Daniel Sorando, sociólogo. Profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

Álvaro Ardura, arquitecto. Profesor en la Universidad Politécnica de Madrid.

Puedes encontrar a Daniel Sorando y a Álvaro Ardura en Twitter.

1. La gentrificación es un proceso de expulsión

Las dificultades de acceso a una vivienda adecuada y segura son, junto con la baja calidad del empleo, los principales caminos hacia la exclusión social en España (FOESSA, 2019). Sumemos que la debilidad de la política de vivienda y la continua promoción del mercado inmobiliario son una seña de identidad de la economía política española (Méndez, 2019). El resultado es la polarización entre grupos enriquecidos y empobrecidos por este sistema de provisión residencial. Entre los grupos sociales más golpeados por este modelo las consecuencias son múltiples: sobrecarga financiera del coste de la vivienda, inseguridad vital, pautas de hacinamiento y efectos sobre la salud física y mental. Asimismo, la fragilidad residencial genera consecuencias en términos del arraigo territorial vinculado a la vivienda, en la medida en que el lugar de residencia da acceso a una red única de relaciones sociales y accesos a equipamientos y servicios de todo tipo (educativos, sanitarios, culturales, etc.) (Logan y Molotch, 1987). Por tanto, la incapacidad para mantener el lugar de residencia ligada a los procesos de gentrificación da lugar a desarraigos con importantes consecuencias en cada una de las esferas de la vida cotidiana (Elliot-Cooper et al., 2020).

Los procesos de gentrificación consisten en la sustitución de los usuarios y residentes de un territorio (un barrio, por ejemplo), de tal modo que los nuevos son de una clase social con más recursos que los desplazados por el proceso. Esta dinámica responde a un complejo conjunto de acciones económicas, políticas y sociales que incluyen la inversión en la mejora de las condiciones del territorio considerado (Clark, 2005). Al respecto, Franquesa (2007) sostiene que la gentrificación es una estrategia del urbanismo neoliberal que consiste en la lógica de vaciar el territorio de la población previa (definida como portadora de degradación e insolvente económicamente) para llenarlo de nuevos usuarios y residentes (con un muy superior capital económico). Allá donde este proceso es viable, el interés del capital no se limita a la vivienda, sino que, además, incluye otras estrategias de atracción de capitales vinculadas al ocio y los servicios, así como los flujos turísticos. En España y el resto de los países del sur de Europa tiene especial peso la estrategia turística, dado que el turismo suple la falta de demanda local suficiente que el capital inmobiliario necesita para generar plusvalías (Cocola Gant, 2016). En cada caso, los habitantes que no pueden afrontar el coste del barrio una vez gentrificado son desplazados.

2. El desplazamiento tiene diferentes manifestaciones

La principal consecuencia de la gentrificación en términos de (in)justicia social es el desplazamiento de los habitantes previos, habitualmente caracterizados por disponer de bajos ingresos y residir en viviendas en régimen de alquiler (Slater, 2006). Dentro de esta población la diversidad es muy importante e incluye hogares envejecidos, a menudo unipersonales; hogares monoparentales; y/o inmigrantes extranjeros fuertemente precarizados. Marcuse (1985) establece tres tipos de desplazamiento: el desplazamiento directo, el desplazamiento excluyente y la presión del desplazamiento. En primer lugar, y según sus causas, el desplazamiento directo puede ser económico o físico. Se trata de un desplazamiento económico cuando es el efecto de la revalorización del barrio de residencia, mientras que es físico cuando es consecuencia del abandono del mantenimiento de la vivienda por parte de sus propietarios. Adicionalmente, y según su posición temporal, el desplazamiento directo puede serlo del último residente desplazado o incluir a los hogares previos también desplazados en el proceso (desplazamiento directo en cadena). Este último tipo de desplazamiento dificulta la cuantificación del proceso (Elliot-Cooper et al., 2020).

En segundo lugar, el desplazamiento excluyente ocurre cuando la gentrificación de un barrio impide su elección a una serie de grupos sociales que lo hubieran escogido en otras condiciones y que, de esta manera, observa cómo sus opciones en el mercado residencial disminuyen. Finalmente, la presión del desplazamiento ocurre cuando el contexto residencial de los hogares residentes en un barrio en proceso de gentrificación se transforma de tal modo que propicia su abandono por parte de los hogares más precarizados: cuando sus redes de apoyo abandonan el lugar, las tiendas que dirigen o consumen han de liquidar por la llegada de nuevos comercios para otra clientela, y/o cuando declinan los servicios públicos (Atkinson, 2015; Elliot-Cooper et al., 2020).

3. El desplazamiento en una sociedad de propietarios: el caso español

En España, el desplazamiento ha encontrado un obstáculo en el régimen de tenencia, mayoritariamente en propiedad, que protege a los hogares ante el desplazamiento directo. Sin embargo, el porcentaje de alquiler privado en sus principales ciudades es equivalente al registrado en otras ciudades europeas y, además, está espacialmente concentrado en los barrios gentrificados. Por otra parte, la metamorfosis del ciclo inmobiliario desde las hipotecas hacia los alquileres ha dado lugar a una incipiente ola de desplazamientos en la segunda década del siglo XXI. Desde la crisis financiera de 2008, la vía española habitual de acceso residencial ha comenzado a cambiar, con un trasvase desde la propiedad hacia el alquiler privado mientras el porcentaje de vivienda social en alquiler permanece en valores irrelevantes. Este giro es más abrupto en las grandes áreas metropolitanas como la Comunidad de Madrid, donde las viviendas en régimen de alquiler de mercado pasaron del 12,9% al 21,0% entre 2004 y 2017, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE). El caso español participa de una dinámica internacional de financiarización del alquiler promotora de la más reciente ola de gentrificación (Hyra et al., 2020). Esta tendencia es particularmente relevante en España por el enorme esfuerzo económico que implica. De media, el 15% de los ciudadanos de la OCDE se ve obligado a dedicar el 40% o más de sus ingresos disponibles a la vivienda. En España ese porcentaje se dispara hasta el 37% para la población que vive de alquiler, según los datos de la OCDE.

4. Cómo medir el desplazamiento: el gran desafío.

A pesar de ser la principal consecuencia de la gentrificación, el desplazamiento apenas ha sido estudiado debido a las dificultades que entraña su medición (Easton et al., 2020). Este artículo aborda dichas dificultades y se suma a otros esfuerzos en la misma dirección (López-Gay et al., 2020). Con este fin se emplea una fuente de gran valor: la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) a escala inframunicipal, ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid. La base de datos obtenida contiene los movimientos residenciales con origen y/o destino en el municipio de Madrid entre 2011 y 2018. No obstante, en esta investigación la base se ha restringido al conjunto de los movimientos residenciales cuyo distrito de destino difiere del de origen. La razón es que los movimientos en el interior del mismo distrito no tienen un impacto potencial sobre las actividades cotidianas semejante a la mudanza hacia otros distritos. Por ejemplo, la permanencia en el mismo distrito no tiene por qué impedir el mantenimiento del centro escolar, la asociación vecinal o las redes de apoyo mutuo informales.

