Lorena Sánchez González. Trabajadora Social de Servicios sociales atención primaria. Ayuntamiento de Toledo.
En servicios sociales trabajamos con toda la población, pues cualquier persona es susceptible de acudir a ellos en cualquier momento de su vida por múltiples necesidades y problemáticas. Por tanto, las profesionales de los mismos acompañamos los procesos vitales de todas las personas que acuden a nosotras, pero sobre todo de las más vulnerables o de aquellas que se encuentran en situaciones de riesgo y/o exclusión social.
Al hablar de exclusión social tenemos que tener en cuenta que no se trata de un estado estático o de una carencia exclusivamente material. Robert Castell (1991) lo llamaba proceso de desafiliación social, concepto que transmite la idea de trayectoria, de procesos, de personas que se desenganchan progresivamente y caen. Es un proceso, asimismo, de acumulación de esa desafiliación en diferentes dimensiones. Por tanto, para poder trabajar con las personas más vulnerables, tenemos que hacerlo de una forma integral y con un enfoque holístico, entendido este como la manera de ver las cosas en su globalidad, en su conjunto y en su complejidad.
Desde mi experiencia como trabajadora social en los servicios sociales de atención primaria, he constatado que si trabajamos con personas en procesos de riesgo o exclusión social únicamente desde la cobertura de necesidades personales, sociales y familiares, a no es suficiente para salir de la situación de vulnerabilidad. La consideración o invisibilización de las emociones que experimenta y siente la persona influye positiva o negativamente en los procesos de intervención desde los que apoyamos a dichas personas para afrontar sus trayectorias. Es importante abordar y trabajar la dimensión emocional integrada con el resto de las dimensiones del ser humano.
Esta idea tomó mucha más fuerza con la situación de emergencia sociosanitaria que vivimos. Durante los meses de confinamiento y siguientes, las profesionales de los servicios sociales fuimos testigos directos de múltiples problemáticas derivadas de esta situación. Además de las cuestiones relacionadas con lo monetario y lo material, muchas personas se vieron afectadas emocionalmente, dando paso a una crisis también en este terreno. A partir de esta constatación, desde los equipos de servicios sociales se valoró la importancia de seguir trabajando la parte más sensible de las personas desde un lugar donde ellas se pudiesen encontrar cómodas y seguras. De ahí que uno de nuestros principales objetivos fuese construir espacios emocionales seguros donde poder abordar las emociones que contribuyen al desencadenante de las situaciones de vulnerabilidad.
Así, en el año 2020 nace el proyecto NOS CONSTRUIMOS, gestado en el marco de los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Toledo y financiado a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Concejalía de Servicios Sociales, en colaboración con otras entidades y asociaciones.
Un aspecto importante y novedoso del proyecto NOS CONSTRUIMOS fue visibilizar que ante situaciones sobrevenidas, excepcionales o llegadas de forma traumática una persona puede experimentar múltiples emociones, entre ellas: miedo, tristeza, ira, enfado, frustración, etc. que, mantenidas en el tiempo y sin herramientas para identificarlas y gestionarlas, pueden derivar en procesos de riesgo y/o de exclusión social.
Para llevar a cabo todo nuestro trabajo y conseguir así los objetivos marcados, el proyecto se divide en tres dimensiones que se integran y complementan entre ellas. Hablamos de una dimensión artística y creativa, otra de participación en los recursos de la ciudad y la tercera de registro documental. La metodología del proyecto transita de una dimensión a otra, trabajando con la persona, con el grupo y con la comunidad.
Para acceder al proyecto las personas tienen que contar con un plan de atención social en servicios sociales y participar activamente en él. Este aspecto es importante porque para abordar la dimensión emocional de la persona desde otros lugares, no vinculados a la entrevista y al trabajo en el despacho, sino, sobre todo, ligados a la participación, debe existir un vínculo con la profesional de referencia. Intentar que las personas acepten otras metodologías de trabajo, que interaccionen con los recursos de la ciudad o que participen en grupos, a veces es difícil si no se ha generado ese vínculo y clima de confianza.
El punto en común entre todas las personas que han participado ha sido una sobrecarga emocional que puede llegar por múltiples situaciones: cuidadoras de personas dependientes, personas enfermas, aisladas, sin red social y familiar, personas con cuadros de ansiedad y depresión, personas con fuertes sentimientos de soledad, etc. Personas unidas por unas emociones que todas ellas, de alguna forma u otra, identifican y reconocen, cohesionando al grupo y desdibujando cualquier diferencia económica, social y formativa que pudiese existir entre ellas.
A la vez, otro de los objetivos de los servicios sociales es fomentar la participación de las personas en el ámbito comunitario, por lo que quisimos contar con los recursos culturales de la ciudad. El proyecto se desarrolla principalmente en el Casco Histórico de Toledo, una de las 15 ciudades españolas que están incluidas en la lista de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Es una ciudad con un impresionante patrimonio artístico y cultural, y por este motivo quisimos trabajar con los espacios culturales existentes acercándolos a las personas participantes para que conozcan la historia de su ciudad, y sus espacios llenos de arte y cultura. Convertir estos en espacios terapéuticos a los que puedan acudir siempre que lo necesiten, puesto que el arte y la cultura son herramientas con las que afrontar momentos de dificultad. Por este motivo se presentó el proyecto al Consorcio de la ciudad, solicitando su colaboración con el mismo, encontrando un punto en común: trabajar al servicio de las personas. Desde entonces existe una colaboración estrecha entre el consorcio y los servicios sociales, trabajando conjuntamente para que el proyecto NOS CONSTRUIMOS se siga llevando a cabo.
A día de hoy hemos realizado dos ediciones del proyecto y estamos trabajando para poner en funcionamiento la tercera. El objetivo principal sigue siendo la CREACION DE ESPACIOS DE BIENESTAR EMOCIONAL, pero también pretendemos poner mirada donde es difícil hacerlo. Tomar conciencia de lo que sentimos y poder ofrecer una respuesta es complicado, a veces asusta lo que percibimos y esto repercute en la salud mental, física y emocional de la persona.
Se han llevado a cabo múltiples actividades y talleres. Destacamos, por ejemplo, la creación de obras colectivas donde se plasma todo el trabajo emocional realizado. Dichas obras han formado parte de exposiciones en diferentes lugares de la ciudad; hemos puesto en funcionamiento el proyecto TEJIENDO EMOCIONES, donde a través del arte de tejer hemos trabajado el aquí y ahora, además de generar un espacio donde se han compartido experiencias, utilizando la palabra y el grupo como espacio sanador; hemos generado espacios para tejer en público y se han llevado a cabo talleres con asociaciones y empresas locales. En el aprovechamiento cultural de la ciudad se han realizado visitas a los museos, espacios públicos y llevado a cabo rutas por la ciudad. Y, en paralelo, se ha generado un registro documental de todo el proceso creativo y de las experiencias individuales y colectivas generadas en él. Nuestra intención es que la experiencia sea conocida y compartida, así como ofrecer otras metodologías de trabajo en servicios sociales de atención primaria, mostrándose el trabajo a través de las redes y de otros medios de difusión. Hemos generado un vídeo documental, un podcast y se ha participado en varios congresos sobre trabajo social y patrimonio.
La participación de las personas en todas las actividades planteadas ha sido muy elevada, además de evaluar con éxito los logros obtenidos. De cara a la III edición nos planteamos seguir trabajando nuestro objetivo principal, teniendo en cuenta los resultados y los logros alcanzados en ediciones anteriores, así como cubrir las nuevas necesidades.
Seguiremos apostando y poniendo en valor la red y sinergias generadas entre las personas participantes. A día de hoy, estamos muy orgullosas y evaluamos positivamente que se han convertido en un grupo de personas que quedan de forma natural, se apoyan y comparten situaciones. Existe movimiento generado por su propia iniciativa, siendo un valor añadido al proyecto. Las conexiones que se generan y las iniciativas que se promueven dan lugar a la sostenibilidad del grupo.
NOS CONSTRUIMOS, DESDE EL INTERIOR AL EXTERIOR tiene un efecto multiplicador. Este año hemos participado en el mercadillo navideño que organiza el consorcio de la ciudad, donando todo el material generado en sus talleres a la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido ADACE.
Para poner en funcionamiento este tipo de proyectos se necesita que todos los actores implicados rememos en la misma dirección, pero, sobre todo, es necesario que las personas participantes depositen en nuestros equipos y en sus profesionales su confianza y lo más valioso que el ser humano tiene dentro: sus emociones.
GRACIAS por vuestra confianza y gracias por todas las emociones depositadas en los espacios de bienestar emocional.
Castel, R. De l’indigence à l’exclusion, la désaffiliation. Précarité du travail et vulnérabilité relationnelle. In Jacques DANZELOT: Face à l‟exclusion. Le modèle français. Paris: Esprit, 1991.
Eduardo Bericat, Catedrático de Sociología de la Universidad de Sevilla
En este artículo se sugiere que la atención a la subjetividad de los destinatarios de los servicios sociales debe ser un rasgo básico en cualquier nuevo modelo de trabajo social.
Los individuos de las sociedades desarrolladas otorgamos una importancia creciente a nuestras vivencias y mundos de vida, a todos aquellos elementos que pueblan la interioridad de los seres humanos. Las emociones y estados de ánimo que sentimos, nuestras ideas y creencias acerca del mundo, los valores e ideologías con los que juzgamos a personas y cosas, las opiniones y las expectativas, o los sueños y los deseos, no solamente constituyen ámbitos esenciales de nuestro modo de vida, sino que determinan cada vez con mayor fuerza nuestro bienestar. Actualmente, la realidad del mundo subjetivo parece imponerse a la realidad del mundo objetivo. De ahí que hablemos del retorno a la subjetividad, de una reciente macrotendencia social que impulsa en muchos ámbitos el predominio de lo subjetivo sobre lo objetivo.
