Es fácil observar cómo la reflexión sobre lo rural se mueve entre dos polaridades. Por un lado, surge todo aquello que caracteriza la realidad más negativa. Hablamos de la constante despoblación de pueblos y territorios, de su envejecimiento, de la paulatina desaparición de servicios (centro de salud, escuela, farmacia, cajero…) y de una economía que, si bien aparece en un lugar destacado en la agenda política, se basa en una toma de decisiones que se da en ámbitos muy alejados del territorio y que, en general, se caracteriza por una falta de inversión pública, una visión cortoplacista y una búsqueda de la rentabilidad económica. En este sentido, el mundo rural sufre las consecuencias de la tensión de intereses muy diversos, tales como la cuestión ecológica, la transición energética y la gestión productiva del territorio. En síntesis, este primer polo de reflexión se plantea desde la percepción de olvido del mundo rural, de sus gentes, de su vida, de su historia… 

Por otro lado, existe una percepción más positiva del mundo rural si se observa cierta tendencia a “regresar al pueblo” (en época de vacaciones, los fines de semana, personas jubiladas…) y de cierto enfoque de lo rural como lugar de oportunidades para desarrollar la vida (iniciativas económicas innovadoras, asentamiento de población inmigrante, jóvenes que optan por el medio rural…). Estas situaciones son expresión de un mundo rural con capacidad de acoger y acompañar a quienes llegan, que puede enfrentar el discurso del olvido, del vaciamiento y de la falta de futuro abriendo posibilidades, que, en definitiva, tiene la capacidad de generar esperanza ante una realidad que invita al pesimismo. 

En medio de esta polaridad, podemos observar algunas claves en las que sería necesario profundizar. Vivimos en un mundo globalizado que está desarrollando su dimensión tecnológica en todos los ámbitos hasta límites cada vez más sorprendentes. Disponemos de más información y de más comunicación, pero, ¿somos más comunidad? Disponemos de más recursos y servicios y de mayor capacidad de interrelación, pero, ¿sabemos cuidarnos y sabemos cuidar? Disponemos de más opciones para viajar y conocer otros lugares y culturas, pero, ¿nos sentimos personas enraizadas?  

Estas cuestiones, de respuesta compleja, implican fundamentalmente que debemos desarrollar otra mirada al mundo rural. Una mirada que no sea únicamente sociológica o económica sino, también antropológica. Una mirada que reconozca todo lo que se puede aprender del mundo rural atendiendo a la interrelación de tres elementos: 

a) La dinámica del cuidado. El mundo rural dispone de un saber y de una práctica del cuidado, que se manifiestan en las relaciones de vecindad, en el fortalecimiento de los vínculos vitales y en el cuidado del entorno, tan importante como el cuidado de las personas que habitan en él.

b) La comunidad. Es la expresión de la acción comunitaria en vecindad, de lo público para el bien común, del valor de las tradiciones, de la fiesta, de la historia y la experiencia recogida, de la vivencia compartida…

c) El enraizamiento. La persona que vive en esta dinámica de cuidado y vecindad es una persona enraizada; enraizada en un territorio, en una historia, en un contexto cultural, en una comunidad.

Todo esto puede dar orientaciones y pistas para conocer el mundo rural y reconocer lo valioso que hay en él. Sin embargo, hay que recordar que el mundo rural no es un mundo uniforme y que cualquier enfoque y actuación requiere siempre hacer un buen análisis de la propia realidad. Un análisis que no caiga en el error de mirar lo rural desde lo urbano y que preserve una actitud dialogal que no imponga criterios. Para ello, resulta imprescindible potenciar la participación, en todo nivel, de las gentes del mundo rural y colaborar con otros (personas, instituciones, agentes diversos…) en la búsqueda de soluciones a su compleja problemática. 

Número 18, 2024

Mónica López, Directora General Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

1. Contexto

La llegada a la Unión Europea de un millón de personas refugiadas, principalmente de Siria en el año 2015, escapando de la guerra, y la realidad del desplazamiento forzado de miles de personas marcó un punto de inflexión en Europa, poniendo de manifiesto las deficiencias del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), basado en un Reglamento de Dublín de reparto de personas solicitantes de PI obsoleto e ineficiente, Reglamento de reconocimiento, Reglamento de procedimiento y Directiva de acogido incapaces de dar una respuesta adecuada a la situación del momento, y la necesidad urgente de reformarlo bajo el principio de solidaridad y responsabilidad compartida entre los Estados miembro.  

El contexto de rechazo a la migración en los países occidentales, que ya en ese momento comenzaba a incrementarse, hizo que desde las organizaciones de Derechos Humanos preocupadas porque Europa virase hacia una política más restrictiva tanto con la llegada de personas como con su acogida, se pusiera sobre la mesa la importancia de que dicha reforma se hiciera desde un enfoque de protección de los derechos de las personas y de acuerdo con la Convención de Ginebra. No obstante, la falta de voluntad política para cumplir con los compromisos de reubicación1 de los distintos Estados miembro y la proliferación de acuerdos de externalización de las fronteras como el firmado con Turquía2, abocaron al fracaso de la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo de 2016. 

En septiembre de 2020, la Comisión Europea presentó un nuevo conjunto de propuestas legislativas que componen el Pacto Europeo de Migración y Asilo como un intento renovado de avanzar hacia la reforma y construcción de un verdadero Sistema Europeo Común de Asilo. Tras años de duras negociaciones, el Pacto fue aprobado el 14 de mayo de 2024 y entró en vigor el 11 de junio de 2024, estableciendo un periodo transitorio de dos años para su implementación,3 de manera que la mayoría de los textos solo serán aplicables desde mediados de junio de 2026. Por tanto, se abre ahora una fase de implementación del Pacto en la que los Estados miembro deberán preparar sus sistemas de asilo y ajustarlos a las nuevas normas europeas. 

El 12 de junio de 2024, la Comisión Europea presentó el Plan Común de Implementación del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE para apoyar y orientar a los Estados miembro en la preparación de sus respectivos Planes Nacionales de Implementación, los cuales deben estar listos para el 12 de diciembre de 2024. España debe presentar a la Comisión un primer borrador de su Plan Nacional en octubre de 2024. 

El enfoque y resultado final de las negociaciones del Pacto, como se esperaba desde las organizaciones de DDHH, no ha dado como resultado un instrumento basado en la solidaridad de los Estados ni en la responsabilidad en la gestión de la migración poniendo en el centro a las personas que huyen de sus países para poner a salvo sus vidas o para iniciar un proyecto vital en Europa que les permita desarrollarse en libertad y seguridad.  

No obstante, el Pacto es un marco que deja cierto margen de actuación a los Estados en sus planes de implementación y pondrá de manifiesto en qué lugar se coloca cada uno de ellos en la definición de las políticas de migración y asilo.  

2. Aspectos más relevantes del pacto español y propuests para el plan de implementación español. 

El Pacto Europeo de Migración y Asilo es un documento de una alta complejidad que recoge numerosas medidas que afectan a las personas migrantes y refugiadas, como son la recopilación y uso de datos biométricos en el registro de las personas, la regulación de los distintos procedimientos de asilo, la determinación del Estado miembro responsable del estudio de la solicitud de asilo, medidas de contingencia, planificación y respuesta frente a situaciones de crisis, entre otras.  

Una de las cuestiones de mayor relevancia para las personas migrantes y refugiadas que lleguen a Europa es el acceso al territorio. Conforme a lo recogido en el Pacto, todas las personas que accedan a territorio europeo de manera irregular serán registradas y sujetas a controles de su identidad, riesgo de seguridad, vulnerabilidad y salud. Se retendrá a las personas en la frontera y se realizará un triaje para determinar si acceden a un procedimiento de asilo o si acceden a uno de retorno.  

Durante la realización del triaje y de los procedimientos en frontera el Pacto establece una ficción jurídica de no entrada. Esto supone que las personas recién llegadas de manera irregular que se encuentran de hecho en territorio europeo, no tendrían por qué estar sujetas a la aplicación de los derechos y garantías del resto de personas que están en territorio europeo, vulnerando así los más básicos derechos fundamentales. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, establece que, donde un Estado parte ejerza su jurisdicción, incluso de forma extraterritorial, debe garantizar todos los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.   

Por otra parte, el Pacto recoge que los Estados deben asegurar que las personas migrantes se mantengan a disposición de las autoridades durante todo el proceso de solicitud de protección internacional de retorno, limitando su entrada y circulación no autorizadas. Esta medida supone un riesgo real de un uso excesivo por parte de los Estados de medidas privativas de libertad, que deberían ser de aplicación excepcional o nula, sobre todo en los supuestos en los que las personas retenidas sean niños y niñas o personas especialmente vulnerables.   

El Pacto prevé acelerar y aumentar las expulsiones a quienes se considere que no merecen protección mediante un procedimiento único de asilo y retorno, la digitalización de la gestión de los retornos, la cooperación con terceros países y el incentivo del retorno voluntario mediante programas de readmisión y reintegración. 

En este marco se prevé la posibilidad de ampliar el plazo de detención de las personas en procedimiento de retorno hasta seis meses, lo que supone que, por ejemplo, una persona que ha solicitado asilo en una de las fronteras y su solicitud ha sido rechazada pueda estar privada de libertad hasta seis meses antes de ejecutar su expulsión sin haber cometido delito alguno, simplemente por haber intentado entrar de manera irregular en territorio europeo. Así, el plan de implementación español, debe recoger la no ampliación en ningún supuesto del plazo actual de 60 días de internamiento recogidos en la legislación nacional. 

Asimismo, España debería recoger en su plan de implementación la puesta en marcha de programas de retorno voluntario asistido, asegurando que las personas retornadas reciban apoyo para su reintegración y se respeten sus derechos durante todo el proceso, así como derivar a programas especiales de retornos productivos a las personas que quieren emprender un proyecto empresarial asociado al retorno. 

En lo relativo a la acogida de las personas solicitantes de protección internacional, el Pacto recoge que los Estados deben garantizar que las condiciones materiales de acogida, (que suponen la cobertura de un alojamiento y de las necesidades básicas en forma de prestaciones económicas, o bien en especie) proporcionen a las personas solicitantes un nivel de vida adecuado, acceso a atención sanitaria e incorporar todas las mejoras en materia de inclusión laboral, educación y salud. Se trata de un factor clave para determinar si un Estado Miembro está bien preparado para responder frente a situaciones de crisis y poder activar medidas de solidaridad, como el reparto de personas solicitantes entre los distintos Estados. 

Es necesario que el Plan de Implementación español establezca un protocolo de evaluación de necesidades específicas de acogida que contemple formación al personal en el diagnóstico de situaciones de especial necesidad,  posibilidad de derivación a profesionales médicos u otros profesionales especializados en la detección de vulnerabilidades, atención psicológica, rehabilitación y tratamiento médico inmediato para víctimas de tortura y violencia, creación de espacios seguros dentro de los centros de acogida para mujeres, niños y niñas, personas LGBTIQ+ y otras personas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables, así como el establecimiento de una herramienta específica basada en el interés superior del menos para evaluar la situación de niños y niñas, adaptando las condiciones de acogida a sus necesidades. 

En cuanto a la inclusión de las personas refugiadas, el Pacto armoniza y clarifica sus derechos. Entre otras novedades, los Estados deben expedir permisos de residencia y documentos de viaje en el plazo de 90 días, con validez superior a 1 año y garantizando el mantenimiento de la unidad familiar. Además, deben adoptar medidas para agilizar el reconocimiento de cualificaciones y capacidad suficiente para asegurar el acceso a la educación, al empleo en igualdad de condiciones, a la libertad de asociación y afiliación, a la Seguridad Social, atención sanitaria, medidas de integración temprana, así como acceso a la vivienda.   

Si bien es positivo que el Pacto amplíe el reconocimiento de derechos a las personas beneficiarias de protección internacional, en España existen numerosas barreras administrativas, además del racismo y la xenofobia, que impiden el acceso efectivo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).   

Por último, cabe mencionar que el propio Pacto establece un mecanismo independiente de monitoreo  del cumplimiento por parte de los Estados del derecho de no devolución y de todos los otros los derechos y garantías que asisten a las personas solicitantes de protección internacional, especialmente menores no acompañados, familias con niños y niñas, mujeres solas y madres: el derecho a la información, al asesoramiento legal y a la asistencia jurídica, a un intérprete, el derecho a permanecer y a recurso efectivo, el derecho a la identificación temprana de necesidades especiales, a la detención como último recurso (garantía de examen individualizado y prohibición de esta medida si la salud está en riesgo), además de garantías especiales para la protección de niños y niñas, especialmente aquellos sin referentes familiares.  

En el plan de implementación español, este mecanismo de monitoreo debería implicar en su funcionamiento al Defensor del Pueblo, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, el ACNUR y a las organizaciones de la sociedad civil, con el mandato para investigar, proponer sanciones en caso de vulneración de los derechos fundamentales en las fronteras y legitimación activa para remitir estas vulneraciones a los correspondientes procedimientos penales o civiles. 

En definitiva, el Pacto Europeo de Migración y Asilo no es el marco esperado ni deseado para una Europa que debería ser un garante de los Derechos Humanos de todas las personas y un ejemplo de solidaridad y protección de las más necesitadas. A pesar de ello, España puede liderar, a través de su plan de implementación, una Europa comprometida con los derechos de las personas migrantes y refugiadas, más humana y solidaria conforme a los valores y principios promulgados en su Carta de Derechos Fundamentales. 

