Marina Sánchez-Sierra Ramos. Técnico del Equipo de Estudios de Cáritas Española y miembro del Equipo Técnico de FOESSA
Puedes encontrar a Marina Sánchez-Sierra en Twitter.
En ocasiones nos encontramos con que los ámbitos de la investigación y de la intervención encuentran un muro invisible que les separa, que les hace no reconocerse mutuamente en la tarea del otro. Este alejamiento no es propio de las disciplinas en sí, sino de las personas que las aplicamos que, volcadas en las tareas del día a día, en el trabajo que hemos de sacar adelante, olvidamos –sin querer– aprovechar el potencial y el conocimiento que escucharnos y mirarnos mutuamente puede ofrecernos. Pero no se trata de lo que nos ofrece a nosotros a nivel intelectual o profesional, sino de las mejoras que podemos incluir en nuestro hacer y saber hacer que, en definitiva, en el tercer sector en general y en Cáritas en particular, se orientan a mejorar la vida de quienes viven en condiciones más precarias.
Se investiga al servicio de la acción social y así la intervención queda fundamentada en el análisis de la realidad y no en la ocurrencia o el voluntarismo, sin que por ello la investigación pierda su objetividad y su autonomía. De lo contrario, corremos el riesgo de hacer un uso instrumental de la investigación, viciándola desde el inicio al buscar unos resultados concretos que corroboren nuestras hipótesis y refuercen nuestra estrategia de intervención.
Y lo que aquí nos proponemos es presentar algunos de los beneficios que la investigación puede ofrecer a la intervención para que los equipos de trabajo puedan iniciar un diálogo que sirva a nuestra misión.
En primer lugar, si el objetivo de la organización es más grande que ella, que no quiere satisfacerse a sí misma, sino acompañar a las personas en situaciones difíciles, la investigación y la mirada que ofrecemos a la realidad social debe estar al servicio de estas personas y sus problemáticas. Y desde el conocimiento de la realidad será que nuestra intervención se ajustará a lo que ya existe para construir lo que queremos que sea. Es decir, pasaremos a construir desde los materiales de los que disponemos, y no desde las expectativas que organizaciones y participantes puedan tener. Es un camino conjunto: sin saber de dónde partimos no podemos comenzar a construir, pero tampoco podemos hacerlo sin saber qué queremos lograr. Por tanto, el primer beneficio que podemos lograr es el ajuste entre la realidad existente y los objetivos de intervención planteados.
Es más, la investigación ayuda a la priorización de problemáticas y objetivos. Lo equipos de intervención son buenos conocedores de la realidad, pero necesitamos ampliar esa mirada, que se dirige a un determinado espacio o problemática, y situarla en el conjunto social. Y esto nos lo permite la investigación, el análisis, desde una mirada que sale de la realidad para observarla desde fuera buscando la mayor objetividad posible.
Y en esa mirada amplia, también podemos descubrir nuevos fenómenos que están afectando a las personas con las que trabajamos y de los que aún no somos conscientes desde la intervención. Puede tratarse de nuevas problemáticas, pero también podemos observar tendencias, atisbar hacia dónde nos dirigimos como sociedad, y qué impactos puede tener en determinados colectivos, para así generar respuestas que permitan mitigar o prevenir los efectos negativos que aquellas puedan tener.
En cuanto a efectos, la investigación también nos permite analizar las consecuencias, esperadas o no, de la intervención. A los indicadores que nos dicen si hemos cumplido con los objetivos que la intervención se proponía, la investigación puede sumar otros efectos positivos y negativos que la intervención ha podido tener, tanto en la población beneficiada por la intervención como en su entorno. De este modo podremos hacer los cambios necesarios en el diseño de la intervención para optimizarla. Es decir, la investigación nos ayuda a la mejora de la intervención.
En este sentido, la investigación a priori sobre las personas en situación de exclusión, sus necesidades, visión del mundo, cómo y dónde se perciben socialmente, su consciencia o no de ser sujetos de derechos, así como averiguaciones sobre una cuestión concreta, dan una valiosa información para diseñar la intervención según las necesidades, preferencias y subjetividad del colectivo beneficiario, lo que estará incidiendo de dos formas: una implicación de las personas que participarán desde antes de que se produzca la intervención, y una adecuación de objetivos y tareas no solo a la realidad objetiva, numérica, de un hecho, sino a la subjetividad de las personas, facilitando un mayor éxito de las actuaciones que se desarrollen.
En esta línea, será posible también un mejor aprovechamiento de los recursos, esto es, una mayor eficiencia, pues trabajaremos conociendo la realidad desde la que incidimos, lo que hace que podamos enfocar mejor nuestra acción.
Además de todo lo anterior, en el proceso de investigación no hay valoración ni consecuencias sobre lo que las personas expresan, y eso permite una apertura diferente, más subjetiva, donde no hay expectativas por parte de quien investiga ni de quien participa en la investigación. En la intervención, sin embargo, la conversación y la relación que se establece tiene un objetivo concreto, que no siempre tiene por qué ser el mismo para las personas trabajadora y participante. La investigación se convierte en una herramienta más para la intervención, ubicándola en un marco más amplio, más abstracto, y a la vez, al mirar desde más lejos, podemos comprender mejor lo específico. Como en una imagen en la que ves un niño desamparado que llora en un suelo de tierra, al que quieres ayudar y tender tu mano, pero al ver el resto de la imagen ves que está en un parque, con su padre tendiéndole los brazos, y a su madre caminando hacia él con una botella de agua. La investigación nos ayuda a ver y comprender esa parte que la foto manipulada nos oculta.
Todo esto debe hacerse, eso sí, teniendo claro el lugar de la organización y su objetivo para no terminar convirtiéndola en un mero generador de datos que se olvide de incidir sobre la realidad y solo la analice desde la distancia. El análisis debe guiar nuestra estrategia de incidencia social o política, no al revés.
Para todo ello es necesario también tener en cuenta algunos aspectos que faciliten una relación sinérgica entre estas disciplinas. La investigación debe utilizar, para trasladar sus resultados, un lenguaje adecuado. Sin él, los agentes de intervención se alejan de los resultados del esfuerzo investigativo. Para ello es necesaria la pedagogía, dotar a dichos agentes de los instrumentos necesarios para que puedan trasladar y aplicar el análisis de la realidad a la intervención sobre la misma. Por último, en el ámbito social no puede reducirse todo a la cuantificación, sino que es preciso combinar fuentes e indicadores cuantitativos con cualitativos, esto es, con información narrativa que nos ayuda a conocer la subjetividad de las personas (sentimientos, motivaciones, deseos, etc.).
Por tanto, la investigación y la intervención no son dos caras de una dualidad, sino dos maneras complementarias de mirar la realidad. La investigación también ha de escuchar a los profesionales de la intervención porque conocen la realidad de primera mano, saben qué está ocurriendo y también ven tendencias de evolución social. En lugar de pensar en ellas como disciplinas independientes, debemos comenzar a enfocarnos en la manera en que pueden verse fortalecidas mutuamente, y aprovechar ese impulso para seguir trabajando por la dignidad de las personas.
Esteban Buch Sánchez, coordinador general de Diaconía España
Miguel Ángel Martínez Gómez, técnico de proyectos de Diaconía España
Juan José Padial Suárez, técnico de seguimiento de Diaconía España
Puedes encontrar en Linkedin a Esteban Buch, a Miguel Ángel Martínez y a Juan José Padial.
En las últimas décadas la sociedad ha sido sometida a un constante proceso de cambios, motivados por gran pluralidad de factores sociales, políticos y económicos, los cuáles, han determinado grandes desajustes en las formas de concebir los estratos sociales. Dichos factores, no solo han afectado de manera directa e indirecta a todos aquellos procesos subyacentes propios de una sociedad, sino que ha generado la aparición de nuevos perfiles de pobreza y retos sociales, que han sido agravados por las crisis generadas tras los años 2008, 2018 y la actual crisis post pandémica consecuencia de la Covid-19. Esta incipiente falta de oportunidades ha suscitado la aparición de nuevas formas de abordar los distintos yacimientos de pobreza, así como plantar nuevos modelos de financiación que permitan paliar los efectos generados por los acontecimientos acaecidos (García, 2017).
Cuando se decide intervenir sobre el fenómeno de la pobreza, caben diferentes formas de plantear la intervención. Sin entrar en el debate de cuál metodología es más o menos efectiva, desde Diaconía España creemos firmemente que, independientemente de la metodología, el abordaje de este fenómeno debe ser de manera integral. La experiencia que en la entidad hemos cosechado a través de nuestro Servicio de Atención a la Urgencia Social de Diaconía (SAUSD) a lo largo de 25 años de trayectoria, pero también la fundamentación teórica que desde el siglo XX se viene estableciendo, nos permite concluir que el abordaje de este fenómeno debe hacerse desde un enfoque multidimensional. Es decir, no reducir este fenómeno solo a la falta de oportunidades que tiene un individuo o familia para disponer de los recursos suficientes para cubrir necesidades básicas, sino también las condiciones psicosociales, políticas y económicas, entre otras.
Es necesario entender la pobreza, como aquella situación donde no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de una persona debido a una limitación en el acceso a recursos básicos tales como: la vivienda, la educación, la alimentación, entre otros (Ruiz-Varona, 2018). Muchos a autores como Corredor (2022) entienden la pobreza como un concepto amplio y diverso donde se recogen diferentes aspectos relativos a los sistemas de interacción de los individuos con el medio que les rodea. Dicho tópico despierta un gran interés en los procesos de investigación que se realizan en los estudios de ciencias sociales (Natal, 2018). Por dicho motivo, es necesario entender la existencia de los diversos enfoques utilizados para comprender la realidad de la pobreza en la sociedad abordándolo desde una perspectiva multidimensional (Cortés, 2021). Algunos enfoques solo se centran exclusivamente a los ingresos y al consumo, pero en realidad la pobreza va más allá de todo eso y debe ser entendida desde un enfoque globalizador y multidimensional donde se relacionen todos aquellos aspectos que convergen en los procesos que subyacen a esta.
