Gonzalo Fanjul Suárez, director de investigaciones de la Fundación porCausa

Cristina Fuentes Lara, profesora ayudante doctora de la Universidad Rey Juan Carlos y coordinadora de investigaciones de la Fundación porCausa

Puedes encontrar en Twitter a Gonzalo Fanjul y a Cristina Fuentes

En las tres últimas décadas, España se ha convertido en uno de los principales países de destino de la inmigración en Europa. La definición de nuestro modelo ha estado marcada por la deriva del conjunto de la UE, con algunas particularidades. La gestión de la inmigración irregular ilustra bien las contradicciones del sistema y la necesidad de reforma.

Introducción

La migración es un hecho natural, la población mundial se ha ido moviendo desde su propia existencia y se ha perpetuado durante siglos. Centrándonos únicamente en el siglo XXI, estas primeras décadas se han caracterizado por una alta movilidad geográfica, en la que el punto diferencial respecto a otras épocas es la movilidad entre distintos continentes.

Las causas de la migración es una disciplina altamente investigada (Castles, 2010; Aruj, 2008; Abu-Warda, 2008; Micolta León, 2005). Sin embargo, para este artículo se van a destacar dos que resultan especialmente significativas. En primer lugar, los efectos de la globalización, como es: el desarrollo de las tecnologías, sobre todo, la generalización de las formas de comunicación -redes sociales y softwares de comunicación-; la reducción de los precios y de la duración de los vuelos internacionales; y el desarrollo económico desigual -aumento de las diferencias entre los países del Norte Global y del Sur Global-.

En segundo lugar, los factores intrínsecos de los países o de regiones concretas que incentivan movimientos de población. Estos factores pueden ser conflictos bélicos como la guerra en Afganistán (2001 y 2022), la guerra de Birmania (2005), el conflicto armado en Malí (2012 y 2019), la guerra de Sudán (2013), la guerra de Siria (2015), el conflicto de Yemen (desde 2015 hasta la actualidad), el conflicto bélico en Nigeria (2016) o la guerra de Somalia (desde 2016 hasta la actualidad). Existen otras circunstancias que, sin ser conflictos bélicos directos, generan desplazamientos de la población como las primaveras árabes (2010), la situación de Venezuela (desde 2017), y los migrantes climáticos que se desplazan a causa de la sequía y la hambruna.

El efecto que tienen los movimientos migratorios sobre los cambios sociales, jurídicos, económicos, culturales, demográficos y políticos son indudables, tanto es así que define a las migraciones internacionales como hecho social por excelencia (Soriano-Miras y Sobczyk, 2018). Sin embargo, si bien la movilidad de población es un fenómeno natural los derechos de las personas migrantes no están totalmente reconocidos al existir trabas para regularizar su situación administrativa; y es que, pese a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) reconoce la migración como derecho su aplicación práctica no lo garantiza como tal.

Un escenario legislativo cambiante en extranjería

La migración como hecho social se ha caracterizado en España por una legislación tardía y no exenta de polémica; tanto es así, que en multiplicidad de ocasiones se ha empleado como arma política y electoral. La primera ley de extranjería en España data de 1985, como un requisito obligatorio de la Unión Europea -anteriormente conocida como Comunidad Económica Europea (CEE)- para que España ingresará dentro de la UE. La lógica radica en que al convertirse España en un país de la UE las personas extranjeras que residían en España eran automáticamente europeos. De tal forma, que España creó una ley de extranjería que se adaptará al acervo comunitario y pasó a ser la Ley Orgánica 7/1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (Fuentes-Lara, 2019).

La problemática de esta ley vino de dos factores. Por un lado, la ley no tuvo en consideración que existía población residente e incluso que había nacido en Ceuta y Melilla que no tenían documentación española, y, por ende, no podían regularizar su situación administrativa y justificar la nacionalidad española; y pasaban a ser consideradas como personas extranjeras (Soddu, 2002). Este hecho provocó manifestaciones de gran calado en Ceuta y Melilla. Por otro lado, el movimiento asociativo calificó esta ley como la más dura de Europa en materia migratoria. El motivo no era otro que el hecho de que la Ley 7/1985 estaba enfocada hacia un tratamiento policial y de control de la migración restringiendo los derechos de las personas migrantes. Debido a que la ley contaba con deficiencias técnicas el Tribunal Constitucional señaló que la ley era inconstitucional. Eso sí, pasaron 13 años desde la sentencia hasta la nueva Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Soriano-Miras, 2011).

La Ley 4/2000 introduce el concepto de integración social regido por el acervo comunitario. El Consejo de Tampere (1999) y el Tratado de Ámsterdam (2000) fijaron la necesidad de promover la integración de las personas migrantes como ciudadanía dentro del tejido social europeo. Este imperativo europeo en materia de migración, unido al interés del gobierno español socialista, dio lugar a la Ley 4/2000, que fue considerada de las más progresistas de Europa en materia migratoria (Relaño, 2004).

Esta ley dotaba a las personas extranjeras de los mismos derechos que la población nacional sin necesidad de permisos de residencia o de trabajo, se flexibilizan los trámites administrativos para conseguir los permisos; y al considerar igualdad de derechos también las personas extranjeras podían acceder a las prestaciones sociales. La igualdad manifiesta de la Ley 4/2000 estaba verdaderamente enfocada a alcanzar la integración real de las personas migrantes en España. Como señala Solanes (2008) la adquisición de derechos y libertades no puede considerarse como el fin de la integración sino el origen de la misma (p. 209). La Ley 4/2000 no se llegó a aplicar, ni siquiera se elaboró el Reglamento de ejecución de la legislación. Antes de ello se inició la reforma de la ley ya que el Partido Popular ganó las elecciones.

La reforma de la Ley 4/2000, que se denominó Ley 8/2000 recupera el espíritu de la Ley de 1985 al poner el foco de atención en el control de los flujos migratorios y realizar la diferenciación a la hora de la concesión de derechos entre migrante irregular, es decir, aquel que no tiene la documentación administrativa para residir en España en vigor, y migrante regular, que es aquella persona que cuenta con permiso de residencia o de trabajo. La Ley 8/2000 no fue respaldada por ningún partido político -a excepción del PP-, y el tercer sector se movilizó bajo los lemas papeles para todos y todas y ningún ser humano es ilegal (Fuentes-Lara, 2021).