Número 18, 2024

Jesús Mora, Investigador Postdoctoral de la Universitat de València 

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La última Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística recoge el impacto de las subidas de precios derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania en las familias españolas. Sus datos plasman como evidencia estadística una realidad que ya se había abierto paso a gritos en la opinión pública: la última crisis de inflación ha agravado las carencias de alimentos básicos en los hogares con menos ingresos (INE 2024). Para quienes tienen menos recursos, las subidas de precios obligan a reajustar unas ya precarias expectativas vitales y a renunciar a bienes cuya adquisición no lastraba, hasta ese momento, la economía personal o familiar. Esas renuncias, y el hecho de que se concentren en los sectores más vulnerables de la población, constituyen injusticias en un sentido que la filosofía política contemporánea puede ayudarnos a entender mejor.  

Según John Rawls, la justicia es la disciplina encargada de asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y definir la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social (Rawls 1999, 4). Entre los legados de su Teoría de la Justicia, destaca la idea de que nuestras expectativas vitales no deberían depender de factores moralmente arbitrarios, aquellos que jamás pueden ser razones válidas para que una persona viva mejor o peor que otra. Entre esos factores, el autor sitúa el origen social: aquel entorno familiar, urbano y cultural en el que nos criamos y por el que ningún ser humano puede considerarse responsable (Rawls 1999, 63).  

Al contrario que en el ideal de Rawls, en nuestro mundo es muy habitual que ese (no elegido) origen social garantice a algunas personas una vida sin carencias ni ataduras y condene a otras a una existencia plagada de privaciones cotidianas. No en vano, la riqueza heredada explica alrededor del 60% de las desigualdades en países como el nuestro (Salas Rojo y Rodríguez 2020). Por eso, cabe esperar que las renuncias—derivadas de las escaladas de precios—a las que nos referíamos al principio recaigan más a menudo sobre los menos afortunados en la lotería del origen social. En esos casos, la justicia, tal y como la entiende Rawls, exige medidas tanto predistributivas como redistributivas que hagan frente a ese reparto injusto de las renuncias vitales. Entendemos por medidas predistributivas aquellas que buscan condicionar los resultados del mercado antes de que estos se produzcan, asegurando, por ejemplo, que todo el mundo tiene un suelo de ingresos mínimo y dispone de recursos formativos que potencien sus oportunidades. Por su parte, las redistributivas buscan corregir las desigualdades existentes para limitar el impacto del origen social en la vida de las personas. Aunque ambas formas de intervención pueden (y deben) compatibilizarse (Barragué 2017), aquí nos centraremos en las que tienen vocación redistributiva.  

En los contextos inflacionarios, el origen social fuerza a los más desaventajados a renunciar a bienes básicos porque coexiste con otro factor tan aceptado que normalmente pasa inadvertido: el carácter general de los precios. Pocas veces reparamos en que, cuando pasamos por caja en el supermercado, el precio de lo que nos llevamos es insensible a nuestro nivel de renta, de manera que el mismo bien cuesta más a unas personas que a otras, no porque les cobren más por comprarlo, sino porque representa un mayor porcentaje de sus (menores) ingresos. Las respuestas de los poderes públicos y la sociedad civil a las crisis de precios suelen esquivar esta fuente de injusticia y, en su lugar, compensar sus efectos mediante inversión pública y privada, como las tarjetas monedero con las que el gobierno pretende financiar la compra de alimentos básicos y productos de higiene a hogares con pocos recursos (Gobierno de España 2024). Si bien estas medidas alivian las dificultades de los menos aventajados para adquirir alimentos básicos, existen alternativas más próximas a la raíz del problema y con importantes ventajas en términos de justicia.  

Desde la Administración pública, la manera más inmediata de intervenir sobre lo que cada consumidor paga por un producto es modificar los tipos del IVA, como ocurrió recientemente con su rebaja al 0% para algunos tipos de alimentos (Agencia Tributaria 2024). Con ellas, se busca limitar el coste de los productos esenciales para quienes tienen menos, evitando que tengan que hacer frente a esa parte de su precio que se corresponde con los gravámenes estatales. Pero, aun asumiendo (tal vez ingenuamente) que estas rebajas consiguieran efectivamente abaratar el coste de los productos de primera necesidad, siempre lo harían sacrificando parte de los ingresos tributarios del Estado, los mismos ingresos que sirven, en último término, para financiar otros recursos de apoyo a quienes están peor.  

Número 18, 2024

Patxi Velasco Fano, Dibujante y Director CEIP María de la O

La expresión nacer con un pan debajo del brazo ha sido utilizada muchas veces para referirse a aquellos niños que, al llegar al mundo, parecen traer consigo una fortuna o una oportunidad una cualidad, una esperanza. Pero no todos reciben ese pan tierno y lleno de nutrientes que le ayudara a crecer, muchos al nacer reciben una condena, un estigma de exclusión y pobreza que atrofia el crecimiento y limita su desarrollo. ¿Ese pan bueno no debería estar presente en todo ser humano por el hecho de nacer? de hecho todo nacimiento debe ser entendido como una esperanza y una oportunidad, todo niño o niña al nacer es un regalo para su sociedad, un pan bueno… entonces pensemos: ¿Hay un momento, una estructura, un sistema que descarta y condena a la infancia desde el mismo momento de nacer? ¿Por qué todos nacemos desnudos, pero la cuna en la que te colocan determina tanto? Recientemente se leía en un artículo los demoledores datos de pobreza infantil y el periodista afirmaba que más del 80% sería siempre pobre. ¿Cómo saca esta desesperanzadora conclusión? ¿Qué oportunidades tiene quien nace en la pobreza y la exclusión? ¿Es una condición permanente o podemos cambiar las cosas? 

Ruiz Román, C. et al. (2023) Voces que no(s) cuentan. Análisis de la exclusión social desde las metáforas y propuestas para hacer pedagogía social. Colección Estudios de FOESSA 52.

El determinismo 

El determinismo es la idea de que nuestras acciones y destinos están determinados por factores externos, como el lugar y las circunstancias en las que nacemos. En el contexto de la pobreza, esta idea adquiere una relevancia perturbadora. Nacer en un barrio marginal, donde la violencia, la precariedad y la falta de oportunidades son la norma, parece marcar profundamente el futuro de muchos niños y niñas. Las estadísticas son claras: aquellos que nacen en contextos de pobreza extrema tienen más probabilidades de abandonar la escuela, caer en el desempleo o, en el peor de los casos, terminar en la cárcel. 

Un estudio de 2018 de la Universidad de Harvard encontró que los niños nacidos en barrios desfavorecidos de Estados Unidos tienen una probabilidad significativamente mayor de acabar en prisión en comparación con aquellos nacidos en barrios de clase media o alta. Este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. En América Latina, la pobreza y la marginación tienen un impacto devastador sobre las oportunidades de vida, perpetuando un ciclo intergeneracional de exclusión. El barrio en el que naces se convierte en una especie de sello de destino, donde las barreras para escapar parecen insuperables. 

Expectativas y prejuicios: un peso que aplasta 

Además del entorno material, las expectativas sociales también juegan un papel crucial. Aquellos que nacen en la pobreza a menudo cargan con un estigma que va más allá de su situación económica. La sociedad suele verlos como personas sin futuro, sin ambiciones o, peor aún, como potenciales delincuentes. Esta forma de pensar, estos prejuicios, refuerza un círculo vicioso: las bajas expectativas que la sociedad tiene sobre los pobres contribuyen a limitar las oportunidades que estos tienen para prosperar. 

Un niño que crece escuchando que de ese barrio no sale nada bueno puede llegar a interiorizar esta narrativa y, sin las herramientas necesarias, aceptar que su destino es inmutable. Esta autoimagen reducida, alimentada por el prejuicio externo, puede ser tan peligrosa como la pobreza material misma. La presión social para cumplir con estas expectativas negativas lleva a muchos jóvenes a resignarse a un futuro predeterminado por su entorno. 

El poder de la educación: la llave de la transformación 

A pesar de lo sombrío de este panorama, la historia ha demostrado una y otra vez que el destino no está completamente sellado. Si bien el entorno en el que nacemos influye fuertemente en nuestras vidas, la educación tiene un poder transformador capaz de romper este ciclo. La educación no es solo un derecho, sino una herramienta vital para construir un camino fuera de la pobreza. 

Sin embargo, la educación no es solo un derecho de aquellos pocos afortunados que logran escapar. Es responsabilidad de la sociedad asegurar que todos, sin importar su origen, tengan acceso a una educación de calidad. Esto no se limita a simplemente construir escuelas en los barrios pobres, sino a ofrecer programas educativos que aborden las necesidades particulares de los niños y jóvenes en contextos vulnerables. Es necesario combatir la deserción escolar, ofrecer apoyo psicológico y emocional, y proporcionar modelos de rol que demuestren que otro futuro es posible. 

La esperanza: la chispa que enciende el cambio 

Si bien la educación es una herramienta fundamental, hay algo que va más allá de las oportunidades y los recursos: la esperanza. Es la creencia en un futuro mejor lo que permite a las personas salir de los entornos más adversos. Esta esperanza, que puede ser sembrada a través del amor, el apoyo comunitario o incluso la religión, es lo que permite a los individuos ver más allá de su situación actual y luchar por algo mejor. 

Los barrios marginales están llenos de potenciales luces esperando ser encendidas. El cambio no puede venir solo de políticas públicas o programas educativos, aunque estos sean esenciales. El verdadero cambio ocurre cuando las personas creen en su propia capacidad para transformar su destino. Un maestro que inspire a un estudiante, un líder comunitario que organice actividades deportivas, o una madre que sacrifique todo para que sus hijos asistan a la escuela: estos son ejemplos de cómo la esperanza puede abrir las puertas que el determinismo nos puede cerrar. La clave está en personas que acompañan a otras personas en sus procesos.  

Propongamos quitar el peso de los que nacen con la carga de la exclusión y la pobreza y seamos sociedad que acompaña y sea pan bueno aunque no les haya venido por nacimiento debajo del brazo. 

Número 18, 2024

Puedes escuchar la conversación con Luis Miguel Jurado en Youtube, iVoox y Spotify.

Número 18, 2024

Ricardo Belmonte, Voluntario Cáritas Parroquial Santa Teresa y La Paz e impulsor del proyecto. 

Daniel Molina, Técnico Agente de Emancipación Corazón de Casa.

Rubén Martínez, Coordinador Infancia y Juventud Cáritas Albacete. 

Un paso adelante

La apuesta clara por la prevención en Cáritas Diocesana de Albacete se materializa en su Programa de Infancia, Adolescencia y Familia desde el que se acompañan a menores de edad y a sus familias, con la finalidad de favorecer el acceso con garantías a los derechos que les corresponden y disfruten así, de una vida digna en igualdad de oportunidades. Se trabaja para que su presente y futuro no se vea hipotecado de manera negativa por las condiciones o características del entorno en el que nacen y crecen.  

En este contexto, cuando alguno o alguna de los menores de edad participantes del Programa cumple la mayoría de edad, siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿y ahora qué? La alternativa existente para dar continuidad a estos participantes era el Programa de Empleo, excesivamente centrado en la mejora de la empleabilidad y la búsqueda de formación y empleo, sin dar respuesta a parte de las complejas necesidades y factores de riesgo propias de este momento vital. Todos los años ofrecíamos el mismo diagnóstico: en Cáritas se necesitan espacios de participación que acompañen uno de los momentos más determinantes en la vida de las personas, la transición a la vida adulta. Es en 2018 cuando aparecen en Cáritas Diocesana de Albacete, dos proyectos pensados específicamente para la atención de la transición a la vida adulta. Uno de ellos es el Proyecto de Acompañamiento a Jóvenes en Situaciones de Vulnerabilidad Volando Alto, cuya finalidad es que los y las participantes tomen las riendas de su vida en un ejercicio de encuentro con uno mismo y su entorno, para ser capaces de formular expectativas de vida propias y dibujar el camino que les conduzca a ellas. El otro proyecto, protagonista de este artículo, se denomina Proyecto de Acogimiento en Continuidad + 18, Corazón de Casa, en el que se acompaña y se les proporciona un hogar a jóvenes de la misma franja de edad y perfil similar que proceden de una situación de tutela administrativa. 

Feliz cumpleaños

La mayoría de edad es un momento marcado con fluorescente en el imaginario de todos los jóvenes. Muchos ven en este momento un hito que marcará un antes y un después en sus vidas. Los jóvenes depositan muchas expectativas con la mayoría de edad y lo cierto es que, también la sociedad lo hace con ellos y ellas. A partir de aquí están invitados a participar con mayores implicaciones en el ejercicio de sus derechos y en el de sus responsabilidades. De alguna manera empieza un camino hacia la independencia y la vida autónoma. Qué regalo más dulce, más ilusionante, cuando toda esta amalgama de retos se te presenta en el seno de una familia con una red social estable y de referencia. Este mismo regalo, no sabe tan bien cuando lo recibes solo o sola, en la puerta que queda cerrada tras de ti del centro donde has pasado los últimos años de tu vida. En este caso no es un punto y seguido, se trata de un punto y aparte en el que en la mayoría de las veces resulta difícil encontrar la inspiración con la que empezar a escribir los próximos renglones de la historia de tu vida. La psicóloga Myriam Cabrera habla de la importancia que tiene para las personas el disponer de una red familiar y social. Lo hace a través de una metáfora en la que compara esta red, con la que tienen bajo sus pies los trapecistas de un circo. Éstos saben que, si en una de las piruetas cometen un error, caerán en una red que evitará que sufran consecuencias que podrían ser muy graves. Eso sí, no les salvará de un gran susto, el cual puede verse como una oportunidad para aprender y mejorar en la próxima vez que se enfrenten al mismo ejercicio. Hay muchos jóvenes que caminan por la vida sin red. Sabiendo que, si caen, es muy probable que no haya nadie que les ayude a levantarse. De esta manera es realmente difícil caminar con seguridad. Aparecen las dudas y los miedos que les hacen evitar la exposición, atreverse, se produce en ellos y ellas la ausencia de expectativas. Resulta más cómodo así, caminar por los márgenes, donde nadie nos ve. Podemos encontrar a otros y otras que están en la misma situación. Nos muestran un atajo para sobrevivir. El camino parece fácil. Pero el destino parece claro: transmisión intergeneracional de la pobreza. De repente, muchos jóvenes se encuentran en el suelo sin ni siquiera haber tenido la oportunidad de empezar a caminar. 