Desde esta perspectiva, cabe preguntarse: ¿a qué deberían los trabajadores sociales prestar una atención preferente, a las condiciones de vida (objetivas) o a las vivencias y experiencias (subjetivas) de las personas necesitadas de apoyo? ¿están los actuales servicios sociales más orientados hacia el tratamiento de los hechos objetivos o de los subjetivos? ¿debería hacerse un mayor esfuerzo por incorporar la subjetividad a la asistencia social? ¿Qué beneficios se derivarían de un reequilibrio del eje objetivo-subjetivo en las estrategias de asistencia, apoyo y cuidado?
Tras dos siglos de modernización persiguiendo el progreso material y la mejora de las condiciones económicas de la población, nos hemos despertado comprobando que todo este desarrollo no ha servido para alcanzar la mayor felicidad para el mayor número, según expresión del utilitarista Jeremy Bentham. El fabuloso crecimiento de la riqueza no ha evitado la expansión del sufrimiento y la infelicidad. Pandemias emocionales como la soledad, la depresión, el estrés, la ansiedad, el sinsentido, el aburrimiento, la falta de respeto, o el miedo, afectan cada día a una mayor parte de la población.
El hecho determinante es que hoy el bienestar material y el bienestar emocional no caminan en paralelo, es decir, que el logro de uno no conduce directa y necesariamente al otro. Y dado que las condiciones de vida (objetivas) y las vivencias (subjetivas) están desacopladas, nos vemos obligados a perseguir simultáneamente ambos tipos de bienestar. Así, Gallup nos advierte del crecimiento global de la infelicidad en el mundo, mostrando que el Índice de Sentimientos Negativos ha aumentado un 38% de 2006 a 2021, pasando de 24 a 33 puntos en una escala de 0 a 100[1].
En su columna periodística, Manuel Vicent escribe una historia que ilustra[2], desde una perspectiva micro, el desacoplamiento entre lo subjetivo y lo objetivo[3]. Cuenta que a su amigo no le van mal las cosas: tiene buena salud, su mujer le quiere, sus hijos le respetan, un buen pasar económico, suficientes amigos, ilusión por viajar, y afición a la música, la pintura, la lectura y la buena mesa. Pero cuando le preguntó: ‘Y tú ¿qué tal estás?’ Su respuesta fue: ‘Muy jodido, la verdad’. Vicent concluye señalando que vivir bien y sentirse mal es algo cada vez más común.
Los múltiples desacoplamientos objetivo-subjetivos, entre ellos el del bienestar material y emocional, son la condición necesaria del actual retorno a la subjetividad, caracterizado por el hecho de que las realidades del mundo interior de los individuos (sus vivencias, emociones, percepciones, pensamientos, expectativas, etc.) predominan sobre las realidades del mundo exterior. El universo interior del yo, el sí-mismo, no solamente adquiere cada vez más fuerza y relevancia, sino también, paradójicamente, una incuestionable sensación de realidad.
Tanto el llamado giro emocional de las ciencias sociales, como la profunda preocupación de las personas por su bienestar emocional, forman parte de este retorno a la subjetividad. Con Aristóteles, hemos vuelto a creer que la felicidad es el bien supremo al que todos los seres humanos aspiran. Por ello, cuando las sociedades se muestran incapaces de garantizar el bienestar subjetivo de la población, los sujetos encuentran muchos motivos para lanzarse a una desenfrenada búsqueda individualista de la felicidad. Esto explica que las psicologías positivas, las psicoterapias individualistas, y la industria de la felicidad personal, hayan experimentado durante los últimos tiempos un crecimiento exponencial.
En las actuales circunstancias, el logro del bienestar emocional constituye una meta social irrenunciable, por lo que su análisis resulta absolutamente necesario. La felicidad es la emoción autorreflexiva por excelencia, pues nos induce a valorar, tanto individual como colectivamente, si la vida real que llevamos concuerda con nuestras verdaderas potencialidades.
Muchos estudios, entre ellos todos los Informes Mundiales de la Felicidad editados por J. Helliwell, R. Layard, y J. Sachs[4], muestran que el bienestar emocional de las personas depende en gran medida de sus circunstancias sociales, esto es, que constituye un output de la propia sociedad. Sin embargo, vemos que, obviando toda evidencia científica, la mayoría de los modelos de búsqueda de la felicidad instituidos en el discurso social tienen un carácter puramente individualista. Estos discursos responsabilizan en exclusiva al individuo de su propio sufrimiento e infelicidad y, por este motivo, son injustos y alienantes. En este caso, la culpa solo añade un fardo más a la carga emocional que las personas ya soportan sobre sus espaldas.
La crisis del covid-19 ha servido como banco de pruebas para demostrar que las estructuras y procesos sociales tienen un gran impacto sobre el bienestar emocional. Esta crisis sanitaria, social, económica, política, y personal, hizo que muchos españoles sintieran5: miedo a enfermar (58%) y a morir (58%); tristeza (69%), soledad (34%), depresión (39%) e inquietud por la suspensión de contactos sociales (39%); enfado (57%), peor opinión sobre el gobierno (60%), o pesimismo respecto al futuro de sus hijos (54%) y al de España (54%). En el plano personal, aunque el nivel de orgullo se mantuvo relativamente alto (89%), los españoles se mostraron tensos (76%), preocupados por la situación general (91%), y por la salud y el bienestar emocional de las personas (49%).
Todo este malestar emocional menoscabó la felicidad de los españoles. Ahora bien, ni esas emociones negativas afectaron uniformemente a todos los grupos de población, ni tampoco redujeron en la misma medida sus niveles de felicidad. El análisis sociológico de la distribución de los sentimientos muestra cómo las lógicas sociales de esta crisis generaron una gran desigualdad socioemocional. Por ejemplo, las personas mayores tuvieron más miedo a morir que los jóvenes (70% vs. 40%). Pero los jóvenes estuvieron más preocupados por la pérdida del empleo que los mayores (48% vs. 29%).
El temor a enfermar también se extendió más entre la clase baja que entre la alta (56% vs. 50%). Pero aquí, como en otros casos, la verdadera desigualdad emocional se manifiesta en el grado que un determinado sentimiento reduce nuestro nivel de felicidad. Mientras que el miedo a enfermar reduce un 7% la felicidad de las personas de clase baja, apenas tiene ningún efecto en la felicidad de las clases altas. El diferente impacto que un sentimiento tiene sobre la felicidad nos informa de su relevancia vital. Como prueban los datos, las consecuencias vitales de caer enfermo son mucho más graves para las personas de clase baja que para las de clase alta.
En suma, las desigualdades sociales, como demostramos en el libro Excluidos de la felicidad6, no afectan solamente a las tradicionales variables mediante las que solemos definir una situación social (ingresos, nivel educativo, situación laboral, estado civil, lugar de residencia, etc., etc.), sino fundamentalmente, y en último término, a nuestros sentimientos y bienestar emocional. La subjetividad de los individuos opera como un sumidero al que van a parar todos los vertidos de la sociedad. De ahí que en las vivencias de los individuos queden registradas, como en el papel de un delicado sismógrafo, las improntas de todos los procesos y lógicas sociales.
A nadie se le escapa que vivir con buen estado de ánimo, esperanzado, comprometido, contento, querido, feliz, respetado, orgulloso, seguro y satisfecho, constituye para todas las personas un valor en sí mismo. A la inversa, los sentimientos de tristeza, desesperación, tedio, indiferencia, soledad, incertidumbre, insatisfacción, depresión, vergüenza, estrés, o humillación, son otras tantas caras con las que se le presentan al ser humano el sufrimiento, el malestar emocional y la infelicidad.
Cada sentimiento cumple una función de señal, pues es reflejo fiel de alguna dimensión de la experiencia que está viviendo la persona vulnerable necesitada de apoyo, de cuidado, o de atención social. Ahora bien, según nos advierte John Dewey, cometemos un error al creer que las emociones son cosas tan simples y compactas como las palabras que solemos usar para designarlas. Muy al contrario, para el filósofo pragmatista las emociones son cualidades de una experiencia compleja y cambiante7, y sólo en el marco de esa experiencia concreta adquieren un significado nítido y un sentido pleno.
La atención a la subjetividad que propugnamos para un nuevo modelo de trabajo social no se agota en el mero registro y consideración del mundo interior de los sujetos, como si tal subjetividad nada tuviera que ver con su contexto de vida y situación social. Proponemos que la experiencia humana de las personas vulnerables sea la categoría analítica que oriente y vertebre las acciones sociales de asistencia, apoyo y cuidado. Experiencias que constituyen procesos de vida concretos, con principio y final, que les suceden a personas determinadas, de carne y hueso, con nombre y apellidos. Experiencias compuestas tanto de hechos subjetivos (vivencias, emociones, etc.), como objetivos (cosas que les pasan en función del contexto o de la situación), y que conforman para el sí mismo una unidad vital. Experiencias que emergen de la interacción que los individuos mantienen con su mundo (natural, social, personal), y que se desenvuelven entre las afectaciones que el mundo les causa como sujetos pacientes (padeceres), y las acciones con que ellos, sujetos agentes, tratan de modificar el mundo (haceres).
La atención a la subjetividad de las personas nos lleva al análisis de la experiencia singular y concreta que subyace a la necesidad de asistencia, apoyo o cuidado. Desde nuestra perspectiva, el conocimiento de los factores y parámetros objetivos causantes de la vulnerabilidad social, aunque inexcusable, no es suficiente para comprender integralmente esa experiencia vital, ni tampoco para definir las estrategias de apoyo y salida más eficientes. Sin tomar en consideración los sentimientos, los valores, las actitudes, los recursos, las preferencias o las expectativas de los propios interesados, difícilmente podremos activar los resortes necesarios para que las personas puedan hacer frente a su propia situación. Ni entenderemos sus auténticas necesidades, ni podremos contar con el concurso de su voluntad.