El movimiento social de rechazo a la Ley 8/2000 aglutinó a medio centenar de asociaciones, organizaciones religiosas de la Iglesia católica y sindicatos, en lo que era abiertamente un retroceso en la legislación migratoria. Este movimiento de ciudadanía puede considerarse como el antecedente del movimiento de Regularización Ya. Las movilizaciones del tercer sector y partidos políticos llevaron a un recurso de inconstitucionalidad que se resolvió dos años después, en la Sentencia del Tribunal Supremo del 20 de marzo de 2003, donde se señalaba la inconstitucionalidad de 13 apartados del Reglamento.

La influencia de los partidos políticos en la elaboración de la legislación migratoria ha sido una tónica en la gestión de la migración en España. En 2004, con la llegada al Gobierno del PSOE se articuló un nuevo Reglamento -no reforma de Ley- el RD 2393/2004, de 30 de diciembre. Este reglamento se centra en el ámbito laboral aportando la novedad de la contratación de recuperación del sistema general de contratación como vía para la inmigración legal y la consagración del arraigo social y laboral para la regulación (Solanes, 2010).

El nuevo marco social y migratorio de España unido a la nueva jurisprudencia europea demandaban una nueva reforma de la Ley 4/2004. La Ley 2/2009 presenta: a) cambio en los flujos migratorios laborales marcando el factor de la capacidad de acogida de trabajadores migrantes irregulares según las necesidades del mercado laboral; b) aumentar la lucha contra la migración irregular; c) fortalecer la integración; y d) adaptar la ley a las competencias laborales de las comunidades autónomas. La Ley 2/2009 no vuelve sobre la igualdad de la Ley 4/2000, en esta nueva reforma se marca la diferencia entre “ser” extranjero y “ser” nacional (Soriano-Miras, 2011) e introduce medidas a efectos prácticos como que las personas migrantes irregulares puedan empadronarse en los municipios, derechos de reunión y manifestación, concesión automática de la autorización de trabajo a las personas reagrupadas y protección del menor migrante.

Desde 2012 y hasta la actualidad no se ha emprendido ninguna reforma de la Ley Orgánica 4/2000. Es cierto que el actual Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha elaborado un Reglamento para facilitar la inclusión de los menores migrantes tutelados una vez hayan alcanzado la mayoría de edad. También ha aprobado una reforma del Reglamento que facilita las condiciones de arraigo y la contratación en origen, entre otras medidas. En virtud de las manifestaciones del Ministerio y lo obsoleta que está la Ley 4/2000 no se descarta una nueva reforma o una nueva ley de extranjería (Fuentes-Lara, 2021).

El fenómeno de la irregularidad en España

Como hemos indicado anteriormente, la migración es un proceso racional, sujeto a incentivos reconocibles y, hasta cierto punto, predecibles. Si el incremento de los conflictos, la persecución política o los desastres naturales han multiplicado las magnitudes del desplazamiento forzoso durante los últimos años, en el caso de las migraciones económicas las razones de la movilidad humana están relacionadas, primordialmente, con la expectativa de ingreso y con las oportunidades de empleo en destino. Otros factores –como la existencia de diásporas, la distancia, el idioma y, claro está, las facilidades legales– juegan un papel importante a la hora de determinar el destino de los flujos, pero no reemplazan nunca a los dos primeros como vectores fundamentales.

Lo que esto significa es que un sistema de puertas semi-cerradas –es decir, ausencia generalizada de oportunidades de migración legal– como el que impera en Europa puede llevar a encarecer, alargar o encanallar las rutas migratorias, pero difícilmente lograrán contener el grueso de los flujos. Porque la alternativa a un sistema con oportunidades de migración no es la ausencia de movilidad humana, sino la migración irregular.

España es un ejemplo ilustrativo de este proceso. Las etapas recientes de dinamismo económico y creación de empleo –sobre todo en sectores de cualificación baja y media– atrajeron a nuestro país a un número sin precedentes de trabajadores y trabajadoras, que llegaron en parte con sus familias. Aunque la inmensa mayoría de estas personas accedieron de manera regular –como trabajadores, turistas o solicitantes de asilo– una parte fue condenada a la irregularidad sobrevenida al carecer de permiso de residencia y trabajo.  Cuando la oportunidad de trabajar desaparecía, los flujos de migración económica se adaptaban de forma natural (ver gráfico adjunto).

El gráfico adjunto muestra la evolución de la inmigración irregular en nuestro país durante los últimos años. Esta sigue, en general, una tendencia similar a la de los flujos regulares. Los números absolutos crecieron durante los primeros años de la pasada década y cayeron de forma abrupta desde 2005: primero como consecuencia de la regulación extraordinaria que se produjo ese año, después debido a los efectos de la Gran Recesión en el mercado de trabajo y en el atractivo de nuestro país como destino de la inmigración. Los años 2013 y 2014 marcaron el suelo de ambas tendencias en las dos últimas décadas, con cifras absolutas de irregularidad entre las 10.000 y las 77.000 personas. (Gálvez Iniesta 2020)

Desde entonces hasta ahora, los números no han hecho más que crecer. De acuerdo con las estimaciones más recientes (Fanjul y Gálvez-Iniesta 2022), entre 475.000 y 514.000 migrantes residían sin papeles en España a finales de 2020. Esto significa que en torno al 13,4%-14,5% de los migrantes extracomunitarios (8,7%-9,5% sobre el total de inmigrantes) que viven en nuestro país están en situación irregular. La mayoría de estos migrantes (70%) procede de países de América Latina como Colombia y Honduras (los venezolanos se han beneficiado de un permiso de residencia temporal por razones humanitarias). África juega un papel menor en este fenómeno: solo el 11% de los migrantes irregulares son africanos, a pesar de que esta región aporta el 34% del total de extranjeros en España. Marruecos es el principal país de la región, con el 6% de las personas en situación administrativa irregular.

