Marina Sánchez-Sierra Ramos. Técnico del Equipo de Estudios de Cáritas Española y miembro del Equipo Técnico de FOESSA
Puedes encontrar a Marina Sánchez-Sierra en Twitter.
En ocasiones nos encontramos con que los ámbitos de la investigación y de la intervención encuentran un muro invisible que les separa, que les hace no reconocerse mutuamente en la tarea del otro. Este alejamiento no es propio de las disciplinas en sí, sino de las personas que las aplicamos que, volcadas en las tareas del día a día, en el trabajo que hemos de sacar adelante, olvidamos –sin querer– aprovechar el potencial y el conocimiento que escucharnos y mirarnos mutuamente puede ofrecernos. Pero no se trata de lo que nos ofrece a nosotros a nivel intelectual o profesional, sino de las mejoras que podemos incluir en nuestro hacer y saber hacer que, en definitiva, en el tercer sector en general y en Cáritas en particular, se orientan a mejorar la vida de quienes viven en condiciones más precarias.
Se investiga al servicio de la acción social y así la intervención queda fundamentada en el análisis de la realidad y no en la ocurrencia o el voluntarismo, sin que por ello la investigación pierda su objetividad y su autonomía. De lo contrario, corremos el riesgo de hacer un uso instrumental de la investigación, viciándola desde el inicio al buscar unos resultados concretos que corroboren nuestras hipótesis y refuercen nuestra estrategia de intervención.
Y lo que aquí nos proponemos es presentar algunos de los beneficios que la investigación puede ofrecer a la intervención para que los equipos de trabajo puedan iniciar un diálogo que sirva a nuestra misión.
En primer lugar, si el objetivo de la organización es más grande que ella, que no quiere satisfacerse a sí misma, sino acompañar a las personas en situaciones difíciles, la investigación y la mirada que ofrecemos a la realidad social debe estar al servicio de estas personas y sus problemáticas. Y desde el conocimiento de la realidad será que nuestra intervención se ajustará a lo que ya existe para construir lo que queremos que sea. Es decir, pasaremos a construir desde los materiales de los que disponemos, y no desde las expectativas que organizaciones y participantes puedan tener. Es un camino conjunto: sin saber de dónde partimos no podemos comenzar a construir, pero tampoco podemos hacerlo sin saber qué queremos lograr. Por tanto, el primer beneficio que podemos lograr es el ajuste entre la realidad existente y los objetivos de intervención planteados.
Es más, la investigación ayuda a la priorización de problemáticas y objetivos. Lo equipos de intervención son buenos conocedores de la realidad, pero necesitamos ampliar esa mirada, que se dirige a un determinado espacio o problemática, y situarla en el conjunto social. Y esto nos lo permite la investigación, el análisis, desde una mirada que sale de la realidad para observarla desde fuera buscando la mayor objetividad posible.
Y en esa mirada amplia, también podemos descubrir nuevos fenómenos que están afectando a las personas con las que trabajamos y de los que aún no somos conscientes desde la intervención. Puede tratarse de nuevas problemáticas, pero también podemos observar tendencias, atisbar hacia dónde nos dirigimos como sociedad, y qué impactos puede tener en determinados colectivos, para así generar respuestas que permitan mitigar o prevenir los efectos negativos que aquellas puedan tener.
En cuanto a efectos, la investigación también nos permite analizar las consecuencias, esperadas o no, de la intervención. A los indicadores que nos dicen si hemos cumplido con los objetivos que la intervención se proponía, la investigación puede sumar otros efectos positivos y negativos que la intervención ha podido tener, tanto en la población beneficiada por la intervención como en su entorno. De este modo podremos hacer los cambios necesarios en el diseño de la intervención para optimizarla. Es decir, la investigación nos ayuda a la mejora de la intervención.
En este sentido, la investigación a priori sobre las personas en situación de exclusión, sus necesidades, visión del mundo, cómo y dónde se perciben socialmente, su consciencia o no de ser sujetos de derechos, así como averiguaciones sobre una cuestión concreta, dan una valiosa información para diseñar la intervención según las necesidades, preferencias y subjetividad del colectivo beneficiario, lo que estará incidiendo de dos formas: una implicación de las personas que participarán desde antes de que se produzca la intervención, y una adecuación de objetivos y tareas no solo a la realidad objetiva, numérica, de un hecho, sino a la subjetividad de las personas, facilitando un mayor éxito de las actuaciones que se desarrollen.
En esta línea, será posible también un mejor aprovechamiento de los recursos, esto es, una mayor eficiencia, pues trabajaremos conociendo la realidad desde la que incidimos, lo que hace que podamos enfocar mejor nuestra acción.
Además de todo lo anterior, en el proceso de investigación no hay valoración ni consecuencias sobre lo que las personas expresan, y eso permite una apertura diferente, más subjetiva, donde no hay expectativas por parte de quien investiga ni de quien participa en la investigación. En la intervención, sin embargo, la conversación y la relación que se establece tiene un objetivo concreto, que no siempre tiene por qué ser el mismo para las personas trabajadora y participante. La investigación se convierte en una herramienta más para la intervención, ubicándola en un marco más amplio, más abstracto, y a la vez, al mirar desde más lejos, podemos comprender mejor lo específico. Como en una imagen en la que ves un niño desamparado que llora en un suelo de tierra, al que quieres ayudar y tender tu mano, pero al ver el resto de la imagen ves que está en un parque, con su padre tendiéndole los brazos, y a su madre caminando hacia él con una botella de agua. La investigación nos ayuda a ver y comprender esa parte que la foto manipulada nos oculta.
Todo esto debe hacerse, eso sí, teniendo claro el lugar de la organización y su objetivo para no terminar convirtiéndola en un mero generador de datos que se olvide de incidir sobre la realidad y solo la analice desde la distancia. El análisis debe guiar nuestra estrategia de incidencia social o política, no al revés.
Para todo ello es necesario también tener en cuenta algunos aspectos que faciliten una relación sinérgica entre estas disciplinas. La investigación debe utilizar, para trasladar sus resultados, un lenguaje adecuado. Sin él, los agentes de intervención se alejan de los resultados del esfuerzo investigativo. Para ello es necesaria la pedagogía, dotar a dichos agentes de los instrumentos necesarios para que puedan trasladar y aplicar el análisis de la realidad a la intervención sobre la misma. Por último, en el ámbito social no puede reducirse todo a la cuantificación, sino que es preciso combinar fuentes e indicadores cuantitativos con cualitativos, esto es, con información narrativa que nos ayuda a conocer la subjetividad de las personas (sentimientos, motivaciones, deseos, etc.).
Por tanto, la investigación y la intervención no son dos caras de una dualidad, sino dos maneras complementarias de mirar la realidad. La investigación también ha de escuchar a los profesionales de la intervención porque conocen la realidad de primera mano, saben qué está ocurriendo y también ven tendencias de evolución social. En lugar de pensar en ellas como disciplinas independientes, debemos comenzar a enfocarnos en la manera en que pueden verse fortalecidas mutuamente, y aprovechar ese impulso para seguir trabajando por la dignidad de las personas.
