Fernando Fantova, consultor social

Puedes encontrar Fernando Fantova en Twitter.

En este artículo se desarrolla una breve reflexión sobre la situación y perspectivas de los servicios sociales en España, intentando dilucidar en qué medida lo que se requiere, a partir de dicha situación, es un aumento de recursos, un mayor desarrollo y mejora de la calidad de sus procesos, un cambio de rumbo o giro estratégico o, más bien, una reconfiguración radical.

Introducción

En este artículo se desarrolla una breve reflexión sobre la situación y perspectivas de los servicios sociales en España, intentando dilucidar en qué medida lo que se requiere, a partir de dicha situación, es un aumento de recursos, un mayor desarrollo y mejora de la calidad de sus procesos, un cambio de rumbo o giro estratégico o, más bien, una reconfiguración radical.

El autor se basará en su conocimiento directo del mundo de los servicios sociales a través del trabajo de consultoría y del indirecto a través de la bibliografía. Partiendo de una mirada sobre la trayectoria de los servicios sociales en España y pasando por una lectura del cambio social en el que estaríamos inmersas en este país y su entorno, analizaríamos la encrucijada en la que se encuentran inmersos nuestros servicios sociales para desembocar en un intento de respuesta a la pregunta que da título al artículo.

La trayectoria de los servicios sociales españoles

En España los servicios sociales son configurados como ámbito de actividad, fundamentalmente, por el sector público. Ello no quiere decir que no haya servicios sociales privados o solidarios, pero normalmente son identificados como servicios sociales por su similitud y conexión con servicios sociales públicos. En este artículo, por tanto, hablaremos de los servicios sociales entendiéndolos como un ámbito de actividad (unos servicios sociales, por tanto, que pueden ser o no ser públicos) pero siendo conscientes de la centralidad o relevancia del sector público en dicho ámbito de actividad (en su configuración a lo largo de la historia y en su actual funcionamiento en nuestro país).

La referencia fundamental, hoy y aquí, para identificar el ámbito o delimitar el perímetro de los servicios sociales es, sin duda, la de las leyes de servicios sociales (como denominación predominante) de las comunidades autónomas y las estructuras previstas en ellas y en su normativa de desarrollo. Hay que notar, sin embargo, que las comunidades autónomas legislan sobre servicios sociales apoyándose, fundamentalmente, en la competencia exclusiva sobre asistencia social que les reconoce la Constitución Española, materia que quedó así nombrada tras la aprobación de la enmienda que evitó que se incorporara el término beneficencia (Casado y Fantova, 2018).

Resumiendo mucho la trayectoria de los servicios sociales españoles, diríamos que, en general, se configuraron y se configuran como dispositivos para dar respuesta a situaciones excepcionales de afectación o deterioro de un bien que hoy llamaríamos inclusión social. Es decir, básicamente, los servicios sociales (y recordemos que hablamos, sobre todo, de servicios de responsabilidad pública) son servicios que atienden a las personas que se encuentran en (o se aproximan a) una zona de exclusión social o, dicho de otra manera, de limitada participación en las transacciones de todo tipo que permiten a las personas dar satisfacción a sus necesidades (en su caso, ejercer sus derechos).

Así planteados, lógicamente, los servicios sociales se formatean en función del modelo de inclusión social existente en la sociedad de referencia. ¿Por qué en la configuración de nuestros servicios sociales ha sido y es tan importante la identificación de determinados colectivos poblacionales destinatarios? Pues sencillamente porque esos segmentos de población son identificados en función de características o situaciones que los excluyen de los mecanismos predominantes mediante los que se produce o verifica la inclusión social en un determinado modelo de inclusión social (Laparra, 2022).

A pesar de que, en principio, podrían haberse producido trayectorias diferentes en las distintas comunidades autónomas españolas desde que éstas tomaron la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, hay dos opciones estructurantes de los entramados de servicios sociales de responsabilidad pública que son bastante comunes en todo el país. Una es la división de los servicios, básicamente, en dos niveles, con atribución de responsabilidades a distintas instituciones públicas, de suerte que, en los servicios sociales se mantiene una fuerte responsabilidad tanto de las entidades locales como de las comunidades autónomas (sin que podamos entrar ahora en más detalles o matices). La otra es la de que la mayor parte de los servicios que reciben finalmente las personas usuarias o destinatarias se prestan por parte de organizaciones solidarias o empresas privadas, aunque una parte importante de la financiación y otras funciones que los sostienen sean realizadas por instituciones públicas. (Mora y De Lorenzo, 2022).

Este posicionamiento y estructuración de los servicios sociales en España ha convertido a esta rama de actividad en una buena candidata para hacerse cargo de problemas sociales emergentes, pero, a la vez, ha facilitado y sigue facilitando las situaciones de ambigüedad y confusión en relación con la identificación del objeto y perímetro de los servicios sociales. Diríamos que ha resultado característica de los servicios sociales una tensión estructural entre su versatilidad vocacional para hacerse cargo de nuevas realidades o situaciones que pudieran conducir a determinadas personas a la exclusión social y la voluntad técnica y política de construir unos servicios sociales universales, es decir, unos servicios sociales públicos que lleguen a ser considerados por parte de una mayoría de la población como el mecanismo de referencia para la satisfacción de determinadas necesidades (como ya sucede en España, al menos, en áreas de necesidad y ámbitos de actividad importantes relacionados con la salud, la educación o la garantía de ingresos para la subsistencia material).

Se diría que el producto estrella (el más reconocible) que ofrecen los servicios sociales más próximos o locales es el de un kit de recursos o prestaciones dentro del cual el ingrediente más relevante, demandado y reconocido es el dinero para cubrir gastos de subsistencia material. En cuanto a los servicios sociales denominados especializados, que se estructuran más bien en función de perfiles, segmentos o colectivos poblacionales preestablecidos, el producto estrella (el más posicionado y el que consume más recursos) sería el de una atención integral (institución total) que tiende a incluir el ingrediente del alojamiento colectivo (Burns y otras, 2016).

El cambio social que estamos viviendo y los nuevos perfiles de la exclusión social

No resulta fácil para las gentes que viven un momento histórico determinado en un preciso lugar desvelar y comprender las situaciones y acontecimientos que protagonizan o en las que están inmersas. Hay procesos que pasan desapercibidos y que posteriormente son identificados como relevantes (Polanyi, 2016). Resulta más fácil listar tendencias que sopesar la fuerza de cada una y la manera en la que se entrelazan. Y es notablemente difícil establecer relaciones causales entre fenómenos (Hirschman, 2020).