Corazón de Casa aspira a ser la red de algunos de los y las jóvenes ex tuteladas por la Administración de la provincia de Albacete. 

Corazón de casa 

Corazón de casa surge en el equipo de una Cáritas Parroquial de la ciudad de Albacete, concretamente en la de Nuestra Señora de la Paz y Santa Teresa de la mano de Ricardo Belmonte, voluntario y técnico de Bienestar Social en Infancia y Familia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha durante muchos años, y de Araceli Gómez, voluntaria de la Parroquia. El proyecto tiene la finalidad de acompañar a chicos y chicas jóvenes ex tuteladas de origen extranjero o no, de entre 18 y 30 años de la provincia de Albacete. En 2018, la Parroquia planta la semilla de un proyecto que más tarde asumiría Cáritas Diocesana de Albacete.  

El término que define el proyecto de emancipación para jóvenes es ACOGIMIENTO EN CONTINUIDAD +18. Si nos detenemos en estas 3 palabras que dan nombre al proyecto, este quedará perfectamente resumido: 

• ACOGIMIENTO: recibir, cuidar y atender al joven, que pese a haber cumplido la mayoría de edad, no se encuentra preparado para asumir los retos de la vida adulta. 

El objetivo del acogimiento es proporcionar un entorno seguro y amoroso para aquellos jóvenes que, por causas diversas, no pueden vivir con sus familias y que por tanto está en peligro su bienestar personal. 

• CONTINUIDAD: se refiere a mantener la coherencia en el acompañamiento a jóvenes que ya han pasado por otros acogimientos sociales o legales, asegurando que no haya interrupciones o discontinuidades en la trayectoria de su proyecto de vida como joven. Desde el proyecto se realizan dos modalidades de acompañamiento. La primera, atención interna de emancipación (con habitabilidad); y la segunda, atención externa de emancipación (sin habitabilidad). Esto significa que, con la salida de los participantes de la vivienda, éstos no se desvinculan del proyecto, sino que se mantiene su acompañamiento en su transición a la vida adulta. 

• +18: en el proyecto se requiere que los jóvenes tengan esa edad para poder participar o acceder a los contenidos, servicios o acciones del mismo.  

Por lo tanto, el Acogimiento en Continuidad +18 hace referencia a un tipo de apoyo transicional para jóvenes que han estado en cuidado residencial de Protección o en Medio Abierto o en acogimiento Familiar en familia ajena, y/o en extensa, pero que están en la edad adulta que ya no les permite o tienen dificultades serias para desarrollarse en ellos. El acompañamiento se realiza a través de un equipo multidisciplinar formado por el técnico de referencia del proyecto, conocido como Agente de Emancipación y que define junto a la persona acompañada un Plan Individual de Emancipación, y el equipo de personas voluntarias, conocidas como Personas Allegadas son sostén del proyecto, personas de afecto y referencia para los y las jóvenes participantes. 

Porque juntos, hacemos familia  

Este es el lema del proyecto, y es que, si hay una seña de identidad que define el mismo, es que dentro de las casas que acogen a estos jóvenes, queremos que sientan la calidez de un hogar y la red que se teje desde este, como lo más parecido a una familia con la que puedan contar como figuras de referencia, de apego y afecto.  

Como en cualquier relato no somos su final, no somos la solución, tal vez solo seamos, como en esos cuentos que tantas veces hemos oído o leído: esa maga, ese mentor, esa sabia anciana, ese elfo o esa hada, que les muestra camino y les da esperanza, seguridad, confianza… Al final solo son ellos los protagonistas de su propia vida, ellos y ellas tendrán que tomar el reto de ser adultos e ir tomando decisiones, elecciones…, pero no podemos dejar de sabernos sus acompañantes, su familia. 

Nuestra misión es dotarlos de instrumentos, darles pistas para que  sean capaces de encontrar el tesoro, mostrándoles, en la relación diaria, ese lado amable del calor del hogar y del cuidado incondicional y gratuito en el que se puede crecer en dignidad y respeto mutuo. Esperan nuestras pistas, nuestras sabidurías y nuestra confianza en su proyecto de vida. Nosotros, como cualquier familia que tiene también sus hijos e hijas, queremos que un día puedan volar y hacer volar a otros. 

Número 18, 2024

Auxiliadora González-Portillo. Profesora Titular Dpto. Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad Pablo de Olavide 

Esteban Ruiz-Ballesteros. Catedrático Dpto. Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública. Universidad Pablo de Olavide 

Puedes encontrar a Auxiliadora en X

El análisis de las vulnerabilidades sociales ha estado centrado principalmente en contextos urbanos lo que ha condicionado la investigación de este fenómeno en los contextos rurales. En este artículo pretendemos profundizar en la identificación y comprensión de las vulnerabilidades rurales desde una estrategia teórico-metodológica distinta a la convencional que implica una concepción multidimensional, la aplicación de técnicas cualitativas y el trabajo a escala local. 

 

La vulnerabilidad y lo rural 

La vulnerabilidad es un concepto multidimensional y multifacético, que se utiliza de manera diferente en función del contexto y ámbito de investigación (Downing et al., 2005; Casale et al., 2010; Paul, 2014; Ayele et al., 2022). Su uso en relación a la ruralidad va siendo habitual (Cabero et al., 2011; Sotomayor, 2012; Yang et al., 2021; Yuliawan et al.,2022), lo que nos ayuda a desmitificar ese idilio rural que promete la publicidad turística urbanita.  

Sin embargo, el análisis de las vulnerabilidades sociales ha estado centrado principalmente en contextos urbanos (Yang et al., 2019) y esto condiciona cómo se ha investigado sobre la vulnerabilidad rural. Desde el mundo urbano la ruralidad no es más que un referente exótico, al que rara vez se le reconoce particularidades que le hagan merecedor de una consideración analítica específica. Por eso, abordar apropiadamente las vulnerabilidades rurales es algo urgente. Entre otras cosas porque si el rural proofing forma parte de las agendas de los diferentes actores políticos (desde la Unión Europea hasta la política local) es necesaria la generación de un conocimiento que sea capaz de incorporar las particularidades, variables y circunstancias cambiantes del mundo rural en todas sus dimensiones (Nordberg, 2021), también en lo relativo a las vulnerabilidades sociales. 

El análisis de las vulnerabilidades en contextos rurales es una temática de investigación relativamente reciente y con dos corrientes principales: (1) la que considera las vulnerabilidades rurales desde una perspectiva económica vinculada al ámbito de la pobreza y la privación material y (2) la que considera las vulnerabilidades rurales desde una perspectiva ambiental vinculada al cambio climático y las catástrofes naturales (Valdés, 2021). Estos dos enfoques son esenciales para comprender las vulnerabilidades rurales, pero, en nuestra opinión, muestran una serie de limitaciones: 

• una concepción de la vulnerabilidad unidimensional vinculada principalmente a lo material (sea en forma de pobreza y privación económica), o a lo ambiental (catástrofes naturales y cambio climático) 

• la preeminencia del uso de metodologías cuantitativas para su abordaje, basadas en estadísticas macro, nacionales o regionales, a pesar de que hay serios problemas de disponibilidad de datos en la medida en que se desciende a las escalas locales, estratégicas para la comprensión de los espacios rurales 

• la aplicación de modelos de investigación diseñados originariamente para contextos urbanos, que después se intentan reproducir en los contextos rurales no considerándose las particularidades de los mismos. 

• focalización de casos de investigación en países en vías de desarrollo, con lo cual nuestro norte global queda manifiestamente ausente de estudios en este sentido  

En este artículo pretendemos profundizar en la identificación y comprensión de las vulnerabilidades rurales desde una estrategia teórico-metodológica distinta a la convencional. Planteamos una perspectiva de investigación de las vulnerabilidades rurales que no se limita solo a sus ámbitos ecológicos o económicos, sino que también atiende de forma específica al entorno social rural en sí mismo. De esta forma podemos concebir las vulnerabilidades rurales como aquello que pone en riesgo el bienestar social del mundo rural. Desde esta perspectiva, definimos las vulnerabilidades rurales como las circunstancias, fenómenos o procesos que generan problemas para un funcionamiento normalizado y deseable de los grupos o individuos que habitan los pueblos, que dificultan la vida en comunidad y que, por tanto, requieren de apoyos/intervención externos para su solución. Concretamente, como veremos más adelante, nos hemos centrado en analizar los factores que provocan estas vulnerabilidades. 

Junto a esta concepción teórica de las vulnerabilidades rurales, amplia y multidimensional, aplicamos una metodología cualitativa a escala local, que genera información y datos primarios lo que nos permite no depender exclusivamente de datos secundarios y estadísticos. En concreto, la reflexión que presentamos aquí se sustenta en un estudio de caso exploratorio (Poteete et al. 2010) con metodología cualitativa etnográfica en el Valle del Genal (Málaga, Andalucía). A nivel analítico nuestra investigación ha contemplado una doble escala: comarcal y local. Para ello hemos estado trabajando con los profesionales de servicios sociales adscritos a dicha comarca, y asimismo se ha desarrollado un trabajo de campo específico en uno de los 15 pueblos del Valle. Mediante entrevistas, talleres, recuento etnográfico, observación y consulta de fuentes secundarias, hemos sido capaces de acercarnos al mundo de las vulnerabilidades en el valle del Genal. Esta forma de investigar nos ha permitido: (1) una caracterización exploratoria de vulnerabilidades rurales que trascienden a la privación material o a la crisis socioambiental; y (2) valorar la importancia de la aproximación metodológica cualitativa a escala local/micro como única forma de acceder a realidades que no se recogen en las estadísticas nacionales/macro y que resultan capitales para comprender las vulnerabilidades en el ámbito rural.  

La periferia rural de Andalucía ante las vulnerabilidades 

En Andalucía, la situación socioeconómica de la ruralidad periférica está caracterizada de manera general por dos aspectos esenciales: un fuerte sistema de protección social (mediante prestaciones y subsidios económicos y empleo público) y la diversificación de la economía doméstica. La combinación de ambos aspectos hace que las familias desarrollen unas estrategias domésticas que les permiten vivir adecuadamente en virtud de sus expectativas, sin situaciones significativas de privación material o de riesgo de pobreza. Si a eso se le suma la percepción compartida de la limitada necesidad de gasto doméstico en el contexto rural, estaríamos ante una situación de buena calidad de vida y capacidad de consumo desde el punto de vista económico. En nuestra opinión la privación material o el riesgo de pobreza no es una vulnerabilidad definitoria del contexto rural andaluz y así los manifiestan sus propios protagonistas. Existe una distancia entre la realidad y los análisis macro y estadísticos al uso que nos sitúan normalmente ante un mundo rural empobrecido y necesitado. Los habitantes del valle del Genal son conscientes de ello teniendo claro que una cosa son los datos estadísticos y otra la realidad cotidiana en la que viven. 

La vulnerabilidad rural en nuestro caso de estudio no puede identificarse prioritariamente con el riesgo de pobreza económica, aunque eso de ninguna manera significa que la población rural de esta serranía malagueña esté exenta de vulnerabilidades. Hemos encontrado múltiples y variados factores que provocan vulnerabilidad en este contexto rural, pero requieren de una mirada amplia para su identificación. ¿Cuáles son los factores que provocan vulnerabilidad entre los habitantes de esta zona? Esto es, ¿cuáles son los factores que favorecen circunstancias, fenómenos o procesos que problematizan un funcionamiento normalizado y deseable dificultando la vida y por tanto haciendo necesaria la intervención social? Estos son los resultados, expuestos sucintamente, de nuestra indagación en el Valle del Genal. 

1. Movilidad. Los contextos rurales periféricos sueles estar alejados no solo de las ciudades sino incluso de las cabeceras comarcales. Tener capacidad de movilidad se convierte en un requisito indispensable para poder acceder a muchos servicios y recursos (públicos y privados) o incluso para poder trabajar. Pero ¿qué garantiza esa capacidad de movilidad? Por un lado, disponer de automóvil propio y, por otro, contar con servicio de transporte público. Lo primero no es accesible a todo el mundo (ni por economía ni, fundamentalmente, por características personales: edad, por ejemplo). Por su parte, en estas zonas el transporte público es muy limitado. La única opción que queda, en muchos casos es pagar un transporte individual de forma privada, con lo que eso supone de gravamen económico para la población rural. 

A esto hay que unirle (como ocurre en el Genal) que las zonas de montaña tienen carreteras peligrosas y de difícil tránsito, agravando aún más esa movilidad. Esta peculiar orografía de algunas zonas rurales, implica también déficits de movilidad incluso al interior de los pueblos, principalmente para las personas mayores o con discapacidad física.  

Los problemas de movilidad (internos y externos) son un claro factor de vulnerabilidad social porque dificultan el acceso a recursos, servicios e incluso a derechos básicos de la población rural. No podemos obviar el sobrecoste económico que lleva aparejado para los que no disponen de vehículo propio, así como su papel intensificador del aislamiento y la soledad sobre todo para la población mayor, hegemónica en estos contextos rurales. 

2. Soledad. Una de las características de los contextos rurales en Andalucía es el elevado nivel de envejecimiento y la cantidad de población mayor que vive sola. Esta soledad, en gran parte impuesta, no elegida, se configura como otro de los factores fundamentales de vulnerabilidad rural. Esta soledad tiene diferentes causas: ausencia de familia, ausencia de vecinos, deterioro físico fruto de la propia vejez que aboca cada vez más a los mayores a habitar casi en exclusiva el interior de las casas, etc… Y también diversas consecuencias: falta de cuidados y sentimiento de abandono y de tristeza. Pero también tiene consecuencias para el propio Sistema Público de Servicios Sociales, en la medida en que proporcionalmente, se reciben muchas más demandas de atención relacionadas con la dependencia de las personas mayores que en el ámbito urbano, como reconocen las propias trabajadoras sociales. La soledad es un factor que propicia una vulnerabilidad rural específica a distintos niveles y escalas. 