Sin duda, la incorporación de la subjetividad a un nuevo modelo de trabajo social aportaría muchos beneficios. Para terminar, aquí mencionaremos solamente tres: a) acercaría los servicios sociales a los sujetos destinatarios, fomentando una verdadera atención personal y personalizada; b) la integración de los factores sociales objetivos, causantes de la vulnerabilidad, en la experiencia particular de los sujetos destinatarios, posibilitaría una mejor definición e implementación de las estrategias de asistencia; y c) el reconocimiento de que, más allá del bienestar material, la felicidad y el bienestar emocional tienen una importancia vital clave, ubicaría la actuación de los trabajadores sociales en el marco de una auténtica empatía.
[1]Clifton, J. Blind Spot. The Global Rise of Unhappiness and How Leaders Missed It. Gallup Press, 2022.
[2] Manuel Vicent, Tedio Vital. El País, 30-01-2022.
[3] Bericat, E. “Emociones y desigualdad socioemocional en tiempos de crisis: la COVID-19 en España”, en J. F. Tezanos (Ed.) Cambios sociales en tiempos de pandemia. Madrid: CIS, 2022. Los datos proceden del Estudio CIS, 3298. Efectos y consecuencias del coronavirus (I), octubre-2020.
[4] Bericat, E. Excluidos de la felicidad. La estratificación social del bienestar emocional en España. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2018.
El análisis de las condiciones de vida y los niveles de integración y exclusión social tras la pandemia, nos permite concluir que uno de los retos que tenemos por delante como sociedad es repensar y adaptar los servicios sociales a nuevas realidades y necesidades sociales.
Por un lado, tenemos enormes desafíos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerables y la integración de la población inmigrante. Por otro, la magnitud y diversidad de las situaciones de exclusión severa no solo demandan una mayor intervención por parte de los servicios sociales, sino un continuo proceso de adaptación, tanto del modelo de trabajo social como del modelo de organización.
Recordamos que, en los países industrializados, se designan por servicios sociales, el conjunto de instituciones, servicios y programas públicos, comunitarios y acción solidaria que buscan la prevención, readaptación y protección social de las personas, familias, grupos o colectivos para asegurar su bienestar y favorecer su autonomía de manera temporal o crónica.
En otras palabras, los servicios sociales buscan ayudar a la ciudadanía a conseguir condiciones de vida digna en un entorno saludable de convivencia, es decir una integración que además de cubrir las cuestiones materiales, tienen que buscar también la participación y el ejercicio de los derechos de ciudadanía.
Después de cada crisis, viene un momento de oportunidad para preguntarse sobre las fortalezas y debilidades estructurales de nuestro país, en particular en materia de protección y lucha contra pobreza y las desigualdades. En este caso, la experiencia y peculiaridad de lo vivido con la pandemia, nos presenta una nueva oportunidad para repensar los servicios sociales y restablecer el trabajo de proximidad y comunitario.
Las consecuencias económicas y sociales de la COVID-19 han significado una nueva amenaza de fractura en nuestra sociedad, haciendo emerger nuevas problemáticas o consolidarse otras que ya eran latentes en el periodo previo a la crisis sanitaria que también precisan de una intervención integral y ajustada.
De nuevo se comprueba como el empleo por sí sólo no puede garantizar la integración social. Los datos de la EINSFOESSA 2021 revelan la proporción especialmente elevada de empleos precarios e inestables y el consecuente aumento del fenómeno de los trabajadores pobres; o bien la persistencia de niveles altos de empleos irregulares, y las dificultades para salir del desempleo, entre otros motivos, por la cronificación del desempleo de larga duración.
Además, otros factores de fragilidad son de corte sociológico, como es la evolución de las estructuras familiares; en concreto el aumento continuo del número de hogares pequeños, en particular los hogares monoparentales; o son socioeconómicos, en especial la carga cada vez mayor de los costos de vivienda y de suministros en el presupuesto de los hogares. El modelo de todos propietarios que aún era la norma ya no funciona; así asistimos a un bloqueo de los itinerarios vitales – especialmente traumático entre los más jóvenes que se ven negado su proceso de emancipación, y alimenta un sentimiento de degradación y precariedad vital.
Por último, la pandemia y la crisis asociada también han pasado su factura en las relaciones sociales, que han sufrido desgaste y debilitamiento. Tensando y erosionando las redes familiares y comunitarias de apoyo mutuo, lo que ha generado en muchos casos un aumento de los problemas de aislamiento social y el recrudecimiento de problemáticas de salud mental.
Las experiencias inéditas asociadas a los periodos de confinamientos y en general el distanciamiento social han hecho más necesario que nunca el volver a vincularnos, a conectar con la comunidad. En este contexto, abogamos por repensar el trabajo social para (re)valorizar su labor esencial en la lucha contra la pobreza y la creación de oportunidades para facilitar el acceso a los derechos.
Esto debe pasar, por un lado, por el fortalecimiento de los servicios sociales en términos de recursos, y por otro, por formar a los profesionales de lo social haciendo hincapié en el desarrollo de las prácticas de ir hacia, que deben constituir el nuevo modelo de trabajo social, y en el trabajo social colectivo. De manera más amplia, se plantea restaurar la proximidad de los servicios sociales a las personas destinatarias, lo que pasaría por la reducción de las distancias no solo físicas sino también simbólicas entre las partes.
En definitiva, el campo de los servicios sociales y la solidaridad están ante una encrucijada capital: ser continuistas, es decir atrapados en las inercias del presente, o ser un vector de cambio y motor de innovación para proteger y promover el acceso de todas las personas a sus derechos.
El debate ya se ha iniciado…
Fernando Fantova, consultor social
Puedes encontrar Fernando Fantova en Twitter.
En este artículo se desarrolla una breve reflexión sobre la situación y perspectivas de los servicios sociales en España, intentando dilucidar en qué medida lo que se requiere, a partir de dicha situación, es un aumento de recursos, un mayor desarrollo y mejora de la calidad de sus procesos, un cambio de rumbo o giro estratégico o, más bien, una reconfiguración radical.
En este artículo se desarrolla una breve reflexión sobre la situación y perspectivas de los servicios sociales en España, intentando dilucidar en qué medida lo que se requiere, a partir de dicha situación, es un aumento de recursos, un mayor desarrollo y mejora de la calidad de sus procesos, un cambio de rumbo o giro estratégico o, más bien, una reconfiguración radical.
El autor se basará en su conocimiento directo del mundo de los servicios sociales a través del trabajo de consultoría y del indirecto a través de la bibliografía. Partiendo de una mirada sobre la trayectoria de los servicios sociales en España y pasando por una lectura del cambio social en el que estaríamos inmersas en este país y su entorno, analizaríamos la encrucijada en la que se encuentran inmersos nuestros servicios sociales para desembocar en un intento de respuesta a la pregunta que da título al artículo.
En España los servicios sociales son configurados como ámbito de actividad, fundamentalmente, por el sector público. Ello no quiere decir que no haya servicios sociales privados o solidarios, pero normalmente son identificados como servicios sociales por su similitud y conexión con servicios sociales públicos. En este artículo, por tanto, hablaremos de los servicios sociales entendiéndolos como un ámbito de actividad (unos servicios sociales, por tanto, que pueden ser o no ser públicos) pero siendo conscientes de la centralidad o relevancia del sector público en dicho ámbito de actividad (en su configuración a lo largo de la historia y en su actual funcionamiento en nuestro país).
La referencia fundamental, hoy y aquí, para identificar el ámbito o delimitar el perímetro de los servicios sociales es, sin duda, la de las leyes de servicios sociales (como denominación predominante) de las comunidades autónomas y las estructuras previstas en ellas y en su normativa de desarrollo. Hay que notar, sin embargo, que las comunidades autónomas legislan sobre servicios sociales apoyándose, fundamentalmente, en la competencia exclusiva sobre asistencia social que les reconoce la Constitución Española, materia que quedó así nombrada tras la aprobación de la enmienda que evitó que se incorporara el término beneficencia (Casado y Fantova, 2018).
Resumiendo mucho la trayectoria de los servicios sociales españoles, diríamos que, en general, se configuraron y se configuran como dispositivos para dar respuesta a situaciones excepcionales de afectación o deterioro de un bien que hoy llamaríamos inclusión social. Es decir, básicamente, los servicios sociales (y recordemos que hablamos, sobre todo, de servicios de responsabilidad pública) son servicios que atienden a las personas que se encuentran en (o se aproximan a) una zona de exclusión social o, dicho de otra manera, de limitada participación en las transacciones de todo tipo que permiten a las personas dar satisfacción a sus necesidades (en su caso, ejercer sus derechos).
Así planteados, lógicamente, los servicios sociales se formatean en función del modelo de inclusión social existente en la sociedad de referencia. ¿Por qué en la configuración de nuestros servicios sociales ha sido y es tan importante la identificación de determinados colectivos poblacionales destinatarios? Pues sencillamente porque esos segmentos de población son identificados en función de características o situaciones que los excluyen de los mecanismos predominantes mediante los que se produce o verifica la inclusión social en un determinado modelo de inclusión social (Laparra, 2022).
A pesar de que, en principio, podrían haberse producido trayectorias diferentes en las distintas comunidades autónomas españolas desde que éstas tomaron la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, hay dos opciones estructurantes de los entramados de servicios sociales de responsabilidad pública que son bastante comunes en todo el país. Una es la división de los servicios, básicamente, en dos niveles, con atribución de responsabilidades a distintas instituciones públicas, de suerte que, en los servicios sociales se mantiene una fuerte responsabilidad tanto de las entidades locales como de las comunidades autónomas (sin que podamos entrar ahora en más detalles o matices). La otra es la de que la mayor parte de los servicios que reciben finalmente las personas usuarias o destinatarias se prestan por parte de organizaciones solidarias o empresas privadas, aunque una parte importante de la financiación y otras funciones que los sostienen sean realizadas por instituciones públicas. (Mora y De Lorenzo, 2022).