Con estos datos se ha calculado un indicador de desplazamiento definido del siguiente modo: el porcentaje que los movimientos residenciales de baja de una categoría de población suponen sobre el total de personas residentes de dicha categoría al principio del período considerado. Este indicador permite comparar la intensidad de bajas residenciales entre distritos muy dispares en su composición social, dado que se contrasta el porcentaje de residentes de cada categoría que ha abandonado un distrito, independientemente de su peso poblacional en el mismo. De lo contrario sólo podríamos informar del hecho evidente de que es en los distritos donde más población hay de cada categoría (por ejemplo, de personas con estudios primarios) donde más bajas de dicha categoría se registran. En cambio, el indicador presentado aquí permite observar la intensidad de las bajas residenciales como si en todos los distritos hubiera el mismo número de residentes de cada categoría. Para no perder información, junto con el indicador de bajas residenciales se ofrece, para cada distrito y variable, la distribución de cada variable (esto es, su estructura).

Las variables analizadas son aquellas ofrecidas por la EVR con mayor capacidad para diferenciar entre grupos sociales desiguales en los recursos que permiten el acceso a una vivienda: el nivel educativo y el lugar de nacimiento. En el caso del nivel educativo, diferentes investigaciones han probado la sólida correlación entre esta variable y el nivel socioeconómico (Tammaru et al., 2016). Las categorías en que se divide el nivel educativo son estudios primarios (1G), secundarios (2G) y superiores (3G). En cambio, en el caso del lugar de nacimiento la relación no es directa, dada la heterogeneidad interna a las categorías de personas nacidas en España y en el extranjero. Desafortunadamente, no disponemos de datos sobre el país de nacimiento de las personas nacidas en el extranjero, lo cual no permite diferenciar entre orígenes desiguales. No obstante, la alta proporción de personas nacidas en países no pertenecientes a la OCDE sobre el total de nacidos en el extranjero (un 75,4% en el municipio de Madrid en 2011, según el Censo de 2011 del INE) permite utilizar a este grupo como aproximación a la intersección entre desventaja socioeconómica y discriminación étnica. Por último, es preciso señalar que estos indicadores albergan cierto error de observación porque parte de las bajas registradas entre 2011 y 2018 en cada distrito las realizan personas que podrían no residir allí en 2011.

Por último, tan sólo se toman los movimientos realizados por personas mayores de 15 años, con el fin de excluir a niños/as que no han tenido ocasión de completar la ESO (y, por tanto, sólo pueden figurar en la categoría de estudios primarios). Al respecto, los datos reflejan una elevada cantidad de movimientos residenciales de las personas con estudios primarios por una deficiencia importante de los datos de estudios: su no actualización. Esto implica que muchas personas pueden figurar dentro de la categoría de estudios primarios o secundarios por haberse empadronado en edad infantil o adolescente. Dado que este registro no se actualiza sino con cada nuevo empadronamiento, incluso si han obtenido estudios superiores permanecerán en la categoría en la que fueron empadronados. No obstante, este sesgo no tiene por qué ser diferencial entre distritos, de modo que sus efectos se asumen constantes entre estos y, por tanto, no impiden el análisis comparativo entre los mismos.

5. Gentrificación y desplazamiento en la ciudad de Madrid

Los distritos con mayor intensidad de bajas residenciales entre las personas con estudios primarios y secundarios coinciden con aquellos donde estos grupos tenían un peso menor ya en 2011 (ver tabla 1). Por tanto, se confirma el carácter excluyente de estos distritos, los cuales se localizan fundamentalmente en la conocida como almendra central de Madrid (el interior de la M30)[1]. En este contexto, el caso más pronunciado es Centro, donde se registra la intensidad mayor de bajas entre todas las categorías de nivel educativo (como consecuencia de la alta movilidad residencial que permite su importante mercado de vivienda en alquiler). No obstante, la intensidad más alta se da entre las personas con estudios primarios, las cuales constituían un porcentaje notablemente inferior a la media del municipio en 2011. Esta pauta se repite (con menor intensidad) en el resto de los distritos de la almendra central madrileña, si bien destacan dos casos atípicos al respecto: Tetuán y Usera. En primer lugar, en Tetuán se observa que en 2011 la población con menor nivel de estudios tenía un peso igual a la media del municipio (y no por debajo, como en el resto de los distritos de la almendra central). Esto significa que la alta intensidad de bajas de este grupo entre 2011 y 2018 ha supuesto su desplazamiento de un distrito todavía no gentrificado al inicio del proceso. Mientras que, en segundo lugar, en Usera (y, hasta cierto punto, Carabanchel) se observa una alta intensidad de bajas en las personas con estudios primarios a pesar de no encontrarse en la almendra central y de contar con un elevado peso de este grupo en 2011, lo cual podría estar indicando un proceso incipiente de gentrificación.

Tabla 1. Estructura en 2011 e indicador de desplazamiento entre 2011 y 2018 según distrito y nivel educativo. Población mayor de 15 años.  Fuente: elaboración propia a partir de la EVR (Ayuntamiento de Madrid) y el Censo de 2011 (INE).

Las dinámicas anteriores, descritas para las personas sin estudios superiores, se repiten de forma parcialmente análoga entre las personas nacidas en el extranjero, cuyas pautas de movilidad residencial son más intensas a las de las personas nacidas en España en todos los distritos (ver tabla 2). De nuevo, los distritos con mayor intensidad de bajas entre las personas nacidas en el extranjero son aquellos que componen la almendra central de Madrid y, una vez más, con la notable excepción de Usera (distrito exterior a la almendra central que, no obstante, registra una sobresaliente intensidad de bajas entre esta población, lo cual también se observa con intensidad menor en Moratalaz y San Blas). En cambio, en este caso la estructura en 2011 de los distritos centrales de Madrid no es homogénea, sino que al comienzo de la década había una importante presencia de personas nacidas en el extranjero en algunos de sus distritos como Centro y Tetuán.

Tabla 2. Estructura en 2011 e indicador de desplazamiento entre 2011 y 2018 según distrito y lugar de nacimiento. Población mayor de 15 años. Fuente: elaboración propia a partir de la EVR (Ayuntamiento de Madrid) y el Padrón continuo (INE).

El conjunto de estas pautas es coherente con los procesos de gentrificación empíricamente contrastados durante las últimas décadas en la almendra central de Madrid (García, 2014; Sorando y Ardura, 2018; Sorando y Leal, 2019; López-Gay et al, 2020; Porcel y Antón, 2020). En concreto, el indicador de intensidad de bajas residenciales revela una mayor intensidad del desplazamiento entre los grupos más precarizados en los distritos con mayor llegada de personas en el polo opuesto (con estudios superiores, fundamentalmente). Estos procesos de gentrificación suponen un desplazamiento a menudo involuntario, como consecuencia del encarecimiento del coste de la vida en los distritos del centro de Madrid. Entre estas dinámicas destaca la inflación de las rentas del alquiler, tal como se observa en la tabla 3, dado que es en tales distritos donde se concentra el mayor porcentaje de población en alquiler, un mayor incremento de las rentas (al cual se suma el caso de Usera, lo cual permite explicar sus pautas intensas de desplazamiento) y un precio más alto del metro cuadrado.

Tabla 3. Porcentaje de población residente en alquiler en 2011, porcentaje de incremento del alquiler desde 2011 hasta 2018 y precio medio de la renta por metro cuadrado de las viviendas en alquiler en 2018 según distrito.  Fuente: elaboración propia a partir del Censo de 2011 (INE) y los datos del portal inmobiliario Fotocasa.