Las consecuencias de un fenómeno de esta magnitud son tanto éticas como prácticas. La carencia de papeles supone un grave factor de vulnerabilidad social, sobre todo considerando que una de cada cuatro personas en situación irregular tiene menos de 19 años y seis de cada diez son mujeres, la mayor parte empleadas en sectores donde abunda la explotación laboral, como el de los cuidados. Aunque carecemos de datos específicos de pobreza para los migrantes sin papeles, sabemos que el riesgo de exclusión severa en las personas extranjeras es tres veces más alto que el de los nacionales (FOESSA 2022), lo que sugiere una situación extremadamente delicada. Aunque el sistema español protege sobre el papel derechos fundamentales de todos los ciudadanos residentes en nuestro país, con independencia de su situación administrativa, la realidad es que existen todo tipo de barreras prácticas al acceso a la justicia, la salud o la educación.

Desde el punto de vista práctico, la irregularidad constituye lo más parecido a un disparo en el pie. Un trabajador informal (nacional o extranjero, con papeles o sin ellos) es un actor económico activo, pero incompleto. Su trabajo y su contribución al progreso de la economía son reales, como lo son sus contribuciones a través del consumo y los impuestos indirectos. Tienen el potencial de contribuir al crecimiento económico, la innovación y la productividad, y, si son jóvenes, apuntalan la pirámide demográfica por su base (Fanjul y Gálvez-Iniesta 2020).

Estos trabajadores, sin embargo, carecen de la oportunidad de realizar contribuciones fiscales directas a través del IRPF y de las aportaciones –propias y del empresario– a la Seguridad Social. La Fundación porCausa hizo en 2020 una estimación de este coste de oportunidad, que se elevaba, de media, a los 3.250 euros netos por trabajador y año (Gálvez-Iniesta 2020).

Todo este conjunto de razones éticas y prácticas, así como el hecho de que las regularizaciones han sido una herramienta habitual de la política de Estado en el pasado, conforman la base de la Iniciativa Legislativa Popular puesta en marcha a finales de 2021. La campaña Esenciales, una coalición de cerca de 800 organizaciones sociales entre las que destaca el movimiento migrante Regularización Ya, sustenta esta ILP con el propósito de entregar al Congreso al menos 500.000 firmas antes de final de 2022. En el momento de escribir estas líneas, el número de firmantes ya ha superado los 450.000.

Hasta ahora, la respuesta del Gobierno a esta demanda social ha sido ambigua. Por un lado, niegan la posibilidad de realizar una regularización extraordinaria –utilizando argumentos dudosos, como una supuesta prohibición europea–; por otro, han introducido una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería que flexibiliza las condiciones de arraigo e introduce una nueva forma de arraigo por formación. En la práctica, los expertos consideran que esta es una regularización encubierta que permitirá a decenas de miles de trabajadores obtener un permiso de residencia y trabajo. La medida, sin embargo, no solo resulta menos inmediata que una regularización extraordinaria, sino que deja fuera por ahora a un grupo tan significativo como el de los menores de edad no trabajadores.

Conclusión: Cómo romper la lógica bulímica del modelo

La situación de irregularidad a la que está condenada medio millón de personas en nuestro país constituye una constatación del fracaso del sistema. En una peligrosa lógica bulímica, el sistema de puerta semicerrada atrae a trabajadores y desplazados forzosos a los que no permite residir de manera legal, pero a los que eventualmente tendrá que regularizar. Esta lógica magnifica el sufrimiento de quienes la padecen y multiplica los costes para el conjunto de la sociedad.

El sistema debe ser reformado sin que eso signifique perder el control de nuestras fronteras. Entre la situación actual y una supuesta política de puertas abiertas existen numerosas posibilidades para hacer la regulación migratoria más justa y más inteligente. Estas alternativas comienzan por reforzar el compromiso de España con el marco legal internacional en materia de protección, pero pasa también por programas de movilidad laboral más abundantes, predecibles y garantistas con los derechos de las trabajadoras. Este es el camino que ha tomado, tímidamente, el Gobierno con su reforma más reciente, y es el camino que debe proponer a Europa y a los países que, como Alemania, comparten necesidades similares para los próximos años.

Bibliografía

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Número 12, 2022

Las causas que obligan a las personas migrantes y refugiadas a abandonar sus países de origen y emprender un camino en la mayoría de las ocasiones peligroso y con final incierto, son variadas. De forma general, las personas refugiadas se mueven por una necesidad de salvar sus vidas y las personas migrantes lo hacen en busca de una vida mejor y con más oportunidades. Sin embargo, todas sufren las consecuencias de unos ordenamientos jurídicos de puerta estrecha que les condenan a vivir en la irregularidad en las sociedades de acogida durante años.

Resulta difícil comprender cómo es posible que haya ordenamientos jurídicos internacionales ampliamente ratificados que permitan la libre circulación de mercancías y capitales; pero no existan instrumentos similares para la libre circulación de las personas. En estos momentos, aunque la inmensa mayoría de los países miembros de la ONU adoptaron en Marrakech el primer acuerdo global para avanzar en este sentido, prácticamente no ha habido avances, y persiste una ausencia flagrante de canales legales y seguros para la movilidad de las personas en el mundo. Esta situación estructural es la causa fundamental de la irregularidad de millones de personas en el mundo: al no poder llegar y establecerse en las sociedades de acogida sino es de forma irregular.

En relación con eso, Europa, y específicamente nuestro país, no es ajena a esta situación de cierre de fronteras y restricción de la movilidad humana, que produce un mayor enriquecimiento de las mafias, y una búsqueda de rutas alternativas cada vez más largas y peligrosas, para las familias y personas. Una vez llegan, la realidad a la que deben integrarse las personas no es nada halagüeña.

De hecho, distintos estudios evidencian que el modelo migratorio español y su marco legislativo está condicionado a las necesidades del mercado de trabajo, motivo por el cual se considera generador de exclusión social y de una propuesta integradora débil. Circunstancias que se entienden en nuestro modelo por los rasgos propios en los que más de un 20% de nuestro producto interior bruto (P.I.B), unos 250.000 millones de euros, se encuentra dentro de la economía sumergida. Es precisamente sobre este sustrato de vulnerabilidad en el que trabajan más de un 30% de los inmigrantes en nuestro país, en aquellos sectores necesitados de una gran cantidad de mano de obra en condiciones precarias (servicio doméstico, cuidados, hostelería, agricultura, construcción, etc.).