Este posicionamiento y estructuración de los servicios sociales en España ha convertido a esta rama de actividad en una buena candidata para hacerse cargo de problemas sociales emergentes, pero, a la vez, ha facilitado y sigue facilitando las situaciones de ambigüedad y confusión en relación con la identificación del objeto y perímetro de los servicios sociales. Diríamos que ha resultado característica de los servicios sociales una tensión estructural entre su versatilidad vocacional para hacerse cargo de nuevas realidades o situaciones que pudieran conducir a determinadas personas a la exclusión social y la voluntad técnica y política de construir unos servicios sociales universales, es decir, unos servicios sociales públicos que lleguen a ser considerados por parte de una mayoría de la población como el mecanismo de referencia para la satisfacción de determinadas necesidades (como ya sucede en España, al menos, en áreas de necesidad y ámbitos de actividad importantes relacionados con la salud, la educación o la garantía de ingresos para la subsistencia material).
Se diría que el producto estrella (el más reconocible) que ofrecen los servicios sociales más próximos o locales es el de un kit de recursos o prestaciones dentro del cual el ingrediente más relevante, demandado y reconocido es el dinero para cubrir gastos de subsistencia material. En cuanto a los servicios sociales denominados especializados, que se estructuran más bien en función de perfiles, segmentos o colectivos poblacionales preestablecidos, el producto estrella (el más posicionado y el que consume más recursos) sería el de una atención integral (institución total) que tiende a incluir el ingrediente del alojamiento colectivo (Burns y otras, 2016).
No resulta fácil para las gentes que viven un momento histórico determinado en un preciso lugar desvelar y comprender las situaciones y acontecimientos que protagonizan o en las que están inmersas. Hay procesos que pasan desapercibidos y que posteriormente son identificados como relevantes (Polanyi, 2016). Resulta más fácil listar tendencias que sopesar la fuerza de cada una y la manera en la que se entrelazan. Y es notablemente difícil establecer relaciones causales entre fenómenos (Hirschman, 2020).
El relato (la selección y articulación de circunstancias o devenires) por el que se opta aquí sería por el que estaríamos viviendo una situación en la que se cuartea un determinado modelo de inclusión social sin que se vea con claridad hacia dónde nos dirigimos. Elementos vertebradores o fundamentales de ese modelo que vemos agrietarse (y a veces desmoronarse) serían el empleo estable con relaciones laborales mediadas por los agentes sociales, la familia patriarcal y relativamente extensa embebida en comunidades homogéneas y operativas y una protección social notablemente contributiva que cubre grandes contingencias relativamente previsibles. Se diría que, tanto por sus éxitos como por sus fracasos, tanto por sus consecuencias buscadas como por las no deseadas, ese modelo de inclusión social parece presentar y generar crecientes disfunciones en un contexto (Nel.lo, 2021) en el que se presentan y entremezclan situaciones de extralimitación, escasez, globalización, profesionalización, financiarización, digitalización, longevidad, diversidad, individualización, desvinculación, movilidad, precariedad, segregación, alienación y polarización (sin que resulte posible extenderse en este momento sobre cada uno de estos fenómenos y la manera en que interactúan) (Pérez Orozco y Lopez Gil, 2011).
Estos procesos de cambio social son también procesos de cambio en las situaciones y dinámicas de exclusión social. Se percibe una diversificación de perfiles de exclusión social y la creciente dificultad para abordarla y no digamos para prevenirla. En España en estos momentos, en números redondos, un 25% de la población se encuentra en una situación de exclusión social (según el indicador denominado AROPE), pudiendo cifrarse en un 5% las situaciones de severidad y gravedad, y, por los estudios hechos en este siglo, sabemos que en este período se enquista la exclusión social y la desigualdad aumenta, sobre todo porque las personas pobres se hacen más pobres. Por el lado de arriba, solo un tercio de la población, aproximadamente, estaría por encima de la renta media, de modo que se percibe la hace tiempo descrita sociedad de los tres tercios, en la que las franjas que no están en exclusión social pero que están cerca se sienten (con razón) inseguras, saben que no están tan lejos de esa situación, se saben poco protegidas frente al riesgo de caer en una situación de exclusión social (Wright, 2018). Lo que se está observando en nuestra economía (en buena medida, directa o indirectamente, por la digitalización) es que las rentas del capital crecen más que las rentas del trabajo. Es el denominado efecto Mateo: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. En esta economía se incrementa la probabilidad de que quien disfruta de bienes (vivienda, papeles, empleo, ahorros, relaciones, pensión, conocimiento, Internet u otros) obtenga todavía más y, sin embargo, quien carece de ellos, lo tenga todavía más difícil. Por eso se dice que en nuestra sociedad se ha averiado el ascensor social (Gómez y Vidal, 2019).
Además es una sociedad más compleja, en la que se incrementan los mecanismos de inclusión y exclusión, las oportunidades y las amenazas. Esa es una de las razones por las que hablamos de la diversificación (e incluso sofisticación) de los perfiles de la exclusión social y la mayor aparición de factores de exclusión relacionados con la situación administrativa, con la vivienda, con los cuidados, con las competencias y recursos digitales, con la soledad u otros (además de los más tradicionales como el dinero, el empleo o la familia). Sigue siendo claro, en todo caso, el sesgo de género y de origen. En este tipo de sociedad que estamos construyendo, la fragmentación o desvinculación social (incluyendo la segregación territorial) dificulta formas anteriores de generación de comunidad o solidaridad y más bien se facilitan comportamientos del tipo sálvese quien pueda, por rechazo hacia las personas excluidas de las que otras se sienten distantes o precisamente por el miedo que se mete a que puedan acabar como ellas (Buesa y Cantero,2022).
Por último, la pandemia que se inicia en 2020 ha representado una disrupción global de la vida y ha generado respuestas excepcionales desde diferentes ámbitos (y, todo ello, consecuencias de diversa índole) y no es fácil saber en qué medida forma parte de una cadena de acontecimientos junto a otros anteriores y posteriores de carácter financiero, ambiental, económico, militar u otros que pueden considerarse convulsiones sistémicas o, dicho de otro modo, manifestaciones del agotamiento de equilibrios o fórmulas de funcionamiento social o colapsos de mayor o menor alcance de unos determinados modos de vida (Aguilar y Fantova, 2022).
En estas complejas y turbulentas circunstancias el posicionamiento tradicional de los servicios sociales se torna mortal de necesidad, puesto que el número creciente de las personas que acuden a ellos en busca de alguna o varias de las prestaciones o apoyos incluidos en su oferta (desde alimentos a cuidados, desde dinero a alojamiento) ya no conforman aquellos contingentes limitados y perfilados previstos en su momento, sino que presentan una creciente multiplicidad mucho más compleja de situaciones y expectativas. Cantidad, intensidad, complejidad y diversidad que tensa los servicios sociales, inmersos en un intento cada día más baldío y frustrante de diseñar, desarrollar, combinar y escalar las especializaciones requeridas por la realidad y la integración que necesita cualquier sistema funcional. Es más, se diría que las que en otro momento fueron soluciones se convierten en problemas:
En comunidades económicas, políticas, morales y sociales relativamente estables y delimitadas en las que resultasen ser pocos, sencillos y manejables los colectivos que se acercaban a (o se instalaban en) la zona de exclusión social, podía tener ciertos visos de eficacia y eficiencia un dispositivo como los servicios sociales que hemos descrito. Sin embargo, en la sociedad que estamos describiendo el encargo tradicional de los servicios sociales se convierte en una misión imposible y los intentos de cumplirla en un mecanismo de más de lo mismo que, paradójicamente agrava la situación más que arreglarla. Ello parece suceder por una combinación de tres fenómenos, situaciones o tendencias:
En una situación como la que hemos analizado, es posible que puedan tener efectos beneficiosos incrementos de recursos (reforzamiento), mejoras de la calidad (perfeccionamiento) o cambios estratégicos (transformación), pero no sería descartable que tuviéramos delante un reto de reinvención de los servicios sociales, es decir, no podemos descartar que los servicios sociales se encuentren ante una disyuntiva existencial que puede llevarlos a su desintegración como ámbito de actividad o a una mutación en su naturaleza (deliberada, voluntaria y conducida o no). Esta perspectiva es plausible si hacemos un repaso de asignaturas claramente pendientes en relación con el diseño y despliegue de nuestros servicios sociales (como se verá, interconectadas entre sí):
Los retos y planteamientos de diseño, reforzamiento, desarrollo, evaluación, mejora, reorientación y escalado de políticas de servicios sociales basados en el conocimiento y la innovación, en la medida en que se realizan en contextos de riesgo o situación de saturación y colapso de diferentes subsistemas de la vida social, parecen, finalmente, dejarnos ante disyuntivas existenciales y, eventualmente, oportunidades de reinvención más radical. No parecen de recibo (en lo técnico, en lo económico y en lo político) meras estrategias de crecimiento inercial y acumulativo, sino que es el momento de impulsar el emprendimiento, la experimentación, la deliberación y, finalmente, el riesgo de la reinvención.
La reinvención de esta rama de actividad, en todo caso, se apoyaría en la existencia de áreas de conocimiento, actividades profesionales y organizaciones de servicios realmente existentes que llenan de contenido los derechos que se garantizan y las estructuras públicas que se configuran, estructuras que seguramente, hoy y aquí, han de impulsar, precisa y especialmente, la gestión del conocimiento, la innovación tecnológica y el desarrollo profesional en los servicios sociales.
La propuesta de reinvención no es fácil y la situación actual, aunque dura para muchas personas trabajadoras y usuarias de los servicios sociales, genera sus propios mecanismos de justificación, legitimación y perpetuación. La atención paternalista, patriarcal y total sigue teniendo personas que la practican y la defienden. Todo proceso de cambio (y más si es más radical) genera oposición, muchas veces prudente y justificada. Sin embargo, en la situación de pandemia, ha habido lugares donde se han operado cambios ambiciosos en aspectos fundamentales del funcionamiento de los servicios sociales, demostrando que son posibles.
AGUILAR, Manuel y FANTOVA, Fernando (2022): “Los servicios sociales españoles ante la pandemia” en AYALA, Luis y otros (coordinación): Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España. Madrid, Fundación FOESSA, páginas 165-186.
BUESA, Sara y CANTERO, Boni (2022): “La demanda de la ciudadanía a los servicios sociales” en FUNDACIÓN EGUÍA CAREAGA (edición): Servicios sociales y vulnerabilidad frente a la pandemia. Donostia, páginas 49-69.