6. Conclusiones: no es ciudad para pobres

Madrid ha sido objeto de sucesivas olas especulativas que, en la última década, han escogido el alquiler como principal estrategia de enriquecimiento a costa de las condiciones de vida de los hogares más precarizados. En esta dinámica, los actores con más recursos han afianzado el carácter exclusivo y excluyente de los distritos centrales del municipio de Madrid, de modo que los hogares más desfavorecidos (con menor nivel socioeconómico y mayor discriminación étnica) siguen siendo desplazados de su territorio. Además, este proceso parece estar ampliándose hacia algunos distritos del Sur, como Usera y Carabanchel, sugiriendo un avance del frente de la gentrificación que expulsa a las clases populares hacia periferias cada vez más distantes donde la vulneración de sus derechos sociales permanece cada vez más invisible.

7. Referencias

Atkinson, R. “Losing one’s place: Narratives of neighbourhood change, market injustice and symbolic displacement”. Housing, Theory and Society, 32(4), 2015; pp. 373-388.

Clark, E. “The order and simplicity of gentrification: a political challenge”, en Atkinson, R. y Bridge, G. (eds.), Gentrification in a Global Context: The New Urban Colonialism. Londres: Routledge, 2005; pp. 256–264.

Cocola-Gant, A. “Tourism gentrification”, en Lees, L. y Phillips, M. (eds), Handbook of Gentrification Studies. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 2018; pp. 281–293.

Easton, S., Lees, L., Hubbard, P. y Tate, N. “Measuring and mapping displacement: The problem of quantification in the battle against gentrification”. Urban studies, 57(2), 2020; pp. 286-306.

Elliott-Cooper, A., Hubbard, P. y Lees, L. “Moving beyond Marcuse: Gentrification, displacement and the violence of un-homing”. Progress in Human Geography, 44(3), 2020; pp. 492-509.

FOESSA. VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: FOESSA, 2019.

Franquesa, J. “Vaciar y llenar, o la lógica espacial de la neoliberalización”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 118, 2007; pp. 123-150.

García, E. “Gentrificación en Madrid: de la burbuja a la crisis”. Revista de Geografía Norte Grande, 58, 2014; pp. 71-91.

Hyra, D., Fullilove, M., Moulden, D. y Silva, K. Contextualizing Gentrification Chaos: The Rise of the Fifth Wave (draft version, 2020). Disponible en: https://www.american.edu/spa/metro-policy/upload/contextualizing-gentrification-chaos.pdf

Logan, J. y Molotch, H. Urban Fortunes. The Political Economy of Place. Berkeley: University of California Press, 1987.

López-Gay, A., Andújar-Llosa, A. y Salvati, L. “Residential Mobility, Gentrification and Neighborhood Change in Spanish Cities: A Post-Crisis Perspective”. Spatial Demography, 2020.

Marcuse, P. “Gentrification, abandonment and displacement: connections, causes and policy responses in New York City”. Journal of Urban and Contemporary Law, 28, 1985; pp. 195–240.

Méndez, R. Ciudades en venta. Estrategias financieras y nuevo ciclo inmobiliario en España. Valencia: Universitat de Valencia, 2019

Porcel, S. y Antón, F. “Ciudad postindustrial y dinámicas socio-residenciales en España: un análisis comparativo de cinco metrópolis”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 24, 2020.

Slater, T. “The eviction of critical perspectives from gentrification research”. International Journal of Urban and Regional Research, 30(4), 2006; pp. 737-757.

Sorando, D. y Ardura, Á. “Procesos y dinámicas de gentrificación en las ciudades españolas”. Papers: Regió Metropolitana de Barcelona, 60, 2018; pp. 34-47.

Sorando, D. y Leal, J. “Distantes y desiguales: el declive de la mezcla social en Barcelona y Madrid”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 167, 2019; pp. 125-148.

Tammaru, T., Marcińczak, S., Van Ham, M. y Musterd, S. Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. Oxford: Routledge, 2016.

[1] Estos distritos son Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí y Moncloa.

Número 7, 2021

Javier Burón, Gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona

Eduardo González de Molina, Investigador de la Gerencia de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona y Doctorando por la Universidad Pompeu Fabra

Puedes encontrar a Javier Burón en Twitter y en Linkedin; y a Eduardo González de Molina en Twitter y en Linkedin.

La temática de la presente publicación, llamada Una ciudad más humana y más justa, viene como anillo al dedo con la iniciativa que vamos a exponer en este artículo: el Convenio con Entidades Sin Ánimo de Lucro, una novedosa política pública de vivienda basada en la colaboración público-comunitaria. Siendo esta medida no sólo una solución innovadora para aumentar el parque de vivienda asequible, sino también una fórmula para coadyuvar a ciudades más humanas y justas. Para ello, este artículo pretende abordar cuatro objetivos: primero, exponer el cooperativismo de cesión de uso como un modelo alternativo de convivencia habitacional más humano; segundo, explicar la vivienda asequible como modelo de acceso a la vivienda más justo que otras alternativas; tercero, exponer la colaboración público-comunitaria como la política pública de vivienda que garantiza la viabilidad de estos modelos; y cuarto, analizar como esta política permite consolidar a futuro un ecosistema de promotores de vivienda asequible profesional y diversificado.

1. Una ciudad más humana: el rol de la vivienda cooperativa en cesión de uso

El proceso de urbanización neoliberal lleva configurando nuestras ciudades desde hace más de cuarenta años (Harvey, 2019). En esa configuración, las ciudades se han rediseñado más como espacios para invertir que como espacios para vivir. Ciudades que pierden sus espacios comunes, que introducen su lógica mercantil por doquier, donde los procesos de concentración y acumulación son el anverso de los procesos de exclusión y expulsión (Sassen, 2015). Este modelo de ciudad deviene en un lugar frío, individualizado, solitario, atomizado y con débiles lazos sociales. En otras palabras, una ciudad deshumanizada.

En este contexto, la vivienda se muestra como centro neurálgico de estos procesos. En las grandes ciudades, cerca de dos tercios del suelo urbano está destinado a uso residencial. El edificio residencial es diseñado arquitectónicamente por los promotores inmobiliarios bajo la lógica de maximización de beneficio: minimización de los espacios comunes y maximización de los espacios privados. Un edificio de propiedad horizontal u vertical, habitado por propietarios o inquilinos de su vivienda, está diseñado para no producir ningún tipo de lazo social ni de comunidad. El edificio se fragmenta como una colmena y los espacios comunes son auténticos no-lugares (Auge, 2009), espacios pensados exclusivamente para el tránsito. El vecino es un auténtico extraño. Hecho que no se pretende solucionar, sino que está normalizado e incluso se considera deseable. La comunidad de vecinos no es más que una comunidad de intereses, donde la participación es muy débil y los conflictos se terminan resolviendo, en ocasiones, vía demanda judicial.

Si queremos construir una ciudad más humana, donde sus habitantes se sienten con-ciudadanos y existen espacios que fomentan y profundizan vínculos sociales, el modelo de convivencia residencial actual debe cambiar. Existen muchos modelos alternativos, pero uno de los más prometedores es la vivienda cooperativa en cesión de uso.

