercicio de los derechos.
La participación ciudadana en los asuntos públicos está en el centro de la sociedad y es el eje central de la gobernabilidad democrática, al establecer las relaciones entre una ciudadanía y los poderes públicos. Por un lado, la ciudadanía ejerce sus derechos y demanda, a su vez, a los poderes públicos que cumplan con sus obligaciones, y por otro, unos poderes públicos que deben adoptar las medidas necesarias para que todas las personas puedan gozar de sus derechos.
Para comprender la implicación del pleno ejercicio del derecho a la participación debemos profundidar sobre algunas cuestiones que vamos a desarrollar a lo largo del artículo como por ejemplo: ¿sobre qué asuntos públicos se puede participar?; ¿quién puede participar en estos asuntos?; ¿para qué participa?; ¿qué condiciones se tiene que dar para poder participar?; ¿cómo podemos participar?
Los asuntos públicos son el conjunto de demandas de la población que reflejan sus preocupaciones y necesidades y que exigen de un proceso de toma de decisiones en las diferentes instancias gubernamentales para generar soluciones basadas en el bien común. Desde esta perceptiva, la agenda sobre los asuntos públicos y la priorización de los mismos la define la ciudadanía, no los representantes políticos.
¿Cuáles son entonces esos asuntos públicos de interés para la ciudadanía? En un mundo interconectado y global, como en el que vivimos hoy en día, no podemos limitar el ámbito de los asuntos públicos a lo estrictamente local o a las fronteras de los Estados.
Nos enfrentamos a retos globales como las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a la protección de los derechos humanos o la protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Retos que influyen en nuestro día a día y que pocas veces pensamos en ellos.
Desde el ámbito local, nuestras preocupaciones más cercanas y que forman parte de los asuntos públicos son aquellas que están relacionadas con las acciones que realizamos de forma cotidiana y que afectan a nuestras condiciones de vida. El precio o el alquiler de una vivienda, el coste y el acceso al agua, la luz, la electricidad, la educación de los niños y niñas, el transporte público, la recogida de basuras, los sistemas de producción y de consumo, la existencia de parques y zonas verdes y/o los transportes públicos. Todas estas y muchas más son preocupaciones o demandas que traslada la ciudadanía a los poderes públicos y a los gobernantes elegidos.
Pero también las políticas comerciales internacionales o la política exterior forman parte de los asuntos públicos que nos interpelan como ciudadanía en tanto en cuanto, hemos elegido a unos representantes políticos cuyas decisiones influyen en los derechos humanos de miles de personas en otros países.
De esta forma, la agenda de los asuntos públicos incluirá demandas sobre el crecimiento económico sostenible, el acceso a la justicia, la erradicación de la pobreza, el cambio climático, la explotación de los recursos naturales, las políticas comerciales, el acceso al agua y la energía, el fin de la discriminación y/o a apertura de las fronteras a la movilidad humana.
Por este motivo, todas las personas tienen derecho a participar en todas estas decisiones que organizan la vida social, económica y política de la sociedad en su conjunto y que influyen en lo local y en lo global, transcendiendo las fronteras de los Estados. Tienen, por tanto, derecho a participar en los asuntos públicos en su sentido más amplio que incluye el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y administrativo y abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y aplicación de políticas internacionales, nacionales, regionales y locales [1].
Todas las personas sin discriminación alguna tienen derecho a participar en los asuntos públicos. Sin embargo, en la práctica esta participación se ve limitada por la propia definición tradicional de ciudadanía y los mecanismos establecidos para la participación.
Respecto al concepto de ciudadanía ha ido cambiando según el contexto histórico y se ha ido afianzando con el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. Son muchas las definiciones que podemos encontrar de este concepto desde una visión política, social, sociológica, filosófica, e incluso teológica.
Pero todas ellas parten de la idea de que la ciudadanía es una forma de interpretar y entender las relaciones sociales basadas en derechos y deberes. A través de la ciudadanía se establecen unas relaciones sociales que asignan obligaciones y responsabilidades a los distintos actores sociales.
Tradicionalmente, la ciudadanía es una cualidad de las personas adquirida por el hecho de convivir con otras personas en un lugar determinado, una comunidad, un pueblo, una ciudad o un Estado. Esta cualidad confiere derechos a los ciudadanos para gestionar ese lugar, lo que implica que los derechos adquiridos y su ejercicio se limitan a ese espacio determinado, tradicionalmente el Estado. Además, la ciudadanía no es pasiva, sino que se ejerce y viene acompañada de una serie de responsabilidades.
Desde esta perspectiva, el Estado es el que determina quién es ciudadano y ciudadana y cuáles son sus derechos. En la práctica, no todas las personas que conviven en un mismo país son consideradas ciudadanos/as con los mismos derechos. Por ejemplo, grupos étnicos, indígenas, inmigrantes, incluso las mujeres, en muchos países no son considerados parte de la ciudadanía y no tienen los mismos derechos.