Paloma García Varela, politóloga experta en Derechos Humanos
Sonia Olea Ferreras, jurista experta en Derechos Humanos
Propuesta para diseñar, llevar a cabo y evaluar permanentemente las múltiples acciones y dimensiones de la intervención social en nuestras entidades y organizaciones desde el marco del enfoque basado en derechos humanos (Parte I) y con un caso práctico de implementación (Parte II – Documentación Social de septiembre de 2022-).
¿Dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en pequeños lugares, cerca de nosotros; en lugares tan próximos y pequeños que no aparecen en los mapas. Pero esos son los lugares que conforman el mundo del individuo: el barrio en que vive; la escuela o la universidad en que estudia; la fábrica, el campo o la oficina en que trabaja. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca ser igual ante la ley, en las oportunidades, en la dignidad sin discriminación. Si esos derechos no significan nada en esos lugares tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción decidida de los ciudadanos para defender esos derechos a su alrededor, no se harán progresos en el resto del mundo
Eleanor Roosevelt
Como organizaciones sociales con una larga trayectoria, estamos muy acostumbradas a utilizar los derechos humanos (DDHH) en nuestras acciones y en nuestro discurso. Nos consideramos organizaciones que defendemos los derechos de las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad o exclusión. Sin embargo, no siempre es fácil pasar del discurso y del papel a incorporar todo lo que implican los DDHH en la intervención social y más difícil aún, ser capaces de medir el impacto de esta intervención en términos de derechos.
Para comprender qué es en enfoque basado en derechos humanos (EBDH) y qué implica incorporarlo en la intervención social es necesario comprender qué son los DDHH en toda su dimensión.
Los DDHH se relacionan con las necesidades del ser humano, pero no se confunden con ellas.
La parte de “humanos”, hace referencia al conjunto de necesidades (alimentación, agua, vivienda) y de capacidades humanas (elegir, expresarse, participar) que son comunes a todas las personas, con independencia de su lugar de origen o de sus diferencias culturales, y que están vinculadas a la dignidad de la persona.
Cuando estas necesidades y/o capacidades se ven amenazadas, se establecen unos mecanismos para su protección y pasan a ser derechos, creándose normas jurídicas; estableciendo que el Estado es responsable de hacer cumplir esa norma; y creando unos mecanismos para poder exigir jurídicamente la vulneración de ese derecho y sancionar su incumplimiento.
Las normas jurídicas son el conjunto de tratados y convenciones que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Los Estados se obligan a respetar, proteger y garantizar los DDHH cuando las ratifican, lo que implica que deben adaptar su legislación nacional y sus políticas públicas. Esto conlleva que las personas y los pueblos tienen la capacidad de exigir jurídicamente al Estado una respuesta a sus demandas.
Los DDHH no nacen de la norma, pero deben convertirse en ella. Estas normas son el resultado de la lucha de los pueblos y de luchas sociales en el camino hacia una sociedad más justa. Muchos movimientos sociales surgen motivados por las violaciones de DDHH, exigen el fin de su vulneración y reclaman instrumentos jurídicos que protejan a la ciudadanía para el futuro.
Desde esta perspectiva, incorporar el EBDH en la intervención social implica una forma determinada de interpretar, analizar, abordar, comprender el mundo. No nos preguntaremos por las necesidades que tienen las personas para poder cubrirlas. Nos preguntaremos qué derechos se están vulnerando, quién se ve afectado, cuáles son las causas de esa vulneración, qué demandas tienen las personas que se ven afectadas y cómo podemos contribuir a transformar las relaciones de poder corrigiendo las desigualdades, las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder.
Teniendo en cuenta la definición de DDHH y de EBDH, podemos identificar 5 componentes que nos permiten aterrizar en la práctica estos conceptos.
Esta mirada nos permite avanzar hacia relaciones más horizontales donde consideramos a las personas desde sus capacidades y no desde sus necesidades o debilidades.
Desde el EBDH, las organizaciones sociales son un puente necesario entre la ciudadanía y los poderes públicos, en la búsqueda del equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta ejecutiva de los poderes públicos a dichas demandas.
La incorporación del EBDH en nuestras organizaciones y en la intervención social tiene importantes beneficios que mejoran nuestro impacto en cuanto a la transformación de la realidad social, política, económica y medioambiental.
En primer lugar, nos permite evolucionar en nuestras intervenciones pasando de un enfoque de cubrir necesidades al de defender derechos, centrándonos en la transformación de las relaciones de poder desiguales y discriminatorias, empoderando a las personas para que reclamen sus derechos e incidiendo en los poderes públicos para que cumplan con sus obligaciones.
Además, facilita ofrecer respuestas integrales a partir de la participación de las personas que se ven afectadas y de todos los actores; y da mayor fuerza a nuestros argumentos al basarnos en el DIDH.
Las entidades sociales pueden y deben incorporar el EBH en 3 niveles:
El nivel estratégico hace referencia a la visión que mueve la acción de la organización. El siguiente cuadro refleja los cambios que supone la incorporación del EBDH.
Este nivel hace referencia a los cambios necesarios para incorporarlo en los procesos internos de
la organización, como por ejemplo en los procesos de toma de decisiones, los protocolos de actuación, la política de personal, los derechos laborales, los códigos éticos. En definitiva, las normas, principios y valores de gobernanza de la organización y de gestión interna del personal y del trabajo. Este es uno de los grandes retos para las organizaciones que, en ocasiones, incorporan antes los componentes del EBDH en sus acciones que en su gestión y organización interna.
El nivel operativo supone la incorporación de los componentes del EBDH en los programas, proyectos, servicios, materiales, comunicación, campañas y todos aquellos aspectos de la propia acción de la organización.
Las intervenciones tienen que ir dirigidas al fortalecimiento de las capacidades de los titulares de derechos para que puedan ejercer sus derechos, de los titulares de obligaciones para que cumplan con sus obligaciones y de los titulares de responsabilidades para que cumplan con sus responsabilidades.
De forma general, los indicadores son herramientas que sirven para mostrar características específicas, observables y medibles de un objeto concreto de estudio y que nos permiten describir, medir o conocer tanto acciones como procesos y situaciones.
Cuando analizamos la realidad social, política, económica o medioambiental utilizamos un conjunto de indicadores que seleccionamos a partir de las características que queremos destacar del objeto de estudio. En este sentido, una misma realidad puede mostrarse de muy diferentes formas dependiendo de los indicadores que seleccionemos y esta selección nunca es neutra.
Por ejemplo, no se muestra la misma realidad cuando medimos el desarrollo de una comunidad utilizando indicadores económicos como el crecimiento del PIB, que cuando utilizamos indicadores de desarrollo humano o cuando utilizamos indicadores de DDHH.
De esta forma, los indicadores sociales nos ayudan a traducir conceptos teóricos y abstractos de la realidad social a medidas tangibles. Desde la perspectiva académica, un indicador sería el vínculo entre los modelos explicativos de las teorías sociales y la evidencia empírica. Desde la perspectiva programática, el indicador es una herramienta operacional para monitorear la realidad social a fin de formular o reformular políticas[i].