3. Mentalidad. La mentalidad de muchos habitantes rurales es un factor de vulnerabilidad, puesto que propicia consecuencias negativas en la cotidianidad, no solo a ellos sino a toda la comunidad. Son variados y diversos los rasgos de esta mentalidad, que van desde la resistencia y temor a salir del pueblo, a la muy escasa valoración de la formación, pasando por la normalización de ciertos comportamientos relacionados con la violencia de género o las adicciones, o el conformismo en las aspiraciones vitales… Todas estas actitudes y pautas de comportamiento de una parte de la población rural, configura una mentalidad que se convierte en un factor de vulnerabilidad, ya que provoca limitaciones de oportunidad vital a nivel personal e incluso bloqueos al desarrollo de la comunidad. 

4. Falta de recursos y servicios. Este es uno de los factores de vulnerabilidad rural más recurrente y está plenamente vinculado al factor movilidad. La falta de recursos y servicios atraviesa todas las dimensiones de la vida rural, desde el trabajo a la sanidad o la educación, hasta el ocio y el tiempo libre. En lo que tiene que ver con el acceso a servicios públicos, la vulnerabilidad se agrava aún más ya que estamos hablando de dificultad en el acceso a derechos esenciales. 

Existe un agudizado sentimiento de abandono por parte de la Administración pública en la medida en que, como hemos visto, no se trata ya solo de no tener servicios en los propios pueblos, sino que la Administración pública no se plantea ninguna estrategia de acercamiento a los mismos. De esta forma el acceso a esos servicios básicos depende de la capacidad personal de movilidad que, en muchos casos, como hemos señalado, no es fácil en estos contextos. Por su parte, la falta de recursos y servicios de ocio y tiempo libre, si bien se manifiesta de manera generaliza para la población del valle del Genal, presenta una dimensión especialmente preocupante de cara a los jóvenes que ven con frustración su imposibilidad de disfrutar de actividades o espacios de sociabilidad adecuados a sus expectativas (sobre todo espacios de sociabilidad específicos para la juventud).  

5. Despoblación. La pérdida de población es uno de los elementos definitorios de los contextos rurales periféricos en Andalucía, y se convierte en un factor de efectos multidimensionales: a) en el mantenimiento de recursos y servicios; b) en el deterioro biofísico (cultivos, infraestructura hidráulica, biodiversidad…); c) en los espacios simbólicos (riesgo de desaparición de fiestas y acciones simbólicas…) y d) en el propio urbanismo local (casas abandonadas, descuido urbano…). 

Pero a pesar de la vulnerabilidad que provoca la despoblación a nivel comunitario e individual, la gente tiene una visión muy crítica de las políticas públicas que se están llevado para luchar contra ella y que focalizan solo en una perspectiva demográfica y de repoblación. Estas políticas se están centrado en dos ejes principalmente: la atracción de nuevas familias con menores (para que no se cierren los colegios) y de personas que teletrabajen. Pero tanto una estrategia como la otra son fuertemente criticadas. No se entienden claramente como soluciones, a veces todo lo contrario: estas estrategias se identifican como nuevos problemas (y quizá como nuevos factores de vulnerabilidad). La falta de adaptación a lo rural de los nuevos pobladores, sea por sus expectativas o sus comportamientos, se vive a veces como una amenaza a lo comunitario y su calidad de vida. Ante esto los habitantes rurales son claros: ¿se trata prioritariamente de atraer a gente nueva desde la ciudad o de crear las condiciones adecuadas para que los jóvenes locales que quieran quedarse, puedan hacerlo? 

6. Control social. Una de las características socioantropológicas de las pequeñas localidades rurales es el sentido de comunidad. La falta de recursos, servicios y de población hace que la gente tenga más vínculos y sensación de tener que ayudarse, se desarrolla más sentido de la comunidad por necesidad, se trata de una evidente protección contra el exterior y sus amenazas, se desarrolla así el apoyo mutuo como pauta de funcionamiento cotidiano. Pero ¿dónde termina el apoyo mutuo y comienza el control social? Parece que ambas son caras de la misma moneda, el apoyo y el control van de la mano, mientras el primero es una indudable fortaleza social, el segundo se convierte en una amenaza. Existe una clara conciencia de que la comunidad siempre está ahí, es un respaldo, un seguro, pero no para todo. En muchas situaciones, la persona, a nivel individual se termina viendo ahogada por la dinámica y la presión comunitaria, esa que en otro momento ha podido ser su salvavidas. Paradójicamente, el control social inevitablemente asociado a la ayuda mutua, se convierte en un evidente factor de vulnerabilidad, no solo por el sufrimiento personal que genera como falta de libertad individual, sino porque incluso limita el acceso a algunos apoyos sociales o simplemente la posibilidad de cambiar o innovar pautas y comportamientos individuales y colectivos que pueden ser negativos en determinadas coyunturas. 

Sobre vulnerabilidades rurales 

Aunque nuestro caso de estudio es exploratorio y limitado, y por tanto sus resultados no permiten la extrapolación o la generalización, sí nos parece un buen caso para pensar las vulnerabilidades rurales de manera más amplia. Las principales vulnerabilidades de los habitantes del valle del Genal no son consecuencia de la privación material y/o el riesgo por el cambio climático. Como hemos visto, los factores que provocan sus vulnerabilidades son heterogéneos. Algunos de ellos —mentalidad o soledad— se detectan también en ámbitos urbanos, aunque sus expresiones rurales resultan particulares. Pero existen otros que parecen más propios de los contextos rurales: despoblación, movilidad, control social o falta de recursos y servicios. Entre ellos se establece una relación recursiva que los retroalimenta, amplificando sus efectos y marcando las peculiaridades rurales. La vulnerabilidad provocada por la soledad en el valle del Genal, por ejemplo, no se entiende si no se pone en relación directa con la orografía, el clima, la falta de transporte en general o de transporte adaptado, la despoblación…, todo ello, siguiendo a Pinazo-Hernandis (2023), propicia una vivencia de la soledad diferente y más intensa en el ámbito rural. Otro tanto cabría decirse sobre el control social o la falta de recursos, cuyos efectos particulares en el valle del Genal solo se entienden enmarcados en el conjunto de factores de vulnerabilidad que hemos expuesto.  

Es evidente que los factores de vulnerabilidad vinculados a lo espacial (distancia, dispersión demográfica, orografía, movilidad) sobresalen sobre otras variables comúnmente señaladas como básicas para el conjunto de la sociedad española como las de carácter económico. El caso del valle del Genal muestra que la dimensión territorial, como plantea Escribano et al (2019), influye notablemente en los procesos de vulnerabilidad rural. Los factores espaciales han sido poco tenidos en cuenta tanto por la academia como por las instituciones públicas, lo que Roberts y Green (2013) denominan ceguera geográfica. En este sentido algunos autores reivindican el concepto de justicia espacial (Soja, 2010; Nordberg, 2021), como una extensión de la justicia social, en la que quedarían englobados factores tales como distancias geográficas y culturales, infraestructuras y servicios, demografía, cultura y valores, entre otros. Muchos de los factores de vulnerabilidad de los que habitan el valle del Genal quedarían plenamente incorporados dentro de este concepto de justicia espacial. 

Los vecinos y profesionales que intervienen en el valle del Genal son plenamente conscientes de las vulnerabilidades de su mundo rural, hasta el punto de, como se ha expuesto anteriormente, mostrarse muy críticos con la conceptualización e intervención que al respecto se hace desde las políticas públicas, sobre todo respecto al reduccionismo demográfico y las estrategias de repoblación. Desde la propia comarca se entiende que es preciso desarrollar una visión más amplia de los problemas rurales, de sus vulnerabilidades; considerar una crisis de la ruralidad que trascienda no ya lo económico, sino también lo demográfico para orientar apropiadamente las políticas públicas y la intervención social. 

En este sentido, es preciso desarrollar una conceptualización amplia del concepto de vulnerabilidad que trascienda la privación material y los problemas ambientales y haga justicia a la situación socio-cultural del mundo rural. En el norte global, la vulnerabilidad rural parece tener una dimensión social eclipsada por miradas sesgadas. 

Existe una limitación de partida en el marco conceptual de la vulnerabilidad, que, construida desde la sensibilidad principalmente urbanita de políticos y científicos, deja fuera del análisis muchos factores que se manifiestan de manera especial en los contextos rurales. De hecho, esta es una de las principales críticas que reciben los modelos actuales de rural proofing (Nordberg, 2021). No es descabellado asociar este sesgo en la consideración de lo rural con la urbanormatividad como dispositivo cultural de nuestra sociedad (Fulkerson & Thomas, 2019). Normalmente quedan fuera del análisis de las vulnerabilidades rurales factores como la orografía, la movilidad, el control social o el acceso a los servicios y recursos, circunstancias que no se manifiestan tal cual en los contextos urbanos. Nuestro caso de estudio nos revela esta circunstancia con nitidez y nos anima a proponer dos recomendaciones que alumbrarían una mejor comprensión de las vulnerabilidades rurales en el norte global, y que por tanto deberían favorecer una política pública más eficaz. 

Primero, la necesidad de una reformulación teórica de las vulnerabilidades que contemple una concepción amplia de las mismas y que tenga en consideración la cotidianidad de los contextos rurales. Es evidente que la privación material y el riesgo de pobreza económica pueden estar presentes en el mundo rural, pero no son la única vulnerabilidad posible, y por supuesto, no tienen por qué ser las principales, como se muestra en la periferia de Andalucía. En este sentido, sugerimos que una reformulación del concepto de vulnerabilidad aplicado a la ruralidad en el sur de Europa debería: (1) reconsiderar la centralidad casi exclusiva de la privación material, (2) introducir una consideración estratégica de factores relacionados con lo espacial-territorial (movilidad, acceso a recursos y servicios, soledad…) y (3) reflexionar sobre otros factores más particulares vinculados a la cultural del mundo rural como la mentalidad o el control social. 

Segundo, esta reformulación teórica no tiene consistencia sin una ampliación del horizonte metodológico. Si nuestro caso de estudio nos muestra con nitidez otras caras de la vulnerabilidad es porque nos hemos aproximado al mundo rural de otra manera. La concepción urbanormativa de la vulnerabilidad parece extenderse también a lo metodológico: la forma de analizarla y medirla resulta análoga a la que se implementa en el mundo urbano, marcado fundamentalmente por datos secundarios cuantitativos. La aplicación de esta estrategia al mundo rural supone un problema a distintos niveles: (1) una disponibilidad muy limitada de este tipo de datos cuantitativos y mucho menos a las escalas requeridas para el estudio de las sociedades rurales; (2) las circunstancias de la vida y la economía rural son muy distintas de las de la vida urbana; y (3) se generan homogeneidades respecto a la ruralidad que contradicen su inherente carácter heterogéneo (Escribano et al, 2019). No es de extrañar, por tanto, que los factores de vulnerabilidad que no encajan teórica y metodológicamente con los análisis convencionales queden invisibilizados, como si no existieran. Por tanto, nos parece que para comprender adecuadamente las vulnerabilidades rurales es necesario articular los abordajes cuantitativos (datos secundarios) con aproximaciones cualitativas desagregadas a ciertas escalas que nos permitan caracterizar adecuadamente las vulnerabilidades en el mundo rural. 

Es necesario seguir trabajando tanto en la conceptualización teórica como en los modelos de abordaje metodológico de las vulnerabilidades en general y de las propias del mundo rural, en particular. Nuestra línea de investigación pretende mejorar la comprensión de los problemas del mundo rural para contribuir, en la medida de lo posible, al diseño de políticas públicas e intervenciones sociales más eficaces y eficientes. 

Referencias bibliográficas 

Ayele, L. y Degefa, T. “Translocal vulnerability of temporary rural–rural labor migrant-sending households in Quarit district, Northwestern Ethiopia”. Comparative Migration Studies, 10, 30, 2022; https://doi.org/10.1186/s40878-022-00303-2 

Cabero, V., Trejo, M.C. y Fernández, V. “Pobreza y exclusión social en el ámbito rural”. En Fundación Luis Vives (coord.) Guía de recomendaciones y líneas de actuación en inclusión social. Ed. Fundación Luis Vives, 2011; pp. 15-23. 

Casale, M., Drimie, S., Quinlan, T., y Ziervogel, G. “Understanding vulnerability in southern Africa: Comparative findings using a multiple-stressor approach in South Africa and Malawi”. Regional Environmental Change, 10(2), 2010; pp. 157–168 https://doi.org/10.1007/s10113-009-0103-y  

Downing, T. E., Patwardhan, A., Klein, R. J., Mukhala, E., Stephen, L., Winograd, M., y Ziervogel, G. Assessing vulnerability for climate adaptation. Ed: Cambridge University Press, 2005 

Escribano, J., Serrano, J.J. y Martínez, M. P. “Análisis del riesgo de exclusión social en el medio rural”. Cuadernos Geográficos 58(3), 2019; pp. 103-124 

Fulkerson, G., y Alexander Thomas, A. Urbanormativity: Reality, representation, and everyday life. Ed: Rowman & Littlefield., 2019 

Nordberg, K. “Distributed Rural Proofing. An Essential Tool for the Future of Rural Development?”. Sociologia Ruralis, 61, 2021; pp. 141-162. https://doi.org/10.1111/soru.12316  

Paul, S. K. “Vulnerability concepts and its application in various fields: a review on geographical perspective”. Journal of Life and Earth Science, 8, 2014; pp. 63–81 

Pinazo-Hernandis, S. “Viernes, primer programa de soledad del mundo rural en Cantabria”. Revista digital del sector sociosanitario. 2023 

Poteete, A. R., Janssen, M. A., y Ostrom, E. Working together: collective action, the commons, and multiple methods in practice. Ed: Princeton University Press, 2010 

Roberts, P. y Green, B. “Researching rural places: on social justice and rural education”. Qualitative Inquiry 19 (10), 2013; pp. 765–774 

Soja, E. Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010 

Sotomayor-Morales, E. “Protección social en ámbitos rurales”. Portularia Vol. XII, Nº 1,2012; pp: 91-101 https://doi.org/10.5218/prts.2012.0037  

Número 18, 2024

Celia Carnero Méndez. Presidenta del Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos 

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El contexto rural en España está marcado por desafíos y profundos cambios demográficos, sociales y económicos que afectan a la población en su conjunto, pero que impactan de manera especialmente aguda en los jóvenes. Este artículo examina los retos a los que se enfrenta la juventud en el mundo rural español desde una perspectiva crítica, pero, al mismo tiempo, ofrece una visión optimista. 