BURNS, Diana y otras (2016): Where does the money go? Financialised chains and the crisis in residential care. Manchester, CRESC.
CASADO, Demetrio y FANTOVA, Fernando (2018): “Los sistemas de bienestar en España: evolución y naturaleza” en Documentación Social, número 186, páginas 55-80.
FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE, José Luis y otras (2022): Solidaridades de proximidad. Ayuda mutua y cuidados ante la covid-19. Madrid, Tangente.
GÓMEZ, Pedro José y VIDAL, Fernando (2019): “La gran desvinculación” en FERNÁNDEZ-MAÍLLO, Guillermo (coordinación): VIII informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid, Fundación FOESSA, páginas 33-98.
HIRSCHMAN, Albert (2020): La retórica reaccionaria. Perversidad, futilidad y riesgo. Madrid, Clave intelectual.
LAPARRA, Miguel (2022): “Un análisis para orientar las políticas de inclusión/activación a partir del conocimiento de los sectores excluidos” en AYALA, Luis y otros (coordinación): Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España. Madrid, Fundación FOESSA, páginas 165-186.
MAINO, Franca (2021): “Mercato, terzo settore e comunitá per il ritorno di lo stato soziale. ” en MAINO, Franca (cuidado): Il ritorno dello stato soziale? Mercato, terzo settore e comunità oltre la pandemia. Torino, Giappiccelli páginas 345-353.
MORA, Sebastián y DE LORENZO, Francisco (2022): “Hibridación relacional del tercer sector de acción social en la última década. Entre la movilización y las redes vecinales-comunitarias” en CIRIEC, número 103, páginas 171-196.
NEL.LO, Oriol (2021): “Acción colectiva y políticas públicas frente a la segregación y sus efectos” en NEL.LO, Oriol (edición): Efecto barrio. Segregación residencial, desigualdad social y políticas urbanas en las grandes ciudades ibéricas. Valencia, Tirant Humanidades, páginas 385-395.
PÉREZ OROZCO, Amaia y LÓPEZ GIL, Silvia (2011): Desigualdades a flor de piel: cadenas globales de cuidados. Madrid, ONU Mujeres.
POLANY, Karl (2016): La gran transformación. Crítica del liberalismo económico. Barcelona, Virus.
SUBIRATS, Joan (2020): “Dilemas y conflictos del cambio de época. Politizar el cambio tecnológico” en GOMÀ, Ricard y UBASART, Gemma (coordinación): Vidas en transición. (Re)construir la ciudadanía social. Madrid, Tecnos, páginas 42-57.
WRIGHT, Eric Olin (2018): Comprender las clases sociales. Barcelona, Akal.
Consultor social.
Puedes encontrar a Fernando Fantova en Facebook, Twitter y Linkedin, además de su página web.
El artículo nos propone una reflexión sobre la posibilidad de otro modelo de intervención social. Se proponen cinco líneas estratégicas que permitirían construir una intervención social universal, sectorial (e integrada) y comunitaria. En otras palabras, el modelo comunitario de acción social.
Posiblemente en la mente, en los sentimientos, en los valores, en los actos, en las decisiones, en las organizaciones de no pocas personas dedicadas a la intervención social (a la acción social, a los servicios sociales) podemos percibir, de forma más explícita o implícita, un modelo, una concepción, una comprensión de esa labor, consistente en hacerse cargo de manera integral de la satisfacción de las necesidades (o de las carencias) de una persona o grupo de personas, para, posteriormente (incluso inmediatamente), ir dejando de dar respuesta a unas u otras de dichas necesidades a medida que las propias personas u otros agentes están en (mejores) condiciones de hacerlo, cuando esto puede suceder y sucede.
Esta visión de la acción social, esta forma de pensarla y practicarla parece verse reforzada, además, en momentos o situaciones de emergencia (como la generada por la pandemia de la covid-19), en los que, en buena medida, lo que está en juego es la propia supervivencia de muchas personas, por la afectación en cadena, rápida, intensa e imprevisible de diferentes áreas críticas de su vida. Sin embargo, esa concepción, seguramente, hunde sus raíces en la historia de esa actividad que ahora denominamos intervención social (o, a los efectos de este artículo, sin mayores distinciones, acción social o servicios sociales) y que, en nuestro entorno, es realizada, en buena medida, desde disciplinas y profesiones como el trabajo social, la educación social, la psicología de la intervención social, la integración social, la asistencia personal y otras.
En esa historia, la intervención social se construyó en muchos momentos como una acción (final y) residual frente a otros modos de satisfacción de necesidades (de cualquier necesidad) de las personas: si no tenías la capacidad funcional para dar satisfacción a algunas de tus necesidades, si no tenías recursos con los que dar respuesta (directa o indirectamente) a ellas, si no tenías relaciones primarias que te facilitasen dicha satisfacción, si no eras titular de algún derecho o garantía para obtener respuesta a ciertas necesidades, entonces, en la medida en que todo eso sucediese, tu situación de exclusión social y vulnerabilidad general te llevaba a ser objeto de intervención social, destinataria de la acción social, usuario de los servicios sociales.
La evolución de nuestra sociedad y de los diferentes mecanismos (profesiones, sistemas, organizaciones, instituciones) de los que disponemos las personas para satisfacer nuestras necesidades ha ido poniendo en cuestión, ha hecho entrar en crisis este modelo (de última red) residual de acción social, en contextos en los que la creciente complejidad interconectada de los riesgos a los que nos enfrentamos hace que consideremos, en general, más valiosa la respuesta a las necesidades que se realiza desde la especialización sectorial (por necesidades: salud, alimentación, seguridad, transporte, cuidados y otras) y recelamos, en general, de supuestas proveedoras integrales o inespecíficas de respuesta al conjunto de nuestras diversas necesidades.
¿Qué pasa, entonces, si los subsistemas o disciplinas correspondientes van mejorando su capacidad técnica de respuesta a diversas necesidades (como las de alojamiento o vestido, por citar otros dos ejemplos) y va perdiendo sentido y utilidad que, desde la intervención social, pretendamos alojar o vestir (por seguir con los mismos dos ejemplos)? ¿Qué pasa si, como ha sucedido en esta pandemia, parece hundirse, por ejemplo, la reputación o deseabilidad de las residencias de mayores, resistente ejemplo de ese modelo de hacerse cargo integralmente desde los servicios sociales del que estamos hablando? ¿Qué pasa si importantes capas de población, excluidas por procesos estructurales del acceso, por ejemplo, a la calefacción o la atención odontológica, entienden que, en último caso, podrán ir a los servicios sociales públicos o del tercer sector para poder acceder a esos bienes (y eso será misión imposible)?
Lo que pasa, posiblemente, es que la intervención social (la acción social, los servicios sociales), tanto pública como solidaria, se ha de preguntar si hay otro modelo, otra forma de comprenderse y de producirse. Y la respuesta podría ser que sí, que lo hay, pero que hay que entender que representa un giro copernicano, un cambio de paradigma, un salto cualitativo respecto al modelo anterior, ya que estamos hablando de una intervención social que:
Por tanto, postulamos aquí que podemos identificar prácticas realmente existentes y conocimiento construido que apuntarían a una intervención social universal, sectorial (e integrada) y comunitaria. Seguramente, tanto en la Administración pública como en la economía solidaria, sigue predominando una acción social residual, (pretendidamente) integral y desconectada de las comunidades, pero hay mimbres, hay algunos mimbres que permitirían girar hacia ese modelo de acción social de base comunitaria y abierto a la diversidad del que estamos hablando. Postulamos que estamos hablando de modelos alternativos, es decir, que universalidad, sectorialidad y base comunitaria van de la mano (del mismo modo que el modelo residual y pretendidamente integral supone y necesita el alejamiento de la comunidad).
Tomando conciencia de la envergadura de la apuesta alternativa que se está planteando, para finalizar este breve artículo, se proponen a continuación (y después se glosan) cinco líneas estratégicas que permitirían construir, poner a prueba, pulir y escalar el modelo comunitario de acción social que se pretende dibujar:
1. Separar radicalmente la intervención social (cuyo objeto sería la interacción) de las actividades de asignación de recursos económicos o materiales para necesidades de subsistencia o similares.
2. Impulsar con fuerza la transición desde una intervención social de carácter mera o principalmente práctico a otra basada en el conocimiento científico.
3. Apostar por el desarrollo tecnológico y la digitalización de los servicios sociales.
4. Entender la construcción de los servicios sociales como un proceso de innovación social en las comunidades en las que éstas van generando, aceptando, modulando y modificando normas, instituciones, valores y consensos reguladores de la vida cotidiana e interdependiente de las personas en los domicilios, vecindarios y territorios.
5. Forjar una alianza estratégica con las políticas e intervenciones urbanísticas y de vivienda en el marco de una acción comunitaria transversal y una gobernanza integrada del bienestar.
En primer lugar, diremos que, en una sociedad tan mercantilizada como la nuestra y con tantos obstáculos estructurales y emergentes para el acceso de importantes segmentos poblacionales a bienes físicos de primera necesidad (como el alimento, el vestido o la energía, o, también, al alojamiento), cabe considerar prácticamente imposible que se configure y posicione una intervención social dedicada a promover y proteger la interacción de todas las personas (es decir, su autonomía para decisiones y actividades de la vida diaria en relaciones primarias familiares y comunitarias) mientras las estructuras y agentes de los servicios sociales tengan encomendada, a la vez, la tramitación de ayudas para la obtención de dichos bienes, tramitación que debiera corresponder a los Departamentos correspondientes a dichos bienes (como Comercio, Industria o Vivienda) o, en su defecto, a Departamentos de Hacienda (y en el caso de organizaciones solidarias, posiblemente, también a estructuras y agentes diferenciados).
