Jonathan Sebastián Cabrera Asensio, trabajador social y sociólogo. Investigador independiente

Las catástrofes no afectan a todas las personas por igual. Integrar los servicios sociales en la preparación permite anticipar barreras, sostener apoyos esenciales y proteger mejor a quienes pueden quedar atrás antes, durante y después de una crisis.

Una alerta puede llegar a todos los teléfonos al mismo tiempo. Pero no todas las personas pueden reaccionar igual. Algunas entienden el mensaje, tienen coche y salen de casa en pocos minutos. Otras necesitan ayuda para levantarse, una medicación que no pueden dejar atrás, una explicación más clara o alguien que se ocupe de sus hijos. Y hay personas que, sencillamente, no tienen adónde ir.

Estas diferencias suelen aparecer cuando la emergencia ya está en marcha. Es entonces cuando se pide a los servicios sociales que encuentren alojamiento, localicen apoyos o ayuden a recomponer redes familiares y comunitarias. Se trabaja deprisa y, muchas veces, con información incompleta. Sin embargo, buena parte de lo necesario ya estaba en el territorio antes de la primera alerta.

Ahí está el problema. Seguimos preparando las catástrofes como si todo empezara el día del incendio, de la inundación o de la evacuación. No es así. La emergencia empieza antes, en las condiciones de vida que permiten a unas personas protegerse y dejan a otras dependiendo de una ayuda que quizá llegue tarde.

La parte social del riesgo

Una inundación, un incendio forestal, una erupción volcánica o una ola de calor no afectan a todo el mundo por igual. El daño depende de la fuerza del fenómeno, por supuesto, pero también de lo que había antes: una vivienda insegura, ingresos escasos, aislamiento, discapacidad, dependencia, falta de transporte, barreras idiomáticas, brecha digital o redes de apoyo muy frágiles.

Conviene detenerse aquí. La vulnerabilidad no es una etiqueta permanente. Nadie es «vulnerable» en cualquier situación y para todo. La dificultad aparece en la relación entre la persona, sus apoyos, el lugar donde vive y lo que la emergencia le exige. Alguien autónomo puede dejar de serlo si se corta el transporte, desaparece su cuidador o las instrucciones llegan por un canal que no utiliza.

La normativa española permite sostener esta mirada sin forzarla. La Ley 17/2015 relaciona la anticipación con las amenazas y las condiciones de vulnerabilidad. También reconoce el derecho a recibir información preventiva y establece principios de participación, inclusión y accesibilidad. La Norma Básica de Protección Civil de 2023 exige que los planes contemplen cartografía de vulnerabilidad y riesgo, sistemas de alerta, asistencia a todas las personas, formación y simulacros [1][2].

La Estrategia Nacional de Protección Civil de 2024 es todavía más clara: la pobreza, la edad, la falta de acceso a servicios básicos o el nivel de formación pueden agravar el impacto de una catástrofe. Y reclama cooperación entre sectores [3]. Por tanto, el marco ya existe. Lo difícil —y lo verdaderamente importante— es llevarlo a la preparación cotidiana.

Qué aportan los servicios sociales

Los servicios sociales conocen una parte del territorio que no suele aparecer en los mapas de peligrosidad. Saben dónde cuesta más llegar a los recursos, qué apoyos sostienen la vida diaria, qué entidades continúan presentes cuando otros dispositivos se retiran y en qué barrios existen redes capaces de responder. Trabajan, además, en ese espacio poco visible donde se cruzan autonomía, cuidados, relaciones y entorno.

Esto no significa convertir los expedientes en un censo de personas «vulnerables», ni compartir datos sin límites. Tampoco significa ocupar el lugar de protección civil, sanidad o los servicios de emergencia. Significa algo más sencillo: que el conocimiento social forme parte de la planificación y no se incorpore a última hora.

La literatura sobre Trabajo Social y desastres lleva años señalándolo. La preparación mejora cuando aprovecha las relaciones comunitarias y el capital social, y cuando el Trabajo Social participa en prevención, respuesta y recuperación en lugar de ser llamado únicamente para gestionar las consecuencias [4][5]. Traducido a la práctica, hay al menos cinco asuntos que no deberían faltar.

Cinco mínimos de preparación social

1. Incorporar la vulnerabilidad social al análisis territorial del riesgo

Saber hasta dónde puede llegar el fuego o qué calles se inundarán es imprescindible, pero no suficiente. Hay que mirar también dónde se concentran las barreras de movilidad, el aislamiento, la precariedad residencial, la falta de transporte o la debilidad de las redes comunitarias. No para señalar a personas ni crear listas que pronto quedarán desactualizadas. Se trata de detectar los lugares donde una instrucción aparentemente sencilla —«salga de su vivienda», «diríjase al punto de encuentro»— puede ser imposible de cumplir sin ayuda.

2. Preparar la continuidad de los apoyos esenciales

En una catástrofe no solo fallan carreteras, electricidad o comunicaciones. También puede interrumpirse la ayuda a domicilio, la atención a la dependencia, la alimentación, los centros de día, el acompañamiento a menores o el acceso a prestaciones urgentes. Para algunas personas serán unas horas difíciles; para otras, esas mismas horas pueden convertirse en un riesgo serio.