1. Introducción  

Desde un primer momento debemos enmarcarnos en un contexto en el que coexiste una pluralidad de zonas rurales, tanto en el territorio español como en el resto del mundo. El desarrollo del territorio no es parejo; el tamaño de los pueblos es muy diferente dependiendo de la localización geográfica; la variedad de aspectos culturales y de lenguas, las diferencias en inversión social…  todo esto nos obliga a encontrarnos ante un gran abanico de posibilidades que al escuchar mundo rural puede que no identifiquemos.   

El contexto rural en España está marcado por desafíos y profundos cambios demográficos, sociales y económicos que afectan a la población en su conjunto, pero que impactan de manera especialmente aguda en los jóvenes. En los últimos años de la historia de España hemos pasado de ser un país eminentemente rural en el que la población residía en estos territorios, a ser un país en el que los grandes focos de población se encuentran en las ciudades​ (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 2009)​ y la centralización de servicios en áreas urbanas deja a gran parte de la población rural en desventaja. 

Sin embargo, estos desafíos presentan también oportunidades únicas para repensar y revitalizar los espacios rurales. Este artículo examina los retos a los que se enfrenta la juventud en el mundo rural español desde una perspectiva crítica, pero, al mismo tiempo, ofrece una visión optimista.

2. Despoblación y Demografía: ¿hay jóvenes? 

Se trata de un problema al que se enfrenta toda Europa, pero es en el mundo rural donde se palpa el titular, siendo cada vez más las personas jóvenes que optan por emigrar hacia áreas urbanas o al extranjero.  

España cuenta con un total de 8.131 municipios que se extienden, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), sobre una superficie total de 504.745 km2. La densidad media poblacional en España es de 94,0 habitantes por km2 en 2020. La población empadronada en municipios rurales es de 7.538.929 personas en España en 2020 (15,9% del total), con una densidad media de 17,8 habitantes/km2. Los municipios de tipo rural ocupan el 84% de la superficie de España y suponen el 82% del total. Los municipios rurales de pequeño tamaño, de menos de 5.000 habitantes, son los más numerosos en España, pues suponen el 78,1% del total y ocupan el 69,3% del territorio ​(MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN 2021, 2)​. 

Muchas de estas áreas rurales están en riesgo de desaparecer. Este fenómeno se ha acentuado desde los años 60, cuando el éxodo rural llevó a miles de personas a abandonar sus pueblos en busca de mejores oportunidades laborales. 

Actualmente, la despoblación es uno de los problemas más graves en el mundo rural. Municipios del interior, como los de Castilla y León, Aragón y Extremadura, presentan densidades demográficas extremadamente bajas. A esto se suma el envejecimiento: un gran porcentaje de las personas que residen en estas zonas tiene más de 65 años.  

En este contexto, es destacable la masculinización de muchos de estos territorios. La falta de mujeres jóvenes en las zonas rurales supone la imposibilidad de regeneración de población y la presencia de ellas suele suponer asentamiento de la misma. Este desequilibrio de género se traduce en una menor natalidad y una reducción de la cohesión social, exacerbando aún más la crisis demográfica. 

Esta situación crea un ciclo vicioso en el que la falta de jóvenes agrava el declive demográfico, imposibilita el relevo generacional en las áreas más afectadas y reduce las oportunidades económicas. Entre los grupos más afectados por estos cambios se encuentra la población joven, que enfrenta una serie de desafíos estructurales que limitan su desarrollo personal, social y profesional.  

Los datos parecen claros, el éxodo rural ha sido y sigue siendo la realidad de los territorios rurales. Sin embargo, se trata de un tema de actualidad y podemos decir que en el siglo XXI se está hablando de él y estableciéndose cauces para paliar la problemática, algo impensable pocos años atrás. En la novela La España vacía ​(del Molino 2016)​ se trataba el tema desde el punto de vista de la preocupación de quien ve avecinarse un problema que no está en el debate social. Afortunadamente, podríamos presumir que el trabajo de tantas asociaciones, colectivos y personas preocupadas por el tema ha dado sus frutos y en 2024 esta cuestión está presente en debates políticos o en el discurso de la calle.  

No podemos considerar que con esto sea suficiente; es necesario seguir profundizando, concienciando y argumentando la importancia de tratar estos temas y aportar soluciones con garantías y a largo plazo. Se sentencia la muerte del mundo rural y ésta nunca llega. A pesar de las políticas de vaciamiento, el arraigo al territorio de quien se marchó ha sido más fuerte, haciendo que tras la jubilación muchas personas regresen a sus pueblos de origen. Pero sí, hay jóvenes en el mundo rural. Dan vida al territorio y son esperanza. 

3. Educación: ¿hay centros de enseñanza? 

En términos de educación podemos hablar de la existencia de diversidad de centros educativos, tanto de primaria como de secundario o bachillerato, extendidos a lo largo del territorio rural. En la mayoría de los casos, los jóvenes deben desplazarse mediante rutas escolares para poder acceder a estos, aunque muchas veces no existan centros de educaciones superiores. El estado debe garantizar los estudios básicos, no siendo así con los superiores.  

En muchas ocasiones podremos escuchar discursos sobre los perjuicios o desventajas de los centros rurales, pero la realidad puede ser vista desde distintas perspectivas. Existen dos discursos principales en este sentido. En un primer lugar, que este tipo de centros no son rentables, no cuentan con medios suficientes y no permiten el correcto aprendizaje de los alumnos en comparación con otros centros. En un segundo lugar, que el profesorado de estos centros es el mismo que desempeña su trabajo en el resto y que un menor número de alumnos por ratio permite una enseñanza adaptada a los ritmos y procesos diferentes de los estudiantes. En este sentido, uno observa la realidad desde los términos economicistas y el otro desde una perspectiva más social.  

El informe PISA ha permitido extraer algunos datos y, especialmente en 2015, se puso en evidencia que los jóvenes rurales españoles de 15 años (escolarizados en centros de poblaciones menores de 3.000 habitantes) obtuvieron en ciencias la misma puntuación que los urbanos (poblaciones de 100.000 habitantes o más), pero al descontar el efecto del nivel socioeconómico de la escuela y de cada alumno, superaban a los urbanos en 22 puntos, equivalentes a medio curso escolar. Es una fuente de datos importante, sobre todo porque los indicadores sobre metodología, dedicación del profesorado y las sensaciones del alumnado rural español sugieren que el trabajo hecho en las pequeñas escuelas rurales ha dejado su poso en el alumnado que ha realizado las pruebas PISA tres años después de haber finalizado la escuela primaria.​ (Martín Patino 2020, 249-252)​. 

Después de difundirse los resultados PISA 2015, se publicaron varios artículos sobre el tema, como El secreto de una escuela de pueblo, cuyo subtítulo es esclarecedor: Castilla y León, con los mejores resultados en PISA, tiene a la mitad del alumnado de infantil y primaria en colegios rurales. La fórmula: pocos niños, edades mezcladas y maestros cercanos. Se refiere a los buenos resultados en PISA 2015 en Castilla y León, cuyos gobernantes en parte lo atribuyen a la fuerte presencia de la escuela rural en esta comunidad autónoma (en la que destacan la implicación de las familias) y al buen trabajo docente y de formación del profesorado que han desarrollado en esta comunidad para potenciar el éxito escolar. Además, en la metodología destaca el aprendizaje con experiencias directas, las interrelaciones y el uso habitual de las TIC dirigidos por verdaderos activistas de la escuela rural, maestros convencidos de las ventajas de este tipo de escuela​ (Ceberio Belaza 2016)​. Pero es una lástima que no se haya podido hacer un seguimiento, puesto que en los siguientes informes cada vez se ha ido restando más espacio a esta cuestión hasta el punto de desaparecer.  

Los estudios superiores (FP y estudios universitarios) se han generalizado significativamente y entre los jóvenes de 25 a 34 años en España se ha convertido en el nivel educativo más común. En el mundo rural, la distancia a los centros de educación superior en estas áreas obliga a los jóvenes a desplazarse o abandonar sus pueblos para continuar con su formación. Sin embargo, esto podemos entenderlo, nuevamente, desde dos perspectivas muy diferentes. En primer lugar, está la idea de que los jóvenes que se van del pueblo le dicen adiós para no volver y, en segundo lugar, está la idea de que los jóvenes tienen que salir, ver mundo, conocer otras realidades, contrastar, y que todo ello no supone tomar la decisión de no volver a su lugar de origen, sino que puede significar todo lo contrario: construir un yo más formado que permita regresar en el futuro con un proyecto personal a desarrollar y objetivos concretos.  

4. Vivienda: ¿me puedo quedar? 

Un problema real en España es la vivienda. Los jóvenes enfrentan dificultades adicionales como la falta de viviendas disponibles y asequibles. En general, el acceso a la vivienda es complicado por la burocracia y la falta de incentivos específicos. Esta problemática no es exclusiva del mundo rural, pero también la encontramos en estas zonas. En algunas ocasiones la oferta de viviendas disponibles es escasa; en otras, los precios de la vivienda o el alquiler son prohibitivos, ya sea por encontrarse en zonas turísticas, porque no existe necesidad de vender o alquilar las propiedades, o por herencias mal gestionadas; además, en muchos otros casos, cuando existe posibilidad de compra, la burocracia para facilitar créditos en zonas rurales se hace insalvable.  

Si hemos detectado todas estas cuestiones, significa que a lo largo de estos años hay un número importante de personas que han intentado regresar o establecerse en zonas rurales y, al encontrar estas dificultades, han puesto de manifiesto la necesidad de medidas que cambien las cosas. Durante muchos años hemos estado viviendo políticas que, aunque no incidan de manera directa sobre el problema, lejos de mejorar la situación la han ido empeorando.  

No se trata, entonces, de una cuestión puramente rural, pero es una realidad que no poder acceder a una vivienda propia dificulta formar un proyecto de vida personal. A largo plazo, no solo implica limitaciones a nivel personal, sino también familiar y que, por ende, agravan la problemática de la despoblación. Es un factor condicionante clave que debemos atacar si queremos observar cambios significativos. ¿Por qué existiendo un discurso tan claro por parte de la juventud española no se están dando pasos firmes al respecto? 

5. Trabajo: ¿hay trabajo? 

El desempleo juvenil es otro de los grandes desafíos. Mientras que en las ciudades los jóvenes tienen mayor acceso a diversas fuentes de empleo, las oportunidades en las áreas rurales son más limitadas.  

Las políticas neoliberales implementadas en muchas regiones del mundo han afectado profundamente la agricultura a pequeña escala. La liberalización del comercio ha permitido la entrada de productos agrícolas importados a precios bajos, lo que ha desplazado a los pequeños productores locales y ha obligado al cultivo de grandes extensiones de terreno para conseguir rentabilidad económica suficiente para la economía familiar. Como resultado, muchos jóvenes ya no ven la agricultura como una opción viable para su futuro. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la edad promedio de los agricultores en muchas partes del mundo es superior a los 50 años y, en España, en la mayoría de las explotaciones estaría en torno a los 65​ (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 2023)​. La falta de sucesión generacional amenaza la sostenibilidad de la producción agrícola a largo plazo. Además, la concentración de la tierra en manos de grandes empresas y la dificultad para acceder a créditos agrarios, también son barreras que impiden a los jóvenes dedicarse a la agricultura. 

En este contexto, la migración rural-urbana se ha convertido en una estrategia común entre los jóvenes para escapar y buscar mejores oportunidades o trabajos cualificados. La salida de los jóvenes significa una pérdida de fuerza de trabajo, lo que contribuye al envejecimiento de la población rural y a la desertificación demográfica que hemos mencionado, así como para los jóvenes una pérdida o desconexión de sus raíces. Pero esta migración masiva tiene consecuencias negativas en general, pues mientras los territorios rurales pierden población joven, las ciudades enfrentan una sobrepoblación que agrava problemas como la falta de vivienda o empleo, y los jóvenes migrantes se enfrentan a dificultades económicas por los precios de la vivienda y bienes de primera necesidad, precariedad laboral e incluso discriminación por falta de experiencia laboral. 

Como explica el informe DEMOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN RURAL, el nivel de ocupación y de actividad es menor en el medio rural que en las ciudades, aunque el paro afecta menos al ámbito rural que al urbano​ (MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN 2021, 6)​.  

Debemos tener en cuenta que la pluralidad de empleo en las zonas rurales puede estar más limitada, pero esto no significa que no existan oportunidades. Y, además, los puestos que se necesitan cubrir suelen ser estables, ya que los negocios suelen contar con años de actividad y son conscientes de las necesidades reales de los mismos para con la demanda del territorio.   