El proceso de construcción de indicadores nos permite traducir los conceptos abstractos en elementos medibles a través de las dimensiones relevantes, específicas y dinámicas del objeto de estudio que estemos analizando. En este proceso debemos dar respuestas a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué problema queremos abordar? El primer paso es concretar el problema o área de estudio delimitando su alcance.
2. ¿Cuáles son las características qué queremos destacar del problema de estudio? Este paso supone desagregar el problema de estudio en las principales dimensiones de análisis y en las variables de cada dimensión que queramos destacar.
3. ¿Cómo puedo medir esas dimensiones del problema de estudio? Este paso supone operativizar las dimensiones a través de expresiones medibles, es decir, a través de indicadores.
Los indicadores de DDHH nos permiten medir tanto el avance de los poderes públicos en el cumplimiento de sus obligaciones como el impacto de la legislación, políticas públicas y actuaciones en los DDHH de la ciudadanía. De esta forma, el objeto de estudio es el contenido mínimo de los DDHH marcado por el DIDH y las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y garantizar estos derechos.
Las principales características de estos indicadores son:
Teniendo en cuenta estas características podremos diferenciar los tres tipos de indicadores. Por un lado, indicadores estructurales que reflejan el compromiso o la intención del Estado de adoptar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, los indicadores de proceso que reflejan la calidad y la magnitud del esfuerzo realizado por el Estado para hacer efectivos los derechos. Finalmente, los indicadores de resultado que reflejan el impacto de las medidas adoptadas por los poderes públicos en cuanto al respeto, protección y garantías de los derechos.
La mayor dificultad que las organizaciones sociales encuentran no está, como podría parecer al ser un cambio de paradigma en la misión-plan estratégico de las mismas, en la adopción del EBDH en su intervención (social, jurídica, emocional, comunicativa, de incidencia social y política); sino en consensuar y apropiarse de la decisión sobre qué se quiere medir y cómo para conseguir un aprobado con nota alta en ese examen de incorporación.
Los indicadores de DDHH aparecen entonces como las herramientas concretas que deberían poder medir, abarcar, sistematizar, ordenar, evaluar… si la vida diaria de las entidades tiene imbricado el enfoque de DDHH. ¿En qué se traduce esta medición?:
Contestar negativa o afirmativamente las anteriores preguntas sigue sin dar respuesta al planteamiento fundamental, como decíamos al comienzo de este capítulo, de pactar y acordar qué queremos medir (dimensiones); previo al cómo vamos a hacerlo (herramientas de medición- indicadores). Porque en ese ejercicio y proceso las organizaciones deberían encontrar dimensiones transversales (contenidas en los tratados y convenciones de DDHH) a todo tipo de intervención/acción que llevan a cabo las mismas (no discriminación e igualdad, indivisibilidad, rendición de cuentas, participación y empoderamiento) y otras que tendrían que diseñar y hacer propias respecto a lo concreto de cada una, en este caso de la intervención social.
Como vemos, la pregunta habitual de ¿estamos trabajando con EBDH en nuestro proyecto de vivienda para personas en situación de sin techo de…? tiene muchas más aristas y consecuencias internas y externas de las que podría parecer en un comienzo.
El camino que proponemos conlleva tres ejercicios:
Nuestra propuesta es concreta: medir las dimensiones de promoción, protección y defensa de los DDHH que se abordan desde el ámbito de la intervención social (en el cumplimiento de los tratados y convenciones internacionales de los DDHH). O, dicho de otra forma, cómo desde la intervención social podemos operar para la consecución de los objetivos planteados más arriba de fortalecer las capacidades de los titulares de derechos para que los ejerzan, las capacidades de los titulares de obligaciones para que cumplan con ellas, y las capacidades de los titulares de responsabilidades para que las cumplan a su vez.
Las dimensiones que, a nuestro modo de ver, se tendrían que medir desde la intervención social para el logro y consecución del pleno ejercicio de los DDHH por todas las personas[ii], serían las siguientes[iii]:
Previo al desarrollo de las acciones de intervención social, el diagnóstico de la realidad en la que se pretender intervenir ha de sustentarse en dos objetivos principales:
Y desde ahí, hacer un análisis de la situación de los derechos de las personas a las que queremos acompañar desde nuestro proyecto/acción de intervención social. ¿Cómo[v]?, lo hemos ido viendo en las líneas anteriores:
Volviendo de forma constante y sistematizada a lo que estamos queriendo medir en cada parte de la propia acción social de la organización, es decir, recuperando las tres dimensiones del objeto del derecho, los actores intervinientes y los principios de los DDHH. Y utilizándolas de forma transversal en cada producto, herramienta, intervención (planes estratégicos, proyectos, jornadas, escuelas formativas, encuentros internos y externos…).
Esa alineación de nuestras acciones supone llevar de la teoría a la práctica el logro y consecución del pleno ejercicio de los DDHH y, como consecuencia directa, pasar de la habitual función en la intervención social de acompañamiento de las necesidades de las personas vulneradas a la defensa jurídica, denuncia y sensibilización (incidencia social) y estrategias de incidencia política que enfrenten las vulneraciones de dichos derechos.
La realización del seguimiento y de la evaluación con EBDH supone incorporar los principios, valores y normas de los DDHH. ¿Cómo se han transformado las relaciones de poder?, ¿cómo es la situación de los DDHH en el momento actual y después de una intervención?, ¿Cómo es la participación de los diferentes actores?…
Evaluamos para…
La premisa incumplida para una intervención social con EBDH, y el talón de Aquiles sigue siendo la participación de las personas vulneradas en cada fase del proceso: diagnóstico, planificación, seguimiento y evaluación de las acciones en la intervención social. Sin duda la dimensión esencial para el logro y consecución del pleno ejercicio de los DDHH proclamado y normativizado en los tratados y convenciones de derecho internacional.
[i] Construcción de indicadores en materia de derechos humano, económicos, sociales, culturales y ambientales. Documento base sobre el estado de la discusión a nivel mundial. Ciudad de México, septiembre de 2007. (pág. 24)
[ii] Equipo de ISI Argonauta (2011) “El enfoque basado en derechos humanos. Evaluación e Indicadores”. Ed. Red en Derechos. Revisado el 6 de marzo de 2022 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Evaluaci%C3%B3n/EvaluacionEBDH%20+%20NIPO+%20logo.pdf
[iii] N. de A.: En la Parte II de este artículo (Documentación Social- Nº septiembre de 2022) desarrollaremos todos los indicadores, ahora enunciados, con el correspondiente caso práctico de implementación.
[iv] PELAEZ NARVAEZ. A. et al (2017) “Guía para la incorporación de la perspectiva de género y discapacidad en la programación del Fondo Social Europeo”. Colección Generosidad nº6. Fundación Once https://www.cermi.es/es/colecciones/gu%C3%ADa-para-la-incorporaci%C3%B3n-de-la-perspectiva-de-g%C3%A9nero-y-discapacidad-en-la-programaci%C3%B3n
[v] OFICINA REGIONAL PARA AMERICA CENTRAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (2011) “Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en América Central” Ed. OACNUDH-Oficina Regional para América Central.