La Red de Pobreza Multidimensional (Multidimensional Poverty Peer Network) se establece como aquella medición de la pobreza, donde se reflejan las múltiples carencias a las que se enfrentan las personas al mismo tiempo (Ponce, 2019). Por tanto, se establece la multidimensionalidad del fenómeno en la siguiente figura (Figura 1):
De acuerdo con lo establecido anteriormente, a partir de la crisis generada por el Covid-19, el concepto de riesgo de pobreza y/o exclusión social se amplía no solo para considerar los términos monetarios (nivel de renta) y materiales, sino nuevos elementos que ameritan un abordaje integral y multidimensional (Lusting y Martínez, 2022). En este caso en concreto, como entidad del Tercer Sector, en Diaconía creemos urgente y necesario que se aplique este enfoque de forma transversal en las convocatorias de subvenciones públicas (Sarasa et al., 2016).
Si antes de la pandemia los datos de la pobreza en nuestro país ya eran preocupantes, después de la crisis sanitaria encontramos datos sumamente preocupantes. Centrándonos en la definición primaria de la pobreza, el dato más importante para comprender este fenómeno tras la pandemia es el crecimiento de la Privación Material Severa, que pasa del 4,7% al 7% en un año. Con un incremento del 49% y que significa que en España hay 3,3 millones de personas que se encuentran en esta situación (Utría, 2019). También se incrementa el porcentaje de personas que llegan con mucha dificultad a fin de mes, que pasa del 7,8% al 10% de la población, lo que se traduce en 4,73 millones de personas. La tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza y/o exclusión social, pasa del 25,3% hasta el 26,4% en tan solo un año, alcanzando la cifra de 12,4 millones de personas. El riesgo de pobreza, se incrementa tres décimas, hasta alcanzar el 21% de la población española, afectando a 9,9 millones de personas (Instituto Nacional de Estadística, 2021). Estos datos reflejan que la situación de precariedad y pobreza están relacionados con otros elementos como la cohesión social.
Trasladando esta realidad a la operativa que como entidad tenemos puesta en marcha para la atención integral de este fenómeno, nos encontramos diferentes obstáculos para la presentación de proyectos a subvenciones públicas que aborden la multidimensionalidad e integralidad de la pobreza (Rodríguez, 2020). Debido a esto, se decide desde Diaconía España establecer como objetivo de este estudio analizar y detectar las causas de la imposibilidad de presentación de propuestas de abordaje integral de la pobreza y, tras este, emanar propuestas que permitan reconfigurar el tablero actual sobre el que las entidades del Tercer Sector se mueven. También, como objetivo subyacente, este estudio se plantea poner de manifiesto la importancia de establecer políticas de financiación activas, que permitan la reconstrucción de los pilares sociales afectados tangiblemente por los efectos de la crisis de la Covid–19, así como los efectos arrastrados de la crisis de la postmodernidad (Parajuá, 2015).
Con las convocatorias nacionales y autonómicas de financiación de proyectos sociales para 2023 a la vuelta de la esquina, desde Diaconía España se considera necesario que se lleve a cabo un proceso de reflexión sobre la necesidad de abordaje holístico de esta problemática y que cuya conclusión permee no solo en la práctica de las entidades sobre su intervención contra la pobreza, sino también en las administraciones competentes para que promuevan la emanación de políticas sociales integrales. Para este caso, se entiende por política social integral sobre este fenómeno aquella que conjuga programas de generación de trabajo e ingreso, desarrollo humano y social y protección social, implantada, monitoreada y evaluada de forma intersectorial (diferentes sectores), descentralizada (diferentes niveles de gobierno), participativa (diferentes poderes gubernamentales —ejecutivo, legislativo y judicial—, organizaciones de la sociedad civil, empresas y voluntariado), asegurando el protagonismo de los pobres, focalizada en las áreas geográficas donde se concentra la pobreza y las familias más pobres, con prioridad en los grupos con alto grado de exclusión por región geográfica, género, raza, situación del jefe de familia, desempleo, grado de escolaridad, salud, etcétera (Engel, 2004:11). Pero, sumado a lo anterior, desde nuestra entidad también se cree que esta reflexión debe servir para apuntalar los compromisos contraídos con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.
De acuerdo con la realidad antes descrita y a la realidad que como entidad del Tercer Sector experimenta Diaconía, se realiza un proceso de revisión documental haciendo uso de una metodología descriptiva mixta mediante la aplicación indicadores cienciométricos (Díaz, 2019). Este se realiza a través de un análisis comparativo entre la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2019-2023) y las principales subvenciones de ámbito nacional y autonómico a cargo de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para su ejecución en el 2022 para ver de qué forma esta estrategia permea en las diferentes convocatorias.
El criterio de selección de las subvenciones para el análisis antes citado se ha seguido bajo los siguientes parámetros:
De acuerdo con lo anterior, se seleccionan las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias con sus respectivas subvenciones, a las que se suma la convocatoria de IRPF estatal. Asimismo, se hizo un estudio en profundización de aquellas variables directas e indirectas que podían contribuir al desarrollo de investigación, centro esto en los aspectos de rigurosidad que poseen estudios similares a este.
Cabe mencionar que la estrategia nacional de lucha contra la pobreza y la exclusión divide su acción en cuatro metas, de las cuales se desprenden objetivos y líneas de actuación para cada una de ellas. A la luz del análisis anterior y apoyándonos en investigaciones cercanas a este ámbito tales como las de Rovira (2019) y las de Vasco (2021), hemos obtenido los siguientes resultados distribuidos por las metas recogidas en la estrategia nacional:
Los resultados antes mencionados nos permiten obtener conclusiones sobre este fenómeno y su abordaje desde el sector público y Tercer Sector:
Por lo anterior, desde Diaconía España se creen necesarias contemplar las siguientes propuestas que son fruto del análisis y conclusiones anteriores:
En Diaconía tenemos un fuerte compromiso con la lucha contra la pobreza y la exclusión social y creemos firmemente que este fenómeno está sujeto a voluntades que escapan del radio de acción de cualquier ONG. Sin embargo, creemos que hay mucho terreno por cubrir y queremos formar parte de la solución y no del problema.
La necesidad de abordar de manera integral y multidimensional todos aquellos aspectos relativos a la pobreza y a la financiación de la misma, será indispensable para generar respuestas ante la incipiente confrontación de la realidad (Urbina, 2016), promoviendo y generando actuaciones que permitan dar respuesta la problemática detectada, con el objetivo de favorecer políticas inclusivas, que fomenten el cambio en la interacción social y disminuyan los índices y tasas de pobreza mencionadas (Wallerstein, 1996). Apostar por políticas generadoras de cambio, que fomenten la financiación de proyectos sociales favorecerá el cambio social y hará frente al choque de realidad existente promoviendo actuaciones de calidad y regeneradoras a nivel social, económico y político (Pina y Torres, 2004).
Corredor, H. J. (2022). Exclusión, discriminación y pobreza de los indígenas urbanos en México (Spanish Edition) (1. ed.). Miño y Dávila editores.
Cortés, F. G. y Cortés, F. (2021). Medición multidimensional de la pobreza (1.a ed.). FLACSO México.
Díaz, S. E. A. (2019). Uso de indicadores cienciométricos: Uso de Indicadores Cienciométricos en el estudio de la producción científica Colombiana en el área de Matemáticas (Spanish Edition). Editorial Académica Española.
García Sainz, C. (2017). « El impacto de la crisis económica en la pobreza de tiempo y la desigualdad de género”. Arbor, 193(784), 382. https://doi.org/10.3989/arbor.2017.784n2005
Instituto Nacional de Estadística (INE). (2021, julio). Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2019–2021. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
Lustig, N. y Martínez Pabón, V. (2021). “El impacto del COVID-19 en la desigualdad y la pobreza en México”. Estudios Económicos de El Colegio de México, 7–25. https://doi.org/10.24201/ee.v36i1.416
Marban Gallego, V. y Rodríguez Cabrero, G. (2021). “El Tercer Sector de Acción Social en las Comunidades Autónomas: ¿modelos de Tercer Sector o singularidades territoriales?” CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa, 103, 9. https://doi.org/10.7203/ciriec-e.103.21496
Natal, A. (2018). “Pobreza y Participación”. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 14. https://doi.org/10.29101/crcs.v0i14.9588
Parajuá, D. (2015). “Social Services: variations for containment policies of social problems”. Ehquidad Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social, 3, 107–129. https://doi.org/10.15257/ehquidad.2015.0005
Pina, V., & Torres, L. (2004). “La Financiación Privada de Infraestructuras Públicas: El Peaje en la Sombra”. Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad, 33(123), 935–958. https://doi.org/10.1080/02102412.2004.10779535
Ponce, M. G. (2019). “Medición de pobreza multidimensional de la iniciativa en pobreza y desarrollo humano”. Revista de Ciencias Sociales, 24(4), 98–113.
Robles, J. M., Molina, S. y de Marco, S. (2012). “Participación política digital y brecha digital política en España. Un estudio de las desigualdades digitales”. Arbor, 188(756), 795–810. https://doi.org/10.3989/arbor.2012.756n4012
Rodriguez, A. R. (2020). Combatiendo la pobreza desde las Universidades: Modelo de emprendimiento social como estrategia de desarrollo (Spanish Edition). Editorial Académica Española.
Rojas Lizama, D. (2018). “Aporofobia, el rechazo al pobre”. Revista de filosofía, 74, 319–321. https://doi.org/10.4067/s0718-43602018000100319
Rovira, I. (2022). “La incidencia del COVID-19 en el IRPF de 2020”. Anales de Derecho, 39. https://doi.org/10.6018/analesderecho.439021
Ruiz-Varona, A. (2018). “Pobreza y segregación racial en la financiación gubernamental de los servicios asistenciales estadounidenses”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 76, 358. https://doi.org/10.21138/bage.2526
Sarasa, S., Navarro-Varas, L. y Porcel, S. (2016). “Clase social y privación material entre los inmigrantes de países pobres en Cataluña / Social Class and Material Deprivation in Immigrants from Poor Countries Residing in Catalonia”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. https://doi.org/10.5477/cis/reis.156.117
Urbina Padilla, D. A., & Quispe, M. (2016). “La pobreza monetaria desde la perspectiva de la pobreza multidimensional: el caso peruano”. Enfoque, 2-3, 77–98. https://doi.org/10.26439/enfoque2016.n002.1871
Utria, R. A. (2021). Interpretación sociológica de la Covid 19 (Spanish Edition). SantaBárbara Editores.
Vasco, D. (2021). “Régimen fiscal de la división de la cosa en común en el IRPF. Ejemplos prácticos,” de Eduardo R. Sánchez Álvarez. Revista Crónica Tributaria, 181(4), 181–190. https://dx.doi.org/10.47092/CT.21.4.8
Wallerstein, I., (Presidente), I. C. W. J., Humanidades, C. U. D. I. I. E. C. Y., & Mastrángelo, S. (1996). Abrir las ciencias sociales: Informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales (10.a ed.). SIGLO XXI Editores.