El relato (la selección y articulación de circunstancias o devenires) por el que se opta aquí sería por el que estaríamos viviendo una situación en la que se cuartea un determinado modelo de inclusión social sin que se vea con claridad hacia dónde nos dirigimos. Elementos vertebradores o fundamentales de ese modelo que vemos agrietarse (y a veces desmoronarse) serían el empleo estable con relaciones laborales mediadas por los agentes sociales, la familia patriarcal y relativamente extensa embebida en comunidades homogéneas y operativas y una protección social notablemente contributiva que cubre grandes contingencias relativamente previsibles. Se diría que, tanto por sus éxitos como por sus fracasos, tanto por sus consecuencias buscadas como por las no deseadas, ese modelo de inclusión social parece presentar y generar crecientes disfunciones en un contexto (Nel.lo, 2021) en el que se presentan y entremezclan situaciones de extralimitación, escasez, globalización, profesionalización, financiarización, digitalización, longevidad, diversidad, individualización, desvinculación, movilidad, precariedad, segregación, alienación y polarización (sin que resulte posible extenderse en este momento sobre cada uno de estos fenómenos y la manera en que interactúan) (Pérez Orozco y Lopez Gil, 2011).

Estos procesos de cambio social son también procesos de cambio en las situaciones y dinámicas de exclusión social. Se percibe una diversificación de perfiles de exclusión social y la creciente dificultad para abordarla y no digamos para prevenirla. En España en estos momentos, en números redondos, un 25% de la población se encuentra en una situación de exclusión social (según el indicador denominado AROPE), pudiendo cifrarse en un 5% las situaciones de severidad y gravedad, y, por los estudios hechos en este siglo, sabemos que en este período se enquista la exclusión social y la desigualdad aumenta, sobre todo porque las personas pobres se hacen más pobres. Por el lado de arriba, solo un tercio de la población, aproximadamente, estaría por encima de la renta media, de modo que se percibe la hace tiempo descrita sociedad de los tres tercios, en la que las franjas que no están en exclusión social pero que están cerca se sienten (con razón) inseguras, saben que no están tan lejos de esa situación, se saben poco protegidas frente al riesgo de caer en una situación de exclusión social (Wright, 2018). Lo que se está observando en nuestra economía (en buena medida, directa o indirectamente, por la digitalización) es que las rentas del capital crecen más que las rentas del trabajo. Es el denominado efecto Mateo: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. En esta economía se incrementa la probabilidad de que quien disfruta de bienes (vivienda, papeles, empleo, ahorros, relaciones, pensión, conocimiento, Internet u otros) obtenga todavía más y, sin embargo, quien carece de ellos, lo tenga todavía más difícil. Por eso se dice que en nuestra sociedad se ha averiado el ascensor social (Gómez y Vidal, 2019).

Además es una sociedad más compleja, en la que se incrementan los mecanismos de inclusión y exclusión, las oportunidades y las amenazas. Esa es una de las razones por las que hablamos de la diversificación (e incluso sofisticación) de los perfiles de la exclusión social y la mayor aparición de factores de exclusión relacionados con la situación administrativa, con la vivienda, con los cuidados, con las competencias y recursos digitales, con la soledad u otros (además de los más tradicionales como el dinero, el empleo o la familia). Sigue siendo claro, en todo caso, el sesgo de género y de origen. En este tipo de sociedad que estamos construyendo, la fragmentación o desvinculación social (incluyendo la segregación territorial) dificulta formas anteriores de generación de comunidad o solidaridad y más bien se facilitan comportamientos del tipo sálvese quien pueda, por rechazo hacia las personas excluidas de las que otras se sienten distantes o precisamente por el miedo que se mete a que puedan acabar como ellas (Buesa y Cantero,2022).

Por último, la pandemia que se inicia en 2020 ha representado una disrupción global de la vida y ha generado respuestas excepcionales desde diferentes ámbitos (y, todo ello, consecuencias de diversa índole) y no es fácil saber en qué medida forma parte de una cadena de acontecimientos junto a otros anteriores y posteriores de carácter financiero, ambiental, económico, militar u otros que pueden considerarse convulsiones sistémicas o, dicho de otro modo, manifestaciones del agotamiento de equilibrios o fórmulas de funcionamiento social o colapsos de mayor o menor alcance de unos determinados modos de vida (Aguilar y Fantova, 2022).

La encrucijada en la que se encuentran nuestros servicios sociales: manifestaciones y lecturas

En estas complejas y turbulentas circunstancias el posicionamiento tradicional de los servicios sociales se torna mortal de necesidad, puesto que el número creciente de las personas que acuden a ellos en busca de alguna o varias de las prestaciones o apoyos incluidos en su oferta (desde alimentos a cuidados, desde dinero a alojamiento) ya no conforman aquellos contingentes limitados y perfilados previstos en su momento, sino que presentan una creciente multiplicidad mucho más compleja de situaciones y expectativas. Cantidad, intensidad, complejidad y diversidad que tensa los servicios sociales, inmersos en un intento cada día más baldío y frustrante de diseñar, desarrollar, combinar y escalar las especializaciones requeridas por la realidad y la integración que necesita cualquier sistema funcional. Es más, se diría que las que en otro momento fueron soluciones se convierten en problemas:

• La polivalencia y capacidad de combinar diferentes recursos hace que muchas personas acudan a los servicios sociales esperando prestaciones y apoyos que estos son incapaces de proporcionarles, incluso aunque se aumente el personal y la financiación (o precisamente por eso, en la medida en que los incrementos de recursos pueden generar más expectativas y más demanda, sin necesariamente aumentar tanto la capacidad de respuesta).
• Las reglas de funcionamiento y normas jurídicas previstas para aportar garantías y eficiencia en la atención a las personas parecen adentrarnos cada vez más en laberintos burocráticos más densos y opacos.
• La informatización y digitalización llamada a simplificar las tareas administrativas y hacer transparente la información parecen convertirse en una nueva barrera generadora de exclusión y amenazadora fuente de control.
• La proximidad a las personas destinatarias, seña de identidad fundamental en los servicios sociales, genera fricciones y malestares crecientes en ambas partes (incluso maltrato y violencia), en un contexto en el que vulnerabilidades, precariedades, recursos y capacidades se reparten de forma más amenazante y aleatoria en los dos lados de la mesa.
• El trabajo en red, la coordinación e integración entre diferentes agentes, tantas veces reclamada y alabada, parece hacer cada vez más intrincados e impracticables los itinerarios para las personas trabajadoras y usuarias. La multiplicación de agentes y aproximaciones, de responsabilidades y conocimientos parece tornarse inmanejable y fragmentadora (Subirats, 2020).

En comunidades económicas, políticas, morales y sociales relativamente estables y delimitadas en las que resultasen ser pocos, sencillos y manejables los colectivos que se acercaban a (o se instalaban en) la zona de exclusión social, podía tener ciertos visos de eficacia y eficiencia un dispositivo como los servicios sociales que hemos descrito. Sin embargo, en la sociedad que estamos describiendo el encargo tradicional de los servicios sociales se convierte en una misión imposible y los intentos de cumplirla en un mecanismo de más de lo mismo que, paradójicamente agrava la situación más que arreglarla. Ello parece suceder por una combinación de tres fenómenos, situaciones o tendencias:

• El incremento de la cantidad, intensidad y complejidad de las situaciones de exclusión social que desborda la capacidad instalada en los servicios sociales.
• El hecho de que personas de más capas sociales acudan a los servicios sociales con demandas específicas entendidas como derechos (a los cuidados, al alojamiento, a la subsistencia y más), que añade más presión.
• El hecho de que factores de protección que anteriormente se daban por supuestos o naturales (en la familia, la comunidad, el territorio, por ejemplo) se están fragilizando, lo que genera de nuevo más demanda y más acuciante.