Por ello, algunos autores señalan que España está generando un modelo propio dentro de los modelos de integración, que ha venido en denominarse un modelo patchwork de integración, que consiste en no tener un desarrollo normativo claro, ni dirigido, y que se viene configurando con cierta dosis de improvisación, y que tiene en su extremo más doloroso, el rostro de las personas en situación administrativa irregular.

El Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EASIE/ CSIC) ha concluido en un reciente trabajo de investigación sobre las percepciones de los españoles hacia el colectivo inmigrante, que actualmente el rechazo antinmigrante es claramente minoritario en nuestro país y que siguen prevaleciendo actitudes benévolas o neutras hacia la inmigración y los inmigrantes.

Sin embargo, esta coexistencia tranquila, e incluso, de relaciones cordiales, aunque distantes, se sustenta sobre un sustrato éticamente cuestionable. La población de origen inmigrante continúa ocupando las peores posiciones sociales y económicas dentro de nuestra sociedad, como refleja el estudio llevado a cabo por la Universidad de Comillas en colaboración con la Fundación FOESSA y Cáritas.

En ese último peldaño es donde precisamente se encuentran las personas en situación administrativa de irregularidad. Desde hace tiempo Cáritas viene alertando sobre el importante aumento del número de personas en situación administrativa irregular que son atendidas a través de sus programas y recursos en todo el país.

La destrucción de empleo y la condicionalidad de nuestro marco jurídico al mercado laboral está empujando a la irregularidad sobrevenida a muchas familias y personas migrantes, que, al no encontrar un empleo, se ven abocadas a una situación administrativa irregular.

Pese a la reciente aprobación del Reglamento de Extranjería por parte del Gobierno que supone un avance orientado a facilitar el acceso de estas personas al mercado laboral, esta reforma perpetúa el enfoque de una política migratoria condicionada al mercado laboral y, en todo caso, tiene un alcance limitado al dejar fuera a personas en situación de especial vulnerabilidad.

En suma, esta realidad invisible que condena en nuestro país a más de 500.000 personas a vivir en la irregularidad, es la que pretende revertir el movimiento “Regularización Ya”, con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende llevar al Congreso para la regularización extraordinaria de las personas migrantes que viven en situación administrativa irregular en nuestro país.

Cuando quedan casi dos meses para que finalice el plazo para la recogida de firmas, esta ILP va camino de convertirse en una de las movilizaciones sociales que ha logrado cosechar más firmas en nuestra democracia. De esta forma, bajo el título de Esenciales, la propuesta de ley ha logrado sumar más de 800 organizaciones sociales y eclesiales, que llevan desde principios de año, recogiendo firmas y que, hasta la fecha, han alcanzado más de 450.000.

Esta iniciativa y lo que se está construyendo alrededor de ella, son signos para la esperanza en nuestra sociedad. Necesitamos un modelo de acogida que no esté supeditado únicamente al mercado laboral, esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos.

Número 12, 2022

Jesús Rivera Navarro, profesor titular de universidad. Departamento de Sociología y Comunicación. Universidad de Salamanca.

Introducción

En los comienzos del siglo XXI, las encuestas poblacionales realizadas nos indicaban que España era un país tolerante con la inmigración, incluso más que otros países de nuestro entorno. Esta percepción ha ido cambiando a lo largo del tiempo habiendo atisbos de un mayor rechazo a la inmigración (Cea D’Ancona, 2016).

El objetivo del estudio, que presentamos en este artículo, fue analizar como la actitud hacia la inmigración en barrios desfavorecidos en Madrid influía en la percepción que los residentes de dichos barrios tenían respecto al uso de espacios públicos y tiendas de alimentación.

Metodología

Diseño y marco geográfico

Esta investigación forma parte del estudio cualitativo HHH (Heart Healhty Hoods). El proyecto original HHH fue financiado por el European Research Council (ERC) con el objetivo de entender el entorno urbano físico y social en relación con la salud cardiovascular. El proyecto cualitativo HHH analiza las cuatro dimensiones urbanas relacionadas con el riesgo de enfermedades cardiovasculares y crónicas: actividad física, alimentación, consumo de tabaco y alcohol.

En este estudio usamos entrevistas semi-estructuradas (ESEs) y grupos de discusión (GD) como técnicas complementarias.

Después de un proceso de selección que incluía los 128 barrios existentes en Madrid en el año 2014, tres barrios de diferente nivel socioeconómico fueron escogidos: San Diego (bajo NSE –nivel socioeconómico-), en el cual los inmigrantes suponían el 28,9% de la población; El Pilar (NSE medio), en el cual los inmigrantes constituían el 11,4% de la población y Nueva España, con 9,1% de inmigrantes (NSE alto) (para más detalle de la selección de los barrios, ver Rivera et al., 2019). En este artículo, solo incluiremos los análisis realizados en el barrio de NSE bajo y medio, que es dónde fundamentalmente se concentran la población inmigrante.

Participantes

Para la confección de los ESEs y GDs, seleccionamos a los participantes según los siguientes criterios: sexo, edad, nivel educativo, número de hijos, empleo, ingresos, responsabilidades familiares en relación a hijos y/o nietos, años de residencia en el barrio y país de origen. Realizamos 20 ESEs (10 en cada barrio) y 25 GDs (14 en el barrio de NSE bajo y 11 en el medio). Además, entrevistamos a cuatro informantes clave en cada uno de los dos barrios, éstos eran directores/as de colegios y responsables de los centros de Madrid-Salud (salud comunitaria) más cercanos a cada uno de los dos barrios.

Trabajo de campo

Hicimos las ESEs, con una duración aproximada de 60 minutos, entre 2016 y 2018. Los GDs fueron realizados entre 2018 y 2019, y su duración aproximada fue de 90 minutos; el número de participantes en los GDs osciló entre 5 y 8 personas.