Wanda, E. (2004), Políticas integrales de reducción de la pobreza: el desafío de la efectividad. Banco Interamericano de Desarrollo, (en línea), julio de 2004 (consultado el 10 de abril de 2006). Disponible en http://dds.cepal.org/eventos/presentaciones/2004/0810/Engel_Wanda.pdf.
Patricia Navas. Profesora Titular en la Universidad de Salamanca. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.
Miguel Ángel Verdugo. Catedrático en la Universidad de Salamanca. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.
Antonio M. Amor. Profesor Ayudante Doctor en la Universidad de Salamanca. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.
Manuela Crespo. Técnico Superior en el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.
Sergio Martínez. Sociólogo.
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El presente artículo refleja el impacto que la emergencia sanitaria y el periodo de confinamiento tuvieron en los profesionales del tercer sector que trabajan con población con discapacidad intelectual y del desarrollo. Se presentan los resultados de una encuesta que exploró sus condiciones de trabajo durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2020.
Durante el año 2020, el mundo, tal y como muchos de nosotros lo conocíamos, se transformó debido al virus SARS-COV-2 y la infección que provoca, la COVID-19. Las medidas adoptadas por el Gobierno de España para contener la pandemia dieron lugar al cierre de muchos servicios del tercer sector que, pese a ser necesarios para aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad, adquirieron la condición de ‘no esenciales’. Entre estos servicios se encontraron recursos dirigidos a población con discapacidades intelectuales y del desarrollo (DID), tales como los centros de día. El cierre de los mismos, o su necesaria adaptación a una realidad hasta el momento completamente desconocida, dio lugar a que muchos profesionales tuvieran que adaptar sus formas de trabajo a un escenario online de prestación de apoyos, y a que las organizaciones tuvieran que dar en muchos de sus servicios, como los residenciales, una respuesta sanitaria a una situación excepcional para la que no se les dotó de recursos específicos.
El presente artículo pretende reflejar el impacto que la emergencia sanitaria y, de manera especial, el periodo de confinamiento, tuvo en los profesionales del tercer sector que trabajan con población con DID. Para ello, se presentan, de manera resumida, los resultados de una encuesta aplicada en línea a nivel nacional que exploró las condiciones de trabajo de los profesionales de atención directa y la gestión realizada por las entidades del tercer sector durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2020. El lector interesado puede consultar el estudio en su totalidad (en el que también se recoge la realidad de las personas con DID y sus familias) en Navas, Verdugo, Amor, Crespo y Martínez (2020) y en Crespo, Verdugo, Navas, Amor y Martínez (en prensa).
La elaboración del cuestionario se realizó a partir de la revisión de la literatura científica sobre coronavirus y su impacto en la salud y en las condiciones de vida de las personas con discapacidad y las organizaciones que les prestan apoyo (la búsqueda arrojó más de 100 documentos publicados entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2020). Las encuestas, creadas a partir de la aplicación LimeSurvey, se alojaron en el servidor de la Universidad de Salamanca con el objetivo de maximizar la privacidad de los datos[1].
Fueron 495 las encuestas dirigidas a profesionales que se cumplimentaron en su totalidad. El 84,6% de los trabajadores encuestados desempeñaba su actividad profesional en alguna organización vinculada a Plena inclusión España (n=419), mayor proveedor de apoyos a personas con DID en nuestro país. Ocho de cada diez de estos profesionales eran mujeres (79,4%). Su edad osciló entre los 20 y 64 años (M=39,3; DT=9,7), presentando el 62,1% edades comprendidas entre los 31 y 50 años. Casi todos los profesionales que participaron en el estudio (98,5%; n=488) pudieron ofrecer información precisa sobre el número de personas con DID con las que habitualmente trabajaban. Estos 488 trabajadores prestaban apoyo a un total de 19.267 personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Cada profesional, de media, trabajaba con un total de 39 personas con DID (DT=42,8). Los servicios en los que habitualmente trabajaban eran, mayoritariamente, servicios dirigidos a población adulta, como centros ocupacionales (33,9%), residenciales (28,8%) o de día (21,1%).
Impacto del confinamiento en la situación y condiciones laborales de los profesionales
Como se refleja en la Tabla 1, sólo una cuarta parte de los profesionales encuestados (n=121) permaneció en su puesto de trabajo o servicio habitual, siendo mayoritariamente (70,2%) personal vinculado a centros residenciales. La mitad de los profesionales tuvo que dejar su puesto de trabajo presencial para teletrabajar (52,9%). Además, un 7,7% se vio afectado por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Por último, un 13,5% (n=67) experimentó cambios significativos en su puesto de trabajo habitual debido a necesidades emergentes en la organización o restricciones sanitarias, debiendo cambiar de servicio o realizar otras funciones. Teniendo en cuenta que los profesionales que participaron en el estudio prestaban apoyo a un total de 19.267 personas con DID, los cambios en la situación laboral de los profesionales dieron lugar a que: (a) solo el 31,5% de las personas con DID siguiera recibiendo sus apoyos de manera presencial durante el confinamiento; (b) el 60,0% lo hiciera de forma telemática; y (c) el 8,5% se viera afectado por el despido o ERTE de sus profesionales.
Valoración de los apoyos y recursos con los que han contado los profesionales en activo para el desarrollo de su actividad
Los cambios acaecidos a raíz del confinamiento dibujaron un escenario que puso a prueba la capacidad de las organizaciones para realizar adaptaciones y desarrollar una planificación estratégica que permitiera garantizar los apoyos a las personas con DID y sus familias y, al mismo tiempo, facilitar la labor de los trabajadores. En este sentido, los profesionales que durante el confinamiento siguieron trabajando, ya sea de manera presencial o telemática (N=450) consideraron, en un 87,8% de los casos, que sí contaron con apoyo de su centro o servicio durante el estado de alarma para desarrollar su labor. A pesar de esta valoración positiva, el 36,0% de los profesionales (n=162) afirma que necesitó recursos, instrumentales o emocionales, con los que no contó.
La valoración positiva que los profesionales realizaron, en general, sobre la respuesta de su centro o servicio, contrasta con la que emiten sobre la actuación del gobierno y las comunidades autónomas para proteger a las personas con DID. Así, más del 60% de los profesionales que siguieron en activo consideró que esta gestión podría haber sido mejor.
Muchos destacaron que hubiera sido necesario dotar a los centros y servicios de mayores medidas de protección y desarrollar protocolos más específicos para garantizar la seguridad de las personas en los servicios sociales, los cuales, según la opinión de algunos profesionales, han recibido respuestas tardías:
Se han tomado pocas medidas, y las que se han tomado, o indicado que había que tomar, muy abiertas. Toda la información ha estado un poco en el aire para que cada centro la gestionase de la manera que considerase, dejando así a elección y riesgo de los centros cometer algún error y la toma final de decisiones. Ha sido poco concreto (Profesional)
Esta planificación y respuesta tardía, responde, según la opinión de algunos profesionales, al olvido del tercer sector de acción social y a la falta de sensibilización con respecto a las necesidades de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo frente a otros colectivos:
Se ha obviado completamente a los servicios residenciales de personas con discapacidad y eso que han tenido la misma incidencia con el virus que en las residencias de las personas mayores. Se han tenido en cuenta a los adolescentes y niños y sus necesidades, pero no las de las personas con discapacidad. De hecho, ni se nos ha informado propiamente de cuándo se pueden reincorporar a los servicios de forma presencial (Profesional)
Por último, los profesionales consideran que la legislación y recursos disponibles en materia de discapacidad han generado situaciones de mayor exclusión frente a la población general:
Una vez llegado a las fases en que se podía salir de casa, algunas personas (personas que no son de riesgo) no han elegido si pueden o no salir, sino que ha sido su familia o la administración (caso de las viviendas tuteladas) quien les ha prohibido salir o indicado que deben salir siempre acompañados de un profesional, aunque ellos demandan poder salir solos o con algún amigo tal y como lo hacemos el resto de población (Profesional)
Impacto de la COVID-19 en la salud de los profesionales que estuvieron en activo durante el periodo de confinamiento y emergencia sanitaria
Los datos aportados por los trabajadores encuestados que siguieron desarrollando su actividad durante el confinamiento (N=450) revelan que la prevalencia de la COVID-19 en este grupo de profesionales fue similar a la observada en la población general, de acuerdo con los estudios sobre seroprevalencia realizados durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2020. Así, un 2,9% de los profesionales padecieron la enfermedad y un 2,7% fueron considerados como caso probable o posible de infección. Es preciso destacar, no obstante, que el porcentaje de positivos fue mayor entre aquellos que desarrollaron su trabajo de manera presencial frente a los que teletrabajaron (4,8% frente a 1,5%).
Si bien la prevalencia de la COVID-19 parece haber sido similar a la de la población general entre quienes siguieron desarrollaron su actividad durante el confinamiento, uno de cada tres profesionales temió por su salud en su puesto de trabajo (34,7%). Estos datos aumentan en el momento en que tomamos como referencia a los profesionales que trabajaron de manera presencial (55,3% frente al 19,8% de quienes teletrabajaron) y a quienes desempeñaron su actividad en un entorno residencial (50,0% frente al 27,6% de trabajadores en otro tipo de servicios).
Un tercio de los profesionales que experimentaron miedo lo hicieron debido a la incertidumbre generada por la situación de alarma sanitaria o la posibilidad de contagio (35,9%). El segundo motivo que explica el temor experimentado por los profesionales es el tipo de trabajo realizado, con intervenciones que requieren un contacto más directo con las personas (19,9%). La falta de equipos de protección, en tercer lugar, explica la sensación de inseguridad de los profesionales (14,1%), seguida del hecho de estar o haber estado en contacto con personas con COVID-19 (12,8%).
Además de esta sensación de temor por la propia salud en el puesto de trabajo, tres cuartas partes de los profesionales vieron incrementados sus niveles de estrés y ansiedad durante el periodo de confinamiento (73,3%). Este desgaste emocional se observa tanto en profesionales que trabajaron en centros y servicios presencialmente como en quienes desempeñaron su actividad de manera telemática. El motivo que quizá explica el que no se observaran diferencias en función de la modalidad de trabajo reside en que la principal causa de este estrés se relaciona, no con características del propio puesto, sino con la sensación de impotencia experimentada por muchos profesionales al no poder ofrecer todos los apoyos que las personas con DID y sus familias necesitaban. Así, el 58,2% de quienes refirieron mayores niveles de estrés y ansiedad señaló, como motivo principal de este incremento, el no haber podido desarrollar su trabajo como desearía.
