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Antropóloga, Ingeniera y Activista ecosocial
El Club de Roma advertía en 1972 sobre la inviabilidad del crecimiento indefinido de la población y sus consumos en un planeta con límites físicos. En 2019, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) advierte de que disponemos de doce años para mitigar el calentamiento global y limitar el alcance de la catástrofe global. De lo contrario, millones de personas estarán en peligro ante las crecientes sequías, inundaciones, incendios, hambrunas y pobreza.
La Agencia Internacional de la Energía en su último informe anual advierte que en 2025 será imposible satisfacer la demanda global de petróleo. El declive de la energía fósil y la crisis climática obligan a una transición del sector energético y del transporte hacia energías renovables. Ello implicará depender de otros minerales que también son finitos: cobalto, litio, níquel, cromo, molibdeno, plata, cobre, tántalo…
Hoy, la humanidad necesita un planeta y medio para vivir. La huella ecológica mide la superficie ecológicamente necesaria para producir los recursos consumidos por una persona media de una determinada comunidad humana, así como para absorber los residuos que genera. Esa superficie se dispara en lugares como Estados Unidos o Europa. Los países enriquecidos no viven con los recursos de sus propios territorios, sino con materias primas extraídas y productos manufacturados en otros lugares. En España, el 80% de la energía y 75% de los minerales utilizados proceden de América Latina y África, y los alimentos que consumimos requieren el doble del territorio nacional.
Si la valla que rodea el mundo rico, además de no permitir la entrada de personas migrantes no dejase entrar energía, alimento, pesca y materiales procedentes de los mismos países de estas personas, el mundo rico no podría sostenerse materialmente durante mucho tiempo. El capitalismo mundializado ha intensificado los mecanismos de apropiación de tierra, agua, energía, animales, minerales y explotación de trabajo humano. Instrumentos financieros, la deuda, compañías aseguradoras, y todo un conjunto de leyes y tratados internacionales que allanan el camino para que complejos entramados transnacionales, apoyados en gobiernos despojen a los pueblos, destruyan territorios, desmantelen las redes de protección pública y comunitaria que existan, y repriman las resistencias que surjan.
La vulnerabilidad económica también afecta al 32,6% de la población española. Casi un 30% de las familias emplean ahorros o piden dinero prestado para hacer frente a sus gastos. Se extreman las formas de explotación y los empleos precarios se convierten en una nueva normalidad.
Esta construcción política, ecocida e injusta cuenta con amplio consenso, no solo de los sectores conservadores sino también de la socialdemocracia. La racionalidad económica considera que las vidas y los territorios importan solo en función del valor añadido que produzcan.
En medio de estas turbulencias se produce un repunte significativo de opciones políticas que enarbolan un discurso xenófobo, misógino, histriónico y agresivo que buscan desviar la mirada del proceso de desposesión y expulsión que estamos viviendo. Unas opciones políticas y un discurso que pretenden mantener el orden mediante el miedo, la desconfianza y el ejercicio del poder contra el último.
¿Cómo hacer para garantizar las condiciones de vida para todas las personas? ¿Cómo afrontar la reducción del tamaño material de la economía de la forma menos dolorosa? ¿Qué modelo de producción y consumo es viable para no expulsar masivamente seres vivos? ¿Cómo mantener vínculos de solidaridad y apoyo mutuo que frenen las guerras entre pobres, vacunen de la xenofobia y del repliegue patriarcal?
Desde el ecologismo social creemos fundamental la reorganización de la economía, el ajuste a los límites físicos de los territorios y el acceso garantizado, sobre todo de alimentos, energía y agua. Esta relocalización de la economía, aprender a vivir con los recursos cercanos, es fundamental para frenar la expulsión de personas de sus territorios y garantizar su derecho a permanecer en ellos – teniendo en cuenta que una parte de los desplazamientos forzosos ya será inevitable y que tenemos la obligación de organizarnos para acoger a aquellos con los que hemos contraído una deuda ecológica y no tienen dónde volver. Adoptar principios de suficiencia, equitativos y justos, es condición necesaria para la solidaridad dentro y fuera de nuestras fronteras.