En segundo lugar, la intervención social y sus disciplinas y profesiones deben hacer un esfuerzo por superar su actual estadio de desarrollo dominado por un saber hacer artesanal práctico para, sin desconocer nunca la importancia de la pericia profesional, entrar decididamente en una etapa de intervención social de carácter o base científica, con las consecuencias y condiciones que ello conlleva en términos de configuración de las comunidades y redes de conocimiento, de las dinámicas y procedimientos para su construcción y avance del saber y de las herramientas, instrumentos, aplicaciones y plataformas de evaluación de la intervención y sus efectos.
En tercer lugar, la acción social, como cualquier otra actividad, debe ser objeto de un desarrollo e innovación tecnológica que la incorpore a la capa digital y que le permita beneficiarse de la comunicación telemática, la inteligencia artificial distribuida, el procesamiento de grandes cantidades de datos, el internet de las cosas (también de las llevables) o las plataformas colaborativas, tanto para su realización, gestión y gobierno como para su integración vertical (intrasectorial) y horizontal (intersectorial) con otras ramas de actividad.
En cuarto lugar, se ha de entender que este modelo de intervención social puede llegar a afectar, a mayor o menor escala territorial y humana, al cambio y la innovación en la comprensión y configuración del contrato social, entendido como el conjunto de normas asumidas por las personas (individual y colectivamente) sobre lo que pueden esperar de otras personas o instancias y lo que deben aportar. Estamos hablando de una acción social organizada y profesionalizada que busca nuevas e importantes sinergias con las relaciones y redes primarias de carácter familiar y comunitario, brindándoles aportes y esperando que brinden apoyos.
Por último, el giro desde una intervención social residual a una de base comunitaria representa un cambio en la manera en la que los servicios sociales se relacionan y se integran con otros ámbitos de actividad, en las intervenciones y políticas transversales de igualdad y atención a la diversidad (de género, generacional, funcional y cultural), que podríamos englobar como acción comunitaria, y, por tanto, en la gobernanza del conjunto de políticas sociales. En ese marco, la intervención social, posiblemente, está llamada a una especial integración y alianza con la intervención urbanística y habitacional, para la consecución de territorios y comunidades amigables, inteligentes y sostenibles.
Técnico de Orientación. Consejería de Empleo de la CAM. Experto formador y asesor de entidades públicas y privadas en programas de formación, orientación e inserción laboral.
Puedes encontrar a Antonio Prieto en Linkedin y Facebook.
En tiempos del COVID, la orientación laboral necesita dar respuesta a un mercado de trabajo voraz y paradójico, con dificultades para la coordinación entre administraciones y con el reto pendiente de la innovación.
Si los personajes de Gabo[1] fueron capaces de encontrar el amor en los tiempos del cólera, los ciudadanos tienen que poder acceder a los servicios de orientación laboral en un momento tan destructivo para el empleo como es la situación de emergencia sanitaria que vivimos en respuesta al Covid-19.
En esta reflexión se identifican y analizan los factores críticos que es necesario abordar para gestionar la atención a los desempleados asumiendo nuevos retos y la necesidad de acometer antiguas deficiencias. Por supuesto, concreto algunas propuestas de acción en respuesta a estos retos: aquí y ahora.
Ésta es una reflexión inacabada que necesita de vuestras aportaciones, que se irán anotando escrupulosamente para su difusión actualizada. Muchas gracias por anticipado.
El mercado de trabajo actual se caracteriza por la destrucción de empleo[2], especialmente en los sectores de comercio, hostelería, construcción e industria afectando sobre todo a autónomos y PYMES, al mismo tiempo paradójicamente, se ve imposibilitado para cubrir la demanda de trabajadores de ciertos sectores como sanidad, servicios sociales, servicios telemáticos, logística y distribución, y agricultura no pueden cubrir sus vacantes.
Esto ocurre en un momento en que los servicios de intermediación de las administraciones públicas y las agencias de colocación se están colapsando, difundiendo ofertas de empleo por diferentes canales cuya información va replicándose y rebotando cíclicamente por las redes sociales completamente desactualizada y generando una distorsión en la captación de candidatos y en la gestión de ofertas de empleo. En este sentido convendría que los intermediadores del mercado de trabajo públicos (servicios públicos de empleo) y privados (agencias de colocación principalmente) gestionasen, con exclusividad[3], cada una de las oferta de empleo, para evitar duplicidad de esfuerzos y distorsión en la gestión, adquiriendo el compromiso de la cobertura de vacantes.
En esta situación, las ayudas para mantener el tejido productivo de autónomos y PYMES son absolutamente necesarias, ya que son quienes más empleo han creado en España durante la crisis de 2008[4] y su recuperación requiere mucho tiempo.
Por otro lado, es necesario impulsar la adaptación de las empresas a procesos productivos y comerciales virtuales y acelerar su proceso de informatización y la universalización de la banda ancha en todo el territorio nacional para favorecer el teletrabajo. Medidas aprobadas desde 2010 en la Estrategia Europea 2020, cuya aplicación sufre un evidente retraso, y que ya necesitábamos mucho antes de la crisis sanitaria, para facilitar la incorporación de personas con dificultades de movilidad (discapacidad, ámbito rural, privación de libertad, conciliación, etc.) al mercado de trabajo.
No podemos olvidar la necesidad de regular las condiciones de laborales del teletrabajo.
Los trabajadores desempleados tendrán que reciclarse a ocupaciones de sectores deficitarios en mano de obra. Este reciclaje ha de ser muy rápido, sin apenas procesos formativos, por lo que es fundamental contar con el asesoramiento de un orientador laboral que indique cuál puede ser la ocupación colindante, con demanda en el mercado, susceptible de satisfacer el mayor porcentaje de requerimientos posibles con las competencias que ya posee el candidato[5]. Ejemplos: de dependiente a televendedor, de recepcionista a teleoperador, de pinche a preparador de catering.
Para aprovechar al máximo las competencias de las personas desempleadas y hacer una reclasificación eficaz es muy importante la evaluación por competencias del candidato, y la descripción de los requerimientos del puesto de trabajo por competencias, sólo así podremos hacer casación eficaz.
A las dificultades habituales para encontrar empleo de los colectivos más vulnerables, en estos momentos se añaden las dificultades para utilizar internet, porque no saben o porque no pueden, para acceder a información de ofertas de empleo, gestionar ayudas y prestaciones, realizar trámites ante la administración pública: la brecha digital se suma a la brecha laboral.
Es por esto que, a pesar de los grandes esfuerzos que están haciendo los equipos de orientación para adaptar sus servicios y actividades a las videoconferencias, con excelentes resultados, sólo estamos respondiendo a los desempleados que cuentan con recursos suficientes para acceder a internet y un mínimo de habilidades informáticas. No estamos llegando a colectivos que ya tenían grandes dificultades para acceder al mercado laboral antes de la crisis sanitaria.
Por eso, además de la teleorientación es necesario reforzar la atención presencial con las máximas precauciones e incrementar la orientación laboral telefónica y videotelefónica, ya que esta población sí que suele disponer de teléfono móvil.
Atender a los colectivos más vulnerables, en estos momentos más que nunca, requiere de una coordinación estrecha entre los servicios de empleo, los centros educativos, los servicios sociales y la sociedad civil organizada (ONG, redes…), especialmente en el ámbito local:
Los alumnos, con edad laboral, que compaginaban (o no) su formación presencial con el empleo o con la búsqueda de empleo se quedarán sin acceder a la transformación de esta formación presencial en teleformación si no tienen recursos informáticos suficientes. Además, tendrán graves dificultades para acceder a la oferta formativa virtual, la información sobre ofertas de empleo, los recursos públicos y la tramitación de solicitudes y ayudas.
Estas dificultades ya las estaban padeciendo las personas vulnerables y en riesgo de exclusión social atendidas por los servicios sociales municipales, a los que se suman los nuevos desempleados que no pueden acceder a los subsidios extraordinarios, los autónomos que no pueden declarar cese de actividad y todos los trabajadores de la economía sumergida[6] que no pueden acceder a ninguna ayuda por desempleo. Como consecuencia, las bolsas de pobreza se están disparando y los bancos de alimentos se están agotando[7] especialmente en el ámbito urbano de las grandes ciudades.
Por eso es absolutamente necesaria la coordinación de los servicios públicos de empleo, servicios sociales y educación en el ámbito local a través de mesas de empleo o equipos de coordinación permanentes que sean capaces de:
En este sentido tenemos que aprovechar que los servicios sociales municipales y las ONG han demostrado durante la crisis económica su capacidad para estar en contacto directo con las personas más vulnerables y llegar a donde los servicios de empleo y educativos no pueden llegar con sus medidas, recursos, prestaciones y asesoramiento.
Jamás nadie podía prever una situación de crisis como la que estamos viviendo. El incremento exponencial del desempleo junto con las dificultades de atención como consecuencia del confinamiento y de la aplicación de las medidas preventivas, nos ha empujado a improvisar nuevas metodologías de acción, intermediación, preparación laboral, orientación laboral e integración sociolaboral: diagnósticos de empleabilidad por teléfono, diseño de itinerarios por correo-e, actividades de entrenamiento en técnicas y habilidades sociolaborales y para la búsqueda de empleo a través de videoconferencias, video teléfono o en espacios abiertos a voces para mantener la distancia de seguridad y por supuesto: el acompañamiento personalizado, utilizando todos los medios posibles, en muchos casos asumiendo riesgos sanitarios para poder atender presencialmente a personas vulnerables: no había otra manera.
La innovación y utilización de la radio y aplicaciones informáticas ha sido tan espectacular como la edición de recursos de información, formación o asesoramiento en páginas webs, blogs, redes sociales…
No cabe duda de que esta situación (lejos de bloquearnos) nos ha hecho crecer profesionalmente, pero a costa de:
Ahora más que nunca es necesaria una respuesta a las necesidades que tenemos como orientadores inmersos en este mercado de trabajo voraz y paradójico, con pocas posibilidades de coordinación y apoyo entre administraciones y con el reto de la innovación permanente para mantener nuestro compromiso con los desempleados y la sociedad. Necesitamos:
[1] Gabriel García Márquez
[2] El desempleo ha pasado de un 13,6% en diciembre a un 14,5% en mayo. Instituto Nacional de Estadística
[3] En España. la intermediación laboral no puede tener ánimo de lucro por lo que las empresas pueden encargar la captación de candidatos idóneos para cubrir sus vacantes a varias entidades intermediadoras a la vez. No existe exclusividad en la intermediación de las ofertas de empleo.