Reflexión de los profesionales sobre el futuro de los servicios dirigidos a personas con DID
La situación vivida ha dado lugar a que el 63,6% de los trabajadores que siguieron en activo considerara necesario realizar modificaciones en los servicios y centros actuales para prestar mejores apoyos a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en un futuro.
Merece la pena señalar que los cambios que los profesionales perciben como necesarios no están relacionados con la mejora de las estructuras y espacios existentes (aspecto mencionado sólo por 17 participantes), sino con la necesidad de ofrecer apoyos en un contexto más natural, de modo que la calidad y cantidad de los apoyos ofrecidos a las personas ante un escenario de cierre ‘físico’ de los servicios no se vea mermada.
Así, un 24,1% señala que se debe priorizar la implementación de procesos que faciliten la prestación de apoyos en la comunidad, en cualquier contexto en el que la persona participe. En otras palabras, avanzar hacia la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, y no solo en lo que a vivienda se refiere, sino transformando también la excesiva dependencia del colectivo de las instituciones existentes para recibir los apoyos que sean necesarios. La emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 ha visibilizado los riesgos de una atención masiva en centros con una elevada concentración de personas; centros que pueden verse desbordados, y, consecuentemente, dejar de prestar apoyos individualizados en una situación límite como la vivida:
El cierre abrupto de los centros no residenciales y la falta de preparación para la teleasistencia han supuesto un obstáculo. Creo que ha habido que organizarse sin conocimientos ni recursos. Eso sí, el compromiso ha sido enorme por parte de los profesionales de los centros, y no creo que se les pueda reprochar nada. Las carencias se deben a características estructurales de nuestro sector, en el que la institucionalización (también en servicios no residenciales) es el paradigma dominante (Profesional)
En segundo lugar (23,7%), la situación de confinamiento ha puesto de manifiesto, según la opinión de los profesionales, la necesidad de continuar trabajando en la transformación tecnológica de las organizaciones y la mejora del acceso a posibles apoyos telemáticos. Si bien las nuevas tecnologías se han convertido en aliado de los profesionales durante el confinamiento, también ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir formando no solo a los profesionales en el uso de la tecnología, sino también a las personas con DID y sus familias, reduciendo así su brecha tecnológica. La dependencia de estas herramientas durante el confinamiento ha dejado fuera a una parte importante de las personas con DID, provocando una exclusión de mayor calado sobre quienes mayores necesidades pudieran presentar.
A pesar de la cantidad de cursos de nuevas tecnologías que han recibido las personas con DID se ha visto cómo la brecha digital ha hecho mella en ellos. No se han realizado aprendizajes significativos para poderlos llevar a sus espacios cotidianos (Profesional)
En tercer lugar, a causa del cierre de centros y servicios, muchos profesionales han tenido que reforzar los lazos de colaboración con las familias, otorgando a éstas un papel mucho más activo. Asimismo, debido a la necesidad de apoyar a aquellos que residían en su hogar de una forma individualizada, los profesionales manifiestan la necesidad de adoptar modelos centrados en la persona y su familia (y no exclusivamente en los servicios) a la hora de trabajar.
Darnos cuenta de que tenemos que involucrar más en el trabajo diario a las familias también les ha hecho darse cuenta a las familias de la importancia de que participen más del desarrollo de sus hijos. Hasta ahora muchos delegaban demasiado en el centro, y nos hemos propuesto que esta situación nos sirva para cambiar esto (Profesional)
Las necesidades generadas por la pandemia se evidencian, por último, en cómo los trabajadores perciben como necesarios cambios que implican reforzar y mejorar la ratio de profesionales-usuarios (14,1%):
Valorar más al personal de atención directa de residencia, con formación y otros turnos de trabajo. Apenas tienes tiempo de desconectar, son turnos muy difíciles para conciliar con la vida personal, ha sido muy duro para algunos (Profesional)
La situación de precariedad que desde hace años experimenta el tercer sector ha sido visibilizada por la pandemia, pues la prestación de apoyos ha requerido de un importante esfuerzo por parte de los profesionales dados los deficitarios recursos con que se cuenta. Así, tres cuartas partes de los trabajadores que siguieron en activo durante el confinamiento han visto incrementados sus niveles de estrés y ansiedad por la emergencia sanitaria, debido sobre todo a la sensación de impotencia al no poder desarrollar su trabajo como desearían. Estos datos, junto con los arrojados por personas con DID y sus familias que el lector interesado puede consultar en Navas et al. (2020), nos llevan a subrayar la necesidad de contar con medidas que, durante el periodo de recuperación de esta crisis sanitaria, no solo refuercen el tercer sector, sino que también lo curen, garantizando a familias, profesionales, personas con DID y organizaciones, adecuados recursos. En este sentido, quisiéramos señalar, además, que los datos que se presentan en este estudio reflejan la situación de profesionales que, mayoritariamente, trabajaban en servicios dirigidos a población adulta. Los datos que se recogen en el informe completo ponen de manifiesto que las personas con DID menores de edad que acudían a centros de educación, especiales y ordinarios, han visto aún más mermados los apoyos con los que habitualmente contaban, siendo especialmente urgente revisar el modo en que el sistema educativo garantiza el acceso a la educación de alumnos con necesidades educativas especiales en momentos como el vivido.
El esfuerzo realizado por los profesionales contrasta con el realizado desde las administraciones públicas, quienes, según un 60% de los trabajadores encuestados, no han tomado medidas suficientes para proteger a las personas con DID durante la emergencia sanitaria. Esta valoración negativa se debe, en la mayor parte de los casos, a la carencia de recursos económicos y material de protección, y a la ausencia de protocolos y políticas enfocadas al sector de la discapacidad, sector que se ha sentido olvidado durante esta crisis.
En último lugar, quisiéramos destacar que la situación provocada por la COVID-19 ha dejado al descubierto las carencias y fragilidad de nuestra política social, excesivamente anclada en una estructura de centros y servicios en detrimento de una provisión de apoyos más personalizada, estructura sin la cual muchos apoyos no llegan a las personas. Y así lo perciben también los profesionales, señalando la necesidad de avanzar hacia modelos de prestación de apoyos centrados en la persona y su familia, independientemente de que acudan o no a un centro o servicio específico. La situación actual debe llevarnos a reclamar el cambio de nuestro modelo de apoyos hacia un modelo comunitario inclusivo, que contribuya a mejorar la calidad de vida de todas las personas. Debemos aprovechar la visibilización que ha provocado la COVID-19 de las carencias de nuestro sistema de atención, muchas veces segregador y con escasos apoyos naturales, para construir hogares en los que todos quisiéramos vivir y desarrollar un proyecto personal a cualquier edad y en cualquier condición vital.
Crespo, M., Verdugo, M. A., Navas, P., Martínez, S. y Amor, A. M. Impacto de la COVID-19 en las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, sus familiares, y los profesionales y organizaciones de apoyo. Siglo Cero, Anejo 1, junio 2021 (en prensa)
Navas, P., Verdugo, M. A., Amor, A. M., Crespo, M. y Martínez, S. COVID-19 y discapacidades intelectuales y del desarrollo. Impacto del confinamiento desde la perspectiva de las personas, sus familiares y los profesionales y organizaciones que prestan apoyo. 2020. Publicación online disponible en: https://sid-inico.usal.es/documentacion/covid-19-y-discapacidades-intelectuales-y-del-desarrollo/
[1]El lector interesado puede consultar las encuestas dirigidas a todos los grupos de interés en: https://inico.usal.es/analisis-del-impacto-y-seguimiento-de-la-emergencia-covid-19-en-poblacion-con-discapacidad-intelectual-y-del-desarrollo-en-espana/
Equipo de Inclusión de Cáritas Española
Cuando comencé a pensar y escribir algo que pudiera aportar una reflexión sobre el impacto de la crisis por el coronavirus en Cáritas, en el sector social y algunos retos, la sensación fue muy desconcertante. Jamás he vivido algo parecido: ¿de qué experiencia puedo partir para poder comparar y aportar algo útil? Me resultaba muy difícil. Las veces que he salido a la calle, ya en pleno confinamiento, lo que veía era, y es, irrealidad, literalmente, vacío. Nadie en la calle, todo cerrado y parado. Silencio. Muy extraño. ¿Impacto en esta irrealidad? ¿Qué puedo comentar y pensar en un momento en que los datos de ayer hoy se han multiplicado y ya eran enormes? Un mes después continúa siendo, en parte, así. Una realidad mundial, con infinidad de publicaciones con proyecciones económicas, epidemiológicas, sociales y en algún momento, de cada una de ellas se afirma que todo esto puede ser así, o no. Apenas sabemos, excepto que un ser microscópico, sin apenas significancia, ha puesto en jaque a un mundo que, tecnológicamente, parecía que lo podía todo pero que desconoce la interacción básica de dos organismos vivos: un virus y nuestro cuerpo.
Sí, hay una serie de aspectos que desde el principio me llamaron la atención.
De manera tranquilizadora, me llamó la atención que el virus no procediera de países pobres ni de migrantes pobres. Al no ser así, no ha habido una reacción generalizada y visceral buscando culpables, algo que siempre viene bien cuando el miedo, la incertidumbre e inseguridad se apoderan de la realidad. De momento no se ha rentabilizado el miedo contra “el otro”, sobre todo contra el otro pobre. El efecto puede venir después en medio de una crisis económica que comienza a mostrar el rostro.
En cambio, la primera expansión del virus ha sido en los países ricos. Ha sido el sistema circulatorio global el encargado de hacer del virus un ciudadano transnacional, un producto más circulando en el mercado global agazapado en la chaqueta de un ejecutivo o en la camisa de un turista, el mismo sistema circulatorio que en 2008 favoreció la pandemia financiera. En ambos casos, la hiperconexión global ha expandido el virus, y el enorme desarrollo tecnológico ha sido incapaz de impedirlo: se creía que en el mundo ya solo podían existir mercado, eficiencia y beneficios al margen de las personas.