¿Qué hacer?

En una situación como la que hemos analizado, es posible que puedan tener efectos beneficiosos incrementos de recursos (reforzamiento), mejoras de la calidad (perfeccionamiento) o cambios estratégicos (transformación), pero no sería descartable que tuviéramos delante un reto de reinvención de los servicios sociales, es decir, no podemos descartar que los servicios sociales se encuentren ante una disyuntiva existencial que puede llevarlos a su desintegración como ámbito de actividad o a una mutación en su naturaleza (deliberada, voluntaria y conducida o no). Esta perspectiva es plausible si hacemos un repaso de asignaturas claramente pendientes en relación con el diseño y despliegue de nuestros servicios sociales (como se verá, interconectadas entre sí):

• La cuestión del objeto de los servicios sociales, es decir, de su finalidad definitoria, de la parcela de necesidades de las personas a las que dan respuesta, del perímetro de las actividades características, de su finalidad. Si se mantiene, bajo la denominación que sea, la prevención y abordaje de la exclusión social o se opta por otro objeto (como podría ser la interacción, entendida como el ajuste dinámico entre la autonomía funcional de las personas para las decisiones y actividades de la vida diaria o sus relaciones primarias de carácter familiar y comunitario).
• El debate sobre si, dentro del ámbito sectorial de los servicios sociales, se opta por la centralidad de un sistema público universal y (básicamente) gratuito, tal como se ha hecho en nuestro entorno en otras ramas de actividad.
• La identificación, diseño, desarrollo y acotación del contenido prestacional (cuidados, apoyos, tecnologías e intervenciones) de los servicios sociales y su grado de profesionalización, estandarización e industrialización.
• Las decisiones estratégicas y procedimentales sobre qué hacer con encargos, cometidos, prestaciones o estructuras que podría ser conveniente dejar de tener en los servicios sociales (por ejemplo, el fragmento residual de la política de garantía de ingresos para la subsistencia material que sigue bajo la responsabilidad de los servicios sociales).
• El desafío de la integración vertical de los servicios sociales, es decir, de una mayor unidad de gestión y continuidad de la atención de la oferta (masa crítica) de servicios sociales ahora escindida entre los dos niveles antes mencionados.
• La ineludible digitalización de los procesos operativos, de gestión y de gobierno, ahora muy incipiente.
• El diseño, implementación y evaluación de los procesos y estructuras de integración horizontal intersectorial entre los servicios sociales y otras ramas de actividad, tales como los servicios de salud, educación, vivienda, empleo, garantía de ingresos y otras, con el fin de hacer más eficientes los itinerarios de las personas y los flujos de información entre ámbitos de actividad.
• El debate acerca de si estructurar las políticas referidas a colectivos poblacionales (por señas de identidad de género, generacional, funcional o cultural) o a la relación entre colectivos poblacionales (intergeneracional, intercultural u otras) como políticas transversales que, en la proximidad territorial, pudieran encontrar su incardinación en la acción comunitaria, entendida como instrumento para la convivencia en diversidad, la coproducción solidaria y la gobernanza participativa (Maino, 2021).
• Definir la naturaleza, finalidades y fórmulas de relación entre el sector público y las organizaciones solidarias de base comunitaria y la posibilidad de sinergias entre el sistema de políticas profesionalizadas e institucionalizadas y el mundo de la ayuda mutua y voluntaria entre personas en la vida diaria y cotidiana en los vecindarios y el espacio público, de modo que el ejercicio de la autoridad pública y la intervención técnica no socave sino que fortalezca los apoyos que las personas nos proporcionamos en claves de solidaridad y en las economías del procomún colaborativo (Fernández de Casadevante y otras, 2022).
• La posibilidad de ensamblar las políticas sectoriales y transversales en un modelo integrado, ligero, flexible y homogéneo (similar en los diferentes niveles) de gobernanza multinivel intersectorial e interseccional de las políticas sociales, de modo que las instituciones públicas y el conjunto de agentes puedan ofrecer respuestas más ágiles y pertinentes.

Los retos y planteamientos de diseño, reforzamiento, desarrollo, evaluación, mejora, reorientación y escalado de políticas de servicios sociales basados en el conocimiento y la innovación, en la medida en que se realizan en contextos de riesgo o situación de saturación y colapso de diferentes subsistemas de la vida social, parecen, finalmente, dejarnos ante disyuntivas existenciales y, eventualmente, oportunidades de reinvención más radical. No parecen de recibo (en lo técnico, en lo económico y en lo político) meras estrategias de crecimiento inercial y acumulativo, sino que es el momento de impulsar el emprendimiento, la experimentación, la deliberación y, finalmente, el riesgo de la reinvención.

La reinvención de esta rama de actividad, en todo caso, se apoyaría en la existencia de áreas de conocimiento, actividades profesionales y organizaciones de servicios realmente existentes que llenan de contenido los derechos que se garantizan y las estructuras públicas que se configuran, estructuras que seguramente, hoy y aquí, han de impulsar, precisa y especialmente, la gestión del conocimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo profesional en los servicios sociales.

La propuesta de reinvención no es fácil y la situación actual, aunque dura para muchas personas trabajadoras y usuarias de los servicios sociales, genera sus propios mecanismos de justificación, legitimación y perpetuación. La atención paternalista, patriarcal y total sigue teniendo personas que la practican y la defienden. Todo proceso de cambio (y más si es más radical) genera oposición, muchas veces prudente y justificada. Sin embargo, en la situación de pandemia, ha habido lugares donde se han operado cambios ambiciosos en aspectos fundamentales del funcionamiento de los servicios sociales, demostrando que son posibles.

Bibliografía

AGUILAR, Manuel y FANTOVA, Fernando (2022): “Los servicios sociales españoles ante la pandemia” en AYALA, Luis y otros (coordinación): Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España. Madrid, Fundación FOESSA, páginas 165-186.

BUESA, Sara y CANTERO, Boni (2022): “La demanda de la ciudadanía a los servicios sociales” en FUNDACIÓN EGUÍA CAREAGA (edición): Servicios sociales y vulnerabilidad frente a la pandemia. Donostia, páginas 49-69.

BURNS, Diana y otras (2016): Where does the money go? Financialised chains and the crisis in residential care. Manchester, CRESC.

CASADO, Demetrio y FANTOVA, Fernando (2018): “Los sistemas de bienestar en España: evolución y naturaleza” en Documentación Social, número 186, páginas 55-80.

FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE, José Luis y otras (2022): Solidaridades de proximidad. Ayuda mutua y cuidados ante la covid-19. Madrid, Tangente.