[4] El 99% de las empresas en España tienen menos de 50 trabajadores y emplean al 53% de los trabajadores.
[5] Transferibilidad de habilidades de trabajadores en los sectores potencialmente afectados Covid-19. Banco de España.
[6] Según el informe de Empleo irregular en España de ASEMPLEO. El 20 20% del PIB se produce en economía sumergida y supone en torno al 13% de la población activa.
[7]Las entidades solidarias quintuplican en un mes la entrega de alimentos y productos básicos. Estamos bajo mínimos https://www.elconfidencial.com/espana/2020-04-18/coronavirus-banco-alimentos-comida-solidaria_2555024/
Trabajador Social
El año 2020 comenzaba con grandes retos aún pendientes de resolver para el joven Sistema de Servicios Sociales, creado en la década prodigiosa para los mismos, que es la comprendida entre 1978 (aprobación de la Carta Magna) y 1988 (puesta en marcha del Plan Concertado para el desarrollo de las prestaciones básicas. Un sistema generado de manera desigual y fragmentada pero que había experimentado un crecimiento continuado y que presentaba grandes carencias y potencialidades.
A lo largo de marzo de 2020, la crisis generada por la propagación del COVID-19 ha evidenciado grandes oportunidades de mejora para los servicios sociales municipales.
Así, tras la crisis sanitaria, la crisis social en la que ya nos encontramos, se avecina con efectos mucho más prolongados. La cohesión social está en peligro, y en ello, los servicios sociales son fundamentales.
Si bien se desconoce aún el alcance e impacto de la crisis, es preciso ir reflexionando sobre las evidencias que se han puesto de manifiesto, con la finalidad de ir generando respuestas adecuadas ante el escenario en el que los servicios sociales se moverán en el futuro inmediato.
Es el objetivo del presente artículo.
Los Servicios Sociales nacen bajo el prisma de la asistencia social (así se denomina en la Carta Magna), lejos de una concepción de protección social y por tanto sin necesidad de un marco jurídico propio, siendo relegado éste al ámbito de cada comunidad autónoma.
La democracia española se estaba fraguando y ni la sociedad ni las comunidades autónomas dedicaron un esfuerzo especial a la construcción de unos servicios sociales que, en sí mismos, hoy, se reconocen como un garante democrático al facilitar la inclusión social de la ciudadanía.
Por ello, los servicios sociales crecieron de manera rápida y desordenada, con una provisión de recursos (materiales, técnicos y económicos) de carácter mixto y variable según sectores, entre lo público y lo privado (con y sin ánimo de lucro) y siempre fragmentados por la territorialización y la dispersión competencial entre estado, autonomías, y entidades locales, con el añadido de diputaciones y mancomunidades en algunos casos.
Así, durante los años 80, las CCAA fueron aprobando sus normativas, casi todas con escasa ambición y aún menos voluntad realmente ejecutiva, cuestión que la llegada de las llamadas Leyes de Tercera Generación, no han traducido en desarrollos prácticos, bien por la falta de concreción posterior, por la limitación de recursos, por la ausencia de carteras de servicios, etc. (Ayto Madrid, 2018)
A pesar de ello, la aprobación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, arrojó una esperanza ante tal fragmentación, aunque nació con las limitaciones propias de la implementación en plena crisis económica. Sin embargo, esta misma ley evidenció las dificultades de articulación entre los diferentes niveles administrativos, que con frecuencia perciben las ‘competencias’ más como recurso defensivo entre las administraciones, que como una llamada a la responsabilidad (Aguilar Hendrickson 2014).
En este escenario se desarrollaron unos servicios sociales atomizados, en un marco en el que las necesidades vitales de la población no son cubiertas suficientemente, existe una alta inestabilidad laboral, baja protección por desempleo (en comparación con el marco europeo), carencias en los sistemas sanitario y educativo y una desbocada situación inmobiliaria entre otros factores, que afectan principalmente a la población vulnerable.
Así, los servicios sociales, que tienen por objeto la protección y la adecuada cobertura de las necesidades sociales derivadas de la interacción de las personas con su entorno (Demetrio Casado, 1994), han ido centrando sus funciones en el ámbito de la autonomía personal, la protección de la infancia y de la población mayor y la inclusión social, alejándose cada vez más de aquella asistencia social de la que nacieron, pero sin dejar de practicarla. Nos guste o no, ante el escenario de inexistencia de un sistema de cobertura de necesidades (ingresos vitales) más amplio, la asistencia social sigue siendo un pilar fundamental dentro de los servicios sociales.
Por todo lo anterior, los servicios sociales entraron en la tercera década del siglo XXI sin una definición propia de su objeto, atomizados y anhelando alcanzar un ámbito universal centrado en la promoción de las personas, pero embarrados en la cobertura de necesidades básicas.
Muchos retos, entre otros que se describirán a continuación, para un joven sistema, que deberá afrontar una prueba de fuego con la llegada de la crisis por contagio del COVID-19.
A continuación, se abordan algunos de los mayores retos que tienen por delante los servicios sociales, incidiendo en el efecto de la crisis provocada por el COVID-19:
Como ya se ha detallado, la ausencia de un marco estatal y el bajo interés de las CCAA en organizar sus territorios (ya no digamos de establecer acuerdos de reciprocidad con otras CCAA), son las principales causas de que no exista a día de hoy algo que podamos llamar Sistema de Servicios Sociales en comparación con el educativo o el sanitario. Es más, ello contribuye a que cualquier intento de organización o elaboración de modelos de atención social a la ciudadanía por parte de las entidades locales, se vea continuamente frustrado debido a que las competencias en políticas de rentas o de dependencia son de ámbito superior.
Existen dos tendencias contrapuestas:
El conflicto entre ambas tendencias se manifiesta de manera cada vez más frecuente en los servicios sociales, tanto a nivel estatal como dentro de cada autonomía e incluso de grandes municipios.
De hecho, la fragmentación de los servicios sociales se evidenció antes de la crisis del COVID-19 con la llegada de personas de origen extranjero, tanto en los territorios más próximos a África, como en aquellos que son entrada aérea principal, como es el caso de Madrid tras la entrada de población venezolana. Esto produjo el acercamiento de miles de personas a unos Servicios Sociales ya limitados con el consiguiente cruce de acusaciones (sobre la responsabilidad / competencia en la cobertura de las necesidades básicas) entre la administración responsable del estatus de refugio (Estado) o la localidad de residencia.
Solapándose con dicha problemática, estalla la crisis del COVID-19, cuyos efectos hacen especial daño en el empleo sumergido (que es en gran parte gracias al que sobrevive el colectivo anteriormente mencionado y otros que de manera amplia denominamos vulnerables). En dicha situación, se hace aún más necesaria una coordinación interadministrativa, así como la agilidad en la provisión de recursos, ya que comienza a plantearse nuevamente el conflicto entre el Gobierno Central, que anuncia líneas de ayudas, y los servicios sociales municipales, que son quienes están prestando el apoyo inmediato a las necesidades urgentes, junto con el Tercer Sector (en gran medida subvencionado desde los poderes públicos).
La resolución de problemáticas generales e incluso provenientes del exterior hace aún más necesario un acuerdo de mínimos para el conjunto del Estado, especialmente para la cobertura de las necesidades básicas de la población, al igual que alcanzar una adecuada gobernanza multinivel capaz de enfrentarse a las situaciones que puedan generarse en materia social.
Existen dos grandes bloques de prestaciones: el de las vinculadas a la autonomía personal/dependencia y el de aquellas relacionadas con la garantía de rentas/cobertura de necesidades básicas.
En cuanto a las prestaciones económico-materiales, los servicios sociales han estado funcionando en la inmensa mayoría de las CCAA bajo el paradigma de la vinculación entre prestaciones y apoyos, asumiendo una labor fiscalizadora o de control técnico no sólo para el acceso, sino para el mantenimiento de las mismas, a través de acuerdos donde se enmarcan de una u otra manera, contraprestaciones para el cobro de ayudas.
En este escenario, y mientras el debate sobre la necesidad de una Renta Básica (no condicionada) se pone sobre la mesa, llega la crisis por el COVID-19 y hace que miles de personas demanden ayudas económicas tras la pérdida fulgurante de puestos de trabajo, ya fuese en el mercado formal o en el empleo sumergido.
Ante dicha situación, los servicios sociales se han visto obligados a la dispensación de recursos con la máxima celeridad, eliminando la lógica imperante hasta la fecha del establecimiento de un diseño de intervención, debido a los siguientes factores:
Por tanto, el COVID-19 ha obligado a modificar de manera urgente un sistema de control previo, siendo sustituido por otro en el que la ciudadanía recibe ayudas sin necesidad de justificación previa, rompiéndose ese vínculo que hasta la fecha era el modus operandi de los servicios sociales, al menos en lo tocante a ayudas económicas.
A partir de ahora, los servicios sociales deberán revisar la necesidad de volver al modelo anterior o bien, como sería más adecuado en mi opinión, establecer un sistema de ayudas que traspase el peso del control o fiscalización previa, al seguimiento posterior que sea necesario.
Los servicios sociales han continuado centrados en la focalización (es decir, prestar un mayor nivel de recursos a la población con mayor nivel de necesidad) sacrificando el principio de la universalidad.
A pesar del gran avance que supuso la Ley de Dependencia, que trajo cierta universalización de servicios para personas dependientes (en un momento en el que la necesidad emergente era el envejecimiento poblacional), la atención por parte de los servicios sociales generales para la población no cubierta por dicha ley, continúa siendo en gran medida centrada en personas en exclusión social. Por ejemplo, determinadas iniciativas de acceso directo (como centros de apoyo a las familias, donde se tratan situaciones de rupturas familiares, o centros de atención a la mujer) quedan frecuentemente fuera de la estructura de los servicios sociales generales, que nuevamente quedan relegados a un papel de atención a población marginal.