En 2008, al comienzo de la Gran Recesión, Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, no tuvo en cuenta el riesgo que suponía un enorme impago de hipotecas y su potencial pandemia en el ámbito financiero, estaba convencido de que el sistema se ajustaría solo. Un tiempo después, Nicolas Sarkozy, más espectacular, planteó refundar el capitalismo en un sueño de protagonismo casi mesiánico: La autorregulación para resolver todos los problemas, se acabó; le laissez faire, c’est fini, proclamó. Hay que refundar el capitalismo sobre bases éticas, las del esfuerzo y el trabajo, las de la responsabilidad, porque hemos pasado a dos dedos de la catástrofe. Esto en septiembre de 2008. La década posterior confirmó que, en esencia, la capacidad de ajuste del sistema, como confiaba Bernanke, ha funcionado a la perfección: los pocos que tenían mucho ahora tienen muchísimo, los muchos que tenían muy poco ahora apenas tienen nada. Esta lógica global asentada en los excesos, en los beneficios, apenas ha tenido en cuenta las desigualdades que produce, el impacto ecológico, el sufrimiento humano. El avance y consolidación de esta lógica es el que ha dejado sin protección a millones de personas. Este es el drama ante el coronavirus.
Aunque tengo muy poca confianza, sin embargo, en la actual crisis, inédita, ha emergido el debate entre las dos opciones posibles: salvamos la economía o salvamos a las personas, y con grandes resistencias entre gobiernos, la decisión mundial ha sido parar la economía y, de alguna forma, optar por las personas, algo impensable de no existir la pandemia. Confiemos, controlada la pandemia, en que esta opción implique otra forma de recuperación y desarrollo económico y humano, así como la recuperación de la ética para las personas. En todo caso, esta crisis ha puesto en evidencia la fragilidad humana y el reto ante una más que probable crisis alimentaria demoledora.
También me ha llamado la atención el concepto de normalidad y no normalidad del momento. Obviamente, no estamos en una situación normal. Pero cuando trascurridos los días de confinamiento me he parado a pensar en esta transitoria no normalidad, lo que descubro es que no hay ruido, que oigo a los pájaros, que se puede andar sin tráfico por el centro de la calle cuando voy a comprar, que el cielo está azul sin estelas del humo de los aviones, que hay menos contaminación, que no tengo la sensación de estar siempre con prisas, que deseamos abrazarnos, ver a las personas que queremos, que nos preocupa la vecina, que hay conciencia de la necesidad de un sistema público de salud fuerte, que las noticias, buenas y malas, hablan de personas y que por un tiempo somos el sujeto de la historia, no el último iPad de Apple. Y me pregunto a qué normalidad deseamos y debemos volver.
Finalmente, me ha interesado la combinación de dos realidades, que no son contradictorias, pero desvelan dos miradas diferentes. El quédese en casa y lávese las manos invitaba a la responsabilidad individual y al cierre, sin duda necesario. Pero de manera simultánea comenzó a emerger la responsabilidad colectiva mediante la apertura: salgamos. Comienza a cobrar importancia el bien común, la cooperación, las personas mayores que viven solas, la solidaridad que nos obliga a salir y no cerrar. La protección individual pasa por la protección y el cuidado de los demás, pasa por el prójimo como alteridad y por el próximo como cercanía, comunidad, vecindad y personas concretas. Solo podemos salir juntos. Como diría Emmanuel Lizcano, hay una nueva metáfora social que nos piensa y esto es bueno.
La primera noticia del coronavirus es de principios de diciembre: China, Wuhan. Entre guerras comerciales, a pie de calle seguíamos en la más absoluta normalidad. El 31 de enero el Ministerio de Sanidad comunica el primer caso positivo de COVID-19 en España, un turista alemán controlado en La Gomera, continúa un goteo de casos con baja intensidad todos localizados y relacionados con el exterior. El 12 de febrero, el mayor congreso tecnológico del mundo, el Mobile World Congress de Barcelona, fue cancelado por miedo al contagio, a la vez se comienza a hablar del impacto económico en la hostelería de Barcelona. El problema seguía estando fuera.
Un mes después, de golpe, con una velocidad desconocida, teníamos 1.000 casos y 16 fallecidos localizados en todas las comunidades autónomas. El 11 de marzo el contagio ya se había extendido a más de 100 países y la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia mundial. El 14 de marzo, con unos 6.000 casos y 200 muertos en España, el Consejo de Ministros decreta el Estado de Alarma, la progresión ya es tremenda, descontrolada, pero esa semana todavía tomamos café juntos los compañeros de trabajo a media mañana.
El lunes 16 de marzo las calles estaban vacías. El país estaba cerrado. Nadie sabía lo que estaba pasando. Desde el 14 de marzo a finales de abril, en poco más de un mes, hemos llegado en España a más de 200.000 personas contagiadas y casi 25.000 fallecidos y en el mundo a más de 3 millones de contagiados y 200.000 fallecidos en más de 200 países. El mundo está paralizado. Este es el primer impacto: ¿Qué está ocurriendo?
Ante la imposibilidad inicial de comprender, el día a día ha ido construyendo un relato con las situaciones y necesidades concretas que van apareciendo, perfilando hipótesis de futuro, retos, aprendizajes que deben quedar, cuestiones irrenunciables… Iba quedando claro que comenzábamos a manejar dos escenarios simultáneos: el impacto fortísimo del presente y el no menos perturbador del futuro. En ambos casos, el impacto de la crisis en las organizaciones sociales es el impacto en las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social que acompañamos.
El primer comunicado de Cáritas es el 13 de marzo, días antes de las medidas de confinamiento. En el comunicado se apela a todas las Cáritas Diocesanas al diálogo, la coordinación y la flexibilidad de todos sus agentes, voluntarios, contratados y participantes para que, al tiempo que se evitan situaciones de riesgo, los recursos y programas de toda la organización continúen operativos. El objetivo era mantener la atención a todas las personas en situación más precaria y evitar que pudieran caer en una situación de vulnerabilidad aún mayor a causa de la crisis.
El día 14 de marzo se decreta el estado de alarma y el 17 de marzo Caritas Española inicia una consulta interna, cuyo objetivo era recabar una información rápida sobre cómo estaba afectando la situación en el conjunto del territorio
El impacto en la organización está siendo tremendo y difícil, reorganización de recursos humanos, tareas, horarios, cambio de criterios y normas, ampliación de centros, financiación, puesta en marcha de nuevas iniciativas, cansancio, desgaste emocional… Pero en medio de esta dificultad, la respuesta también ha sido inmediata, desvelando en términos de impacto positivo la enorme capacidad para mantener la actividad.
En cambio, la necesidad de cerrar proyectos, aun siendo una dolorosa decisión, apenas ha sido difícil: se cierran, aunque en la mayor parte de los casos se hayan reorganizado para mantener lo máximo posible de atención y contacto.
A la hora de pensar en el impacto no he pensado en los recursos que permanecen abiertos: de inmediato me han invadido imágenes de lo cerrado por imposibilidad de mantener unas medidas adecuadas sanitarias: la animación territorial rural y urbana, el trabajo de calle, centros de día, apoyo a domicilio y el voluntariado en la medida en que se paraliza la actividad. Qué significa cerrar: que, junto al acompañamiento más individualizado, más terapéutico, también desaparecen los espacios relacionales de encuentro e inclusión, fundamentales para la esperanza de las personas más vulnerables.
Me vienen a la imaginación diferentes situaciones de personas concretas que he conocido, con realidades en las que quedarse en casa es una tarea imposible.
Pienso en la dureza del cierre de un centro de día de acompañamiento a drogodependientes y en lo que puede suponer: un retroceso tal que la persona tenga que comenzar casi desde cero, con una motivación rota, vuelta a buscarse la vida, a un mercado de drogas reducido y caro, solo en la calle con la posibilidad de que le sancionen por no quedarse en casa porque, por irónico que parezca, la droga no es un artículo de primera necesidad. Pienso en hombres en los que la asistencia a un curso de formación para el empleo no solo les capacita en una carrera quizá imposible, también charlan, salen de casa, se sienten comprendidos, mejoran la autoestima y vuelven a casa quizá sin certezas, pero con un horizonte de esperanza. Pienso en el cierre del proyecto, confinados en unas paredes que ya han contemplado los efectos de la desesperanza, la violencia de no tener un lugar en el mundo, violencia con la mujer, los hijos, un espacio sin contención en el que todos acaban siendo víctimas sin esa visión idílica de colaboración y disfrute familiar.
Pienso en una mujer que conocí en un curso sobre salud mental y emocional. Nos contó su experiencia en un proyecto de acompañamiento a mujeres, de trabajo de calle, de apoyo emocional y psicosocial, de dedicación de tiempo infinito, de aceptación incondicional de lo que era. La clave fue ese espacio y tiempo de espera activa en medio de las heridas que deja la droga y la calle. Hoy, en medio de la imposibilidad de acompañar en sus lugares, en sus tiempos, ella se habría quedado rota en medio de la nada.
Pienso en menores que permanecen en casa contemplando una televisión que no habla de ellos, sin apoyo escolar, sin alguien que le diga tú puedes. Qué lejos de ese confinamiento familiar televisado: padres e hijos que aprenden juntos, juegan, que mantienen el ritmo diario, abren el ordenador y despliegan una creatividad con todos los ingredientes a mano. La imposibilidad de encontrarse con un grupo de voluntarios les devuelve, de nuevo, a ser receptores de la pobreza de progenitores y sus espacios. Pensar en lo que parece normal, es no pensar en ellos.
Pienso en tantas personas que se han sumado a esa responsabilidad compartida y solidaria, que somos juntos, todos dependientes de todos, todas y todos somos sociedad cuando nos jugamos la vida. Por decencia básica: ¿podemos seguir considerándolas solo un expediente administrativo? ¿Sin nombre? ¿Invisibles? ¿Irregulares? Es el momento en que la persona, la regularidad, esté por encima de la norma.
El VI Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España 2008 desarrolla en el capítulo sexto un título tan sugerente como es Capital social y capital simbólico como factores de exclusión y desarrollo social. En la presentación plantea: la exclusión social deteriora los vínculos, las comunidades, la constitución del sujeto y sus marcos de sentido, y cada vez somos más conscientes de su importancia como factores de desarrollo social y, en especial, de su papel en los procesos de empoderamiento de las personas en situación de exclusión. El cierre de estos espacios de sociabilidad, de encuentro, simbólicos, de capacidad, de esperanza, de subjetividad, relega a las personas a sus condiciones de vida originales, a un confinamiento del que, justo, necesitaban salir. El sueño al derecho a la felicidad queda confinado en cuatro paredes a pesar del tremendo esfuerzo por acompañar en la distancia.