A diferencia del anterior modelo, el edifico residencial es diseñado desde el principio por sus futuros habitantes. Ese diseño se hace desde la participación y la co-decisión, donde la lógica de organización espacial se equilibra: conviven en armonía espacios comunes y espacios privados. Los espacios comunes se diseñan para satisfacer necesidades comunes y para fomentar relaciones sociales: comedor comunitario, coworking, sala multiusos, lavandería, taller, huerto urbano, etc. Todo ello sin eliminar la imprescindible privacidad de la vivienda. Un modelo en donde, en lugar de perder, se gana libertad. Libertad tanto para quedarte en tu hogar como para socializar con tus vecinos. Un modelo que permite mantener las virtudes de lo privado mientras potencia las posibilidades de lo común. Aquí los vecinos no son extraños. La democracia no es una palabra hueca. Los conflictos se dirimen bajo otra lógica.  Un modelo que además crea barrio, al aprovechar los bajos del edificio para dinamizar actividades conectadas con el entorno. El edificio residencial ya no es una colmena, sino un pueblo en miniatura. En lugar de un mosaico de individuos aislados, aparece una comunidad articulada: una de las materias primas para producir ciudades más humanas.

2. Una ciudad más justa: derecho de uso y alquiler asequible

Una ciudad más justa se garantiza a través del derecho a la ciudad: una ciudad entendida como bien común (Lefebvre, 1975). El derecho a la ciudad es definido internacionalmente en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social (2004: 2). Es un derecho colectivo, complejo e interdependiente con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, que pretende fomentar la igualdad de oportunidades y el equitativo acceso a los derechos sociales y a la vida urbana. Una pieza clave del derecho a la ciudad es el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada (Ponce Solé, 2008). En nuestro país el derecho a la vivienda (Art. 47, C.E.), si bien no es un derecho fundamental exigible ante un tribunal, es un principio rector que mandata a los poderes públicos a que definan y ejecuten las políticas públicas imprescindibles para hacer efectivo tal derecho (Pisarello, 2009). Por lo tanto, el despliegue de unas políticas públicas de vivienda que, a través de diversas fórmulas, provea de acceso asequible a una vivienda digna y adecuada a todos los ciudadanos es una obligación por parte de la administración pública.

Pensamos que hay que armar un auténtico servicio público de vivienda basado en el principio del universalismo proporcional (Francis-Oliviero, et al., 2020), que, aplicado al campo de la vivienda, significa organizar un sistema donde todos, según su nivel de ingresos, tengan acceso a una vivienda digna. En la práctica, significa tener tres modalidades de vivienda: vivienda social para hogares en situación de vulnerabilidad, vivienda asequible para aquellos con cierto nivel de ingresos, pero con dificultades para pagar precios de mercado, y vivienda libre, para aquellos que puedan y quieran pagar precios de mercado.

El proveedor habitual de vivienda social es el sector público, aunque en ocasiones también los proveen entidades sociales, como Cáritas, Habitat3 o la Fundación Arrels, entre otras. El proveedor habitual de vivienda libre es el sector privado mercantil con ánimo de lucro. ¿Y la vivienda asequible? La vivienda asequible no la puede proveer el sector privado por si solo porque no es suficientemente rentable, mientras que el sector público tiene limitaciones presupuestarias para cubrir toda la demanda presente y futura. Para ello, existen distintas fórmulas, bien a través de la colaboración público-privada con empresas con ánimo de lucro limitado o bien a través de la colaboración público-comunitaria con entidades sin ánimo de lucro, como cooperativas de vivienda y fundaciones. Esta última fórmula es la que expondremos más adelante.

No solo es importante designar quién será el proveedor de la vivienda asequible, sino que también es importante resaltar que hay diferentes servicios de vivienda asequible: primero, el acceso a la compra de la vivienda de protección oficial (VPO), a través de su régimen general; segundo, el alquiler de vivienda de protección oficial, también con un precio de régimen general; y hay una tercera vía, que no es ni la compra ni el alquiler, sino la adquisición del derecho de uso de una vivienda durante 99 años, donde se paga un capital inicial y una cuota mensual asequible por el derecho de uso, pero no se adquiere la propiedad ni se puede alquilar.

De estas tres fórmulas, la compra de VPO ha sido la habitual en el caso en España, el problema de esta fórmula ha sido que se ha descalificado después de un determinado periodo y eso ha hecho que España no disponga de un parque de vivienda social y asequible similar al de los países europeos. Mientras que el alquiler asequible, una fórmula importante porque cubre necesidades habitacionales de diferentes grupos poblacionales, no se ha apostado hasta el último quinquenio, donde desde el Estado Central, algunas comunidades autónomas y algunos entes locales están optando por recorrer este camino. Por último, la fórmula de adquisición del derecho de uso asequible está en fase embrionaria, siendo Cataluña y Euskadi y particularmente Barcelona y Vitoria-Gasteiz las administraciones pioneras que están apostando decididamente por este modelo.

Como veremos ahora, Barcelona acaba de firmar un Convenio con Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)[1], con las asociaciones representativas de cooperativas y fundaciones de la ciudad, para promover alquiler asequible y vivienda asequible en cesión de uso. Ambas modalidades alternativas de acceso a la vivienda que permiten el cumpliendo progresivo del derecho a la vivienda y, por tanto, del derecho a la ciudad. Soluciones habitacionales que promueven una ciudad justa, buscando que nadie se quede atrás.

3. La colaboración público-comunitaria: una nueva solución para generar más vivienda asequible [2]

Si hacemos un recorrido histórico del despliegue de las políticas públicas de vivienda en nuestro país, podremos observar como el cumplimiento del derecho a la vivienda ha estado lejos de lograrse. Una muestra de ello es el parque de vivienda social y asequible de nuestro país: menos del 2% del stock según datos recientes de la OCDE (2020), posición que nos sitúa a la cola de Europa. Esta escasez de vivienda asequible es un evidente fallo de mercado: frente a un aumento de la demanda la oferta no está reaccionando. Mientras que esta creciente demanda insatisfecha obliga al sector público a aumentar la oferta a escala y ritmo necesario, ese mismo sector público dispone de recursos limitados para poder satisfacer toda esa demanda. Por eso, entre otros motivos, debe colaborar con terceros para maximizar la productividad de sus recursos públicos. Colaborar para aumentar la oferta de vivienda asequible, compartiendo recursos, riesgos y beneficios.

Para ello, el Ayuntamiento de Barcelona ha decido apostar por una doble vía: la colaboración público-privada con empresas mercantiles para construir viviendas destinadas al alquiler asequible, a través de Habitatge Metrópolis Barcelona, un operador público-privado metropolitano inspirado en las Housing Associations europeas (Mullins, 2010). Y la colaboración público-comunitaria, con fundaciones y cooperativas para construir viviendas destinadas al alquiler asequible y a la vivienda en cesión de uso a través del Convenio ESAL inspirado en los modelos europeos y anglosajones de Community Land Trust (Meehan, 2014).

La colaboración público-comunitaria para la promoción de vivienda asequible en cesión de uso es una alternativa que garantiza el acceso a una vivienda asequible, el mantenimiento de la titularidad pública del suelo, la imposibilidad de la especulación inmobiliaria, la estabilidad de los usuarios, y la democracia y gestión comunitaria del edificio. Mientras que la colaboración para la promoción de alquiler asequible genera alto impacto social en la medida que las fundaciones que se encargan de gestionar los alquileres tienen un largo recorrido y ponen al inquilino en el centro de su servicio.