GÓMEZ, Pedro José y VIDAL, Fernando (2019): “La gran desvinculación” en FERNÁNDEZ-MAÍLLO, Guillermo (coordinación): VIII informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid, Fundación FOESSA, páginas 33-98.

HIRSCHMAN, Albert (2020): La retórica reaccionaria. Perversidad, futilidad y riesgo. Madrid, Clave intelectual.

LAPARRA, Miguel (2022): “Un análisis para orientar las políticas de inclusión/activación a partir del conocimiento de los sectores excluidos” en AYALA, Luis y otros (coordinación): Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España. Madrid, Fundación FOESSA, páginas 165-186.

MAINO, Franca (2021): “Mercato, terzo settore e comunitá per il ritorno di lo stato soziale. ” en MAINO, Franca (cuidado): Il ritorno dello stato soziale? Mercato, terzo settore e comunità oltre la pandemia. Torino, Giappiccelli páginas 345-353.

MORA, Sebastián y DE LORENZO, Francisco (2022): “Hibridación relacional del tercer sector de acción social en la última década. Entre la movilización y las redes vecinales-comunitarias” en CIRIEC, número 103, páginas 171-196.

NEL.LO, Oriol (2021): “Acción colectiva y políticas públicas frente a la segregación y sus efectos” en NEL.LO, Oriol (edición): Efecto barrio. Segregación residencial, desigualdad social y políticas urbanas en las grandes ciudades ibéricas. Valencia, Tirant Humanidades, páginas 385-395.

PÉREZ OROZCO, Amaia y LÓPEZ GIL, Silvia (2011): Desigualdades a flor de piel: cadenas globales de cuidados. Madrid, ONU Mujeres.

POLANY, Karl (2016): La gran transformación. Crítica del liberalismo económico. Barcelona, Virus.

SUBIRATS, Joan (2020): “Dilemas y conflictos del cambio de época. Politizar el cambio tecnológico” en GOMÀ, Ricard y UBASART, Gemma (coordinación): Vidas en transición. (Re)construir la ciudadanía social. Madrid, Tecnos, páginas 42-57.

WRIGHT, Eric Olin (2018): Comprender las clases sociales. Barcelona, Akal.

Número 11, 2022

Pedro Fuentes Rey, equipo de Estudios de Cáritas Española

El artículo plantea una reflexión sobre la realidad de los servicios sociales contextualizada en la teoría del Estado del bienestar. Señala los retos para convertir los servicios sociales en el pilar de bienestar que la realidad reclama, y propone caminos para avanzar en la construcción del mismo.

1. Los servicios sociales en el marco del Estado del bienestar

En la tradición política europea se habla de los pilares del Estado del bienestar, entendiendo por tales un conjunto de sistemas que tienen por misión la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Cada uno de los pilares constituyen un sistema, es decir cuenta con unos recursos humanos y materiales reconocibles y coordinados entre sí, con un objeto claro y unos procedimientos de funcionamiento; que resultan accesibles de manera gratuita al conjunto de la población con independencia de su nivel de renta. De esta comprensión surge el siguiente esquema:

Pero conviene no confundir lo diseñado con lo realmente construido. En España, la realidad de este modelo se parece más a este otro esquema,

En él vemos cómo, con todo lo de mejorables que puedan tener, solamente podemos hablar de sistema si lo hacemos en el pilar de la salud y en el de la educación. En el resto hay actuaciones más o menos deslavazadas y más o menos contundentes, pero en todo caso lejos de constituir un sistema.

Centrándonos en el pilar de los servicios sociales (SS), y de manera muy sintética, hoy está gestionando el subsistema de dependencia; la parte del pilar de garantía de rentas que tiene que ver con la población más vulnerable (rentas autonómicas y ayudas de emergencia) y una serie de programas de intervención que se subdividen entre lo que se articula desde los servicios de base, que son puerta de entrada al sistema y triaje,  gestores de programas poblacionales (juventud, personas mayores, infancia, familias…) gestionados desde los municipios. Y los servicios sociales especializados que abordan otro tipo de situaciones que requieren mayor especialización (personas con situaciones de drogodependencia, personas sin hogar, personas con discapacidad…) generalmente gestionadas desde las comunidades autónomas.

Empezamos con esta contextualización en lo teórico y en lo real para que nuestro discurso posterior ni se quede en esbozar propuestas bonitas pero que de lejanas constituyan el proyecto de los servicios sociales del S.XXII, ni lo haga en proponer medidas de tan corta visión que solo retoquen lo construido en el S.XX.

2. ¿Hablamos de un pilar o de una viga?

Si miramos la realidad de lo construido, nos encontramos con la evidencia de que los SS son hoy más una viga que un pilar. Son el coche escoba que intenta paliar las peores consecuencias de las ineficiencias de los demás, y de las ausencias de acción de los pilares de existencia teórica.

La ciudadanía, que sabe ver lo que realmente está ocurriendo, tiene una imagen de los SS como un servicio especializado para pobres, y en tanto esto es así, no es algo que tenga que ver con la media, ni con el interés general.

Los diversos actores políticos, que también leen la realidad, no colocan el tema de los SS en las agendas de acción. La historia de las democracias liberales muestra con claridad que los pobres no votan, y que las propuestas dirigidas a ese sector de la población, en ocasiones restan votos.

Así, en principio, mantener los SS como servicio para pobres, es garantía de que estos continúen siendo un pobre servicio.

Apostar por construir los SS como pilar pasa necesariamente por dotarlos de contenido de carácter universal, cuestión esta que precisa de una definición de su objeto de acción. Este asunto ha generado abundante literatura especializada, con propuestas diversas, pero sin haber logrado un consenso lo suficientemente amplio como para constituir la base de un nuevo modelo.

La ley de dependencia, y su incardinación en el marco de los SS, abre una muy interesante posibilidad para dotar de ese carácter universal a los SS. Una sociedad envejecida precisa de desarrollo de servicios de atención a la dependencia para todas las personas, la vejez no entiende de clases sociales, si bien afecta de manera diferente según en la que estés.

Tirar de ese hilo y abrir el concepto de dependencia mucho más de lo que la actual legislación hace podría convertirse en un buen camino. La dependencia no es un asunto que tenga que ver solamente con las personas mayores, ni las situaciones que hacen a alguien dependiente tienen solo que ver con la salud o lo fisiológico.

3. La universal fragilidad de lo humano

Nada está aislado, nada es independiente de todo lo demás, todo está interrelacionado, es más depende de esas relaciones. Nacemos vulnerables y dependientes. A lo largo de la vida nadie está exento de riesgos vitales de mayor o menor severidad, y si todo transcurre según lo esperable, terminaremos nuestros días de nuevo vulnerables y dependientes. Somos seres con necesidad de cuidados y con la capacidad de procurarlos. Una imagen diametralmente opuesta a aquella que nos dibuja como seres autosuficientes, reflejada en aquel axioma de yo me he hecho a mí mismo, y no le debo nada a nadie.