Para esta parte de retos, vuelvo a agradecer a Victor Renes, maestro, el ponerse a disposición de una red de organizaciones que acompañan a reclusos de la que formamos parte. Le pedimos que nos ayudara a re-pensarnos ante una realidad que había cerrado mal la crisis de 2008, generando más pobreza y como sector social precarizado, atomizado y alejado de nuestra misión propia. Necesitábamos ser fundamentalmente un espacio cooperativo y no competitivo ante una financiación escasa. Los retos que nos planteó, en parte los he rescatado de entonces, hoy son todavía más actuales.
La anterior crisis económica, y la actual probablemente con más impacto, están desvelando una realidad que nos está obligando a revisar y repensar cuestiones de fondo. Lo que está en juego no es solo qué debemos hacer de manera inmediata durante y después de la crisis, pues la cuestión no solo se sitúa en la economía de los recursos, sino en el cómo nos re-conocemos, epistemología, de cara a afrontar y comprender retos de largo recorrido.
Si miramos hacia atrás, lo que vemos es que más allá de las consecuencias económicas y sanitarias, lo que sigue estando en crisis, nada nuevo, no es solo el Estado de bienestar en cuanto a prestaciones sino el cómo comprendemos la gestión común de los riesgos de las personas y, por tanto, la construcción de los derechos sociales y humanos.
Lentamente hemos asistido al retroceso en el acceso a los derechos por falta de inversión, siempre justificada por el déficit presupuestario, mantra en el retroceso ideológico que ha hecho avanzar la responsabilidad individual en la gestión de los riesgos, deteriorando la accesibilidad a los derechos de los más vulnerables y excluidos de la sociedad, incluidas las clases medias precarizadas.
Día a día, se ha ido cuestionando lo público y sospechando de lo colectivo, desligando al individuo de la potencia de lo social, de lo común, a la vez que se iba legitimando la responsabilidad individual, lo privado y la gestión de los riesgos mediante una capitalización individual y no mediante el reparto, capitalización que se ha puesto a disposición del mercado y entidades privadas. Este es el nuevo proyecto social de copagos, seguros, planes de pensiones… Y en esta situación, es crucial desvelar en qué medida el Tercer Sector también ha ido permitiendo y desentendiéndose, en la práctica, de la implantación progresiva de este discurso. En su relación con las administraciones públicas, fundamentalmente vía financiación, hoy el Tercer Sector se somete también a la lógica que recorta lo común, de modo que no solo tiene que hacer frente a los colectivos vulnerables que representa sino a su propia sostenibilidad económica e institucional.
Este debate es hoy más necesario que nunca. Cuando el Estado de bienestar gestiona los riesgos de las personas, el Tercer Sector puede desarrollar una función propia que llega donde lo público no puede llegar, pero con acciones preventivas y de acompañamiento centrado en las personas y colectivos en exclusión. En cambio, el desmantelamiento de lo común y el auge del modelo de gestión individual de riesgos, están obligando al Tercer Sector a suplir la ausencia de lo público mediante acciones cada vez más asistenciales y, en no pocas ocasiones, totalmente residuales, lo que le distancia de las condiciones necesarias para la inclusión social. Esto, en un contexto futuro de mayor exclusión social y crisis económica, sitúa al Tercer Sector no solo en la crisis de sostenibilidad económica, también de identidad, al tambalearse la capacidad que tiene en el desarrollo de un nuevo modelo social alternativo, de movilización y participación de la sociedad.
Entonces: qué retos de fondo podemos plantearnos como organizaciones sociales:
Sociólogo, Director del área de Acción Social de Cáritas Española
Según se recoge en el III Plan Estratégico de la Plataforma del Tercer Sector: el Tercer Sector de Acción Social es el ámbito formado por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando, por medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar.
Más allá de la definición formal, hablar del Tercer Sector, es referirnos a entidades con forma jurídica propia (asociación o fundación, en la mayoría de los casos), sin ánimo de lucro y «fuera del sector público», que desarrollan proyectos (de atención directa, de sensibilización, de incidencia política…) orientados al bienestar y a los derechos de la ciudadanía (la lucha contra la pobreza, la exclusión, la discriminación…).
Cabe destacar también el carácter voluntario de estas entidades, pues la mayoría de ellas cuenta con la participación de un significativo número de personas voluntarias (en torno a 2,5 millones en total). Ahora bien, son muchas las organizaciones que además cuentan con personal remunerado; es más, un proceso significativo que ha tenido lugar a lo largo de las últimas décadas, ha sido la profesionalización de determinados puestos y servicios propios de estas entidades.
Sobre esta cuestión se han generado gran cantidad de debates y reflexiones, por lo que no trataremos con este texto ni de reabrir, ni de cerrar de manera definitiva dicha cuestión. Daremos por hecho que, en la medida en la que esta profesionalización conlleva una mejora de las iniciativas desarrolladas, de los servicios prestados a quienes más los necesitan y de la gestión de (casi siempre escasos) recursos con los que se cuentan para ello, debe considerarse una buena noticia[1].
Este proceso se ha visto reforzado también por cierta tendencia a la sofisticación de las propias entidades. No es extraño, por ello, que algunas organizaciones soliciten apoyo a empresas especializadas para que les ayuden a trabajar sobre certificaciones de calidad, herramientas de gestión, definición de un plan estratégico, medidas para una mayor transparencia económica, estrategias para la sostenibilidad, campañas de comunicación y de captación de fondos, medición del impacto…
Y, en un nuevo acto de confianza, reconocemos que todo ello es imprescindible en la medida en la que no se lleva a cabo como mera cuestión formal o estética, sino que pretende un mejor funcionamiento, una mejor atención a sus destinatarios y una mejor rendición de cuentas.
Ahora bien, insistiendo de nuevo en la necesidad de todo ello (evitemos así caer en la tentación de la demagogia más burda), sugiero un proceso de reflexión y revisión complementaria que nos ayude a mejorar cuestiones también fundamentales para las entidades del Tercer Sector; de cara a no renunciar –por olvido o distracción –al sentido último que tiene la sociedad civil cuando se organiza en favor del bien común.
Dado el carácter de fondo de las cuestiones que se van a plantear, se recomienda llevar a cabo este proceso de reflexión de manera sosegada, íntima y periódica… es decir, como esos exámenes de conciencia de los que hablaban algunas abuelas.
Consideramos que tiene sentido abordar estos dilemas en los distintos espacios en los que se estructura la entidad: tanto en los órganos de máxima decisión, como en el grupo local de voluntariado, ya que, aun con diferente nivel de responsabilidad, el sentido y la estrategia debería construirse desde todos estos lugares.
La propuesta es revisar los siguientes dilemas:
Sí, efectivamente, reconozcamos la trampa tendida a quien está leyendo este artículo: en los cuatro dilemas propuestos, ambas posiciones pueden ser compatibles e incluso deseables, por lo tanto, obligar a elegir (y a descartar una de las opciones) es tramposo e incluso irresponsable. Por ello, no debemos entenderlos como decisiones excluyentes, sino como tendencias en la que podamos identificar a qué dedicamos más tiempo, recursos, esfuerzo, motivaciones…
Además, cabe señalar que estas cuestiones son menos relevantes en el caso aquellas entidades en las que destinatarios y socios coinciden (las llamadas «asociaciones de usuarios»).
Hechas las aclaraciones, vayamos a ello:
Dilema 1
El primer aspecto sobre el que reflexionar responde a una pregunta de sentido: ¿para quién?
Imaginemos una comarca rural en la que hay un único Centro de salud. Imaginemos también que, por diferentes motivos, este dispositivo se cierra. No resulta complicado entender quiénes son los principales perjudicados de esta decisión.
Traslademos ahora esta cuestión al Tercer Sector: ¿Quiénes son las personas más afectadas en caso de que tuviéramos que cerrar nuestra entidad? ¿Serían los destinatarios, las personas contratadas, las voluntarias…?
Sí, es cierto que el médico también se vería perjudicado en la situación hipotética mencionada, pero, resulta evidente que, en términos cuantitativos y cualitativos, las peores consecuencias serían para los vecinos que dejarían de contar con un servicio que les resulta imprescindible.
En el Tercer Sector, periódicamente debemos formularnos esta pregunta y tratar de responderla con honestidad pues, la auto-referencialidad supone un riesgo a tener en cuenta.
Dilema 2
En ocasiones las entidades buscan espacios de relación con la Administración Pública. Entre otras cosas, para recordar que la garantía de derechos es competencia pública pues, de lo contrario, se asume el riesgo de la arbitrariedad.
En ocasiones también, el objetivo de estos espacios de trabajo es solicitar una serie de ventajas para el funcionamiento de la propia entidad.
Como ya se ha mencionado anteriormente, ambos objetivos son legítimos e incluso recomendables en la medida en la que permitan a las entidades dar un mejor servicio a sus destinatarios.
Ahora bien, si los espacios de trabajo están orientados al interés propio en lugar de a la incidencia (cambio de políticas públicas en favor de los destinatarios) aparece de nuevo la tentación de «ser para nosotros mismos».
Dilema 3
Son muchas las personas y entidades implicadas de manera habitual en nuestro ámbito de trabajo y en los procesos en los que nos vemos inmersos; tanto internos, como externos (personas contratadas y voluntarias, personas atendidas, Administración pública, empresas, socios y donantes, medios de comunicación…).
Interactuamos con todas ellas. Ahora bien, no a todas les pedimos, les proponemos o incluso, les exigimos el mismo nivel de cambio en sus conductas cotidianas.
Deberíamos preguntarnos por tanto si estamos orientados a promover la adaptación individual a un modelo que no cuestionamos y, por ende, no queremos transformar.
Dilema 4
Por último, y en parte relacionado con el dilema anterior, una de las asignaturas pendientes (a pesar de los avances producidos en los últimos años) tiene que ver con la participación de los destinatarios en las propias organizaciones.
Las personas contratadas y voluntarias que integran las mismas, tienen capacidad de decidir sobre su funcionamiento y orientación. No solo acuden a ejecutar sino también (en mayor medida) a proponer, evaluar, organizar… los proyectos e incluso cuestiones estratégicas de la propia entidad.
¿Tienen esa posibilidad las personas atendidas o son (les reducimos a) meros receptores de bienes o servicios?