En este sentido, en el mes de noviembre el Ayuntamiento de Barcelona y las asociaciones más representativas de la promoción social (XES, FCHC, Cohabitac y GHS) firmaron un convenio para construir o rehabilitar, al menos, 1.000 viviendas asequibles en solares y edificios municipales. De las 1.000 viviendas en torno al 60% serán destinadas a alquiler y 40% a cesión de uso. Un asunto clave es la selección de los usuarios de las viviendas: en el caso de las viviendas de alquiler asequible, la selección la realizará el Ayuntamiento entre los demandantes de VPO y habrá reservas para facilitar el acceso a jóvenes y personas con discapacidad física. Mientras que, en el caso de la cesión de uso, por respeto a la propia esencia del hecho cooperativo, serán los futuros usuarios los que se agrupen en proyectos, aunque las personas deberán también estar inscritas en el registro de demandantes de VPO. Por otra parte, se reservan suelos específicamente destinados a proyectos para personas mayores y personas con discapacidad intelectual.

El modelo funciona de la siguiente manera: el Ayuntamiento pone a disposición de fundaciones y cooperativas suelo o edificios de propiedad municipal en régimen de cesión de uso durante 99 años (el suelo es siempre público). Finalizado este periodo, suelo y viviendas se consolidan en el patrimonio municipal, sin perjuicio de que el derecho de superficie se puede volver a constituir. Además, la asignación del suelo o los edificios a concretas cooperativas o fundaciones la realizarán consensuadamente las organizaciones firmantes, como permite la ley 18/2007 de Derecho a la Vivienda, siempre garantizando la concurrencia, aunque no a través de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Los criterios de asignación del suelo o edificio a concretos proyectos, fijados en el convenio, garantizan robustamente el interés general: celeridad e industrialización en la construcción o rehabilitación, capacidad técnica-económica, eficiencia energética y reducción del precio de cuotas y alquileres, todo ello evitando la concentración de proyectos en pocos gestores.

El convenio permite ganar eficiencia al acortar notablemente el periodo de construcción/rehabilitación, al reducir el gasto público (se pasa de un 100% de financiación pública a, excluido el suelo, a menos de un 25%) y al generar sinergias entre proyectos que facilitarán el acceso conjunto a financiación nacional (ICF, ICO, etc.) y europea (BEI, NGE, etc.). Pero la auténtica clave de bóveda del funcionamiento de esta colaboración es el suelo. El suelo representa entre el 20% de los costes de promoción en suelos protegidos, el 30% en suelo libre y hasta 50% en suelo de zonas urbanas altamente demandadas.  El suelo es, además, un recurso escaso, susceptible de usos alternativos y que debe ser utilizado estratégicamente por el sector público para maximizar su rendimiento social presente y sobre todo futuro. Por eso, las administraciones públicas de todos los niveles pueden aportar y reservar suelos disponibles para promocionar este modelo. No obstante, para promover la mixtura social y evitar crear guetos, el suelo debe estar situado en lugares demandados.

4. Hacia un ecosistema de promotores de vivienda profesional y diversificado[3]

Este camino tiene que ser leído como un proceso de consolidación y profesionalización de un sector de proveedores sociales que puede aportar mucho valor a la solución de la crisis de vivienda. Y no solo a corto plazo, produciendo vivienda asequible. Sino que a medio y largo plazo generando un operador público-comunitario, que beba de la tradición occidental de los Community Land Trusts, y sea capaz de apoyar los nuevos proyectos usando parte de los excedentes de los proyectos más consolidados.

En este sentido, las entidades firmantes de este convenio se comprometen junto con el Ayuntamiento a trabajar por constituir dicho operador. Y, como primera muestra, las cooperativas y fundaciones que sean beneficiarias de los suelos, edificios y subvenciones públicas se comprometen a dedicar, una vez amortizados sus créditos, el 50% de sus beneficios a dotar el operador público-social de Barcelona.

Sin un ecosistema de vivienda solvente y diversificado (entidades públicas y privados con y sin ánimo de lucro) y metropolitano no seremos capaces de generar soluciones a la escala y con las exigencias que la crisis habitacional nos demanda. Y en el caso de la ciudad Barcelona, se estructura ya con claridad un sistema de promoción de la vivienda social y asequible de tres vías: la promoción pública de alquiler social por parte de la empresa municipal de vivienda (IMHAB) como recurso central, la promoción delegada con la colaboración con empresas con ánimo de lucro para generar y gestionar alquiler asequible (HMB) y con entidades sociales sin ánimo de lucro (Convenio ESAL) en la generación y gestión de vivienda social y asequible.

En definitiva, las políticas públicas de impulso del cooperativismo de cesión de uso y del alquiler asequible a través de la colaboración público-comunitaria están todavía en una fase de infancia. Si queremos institucionalizar esta política, es crítico el alineamiento de todos los niveles de la administración, aportando un modelo jurídico estable y detallado, facilitando financiación, ayudas, crédito y avales, y aportando suelo público en lugares demandados. Construir una ciudad más humana y justa requiere de paso corto y mirada larga. Experimentar y escalar soluciones alternativas que conjuguen comunidad con asequibilidad.

5. Bibliografía

• Auge, M. Los no lugares: espacios del anonimato: antropología sobre modernidad. Barcelona: Gedisa, 2009.
• Francis-Oliviero, F., Cambon, L., Wittwer, J., Marmot M. F. A. “Theoretical and practical challenges of proportionate universalism: A review”.Rev Panam Salud Publica, 44,
• Habitat International Coalition. Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Disponible en: http://www.hlrn.org/img/documents/World+Charter+Right+to+City+May+05.pdf
• Harvey, D. David Harvey. La lógica geográfica del capitalismo. Barcelona: Icaria, 2019.
• Lefebvre, H. El derecho a la ciudad. Barcelona: Península, 1975.
• Mullins, D. “Housing associations”.Working Paper. University of Birmingham, Birmingham, UK, 2010. Disponible en:
  http://www.tsrc.ac.uk/LinkClick.aspx?fileticket=qyS3AvWvt%2bk%3d&tabid=500
• Meehan J. “Reinventing Real Estate: The Community Land Trust As a Social Invention in Affordable Housing”. Journal of Applied Social Science. 2014;8(2):113-133. Disponible en: 1177/1936724413497480
• “Social housing: A key part of past and future housing policy”, Employment, Labour and Social Affairs Policy Briefs, OECD, Paris, 2020. Disponible en: http://oe.cd/social-housing-2020.
• Pisarello, G. “El derecho a la vivienda como derecho social: implicaciones constitucionales”. Revista catalana de dret públic, núm, 38, 2009.
• Ponce Solé, J., (coord.)., (con D. Sibina). El Derecho de la Vivienda en el Siglo XXI: sus relaciones con la ordenación del territorio y el urbanismo. Con análisis específico de la Ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, en su contexto español, europeo e internacional. Madrid: Marcial Pons. 2008.
• Saskia S. Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global. Buenos Aires: Katz Editores, 2015.

[1] Este apartado se basa y expande el artículo que publicamos en La Vanguardia (08/12/2020). Disponible aquí: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201208/6102144/alianza-publico-comunitaria-vivienda-asequible.html

[2] Texto del convenio firmado consultable (de momento en catalán) en:              https://habitatge.barcelona/es/noticia/alianza-con-promotores-sociales-y-cooperativos-para-construir-un-millar-de-viviendas-asequibles_1007223

[3] Este apartado se basa y expande el artículo que publicamos en La Vanguardia (08/12/2020). Disponible aquí: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201208/6102144/alianza-publico-comunitaria-vivienda-asequible.html

Número 7, 2021

Javier Segura del Pozo, médico salubrista y epidemiólogo

Puedes encontrar a Javier Segura del Pozo en Twitter

Las epidemias rompen la normalidad y crean situaciones extraordinarias. Como tal, aparentemente son lo más opuesto a lo cotidiano, a lo normal. Sin embargo, desde otro punto de vista, las epidemias (y las pandemias) dejan al descubierto elementos de nuestra normalidad y de nuestra sociedad, que están ocultos, pero muy presentes y activos, en los periodos interepidémicos. La epidemia sería la resultante de la ruptura de un equilibrio inestable y el consecuente surgimiento de casos más numerosos de los esperados de una enfermedad (o de una enfermedad nueva). Sería el resultado del desborde de una situación de riesgo y vulnerabilidad previa a la epidemia.