Pedro Fuentes Rey, técnico del equipo de Estudios de Cáritas Española
Las políticas públicas y la intervención social del tercer sector en contextos de exclusión social hacen, con mucha frecuencia, un especial hincapié en la activación de las personas. Haciendo un análisis que sitúa la causa en el terreno de lo personal. Los datos de la EINSFOESSA 2021 desmienten que este sea el problema central, poniendo de manifiesto que son los propios mecanismos de integración social los que fallan. ¿ha llegado la hora de poner ahí el acento?
La encuesta EINSFOESSA 2021 ha indagado sobre el grado en que las personas realizan o no actividades de inserción, de mejora de su empleabilidad, de aprendizaje… es decir, si están activadas es porque realizan actividades como trabajar, estudiar, formarse o acudir a diversos programas formativos o laborales, entre otros, a los ofrecidos por los servicios sociales públicos y privados para superar la situación en la que se encuentran, pero especialmente para encontrar un empleo.
Este gráfico nos muestra el porcentaje de activación en función del nivel de integración y, por tanto, de las condiciones de vida del hogar. Lo primero que se observa es que sea cual sea la posición respecto a la integración social, se da un altísimo porcentaje de hogares en los que, al menos un miembro, realiza este tipo de actividades. Siendo incluso ligeramente superior en los hogares en la zona de exclusión. En principio no parece que el problema de la activación sea el elemento principal a abordar en la intervención.
Si acercamos un poco la lupa y miramos ahora solo a las personas perceptoras de algún tipo de prestación económica, los datos no corroboran el mantra de su efecto desincentivador de la activación.
Aun en el caso del grupo en el que el nivel de activación es menor, (los perceptores de renta mínima autonómica o estatal) esta es ligeramente superior al 50%, y nada demuestra que la causa de la bajada sea responsabilidad de la prestación.
De este gráfico podemos extraer dos conclusiones complementarias: la primera, que cuanto más se cobra por una prestación, más nivel de activación se produce. Y la segunda, que la reducción de la intensidad de las actividades de activación quizá se deba más al tiempo de permanencia en la situación que, en la medida que se incrementa, provoca desánimo.
Así, tenemos un colectivo de personas nada desdeñable que queda fuera de los procesos normalizados de integración que de manera masiva están haciendo esfuerzos por acceder a alguno de ellos (están activados). Un grupo que suele obtener una respuesta centrada, en ocasiones de manera obsesiva, en activarlos, quizá porque, como sociedad, asumimos acríticamente la visión liberal de la pobreza que responsabiliza al individuo, y solo a él de su situación.
Empeñarse en facilitar una llave a quien intenta y no puede abrir una determinada puerta y olvidarse de descorrer los cerrojos del interior no parece la mejor de las maneras de plantear el asunto. Lo que no funciona son los mecanismos de integración social, que, si alguna vez lo hicieron, ya no dan respuesta a todas las personas.
El empleo ya no es accesible para todas, y cuando lo es, no protege de la pobreza y la exclusión de forma universal. La formación estudiada apenas acerca al desarrollo profesional en ese campo. No existen espacios fuera del mercado donde aportar a los demás nuestros saberes o haceres. Los lazos comunitarios son hoy escasos y débiles. Realmente no es extraño el desánimo si el resultado de la inversión en activación no lleva a cubrir, o tan siquiera a acercarse a las expectativas con las que se hace, o con las que se les vende. Y, a pesar de ello, los que se desaminan son una minoría.
Doctora en Psicología. Responsable del Área de Personas Mayores y Envejecimiento de Cáritas Bizkaia. Profesora de la Universidad de Deusto.
Puedes encontrar a Mª Pilar Castro Blanco en Linkedin.
La soledad es un fenómeno que genera una preocupación creciente, especialmente en los países más desarrollados. Son abundantes los estudios que nos indican que, a pesar de las facilidades del mundo contemporáneo para la comunicación y la conexión, la soledad es una sensación -y a veces una situación- extraordinariamente frecuente. También son llamativos los datos que nos alertan sobre las consecuencias negativas de la soledad sobre la salud física y mental de la población. Por todo ello, no es extraño que se hable de ella como de un problema de salud pública, o incluso que sea considerada un asunto en el que el estado debe intervenir, lo que está llevando a la creación de observatorios, planes de intervención, e incluso a secretarías de estado y ministerios (como en Gran Bretaña y Japón).
Entre las investigaciones encontramos algunas que hablan de la soledad como situación (escasez o pobreza objetiva de relaciones), mientras que otras se refieren a la soledad como sentimiento o sensación (más relacionada con la insatisfacción con las relaciones). Hay que señalar que no siempre hay correspondencia entre ambas, ya que no toda situación de soledad genera sensación de soledad, ni toda sensación de soledad se explica por las dimensiones de la red social de la que dispone la persona. En otras palabras, la soledad como estado se ve y se puede valorar a través de datos objetivos, como el número de personas que viven solas, el tiempo que una persona pasa sin compañía o sin hablar con otras, etc.; en cambio, la soledad sentida, tiene que ver con la valoración que la propia persona hace de sus relaciones, y depende no solo de su número, sino también -y sobre todo- de aspectos cualitativos percibidos (afinidad, reciprocidad, conflicto…), por lo que es difícil de detectar para el observador externo y requiere que sea la misma persona quien la exprese.
Todas las personas, independientemente de los años que tengamos, necesitamos sentirnos vinculadas y disponer de relaciones significativas en las que nos sintamos bien. Y es habitual que a lo largo de nuestra vida pasemos por momentos en los que echemos de menos diferentes apoyos, o vivamos situaciones en las que algunas relaciones no respondan a nuestras expectativas, o no nos sintamos realmente conectados o comprendidos.
Sin embargo, a pesar de que la soledad no tiene edad, tendemos a asociarla con las personas mayores, debido a las pérdidas -de relación, de salud, de roles…- que es más probable que acumulemos a media que avanzamos en la vida. Realmente no está claro que las personas mayores sean el grupo con tasas más altas de sentimiento de soledad, según han atestiguado algunos estudios recientes en torno a la COVID 19 (como el de Losada et al., 2020), pero sí quienes pueden tener mayores limitaciones para luchar contra ella, especialmente cuando se tienen dificultades de movilidad, problemas sensoriales, dependencia, edad muy avanzada, desánimo… Por ello, no es extraño que las personas mayores sean las destinatarias de una parte importante de los programas, cada vez más frecuentes, de prevención y ayuda contra la soledad.
Sin duda, la sensibilidad y conciencia colectiva acerca de la importancia de actuar contra la soledad de las personas mayores ha crecido en los últimos tiempos, y eso es una buena noticia. Fruto de ello son la gran cantidad y variedad de iniciativas de personas anónimas, organizaciones, asociaciones vecinales, empresas e instituciones, que se orientan a ella: actividades grupales, paseos adaptados, programas intergeneracionales, reflexiones acerca del urbanismo, nuevos servicios profesionales, proyectos de convivencia… También en este momento, desde Cáritas hemos querido compartir nuestra experiencia, basada en el trabajo de numerosos equipos de personas voluntarias que durante muchos años han tratado de estar cerca de la soledad de las personas mayores, y que hemos recogido en un sencillo documento de trabajo recientemente publicado.