En resumen, el Tercer Sector debe velar periódicamente por evitar la tentación de convertirse en una estructura orientada a la gestión de su propia subsistencia. Su dimensión política (el bien común) solo se consolida en la medida en la que se centre en las personas destinatarias, en el reconocimiento de su dignidad y en la garantía de sus derechos. Y para ello, las entidades deben apostar por hacer las cosas cada vez mejor, por tener los recursos adecuados y los marcos legislativos necesarios, pero sin olvidar que estas cuestiones son solo mediaciones y no el objetivo que en el pasado impulsó su creación.
[1] No descartamos eso sí, plantear más adelante, una reflexión sobre si el proceso de institucionalización de la solidaridad dificulta al Tercer Sector ser sociedad civil movilizada.
Socióloga por la Universidad de Granada. Especialista en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos
La pobreza severa es la situación de extrema limitación económica que sufre el 5% de la población en España, y que afecta en mayor medida a las familias donde el desempleo y la precariedad laboral son permanentes, así como a los hogares monoparentales y aquellos encabezados por los más jóvenes. Una realidad que refleja la desigualdad e injusticia social de nuestra sociedad y que nos reta a la transformación de las políticas sociales y de la acción social.
La pobreza severa es la situación de extrema limitación económica (menos del 30% de la renta mediana equivalente) que afecta al 4,7% de los hogares españoles (5,1% de la población). Sufrir la pobreza severa significa vivir con menos de 355 euros al mes si se trata de un hogar unipersonal, o de 746€ al mes en los hogares con dos adultos y dos menores.
La pobreza severa supone una grave dificultad para el desarrollo de una vida integrada, de hecho una parte importante de las personas que sufren la exclusión social (el 28%) registran fuertes carencias económicas que les sitúan en la pobreza severa, tal y como refleja el último informe de la Fundación FOESSA, sobre “Exclusión estructural e integración social” (2018, pág. 20).
En el presente trabajo se realiza una aproximación a cuáles son los factores de riesgo y protección que caracterizan la pobreza severa en nuestro país, mediante el desarrollo de modelos de regresión logística binaria.
Como factores exógenos principales se han utilizado el sexo, la edad y el nivel de estudios del sustentador principal (SP) de la familia, indicadores relacionados con la ocupación principal del mismo, así como aquellos relacionados con la situación laboral del hogar [1]. También se han utilizado variables relacionadas con el tamaño del hogar y la nacionalidad de los miembros que lo componen, así como variables relacionadas con la zona de residencia [2].
Teniendo esto en cuenta, se identifican una serie de factores de riesgo y de protección que explican la pobreza severa en España, entre los que se pueden observar ligeras diferencias con respecto a los resultados obtenidos en estudios anteriores.
En primer lugar, se podría destacar el hecho de que el sexo del SP del hogar ya no se constituye como el factor explicativo de la pobreza severa en España. De hecho, el riesgo de estar en una situación de pobreza severa es un 30% menor en aquellos hogares cuyo SP es una mujer. Aunque, como se verá más adelante, este dato habría que interpretarlo con cierta cautela.
Por otra parte, la edad del SP sigue considerándose un factor de riesgo sobre todo entre los menores de 30 años, cuya probabilidad de sufrir este tipo de situaciones de pobreza es cuatro veces superior frente al colectivo de mayor edad (mayores de 65 años).
La ocupación del SP también continúa explicando las diferentes situaciones de pobreza severa en España, suponiendo un riesgo casi tres veces mayor en aquellos hogares cuyo SP es un parado de larga duración. También se debe destacar la precariedad laboral como factor de riesgo frente a la pobreza severa, ya que, a pesar de tener un empleo, si el SP trabaja de manera irregular o tiene un empleo en exclusión, el riesgo de estar en una situación de pobreza severa es de más del doble que en aquellos casos en los que el SP goza de una situación laboral estable.
En relación al resto de factores de riesgo identificados, se debe prestar especial atención a la situación laboral del hogar, donde se puede observar que en aquellos hogares donde no hay ocupados ni se recibe ningún tipo de prestación contributiva, la probabilidad de estar en una situación de pobreza severa es doce veces superior frente a aquellos hogares que no sufren esta situación laboral. Relacionado con esto, llama la atención el hecho de que una situación generalizada de desempleo en el hogar, es decir, cuando todos los miembros en edad de trabajar no están empleados, no supone un factor explicativo de la pobreza severa en España. No se puede establecer una relación causal entre el riesgo de estar en una situación de pobreza severa y el hecho de que todos los miembros activos del hogar estén desempleados. Esto puede deberse a que a pesar de haber una situación de desempleo generalizada en el hogar, los miembros del mismo pueden ser beneficiarios de algún tipo de ayuda, como las rentas de inserción, subsidio o prestación por desempleo. Incluso puede darse la circunstancia de que además de estar percibiendo este tipo de prestaciones estén trabajando de manera irregularizada. Circunstancias que pueden contribuir a que, pese al hecho de existir una situación generalizada de desempleo en el hogar, esto no suponga un riesgo frente a la pobreza.
Otros factores destacables son aquellos relacionados con la zona de residencia, donde el riesgo de estar en una situación de pobreza severa es casi cuatro veces superior entre aquellas familias que viven en una zona marginal o deteriorada si las comparamos con los hogares situados en barrios o zonas de clase media-alta.
En último lugar, incidimos en el tamaño del hogar como otro factor de riesgo. Se observa que son los hogares monoparentales los únicos en los que el riesgo de pobreza severa resulta significativo, es decir, en un hogar monoparental el riesgo de estar en una situación de pobreza severa es de más del doble que en aquellos hogares sin hijos. Esto último puede relacionarse con el sexo del SP ya que si bien el hecho de ser mujer no supone un riesgo añadido frente a situaciones de pobreza severa, no podemos olvidar que un 62,5% de los hogares monoparentales en España están encabezados por mujeres.
Por otra parte, se identifican como factores de protección frente a la pobreza severa variables como el nivel de estudios del SP del hogar y la nacionalidad de los miembros del mismo. Conforme aumenta el nivel educativo del SP la probabilidad de caer en una situación de pobreza severa es menor, pero la capacidad explicativa del nivel formativo ha perdido relevancia. Aunque el sustentador principal tenga estudios universitarios, solo disminuye el riesgo de caer en este tipo de pobreza en un 17,9% frente a aquellos sustentadores del hogar que tan solo cuentan con la ESO o el Graduado Escolar y en un 11,2% en comparación con aquellos sustentadores que poseen una FP, BUP o Bachillerato.
En cuanto a la nacionalidad, el hecho de que todos los miembros del hogar posean la nacionalidad española disminuye la probabilidad de estar en una situación de pobreza severa en un 60%.
La pobreza severa afecta, en mayor medida, a aquellos hogares donde todos sus miembros están desempleados y no reciben ningún tipo de prestación contributiva, a los hogares monoparentales y a aquellos en los que el SP es menor de 30 años o es parado de larga duración.
Aunque los resultados de esta investigación no nos permiten hablar actualmente de un fenómeno de feminización de la pobreza, se debe destacar la elevada probabilidad de incurrir en situaciones de pobreza severa que presentan las familias monoparentales, encabezadas en la mayoría de los casos por mujeres. Esto nos debería llevar a reflexionar sobre la incapacidad de las administraciones públicas para responder a las necesidades de este tipo de hogares. La mayor vulnerabilidad de las familias monoparentales dificulta la superación de las situaciones de pobreza severa, generando, en ocasiones, una cronificación de la pobreza. Se han de tomar, por tanto, medidas que prevengan situaciones crónicas de pobreza y exclusión social en hogares monoparentales, siendo necesaria una política familiar sólida con especial atención a este tipo de hogares en los que solo un adulto, en la mayoría de los casos mujeres, ha de hacer frente a la vida laboral y familiar. En este sentido, se deberían tomar medidas relacionadas con la mejora de la calidad de vida de estas familias, como podrían ser los programas que garanticen el acceso al empleo, formación y vivienda, así como poner a disposición recursos públicos que aseguren una conciliación laboral y familiar sólida y estable.
Por otro lado, se detecta una mayor probabilidad de estar en riesgo de pobreza severa para aquellas personas que sufren la precariedad laboral. Esta se refleja en que el empleo no es capaz de proteger a las familias del riesgo de caer en situaciones de pobreza severa, ya sea por la intermitencia de los empleos, por la parcialidad de las jornadas o por la tipología de empleos en exclusión o irregulares.
El mercado laboral ha cambiado durante los últimos años, debido principalmente a la crisis, dando lugar a empleos más precarios, a salarios más bajos y, en consecuencia, a una mayor inestabilidad económica en cada vez más familias, creando nuevas situaciones de exclusión social. Las nuevas formas de contratación y de creación de empleo ya no pueden absorber a aquellas personas que se vieron afectadas por la destrucción de empleo durante el período de crisis, en palabras del papa Francisco la economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos (Grabois, 2014).
En este sentido, convendría abrir una reflexión sobre la intervención social en empleo que llevan a cabo las entidades del tercer sector. Una reflexión que evalúe la eficacia integradora que los programas de empleo tienen en un mercado laboral altamente precario, y que valore si la intervención puede, sin quererlo, terminar contribuyendo a suministrar mano de obra mal pagada. Una reflexión que aprecie la oportunidad de introducir elementos de control de la calidad del empleo en los proyectos de intermediación, y que sopese la necesidad de intensificar la acción de incidencia política para empujar el cambio en materia de legislación laboral, de protección de los derechos y de la dignidad del trabajo.
Fundación FOESSA. Análisis y Perspectivas. Exclusión Estructural e Integración Social. Madrid: Cáritas Española, 2018.
Gil Izquierdo, M., & Ortiz Serrano, S. Determinantes de la pobreza extrema en España desde una doble perspectiva: Monetaria y de privación. Estudios de economía aplicada, 2009. Vol, 27-2; pág. 437-462.
Grabois, J. Precariedad laboral, exclusión social y economía popular. Sustainable Humanity, Sustainable Nature: Our Responsibility, 2014; pág. 1-56.
Ibáñez, M. Apuntes sobre la incidencia de la pobreza relativa y absoluta en la población y en los trabajadores. Comparación entre 2009 y 2013. Lan harremanak: Revista de relaciones laborales, 2014, nº 31, pág. 63-81.
Lafuente Lechuga, M., Faura Martínez, U., García Luque, O., & Losa Carmona, A. Pobreza y privación en España. Rect@, 2009, Vol 10, pág. 1-28.