Un ejemplo son los brotes epidémicos de gastroenteritis víricas en las residencias de personas mayores, que investigué en mis primeros años de práctica epidemiológica, cuando merced a un modelo de externalización de las residencias de personas mayores, se optó por una reducción de la plantilla de las cuidadoras de los residentes no válidos[1] y una precarización de sus condiciones de contratación. Oficialmente el origen de los brotes eran los norovirus, pero en la realidad, las epidemias nos hablaban de la precariedad laboral y la búsqueda de la plusvalía en la gestión de estas instituciones. Los brotes, aunque eran percibidos como la ruptura de la vida cotidiana de las residencias, no dejaban de describirnos aspectos de esta. Por desgracia, las mismas causas han tenido un evidente protagonismo en las muertes en las residencias durante este año pandémico. El asesino no era tanto el coronavirus, sino la precariedad laboral en las residencias y cierto modelo de final de vida como negocio rentable.

Famosas epidemias y pandemias anteriores también nos dieron pistas de situaciones de nuestra estructura social, económica, política y urbanística, que estaban en el origen de estas alarmas epidémicas: el brote de las vacas locas nos puso sobre aviso sobre el sistema de alimentación caníbal del ganado, la epidemia de la gripe aviar sobre los riesgos de los métodos de ganadería intensiva, la de ébola sobre las políticas devastadoras de terrenos selváticos, donde viven animales salvajes portadores de virus, etc. Todas ellas nos advertían sobre las consecuencias de la progresiva sobreexplotación medioambiental, el crecimiento insostenible e irresponsable, la rapiña neocolonialista, la rápida globalización epidémica a través del comercio y los vuelos internacionales, las consecuencias ambientales y agropecuarias de un consumismo exacerbado,  además de la mayor vulnerabilidad al contagio de las poblaciones más depauperadas, como consecuencia de la creciente desigualdad social, entre otras amenazas a la vida. Se podría resumir, que las epidemias nos hablan de las consecuencias de tener en un sistema económico y político muy poco cuidadoso con las personas, sus derechos humanos y su medioambiente. Les dejo a ustedes que pongan el nombre a este sistema.

Me dirán que siempre han existido epidemias. Y es cierto. Pero también que siempre han retratado la sociedad donde han surgido. Y que es con el nacimiento de la industrialización, la urbanización y el proletariado (es decir, con el capitalismo), cuando estas epidemias adquieren las formas, la intensidad y la extensión que seguimos sufriendo en nuestras urbes. Por eso es la ciudad industrial la que dio el impulso definitivo al desarrollo de la salud pública y la epidemiologia, tal como la entendemos hoy en día. Precisamente, por la necesidad de afrontar el reto que supusieron las epidemias de cólera y otras enfermedades que asolaron las ciudades del novecientos. Las epidemias ponían el foco y el interés de la medicina y de los gobernantes en las miserables condiciones de vida de las clases populares en los barrios bajos de las grandes ciudades. La miseria de los pobres que también amenazaba la salud de los barrios burgueses y aristocráticos.

Así pues, desde el nacimiento de la medicina social y la cuestión social, las epidemias nos hablan paradójicamente del statu quo del periodo interepidémico. De la normalidad social escondida. Como estaban escondidas, bajo la monumentalidad de los centros de las ensanchadas ciudades liberales, las infraviviendas de estos barrios periféricos, las infrahumanas condiciones de trabajo en las industrias, la pertinaz malnutrición, la escandalosa mortalidad maternoinfantil y la muerte prematura del proletariado. No solo era un fenómeno urbano. Si médicos sociales como Rudolf Virchow, describían a mediados del siglo XIX la desigualdad social como origen de los brotes infecciosos en ciudades como Berlín, casi un siglo antes, otro médico, Johann Peter Frank, describía la miseria del campesinado, desposeído de sus tierras y esclavizado, como la madre de las enfermedades y epidemias[2].

Cuando escribo este texto, a finales del fatídico 2020, apenas tenemos información cierta sobre las causas que desencadenaron la pandemia de Covid-19, pero sí que tenemos muchas pistas de las dinámicas sociales, económicos y políticas que han favorecido la transmisión descontrolada del virus en nuestras ciudades y el impacto diferencial que ha tenido en términos de contagio, gravedad y muerte entre los grupos sociales que habitan nuestras ciudades.

Cuando llegó la pandemia, muchos y muchas estábamos poniendo en cuestión una sociedad urbana en la que hay una esquizofrenia entre el mundo productivo y el mundo reproductivo y en la que no se le da suficiente valor al mundo de los cuidados[3]. Estos siguen feminizados, precarizados y, sobre todo, escondidos a la mirada de la economía y la política, incluidas las políticas urbanas. Forman, junto a las desigualdades sociales en salud, esa parte oculta de la normalidad que antes mencionábamos. La llegada de la pandemia, y especialmente de ese confinamiento primaveral, supuso la parada del mundo productivo y el protagonismo del mundo reproductivo, del mundo de los cuidados. Creo que la pandemia nos ha hecho a las personas más conscientes de nuestra vulnerabilidad y de nuestra interdependencia. Ahora bien, ahora en diciembre de 2020, ya instalados en plena „nueva normalidad“, no se cuánto tiempo durará esa consciencia adquirida en la pasada primavera y qué consecuencias tendrá para la ciudad postcovid.

Hace unos nueve meses, la pandemia trajo a primer plano nuestra vulnerabilidad ante la enfermedad y la muerte. A los que somos sesentones, que creíamos que los 60 eran los nuevos 50, nos ha puesto ante el espejo de la fragilidad de nuestra esperanza de vida y de los proyectos aplazados para las últimas décadas de vida. La pandemia nos ha traído el miedo a la muerte prematura. También al miedo al mal final de vida y a la mala muerte. Nos ha recordado la necesidad de buscar una rápida alternativa al modelo de residencias de mayores y a encontrar, cuanto antes, la oportunidad de vivir en comunidades compasivas que sepan acompañar a la muerte y al duelo. También nos ha puesto frente a nuestra vulnerabilidad económica: de la perdida repentina del empleo y el empobrecimiento súbito.

Vulnerabilidad e interdependencia. Nuestra interdependencia se hizo más evidente que nunca durante el confinamiento. Éramos dependientes de los cuidados que nos podíamos proporcionar las personas allegadas. Por ello, también aumentó el riesgo al descuido, cuyas expresiones van desde la violencia de género que se disparó durante este periodo, a la soledad no deseada, multiplicada por esta decretada distancia social y el miedo al contacto humano. Las situaciones de soledad no deseada y desamparo identificadas durante estos meses han golpeado no solamente a las personas mayores, sino a los otros grupos sociales que ya identificamos en la encuesta que hicimos en Madrid Salud[4]. Tenían una mayor prevalencia de sensación frecuente de soledad: las personas con diagnósticos de enfermedad mental, discapacidad, en situación de calle, inmigrantes y familias monomarentales.