En este momento de intensa preocupación y acción contra la soledad de las personas mayores, tenemos al menos dos retos para actuar con acierto: por una parte, entender la profundidad y variabilidad de la soledad y, por otra, evitar la generación de un estigma en torno a las personas que están y/o se sienten solas.
El primero de los retos implica reconocer y tener presente que la soledad es más que tener o no relaciones, es decir, más de lo que ven nuestros ojos. Como ya señalaron Perlman y Peplau (1981), pioneros en la investigación de la soledad, se trata del sentimiento que se produce cuando percibimos que hay una discrepancia, a nivel cuantitativo y/o cualitativo, entre las relaciones que percibimos tener y las que desearíamos. En consecuencia:
El segundo reto es evitar que la soledad de las personas mayores se convierta en un estigma, en algo de lo que avergonzarse. A pesar de que cada vez se usa más el término soledad no deseada, reconociendo que la soledad puede ser también una elección, muchas personas mayores se sienten obligadas a justificar su modo de vida y/o a sus familias (es que tienen que trabajar) y estas se ven con frecuencia negativamente juzgadas (cómo le deja vivir sola a su madre con la edad que tiene). Igualmente, es difícil para una persona mayor expresar que se siente sola, especialmente si sus condiciones de vida objetivas parecen no explicarlo (porque tiene familia, por ejemplo), por el halo de culpabilidad o de rareza que puede asociarse a la soledad aparentemente acompañada (no se esfuerza, algo habrá hecho para que los hijos no vengan, es que tiene mal carácter …). El miedo a ser juzgado/a negativamente dificulta que las personas mayores expresen sus verdaderas necesidades y pidan ayuda contra la soledad. De hecho, los instrumentos más eficaces para evaluar el sentimiento de soledad son aquellos que se refieren a ella indirectamente, sin llegar a nombrarla explícitamente.
Como se apunta desde la estrategia del Reino Unido, Campaign to End Loneliness, tener presente el estigma que genera la soledad nos puede ayudar a entender y llegar mejor a las personas. Por ejemplo, quizás deberíamos evitar las descripciones acerca de las personas mayores que se sienten solas que refuerzan los estereotipos negativos, como ha ocurrido a raíz de algunas campañas bienintencionadas que, queriendo concienciar, ahondan en la rareza de las situaciones. También es importante cómo presentemos nuestras iniciativas, pues pocas personas se sentirán atraídas a participar en un proyecto para personas solas; seguramente nos dará mejor resultado que planteemos nuestras intervenciones en clave de encuentro con otras, respondiendo a la necesidad universal de relación y de vínculo. Asimismo, no debemos olvidar que la reciprocidad en las relaciones es un factor directamente relacionado con su calidad percibida, y que, en general, a las personas nos cuesta menos dar ayuda que aceptarla. Si somos capaces de reforzar nuestras relaciones cercanas y de recuperar los vínculos y el cuidado mutuo comunitario, cada vez será más fácil escuchar frases como esta sin que nos importe que quien lo diga sea una mujer mayor que recibe el apoyo de un proyecto o la voluntaria que acude a su domicilio: Estamos muy a gusto. Compartimos un rato todas las semanas y hasta hemos llegado a sentirnos como amigas.
Comprender la soledad de las personas mayores y actuar contra ella nos ayuda a lograr una sociedad no solo más justa e inclusiva, sino también más vinculada, además de un futuro mejor para todas las personas que la componemos, independientemente de nuestra edad, pues todos necesitamos sentirnos queridos y acompañados, y el deseo de todos nosotros es llegar a envejecer.
Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497-529. https://www.researchgate.net/publication/15420847_The_Need_to_Belong_Desire_for_Interpersonal_Attachments_as_a_Fundamental_Human_Motivation
Campaign to End Loneliness: https://www.campaigntoendloneliness.org/
Cáritas Española (2021). Prevenir y aliviar la soledad de las personas mayores. El papel único del voluntariado en los procesos de acompañamiento. Documentos de trabajo, 9. https://bit.ly/2ZivRRC
Castro-Blanco, M.P. (2020). La soledad y las personas mayores. Labor Hospitalaria, 326, 67-79.
Losada, A., Márquez, M., Jiménez, L., Pedroso, M. S., Gallego, L. y Fernandes, J. (2020). Diferencias en función de la edad y la autopercepción del envejecimiento en ansiedad, tristeza, soledad y sintomatología comórbida ansioso-depresiva durante el confinamiento por la COVID-19. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 55(5), 272-278. https://doi.org/10.1016/j.regg.2020.05.005Get
Perlman, D., & Peplau, L. A. (1981). Toward a social psychology of loneliness. En S. Duck, & R. Gilmour (Eds.), Personal relationships 3: Personal relationships in disorder (pp. 31-56). Londres, Reino Unido: Academic Press.
Sancho, M.; Barrio, E. del, Diaz-Veiga, P., Marsillas, S., Prieto, D. (2020). Bakardadeak. Explorando soledades entre las personas mayores que envejecen en Gipuzkoa. Instituto Matía
Andrea Jarabo Torrijos, Responsable de Comunicación e Incidencia de Provivienda.
Josune Huidobro Rodríguez, Responsable de Operaciones de Provivienda.
Puedes encontrar a Provivienda en Twitter, Facebook y Linkedin.
La crisis sanitaria de la Covid-19 se convirtió rápidamente en crisis social, en la que la vivienda ha tenido un papel clave. Este gráfico ilustra parte de los 4.681 seguimientos que realizamos durante el Estado de Alarma, en los que no solo cambiaba la realidad material de las personas con las que trabajamos, también la forma en la que los equipos la afrontan. El #Quédateencasa se extendió a todas las personas, también a aquellas que sufren exclusión residencial, y resultaba preocupante cómo afectaría el confinamiento o la paralización de plazos judiciales y administrativos. En un contexto preCovid el hacinamiento afectaba al 16,4% de la población con la que trabajamos, y el 61% de esta población no contaba con calefacción para todas las estancias de su vivienda (Provivienda, 2019). La mitad de la población atendida percibía sus viviendas deficitarias en cuanto a mantenimiento y conservación, y dos de cada diez manifestaron que dichas deficiencias eran notables (Provivienda, 2019). La importancia de esta situación de partida se reflejó en los seguimientos de situaciones de hacinamiento, pobreza energética, o problemas para pagar la renta o suministros.
La vulnerabilidad residencial se relaciona con problemas de bienestar social y emocional (Provivienda, 2019; 2018), por lo que detectar situaciones de ansiedad, soledad no deseada o sensación de falta de control fue clave para orientar nuestra intervención durante estos meses, así como evaluar problemas relacionados con la información (confusión, fiabilidad, sobreinformación…). Es por eso, que el acompañamiento social telefónico, la escucha activa y empática, o el acercamiento a la información sobre medidas y recursos resultó especialmente necesario en este contexto. La preocupación por la pérdida de empleo o la imposibilidad de realizar trabajos de economía sumergida, y el no disponer de recursos para cubrir necesidades básicas, sobresalen como principales problemas a la finalización del confinamiento. Los miedos a perder la vivienda o a cortes de suministros son una realidad ligada a la falta de capacidad de pago.