Análisis del discurso

Los discursos obtenidos con ambas técnicas fueron transcritos literalmente. Los verbatims (citas) extraídas de dichos discursos son literales y su identificación hace referencia a las características de los ESSs y GDs (ejemplo: hombres jubilados, barrio de NSE bajo). Usamos la teoría hermenéutica-interpretativa para analizar los discursos. Nos ayudamos del software ATLAS.ti-8 para el proceso de análisis.

Resultados

Encontramos tres categorías extraídas de los discursos generados en las ESSs y GDs. Las categorías señaladas fueron: 1) convivencia entre población inmigrante y nativa; 2) uso de espacios públicos; 3) tiendas de alimentación de inmigrantes.

Convivencia entre población inmigrante y nativa

Tanto en el barrio de NSE bajo como en el medio, los inmigrantes fueron acusados de empeorar las condiciones del barrio y propiciar cambios no deseados. La difícil convivencia con los inmigrantes se argumentaba en base a las fiestas que estos realizaban en sus casas hasta altas horas de la noche, las barbacoas en los balcones de sus casas, la aglomeración de gente en los sitios donde vivían y su tendencia a beber en la calle.

“…El otro día yo fui a casa de un amigo y en un edificio había unos inmigrantes haciendo una barbacoa en un balcón, con el toldo bajado y yo dije ‘Estos van a quemar la casa’…” (GD14, amas de casa mayores de 65 año, barrio de NSE bajo).

Uso de espacios públicos

Algunos de los entrevistados y participantes en los GDs identificaron a los inmigrantes que vivían en sus barrios como una amenaza, especialmente cuando se hablaba del uso de los espacios públicos; específicamente, se decía que los inmigrantes que estaban en los parques bebían y actuaban de un modo que disuadía al resto de los residentes a visitar dichos parques. El uso de este espacio por parte de los inmigrantes implicaba ruidos hasta muy tarde, comportamientos agresivos hacia los vecinos y la utilización de los parques y canchas de baloncesto para beber y comer. En concreto, en el barrio de bajo NSE algunas bandas latinoamericanas pedían dinero a aquellos que querían usar las canchas de baloncesto. Por tanto, el sentimiento de inseguridad era uno de los principales motivos para no usar los espacios públicos en estos barrios.

“Las canchas de baloncesto que hay en el barrio han sido tomadas por las bandas de latinoamericanos, que piden dinero para utilizarlas o simplemente para estar en ellas” (ESE2, hombre jubilado, 75 años, barrio de NSE bajo)

Tiendas de alimentación

Los participantes en el estudio criticaron el crecimiento de las tiendas de alimentación y restaurantes regentados por inmigrantes en Madrid. En concreto, se decía que en las tiendas de alimentación pertenecientes a inmigrantes latinos y chinos, sus productos tenían peor calidad que en otras tiendas. Además, se culpabilizó a esas tiendas de la desaparición de las tiendas de toda la vida o pequeñas tiendas de barrio, que eran muy bien valoradas por los vecinos.

“…Sí, yo prefiero hacer mi compra donde yo vea que el tendero no me engañe, por eso yo no voy a las tiendas de inmigrantes (GD8, amas de casa mayores de 65 años, barrio de NSE medio).

Discusión y conclusiones

En España, durante los años 60, 70 y 80, la identificación de los residentes en grandes ciudades con su barrio era muy importante. Mucha gente de estas ciudades procedía, originariamente, del ámbito rural y los residentes de los barrios de NSE bajo y medio trataron de reconstruir los lazos sociales, que tenían en sus pueblos, en sus barrios urbanos (Sorando, Ardura, 2016). La llegada de los inmigrantes significó un trastorno en la cotidianidad y en el uso de recursos públicos de los habitantes de estos barrios. El incremento de la población inmigrante tuvo también un impacto en la imagen de los españoles respecto a este colectivo. Esta tendencia se ajusta a la teoría defended neighbourhood hypothesis (Van Heerden, Ruedin, 2019), ya que, en España, como país donde había pocos inmigrantes hasta 1999, la llegada de los mismos tuvo un importante impacto en las actitudes de los ciudadanos, especialmente en la gran ciudad. Este impacto se tradujo en percepciones negativas hacia los inmigrantes, como se ha visto en nuestro estudio. Según la teoría mencionada, a medida que pasa el tiempo el rechazo debería disminuir, pero eso no parece que haya sucedido en el caso de España, y para explicar dicha tendencia podríamos utilizar la group threat theory (Van Heerden, Ruedin, 2019), la cual explica como la competencia por diferentes tipos de recursos acrecienta el conflicto y el rechazo. Además, esta percepción negativa de los inmigrantes constituye un factor importante para entender la construcción de estereotipos (Calavita, 2004). El rechazo, al que aludimos, puede tener un impacto de salud en los propios inmigrantes, así la literatura destaca posibles efectos como aislamiento, estrés y malestar general (Viruell-Fuentes, 2007). De igual manera, la percepción de problemas de convivencia entre residentes inmigrantes y nativos, descritos en los resultados, puede afectar a la salud de los residentes, por ejemplo, dificultando el descanso por la noche o impidiendo la actividad física debido a la amenaza de la presencia de inmigrantes en espacios públicos.

Por otra parte, esta imagen negativa de los inmigrantes tiene una consecuencia directa en la percepción de los espacios públicos y en las tiendas de alimentación. De esta manera, las tiendas de alimentación regentadas por inmigrantes es un factor determinante para considerar la inclusión y exclusión social a nivel local. En algunas publicaciones, se destaca como algunos de estos establecimientos han revitalizado la vida del barrio y han contribuido al enriquecimiento del entorno alimentario (Díez et al., 2017). Estos datos no concuerdan con los de nuestro estudio.

Los resultados de nuestro estudio nos indican que mejorar la relación entre residentes inmigrantes y nativos podrían incrementar el uso de espacios públicos, mejorando consecuentemente su salud. Una lista de posibles acciones debería incluir: trabajo educativo en el barrio; trabajo con inmigrantes en los servicios sociales para interiorizar ciertas normas sociales; transformación de las tiendas de alimentación de inmigrantes para que se conviertan en sustitutos de las tiendas de toda la vida, mejorando la calidad de vida de los residentes; y promoción de una visión más realista de los inmigrantes por parte de los medios de comunicación.

