El análisis de las condiciones de vida y los niveles de integración y exclusión social tras la pandemia, nos permite concluir que uno de los retos que tenemos por delante como sociedad es repensar y adaptar los servicios sociales a nuevas realidades y necesidades sociales.
Por un lado, tenemos enormes desafíos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerables y la integración de la población inmigrante. Por otro, la magnitud y diversidad de las situaciones de exclusión severa no solo demandan una mayor intervención por parte de los servicios sociales, sino un continuo proceso de adaptación, tanto del modelo de trabajo social como del modelo de organización.
Recordamos que, en los países industrializados, se designan por servicios sociales, el conjunto de instituciones, servicios y programas públicos, comunitarios y acción solidaria que buscan la prevención, readaptación y protección social de las personas, familias, grupos o colectivos para asegurar su bienestar y favorecer su autonomía de manera temporal o crónica.
En otras palabras, los servicios sociales buscan ayudar a la ciudadanía a conseguir condiciones de vida digna en un entorno saludable de convivencia, es decir una integración que además de cubrir las cuestiones materiales, tienen que buscar también la participación y el ejercicio de los derechos de ciudadanía.
Después de cada crisis, viene un momento de oportunidad para preguntarse sobre las fortalezas y debilidades estructurales de nuestro país, en particular en materia de protección y lucha contra pobreza y las desigualdades. En este caso, la experiencia y peculiaridad de lo vivido con la pandemia, nos presenta una nueva oportunidad para repensar los servicios sociales y restablecer el trabajo de proximidad y comunitario.
Las consecuencias económicas y sociales de la COVID-19 han significado una nueva amenaza de fractura en nuestra sociedad, haciendo emerger nuevas problemáticas o consolidarse otras que ya eran latentes en el periodo previo a la crisis sanitaria que también precisan de una intervención integral y ajustada.
De nuevo se comprueba como el empleo por sí sólo no puede garantizar la integración social. Los datos de la EINSFOESSA 2021 revelan la proporción especialmente elevada de empleos precarios e inestables y el consecuente aumento del fenómeno de los trabajadores pobres; o bien la persistencia de niveles altos de empleos irregulares, y las dificultades para salir del desempleo, entre otros motivos, por la cronificación del desempleo de larga duración.
Además, otros factores de fragilidad son de corte sociológico, como es la evolución de las estructuras familiares; en concreto el aumento continuo del número de hogares pequeños, en particular los hogares monoparentales; o son socioeconómicos, en especial la carga cada vez mayor de los costos de vivienda y de suministros en el presupuesto de los hogares. El modelo de todos propietarios que aún era la norma ya no funciona; así asistimos a un bloqueo de los itinerarios vitales – especialmente traumático entre los más jóvenes que se ven negado su proceso de emancipación, y alimenta un sentimiento de degradación y precariedad vital.
Por último, la pandemia y la crisis asociada también han pasado su factura en las relaciones sociales, que han sufrido desgaste y debilitamiento. Tensando y erosionando las redes familiares y comunitarias de apoyo mutuo, lo que ha generado en muchos casos un aumento de los problemas de aislamiento social y el recrudecimiento de problemáticas de salud mental.
Las experiencias inéditas asociadas a los periodos de confinamientos y en general el distanciamiento social han hecho más necesario que nunca el volver a vincularnos, a conectar con la comunidad. En este contexto, abogamos por repensar el trabajo social para (re)valorizar su labor esencial en la lucha contra la pobreza y la creación de oportunidades para facilitar el acceso a los derechos.
Esto debe pasar, por un lado, por el fortalecimiento de los servicios sociales en términos de recursos, y por otro, por formar a los profesionales de lo social haciendo hincapié en el desarrollo de las prácticas de ir hacia, que deben constituir el nuevo modelo de trabajo social, y en el trabajo social colectivo. De manera más amplia, se plantea restaurar la proximidad de los servicios sociales a las personas destinatarias, lo que pasaría por la reducción de las distancias no solo físicas sino también simbólicas entre las partes.
En definitiva, el campo de los servicios sociales y la solidaridad están ante una encrucijada capital: ser continuistas, es decir atrapados en las inercias del presente, o ser un vector de cambio y motor de innovación para proteger y promover el acceso de todas las personas a sus derechos.
El debate ya se ha iniciado…