Actualmente, encontramos un aumento de contagios que, si bien enfrenta otros interrogantes, aparece con lecciones aprendidas que deberíamos responder desde las políticas públicas: ¿cómo mitigar los problemas de vivienda en nuevos confinamientos? ¿Cómo afrontar la falta de información, su complejidad y las dificultades burocráticas en el acceso a recursos? ¿Cómo mitigar la pérdida de ingresos en familias que han quedado fuera de las medidas ligadas a la COVID?
Con el recorrido de estos seis meses, hemos modificado nuestra intervención, adaptándola a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad residencial. Sin embargo, no podemos permitirnos que esta gráfica se replique nuevamente a final de este año: las políticas públicas deben tomar nota de lo que ha ocurrido para evitar dejar atrás a las personas más vulnerables.
Provivienda (2018). Cuando la casa nos enferma: la vivienda como cuestión de salud pública. Madrid: Provivienda. Disponible en: https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/INFORME-CUANDO-LA-CASA-NOS-ENFERMA-1.pdf
Provivienda (2019). Cuando la casa nos enferma: impactos en el bienestar social y emocional. Madrid: Provivienda. Disponible en: https://www.provivienda.org/wp-content/uploads/Informe-Cuando-la-casa-nos-enferma-II.pdf
Trabajadora Social y doctora en Sociología. Socia de la cooperativa AeioLuz Evolución Energética.
Puedes encontrar a Nuria Baeza en Twitter y Linkedin; y a la cooperativa AeioLuz en Twitter y Linkedin.
La experiencia del confinamiento durante la crisis del COVID-19 ha evidenciado la necesidad de garantizar los suministros energéticos a toda la población, como un mínimo de soporte vital con el que poder, tan siquiera, quedarse en casa.
La dependencia energética de nuestra sociedad es innegable. Las tecnologías han hecho algo más llevadero este encierro; poder encender cualquiera de nuestros dispositivos para conectarnos con el mundo exterior ha sido vital para seguir sintiéndonos unidos, en comunicación. Para muchos ha supuesto la posibilidad de seguir trabajando, estudiando. Sin las tecnologías y sin los suministros energéticos la hecatombe hubiese sido aún peor.
Que funcione la nevera, que podamos poner la lavadora, ver las noticias en nuestra televisión, cargar la batería del teléfono móvil, todo depende de que a nuestro hogar llegue el suministro eléctrico. No acabamos de tomar conciencia de cómo tendríamos que cambiar nuestra vida si nos viéramos forzados a vivir sin energía eléctrica. ¿Puedes imaginarlo?
En estos meses veremos incrementadas nuestras facturas de suministros, porque estar 24 horas en casa, significa que hemos consumido más energía de lo habitual… muchos podremos asumir el coste, pero para otros hogares, ya era difícil antes del estado de alarma. Pagar las facturas ya era difícil desde hace tiempo.
Conscientes de esta realidad, hace cinco años surgió la cooperativa AeioLuz, que aborda una de las manifestaciones de la pobreza más común y tangible; la denominada Pobreza Energética. Para todos son fácilmente reconocibles las situaciones que viven las familias en esta circunstancia; dificultad económica para hacer frente al pago de las facturas de suministros del hogar, estrés por la acumulación de deudas, angustia y ansiedad por la incertidumbre de si será posible mantener el suministro o si se producirá la desconexión. Pero las repercusiones van más allá de lo económico. No tener una confortabilidad en el hogar afecta a la salud física, porque se pasa excesivo frío en invierno o demasiado calor en verano. Afecta al descanso, a la higiene, a la alimentación, al rendimiento escolar. Afecta incluso a las relaciones sociales; carecer de un lugar confortable donde vivir dificulta poder compartir tu hogar con otros, recibir visitas, formar comunidad.
Existen colectivos especialmente sensibles a esta realidad; las familias con varios menores en casa, los hogares monomarentales y los hogares unipersonales de mayores de 65 años. Lamentablemente, la vulnerabilidad energética ya se estudia como un factor determinante de muertes prematuras[1].
Porque pensamos que se trata de algo más que incapacidad económica de pagar facturas, en AeioLuz hablamos de Vulnerabilidad Energética[2] y no tanto de Pobreza Energética. Hablamos de la vulneración al derecho a vivir una vida digna. Hablamos de Derecho a la energía.
La realidad que se vive en los hogares más vulnerables es muy compleja. Los problemas se superponen unos a otros, acumulándose y haciendo difícil encontrar una única solución. Antes podía ser suficiente encontrar un empleo. Ahora sabemos que, en muchas ocasiones, ni siquiera con un trabajo las familias pueden superar la pobreza y la exclusión. Son necesarias actuaciones conjuntas, desde muchos frentes y coordinadas para ayudar a las familias a mejorar sus condiciones de vida.
Son muchos los hogares que recurren a los servicios sociales públicos y a entidades privadas como Cáritas a solicitar ayudas económicas para garantizar el pago mes a mes de sus facturas. La cuantía económica que se destina a pagar a las compañías privadas comercializadoras como parte de los presupuestos municipales de acción social y por parte de entidades de acción sociocaritativa, asciende anualmente a varios millones de euros[3]. Pero no suele ser suficiente. Es frecuente que los hogares en situación de exclusión combinen la atención de varias entidades para cubrir intermitentemente esta necesidad. Incluso la tramitación del Bono Social requiere del trabajo de profesionales públicos para que las empresas privadas apliquen dichos descuentos reconocidos por ley.
Los profesionales de la acción social, que no necesariamente están formados en materias energéticas, entienden que existe una relación directa entre consumo de energía y coste de las facturas y solicitan la implicación de las familias para racionalizar y economizar su consumo energético. Las estrategias familiares que se ponen en marcha suelen centrarse en la reducción del consumo energético; apagar luces, cocinar lo justo, reducir las horas de calefacción, abrigarse más en casa e invertir en medidas que mejoren la eficiencia[4]. Todas estas acciones tienen la intención de que la cuantía de las facturas disminuya, pero muchas veces el esfuerzo por ahorrar tiene un resultado limitado que no es achacable al uso de la energía. Otros factores ajenos a los esfuerzos de las familias por consumir lo justo son los responsables de que las facturas no desciendan; el mercado energético y sus precios y la escasa eficiencia energética de los edificios.
Estos factores nos afectan a todos. De hecho, pocos de nosotros sabemos descifrar nuestra factura de la luz, poco sabemos en qué mercado compramos la energía, menos aún, a qué precio. No es fácil comparar las tarifas que nos proponen y muy pocos consumidores sabemos que hay más trescientas comercializadoras a las que se puede contratar los suministros.
La propuesta de trabajo de AeioLuz, parte precisamente del conocimiento del funcionamiento del mercado energético. Somos alfabetizadores energéticos. La formación y el conocimiento es la manera de manejarse en el opaco mercado de la energía. Ahorro, eficiencia y sostenibilidad son el resultado de nuestro trabajo. La sostenibilidad medioambiental, la Transición Ecológica y el cuidado de la Casa Común son el telón de fondo de nuestras actuaciones; nuestra Misión y Visión.
