Olivia Pérez, responsable de Comunicación de Cáritas Valencia
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La convivencia en un espacio tan reducido como una habitación es complicada. Ahora Ana busca un lugar donde vivir ella sola, sin papeles, y, por lo tanto, sin contrato, es prácticamente imposible encontrar un lugar en el que vivir si, además, cuenta con unos ingresos muy limitados echando horas limpiando algunas casas.
Ana no es un caso aislado. En España, hay casi cuatro millones de viviendas vacías, según el consumo eléctrico que no se genera en ellas (dato que recoge el último censo de población y viviendas del INE publicado en junio de 2023). Y sin embargo, el mismo Instituto Nacional, unos meses antes, había informado de que: un total de 28.552 personas sin hogar han sido usuarias de centros asistenciales de alojamiento y/o restauración en el año 2022, de las cuales 7.277 han pernoctado en espacios públicos o alojamientos de fortuna. Por alojamientos de fortuna se refiere a hall de un inmueble, cajero, portal, coche, …[1].
Por suerte, Ana aun o ha necesitado instalarse en uno de estos alojamientos de fortuna, pero como muchas personas, cada vez más, vive en un piso o una habitación compartida en situación de subarriendo, que probablemente, no salen a la luz en las encuestas (muchas de las subarrendadoras no empadronan a las personas que instalan en su casa para no perder alguna ayuda o, simplemente, por falta de empatía). Las condiciones físicas y las situaciones emocionales a las que se tienen que enfrentar las personas en estas habitaciones compartidas provocan experiencias muy negativas para ellas, muchas de las cuales incluyen vulneraciones de sus derechos: de acceso a una vivienda segura, pero también, de desarrollo personal, dignidad, acceso a la atención sanitaria, entre otros.
Amal (cuyo nombre tampoco es real, por supuesto) es de origen magrebí y hace unos años tuvo que divorciarse de su marido maltratador. Con sus dos hijos y el apoyo de su Cáritas diocesana y del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española ha tenido que enfrentarse a un injusto desahucio cuando el banco decidió echarlos del piso en el que vivían. Está siendo un proceso largo y complicado, pero Amal y sus queridas amigas de Cáritas lo están enfrentando juntas hasta hacer una reclamación en el DESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que ha pedido medidas cautelares a la justicia española para que ella y sus hijos no puedan ser arrojados a la calle.
A Dios rogando… y no con el mazo, sino con la incidencia política actuando. Si nos creemos que, de verdad, el derecho de acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental de TODAS las personas, probablemente no podamos seguir esperando a que las cosas se resuelvan solas.
[1] INE, Nota de Prensa de la “Encuesta a las personas sin hogar. Año 2022”: Un total de 28.552 personas sin hogar son atendidas en centros asistenciales de alojamiento y restauración en 2022, un 24,5% más que en 2012. Consultado en línea en https://www.ine.es/prensa/epsh_2022.pdf el 4 de marzo de 2024.
Pedro Fuentes, equipo Estudios de Cáritas Española
Los datos de la EINSFOESSA 2021, referidos al año 2020 nos permiten calcular el estrés financiero en los hogares, que en su relación con el pago del alquiler implica que este gasto puede suponer hasta más o mucho más del 30% de los ingresos. Esta medida del 30% se viene aplicando históricamente[1] para hablar del mercado inmobiliario, si bien la UE habla hoy del 40% como umbral.
En primer lugar, observamos como para el conjunto de los hogares de España que vive de alquiler (incluyendo modalidades como las habitaciones y otras aún más informales,) el coste del alquiler pone en situación de estrés al 47 % (31% moderado y 16% extremo.)
Si cruzamos ahora el indicador de estrés con la situación de pobreza económica, vemos como el nivel de estrés se eleva hasta el 61% de los hogares en situación de pobreza severa (ingresos inferiores al 40% de la renta mediana), y como para el resto de las situaciones, este supone una situación de estrés moderado para uno de cada tres hogares. Hecho que nos indica la existencia de un amplísimo sector de hogares en una situación de vulnerabilidad ante el alquiler, apuntando ya hacia la magnitud del problema social que supone la vivienda.
A estos datos hay que sumarle la evolución de los precios, que con carácter general y según el informe anual que publica el portal inmobiliario Idealista[2] alcanzó en enero de 2023 su máximo histórico con un coste de 11,6 € el metro cuadrado de media en España, (mucho más elevado en determinadas zonas.) Esto supone un incremento del 9% sobre el precio de enero de 2022. Por otra parte, la evolución de los salarios está lejos de seguir este ritmo. Con estos elementos añadidos, podemos afirmar que el problema es hoy aún de mayor magnitud que en la fecha recogida en el gráfico.