Esto obliga a tomar decisiones antes: qué apoyos no pueden detenerse, cuáles pueden reorganizarse y cómo se reforzarán los equipos si aumenta la demanda mientras parte del personal también está afectado. Esta última posibilidad a veces se olvida. Los profesionales no trabajan fuera de la catástrofe: pueden tener a su familia evacuada, carreteras cortadas o su propia vivienda en peligro.

3. Revisar alertas, evacuaciones y alojamientos desde la vida real

Sobre el papel, evacuar parece una acción concreta. En la vida real abre muchas preguntas. ¿La persona puede desplazarse sola? ¿Ha comprendido el mensaje? ¿Tiene transporte? ¿Puede separarse de quien la cuida o de quien depende de ella? ¿El alojamiento provisional admite apoyos técnicos, ofrece intimidad y permite continuar tratamientos y cuidados?

Estas preguntas no deberían aparecer por primera vez en mitad de la evacuación. La Orden PCI/1283/2019 exige información accesible, protocolos específicos y participación de las personas con discapacidad en ejercicios y simulacros [6]. No consiste en adaptar al final un plan ya cerrado. Consiste en pensarlo desde el principio para vidas distintas, no para un ciudadano abstracto que siempre entiende, siempre puede moverse y siempre tiene recursos.

4. Acordar quién hace qué y qué información necesita

La coordinación no puede depender de que dos profesionales se conozcan y conserven sus números de teléfono. Servicios sociales, protección civil, sanidad, entidades sociales y redes comunitarias deben saber quién activa cada recurso, cómo se comunica una necesidad y dónde termina la responsabilidad de cada cual.

También hay que acordar qué información es necesaria, con qué fundamento se comparte, quién puede consultarla y cuánto tiempo se conserva. Coordinar no equivale a abrir expedientes sociales. Muchas veces bastará con datos agregados, mapas de necesidades y responsables localizables. Lo decisivo no es acumular información, sino disponer de la adecuada cuando todavía resulta útil.

5. Formar, ensayar y corregir

Un plan que nunca se ha probado sigue siendo, en buena medida, una suposición. Los servicios sociales deben participar en la formación y los simulacros, no como invitados de última hora, sino poniendo a prueba la accesibilidad de los mensajes, la continuidad de los cuidados, la acogida y las derivaciones. También deben participar personas con necesidades y capacidades diferentes.

Es en los ejercicios donde aparecen los fallos más simples y, a veces, más graves: una instrucción que nadie entiende, un transporte que no se previó, un teléfono que no responde o un recurso que figura en el inventario, pero no puede activarse. Después toca corregir y volver a ensayar. No es la parte más vistosa de la preparación, pero probablemente sea una de las más honestas. La investigación internacional recuerda, además, que los profesionales sociales necesitan conocer las estructuras de mando, los planes y los recursos de emergencia antes de tener que trabajar dentro de ellos [7].

Coordinar sin desdibujar funciones

Incorporar los servicios sociales a la preparación no significa encargarles cualquier problema que tenga un componente humano. Su papel debe estar delimitado: aportar diagnóstico social, anticipar barreras, preparar la continuidad de apoyos, conectar sistemas y fortalecer capacidades comunitarias. Para hacerlo necesitan tiempo, formación, procedimientos claros y presencia estable en los espacios donde se planifica.

Si solo se les llama cuando faltan camas, alimentos o respuestas, actuarán tarde y bajo presión. Resolverán lo inmediato, como tantas veces ocurre, pero se habrá perdido la oportunidad de reducir parte del daño.

El Marco de Sendai recuerda que el riesgo depende de la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y las capacidades disponibles [8]. Los servicios sociales trabajan precisamente en esa zona menos visible: las condiciones que permiten a una persona comprender, decidir, desplazarse, cuidarse y recibir apoyo.

Por eso la emergencia empieza antes. Prepararse no es aprender a esperar mejor el desastre. Es mirar con tiempo quién puede quedar atrás y retirar, mientras aún se puede, algunas de las barreras que convertirán una amenaza en una catástrofe profundamente desigual.

Referencias bibliográficas

[1] España. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Boletín Oficial del Estado, núm. 164, 10 de julio de 2015.

[2] España. Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. Boletín Oficial del Estado, núm. 147, 21 de junio de 2023.

[3] España. Estrategia Nacional de Protección Civil. Orden PJC/1430/2024, de 16 de diciembre. Boletín Oficial del Estado, núm. 304, 18 de diciembre de 2024.

[4] Mathbor, G. M. “Enhancement of Community Preparedness for Natural Disasters: The Role of Social Work in Building Social Capital for Sustainable Disaster Relief and Management”. International Social Work, vol. 50, núm. 3, 2007, pp. 357-369. https://doi.org/10.1177/0020872807076049.

[5] Rapeli, M. “Social Capital in Social Work Disaster Preparedness Plans: The Case of Finland”. International Social Work, vol. 61, núm. 6, 2018, pp. 1054-1066. https://doi.org/10.1177/0020872817695643.

[6] España. Orden PCI/1283/2019, de 27 de diciembre, para la mejora de la atención a las personas con discapacidad y otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. Boletín Oficial del Estado, núm. 3, 3 de enero de 2020.

[7] Drolet, J. L.; Lewin, B. y Pinches, A. “Social Work Practitioners and Human Service Professionals in the 2016 Alberta (Canada) Wildfires: Roles and Contributions”. The British Journal of Social Work, vol. 51, núm. 5, 2021, pp. 1663-1679. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab141.

[8] United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. United Nations, 2015.

Octubre 2026