Cuando trabajamos para administraciones públicas o entidades de acción socio caritativa para afrontar problemas de Vulnerabilidad Energética, coordinamos nuestra formación con los planes de intervención familiar que los técnicos proponen a las personas que acompañan. Las estrategias contra la Vulnerabilidad Energética son un hilo más del que tirar para actuar sobre las complejas situaciones de las familias. Son un modo de intervenir en la economía doméstica, en la organización interna de las dinámicas familiares. Pueden ser una herramienta más de la intervención social que tiene efectos económicos rápidos y aumenta las capacidades de agencia de las familias.
Es fundamental previamente formar a las personas técnicas, al voluntariado y a los órganos directivos. Nuestra experiencia nos enseña que estos conocimientos son igualmente útiles para todas las personas implicadas en la intervención social. La formación que impartimos produce ahorro energético y económico en todos los participantes. Ocurre que, partiendo de una lectura comprensiva de las facturas de suministros (luz, agua, gas, telefonía), llegamos a entender los mecanismos del mercado energético y nos reconocemos tan desinformados como las familias con las que trabajamos. Este reconocimiento produce un efecto igualador que nos sitúa en el acompañamiento a los procesos de una forma mucho más empática.
Y la parte más fundamental; formación a los hogares en situación de Vulnerabilidad Energética. A través de diferentes formatos y adaptados al público asistente, centramos nuestro interés en aprender a gestionar la economía doméstica de una manera sostenible. Cada participante aprende a realizar un diagnóstico de sus usos energéticos. Aprende a utilizar los electrodomésticos y los suministros de la manera más eficiente posible. Analizamos las facturas en conjunto y comprobamos la variabilidad entre las distintas compañías, dentro de las mismas y en los diferentes mercados donde estas operan.
Aprendemos a reconocer a partir de las necesidades de cada hogar qué mercado, qué tarifa y qué precios son los más adecuados y aprendemos trucos para ahorrar. Y lo hacemos en grupo. Por varias razones; porque comprobamos juntos que la desinformación en común, porque comparamos los precios a los que compramos la energía y porque aprendemos unos de los otros. Aprendemos a necesitar menos, gastar menos y pagar a un precio justo.
Completamos la formación con una atención individualizada por familia, donde acompañamos los trámites y gestiones que han de acometer ante las compañías comercializadoras. Acompañar este proceso es fundamental ya que no es frecuente que las compañías faciliten los cambios.
Los ahorros generados con la optimización de la contratación y con los cambios de hábitos ya son importantes, pero en muchas ocasiones es necesaria una actuación directa en los hogares.
En AeioLuz, visitamos las viviendas de las familias y realizamos una diagnosis energética, analizando el consumo de los electrodomésticos y buscando puntos donde la eficiencia no es óptima; mal aislamiento, fugas en puertas y ventanas, electrodomésticos viejos, grifos y cisternas que gotean… Instalamos elementos de eficiencia pasiva en los puntos críticos y de esta forma disminuimos el consumo y, por consiguiente, las facturas. Esta visita domiciliaria la realizan técnicos energéticos y técnicos sociales de AeioLuz, de manera que se prolonga la intervención social en el propio domicilio.
Los gastos del hogar suponen cerca del 30% del presupuesto de las familias. Aprender a ahorrar energía y pagar un precio justo por ella puede ayudar a equilibrar este presupuesto. Los resultados que hemos obtenido a lo largo de estos años nos indican que las familias ahorran de media más de 300 euros anuales en sus facturas de suministros. Y que las instituciones pueden atender a más necesidades, porque la demanda media de las ayudas en suministros por familia desciende un 25%.
Y lo que es aún mejor. Al reducirse la demanda energética, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo que se contribuye a la mitigación del Calentamiento Global.
El futuro tras la crisis del COVID-19 profundizará aún más las desigualdades y la pobreza. La Vulnerabilidad Energética se va a agudizar mientras no se garantice el derecho a la energía.
La descarbonización de la economía y la instalación descentralizada de producción de energía renovable son una oportunidad para cambiar de modelo económico y construir un futuro sostenible. Un futuro inclusivo, más igualitario y más justo.
[1] Tirado, S. et al (2016) Radiografía de la Pobreza energética. Barcelona. Fundación La Caixa.
[2] Pellicer, V. (2018) Ampliando la comprensión de la pobreza energética desde el enfoque de capacidades. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo. Zaragoza. Red Española de Estudios de Desarrollo.
[3] Sólo el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia invirtió en 2019 más de 700.000 euros en ayudas directas para Pobreza energética.
[4] FOESSA (2017) Desprotección social y estrategias familiares. Madrid: Fundación FOESSA.
Consultor social.
Puedes encontrar a Fernando Fantova en Facebook, Twitter y Linkedin, además de su página web.
El artículo nos propone una reflexión sobre la posibilidad de otro modelo de intervención social. Se proponen cinco líneas estratégicas que permitirían construir una intervención social universal, sectorial (e integrada) y comunitaria. En otras palabras, el modelo comunitario de acción social.
Posiblemente en la mente, en los sentimientos, en los valores, en los actos, en las decisiones, en las organizaciones de no pocas personas dedicadas a la intervención social (a la acción social, a los servicios sociales) podemos percibir, de forma más explícita o implícita, un modelo, una concepción, una comprensión de esa labor, consistente en hacerse cargo de manera integral de la satisfacción de las necesidades (o de las carencias) de una persona o grupo de personas, para, posteriormente (incluso inmediatamente), ir dejando de dar respuesta a unas u otras de dichas necesidades a medida que las propias personas u otros agentes están en (mejores) condiciones de hacerlo, cuando esto puede suceder y sucede.
Esta visión de la acción social, esta forma de pensarla y practicarla parece verse reforzada, además, en momentos o situaciones de emergencia (como la generada por la pandemia de la covid-19), en los que, en buena medida, lo que está en juego es la propia supervivencia de muchas personas, por la afectación en cadena, rápida, intensa e imprevisible de diferentes áreas críticas de su vida. Sin embargo, esa concepción, seguramente, hunde sus raíces en la historia de esa actividad que ahora denominamos intervención social (o, a los efectos de este artículo, sin mayores distinciones, acción social o servicios sociales) y que, en nuestro entorno, es realizada, en buena medida, desde disciplinas y profesiones como el trabajo social, la educación social, la psicología de la intervención social, la integración social, la asistencia personal y otras.
En esa historia, la intervención social se construyó en muchos momentos como una acción (final y) residual frente a otros modos de satisfacción de necesidades (de cualquier necesidad) de las personas: si no tenías la capacidad funcional para dar satisfacción a algunas de tus necesidades, si no tenías recursos con los que dar respuesta (directa o indirectamente) a ellas, si no tenías relaciones primarias que te facilitasen dicha satisfacción, si no eras titular de algún derecho o garantía para obtener respuesta a ciertas necesidades, entonces, en la medida en que todo eso sucediese, tu situación de exclusión social y vulnerabilidad general te llevaba a ser objeto de intervención social, destinataria de la acción social, usuario de los servicios sociales.