Los nichos de trabajo más importantes están relacionados con el sector de la hostelería, la ganadería, la agricultura, el cuidado de personas mayores o la construcción, pero también con el turismo, la electricidad, fontanería y, en general, trabajos manuales. Además, Iniciativas como el programa «+Empresas, +Empleo, +Rural» intentan conectar a los jóvenes con oportunidades laborales. 

En las zonas rurales también podemos encontrar otros negocios no tan nombrados como los relacionados con la alimentación, calzado, asesoría o abogacía, que son necesarios y demandados. No podemos olvidarnos del teletrabajo y las posibilidades que ofrece ser un nómada digital en las empresas que facilitan esta condición. Y, por supuesto, es entendible que en todos estos sectores mencionados se necesitan profesionales cualificados 

Otro nicho de trabajo que suele olvidarse al hablar de mundo rural es el de los puestos relacionados con el estado o los ayuntamientos: policía, guardia civil, administrativos, profesores, maestros… que en muchos casos ocupan personas que se desplazan diariamente para desarrollarlos desde núcleos de población más grandes o urbanos. 

También el emprendimiento es una de las formas más prometedoras de revitalizar las zonas rurales. Muchos jóvenes que deciden quedarse o regresar a los pueblos lo hacen con la intención de desarrollar proyectos que combinen la calidad de vida rural con las oportunidades que ofrece el mundo digital. La flexibilidad y la independencia que ofrece el autoempleo son algunas de las razones más valoradas por los jóvenes emprendedores rurales, que ven en el mundo rural una oportunidad para realizar sus sueños sin las presiones de las grandes ciudades. 

En numerosas ocasiones nos limitamos a concebir el empleo en el mundo rural únicamente enfocado hacia la agricultura y la ganadería, pero la realidad, como vemos, es mucho más amplia.  

La digitalización del mundo rural no ha sido prioridad, pero se han dado grandes avances en los últimos años, haciendo que esa brecha sea menor. En este sentido, otro de los grandes mitos se desmonta, teniendo en cuenta, además, que no todo el territorio rural está en las mismas condiciones de conectividad, existiendo pueblos en los que no hay distinción alguna con el territorio urbano, independientemente del número de habitantes que tenga.  Según datos del Ministerio de Transformación Digital, la cobertura de banda ancha en áreas rurales alcanzó el 80% en 2023 y el grado de cobertura 5G móvil sobre el 70%.​ (MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. 2024, 36-38)​ 

Comenzamos a ver, entonces, un contexto más acogedor en cuanto a trabajo se refiere, puesto que no solo podemos encontrar trabajo, sino que también hay un alto índice de estabilidad. Debido a los datos ya mencionados anteriormente sobre demografía, lo que se necesita principalmente en las zonas rurales son personas en edad de trabajar, por lo que los jóvenes tienen más fácil el acceso al empleo, en general, si bien es cierto que el número de personal demandado siempre será inferior al de una ciudad por pura estadística. 

Un enfoque más integral podría incluir como posibles soluciones a estos problemas los incentivos fiscales para las empresas que decidan establecerse en el medio rural, la creación de espacios de coworking que fomenten el teletrabajo y el emprendimiento digital, y un mayor apoyo a los jóvenes agricultores y emprendedores rurales. 

6. Conciencia social: ¿eres de pueblo? 

Ante estos desafíos, las políticas públicas juegan un papel crucial en la creación de oportunidades para los jóvenes en el ámbito rural. Sin embargo, muchas de las políticas actuales no abordan de manera integral las necesidades de esta población. A menudo, los programas de desarrollo rural están diseñados sin la participación de los jóvenes y no tienen en cuenta sus aspiraciones y necesidades específicas. 

La falta de servicios básicos, como centros educativos, servicios sanitarios y transporte público, es una de las barreras más citadas por los jóvenes para asentarse en el medio rural. La falta de servicios culturales y recreativos es otro factor disuasorio que contribuye a la sensación de aislamiento que experimentan los jóvenes que deciden quedarse en las zonas rurales. Sin embargo, este tipo de argumentos esconden estereotipos generados tras años de educación enfocada a abandonar los pueblos. 

Debemos tener clara cuál es la realidad de la zona rural en la que residimos o queremos residir para poder juzgar estos factores. En la mayoría de las ocasiones, los pueblos cuentan con zonas recreativas, instalaciones deportivas óptimas y ofertas culturales, aunque es cierto que en alguno pueda que no las haya. La oferta cultural suele estar concentrada en los meses de verano, también por ese ánimo que tienen los organizadores de que los eventos se llenen al 100%, aunque muchas personas demanden que se repartan mejor a lo largo de todo el año. En la mayoría de los pueblos se cuenta con consultorio médico al que acude el médico del centro de salud, o así debería de ser. El acceso a la educación obligatoria lo garantiza el estado español, independientemente del territorio en el que se resida. El hecho de generalizar siempre hace que perdamos la particularidad. En todo caso, si en el lugar en el que residimos no existe alguno de estos recursos, se encuentran en otros pueblos cercanos. La realidad es que, como en la ciudad, todo puede estar a pie de coche.  

Lo que está claro es que el vehículo sí suele ser un elemento importante en las zonas rurales. Podríamos solicitar que los transportes fueran más frecuentes y plurales, pero desde los territorios rurales también comienza a asumirse esa idea de que el mundo rural no es rentable.  

Como hemos recordado, a lo largo de muchos años se vienen desarrollando políticas que han favorecido el vaciamiento de las zonas rurales, se ha inculcado en los hogares la idea de que vivir en el pueblo es una cuestión de fracaso personal o falta de grandes perspectivas en la vida. Se nos ha educado para ir a buscar un futuro mejor (que solía estar en las ciudades) y no podemos pretender cambiar el discurso en poco tiempo. El trabajo que se ha realizado para retomar ese orgullo por lo rural y esa dignidad, el cambiar y desmontar mitos o etiquetas basadas en estereotipos, es una tarea que conlleva mucho trabajo y tiempo. Podemos observar cómo va dando sus frutos y debemos aprovechar este nuevo contexto social.  

Es necesario exigir y reinventar el panorama actual, no solo para que nuestros pueblos puedan seguir latiendo, sino porque la situación demográfica nacional evidencia en hechos que nuestra sociedad tal cual la conocemos es insostenible con este ritmo de natalidad y distribución de la población.  

Como hemos visto, siempre existirán varias versiones desde las que analizar una problemática, pero una de ellas suele ser económica y la otra social. Debemos poner el foco en el bien común, en el respeto a la naturaleza y en la justicia social para poder construir políticas que se salgan del mero economicismo, sin olvidarnos de su importancia, pero posibilitando el cambio.  

7. Retos: ¿qué hacemos? 

• Fomentar la participación de jóvenes del territorio rural para la implementación de cambios sustanciales o implementación de proyectos: políticas que permitan crear empleos adaptados a las necesidades del territorio, facilidad de trámites burocráticos para el emprendimiento, facilitar la conectividad del territorio sin discriminación… 

• Fomentar el desarrollo sostenible y la agricultura ecológica o natural, por ejemplo, representan una alternativa viable. La demanda de productos orgánicos y sostenibles ha aumentado en los últimos años, lo que abre nuevas oportunidades para la agricultura de pequeña escala. 

• Los jóvenes enfrentan una serie de desafíos estructurales que limitan su desarrollo personal y profesional: el acceso a la vivienda es una de las prioridades y burocracia específica para cada territorio, es otra. 

• Apreciar la cultura, los conocimientos, tradiciones, etc. propias del mundo rural desde el orgullo hacia lo que nos hace únicos y poniendo en valor la herencia que hemos recibido de quien construyó antes que nosotros, eliminando esa conciencia colectiva que ve el mundo rural como sinónimo de fracaso. 

• Perseguir un desarrollo rural entendido como la mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de un territorio rural, con respeto por el entorno físico y de tal forma que repercuta positivamente sobre la calidad de vida de la población residente e integre el territorio en el conjunto de la sociedad​ (Guinjoan, Badia y Tulla 2016, 197)​. 

8. Referencias bibliográficas 

​​Bibliografía 

​​Ceberio Belaza, Mónica. «El secreto de una escuela de pueblo.» El País, 28 de diciembre de 2016. 

​del Molino, Sergio. La España vacía. Titivillus, 2016. 

​Guinjoan, Eloi, Anna Badia, y Antoni F. Tulla. «EL NUEVO PARADIGMA DE DESARROLLO RURAL.» Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles nº71, 2016: 179-204. 

​Martín Patino, J.M. INFORME España 2020. Madrid: Universidad pontificia Comillas, 2020. 

​MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN. «DEMOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN RURAL en 2020 .» AgrInfo nº 31, 2021. 

​MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. «UNA VISIÓN GLOBAL DE LA AGRICULTURA .» 2023. 

​MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. «Población y sociedad rural.» AgrInfo nº 12, 2009. 

​MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. «COBERTURA DE BANDA ANCHA EN ESPAÑA.» 2024. 

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Número 18, 2024

Roberto Jesús Hermida Lorenzo, doctor en biología, presidente de la Asociación galega de Custodia do Territorio

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El mundo rural enfrenta muchos retos y uno de ellos es encontrar formas de desarrollo compatibles con el cuidado de la naturaleza, especialmente en aquellas zonas dedicadas a la agricultura, la ganadería o el cultivo forestal, pero también en el entorno más doméstico. Un reto compartido con el medio urbano, pues ambos están estrechamente conectados. 

El medio rural ha sido moldeado por una larga interacción entre las dinámicas naturales y las actividades humanas. Se contrapone, por un lado, al medio urbano, del cual la naturaleza ha sido desterrada y, por otro, a los espacios naturales, en los que la influencia humana ha sido menor. En España, el 84% del territorio se considera rural y ha estado habitado durante milenios, tanto por el ser humano como por otras muchas especies que se han adaptado a paisajes en los que la acción humana es la que mantiene la diversidad de hábitats y la que determina la disponibilidad de recursos. Muchos de los paisajes agrarios tradicionales que caracterizaron, hasta hace unas décadas, el medio rural español, eran paisajes de alto valor ecológico, capaces de acoger una gran biodiversidad. 

El medio rural no es homogéneo y acoge realidades muy diferentes, desde dispersas poblaciones de montaña, valles y llanuras agrícolas o zonas de carácter más residencial en el entorno de pequeñas ciudades.  

Es un medio que se ha transformado profundamente en las últimas décadas, hasta el punto que algunas de sus señas de identidad tradicionales se han desdibujado o perdido. Desde el punto de vista ambiental, esta transformación tiene principalmente tres causas conectadas entre sí: el abandono de los aprovechamientos tradicionales, la intensificación en la producción agraria y forestal y la implantación masiva de industrias energéticas. 

Allí donde el medio rural posee grandes cualidades estéticas y una abundante biodiversidad, como es el caso de algunas zonas de montaña, el medio natural se ha erigido en el principal motor de la economía, pues atrae visitantes, fundamentalmente urbanos, que buscan diferentes formas de contacto con la naturaleza. La economía local se beneficia de esta afluencia de personas y los efectos de la despoblación, una tendencia común en el rural europeo, pueden verse amortiguados, al menos estacionalmente. 

En muchas zonas, el abandono de los aprovechamientos tradicionales ha dado paso a una sucesión natural de la vegetación que ha renaturalizado amplias superficies, dando una oportunidad a la recuperación de las poblaciones de especies forestales, tanto animales como vegetales, muy reducidas tras un pasado de feroz deforestación en toda la península ibérica. También en estas zonas se abren nuevas posibilidades de desarrollo entorno a un medio natural en recuperación. 

Sin embargo, la escala y la rapidez a la que sucede este abandono también está provocando la desaparición de la heterogeneidad de hábitats que resultaba, precisamente, de la acción humana, llevando a una homogenización del territorio y dejando a muchas especies sin recursos para mantener sus poblaciones. El esfuerzo que se está realizando desde administraciones y entidades conservacionistas para mantener algunos de estos antiguos hábitats agrarios es enorme y, aun así, la tendencia general es regresiva.  

La desnaturalización del medio rural 

Paralelamente al abandono, y muchas veces como causa o efecto del mismo, se ha producido una intensificación de la producción agraria y forestal. 23 millones de hectáreas en España (el 42% de la superficie) están dedicadas a la agricultura, casi la mitad del territorio nacional. Otro millón de hectáreas está dedicado a cultivos forestales de especies exóticas. Aunque esto representa una parte pequeña de la superficie forestal total, su reparto es muy desigual y solo en Galicia hay más de medio millón de hectáreas dedicadas al cultivo del eucalipto, muchas de ellas tomadas de antiguas tierras de cultivo o de hábitats de gran valor ambiental.  

La producción agropecuaria actual ha puesto el foco en la competencia por precios en los mercados nacionales e internacionales, dejando en manos de las grandes corporaciones agroalimentarias el control de la producción agraria. El agricultor o el ganadero han perdido soberanía sobre su propio trabajo y son peones de la gran industria alimentaria. Se ha apostado por el aumento del tamaño de las explotaciones y de los rendimientos por superficie y ambos procesos han favorecido relaciones injustas entre productores y mercado, han contribuido a la despoblación rural y han perjudicado gravemente el medio natural, hasta el punto que, las labores agropecuarias, especialmente aquellas implicadas en la cría de ganado, se consideran el factor de mayor degradación de los hábitats naturales a escala planetaria.  

La intensificación de la actividad agraria y forestal han llevado a una multiplicación de las superficies dedicadas al monocultivo. Además, para facilitar el laboreo, se elimina cualquier irregularidad, sea una sebe vegetal, un muro de piedra, pequeños rodales arbolados, viejos caminos, etc. El resultado es una remodelación del paisaje que desdibuja sus señas de identidad culturales y crea grandes superficies homogéneas en las que la vida silvestre apenas obtiene recursos para sobrevivir. A esto se añade el uso de biocidas (herbicidas, fungicidas, insecticidas) y fertilizantes que crean entornos tóxicos y contaminan la tierra y el agua, destruyendo las comunidades de pequeños seres vivos que constituyen la base del funcionamiento de los ecosistemas. Por supuesto, esto se refleja en nuestra dieta: en 2022 se vendieron en España alimentos con al menos 106 plaguicidas, de los que 59 eran disruptores endocrinos y 32 sustancias no autorizadas, según el informe ‘Directo a tus hormonas. Residuos de plaguicidas en los alimentos españoles’, que presentó este mismo año Ecologistas en Acción. 