Fruto del propio paradigma de la intervención social sí o sí, (insisto, sin un marco de garantía de rentas), las prestaciones económicas terminan teniendo como beneficiarias, en gran medida, no a personas con una situación de necesidad puntual, sino a quienes viven situaciones muy complejas, donde la ayuda económica no sólo se reitera en el tiempo, sino que forma parte de diseños de intervención social que abordan dificultades multiproblemáticas.
Ello sería un ejercicio de focalización positiva si no fuese porque ha producido un déficit en la universalización, dado que, usualmente, la familia que únicamente precisa ayuda económica (pero en otros aspectos su vida familiar no tiene carencias) es expulsada del propio sistema, ya que no era objeto de la intervención social.
Sin embargo, el COVID-19 ha obligado a la apertura de los servicios sociales a población que tradicionalmente era expulsada, como se ha descrito anteriormente: personas que han sufrido un ERTE, la suspensión de empleo doméstico, etc.
Ello conllevará a la configuración de sistemas de acceso rápido, transparente, y abierto a población con dificultades puntuales exentas de otras problemáticas (lo que tradicionalmente se denominamos clases medias), para después establecer qué tipo de seguimiento (o no) deberá realizarse, pero que en todo caso no debe volver a seguir los patrones anteriores, de exceso de focalización, sino que debe alcanzar un universalismo proporcional.
La Administración ha evolucionado durante los últimos años facilitando ciertos trámites a la ciudadanía, pero aún existen demasiadas dificultades vinculadas a una deficiente interoperatividad entre diferentes administraciones y con la población destinataria.
La normativa existente, principalmente la de procedimiento administrativo (39/2015) continúa siendo similar a la anterior (30/92) ya que el cambio no aportó apenas novedades en lo que se refiere a la relación entre ciudadanía y administraciones. La nueva norma tampoco introdujo avances en lo establecido en la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que ha demostrado ser insuficiente y que da un margen a las administraciones locales tan amplio que perjudica al conjunto de la ciudadanía.
En este escenario, estalla la crisis del COVID-19, evidenciando graves dificultades que, en parte, deberían haber estado previstas:
Durante la crisis del COVID-19, los servicios sociales han establecido canales de solicitud telemáticos y telefónicos, han habilitado mecanismos de solicitud sin necesidad de traslados y se han modificado normas internas dando mayor capacidad de ejecución a lo prescrito por sus profesionales. Todo ello para poder facilitar servicios a la ciudadanía demandante. Era posible.
Así es preciso que, ante la remisión de crisis, no se vuelva a la hiperburocratización anterior, articulando procedimientos de ayuda excluidos de fiscalización /control jurídico previo, donde la prescripción facultativa sea suficiente para determinar la situación de necesidad, sin perjuicio de que los procesos garantistas sean ejecutados con posterioridad.
Los servicios sociales públicos se crean en la década de los 80. Los servicios sociales privados, principalmente al cargo de instituciones religiosas, ya existían varios siglos antes. En determinados sectores, como el de la discapacidad, la iniciativa social y familiar es preexistente a los servicios sociales públicos. Por ello, la población se encuentra en un escenario de cobertura mixto (público y privado) y que frecuentemente se solapan.
En el campo de los servicios sociales, el crecimiento en gasto ha encontrado sólo en los últimos años, una lógica racionalizadora, que se materializa actualmente a través del aumento del control en procesos de contratación, concierto y subvención. Un escenario en el que el tercer sector (en buena medida dependiente de fondos públicos) debe enfrentarse a mecanismos de competencia, la exigencia de resultados, y la paulatina eliminación de duplicidades.
La crisis del COVID-19 ha producido que diversas entidades e iniciativas sociales se hayan lanzado al apoyo a la población demandante de ayudas, pero, tras el shock de las primeras semanas, ya es evidente que es preciso una organización que permita llegar a toda la población en situación de necesidad sin perder el objetivo de la eficiencia evitando solapamientos.
Por tanto, se ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar espacios y criterios comunes, e incluso lugares de coordinación estables.
Teniendo en cuenta que la gestión de los servicios sociales responde a la preocupación por poder organizar los recursos sociales disponibles con la finalidad de poder efectuar una práctica profesional eficaz y eficiente (Fernandez, T. 2009), es preciso que, a nivel local, los servicios sociales asuman la coordinación de los recursos sociales prestados dentro de un territorio, facilitando a su vez el ejercicio de iniciativas de solidaridad mediante la cooperación con iniciativas sociales en marcos comunitarios.
El modelo de atención social, de manera general, y hasta la crisis del COVID-19, era principalmente presencialista. La sacralización del despacho como espacio idóneo para la intervención social, había relegado a un papel testimonial o cuanto menos no sistematizado, las intervenciones grupales, visitas domiciliarias o relación telemática o telefónica con la ciudadanía.
La entrevista en despacho, aparte de garantizar la confidencialidad, produce también una merma en cuanto a la transparencia, y refuerza la arbitrariedad y una dinámica donde la persona debe demostrar constantemente (incluso para el acceso a la información) determinados condicionantes y adquirir un compromiso enmarcado en un diseño de intervención. Sin embargo, la eliminación de tales trámites suele levantar rechazo profesional, bajo el temor a convertirse en meros dispensadores de recursos: un debate que debería trasladarse a la atmósfera política e institucional, y no a la ciudadanía, que es quien acaba sufriendo el conflicto.
La crisis actual pone sobre la mesa que deben establecerse respuestas diferentes: el COVID-19 ha producido una demanda de servicios que multiplica sobradamente la capacidad de respuesta en el modelo tradicional. Miles de personas y familias demandan apoyo urgente, sin necesidad alguna de intervención social propiamente dicha: únicamente necesitan un apoyo económico puntual.
Ello supone grandes oportunidades, no sólo para implementar sistemas de acceso y atención telemáticos (explorar vías como apps, whatsapp, chats, mailings masivos, sistemas de alertas, etc.), sino para el establecimiento de modelos que prevean qué tipo de seguimiento (indirecto, etc) debe realizarse con la población que ha accedido a los servicios sociales y que no precisa, a priori, intervención social.
Por otro lado, y dado el aumento poblacional (aún sin cuantificar), es urgente la provisión de recursos humanos suficientes, que, arrastrando un déficit de épocas anteriores, pueda responder a la ciudadanía de manera ágil. La revisión de los modelos no debe únicamente conllevar modificaciones en procesos y metodologías, sino que obligatoriamente debe contar con un aumento de las plantillas, así como realizar una apuesta por la diversificación de los perfiles profesionales en los centros de servicios sociales, una necesidad que ya existía.
Si la situación de partida ya era deficitaria en la materia, la crisis por el COVID-19 ha evidenciado que es necesario que los servicios sociales locales se apropien de las TIC, entendida como el dominio del objeto cultural -en este caso la tecnología (Carabaza 2013):
Por otro lado, la necesidad del teletrabajo ha puesto sobre la mesa no sólo la ausencia de un planteamiento previo (el teletrabajo era concebido como algo totalmente imposible), sino que buena parte de las tareas cotidianas son factibles desde casa. Sin embargo, hay carencias técnicas como la calidad de las conexiones, la disponibilidad de dispositivos para llamadas, videollamadas, seguridad, etc. Ello ha supuesto un escollo. Por supuesto, no se dispone de herramientas de medición /evaluación del trabajo en esta modalidad.
Es necesario que los servicios sociales asuman las TIC de una vez por todas: no sólo porque la alfabetización digital de la población es un camino para la inclusión social cada vez evidente, o por la agilidad que supone para las prestaciones y el contacto con profesionales de referencia, sino porque la tecnología ofrece enormes posibilidades.
El aumento de la cobertura poblacional atendida por los servicios sociales tras el COVID-19, debería conllevar el diseño de herramientas de diagnosis homogéneas que, haciendo uso de Big Data, puedan determinar actuaciones preventivas/ proactivas mediante algoritmos de cálculo de probabilidad de riesgo social, así como establecer la intensidad y tipología de las intervenciones sociales e incluso evaluar el impacto de aquellas.
AGUILAR HENDRICKSON, Manuel. 2014. Apuntes Para Un Replanteamiento de Los Servicios Sociales En España. Documento de Trabajo. FOESSA: VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Acceso en: http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/documentos_trabajo/04112014034343_2219.pdf
Ayto de Madrid. Area de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Madrid: ¿qué modelo necesitamos para el futuro? (julio 2018) Acceso en : https://www.fresnoconsulting.es/upload/77/87/fresno_Modelo_SerSoc_draft_final__2jul2018_.pdf
CASADO PÉREZ, Demetrio. Introducción a los Servicios Sociales, Madrid: Ed. Popular, 1994. ISBN: 847884144X
CARABAZA GONZÁLEZ, Julieta Idaria. Apropiación de las TIC: apuntes para su operacionalizacion. Prisma Social: revista de Ciencias Sociales. 2013, n.9, pp. 352-390.
DE LAS HERAS, Patrocinio y CORTAJARENA, Elvira. Introducción al Bienestar Social. Madrid: Federación Española de asociaciones de Asistentes Sociales. Madrid, 1979.
FANTOVA AZCOAGA, Fernando. Manual para la Gestión de la Intervención Social. Madrid: Editorial CSS, 2005 ISBN 84-8316-921-5
FERNANDEZ GARCIA, TOMAS (Coord.) Fundamentos del Trabajo Social. Madrid: Alianza, 2009. ISBN 978-84-206-8884-8
GIL PAREJO, Manuel. Acceso en: Los inicios de la construcción del Sistema Público de Servicios Sociales desde la perspectiva del Trabajo Social. Marzo 2010. Acceso en https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/73465/retrieve
MANZANO RODRIGUEZ, Miguel Angel. Kaiser o la sombra oscura de los servicios sociales. Blog Llei d´Engel. Consulta en junio de 2018. Acceso en: http://lleiengel.cat/kaiser-o-ombra-fosca-serveis-socials/