Referencias

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• Calavita, K. (2004). Un «ejército de reserva de delincuentes». La criminalización y el castigo económico de los inmigrantes en España. Revista Española de Investigación Criminológica: REIC, 2; 1696-9219.
• Cea D’Ancona, M. (2016). “Immigration as a threat: Explaining the Changing Pattern of xenophobia in Spain”, Journal of International Migration and Integration, 17; p. 569-591.
• Díez, J, Conde, P, Sandín, M, Urtasun, M, López, R, Carrero, J.L, Gittelsohn, J, Franco, M. (2017). “Understanding the local food environment; A participatory photovoice project in a low-income area in Madrid”, Spain, Health & Place, 43; p. 95-103.
• Rivera, J, Franco, M, Conde, P, Sandín, M, Gutiérrez, M, Cebrecos, A, Sainz, A, Gittelsohn, J.(2019). “Understanding urban health inequalities: Methods and design of the Heart Health Hoods Qualitative Project”. Gaceta Sanitaria, 33; p. 517-522.
• Sorando, D, Ardura, A. (2016). First we take Manhattan: la destrucción creativa de las ciudades. Madrid: Editorial Catarata.
• Van Heerden, S, Ruedin, D, (2019). “How attitudes towards immigrants are shaped by residential context: The role of ethnic diversity dynamics and immigrant visibility”. Urban Studies, 56; p. 317-334.
• Viruell-Fuentes, E.A. (2007). “Beyond acculturation: Immigration, discrimination, and health research among Mexicans in the United States”. Social Science and Medicine. 65; p. 1524-1535.

Número 7, 2021

Gabriela Alexandra Monge Sarango

Socióloga

1. De un país de emigrantes a un país de inmigrantes

Cuando se aborda el tema de las actitudes hacia la inmigración, es importante señalar que a finales del siglo XX y especialmente principios del siglo XXI (año 2000) el porcentaje de inmigrantes en España se incrementó notablemente, llegando al año 2012 con un saldo migratorio de 5,7 millones de inmigrantes que representaba el 21,1% de la población española. Esto era el reflejo de la expansión económica y el crecimiento del empleo que experimentó el país, apoyada en una estructura de demanda basada sobre todo en el consumo, sobre el que tuvieron un gran peso los servicios y la inversión en construcción, En ese sentido, en pleno momento de bonanza económica la valoración por parte de los ciudadanos hacia la inmigración era de una aceptación condicional. Los autóctonos reconocían la necesidad de mano de obra; este discurso de aceptación ejercía de contrapeso frente aquel que surgía en contra como consecuencia de una serie de inconvenientes a los que tenía que hacer frente el país, como la llamada crisis de los cayucos en 2006, que puso en evidencia que la regulación de los flujos migratorios irregulares no estaba siendo eficaz para controlar el volumen de entrada.

Sin embargo, el panorama de bonanza económica se transformó como consecuencia de la crisis económica en la que entró el país, en el cual las desigualdades sociales se incrementaron y se produjo un empobrecimiento del conjunto de la sociedad española, el desempleo fue una de las principales causas que se derivó de la crisis. En ese contexto, la actitud hacia la inmigración también experimentó un cambio, la población autóctona pasó de tener una actitud favorable a adoptar una postura de desconfianza agravada por la percepción de amenaza y competición por los recursos, como es el trabajo, las ayudas sociales y servicios. Esta posición pasó a ser la más difundida, sobre todo, en aquellos sectores en los cuales en un principio tenían una visión de aceptación condicionada de este fenómeno.

Sin embargo, a partir del año 2016 con el inicio de la recuperación económica, se han incrementado nuevamente el porcentaje de inmigrantes en nuestro país, en donde aún son notorios los efectos de la crisis económica y la tasa de paro aún es elevada. Esto ha suscitado el interés por parte de la opinión pública y, según uno de los resultados obtenidos por el barómetro del CIS de diciembre de 2018, la inmigración era el sexto problema que más preocupaba al 12,5% de los encuestados. En los últimos tiempos ha estado presente en el debate social como consecuencia de los acontecimientos que han aparecido en los medios de comunicación y en la agenda política (la crisis de los refugiados, la llegada del Aquarius, el auge de partidos antiinmigración en otros países y la más reciente la crisis del Open Arms).

Por tanto, en este contexto es importante hablar sobre la percepción que la población autóctona tiene hacia el fenómeno de la inmigración. Para ello se han tomado en cuenta los datos recogidos en los estudios sobre actitudes hacia la inmigración de 2008, 2012 y 2017 (el último disponible) llevados a cabo por el CIS. De éstos se ha podido extraer los siguientes resultados:

2. Percepción del fenómeno migratorio en una etapa de recuperación económica

En primer lugar, cuando hablamos sobre ‘la valoración hacia la inmigración’ de forma muy general se puede decir que la mayoría de la población española valora positivamente el fenómeno de la inmigración, aunque a lo largo del periodo de estudio el porcentaje ha experimentado cierta variación, coincidiendo con un contexto económico bastante complicado, descendiendo en 2012 a un 49% e incrementándose para el año 2017 nuevamente el hasta situarse en un 59,7%.

Por otro lado, cuando se abordó la valoración hacia la inmigración según las características sociodemográficas de la población, los resultados nos muestran que: de las personas que valoran positivamente este fenómeno, el 52,9% son hombres, la franja de edad que muestra una posición positiva ante la inmigración 32% se sitúa en la franja de edad de 35-49 años, el 35,2% tiene estudios secundarios y se sitúan en el eje político centro-izquierda (48,7% y 42% respectivamente) y el 49,5% de la población considera que su situación económica es buena.

De las personas que valoran negativamente este fenómeno el 52,5% son mujeres, la franja de edad en el que este posicionamiento es más evidente 31,3% es en mayores de 65 años, el 56% tiene estudios primarios, y se sitúan en el eje político centro-izquierda (50,5% y 27,3% respectivamente) el 35,8% considera que su situación económica es buena y el 22,4% que su situación es mala.