La dependencia económica también se visualizó por el frágil acceso a los bienes básicos. Por ejemplo, por nuestra dependencia de las cadenas de producción y distribución de alimentos. Asimismo, fuimos conscientes de la necesidad de una mayor autonomía del extranjero en la producción de material sanitario esencial (EPIS; ventiladores mecánicos, pruebas PCR, etc.) y de su valor estratégico (industria pública?).

El confinamiento nos hizo también valorar la proximidad, que venía siendo reivindicada por los que sosteníamos la bandera de lo comunitario (incluida la salud comunitaria): tener un vecindario bien dotado de infraestructuras, zonas verdes, carriles bicis o aceras, pero también de solidaridad vecinal. La ciudad de los 15 minutos popularizada por la alcaldía de Paris. Participé entonces en el diseño de modelos de desconfinamiento con arquitectos y urbanistas. Abogábamos por elegir las zonas o unidades geográficas de confinamiento más adecuadas, para minimizar el riesgo de contagio y maximizar la eficiencia para cubrir las necesidades de la vida cotidiana. Recomendábamos limitar los movimientos a la proximidad eficiente (área de movimiento para comprar, pasear, cuidar, trabajar, producir, etc.), e ir ampliándola a medida que disminuyera el riesgo de contagio y pudiera permitirse el flujo de movimientos con las zonas limítrofes. Usando otras palabras, recomendábamos configurar unidades locales integradas de trabajo productivo y reproductivo (actividades de cuidado y sostén de la vida).

Pero la pandemia también ha revalorizado el espacio público, como bien que compensa las diferencias de calidad de las viviendas (del espacio privado). Igual que la sanidad y la educación pública benefician especialmente a los que tienen menos acceso a la sanidad y educación privadas, la calle, el parque y la plaza son especialmente apreciados para quien tiene viviendas poco confortables. Por eso, el cierre de los parques y otros espacios públicos, perjudicó especialmente a las clases populares. La inequidad en la vivienda se hizo especialmente visible en el confinamiento, pero también durante la llamada segunda ola de transmisión del coronavirus, que en una ciudad como Madrid, se cebaba con mayor saña en los barrios populares del sur, donde las condiciones de habitabilidad y hacinamiento dificultaban el cumplimento eficaz de las cuarentenas y favorecían el contagio de todos los convivientes. Si ya antes de la pandemia era cada vez mas frecuente el hecho de que se viviera en habitaciones alquiladas, en vez de en pisos, el empobrecimiento pandémico aumentó el numero de viviendas donde habitaban varías familias. También hemos vuelto a considerar el espacio público como el espacio por excelencia de las relaciones comunitarias. La limitación de su acceso durante el confinamiento dificultó las acciones de los grupos vecinales de apoyo mutuo y fue fundamental para las acciones solidarias de las despensas comunitarias que se desarrollaron después del confinamiento.

La pandemia también descubrió el teletrabajo para una parte importante de la población. Sin embargo, el teletrabajo también desveló el gradiente social del mundo laboral. No todas las ocupaciones tuvieron acceso al teletrabajo. Para algunos era un privilegio. Según un estudio de los servicios sociales de Madrid[5] mientras que en los niveles más altos de renta había en torno a un 70% de trabajadores teletrabajando, por debajo de los 1.500€ de ingresos mensuales había menos de la mitad, y entre los de menos de 1.000€ la cifra solo llega al 13%. El teletrabajo también nos ha descubierto que se puede hacer desde casa casi las mismas cosas que desde la oficina, pero también que es un riesgo de mayor explotación, especialmente para las mujeres (doble jornada).

Más cosas desveladas por la pandemia: el valor de las y los trabajadores esenciales pero precarizados (cajeras y reponedoras de supermercados, limpiadoras, riders, agricultores/recolectores, transportistas, cuidadoras de personas mayores y discapacitadas, etc.). Ellos y ellas permitieron que pudiésemos estar confinados durante la primera ola, pero también fueron las que siguieron desarrollando sus trabajos precarios de forma presencial durante la segunda ola, mientras que el resto de los trabajadores de rentas medias y altas, seguían teletrabajando desde el refugio de sus casas. Esta mayor exposición al contagio no siempre se ha hecho evidente por las deficiencias de los sistemas de información en morbilidad y mortalidad que no recogen bien la variable ocupación. No tenemos todavía estudios finos sobre la mortalidad en la pandemia por clases sociales u ocupaciones.

Pero hay un interesante estudio en el Reino Unido[6] sobre la mortalidad entre marzo y junio por clases ocupacionales. Llegó a la conclusión que quien más había muerto eran las personas con ocupaciones más bajas, básicas y precarias. En el caso de los hombres, eran las personas que cuidaban, los conductores de taxi o autobús, los obreros de cadenas de producción, etc. En el caso de mujeres, eran las empleadas en tareas de cuidados domiciliarios o residenciales las que habían tendido mayores tasas de mortalidad. Probablemente se mezclaba el riesgo de la exposición en sus trabajos con los inherentes a la propia clase social, pues habia una clara sobremortalidad en aquellas personas que vivían en zonas con mayor privación social. Hay estudios parecidos en otros lugares europeos y americanos. Por otra parte, acaba de salir la cuarta ronda del estudio de seroprevalencia en España[7] que apunta a que estas profesionales mas precarizadas (cuidados, limpieza, etc.) han tenido un mayor contacto con el virus que la población general, así como las personas con menor renta.

No nos olvidemos tampoco como la pandemia ha confirmado el valor de la sanidad pública y de los servicios públicos en general, incluyendo la educación publica volcada en la teledocencia y preocupada por la brecha digital, o los servicios sociales. Así como el daño que sufrimos cuando estos servicios públicos se debilitan o se desmovilizan. Es en esas situaciones de merma de lo público cuando las redes comunitarias aparecen como un tesoro. Es decir, la pandemia nos ha vuelto a enseñar que debemos exigir servicios públicos fuertes, pero tenemos que estar preparados por si el estado nos deja tirados. En ese caso, la autoorganización previa de la ciudadanía es un activo. Lo Público puede reforzar lo Comunitario, pero lo Común no es sinónimo de lo Público.