Vivir debería significar desarrollarse de manera integral para ir siendo lo más importante que podemos llegar a ser: Personas. Ir transitando por las diversas etapas del crecer, disfrutando a tope de las posibilidades de cada una de ellas que incluyen, pero no se agotan en la preparación para la siguiente.

Así las capacidades para una adecuada autogestión del grado de libertad posible son diferentes y existen otras situaciones que requieren de ayuda. La pobreza es una de ellas, todo el entramado de circunstancias que provocan la exclusión social también.

Especialmente significativas son las realidades que tienen que ver con la ausencia o la escasez de vínculos relacionales, de carácter personal y comunitario. Caminamos hacia un modelo social que está debilitando los lazos comunitarios. Una sociedad colmena en la que los individuos son solo funcionales al conjunto. Zánganos reproductores (en nuestro caso zánganas) y abejas obreras dedicadas a la producción, que al perder su rol funcional pierden su razón de existir.

Una sociedad colmena no necesita comunidad, pero una sociedad humana no lo es sin ella. Permítasenos contar la historia de Benjamina, una niña que sufría craneosinotosis, una deformación congénita del cráneo que provoca, entre otras muchas cosas, graves dificultades motoras y cognitivas. Benjamina murió con 10 años de edad, cuidada hasta donde supieron por sus seres cercanos. Una historia, cuyo interés fundamental se centra en su fecha. Estos acontecimientos ocurrieron hace 530.000 años, en la sierra de Atapuerca.

Como esta, la paleontología ha encontrado numerosas evidencias de fósiles cuya supervivencia hubiera resultado imposible sin cuidados, por parte de su comunidad. Parece entonces que esto de los vínculos comunitarios no es ni más ni menos que uno de los elementos base del proceso de humanización, aún sin que el fin de estos cuidados fuera la reproducción funcional de mano de obra. Benjamina, y esto debía ser obvio para todos, nunca recolectaría ni cazaría.

Por estos lares de las vulnerabilidades humanas que dificultan o impiden la autogestión de la propia vida y la generación de los necesarios vínculos comunitario andan los mimbres con los que construir un sistema universal de servicios sociales.

4. ¿Es estable el edificio?

Una vez visto un esbozo de lo que sería una apuesta por hacer de los SS un pilar más del estado del bienestar, necesitamos dar un paso más. Hablar de un pilar de manera aislada puede ser practico, pero nos da una mirada insuficiente.

Cabe preguntarse si resulta posible hacer de los SS un nuevo pilar sin hablar de los demás. Y nos respondemos que claramente no. En una buena parte, la transversalización, o conversión en viga, que los SS han ido experimentando se debe a las deficiencias y a las inexistencias de los demás.

Lo que sostiene un determinado edificio son las relaciones adecuadas entre los elementos sustentadores y los sustentados. De poco sirve inspeccionar un solo pilar si el objetivo es vigilar la seguridad real de un edificio.

El sistema sanitario ha de eliminar las barreras reales que dificultan el acceso de determinadas personas a aquello que tiene desarrollado (por ejemplo, las zonas rurales) y ampliara su cartera de prestaciones en temas tan serios como la salud bucodental, la salud mental o lo relacionado con la visión. Y el sistema educativo debe ocuparse de compensar las dificultades de acceso al éxito académico de todos y cada uno de los participantes, y desarrollar, universalizándolas, las etapas tempranas de la educación.

La garantía de rentas ha de construirse como pilar, en primer lugar, formulándose como derecho subjetivo, que no lo está. Ha de intentar aglutinarse, y estructurarse como sistema pasando de la actual dispersión y yuxtaposición de prestaciones, a veces descoordinadas o en competencia a un modelo integral que responda al objetivo de garantizar el derecho a una renta protectora, con suficiencia e intensidad. A la par que libere a los agentes de otros pilares de las tareas de gestión de prestaciones.

De igual manera, pero con mucha más contundencia y urgencia, es necesario construir el pilar de la vivienda. El derecho a la misma es hoy una mera declaración de intenciones que exige sacar su satisfacción de la órbita del mercado mediante la creación de un parque público de viviendas en alquiler, suficiente para dejar al mercado lo que es del mercado, que resulta incapaz por si solo de garantizar este derecho.

Con estos elementos activados, y probablemente otros que faltan por enumerar, el rol de coche escoba que hoy tienen asignado de facto los SS deja de tener sentido y espacio. Pero sin ellos seguirá siendo precisa esa viga, que tan solo apuntala el edificio ayudando a que no se caiga, pero que se ubica al margen de la lógica de los derechos, que ha de ser imperante en una sociedad que se quiera llamar a si misma decente.

5. La transición necesaria

Terminamos con una reflexión de proximidad. Evidentemente todo lo relatado hasta ahora exige un proceso legislativo, de acción política e institucional imposible en el corto plazo, pero inviable si no se planifica y se comienza a dar los pasos necesarios. Es necesario saber dónde queremos llegar, para hacer que el camino tenga sentido y para orientar las acciones en el corto plazo. Para intentar evitar que lo posible para ya, profundice en las razones que impiden llegar a donde aspiramos.

Desarrollar lo que hay que hacer para emprender esta transición trasciende las posibilidades de este artículo. Nos conformamos con plantear una propuesta modesta que, no obstante, creemos tiene un potencial experimental del que tirar para ese camino más ambicioso.

Empecemos por los territorios concretos, por los barrios y pueblos donde hay, de una manera o de otra, un espacio de servicios sociales, un colegio y un centro de atención primaria. Asignemos a los primeros un rol transversal de coordinación de los tres espacios en los que se concreta la arquitectura real de los pilares que hoy tenemos, y construyamos un programa de coordinación de la acción, de detección de carencias y de prevención de situaciones de exclusión de los derechos.

Y empecemos a caminar.

Número 11, 2022

José Ignacio Santás García. Trabajador social, colegiado 4076

Consejero técnico – Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Puedes encontrar a José Ignacio Santás en Twitter y en la web www.pasionporeltrabajosocial.com

Los Servicios Sociales se encuentran en un momento histórico para el abordaje de lo comunitario, con un replanteamiento de su objeto y funciones: una oportunidad para liderar su papel vertebrador en cuanto a la acción social en los territorios.

1. Introducción

Los Servicios Sociales nacieron con el objetivo de superar el marco de la beneficencia del periodo predemocrático y, por tanto, de implementar un modelo de actuación preventiva y comunitaria. Sin embargo, el desarrollo incrementalista de recursos y prestaciones relegó el mandato de lo Comunitario a un segundo plano o, más bien, a ser un tema en continua procrastinación en muchos casos sin que éste haya desaparecido del encargo institucional ni de la narrativa de sus principios rectores.

El actual replanteamiento de los Servicios Sociales a lo largo y ancho de nuestro país exige una reflexión sobre el papel de los mismos en la sociedad y volver a poner sobre la mesa lo que podemos llamar trabajo comunitario.

Este es el objetivo del presente artículo, que abordará cuestiones, retos y propuestas de relevancia desde los Servicios Sociales locales en el contexto de un ya adentrado siglo XXI, postpandémico y global.