Sin embargo, el fenómeno migratorio es muy amplio y por tanto sería un error abordarlo a partir de una sola cuestión, para ello se ha establecido una clasificación en grandes grupos de actitudes y opiniones hacia la inmigración a partir de una reducción de 22 variables (análisis factorial).

A partir de esta clasificación de actitudes/opiniones sobre la inmigración se procedió a conocer cómo se agrupa la población española entorno a las mismas, para ello se realizó un análisis de conglomerados que nos dio como resultado 4 grupos de población, siendo el grupo 1 (pro-acogida de inmigración) en donde mayoritariamente se concentra la población (40%), el grupo 2 (universalismo limitado) con el 33%, el grupo 3 (los españoles primero) que alcanza el 16% y el grupo 4 (antiinmigración) que llega al 11%.

De esta tabla se puede extraer que, el grupo 1 (pro-acogida de inmigración) es el que tiene una actitud más abierta hacia a la inmigración, pues se muestra en desacuerdo con la idea de que la inmigración tiene un impacto negativo en las ayudas y servicios y a favor de mantener contacto directo e indirecto con este grupo de población, de otorgarles derechos, y consideran este fenómeno es positivo para la economía y el mercado laboral. El grupo 2 (universalismo limitado) considera que este fenómeno tiene un impacto negativo en las ayudas, servicios, economía y mercado laboral, y no muestra oposición a mantener contacto directo con esta población, pues es algo que no puede controlar y se muestra a favor de otorgar derechos a la población inmigrante, aunque fuera del ámbito laboral/de estudio muestra rechazo a mantener contacto indirecto con esta población. El grupo 3 (los españoles primero), considera que la inmigración tiene impacto negativo para el conjunto del país y muestra desacuerdo ante la posibilidad de otorgar derechos a las personas inmigrantes. Finalmente, el grupo 4 (antiinmigración), muestra una postura más radical respecto a los otros grupos, pues rechaza mantener algún tipo de contacto (directo e indirecto) con la población inmigrante y considera que este fenómeno tiene un impacto negativo para el país

Asimismo, se ha comprobado que cada grupo de población está compuesto de la siguiente manera: El grupo pro-acogida de inmigración, está compuesto mayoritariamente por hombres (57,5%), la franja de edad mayoritaria (38,2%) es de 35-49 años, el 41,3% de personas de este grupo tiene estudios superiores (universitarios), el 59,1% se auto-identifica con una ideología de izquierda, el 52% considera que su situación económica es buena, y el 64,7% se considera de clase social media y el 25% de clase media-baja.

El grupo de universalismo limitado está compuesto mayoritariamente por mujeres (50,2%), la franja de edad mayoritaria (32%) es de 50-64 años, el 40% tiene estudios secundarios, el 51% se auto-identifica con una ideología de centro, seguido por un 33,2% que se considera de izquierda, el 46,6% considera que su situación económica es buena y el 14,8% considera que es mala, y el 62,5% se considera de clase social media y el 27% de clase media-baja.

El grupo caracterizado como  los españoles primero, está compuesto mayoritariamente por hombres (54,3%), la franja mayoritaria de edad (36%) es 35-49 años, el 48,6% tiene estudios primarios, el 57,5% se auto-identifica con una ideología de centro y un 23% con la izquierda, el 36% considera que su situación económica es buena, el 15% considera que es mala y el 10% considera que es muy mala. El 53,6% se considera de clase media y el 26,8% de clase media-baja y el 12,3% de clase baja.

El grupo antiinmigración está compuesto mayoritariamente por mujeres (53,6%), la franja mayoritaria de edad (33%) es de más de 65 años y el 71,9% tiene estudios primarios, el 39,7% se auto-identifica con una ideología de centro y un 33,3% con la derecha, el 34,4% considera que su situación económica es buena, el 18,8% que es mala y el 9,4% que es muy mala. Finalmente, el 59,1% de las personas se considera de clase media, el 25,8% de clase media-baja y el 7,5% de clase baja.

Por tanto, a partir de estos datos se pueden extraer importantes conclusiones, de forma general se puede afirmar que la mayoría de la población española (59,7%) percibió positivamente la inmigración en el año 2017, así mismo, se puede observar que un 40% de la población muestra una posición muy abierta a este fenómeno, personas que se les podría denominar pro-inmigración. Estas personas se caracterizan por tener un mayor nivel académico, más jóvenes en edad, y cuya situación económica es buena, estas personas no perciben el fenómeno migratorio como una amenaza o competencia por los recursos.

Por otro lado, es importante señalar que una parte importante de la población considera que los inmigrantes tienen un impacto negativo en las ayudas y servicios, en la economía y el mercado laboral. Este argumento se entiende como ‘normal’ en un contexto de crisis económica y de recuperación de la misma, pues tal y como se ha puesto de manifiesto en el VIII Informe FOESSA, la recuperación económica no ha llegado a todas las familias españolas y hay un porcentaje importante de la población que se encuentra en un espacio de exclusión social. Así mismo, este argumento sobre la inmigración también contrasta con la realidad vivida en los últimos años en nuestro país, ya que la gestión de la crisis fue afrontada por parte del gobierno con importantes recortes en las partidas de gasto social. Por otro lado, diversos datos expuestos en numerosas investigaciones contradicen esta información como por ejemplo como se mostró en el VIII Informe FOESSA que pone de manifiesto que las personas inmigrantes aportan el 10% de la seguridad social, sin embargo, el 50% de la población española piensa que reciben más de lo que tributan. Así mismo, los datos aportados por servicios sociales reflejaron que para el año 2015 el 15% de los usuarios de los servicios sociales fueron extranjeros y sólo el 9,7% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo en 2017 fueron extranjeros.

Finalmente, cabe señalar que un sector importante de la población (77%) se muestra partidaria de otorgar derechos a los inmigrantes.