La evolución de nuestra sociedad y de los diferentes mecanismos (profesiones, sistemas, organizaciones, instituciones) de los que disponemos las personas para satisfacer nuestras necesidades ha ido poniendo en cuestión, ha hecho entrar en crisis este modelo (de última red) residual de acción social, en contextos en los que la creciente complejidad interconectada de los riesgos a los que nos enfrentamos hace que consideremos, en general, más valiosa la respuesta a las necesidades que se realiza desde la especialización sectorial (por necesidades: salud, alimentación, seguridad, transporte, cuidados y otras) y recelamos, en general, de supuestas proveedoras integrales o inespecíficas de respuesta al conjunto de nuestras diversas necesidades.
¿Qué pasa, entonces, si los subsistemas o disciplinas correspondientes van mejorando su capacidad técnica de respuesta a diversas necesidades (como las de alojamiento o vestido, por citar otros dos ejemplos) y va perdiendo sentido y utilidad que, desde la intervención social, pretendamos alojar o vestir (por seguir con los mismos dos ejemplos)? ¿Qué pasa si, como ha sucedido en esta pandemia, parece hundirse, por ejemplo, la reputación o deseabilidad de las residencias de mayores, resistente ejemplo de ese modelo de hacerse cargo integralmente desde los servicios sociales del que estamos hablando? ¿Qué pasa si importantes capas de población, excluidas por procesos estructurales del acceso, por ejemplo, a la calefacción o la atención odontológica, entienden que, en último caso, podrán ir a los servicios sociales públicos o del tercer sector para poder acceder a esos bienes (y eso será misión imposible)?
Lo que pasa, posiblemente, es que la intervención social (la acción social, los servicios sociales), tanto pública como solidaria, se ha de preguntar si hay otro modelo, otra forma de comprenderse y de producirse. Y la respuesta podría ser que sí, que lo hay, pero que hay que entender que representa un giro copernicano, un cambio de paradigma, un salto cualitativo respecto al modelo anterior, ya que estamos hablando de una intervención social que:
Por tanto, postulamos aquí que podemos identificar prácticas realmente existentes y conocimiento construido que apuntarían a una intervención social universal, sectorial (e integrada) y comunitaria. Seguramente, tanto en la Administración pública como en la economía solidaria, sigue predominando una acción social residual, (pretendidamente) integral y desconectada de las comunidades, pero hay mimbres, hay algunos mimbres que permitirían girar hacia ese modelo de acción social de base comunitaria y abierto a la diversidad del que estamos hablando. Postulamos que estamos hablando de modelos alternativos, es decir, que universalidad, sectorialidad y base comunitaria van de la mano (del mismo modo que el modelo residual y pretendidamente integral supone y necesita el alejamiento de la comunidad).
Tomando conciencia de la envergadura de la apuesta alternativa que se está planteando, para finalizar este breve artículo, se proponen a continuación (y después se glosan) cinco líneas estratégicas que permitirían construir, poner a prueba, pulir y escalar el modelo comunitario de acción social que se pretende dibujar:
1. Separar radicalmente la intervención social (cuyo objeto sería la interacción) de las actividades de asignación de recursos económicos o materiales para necesidades de subsistencia o similares.
2. Impulsar con fuerza la transición desde una intervención social de carácter mera o principalmente práctico a otra basada en el conocimiento científico.
3. Apostar por el desarrollo tecnológico y la digitalización de los servicios sociales.
4. Entender la construcción de los servicios sociales como un proceso de innovación social en las comunidades en las que éstas van generando, aceptando, modulando y modificando normas, instituciones, valores y consensos reguladores de la vida cotidiana e interdependiente de las personas en los domicilios, vecindarios y territorios.
5. Forjar una alianza estratégica con las políticas e intervenciones urbanísticas y de vivienda en el marco de una acción comunitaria transversal y una gobernanza integrada del bienestar.
En primer lugar, diremos que, en una sociedad tan mercantilizada como la nuestra y con tantos obstáculos estructurales y emergentes para el acceso de importantes segmentos poblacionales a bienes físicos de primera necesidad (como el alimento, el vestido o la energía, o, también, al alojamiento), cabe considerar prácticamente imposible que se configure y posicione una intervención social dedicada a promover y proteger la interacción de todas las personas (es decir, su autonomía para decisiones y actividades de la vida diaria en relaciones primarias familiares y comunitarias) mientras las estructuras y agentes de los servicios sociales tengan encomendada, a la vez, la tramitación de ayudas para la obtención de dichos bienes, tramitación que debiera corresponder a los Departamentos correspondientes a dichos bienes (como Comercio, Industria o Vivienda) o, en su defecto, a Departamentos de Hacienda (y en el caso de organizaciones solidarias, posiblemente, también a estructuras y agentes diferenciados).
En segundo lugar, la intervención social y sus disciplinas y profesiones deben hacer un esfuerzo por superar su actual estadio de desarrollo dominado por un saber hacer artesanal práctico para, sin desconocer nunca la importancia de la pericia profesional, entrar decididamente en una etapa de intervención social de carácter o base científica, con las consecuencias y condiciones que ello conlleva en términos de configuración de las comunidades y redes de conocimiento, de las dinámicas y procedimientos para su construcción y avance del saber y de las herramientas, instrumentos, aplicaciones y plataformas de evaluación de la intervención y sus efectos.
En tercer lugar, la acción social, como cualquier otra actividad, debe ser objeto de un desarrollo e innovación tecnológica que la incorpore a la capa digital y que le permita beneficiarse de la comunicación telemática, la inteligencia artificial distribuida, el procesamiento de grandes cantidades de datos, el internet de las cosas (también de las llevables) o las plataformas colaborativas, tanto para su realización, gestión y gobierno como para su integración vertical (intrasectorial) y horizontal (intersectorial) con otras ramas de actividad.
En cuarto lugar, se ha de entender que este modelo de intervención social puede llegar a afectar, a mayor o menor escala territorial y humana, al cambio y la innovación en la comprensión y configuración del contrato social, entendido como el conjunto de normas asumidas por las personas (individual y colectivamente) sobre lo que pueden esperar de otras personas o instancias y lo que deben aportar. Estamos hablando de una acción social organizada y profesionalizada que busca nuevas e importantes sinergias con las relaciones y redes primarias de carácter familiar y comunitario, brindándoles aportes y esperando que brinden apoyos.
Por último, el giro desde una intervención social residual a una de base comunitaria representa un cambio en la manera en la que los servicios sociales se relacionan y se integran con otros ámbitos de actividad, en las intervenciones y políticas transversales de igualdad y atención a la diversidad (de género, generacional, funcional y cultural), que podríamos englobar como acción comunitaria, y, por tanto, en la gobernanza del conjunto de políticas sociales. En ese marco, la intervención social, posiblemente, está llamada a una especial integración y alianza con la intervención urbanística y habitacional, para la consecución de territorios y comunidades amigables, inteligentes y sostenibles.