En este sentido, la interpretación tradicional de ciudadano o ciudadana según la cual el Estado define y delimita quién tiene derechos restringe en gran medida la participación y el ejercicio de los derechos humanos.
Por todo lo anterior, se hace necesaria una interpretación más amplia donde la ciudadanía transciende los límites impuestos por los poderes públicos e incorpora plenamente el derecho a la igualdad y no discriminación. Una ciudadanía en la cual se establecen los derechos y deberes en función del sentimiento de pertenencia individual de la persona a una sociedad y el reconocimiento de esta sociedad como parte de la misma.
Sólo desde esta perspectiva se incorpora plenamente el principio de igualdad y no discriminación de forma que todas las personas forman parte de esa sociedad de la que deben participar en los asuntos públicos como uno de sus derechos y deberes.
Desde el propio concepto de participación ciudadana, el fin último que se pretende es influir en los procesos de toma de decisiones de los poderes públicos haciendo llegar sus demandas y propuestas, vigilando que los poderes públicos cumplan con sus obligaciones y estableciendo un diálogo constructivo para la construcción de una sociedad donde todas las personas puedan gozar de sus derechos.
Por otro lado, la participación es un principio fundamental y básico de los derechos humanos ya que es un medio necesario para conseguir su pleno ejercicio.
Los derechos humanos son un conjunto de valores, principios y normas universales, propios de la dignidad de la persona humana y se refieren a la vida, libertad, igualdad, seguridad, participación política, bienestar social y cualquier otro aspecto ligado al desarrollo integral de la persona, que permiten orientar el comportamiento de la persona en sociedad.
Los principios son los atributos o características propias de los derechos humanos. En este sentido los principios de los derechos humanos como la igualdad y no discriminación, la interdependencia, la indivisibilidad, la universalidad, la solidaridad y la participación, son la vía para su realización. Todos estos principios son comunes y están presentes en todos los derechos humanos. En este sentido, la participación en los asuntos públicos se convierte en un mecanismo imprescindible para lograr el ejercicio de todos los derechos humanos. La participación es imprescindible para lograr la igualdad, luchar contra la discriminación, superar los diferentes obstáculos que bloquean el ejercicio de nuestros derechos.
Desde esta perspectiva, el derecho a la participación permite ejercer a la ciudadanía su poder político para influir en los asuntos públicos, para:
Además, la participación conlleva en sí misma unos principios básicos para su ejercicio. Todas las personas deben estar informadas de cómo y por qué se toman las decisiones antes y después; debe escucharse e incorporar las ideas, sugerencias y propuestas de las organizaciones que participan; debe incorporarse la diversidad como un valor añadido a la participación; debe respetarse la diferencia ya que toda persona está en su derecho de disentir de las decisiones tomadas; todas las personas deben ser integradas en los procesos de participación en igualdad de condiciones.
De esta forma, cuando la participación en los asuntos públicos tiene estas características se convierte en un potente mecanismo de transformación social hacia el logro del pleno ejercicio de todos los derechos humanos.
Los Estados tienen la obligación de crear las condiciones necesarias para que todas las personas puedan ejercer el derecho a la participación en los asuntos públicos, específicamente tienen tres obligaciones fundamentales: respetar el derecho a la participación de forma que se abstenga de adoptar medidas que restrinjan la participación ciudadana, proteger el derecho a la participación para asegurar que terceros no vulneran este derecho y garantizar el derecho a la participación adoptando todas las medidas necesarias para que todas las personas puedan ejercerlo.
Para cumplir con estas obligaciones y poder ejercer plenamente el derecho a la participación en los asuntos públicos, el sistema de gobernabilidad debe establecer y respetar los principios democráticos de un Estado de derecho:
Además, los Estados deben establecer los espacios y los mecanismos de participación necesarios para que la participación funcione de forma democrática y la ciudadanía pueda concurrir libremente, sin discriminación alguna. Debe facilitarse la información necesaria para que las decisiones se tomen de manera informada y disponer de espacios de debate, diálogo, denuncia y examen para las quejas y denuncias de la ciudadanía.
El pleno ejercicio del derecho a la participación está ligado a la garantía por parte de los Estados de tres derechos:
De esta forma, los poderes públicos de los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias que permitan a toda la ciudadanía participar en los asuntos públicos a través de consultas, referéndum, procesos electorales, espacios de debate y mecanismos de control de los poderes públicos por parte de la ciudadanía.
El derecho a la participación exige a los Estados de unas instituciones trasparentes, conscientes de sus obligaciones y respetuosas con los derechos humanos, las cuales desarrollen la legislación necesaria para proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía y establecer políticas públicas inclusivas, participativas y no corruptas que hagan efectiva la legislación.