Las señales de alarma son cada vez más preocupantes. En algunas áreas protegidas de Europa se han constatado desplomes en las poblaciones de insectos del 76%, una verdadera catástrofe ambiental. Los insectos constituyen la mayor biomasa animal de los ecosistemas terrestres, cuyo buen funcionamiento depende de las múltiples tareas que éstos desarrollan: polinización, ciclos de nutrientes o el propio hecho de constituir la base de la alimentación para muchas especies de vertebrados. La intensificación agraria en el entorno de estas áreas protegidas se ha apuntado como el principal factor causante del desplome. En España, se ha observado una caída del 23% en las poblaciones de aves comunes que afecta especialmente a las aves de medios agrarios (hasta el 95% de descenso poblacional para algunas especies) y, de nuevo, la causa es la intensificación agraria. 

El medio natural en las zonas agrícolas y ganaderas se degrada, pierde biodiversidad y, con ella, capacidad de autorregulación. Los servicios ecosistémicos, incluso aquellos que ofrece a la propia agricultura (fertilidad de la tierra, polinizadores, reservas de agua, control de plagas, diversidad genética), se ven gravemente afectados. La respuesta de la agricultura intensiva es una huida hacia delante, aumentando la dependencia de fertilizantes y fitosanitarios o de agua trasvasada desde otras regiones o extraída de acuíferos cada vez más agotados. Estos entornos empobrecidos y degradados tienen muchas menos herramientas para adaptarse a las nuevas condiciones que impone el cambio climático. 

El acaparamiento de tierras para grandes explotaciones está siendo facilitado por la propia despoblación rural y el abandono de los usos tradicionales, que ha puesto en el mercado numerosas propiedades. En ocasiones, este acaparamiento se produce por agentes ajenos al medio rural, como fondos de inversión que buscan diversificar sus negocios invirtiendo en cultivos forestales de alto rendimiento, como el eucalipto, en macrogranjas o en el establecimiento de grandes superficies de cultivos de moda (frutos rojos, frutas tropicales). Un modelo de negocio que acapara territorio y recursos, resulta muy agresivo con el medio y contribuye a la expulsión de población del territorio. 

En el caso de la ganadería, la intensificación depende en gran medida de la importación de maíz y soja desde Brasil, Argentina, EEUU o Ucrania. En Latinoamérica, la producción de soja para alimentar el ganado europeo ha sido denunciada como un factor de destrucción del bosque tropical y de desestabilización social. Los efectos negativos de la intensificación se extienden por toda su red de dependencias. 

La Política Agraria Común (PAC) europea, de modo decepcionante, se ha venido enfocando más a los intereses de la industria alimentaria que a dar respuesta a los retos sociales y ambientales que necesitamos enfrentar en la producción de alimentos, y sigue dedicando la mayor partida presupuestaria de la UE a financiar un modelo agrario intensivo e insostenible. 

La tierra, la base 

A pesar de la gran superficie dedicada a la producción agraria y forestal, solo el 20% de la población rural está empleada en el sector primario. La mayor parte de la población rural ya no se gana la vida con el cultivo de la tierra o la cría de ganado. Sin embargo, también esta población influye en su entorno natural, sea como propietarios que alquilan sus tierras, con su participación en montes vecinales o comunales o con el manejo de los terrenos de uso doméstico, como huertas y jardines. Diferentes variantes de montes pro indiviso, por ejemplo, representan una importante superficie en el norte de España y el uso que se hace de ellos tiene una gran influencia sobre la conservación de la biodiversidad, hasta el punto que se han desarrollado proyectos LIFE enfocados, específicamente, a la gestión de terrenos comunales, como el Life in Commond Land. 

Tampoco debe ser infravalorado el papel de las parcelas dedicadas a huerta o jardín en las viviendas rurales. En un contexto de intensificación agraria, otras superficies rurales dedicadas a usos no agrarios pueden actuar como refugios de biodiversidad. En Reino Unido se ha visto que, en algunas zonas agrarias, la diversidad y abundancia de polinizadores es mayor en los pequeños jardines que rodean las casas que en las grandes extensiones cultivadas. Pero con frecuencia, en estos terrenos, se libra también una auténtica guerra contra la naturaleza: césped, herbicidas, insecticidas, ahuyentadores, trampas, gatos y muerte inmediata de toda especie considerada tradicionalmente como “peligrosa”.   

A los procesos de abandono e intensificación, se ha sumado más recientemente la instalación masiva de industrias eléctricas. La necesaria apuesta europea por las energías renovables se está resolviendo fundamentalmente en el medio rural, con la ocupación de tierras agrarias y montes para proyectos fotovoltaicos y eólicos. Entre los años 2012 y 2022 los parques fotovoltaicos han ocupado más de 21.000 hectáreas de tierras de cultivo, principalmente de secano. Al secuestro de tierras agrarias, y el consiguiente aumento en el precio de acceso a la tierra, se añade una falta de rigor en muchos de los estudios de impacto ambiental que impide evaluar de forma correcta su afección al medio, sobre todo cuando hablamos del efecto conjunto de los proyectos en una comarca. Además, la transformación del paisaje, la generación de ruido, la polución lumínica o el aumento del tráfico rodado en el campo asociados a estas industrias, son elementos que contribuyen a una desnaturalización del medio rural y erosiona su carácter esencial de interfaz entre lo humano y lo natural. 

Todos somos actores para un cambio necesario 

La desnaturalización del medio rural afecta principalmente a las zonas con mayor actividad agraria y forestal, con consecuencias negativas en la salud humana, en la salud de los ecosistemas y en la propia sostenibilidad de la actividad agraria y forestal. Una desnaturalización que, como hemos visto, tiene repercusiones negativas también en el medio urbano y en los espacios naturales. 

Se impone la necesidad de un cambio. La necesaria relación fraternal entre el ser humano y la naturaleza de la que forma parte no puede seguir siendo pervertida por los intereses económicos. En lo que se refiere al medio rural y la producción de alimentos, no puede seguir condicionada por las exigencias de un mercado voraz y especulativo, insensible a sus repercusiones sobre nuestra casa común y sobre nuestra propia salud. 

Es preciso que la reflexión sea transversal e implique a toda la sociedad, pues lo rural y lo urbano están estrechamente conectados y no se puede entender el uno sin el otro. La inmensa mayoría de los productos, tanto primarios como servicios, que ofrece el medio rural se destinan a los habitantes urbanos. El propio éxodo rural ha llevado a que, hoy en día, muchos propietarios de terrenos forestales o agrícolas vivan en el medio urbano, al tiempo que la población urbana se constituye en la necesaria cantera de la que podrá salir la futura población rural. La relación entre los productores rurales y los consumidores urbanos debe dejar de estar mediatizada por un mercado complejo, especulativo, y cuyo objetivo fundamental es el beneficio económico. Consumidores y productores deben ser capaces de establecer relaciones entre iguales basadas en el respeto de unos principios éticos compartidos, que incluyan el cuidado de la naturaleza, el respeto mutuo y la soberanía alimentaria. 

El aumento en la producción ecológica de alimentos es una buena noticia. Pero la certificación ecológica aborda únicamente un aspecto de lo que significa nuestra relación con la naturaleza. Necesitamos una visión más integral, como la que ofrece la agroecología, que la FAO define como “una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Como movimiento social, persigue papeles multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales”. ¿No es eso, justamente, lo que queremos para nuestro medio rural? 

Una de las formas de cortocircuitar las dinámicas negativas que crea el sistema de mercado imperante es ejerciendo consciente y responsablemente nuestro papel como personas consumidoras. La apuesta por los productos de cercanía, con precios justos, con ciclos de comercialización cortos, cultivados de manera respetuosa con el entorno y con las personas, es una excelente manera de fomentar y ayudar a sostener sistemas de producción respetuosos.  

Ya no vale acudir, sin más, a las ofertas del supermercado o a los productos de moda que apoyan modelos de producción intensivos, no respetan el entorno natural y expulsan a la población rural. Necesitamos un consumo consciente del poder transformador de elegir cada día alimentos cultivados y/o elaborados desde el respeto por el medio ambiente y por la salud de las personas, y dispuestos a pagar por ello un precio justo. Necesitamos consumir menos y consumir mejor.  

También necesitamos que las personas productoras se sientan interpeladas por la situación actual y quieran ser parte activa del cambio agroecológico. Su acción no puede seguir marcada únicamente por las exigencias del mercado o los condicionantes de la PAC. También el agricultor, el ganadero o el propietario forestal debe tener el coraje de incorporar principios éticos a su trabajo.  

El papel de las administraciones es fundamental en la transformación agroecológica. Aun siendo una minoría, son muchos (y cada vez más) los productores concienciados que apuestan por una producción respetuosa y responsable. Necesitan del apoyo de nuestras administraciones. No se puede pedir que sean supermujeres o superhombres quienes, luchando contra un sinfín de dificultades, representen la alternativa agroecológica. Es más, la agroecología debe dejar de ser una alternativa para ser la apuesta principal de las administraciones. La producción irresponsable e irrespetuosa de alimentos tiene que ser la excepción y no la regla. 

La PAC se debe enfocar en hacer accesible a la población europea alimentos que cumplan con estos criterios, en vez de financiar una industria excedentaria, insostenible e injusta. El clamor por una PAC que favorezca el cambio agroecológico, ha cristalizado en España en el movimiento Por Otra PAC, una coalición formada por 50 organizaciones de ganaderos y ganaderas extensivas, representantes de la producción ecológica, ONG ambientales, de desarrollo rural, expertos en nutrición y consumo, entre otros. Solo una sociedad civil concienciada y organizada puede hacer frente a la gran industria alimentaria. 

Las alianzas entre productores y el resto de la sociedad para caminar juntos bajo los principios éticos de la agroecología, se pueden concretar de muchas maneras, y muchas de ellas implican el establecimiento de redes de colaboración entre el medio rural y el urbano. Es importante insistir en la corresponsabilidad de la población urbana y rural para la consecución de un medio rural sostenible. Algunas de estas alianzas pueden ser: 

• La participación en cooperativas, grupos y tiendas de consumo responsable.  

• La revitalización de los mercados locales, donde los productores pueden vender sus productos directamente a los consumidores.  

• Compra verde pública: la administración pública debe aplicar criterios éticos a sus compras. 

• Acuerdos de custodia del territorio, entre entidades conservacionistas y productores, apoyándose mutuamente. El Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio agrupa la mayor parte de las entidades que trabajan en custodia del territorio en España y la custodia agraria es una de las líneas de trabajo con mayor trayectoria. 

En el huerto o jardín de casa puede ser una actividad fascinante descubrir la cantidad de seres vivos que pueden acoger y cómo las complejas relaciones que se establecen entre ellos favorecen dinámicas más estables, más resilientes y con mayor capacidad de autorregulación. Ahondar en el conocimiento de nuestro entorno nos hará disfrutar más de él y ser más sensibles a sus necesidades, en vez de estar en permanente guerra contra la naturaleza. Nos llevará a manejos de nuestro entorno más satisfactorios, menos trabajosos, más sanos. Podemos hacer este viaje acompañados, participando en colectivos agroecológicos (redes de intercambio de semillas, grupos de consumo, etc.), entidades naturalistas o estableciendo acuerdos de colaboración con entidades de custodia del territorio. 

Las decisiones afectan a un todo (Los espacios protegidos como oportunidad) 

En ocasiones, los valores ambientales de un territorio rural llevan a su inclusión en una figura de espacio natural protegido. Generalmente esto es fuente de conflictos y, de entrada, la población local suele oponerse. Es entendible: las administraciones, por lo general, explican poco, negocian menos y son muy torpes (cuando no, paradójicamente, abiertamente contrarias) a la hora de aplicar sus propias normativas ambientales y de entender el espíritu de las directivas europeas. 

La Red Natura 2000 europea, la mayor iniciativa de conservación de la biodiversidad en Europa y de la que forman parte la mayor parte de los espacios naturales españoles, parte de una realidad conocida: la práctica totalidad de los espacios naturales europeos son fruto de una larga interacción entre las poblaciones locales y la naturaleza, no existiendo prácticamente espacios que pudiésemos llamar primigenios o prístinos. Y reconoce también que la conservación de muchos hábitats y especies depende del mantenimiento de las actividades tradicionales, por lo que anima a apoyar estas actividades, reconocerlas y darles el valor (también económico) que merecen.  

La inclusión de un territorio en Red Natura 2000, debería ser visto, por tanto, como una estupenda oportunidad para afrontar, con un nuevo enfoque y con más medios, los retos que enfrenta, de por sí, cualquier territorio rural. La menguante población rural se gana la vida, cada vez más, con actividades relacionadas con la naturaleza, como el turismo rural, el ecoturismo o los deportes al aire libre. Un medio natural bien conservado es la base para la diversificación de la economía rural y, para conseguirlo, los distintos sectores productivos y las administraciones deben trabajar en complicidad bajo los mismos principios de sostenibilidad.  

Sin embargo, el desarrollo de estas figuras con demasiada frecuencia se pervierte por falta de compromiso o de valentía política, y se acaba limitando a la implantación de normativas coercitivas, dejando de lado el necesario apoyo al impulso de iniciativas que encajen con los criterios de respeto y sostenibilidad. Así, las limitaciones que acompañan la declaración de un espacio protegido, sin el acompañamiento de medidas de apoyo (que, o llegan mucho después que la normativa, o no llegan nunca), son vistas por muchos agricultores y ganaderos como la gota que colma el vaso de las injusticias hacia el mundo rural y se genera un sentimiento de rechazo hacia las políticas de conservación.  