2. ¿Es lo comunitario COMPETENCIA de los Servicios Sociales?

Los Servicios Sociales son uno de los sectores que más ha evolucionado en los últimos 50 años.

Partiendo de un marco de beneficencia y protagonismo de la iniciativa privada, nacieron, prácticamente, con la Constitución de 1978, donde, si bien no son nombrados de manera expresa (salvo en el Art. 50, relacionándolos con la tercera edad), se deja entrever en un gran número de artículos la necesidad de la existencia de algo parecido a lo que hoy denominamos Servicios Sociales para conseguir el bienestar de determinados colectivos (Capítulo III, del Título I) como es el caso de la discapacidad o la familia.

El Art. 148.20 menciona, entre las competencias exclusivas que pueden asumir las Comunidades Autónomas, la Asistencia Social, dando pie a que éstas asuman, primero a través de sus Estatutos y después en las respectivas Leyes Autonómicas de Servicios Sociales (aprobadas a partir de 1982), el encargo de desarrollar los Servicios Sociales.

Es en este momento donde cada una contempló los principios, actuaciones y prestaciones, entre las cuales es prácticamente generalizada la asunción de funciones comunitarias a desarrollar por los Servicios Sociales con diversas descripciones, como el Desarrollo de programas comunitarios para la promoción social de individuos y grupos de población[1]en la Comunidad de Madrid o Promover la participación de la comunidad en la resolución de las necesidades sociales susceptibles de ser atendidas en el marco de los servicios sociales[2] en el caso del País Vasco.

Así, en la construcción de los Servicios Sociales, se impulsó durante un breve periodo de nuestra historia (los años 80), lo que se denominó Desarrollo Comunitario, definido como aquellos procesos de transformación social que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan un determinado territorio (barrio, distrito, municipio…) a través del empoderamiento de las mismas (Rubio J.A., 2016: 287), terminología que se irá dejando a un lado, por considerarse como una propuesta excesivamente politizada (…), siendo sustituida por un nuevo enunciado, más técnico y aséptico: la intervención comunitaria (Jaraiz A.G., 2012: 116).

Posteriormente, y a pesar de las definiciones sobre funciones comunitarias en las normativas correspondientes aprobadas en dicha década, su desarrollo, de manera general, no llegó a formalizarse mediante reglamentación y marcos normativos que garantizasen su ejecución.

La implementación de las diferentes leyes de Servicios Sociales (sin desarrollo normativo suficiente), y la fragmentación interadministrativa entre los tres niveles (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales), unida a un crecimiento rápido y desordenado (Santás G.J.I.,2020), produjeron que los Servicios Sociales se centraran en la cobertura de necesidades básicas y de cuidados, en detrimento de las funciones vinculadas a lo comunitario.

Sin embargo, nuestra sociedad, en el natural anhelo del cultivo de lo relacional, está asistiendo (de manera inversamente proporcional a este abandono de lo comunitario por parte de los Servicios Sociales) a un florecimiento de este campo en otros sectores, como el de la Cultura, Educación o Sanidad, que no solo realizan acciones aisladas de acción comunitaria, sino que también van adoptando esa función en sus normativas, y recogen, cada vez más, nomenclaturas como sociocomunitario, socioeducativo, o sociosanitario entre las denominaciones de sus dispositivos, lo cual no sólo evidencia el objeto de los mismos sino, también, una declaración de intenciones entre las que se encuentra la dedicación a la intervención comunitaria.

Por todo ello, podemos concluir que lo Comunitario SI es competencia de los Servicios Sociales, aunque de manera no exclusiva.

3. ¿Es lo comunitario OBJETO de los Servicios Sociales?

Como se ha mencionado, nuestros Servicios Sociales crecieron en un escasamente consolidado marco jurídico-constitucional, de manera rápida y desordenada, y siempre fragmentados por la territorialización y la dispersión competencial: en definitiva, el contexto ideal para una gran indefinición de los mismos.

Fruto de ello, el objeto de los Servicios Sociales nunca ha sido definido claramente y, tan solo desde hace unos pocos años, existe cierto consenso sobre todo en el sector profesional (no siempre correspondido por el encargo normativo o social -frecuentemente atribuido a la prestación de cobertura de subsistencia o de ciertos cuidados-) que vincula el mismo a favorecer la autonomía funcional y la integración relacional. De esta forma, la interacción pasa a ser central en lo que tiene que ver con los Servicios Sociales, siendo entendida como el desenvolvimiento autónomo de las personas en su vida diaria en el seno de relaciones familiares y comunitarias (Fantova 2017).

Por tanto, si adoptamos esta definición del objeto, los Servicios Sociales deberían regular, proporcionar y dirigir recursos para promover la autonomía funcional (capacidad interdependiente para el desenvolvimiento cotidiano) y la integración relacional de las personas (soporte recíproco y vinculación activa familiar y, en general, comunitaria, (Fantova 2016)), por lo que podemos indicar que lo comunitario SI forma parte del objeto de los Servicios Sociales.

4. La acción social comunitaria: el Tercer Sector y la iniciativa social

En el recorrido histórico ya realizado, se puede comprobar que los Servicios Sociales públicos nacen con la democracia, y por tanto con posterioridad a lo que hoy denominamos Tercer Sector e iniciativa social organizada, y con una provisión de recursos de carácter mixto y variable según sectores, entre lo público y lo privado (con y sin ánimo de lucro), es decir: de manera muy diferente al sanitario.

Por ello, la iniciativa social (en mayor o menor medida organizada), ha dedicado buena parte de su desarrollo a la acción social en los territorios cuando llega la implantación de los Servicios Sociales, lo cual impide fundamentar el liderazgo de lo público desde lo cronológico y obliga a enfocarlo desde la necesidad de establecer un trabajo en red como base para la dinamización e intervención comunitaria.

Pero, si bien es preciso reconocer que se han desarrollado experiencias realmente exitosas de intervención comunitaria en entornos concretos (frecuentemente asociado a la búsqueda de mejoras de barrios desfavorecidos), es obligado indicar que, de manera general, puede hablarse de una escasez de relevancia funcional de lo comunitario como un espacio propio de los Servicios Sociales, con un escaso desarrollo sistemático, incluso, del trabajo en red.

Y, así, llega el año 2020 con una inesperada pandemia por la COVID19: una situación excepcional en el que se puso en evidencia la falta de coordinación entre agentes en el territorio en algunos casos, y, de manera general la necesidad de que los Servicios Sociales tomen las riendas de la acción social en el entorno comunitario así como encontrar sistemas de coordinación estables entre la iniciativa social, tercer sector de acción social, y los propios Servicios Sociales públicos para la cobertura no solo de las necesidades más perentorias, sino para el tratamiento de las problemáticas sociales de manera coordinada y eficiente.