La pandemia, como todos los test de estrés, hizo aflorar lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. En caso de amenaza, se desatan tanto las pulsiones más individualistas, autoritarias (el policía de balcón), xenófobas, sectarias y demagogas, como las más solidarias y altruistas, propias de la ética del cuidado. Entre lo peor incluyo la exacerbación de la polarización de la vida política, la imposibilidad de dialogo argumentado y consensos, la dificultad de ir más allá de las burbujas tribales informativas y de opinión, de las dos Españas

Pero si algo ha desvelado la pandemia es la ciudad desigual y segmentada en términos sociales y de salud. Las desigualdades sociales en salud acabaron dando su cara en las machaconas estadísticas diarias sobre la pandemia. Como saben, nos referimos a aquellas diferencias en salud que consideramos injustas por estar determinadas socialmente y, por tanto, ser evitables. Estas desigualdades también suelen estar escondidas en periodos interepidémicos y solo se desvelan con estudios, estadísticas y gráficos, por ejemplo los que muestra un gradiente en la prevalencia de las principales enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, artrosis, depresión…) según clase social. Pero también en mapas como los de esperanza de vida por barrios de Madrid, que muestran una diferencia de hasta 9 años de longevidad entre las personas que viven en barrios más ricos y más pobres (que se agrupan en un patrón espacial noroeste (más longevo y rico)/sureste (menos longevo y rico) y centro/periferia

España es uno de los países de Europa con mayor nivel de desigualdad social, muy incrementada tras las medidas de ajuste socioeconómico por la anterior crisis iniciada en el 2008. Esto se vio claramente cuando a finales de julio de 2020, recién estrenada la nueva normalidad,  empezó a preocupar la situación epidémica de territorios urbanos muy densos y socialmente muy segmentados, como Barcelona o Madrid. En el caso de la Comunidad de Madrid, que conozco mejor, los mapas de incidencia de coronavirus mostraban desde el inicio de la segunda ola ese claro y clásico patrón espacial noroeste/sureste, antes mencionado, que llevó a que los barrios obreros del sur de la capital y las ciudades del sur de su área metropolitana llegaran a alcanzar en septiembre tasas de incidencia en 14 dias por encima de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Las diferencias con el norte urbano más rico no podían ser atribuidas a un cierto modo de vida de sus habitantes, como sí que hizo Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sino al hecho de la mayor exposición al coronavirus de estas clases populares y a su mayor vulnerabilidad (gradiente social de obesidad, diabetes, hipertensión, cardiovasculares, etc.), que implicaban una mayor gravedad y mortalidad de los casos. La mayor exposición se ha dado tanto en el ámbito doméstico (dificultades para cumplir con los aislamientos domiciliarios en viviendas hacinadas), como en el laboral (bajísimo porcentaje de teletrabajo, obligado uso del transporte público masificado en horas punta, trabajo presencial en ocupaciones precarias, presentismo, etc.)

No solo se ha desvelado el clasismo en ciertas miradas y políticas públicas, sino el frio calculo y aceptación de la muerte evitable. Incluso en momentos de grave riesgo de contagio, se ha evidenciado una resistencia feroz a limitar cualquier tipo de actividad comercial o de ocio, invocando la muerte de la economía (aun a pesar de que el exceso de mortalidad, la muerte de verdad, era ya evidente en el mes de septiembre). Cuando escribo estas líneas, siguen vigentes las mismas invocaciones al consumo para salvar la navidad, a pesar del escandaloso número de muertes acumuladas en esta segunda ola. Creo que se ha conseguido que la sociedad normalice estas muertes y las considere asumibles para salvar la economía. Muertes que no nos olvidemos se ensañaban con el sector más anciano, económicamente más humilde y laboralmente menos activo, que ya sufrió una selección utilitarista de sus vidas en la primera ola. Entonces se dejó morir sin atención sanitaria a miles que vivían en residencias de personas mayores y discapacitadas, siguiendo un vergonzoso protocolo de selección para la derivación a hospitales. Es decir, se ha ejercido y asumido una necropolítica[8], que más que matar, ha dejado morir, invocando una macabra ecuación muerte vs economía, en la que no todas las clases sociales ponían el mismo número de muertos en ese altar del sacrificio, ni se beneficiaban igual de la segunda parte de la ecuación.

De nuevo la pandemia que desvela; en este caso: la naturalización de la muerte en nuestras ciudades. En periodos interpandémicos la ciudadanía no sabe (¿o no quiere saber?) que la mayoría de los muertos que tenemos son evitables y que esta etiqueta tambien depende de los cambios de la percepción social. Un ejemplo son las muertes por accidentes de tráfico. Cuando había 6.000 o 9.000 muertos anuales hace unos años, se tenía como algo normal. Tuvo que haber una campaña intensiva para que se tomara conciencia de que esos muertos no tenían por qué existir y que se podían evitar. Ahora mismo nos escandalizaríamos con aquellas cifras. Ocurrió lo mismo con la contaminación atmosférica. Los mismos lideres políticos (ahora en el gobierno municipal) que animan a salir al consumo, ponían en tela de juicio las medidas de limitación a la movilidad en vehículo privado por el centro de Madrid del anterior gobierno municipal. Aunque entonces no se decía explícitamente, parece que el mensaje era asumir esas muertes por contaminación. En salud pública tenemos muchos ejemplos en que se ha enfrentado truculentamente la salud colectiva a la economía o al empleo.

Termino señalando que la desigualdad social no solo ha influido en el mayor riesgo de los y las trabajadoras precarias, sino en los grupos más vulnerables que han perdido el empleo o que ya estaban en situación de exclusión social, a los que las prometidas ayudas estatales, sin dejar de ser importantes, están llegando lenta y tardíamente por la importantes barreras burocráticas (como ocurre con el Ingreso Mínimo Vital), por lo que muchas veces han dependido de la acción solidaria de los grupos vecinales de ayuda mutua, como antes hemos dicho. Necesitamos dejar pasar un tiempo, no solo para ver cómo se comporta esta segunda ola, sino para comprobar el impacto indirecto que ha tenido esta sobrecarga del sistema sanitario y estas desigualdades sociales en la salud colectiva de la ciudadanía española. Lo que me queda claro es que la ciudad postcovid volverá a una nueva normalidad en la que mucho de lo que se ha desvelado con toda la crudeza, volverá a pasar desapercibido. ¿O tal vez no?

[1]    Se llamaban así a las personas que no tenían la suficiente autonomía personal, incluido el control de esfínteres y, por lo tanto, eran una fuente y una víctima de este tipo de brotes epidémicos transmitidos por vía oral-fecal.

[2] Frank JP. „The People’s Misery: Mother of Diseases“. [Traducción del Latín e introducción de Henry Sigerist]. Bulletin of the History and Medicine. 1941;9:81-100. Pag 93. Accesible en: https://www.academia.edu/4027552/THE_PEOPLES_MISERY_MOTHER_OF_DISEASES

[3] Barbero Gutierrez, J „Experiencia 1. Plan Madrid Ciudad de los Cuidados“ Documentación social, Nº 187, 2017 (Ejemplar dedicado a: Hacia una sociedad que se cuida)-pp. 161-175

[4] Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid, 2018.“ Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid. Accesible en: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Salud/Publicaciones/Estudio-de-Salud-de-la-Ciudad-de-Madrid-2018/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f3ce3439ae292710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e6898fb9458fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

[5] Estudio sobre el impacto de la situación de confinamiento en la población de la ciudad de Madrid tras la declaración del estado de alarma por la pandemia COVID-19“. AG Familia, Igualdad y Bienestar Social, Ayuntamiento de Madrid, mayo 2020. Accesible en  https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2020/05/Informe-Encuesta-Impacto-Confinamiento-Ciudad-de-Madrid.pdf

[6]   “Coronavirus (COVID-19) related deaths by occupation, England and Wales: deaths registered between 9 March and 25 May 2020”  Office National Statistic. United Kingdom. June 2020. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/causesofdeath/bulletins/coronaviruscovid19relateddeathsbyoccupationenglandandwales/deathsregisteredbetween9marchand25may2020

[7]    “Estudio ENE-COVID: Cuarta ronda estudio nacional de sero-epidemiologóa de la infección por SARS-CoV-2 en España”.  15 de diciembre de 2020. Instituto de Salud Carlos III: Accesible en: https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/15.12151220163348113.pdf

[8]             Mbembe, A. Necropolitica.  Barcelona:  Melusina, ,2011

Número 7, 2021