Es necesario reconciliar a la población con las medidas de protección de la naturaleza y ello solo es posible si existe un compromiso sincero por parte de las administraciones con el desarrollo sostenible de los territorios incluidos en figuras de protección, y si el establecimiento de las mismas se realiza mediante procesos dialogados, didácticos, participativos, flexibles, mediados cuando sea necesario, y acompañados con dotaciones presupuestarias acordes con los retos que se asumen.  

En definitiva, un medio rural que apuesta por un desarrollo compatible con el cuidado de su naturaleza es un medio rural vivo e ilusionante que necesita manos y que es capaz de establecer alianzas fortalecedoras, dentro de sí mismo y con el medio urbano. Un medio que, a pesar de otras muchas dificultades, ofrece un proyecto atractivo y con futuro, capaz de incorporar personas que quieren formar parte de él.  

Referencias 

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Carrera i Carrera, J. y L. Puig. Hacia una ecología integral. 2017. Cuadernos Cristianisme i Justícia, nº 202. 

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Hernández, K. y García, K. Directo a tus hormonas, Residuos de plaguicidas en alimentos españoles. 2024. Ecologistas en Acción. 

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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Memoria Anual. 2022.  

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. “Extensión de los parques fotovoltaicos en España” Análisis y Prospectiva – Serie AgrInfo nº 37. NIPO:003190963. Catálogo de Publicaciones de la Administración General del estado: https://cpage.mpr.gob.es 

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Valbuena-Carabaña, M., López de Heredia, U., Fuentes-Utrilla, P., González-Doncel, I. y L. Gil. Historical and recent changes in the Spanish forests: A socio-economic process. 2010. Review of Palaeobotany and Palynology 162 (2010) 492–506. 

Enlaces 

Foro de Redes y entidades de Custodia del Territorio: https://www.frect.org/ 

Life en Conmmond Land: https://www.lifeincommonland.eu 

Por Otra PAC: https://porotrapac.org/ 

Número 18, 2024

Daniel Rodríguez de Blas, Comité Técnico de la Fundación FOESSA.

Ángeles, 35 años, vive con su hija Martina que acaba de cumplir los 4. Desde que terminó su proceso formativo en hostelería ha ido encadenando contratos temporales alternándolos con periodos de desempleo. 2023 fue un buen año porque estuvo casi todo el año trabajando con un único contrato que le brindaba ingresos suficientes, pero a principios de 2024 todo se torció y aún no ha conseguido encontrar un empleo que le permita conciliar. Durante los primeros meses cobró la prestación por desempleo y algún otro subsidió al que tenía derecho, pero después sus ingresos se quedaron en cero obligándolas a recurrir a entidades de solidaridad para mantener sus necesidades básicas.  

Aunque el de Ángeles y Martina es un caso inventado no es una historia alejada de la realidad ni ajena a las profesionales de Cáritas y muchas otras organizaciones que ejercen como entidades mediadoras para que las familias puedan acceder al IMV.  

El pasado 10 de abril la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) emitió su Tercera Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (i), afirmando que desde sus inicios, el IMV ha elevado el número de hogares protegidos por una prestación de último recurso y llega a colectivos muy vulnerables, pero hay margen para mejorar su diseño, despliegue y gestión (ii) 

Volviendo a nuestras ficticias, pero tan reales, Ángeles y Martina, puede ser que a pesar de atravesar graves dificultades económicas en el presente no hayan solicitado el IMV bien por desconocimiento, por verse ajenas al mundo de las prestaciones o por sentirse incapaces de tramitar solicitudes con tan alta carga de burocracia. No sería un caso aislado, la AIRef, en la mencionada publicación, afirma que en 2023 el 56% de los hogares elegibles para percibir el IMV no lo solicitaron. 

También pudiera ser que sí lo solicitasen, que asesoradas por alguna de las entidades mediadoras conociesen su derecho y decidiesen ejercer el mismo solicitando la citada prestación a lo largo de 2024. Y también pudiera ser que, dados los ingresos estables y suficientes declarados en 2023, se les denegase. Esta es otra de las deficiencias detectadas en el diseño y gestión del IMV; que para decidir la aprobación o no de un expediente se tienen en cuenta los datos económicos del ejercicio anterior por lo que pueden darse claras disonancias entre la situación económica del año anterior (buenos ingresos, en el ejemplo de nuestras Ángeles y Martina), la situación actual (ningún ingreso) y la decisión final de la Administración (denegar la solicitud).(iii)

Sea como fuere el caso de Ángeles y Martina, la AIReF nos deja claro en su publicación que el IMV alcanzó en 2023 al 36 % de sus potenciales beneficiarios. Es decir, que sólo han percibido la prestación poco más de un tercio del conjunto de las familias que, a priori, tendrían derecho al mismo. 

La propia AIReF en sus propuestas nos brinda dos claves que ayudarían a los cientos de miles de ángeles y martinas que viven en nuestro país, y de paso liberaría de buena y tediosa carga de trabajo a nuestras valiosas trabajadoras sociales.  

Por un lado, la AIReF esgrime la necesidad de que el IMV articule una reforma que permita la verificación de los requisitos económicos para el acceso y revisiones de la prestación utilizando datos más vinculados al presente (por ejemplo, las cotizaciones sociales) y de esta forma disminuir la frecuencia e importes de las revisiones y reembolsos y captar mejor las situaciones de pobreza sobrevenida. 

Pero esto no debería ser más que un camino hacia el objetivo último, una idea que también aparece en el escrito de la AIReF: acelerar la transformación hacia un modelo de gestión del conjunto de prestaciones no contributivas (IMV, CAPI, subsidios por desempleo, …) más automático y que se actúe de oficio. 

Y puestos a soñar, y soñando que las ángeles y martinas estén siempre en el centro de nuestros modelos de gestión e inclusión y que todas estas medidas sean útiles para facilitarles la vida y no para complicársela… En un momento histórico en el que la administración (Seguridad Social, Hacienda, etc.) cuenta con la inmensa mayoría de los datos de ingresos de la inmensa mayoría de la ciudadanía, ¿Por qué no se automatiza el acceso al IMV cuando se identifican casos de familias que cumplen con los requisitos? ¿Estamos tecnológicamente tan lejos de que el acceso al IMV sea tan sencillo como el acceso a una prestación por desempleo o una pensión por viudedad o se trata de un tema de voluntad política? 

Sea por unos motivos o por otros, el hecho de que el IMV en 2023 haya llegado sólo al 17% de los hogares en riesgo de pobreza (iv), datos también proporcionados por la AIReF, nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de implementar modificaciones en el diseño y la gestión de la prestación y la automatización, en pro de facilitar y ajustar las decisiones a las realidades que viven las familias en el presente (y no en el ejercicio anterior), debe ser una clave tenida muy en cuenta. 

Notas

i https://www.airef.es/wp-content/uploads/2024/07/IMV/Tercera-Opinion-del-IMV.-Julio-2024.pdf 

ii https://www.airef.es/es/noticias/la-airef-constata-que-el-ingreso-minimo-vital-sigue-mostrando- margenes–de-mejora/ 

iii Aunque el IMV contempla la posibilidad de que se tengan en cuenta los datos económicos actuales en aquellos supuestos en los que la situación de vulnerabilidad económica haya sobrevenido durante el año en curso (Artículo 11.5 Ley IMV), la realidad es que en 2023 sólo se han aprobado el 2% de los expedientes que han solicitado tener en cuenta los ingresos del año en curos. 

iv Teniendo en cuenta el umbral del 40% de la mediana. 

Número 18, 2024

José Luis Graus, equipo de desarrollo organizativo y responsable de voluntariado en Cáritas Española.

El libro El arte de ejercer la ciudadanía (2023), de los autores Carlos Berzosa, Emilio José Gómez Ciriano y Francisca Sauquillo, constituye una profunda reflexión sobre el estado actual de los derechos humanos y la ciudadanía en un contexto marcado por el neoliberalismo y sus implicaciones socioeconómicas. A través de un enfoque plural y colaborativo, el texto pretende aportar soluciones a la crisis mundial que atraviesa el ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos, al tiempo que llama a la acción colectiva y consciente. 

El prólogo, a cargo de Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO y presidente de la Fundación Cultura de la Paz, ofrece una visión histórica y ética sobre la importancia de la educación, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. Mayor Zaragoza destaca la necesidad de una ciudadanía global activa, comprometida con la igualdad y la dignidad humana, que se enfrente a las amenazas del autoritarismo, la desigualdad y el deterioro ambiental. Este marco introductorio posiciona al lector en la urgencia de repensar y actuar sobre los desafíos contemporáneos. 

El primer capítulo, escrito por Carlos Berzosa, profundiza en el contexto neoliberal, detallando cómo las políticas económicas globales han erosionado los derechos sociales y económicos. Berzosa ilustra cómo la crisis económica de 2008 exacerbó la desigualdad y debilitó el estado de bienestar, reduciendo las oportunidades para la mayoría de la población mundial de disfrutar plenamente de sus derechos humanos. 

Emilio José Gómez Ciriano, en el segundo capítulo, aborda la relación entre los derechos y la ciudadanía en un entorno cada vez más hostil y fragmentado. Reflexiona sobre los efectos nocivos de la meritocracia y el individualismo exacerbado que han deteriorado las relaciones comunitarias y la democracia participativa. Propone recuperar el sentido de comunidad a través de la solidaridad y la acción colectiva. 

El tercer capítulo, a cargo de Francisca Sauquillo, analiza los derechos humanos de cuarta generación, como el derecho a la identidad sexual, la memoria democrática y la muerte digna. Estos derechos emergen en un contexto donde las cuestiones éticas y sociales son cada vez más complejas, y requieren una reflexión profunda para garantizar la protección y la dignidad de todos los seres humanos. 

En resumen, El arte de ejercer la ciudadanía es una obra que invita a la reflexión crítica y el debate social en torno a los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía en tiempos convulsos. Los autores plantean propuestas que van más allá de la emotividad inmediata y promueven una transformación social basada en la solidaridad, la justicia y la participación activa. Este libro resulta fundamental para quienes deseen comprender las dinámicas actuales del poder, la política y los derechos, y para aquellos comprometidos en la construcción de un futuro más igualitario y democrático. 

De la lectura de El arte de ejercer la ciudadanía surgen varias propuestas concretas para abordar los desafíos sociales, políticos y económicos actuales desde una perspectiva que prioriza los derechos humanos y la participación activa de la ciudadanía. A continuación, se destacan las más relevantes:

1. Revalorización de los derechos sociales y económicos: Carlos Berzosa propone reforzar el Estado del bienestar y recuperar los derechos sociales que han sido mermados por el neoliberalismo. Plantea que, para ello, es necesario un modelo de desarrollo más equitativo que promueva la redistribución de la riqueza, a través de políticas fiscales progresivas y el fortalecimiento del sector público. Este enfoque aboga por que los Estados garanticen un nivel de vida digno para toda la población.

2. Recuperación del sentido comunitario: Emilio José Gómez Ciriano destaca la importancia de revitalizar la comunidad frente al individualismo exacerbado. Propone que se fomente una cultura de solidaridad y cooperación, basada en el respeto mutuo y el diálogo. Gómez Ciriano sugiere que el fortalecimiento de los vínculos comunitarios es esencial para enfrentar los efectos de la meritocracia y el aislamiento social, promovidos por el neoliberalismo.

3. Educación en derechos humanos: Tanto el prólogo de Federico Mayor Zaragoza como los capítulos de los otros autores insisten en la necesidad de una educación orientada a la ciudadanía global, que forme a individuos críticos, solidarios y comprometidos con la igualdad y la justicia. Proponen una educación integral que no solo incluya el conocimiento teórico, sino también la vivencia práctica de los derechos humanos, fomentando la participación y el compromiso ciudadano desde edades tempranas.

4. Protección de los derechos de cuarta generación: Francisca Sauquillo aboga por la protección y promoción de los derechos emergentes, como el derecho a la memoria democrática, la identidad sexual, la muerte digna y el acceso a un medio ambiente saludable. Estas propuestas incluyen la revisión de las legislaciones nacionales e internacionales para garantizar que estos derechos sean reconocidos y respetados en todo el mundo.

5. Fomento de la participación ciudadana activa: Se propone que la ciudadanía no sea meramente espectadora, sino que se convierta en protagonista activa de la gobernanza, tanto a nivel local como global. El libro aboga por crear mecanismos que favorezcan la implicación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, la lucha contra la corrupción, y la supervisión de las políticas públicas, con especial énfasis en los derechos humanos.

6. Lucha contra la desigualdad y la pobreza: Una de las propuestas clave es la necesidad de erradicar las enormes desigualdades económicas y sociales existentes, tanto entre países como dentro de ellos. El libro propone una acción global coordinada para reducir la brecha entre ricos y pobres, con medidas que incluyan reformas fiscales justas, redistribución de recursos, y políticas de desarrollo sostenible que promuevan el bienestar de las poblaciones más vulnerables.

7. Fortalecimiento del multilateralismo y las instituciones internacionales: Los autores sugieren que es fundamental revitalizar organismos internacionales como las Naciones Unidas para que puedan enfrentar los desafíos globales, desde los conflictos armados hasta el cambio climático. Además, proponen un rediseño del sistema multilateral que elimine las estructuras de poder dominadas por unos pocos países y promueva un enfoque más democrático y equitativo.

Estas propuestas subrayan la necesidad de un cambio estructural profundo, en el que la ciudadanía, bien informada y educada en derechos humanos, juegue un papel central en la transformación social hacia un mundo más justo y sostenible. 

Número 18, 2024