En cuanto a las diferentes respuestas de solidaridad espontánea (como se demuestra en cada una de las crisis humanitarias –COVID-19, Filomena, o la invasión de Ucrania-), marcan que, tal y como señala Santos (2022) el compromiso solidario, el ejercicio en realidad de la solidaridad, exige racionalidad, análisis, compromiso a largo plazo, aceptar que pueden producirse consecuencias inesperadas de las que tenemos que hacernos responsables, reflexión sobre uno mismo y lo que le rodea, estabilidad, estructuras y, sobre todo, organización colectiva. Por tanto, cobra mayor fuerza la necesidad de contar con un liderazgo comunitario de la acción social por parte unos Servicios Sociales locales con capacidad para liderar una organización de la solidaridad que implique grandes recursos, procedimientos técnicos complejos, personal cualificado, etc. Por lo tanto, es necesaria una perspectiva y una práctica integradoras de los distintos planos de la solidaridad, que abarquen sus diversas formas y escalas, y su interrelación (Nogués, L., y García-Giráldez, T., 2014.) y aportar criterios y estructuras de coordinación y colaboración en los territorios: con la comunidad.

Por tanto, podemos decir que la pandemia ha producido un shock en el que los Servicios Sociales han sentido la necesidad -y, a la vez, oportunidad- de reinventarse, y se han encontrado de bruces con, nuevamente, el mandato comunitario para lo que éstos deben conocer y reconocer el papel de los diferentes agentes (tanto la iniciativa social, como el tercer sector de acción social), así como el dinamismo y flexibilidad que comporta el trabajo conjunto.

Por ello, los Servicios Sociales, competentes y oportunos para ello, deben organizar sus modelos de desarrollo en favor de la intervención social en un sentido amplio: individual-familiar, grupal y comunitaria, autoorganizando sus efectivos y dinámicas de manera que pueda desempeñar el mandato de la cobertura de necesidades individuales-familiares vinculadas con la autonomía, sin abandonar la otra pata de su objeto: lo relacional.

5. Construcción de unos Servicios Sociales Generales Comunitarios

El actual marco de coberturas (tras la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia[3] y, posteriormente, del Ley del Ingreso Mínimo Vital[4]), ha supuesto una estatalización de determinadas coberturas que anteriormente eran prestadas por los Servicios Sociales Generales o de Atención social Primaria, produciendo la movilización de buena parte de la carga relativa a la gestión de prestaciones y, por tanto poniendo sobre la mesa la necesidad de que la acción social local sea definida.

Por todo ello, y unido a lo descrito en el punto anterior, los Servicios Sociales tienen delante de sí una redefinición no sólo de sus recursos, sino de las funciones que deben desarrollar. Es, por tanto, necesario abordar la naturaleza de unos Servicios Sociales en la definición ya asumida de su objeto, estableciendo sistemáticas y marcos normativos que consoliden el papel de los mismos en la comunidad.

Este mandato es especialmente relevante en el caso de los Servicios Sociales de primer nivel (conocidos como Generales, Comunitarios, de Base, o de Atención Social Primaria) haciendo preciso establecer planes comunitarios liderados por los Servicios Sociales con la participación de otros agentes comunitarios, tanto de la misma y otras administraciones, como de la iniciativa social y el tercer sector y no solo acotados en aquellos barrios desfavorecidos, sino de manera general.

6. Los Servicios Sociales Especializados y su inserción en la comunidad

Cuando hablamos de Servicios Sociales no nos referimos únicamente a los denominados generales.

Desde la publicación de las diversas normativas autonómicas, en la práctica totalidad de ellas, se ha dividido los Servicios Sociales entre unos aquellos de primer nivel, enclavados en los territorios y dirigidos a la generalidad de la población (con distintas denominaciones: Generales, de Atención Social Primaria, de Base, e incluso Comunitarios) y los de segundo nivel, dirigidos a colectivos específicos (también denominados especializados), y sin vocación inicial comunitaria.

Este esquema, herencia de los sistemas de protección social, producían, también por influencia de la fragmentación competencial (a veces dependen de instancias superiores a lo local), por un lado, una concepción de los mismos desterritorializada y desconectada de los Servicios Sociales Generales. Por ende, favoreciendo un desarraigo de sus participantes respecto a los espacios de referencia (a los cuales, en muchos casos, estaban destinados a volver), dejando de lado la parte interactivo-relacional de la persona usuaria, e incluso del propio dispositivo en el entorno en el que se encuentra inserto.

El trabajo comunitario desde los Servicios Sociales debe incluir el objetivo de dotar a todos los servicios específicos o especializados de un enfoque comunitario.

7. La cuestión del Territorio

Cuando hablamos de trabajo con la comunidad es preciso reconocer que el contexto local/municipal proporciona un ámbito privilegiado para revitalizar la participación y la democracia, ya que es el ente más descentralizado, cercano. La participación ciudadana constituye un campo que sobrepasa al de la acción social, pero ésta conforma una pieza clave de la misma. Es, por tanto, con un enfoque de cercanía, desde donde lo municipal puede ejercer mayores desarrollos de dinamización de lo comunitario, acorde a una ciudadanía que reclama una nueva forma de gobernar y de relación e influencia reciproca y continua entre administración local y ciudadanía (Pastor S.E., 2010).

A partir de ahí, nos encontramos con diversas dificultades asociadas a la partición geográfica del territorio, entre otras:

• Realidades que se encuentran localizadas solapando varias unidades territoriales: varios distritos, municipios e incluso sometidas a competencias superiores: diputaciones, CCAA. Tal es el caso, por ejemplo de asentamientos como Cañada Real (Comunidad de Madrid).
• Distribuciones territoriales dentro de las propias administraciones (distritos y unidades básicas de salud, por ejemplo) que no responden a las lógicas comunes (barrios): servicios que puedan llevar población de diversas secciones censales alejadas entre sí o grandes territorios sin adaptarse a lógicas de menor alcance espacial.
• Diferencias dentro de los propios barrios donde existen realidades diferentes. La propia división por barrios administrativos, con frecuencia, incluye realidades históricas, sociodemográficas e incluso sentidas muy diferentes. Por ejemplo, el caso de Chueca en el barrio de Justicia (Madrid) o las Unidades Vecinales de absorción de Hortaleza (Barrio de Pinar del Rey) o Vallecas (Barrio de Santa Eugenia).

Para ello, es necesario encontrar abordajes desde la intervención social comunitaria: por un lado, establecer planes comunes interadministrativos con enfoque comunitario en los primeros casos, organizar los recursos y servicios desde un enfoque territorial siguiendo patrones territorializados en los segundos y establecer planes específicos comunitarios para zonas concretas que reúnan características determinantes en el tercer caso.

8. Puesta en marcha de prácticas institucionales y profesionales con enfoque comunitario en Servicios Sociales Generales / Atención Social Primaria.

Los Servicios Sociales de Atención Social Primaria deben potenciar su enfoque comunitario, como parte de sus funciones, a través de diversas acciones:

En primer lugar, es necesario generar espacios de interacción: reunir, agrupar, conectar (Santás G,J.I, 2022). Cuando la ciudadanía comprenda que no solo se atiende al individuo, sino que hay un enfoque colectivo, descubrirá la dimensión comunitaria de los Servicios Sociales. Para ello, es oportuna la realización de grupos informativos abiertos periódicos, jornadas de puertas abiertas, difusión de su acción en multicanal o abrir los Centros (con espacios polivalentes) al conjunto de agentes comunitarios, entre otras.