Probablemente estemos ante el problema número uno que hoy afronta la sociedad en España, que más allá de los empeoramientos coyunturales por las crisis, tiene un carácter claramente estructural. Un problema ante el que el margen de acción para las iniciativas del tercer sector es muy estrecho, y que para afrontarlo exige de profundos cambios políticos y económicos.
Es preciso cuestionar la lógica del mercado como única a aplicar en el acceso a la vivienda, lo que implica reflexionar y regular dos lógicas por ahora enfrentadas, el derecho a una vivienda y la vivienda como un bien de inversión. En la actualidad tan solo el 1,4% del parque de viviendas lo es de titularidad pública, lo que reclama una revisión del papel de lo público como agente protagonista del derecho a la vivienda. Y desde la mirada del tercer sector de acción social parece, sobre todo, necesaria la acción de incidencia y presión a los gestores de lo público como la herramienta eficaz para promover cambios realmente transformadores de esta realidad.
[1] La Enmienda Brooke, que limitó la renta de las viviendas públicas en Estados unidos (1969) al 25% de los ingresos.
[2] https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/report
Si bien los alimentos producidos en el planeta son suficientes para alimentar a más del total de la población mundial, casi mil millones de personas pasan hambre. Por no hablar de que un tercio de esta producción se desperdicia o se pierde cada año. Por lo tanto, es evidente que el problema no es una cuestión de cantidad sino de distribución y acceso a los alimentos.
Según el derecho internacional, el derecho a la alimentación es un derecho humano que protege el derecho de todo ser humano a alimentarse dignamente, ya sea produciendo sus propios alimentos o comprándolos. Para producir sus propios alimentos, una persona necesita tierra, semillas, agua y otros recursos, y para comprarlos necesita dinero y acceso al mercado. En consecuencia, el derecho a la alimentación implica que el Estado debe garantizar una serie de mecanismos para posibilitar su disfrute por parte de todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica.
No obstante, la crisis vinculada a la Covid-19 ha hecho más visible y ha agravado la inseguridad alimentaria en el mundo y también en nuestro país. Esta inseguridad alimentaria afecta a una proporción creciente de la población de España y, en particular, a las personas más vulnerables. Las imágenes de personas en fila frente a los lugares donde se distribuye la ayuda alimentaria han dejado una huella considerable en la opinión pública.
El derecho a la alimentación, que debería permitir a todas las personas comer dignamente, en forma adecuada y en cantidad suficiente, es así ampliamente mancillado. Es importante resaltar, por tanto, que ese incremento demuestra que el problema de los hogares españoles para acceder a una alimentación adecuada es estructural y que no está únicamente ligado a crisis coyunturales.
La actual crisis ha puesto de manifiesto los límites de la respuesta institucional a los problemas de inseguridad alimentaria. Una vez más la respuesta de las administraciones públicas responde a una concepción de ayuda alimentaria y no tanto de garantizar el derecho a la alimentación. El modelo imperante de respuesta de las entidades del tercer sector y de algunas de las políticas públicas llevadas a cabo, hacen que la lucha contra la inseguridad alimentaria se reduzca a la distribución de ayuda alimentaria.
Es fundamental tratar de superar esa concepción de las políticas públicas existentes que se enfocan solo en los síntomas de la inseguridad alimentaria y nunca en sus causas profundas: a saber, el nivel de pobreza y su intensidad para una parte de la población. Para ello, necesitamos promover una economía al servicio de todas las personas, apelando a un cambio de las reglas de los sistemas económicos injustos que perpetúan la pobreza y las desigualdades.
Esto pasa también por abandonar la asistencia para recibir alimento al acceso autónomo a la alimentación. En otras palabras, significa apostar por distribuir alimentos seleccionados con criterios de sostenibilidad y elegidos por quienes se benefician de ellos.
En definitiva, garantizar el respeto del derecho a la alimentación significaría dar a todas las personas la posibilidad de optar por una alimentación de calidad, íntegra desde el punto de vista ambiental, social y sanitario. En otras palabras, el reto de garantizar la seguridad alimentaria pasa por cruzar la lucha contra la pobreza y las desigualdades con los objetivos para un desarrollo sostenible.