3. Reflexiones finales

Con todo esto y tomando en cuenta los últimos acontecimientos ocurridos es momento de reflexionar sobre este tema y replantearnos ciertos aspectos que influyen en esta percepción de este fenómeno, haciendo especial hincapié en el auge del discurso xenófobo en ciertos sectores de la población, el cual ha sido reforzado por algunos partidos políticos quienes han mostrado una postura abierta de rechazo al fenómeno migratorio, usando como argumentos su capacidad de integración social, cumplimiento de reglas de convivencia y la asociación del colectivo inmigrante con la delincuencia; así mismo, se ha difundido la idea de que el estado sobreprotege a la población inmigrante de los efectos de la crisis a través de ayudas, subvenciones y servicios, dejando casi desprotegida a la población autóctona. Para hacer frente a este discurso es importante hacer uso de los datos publicados por los diferentes organismos del estado, investigaciones y mostrar la realidad tal y como es; en ese sentido cobra un papel fundamental/de responsabilidad los medios de comunicación, los cuales deben ser veraces y objetivos y mostrar con datos la realidad del fenómeno migratorio.

Así mismo, cabe señalar que durante varios años España presumió de haber logrado la integración de más de 6 millones de inmigrantes sin haber suscitado la aparición de movimientos xenófobos, convirtiéndose en un ejemplo de integración en comparación con el resto de países europeos. Sin embargo, esta integración ha tenido aspectos positivos entre los que cabe destacar la plena normalización legal de su situación y ausencia de guetos, pero también ha tenido aspectos negativos, como son las condiciones laborales que empeoran cuando se habla de inmigrantes y la escasa presencia pública. Por ahora, los inmigrantes procedentes de países pobres o que se encuentran inmersos en guerras internas ocupan una posición secundaria tanto en la estructura de empleo y riqueza como en la del prestigio social.

En ese sentido, desde la acción social es importante generar encuentro y convivencia entre la población autóctona e inmigrante, con el objetivo de desmontar mitos que surgen como consecuencia de la falta de conocimiento y/o del miedo a lo desconocido y tender puentes entre las diversas culturas y religiones que conviven en nuestro país; pero este encuentro ante todo debe estar dirigido tanto para inmigrantes como para la población autóctona, huyendo de aquella intervención enfocada a la población inmigrante que lo único que consigue es incrementar los guetos y sectarismo.

Estas son algunas de las cuestiones sobre las que debemos reflexionar, tomando en cuenta que actualmente España tiene que hacer frente a dilemas relacionados con la estructura poblacional (una población envejecida y el notable descenso de los nacimientos, las altas tasas de paro, etc) que afectan tanto al crecimiento económico del país como el pacto generacional vigente.

4. Bibliografía

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Marínez, J. S. (2013). Estructura social y desigualdad en España. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Méndez Lago, M. (2007). Actitudes de los españoles ante la inmigración: una mirada desde las encuestas. En E. Aja, & J. Arango, La inmigración en España en 2006. Anuario de inmigración y políticas de inmigración en España (págs. 68-81). Barcelona: Fundación CIDOB.

Rinken, S., & Escobar, M. S. (2011). Opiniones y actitudes ante la inmigración en un contexto de crisis económica: datos y reflexiones. Revista de Estudios Sociales Aplicada. Documentación Social , 99-116.

Rocha, F. (2015). La crisis económica y sus efectos sobre el empleo en España. Madrid: Gaceta 69 sindical .

Valente-Fumo, F. (2017). Los flujos migratorios en la crisis económica en España. ICE: Revista de Economía, 23-36.

Número 3, 2019

Durante este verano hemos sido testigos, a veces mudos y la mayoría de ellas indignados, de algunos  episodios extremos de crueldad política y humanitaria al respecto de la inmigración. Nos referimos a las odiseas de algunos de los barcos que las ONGs tienen en el Mediterráneo desarrollando  labores de rescate de personas en el mar, labor  que debieran estar haciendo los estados.

Sabemos que se trata solo de la punta del iceberg, de casos absolutamente extremos de un fenómeno social como el de la movilidad humana, sea esta por motivos económicos o políticos. Y sabemos además que los hay aún peores, protagonizados por aquellos que ni siquiera han podido ser rescatados y han dejado sus sueños y su vida en el mar.

Tirando del hilo de esa indignación que vivimos al ver como determinados gobiernos de la Europa democrática y desarrollada, y aún más la propia Unión Europea en su conjunto, actúan de una manera tan cruel e inhumana, queríamos poner en valor la vieja virtud de la hospitalidad.

Somos conscientes que el tema de la inmigración es complejo, que tiene multitud de caras y que su gestión cotidiana no es sencilla. Que es necesaria una acción concertada de todos los gobiernos y de la propia UE. Pero creemos firmemente que esa política común o parte del principio de hospitalidad o está condenada al fracaso.

La vieja Europa o es hospitalaria o no es, y la hospitalidad consiste en acoger primero y preguntar después. En no permitir que el viajero duerma en la calle, en tanto haya camas libres. Y de camas libres Europa va sobrada, entre otras cosas porque las ha obtenido en buen medida a costa de explotar (antes y ahora) los recursos de esos países de los que ahora vienen los viajeros.

En tiempos como estos en los que, como respuesta al hastío, se retoma lo identitario, tenemos por delante una batalla que dar. No se trata de negar las identidades, sino de aprender que estas se pueden construir bien como castillo a defender, bien como riqueza a compartir.

Y la hospitalidad es una seña de identidad europea, hacer de las nuestras, tierras de refugio y acogida se convierte en una de esas valiosas riquezas. Nos enfrentamos a un asunto básico, previo, en el que se juega ni más ni menos que la vida o la muerte.

Podemos empeñarnos en contemplar la realidad encaramados a la almena de nuestro castillo, y mientras tanto a sus pies seguirán acumulándose, literalmente, los cadáveres de aquellos que se acercan. Y que no nos quepa la menor duda, la podredumbre generada a base de hacer política jugando con las vidas humanas, terminará por pudrir los cimientos del castillo.  Lo recordaba Carlos Álvarez:

Cuando el hambre madura,

no hay barrotes ni murallas.

Los barrotes se sacuden

y las murallas se saltan.

Número 3, 2019