En segundo lugar, deben generarse espacios de intervención grupal: la ciudadanía debe encontrar, también, en los Servicios Sociales, un lugar donde compartir y construir de manera colectiva (y con apoyo profesional) la solución a sus dificultades, mediante grupos socioterapéuticos, talleres y grupos de apoyo mutuo, por ejemplo.

En tercer lugar: los Servicios Sociales deben expandir su presencia en el territorio: atender en centros diferentes al habitual cuando las condiciones lo requieran, ofrecer sesiones informativas para entidades e instituciones del entorno o incluso la realización de visitas domiciliarias con una perspectiva territorial donde se visita a todo un vecindario y no sólo a aquel cuya situación debe valorarse (visitas por bloques (Santás G.J.I., 2008)), son ejemplos de prácticas de tipo comunitario posibles.

9. ¿Y la comunidad virtual?

El territorio físico no lo es todo. En la Sociedad de la Información y el Conocimiento (caracterizada por el uso y distribución de la información como elemento clave en las acciones económicas, sociales, políticas y culturales) tratar la comunidad únicamente desde la cercanía física y geolocalización, hoy, es insuficiente.

La comunidad virtual está caracterizada por nuevas formas de interacción, estructuración y organización a través de redes de comunicación (Internet) que superan los conceptos de espacio y tiempo, creando redes de pertenencia desterritorializadas y asíncronas, donde las generaciones más jóvenes identifican en lo virtual elementos que, antes de vivir el actual desarrollo tecnológico, hubiéramos entendido como comunidad: sentimiento de pertenencia a grupos de interés en los que se encuentra inmerso, perfiles a quienes sigue, o redes sociales en las que participa.

Fruto de ello es que la ciudadanía de menor edad, cada vez más digitalizada, y buena parte de la ciudadanía (al menos en grandes ciudades) puede llegar a desconocer el nombre del barrio administrativo al que pertenece, incluso el distrito (más en aquellos sin un fuerte sentimiento identitario) pero sí identificarse como perteneciente a una comunidad virtual.

Por otro lado, es evidente, que unos Servicios Sociales cuyo objeto pivota en lo relacional, no pueden pasar por alto que el uso de las TIC son un elemento diferenciador capaz de aumentar el capital relacional de las personas, de tal modo que la globalización del conocimiento incorpora tendencias diametralmente opuestas: siendo a la vez fuente de desigualdades, también ofrece enormes oportunidades para luchar contra las mismas.

Es por tanto crucial que, cuando hablamos de trabajo con la comunidad, abordemos la dimensión virtual, y no solo realizando campañas o presencia en las diversas redes sociales, sino facilitando la participación y la transparencia, la inclusión de la ciudadanía y construyendo entornos colaborativos entre instituciones, próximas territorialmente o, evidentemente, situadas en el universo virtual.

10. Conclusiones

La comunidad es el espacio natural y competencial propio de los Servicios Sociales. Unos Servicios Sociales que han priorizado la cobertura de necesidades básicas y de cuidados familiares pero que, con la ampliación de derechos ciudadanos y las experiencias vividas en situaciones de crisis, deben abordar de manera urgente la reorganización de sus recursos para apropiarse del liderazgo del trabajo con la comunidad en la que se encuentran inmersos.

Para ello, es necesario poner en el centro a la persona y al entorno en el que ésta se relaciona de manera central, asumiendo que la interacción es la esencia de los mismos y elaborando planes de acción comunitaria en colaboración con los agentes y ciudadanía del territorio, físico y virtual.

Es necesario, tras las experiencias vividas, hacerlo desde el desarrollo de marcos normativos y modelos que permitan la consolidación de la intervención comunitaria para que no quede, como ya pasó, en algo efímero o localizado: formando parte del hardware de los Servicios Sociales y las comunidades en que se encuentran insertos.

Bibliografía

Fantova Azcoaga, F. Servicios sociales: objeto propio y atención integrada. En: https://lleiengel.cat/wp-content/uploads/2017/04/Fantova.abr17.Servicios-sociales-objeto-propio.pdf

Fantova Azcoaga, F . Crisis de los cuidados y servicios sociales. En Zerbitzuan nº 60, pag 47-62.: http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Zerbitzuan60.pdf .2016

Gutiérrez Resa, A. El plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Espala (Once años del Plan Concertado) en REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 93 (p 89-132). 2001. https://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_093_06.pdf

Jaraíz Arroyo, G. (1). La «dimensión comunitaria" en Servicios Sociales. Una aproximación a su tratamiento en barrios vulnerables. Cuadernos de Trabajo Social, 25(1), 113-124. https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/38438 (2012)

Nogués, L., y García-Giráldez, T. Seducidos por lo común. En Trabajo Social Hoy, 73, 43-62. https://www.trabajosocialhoy.com/revista/14/numero-73/revista-tsh-73  (2014).

Pastor Seller, E. Trabajo Social comunitario, participacion y calidad democratica local. Dimensiones de análisis e intervención para intensificar la participación. En Servicios Sociales y Política Social, Dossier, n 91 págs. 9-26 Trabajo Social Comunitario.

https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/revista_digital/publicas/no_91_trabajo_social_comunitario/ (2010)

Rubio, J. A. A vueltas con el desarrollo comunitario: características, reflexiones y retos. Cuadernos de Trabajo Social, nº 19, 287 – 295. En https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0606110287A (2006)

Santás García JI. Mesa redonda 18N: Por un modelo de Servicios Sociales que implique a la ciudadanía  https://observatorioinclusion.wordpress.com/2022/01/17/mesa-redonda-18n-por-un-modelo-de-servicios-sociales-que-implique-a-la-ciudadania  (2022)

Santás García, JI. (2008) No soy el del gas, soy tu trabajador social. En https://pasionporeltrabajosocial.com/no-soy-el-del-gas-soy-tu-trabajador-social/  (2008)

Santás García, JI. Apuntes para la mejora de los servicios sociales locales tras el COVID-19: impacto sobre algunos retos previos. En Documentación Social.  https://documentacionsocial.es/5/a-fondo/apuntes-para-la-mejora-de-los-servicios-sociales-locales-tras-el-covid-19-impacto-sobre-algunos-retos-previos (2020)

Santos Martín, J. El caos Solidaridad Líquida.  en El Periódico de Aragón :8/4/22 en https://www.elperiodicodearagon.com/opinion/2022/04/08/caos-solidaridad-liquida-64786896.html (2022)

Subirats, J. (dir.). Los Servicios Sociales de Atención Primaria ante el cambio social. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. https://sid-inico.usal.es/idocs/F8/FDO22996/los_servicios_sociales_de_atencion_primaria_ante_el_cambio.pdf (2007)

[1] Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

[2] Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

[3] Ley Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21007

[4] Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21007

Número 11, 2022