El derecho a la participación en los asuntos públicos es a su vez un deber de la ciudadanía que no puede ni debe eludirse, al formar parte del propio ejercicio de los derechos humanos.
De forma general, se tiende a pensar que ejercer nuestros derechos consiste en que el Estado como benefactor nos provea de unos servicios que cubran nuestras necesidades de educación, salud, trabajo, etc. Nos han transmitido que el derecho a participar en la vida pública se limita a votar cada cuatro años a las personas que queremos que nos representen. Que ejercer nuestros derechos es una acción pasiva en la que la ciudadanía es mera receptora de servicios que nos facilitan los gobernantes elegidos. Sin embargo, esto no es así.
Ejercer nuestros derechos es un acto de responsabilidad individual y colectiva. Ejercer nuestros derechos supone defender nuestros derechos y los derechos de todas las demás personas, denunciando cualquier vulneración de los mismos y exigiendo a los poderes públicos su garantía. Supone respetar los derechos de todas las personas, siendo consciente de la necesidad de aprender del otro, del enriquecimiento mutuo como camino para lograr un mundo donde todas las personas puedan ejercer sus derechos. Supone promover los derechos desde nuestro círculo más cercano a cualquier otro lugar. Supone participar en la vida pública pensando en el bien común y no en los intereses individuales.
Desde esta perspectiva, la participación forma parte del ejercicio de nuestros derechos en cuanto a ciudadanos y ciudadanas con capacidad de transformación social, con capacidad de influir en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Pero la participación no podemos ejercerla en solitario. La participación es una acción colectiva donde el bien común está por encima de intereses individuales, asociativos o partidistas. Donde la escucha, la generosidad y la solidaridad son la base para el diálogo y la construcción conjunta.
Esta base nos permitirá ejercer nuestro poder como ciudadanía para, a través de la movilización social, las diferentes entidades de la sociedad civil, los movimientos sociales, las redes de personas o las plataformas de organizaciones, puedan denunciar, exigir, hacer llegar propuestas, demandar y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones a los poderes públicos.
Para esto necesitamos la construcción de una ciudadanía activa, participativa y consciente de sus derechos. Personas con los conocimientos, aptitudes, valores y actitudes que son necesarios para ejercer la ciudadanía global “para llevar vidas productivas, tomar decisiones fundamentadas y asumir papeles activos en los planos local y mundial para hacer frente a los desafíos mundiales y resolverlos” [2].
Cuando se recogen 500.000 firmas acreditadas de personas y se registra una iniciativa popular en el Congreso de los Diputados estamos ejerciendo nuestro derecho a la participación proponiendo que una ley sea tramitada en el Parlamento español. Cuando miles de personas se manifiestan ante el Ministerio de Justicia contra una sentencia de los tribunales españoles, estamos participando en los asuntos públicos denunciando el incumplimiento, por parte del poder judicial, de sus funciones más básicas. Cuando nos organizamos y creamos redes que dialogan directamente con los poderes públicos para trasladar las demandas sociales e incidir en la toma de decisiones, estamos participando en los asuntos públicos construyendo conjuntamente con los representantes políticos.
En la actualidad existen múltiples formas y manifestaciones de participación ciudadana en diferentes niveles que van más allá de la participación en los procesos electorales.
Encontramos asociaciones de barrio, organizaciones no gubernamentales de desarrollo o de acción social, plataformas de sociedad civil o movimientos sociales formados por personas que les mueve un mismo interés, redes de entidades, personas que se juntan y hacen vida pública, debaten sobre las problemáticas que les preocupan y hacen propuestas para hacer llegar a los gobernantes.
También, son muy diversas las formas de hacer llegar sus demandas desde las manifestaciones y concentraciones, huelgas, foros de diálogo, espacio de trabajo conjunto, elaboración de informes y propuestas, campañas mediáticas, teatro y otras muchas formas de expresión para incidir en la toma de decisiones.
A pesar de todos estos espacios, son muchas las ocasiones en que el desánimo, la falta de confianza en las instituciones públicas, la falta de confianza en que nuestra voz va a ser escuchada, que nuestras propuestas son válidas y van a ser incluidas, nos paraliza y bloquea la participación.
Sin embargo, sólo si nos unimos, si generamos una confianza colectiva, si nos hacemos fuertes, si tomamos una acción decidida por cambiar podremos transformar el mundo. En definitiva, sólo si ejercemos nuestro derecho a participar en los asuntos públicos poniendo por encima el bien común y la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna, sólo así, lograremos un mundo más justo, libre y democrático donde todas las personas gocen plenamente de sus derechos.
[1] Comité de Derechos Humanos. Observación general nº 25, 1996.
[2] Declaración de Incheon para la educación 2030 y Marco de acción para la realización del ODS 4.