Poza, C., & Fernández Cornejo, J. ¿Qué factores explican la pobreza multidimensional en España?:Una aproximación a través de los modelos de ecuaciones estructurales. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la empresa, 2011, pág. 81-110.
[1] Los indicadores relacionados con la ocupación del principal sustentador de la familia son: sustentador principal parado de larga duración; sustentador principal con un oficio en exclusión y sustentador principal con un empleo irregular. Aquellos indicadores relacionados con la situación laboral del hogar son: hogar sin ocupados y sin protección contributiva; hogar con al menos un desempleado sin formación y hogar con todos los activos en desempleo. Estos seis indicadores constituyen la primera dimensión de pobreza relacionada con el empleo.
[2] Los datos explotados proceden de la Encuesta sobre Integración y necesidades sociales de la Fundación FOESSA (EINSFOESSA) del año 2018.
Equipo de Inclusión de Cáritas Española
Las siguientes líneas deben entenderse como el resultado de ordenar una serie de aprendizajes y reflexiones amasadas colectivamente, surgidas a partir de la experiencia de agentes valientes que se deciden a aprender desde la praxis. Por otra parte, esta reflexión se circunscribe a la experiencia vivida dentro de la dinámica institucional de Cáritas. Intentaremos formular las ideas con la intención de que sean lo más extrapolables, útiles, aplicables y compatibles que sea posible, pero siempre con la humildad y realismo de que no son afirmaciones universales ni axiomas indiscutibles.
Además, quien redacta en esta ocasión es apenas un facilitador que no habla en primera persona porque no tiene el pie en la calle; su función precisamente es acompañar experiencias, ponerlas en relación, catalizar procesos de reflexión colectivos induciendo pensamiento desde el trabajo que hacen otros [1].
Habida cuenta que otras compañeras están escribiendo artículos que confluyen en su temática con éste, intentaré centrarme en la idea que expresa el título que me han propuesto; el sentido de reto: ¿qué nos estamos jugando las organizaciones del tercer sector cuando hablamos de participación?, ¿se trata de una moda?, ¿más bien es una estética, unas formas o estilos a incorporar? Hacernos estas preguntas y responderlas con honestidad de manera continuada puede resultar trascendente para nuestros equipos e instituciones. De lo contrario, probablemente nos estemos perdiendo algo que no es nada secundario.
La primera reacción inconsciente ante un reto suele ser intentar evitarlo, disimularlo, obviarlo, ningunearlo o mirar para otro lado. Y esto no expresa necesariamente miedo o inmovilismo; puede ser también pragmatismo, inercia, predominio de lo urgente sobre lo importante.
Pero, en cualquier caso, vale la pena detenernos un poco a describir aquellas trampas que curiosamente nos ponemos nosotros mismos y detienen u obstaculizan nuestros pasos decididos hacia la participación. Son respuestas o excusas fáciles que nos ahorran complicaciones. Estas auto-trampas las podemos reconocer porque empiezan con la frase: Eso de la participación está muy bien, pero…
En un taller, Emilia decía: Cuando me preguntan ¿tú eres participante?, yo respondo: No lo sé. Lo que sé es que ahora estoy participando. Cuando me preguntan en el barrio ¿tú estás en Cáritas? Yo les respondo: No, yo participo en Cáritas.
Es un verbo, no un sustantivo. No es lo mismo hablar de participación, que hablar de yo participo, tú participas, él participa, nosotras estamos participando. En las organizaciones sociales, en ocasiones, tenemos un tic consistente en considerar que el primer paso para cualquier cosa que emprendamos conjuntamente es aclararnos qué entiende cada uno por el tema en cuestión. Nos remitimos inicialmente al concepto, a la construcción abstracta, y si es preciso debatir, invertimos el tiempo que haga falta, porque el para mí, no es exactamente igual que el para ti. Y desde ahí, ya aplicamos y medimos la vida con esa vara que nos aporta criterio y seguridad. Creo que esta secuencia no siempre funciona.
Intentemos en estas líneas adoptar otro método. Tomemos como punto de partida, no el concepto, sino la acción que se da en la realidad. De entrada esto nos lleva a diferenciar dos preguntas o puntos:
Por motivos de extensión y en orden de priorizar contenidos, dejaríamos para otra ocasión el abordaje de esta segunda pregunta.
Para que no nos deslumbre el palabro, el concepto, entremos a la casa dando un rodeo.
Utilicemos indicadores que nos hablen acerca del proceso, de lo que estamos logrando o no.
No encallemos dilucidando si esta práctica o aquella son real y auténticamente participativas, luego de someterlas a un modelo teórico o conceptual.
En las organizaciones de intervención social hacemos muchas cosas, pero si tuviéramos que resumir o concentrar en una frase nuestra misión sería la de acompañar a las personas en situación de pobreza y exclusión en sus procesos de construirse como sujetos para el acceso a derechos que les son vulnerados.
Es cierto que los derechos nos corresponden por el hecho de ser persona. Pero, a la vez, diríamos que ser sujeto de derechos contiene también un sentido procesual. Vamos ejerciendo como sujetos de derechos.
Soy sujeto o, mejor, me voy construyendo como sujeto, contestando preguntas similares a estas:
Y estas preguntas, o similares, aplican no solo en el plano personal, sino también en el social-comunitario y en el vecinal-ciudadano.
Nuestro acompañamiento, con nuestras actuaciones, decisiones, relaciones, tendrá siempre consecuencias que ganen terreno hacia la autonomía o bien, en sentido contrario, hacia la dependencia. La participación es el camino por el que transitamos en una dirección o en otra.
4.1. Hacia unos indicadores de participación
A lo largo de estos años, en diferentes espacios de encuentro, diálogo y reflexión compartida realizados entre personas participantes hemos recogido como resultados de los diálogos, diferentes expresiones de vivencias que constituyen guías, elementos que muestran por dónde. Podríamos señalarlos como indicadores, señales en el camino, aquellas expresiones compartidas, en las que coincidimos, marcan el territorio en donde podemos hablar de participación.
Formulado de otra manera, en nuestra organización de intervención social, podemos saber en qué medida las personas que acompañamos están participando si…
– Nos hace felices. Nos aporta una sensación agradable que podemos nombrar como reconocimiento, valoración, respeto, empoderamiento,…
– Nos hace crecer. Aumenta mi autoestima, mi confianza, el autocontrol y la seguridad en uno mismo.
– Nos situamos de manera diferente. Facilita el “sentirse parte”, el sentido de pertenencia al grupo. También facilita el sentirse uno más en la sociedad.
– Descubrimos que la gente tiene ganas de participar.
– Vemos más clara la diferencia de trabajar “CON” y no “PARA”.
– Hay que crear vínculos. Solo así descubrimos las capacidades y las potencialidades que todos y todas tenemos.
– Hemos redescubierto valores como el respeto, la empatía, la responsabilidad, la dignidad propia y de los demás.
4.2 ¿Cuáles son los nudos, los puntos sensibles que pueden determinar si avanzamos o retrocedemos?
– Ayuda el tener una mente abierta: flexibilidad. No ayuda la resistencia a los cambios.
– Ayuda la convicción, el entusiasmo, la ilusión; el compromiso con pasión: una actitud de pensar en positivo. No ayuda la comodidad o el conformismo.
– Ayuda preguntarnos por nuestros miedos; miedos por sentimiento de fracaso, desconfianza por alguna experiencia pasada, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto de la participación?, ¿y si el grupo no responde?
– Ayuda una actitud de soltar el control; ceder poder; ver al otro como un igual. No ayuda una actitud protectora, cargar con las mochilas que no son mías, que son de otros; ese paternalismo, ese asistencialismo.
– Ayuda saber ver las capacidades del otro, conocerlas y reconocerlas, respetar y acercarnos a la diversidad de culturas, costumbres y creencias.
– Ayuda la paciencia, respetar el ritmo de los procesos de los otros. No ayuda el exceso de ganas de hacerlo yo; la costumbre de marcar pautas; las prisas; una acción unidireccional.
– Ayuda una relación bidireccional, la proactividad que genera vínculos, crear puentes, el ejercicio de la escucha, el respeto, la empatía, la humildad.
– Ayuda celebrar juntos, la ayuda mutua, contagiarnos la motivación.
– Ayuda sentirse miembro activo, tener un objetivo común y construir entre todos, con corresponsabilidad.
Una lectura de este punto, desde una actitud dispuesta a remangarse, puede encontrar en los diferentes epígrafes, todo un check-list listo para confrontar con nuestra experiencia o práctica de promover la participación de las personas a las que atendemos.
Pero cabe añadir una reflexión más, partiendo de las aportaciones/conclusiones literales de las personas participantes. Un indicador más a tener en cuenta que nos refiere a una dimensión un poco más globalizadora, integradora de todo lo anterior.
La inseguridad nos lleva a la impotencia, y la impotencia nos impide participar. Pero hemos descubierto que los problemas que surgen los podemos superar, juntos y juntas.
Todos tenemos autoridad, que se reconoce cuando existe confianza, dignidad y respeto.
PARA TRANSFORMAR HAY QUE PARTICIPAR
4.3. Y ¿qué pasa con la apuesta que debe hacer la institución, la estructura, la organización?
Avanzar o retroceder en cuanto a la participación de las personas a las que acompañamos, requiere de apuestas institucionales. Aquí se juega la diferencia entre lograr transformaciones en nuestros modelos de intervención social o simplemente buenas, pero exóticas prácticas que merecerán el aplauso y la admiración, pero que no podrán replicarse.
Para participar es preciso crear espacios y oportunidades para la escucha: somos y nos hemos sentido parte, por eso es importante generar espacios de participación.
Las organizaciones de acción social caeríamos en un grave error si entendiéramos el reto de la participación como algo parecido a alcanzar niveles de excelencia en nuestra intervención. No es algo opcional, un estándar de calidad tan deseable como alejado de la cotidianeidad. Las personas en situación de pobreza y exclusión a las que atendemos, viven y luchan cada día por superar sus situaciones. Nuestro reto consiste en que nuestra interacción con ellas signifique pasos hacia una mayor dependencia o hacia mayor autonomía; carne de exclusión o sujetos de derechos conscientes y protagonistas. No es un reto. Nos lo jugamos todo.
[1] Por cierto, flujo diferente al de trazar líneas de pensamiento para que otros deduzcan y apliquen en su trabajo. La función primigenia de los Servicios Generales de Cáritas Española es la del servicio y, por tanto, aquél flujo inductivo parece ser el más adecuado a su naturaleza.